21.9.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 346/1

21.9.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 346/2

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Visto el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y, en particular, su artículo 26,

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 14,

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Vista la Declaración conjunta de La Sorbona para la armonización del diseño del Sistema de Educación Superior Europeo (a cargo de los cuatros ministros representantes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido), firmada en París el 25 de mayo de 1998 (Declaración de La Sorbona) (1),

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Vista la Declaración conjunta firmada el 19 de junio de 1999 en Bolonia por los ministros de Educación de 29 países europeos (Declaración de Bolonia) (2),

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Visto el Comunicado de la Conferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior celebrada en Lovaina y Lovaina la Nueva los días 28 y 29 de abril de 2009 (3),

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Vista la Declaración de Budapest-Viena, de 12 de marzo de 2010, aprobada por los ministros de Educación de 47 países, con la que se puso oficialmente en marcha el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (4),

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Visto el comunicado emitido por la Conferencia Ministerial y el tercer Foro de Actuación de Bolonia celebrado en Bucarest los días 26 y 27 de abril de 2012 (5),

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Vista la Estrategia de movilidad 2020 para el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), adoptada por la Conferencia Ministerial del EEES celebrada en Bucarest los días 26 y 27 de abril de 2012 (6),

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Vista la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) no 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») (7),

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Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de septiembre de 2005, con miras a facilitar la concesión por los Estados miembros de visados uniformes para estancias cortas a los investigadores nacionales de terceros países que se desplacen en la Comunidad con fines de investigación científica (8),

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Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, sobre una mayor cooperación europea en la garantía de la calidad de la enseñanza superior (9),

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Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (10),

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) (11),

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Vistas las Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, sobre el desarrollo del papel de la educación en un «triángulo del conocimiento» que funcione plenamente (12),

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 11 de mayo de 2010, sobre la internacionalización de la educación superior (13),

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Vista la Recomendación del Consejo, de 28 de junio de 2011, relativa a las políticas para reducir el abandono escolar prematuro (14),

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Vista la Recomendación del Consejo, de 28 de junio de 2011, titulada «Juventud en Movimiento — Promover la movilidad en la formación de los jóvenes» (15),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de mayo de 2006, titulada «Cumplir la agenda de modernización para las universidades: educación, investigación e innovación» (COM(2006)0208),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2010, titulada «Una agenda digital para Europa» (COM(2010)0245),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Apoyar el crecimiento y el empleo — una agenda para la modernización de los sistemas de educación superior en Europa» (COM(2011)0567),

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Visto el informe titulado «La educación superior en Europa 2009: Progresos en el Proceso de Bolonia» (Eurydice, Comisión Europea, 2009) (16),

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Visto el informe titulado «La educación superior en Europa 2010: el impacto del Proceso de Bolonia» (Eurydice, Comisión Europea, 2010) (17),

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Visto el informe titulado «El Espacio Europeo de Educación Superior en 2012: informe sobre la aplicación del Proceso de Bolonia» (Eurydice, Comisión Europea, 2012) (18),

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Vista la encuesta del Eurobarómetro de 2007 sobre la reforma de la educación superior entre los profesionales de la enseñanza (19),

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Vista la encuesta del Eurobarómetro de 2009 sobre la reforma de la educación superior entre los estudiantes (20),

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Vista la publicación de Eurostat, de 16 de abril de 2009, titulada «El Proceso de Bolonia en la educación superior en Europa: Indicadores clave sobre la dimensión social y la movilidad» (21),

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Visto el Informe final de la Conferencia Internacional sobre Financiación de la Educación Superior, celebrada en Ereván, Armenia, los días 8 y 9 de septiembre de 2011 (22),

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Vista su Resolución, de 23 de septiembre de 2008, sobre el proceso de Bolonia y la movilidad de los estudiantes (23),

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Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre el diálogo entre las universidades y las empresas: una nueva asociación para la modernización de las universidades europeas (24),

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Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2012, sobre la contribución de las instituciones europeas a la consolidación y el progreso del Proceso de Bolonia (25),

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Visto el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) (26),

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0121/2015),

A.

Considerando que la importancia del Proceso de Bolonia en la situación económica actual debe residir en la consecución de los objetivos de un desarrollo del nivel de conocimiento e innovación más elevado posible para los ciudadanos mediante un amplio acceso a la educación y su continua actualización, y que ello debe reflejarse en la revisión de la Estrategia Europa 2020 y en la aplicación del Plan Juncker de Inversiones para Europa;

B.

Considerando que los análisis demuestran que casi uno de cada tres empleadores de la UE tiene dificultades para encontrar empleados debidamente cualificados; que, hasta la fecha, la reforma de Bolonia no ha tenido mucho éxito por lo que se refiere al objetivo de reducir la inadecuación de las cualificaciones en la UE (la brecha entre las cualificaciones profesionales de una persona y la demanda en el mercado de trabajo); que la inadecuación de las cualificaciones se ha convertido en un reto esencial para Europa, que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, desde la productividad y eficiencia de las empresas hasta el bienestar actual y futuro de la juventud;

C.

Considerando que el problema del desempleo juvenil no ha mejorado mucho desde el inicio de la crisis en 2008; que a finales de 2014 había cerca de 5 millones de jóvenes menores de 25 años desempleados en la UE;

D.

Considerando que, como dijo un filósofo, «la búsqueda de la verdad y la belleza debería ser el sello distintivo de las universidades», además de su obligación de preparar a nuevos profesionales, científicos, ingenieros, profesores, médicos, políticos y ciudadanos;

E.

Considerando que es importante considerar las universidades como los principales agentes reales del Proceso de Bolonia, más allá de la función de apoyo en lo tocante a coordinación, reglamentación y recursos que desempeñan las instituciones regionales y nacionales;

F.

Considerando que esta iniciativa intergubernamental, desarrollada en colaboración con el mundo académico, ha conllevado esfuerzos para dar una respuesta europea común a los graves problemas existentes en muchos países, pero que esos esfuerzos han resultado insuficientes;

G.

Considerando que el verdadero objetivo del Proceso de Bolonia consiste en respaldar la movilidad y la internacionalización, así como garantizar la compatibilidad y la comparabilidad del nivel y la calidad de los diferentes sistemas de enseñanza superior, respetando al mismo tiempo la autonomía de las universidades y contribuyendo así a la creación de un espacio europeo auténticamente democrático que ofrezca las mismas oportunidades a todos los ciudadanos;

H.

Considerando que es necesario llevar a cabo una evaluación de los progresos realizados a lo largo de los últimos 15 años que tenga en cuenta tanto el éxito, en términos de cooperación intrarregional, como los problemas persistentes detectados y el desigual grado de consecución de los objetivos establecidos;

I.

Considerando que, si bien el Proceso de Bolonia ha guiado y motivado reformas educativas en la mayoría de los países, en algunos puede percibirse como una carga burocrática debido a la mala comunicación y a una falta de comprensión de su verdadera visión;

J.

Considerando que es importante reconocer el carácter paneuropeo del Proceso de Bolonia, así como la implicación de todos sus actores, incluidos los estudiantes, los profesores, los investigadores y el personal no docente;

K.

Considerando que es esencial proporcionar un mayor apoyo financiero continuo para la educación, la formación, incluida la formación profesional, el conocimiento y la investigación, especialmente en este periodo de crisis económica;

L.

Considerando que, en este contexto de continuo cambio, es preciso reafirmar el compromiso político subyacente al Proceso de Bolonia y la participación de las instituciones europeas, los Gobiernos nacionales y las demás partes interesadas pertinentes en la realización del Proceso;

1.

Observa que la educación y la investigación son uno de los principales pilares de nuestra sociedad en lo que se refiere a la promoción del desarrollo de habilidades, el crecimiento y la creación de empleo; subraya que el incremento de la inversión en la educación es esencial para luchar eficazmente contra la pobreza, las desigualdades sociales y el desempleo, en particular el desempleo juvenil, y fomentar la integración social;

2.

Señala que el Proceso de Bolonia podría ayudar a solucionar el problema de la inadecuación de las cualificaciones en la UE si permitiera a los estudiantes adquirir y desarrollar las competencias necesarias para el mercado laboral, y que, de este modo, el Proceso de Bolonia podría alcanzar el importante objetivo de mejorar la empleabilidad de los titulados;

3.

Es consciente del papel que ha desempeñado el Proceso de Bolonia en la creación de una Europa del conocimiento; subraya que la difusión del conocimiento, la educación y la investigación es un elemento clave de la Estrategia de Lisboa y contribuye a fomentar la ciudadanía europea; destaca asimismo la necesidad de llevar a cabo una consulta en la comunidad de la educación superior (profesores, estudiantes y personal no docente) a fin de comprender la oposición a las reformas vinculadas al Proceso de Bolonia, así como la necesidad de garantizar una educación pública gratuita y accesible a todos y que responda a las necesidades de la sociedad;

4.

Observa que las reformas de Bolonia condujeron a la puesta en marcha de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y han permitido avanzar en los últimos 15 años para mejorar la comparabilidad entre las estructuras de la enseñanza superior, incrementar la movilidad y aportar sistemas de garantía de la calidad, así como en lo tocante al reconocimiento de los títulos y la mejora de la calidad de los sistemas educativos y el atractivo de la enseñanza superior en Europa;

5.

Observa que aún queda mucho por hacer en el Proceso de Bolonia para adaptar los sistemas educativos a las necesidades del mercado laboral y mejorar la empleabilidad y la competitividad general, así como el atractivo de la educación superior en Europa; observa que las instituciones europeas de enseñanza superior deben poder reaccionar rápidamente a los cambios económicos, culturales, científicos y tecnológicos de la sociedad moderna con el fin de aprovechar plenamente su potencial para fomentar el crecimiento, la empleabilidad y la cohesión social;

6.

Toma nota de los objetivos para los próximos años y de las prioridades nacionales para las medidas que deben adoptarse para 2015, según se expusieron en la Conferencia Ministerial del EEES celebrada en Bucarest en 2012, así como de sus recomendaciones para la Estrategia de Movilidad 2020 para el EEES, en las que se aboga por la instauración de nuevos observatorios, nuevos acercamientos a las diferentes comunidades universitarias europeas y nuevos sistemas de integración de los miembros de dichas comunidades universitarias en el proceso de reforma de este Plan;

7.

Pide a los países del EEES que lleven a cabo las reformas comunes acordadas destinadas a acelerar la consecución de los objetivos del Proceso de Bolonia y a reforzar la credibilidad del EEES; pide que se ayude a los países que tienen dificultades para llevar a la práctica esas reformas; apoya, a este respecto, la creación de asociaciones amplias entre países, regiones y las partes interesadas pertinentes;

8.

Pide a los Estados miembros que mejoren y modernicen en mayor medida los sistemas de evaluación de las instituciones de enseñanza superior, tomando como paradigma los niveles ya establecidos por los sistemas educativos internacionales y recompensando la excelencia, con miras al desarrollo del conocimiento, la investigación y la ciencia;

9.

Hace hincapié en la importancia de preservar la diversidad de la enseñanza, incluida la diversidad de las lenguas; insta a los Estados miembros a que aumenten el número de becas de estudios y garanticen que sean fácilmente accesibles;

10.

Señala la necesidad de hacer más esfuerzos para desarrollar el EEES y aprovechar los avances realizados en la consecución de sus objetivos en coordinación con el espacio europeo de educación y formación, el espacio europeo del aprendizaje permanente y el espacio europeo de investigación;

11.

Pide a todas las partes interesadas que participan en la aplicación del Proceso de Bolonia que refuercen la garantía de la calidad a fin de lograr un Espacio Europeo de Educación Superior que mejore su atractivo como referencia de excelencia académica en todo el mundo;

12.

Pide a los Estados miembros, a los países del EEES y a la UE en su conjunto que fomenten la comprensión y el apoyo públicos respecto del Proceso de Bolonia, incluyendo las medidas de base, con el fin de lograr una participación más eficaz y dinámica en la consecución de sus objetivos;

13.

Señala que la Comisión, como miembro del Proceso de Bolonia, desempeña un papel importante en el EEES, y le pide que siga desempeñando su papel a la hora de revigorizar el proceso y acelerar los esfuerzos para alcanzar los objetivos establecidos;

14.

Señala la necesidad de incluir en los objetivos declarados la calidad de la educación y la investigación en el sector terciario; considera que uno de los indicadores de cumplimiento de estos objetivos sería incrementar la empleabilidad de los titulados, que también es un objetivo de la Estrategia Europa 2020;

15.

Pide que se instaure un diálogo entre los Gobiernos, las instituciones de enseñanza superior y los institutos de investigación con objeto de orientar, potenciar al máximo y utilizar más eficientemente los fondos disponibles y buscar modelos de financiación nuevos y diversos para complementar la financiación pública; destaca asimismo la importancia del programa Horizonte 2020 para impulsar proyectos de investigación colaboradora entre las instituciones europeas de enseñanza superior, y manifiesta su preocupación por los continuos intentos de recortar su financiación mientras que no se cuestionan otros ámbitos del presupuesto;

16.

Pide a los Gobiernos que mejoren la eficiencia del uso de la financiación pública en la educación y respeten el objetivo principal de la UE de invertir el 3 % del PIB de la Unión en I+D en 2020; insiste en que se necesita una financiación ambiciosa de la educación y la investigación, puesto que son una de las herramientas clave para garantizar el acceso a una educación de calidad para todos, así como para luchar contra la crisis económica y el desempleo;

17.

Toma nota de las posibles oportunidades de financiación para la educación superior, la educación y formación profesional que debería aportar el FEIE; expresa su profunda preocupación por los recortes previstos en los fondos del programa Horizonte 2020 relacionados directamente con la investigación y la educación a favor del FEIE;

18.

Advierte de que cualquier recorte efectuado en el programa Horizonte 2020 afectaría sin duda a la plena aplicación del Proceso de Bolonia, e insta, por consiguiente, a la Comisión a que retire las propuestas en ese sentido;

19.

Alienta los enfoques tanto descendentes como ascendentes, con la participación de la comunidad académica en su conjunto y de los interlocutores sociales, y solicita el compromiso y la cooperación políticos de los ministros del EEES en el desarrollo de una estrategia común para la consecución de las reformas de Bolonia;

20.

Pide que se sigan desarrollando programas de estudio con objetivos claramente definidos y que ofrezcan el conocimiento y la combinación de capacidades, tanto generales como profesionales, necesarios no solo para preparar a los titulados para las necesidades del mercado de trabajo y reforzar su capacidad para el aprendizaje permanente, sino también, y de forma más esencial, para la integración de los ciudadanos; apoya la plena aplicación del marco europeo para la acreditación de las cualificaciones profesionales;

21.

Destaca el papel de las disciplinas CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y su importancia para la sociedad, la economía y la empleabilidad de los titulados;

22.

Pide la correcta aplicación del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) y el Suplemento Europeo al Título en el EEES, como instrumentos clave vinculados a la carga de trabajo y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, con el fin de facilitar la movilidad y ayudar a los estudiantes a reunir sus logros académicos y extracurriculares;

23.

Subraya la importancia que reviste garantizar el reconocimiento mutuo y la compatibilidad de los títulos académicos para reforzar el sistema de garantía de la calidad a nivel europeo y en todos los países que se han adherido al EEES, en consonancia con la versión revisada de los Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior; pide a todos los países del EEES y a sus respectivas agencias de garantía de la calidad que se unan a las redes europeas de garantía de la calidad (ENQA y EQAR);

24.

Alienta a los socios del Proceso de Bolonia, y especialmente a la Comisión, a que midan con regularidad la inadecuación de las competencias y las aptitudes en el momento en que los titulados entran en el mundo laboral;

25.

Destaca la importancia del objetivo de la Estrategia Europa 2020 de que el 40 % de los jóvenes de entre 30 y 34 años completen la educación terciaria y adquieran las habilidades adecuadas para encontrar un empleo satisfactorio;

26.

Subraya el valor de los marcos de cualificaciones para mejorar la transparencia y pide a todos los países del Proceso de Bolonia que compatibilicen sus marcos nacionales de cualificaciones con los del EEES y con los marcos europeos de cualificaciones;

27.

Destaca que los marcos nacionales de cualificaciones (NQF) de muchos Estados miembros aún deben adaptarse al Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), así como a los Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad; señala que muchos NQF siguen sin estar inscritos en el Registro Europeo de Agencias de Garantía de Calidad de la Educación Superior (EQAR);

28.

Toma nota de que la movilidad de los estudiantes, los profesores, los investigadores y el personal no docente es una de las principales prioridades del Proceso de Bolonia; pide a los Estados miembros que aumenten las oportunidades y la calidad de la movilidad, y destaca la necesidad de reforzar la aplicación de la Estrategia de Movilidad 2020 para el EEES, así como de alcanzar el objetivo cuantitativo del 20 % para la movilidad de los estudiantes en 2020; subraya, a este respecto, el papel fundamental que desempeñan los programas Erasmus+ y Horizonte 2020 y la importancia de garantizar que se apliquen y fomenten correcta y eficientemente; recalca que las becas de estudios correspondientes a Erasmus+ deben estar exentas de impuestos y cotizaciones sociales;

29.

Solicita la incorporación gradual de la movilidad de los estudiantes en los planes de estudio oficiales de las universidades;

30.

Resalta la necesidad de que en los programas de movilidad de la UE estén adecuadamente representados los estudiantes y docentes de los ámbitos artístico y musical;

31.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan la existencia de programas de asociación y movilidad europea e internacional entre los criterios de clasificación de las universidades y las instituciones de formación de alto nivel;

32.

Señala el papel fundamental que desempeñan las instituciones de enseñanza superior a la hora de promover la movilidad y producir titulados e investigadores con conocimientos y habilidades que les permitan tener éxito gracias a su empleabilidad en la economía mundial;

33.

Pide a los Estados miembros, a la UE y al EEES que refuercen la movilidad fomentando el aprendizaje de lenguas, suprimiendo los obstáculos administrativos, previendo un mecanismo de apoyo financiero adecuado y garantizando la transferibilidad de subvenciones, becas y créditos; señala que los estudiantes procedentes de entornos menos favorecidos siguen teniendo un menor acceso a la movilidad;

34.

Hace hincapié en el cambio del paradigma educativo, tanto en el diseño como en la puesta en práctica de los programas, hacia un enfoque más centrado en el estudiante que incluya el desarrollo personal de los estudiantes; destaca la importancia que reviste la participación de los estudiantes en la gobernanza de la educación superior;

35.

Subraya que los programas de estudio deben centrarse en la demanda del mercado a largo plazo; destaca asimismo que el concepto de empleabilidad supone que los estudiantes deben dominar una amplia gama de diversas competencias que los prepare para el mercado laboral y los equipe para seguir un aprendizaje permanente; alienta, a este respecto, el diálogo activo y la cooperación nacional y transfronteriza sobre programas y prácticas entre la comunidad universitaria y las empresas, que podrían ayudar a contrarrestar la crisis económica, estimular el crecimiento económico, contribuir al objetivo de una sociedad basada en el conocimiento y, por consiguiente, brindar oportunidades en un sentido social más amplio; alienta a las instituciones de enseñanza superior a que estén abiertas a estudios transdisciplinarios, la creación de institutos de investigación universitarios y la colaboración con diversos socios;

36.

Hace hincapié en la necesidad de ofrecer un amplio abanico de oportunidades de aprendizaje permanente y de formas complementarias de aprendizaje, como la educación no formal e informal, que son cruciales para el desarrollo de aptitudes sociales;

37.

Pide que se realicen esfuerzos para reforzar el vínculo entre la educación superior y la investigación y la innovación, también a través de la promoción de la educación basada en la investigación, y destaca que el programa Horizonte 2020 es un mecanismo de financiación clave para impulsar la investigación; solicita una mejor sincronización de las medidas de apoyo al Proceso de Bolonia, como los programas Horizonte 2020 y Erasmus+;

38.

Solicita itinerarios de aprendizaje más flexibles que incluyan programas de titulación conjunta y estudios interdisciplinares y que apoyen la innovación, la creatividad, la educación y formación profesionales (EFP), la educación dual y el espíritu empresarial en la enseñanza superior, y pide que se explore el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías, la digitalización y las TIC a fin de enriquecer el aprendizaje y la enseñanza y de seguir desarrollando nuevos modelos de aprendizaje, enseñanza y evaluación;

39.

Pide a las instituciones de enseñanza superior, las administraciones públicas, los interlocutores sociales y las empresas que instauren un diálogo permanente que facilite y mejore la empleabilidad; destaca, a este respecto, la necesidad de centrar el debate en el potencial no utilizado de la educación superior para estimular el crecimiento y el empleo; pide a los países del EEES y a las instituciones de enseñanza superior que mejoren la cooperación con objeto de garantizar prácticas y aprendizajes de calidad y de reforzar la movilidad en este contexto; subraya que las partes interesadas deben mejorar la cooperación con el fin de elevar el nivel de las cualificaciones iniciales y renovar una mano de obra competente, así como para mejorar la oferta, accesibilidad y calidad de la orientación sobre la carrera profesional y el empleo; considera, por otra parte, que deben fomentarse más las prácticas dentro de los programas de estudio y el aprendizaje in situ;

40.

Hace hincapié en la necesidad de permitir el acceso de los refugiados reconocidos a todas las instituciones del EEES que puedan permitirles construirse una vida independiente a través de la educación; subraya asimismo que deben liberalizarse en mayor medida los permisos de residencia para los titulados que buscan una actividad profesional cualificada; destaca que deben intensificarse los esfuerzos encaminados al reconocimiento mutuo de los refugiados reconocidos, especialmente por lo que se refiere a la movilidad de estos estudiantes;

41.

Hace hincapié en que los Estados miembros y todas las instituciones de enseñanza superior que se han adherido al EEES tienen la responsabilidad de proporcionar una educación de calidad que responda a los retos sociales, y destaca la necesidad de que cooperen estrechamente a fin de alcanzar los objetivos fijados en el Proceso de Bolonia;

42.

Señala que solo unos pocos Estados miembros han creado una estrategia amplia para incluir a los estudiantes de entornos socioeconómicos menos favorecidos en la educación superior y, por consiguiente, abordar el problema del llamado filtro social;

43.

Solicita una mayor participación de los profesores de enseñanza secundaria en el Proceso de Bolonia en lo referente a la promoción de la calidad en la formación del profesorado y la movilidad profesional, con objeto de satisfacer las nuevas exigencias de educación y formación de una sociedad basada en el conocimiento y contribuir a un mayor rendimiento escolar;

44.

Destaca la aportación de la educación, su calidad y la misión docente a la formación de las futuras generaciones y al logro de una cohesión social y económica más amplia, así como a la creación de empleo, una mayor competitividad y potencial de crecimiento; pide, a este respecto, un mayor reconocimiento de la profesión docente;

45.

Pide que se realicen esfuerzos económicos y sociales para mejorar la inclusión social proporcionando un acceso abierto y equitativo a una educación de calidad para todos, facilitando el reconocimiento de las cualificaciones académicas y profesionales, los períodos de estudio en el extranjero y el aprendizaje previo, las aptitudes sociales y el aprendizaje no formal e informal, así como mediante una oferta educativa pertinente para una población estudiantil diversificada por medio del aprendizaje permanente;

46.

Destaca la dimensión social del Proceso de Bolonia; solicita medidas destinadas a incrementar la participación de los grupos infrarrepresentados y desfavorecidos, también mediante programas de movilidad internacional;

47.

Destaca el papel que desempeña la movilidad de los estudiantes en el aprendizaje intercultural, y considera que el Proceso de Bolonia debe tomar medidas activas para fomentar el conocimiento y el respeto intercultural de los estudiantes;

48.

Pide que se realicen esfuerzos para desarrollar en mayor medida una estrategia para la dimensión exterior del EEES, a través de la cooperación con otras regiones del mundo, con el fin de aumentar su competitividad y atractivo a escala mundial, mejorar la facilitación de información sobre el EEES, reforzar la cooperación basada en la asociación, intensificar el diálogo político y avanzar en el reconocimiento de las cualificaciones;

49.

Hace hincapié en la necesidad de mejorar la recopilación de datos entre los países del EEES a fin de detectar y abordar mejor los retos del Proceso de Bolonia;

50.

Subraya la importancia que reviste la próxima Conferencia Ministerial del EEES, que se celebrará en Ereván en mayo de 2015, para llevar a cabo un examen objetivo y crítico de los progresos y deficiencias constatados en la consecución de las prioridades establecidas para el período 2012-2015, con el fin de impulsar y seguir consolidando el EEES con el pleno apoyo de la Unión;

51.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

21.9.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 346/10

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Visto el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Vista la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el 20 de octubre de 2005,

—

Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (1),

—

Vista la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (2),

—

Visto el Reglamento (UE) no 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) y se derogan las Decisiones no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE y no 1041/2009/CE (3),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de noviembre de 2014, sobre la política audiovisual europea en la era digital (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2010, titulada «Una Agenda Digital para Europa» (COM(2010)0245),

—

Visto el Primer Informe de la Comisión, de 4 de mayo de 2012, sobre la aplicación de la Directiva 2010/13/UE de servicios de comunicación audiovisual — Servicios de comunicación audiovisual y dispositivos conectados: perspectivas pasadas y futuras (COM(2012)0203),

—

Visto el Primer Informe de la Comisión, de 24 de septiembre de 2012, sobre la aplicación de los artículos 13, 16 y 17 de la Directiva 2010/13/UE en el periodo de 2009-2010 — Promoción de obras europeas en los servicios de comunicación audiovisual a petición y programados de la UE (COM(2012)0522),

—

Visto el tercer informe de la Comisión, de 7 de diciembre de 2012, titulado «Challenges for European film heritage from the analogue and the digital era» (SWD(2012)0431) sobre la aplicación de la Recomendación 2005/865/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, relativa al patrimonio cinematográfico y la competitividad de las actividades industriales relacionadas,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012, sobre el contenido en el mercado único digital (COM(2012)0789),

—

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 24 de abril de 2013, titulado «Prepararse para la convergencia plena del mundo audiovisual: crecimiento, creación y valores» (COM(2013)0231),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2013, sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual (5),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de mayo de 2014, titulada «El cine europeo en la era digital — Tender puentes entre la diversidad cultural y la competitividad» (COM(2014)0272),

—

Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 4 de diciembre de 2014, sobre el cine europeo en la era digital,

—

Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2011, sobre el cine europeo en la era digital (6),

—

Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2012, sobre la distribución en línea de obras audiovisuales en la Unión Europea (7),

—

Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2013, sobre la aplicación de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (8),

—

Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre la preparación para la plena convergencia del mundo audiovisual (9),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0123/2015),

A.

Considerando que las películas son bienes al mismo tiempo económicos y culturales y que contribuyen enormemente a la economía europea en términos de crecimiento y empleo a la vez que ayudan a conformar las identidades europeas reflejando la diversidad cultural y lingüística, promoviendo las culturas europeas más allá de las fronteras y facilitando el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre ciudadanos, y que asimismo contribuyen a la formación y al desarrollo de un pensamiento crítico;

B.

Considerando que el potencial de los sectores culturales y creativos en Europa y en particular de la industria cinematográfica europea sigue sin aprovecharse plenamente en términos de promoción de la diversidad y el patrimonio cultural europeo y la creación de un crecimiento sostenible y puestos de trabajo que, a su vez, también pueden beneficiar a otros sectores de la economía, dando a Europa una ventaja competitiva a escala mundial;

C.

Considerando que la industria cinematográfica europea es una de las más productivas del mundo, con 1 500 películas estrenadas en 2014, pero se caracteriza por una estructura heterogénea tanto en términos de financiación como de tipo de producción;

D.

Considerando que las películas europeas se caracterizan por su calidad, originalidad y diversidad, pero adolecen de una producción y distribución limitadas a través de la Unión, lo que se refleja en los niveles de audiencia comparativamente bajos logrados frente a la intensa competencia internacional y en un contexto de dificultades para su distribución dentro y fuera de Europa;

E.

Considerando que la circulación en los Estados miembros de películas de otros países europeos sigue siendo escasa, a pesar del gran número de películas producidas cada año, mientras que las producciones no europeas gozan de una amplia difusión en la Unión;

F.

Considerando que la diversidad de las películas europeas, que refleja la riqueza y la fortaleza de la diversidad cultural y lingüística europea, significa que el mercado cinematográfico europeo está fragmentando por naturaleza;

G.

Considerando que la promoción de la producción de películas de calidad es especialmente importante para los Estados miembros más pequeños de la UE, que cuentan con un número reducido de hablantes nativos;

H.

Considerando que el subprograma MEDIA de Europa Creativa (en lo sucesivo, «MEDIA») ofrece nuevas fuentes de financiación y oportunidades para la distribución y circulación de películas de otros países europeos y para incrementar las audiencias y apoyar la alfabetización mediática;

I.

Considerando que uno de los objetivos principales del mercado único digital debe ser generar confianza respecto de internet y aumentar el acceso a contenidos audiovisuales legales, contribuyendo así a la inversión en películas europeas;

J.

Considerando que la proyección cinematográfica, como primer espacio de explotación, sigue aportando una gran parte de los ingresos de las películas y. por lo tanto, es fundamental para la financiación de la producción y la distribución cinematográficas europeas, con un impacto considerable sobre el éxito de las películas en cuestión en los espacios de puesta a disposición ulterior;

K.

Considerando, no obstante, que un creciente número de películas europeas con un modesto presupuesto de producción y promoción se beneficiarían de unas estrategias de difusión más flexibles y de una disponibilidad de servicios de vídeo a la carta más temprana;

L.

Considerando que una mejor organización de las ventanas de explotación maximizaría el público potencial y al mismo tiempo reduciría el consumo no autorizado de películas;

M.

Considerando que el artículo 13, apartado 1, de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual obliga a los Estados miembros a velar por que los prestadores de servicios a petición fomenten las obras europeas; Considerando que esta disposición se ha aplicado de diversas maneras con diferentes niveles de requisitos jurídicos, y que ha dado lugar a que los prestadores se establezcan en los Estados miembros con requisitos más bajos;

N.

Considerando que la mayor parte de la financiación pública para la industria cinematográfica europea, tanto de fuentes nacionales como de la Unión, se dedica a la producción de películas;

O.

Considerando que en el artículo 14 del Reglamento (UE) no 1295/2013 por el que se establece el Programa Europa Creativa se prevé que la Comisión establezca un «Instrumento de Garantía destinado a los sectores cultural y creativo», con el objetivo de facilitar el acceso al crédito de las pymes de los sectores cultural y creativo y mejorar la capacidad de los intermediarios financieros participantes para evaluar los riesgos asociados a los proyectos de las pymes que soliciten préstamos y financiaciones;

P.

Considerando que ya en su tercer informe, de 7 de diciembre de 2012, «Challenges for European film heritage from the analogue and the digital era», la Comisión destacó que solo se había digitalizado el 1,5 % del patrimonio cinematográfico europeo, y que ese porcentaje permanece inalterado hoy, a pesar de que hace tiempo que se pusieron de manifiesto los riesgos de pérdida definitiva de gran parte de dicho patrimonio y la imposibilidad de transmitirlo a las generaciones futuras, citando como ejemplo el caso de las películas mudas, de las que solo se ha conservado el 10 %;

Q.

Considerando que la digitalización y la convergencia entre medios ofrecen nuevas oportunidades para la distribución y promoción transfronteriza de las películas europeas, así como un mayor potencial de innovación y flexibilidad, a la vez que producen cambios significativos en los hábitos y las expectativas de los espectadores;

R.

Considerando que es esencial garantizar la financiación de la digitalización, la conservación y la disponibilidad en línea del patrimonio cinematográfico y materiales relacionados, y establecer normas europeas en materia de conservación de películas digitales;

S.

Considerando que la alfabetización mediática y, en particular, cinematográfica puede contribuir a que los ciudadanos desarrollen un pensamiento y una comprensión críticos y puede estimular su creatividad y su capacidad de expresión;

T.

Considerando que los derechos de autor en la era digital deben seguir estimulando la inversión en la producción y creación cinematográficas y garantizar una remuneración justa para los titulares de derechos, fomentando a la vez el desarrollo de nuevos servicios y el acceso transfronterizo para los ciudadanos y permitiendo que los sectores culturales y creativos sigan contribuyendo al crecimiento y a la creación de empleo;

U.

Considerando que es importante garantizar la aplicación efectiva de la Directiva 2012/28/UE sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas y hacer accesibles al público las películas comprendidas en la definición de obras huérfanas;

1.

Anima a la industria cinematográfica europea a continuar el desarrollo de servicios innovadores, nuevos modelos de negocio y canales de distribución para mejorar la disponibilidad transfronteriza de las películas europeas en la Unión y permitir además que los espectadores de toda la Unión tengan acceso a un catálogo cada vez mayor de películas a través de un número creciente de plataformas; propone a este respecto que la industria cinematográfica europea extraiga lecciones de las mejores prácticas de fuera de la Unión;

2.

Reconoce el impacto que tiene el uso ilegal de contenidos en el ciclo creativo y en los derechos de los creadores; destaca la necesidad de más ofertas legales de calidad elevada y de una mayor sensibilización de los jóvenes;

3.

Propone que se examine el desarrollo de la portabilidad transfronteriza de los servicios audiovisuales, teniendo en cuenta el rápido crecimiento del vídeo a la carta y las transacciones en línea en toda la Unión, ya que ello permitiría a los espectadores acceder a las películas independientemente de donde se encuentren;

4.

Subraya la importancia de una comercialización bien dirigida en toda la Unión que tenga en cuenta las especificidades culturales de las audiencias europeas con miras a garantizar una promoción mejor y más eficiente de las películas europeas;

5.

Insta, en consecuencia, a que se aumente la disponibilidad de películas subtituladas a fin de promover la circulación transfronteriza de las películas europeas, aumentar el conocimiento de la diversidad cultural y lingüística de Europa entre los espectadores y mejorar el entendimiento mutuo;

6.

Señala, en particular, el papel desempeñado por MEDIA en el apoyo al subtitulado y al doblaje para incrementar la disponibilidad de películas europeas, en particular en versión original con subtítulos que faciliten su circulación y mejoren el conocimiento y la comprensión de las culturas y las lenguas europeas;

7.

Subraya la importancia de la acción preparatoria recientemente adoptada sobre «Subtitulado por medio de la financiación participativa (crowdsourcing) para incrementar la circulación de obras europeas» y el futuro trabajo de la Comisión para ejecutarla;

8.

Respalda, además, iniciativas como el proyecto piloto de la Comisión denominado «Fomento de la integración europea a través de la cultura», destinado a incrementar la puesta a disposición de películas europeas subtituladas mediante nuevas versiones subtituladas de programas de televisión seleccionados en toda Europa;

9.

Reitera la importancia fundamental de que siga mejorando la accesibilidad a las películas por parte de personas con discapacidad, en particular mediante la audiodescripción y el subtitulado;

10.

Subraya la especial importancia que tienen los canales de televisión privados y públicos europeos en la producción de películas, tanto para la televisión como de coproducciones cinematográficas, y destaca el papel que pueden desempeñar para garantizar la supervivencia de numerosas productoras cinematográficas de la Unión Europea, principalmente pequeñas y medianas;

11.

Recuerda el papel del Premio LUX del PE, que con los años ha adquirido un reconocimiento creciente, en la promoción de películas europeas mediante la traducción de los subtítulos de la película ganadora a las 24 lenguas oficiales de la Unión, garantizando de esa forma mayor visibilidad, conocimiento y disponibilidad de las películas europeas; pide a los Parlamentos nacionales que sigan promoviendo el Premio Lux en los Estados miembros en cooperación con las Oficinas de Información del Parlamento Europeo;

12.

Señala que es necesario promover y apoyar las coproducciones europeas, y que el aumento de estas producciones podría dar lugar a una distribución más amplia de películas europeas en toda Europa;

13.

Destaca asimismo el éxito creciente de las series de televisión europeas de gran calidad y la importancia estratégica de seguir fomentando su producción, distribución y promoción en el mercado europeo y mundial;

14.

Pide a los Estados miembros que apoyen y promuevan actos especiales, como festivales de cine e iniciativas de cine itinerante, para alentar y apoyar la difusión y la circulación de películas europeas en su territorio;

15.

Propone que se refuercen medidas ya existentes para optimizar el precio de las entradas de cine y desarrollar ofertas promocionales innovadoras y ofertas de abono que contribuyan a garantizar el atractivo de las salas de cine y el acceso de todos a las mismas;

16.

Anima a los distribuidores y a los exhibidores cinematográficos a que aumenten la visibilidad y la disponibilidad de las películas de otros países europeos para llegar a audiencias más amplias;

17.

Reconoce que las salas de cine siguen siendo el marco más importante para presentar y promover películas, además de ser lugares con una importante dimensión social, donde se reúnen personas e intercambian opiniones, y destaca que la desaparición de cines pequeños e independientes, en particular en ciudades pequeñas y en las regiones menos desarrolladas, limita el acceso a los recursos culturales, el patrimonio y el diálogo europeos; pide, en este contexto, a la Comisión y a los Estados miembros que preste apoyo a la dotación de todas las pantallas con equipos de proyección y sonido digital a fin de preservar estas salas de cine;

18.

Subraya la importancia de la promoción de las películas en una fase temprana de producción a fin de mejorar su circulación y garantizar un mayor conocimiento entre las audiencias potenciales de toda Europa;

19.

Subraya la importancia de MEDIA a la hora de probar enfoques innovadores para aumentar la audiencia, en particular apoyando festivales, iniciativas de alfabetización cinematográfica y acciones de desarrollo de la audiencia;

20.

Recuerda que el artículo 13, apartado 1, de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual obliga a los Estados miembros a velar por que los prestadores de servicios a petición promuevan las obras europeas; subraya que esta disposición se ha aplicado desigualmente, con diferentes niveles de requisitos jurídicos, y que esto podría dar lugar a que los prestadores se establezcan en los Estados miembros con requisitos más bajos;

21.

Considera que deben contribuir económicamente a la creación de obras cinematográficas europeas todos aquellos que obtienen alguna ventaja económica de ellas, aunque solo sea de forma indirecta, gracias a la oferta directa, la comercialización o la difusión de las obras, incluida la puesta a disposición mediante enlaces de internet o vídeos a la carta; pide a la Comisión que adopte esta posición como directriz principal, incluso para examinar los sistemas de promoción cinematográfica de los Estados miembros desde el punto de vista de la competencia;

22.

Pide a la Comisión que tenga esto en cuenta en su propuesta de revisión del marco jurídico actual a fin de garantizar la igualdad de condiciones en el mercado audiovisual europeo, con condiciones justas e iguales para todos los prestadores;

23.

Pide a las plataformas de vídeo a la carta y suscripción de vídeo a la carta que publiquen datos sobre el consumo de cada película de su catálogo, a fin de permitir una correcta evaluación de su repercusión;

24.

Considera que, para mejorar la circulación de películas europeas en los mercados europeo e internacional, la financiación pública de la producción y distribución debe ser más equilibrada, con miras a aumentar el apoyo al desarrollo, la promoción y la distribución internacional;

25.

Considera imprescindible aumentar en términos absolutos el presupuesto destinado a las actividades de distribución, promoción y comercialización de las obras cinematográficas, sin que ello vaya en detrimento de la financiación de las actividades de producción;

26.

Pide a los Estados miembros, en particular, que aumenten la financiación pública para apoyar en una fase temprana la distribución y la promoción de películas nacionales y de películas europeas no nacionales;

27.

Pide a los Estados miembros que promuevan iniciativas para facilitar la producción, la distribución, la disponibilidad y el atractivo de las películas europeas; considera que la aplicación de los mismos tipos reducidos de IVA a las obras audiovisuales culturales con independencia de que se vendan en línea o fuera de línea puede promover el crecimiento de nuevos servicios y nuevas plataformas;

28.

Pone de relieve el papel que debe desempeñar el Instrumento de Garantía de los Sectores Cultural y Creativo del programa Europa Creativa a la hora de facilitar el acceso de las pymes de los sectores cultural y creativo a financiación y alentar una mayor inversión por parte de intermediarios financieros, aumentando de esa forma las oportunidades de financiación para la industria cinematográfica;

29.

Propone que se evalúen la eficacia y la eficiencia de los sistemas de financiación del cine europeos y nacionales, atendiendo especialmente a la calidad y el alcance de las obras financiadas, y teniendo en cuenta asimismo la disponibilidad y el grado de eficacia de los instrumentos de financiación para la comercialización y el desarrollo de la audiencia; pide a la Comisión que informe a los demás Estados miembros de los ejemplos de buenas prácticas que aparezcan entre los resultados de tal evaluación;

30.

Recuerda que la producción y coproducción cinematográficas requieren una inversión financiera considerable y que el marco jurídico actual no impide la concesión de licencias multiterritoriales; destaca, por ello, que debe mantenerse la diversidad de sistemas de producción y distribución para fomentar la inversión en películas europeas, a fin de responder a un mercado europeo que es lingüística y culturalmente diverso, y de salvaguardar y promover la diversidad cultural;

31.

Destaca que las películas europeas se benefician de muchos fondos públicos europeos, nacionales y regionales, por lo que debería fomentarse una mayor complementariedad en su uso a fin de reforzar su eficacia;

32.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de crear un Foro del Cine Europeo para facilitar un diálogo estructurado con todas las partes interesadas del sector audiovisual europeo sobre los retos a los que se enfrenta actualmente en la era digital, a fin de mejorar la cooperación, la recopilación de información y el intercambio de mejores prácticas;

33.

Pide, en este sentido, una amplia participación y cooperación entre todas las instituciones implicadas, en particular, con el Parlamento Europeo;

34.

Pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para mejorar la alfabetización mediática, en particular la alfabetización cinematográfica, en los programas escolares, y para desarrollar iniciativas a nivel nacional, regional o local que abarquen todos los niveles de la educación y la formación formales, informales y no formales;

35.

Es consciente de la gran importancia de las salas de cine para la alfabetización cinematográfica y mediática y como lugares de aprendizaje intergeneracional, y acoge con satisfacción toda medida que promueva específicamente esta función de las salas de cine;

36.

Llama la atención sobre la promoción de películas educativas para jóvenes y apoya la organización de concursos para animarlos a crear obras audiovisuales; destaca asimismo las posibilidades que ofrece MEDIA para apoyar proyectos de alfabetización cinematográfica;

37.

Apoya proyectos y prácticas innovadores como la acción preparatoria de la Comisión sobre la circulación de las películas europeas en la era digital, destinada a ensayar una difusión más flexible de las películas en los medios de comunicación de distintos Estados miembros, y acoge con satisfacción la integración de esta acción en el Programa Europa Creativa;

38.

Considera que las iniciativas de este tipo, al flexibilizar los espacios de difusión, pueden beneficiar a determinados tipos de películas europeas en términos de visibilidad, público alcanzado, ingresos y ahorro de costes, y anima a la Comisión y a los Estados miembros a estudiar atentamente estas iniciativas;

39.

Pide a los Estados miembros que garanticen la digitalización de las obras cinematográficas y establezcan mecanismos de depósito obligatorio para formatos digitales o adapten los mecanismos actuales a tales formatos, solicitando el depósito de una copia máster digital en un estándar internacional para películas digitales;

40.

Destaca la importancia de los archivos audiovisuales, especialmente de instituciones del patrimonio cinematográfico y organismos públicos de radiodifusión, e insta a los Estados miembros a que garanticen un nivel de financiación y unos sistemas de liquidación de derechos adecuados para facilitar el cumplimiento de sus misiones de interés público, como conservar y digitalizar el patrimonio cinematográfico y ponerlo a la disposición al público;

41.

Destaca el importante papel de la biblioteca digital europea Europeana como biblioteca digital del patrimonio audiovisual europeo (tanto cinematográfico como televisivo);

42.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

21.9.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 346/17

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal» (COM(2013)0659),

—

Vistos los documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjuntos a dicha Comunicación (SWD(2013)0342 y SWD(2013)0343),

—

Vistas las conclusiones del Consejo de Agricultura y Pesca, de 19 de mayo de 2014, sobre la nueva estrategia forestal de la UE,

—

Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 30 de enero de 2014, titulado «Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal»,

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 10 de julio de 2014, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal»,

—

Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2006, sobre la ejecución de una estrategia forestal para la Unión Europea (1),

—

Vista la Decisión no 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»,

—

Vista la Estrategia Europa 2020, con sus iniciativas «Unión por la innovación» y «Una Europa que utilice eficazmente los recursos»,

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE» (COM(2013)0216),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural» (COM(2011)0244),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0126/2015),

A.

Considerando que la Unión Europea no tiene competencias para el desarrollo de una política forestal común, pero que algunas políticas de la Unión pueden tener consecuencias para las políticas forestales nacionales, y que incumbe a los Estados miembros adoptar las decisiones políticas correspondientes en materia silvícola y forestal;

B.

Considerando que, aunque se trata claramente de un ámbito de competencia de los Estados miembros, existen ventajas potenciales para las empresas del sector derivadas de una coordinación mejor y más activa y un mejor posicionamiento a escala europea de este importante sector económico que contribuye al mantenimiento del empleo a escala europea, en particular en las zonas rurales, al tiempo que protege los ecosistemas y presenta ventajas ecológicas para todos, sin perjuicio de las responsabilidades de los Estados miembros;

C.

Considerando que la madera es un recurso renovable, a menudo infraexplotado en Europa, y que debe garantizarse el uso inteligente y sostenible de esta materia prima, en particular promoviendo el desarrollo y el intercambio de los conocimientos técnicos del sector;

D.

Considerando que los bosques son una fuente única de flora, fauna y hongos;

E.

Considerando que el tamaño y las características de los bosques son sumamente diversos y que algunos Estados miembros tienen más de la mitad de su territorio cubierto por bosques; que la explotación sostenible de los bosques reviste una enorme importancia para el valor añadido local, regional, europeo e internacional, el mantenimiento del empleo en las zonas rurales y la contribución a una sociedad basada en la bioeconomía, lo cual beneficia a la salud humana, especialmente en las regiones desfavorecidas estructuralmente, al tiempo que aporta una importante contribución a la protección del medio ambiente y del clima, así como a la biodiversidad;

F.

Considerando que la biomasa forestal constituye un recurso esencial para las energías renovables; que, actualmente, los bosques europeos absorben y almacenan aproximadamente el 10 % de las emisiones de carbono de la UE y contribuyen significativamente, por lo tanto, a los esfuerzos de mitigación del cambio climático;

G.

Considerando que, como consecuencia del proceso urbanizador de nuestra sociedad, se diluye el vínculo que mantienen los ciudadanos de la Unión con los bosques y disminuye su conocimiento de la silvicultura y de sus repercusiones en el bienestar, el empleo, el clima, el medio ambiente, la salud humana y toda la cadena de valor, así como el vínculo con los ecosistemas más amplios;

H.

Considerando que cada vez son más numerosas las políticas de la UE que acentúan la presión sobre los bosques; que esas presiones deben equilibrarse cuidadosamente y que la demanda de nuevos usos de la madera en la bioeconomía y para la bioenergía debe ir acompañada de la eficiencia en el uso de los recursos, la utilización de nuevas tecnologías y el respeto de los límites del abastecimiento sostenible;

I.

Considerando que el sector forestal europeo se caracteriza por la gestión sostenible y la planificación a largo plazo, y que debe insistirse en mayor medida en el principio de sostenibilidad a todos los niveles, desde el local hasta el mundial, a fin de crear empleo, proteger la biodiversidad, mitigar el cambio climático y luchar contra la desertificación;

J.

Considerando que es necesario destacar el papel económico, social y ambiental que desempeñan los bosques, también en el contexto de la protección y la valorización del patrimonio cultural y natural, así como del fomento del turismo ecológico sostenible;

K.

Considerando que el aumento de la población mundial genera un incremento la demanda de energía, por lo que los bosques deben desempeñar un papel más importante en la futura combinación energética de la UE;

1.

Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques, así como los documentos de trabajo que la acompañan, e insiste en que la estrategia forestal de la Unión debe centrarse en la gestión sostenible de los bosques y su papel multifuncional desde una perspectiva económica, social y medioambiental y debe garantizar una mejor coordinación y comunicación de las políticas de la Unión relacionadas directa o indirectamente con la silvicultura; observa, en este contexto, que la proliferación de iniciativas políticas europeas en ámbitos como la política económica y el empleo, la política energética y la política ambiental y climática exige una mayor contribución de la silvicultura;

2.

Subraya la necesidad de determinar de forma más sistemática el valor de los servicios ecosistémicos forestales y de tenerlo en cuenta en la toma de decisiones de los sectores público y privado;

3.

Señala que solo los bosques de montaña sanos y estables pueden ejercer plenamente sus funciones protectoras para las personas y la naturaleza contrarrestando el avance de avalanchas y corrientes de lodo y actuando como protectores naturales contra las inundaciones; subraya que los intercambios de información transfronterizos son especialmente indispensables en este contexto;

4.

Destaca, en este mismo contexto, que debe ponerse cortapisa a cualquier intento de incluir el sector forestal entre las competencias de la UE y que deben respetarse tanto su dimensión local y regional como las competencias de los Estados miembros en este ámbito, al tiempo que se busca la coherencia entre las competencias respectivas de la Unión Europea y los Estados miembros;

5.

Hace hincapié en que los bosques de la UE se caracterizan por una gran diversidad que incluye importantes diferencias en lo tocante a propiedad, tamaño, características y retos a los que se debe hacer frente;

6.

Subraya que la estrategia forestal de la UE debe tener presente que en algunos Estados miembros más de la mitad del territorio está cubierto de bosques, y que los bosques gestionados de forma sostenible revisten suma importancia para añadir valor a escala local y regional y garantizar puestos de trabajo en las zonas rurales, al tiempo que contribuyen de modo esencial a la protección del medio ambiente;

7.

Subraya la función especialmente valiosa que ejercen los bosques mixtos estables con especies de árboles autóctonas adaptadas a las condiciones locales, así como la función esencial que desempeñan en los ecosistemas y su contribución a la biodiversidad;

8.

Pide a los Estados miembros que apoyen a los propietarios forestales en sus esfuerzos por conservar y crear bosques mixtos autóctonos y habituales en la zona;

9.

Manifiesta su decepción por el hecho de que la estrategia propuesta no incluya como punto de referencia las condiciones laborales de los trabajadores forestales, y pide a la Comisión que tenga en cuenta criterios como una organización del trabajo inteligente, normas estrictas en materia de tecnología y empleos de calidad;

10.

Señala que actualmente trabajan en el sector forestal más de tres millones de ciudadanos europeos, y destaca que solo se logrará la competitividad a largo plazo del sector mediante una mano de obra cualificada;

11.

Considera que la estrategia forestal de la UE debe establecer unas condiciones que permitan a la UE contar con los servicios de formación pertinentes y con una mano de obra plenamente consciente de los desafíos y peligros actuales del sector, pero también de las normativas de seguridad inherentes a la gestión forestal;

12.

Destaca la necesidad de elaborar una estrategia conjunta global y holística, y celebra que se reconozcan el papel y los beneficios económicos, ambientales y sociales de los bosques y el sector forestal en la UE;

13.

Opina que este reconocimiento aporta una base sólida para respaldar el sector forestal de la UE, en particular en lo relativo a la prevención y gestión de las catástrofes forestales, la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos, el incremento de la competitividad, el estímulo del empleo, el refuerzo de las industrias forestales y la protección de las funciones ecológicas;

14.

Hace hincapié en el importante papel que desempeña la bioeconomía para respetar las nuevas prioridades de la Comisión en materia de crecimiento, empleo e inversión;

15.

Reconoce que la UE debe aportar una contribución apoyando las políticas nacionales en favor de una gestión forestal activa, multifuncional y sostenible, que incluya la gestión de distintos tipos de bosques, así como reforzando la cooperación frente a los retos transfronterizos, como los incendios forestales, el cambio climático, las catástrofes naturales o las especies exóticas invasoras;

16.

Considera que en la estrategia se debe prestar mayor atención al problema de las enfermedades de los árboles, como la «seca», que está produciendo estragos en las masas de alcornocales de Portugal, Francia y España y está afectando incluso a zonas de especial protección y a reservas de la biosfera;

17.

Destaca que el crecimiento previsto de la demanda de madera constituye tanto una oportunidad como un desafío para los bosques y todos los sectores conexos, en particular porque se espera que las sequías, los incendios, las tormentas y las plagas dañen los bosques con mayor frecuencia y gravedad como consecuencia del cambio climático; insiste, en este contexto, en la necesidad de proteger los bosques de estas amenazas crecientes y de conciliar sus funciones productivas y protectoras;

18.

Acoge favorablemente las medidas destinadas a incrementar la cubierta forestal, especialmente con especies nativas, en zonas no adecuadas para la producción de alimentos y, en particular, en la proximidad inmediata de las zonas urbanas, con el fin de mitigar los efectos adversos del calor, reducir la contaminación y mejorar los vínculos entre las personas y los bosques;

19.

Respalda plenamente los esfuerzos de la Comisión dirigidos a fomentar de manera sostenible el empleo y la prosperidad en el sector forestal europeo;

20.

Hace hincapié en la importancia que revisten la producción y el uso sostenibles de la madera y otros materiales forestales, como el corcho y los derivados de la madera, incluidas las fibras textiles, para el desarrollo de modelos económicos sostenibles y la creación de empleo verde;

21.

Pide a la Comisión que analice las dificultades de abastecimiento de los sectores siguientes de la cadena de producción derivadas del aumento de la demanda en los terceros países, en especial de troncos, y que apoye a este sector;

22.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen incentivos para alentar a los grupos de propietarios forestales constituidos por mujeres, cada vez más numerosos, a obtener asesoramiento y ayuda especiales para gestionar sus bosques de forma activa y sostenible;

23.

Destaca que aproximadamente el 60 % de los bosques de la UE son privados y que existen alrededor de 16 millones de propietarios privados, y reconoce, en este contexto, la importancia de la propiedad y de los derechos de propiedad y apoya todas las medidas que faciliten la participación de las asociaciones de intereses en el diálogo sobre el refuerzo y la aplicación de una gestión forestal sostenible y contribuyan a la mejora de los procesos de intercambio de información;

24.

Señala que los propietarios de los bosques son actores clave de las zonas rurales, y acoge con satisfacción, en este contexto, el reconocimiento del papel de la silvicultura y de la agrosilvicultura en el programa de desarrollo rural de la PAC para el período 2014-2020;

25.

Considera que la aplicación de la estrategia forestal de la UE sería más eficaz si se amparase en una coordinación adecuada con la financiación disponible de la Unión, incluida la procedente del Feader;

26.

Destaca la oportunidad que se presenta a los Estados miembros y las regiones para utilizar la financiación disponible en el marco de sus programas de desarrollo rural respectivos, respaldar una gestión forestal sostenible, impulsar la agrosilvicultura y proporcionar bienes públicos ambientales, como la producción de oxígeno, la absorción de carbono y la protección de los cultivos de los efectos del cambio climático, así como el estímulo de las economías locales y la creación de empleo verde;

27.

Reconoce la necesidad de mejorar el transporte y la logística para la gestión de bosques y la extracción de madera; pide a los Estados miembros, por consiguiente, que elaboren sistemas sostenibles de logística y explotación que tengan menos efectos negativos sobre el clima, incluido el empleo de camiones y barcos que utilicen biocombustibles sostenibles, así como el uso generalizado del ferrocarril; aboga por que se utilicen los Fondos Estructurales y los programas de desarrollo rural de la UE con estos fines;

28.

Reconoce el papel que desempeñan los bosques en la sociedad en lo tocante a la salud física y mental de los ciudadanos, así como el hecho de que los bienes públicos que proporcionan los bosques tienen un elevado valor ambiental y recreativo y contribuyen a la calidad de vida, especialmente en lo relativo al suministro de oxígeno, la fijación de carbono, la filtración del aire, el almacenamiento y la filtración de aguas, el control de la erosión y la protección de avalanchas, además de aportar un espacio para las actividades al aire libre;

29.

Aboga por que se establezcan enlaces de transporte público entre las zonas urbanas y los bosques a fin de facilitar el acceso a los bosques y a las superficies arboladas;

30.

Destaca la importancia que revisten otras actividades vinculadas a los bosques, como por ejemplo la recolección de productos forestales distintos de la madera como setas o bayas, así como el pastoreo y la apicultura;

31.

Pide a la Comisión que promueva las actividades económicas que puedan servir de fuente de materias primas para la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria y puedan utilizarse como alternativa para luchar contra el desempleo y la despoblación de las zonas rurales, y que promueva además los productos de esas actividades como beneficiosos para la salud humana;

32.

Destaca que el uso de la madera y de otros productos de madera aprovechada como materia prima renovable y respetuosa con el clima, por una parte, y la gestión sostenible de las masas forestales, por otra, desempeñan un importante papel en la consecución de los objetivos sociopolíticos de la UE, como la transición energética, la mitigación y la adaptación al cambio climático y en la realización de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y de los objetivos en materia de biodiversidad; observa que la inexistencia de una gestión forestal activa se contrapone a esos objetivos;

33.

Hace hincapié en que los bosques gestionados tienen una mayor capacidad de absorción de CO2 que los bosques no explotados, y destaca la importancia que reviste la gestión forestal sostenible para maximizar el potencial de fijación de carbono de los bosques de la UE;

34.

Cree que los bosques no deben ser considerados únicamente sumideros de carbono;

35.

Resalta la necesidad de garantizar el uso y la reutilización eficientes de los recursos forestales y materiales madereros como medio para reducir el déficit de la balanza comercial de la UE, mejorar la autosuficiencia de la UE en la producción de madera, impulsar la competitividad de su sector forestal, contribuir a la reducción de la gestión forestal no sostenible, proteger el medio ambiente y reducir la deforestación en países terceros;

36.

Apoya firmemente el uso eficiente de la madera como materia prima renovable y versátil de disponibilidad limitada, y se opone a la adopción de normas jurídicamente vinculantes que den prioridad a su utilización, ya que tal iniciativa no solo restringiría el mercado energético y el desarrollo de nuevos usos innovadores de la biomasa sino que además no sería viable en muchas zonas remotas y rurales, aunque solo sea por motivos relacionados con las infraestructuras;

37.

Aboga por un enfoque abierto y orientado al mercado y por la libertad de todos los operadores del mercado dando prioridad a la madera de origen local con el fin de minimizar la huella de carbono generada por el transporte internacional y de estimular una producción local sostenible;

38.

Considera imperativo que, habida cuenta de que algunos de los mayores recursos de biomasa de la Unión se encuentran en sus regiones menos pobladas y más remotas, la estrategia también tenga plenamente en cuenta las características específicas de esas regiones;

39.

Reconoce el valor de la madera para fines energéticos como medio para combatir la pobreza energética, contribuir a los objetivos de energía renovable del marco climático y energético para 2030 y crear nuevas oportunidades empresariales;

40.

Considera que la nueva estrategia forestal debe hacer posible una cooperación más intensa en torno a la cuestión de la estructuración del sector de la madera y la agrupación de los operadores para garantizar un mejor aprovechamiento del recurso forestal;

41.

Considera que una gestión forestal sostenible debe basarse en principios e instrumentos ampliamente aceptados y reconocidos, como criterios e indicadores para la gestión forestal sostenible que deban aplicarse en todo momento a la totalidad del sector, independientemente del uso final de la madera;

42.

Respalda la intención de la Comisión de elaborar, junto con los Estados miembros y las partes interesadas, un conjunto de criterios e indicadores ambiciosos, objetivos y demostrables para la gestión sostenible de los bosques, y subraya que dichos criterios deben adecuarse a los requisitos de la conferencia Forest Europe (Conferencia Ministerial para la Protección de los Bosques de Europa) (2), que constituye una plataforma paneuropea de información armonizada sobre la gestión forestal sostenible y sirve como base para la certificación de la sostenibilidad, teniendo en cuenta la diversidad de los tipos de bosque existentes en toda Europa;

43.

Reconoce que la creciente demanda de material forestal, debido principalmente al desarrollo de las energías renovables procedentes de la biomasa, hace necesarias nuevas medidas para incrementar la disponibilidad de madera garantizando una explotación sostenible de los bosques.

44.

Destaca los importantes progresos realizados en las negociaciones en curso en el marco de la conferencia Forest Europe con miras a una Convención de los Bosques de Europa (3) como un marco vinculante para el desarrollo de una gestión forestal sostenible y la consecución de un mejor equilibrio entre los intereses de la política forestal, y pide a los Estados miembros y a la Comisión que hagan todo lo posible para reanudar las negociaciones e impulsarlas hacia una conclusión positiva;

45.

Considera que los planes de gestión forestal u otros instrumentos equivalentes pueden constituir instrumentos estratégicos importantes para la aplicación de medidas concretas a nivel empresarial, para la planificación a largo plazo y para la aplicación de una gestión forestal sostenible en los bosques europeos; destaca, no obstante, que la aplicación de las medidas concretas contempladas en esos planes a nivel de empresa forestal debe seguir estando sujeta a la reglamentación nacional;

46.

Pide a los Estados miembros que, en consonancia con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, supervisen y promuevan la implantación de los planes de gestión forestal sin generar cargas administrativas innecesarias;

47.

Acoge favorablemente la clara separación entre los planes de gestión forestal y los planes de gestión en el marco de Natura 2000;

48.

Señala que los planes de gestión forestal solo son una condición para recibir fondos de la UE para el desarrollo rural en el caso de los beneficiarios cuyas empresas superan un determinado tamaño, y que los bosques que no llegan a ese umbral quedan exentos; señala asimismo que también pueden aprobarse otros instrumentos equivalentes;

49.

Pide, por lo tanto, a los Estados miembros que hagan pleno uso de esta flexibilidad que se ofrece al aplicar la legislación, especialmente en beneficio de los operadores de menor tamaño;

50.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen incentivos y apoyen los nuevos modelos de negocio, como las comunidades de producción, con miras a alentar a los pequeños propietarios forestales privados a que emprendan una gestión activa y sostenible de sus bosques;

51.

Sostiene que, con el fin de aplicar la estrategia adecuadamente, es fundamental contar con un plan de acción específico a largo plazo que haga hincapié en la importancia de la movilización y del uso sostenible de la madera forestal, con el objetivo de crear valor añadido y puestos de trabajo, al tiempo que se proporcionan medios de fortalecer a las empresas forestales privadas y apoyar la agrupación organizada de propietarios de bosques;

52.

Subraya que la gestión eficiente de los recursos debe incluir programas de ayuda para reforestar las superficies no aptas para la agricultura, así como para crear pantallas forestales;

53.

Considera que debe otorgarse prioridad a la aplicación práctica de la investigación, ya que el sector en su conjunto se puede beneficiar de nuevas ideas y la industria forestal se caracteriza por un gran potencial de crecimiento; que una mayor inversión en innovación para este sector puede generar nuevas oportunidades de producción y procesos industriales más eficientes que garanticen un uso más inteligente de los recursos disponibles y puedan minimizar los efectos negativos para los recursos forestales;

54.

Pide a la Comisión que evalúe, a la luz de las prioridades forestales y del trabajo de la madera, los programas europeos de investigación y desarrollo (Horizonte 2020) y el programa para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (COSME) y que desarrolle, en su caso, nuevos instrumentos diseñados específicamente para este sector, así como que promueva una investigación específica sobre soluciones rentables para productos de madera nuevos e innovadores a fin de respaldar el desarrollo de una bioeconomía sostenible basada en la madera;

55.

Se felicita por los beneficios que comporta el intercambio de las mejores prácticas y los conocimientos actuales sobre los bosques entre los Estados miembros y pide a los Estados miembros y a la Comisión que apoyen los intercambios entre la industria, los científicos y los productores;

56.

Destaca la importancia de que se respalden los programas marco de la UE para la investigación, el desarrollo y la innovación con vistas a la consecución de un crecimiento sostenible, productos con mayor valor añadido, tecnologías más limpias y un elevado grado de avance tecnológico, en particular en relación con los biocombustibles refinados y la construcción industrial con madera, pero también en los sectores de la automoción y textil;

57.

Recuerda que, según la Comisión, en 2009 la bioeconomía representaba un mercado cuyo valor se estimaba en más de dos billones de euros, proporcionaba veinte millones de puestos de trabajo y suponía el 9 % del empleo total de la UE;

58.

Señala que cada euro invertido en investigación e innovación en bioeconomía dentro del marco de Horizonte 2020 generará alrededor de diez euros de valor añadido; destaca que los bosques desempeñan una función crucial en la bioeconomía actualmente y lo seguirán haciendo en el futuro;

59.

Estima que debe impulsarse la sustitución de las materias primas basadas en el petróleo o intensivas en calor por la madera y los productos obtenidos de la explotación de la misma, en consonancia con los avances en la investigación y la tecnología, y que esto puede contribuir positivamente a aumentar los beneficios en términos de mitigación del cambio climático y de creación de empleo;

60.

Subraya la necesidad de realizar una evaluación de costes de toda la legislación de la UE que repercuta en las cadenas de valor de la industria forestal, con vistas a eliminar toda la burocracia innecesaria y gravosa, y crear un marco propicio para incrementar la competitividad del sector a largo plazo de manera sostenible, y respaldar asimismo el principio de que toda propuesta legislativa que afecte al sector forestal y su cadena de valor añadido debe sopesarse de forma exhaustiva mediante una evaluación de impacto;

61.

Considera que el desarrollo de la base de conocimientos relacionados con las masas forestales reviste una gran importancia, y que es indispensable disponer de información fiable con miras a aplicar la estrategia forestal;

62.

Toma nota de la disponibilidad de información y recursos de supervisión a través del programa Copernicus y otras iniciativas espaciales a escala europea y recomienda que se incremente la utilización de estos recursos y herramientas;

63.

Señala que los inventarios forestales nacionales constituyen un instrumento de seguimiento global para evaluar las existencias forestales y tienen en cuenta aspectos regionales a la vez que satisfacen las exigencias de reducción de la burocracia y los costes;

64.

Acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por la Comisión para crear un servicio europeo de información forestal basado en datos nacionales, así como las iniciativas dirigidas a mejorar la comparabilidad de los datos ya disponibles y de los nuevos, y, en este marco, aboga por que se refuerce el análisis de los datos relativos a la economía y el empleo en la silvicultura y el sector de la madera;

65.

Recomienda especialmente que se creen más conjuntos de datos a largo plazo para ayudar a entender las tendencias de la silvicultura y su adaptación al cambio climático;

66.

Considera que una mano de obra cualificada y bien formada resulta esencial para la aplicación satisfactoria de la gestión forestal sostenible y pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren medidas y, siempre que sea posible, se sirvan de los instrumentos europeos disponibles, como el Programa de Desarrollo Rural (Feader), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y los programas de educación europeos (ET2020), con miras a satisfacer la escasez de mano de obra cualificada en el sector forestal;

67.

Pide a la Comisión que apoye el desarrollo de campañas informativas para el sector destinadas a concienciar sobre las oportunidades que ofrece para luchar contra el desempleo y la despoblación, así como su atractivo para los jóvenes;

68.

Opina, por otra parte, que deberían desarrollarse programas de educación y formación profesional destinados en particular a los jóvenes y a los nuevos profesionales del sector, así como a los trabajadores actuales de la industria de la construcción para aumentar su conocimiento de las oportunidades que ofrece el empleo de la madera, con el fin de asegurar la transferencia de conocimientos sobre la gestión forestal y las industrias transformadoras vinculadas a dicho sector;

69.

Reconoce que una gestión sostenible durante todo el ciclo de vida de los productos forestales puede contribuir de forma significativa al logro de los objetivos de la economía verde, en particular los vinculados a las políticas de mitigación del cambio climático y de uso eficiente de los recursos;

70.

Considera que los Estados miembros deben promover el uso sostenible de los productos forestales en el sector de la construcción, incluida su aplicación a la construcción de casas más asequibles construidas a partir de materias primas generadas de forma sostenible;

71.

Señala la importancia de los usos tradicionales de alto valor que aún tienen un enorme potencial de crecimiento, como el uso de la madera en la construcción y el embalaje;

72.

Señala que los desarrollos tecnológicos actuales permiten la construcción de viviendas de gran capacidad hechas principalmente de madera que, por lo tanto, reducen de forma significativa las emisiones de CO2 del sector de la construcción;

73.

Subraya la divergencia de normas entre los diferentes Estados miembros sobre el uso de la madera en la construcción; pide, por tanto, un compromiso para adoptar normas de la UE que promuevan un uso más generalizado de la madera en la construcción;

74.

Pide a los Estados miembros que desarrollen iniciativas para respaldar la transferencia de conocimiento y tecnología y para utilizar plenamente los programas existentes de la UE de apoyo a la investigación y a la innovación en la silvicultura y en el sector forestal;

75.

Señala que existen vacíos importantes en la investigación científica y tecnológica relacionados con la adaptación de la silvicultura al cambio climático, incluida la investigación sobre el impacto del aumento de las plagas y de las enfermedades que constituyen una amenaza importante para los bosques y los sectores forestales de Europa;

76.

Anima a los Estados miembros y a la Comisión a que actúen para concienciar sobre el papel económico, ambiental y social de los bosques y la silvicultura europeos así como sobre la importancia de una bioeconomía forestal sostenible y de la madera como una de las materias primas renovables fundamentales de la UE;

77.

Considera importante impulsar la investigación científica orientada al uso racional de la biomasa y al desarrollo de cultivos energéticos de crecimiento rápido, y crear un modelo que ofrezca incentivos económicos para el uso de los residuos de la biomasa;

78.

Subraya que la gestión sostenible de los bosques tiene un impacto positivo sobre la biodiversidad y la mitigación del cambio climático y puede disminuir los riesgos de incendios forestales y la propagación de plagas y enfermedades;

79.

Subraya que la Unión ha acordado que se ponga fin, antes de 2020, a la pérdida de biodiversidad y a la degradación de los servicios ecosistémicos, incluida la polinización, que se mantengan los ecosistemas y sus servicios y que se haya recuperado, como mínimo, un 15 % de los ecosistemas degradados; añade que la Unión ha acordado también que la gestión de los bosques sea sostenible, que se protejan los bosques, su biodiversidad y los servicios que prestan y, en la medida de lo posible, se refuercen, y que se mejore la capacidad de resistencia de los bosques frente al cambio climático, los incendios, las tormentas, las plagas y las enfermedades; subraya, asimismo, la necesidad, por consiguiente, de desarrollar y aplicar una estrategia forestal renovada de la Unión que responda a las numerosas exigencias que se imponen a los bosques, aborde los beneficios que estos aportan y contribuya a un planteamiento más estratégico respecto a la protección y mejora de los bosques mediante su gestión sostenible, entre otros instrumentos (4)

80.

Señala que deberían estudiarse con mayor profundidad otras temáticas, como el problema de la superpoblación de herbívoros, la salud de los bosques y el fomento de la producción sostenible de madera, los recursos genéticos forestales (RGF), medidas para prevenir y luchar contra los incendios forestales y evitar la erosión del suelo, y la recuperación de la cubierta vegetal;

81.

Reconoce que la silvicultura de ciclo corto puede proporcionar biomasa de madera sostenible y ofrecer al mismo tiempo el mantenimiento necesario del territorio, reduciendo de este modo el riesgo de erosión del suelo y de deslizamientos de tierra de terrenos en barbecho o abandonados;

82.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas concretas para alcanzar el objetivo 5 de Aichi, que contempla que la tasa de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, se haya reducido al menos a la mitad en 2020 y, de ser posible, casi a cero, y que se hayan reducido considerablemente la degradación y la fragmentación;

83.

Insta a los Estados miembros a que conciban sus políticas forestales de manera que tengan plenamente en cuenta la importancia de los bosques en términos de proteger la biodiversidad, prevenir la erosión del suelo, asegurar la captación de carbono y la purificación del aire, y mantener el ciclo hidrológico;

84.

Observa que la bioeconomía, como un elemento esencial de un crecimiento inteligente y ecológico en Europa, es necesaria para la consecución de los objetivos de las iniciativas emblemáticas «Unión por la innovación» y «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» de la Estrategia Europa 2020, y que la madera como materia prima desempeña un importante papel en el progreso hacia una economía de base biológica;

85.

Hace hincapié en la necesidad de aclarar urgentemente cuáles son las consecuencias en términos de efecto invernadero de los distintos usos de la biomasa forestal para la obtención de energía y de identificar aquellos usos que pueden lograr la mayor mitigación en plazos compatibles con la política;

86.

Considera importante promover la aplicación del concepto de bioeconomía al tiempo que se respetan los límites de sostenibilidad del suministro de materias primas, para impulsar la viabilidad económica de las cadenas de valor forestales mediante la innovación y la transferencia de tecnología;

87.

Pide un mayor apoyo a los productos forestales diversos, garantizando que las distintas demandas de productos forestales se equilibran y evalúan con respecto al potencial de suministro sostenible y a las demás funciones y servicios ecosistémicos que proporcionan los bosques;

88.

Expresa una gran preocupación por el ritmo de deforestación mundial, especialmente en los países en desarrollo, que suele deberse a la tala ilegal;

89.

Apoya los mecanismos que fomentan el desarrollo mundial de la silvicultura con miras a una explotación más sostenible de los bosques, y se remite en particular al Reglamento de la UE sobre la madera (5), que tiene por objeto luchar contra la tala ilegal y la comercialización de madera ilegal en el mercado europeo importada de terceros países, al sistema de licencias aplicable a las importaciones de madera en la Unión Europea (FLEGT) (6), y a los correspondientes acuerdos voluntarios de asociación;

90.

Pide a la Comisión que publique la esperada evaluación del funcionamiento y la eficacia del Reglamento de la UE sobre la madera y subraya que un nuevo Reglamento debe ser proporcionado y contemplar formas de reducir los costes y los requisitos de notificación innecesarios para los propietarios de bosques y los silvicultores europeos sin comprometer el objetivo del Reglamento;

91.

Considera que, habida cuenta de los retos que suponen el calentamiento global y el cambio climático, los ecosistemas y las poblaciones de especies deben ser saludables, biológicamente diversos y sólidos para ser resistentes;

92.

Subraya las oportunidades que ofrecen los espacios Natura 2000, en los que, gracias a sus extraordinarios recursos naturales, es posible ofrecer de manera continuada productos y servicios forestales de alta calidad ambiental y cultural;

93.

Destaca la importancia de unos ecosistemas forestales saludables para ofrecer hábitats para animales y plantas, pero subraya que una legislación bienintencionada como la Directiva sobre hábitats de la UE afecta a las decisiones sobre gestión del suelo y debe aplicarse de forma proporcionada;

94.

Reconoce el papel de los bosques en el desarrollo de los sectores relacionados e insiste en este sentido en la importancia de apoyar a los cultivadores de árboles melíferos que contribuyen al proceso de polinización;

95.

Considera que determinadas problemáticas afectan a la industria forestal a escala mundial, en concreto la tala ilegal, por lo que pide a la Comisión que refuerce el apoyo al sector forestal en los correspondientes organismos internacionales;

96.

Observa que la demanda de biomasa, en particular de madera, está aumentando y, por ello, acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por la Comisión y los Estados miembros para apoyar a los países en desarrollo en sus acciones para mejorar las políticas y la legislación en materia forestal, en particular en el marco del programa REDD+ (7);

97.

Pide a la Comisión que elabore un plan de acción sobre deforestación y degradación forestal con el fin de abordar los objetivos fijados en su Comunicación sobre la deforestación, como se pide en el séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente; considera importante prever no solo la conservación y la gestión de los bosques existentes, sino también su reintroducción en antiguas zonas boscosas deforestadas;

98.

Considera importante hacer también una mención especial a la necesidad de realizar grandes reforestaciones en aquellas zonas que se han visto dañadas por reiterados incendios forestales;

99.

Recuerda que la aplicación de la estrategia forestal de la UE debe ser un proceso coordinado de varios años en el que se tenga en cuenta el parecer del Parlamento y que la estrategia debe llevarse a cabo de forma eficiente y coherente y con una burocracia mínima;

100.

Lamenta que el proceso de aplicación haya empezado parcialmente antes de que el Parlamento adoptara su posición, y considera que esta situación no está en consonancia con el objetivo de una mejor coordinación de las políticas forestales fijado por la Comisión en el texto de la estrategia;

101.

Considera que la nueva estrategia debe establecer vínculos entre las estrategias y los planes de financiación de la Unión Europea y de los Estados miembros, y mejorar la coherencia en materia de planificación, financiación y ejecución de las actividades intersectoriales;

102.

Pide una aplicación incluyente, bien estructurada y equilibrada de la estrategia;

103.

Considera, por tanto, que debe reforzarse el mandato del Comité Forestal Permanente y dotar a este órgano de mayores recursos con miras a que la Comisión pueda utilizar plenamente los conocimientos especializados de los Estados miembros al ejecutar en la UE la nueva estrategia forestal de la UE; pide a la Comisión que consulte con suficiente antelación al Comité Forestal Permanente sobre cualquier iniciativa o proyecto de texto que tenga una repercusión en la gestión de los bosques y el sector maderero;

104.

Hace hincapié en el importante papel que desempeña el Grupo de diálogo civil de la silvicultura y la producción de corcho y las demás partes interesadas, y pide que participen de manera adecuada en la aplicación de la estrategia;

105.

Opina que el carácter transversal de las cuestiones forestales requiere la cooperación interna de los distintos servicios de la Comisión cuando se considere cualquier medida que pueda afectar a la naturaleza específica de la gestión forestal sostenible y las industrias relacionadas; pide, por consiguiente, a la DG Medio Ambiente, a la DG Acción por el Clima, a la DG Agricultura y Desarrollo Rural, a la DG Energía, a la DG Investigación e Innovación y a las demás DG interesadas que colaboren estratégicamente para garantizar una aplicación eficaz de la estrategia mediante un incremento de la coordinación y la comunicación;

106.

Considera que, habida cuenta de las prioridades establecidas por la Comisión en materia de crecimiento, empleo e inversión, en la aplicación de la nueva estrategia forestal de la UE debe concederse también prioridad a la promoción de la competitividad y la sostenibilidad del sector forestal, al apoyo a las zonas rurales y urbanas, al desarrollo de la base de conocimientos, a la protección de los bosques y a la preservación de sus ecosistemas, al fomento de la coordinación y la comunicación, y al incremento del uso sostenible de la madera y de productos forestales distintos de la madera;

107.

Pide a la Comisión que complemente la estrategia con un plan de acción firme que contenga medidas específicas y que presente al Parlamento un informe anual sobre los progresos realizados en la aplicación de las acciones concretas de la estrategia;

108.

Aboga por la convocatoria de una comisión ampliada AGRI-ENVI-ITRE que permita llevar a cabo un debate equilibrado sobre los progresos realizados en el proceso de aplicación de la nueva estrategia forestal de la UE;

109.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

21.9.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 346/27

—

Vista la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea (COM(2013)0534),

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Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea (1),

—

Vista la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (COM(2012)0363),

—

Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (2),

—

Vista la propuesta de Reglamento sobre la Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust) (COM(2013)0535),

—

Vistos el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, los artículos 2, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la Resolución del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de las personas sospechosas o acusadas en los procesos penales,

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular sus artículos 86, 218, 263, 265, 267, 268 y 340,

—

Visto el artículo 99, apartado 3, del Reglamento,

—

Vistos el informe provisional de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0055/2015),

A.

Considerando que los datos recopilados y analizados por la Comisión han puesto de manifiesto la existencia de un presunto fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión con una cuantía media anual aproximada de 500 millones EUR, si bien hay razones serias para creer que el riesgo de fraude podría ascender a 3 000 millones EUR al año;

B.

Considerando que la tasa de imputación es baja (se sitúa en alrededor del 31 % en los ocho años comprendidos entre 2006 y 2013), en comparación con el número de recomendaciones judiciales formuladas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a los Estados miembros; considerando que uno de los objetivos de la Fiscalía Europea es compensar este desequilibrio;

C.

Considerando que es posible que algunos Estados miembros sean menos eficaces a la hora de detectar y perseguir por vía penal el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE, lo que conlleva un perjuicio para los contribuyentes de todos los Estados miembros de la UE que coadyuvan al presupuesto de la Unión;

D.

Considerando que, en su Resolución de 12 de marzo de 2014, el Parlamento pidió al Consejo que le permitiese una amplia participación en su trabajo legislativo a través de un flujo constante de información y una consulta regular al propio Parlamento;

E.

Considerando que el hecho de que existan diferentes jurisdicciones, tradiciones jurídicas, sistemas policiales y judiciales en los Estados miembros no debe obstaculizar ni socavar la lucha contra el fraude y los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión;

F.

Considerando que el terrorismo también está financiado por la delincuencia organizada, y que los grupos criminales recaudan fondos a través del fraude;

G.

Considerando que el artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite la ampliación de las competencias de la Fiscalía Europea para incluir otros delitos graves de carácter transnacional; considerando que el Consejo podrá tener en cuenta esta posibilidad en cuanto se haya establecido la Fiscalía Europea y ésta funcione correctamente;

1.

Reafirma su firme voluntad de abordar las prioridades para la creación de la Fiscalía Europea y determinar los principios y las condiciones con arreglo a los cuales podría conceder su aprobación;

2.

Reitera lo expuesto en su anterior informe provisional, cuya Resolución se aprobó el 12 de marzo de 2014, y desea completarlo y actualizarlo a la luz de la evolución reciente del debate en el Consejo;

3.

Pide al Consejo que garantice la transparencia y la legitimidad democrática manteniendo al Parlamento plenamente informado y consultándolo con frecuencia, y le insta a tener debidamente en cuenta sus puntos de vista a modo de requisito previo para asegurar la aprobación del Reglamento sobre la Fiscalía Europea;

4.

Recuerda que la Fiscalía Europea debería tener competencia en los delitos relacionados con el fraude contra los intereses financieros de la Unión; recuerda, en este contexto, que los delitos penales significativos deben exponerse en la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (la «Directiva PIF»); pide al Consejo, al tiempo que reconoce los avances realizados por los colegisladores en las negociaciones para aprobar la Directiva PIF, que renueve sus esfuerzos para lograr un acuerdo sobre dicha directiva, con miras a establecer la Fiscalía Europea;

5.

Opina que es necesario adoptar un enfoque innovador para investigar, acusar y llevar a juicio a los que cometen fraude respecto de los intereses financieros de la Unión, con objeto de incrementar la eficiencia de la lucha contra el fraude, la tasa de recuperación y la confianza de los contribuyentes en las instituciones de la UE;

6.

Estima que es crucial garantizar la creación de una única Fiscalía Europea que sea fuerte, independiente y capaz de investigar, acusar y llevar a juicio a los autores de delitos penales que afecten a los intereses financieros de la Unión, y opina que una solución menos contundente tendría consecuencias para el presupuesto de la Unión;

7.

Subraya que la estructura de la Fiscalía Europea debe ser totalmente independiente de los gobiernos nacionales y de las instituciones de la UE y estar protegida de la influencia y la presión políticas; pide, en consecuencia, apertura, objetividad y transparencia en los procedimientos de selección y nombramiento del fiscal jefe europeo, sus fiscales adjuntos, los fiscales europeos y los fiscales europeos delegados; considera que, para evitar cualquier conflicto de intereses, el puesto de Fiscal Europeo debe ser a tiempo completo;

8.

Hace hincapié en la importancia que reviste la participación del Parlamento en los procedimientos de nombramiento de fiscales europeos y propone que se opte por un concurso abierto para candidatos que cumplan los criterios necesarios de integridad, profesionalismo, experiencia y aptitudes; opina que los fiscales europeos deben ser nombrados por el Consejo y el Parlamento de común acuerdo basándose en una lista elaborada por la Comisión, tras una evaluación por parte de un tribunal independiente de expertos elegidos entre jueces, fiscales y juristas de renombre; opina que el Fiscal Jefe Europeo debe nombrarse con arreglo al mismo procedimiento tras una audiencia a cargo del Parlamento;

9.

Opina que los miembros del Colegio deben descartarse mediante resolución dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, previa petición del Consejo, de la Comisión, del Parlamento y/o del Fiscal Jefe Europeo;

10.

Hace hincapié en que los Estados miembros deben hacer partícipes a los órganos judiciales autónomos nacionales de los procesos de nombramiento de fiscales europeos adjuntos, de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales;

11.

Celebra la disposición que figura en el texto del Consejo en relación con el informe anual dirigido a las instituciones de la UE a fin de garantizar una evaluación continua de las actividades desarrolladas por el nuevo órgano; pide al Consejo que garantice que el informe anual contenga, entre otras cosas, datos sobre la voluntad de las autoridades nacionales para cooperar con la Fiscalía Europea;

12.

Opina que la reglamentación para regular la división jurisdiccional entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales debe estar definida claramente para impedir toda duda o interpretación equivocada en la fase operativa: la Fiscalía Europea debe ser competente para investigar e incoar procedimientos penales para los delitos que constituyan un fraude respecto de los intereses financieros de la Unión con arreglo a la Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal; opina que la Fiscalía Europea debe decidir primero si es de su competencia y abrir investigaciones propias ante las autoridades nacionales para evitar investigaciones paralelas que no son efectivas;

13.

Insiste en que las autoridades nacionales que llevan a cabo investigaciones sobre delitos que son competencia de la Fiscalía Europea deben estar obligadas a informar a la Fiscalía Europea de tales investigaciones; reitera la necesidad de que la Fiscalía General cuente con el derecho de encargarse de tales investigaciones cuando lo considere oportuno, con miras a garantizar la independencia y la eficacia de la Fiscalía;

14.

Reitera que las competencias de la Fiscalía Europea únicamente deben extenderse a otros delitos diferentes de aquellos que afectan a los intereses financieros de la Unión cuando, de forma acumulativa:

opina también que, en caso de desacuerdo entre la Fiscalía Europea y las fiscalías nacionales sobre el ejercicio de las competencias, la Fiscalía Europea debe decidir, a nivel central, quién llevará a cabo la investigación y el enjuiciamiento; opina, además, que el establecimiento de competencias con arreglo a dichos criterios siempre debe ser objeto de control judicial;

15.

Considera deplorable que los Estados miembros estén examinando la opción de una estructura colegiada en lugar de la opción de una estructura jerarquizada propuesta inicialmente por la Comisión Europea; opina, a este respecto, que las decisiones de enjuiciar, la elección de la jurisdicción competente, las decisiones de archivar un asunto o de reasignarlo y las decisiones sobre transacciones deben ser adoptadas en todos los casos a nivel central por las Salas;

16.

Subraya la conveniencia de que las Salas desempeñen un papel destacado en las investigaciones y los procedimientos penales incoados, y no limiten sus actividades a simples funciones de coordinación, sino que supervisen la labor que realizan sobre el terreno los fiscales europeos delegados;

17.

Expresa su preocupación respecto del vínculo directo entre un fiscal europeo de la oficina Central y un caso presentado en su propio Estado miembro, dado que esto podría dañar claramente la independencia de los fiscales y la distribución equitativa de los casos;

18.

Pide, por ello, que se adopte una organización racional de la carga de trabajo de la Fiscalía a nivel central; observa, a este respecto, que el sistema de asignación de los casos entre las Salas debe respetar unos criterios objetivos predeterminados; sugiere también que, en una fase posterior, se contemple la opción de una especialización específica de las Salas;

19.

Está convencido de que el personal de la Oficina Central de la Fiscalía Europea también garantizará que los sistemas policiales nacionales cuenten con los conocimientos, la experiencia y la pericia necesarios;

20.

Pide al legislador que garantice el establecimiento de unos procedimientos racionalizados para que la Fiscalía Europea obtenga las correspondientes autorizaciones para las medidas de investigación en los casos transfronterizos, de conformidad con el ordenamiento jurídico de los Estados miembros en los que se ejecute la medida en cuestión; recuerda que los colegisladores mostraron su acuerdo con respecto a los criterios de presentación por parte delos Estados miembros de las solicitudes de medidas de investigación basadas en el principio de reconocimiento mutuo de la Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia penal.; considera que estos mismos criterios deben aplicarse para que la Fiscalía Europea autorice las medidas de investigación, en concreto las relacionadas con los motivos de denegación;

21.

Pide al Consejo que garantice la admisibilidad de las pruebas que reúna la Fiscalía Europea respetando plenamente la legislación europea y nacional pertinente en toda la Unión, ya que es crucial para asegurar la eficacia de los procedimientos penales incoados, de conformidad con el artículo 6 del TUE, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos;

22.

Reitera la necesidad de que la Fiscalía Europea busque activamente todas las pruebas pertinentes, tanto inculpatorias como exculpatorias; insiste, además, en la necesidad de conceder a los sospechosos o acusados en las investigaciones emprendidas por la Fiscalía Europea algunos derechos en relación con las pruebas, en concreto:

23.

Opina, teniendo en cuenta las numerosas jurisdicciones para delitos transfronterizos que son competencia de la Fiscalía Europea, que es fundamental garantizar que los fiscales europeos, los fiscales europeos delegados y las autoridades fiscales nacionales respeten plenamente el principio ne bis in idem con respecto a los procedimientos penales incoados relacionados con delitos que son competencia de la Fiscalía Europea;

24.

Afirma que debe existir en todo momento el derecho a solicitar el control jurisdiccional respecto de la actividad de la Fiscalía Europea, y también reconoce la necesidad de que esta desempeñe su labor eficazmente; opina, por consiguiente, que las decisiones que adopte la Fiscalía Europea deben poder ser objeto de control judicial ante el tribunal competente; subraya que las decisiones adoptadas por las Salas, tales como la elección de jurisdicción para el enjuiciamiento, el archivo o reasignación de un asunto o las transacciones, deben ser objeto de control judicial ante los órganos jurisdiccionales de la Unión;

25.

Estima que, a efectos del control jurisdiccional de todas las medidas de investigación y otras medidas procesales que adopte la Fiscalía Europea en el desempeño de su función de enjuiciamiento, debe considerarse que la Fiscalía Europea es una autoridad nacional ante los tribunales competentes de los Estados miembros;

26.

Recuerda que la nueva Fiscalía debe realizar sus actividades dentro del pleno respeto de los derechos de las personas sospechosas o acusadas consagrados en el artículo 6 del TUE, en el artículo 16 del TFUE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en las medidas legislativas ya adoptadas a nivel de la Unión en relación con los derechos procesales de las personas sospechosas y acusadas en los procedimientos penales, y con la protección de los datos personales;

27.

Afirma que la futura directiva sobre asistencia jurídica debe aplicarse por igual a todas las personas sospechosas o acusadas que están siendo investigadas o enjuiciadas por la Fiscalía Europea; pide a los Estados miembros que, a falta de una directiva de la UE, garanticen un acceso efectivo a la asistencia jurídica de conformidad con las legislaciones nacionales correspondientes;

28.

Hace hincapié en que todas las personas sospechosas o acusadas que estén siendo investigadas o enjuiciadas por la Fiscalía Europea disfrutan del derecho a la protección de sus datos personales; subraya, a este respecto, el hecho de que el tratamiento de los datos personales llevado a cabo por la Fiscalía Europea debe ser conforme al Reglamento (CE) no 45/2001; pone de relieve que las disposiciones específicas sobre protección de datos que figuran en el Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea solo deben complementar y detallar las disposiciones que figuran en el Reglamento (CE) no 45/2001, y únicamente en la medida en que sea necesario;

29.

Reafirma su firme voluntad de crear una Fiscalía Europea y de reformar Eurojust, tal como ha previsto la Comisión en sus dos propuestas; pide a la Comisión que reajuste las estimaciones de la repercusión que tendría en el presupuesto la estructura colegial; pide que se aclaren las relaciones entre Eurojust, la Fiscalía Europea y la OLAF, a fin de diferenciar sus funciones respectivas en lo que respecta a la protección de los intereses financieros de la UE; pide al Consejo y a la Comisión que estudien la posibilidad de un enfoque integrado más sólido de estas agencias, en aras de una mayor eficacia de las investigaciones;

30.

Insta al Consejo a que siga estas recomendaciones y subraya que dichas condiciones son esenciales para que el Parlamento pueda dar su consentimiento al proyecto de reglamento del Consejo;

31.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

21.9.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 346/32

—

Vista la pregunta a la Comisión sobre la estrategia de la UE en materia de alcohol (O-000008/2015 — B8-0108/2015),

—

Visto el Reglamento (UE) no 282/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo a la creación de un tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2014-2020 y por el que se deroga la Decisión no 1350/2007/CE (1),

—

Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre la reducción de las desigualdades en salud en la UE (2),

—

Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que la Unión solo complementará la acción de los Estados miembros en materia de salud pública,

—

Visto el Informe anual de 2011 de la Plataforma de la UE sobre Alimentación, Actividad Física y Salud,

—

Vista su Resolución, de 5 de septiembre de 2007, sobre una estrategia de la Unión Europea para ayudar a los Estados miembros a reducir los daños relacionados con el alcohol (3),

—

Vistas las conclusiones de la reunión de los días 1 y 2 de diciembre de 2011 del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores sobre el tema «Subsanar las desigualdades sanitarias en el seno de la UE mediante una acción concertada para promover hábitos saludables de vida»,

—

Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que en algunos Estados miembros el consumo nocivo de alcohol es la segunda causa de enfermedad derivada del modo de vida y que la adicción al alcohol es un factor de riesgo para más de sesenta enfermedades crónicas, como las enfermedades hepáticas y la pancreatitis producidas por el alcohol, casi todas las demás enfermedades del aparato digestivo, cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, el conjunto de trastornos causados por el alcoholismo fetal y trastornos neuropsiquiátricos como la dependencia del alcohol;

B.

Considerando que las autoridades competentes de los Estados miembros están mejor preparadas para elaborar políticas individualizadas destinadas a evitar el abuso del alcohol entre sus ciudadanos;

C.

Considerando que existe una relación causal entre el consumo excesivo de alcohol y toda una gama de trastornos mentales y del comportamiento, otras enfermedades no transmisibles y lesiones;

D.

Considerando que los costes sociales que pueden atribuirse directa o indirectamente al alcohol se estimaron en 155 800 millones de euros en Europa en 2010, de los que la mayoría (82 900 millones de euros) no corresponden al sistema sanitario;

E.

Considerando que el consumo excesivo de alcohol es causa de 3,3 millones de muertes al año en todo el mundo, lo que equivale a un 5,9 % de las muertes; que, aproximadamente, el 25 % de todas las muertes de personas de edades comprendidas entre los 20 y los 39 años se deben al abuso del alcohol; que estas muertes suelen ser fruto de accidentes, de la violencia o de enfermedades hepáticas;

F.

Considerando que entre cinco y nueve millones de niños viven en familias perjudicadas por el consumo de alcohol;

G.

Considerando que no todo el consumo de alcohol tiene las mismas consecuencias, ya que depende en gran medida de los hábitos de consumo y, en particular, de los productos que se consumen y de cómo se consumen; que los hábitos y tendencias de consumo varían considerablemente entre las distintas regiones de la Unión Europea, observándose pautas subregionales significativas de consumo y de consecuencias para la salud relacionadas con un consumo nocivo de alcohol en toda la UE; que la diversidad social, cultural, geográfica y económica de los países de la UE hace necesario distinguir entre diferentes pautas y tendencias de consumo;

H.

Considerando que una política destinada a mitigar los daños relacionados con el alcohol y a apoyar el consumo de alcohol responsable, adaptada a las situaciones específicas locales y regionales, se traduciría en una reducción del gasto social y sanitario derivado de los efectos directos e indirectos de los perjuicios relacionados con el alcohol, como son la adicción, las enfermedades crónicas, la mortalidad, la violencia doméstica y los diversos costes asociados al abuso de alcohol; que una política de reducción de los daños relacionados con el alcohol debería contar con la participación no solo del sector sanitario sino de todas las partes interesadas, incluidas las asociaciones de ayuda a las personas afectadas por el alcoholismo, y ser plenamente coherente con los principios de subsidiariedad y de «salud en todas las políticas», garantizando al mismo tiempo mejoras importantes en la salud pública;

I.

Considerando que el consumo abusivo y nocivo de alcohol puede generar una adicción al alcohol, que debe tratarse con mayor atención y apoyo en los sistemas sanitarios de los Estados miembros;

J.

Considerando que debe hacerse hincapié en que algunos grupos son más propensos a adoptar conductas indeseables relacionadas con el consumo de alcohol, como por ejemplo los jóvenes, y que el 25 % de las muertes de hombres de entre 15 y 29 años y el 10 % de las muertes de mujeres jóvenes están relacionadas con el alcohol; que el consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes es una práctica cada vez más difundida en los Estados miembros, con modalidades especiales de consumo como el «botellón»; que, por lo general, el hígado de un hombre procesa el alcohol mucho más rápido que el de una mujer, de modo que las mujeres se convertirán en alcohólicas crónicas mucho antes y consumiendo menor cantidad de alcohol;

K.

Considerando que los daños relacionados con el alcohol tienden a ir asociados a una variedad de factores, como el nivel socioeconómico, el trasfondo cultural, las pautas de consumo y la influencia de los padres y del grupo, así como la medida y el nivel de aplicación y ejecución de políticas adecuadas en este sector; que el grado de vulnerabilidad en una sociedad puede ser en ocasiones tan distinto como el grado de vulnerabilidad entre las diferentes sociedades;

L.

Considerando que en algunas regiones de Europa la producción artesanal de bebidas alcohólicas constituye una piedra angular del turismo local;

M.

Considerando la repercusión de la publicidad y la mercadotecnia sobre el nivel de consumo de alcohol, sobre todo entre los jóvenes; que, para una protección efectiva del desarrollo físico, mental y moral de los niños y los menores, es fundamental la plena aplicación de la Directiva 2010/13/UE relativa a la prestación de servicios de comunicación audiovisual; que existe una correlación entre empezar a beber a una edad temprana y la probabilidad de tener problemas relacionados con el alcohol de adulto; que los instrumentos más eficaces para prevenir el consumo excesivo de alcohol por parte de los jóvenes son las campañas de educación, información y prevención; que, por tanto, la Comisión debe comenzar cuanto antes a elaborar una nueva estrategia europea en materia de alcohol que ayude a limitar su consumo excesivo, y que es preciso organizar una campaña de sensibilización para informar al público de los efectos perjudiciales del consumo de alcohol para la salud;

N.

Considerando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la necesidad de seguir ampliando conocimientos y actuando en temas como la relación entre el consumo de alcohol y el feto, el alcohol y las personas mayores, los impactos sobre las personas socialmente desfavorecidas, y la exclusión social relacionada con el abuso de alcohol;

O.

Considerando que existen distintos hábitos y tendencias de consumo de alcohol dentro de la Unión Europea que se reflejan incluso a escala local, debido principalmente a variaciones sociales, culturales, geográficas y económicas, y que comportan diferentes actitudes con respecto al consumo;

P.

Considerando que es necesario distinguir claramente entre el consumo responsable y el consumo nocivo de alcohol, y que el primero es compatible con un modo de vida saludable;

Q.

Considerando que aproximadamente uno de cada cuatro accidentes de tráfico puede atribuirse a la conducción bajo los efectos del alcohol y que al menos 5 200 personas pierden la vida cada año en la UE en accidentes de carretera relacionados con el alcohol; que la conducción bajo los efectos del alcohol sigue siendo la segunda causa de muerte en las carreteras de la UE;

R.

Considerando que muchos ciudadanos de la UE, en especial los jóvenes, están insuficientemente informados de los peligros que supone para la salud el consumo nocivo de alcohol y la adicción al mismo, y que la prevención y la concienciación resultan por tanto esenciales en el marco de la nueva estrategia europea en materia de alcohol; que la identificación temprana y el asesoramiento de las personas con hábitos perjudiciales de consumo de alcohol han resultado ser eficaces; que existe un gran margen de mejora en relación con la protección de los menores frente a la publicidad de bebidas alcohólicas;

S.

Considerando que el Reglamento (CE) no 178/2002, de 28 de enero de 2002 (4), concluye que un alimento debe considerarse inseguro si resulta perjudicial para la salud;

T.

Considerando que distintos grupos de edad evidencian diferentes hábitos de bebida, que hasta la fecha no se han evaluado de forma proporcional;

U.

Considerando que el Reglamento (UE) no 1169/2011, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor (5) excluye a las bebidas con un grado alcohólico volumétrico superior a 1,2 % de dos de sus disposiciones, a saber, las menciones obligatorias de la lista de ingredientes y de la información nutricional en el etiquetado; que, dada la naturaleza de los riesgos relacionados con el alcohol, es precisa no obstante una información exhaustiva sobre las bebidas alcohólicas;

V.

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) no 1169/2011, la Comisión debía presentar, a más tardar en diciembre de 2014, un informe que estudiase la conveniencia de aplicar el requisito de facilitar información sobre el valor energético en las bebidas alcohólicas y los motivos justificativos de posibles exenciones, así como, en su caso, una propuesta legislativa para determinar las normas para la lista de ingredientes o la información nutricional obligatoria respecto a dichos productos;

W.

Considerando que la estrategia de la UE en materia de alcohol ha ayudado a los Estados miembros a reducir los daños asociados al abuso de alcohol, en particular mediante el intercambio de las mejores prácticas en ámbitos como la protección de los jóvenes, la reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el alcohol, la educación para la sensibilización sobre el consumo de alcohol y la aportación de una base de datos común y un control a escala de la UE, así como mejorando la coordinación entre la Comisión y los Estados miembros, lo que en última instancia ha conducido a la elaboración, por parte del CNAPA, del Plan de acción sobre el consumo de alcohol en los jóvenes y el consumo masivo ocasional de alcohol (2014-2016);

X.

Considerando que la participación de una amplia variedad de partes interesadas tanto en el Foro Europeo sobre Alcohol y Salud como fuera de él ha estimulado la concepción de medidas concretas y mensurables destinadas a reducir los daños relacionados con el abuso del alcohol a escala local en toda la Unión Europea;

Y.

Considerando que el tercer programa de acción de la UE en el ámbito de la salud para el periodo 2014-2020 promueve la adopción de las mejores prácticas validadas en lo que respecta a medidas de prevención rentables centradas en los principales factores de riesgo, tales como el consumo excesivo de alcohol;

Z.

Considerando que la evaluación externa de la estrategia que se llevó a cabo en 2012 confirmó la pertinencia y la utilidad del planteamiento de la estrategia existente y de sus temas prioritarios;

1.

Señala que en la reunión del Comité sobre Políticas y Medidas Nacionales en materia de Alcohol (CNAPA), celebrada el 22 de octubre de 2013, la Comisión anunció su intención de trabajar en estrecha cooperación con los Estados miembros con miras al lanzamiento de un Plan de Acción europeo para reducir los daños relacionados con el alcohol; constata la adopción, en septiembre de 2014, de un Plan de Acción sobre consumo de alcohol entre los jóvenes y consumo masivo ocasional de alcohol (2014-2016), y pide a la Comisión que supervise la aplicación del mismo por parte de los Estados miembros;

2.

Pide a la Comisión que ofrezca orientación sobre la lucha contra los daños relacionados con el alcohol y prosiga su labor de apoyo a las autoridades competentes de los Estados miembros allá donde ello aporte valor añadido, sin perjuicio de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

3.

Subraya que reducir los problemas de salud, de seguridad y socioeconómicos que causa el alcohol exige actuar con respecto a la medida, los hábitos y los contextos de consumo de alcohol, así como con respecto a otros factores sociales asociados más amplios, tales como la educación y la organización de campañas de información;

4.

Pide a la Comisión que empiece a trabajar de inmediato en la nueva estrategia de la UE en materia de alcohol (2016-2022), conservando los mismos objetivos, con el fin de actualizar el marco reglamentario para ayudar a los Gobiernos nacionales a abordar los daños relacionados con el alcohol, para respaldar la vigilancia y la recopilación de datos fiables, para estimular la prevención, la promoción de la salud y la educación para la salud, el diagnóstico temprano, la mejora del acceso al tratamiento, el apoyo continuo a los afectados y sus familias, incluidos programas de asesoramiento, para reducir los accidentes de tráfico causados por la conducción bajo los efectos del alcohol y para establecer una distinción más clara entre los diferentes hábitos de consumo y los diferentes comportamientos y actitudes frente al consumo de alcohol;

5.

Considera que la actual estrategia de la UE destinada a ayudar a los Estados miembros a abordar los daños relacionados con el alcohol debe renovarse conservando básicamente el mismo formato y los mismos objetivos, a saber, abordar los daños relacionados con el alcohol a escala de los Estados miembros, estar orientada a la acción y fomentar un planteamiento multilateral participativo;

6.

Insta a la Comisión a que presente sin dilación el informe exigido por el Reglamento (UE) no 1169/2011, a más tardar para diciembre de 2014, estudiando la conveniencia de aplicar el requisito de facilitar información sobre los ingredientes e información nutricional en las bebidas alcohólicas, considerando en particular la incidencia en las PYME y la producción artesana;

7.

Insta a la Comisión a que solicite sin dilación a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que vuelva a examinar el uso del acetaldehído como aromatizante en bebidas alcohólicas y no alcohólicas;

8.

Destaca la urgente necesidad de mencionar claramente en el etiquetado, como mínimo, el contenido calórico de las bebidas alcohólicas y pide a la Comisión que presente la correspondiente propuesta legislativa antes del fin de 2016;

9.

Pide a la Comisión que empiece a trabajar de inmediato en la nueva estrategia de la UE en materia de alcohol (2016-2022), teniendo en cuenta el Plan de Acción del CNAPA y las conclusiones de la evaluación independiente de la estrategia de la UE para reducir los daños relacionados con el alcohol, a fin de garantizar un impacto duradero de los resultados obtenidos hasta la fecha y de apoyar a los Gobiernos nacionales en su lucha de largo recorrido contra los daños relacionados con el alcohol;

10.

Destaca que la complementariedad entre la legislación y los códigos de conducta relativos a la protección de los menores de las consecuencias negativas del consumo peligroso de alcohol resulta indispensable para garantizar la protección eficaz de los menores; pide a los Estados miembros que hagan cumplir estrictamente las normativas nacionales vigentes sobre limitación de edad para el consumo de alcohol y que estudien la necesidad de adoptar más requisitos jurídicamente vinculantes para garantizar la protección eficaz de los menores;

11.

Pide a los Estados miembros que apliquen políticas y tratamientos en sus sistemas sanitarios que tengan por objeto reducir la adicción de las personas al alcohol;

12.

Pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos por instruir al público en general, en particular a menores y mujeres embarazadas, sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol, y que legislen en consecuencia cuando sea necesario;

13.

Reconoce las diferencias de hábitos de consumo entre los Estados miembros, así como los aspectos culturales del consumo responsable de alcohol;

14.

Destaca la necesidad de una campaña informativa a escala europea que disuada a las mujeres embarazadas del consumo de alcohol y pide a la Comisión que examine los efectos del etiquetado en esta cuestión y que presente la correspondiente propuesta legislativa antes del fin de 2016;

15.

Insta a los Estados miembros, que son los principales responsables de la elaboración, aplicación y evaluación de las políticas de salud pública destinadas a reducir el consumo nocivo de alcohol, a que aprueben normativas estrictas sobre la comercialización de las bebidas alcohólicas, en particular con respecto a los menores;

16.

Pide a la Comisión que estudie la conveniencia de un etiquetado a escala de la UE que advierta a los consumidores de los peligros de la conducción bajo los efectos del alcohol;

17.

Pide a la Comisión que evalúe y, si fuera necesario, que reforme el papel y el funcionamiento del Foro Europeo sobre Alcohol y Salud, para garantizar que su composición represente verdaderamente a todas las partes interesadas pertinentes, de manera equilibrada, con una adecuada representación de los agentes económicos y las ONG, y para estimular y respaldar su participación en el Foro y su compromiso con el desarrollo de acciones concretas y eficaces para reducir el daño relacionado con el alcohol, así como para apoyar las medidas específicas oportunas a escala nacional, regional y local;

18.

Pide a la Comisión que introduzca mejoras operativas adicionales en la aplicación de la actual estrategia de la UE, tales como: la ampliación de la composición del Foro Europeo sobre Alcohol y Salud de modo que incluya a todas las partes interesadas pertinentes; el aumento de la interacción con el Comité sobre Políticas y Medidas Nacionales en materia de Alcohol a escala de la UE; el fomento de buenas prácticas para la formulación, el seguimiento y la evaluación de los compromisos; la recopilación de indicadores que proporcionen una visión objetiva, actualizada y realista de los hábitos de consumo y de los daños relacionados con el alcohol; y el apoyo de las medidas específicas oportunas a escala local, sobre la base del pleno respeto de las disposiciones fundamentales de los Tratados de la UE;

19.

Hace hincapié en que la nueva estrategia de la UE en materia de alcohol no debe fijar nuevos objetivos, sino respaldar los ya acordados en el contexto del plan de acción europeo de la OMS para 2012-2020 destinado a reducir el consumo nocivo de alcohol;

20.

Señala que una nueva estrategia de la UE puede contribuir decisivamente a ofrecer a los Estados miembros opciones de actuación basadas en pruebas, ya que corresponde a las entidades nacionales, regionales y locales utilizar el planteamiento más adecuado para reducir los daños relacionados con el alcohol; insta a la Comisión a que siga desempeñando la valiosa función de fomentar una investigación de calidad y compartir pruebas;

21.

Reitera la importancia de un compromiso político firme de la Comisión, el Parlamento, el Consejo y los Estados miembros de la UE para incrementar los esfuerzos por prevenir los daños relacionados con el alcohol y proporcionar una respuesta política, basada en pruebas adecuadas, que refleje los graves y variados impactos para la salud y socioeconómicos de los daños asociados al alcohol y su interrelación con otros factores de riesgo;

22.

Recuerda la importancia de unos objetivos mensurables y rigurosos y de unos mecanismos plurianuales adecuados para el seguimiento de los progresos a fin de garantizar la aplicación efectiva de la estrategia entre los Estados miembros; destaca la necesidad de supervisar la aplicación de las legislaciones nacionales relacionadas con el alcohol;

23.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen activamente la mejora de los indicadores, la recopilación de datos fiables, su comparabilidad y los análisis oportunos sobre el consumo de alcohol y sus consecuencias sociales y sanitarias, que destinen los recursos adecuados para reducir las cargas asociadas al abuso de alcohol y los costes directos e indirectos que suponen para la sociedad los daños relacionados con el alcohol, y que promuevan la integración efectiva de los datos pertinentes en las políticas de la UE y nacionales en materia de alcohol mediante una base común de datos comprobados;

24.

Insta a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para proteger a los jóvenes de los daños relacionados con el alcohol, en particular mediante el cumplimiento estricto de la legislación nacional relativa a los límites de edad vigentes y la adopción de disposiciones sobre publicidad responsable;

25.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en educación para que se haga hincapié en las consecuencias sociales y sanitarias del consumo nocivo de alcohol y se promuevan la moderación y la responsabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas;

26.

Subraya que no deben emplearse fondos públicos para promover el consumo de alcohol, a excepción de las medidas de promoción contempladas en los Reglamentos (UE) nos 1144/2014 y 1308/2013;

27.

Destaca la necesidad de que los Estados miembros implanten medidas de restricción de la venta de alcohol a quienes no alcancen la edad legal para adquirirlo, mediante controles regulares que se realicen especialmente en las inmediaciones de las escuelas; pide a la Comisión que regule debidamente la venta transfronteriza de alcohol en internet; pide a la Comisión y a los Estados miembros que lancen campañas de concienciación sobre los peligros del consumo masivo ocasional, dirigidas especialmente a los más jóvenes, y que redoblen los esfuerzos destinados a reducir el número de accidentes de tráfico relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol;

28.

Insta a la Comisión a que lleve a cabo un estrecho seguimiento de la aplicación de la Directiva 2010/13/UE sobre los servicios de comunicación audiovisual y a que estudie la conveniencia de revisar los aspectos relativos a la comercialización de alcohol entre menores y al patrocinio de bebidas alcohólicas con miras a reducir la exposición de los jóvenes a la comercialización de estos productos;

29.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión, así como a todas las partes interesadas pertinentes, que revisen y refuercen las campañas de sensibilización sobre el consumo nocivo de alcohol, dirigidas, especialmente, a mujeres embarazadas, y sobre el impacto del alcohol sobre el feto;

30.

Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que estudien medidas concretas para limitar el consumo de alcohol, sobre todo en los menores y en las personas que padecen trastornos graves, enfermedades crónicas o una fuerte dependencia en relación con el consumo del alcohol;

31.

Pide a la Comisión que mantenga en su estrategia el apoyo financiero para proyectos eficaces y con base científica que aborden los daños relacionados con el abuso del alcohol y la comprensión de las causas subyacentes al consumo excesivo de alcohol en el nuevo Programa de acción en el ámbito de la salud y en el Programa Horizonte 2020; pide asimismo a la Comisión que garantice que su apoyo financiero se destine únicamente a proyectos con una metodología científicamente fundamentada y cuyos gestores sean objetivos;

32.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión, así como a todas las partes interesadas pertinentes, que diversifiquen, adapten a los diferentes grupos de edad y refuercen sus campañas de sensibilización sobre los riesgos del consumo de alcohol para los diferentes grupos de edad, así como sobre la conducción y las consecuencias del alcohol sobre el tráfico;

33.

Pide a los Estados miembros que pongan en marcha medidas de sensibilización y educación destinadas a los jóvenes como parte de sus estrategias para prevenir el abuso y difundir las mejores prácticas;

34.

Pide a los Estados miembros que partan de la estrategia de la OMS en materia de alcohol y mejoren la detección precoz del consumo nocivo de alcohol en la atención primaria promoviendo la detección sistemática y garantizando unos servicios de apoyo adecuados para el tratamiento de los trastornos y las enfermedades crónicas vinculados al consumo de alcohol;

35.

Subraya que las reglamentaciones de las autoridades competentes de los Estados miembros deben contribuir a sensibilizar acerca de las consecuencias del abuso del alcohol, a facilitar la disponibilidad y el acceso a tratamiento para las personas que sufren trastornos asociados al consumo excesivo de alcohol y a poner en marcha programas de detección e intervenciones breves en casos de consumo nocivo y peligroso de alcohol; pide a los Estados miembros que cooperen con objeto de encontrar soluciones para apoyar a las personas que padecen trastornos graves, enfermedades crónicas o fuerte dependencia en relación con el consumo del alcohol, ayudarlas a recuperarse y poner fin a su situación de dependencia;

36.

Lamenta que en algunos Estados miembros se hayan recortado servicios esenciales de prevención y tratamiento del alcoholismo;

37.

Pide a los Estados miembros y a todas las demás partes interesadas pertinentes que continúen, intensifiquen y/o desarrollen políticas y medidas que promuevan unos modos de vida sanos, incluidos una alimentación correcta y el deporte y las actividades recreativas sanas, reconociendo al mismo tiempo que el disfrute moderado de bebidas alcohólicas es un componente importante de la vida cultural de muchos Estados miembros y no necesariamente debe entrar en conflicto con un modo de vida saludable;

38.

Pide a los Estados miembros que consideren detenidamente la conveniencia de introducir políticas nacionales destinadas a impedir la venta de alcohol muy barato, siempre y cuando dichas medidas garanticen la protección efectiva de la salud y respeten los principios de proporcionalidad y subsidiariedad y el futuro dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad de la política de precios mínimos del Gobierno escocés con el Derecho de la UE;

39.

Insta a los Estados miembros a que examinen su legislación y sus iniciativas vigentes en materia de información de los consumidores y de fomento de una adecuada cultura de consumo de alcohol, con miras a educar y concienciar a los ciudadanos sobre las consecuencias de un consumo nocivo de alcohol y reducir los daños relacionados con su abuso; recomienda, en concreto, a los Estados miembros que supervisen la publicidad de las bebidas alcohólicas y su repercusión en los jóvenes, y que tomen las medidas oportunas para limitar la exposición de estos últimos a este tipo de publicidad;

40.

Pide a la Comisión que evalúe la actual legislación europea por lo que respecta a la necesidad de mejorar la información de los consumidores sobre el alcohol, garantizando que los consumidores sean conscientes del contenido en alcohol y calórico sin por ello imponer barreras al mercado único; destaca la importancia de una información clara, concisa y eficaz sobre los efectos del consumo de alcohol y los riesgos que entraña para la salud; pide a la Comisión que considere la adopción de una etiqueta a escala de la UE que advierta a los consumidores de los peligros de las bebidas alcohólicas durante el embarazo y en la conducción;

41.

Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que elaboren estrategias adecuadas y que intensifiquen los controles para atajar el problema de la falsificación de alcohol y de las ventas de alcohol ilegales y en el mercado negro, que tienen efectos especialmente negativos para las capas sociales más desfavorecidas y para los jóvenes, y que protejan las indicaciones geográficas dentro de la Unión y a escala mundial a través de acuerdos comerciales internacionales;

42.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.

21.9.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 346/39

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Bangladés, y en particular las de 18 de septiembre de 2014 (1), 16 de enero de 2014 (2), 21 de noviembre de 2013 (3) y 14 de marzo de 2013 (4),

—

Vistas sus Resoluciones, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales (5), y sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional (6),

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Visto el Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y la República Popular de Bangladés sobre colaboración y desarrollo (7),

—

Visto el Pacto de sostenibilidad para la constante mejora de los derechos laborales y la seguridad en las fábricas en las industrias de la confección y de la ropa de punto en Bangladés,

—

Vista la declaración conjunta de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, y el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, con motivo del segundo aniversario de la tragedia del Rana Plaza,

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Vista la Declaración de Johannesburgo de las Naciones Unidas sobre el consumo y la producción sostenibles para promover el desarrollo económico y social,

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Vistos el Convenio de la OIT sobre el marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo (2006, C-187) y el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores (1981, C-155), que no han sido ratificados por Bangladés, así como sus respectivas recomendaciones (R-197); vistos asimismo el Convenio sobre la inspección del trabajo (1947, C-081), del que es signatario Bangladés, y sus respectivas recomendaciones (R-164),

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Visto el programa Better Work (Mejor Trabajo) de la OIT para Bangladés, puesto en marcha en octubre de 2013,

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Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681) y los resultados de la consulta pública sobre el trabajo de la Comisión relativo a la dirección de su política de responsabilidad social de las empresas a partir de 2014,

—

Vistas sus resoluciones de 6 de febrero de 2013 sobre la responsabilidad social de las empresas: comportamiento transparente y responsable de las empresas y crecimiento sostenible (8), y sobre la responsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora (9),

—

Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que establecen un marco para los gobiernos y las empresas en el ámbito de la protección y el respeto de los derechos humanos, aprobado por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2011,

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Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobada el 26 de junio de 2014, por la que se establece un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales,

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Vista la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo,

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Visto el Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción,

—

Vista la propuesta de la Comisión de un Reglamento por el que se establece un sistema de la Unión de diligencia debida en la cadena de suministro (COM(2014)0111) que incorpore a la legislación las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo,

—

Visto el proyecto de ley sobre la diligencia debida de las empresas matrices y de las principales empresas contratistas (no 2578), aprobado en primera lectura en la Asamblea Nacional francesa el 30 de marzo de 2015,

—

Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que, el 24 de abril de 2013, el Rana Plaza, un edificio de ocho plantas situado en Savar, a las afueras de Daca, que albergaba varias empresas de confección se derrumbó causando más de 1 100 víctimas mortales y unos 2 500 heridos; que el derrumbe del Rana Plaza fue la peor catástrofe industrial de Bangladés y el accidente por fallo estructural con mayor número de víctimas mortales de la historia reciente;

B.

Considerando que al menos 112 personas murieron en el incendio de la fábrica de Tazreen, en el distrito de Ashulia, en Daca, Bangladés, el 24 de noviembre de 2012; que los incendios en fábricas, los derrumbamientos de edificios y otros accidentes relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo no se circunscriben solo al sector de la confección en Bangladés sino que siguen siendo motivo de grave preocupación en otros países en desarrollo y en países menos desarrollados con una industria de la confección muy orientada a la exportación;

C.

Considerando que, tras la expiración del Acuerdo Multifibras y debido a la elevada intensidad en mano de obra del sector de la confección, algunos países en desarrollo como China, Bangladés, la India y Vietnam se han convertido en productores de importancia mundial; que Bangladés se había convertido en el segundo mayor exportador mundial de prendas de vestir después de China, con salarios que se situaban entre los más bajos de esta actividad, y que el sector textil representaba casi el 85 % de las exportaciones del país; que el 60 % de su producción textil se destina a la UE, que es el principal mercado de exportación de Bangladés;

D.

Considerando que el sector de la confección de Bangladés ofrece trabajo a unos cuatro millones de personas y garantiza indirectamente medios de subsistencia a nada menos que 40 millones de personas (cerca de la cuarta parte de la población de Bangladés); que el sector de la confección ha contribuido considerablemente a la reducción de la pobreza; que Bangladés ha dado grandes pasos para reducir la desigualdad de género en la sociedad y ha alcanzado el tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, relativo a la igualdad de género, y que la contribución del sector de la confección ha sido primordial, ya que de los 4 millones de trabajadores del sector, 3,2 millones son mujeres; que el empleo de las mujeres ha contribuido en muchos casos a su capacitación;

E.

Considerando que la reorganización del sector de la confección con arreglo al modelo de cadena de valor integrada ha supuesto que solo pueden asegurarse los pedidos mejorando la productividad y reduciendo aún más los costes, lo que coloca a la mano de obra de Bangladés y otros países en desarrollo en una situación de gran vulnerabilidad; que Camboya y Sri Lanka, cuyas economías dependen en gran medida del sector de la confección, han experimentado una reducción de salarios a pesar del pronunciado aumento de las instalaciones de producción y del empleo; que el salario mínimo de Bangladés aumentó considerablemente después de la catástrofe del Rana Plaza, pero aún está lejos del nivel que se considera adecuado para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores;

F.

Considerando que, según varios informes, entre 2006 y principios de 2013 murieron más de 600 trabajadores del sector de la confección en incendios de fábricas en Bangladés, y que, según la información procedente de organizaciones de defensa de los derechos humanos, ninguno de los propietarios o directivos de las plantas industriales ha sido llevado ante los tribunales;

G.

Considerando que el edificio del complejo Rana Plaza que se derrumbó se había construido de forma ilegal y no cumplía las normas de seguridad; que tras la catástrofe se cerraron definitivamente en Bangladés 32 fábricas por riesgo grave de seguridad y otras 26 se cerraron parcialmente; que sigue habiendo un número importante de fábricas que aún tienen que mejorar su situación para alcanzar un nivel aceptable; que la OIT apoya la iniciativa del Gobierno de Bangladés de llevar a cabo inspecciones de la seguridad estructural, contra incendios y eléctrica de unas 1 800 fábricas de prendas de vestir, muchas de las cuales son edificios comerciales o residenciales reconvertidos;

H.

Considerando que, el 24 de abril de 2013, los representantes del Gobierno de Bangladés, de fabricantes nacionales del sector textil y de marcas internacionales del sector de la confección, así como los sindicatos nacionales e internacionales y diversas ONG internacionales firmaron el Memorando de entendimiento sobre un acuerdo práctico para las indemnizaciones a las víctimas del accidente del Rana Plaza y a sus familias (Fondo Fiduciario de Donantes), destinado a compensar a las víctimas del desastre y a sus familias; que el importe establecido para satisfacer los costes de todas las reclamaciones es de 30 millones de dólares estadounidenses; que, en el momento del segundo aniversario del desastre, el importe total recaudado mediante las contribuciones voluntarias de las empresas era de unos 27 millones de dólares, con lo que quedan por cubrir 3 millones;

I.

Considerando que la compensación financiera representa una ayuda económica fundamental y que si el fondo sigue sin financiarse en su totalidad no se podrán pagar los gastos médicos de las víctimas que necesitan atención médica a largo plazo; que el Parlamento Europeo ha constado que, lamentablemente, el acuerdo voluntario de compensación a través del Fondo Fiduciario de Donantes no ha alcanzado su objetivo y ha observado que un mecanismo obligatorio sería más beneficioso para los supervivientes y las familias de las víctimas;

J.

Considerando que, como consecuencia del trágico accidente del Rana Plaza y del clamor social que provocó, así como de los llamamientos del Parlamento Europeo para que se tomaran medidas, la UE, en colaboración con el Gobierno de Bangladés y la OIT, puso en marcha el 8 de julio de 2013 el Pacto de sostenibilidad para la constante mejora de los derechos laborales y la seguridad en las fábricas en la industrias de la confección y de la ropa de punto en Bangladés («Pacto de Sostenibilidad»), en el marco del cual Bangladés se comprometió a mejorar las normas y las condiciones laborales en el sector de la confección nacional;

K.

Considerando que, antes del accidente, Bangladés solo disponía de 92 inspectores para controlar aproximadamente cinco mil fábricas del sector de la confección y otros sectores en el país; que el Gobierno de Bangladés se había comprometido a contratar a otros 200 inspectores antes de que finalizara 2013;

L.

Considerando que en la primera revisión del Pacto, que tuvo lugar en octubre de 2014, se llegó a la conclusión de que, a pesar de los considerables avances, el Gobierno de Bangladés aún debía tomar medidas importantes, en particular en lo que se refiere a la mejora y la aplicación de la Ley del Trabajo, la mejora de los derechos laborales en las zonas francas industriales y la contratación de nuevos inspectores de trabajo; que la segunda revisión del Pacto tendrá lugar en el otoño de 2015;

M.

Considerando que la Ley del Trabajo de Bangladés se modificó en julio de 2013; considerando que, si bien esta Ley incluye algunas reformas positivas, por ejemplo en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, sigue sin atenerse a las normas internacionales en lo que se refiere a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, como subraya la Comisión de Expertos de la OIT en sus comentarios sobre los Convenios no 87 y no 98, ya que presenta limitaciones al derecho a elegir a representantes con total libertad, numerosas limitaciones al derecho de huelga y amplios poderes administrativos para cancelar el registro de sindicatos; y considerando asimismo que el Gobierno ha afirmado en reiteradas ocasiones que no tiene intención de examinar la posibilidad de introducir nuevas enmiendas;

N.

Considerando que, el 13 de mayo de 2013, varias corporaciones de confección, sindicatos internacionales y locales, ONG y grupos defensores de los derechos de los trabajadores firmaron el Acuerdo sobre seguridad y protección contra incendios de edificios en Bangladés, y que, el 9 de julio de 2013, se estableció la Alianza para la seguridad de los trabajadores de Bangladés, que abarca a veintiséis marcas en su mayoría norteamericanas, pero en la que no participa ningún sindicato; que hasta la fecha han firmado el Acuerdo 175 marcas de moda y comercio minorista; que el Acuerdo y la Alianza han llevado a cabo inspecciones en las 1 904 fábricas que producen artículos para la exportación;

O.

Considerando que el Gobierno de Bangladés aún no ha adoptado las normas y los reglamentos de desarrollo de la Ley del Trabajo, pese a sus reiteradas promesas en ese sentido, en la última de las cuales se afirmaba que la adopción tendría lugar en el verano de 2015; que la aplicación de la Ley es una condición necesaria para que Bangladés pueda adherirse al programa Better Work (Mejor Trabajo) de la OIT y para la entrada en funcionamiento del programa de formación en el marco del Acuerdo;

P.

Considerando que, en Bangladés, el 10 % de la mano de obra del sector de la confección trabaja en las zonas francas industriales; que en julio de 2014 el Consejo de Ministros aprobó una nueva ley sobre el trabajo en las zonas francas industriales, pero que dicha Ley aún dista mucho de conceder a esos trabajadores derechos análogos a los reconocidos en el resto del país; que, aunque la prohibición de las huelgas expiró el 1 de enero de 2014, las Asociaciones para el Bienestar de los Trabajadores no tienen los mismos derechos y privilegios que los sindicatos;

Q.

Considerando que desde principios de 2013 se han inscrito unos trescientos nuevos sindicatos en el sector de la confección; que en 2014 se rechazaron 66 solicitudes, es decir, el 26 % de las presentadas; que la discriminación contra los sindicatos sigue siendo un problema muy grave y cada vez mayor; que los sindicatos afirman que el Gobierno de Bangladés está impidiendo activamente que los trabajadores y empresarios que desean crear sus propios comités de seguridad, como prevé el Acuerdo, procedan a hacerlo;

R.

Considerando que Bangladés ocupa el puesto 136 de un total de 177 en el Índice de Transparencia, y que la corrupción es un mal endémico en la cadena mundial de suministro del sector de la confección y afecta a los estamentos políticos y a las corporaciones locales y multinacionales;

S.

Considerando que, según el Consorcio de Derechos de los Trabajadores, el precio de fabricación de cada una de los siete mil millones de prendas que Bangladés vende cada año a las firmas occidentales aumentaría menos de diez céntimos si las cinco mil fábricas de ropa del país aplicaran las normas de seguridad occidentales en un plazo de cinco años; que no existen indicios de que los precios de las prendas de vestir y los artículos textiles hayan aumentado en los dos últimos años;

T.

Considerando que el sector de la confección está dominado de forma preponderante por grandes minoristas, fabricantes con marca propia y distribuidores que controlan las redes mundiales de producción y determinan directamente las especificaciones de la oferta; que, en el contexto de un sector globalizado, en muchos casos los fabricantes de prendas de vestir y artículos textiles no tienen más opción que aceptar precios más bajos, aumentar los niveles de calidad, reducir los plazos de entrega, disminuir las cantidades mínimas y asumir el máximo de riesgos; que existen graves deficiencias de transparencia y trazabilidad en la cadena mundial de suministro; que el trabajo digno en la cadena mundial de suministro será un punto clave del orden del día de la Conferencia de la OIT de 2016;

U.

Considerando que, tras la catástrofe, se ha observado una demanda sin precedentes por parte de los consumidores europeos para obtener más información acerca del origen de los productos y las condiciones de producción; que los ciudadanos europeos han presentado innumerables peticiones y han organizado campañas para solicitar una mayor responsabilidad de las marcas de ropa para asegurarse de que sus productos se fabrican de una manera ética;

V.

Considerando que, en su calidad de país menos avanzado, Bangladés se beneficia de un acceso sin aranceles ni cuotas al mercado de la UE para todos sus productos en el marco de la iniciativa «Todo menos armas», que cubre el 55 % de las exportaciones de Bangladés, en su mayoría artículos textiles y de confección, y debe, por tanto, garantizar la aplicación efectiva de una serie de convenios fundamentales de las Naciones Unidas y de la OIT relacionados con los derechos humanos y laborales;

1.

Recuerda, con ocasión del segundo aniversario de la tragedia del Rana Plaza, a las víctimas de una de las catástrofes industriales más devastadoras de la historia; transmite una vez más sus condolencias a las familias de las víctimas y a quienes resultaron heridos o discapacitados; destaca que estas pérdidas de vidas se podrían haber evitado con unos sistemas de seguridad laboral mejores;

2.

Recuerda que el Comité de Coordinación Rana Plaza estableció el Fondo Fiduciario de Donantes Rana Plaza para recoger donaciones voluntarias de las empresas a fin de compensar a las víctimas y a sus familiares; lamenta que, en abril de 2015, de los 30 millones de dólares estadounidenses del total de las compensaciones, aún queden por cubrir 3 millones, e insta a las marcas internacionales que se proveían en el Rana Plaza o tienen vínculos importantes con Bangladés, al Gobierno de Bangladés y a la BGMEA (asociación de fabricantes y exportadores de confección Bangladés) que garanticen que todas las compensaciones que se adeudan sean distribuidas sin demora;

3.

Denuncia que cerca de una tercera parte de las empresas que se considera que tienen vínculos con estas fábricas, como Adler Modemarkte, Ascena Retail, Carrefour, Grabalok, J.C. Penney, Manifattura Corona, NKD, PWT o YesZee, aún no han pagado al Fondo Fiduciario; lamenta profundamente que, tras meses de estancamiento, Benetton tan solo haya aportado 1,1 millones de dólares al Fondo Fiduciario de Donantes Rana Plaza, a pesar de que la contribución necesaria estimada es mucho más elevada sobre la base de su capacidad para pagar y el nivel de su participación en el Rana Plaza; lamenta, asimismo, que cada una de las marcas vinculadas al Rana Plaza haya realizado donaciones insuficientes y que, por tanto, no haya asumido sus responsabilidades con las víctimas, incluidas marcas como Mango, Matalan e Inditex, que se han negado a hacer públicas sus donaciones, y otras como Walmart y The Children’s Place, que solo han contribuido con un importe mínimo;

4.

Señala que la compensación por el incendio de la fábrica de Tazreen está siendo objeto de negociación sobre las mismas bases que el Acuerdo Rana Plaza; lamenta profundamente los retrasos que se están produciendo y pide que las compensaciones se abonen a tiempo;

5.

Acoge con satisfacción los pasos que se están dado hacia el establecimiento de un régimen nacional permanente de seguro de accidentes en el lugar de trabajo, y alienta al Gobierno de Bangladés a que cumpla su compromiso, adquirido en el marco del Plan de Acción Nacional Tripartito, al respecto; pide a la Comisión que, cuando proceda, apoye estos esfuerzos, pero señala que, mientras no se completen las medidas de compensación en curso, esto seguirá suponiendo un obstáculo a los progresos en este ámbito;

6.

Pide a la Comisión, a los Gobiernos de la UE y a otras partes interesadas que consideren la posibilidad de proponer marcos obligatorios que velen por que el acceso a la reparación y la compensación se base en las necesidades y la responsabilidad, y no solo en la capacidad de estigmatización de ciertos grupos de presión para señalar y poner en evidencia o en los esfuerzos voluntarios de las empresas;

7.

Se felicita de la iniciativa dirigida por la UE de poner en marcha el Pacto, con el fin de garantizar un nuevo comienzo en lo que se refiere a la salud y la seguridad en el trabajo, las condiciones laborales, el respeto de los derechos laborales y la promoción de un comportamiento responsable de las empresas en la industria de la confección de Bangladés;

8.

Toma nota de las conclusiones de la primera revisión del Pacto, efectuada en octubre de 2014, según las cuales las autoridades de Bangladés han avanzado adecuadamente, y reconoce la contribución del Pacto a la mejora de la salud y la seguridad en las fábricas, así como de las condiciones laborales en el sector de la confección; insta, no obstante, al Gobierno de Bangladés a que refuerce su nivel de compromiso para cumplir eficazmente todos los compromisos asumidos en el Pacto, como cuestión de máxima prioridad; confía en que, antes de la segunda revisión del Pacto, que tendrá lugar en octubre de 2015, se pueda alcanzar un progreso sustancial en todas las cuestiones laborales y de seguridad, en particular, en materia de derechos laborales, inspecciones de trabajo, salarios dignos, integridad estructural de los edificios, salud y seguridad en el trabajo y comportamiento responsable de las empresas;

9.

Toma nota de las medidas adoptadas por Bangladés para modificar su Ley del Trabajo tras la catástrofe del Rana Plaza, con el refuerzo de los derechos fundamentales en los ámbitos de la salud y la seguridad en el trabajo y de los derechos laborales; lamenta que no se abordaran algunas restricciones a la libertad de asociación de los trabajadores y que la Ley siga sin atenerse a los convenios fundamentales de la OIT;

10.

Insta al Gobierno y al Parlamento de Bangladés a que, en consonancia con los compromisos previstos en el Pacto, adopten, como cuestión de máxima prioridad, las normas y reglamentos necesarios para garantizar la aplicación efectiva de la Ley, consultando plenamente con el Consejo Consultivo Tripartito, y teniendo particularmente en cuenta los Convenios no 87 y no 98 de la OIT relativos a la libertad de asociación y a los convenios colectivos;

11.

Se muestra preocupado por la situación en las zonas francas industriales, en las que los sindicatos siguen estando prohibidos y las condiciones de trabajo y las normas de salud y seguridad son deficientes, e insiste en que esos trabajadores deben disfrutar de las mismas libertades legales fundamentales y de normas de seguridad similares a las del resto de los trabajadores del país; lamenta profundamente que el proyecto de ley sobre el trabajo en las zonas francas industriales siga prohibiendo a los trabajadores constituir sindicatos en dichas zonas, y pone de relieve que las Asociaciones para el Bienestar de los Trabajadores no tienen en modo alguno derechos y privilegios comparables a los de los sindicatos; insta al Gobierno de Bangladés a que amplíe plenamente de forma inmediata la Ley del Trabajo a las zonas francas industriales;

12.

Acoge con satisfacción el aumento del salario mínimo en el sector de la confección en un 77 %, es decir, de 35 euros a 62 euros mensuales, y alienta a que se aplique de forma más general; señala, sin embargo, que en la práctica el salario mínimo en el sector textil sigue distando mucho de cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y que, para cubrirlas, se debería aumentar, como mínimo, a 104 euros, y pide al Gobierno de Bangladés que, previa consulta plena con los sindicatos y los trabajadores, establezca un salario mínimo que les permita vivir; insta, además, al Gobierno a que garantice que todas las fábricas de confección pagan realmente los salarios debidos;

13.

Celebra la inscripción de unos 300 nuevos sindicatos en el sector de la confección desde principios de 2013, lo que supone una duplicación del número en el sector, pero muestra su preocupación por que en 2014 y en 2015 se haya ralentizado el proceso de inscripción; alienta a las autoridades de Bangladés a que sigan la positiva tendencia inicial con miras a cumplir el objetivo de conseguir una representación adecuada de cuatro millones de trabajadores en el sector de la confección;

14.

Expresa su honda preocupación por las informaciones que apuntan a que sindicatos de nueva creación han sido objeto de discriminación, despidos y represalias; muestra su consternación por la discriminación generalizada contra los sindicatos, puesta de manifiesto en actos bien documentados de amenaza, hostigamiento y violencia física contra representantes de los trabajadores, entre otros, el asesinato del dirigente sindical Aminul Islam; insta al Gobierno de Bangladés a que actúe de forma eficaz contra las prácticas laborales injustas, aplicando las medidas necesarias para prevenir, investigar y juzgar sin dilación y con transparencia las infracciones, con el fin de poner fin a la impunidad y llevar a los asesinos de Aminul Islam ante la justicia; tiene el convencimiento de que una formación y una concienciación adecuadas en materia de derechos laborales es un método efectivo para reducir la discriminación contra los sindicatos;

15.

Considera que la existencia de estructuras sindicales democráticas desempeña un papel importante en la consecución de mejores normas de salud y seguridad, por ejemplo el desarrollo continuo de comités de seguridad dirigidos por los trabajadores en todas las fábricas; destaca asimismo la importancia de que los sindicatos accedan a las fábricas para impartir formación a los trabajadores sobre la protección de sus derechos y de su seguridad, incluido su derecho a rechazar trabajos no seguros;

16.

Acoge con satisfacción el compromiso asumido por el Gobierno de Bangladés de remodelar el departamento de inspección de fábricas y empresas (DIFE), que se prevé que tenga 993 empleados y 23 oficinas de distrito, la mejora de sus servicios de inspección en enero de 2014 y la adopción de una política nacional en materia de salud y seguridad, así como de normas armonizadas para las inspecciones de salud y seguridad; pide a la Comisión y a los socios internacionales que proporcionen asistencia técnica e intercambien las mejores prácticas para contribuir a la modernización del DIFE; pide al Gobierno de Bangladés que cumpla sus compromisos en materia de inspección de trabajo y respete el Convenio no 81 de la OIT; acoge con satisfacción el cierre de las fábricas que no cumplían las normas de seguridad;

17.

Sigue preocupado por las acusaciones de corrupción endémica en Bangladés entre inspectores de sanidad y seguridad y propietarios de fábricas, y pide que se hagan más esfuerzos para combatir estas prácticas;

18.

Comprende las dificultades para avanzar en la contratación de inspectores, debido a la necesidad de impartir una formación adecuada y fijar una norma única y procedimientos operativos armonizados antes de la entrada en funciones; lamenta, no obstante, que el objetivo de contratar a 200 nuevos inspectores antes finales de 2013 siga sin cumplirse, ya que la cifra actual es de 173, y pone de relieve que la cifra de 200 inspectores es muy inferior a la necesaria para supervisar un sector de cuatro millones de trabajadores;

19.

Acoge con satisfacción que los representantes del Acuerdo y la Alianza hayan concluido las inspecciones de todas las fábricas de su competencia y hayan ultimado más de 400 planes de medidas correctoras; insta al Gobierno de Bangladés a que complete esta actuación inspeccionando sin demora las fábricas de su competencia y adopte las acciones correctivas oportunas; apoya la importante labor de la OIT para contribuir a lograrlo; acoge con satisfacción el compromiso de los fabricantes que desean mejorar sus condiciones, y pide a todas las partes interesadas que garanticen la correcta aplicación de los planes de medidas correctoras;

20.

Celebra que, actualmente, más de 250 marcas de moda y comercio minorista producidas en el sector de la confección de Bangladés hayan firmado el Acuerdo o la Alianza para coordinar esfuerzos y contribuir a mejorar la seguridad de las fábricas de Bangladés que les suministran; alienta, en este contexto, a que otras empresas, incluidas pymes, se adhieran al Acuerdo; subraya la necesidad de una participación adecuada de todas las partes interesadas a fin de lograr la aplicación efectiva del Acuerdo, y alienta a que este ejemplo se replique en otros países de alto riesgo;

21.

Alienta a los representantes del Acuerdo y la Alianza que mejoren su cooperación e intercambien sistemáticamente los informes sobre inspecciones de fábricas para evitar la duplicación del trabajo y las normas divergentes; pide asimismo a los representantes de la Alianza que publiquen sus informes en bengalí, también en línea, e incluyan imágenes, para que sean accesibles a todos los habitantes del país;

22.

Considera que los minoristas internacionales y los fabricantes con marca propia son en gran parte responsables, en el marco de los actuales modelos de producción, de que en los países productores se pongan obstáculos a la mejora de los salarios y las condiciones laborales; está convencido de que podría crearse una estructura de mercado y unas condiciones sociales más justas si esas empresas garantizaran en todas sus cadenas de suministro el pleno respeto de las normas fundamentales del trabajo de la OIT, de las normas, reconocidas internacionalmente, de responsabilidad social de las empresas, en especial las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, actualizadas recientemente, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma orientativa de la Organización Internacional de Normalización ISO 26000 sobre responsabilidad social, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; acoge con satisfacción la iniciativa emblemática de la Comisión sobre la gestión responsable de la cadena de suministro en el sector de la confección, teniendo en cuenta las iniciativas nacionales existentes, como las de Alemania, los Países Bajos, Dinamarca y Francia, y considera que la UE tiene la capacidad y la obligación de ser un paladín mundial de la responsabilidad en la cadena de suministro;

23.

Considera que el acceso a información en el sector de la confección es a menudo el obstáculo más importante para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos en la cadena mundial de suministro y que es necesario un sistema de información obligatoria para la difusión de información que ponga en contacto a todos los agentes de la cadena de valor de un mismo producto, desde el lugar de producción hasta los minoristas; considera que es necesario que la UE legisle para hacer obligatoria jurídicamente la diligencia debida para las empresas de la UE que externalizan la producción a terceros países, con medidas vinculantes para garantizar la trazabilidad y la transparencia, de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y con las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales;

24.

Pide al Consejo y a la Comisión que incluyan un clausula obligatoria y ejecutable sobre responsabilidad social de las empresas en todos los acuerdos bilaterales comerciales y de inversión que firme la UE, lo que vincularía a los inversores europeos a los principios de la responsabilidad social de las empresas, incluida la actualización de 2010 de las líneas directrices de la OCDE, las normas definidas por las Naciones Unidas, la OIT y la UE; pide que en los futuros acuerdos comerciales de la UE con terceros países se atribuya una mayor importancia a la seguridad y la salud en el trabajo como parte del Programa de Trabajo Decente, y que la UE preste asistencia técnica para la aplicación de estas disposiciones de modo que no constituyan un obstáculo al comercio;

25.

Es consciente de que el empleo en el sector de la confección ha ayudado a millones de mujeres pobres del medio rural bangladesí a escapar de la penuria y de la dependencia económica del varón; señala que la mano de obra no sindicada está compuesta principalmente por trabajadores no cualificados y mujeres del sector de la confección en los países en desarrollo; es consciente asimismo de que el progreso en materia de derechos y protección de los trabajadores es crucial para capacitar a las mujeres, destaca la necesidad de aumentar la representación de las mujeres en los sindicatos, incluidos los de reciente formación en Bangladés, y celebra que el Pacto reconozca la importancia de la capacitación de la mujer a la hora de mejorar las normas laborales;

26.

Señala que la iniciativa «Todo menos armas» ha desempeñado un papel importante en el desarrollo económico de Bangladés y ha contribuido a mejorar las condiciones materiales de millones de personas, especialmente mujeres; está convencido, no obstante, de que sin unas condiciones estrictas en el ámbito de los derechos humanos y laborales, dicha iniciativa y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) pueden exacerbar los bajos niveles de protección de los trabajadores e ir en detrimento de la dignidad del trabajo; pide a la Comisión que determine si Bangladés respeta los convenios en materia de derechos humanos, derechos laborales y medio ambiente en el marco del SGP y que informe de ello al Parlamento; hace hincapié en que los países que progresan adecuadamente en materia de normas sociales y laborales deben ser recompensados protegiendo el pleno acceso de sus productos a los mercados;

27.

Alienta a la VP/AR Federica Mogherini y a la comisaria Cecilia Malmström a que sigan incluyendo la ratificación de las normas fundamentales de la OIT, las inspecciones de seguridad e higiene y la libertad de asociación en las conversaciones con Bangladés para mantener las preferencias comerciales;

28.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Gobierno y al Parlamento de Bangladés y al Director General de la OIT.

21.9.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 346/47

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

—

Vistos la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo adicional,

—

Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre los flujos migratorios en el mar Mediterráneo, con especial atención a los trágicos hechos acaecidos en aguas de Lampedusa (1),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 22 de mayo de 2014, sobre la aplicación de la Comunicación sobre la labor del Grupo Especial para el Mediterráneo,

—

Visto el debate sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la UE frente a la migración, mantenido en el Parlamento el 25 de noviembre de 2014,

—

Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2014, sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión frente a la migración (2),

—

Vista la iniciativa del mar Mediterráneo central del ACNUR y sus propuestas para hacer frente a las llegadas actuales y futuras de solicitantes de asilo, refugiados y migrantes a Europa,

—

Visto el plan de acción de diez puntos sobre migración aprobado en la reunión conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores y de Interior de 20 de abril de 2015,

—

Vistas las Conclusiones de la cumbre extraordinaria del Consejo de la UE, de 22 de abril de 2015, sobre la crisis de los refugiados en el Mediterráneo,

—

Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 1 500 personas han perdido la vida en el mar Mediterráneo desde principios del presente año;

B.

Considerando que la OIM calcula que 23 918 migrantes han llegado a las costas italianas desde el 1 de enero de 2015; que, según las autoridades griegas, en el primer trimestre de 2015 la guardia costera de este país rescató en el mar Egeo a 10 445 migrantes;

C.

Considerando que las fuerzas navales italianas, los guardacostas, la marina italiana y varios buques comerciales llevaron a cabo operaciones sin descanso para rescatar a los migrantes en peligro en el mar Mediterráneo y rescataron a aproximadamente 10 000 migrantes en seis días, del viernes 10 de abril al jueves 16 de abril de 2015;

D.

Considerando que, con la última operación dedicada exclusivamente a la búsqueda y el salvamento en el Mediterráneo, Mare Nostrum, se rescató a 150 810 migrantes en el plazo de 364 días; que las estimaciones iniciales no muestran una reducción del número de migrantes que cruzan el Mediterráneo en este momento;

E.

Considerando que una mayor proporción de las personas que intentan cruzar el Mediterráneo huyen de conflictos o persecuciones en Siria, Irak, Eritrea, Somalia y Libia; que hasta 700 migrantes se encuentran desaparecidos y se teme que se hayan ahogado después de que el pesquero de madera en que se amontonaban volcara cerca de Libia cuando una embarcación mercante portuguesa acudía en su ayuda en la noche de sábado 18 de abril de 2015; que se ha informado de que uno de los supervivientes contó a las autoridades italianas que podía haber hasta 950 personas a bordo; que, a principios de mes, tuvo lugar una tragedia similar, en la que, según las informaciones, podrían haber perdido la vida en el mar unos 400 migrantes cuando volcó un pesquero de madera que transportaba a unas 550 personas;

F.

Considerando que la operación conjunta Tritón, coordinada por Frontex, estuvo plenamente operativa el 1 de noviembre de 2014, con un presupuesto inicial de tan solo 2,9 millones de euros mensuales, frente a los más de 9 millones de euros mensuales de Mare Nostrum; que más de 24 400 migrantes irregulares han sido rescatados en la ruta del Mediterráneo central desde el inicio de la operación conjunta Tritón, incluidos casi 7 860 con la participación de activos cofinanciados por Frontex;

G.

Considerando que contrabandistas y traficantes de seres humanos explotan la migración irregular y ponen en peligro las vidas de los migrantes para su propio beneficio económico, son responsables de miles de muertes y constituyen un importante desafío para la UE y los Estados miembros; que los traficantes generan unos 20 000 millones de euros al año en beneficios procedentes de sus actividades delictivas; que, según Europol, los grupos de delincuencia organizada que facilitan activamente el transporte de migrantes irregulares por el mar Mediterráneo están vinculados con el tráfico de seres humanos, drogas y armas de fuego y con el terrorismo; que, el 17 de marzo de 2015, Europol puso en marcha su equipo operativo conjunto Mare para hacer frente a estos grupos de delincuentes;

H.

Considerando que la inestabilidad y los conflictos regionales están repercutiendo en la llegada masiva de migrantes y en los flujos de personas desplazadas y, por tanto, en la cantidad de personas que intentan llegar a la UE; que la rápida expansión del Estado Islámico y Daesh en las zonas de conflicto vecinas tendrá finalmente un grave efecto en la llegada masiva de migrantes y en los flujos de personas desplazadas;

1.

Lamenta y siente profundamente la reiterada y trágica pérdida de vidas en el Mediterráneo; insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que aprovechen la cooperación existente y hagan todo lo posible para evitar que sigan produciéndose muertes en el mar; pide a la UE y a los Estados miembros que hagan cuanto obre en su poder para identificar los cadáveres y determinar la identidad de las personas desaparecidas e informar a sus familiares;

2.

Pide a la UE y a los Estados miembros que dispongan los recursos necesarios para asegurar que sus obligaciones de búsqueda y salvamento se cumplan realmente y, por tanto, que cuenten con financiación adecuada; pide a los Estados miembros que sigan mostrando su solidaridad y compromiso redoblando sus aportaciones al presupuesto y las operaciones de Frontex y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), y se compromete a facilitar a dichas agencias los recursos (humanos y materiales) necesarios para cumplir sus obligaciones a través del presupuesto de la UE y de los fondos pertinentes;

3.

Reitera la necesidad de que la UE base su respuesta a las últimas tragedias en el Mediterráneo en la solidaridad y el reparto equitativo de la responsabilidad, como dispone el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y de que adopte un enfoque europeo global; reitera, asimismo, la necesidad de que la UE promueva una repartición justa de la responsabilidad y de la solidaridad hacia los Estados miembros que reciben el mayor número de refugiados y solicitantes de asilo bien sea en términos absolutos o proporcionales;

4.

Celebra el compromiso adquirido por el Consejo Europeo de reforzar la operación Tritón de la UE aumentando los fondos y los activos; insta a la UE a establecer un mandato claro para la operación Tritón, a fin de ampliar su zona de operaciones y su mandato de búsqueda y salvamento en alta mar a escala de la UE;

5.

Pide una operación humanitaria europea de rescate sólida y permanente que, como Mare Nostrum, opere en alta mar y a la que contribuyan todos los Estados miembros, tanto financieramente como con equipos y bienes; insta a la UE a cofinanciar dicha operación;

6.

Acoge con satisfacción la propuesta del Consejo Europeo sobre una tramitación conjunta de las solicitudes de asilo con el apoyo de los equipos de la EASO; pide a la Comisión que amplíe el mandato de la EASO para reforzar su función operativa en la tramitación de las solicitudes de asilo;

7.

Pide a los Estados miembros que hagan un uso pleno de las posibilidades existentes para emitir visados por razones humanitarias en sus embajadas y oficinas consulares; señala, en este sentido, que el Consejo debería considerar seriamente la posibilidad de activar la Directiva de protección temporal de 2001 o el artículo 78, apartado 3, del TFUE, que prevén un mecanismo de solidaridad en caso de afluencia súbita y masiva de personas desplazadas;

8.

Pide a los Estados miembros que realicen mayores aportaciones a los programas de reasentamiento actuales, especialmente aquellos Estados miembros que no hayan realizado ninguna contribución;

9.

Pide a la Comisión que fije una cuota obligatoria para la distribución de solicitantes de asilo entre todos los Estados miembros;

10.

Resalta la necesidad de fomentar las políticas de retorno voluntario, a la vez que se garantiza la protección de los derechos de todos los migrantes y se asegura un acceso seguro y legal al sistema de asilo de la UE, respetando debidamente el principio de no devolución;

11.

Acoge con satisfacción que la VP/AR y la Presidencia letona hayan convocado inmediatamente una reunión conjunta extraordinaria del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y de Ministros de Asuntos de Interior en Luxemburgo, y celebra que los Estados miembros hayan convocado inmediatamente una cumbre extraordinaria para encontrar soluciones comunes en respuesta a la situación de crisis del Mediterráneo; toma nota de que se celebró un amplio debate inicial sobre las opciones para salvar vidas, la lucha contra los contrabandistas y los traficantes y la responsabilidad compartida entre los Estados miembros en relación con la acogida y la protección; destaca que los Estados miembros deben reforzar su compromiso y lamenta la falta del mismo por parte del Consejo Europeo respecto al establecimiento de un mecanismo de solidaridad vinculante y creíble a escala de la UE;

12.

Pide que todos los Estados miembros participantes transpongan rápida y plenamente y apliquen efectivamente el Sistema Europeo Común de Asilo, garantizando así normas europeas comunes, que abarquen las condiciones de recepción de los solicitantes de asilo y el respeto de los derechos fundamentales, con arreglo a la legislación vigente;

13.

Aboga por una coordinación más estrecha de las políticas de la UE y de los Estados miembros a la hora de abordar las causas profundas de la migración; subraya la necesidad de un enfoque integral de la UE, que reforzaría la coherencia de sus políticas interiores y exteriores y, en especial, su política exterior y de seguridad común y sus políticas en materia de desarrollo y de migración; hace un llamamiento por el fortalecimiento de la colaboración de la UE con países socios en Oriente Próximo y en África con objeto de fomentar la democracia, las libertades y los derechos fundamentales, la seguridad y la prosperidad;

14.

Insta a los Estados miembros y a terceros países a que impongan sanciones penales lo más rigurosas posibles contra la trata de seres humanos y el traspaso clandestino de fronteras, tanto hacia la UE como en su interior, y también contra las personas o grupos que exploten a migrantes vulnerables en la UE, al tiempo que garantizan que no se perseguirá a las personas que ayuden a los solicitantes de asilo y a las embarcaciones en peligro;

15.

Pide a los Estados miembros que colaboren estrechamente con Europol, Frontex, la EASO y Eurojust para combatir a los traficantes de seres humanos y las redes delictivas de pasadores de fronteras, así como para detectar y rastrear su financiación e identificar su modus operandi, a fin de impedir que saquen provecho económico poniendo en riesgo la vida de los migrantes; destaca la necesidad de reforzar la cooperación con terceros países, en particular con los fronterizos con Libia, por lo que respecta tanto a la formación en funciones coercitivas como al suministro de servicios de información, ya que resulta indispensable a fin de conseguir desmantelar dichas redes criminales; resalta la necesidad de que los terceros países respeten el Derecho internacional en lo que se refiere a salvar vidas en el mar y que garanticen la protección de los refugiados y el respeto de los derechos fundamentales;

16.

Hace hincapié en que es necesario abordar las causas profundas de la violencia y el subdesarrollo en los países de origen a fin de frenar el flujo de refugiados y migrantes económicos; señala, en este sentido, que la mejora significativa de las estructuras de gobierno mediante la creación de instituciones públicas eficaces e inclusivas, el desarrollo de capacidades en regímenes de asilo de terceros países, el establecimiento del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción endémica en todos los niveles, además del fomento de los derechos humanos y de una mayor democracia, deben ser las prioridades principales de todos los Gobiernos de los países de origen;

17.

Reitera su apoyo a todas las negociaciones dirigidas por las Naciones Unidas que buscan restablecer la autoridad gubernamental democrática en Libia y su compromiso por redoblar los esfuerzos para hacer frente a los conflictos y a la inestabilidad en Libia y Siria; hace hincapié en que crear estabilidad regional en las zonas de conflicto es fundamental para que disminuyan los desplazamientos de personas;

18.

Recuerda que el fin de la presente Resolución es responder a los trágicos acontecimientos ocurridos recientemente en el Mediterráneo y a las Conclusiones del Consejo Europeo de 23 de abril de 2015, así como proponer una serie de medidas urgentes que deben adoptarse inmediatamente, teniendo en cuenta que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior —competente en este asunto— está elaborando actualmente un informe que reflejará las orientaciones políticas del Parlamento, a medio y largo plazo, en materia de migración;

19.

Pide a la Comisión que elabore y presente un programa europeo ambicioso sobre migración, que abarque todos los aspectos de la migración;

20.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

21.9.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 346/51

—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre Kenia,

—

Visto el segundo Acuerdo de asociación revisado entre los miembros del Grupo de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (el «Acuerdo de Cotonú»), y, en particular, sus artículos 8, 11 y 26,

—

Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, de 23 de noviembre de 2014, sobre la masacre de veintiocho turistas civiles, y de 3 de abril de 2015, sobre la matanza de la Universidad de Garissa,

—

Visto el comunicado de prensa emitido por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) en su 497a reunión, celebrada el 9 de abril de 2015, sobre el atentado terrorista perpetrado en Garissa (Kenia),

—

Visto el ataque de las fuerzas aéreas keniatas a campos de entrenamiento de Al Shabab en Somalia en respuesta a la matanza de la Universidad de Garissa,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

—

Vista la Declaración de las Naciones Unidas, de 1981, sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

—

Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

—

Vistas las directrices de la UE sobre Derecho internacional humanitario,

—

Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que el objetivo del último atentado terrorista perpetrado en Garissa (Kenia) eran los jóvenes, la educación y, por tanto, el futuro del país; que los jóvenes representan la promesa de un futuro mejor y la paz y que en sus manos estará el desarrollo del país; que la educación es vital para la lucha contra el fundamentalismo y el extremismo violento;

B.

Considerando que en los últimos meses ha aumentado drásticamente en todo el mundo el número de ataques perpetrados contra las minorías religiosas, en particular contra los cristianos; que cada día, principalmente en determinadas zonas del mundo árabe, hay cristianos asesinados, apaleados y detenidos por terroristas yihadistas;

C.

Considerando que los cristianos son el grupo religioso que más persecuciones sufre; que el extremismo y las persecuciones de este tipo están emergiendo como un factor significativo del creciente fenómeno de la migración masiva; considerando que el número de cristianos asesinados cada año supera los 150 000;

D.

Considerando que, el 15 de febrero de 2015, el EI/Daesh decapitó a 21 cristianos coptos egipcios en Libia;

E.

Considerando que los terroristas de Garissa dirigieron su ataque contra personas no musulmanas y seleccionaron a cristianos para ejecutarlos brutalmente; que Al Shabab ha proclamado abierta y públicamente que está en guerra contra los cristianos de la región;

F.

Considerando que la protección de los derechos de los niños y los jóvenes, y el fortalecimiento de las competencias, la educación y la innovación son esenciales para potenciar sus oportunidades económicas, sociales y culturales y mejorar el desarrollo del país;

G.

Considerando que Al Shabab ha atacado repetidamente a estudiantes, escuelas y otros centros de enseñanza; que, por ejemplo, en diciembre de 2009, murieron 19 personas en un atentado suicida durante una ceremonia de graduación de estudiantes de Medicina en Mogadiscio (Somalia), y en octubre de 2011 este grupo terrorista reivindicó el atentado en el que murieron 70 personas, incluidos estudiantes que esperaban los resultados de sus exámenes en el Ministerio de Educación somalí, también en Mogadiscio;

H.

Considerando que el 25 de marzo de 2015 al menos quince personas perdieron su vida en el atentado perpetrado por Al Shabab en un hotel de Mogadiscio; y que entre los fallecidos en el ataque se encontraba Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, representante permanente de Somalia en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra;

I.

Considerando que Kenia viene sufriendo un número creciente de atentados contra civiles desde que en octubre de 2011 sus tropas entraron en el sur de Somalia para participar en una operación coordinada con el ejército somalí contra una zona controlada por Al Shabab tras el secuestro de cuatro mujeres por este grupo terrorista;

J.

Considerando que, desde noviembre de 2011, tropas keniatas forman parte de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), establecida el 19 de enero de 2007 por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y autorizada el 20 de febrero de 2007 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Resolución 1744(2007)), el cual ha autorizado recientemente a la UA a continuar su misión hasta el 30 de noviembre de 2015 (Resolución 2182(2014));

K.

Considerando que en la lucha contra el grupo terrorista Al Shabab han destacado el ejército de Etiopía, y también, en menor medida, el de Uganda;

L.

Considerando que Al Shabab ha establecido vínculos con otros grupos islamistas de África, como, por ejemplo, Boko Haram en Nigeria y Al Qaeda en el Magreb Islámico;

M.

Considerando que el grupo terrorista Al Shabab ataca y mata reiteradamente a civiles en Somalia y en países vecinos, por ejemplo en Kampala (Uganda) en julio de 2010, y con mucha más frecuencia en Kenia, donde, además de las acciones a gran escala, que han sido las únicas que han atraído la atención internacional, son continuos los ataques de menor envergadura;

N.

Considerando que Al Shabab ha reivindicado los ataques de julio de 2014 contra los pueblos de Hindi, Gamba, Lamu y Río Tana, en la costa de Kenia, en los que fueron ejecutadas más de 100 personas, y dos ataques en el condado de Mandela a finales de 2014, en los que murieron 64 personas;

O.

Considerando que, tras el atentado terrorista en la Universidad de Garissa, el Gobierno de Kenia amenazó al Alto Comisado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con cerrar el campo de refugiados de Dadaab en el plazo de tres meses; que el ACNUR ha advertido que esta medida tendría graves consecuencias humanitarias y de orden práctico; que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados prohíbe obligar a los refugiados a volver a lugares en los que su vida o su libertad se vean amenazadas;

P.

Considerando que la Fuerza Africana de Reserva aún no está operativa, y que la UE ha manifestado su disposición a apoyar las capacidades africanas para el mantenimiento de la paz en el marco de su estrategia de seguridad para África;

Q.

Considerando que el artículo 11 del Acuerdo de asociación ACP-UE dispone que «las actividades en el ámbito de la consolidación de la paz y de la prevención y la solución de los conflictos consistirán, en particular, en apoyar un equilibrio de las oportunidades políticas, económicas, sociales y culturales ofrecidas a todos los segmentos de la sociedad, reforzar la legitimidad democrática y la eficacia de la gestión de los asuntos públicos, establecer mecanismos eficaces de conciliación pacífica de los intereses de los distintos grupos, […] colmar las divisiones entre los distintos segmentos de la sociedad y fomentar una sociedad civil activa y organizada»;

1.

Condena con la mayor firmeza el atentado terrorista perpetrado deliberadamente por Al Shabab el 2 de abril de 2015 en Garissa, en el fueron asesinados 147 jóvenes estudiantes universitarios inocentes y resultaron heridos otros 79; condena rotundamente todas las violaciones de los derechos humanos, en especial cuando mueren personas por razón de su religión, convicciones u origen étnico;

2.

Condena una vez más las incursiones de Al Shabab perpetradas durante el verano de 2014 contra varias aldeas costeras keniatas, incluida Mpeketoni, donde fueron ejecutadas 50 personas; condena enérgicamente el atentado contra el centro comercial Westgate de Nairobi de 24 de septiembre de 2013, en el que perdieron la vida 67 personas; condena el atentado de Al Shabab del 25 de marzo de 2015 en Mogadiscio, en el que perdió la vida el embajador Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, representante permanente de Somalia en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra;

3.

Transmite sus condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo y al Gobierno de la República de Kenia; muestra su apoyo al pueblo de Kenia antes estos despreciables actos de agresión;

4.

Recuerda que la libertad de religión es un derecho fundamental y condena enérgicamente toda violencia o discriminación por motivos de religión;

5.

Condena los ataques perpetrados recientemente contra comunidades cristianas en varios países, en particular en relación con los 12 cristianos arrojados por la borda durante una reciente travesía desde Libia y la matanza de 30 cristianos etíopes perpetrada el 19 de abril de 2015, y expresa su solidaridad con las familias de las víctimas;

6.

Manifiesta su grave preocupación ante el abuso que hacen de la religión los autores de actos terroristas en varias partes del mundo, y su honda preocupación por la proliferación de los episodios de intolerancia, represión y violencia de que son objeto los cristianos, en particular en algunas zonas del mundo árabe; denuncia la instrumentalización de la religión en diversos conflictos; condena el número cada vez mayor de atentados perpetrados contra iglesias en todo el mundo, y en particular el atentado del 15 de marzo de 2015 en el que murieron 14 personas en Pakistán; condena firmemente el encarcelamiento, la desaparición, la tortura, la esclavitud y las ejecuciones públicas de cristianos en Corea del Norte; confirma y apoya el derecho inalienable de todas las minorías religiosas y étnicas que viven en Irak y Siria, incluidos los cristianos, a seguir viviendo en sus patrias históricas y tradicionales con dignidad y en condiciones de igualdad y seguridad; observa que los miembros de los distintos grupos religiosos han coexistido pacíficamente en la región durante siglos;

7.

Insta a las instituciones de la UE a que cumplan la obligación que les incumbe en virtud del artículo 17 del TFUE consistente en mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las iglesias, las comunidades religiosas y las organizaciones filosóficas y no confesionales, con objeto de garantizar que la cuestión de la persecución de los cristianos y otras comunidades religiosas sea un asunto prioritario para la UE;

8.

Condena el uso de una antigua ley («pacto dhimmi») por el EI/Daesh en Siria e Irak para extorsionar a los cristianos imponiéndoles obligaciones fiscales y restricciones religiosas bajo amenaza de muerte;

9.

Expresa de nuevo su solidaridad con todos los cristianos perseguidos en distintas partes de África, especialmente a la vista de las recientes atrocidades cometidas en Libia, Nigeria y Sudán;

10.

Condena y rechaza toda tergiversación del mensaje del Islam para crear una ideología violenta, cruel, totalitaria, opresiva y expansionista que legitime la exterminación de las minorías cristianas; insta a los dirigentes musulmanes a que condenen enérgicamente todos los atentados terroristas, incluidos los dirigidos contra las comunidades y minorías religiosas, y en particular contra los cristianos;

11.

Pide a las autoridades que procedan a una investigación pormenorizada, inmediata, imparcial y eficaz para identificar a los responsables y llevar ante la justicia a los autores, organizadores, valedores y patrocinadores de estos reprobables actos de terrorismo;

12.

Es consciente de que la verdadera respuesta debe organizarse en torno a acciones coordinadas con otros países africanos, y pide a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Consejo que aborden las amenazas terroristas y de seguridad en esta región en cooperación con la Unión Africana, apoyando su crucial labor de lucha contra Al Shabab por medio de AMISOM; insta a la Unión Europea a apoyar decididamente el uso de mecanismos continentales y regionales para la gestión de conflictos, en especial la Fuerza Africana de Reserva;

13.

Pide al Gobierno de Kenia que asuma su responsabilidad y ataje tanto la violencia de Al Shabab como sus causas profundas; estima que la seguridad solo podrá afianzarse si se abordan adecuadamente las brechas que dividen el cuerpo político y la sociedad civil de Kenia, así como los desequilibrios regionales en el desarrollo del país; considera lamentable la tardía reacción de las fuerzas de policía; insta, en particular, al Gobierno a que se abstenga de utilizar los atentados terroristas como un pretexto para actuar contra las libertades civiles; pide a las autoridades de Kenia que fundamenten su estrategia de lucha contra el terrorismo en los principios del Estado de Derecho y en el respeto de los derechos fundamentales; insiste en la necesidad de un control democrático y judicial de las políticas antiterroristas;

14.

Insta a las autoridades de Kenia a que velen por evitar toda división entre confesiones religiosas y por que no se establezcan paralelismos entre la comunidad musulmana y Al Shabab, y que tomen todas las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de la unidad del país en beneficio de su crecimiento y su estabilidad económicos y sociales y de la dignidad y los derechos humanos de su pueblo; pide al Gobierno de Kenia, a los líderes de la oposición y a los líderes religiosos que pongan remedio a los agravios históricos de marginación, fracturas regionales en el interior del país y discriminación institucional, y que velen por que las operaciones antiterroristas se dirijan solamente contra los autores de atentados y no contra comunidades étnicas y religiosas más amplias;

15.

Recuerda al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros su compromiso, con arreglo al Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia aprobado en junio de 2012, de garantizar que los derechos humanos sean abordados en todas las formas de diálogo antiterrorista con terceros países;

16.

Pide a la UE que aplique un programa de misiones de entrenamiento militar en Kenia facilitando equipos modernos, con el fin de colaborar con las fuerzas militares y de seguridad keniatas y entrenarlas para luchar contra el terrorismo e impedir la expansión de Al Shabab;

17.

Insta al Gobierno de Kenia a que haga todo lo posible para respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos, los principios democráticos y las libertades fundamentales, y pide a la UE que acompañe a su socio internacional en esta dirección, reúna una contribución económica para mejorar los programas de gobernanza existentes con el fin de garantizar la seguridad nacional y llevar la paz y la estabilidad al país y a la región; insiste en que la espiral de violencia de Al Shabab debe abordarse conjuntamente con los países vecinos; pide a la UE que aporte todo el apoyo económico, logístico y de expertos necesario a este respecto, incluida la posibilidad de recurrir al Fondo de Apoyo a la Paz para África y a los instrumentos de gestión de crisis de la UE;

18.

Pide a las fuerzas de seguridad keniatas que velen por respetar la legalidad en su respuesta a la amenaza terrorista; pide al Gobierno de Kenia que garantice la seguridad y la protección de los campos de refugiados situados en su territorio, de conformidad con los principios del Derecho internacional;

19.

Destaca que el terrorismo internacional se financia mediante el blanqueo ilegal de capitales, el pago de rescates, las extorsiones, el tráfico de estupefacientes y la corrupción; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su cooperación con los terceros países en lo tocante al intercambio de información sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;