21.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 389/1

1.

El Comité Económico y Social Europeo expresa su profunda preocupación por la situación de la Unión Europea. El actual contexto político y económico, en un entorno de creciente desconfianza por parte de los ciudadanos europeos hacia el proceso de integración de la UE, implica que la Comisión Europea debe trabajar para restablecer un espíritu de solidaridad y responsabilidad, como ya indicó en el programa de trabajo para 2016. Existen cada vez más indicios de falta de voluntad por parte de los Estados miembros para encontrar soluciones comunes y cohesivas. Al mismo tiempo, convencer a los ciudadanos para que se apropien de los objetivos de la UE debería ser un pilar de acción de la Unión.

2.

La crisis de los refugiados exige una acción humanitaria urgente. Al mismo tiempo, debe prestarse especial atención a la dificultad con la que se encuentran los gobiernos europeos para impulsar soluciones acordadas por todos los ciudadanos europeos, que sienten temor e inseguridad. Deben abrirse corredores legales seguros y la UE debe avanzar firmemente hacia un sistema común de asilo, finalizando las iniciativas políticas y legislativas publicadas en mayo y julio de 2016. La Comisión Europea debería redoblar sus esfuerzos para imponer el Estado de Derecho en la aplicación del acervo de la UE en los ámbitos de la migración y el asilo y garantizar la gestión responsable del espacio Schengen con objeto de restablecer la confianza mutua y la sostenibilidad de la zona de libre circulación. La puesta en peligro del Acuerdo de Schengen supondría un ataque al corazón mismo del proyecto europeo y limitaría su avance. La demanda justa de una gestión y control más regulados de las fronteras exteriores, en el respeto riguroso del Estado de Derecho, la petición legítima de mayor seguridad por parte de los ciudadanos y la demanda de una cooperación más estrecha en la lucha contra el terrorismo no pueden conllevar el levantamiento de barreras dentro de la UE y la restricción de la libre circulación de las personas.

3.

La propagación de los sentimientos antieuropeos y la creciente representación política de movimientos xenófobos y populistas en los parlamentos nacionales y en el conjunto de la sociedad suscitan mayor preocupación y amenazan los valores democráticos de Europa. En algunos Estados miembros, estos movimientos están en posición de influir en el gobierno. Esta hostilidad hacia Europa en su conjunto puede dar lugar a un debate arriesgado sobre los mecanismos de autoexclusión concedidos a los Gobiernos sobre la base de sus respectivas necesidades contemporáneas, como ha demostrado el debate en torno al Brexit. La UE tiene que responder a esta deriva hacia el proteccionismo y el nacionalismo confrontándolos también a nivel cultural.

4.

Sin embargo, no debemos olvidar o socavar lo que ha logrado la UE hasta la fecha, y la integración económica debe completarse ahora con una integración política y social más profunda. El mercado único es un elemento central de la integración europea y la igualdad de condiciones ha de preservarse a toda costa. Los ciudadanos deben formar parte activa de este progreso. El diálogo a nivel local, nacional y europeo debe reforzarse y estructurarse con la ayuda de la sociedad civil, incluidos los interlocutores sociales, que son cruciales para trazar el nuevo curso de Europa.

5.

Los jóvenes son una prioridad para este cambio cultural, ya que son los más afectados por el desempleo, pero también ofrecen el mayor potencial para resolver la crisis. Basándose en las lecciones aprendidas, la «generación Erasmus» muestra apertura y disposición a hablar y a crecer junto con distintas personas y culturas. Por este motivo, la Comisión debe ofrecer oportunidades, aparte de los tímidos resultados de la Garantía Juvenil, para que todos los jóvenes se beneficien de los intercambios europeos, independientemente de su nivel educativo y situación laboral.

6.

En un clima económico y social que sigue siendo incierto, se insta a la Comisión Europea a aprovechar todos los recursos disponibles para impulsar el crecimiento, el empleo de alta calidad y el progreso social. Las inversiones financieras, productivas y sociales están lejos de volver a los niveles anteriores a la crisis. Es necesario un entorno macroeconómico que estimule el crecimiento, impulsado por un entorno de inversiones favorable dentro de un mercado interior que funcione bien. Deberían abordarse todos los aspectos de la competitividad internacional, y el aumento de la demanda interna puede servir de trampolín a las empresas europeas en el mercado mundial, estimulando un círculo virtuoso que beneficiará a todo el mundo.

7.

La gobernanza económica debe orientarse hacia el crecimiento y el progreso social, aplicando todas las prioridades de la Comunicación sobre las medidas destinadas a realizar la unión económica y monetaria y el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016. Las recomendaciones específicas por país deberían hacer un mejor uso de la flexibilidad del Pacto de estabilidad y crecimiento existente para estimular el crecimiento. El sentimiento de apropiación del Semestre Europeo debe incrementarse, implicando a la sociedad civil en general y reconociendo la especificidad de los interlocutores sociales a nivel europeo y nacional.

8.

La Estrategia Europa 2020 actualizada debería vincularse a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que incorpora los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), considera componentes inseparables e interdependientes los aspectos económicos, sociales y medioambientales, y renueva los esfuerzos para cumplir estos objetivos sociales en los que la UE se está quedando atrás.

9.

El CESE pide a la Comisión que ejerza su liderazgo para fomentar el consenso y el compromiso en el Parlamento Europeo y el Consejo con el fin de cumplir la agenda interior y exterior de la UE.

10.

En este contexto, el CESE pide a la Comisión que centre su programa de trabajo para 2017 en los tres ámbitos estratégicos siguientes, reconociendo que las dimensiones interna y externa y las dimensiones económica, social y política son inseparables:

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Para lograr un plan de inversiones que sumen como mínimo el 2 % del PIB de la UE, el CESE recomienda un estímulo fiscal, a través de inversiones públicas entre otras cosas, orientado a inversiones que estimulen la innovación y el crecimiento, dando prioridad a sectores como la energía, las infraestructuras de transporte y banda ancha, la digitalización, la economía circular con bajas emisiones de carbono, la economía social y las competencias para el emprendimiento y el empleo de calidad. El uso de los fondos europeos debe ser coherente con estos objetivos. Deben promoverse las empresas sostenibles y el crecimiento industrial mediante un plan específico para pyme.

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En cuanto al proceso del Semestre Europeo, el CESE pide a la Comisión que realice un seguimiento preciso y cumpla todos los objetivos, tanto económicos como sociales, relacionados con la elaboración de las recomendaciones sociales específicas por países para registrar resultados tangibles en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluida la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

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La realización del mercado único exige un firme compromiso por parte de la Comisión con las prioridades establecidas en 2016. La libre circulación de los trabajadores debe seguir siendo una prioridad; la movilidad justa implica garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de trato y no discriminación por motivos de nacionalidad, de acuerdo con el acervo de la UE para los trabajadores europeos.

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El principio de «igual salario a igual empleo en el mismo puesto de trabajo», como afirmó el presidente Juncker, en el marco de la movilidad laboral de la UE, está siendo objeto de debate en el CESE. El Comité ya ha expresado su preocupación por las distorsiones que pueden ir en detrimento de la integración en el mercado laboral y una competencia leal.

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La unión económica y monetaria es el núcleo del mercado único y el CESE insiste en que deben desarrollarse sus pilares económico, social y político. La zona del euro, incluidos los países que deseen adherirse, necesita una identidad más sólida.

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El aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la digitalización exige tomar medidas en numerosos ámbitos. El CESE pide a la Comisión que establezca un proceso consultivo periódico para gestionar el impacto en los aspectos cualitativos y cuantitativos del empleo, la producción, el consumo y los servicios públicos para los ciudadanos. Debe prestarse especial atención a la aplicación de la agenda de competencias digitales, especialmente en lo que se refiere a garantizar la accesibilidad de todos.

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Sin embargo, la Unión de la Energía dista mucho de estar completa. El CESE exhorta a la Comisión a agilizar la aplicación de la estrategia sobre la Unión de la Energía para garantizar la seguridad del suministro energético y precios razonables mediante fuentes de energía diversificadas y un mercado interior de la energía plenamente integrado. Es necesario un fondo de transición justa para apoyar el proceso de transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. En cuanto a la política climática, se necesitan medidas concretas inmediatamente. La Comisión Europea debería garantizar que la sociedad civil y los ciudadanos a nivel internacional, nacional y subnacional participen más en la elaboración, la revisión y, sobre todo, la aplicación del Acuerdo de París.

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La crisis de los refugiados debe gestionarse adecuadamente. Deben abrirse corredores humanitarios seguros y la UE debe avanzar firmemente hacia un sistema común de asilo.

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En 2016, la UE ha crecido como actor global y debería reforzar su posición en el fomento de la paz y la estabilización en zonas de conflicto. Sin embargo, la insuficiente cohesión interna y la falta de compromiso político han debilitado hasta ahora la influencia de la UE en el mundo. Como requisito indispensable para una acción exterior eficaz, se necesitan medidas políticas integradas, hasta donde sea posible, entre sus políticas interiores y exteriores.

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Se necesitan medidas prácticas adicionales para reforzar la seguridad en Europa: una política exterior común sólida para abordar los conflictos abiertos en los países vecinos, una política de desarrollo coherente con la de otras instituciones internacionales, cooperación policial internacional y un control eficaz de las fronteras exteriores sin restringir las libertades individuales y la privacidad.

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El CESE considera esencial concluir las actuales negociaciones bilaterales sobre comercio e inversión, garantizando un equilibrio de los intereses determinados en el dictamen del Comité sobre la Comunicación de la Comisión Europea «Comercio para todos», y trabajar en su correcta aplicación. También debe buscarse la transparencia y el equilibrio justo de intereses en el enfoque multilateral de los acuerdos comerciales en el marco de la OMC. Las normas medioambientales, sociales, laborales, sobre los consumidores y de otra índole, junto con los servicios públicos, no deben ser rebajadas por los acuerdos de la UE y, de hecho, estos acuerdos deberían aspirar a mejorarlas.

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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible mundiales de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas deben integrarse en los ámbitos políticos relacionados con la acción exterior de la Unión.

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El CESE pide a la Comisión que centre sus esfuerzos en influir e impulsar el desarrollo y la exportación de tecnologías y soluciones climáticas a escala mundial.

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El CESE pide a la CE que entable un debate sobre el funcionamiento de la UE. Tenemos que reafirmar los valores europeos en el marco de una visión compartida, la importancia de la dimensión basada en la solidaridad de Europa, la cohesión social y la construcción de una democracia participativa e inclusiva.

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El CESE anima decididamente a la Comisión a seguir de cerca el cumplimiento por parte de los Estados miembros del Estado de Derecho y la Carta de los Derechos Fundamentales y a responder activamente a las infracciones.

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El CESE lamenta que la Comisión no haya tenido debidamente en cuenta la contribución del Comité al programa de trabajo para 2016 y no haya considerado oportuno mantener un exhaustivo intercambio de puntos de vista sobre las decisiones políticas tomadas por la propia Comisión. La construcción de un diálogo sistemático con las organizaciones de la sociedad civil y el refuerzo del diálogo social a todos los niveles son fundamentales para lograr los objetivos de la UE.

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Inversiones en infraestructuras, producción y empleos de calidad.

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Un Semestre Europeo renovado para el crecimiento, la competitividad y el progreso social.

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Avance rápido hacia una economía circular con bajas emisiones de carbono.

1.1.

El empleo sigue siendo la principal prioridad en 2017, en particular a través de la creación de nuevos puestos de trabajo para los desempleados de larga duración, las mujeres, los jóvenes y los migrantes.

1.2.

En cuanto a los fondos europeos, la Comisión debería evaluar su uso y velar por que la financiación se asigne de una manera que sea eficazmente selectiva y maximice la estimulación de la innovación y el crecimiento, priorizando las inversiones en infraestructuras, producción y empleo de calidad. Las irregularidades en el uso de los fondos de la UE deben controlarse y sancionarse.

1.3.

Los sectores de servicios sociales son uno de los mayores creadores de empleo en Europa. Por lo tanto, la Comisión debería elaborar un plan de acción para maximizar su potencial y desbloquear el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas para el sector social.

1.4.

En 2017, el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento también debería priorizar la inversión social y ayudar a las economías rezagadas a llegar a los niveles económicos y sociales europeos.

1.5.

Es necesaria una ofensiva en materia de cualificaciones basada en la rápida aplicación de la Agenda de nuevas cualificaciones para Europa y el paquete de empleo juvenil (Garantía Juvenil y Alianza Europea para la Formación de Aprendices).

1.6.

Las medidas previstas en el Plan de Acción para la Economía Circular deben aplicarse sin demora, dando prioridad a las medidas que ayudan a asegurar un entorno más competitivo para las empresas europeas. El Comité quiere que la Comisión Europea analice la viabilidad de crear una plataforma europea abierta para la economía circular que reúna a todas las partes interesadas y se aloje en el CESE.

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Impulsar la digitalización de las infraestructuras, la producción y los servicios públicos.

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Aumentar las cualificaciones y la aceptación del cambio digital en la sociedad en general y entre los trabajadores.

2.1.

La digitalización de la industria será un factor decisivo para la competitividad de la economía europea. El proceso de digitalización está teniendo una repercusión significativa en la sociedad civil europea y se ha vuelto esencial para la vida de las personas. El CESE, con sus responsabilidades transversales -un foro que representa a la sociedad civil organizada- actuará para impulsar la aceptación de políticas en este ámbito en el seno de la sociedad civil europea.

2.2.

El potencial de la economía digital, ligado a otros importantes cambios económicos (por ejemplo, la transición a una economía colaborativa y una economía con bajas emisiones de carbono), debe orientarse más estratégicamente hacia la consecución de los ODS de las Naciones Unidas.

2.3.

Para eliminar las disparidades entre personas y entre pequeñas empresas, la agenda de digitalización debe utilizarse plenamente en el desarrollo de una fabricación inteligente, redes de energía inteligentes, transporte y movilidad inteligentes, viviendas inteligentes y comunidades inteligentes. También existe un margen considerable para utilizar la digitalización con el fin de mejorar los servicios públicos y la administración. La Comisión debería promover el intercambio de mejores prácticas en este ámbito entre Estados miembros.

2.4.

Debe pedirse a los interlocutores sociales, en el marco de una estrategia europea coordinada, que aprovechen todos los instrumentos del diálogo social para abordar las dificultades del proceso de digitalización con el fin de maximizar las oportunidades de empleo de calidad, reciclar o mejorar las cualificaciones de los trabajadores afectados e identificar nuevas formas de protección de estos trabajadores. Para garantizar un enfoque integral, es aconsejable establecer un proceso consultivo periódico con otras organizaciones de la sociedad civil.

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Aplicación de la Estrategia para la Unión de la Energía, incluida su dimensión exterior.

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Aplicación y refuerzo mundial de las decisiones de la COP21.

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Previsión de una transición justa hacia una economía con bajas emisiones de carbono.

3.1.

La Comisión debe seguir aplicando una estrategia ambiciosa en consonancia con el programa de trabajo adjunto a la Comunicación sobre el Estado de la Unión de la Energía 2015.

3.2.

La propuesta del CESE relativa a un diálogo europeo sobre la energía debe convertirse en un mecanismo clave para garantizar que los conocimientos, las preocupaciones y los intereses de la sociedad civil se incorporen al proceso de la Unión de la Energía.

3.3.

Las decisiones de la COP21 deben aplicarse sin demora y con la plena participación de la sociedad civil organizada. Es necesaria una igualdad de condiciones para las empresas que compiten a nivel internacional con el fin de evitar la fuga de carbono. Instar a los Estados miembros de la UE a que anuncien sus contribuciones nacionales determinadas enviaría la señal correcta. También habría que tener en cuenta la necesidad de reactivar la inversión y consolidar el liderazgo de la UE en las tecnologías ecológicas.

3.4.

En vista de los compromisos de la COP21, deben evaluarse detenidamente los riesgos de fuga de carbono y deben aplicarse los instrumentos normativos para paliarlos, especialmente en el contexto del sistema de comercio de derechos de emisión de la UE para el período 2021-2030.

3.5.

El sistema alimentario es una de las principales causas del cambio climático, pero también se verá notablemente afectado por el mismo. El papel desempeñado por el sector agroalimentario en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático deberá reforzarse. La importancia de la prevención y reducción del desperdicio de alimentos y los esfuerzos de la sociedad civil deberían destacarse en el contexto del plan de acción sobre la economía circular de la UE.

3.6.

Además del fondo de transición justa, la UE debe aplicar el Fondo de innovación y el Fondo de modernización e incluir a todos los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil en la gestión de estos fondos.

3.7.

A raíz del resultado del estudio del CESE sobre la obsolescencia programada, debería ponerse en marcha un proyecto piloto sobre la inclusión de la vida útil mínima estimada o media en el sistema de etiquetado de productos.

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Una creciente industria y una Unión de Mercados de Capitales funcional.

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Fomentar una economía más competitiva y ecológica, desarrollar empresas de economía social y aplicar modelos innovadores.

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Poner a disposición de todos la movilidad laboral justa.

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Hacia una fiscalidad más justa.

4.1.

Puesto que la industria es el núcleo del mercado único, la Unión Europea debe seguir concentrándose en revitalizarla y cumplir el objetivo de aumentar su contribución al PIB de la UE hasta el 20 % para 2020. Debe prestarse especial atención a las dificultades que afronta la industria siderúrgica mediante una remodulación de la ayuda estatal y un uso más selectivo del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. También debe ponerse en práctica un plan de acción para la industria europea de la defensa, que generaría ahorros considerables en la adquisición de defensa.

4.2.

El CESE pide medidas eficaces para mejorar el acceso a la financiación, junto con iniciativas emprendidas en el marco de la Unión de Mercados de Capitales. El marco normativo y supervisor (micro y macroprudencial) del sector financiero debe adaptarse para reducir el riesgo de arbitraje regulador. También debe abordarse en este contexto el sector bancario sumergido. Además, deben desarrollarse medios para aprovechar mejor el capital disponible en fondos soberanos de inversión. En el proceso de unión bancaria habría que hacer referencia al componente de servicio público de los servicios bancarios. Los ciudadanos deben poder utilizar estos servicios sabiendo que son transparentes, fiables y de bajo coste.

4.3.

Es necesario un plan de acción concreto para eliminar los obstáculos con los que se encuentran las pyme, incluidas las microempresas y las empresas familiares, a nivel interno y en el comercio transfronterizo.

4.4.

Para liberar todo el potencial de las empresas de la economía social, el CESE insta a la Comisión a poner en marcha un plan de acción para la economía social, que proporcione un ecosistema completo para su desarrollo y crecimiento.

4.5.

El CESE subraya la necesidad de aumentar la competitividad europea y respaldar la economía ecológica. En este contexto, al revisar la Estrategia para el Mercado Único en 2017, es importante fomentar —además del principio de mantener la igualdad de condiciones—, nuevos modelos empresariales que equilibren los aspectos económicos, sociales y medioambientales. La economía colaborativa, la economía funcional y la economía circular necesitan directrices claras para florecer. Es esencial un enfoque integral que tenga en cuenta los distintos aspectos sociales, económicos y medioambientales en un marco normativo coherente. Es crucial establecer una estrategia de responsabilidad social empresarial más ambiciosa que reconozca mejor las contribuciones de las empresas al bien común, midiendo indicadores de bienestar y desarrollo social más allá del PIB.

4.6.

En cuanto a la contratación pública con arreglo a las nuevas directivas, es necesario facilitar la aplicación de cláusulas sociales y un mercado reservado, diseñando una guía para los poderes adjudicadores.

4.7.

Debe salvaguardarse la movilidad laboral justa. En este sentido, el CESE está elaborando un dictamen sobre la propuesta de la Comisión relativa a la revisión de la Directiva 96/71/CE y está considerando las cuestiones de apoyar la libertad de prestación de servicios y de preservar tanto la competencia leal en el mercado de servicios como la igualdad de trato en el mercado laboral.

4.8.

Las necesidades de desarrollo político de la PAC, en el contexto de la revisión intermedia del MFP 2014-2020, deben orientarse al mantenimiento de la multifuncionalidad, la agricultura familiar y la sostenibilidad en el centro de la agricultura europea. La Comisión debería preparar una estrategia alimentaria europea con un enfoque integral que englobe toda la cadena de suministro, desde el agricultor hasta el consumidor, y que garantice la coherencia normativa entre distintos ámbitos políticos, desde las políticas agrícolas hasta las políticas comerciales, educativas y climáticas.

4.9.

La Agenda Urbana de la UE reviste la máxima importancia. La Comisión debería preparar un libro blanco sobre las zonas rurales. Sin embargo, cabe señalar que las zonas urbanas y rurales están estrechamente ligadas entre sí y no tienen alternativas.

4.10.

Es importante aprovechar los beneficios en materia de empleo que conlleva el impulso del mercado único, especialmente con respecto a los servicios, la digitalización y el mercado laboral. El correcto funcionamiento del mercado único y un marco que garantice la seguridad de las personas y la competencia leal son la base para la recuperación económica de Europa. El CESE también hace hincapié en la necesidad de hacer frente a la situación de los trabajadores pobres y desarrollar herramientas y políticas eficaces para salvaguardar un salario digno y garantizar la seguridad en el ámbito de las nuevas relaciones laborales.

4.11.

El Plan de Acción para un impuesto de sociedades más equitativo y más eficiente debe seguir adelante, en concreto en lo que respecta a la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS). El CESE pide medidas enérgicas para frenar el fraude fiscal, la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva. Los impuestos deberían recaudarse en el lugar donde se encuentra el contenido económico. Para ello, el CESE quiere garantizar que la UE participe plenamente en el plan de acción de la OCDE para luchar contra la elusión de las normas fiscales, la erosión de la base tributaria y la transferencia de beneficios (Plan de Acción BEPS).

4.12.

El CESE acoge con satisfacción la atención prestada por la Comisión durante el último ciclo del Semestre Europeo a un traslado progresivo de las cargas fiscales de los contribuyentes de renta baja a un sistema impositivo más eficiente y equitativo, favoreciendo el paso a impuestos que tengan menos efectos moderadores que los impuestos sobre el trabajo. Además, es necesario reformar los sistemas tributarios para asegurar su papel redistributivo que pueda ayudar a eliminar las desigualdades.

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Una hoja de ruta para completar la UEM, incluida la unión bancaria.

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Seguir adelante con la unión económica y política.

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Hacer que el Semestre Europeo cumpla los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y sociales.

5.1.

Teniendo en cuenta la capacidad seriamente limitada de la política monetaria para estimular la demanda, la economía de la zona del euro se halla en lo que se conoce como una «trampa de liquidez». Es necesaria una mayor solidaridad de los países con superávits estructurales, que deberían contribuir de manera más amplia a las políticas expansionistas.

5.2.

La zona del euro debe reforzar su potencial de crecimiento y su capacidad para lidiar con choques asimétricos y promover la gobernanza económica y social. Esto requiere una nueva regulación de la capacidad fiscal específica. El CESE pide que se establezca un diálogo macroeconómico en la zona del euro como contribución fundamental al desarrollo democrático y social de la UEM. El CESE hace hincapié en que los futuros debates no deberían versar sobre «consejos de competitividad», sino sobre «consejos de competitividad, cohesión social y sostenibilidad». La zona del euro tendrá que hablar con una sola voz en los organismos internacionales.

5.3.

El CESE espera que las instituciones europeas se embarquen en la segunda fase de la hoja de ruta para la realización de la UEM en 2017, dando una identidad clara a la zona del euro. Una hoja de ruta correspondiente debería incluir un debate político sobre la aplicación de medidas institucionales, algunas de las cuales pueden requerir cambios del Tratado.

5.4.

El debate idealmente debería tratar las siguientes cuestiones: una estructura más sólida para la zona del euro, la capacidad presupuestaria de la zona del euro y la emisión conjunta de deuda por los Estados miembros, gestionada por un fondo monetario europeo, la mejora de la rendición de cuentas y la legitimidad democrática de la UEM, lograda mediante el refuerzo de las competencias del Parlamento Europeo, y una conferencia interparlamentaria mejor estructurada y un compromiso más firme por parte de los Parlamentos nacionales, así como una votación por los diputados al PE de la zona del euro únicamente sobre cuestiones competencia de la UEM.

5.5.

En el marco del Semestre Europeo, el diálogo civil puede impulsar el éxito económico, sostenible e inclusivo, así como el empleo y las reformas sociales. Debe hacerse partícipes a los Parlamentos nacionales en la planificación y la evaluación de los programas nacionales de reformas (PNR) y la aplicación de las recomendaciones específicas por país (REP), en consonancia con los objetivos de Europa 2020. Los interlocutores sociales tienen un papel específico que desempeñar en relación con sus funciones, responsabilidades y competencias exclusivas.

5.6.

Han de aplicarse medidas inmediatas para implantar redes de seguridad para los trabajadores de renta baja y vulnerables, garantizar unos ingresos dignos a los hogares, poner el punto de mira en las zonas de pobreza y compensar las desigualdades. El pilar europeo de derechos sociales tiene que definirse claramente y aplicarse en 2017 con la contribución activa de los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, dicho pilar debería contribuir a apoyar el desarrollo económico sostenible y la creación de empleo, y, para ello, debería lograr resultados tangibles que mejoren la calidad de vida y trabajo de las personas en Europa y que fomenten unos mercados de trabajo integradores y eficientes y unos servicios públicos de calidad y accesibles para todos.

5.7.

En el marco de la unión financiera, la unión bancaria es fundamental para garantizar la integridad del euro y aumentar el reparto de riesgos con el sector privado. La propuesta de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD) es una parte esencial de la unión bancaria. El mayor reparto del riesgo en el marco del SEGD debe ir acompañado de una mayor limitación del riesgo en la unión bancaria. Ambos deben abordarse y ponerse en marcha sin demora y en paralelo. La Comisión debería llevar a cabo un estudio de impacto exhaustivo, con objeto de reforzar en mayor medida la legitimidad de la propuesta.

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Conclusión de los acuerdos comerciales con capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible innovadores y ambiciosos.

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Aprovechamiento de las ventajas del diálogo civil y social.

6.1.

Es necesaria una coherencia entre las políticas de comercio y desarrollo. Como se afirmó en la Comunicación «Comercio para todos», las normas en materia de medio ambiente, protección social, trabajo, consumidores y otras normas, junto con los servicios públicos, no deben verse rebajadas por los acuerdos de la UE, sino mejoradas.

6.2.

El Comité considera importante, en estas condiciones, concluir las actuales negociaciones sobre comercio e inversión de manera equilibrada (incluida la ATCI, el AEGC, las negociaciones sobre inversión entre la UE y Japón y la UE y China, las negociaciones con los países de la ASEAN y los AAE pendientes) y, tras la ratificación de los acuerdos, supervisar su aplicación efectiva.

6.3.

También debe buscarse la transparencia y el equilibrio justo de intereses en las negociaciones multilaterales sobre servicios (ACS) y bienes medioambientales.

6.4.

La celebración de negociaciones comerciales bilaterales no debería debilitar el compromiso de la UE con la OMC y un sólido acuerdo mundial multilateral y debería evitar posibles normas contradictorias. En el marco de las negociaciones de la OMC, es necesario un enfoque más centrado en el comercio digital, por ejemplo.

6.5.

El comercio es un tema esencial para los sectores de fabricación de la UE y para defender el mercado europeo frente al comportamiento desleal y el dumping, mediante instrumentos de defensa comercial actualizados para proteger plenamente el mercado interior de importaciones injustas de países no pertenecientes a la UE. Sin embargo, la Comisión Europea debería evaluar detenidamente la repercusión de la decisión sobre el reconocimiento de la condición de economía de mercado de China.

6.6.

Aunque el Sistema de Tribunales de Inversiones recientemente propuesto por la Comisión Europea representa una mejora respecto al desacreditado mecanismo de resolución de litigios entre inversores y Estados respaldado por los Estados Unidos, sigue siendo controvertido y requiere una evaluación más en profundidad.

6.7.

La política comercial de la UE debe tener en cuenta las distintas opiniones expresadas en relación con las consecuencias de los acuerdos comerciales. Debe prestarse una atención especial a la inclusión de organismos conjuntos integrados por todas las partes de la sociedad civil en el seguimiento de todos los aspectos de los acuerdos de libre comercio. La especialización del CESE confiere un valor único al trabajo. Los estudios de impacto sobre las negociaciones en curso o futuras siguen siendo un instrumento clave para todos los interesados en el seguimiento de las negociaciones.

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Mejorar la seguridad de los ciudadanos.

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Respetar el Estado de Derecho.

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Eliminar los obstáculos y cubrir las lagunas.

7.1.

La creciente demanda de seguridad por parte de los ciudadanos europeos requiere una respuesta inmediata para proteger los principales logros de la integración europea y restablecer la confianza entre Estados miembros. La lucha contra el terrorismo exige una cooperación más estrecha entre Estados miembros y entre autoridades.

7.2.

La búsqueda de la paz en Oriente Medio, la cooperación policial internacional, el control eficaz de las fronteras exteriores y la política de desarrollo son complementos indispensables de las medidas destinadas a reforzar la seguridad en Europa.

7.3.

En 2017, la UE debe reforzar los pilares de la acción de la Unión establecidos en la Agenda Europea de Seguridad. Dicha agenda debe garantizar el pleno respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales en los Estados miembros, incluida la democracia, los derechos humanos, los derechos económicos y sociales y un diálogo eficaz con la sociedad civil.

7.4.

Debe desbloquearse la propuesta de Directiva sobre la aplicación del principio de igualdad de trato [COM(2008) 426 final] y darse un impulso significativo al aspecto participativo de la sociedad civil.

7.5.

La Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 necesita una estrategia revitalizada con objetivos claros, medidas prácticas y un seguimiento eficaz de los avances contra la discriminación de género en el mercado laboral, la educación y la toma de decisiones, así como en la lucha contra la violencia de género.

7.6.

La Estrategia Europea sobre Discapacidad debe mejorarse de conformidad con las observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, mediante una legislación pertinente y la puesta en marcha de una tarjeta prioritaria europea que se reconozca en todos los Estados miembros.

7.7.

En el contexto de la lucha contra la pobreza, deben establecerse indicadores y objetivos específicos para los niños en situaciones vulnerables.

7.8.

Deben abordarse las nuevas formas de vulnerabilidad, como el trabajo precario, la pobreza activa y los problemas de las mujeres de edad y jóvenes, las madres solteras y las mujeres migrantes.

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Gestión adecuada de los refugiados.

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Integración de los migrantes.

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Lucha contra el populismo y la xenofobia.

8.1.

La UE debe responder a las dificultades de la migración y el asilo con una cooperación más estrecha entre los Estados miembros y medidas unificadas y prácticas. El CESE se remite a las recomendaciones y al informe que elaboró sobre la base de las visitas de investigación realizadas a once Estados miembros. Debe darse prioridad a las propuestas resultantes del informe del Parlamento Europeo sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión frente a la migración.

8.2.

En 2017, deben establecerse las condiciones para poner fin a las excepciones a los controles fronterizos establecidos por las normas de Schengen y garantizar el Estado de Derecho en la gestión del espacio Schengen.

8.3.

El sistema común de asilo propuesto es razonablemente viable a medio plazo. Deben aprobarse con rapidez las iniciativas legislativas y normativas propuestas por la Comisión Europea, respetando el interés general de los solicitantes de protección internacional y el Estado de Derecho como expresión de solidaridad concreta entre Estados miembros.

8.4.

Por lo tanto, es importante reconsiderar la propuesta sobre el reasentamiento, la reubicación y la protección de los solicitantes de asilo para abrir rutas legales y seguras para estos últimos.

8.5.

En este sentido, el CESE desea destacar que el acuerdo entre la UE y Turquía carece de las garantías necesarias para asegurar el respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de la UE. Son necesarias medidas firmes para restablecer la cooperación positiva con las autoridades turcas y los países vecinos que siguen siendo fundamentales para mantener la seguridad en las fronteras de la UE.

8.6.

La política migratoria requiere recursos para integrar a los migrantes y los refugiados. El Comité valora el esfuerzo para hacer un uso más racional de los recursos disponibles en el marco de los distintos fondos europeos. Deben incrementarse los recursos, en particular en el FSE, para los Estados miembros más expuestos a la dificultad de integración de los migrantes y los refugiados.

8.7.

En cuanto a las personas que residen legalmente en Europa, es esencial lograr que cursen una formación, ayudarles a entrar en el mercado laboral y ayudarles a integrarse en la sociedad en general. Asimismo, es fundamental atajar el creciente fenómeno de la xenofobia y el populismo que suelen estar ligados a flujos migratorios significativos. La declaración conjunta emitida por los interlocutores sociales y económicos europeos (CESE, Business Europe, CEEP, UEAPME y Eurochambres) y la labor realizada por las organizaciones de la sociedad civil y las partes interesadas de la economía social marcan la ruta.

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Cohesión interior y acción exterior.

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Cooperación con los vecinos y los socios estratégicos.

9.1.

La UE debe reforzar su posición como actor global de paz y estabilización en las zonas en conflicto en el marco de las instituciones internacionales y mediante una actuación más cohesiva. Para lograr una acción exterior eficaz, se necesitan medidas normativas integradas entre las políticas interiores y exteriores de la Comisión. Es esencial mejorar las relaciones y la cooperación con los socios estratégicos para desempeñar un papel más destacado como actor global.

9.2.

La contribución de la UE a la cooperación y al desarrollo debería priorizar los procesos de democratización en sus países vecinos. Se necesitan medidas concretas, respaldadas por inversiones bien planificadas financiadas por la UE en coordinación con el Banco Mundial.

9.3.

El diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y los contactos interpersonales deben integrarse adecuadamente en la acción exterior de la UE. Es esencial apoyar la creación de un diálogo estructurado con las OSC en la región para evaluar la política europea de vecindad (PEV). Además, el diálogo social debería convertirse en una parte integral de los programas de cooperación y desarrollo de la UE.

9.4.

La evaluación de la PEV debería ser prioritaria. Las relaciones con los países del sur y este del Mediterráneo no debería centrarse en un enfoque defensivo basado en aspectos relativos a la seguridad o la crisis de los refugiados, sino convertirse en una verdadera política de codesarrollo entre socios iguales.

9.5.

Debe prestarse una atención específica a las relaciones con Rusia, incluida una diplomacia más activa con este país, especialmente en lo que se refiere a las relaciones energéticas.

9.6.

La necesidad de cumplir y empezar a aplicar tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible como los objetivos de la COP 21 será de vital importancia. Los ODS en particular deben configurar la agenda de la UE para el desarrollo. La UE debe evaluar de manera proactiva los medios, incluidas las necesidades presupuestarias, que necesitará para hacer frente a esos retos. Un marco de gobernanza adecuado debe garantizar la activa participación de la sociedad civil. El CESE reitera su propuesta de un Foro Europeo de Desarrollo Sostenible.

—

Fomentar la ciudadanía activa y la democracia participativa.

—

Aumentar la apertura y transparencia.

—

Mejorar el diálogo civil y reforzar el diálogo social.

10.1.

Para superar los complejos desafíos comunes que afronta la UE, es esencial movilizar todos los sectores y recursos para la búsqueda de soluciones conjuntas. La sociedad civil es fundamental para impulsar esta innovación vital, y el cambio requiere específicamente la confianza de los ciudadanos. Por lo tanto, debe incluirse a las partes interesadas de la sociedad civil en las mismas condiciones que otras partes interesadas para que puedan aprovecharse plenamente sus contribuciones. Esto exige un cambio de cultura, pero también apoyo al valor de un sector de la sociedad civil sólido e independiente a nivel nacional y europeo.

10.2.

En este contexto, el CESE recuerda a la Comisión su petición de que publique un libro verde sobre cómo podría organizarse de manera eficaz y con carácter permanente el diálogo civil.

10.3.

El CESE pide también una vez más la mejora de los procesos de consulta con las partes en cuestión en lo tocante a la representatividad, accesibilidad, transparencia y críticas constructivas.

10.4.

Deben adoptarse medidas sobre la propuesta para revisar el Reglamento relativo a la Iniciativa Ciudadana Europea para mejorar su eficacia.

10.5.

El CESE sigue considerando prioritario el refuerzo de la democracia participativa, con el objetivo de mejorar la resistencia democrática del proceso decisorio de la Unión Europea. En este contexto, el nuevo acuerdo interinstitucional entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento debería permitir que los órganos consultivos como el CESE tengan una mayor influencia en las propuestas legislativas en el proceso decisorio.

10.6.

La mejora de la legislación debe ser un método para garantizar unos textos normativos más eficientes y simplificados, que sean claros y transparentes en sus objetivos. Debe considerarse la propuesta de «huella legislativa» para supervisar mejor la elaboración de legislación que permita participar a las organizaciones de la sociedad civil y reforzar la participación de los interlocutores sociales en el proceso legislativo, asegurando que se atiendan sus necesidades y expectativas.

10.7.

La Comisión debe continuar con el proceso REFIT, en el que el CESE debería tener un mayor papel que desempeñar. Sin embargo, el programa REFIT no debe menoscabar los derechos laborales y sociales o la protección del medio ambiente y los consumidores. El aumento de la eficiencia de la legislación, también para las pyme, podría derivarse de la apertura y la transparencia de los procesos de mejora de la legislación, que deberían alentar a los beneficiarios a proponer iniciativas legislativas ascendentes y dar lugar en particular a una mayor participación de los actores de la sociedad civil.

10.8.

En marzo de 2016, los interlocutores sociales europeos presentaron cuatro posiciones conjuntas sobre la reactivación del diálogo social, los refugiados, las políticas industriales y la digitalización. Deben incorporarse al programa de trabajo de la Comisión para 2017 y promoverse como tales.

21.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 389/13

Ponente:

Sr. Andrés BARCELÓ DELGADO

Coponente:

Sr. Gerald KREUZER

1.1.

Difícilmente puede considerarse que China opera en condiciones de economía de mercado, ya que incumple cuatro de los cinco criterios establecidos según la práctica de la Comisión y en el Reglamento de base [Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo].

1.2.

El CESE reconoce que —aunque distintas fuentes arrojan resultados divergentes— si perdemos las herramientas que garantizan un comercio libre y justo con China, desaparecerán cientos de miles de empleos, lo cual es una cifra inaceptable.

1.3.

La destrucción de empleo podría concentrarse en determinados sectores y regiones que quedarían muy afectados, entre otros los siguientes: aluminio, bicicletas, cerámica, electrodos, ferroaleaciones, vidrio, papel, paneles solares, acero y neumáticos. Por tanto, se recomienda efectuar estudios sectoriales y geográficos.

1.4.

Los sectores afectados son sobre todo productores o consumidores de bienes intermedios, de manera que es improbable que los consumidores privados se beneficien de la reducción de las medidas antidumping.

1.5.

A corto plazo, los sectores industriales que consumen productos objeto de dumping podrían beneficiarse de las importaciones subvencionadas. No obstante, a medio plazo, también podrían correr peligro, dado que China está fomentando igualmente sectores de transformación con valor añadido. El deficiente historial de China en materia de derechos de propiedad industrial en este sentido también supone una amenaza.

1.6.

Una vez perdidos, los puestos de trabajo industriales rara vez se vuelven a crear. Si los afectados consiguen encontrar trabajo, es probable que perciban salarios más bajos en empleos donde no se valoren sus capacidades. La sustitución de puestos de trabajo de calidad en la industria por empleos precarios con salarios bajos también podría acentuar las desigualdades en nuestras sociedades.

1.7.

El CESE, por lo tanto, considera que la concesión a China del estatuto de economía de mercado pondría en serio peligro la estructura industrial de la UE y el empleo del sector manufacturero. Quedaría menoscabada la posibilidad de lograr la revitalización de la industria europea mediante el recurso al empleo estable y de alta calidad y la introducción y difusión de innovaciones tecnológicas e I+D, vectores clave para garantizar una dinámica sostenible del sistema económico y social europeo.

1.8.

En este contexto, la concesión a China del estatuto de economía de mercado supondría un grave riesgo para la existencia de las regiones industriales y los sistemas productivos locales de pymes que se caracterizan por fabricar productos amenazados por las prácticas competitivas desleales de China. Se correría el riesgo de perder las especializaciones productivas de las pymes y los empleos artesanales altamente especializados que constituyen la espina dorsal de la estructura industrial europea.

1.9.

El CESE hace un llamamiento a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo para fomentar la competencia internacional justa, como manera de defender activamente estos puestos de trabajo y los valores de la sociedad europea, así como para potenciar los ingresos y la riqueza en la Unión Europea.

1.10.

La defensa de estos puestos de trabajo en la UE y las inversiones correspondientes no solo se justifica desde el punto de vista económico, sino que además supone fomentar la sostenibilidad social y medioambiental. Relocalizar la producción desde centros de producción situados en Europa muy limpios y eficientes en el uso de la energía hacia una economía china basada en el carbón nos impediría alcanzar nuestros objetivos en materia de cambio climático y desarrollo sostenible. El respeto de los derechos laborales y humanos también sigue siendo problemático en China.

1.11.

Estas medidas defensivas han de ajustarse a la legislación europea y a los tratados internacionales. Además, deberían garantizar el cumplimiento de los acuerdos por parte de terceros y tener en cuenta las negociaciones en curso con socios comerciales importantes, como los EE. UU. Unos instrumentos de defensa comercial (IDC) eficientes garantizan una competencia leal. Son necesarios con vistas al futuro de la industria europea y para la consecución de la meta de aumentar hasta el 20 % la cuota de la industria en el PIB.

1.12.

Mientras China no cumpla los cinco criterios exigidos por la UE para obtener el estatuto de economía de mercado, la Comisión debería utilizar un método no estándar en sus investigaciones en materia antidumping y antisubvenciones con respecto a las importaciones chinas, de conformidad con la parte de la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC que sigue vigente.

1.13.

Mantener industrias en la UE constituye la base de redes I+D saludables que son esenciales para el crecimiento futuro y para afrontar nuestros «grandes desafíos sociales» (envejecimiento, energía, clima, salud y movilidad).

1.14.

Las pymes no disponen de los recursos necesarios para iniciar expedientes antidumping ni para colaborar plenamente con la Comisión Europea en sus investigaciones. El CESE aboga por un enfoque simplificado para los sectores en los que la participación de las pymes resulte pertinente.

1.15.

Reconociendo la importancia estratégica de esta cuestión, el presente dictamen representa el principio y no el fin del compromiso del CESE. El CESE se dispone a desarrollar un compromiso permanente y recomienda emprender un proyecto del CESE sobre el estatuto de economía de mercado de China, para que el Comité pueda hacer un seguimiento de esta cuestión en representación de la sociedad civil. Se deberían asignar recursos adecuados a esta tarea.

2.1.

Con arreglo a las normas de la OMC, un país puede imponer derechos antidumping, además de aranceles, sobre productos procedentes de terceros países si una investigación demuestra que estos productos entran en el país a precios inferiores a los nacionales, provocando un daño a la industria local. Cuando China ingresó en la OMC en diciembre de 2001, un acuerdo transitorio con vistas a su adhesión permitió tratar al país como economía no de mercado en los procedimientos antidumping, si las empresas chinas no podían demostrar que operaban de acuerdo con los principios de libre mercado. El actual estatuto de economía no de mercado de China ofrece la posibilidad de basarse en los precios de un país análogo en vez de los precios nacionales (que con arreglo al estatuto de economía no de mercado son artificialmente bajos debido a la intervención estatal) para calcular el margen de dumping. El uso de las metodologías de economías no de mercado se describe en la sección 15 del Protocolo de Adhesión a la OMC de China, pero el artículo 15, letra a), inciso ii), expirará en diciembre de 2016. Esta expiración obligará a la Comisión a modificar la metodología que determina la comparabilidad de los precios en los expedientes antidumping.

2.2.

Este dictamen del CESE se centra en el impacto que tendrían en la industria y el empleo de la UE la eventual concesión a China del estatuto de economía de mercado y la modificación de la metodología de los instrumentos de defensa comercial (IDC). Ello independientemente del debate jurídico, puesto que el CESE considera esta cuestión extremadamente importante para la industria de la UE y los puestos de trabajo vinculados a ella.

2.3.

El Parlamento Europeo ha aprobado por amplia mayoría una Resolución en la que aboga por aplicar una metodología no estándar que se ajuste a lo dispuesto en el Protocolo de Adhesión de China, que simultáneamente permita establecer de forma efectiva un marco comercial libre y justo.

3.1.

En materia económica, el CESE constata que:

3.2.

En los últimos quince años, China ha experimentado un crecimiento sin precedentes que ha modificado el panorama industrial y comercial mundial. El modelo de crecimiento chino se ha basado en la inversión, que representó el 46 % de su PIB en 2015, según el FMI. Esta cifra supera la cuota de inversión de otras economías desarrolladas como la UE (19 %) y los EE. UU. (20 %).

3.3.

La magnitud y la velocidad de los cambios han sido impulsados en gran medida por el Estado. El CESE reconoce que China no es una economía de mercado tal como define la UE, y existe un consenso general sobre esta cuestión fuera de la institución. Como informa el Banco Mundial, el Estado ha interferido de manera amplia y directa en la asignación de recursos a través de controles administrativos y de precios, garantías, directrices sobre crédito, titularidad generalizada de las entidades financieras (1) y políticas reguladoras.

3.4.

Existen numerosos ejemplos de excesos atribuidos al desarrollo chino. Entre 2011 y 2013, China consumió 6 600 millones de toneladas de cemento, más que los Estados Unidos en todo el siglo XX (4 400 millones). Esto significa que, en tres años, China ha utilizado tanto cemento como el que se necesitó para construir los EE. UU. durante un siglo. Además del uso ineficiente de los recursos, se ha construido una enorme capacidad industrial para producir tal cantidad de materiales en un período muy corto.

3.5.

China ha comenzado a cambiar su modelo hacia un mayor consumo y un crecimiento orientado a los servicios. La economía experimenta una desaceleración, de manera que una parte significativa de la producción de la industria pesada china no encontrará clientes en el país.

3.6.

La Cámara de Comercio Europea en China informa de que ya se ha constatado un exceso de capacidad significativo en productos como el acero bruto, el aluminio, el cemento, las sustancias químicas, la construcción naval, la refinería, el vidrio plano, el papel y el cartón. El Gobierno chino lo reconoce y ha decidido reducir en 100 millones la capacidad de acero crudo hasta situarla en 150 millones de toneladas para 2020 (2) y la producción de carbón en 500 millones de toneladas durante el mismo período (3).

3.7.

Al margen de estas intenciones, reducir la capacidad total constituye una tarea a largo plazo. Las fábricas cerradas en los últimos diez años han sido sustituidas por otras más modernas y productivas, de manera que el problema no ha hecho sino agravarse. La demanda de bienes intermedios por parte de los hogares no sustituirá nunca a la demanda industrial.

3.8.

La UE pasó por un largo y difícil proceso para resolver este escollo en la década de los ochenta y de los noventa, y no existe una solución rápida para China.

3.9.

Por lo tanto, la combinación de exceso de capacidad y débil demanda interna está llevando a un exceso de producción, que intenta abrirse camino hacia los mercados internacionales.

3.10.

El CESE aporta datos sobre las exportaciones chinas.

3.10.1.

Según la OMC, China es el mayor exportador de productos manufacturados del mundo, con una cuota del 18 %. Esta cuota ha aumentado en un 20 % desde 2010. En 2014, las exportaciones chinas disminuyeron en un 6 %, mientras que en el resto del mundo aumentaron en un 3,5 %. Si analizamos el período 2010-2014, el aumento fue del 49 %, el doble que en el resto del mundo.

3.10.2.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadística china muestran que los productos con mayor crecimiento en 2014 fueron el zinc y las aleaciones de zinc (+2 360 %), el algodón (+ 100 %), el coque (+ 82 %), los diodos y otros semiconductores (+ 61 %) y el acero laminado (+ 50 %). Desde 2010, las exportaciones de algodón, acero laminado y diodos y otros semiconductores se han duplicado, mientras que las ventas de coque, zinc y aleaciones de zinc han triplicado su volumen.

3.10.3.

Se espera que esta tendencia al alza en las exportaciones se mantenga en los próximos años, puesto que las previsiones señalan una contracción de la demanda interna china. Si los instrumentos de defensa comercial (IDC) europeos son sensiblemente más débiles que los de nuestros socios comerciales, las exportaciones chinas destinadas actualmente al ámbito de aplicación territorial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o a Japón podrían desviarse a la UE.

3.10.4.

Este modelo de crecimiento orientado a las exportaciones ha creado un gran déficit de 137 000 millones EUR (48 800 millones EUR en 2000) en la balanza comercial de bienes de la UE, al duplicar las importaciones de la Unión procedentes de China a las exportaciones hacia este país.

3.10.5.

En este mismo contexto, China ha emprendido la iniciativa «Un cinturón, una ruta» (One Belt One Road, OBOR) encaminada a construir infraestructuras de transporte (ferroviario, terrestre y marítimo) en la región euroasiática, con el objetivo principal de abrir a sus propias empresas el acceso a los mercados euroasiáticos que participan en esta iniciativa en condiciones donde no hay competencia y utilizarlos como mercados de salida para los sectores con exceso de producción. La concesión del estatuto de economía de mercado representaría un riesgo considerable para las empresas europeas de los Estados miembros de la UE que participan en la iniciativa OBOR.

3.11.

Datos sobre las prácticas de dumping

3.11.1.

Este acusado incremento de las exportaciones chinas se ha logrado en parte mediante prácticas desleales, como demuestran los numerosos expedientes antidumping iniciados con arreglo a las normas de la OMC.

3.11.2.

China es el país más afectado por medidas antidumping. Fue objeto del 34 % de las investigaciones comerciales, imponiéndosele 667 medidas. Solo en 2015 estaban vigentes o se iniciaron 76 medidas antidumping contra China.

3.11.3.

El 67 % de las medidas adoptadas contra China están relacionadas con sectores como el sector textil y de la confección, la cerámica y el vidrio, los metales comunes, los plásticos, la maquinaria y los equipos eléctricos y los productos petroquímicos. El año pasado, el 79 % de las medidas impuestas a China iban dirigidas a estos sectores.

3.11.4.

La UE es uno de los participantes más activos en el comercio mundial, con un 15,8 % del total, pero solo se han adoptado 133 medidas antidumping contra la región. Esto equivale al 7 % de los casos en todo el mundo. China, en cambio, es objeto del 47 % de estas medidas y solo en 2015 fue penalizada en tres casos.

4.1.1.

Teóricamente, la concesión a China del estatuto de economía de mercado repercutiría negativamente en el bienestar de la UE. La liberalización comercial reviste una importancia fundamental para la Unión. Tiene efectos de red positivos, aunque siempre hay sectores que están en peor situación como consecuencia.

4.1.2.

En este caso, el CESE señala que no se trata de un proceso de negociación con vistas al desmantelamiento de barreras por ambas partes. China no daría nada a cambio, mientras que la UE reduciría unilateralmente su capacidad para compensar la distorsión de la competencia provocada por el apoyo desleal prestado por el Gobierno central y los gobiernos locales chinos.

4.1.3.

El CESE ha observado que ya se han transferido puestos de trabajo industriales al extranjero. Entre 2000-2014, los sectores industriales europeos perdieron 6,7 millones de trabajadores, un 12 % de la cifra inicial de 56,3 millones. En el mismo período, el índice de volumen de exportaciones aumentó en un 144 %. Con arreglo a un estudio realizado en los EE. UU., que cuenta con un sector industrial mucho más reducido que la UE, entre 1999 y 2011 se perdieron alrededor de 985 000 puestos de trabajo industriales a raíz del aumento de la penetración de las importaciones chinas (4).

4.1.4.

La pérdida de empleo se produjo no solo en las industrias básicas, sino también en las innovadoras. Han desaparecido empresas punteras de teléfonos móviles. En un sector industrial vital para nuestro futuro como son los paneles fotovoltaicos, treinta y cuatro fabricantes quebraron entre 2010 y 2012, dos abandonaron el negocio solar, cinco cerraron la producción total o parcialmente y tres fueron absorbidos por inversores chinos (5).

4.1.5.

Corren especial riesgo sectores que revisten una importancia estratégica para los planes quinquenales de China: aluminio, bicicletas, cerámica, vidrio, piezas de vehículos de motor, papel y acero.

4.1.6.

Distintas instituciones han llevado a cabo evaluaciones de impacto. La Comisión Europea ha encargado un estudio que no se ha publicado, de manera que el CESE no puede analizar la posición de la Comisión sobre esta apremiante cuestión.

4.1.7.

El Economic Policy Institute considera que en la UE entre 1,7 y 3,5 millones de empleos corren peligro. Esta estimación se basa en un modelo de insumo-producto que tiene en cuenta las pérdidas directas (afectados directamente por el aumento de las importaciones), las pérdidas indirectas (proveedores e industrias de transformación de los afectados directamente) y pérdidas de reinversión (derivadas de la reducción de los ingresos y gastos de los hogares). El principal inconveniente de este estudio es que examina los efectos de cada importación china, incluso en sectores que no se han visto afectados en absoluto.

4.1.8.

Si solo se tienen en cuenta los sectores con medidas antidumping, las pérdidas de empleos directas e indirectas rondarían entre los 0,5 y los 0,9 millones. Según dicho informe, el empleo directo total generado por sectores vulnerables a oleadas de importaciones objeto de dumping asciende a 2,7 millones.

4.1.9.

El estudio no calcula el efecto de reinversión solo en estos sectores. Lo que sí demuestra es que los puestos de trabajo en peligro en sectores relacionados con el antidumping representan el 60 % de los empleos en los sectores de fabricación. Si se aplicase la misma proporción a los efectos indirectos y de reinversión, la pérdida de puestos de trabajo podría elevarse a entre 1,1 y 2,1 millones.

4.1.10.

Un segundo informe refleja tres estudios encargados por asociaciones de productores de acero del TLCAN en relación con los probables efectos económicos que tendría en sus países la concesión del estatuto de economía de mercado a China. El informe concluye que, si los tres países del TLCAN concediesen el estatuto de economía de mercado a China, la demanda de mano de obra se reduciría en entre 15 000 y 32 000 millones de dólares estadounidenses (USD), la mayor parte en los EE. UU. Esto se traduce en una pérdida estimada entre 0,4 y 0,6 millones de empleos.

4.1.11.

Ambos estudios se basan en modelos macroeconómicos de equilibrio general. No obstante, si este tipo de estudios se llevase a cabo por separado en zonas económicas como la UE y el TLCAN, el CESE cree que la concesión unilateral del estatuto de economía de mercado a China casi sin lugar a dudas provocaría una pérdida directa de bienestar en paralelo a la pérdida de al menos cientos de miles de empleos, y probablemente cerca de un millón de personas tendrían que buscarse otras formas de ganarse la vida.

4.1.12.

Para evaluar la probabilidad de que se produzcan estas pérdidas, el CESE llama la atención sobre varias consecuencias pertinentes:

4.1.13.

Desde un punto de vista geográfico, el CESE insiste en que los puestos de trabajo que es probable que se pierdan no se distribuyen de manera uniforme. La concentración de la pérdida de empleos en determinadas zonas puede provocar situaciones críticas en estos lugares, aunque puede que otras regiones de la Unión no sufran tanto. Los países más afectados podrían perder hasta el 2,7 % de su mano de obra.

4.1.14.

Está claro que en muchos casos estos puestos de trabajo se localizan en grandes instalaciones industriales con una sólida relación con el tejido económico e industrial. Recientemente, hemos observado pérdidas considerables en sectores como el de la metalurgia, donde varios miles de empleos dependen de una empresa y cuyas comunidades han sufrido una repercusión social dramática.

4.1.15.

El CESE insiste también en la calidad de los empleos en el sector industrial: los trabajos en el sector de la fabricación son más estables y están mejor remunerados en promedio que los trabajos en otros sectores de la economía. La Comisión Europea señaló en 2014 (6) que los salarios mensuales de los trabajadores del sector de la fabricación son un 5 % más altos que la media general de la UE. En EE. UU., los salarios mensuales en el sector de la fabricación son un 8 % más elevados que en otros sectores. Estos salarios más altos son el resultado de una mayor productividad.

4.1.16.

La industria ofrece trabajos de calidad a trabajadores cualificados o semicualificados, a quienes les costaría mucho encontrar un trabajo alternativo con las mismas condiciones laborales. En sí, el declive del papel de la industria acentúa las desigualdades de nuestra sociedad.

4.1.17.

Según la Encuesta sobre las Condiciones de Trabajo de Eurofound, el trabajo a tiempo parcial se considera menos predominante en la fabricación (12 %) en comparación con la media de la Europa de los Veintiocho (24 %). Por otra parte, las jornadas de trabajo en el sector de la fabricación tienden a ser más regulares y los horarios atípicos son considerablemente menos frecuentes que en el conjunto de la economía de la UE (7).

4.1.18.

El CESE también desea evitar cualquier tipo de riesgo que pueda amenazar el ecosistema de conocimientos: la fabricación es, con diferencia, el sector con mayor demanda de actividades de I+D, además de existir una creciente tendencia a obtener la I+D de empresas de servicios orientadas a la innovación (8). Según un estudio de ECSIP Consortium, el contenido medio de servicios de los bienes fabricados producidos en la UE alcanza casi el 40 % del valor total de los bienes acabados producidos. Se trata en su mayoría de servicios de distribución (15 %), transporte y comunicación (8 %) y servicios empresariales que varían desde menos del 10 % hasta incluso un 20 % o más en los Estados miembros de la UE. Esta última categoría incluye servicios como la I+D, la publicidad y la investigación de mercado, las actividades de ingeniería y los servicios TIC.

4.1.19.

El CESE ya ha emitido dictámenes sobre la importancia de promover estándares normativos más estrictos en materia de propiedad intelectual, debido al incumplimiento por determinados países. Esto no debe olvidarse a la hora de elaborar la política comercial de la UE.

4.2.1.

La evaluación de la concesión unilateral a China del estatuto de economía de mercado ha de considerar los posibles beneficios para otros sectores, especialmente para los consumidores de productos en los que China tiene —o prevé tener— una sólida actividad de fabricación.

4.2.2.

Muchas de las industrias afectadas hasta ahora fabrican bienes intermedios, es decir, bienes que se transforman y se combinan en productos acabados.

4.2.3.

La producción industrial mundial todavía no ha vuelto a los niveles anteriores a la crisis. Por lo tanto, existe un gran exceso de capacidad industrial, y los clientes de los productos chinos sujetos a medidas antidumping podrían comprar sus suministros en terceros países sin una pérdida de competitividad significativa.

4.2.4.

Si se permite a China aumentar su cuota de mercado de manera desleal y establecer una ventaja oligopolística, sin duda utilizará esta última para volver a subir los precios, lo cual dañará las industrias de consumo de la UE. China ya está actuando de esta forma para fomentar industrias locales. El Parlamento Europeo (9) presenta pruebas de medidas que restringen el comercio de recursos naturales que pueden estar vulnerando las normas de la OMC. En 2009, China presentó su Plan de Desarrollo de Tierras Raras 2009-2015, que imponía unas cuotas de 35 000 toneladas al año. El año siguiente, los precios de las tierras raras chinas se triplicaron. Puede encontrarse otro ejemplo en el mercado de la electrónica, donde China grava las exportaciones de piezas más que los productos acabados, para proteger el montaje local de dispositivos.

4.2.5.

Estos ejemplos muestran que la política china promueve industrias con un valor añadido más alto. Sin la capacidad de iniciar expedientes antidumping, sectores como la fabricación de equipos o automóviles también terminarían expuestos a una competencia desleal. China también detiene un récord de infracciones de los derechos de propiedad intelectual, por lo que ni siquiera las patentes servirían de mucho para mantener las industrias innovadoras dentro de las fronteras de la UE.

4.2.6.

A largo plazo, la concesión del estatuto de economía de mercado a China también perjudicaría a toda la cadena de valor industrial, porque se vería afectada la innovación. En la UE existe la creencia generalizada de que la innovación es la única forma de que nuestras sociedades compitan con competidores que se basan puramente en el coste, pero la innovación ya no se está desarrollando en laboratorios aislados. Por el contrario, una encuesta de KPMG constató que el 85 % de los encuestados de la industria mundial de metales considera que las asociaciones conformarán el futuro de la innovación para su organización. Más de tres cuartas partes dicen que ya aplican modelos empresariales más colaborativos con proveedores y clientes. Por lo tanto, es imposible imaginar futuras industrias innovadoras que no pertenezcan a las redes del conocimiento.

4.3.1.

A largo plazo y con independencia de la evolución de los distintos sectores, la riqueza en la UE solo aumentará de manera sostenida si se logra un desarrollo significativo de la renta disponible. Las políticas actuales de la Comisión que favorecen el empleo y la inversión reconocen este hecho y deberían tenerse en cuenta al tomar decisiones sobre esta cuestión.

21.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 389/20

Ponente:

Lutz RIBBE

Coponente:

Isabel CAÑO AGUILAR

1.1.

El CESE acoge con satisfacción las decisiones de la COP21 de París y considera que constituyen un importante punto de inflexión para entablar una lucha eficaz contra el cambio climático.

1.2.

No obstante, existen dos grandes problemas: por una parte, los objetivos presentados para reducir las emisiones en cada Estado miembro (contribución prevista determinada a nivel nacional, CPDN) no coinciden con los resultados de París. Por otra, a pesar de algunos avances limitados, no se ha concedido la suficiente importancia a la sociedad civil.

1.3.

En la actualidad, los agentes de la sociedad civil se enfrentan a grandes obstáculos cuando proponen y aplican medidas sobre el cambio climático. En particular, esto se debe a que los responsables políticos no reconocen el gran potencial de la sociedad civil para la protección del clima. Hasta el momento, los estamentos políticos no se interesan en medida suficiente por qué estrategias planean utilizar los agentes de la sociedad civil contra el cambio climático, qué necesidades tienen y qué apoyo deben recibir. Cabe incluso decir que, en parte, los requisitos normativos ponen trabas sistemáticamente a los esfuerzos de la sociedad civil en favor de la protección del clima.

1.4.

Como resultado, ocurre demasiadas veces que los agentes de la sociedad civil no encuentran un marco operativo que les permita poner en práctica sus planes de «protección climática desde abajo». Además, no pueden encontrar financiación para sus proyectos, aunque, de hecho, hay suficientes recursos de financiación disponibles.

1.5.

Por consiguiente, el CESE propone, como respuesta directa a las decisiones tomadas en París, establecer una coalición entre los responsables políticos, la administración y la sociedad civil. La tarea de la coalición debe consistir en minimizar los obstáculos a la protección climática de la sociedad civil. Para ello la coalición debe:

1.6.

Las acciones de la coalición deberán aplicarse a distintos niveles políticos. Su objetivo esencial es cumplir las cinco tareas siguientes:

1.7.

Para llevar estas cinco tareas a buen término, es necesario contar con un diálogo abierto y estructurado en el seno de la coalición que, en este sentido, debe constituir un foro de debate. Por consiguiente, es importante que los participantes reflejen la heterogeneidad de la sociedad y desarrollen una cultura de apertura, creatividad y cooperación. El foro de debate debería velar por que el marco político que se cree respalde efectivamente la protección climática de la sociedad civil.

1.8.

Para que la coalición cumpla su misión, es necesario contar con un apoyo administrativo que permita

1.9.

Esta coalición de responsables políticos y sociedad civil permitirá alcanzar otro objetivo que el CESE apoya: la necesidad de impulsar un cambio justo del mundo laboral hacia la sostenibilidad, en el que participen de modo estructural los sindicatos y las organizaciones patronales.

2.1.

Los resultados de la COP21 de París representan un punto de inflexión importante en las negociaciones sobre protección del clima, puesto que es el primer acuerdo internacional con carácter vinculante en el que todos los Estados contratantes se comprometen, sin excepción, a combatir activamente el amenazador cambio climático.

2.2.

La comunidad internacional se ha comprometido colectivamente a limitar el calentamiento global por debajo de 2 oC, o incluso a 1,5 oC, si fuera posible.

2.3.

El Acuerdo incluye otra importante orientación concreta, que es la de alcanzar un balance neutro global en las emisiones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad del siglo.

2.4.

El CESE acoge con satisfacción estos resultados (1), aunque también constata dos grandes problemas:

2.4.1.

En primer lugar, los objetivos de reducción a escala nacional presentados por los Estados miembros (contribución prevista determinada a nivel nacional, CPDN) no se corresponden con los resultados de la COP: si estos objetivos se aplicaran, el calentamiento global no se limitaría a 2 oC sino que aumentaría a 2,5 oC e, incluso, a más de 3 oC.

2.4.2.

En segundo lugar, no se tiene suficientemente en cuenta la importancia de la sociedad civil. Aunque en el pasado se han dado algunos avances en materia de transparencia y participación, el papel real de la sociedad civil en la política climática aún no queda bastante claro: no son los negociadores de la COP sino la sociedad civil quien tiene que aplicar los resultados de París e imbuirles vida.

2.5.

No hay una estrategia que aproveche la participación de la sociedad civil como socia estratégica para aplicar las decisiones de la COP, o esa estrategia no está clara. Lo mismo se observa en la Unión Europea, cuya política climática debe incorporar un segundo pilar paralelo a la «diplomacia climática». Este pilar debe concentrarse en comprender y reforzar la importancia y el papel de la sociedad civil y facilitar al gran número de agentes de la sociedad civil vías para concebir y aplicar estrategias contra el cambio climático en su ámbito de acción en el mundo real.

2.6.

La política climática no puede ni debe prescribirse únicamente «desde arriba», sino que solo tendrá éxito si se basa en un amplio consenso y una cooperación activa de una mayoría de empresas, entes territoriales y ciudadanos. Por consiguiente, debe aplicarse sobre todo «desde abajo», o será un fracaso.

2.7.

Indudablemente, en el pasado se han logrado éxitos importantes en la política de sostenibilidad y protección del clima porque los representantes de la sociedad civil —a la que también pertenecen expresamente los ciudadanos «de a pie» en su papel de ciudadanos— no se limitaron únicamente a la reacción, es decir, a verse como un «instrumento para la aplicación». Al contrario, fueron precisamente ellos quienes actuaron como pioneros del cambio, participaron activamente y, de este modo, en la medida de sus posibilidades, alcanzaron éxitos esenciales y ejercieron presión política, desde el punto de vista tanto tecnológico como económico y, sobre todo, social (respecto a la aceptación social de estas tecnologías, pero en especial respecto a la integración general del cambio, es decir. los aspectos de aprendizaje social y de «aprender de la comunidad»).

2.8.

Aunque, por ejemplo, la política y la producción energéticas (que comparten responsabilidad por el cambio climático) se han concentrado por lo general en fuentes de energía no renovables y en grandes estructuras centralizadas con solo unos pocos productores, y aunque la sociedad civil a menudo se ha presentado únicamente como «consumidor», en el futuro las actuaciones respetuosas con el clima serán mucho más descentralizadas y presupondrán la participación de todos los interesados. No cabe duda de que la voluntad de hacerlo existe, y debe usarse y fomentarse de forma sistemática.

2.9.

En las acciones de la sociedad civil que pueden observarse ya hoy en día se oculta un enorme potencial de innovación que se deriva de la forma de pensar y actuar de las ciudades y municipios, los entes territoriales, las grandes empresas, los sindicatos y los agentes privados (particulares, agricultores, cooperativas, pymes, etc.).

2.10.

En la actualidad estas acciones están muy a menudo vinculadas a organizaciones determinadas y guardan estrecha relación con proyectos específicos. Es precisamente esto lo que mueve la dinámica social concreta. No obstante, si estas iniciativas fracasan, los agentes han de asumir ellos mismos el coste del fracaso. No se trata solo de riesgos financieros, ya que la actuación de la sociedad civil, además de dinero, requiere motivación, compromiso y tiempo. Por consiguiente, debe haber una utilidad (entendida en un sentido no solo económico) y el riesgo de fracaso debe ser asumible. En este contexto, los responsables políticos europeos y nacionales pueden proporcionar un marco amplio y muy abierto para la actuación de la sociedad civil.

2.11.

En la Unión Europea se dan numerosos ejemplos de éxito que demuestran lo importante y poderosa que es la lucha contra el cambio climático cuando los agentes de la sociedad civil participan en ella, pero dichos ejemplos no se recogen y analizan sistemáticamente. No hay un debate sobre las lecciones políticas que pueden extraerse de estas iniciativas numerosas y diferentes, sobre los obstáculos que deben eliminarse para hacerlas más eficaces y reproducirlas, o sobre el motivo por el que fracasan.

2.12.

Además, no existen iniciativas válidas para refinanciar el capital propio empleado. Tampoco existen mecanismos que envíen la señal deseada a los agentes no estatales más allá de las grandes empresas industriales. En realidad, en la Europa actual puede observarse incluso la tendencia opuesta: una dirección política equivocada suele hacer más difícil, si no imposible, la ejecución de las iniciativas pertinentes. En consecuencia, en muchos casos no existe (!) un marco de actuación en el que los agentes de la sociedad civil puedan desarrollar y aplicar políticas de protección climática; no pueden poner en práctica sus ideas. A veces ocurre simplemente que el marco jurídico-administrativo es inadecuado, en otras ocasiones los agentes no encuentran financiación para sus proyectos y en otros casos el hecho de que los costes externos de las energías fósiles no estén plenamente internalizados (2) y, por lo tanto, el carbono —a pesar del anuncio en sentido contrario— no tenga ningún precio «real» constituye un obstáculo insuperable.

2.13.

Con demasiada frecuencia se habla de los «perdedores» de una política climática ambiciosa, y con igual frecuencia da la impresión de que la protección del clima entraña principalmente una renuncia. Por supuesto que es preciso abordar de modo adecuado y tener en cuenta los problemas que conlleva la transformación hacia una economía prácticamente libre de emisiones de carbono. No obstante, debe hacerse hincapié también en los elementos positivos al menos en igual medida para garantizar una actitud favorable de la sociedad. El progreso tecnológico y económico en los últimos años (por ejemplo, en la producción de energías renovables, el almacenamiento de energía y, sobre todo, las aplicaciones digitales que han posibilitado significativos progresos en el uso eficiente e inteligente de los recursos) justifica tal actitud.

2.14.

Hoy en día, Europa está configurada técnica y económicamente de tal modo que la protección del clima y la sostenibilidad pueden ser beneficiosas para todos. La Unión Europea de la Energía responde exactamente a esta idea. Para ello es necesario que los responsables políticos apoyen o, al menos, permitan estas iniciativas y no intenten impedirlas (por ejemplo, al poner en cuestión estructuras existentes). El potencial, en principio fácilmente gestionable, de cambio y progreso en materia de lucha contra el cambio climático dista mucho de aprovecharse plenamente.

3.1.

Necesitamos un nuevo enfoque de gobernanza multinivel. El CESE propone crear una ambiciosa coalición de agentes de la sociedad civil, entes locales y regionales y estructuras políticas y administrativas responsables a escala nacional y europea.

3.2.

La coalición deberá:

3.3.

En estas condiciones, la coalición, como expresión de una gobernanza multinivel, debe contribuir a asumir con éxito la responsabilidad de la protección del clima que comparte toda la sociedad.

3.4.

Los objetivos de la COP están definidos claramente y también el Consejo Europeo ha fijado visiones de gran alcance para una Europa hipocarbónica y eficiente en el uso de los recursos. En consecuencia, en el año 2050 deberían emitirse entre un 80 % y un 90 % menos gases de efecto invernadero que hoy, lo que tendrá un fuerte impacto en las vidas de todos los ciudadanos europeos y de todas las empresas y su personal.

3.5.

En su dictamen exploratorio sobre el desarrollo sostenible (3) el CESE ya expuso la importancia de tomarse muy en serio estas cuestiones referentes a las consecuencias que estos cambios estratégicos fundamentales tendrán para la vida cotidiana.

3.6.

El riesgo de que el desarrollo sostenible se vea como una amenaza y no como una oportunidad puede contrarrestarse mediante un simple mensaje: la protección del clima implica cambios, pero todo miembro de la sociedad —por separado o en combinación con otros— tiene la oportunidad de configurar activamente estos cambios, de forma que no solo sean beneficiosos para el clima sino que también mejoren las condiciones de vida en su ámbito local.

3.7.

Este mensaje debe dirigirse a aquellos que se ven afectados directamente por los cambios «negativos» que con toda seguridad se prevén (por ejemplo, la totalidad del sector de las energías fósiles) pero también abordar y estimular el potencial positivo, existente en la sociedad, de aquellos que están dispuestos a actuar y pueden servir de modelo para otros.

3.8.

Nuestra sociedad es sumamente heterogénea, y esto se aprecia en lo que respecta a la protección del clima: lo que a un agente le resulta sencillo, para otro es muy difícil de llevar a cabo. Estas diferencias deben tomarse en serio y esta diversidad debe entenderse como una oportunidad y utilizarse en consecuencia.

3.9.

En esencia se trata de concretar qué significa «protección del clima» en la práctica. A este respecto existe también un déficit de conocimientos. Si bien se han elaborado muchos estudios de casos, falta una sistematización que distinga, por ejemplo, según categorías de agentes, algo que resulta necesario porque los diferentes recursos de que dispone cada agente invitan a utilizar estrategias de acción totalmente diferentes. Como ejemplos cabe citar los siguientes:

3.10.

Esta serie de ejemplos aclara que los recursos de los agentes de la sociedad civil pueden variar enormemente, pero la lógica de actuación es la misma. Utilizarán sus recursos endógenos, materiales, económicos y de tiempo solo si piensan que existe una posibilidad realista de conseguir un beneficio directo. Y, viceversa, esto entraña también que en los casos en los que no pueda haber un impacto positivo, existe un riesgo de inactividad o incluso de oposición (por ejemplo, contra nuevos proyectos de inversión).

3.11.

Los ejemplos muestran también que la gama de estrategias de acción que han diseñado y ejecutado principalmente agentes no estatales de toda Europa es tan amplia y diversa como la propia sociedad civil.

3.12.

Sería totalmente erróneo que los responsables políticos atribuyeran a los agentes de la sociedad civil un papel concebido meramente desde una perspectiva política en el marco del enfoque descendente.

3.13.

Frente al cambio futuro debería prestarse especial atención a la preservación de la seguridad social. La «protección climática desde abajo» significa que la iniciativa privada de los individuos crece, lo que conlleva importantes estímulos económicos, pero esto no debería redundar en detrimento de la seguridad social.

3.14.

Por consiguiente, es importante que las «personas que protegen el clima desde abajo» sigan formando parte de la comunidad solidaria. En algunos casos esto implicará redefinir cómo está constituida la comunidad solidaria y quién aporta qué contribuciones a la comunidad, lo que es imprescindible simplemente por el hecho de que, hasta ahora, la combustión y transformación de materias primas fósiles constituían los pilares esenciales del Estado del bienestar. El abandono de esta práctica y la transición hacia una economía en gran medida libre de emisiones de carbono no deberían perjudicar los niveles de bienestar social y de normas de política social que se han alcanzado en la Unión Europea. La coalición de los responsables políticos, la administración y la sociedad civil debe prestar especial atención a este aspecto; es más, deberían desarrollarse estrategias completamente nuevas.

Un ejemplo al respecto:

3.15.

La energía procedente de fuentes renovables puede producirse localmente de modo tan barato que, en combinación con medidas de eficiencia energética, podría resolver el problema de la pobreza energética (social). Ahora bien, con respecto a las iniciativas correspondientes, los responsables políticos deberían crear un adecuado marco jurídico y posibilitar el acceso al capital de inversión.

3.16.

La participación de la sociedad civil en la lucha contra el cambio climático se centra sobre todo en el nivel local o regional. Sin embargo, las negociaciones de la COP y muchos debates políticos se efectúan a escala mundial. En ningún otro ámbito distinto de la lucha contra el cambio climático es más válido el principio de «pensar globalmente, actuar localmente». Los efectos de las acciones de la sociedad civil no deben perderse en un espacio global, deben vivirse, experimentarse y asumirse directamente, es decir, en el lugar en el que se llevan a cabo las medidas.

3.17.

Para la política europea esto significa que hay que cambiar de paradigma: por ejemplo, con la lógica del AC/MDL del Protocolo de Kioto no se pueden comenzar muchas iniciativas locales. Se trata de un problema básico, ya que la actuación de los agentes de la sociedad civil suele tener lugar a escala local y regional pero las condiciones marco se fijan principalmente a escala nacional y europea. El CESE observa con preocupación que entre estos dos niveles se abre una brecha.

3.18.

Una protección climática activa y concreta, gracias a la participación de la sociedad civil, como segundo pilar de la política climática europea debe producir efectos visibles sobre el terreno, ya que, de otro modo, se corre el riesgo de que los agentes de la sociedad civil renuncien a cualquier iniciativa en este ámbito.

3.19.

Las regiones, las ciudades y los municipios desempeñan un papel esencial. El CESE reconoce las numerosas iniciativas que ya se han emprendido para coordinar estas actividades. Basta pensar, entre otros, en la Cumbre Mundial sobre el Clima y los Territorios, el Pacto de los Alcaldes, la red ICLEI, etc. A menudo se trata de iniciativas que pueden contar también con diversas formas de apoyo estatal.

3.20.

El desarrollo regional y la política energética respetuosa con el clima podrían complementarse si la producción descentralizada de energía se llevara a cabo a través de estructuras regionales o locales, de modo que la utilización de las energías eólica, solar y de la biomasa produjera valor a escala local. Aumentar la diversidad de agentes tiene sentido, aunque en ningún documento oficial de la UE se haya explorado de modo suficiente este posible vínculo estratégico.

3.21.

Esto constituye un buen ejemplo de que la UE no aprovecha el potencial de la sociedad civil de modo exhaustivo. Así, el Pacto de los Alcaldes se considera primordialmente como un importante apoyo para cumplir los objetivos establecidos por la UE: su papel como motor de nuevas iniciativas políticas no goza de adecuado reconocimiento o no se utiliza de modo sistemático.

4.1.

La coalición se ocupará de las siguientes cinco tareas:

4.1.1.

En primer lugar, debemos comprender mejor qué acciones en favor del clima pueden y quieren realizar los agentes de la sociedad civil en sus distintas funciones.

4.1.2.

En segundo lugar, es necesario determinar y eliminar los problemas y barreras estructurales que obstaculizan el éxito de la puesta en práctica. De esto se deriva la tarea, que incumbe a los responsables políticos, de eliminar las trabas burocráticas y los procedimientos complejos que condicionan la inacción de los agentes de la sociedad civil o dificultan considerablemente sus acciones. Mediante la Comunicación «Establecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía» la Comisión ha dado un primer paso en esta dirección (4). Sin embargo, dista mucho de ser suficiente, por ejemplo, porque la interpretación del concepto de «prosumidor» es muy restringida (5).

4.1.3.

En tercer lugar, las historias de éxito deben darse a conocer en mayor medida.

4.1.4.

En cuarto lugar, deben especificarse las condiciones y los factores clave que conducen al éxito.

4.1.5.

En quinto lugar, es preciso establecer un marco político que cree las condiciones necesarias para que los agentes de la sociedad civil puedan diseñar y aplicar estrategias de lucha contra el cambio climático. La creación del marco de actuación ha de definirse como tarea de la gobernanza multinivel, dado que la aplicación de dicho marco requiere un entendimiento común entre los responsables políticos a escala europea, nacional y subnacional que es tan necesario como su actuación coordinada.

4.2.

La ejecución de las tareas necesita apoyo administrativo adicional, que permitirá llevar a cabo los siguientes trabajos como base para el debate de los responsables políticos, la administración y la sociedad civil en el seno de la coalición:

4.3.

El papel de los responsables políticos y de la administración consistirá en coordinar esta coalición —en su caso, en cooperación con el CESE—, afrontar los obstáculos mencionados y tratar de eliminarlos; o al menos ofrecer respuestas claras a la pregunta de por qué creen que determinadas iniciativas no deben llevarse a la práctica.

4.4.

Solo cuando exista un marco de actuación que valore las múltiples funciones de los agentes de la sociedad civil, reconozca los diferentes recursos, tenga en cuenta los factores de éxito y cree unas condiciones marco positivas encontrarán los agentes de la sociedad civil acceso al capital y a los fondos de inversión. Se trata de un importante problema práctico al que hasta la fecha los responsables políticos siguen concediendo escasa importancia, Se trata de un importante problema práctico al que hasta la fecha los responsables políticos siguen concediendo escasa importancia, ya que el Acuerdo de París tiene enormes repercusiones financieras que van mucho más allá del Fondo Verde para el Clima, por un importe de 100 000 millones de dólares estadounidenses (USD) al año.

4.5.

Los pequeños bancos locales y otros inversores externos únicamente conceden préstamos a las iniciativas de la sociedad civil para la protección climática si la refinanciación está relativamente garantizada. El marco político debe cumplir también esta condición (refinanciación de poco riesgo de inversiones para luchar contra el cambio climático a través de agentes de la sociedad civil).

4.6.

El marco debe proporcionar seguridad a largo plazo para la planificación y las inversiones. Nada es más perjudicial para el necesario compromiso político que la incertidumbre generada por constantes cambios de orientación.

4.7.

Se necesitan posibilidades de inversión alternativas para proyectos locales eficaces, cuyas oportunidades y riesgos los agentes de la sociedad civil puedan valorar y gestionar por sí solos de primera mano, por ejemplo, como miembros de una cooperativa. Si los ciudadanos reconocen que las inversiones les «llegan a ellos» y no se pierden en el laberinto de instituciones financieras y grandes inversores, esto también podría mejorar la débil confianza en las entidades financieras.

4.8.

Un marco estable y sólido dará origen a un crecimiento diferente en el seno de estructuras económicas modificadas. Cabe suponer que para este nuevo «crecimiento» el capital social será tan importante como el capital de financiación. El desarrollo del concepto de «prosumo» permite eliminar parcialmente la alienación del trabajo. Además, la división del trabajo se organizará en mayor grado en estructuras comunitarias. Como consecuencia, existe un enorme potencial de innovación social, que es indispensable para una política climática ambiciosa. Surgen nuevas funciones, cuyas denominaciones («prosumidores», plataformas, agregadores) aún no las describen de modo adecuado. El «prosumo» puede considerarse un elemento de éxito imprescindible para lograr modos de vida y economías sostenibles.

4.9.

Esta nueva forma de economía no es utópica, ya puede verse hoy en numerosas iniciativas de protección del clima predominantemente locales, y por tanto transponerse a otras escalas. Es imperativo lograr el redimensionamiento, la imitación y la difusión, no solo a la vista de los ambiciosos objetivos en materia de cambio climático sino como premisa para reducir los costes del cambio y evitar un conflicto entre los objetivos de política social y los de cambio climático.

4.10.

El CESE destaca que el Acuerdo de París explicita —como ya se había establecido en la Conferencia sobre el Clima de Lima— la necesidad de llevar a cabo una transformación justa del mundo laboral. Para el nuevo modelo económico han de crearse puestos de trabajo de elevada calidad, lo que será posible mediante un sólido diálogo social y negociaciones paritarias que cuenten con la participación de los empresarios y con apoyo de medias y contenidos específicos, por ejemplo, formación continua para los trabajadores a fin de transmitir las nuevas cualificaciones necesarias para la transición energética y ecológica, y medidas destinadas a reforzar los sistemas de protección social. También para esto es necesario un marco de actuación positivo. Solo así es factible que los agentes de la sociedad civil puedan compensar las pérdidas de empleo y competitividad en algunos sectores —que es inevitable que se produzcan en el marco de una transformación— y propicien un crecimiento económico que sea social, sostenible e integrador.

21.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 389/28

Ponente:

Laure BATUT

1)

cambiar el enfoque de la «economía plateada» (silver economy), considerando que la tecnología digital suprime la brecha de la edad y que las personas mayores son agentes de la cadena de valor y de sus propias vidas;

2)

con ocasión de la reunión de los ministros de la UE responsables de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores celebrada en junio de 2016 y de la Cumbre de la UE de diciembre de 2016 sobre las personas de edad, fomentar la inclusión digital de las personas mayores para resolver las dos transiciones, digital y demográfica;

3)

desarrollar una gobernanza global, mediante la integración de las personas mayores en la vida digital desarrollando servicios públicos eficaces, dotados de medios a todos los niveles, también en la esfera territorial, y que no se contabilicen a efectos de los requisitos del Semestre Europeo;

4)

establecer una cláusula horizontal europea relativa a la «igualdad de las personas mayores», acompañada de incentivos para su aplicación por los ministerios responsables de la igualdad en los Estados miembros;

5)

hacer que las asociaciones representativas de las personas mayores y el CESE participen en las reflexiones del Grupo de partes interesadas en la economía colaborativa preconizado por el Parlamento Europeo;

6)

favorecer el acceso de las personas mayores al entorno digital y, a su vez, la accesibilidad de este mediante la adquisición de conocimientos y capacidades, y desarrollar sin demora para lograr su inclusión, enseñanza, formación a lo largo de la vida, adaptación de los materiales y del software, así como tutoría;

7)

elaborar indicadores para medir el impacto económico de las personas mayores, su calidad de vida y los beneficios derivados de las innovaciones;

8)

favorecer el acceso de las personas mayores a un programa europeo de intercambio de buenas prácticas por desarrollar que podría ser, por ejemplo, una plataforma denominada «Seneca — equivalente a Erasmus para personas mayores»;

9)

desarrollar la confianza y dar a conocer a los ciudadanos las normas europeas sobre la tecnología digital mediante su publicación en forma de código y una ventanilla única digital respetando el multilingüismo;

10)

reconocer en todos los Estados miembros el acceso a internet como un derecho a un servicio universal, sujeto al criterio de la asequibilidad, y, en caso de que los precios representen un obstáculo, fomentar el establecimiento de tarifas reguladas, o incluso el acceso libre y gratuito en determinados espacios, para las personas de edad avanzada sin recursos;

11)

fomentar las asociaciones público-privadas (APP), cuyo éxito depende del capital humano, mediante cursos gratuitos para las personas mayores a cargo de los gigantes de las TIC en el marco de su política de responsabilidad social de las empresas (RSE), y ello en todas las escuelas primarias de la UE, fuera del horario escolar;

12)

suprimir las barreras impuestas a las personas mayores para suscribir préstamos bancarios;

13)

promover un servicio cívico para combatir el analfabetismo digital.

2.1.

La Unión Europea afronta un desafío que nunca se había planteado a ningún colectivo humano, a saber, la concomitancia, por una parte, de la longevidad de la población, y, por otra, de la generalización de las tecnologías digitales, lo cual requiere adoptar un conjunto de auténticas estrategias tanto económicas como sociales.

2.2.

En 2060, tal como indican las proyecciones (The 2015 Ageing Report, Comisión Europea), contaremos con dos personas mayores por cada joven, con un número de personas de edad muy avanzada que excederá el número de niños menores de cinco años: según el criterio de la edad media (Eurostat), los primeros Estados afectados serán Suecia, Alemania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, seguidos, con un desfase de algunos años, de Bélgica, Dinamarca, Irlanda y, por último, el resto de los Estados miembros.

2.3.

Las personas y los trabajadores de edad son percibidos a la vez como una amenaza para los sistemas de protección social y como una oportunidad para el sector de bienes y servicios. En 2011, la UE se comprometió en favor de los «adultos» (1) y fijó cinco orientaciones estratégicas, con el objetivo de lograr una economía «generadora de empleo» y una mejora de la calidad y la eficacia de la oferta de enseñanza y formación para adultos.

2.4.

El Comité observa que no se abordaba directamente a las personas mayores.

2.5.

La generación del «baby-boom» (término que designa a las numerosas generaciones nacidas justo después de la Segunda Guerra Mundial) es la primera que no ha conocido guerras en su territorio común y, junto con la de sus padres, también la más «europeísta» de la Historia. Actualmente, son considerados «personas mayores». En su documento de base que fundamenta el debate Growing the European Silver Economy (desarrollo de la economía plateada) de febrero de 2015, la Comisión Europea expresa su voluntad de satisfacer las necesidades de las personas mayores de 50 años. Este colectivo a veces se clasifica en tres subgrupos, según se trate de personas activas, frágiles o dependientes. El CESE hace suya esta definición que confirma su propuesta de cambio de enfoque respecto de las personas mayores: son agentes de crecimiento.

2.6.

El envejecimiento demográfico consiste en un aumento de la tasa de personas mayores en una población, debido a la disminución de la fertilidad y de la mortalidad. Los japoneses (Étude comparative du marché des seniors français et japonais — Opportunités croisées, David Barboni, Eurasiam, serie Management n.o 001, 2007) han anticipado el fenómeno del envejecimiento. Han creado una dinámica de consumo específica para las personas mayores en materia de bienestar, salud, finanzas, seguros, distribución y turismo. Por su parte, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se integran en los bienes de mercado que sirven para mejorar la calidad vida; están orientadas hacia personas mayores «consumidoras» de productos específicos en lugar de a personas mayores «agentes» de la sociedad digital, inscribiéndose así en la perspectiva de los beneficios a corto plazo para los productores. Pese a su importancia, resulta reductor.

2.7.

En la UE, los integrantes de la generación del «baby-boom» no solo se han convertido en personas mayores consumidoras de bienes. Son hombres y mujeres que ––por primera vez en la historia del continente–– han sido mayoritariamente estudiantes y a continuación ciudadanos «activos» y «productivos». Muchos de ellos pueden ahora escoger entre permanecer activos en la economía de mercado o en la economía social y solidaria.

2.8.

Su aprovechamiento de las TIC se percibe a veces como lento y difícil. Ahora bien, fueron a menudo los primeros en utilizarlas e incluso en crear novedades (véase «The Seven Myths of Population Aging», Julika Erfurt et al., en Accenture, febrero de 2012). En 2010, en Francia, más del 16 % de las empresas fueron creadas por personas de más de 50 años de las cuales, además, casi una de cada dos son autofinanciadas: se trata de ciudadanos mayores de 50 años empleados, solicitantes de empleo, empresarios que siguen en activo o, incluso, pensionistas (véase el artículo de Yann Le Galès, Le Figaro,27 de abril de 2012).

2.9.

Solo desde la Declaración y el Plan de Acción Internacional sobre el envejecimiento de las Naciones Unidas (2002) y la Declaración del Consejo sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012) se habla en la Unión Europea de la «economía plateada» (silver economy). Además, la Comisión considera necesario fomentar todo lo posible el «envejecimiento saludable», en particular mediante las TIC, y brindar así a la Unión la ocasión de desempeñar una función prominente: la economía de las personas mayores puede definirse como las perspectivas económicas abiertas por los gastos de consumo y los gastos públicos relacionados con el envejecimiento de la población y las necesidades de las personas mayores de 50 años (véase el sitio web Silver economy de la Comisión Europea).

2.10.

El Comité considera que han de tenerse en cuenta las cuestiones relativas al bienestar, la autonomía y la dependencia así como el mercado. No obstante, en Europa hay casi 125 millones de personas mayores; son operadores de su vida, de la economía y del crecimiento, y las tecnologías de la información deben formar parte de su vida como es el caso de los «activos».

2.11.

Por ello, el Comité hace hincapié en la necesidad de enfocar el envejecimiento como la continuidad de otras fases de la vida, sin compartimentaciones; todas las personas mayores con buena salud conservan su experiencia y sus capacidades digitales, de manera que no cabe disociarlos del conjunto de los agentes de la cadena de valor. Se trata de considerar a las mayores desde una perspectiva dinámica e integradora, en lugar de centrarse solo en la última etapa de su vida, y sin limitar la tecnología digital a un mero enfoque «asistencial técnico-médico».

2.12.

Ello no prejuzga en absoluto sus derechos de pensión (artículos 25 y 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales; artículos 153 y 156 del TFUE) ni afecta a los sistemas de pensiones, que difieren en función de los Estados miembros.

2.13.

Un enfoque global e integrador podría otorgar a todos los ciudadanos europeos de edad la certeza de que la innovación digital les concierne. El Comité considera que la UE podría asumir el liderazgo al que aspira en el ámbito de la «economía plateada» mediante la asunción de responsabilidades a todos los niveles.

3.1.1.

Los miembros de la generación del «baby-boom», convertidos hoy en «papy-boomers», cuentan con una herramienta: la revolución de las nuevas tecnologías. Es urgente adoptar una visión más amplia y a más largo plazo que el «mercado» y no dejar a nadie al margen de los conocimientos y de la práctica de las tecnologías de la información, ya que la conectividad se ha generalizado. La UE tiene que compatibilizar la necesidad de interoperabilidad europea con la exigencia de protección en los Estados miembros que presentan contextos muy fragmentados; ahora bien, las comunicaciones de la Comisión de abril de 2016 [COM(2016) 176, 178 y 179 final] solo abordan cuestiones técnicas y no evocan los aspectos sociales. La Comunicación de la Comisión de junio de 2016 sobre «Una nueva agenda de capacidades para Europa» [COM(2016) 381/2] y su Propuesta de Recomendación de Consejo sobre el establecimiento de la Garantía de Capacidades [COM(2016) 382/2] tienen por objeto la empleabilidad y la productividad. En estos documentos no hay referencias a las personas mayores y muy pocas al mundo digital. El Comité confía en que la reunión de los ministros de la UE de junio y la Cumbre de diciembre de 2016, en las que deberá abordarse la cuestión de las personas mayores, podrán fomentar su inclusión digital y la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo, lo cual es necesario para responder a las dos transiciones, a saber: la digital y la demográfica.

3.1.2.

Para impulsar la cohesión, difundir las tecnologías digitales y sensibilizar a las personas mayores y a todas las categorías de ciudadanos, el Comité desea que se publiquen en forma de «código» todos los textos adoptados hasta ahora por la UE sobre el entorno digital y que se considere la creación de una ventanilla única digital respetando el multilingüismo.

3.2.1.

La tecnología digital ofrece la posibilidad de aprender y de ser proactivo, en particular a una edad avanzada y cuando la movilidad se ve reducida. Permite evitar la formación de guetos y facilita la transmisión de conocimientos. Puede contribuir a invertir la tutoría generacional y a la supresión de la exclusión por razón de edad.

3.3.1.

El Comité ha emitido numerosos dictámenes sobre los aspectos técnicos, económicos y sociales de los avances digitales: las infraestructuras, los derechos, los costes, la telemedicina, la salud en línea («e-health»), el envejecimiento activo, la ciberdelincuencia, las ciudades/la movilidad/las islas inteligentes, la neutralidad de internet, etc.

3.3.2.

La Comisión debería incluir a todas las generaciones, sin brecha geográfica, y hacer previsiones a largo plazo (2060), ya que la curva del envejecimiento (3) se acelerará en todos los Estados miembros, hasta culminar en 2060.

3.3.3.

En sus comunicaciones de 19 de abril de 2016 (4), la Comisión señala que va a abordar la normalización de las TIC, que considera un «elemento crucial del mercado único digital», la digitalización de las empresas y la computación en nube.

3.3.4.

Las presidencias neerlandesa y eslovaca solicitaron al Comité un dictamen exploratorio sobre las consecuencias sociales, a saber, sobre «La evolución de la naturaleza de las relaciones de trabajo y su impacto en el mantenimiento de un salario digno», así como la «Incidencia de la evolución tecnológica en el sistema de seguridad social y el derecho laboral», dictamen aprobado por el CESE el 26 de mayo de 2016.

3.3.5.

En su Resolución de 19 de enero de 2016«Hacia un Acta del Mercado Único Digital» (apartado 80), el Parlamento Europeo«alienta a la Comisión a que cree un grupo de interesados que se encargue de promocionar las mejores prácticas en el sector de la economía colaborativa», denominación que hace suya el CESE, y que no puede existir en gran medida sin la digitalización; representar la sociedad civil es una tarea que típicamente pueden desempeñar las personas mayores. El CESE desea participar en esta iniciativa.

3.4.1.

Con los macrodatos, la informática en nube, la internet de los objetos, la impresión tridimensional y otras técnicas que han surgido con la propagación muy súbita de internet en la vida contemporánea, siguen persistiendo algunos temores paralizadores; las personas mayores son más sensibles a ello que los jóvenes «nativos digitales» y afrontan los escollos siguientes:

3.4.2.

El Comité, al igual que el Parlamento Europeo, «considera que la confianza de los usuarios y de las empresas en el entorno digital es un elemento fundamental para el desarrollo pleno de la innovación y el crecimiento en la economía digital»;

3.4.3.

El contexto de crisis y las medidas propias de un estado de excepción refuerzan el sentimiento de que las libertades corren peligro y de necesidad de hipervigilancia, así como los temores ante los riesgos de la ciberdelincuencia.

3.4.4.

Los textos protectores vigentes en los Estados miembros y a escala de la UE son poco conocidos. Sensibilizar sin alarmar a estos colectivos para los cuales la escuela ya no es operativa, informar y enseñar, permitiría avanzar atenuando la asimetría informativa entre los grandes operadores, casi siempre extranjeros, y los usuarios particulares.

3.5.1.2.1.

Con arreglo a una visión de conjunto, una nueva gobernanza podría suscitar una solidaridad activa entre generaciones y la sostenibilidad del sector social:

3.5.1.3.1.

Al desarrollo digital se destinan fondos específicos (investigación, banda ancha, inteligencia), así como Fondos Estructurales y programas especiales. Sin embargo, las inversiones necesarias para mantener la posición predominante de la UE no han sido cuantificadas, mientras que deberían evaluarse las necesidades de la población europea, desde la escuela primaria hasta las personas mayores, pasando por la formación permanente. Es importante garantizar que los fondos dedicados a ello no estén sujetos a las normas de austeridad presupuestaria. Por último, es urgente eliminar las barreras que limitan el acceso de las personas mayores a la financiación privada (préstamos bancarios) (6).

3.5.1.3.2.

La Comisión propone asociaciones público-privadas (APP). El Comité alberga dudas al respecto ya que el riesgo sigue siempre el mismo: el sector privado solo se compromete si considera posible obtener un beneficio económico, el coste de los intereses lastra el endeudamiento público y, en definitiva, parte del dominio público ha sido privatizado.

3.6.1.

El CESE ya ha sugerido que el acceso a internet debe considerarse un derecho a la prestación de un servicio universal, insistiendo en su asequibilidad, para luchar contra las desigualdades sociales y geográficas. En este sentido deberían preverse espacios públicos para personas mayores con acceso libre a internet.

Naturalmente, los demás servicios públicos deberán abordar los problemas relacionados con las personas mayores: transportes, sanidad, correo, servicios de interés general (SIG), servicios de interés económico general (SIEG), servicios sociales de interés general (SSIG), servicios sociales de interés económico general (SSIEG), etc.

3.6.2.

Las autoridades nacionales y regionales han de velar por que las personas mayores adquieran nuevos reflejos de protección y seguridad de los datos digitales. Convertir en indisociables la inclusión social y la inclusión digital es aún más necesario a medida que progresa la pérdida de autonomía. Por su proximidad, el nivel de gobernanza territorial favorece una evolución en este sentido. El CESE preconiza un servicio cívico para combatir el analfabetismo digital.

3.6.3.

3.6.4.

La inclusión de las personas mayores: debería incumbir a los Estados miembros la responsabilidad de informar a sus ciudadanos sobre todas las oportunidades que ofrecen a las personas mayores para formarse en cuanto a la tecnología digital. Ello se podría lograr mediante campañas de sensibilización a través de los medios de comunicación.

3.6.4.2.

Las personas mayores necesitan adquirir o mantener sus conocimientos digitales. La acción, importante, de las ONG, no basta, ya que las personas mayores necesitan ver reconocidas sus cualificaciones y proseguir su aprendizaje de por vida. En Eslovaquia, hay dieciocho universidades de la tercera edad y muchas academias para personas mayores menos cualificadas.

3.6.4.3.

Mediante la enseñanza y alfabetización digital: el Comité reitera su llamamiento en favor de la promoción de una enseñanza (7) sobre los medios de comunicación e internet destinada a todos los ciudadanos de la UE, en particular a las personas vulnerables, y celebra el establecimiento, a escala europea, de la «Gran Coalición para el Empleo Digital». Señala que numerosos agentes asisten a cursos de formación.

3.6.4.4.

El Comité considera que la Comisión debería trabajar con los Estados miembros y las universidades sobre las necesidades de competencias de las personas mayores y los medios para satisfacerlas, por ejemplo estableciendo vínculos institucionales con las universidades para facilitar el acceso de las personas a los cursos en línea (curso en línea masivo y abierto, COMA).

3.6.5.

3.6.5.1.

Al igual que el Parlamento (8), el Comité reconoce la necesidad de «superar los estereotipos» y señala «el enorme potencial de las mujeres innovadoras y empresarias y el importante papel que pueden desempeñar en la transformación digital», y aspira a «su integración y participación en la sociedad de la información»; el CESE es consciente de que, a menudo, las mujeres mayores sufren las consecuencias de carreras fragmentadas y corren mayor riesgo que los hombres de caer en la pobreza tras su jubilación. Conviene tener en cuenta este aspecto en las medidas dirigidas a la inclusión de las mujeres en el entorno digital de las personas mayores.

3.6.5.2.

Asimismo, «reconoce el potencial del mercado único digital para asegurar la accesibilidad y participación de todos los ciudadanos, incluidas las personas con necesidades especiales, las personas de edad avanzada, las minorías y los demás ciudadanos que pertenecen a grupos vulnerables, en todos los aspectos de la economía digital» (9), pero preferiría que las «personas de edad avanzada» sigan siendo agentes económicos sin ser estigmatizadas y asimiladas todas a personas con «necesidades especiales».

3.6.5.3.

El Comité ha respaldado la propuesta de Directiva sobre la accesibilidad (10) pero lamenta su elaboración tardía y la no ratificación del Tratado de Marrakech. En materia digital, se entiende por accesibilidad tanto la de la componente físico (hardware) que la de los programas informáticos (software): desea que se facilite su manipulación por parte de las personas mayores, así como el desarrollo de programas informáticos más adecuados y multilingües. El vínculo social es vital para las personas vulnerables.

3.6.6.

El CESE recomienda que se incluya en el programa europeo Erasmus+ una faceta dedicada a las personas mayores que podría funcionar como una plataforma de intercambio de buenas prácticas y denominarse, por ejemplo, «Seneca — equivalente a Erasmus para personas mayores».

3.6.7.

Fomentar la creatividad y la innovación a todas las edades mediante la tecnología digital, ya que las personas mayores son las mejor situadas para conocer sus necesidades y apoyar a los cuidadores y los agentes asociativos.

—

El CESE propone una asociación publico-privada cuyo éxito dependerá del capital humano mediante la organización de cursos gratuitos que deberán enmarcarse en la política de responsabilidad social de los propios gigantes de las TIC: patrocinando a los trabajadores que se jubilan e impartiendo estos cursos a todos los trabajadores de edad, en todas las escuelas públicas de los distintos Estados miembros, fuera del horario lectivo.

—

Faltan competencias digitales en la UE (900 000 empleos vacantes) (11). La recalificación de los trabajadores de más edad podría contribuir a mejorar la situación que debe evaluarse con respecto a la competencia mundial. Fomentar el emprendimiento digital, las formaciones y las empresas emergentes, así como el desarrollo de las competencias y del bienestar de todos requiere inversiones públicas significativas.

—

En una situación de desempleo masivo, la economía 4.0 permitirá a las personas mayores el establecimiento de redes y la creación de nuevas empresas emergentes (start-ups), así como de empleo sostenible de alto valor añadido y no deslocalizable, por ejemplo para la prestación de servicios a las personas o relativos a la salud, el apoyo a la autonomía y a las políticas de prevención (12).

—

La UE, respecto de las formas de economía colaborativa, no expone con claridad su posición de principio sobre los abusos de posición dominante y su compatibilidad con los objetivos de la «economía social de mercado», mientras que una proporción cada vez mayor de la mano de obra se encuentra de facto en situación ilegal respecto del Derecho laboral. Las personas mayores corren mayor riesgo de verse afectadas por las repercusiones de la digitalización en la cohesión social.

3.8.1.

La tecnología digital permite, a la vez, un planteamiento descendente y ascendente de las relaciones sociales y, en particular, del «envejecimiento».

3.8.2.

La economía colaborativa puede acercar a las personas, mediante formas de aprendizaje que fomenten todas las formas de inteligencia, soluciones sanitarias innovadoras que permitan a las personas con discapacidad o de edad avanzada formar parte del cuerpo social y ser ágiles, aunque no puedan ser móviles («ubicuas»).

3.8.3.

Sin embargo, desestructura las relaciones laborales. Dado el envejecimiento, la tecnología digital altera lo que, desde la Segunda Guerra Mundial, constituyó la cohesión de las sociedades europeas: los sistemas de solidaridad, que actuaron como amortiguadores de crisis (por ejemplo, en 2008).

3.8.4.

La relación de subordinación de los trabajadores ha sido desestabilizada por la revolución 4.0, las actividades en red, la irrupción de las personas mayores y la atenuación de las «fronteras»; al mismo tiempo, aproximadamente el 10 % de los e-seniors están conectados aunque sean pobres, y podrían volver a ser «viejos», incapaces de subvenir a sus necesidades (familias nucleares) como en siglos anteriores. Por consiguiente, ¿son posibles las transiciones con transmisión de saberes?

3.8.5.

Para lograr una economía social de mercado digital e integradora (13) para todos, es esencial preservar los sistemas de pensiones. De aquí a 2060, será inevitable basarlos en elementos distintos del trabajo asalariado, evitando las vicisitudes de los fondos de pensiones: habrá que emprender una reflexión profunda sobre la base de las cotizaciones y la redistribución de la riqueza para preparar al cambio nuestro espíritu y nuestra mentalidad.

21.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 389/35

Ponente:

Antonio LONGO

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), cuatro años después de la entrada en vigor del Reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), pone de relieve el papel central de los ciudadanos en el proyecto europeo y la capacidad de este instrumento para ayudar a reducir el déficit democrático mediante el apoyo a la ciudadanía activa y la democracia participativa.

1.2.

El Comité, a la vez que respalda las posiciones ya adoptadas por el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Defensor del Pueblo Europeo, señala que la iniciativa ciudadana europea no ha ofrecido todo su potencial debido a un Reglamento que debe revisarse.

1.3.

De hecho, el CESE ha detectado problemas significativos de carácter técnico, jurídico y burocrático, así como un exceso evidente de competencias para la Comisión Europea, que impiden una plena difusión, aplicación y seguimiento, en caso de iniciativas que prosperen.

1.4.

El Comité, con vistas a la revisión del Reglamento, propone las siguientes medidas:

1.4.1.

Permitir a los comités de ciudadanos que inicien la recogida de declaraciones de apoyo en la fecha que decidan.

1.4.2.

Dotar de reconocimiento jurídico a los comités de ciudadanos, a fin de limitar la responsabilidad penal de los organizadores al dolo o imprudencia grave, en consonancia con el modelo de la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.

1.4.3.

Crear una ventanilla única, tanto física como en línea, donde los ciudadanos puedan obtener información y orientación para presentar iniciativas.

1.4.4.

Examinar las propuestas destinadas a reducir la edad mínima para apoyar una ICE y participar en ella, conforme a lo solicitado por el Parlamento y el Comité de las Regiones.

1.4.5.

Resolver el evidente conflicto de intereses dentro de la Comisión separando las funciones de «guía institucional» y «juez». El CESE, que reitera su voluntad de proseguir su participación en las iniciativas ya emprendidas, puede ser un candidato natural para desempeñar la función de facilitador y guía institucional.

1.4.6.

Garantizar un seguimiento adecuado de las iniciativas que prosperen, solicitando a la Comisión que elabore una propuesta legislativa en un plazo de doce meses a partir del final de la campaña o una motivación más adecuada de la decisión de no presentar ninguna propuesta. En caso de que no haya propuesta, el CESE defiende que el Parlamento Europeo pueda presionar a la Comisión con arreglo al artículo 225 del TFUE.

1.5.

El CESE hace hincapié en que algunos problemas no requieren una revisión del Reglamento y, por consiguiente, deberían abordarse con rapidez a fin de no disuadir a potenciales organizadores de iniciativas. A fin de que este instrumento sea más eficaz y fácil de utilizar, el Comité propone que se apliquen las siguientes iniciativas:

1.5.1.

La Comisión, con el fin de hacer más transparente el proceso de registro, debe adoptar procedimientos claros y sencillos y facilitar respuestas detalladas y soluciones posibles cuando se considere que las iniciativas no son admisibles, de modo que los comités puedan modificarlas y presentarlas de nuevo.

1.5.2.

La Comisión debe proseguir las negociaciones con los Estados miembros para simplificar, reducir y uniformar el sistema de normas nacionales para la recogida de datos. En concreto, se propone limitar las solicitudes de documentos de identificación personal y permitir que todos los ciudadanos puedan firmar las iniciativas de sus países de residencia.

1.5.3.

Establecer de forma permanente el programa informático gratuito para la recogida de declaraciones de apoyo (OCS, en inglés) (1) con el fin de simplificar la recogida y la catalogación de las declaraciones de apoyo, así como su verificación por las autoridades nacionales. Asimismo, este instrumento debe ser accesible para las personas con discapacidad.

1.6.

El Comité, en una perspectiva más general de difusión y arraigo de la ICE, recomienda:

1.6.1.

Reforzar la información y la sensibilización de los ciudadanos sobre el instrumento de la ICE con campañas específicas, permitiendo a los comités de ciudadanos que informen a los firmantes sobre los resultados obtenidos y, sobre todo, mediante un mayor compromiso de la Comisión para divulgar el seguimiento de las iniciativas que prosperen.

1.6.2.

Garantizar el multilingüismo y explorar nuevas maneras de vincular el sistema de recogida de firmas en línea y los medios sociales y digitales a fin de llegar a un público cada vez más amplio.

1.6.3.

Permitir, en principio, que todos los ciudadanos de la UE puedan ser organizadores de una ICE, ofreciendo la posibilidad de apoyar los gastos esenciales de una campaña una vez que haya sido registrada formalmente.

1.7.

El CESE propone crear un foro institucional sobre la participación de los ciudadanos europeos, que se convierta en un punto permanente de discusión y debate dentro del Comité, siguiendo el modelo del Foro Europeo de la Migración, y valorice los avances ya realizados con el Día de la iniciativa ciudadana europea. El tema podría ser objeto de una propuesta más detallada y específica por parte del Comité que se trataría en un dictamen de iniciativa ad hoc.

2.1.

El derecho de la iniciativa ciudadana europea se estableció en el Tratado de Lisboa (2) como un instrumento innovador de democracia participativa transnacional. Se autoriza a un millón de ciudadanos de la UE, de al menos siete Estados miembros, a pedir a la Comisión Europea que proponga un texto legislativo sobre asuntos de competencia de la UE. De esta forma, se quiere lograr que los ciudadanos participen activamente en el proceso europeo de toma de decisiones, proporcionándoles una forma indirecta del derecho de iniciativa legislativa.

2.2.

Las normas y procedimientos por los que se rige la ICE se establecieron en un Reglamento de la UE que se aprobó el 16 de febrero de 2011 y entró en vigor el 1 de abril de 2012 (3).

2.3.

Una ICE puede ser organizada o firmada por todos los ciudadanos europeos que hayan cumplido la edad que les permita ejercer el derecho de voto en las elecciones al Parlamento Europeo (4). Las organizaciones no pueden plantear iniciativas, pero sí pueden promoverlas o apoyarlas, siempre que lo hagan con total transparencia.

2.4.

El procedimiento previsto para una ICE puede resumirse en tres etapas:

2.4.1.

La fase de puesta en marcha prevé la constitución de un «comité de ciudadanos» (5), el registro formal de la iniciativa (6) sujeto a la evaluación de la admisibilidad por la Comisión (7) y la certificación del sistema de recogida de firmas en línea (8).

2.4.2.

En la fase de recogida, debe conseguirse un millón de «declaraciones de apoyo» (firmas) en un período máximo de doce meses procedentes de, como mínimo, siete Estados miembros de la UE (9). Este resultado debe ser certificado por las autoridades nacionales competentes (10).

2.4.3.

En la fase de presentación, la iniciativa será examinada por la Comisión, tras reunirse con los organizadores y celebrar una audiencia pública en el Parlamento Europeo. La Comisión dispondrá de un plazo de tres meses para responder con una comunicación ad hoc y decidir si acepta la propuesta y pone en marcha el procedimiento legislativo.

3.1.

Hasta la fecha, más de seis millones de ciudadanos europeos han firmado una ICE. Aunque se han presentado 56 iniciativas, solo 36 fueron registradas por la Comisión y, de ellas, únicamente 3 recogieron un mínimo de un millón de firmas (11). Ninguna de las iniciativas que prosperaron motivaron una nueva propuesta legislativa, si bien, en algunos casos, la Comisión Europea tuvo en cuenta la posición de la opinión pública sobre aspectos específicos.

3.2.

Las considerables dificultades técnicas, jurídicas y burocráticas que han afrontado los organizadores y el escaso impacto legislativo de las iniciativas que prosperaron han socavado la credibilidad del instrumento de la ICE. Ello resulta evidente con la drástica disminución de las iniciativas registradas, que pasaron de dieciséis en 2012 a cinco en 2015 (12), y el número de declaraciones de apoyo recogidas, que pasaron de más de cinco millones en 2012 a unas cuantas miles en 2015 (13).

3.3.

En estos cuatro años muchos organizadores y representantes de la sociedad civil organizada (14) denunciaron las deficiencias y rigidez de un instrumento que, en su origen, debía ser claro, sencillo y fácil de usar. Estas orientaciones se confirmaron en la audiencia pública que organizó el CESE el 22 de febrero de 2016.

3.4.

En febrero de 2015, tres años después de su entrada en vigor, el Parlamento Europeo presentó un estudio (15) sobre la aplicación del Reglamento y defendió su revisión. Las conclusiones de este estudio se incluyeron, en octubre de 2015, en una resolución (16) mediante la que el Parlamento presentó oficialmente dicha petición a la Comisión con propuestas claras y precisas.

3.5.

El Defensor del Pueblo Europeo, tras una investigación para verificar el funcionamiento eficaz del procedimiento de la ICE, así como el papel y las competencias de la Comisión, elaboró en marzo de 2015 once directrices destinadas a mejorar la iniciativa (17).

3.6.

El Comité de las Regiones emitió, en octubre de 2015, un dictamen en el que también defendía una rápida y significativa revisión del Reglamento (18).

3.7.

La Comisión, en respuesta a las numerosas solicitudes de modificación del Reglamento, publicó en abril de 2015, como estaba previsto en el propio Reglamento, un informe (19) sobre los resultados obtenidos hasta entonces y, posteriormente, en febrero de 2016, un seguimiento (20) respecto de las propuestas formuladas por el Parlamento. En ambos casos, la Comisión, aunque reconocía diversas dificultades que afrontan los organizadores de una ICE y aceptaba la posibilidad de mejorar la aplicación del marco regulador existente, rechazó de forma repetida toda posibilidad de una revisión a corto plazo del Reglamento vigente.

3.8.

En la actualidad, la opinión generalizada entre las instituciones europeas, los organizadores y los representantes de la sociedad civil organizada es que, a pesar de que se han obtenido algunos resultados positivos, todavía falta mucho para que la ICE alcance todo su potencial desde el punto de vista de la propuesta política y la participación activa de los ciudadanos.

3.9.

Los principales problemas detectados, de manera uniforme, por las instituciones y las partes interesadas son:

3.9.1.

La falta de conocimiento y de sensibilización de los ciudadanos y de las instituciones nacionales respecto de la ICE (21).

3.9.2.

Los comités de ciudadanos han afrontado numerosos obstáculos de carácter técnico, jurídico y burocrático en las fases de registro y recogida de declaraciones de apoyo, capaces de poner en peligro el éxito de la propia iniciativa.

3.9.3.

Los ciudadanos que querían firmar una iniciativa experimentaron numerosas dificultades relativas a los diferentes derechos nacionales en materia de tratamiento de datos.

3.9.4.

Las pocas iniciativas que prosperaron no fueron tenidas en cuenta por la Comisión para elaborar nuevas propuestas legislativas, únicamente para iniciativas legislativas relacionadas indirectamente con ellas.

3.10.

Las principales dificultades que tuvieron los comités de ciudadanos son las siguientes:

3.10.1.

Falta de un reconocimiento jurídico para los comités de ciudadanos. Ello repercute negativamente en importantes aspectos prácticos de una ICE como la captación de fondos y la simple apertura de una cuenta corriente. Además, el hecho de que los responsables sean personalmente responsables de los «posibles daños que causen con motivo de la organización» (22) de una ICE tiene un efecto disuasorio.

3.10.2.

Aplicación excesivamente rígida de los criterios de admisibilidad de una ICE. Alrededor del 40 % de estas iniciativas fueron declaradas no admisibles por la Comisión Europea en la primera etapa del proceso, esto es, el «registro» de la iniciativa (23). Según el Parlamento Europeo, es conveniente profundizar en el conflicto de intereses interno para la Comisión, que, por una parte, debe informar a los organizadores y evaluar la admisibilidad de la iniciativa y, por otra parte, es la destinataria de la propia iniciativa (24).

3.10.3.

Solapamiento de actividades en el calendario de una ICE. Los plazos necesarios para certificar en cada Estado miembro los sistemas de recogida de firmas en línea reducen el plazo, que ya es breve en sí, de doce meses para recoger las declaraciones de apoyo.

3.10.4.

Falta de apoyo adecuado por parte de la Comisión, en particular durante las fases de puesta en marcha y gestión de la iniciativa. Debe estudiarse más en profundidad el servicio de alojamiento y el OCS ofrecidos de forma gratuita por la Comisión, así como las dificultades de los organizadores para elaborar y difundir documentación multilingüe.

3.10.5.

Gestionar una ICE es un proceso costoso. Ello lo demuestra el hecho de que las tres iniciativas que prosperaron contaban con el respaldo de grandes organizaciones de la sociedad civil que apoyaron las actividades desde el punto de vista técnico, organizativo y financiero. Muchos organizadores, a fin de no desvirtuar el principio fundacional de la iniciativa ciudadana europea, destacan la necesidad de recibir un mayor apoyo a escala de la UE para el lanzamiento de la campaña.

3.10.6.

Excesiva rigidez para la recogida y el tratamiento de datos personales. En algunos Estados miembros, las normas aplicables desincentivaron en mayor medida la organización de nuevas iniciativas y la adhesión a ellas. Además, en algunos países las leyes sobre la recogida de datos establecen que solo deben tenerse en cuenta las firmas recogidas entre los nacionales que residen en el territorio nacional, lo que priva en la práctica a once millones de personas de su derecho a participar (25).

3.10.7.

Escasa participación de los organizadores en las actividades de seguimiento. Las reuniones y audiencias, dado el poco seguimiento de las iniciativas que prosperan, no parecen suficientes para impulsar una acción legislativa concreta por parte de la Comisión.

3.11.

El año 2016 será decisivo para la ICE en el proceso que podría llevar a revisarla. El presente dictamen de iniciativa representa la contribución del CESE a este proceso, habida cuenta de las enormes posibilidades sin aprovechar de un instrumento tan importante e innovador en los procesos europeos de toma de decisiones y con vistas a una verdadera ciudadanía europea.

4.1.

El CESE, como puente entre las instituciones europeas y la sociedad civil organizada, ha participado desde el principio en el debate sobre la ICE. Lo demuestran los dictámenes aprobados hasta la fecha (26) y la creación de un grupo ad hoc que sigue permanentemente la evolución y aplicación de este derecho (27).

4.2.

El CESE también participa activamente en el proceso de la ICE (28) con la doble función de facilitador de las iniciativas y mentor institucional. Respecto de las iniciativas y las competencias del CESE, cabe citar las siguientes:

4.2.1.

El «Día de la iniciativa ciudadana europea», organizado cada año para evaluar con todos los agentes interesados el grado de aplicación y eficacia de la ICE. Este acto también facilita el intercambio de buenas prácticas y la creación de redes entre los que proponen iniciativas y otras partes interesadas.

4.2.2.

La creación de una oficina de asistencia para la ICE que ofrece, entre otras cosas, la traducción a las lenguas oficiales de la UE de la descripción de las iniciativas que han sido validadas por la Comisión.

4.2.3.

La puesta a disposición de salas propias para fomentar la difusión de las campañas.

4.2.4.

La elaboración de una guía práctica, que ya ha alcanzado su tercera edición, para dar a conocer y promover la ICE (29). Asimismo, el Comité concede un papel clave a la ICE en otra publicación titulada «Pasaporte Europeo hacia la ciudadanía activa» (30), para informar a los ciudadanos europeos sobre todos sus derechos y estimular la democracia participativa transnacional.

4.2.5.

La creación, en 2016, de un archivo público de la documentación académica y científica sobre la ICE, abierto a todos los ciudadanos y de consulta gratuita.

4.2.6.

La presentación en el pleno, o de forma alternativa en la sección, de todas las iniciativas registradas que tengan más éxito y que no sean contrarias a la política oficial del CESE expresada en sus dictámenes. De esta manera, el CESE puede dar suficiente visibilidad a estas iniciativas, manteniendo al mismo tiempo una postura neutral.

4.2.7.

El CESE participa con sus delegados en las audiencias celebradas en el Parlamento Europeo sobre las iniciativas que prosperan, contribuyendo al proceso de análisis y estudio en profundidad por la Comisión.

5.1.

El CESE reitera firmemente su apoyo a la iniciativa ciudadana europea. Cuatro años después de la entrada en vigor del Reglamento sobre la ICE, existen datos esperanzadores sobre participación, pero también un enorme potencial sin explotar. De hecho, el Comité considera que una aplicación correcta y completa de la ICE puede ayudar a colmar la creciente brecha existente entre los ciudadanos y la Unión Europea.

5.2.

El CESE comparte las opiniones ya expresadas por el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Defensor del Pueblo Europeo, en el sentido de que la aplicación parcial y limitada de la ICE se debe a múltiples factores. En concreto, existen límites de carácter técnico, jurídico y burocrático, pero también un cortocircuito institucional claro debido a un exceso de competencias y responsabilidades en manos de la Comisión Europea.

5.3.

Además, el CESE considera que la Comisión ha resuelto con éxito algunos de estos problemas, como en el caso del suministro de un sistema de recogida de datos gratuito (OCS), mientras que otros, lamentablemente, no pueden abordarse sin revisar el propio Reglamento.

5.4.

Por lo tanto, el Comité pide a la Comisión que actúe con arreglo a un doble planteamiento: actuar rápidamente para resolver o simplificar los problemas técnicos y burocráticos más simples y claros; presentar lo antes posible una propuesta de reforma de dicho Reglamento con el fin de abordar los retos institucionales, jurídicos y organizativos más complejos.

6.1.

El CESE, con vistas a una simplificación y racionalización de la ICE, formula las siguientes propuestas de reforma del Reglamento:

6.1.1.

Permitir a los comités de ciudadanos que inicien la recogida de declaraciones de apoyo en la fecha que decidan. Esto es fundamental para hacer efectivos los doce meses de recogida de firmas.

6.1.2.

Dotar de reconocimiento jurídico a los comités de ciudadanos, asignándoles un estatuto especial en caso necesario, a fin de limitar la responsabilidad penal de los organizadores al dolo o imprudencia grave, en consonancia con el modelo de la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.

6.1.3.

Crear una ventanilla única, tanto física como en línea, donde los ciudadanos interesados puedan obtener información y orientación para presentar iniciativas. Es esencial proporcionar a los comités de ciudadanos una asistencia técnica y jurídica adecuada para facilitar la presentación de propuestas y aumentar el porcentaje de las que se consideran admisibles.

6.1.4.

Examinar las propuestas destinadas a reducir la edad mínima para apoyar y participar en una ICE, tal como piden el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones, para ofrecer a los jóvenes la posibilidad de participar activamente en el proceso de la construcción de la Unión Europea.

6.1.5.

Separar las funciones de «guía institucional» y «juez», que en la actualidad se concentran en la Comisión. Ello es fundamental para resolver el evidente conflicto de intereses dentro de la Comisión y favorecer la plena y efectiva aplicación del instrumento de la ICE.

6.1.5.1.

El CESE, que confirma su disponibilidad para proseguir su participación en las iniciativas ya emprendidas, puede ser un candidato natural para desempeñar la función de facilitador y guía institucional.

6.1.6.

Garantizar un seguimiento adecuado de las iniciativas que prosperen. Respetando el derecho de iniciativa de la Comisión Europea, se le pide que elabore una propuesta legislativa en un plazo de doce meses a partir del final de la campaña o motive de forma más adecuada la decisión de no presentar ninguna propuesta. En caso de que no se presente una propuesta en el plazo establecido, el CESE defiende que el Parlamento Europeo pueda presionar a la Comisión con arreglo al artículo 225 del TFUE. Además, la Comisión deberá iniciar una relación más estrecha con los organizadores de estas iniciativas, más allá de la mera audición que se celebra en el Parlamento Europeo, a fin de garantizar que la propuesta elaborada se ajusta a las expectativas de los que la apoyaron.

6.2.

Asimismo, el Comité señala que la Comisión debería:

6.2.1.

Hacer que el proceso de registro sea más transparente y eficaz. En concreto, la Comisión debería desempeñar un papel más proactivo, facilitando respuestas pormenorizadas y soluciones posibles en caso de que una iniciativa se considere no admisible y permitiendo que los comités puedan reajustarla para que sea coherente con los criterios establecidos en la legislación vigente.

6.2.2.

Proseguir las negociaciones con los Estados miembros para simplificar, reducir y uniformar el sistema de normas nacionales para la recogida de datos, necesario a la hora de firmar una declaración de apoyo. En concreto, se propone limitar al máximo las solicitudes de documentos de identificación personal y permitir que todos los ciudadanos puedan firmar las iniciativas de los países de residencia (31).

6.2.3.

Establecer de forma permanente el sistema OCS gratuito que simplifica la recogida y la catalogación de las declaraciones de apoyo, así como su verificación por las autoridades nacionales. Asimismo, este instrumento debe ser accesible para las personas con discapacidad.

6.3.

En especial, se recomienda:

6.3.1.

Reforzar el proceso de información y sensibilización sobre la ICE. Ello debe hacerse principalmente por medio de campañas ad hoc promovidas por la Comisión y los Estados miembros. En esta óptica, se propone también que los comités de ciudadanos puedan informar a los firmantes interesados de la evolución y los logros de la campaña (previa autorización de estos). Del mismo modo, la Comisión debe difundir mejor el seguimiento de las iniciativas que prosperen e informar de ello en primer lugar a los comités de ciudadanos.

6.3.2.

Garantizar el multilingüismo como requisito indispensable para alcanzar un alto porcentaje de participación y explorar nuevas maneras de vincular el sistema de recogida de firmas por vía electrónica y los medios sociales y digitales a fin de llegar a un público cada vez más amplio.

6.3.3.

Permitir, en principio, que todos los ciudadanos de la UE puedan ser organizadores de una ICE, ofreciendo la posibilidad de apoyar los gastos esenciales de una campaña una vez que haya sido registrada formalmente.

6.4.

Por último, el CESE propone crear un foro institucional sobre la participación de los ciudadanos europeos, que se convierta en un punto permanente de discusión y debate dentro del Comité, siguiendo el modelo del Foro Europeo de la Migración, y valorice los avances ya realizados con el Día de la iniciativa ciudadana europea. En este contexto, y con el fin de garantizar una mayor participación cualificada, el CESE invitaría a los demás representantes institucionales competentes, a un representante de cada uno de los comités de ciudadanos cuya iniciativa haya sido registrada formalmente y a todas las partes interesadas. El tema podría ser objeto de una propuesta más detallada y específica por parte del Comité que se trataría en un dictamen de iniciativa ad hoc.

21.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 389/43

Ponente:

Daniel MAREELS

Coponente:

Giuseppe GUERINI

1.1.

El CESE acoge favorablemente el «Plan de acción sobre el IVA» dirigido a establecer un régimen de IVA definitivo en la UE y suscribe sus objetivos, así como el enfoque basado en cuatro pilares en el marco de una perspectiva a corto y medio plazo. De lo que se trata ahora realmente es de dar un salto cualitativo hacia delante para reforzar el mercado único y contribuir a la creación de empleo, el crecimiento, la inversión y la competitividad.

1.2.

El Comité considera importante que se persiga la realización de todos los elementos del plan de acción como un todo indivisible. Esto se aplica, en particular, a la transición hacia un régimen de IVA definitivo, cuya aplicación efectiva debería llevarse a cabo en cualquier caso en un plazo de tiempo razonable para no comprometer el logro de los objetivos fijados. En el plan de acción esta aplicación solo está programada para la segunda fase y se supedita a una evaluación separada por parte de cada Estado miembro.

1.3.

Por lo que se refiere a la primera fase del plan de acción, que actualmente se limita a determinados suministros de bienes, el Comité anima a todas las partes interesadas a estudiar cómo se podrían integrar los servicios más rápidamente en el nuevo régimen, limitando así los problemas vinculados a esta fase (transitoria). Otra posibilidad sería pensar en métodos para generalizar en mayor medida la sujeción al IVA de los servicios financieros.

1.4.

A juicio del Comité, el cambio del régimen actual debería conducir a la adopción de un régimen definitivo de IVA que sea claro, coherente, sólido y global, así como proporcionado y preparado para el futuro. En este contexto, el Comité acoge con satisfacción la propuesta de optar por el principio del país de destino como base para el sistema definitivo de IVA, en la medida en que garantizará unas condiciones de competencia equitativas a todos los proveedores de un mismo mercado nacional y provocará menos distorsiones en el mercado.

1.5.

El Comité considera que también es muy importante que el régimen sea favorable para las empresas, en particular las pyme. A pesar de las innovaciones y simplificaciones propuestas en el plan de acción, el Comité observa con preocupación la complejidad y complicación de la futura reglamentación y la enorme carga administrativa que podría conllevar su aplicación.

1.6.

Sin perjuicio de la claridad y la seguridad jurídica que deben respetarse a la hora de elaborar un régimen de IVA definitivo, el Comité aboga por que se siga reflexionando para simplificarlo aún más y reducir su carga administrativa. En este sentido, podría considerarse la adopción de un enfoque proporcionado en favor de las pyme, respetando al mismo tiempo la coherencia y las demás características esenciales del régimen de IVA definitivo. A tal fin, es preciso asociarlas mejor desde el principio a la elaboración de este régimen.

1.7.

También deberá preverse la puesta a disposición de información completa y útil para las empresas, por medios modernos, por ejemplo a través de un sitio web. No cabe duda de que ello ayudará a las pequeñas empresas a competir en igualdad de condiciones con otras empresas y con los proveedores del sector público. De manera más general, se trata de facilitar y hacer más atractivas las actividades transfronterizas dentro de la UE para todas las empresas, en particular las pyme.

1.8.

El CESE acoge favorablemente el gran énfasis puesto en eliminar la brecha del IVA y la vulnerabilidad del sistema ante el fraude, dada la cuantía de los importes, hasta 170 000 millones EUR al año. Es importante conceder una atención prioritaria a ese objetivo y lograr resultados pronto, en particular, a través de una mayor colaboración entre las administraciones fiscales, así como con las administraciones aduaneras en la UE y con terceros países, mejorando la eficacia de las administraciones fiscales, concediendo un papel más importante a Eurofisc, reforzando el cumplimiento voluntario de las normas y mejorando la recaudación del impuesto.

1.8.1.

El Comité considera que los Estados miembros deben reforzar la capacidad de sus administraciones fiscales en todos los ámbitos: humano, financiero y técnico. Ello les permitirá garantizar el buen funcionamiento del nuevo régimen de modo que el fraude también disminuya.

1.8.2.

Sin perjuicio de las medidas contempladas en el plan de acción en este ámbito, el Comité se pregunta si no deberían establecerse más instrumentos nuevos, siguiendo el ejemplo de los recientes compromisos internacionales en el ámbito del intercambio automático de información en relación con la fiscalidad directa.

1.8.3.

En la misma línea, el CESE considera necesario hacer hincapié en las características y propiedades intrínsecas del sistema de IVA definitivo en relación con la vulnerabilidad al fraude. Las nuevas normas, una supervisión adecuada y un control bien diseñado, con los medios necesarios para su aplicación, incluyendo los de naturaleza jurídica, deberán conducir siempre a un sistema de IVA más sólido y mejor aplicado. También habrá que considerar, en este contexto, la exención del IVA para los pequeños envíos procedentes de proveedores extracomunitarios, aunque el Comité aboga por un enfoque más matizado.

1.9.

En cuanto a la lucha contra el fraude, el Comité considera que para que sea efectiva debe ser específica y proporcionada. Es necesario proteger a las empresas de buena fe, y evitarles la imposición de nuevas medidas injustificadas.

1.10.

El Comité acoge favorablemente el énfasis puesto en los nuevos avances del comercio electrónico y las formas de empresa. Es importante, en este ámbito, aportar claridad y transparencia a todos los interesados, garantizando al mismo tiempo la igualdad de trato a todos los proveedores, independientemente de que adopten estos avances o sigan utilizando unos canales o métodos más tradicionales, y de que sus transacciones sean, o no, transfronterizas.

1.11.

El Comité se reserva su posición respecto de la mayor flexibilidad concedida a los Estados miembros para los tipos reducidos y las dos opciones previstas en el plan de acción al respecto, por considerar que se necesita más información sobre las opciones contempladas, su modo de funcionamiento y las normas que deberían respetar. Por consiguiente, el Comité prefiere establecer una serie de criterios para el futuro régimen, que deberá combinar la flexibilidad y la seguridad jurídica, ser transparente y, por razones de simplificación, limitar el número de tipos reducidos y de excepciones. En las circunstancias actuales y sobre la base de la información disponible actualmente, el Comité expresa su preferencia por la primera opción, que es la que más se ajusta a los criterios mencionados anteriormente.

2.1.

El plan de acción sobre el IVA establece un camino hacia la creación de un territorio único de aplicación del IVA en la UE. Ese territorio tiene que servir de apoyo al mercado único, contribuir a impulsar el empleo, el crecimiento, la inversión y la competitividad, y estar a la altura de los requisitos del siglo XXI. El nuevo sistema deberá ser más sencillo, menos vulnerable a las prácticas fraudulentas y más favorable para las empresas.

2.2.

El sistema actual del IVA es excesivamente fragmentario y complejo, sobre todo en un contexto transfronterizo. No ha estado a la altura de los retos de la nueva economía mundial, digital y móvil. Existe una gran diferencia entre los ingresos previstos y los reales (la «brecha del IVA»), y el sistema es vulnerable al fraude.

2.3.

El enfoque propuesto pretende modernizar y renovar el IVA. No se consideran aceptables otros planteamientos. Modificar el sistema requiere la aprobación unánime de todos los Estados miembros.

2.4.

El plan de acción consta de cuatro componentes y al menos 27 medidas (2). Algunas se han desarrollado conforme al programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT).

2.4.1.

El núcleo del plan de acción es sin duda la parte que contiene los principios más importantes para un futuro territorio único de aplicación del IVA. Se pretende llegar a una propuesta de reglamentación definitiva en 2017.

2.4.1.1.

El régimen de IVA definitivo se basará en el principio de imposición en el país de destino de los bienes y servicios (3), dado que no es viable aplicar el principio del país de origen. Esto se aplicará a todas las operaciones, incluidas las operaciones transfronterizas. El método de recaudación evolucionará gradualmente hacia un sistema más impermeable al fraude. Estas propuestas se desarrollarían en dos pasos.

2.4.2.

Además, existen diversas iniciativas, recientes y en curso. Consisten en:

2.4.3.

El mayor paquete lo constituyen las medidas urgentes para eliminar la brecha del IVA y las prácticas fraudulentas. Se hace hincapié en:

2.4.4.

Por último, a más largo plazo, se habla de modernizar la política de tipos impositivos. Se pretende que los Estados miembros gocen de mayor libertad y flexibilidad para fijar los tipos, y en particular los tipos reducidos. Se lanzarán iniciativas en este ámbito en 2017.

3.1.1.

El CESE acoge con satisfacción el plan de acción para la creación de un territorio único de aplicación del IVA en la UE. Se trata de un plan de acción ambicioso, urgente y necesario, adecuado para el desarrollo de un mercado único más moderno y competitivo.

3.1.2.

El CESE se declara a favor de un enfoque basado en cuatro componentes (4) con un procedimiento diferenciado a corto y a medio plazo. Es necesario eliminar las debilidades y lagunas del régimen transitorio actual y dar un salto cualitativo hacia delante, de conformidad con las necesidades de un mercado único.

3.1.3.

El Comité se adhiere al planteamiento propuesto de basar el sistema definitivo del IVA en el principio del país de destino. Además, el nuevo régimen debe ser claro, coherente, sólido y global, así como proporcionado y preparado para el futuro. En este contexto, el CESE pide a la Comisión Europea que, por razones de prudencia, considere la posibilidad de introducir un «sistema generalizado de autoliquidación» (5) para todas las transacciones transfronterizas entre empresas (B2B). Aunque el mecanismo del «sistema generalizado de autoliquidación» ya se usa en algunos Estados miembros para reducir el fraude del IVA en determinados sectores económicos, una aplicación generalizada de este principio podría conllevar un traslado del riesgo de fraude en el IVA hacia el sector de la venta al por menor.

3.1.4.

Es importante que este paso a un régimen definitivo se haga en el marco correcto. Para ello resulta fundamental mejorar la eficacia de las administraciones fiscales nacionales y su cooperación transfronteriza, así como solucionar la vulnerabilidad del sistema ante el fraude. A fin de mejorar la recaudación del IVA y luchar contra el fraude es importante impulsar el desarrollo y el intercambio de buenas prácticas en la UE. Por lo tanto, también se podría reflexionar sobre la introducción de un sistema de plazos para la liquidación del IVA entre los Estados miembros. Hay que hacer todos los esfuerzos necesarios por eliminar en lo posible la brecha del IVA. Ello redundaría en beneficio de las administraciones (ingresos correctos en concepto de IVA) y contribuiría a mejorar la igualdad de condiciones para todos los proveedores.

3.1.5.

Al mismo tiempo, es esencial que el sistema resulte más favorable para las empresas, siendo fundamentales, a este respecto, la claridad y la seguridad jurídica. También es importante reducir las cargas administrativas, en particular para las pyme, respetando al mismo tiempo la coherencia y las demás características esenciales (6) del régimen de IVA definitivo. Por ejemplo, convendría esforzarse por desarrollar unos impresos uniformes para la devolución del IVA, garantizar unas devoluciones sin retrasos y un sistema accesible de tipos del IVA.

3.1.6.

Aplicar el principio del país de destino deja a los Estados miembros libertad para definir sus propios tipos, pero ello no debe dar lugar a una fragmentación y una complicación excesivas. Conviene adoptar un enfoque proporcionado, en beneficio de las pyme. También hay que tener en cuenta los nuevos avances del mercado transfronterizo, la economía digital y móvil, y todas las formas de empresa, antiguas y modernas.

3.1.7.

El CESE considera que los esfuerzos para conseguir una política de tipos impositivos modernizada, que aporte mayor flexibilidad a los Estados miembros en cuestión de tipos reducidos (7), deberían, en principio, integrarse en el objetivo de la aplicación del principio del «país de destino», dado que así es cómo se producirán menos perturbaciones para el comercio. Es preciso limitar el número de excepciones y, por razones de eficiencia económica, debería darse el mismo trato (8), a efectos del IVA, a los bienes y servicios suministrados por el sector público y por el sector privado. Para lograr los mismos ingresos fiscales, cuanto más amplia sea la base impositiva del IVA menor deberá ser el tipo. Al mismo tiempo, ello permitirá evitar distorsiones económicas.

3.1.8.

En opinión del CESE hay que poner en práctica este plan de acción en su totalidad, parte por parte, como un todo indivisible. La incertidumbre que puede existir ahora en este ámbito no está en consonancia con el principio de un sistema de IVA para un mercado único, y podría comprometer el logro de los objetivos fijados. El CESE considera que el plan de acción debe aportar todas las garantías necesarias para que puedan alcanzarse dichos objetivos. Esto se aplica, en particular, a la transición hacia el régimen definitivo del IVA en dos fases, la segunda de las cuales (9) está supeditada a una evaluación separada y a una decisión de los Estados miembros. En cualquier caso, el objetivo debería ser lograr la aplicación efectiva del régimen de IVA definitivo en la segunda fase y dentro de un plazo razonable.

3.1.9.

Con vistas a la plena realización del plan de acción, el Comité pide a los Estados miembros que colaboren, intensificando y profundizando el intercambio de información, a fin de generar confianza en los esfuerzos realizados para aplicar los textos y aumentar los ingresos en concepto de IVA. El Comité considera que los Estados miembros deben reforzar la capacidad de sus administraciones fiscales, que deben disponer de medios suficientes tanto en el ámbito de los recursos humanos como de la capacidad financiera y técnica (incluidas las TIC). El Comité pide a la Comisión que respalde esta petición.

3.1.10.

El Comité espera que la Comisión presente, a su debido tiempo, una evaluación de impacto exhaustiva y pormenorizada de las medidas propuestas y del plan de acción en su conjunto. Esta evaluación deberá contemplar las repercusiones del nuevo régimen para las pyme, para las cuales la complejidad y la carga administrativa que supone constituyen retos importantes.

3.2.1.

El CESE suscribe la elección del principio del país de destino, dado que así se crearía una igualdad de condiciones para todos los proveedores de un mismo mercado nacional, independientemente de dónde estuvieran establecidos.

3.2.2.

Según el plan de acción, el principio del país de destino solo se aplicará a las mercancías durante la primera fase de la transición hacia el régimen definitivo de IVA. Por razones de simplificación y para evitar nuevas complicaciones, el Comité insta a la Comisión y a los Estados miembros a estudiar cómo se podrían integrar los servicios más rápidamente en el nuevo régimen y a explorar métodos para que los servicios financieros estén sujetos al IVA de forma más generalizada.

3.2.3.

La aplicación del nuevo régimen conlleva el riesgo de aumentar la carga administrativa para las empresas, por lo que el Comité destaca la necesidad de simplificar las normas del IVA, en particular para las pyme, pero cuidando de que no se menoscabe la coherencia del régimen. Al mismo tiempo, es necesario prestar mucha atención a la claridad de las normas y a la seguridad jurídica.

3.2.4.

Para las empresas debe resultar sencillo y atractivo ampliar sus actividades transfronterizas dentro de la UE. En las transacciones transfronterizas, el principio del país de destino implica que los proveedores aplican el tipo de IVA del Estado miembro de sus clientes, lo cual puede dar lugar a complicaciones y cargas adicionales. En efecto, ello puede significar que tengan que vérselas con los sistemas de los 27 Estados miembros restantes. Para reducir la carga que esto puede suponer, deberán proporcionarse herramientas públicas de información, como un sitio web que informe, en particular, sobre los tipos aplicables en los distintos Estados miembros. También es importante que las empresas solo tengan que registrarse en su país de establecimiento. Por ello, el CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de solicitar únicamente la «obligación de registro en materia de IVA» en el país de establecimiento, lo que permitirá a las empresas de que se trate ahorrar un importe estimado aproximadamente en 1 000 millones de EUR.

3.3.1.

El CESE acoge favorablemente el énfasis puesto en la eliminación de la brecha del IVA y la vulnerabilidad del sistema ante el fraude, sobre todo ahora que los gobiernos soportan pérdidas de hasta 170 000 millones EUR al año, o no inferiores al 15,2 % de la recaudación total del IVA. El fraude transfronterizo por sí solo ya representa pérdidas de 50 000 millones de EUR anuales.

3.3.2.

Es importante conceder una atención prioritaria a ese objetivo y lograr resultados pronto. Sin perjuicio de las medidas contempladas en el plan de acción en este ámbito, el CESE se pregunta si no podrían utilizarse otros instrumentos, siguiendo el ejemplo de los recientes compromisos internacionales en materia de fiscalidad directa, en particular en materia de intercambio de información y de los planes (10) de la Comisión para luchar contra la elusión fiscal.

3.3.3.

En la misma línea, el CESE considera necesario prestar mucha atención a las características y propiedades intrínsecas del sistema de IVA definitivo en relación con la vulnerabilidad al fraude. El hecho de que el fraude pueda reducirse considerablemente (11) mediante la aplicación del sistema de pagos fraccionados en las operaciones transfronterizas no es razón para darse por satisfechos.

3.3.4.

Las nuevas normas, una supervisión adecuada y un control bien diseñado, con los medios necesarios para su aplicación, incluyendo los de naturaleza jurídica, deberán conducir siempre a un sistema de IVA más sólido y mejor aplicado.

3.3.5.

El CESE considera importante que la eliminación de la brecha del IVA y la lucha contra el fraude estén bien orientadas. Las medidas para reducir la brecha deben estar en consonancia con el principio de proporcionalidad y mejorar el funcionamiento del mercado interior. Es necesario proteger a las empresas de buena fe, y evitarles la imposición de nuevas medidas injustificadas.

3.3.6.

Las debilidades y lagunas del sistema actual, como la exención para las importaciones de envíos pequeños procedentes de fuera de la UE, crean unas condiciones desiguales, perturban el mercado y suponen una importante pérdida de ingresos para los gobiernos (estimada en 3 000 millones EUR anuales). En principio, un sistema de estas características no está adaptado a un régimen moderno de IVA europeo, por lo que el Comité recomienda, desde el punto de vista de los costes, adoptar un enfoque más matizado en el que en la medida de lo posible queden exentas las transacciones que realmente no distorsionan el mercado como, por ejemplo, los pequeños envíos esporádicos de valor limitado y con fines meramente privados.

3.3.7.

También deberíamos ser capaces de aprender del pasado. En ese sentido, de cara al futuro, habría que estudiar la conveniencia de realizar una amplia evaluación del sistema del IVA, no solo de su funcionamiento y sus normas sino también, más ampliamente, de su adaptación a las necesidades de la economía y de los gobiernos, así como de su contribución al proyecto europeo. Dicha evaluación debería poder llevarse a cabo con carácter periódico.

3.4.1.

El CESE está de acuerdo con la atención que se presta en el plan de acción a los modelos empresariales innovadores y al progreso tecnológico en un entorno cada vez más digitalizado. En un sentido más amplio, es necesario tener en cuenta todos los cambios importantes y prospectivos. Esto también aumentará la sostenibilidad (estar «preparado para el futuro») del régimen del IVA definitivo.

3.4.2.

El CESE considera que en estas circunstancias las normas del IVA deben fijarse de manera que proporcionen certidumbre y claridad a todos los interesados.

3.4.3.

De la misma manera, es preciso garantizar un tratamiento equitativo para todos los proveedores que suministren los mismos productos o servicios, transfronterizos o no, independientemente de que utilicen nuevos procedimientos (digitales) o mantengan los canales y las formas más tradicionales (físicos). El CESE anima a que se adopten medidas de simplificación, como un umbral común del IVA en toda la UE, para ayudar a las pequeñas empresas emergentes en lo relativo al comercio electrónico, y considera que estas medidas deberían extenderse a todas las pyme.

3.5.1.

El CESE acoge con satisfacción la atención que se presta a las pyme en el plan de acción. Es importante y necesario que el plan de acción prevea la aplicación de un conjunto de medidas específicas con normas proporcionadas y adecuadas para las pyme. Este punto ya se ha abordado en el presente dictamen.

3.5.2.

La intención de incorporar un amplio paquete de medidas de simplificación a su favor es bien recibida. Sin embargo, esta intención manifestada en el plan de acción aún debe aclararse y desarrollarse. En cualquier caso, el CESE considera que es necesario asociar a las pyme desde el principio.

3.5.3.

Para las empresas agrícolas sería deseable convertir la actual opción facultativa de compensar el IVA que se paga por determinadas compras en una obligación para todos los Estados miembros. Al mismo tiempo, es preciso equiparar a la producción agrícola las actividades de transformación de productos agrícolas realizadas por organizaciones de productores agrícolas y organizaciones similares.

3.6.1.

Por lo que se refiere a la mayor flexibilidad respecto de los tipos reducidos, el Comité teme que pueda dar lugar a una mayor fragmentación de los tipos del IVA entre los Estados miembros, lo que iría en detrimento de la claridad y aplicabilidad del régimen, sobre todo para las pyme.

3.6.2.

Por lo que se refiere a las dos opciones previstas en el plan de acción, el Comité se reserva su posición por considerar que se necesita más información sobre las opciones contempladas, su modo de funcionamiento y las normas que deberían respetar. Por consiguiente, el Comité prefiere establecer una serie de criterios para el futuro régimen. La flexibilidad y la seguridad jurídica deben ir de la mano, el régimen debe ser transparente y es preciso limitar el número de tipos reducidos y de excepciones. En las circunstancias actuales y sobre la base de la información disponible actualmente, el Comité expresa su preferencia por la primera opción (12), que es la que más se ajusta a los criterios mencionados anteriormente.

3.6.3.

El CESE pide que se tengan en cuenta el papel y la relevancia estratégica de las empresas sociales (13) para el futuro régimen de IVA definitivo. Podría hacerse a través de una revisión del punto 15 del anexo III de la Directiva 2006/112/CE, o de una nueva disposición que contemplase la aplicación del tipo reducido para los servicios sociales, sanitarios y educativos que prestan las instituciones de carácter social reconocido a personas desfavorecidas. En particular, el nuevo régimen del IVA debería contemplar la posibilidad de eximir o aplicar un tipo reducido a los productos y servicios destinados a las personas con discapacidad y desfavorecidas.

3.6.4.

Por último, es importante mantener las exenciones de IVA existentes que ya han sido autorizadas en una serie de Estados miembros en beneficio de las organizaciones de voluntarios, dada la naturaleza específica de estas organizaciones y la ausencia de un carácter transfronterizo.

3.6.5.

En el marco de la revisión de la Directiva sobre el IVA podría examinarse también la posibilidad de que los Estados miembros apliquen tipos más elevados que el tipo normal del IVA a los artículos de lujo y, en tal caso, qué normas deberían aplicarse.

3.6.6.

La Directiva 2006/112/CE del Consejo otorgó a determinadas islas y zonas remotas europeas unos tipos reducidos del IVA especiales así como exenciones para compensar sus desventajas permanentes de carácter natural, económico y demográfico. Dada la importancia de dichos regímenes para las empresas insulares y las economías locales, el CESE pide que se continúen.

21.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 389/50

1.1.

El CESE acoge con gran satisfacción la Comunicación «Digitalización de la industria europea» (1). Considera que el paquete en su conjunto (2) constituye el primer paso de un vasto programa de trabajo europeo que se llevará a cabo en estrecha cooperación mutua entre todas las partes interesadas, tanto públicas como privadas.

1.2.

El CESE valora positivamente la coherente y ambiciosa visión estratégica en materia de política industrial mostrada en la Comunicación, así como su énfasis en cuatro temas clave: i) las tecnologías y plataformas, ii) las normas y las arquitecturas de referencia, iii) la cohesión geográfica, plasmada en una red de centros de innovación regionales, iv) la capacitación a todos los niveles.

1.3.

Se trata de una cuestión urgente según el análisis realizado por la Comisión Europea, que hace hincapié en las bazas de la industria digital europea, pero también expresa el temor de que el valor añadido se desplace masivamente de los agentes industriales hacia los propietarios de plataformas digitales privadas, y destaca la falta de normas comunes y soluciones interoperables. También hay una gran demanda de competencias digitales.

1.4.

La Industria 4.0 es, esencialmente, un proceso ascendente. No obstante, el sector público, que debería desarrollar orientaciones estratégicas, está llamado a desempeñar un papel decisivo como regulador, facilitador y apoyo financiero.

1.5.

La digitalización y la Industria 4.0 afectan profundamente a los modelos de negocio y a todo el entorno en el que operan actualmente las empresas. Es de vital importancia concienciar y fomentar una percepción común de los objetivos entre las empresas y todas las partes interesadas, a saber, los interlocutores sociales a todos los niveles, el mundo académico, los institutos de investigación, los agentes públicos regionales y locales, el sector educativo y los consumidores.

1.6.

Ningún país europeo es capaz de aprovechar por sí solo todas las oportunidades que ofrece la era digital. Europa representa en su conjunto la escala crítica, comparable a grandes mercados como los Estados Unidos y China. La digitalización de la industria requiere una estrategia industrial común para la UE y los Estados miembros. De esta manera, se podrá reforzar la base industrial europea, atraer nuevas inversiones y recuperar las inversiones y los puestos de trabajo. Además, hará que Europa no pierda de vista el objetivo de que la producción industrial represente al menos el 20 % de su PNB de aquí a 2020.

1.7.

La creación de un entorno fiable y predecible es un aspecto fundamental. Las empresas de nueva creación y las empresas en expansión merecen especial atención. El Consejo, concretamente el Consejo de Competitividad, deberá acordar urgentemente, a iniciativa de la Comisión Europea, una estrategia industrial 4.0 de la UE y un mercado único digital (MUD), que servirán para acabar con la fragmentación actual derivada de la existencia de 28 políticas en materia digital. El MUD deberá formar parte integrante del mercado único renovado para evitar la fragmentación del entorno digital europeo.

1.8.

La cooperación es esencial. Las plataformas 4.0 nacionales y regionales deben congregar a todos los agentes pertinentes. Cada una deberá desarrollar sus propias características dentro de un marco común de la UE. Deben fomentarse las asociaciones de todo tipo, las sinergias y la formación de agrupaciones, los acuerdos transfronterizos y la fijación de criterios comparativos europeos.

1.9.

En la misma línea, deben fomentarse las asociaciones público-privadas y la realización de proyectos importantes de interés común europeo (3), así como las iniciativas de administración electrónica.

1.10.

Se considera preocupante el aumento de las disparidades entre los Estados miembros en términos de producción industrial y rendimiento tecnológico. El CESE pide, por tanto, que se dé un impulso a la convergencia mediante una cooperación concebida de manera adecuada.

1.11.

El CESE acoge favorablemente la intención de destinar 5 000 millones EUR del presupuesto de Horizonte 2020 a la financiación de proyectos de I+D en el ámbito de las TIC, así como la financiación que aportarán otros fondos europeos, incluido el Plan de Inversiones Juncker. La Comisión Europea debe aclarar cómo se llevarán a la práctica estas intenciones de actuación.

1.12.

Al parecer, se requiere una cantidad significativa de recursos financieros adicionales. La Comisión Europea menciona un importe de 50 000 millones EUR únicamente en concepto de inversiones en el ámbito de las TIC. Esto implica una participación financiera considerable para los sectores público y privado de toda Europa. Aún no está claro cómo se llevarán a cabo estas disposiciones financieras en un plazo razonable.

1.13.

Los fondos de capital privados desempeñan un papel central en la financiación. Se debería animar a los bancos a que desempeñen su papel respecto de la Industria 4.0. Un verdadero mercado europeo de capitales proporcionaría un apoyo adecuado.

1.14.

Los productos personalizados a precios de fabricación en serie beneficiarán considerablemente a los usuarios y consumidores. La mayoría de los ámbitos del consumo personal se beneficiará del aumento del rendimiento y la calidad.

1.15.

Resulta decepcionante que la Comunicación no aborde suficientemente las importantes consecuencias sociales de la digitalización de la industria. Los efectos netos son imprevisibles. Para evitar una división de la sociedad, es necesario prestar especial atención a las generaciones y a los grupos de ingresos que puedan verse duramente afectados. Sin embargo, para muchos otros, habrá nuevas oportunidades.

1.16.

La digitalización tendrá efectos significativos en el mercado laboral y la organización del trabajo, como el aumento de las desigualdades salariales y la limitación del acceso a los regímenes de seguridad social, lo que puede resultar negativo si no se contrarresta de la manera adecuada (4).

1.17.

Es necesaria la participación activa de todas las partes interesadas para garantizar unas relaciones sociales estables, una sociedad cohesionada y una mano de obra suficientemente formada y motivada, con una renta digna y empleo de calidad. Asimismo, deben entablarse diálogos sociales de carácter global a todos los niveles (UE, nacional, regional y empresarial) para garantizar una adaptación justa, a los trabajadores afectados por la digitalización, mediante la anticipación oportuna y un apoyo suficiente a la adaptación profesional.

1.18.

Existe un vínculo directo entre los programas y centros educativos y la cohesión social. La puesta al día de las competencias y cualificaciones de los usuarios de la tecnología digital y el reciclaje profesional son aspectos fundamentales. Se debería asociar estrechamente a las empresas y los interlocutores sociales en la elaboración de los programas educativos en todos los niveles y formas de educación.

1.19.

El CESE espera que la Comisión actúe como catalizador, aplicando el plan estratégico de manera eficaz. Para ello será necesario, en particular, coordinar eficazmente los diferentes planteamientos, procurando evitar la incertidumbre y la fragmentación del mercado. A este respecto, el mercado único digital es un factor clave. La aceleración del proceso de normalización europea será determinante.

1.20.

Además, el CESE espera que la Comisión Europea desempeñe un papel activo:

2.1.

La digitalización de la industria es un aspecto fundamental de una transformación más amplia de la economía que incluye la robotización, las ciencias de los materiales y los nuevos procesos de producción, y que se denomina Industria 4.0. Este cambio de paradigma representará un cambio radical para el sector empresarial y la sociedad. En 2014, la UE aún no tenía una visión clara de los aspectos económicos, tecnológicos y sociales de la Industria 4.0. El CESE presentó una lista de medidas deseables (7).

2.2.

En septiembre de 2015, el CESE aprobó un dictamen en el que se analizaban las consecuencias socioeconómicas de la digitalización de la industria y los mercados de trabajo perturbadores (8).

2.3.

Se están produciendo cambios transversales, en particular, en los Estados Unidos, China, la UE, Japón y Corea. Otros están por venir. Los macrodatos, que constituyen una nueva materia prima, actúan como catalizadores del cambio de modelo de los productos y servicios. Actualmente, están interactuando ámbitos que antes no guardaban relación entre sí (9), mientras que los servicios (especialmente digitales) en las cadenas de valor están generando un claro valor añadido en los procesos de producción.

2.4.

En este momento, ninguna empresa puede operar sin una estrategia digital. Esta estrategia afecta al mismo tiempo a los productos, los servicios y los procesos de la industria en su conjunto. Dado el desarrollo de nuevos mercados, la digitalización de la industria genera una feroz competencia entre las empresas, así como entre los bloques económicos. La cooperación precompetitiva en todo el mundo también es habitual en el ámbito empresarial.

2.5.

Las medidas se ven impulsadas por una estrategia industrial específica, sobre todo en los Estados Unidos y en China, donde las empresas se benefician de grandes mercados interiores. Se trata de la esfera de la «alta política». En 2011, la Administración Obama puso en marcha un amplio programa, actualmente en curso, sobre las nuevas tecnologías, concretamente las TIC, en el que participan empresas, institutos de investigación y universidades de todo el país.

2.6.

Como ocurre habitualmente, los proyectos privados se beneficiarán significativamente de los nuevos programas tecnológicos anunciados recientemente por las agencias federales.

2.7.

La intención de los Estados Unidos es utilizar la transformación digital para recuperar el terreno perdido en los mercados industriales, aprovechando al mismo tiempo el concepto estadounidense de libertad para operar, así como el predominio de operadores mundiales en el ámbito de las TIC y los macrodatos, como Google, Amazon, Microsoft, Cisco y otros (10).

2.8.

Un consorcio de empresas líderes en el sector industrial trabaja con este mismo fin. De la lista de las cincuenta empresas más innovadoras en 2014 se desprende que siete de las diez empresas más importantes tienen su sede en los Estados Unidos (11).

2.9.

En China, las autoridades están utilizando la transformación digital para reforzar la posición de su país en todo el mundo. En los documentos oficiales se hace hincapié en el objetivo de ponerse al mismo nivel que los Estados Unidos.

2.10.

La ambición declarada de China queda claramente reflejada en un programa transversal, impulsado por el Estado, denominado Made in China 2025, que se basa en los objetivos del programa alemán Industrie 4.0. Se trata de un concepto totalmente novedoso en la economía y los procesos de fabricación chinos, que requiere un elevado nivel de coordinación entre los responsables políticos, los operadores económicos y las fuerzas innovadoras.

2.11.

Se han asignado ingentes recursos económicos. Pese a la recesión económica, estos programas específicos no se ven afectados.

2.12.

El interés por la Industria 4.0 ha aumentado de manera espectacular. Al mismo tiempo, la digitalización es una de las grandes prioridades de la Comisión Juncker. Requerirá una coordinación óptima entre los servicios de la Comisión Europea.

2.13.

La adopción de un planteamiento claro por parte del Consejo de Competitividad es fundamental para una percepción común de los objetivos entre la Comisión Europea y los responsables políticos nacionales y regionales. La digitalización de la industria y los macrodatos en la industria manufacturera europea debe garantizar una posición sólida de cara al futuro. Se trata esencialmente de un proceso ascendente en el que deberán participar todas las partes interesadas. El sector público debe dirigir el proceso como regulador, facilitador y apoyo financiero.

2.14.

Desde 2011, la iniciativa viene siendo impulsada por Alemania gracias a los esfuerzos conjuntos del Gobierno Federal, el mundo académico y las empresas. Tras la puesta en marcha de Industrie 4.0 en 2013, el proceso se ha racionalizado con Plattform 4.0 y un acuerdo de cooperación entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos. Las empresas participan cada vez más en iniciativas transversales, a menudo en colaboración con los entes regionales.

2.15.

Mientras tanto, se han puesto en marcha iniciativas como Industrie 4.0 en Austria, l’Industrie du Futur en Francia, Catapult en el Reino Unido y Smart Industry en los Países Bajos. Se trata de un panorama diverso, en el que cada país desarrolla su propia visión del concepto de Industria 4.0 y el futuro de la industria. No obstante, la intensidad de la cooperación y el sentido de urgencia varían mucho de un país a otro.

2.16.

Las iniciativas emprendidas a escala nacional, regional y local (¡ciudades!) son de carácter complementario. La Comisión Europea prevé acertadamente establecer asociaciones y acuerdos transfronterizos, así como un sistema de intercambio de buenas prácticas.

2.17.

Las grandes empresas y las empresas especializadas de tamaño medio están tomando la iniciativa. Los principales motivos de preocupación son las grandes diferencias entre los países, el desfase o la insuficiente sensibilización de las pyme y una falta de participación ciudadana. Un tema muy difícil es la fragmentación del mercado europeo y el deprimente panorama habitual de 28 políticas industriales y digitales.

2.18.

La digitalización de la industria y la Industria 4.0 abarcan mucho más que la tecnología. Las empresas deben estar preparadas para experimentar cambios radicales debido a diversos factores como la rapidez, el volumen y la imprevisibilidad de la producción, así como una mayor fragmentación y reorientación de las cadenas de valor, las nuevas relaciones entre los institutos de investigación, la enseñanza superior y el sector privado, los nuevos modelos de negocio, los nuevos vínculos entre las grandes y pequeñas empresas, las nuevas formas de cooperación entre todos los niveles de la actividad empresarial (diseño, producción, ventas, logística, mantenimiento, etc.), la necesidad de contar con competencias nuevas y actualizadas junto con nuevas formas de trabajar, y vínculos más estrechos entre las empresas y los usuarios. En particular, las industrias tradicionales afrontan el reto que representan estos conceptos completamente nuevos (12).

2.19.

Los consumidores puede estar más al mando que nunca. Combinando los procesos de fabricación y los servicios, la digitalización incluye la personalización y la producción a medida a un coste igual o inferior al de la fabricación en serie, a menudo en un nuevo entorno. Al mismo tiempo, los consumidores deben estar en condiciones de obtener información adecuada sobre el impacto social y medioambiental de los productos para poder formarse un juicio, con conocimiento de causa, antes de comprar un producto.

3.1.

Para apoyar a la Industria 4.0 y sus partes interesadas (empresarios, trabajadores, interlocutores sociales, proveedores y clientes, centros de enseñanza, etc.), la UE necesita una estrategia industrial que incorpore un adecuado reparto del trabajo entre todas las partes interesadas. La función del Consejo de Competitividad es de vital importancia. Como ocurre con todas las políticas industriales, es una cuestión de competencias compartidas.

3.2.

El Consejo Europeo (13) ha fijado el objetivo de que en 2020 la industria europea represente el 20 % del PNB europeo en lugar del 12 % actual. Sin embargo, las dudas de los inversores y la falta de orientación (europea) están provocando el declive del sector manufacturero.

3.3.

Subrayando la necesidad de políticas coherentes, los servicios de la Comisión están elaborando actualmente un programa de trabajo excepcional —reglamentos, normalización, I+D, recursos financieros, etc.— en estrecha cooperación con los Estados miembros y las empresas.

3.4.

El CESE observa con satisfacción que la mayoría de las diecisiete recomendaciones formuladas en su dictamen de 2014 (14) son actualmente objeto de debate.

3.5.

La Comisión Europea, los gobiernos, las empresas y las partes interesadas participarán legítima y simultáneamente en las reuniones de política sobre la Industria 4.0. Debería fomentarse la creación de asociaciones público-privadas europeas (15), al igual que el proyecto importante de interés común europeo sobre equipos electrónicos de bajo consumo para la internet de los objetos (IO). Se necesita una hoja de ruta detallada para las empresas y los gobiernos.

3.6.

Una preocupación importante es la existencia de 28 políticas en materia digital. Esto es esencialmente contraproducente en lo que respecta a la necesidad de una perspectiva amplia y un argumento de peso para crear cuanto antes el MUD.

3.7.

El MUD debe formar parte integrante del mercado único renovado. Debe acelerarse la adopción de actos legislativos y normas inteligentes. El programa abarca:

3.8.

El CESE insta a que se realicen consultas a fin de establecer un equilibrio adecuado entre las disposiciones legislativas y la existencia de un margen de maniobra para los operadores económicos.

3.9.

Europa debe esforzarse por establecer normas a escala internacional, en estrecha cooperación con partes interesadas no pertenecientes a la UE.

3.10.

El Reglamento general de protección de datos (RGPD) contiene numerosas disposiciones que ofrecen un margen de flexibilidad a los Estados miembros. Es importante que el RGPD no dé lugar a situaciones en las que se vean limitados el acceso a los datos y su reutilización, aumentando las disparidades en el mercado de la UE.

3.11.

La ciberseguridad sigue estando infravalorada en el ámbito empresarial y por los Estados. La ciberdelincuencia se está extendiendo por todo el mundo. La UE tiene un papel claro que desempeñar.

3.12.

El CESE insta a la Comisión Europea a que preste especial atención a las estadísticas que siguen pasándose por alto de manera sistemática. Es primordial que las empresas y los responsables políticos puedan disponer de un mayor número de pruebas estadísticas detalladas.

4.1.

El número de países y regiones que está trabajando seriamente con la cuestión de la digitalización es cada vez mayor.

4.2.

No obstante, las crecientes disparidades entre países y los diferentes niveles de sensibilización entre las empresas en los distintos países constituyen un problema muy preocupante. Una de las principales cuestiones es la interoperabilidad entre empresas y proveedores.

4.3.

Los programas de sensibilización van dirigidos a las empresas y las partes interesadas. Cada país utiliza sus propios métodos. A nivel regional, las plataformas suelen ser muy importantes para mejorar la cooperación entre las grandes y pequeñas empresas, así como entre estas y los centros de investigación y las universidades.

4.4.

Debería fomentarse la ampliación de las asociaciones público-privadas regionales y nacionales, ya que congregan a socios de diversos ámbitos y promueven el intercambio de ideas. Además, fomentan la cooperación y pueden aportar la ayuda financiera que tanto se necesita.

4.5.

Las plataformas, los centros de excelencia y los laboratorios de campo suelen centrarse en aspectos específicos de la digitalización como, por ejemplo, la evolución de las cadenas de valor, los nuevos modelos de negocio y la innovación social y en el lugar de trabajo (16), con la participación activa de los trabajadores y los sindicatos. Debe fomentarse la creación de ventanillas únicas. Las organizaciones sectoriales contribuyen a la resolución de los problemas específicos de cada sector.

4.6.

Las universidades (técnicas), en torno a las cuales se crean viveros —campus empresariales—, también desempeñan un papel activo. El concepto de universidad empresarial, que se está extendiendo por todo el continente, es de gran utilidad (17).

4.7.

Las redes de empresas, plataformas, organizaciones sectoriales y universidades contribuyen a reforzar las tendencias positivas. El MUD debería mejorar las condiciones de la cooperación transfronteriza. Puede que las condiciones económicas y legales para compartir la creación de valor a través de la digitalización de la industria sean necesarias para fomentar la cooperación entre operadores de (muy) distinto tamaño. Es necesario prestar especial atención a las pyme y las empresas de nueva creación, ya que la mayoría carece de información específica y muchas no disponen de las herramientas necesarias para introducir mejoras.

4.8.

En comparación con los Estados Unidos, las empresas de nueva creación y las empresas en expansión constituyen un punto bastante débil en Europa. El intercambio de ideas entre las grandes y pequeñas empresas y las redes de viveros (transfronterizas) está dando resultado. Los instructores o mentores —por ejemplo, empresarios experimentados y jubilados que trabajan a tiempo parcial— pueden aportar una valiosa contribución.

5.1.

La digitalización se está convirtiendo en un objetivo prioritario de los fondos europeos (Horizonte 2020, financiación regional y de otro tipo). El Centro Común de Investigación de Sevilla, así como los futuros centros de innovación con experiencia mundial, pueden ser muy beneficiosos.

5.2.

Desde el punto de vista del CESE, la financiación de todas las inversiones necesarias es una cuestión mucho más complicada de lo que parece desprenderse de la Comunicación. Al parecer, se requiere una cantidad significativa de recursos financieros adicionales. La Comisión Europea menciona un importe de 35 000 millones EUR únicamente en concepto de inversiones en el ámbito de las TIC. Esto supone una estrecha cooperación entre los fondos europeos, nacionales y regionales, así como una participación activa de la industria a través de las Plataformas y las asociaciones público-privadas. Es necesario aclarar cómo se aplicarán estas disposiciones financieras en un plazo razonable. Como siempre, cabe preguntarse quién tiene que pagar qué y con qué finalidad.

5.3.

A menudo se critica, con razón, la financiación europea por ser demasiado lenta y burocrática, lo que suele resultar muy caro y desanimar a las pequeñas empresas. Tenemos el ejemplo de los Estados Unidos. Es imprescindible contar con procedimientos adaptados y una carga burocrática menor, manteniendo al mismo tiempo la equidad. Podría ser de utilidad reducir el número de socios obligatorios en los consorcios de I+D (18).

5.4.

Las clasificaciones de los viveros de empresa universitarios para las empresas pequeñas pueden ser una herramienta muy útil para valorar a las empresas de nueva creación prometedoras y acelerar los procedimientos burocráticos de la UE.

5.5.

Las empresas de nueva creación y las empresas emergentes, como los «unicornios» (19), son la fuerza motriz de los procesos empresariales digitales innovadores. Los Estados Unidos van a la vanguardia. Además, los observadores de la innovación estadounidenses son muy activos en Europa y están a la búsqueda de adquisiciones rentables.

5.6.

Además del sector bancario, los fondos de capital privados participan activamente. La propia banca privada también se está digitalizando La tecnología financiera (FinTech) opera en el mismo sentido. Como producto del mundo digital, promueve la rapidez, el aumento de la eficacia y la transparencia, así como un cambio de actitud hacia los clientes. Sería útil que en Europa hubiese más centros de tecnología financiera, además de Londres.

5.7.

Los bancos y los centros de tecnología financiera deberían ser un socio clave en el MUD, con un mayor nivel de rendimiento y de creación de valor. Se les debería animar a actuar como socios estratégicos de la industria, analizando con profesionalidad los beneficios económicos, sociales y medioambientales de los proyectos. Estas formas radicalmente nuevas de interconectar las plataformas y los servicios de valor añadido podrían ser útiles.

5.8.

La regulación financiera (o su revisión) no debería impedir que el sector bancario asuma riesgos calculados al invertir en la Industria 4.0.