9.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 93/1

9.3.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 93/2

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Investigación e innovación para la futura movilidad en Europa — Desarrollo de una estrategia europea de tecnología de transporte» (COM(2012)0501),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación» (COM(2011)0808),

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Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 2011, titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» (COM(2011)0144),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

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Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre la seguridad vial en Europa 2011–2020 (1),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0241/2013),

A.

Considerando que la Comisión ha identificado las deficiencias del sistema de innovación europeo en materia de transportes;

B.

Considerando que las inversiones e investigación e innovación en el sector del transporte representan al mismo tiempo inversiones en la economía y en la creación de empleo, por lo que pueden ejercer un triple efecto;

C.

Considerando que la innovación resulta esencial a la hora de forjar un sistema de transporte más inteligente y seguro para los ciudadanos, hacer frente a los retos medioambientales que se le plantean al sector de los transportes y lograr una economía de bajas emisiones de carbono;

D.

Considerando que los objetivos en materia de cambio climático y de energía de la Estrategia Europa 2020 están estrechamente vinculados a la innovación en el sector de los transportes: una reducción del 20 % en las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, un 20 % de energías renovables y un incremento del 20 % de la eficiencia energética, así como el objetivo de una reducción del 50 % de las muertes en accidentes de circulación con respecto a 2001;

E.

Considerando que un cambio real en las actitudes de los usuarios y sus niveles de exigencia es crucial para el estímulo que necesitan muchas empresas y prestadores de servicios para modificar sus paradigmas y aprovechar las oportunidades de innovación que ofrecen la convergencia creativa y las conexiones improbables que se describe en el apartado 5.3 de la Comunicación de la Comisión (COM(2012)0501);

F.

Considerando la opinión favorable que merecen las iniciativas expuestas en el Libro Blanco sobre los transportes, en particular las que se mencionan en la sección 3.2 (titulada «Innovar para el futuro — tecnología y comportamiento»), junto con las iniciativas 7 («Transporte multimodal de mercancías: Flete electrónico») y 22 («Movilidad puerta a puerta sin solución de continuidad»);

G.

Considerando que la estrategia europea debe asegurar un equilibrio entre las iniciativas para reducir la huella ambiental de los transportes y los esfuerzos por garantizar la libertad de circulación en la Unión Europea, con el fin de lograr un espacio único europeo de transporte intermodal, interconectado, integrado y que utilice eficazmente los recursos;

H.

Considerando que todavía en 2012 fallecieron más de 31 000 personas en las carreteras de la Unión Europea y más de 1 500 000 resultaron heridas de relativa gravedad;

I.

Considerando que existen ya tecnologías que contribuyen a alcanzar los objetivos del espacio europeo de seguridad en el transporte, aunque aún no se han comercializado;

1.

Hace hincapié en que una estrategia europea de tecnología de transporte para la futura movilidad sostenible en Europa debe incentivar en primer lugar la calidad de los servicios, el confort de los pasajeros y empresas y el uso de la movilidad sostenible, y que esto debe basarse en los objetivos y la legislación de la Unión en materia de reducción del consumo de energía, el ruido del tráfico, los contaminantes atmosféricos, el uso de materias primas y las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020, 2030 y 2050, así como de mejora de la salud y de la calidad de vida, mayor calidad de los servicios, una respuesta progresivamente más personalizada y satisfactoria a las necesidades de los usuarios y la mejora de la seguridad y la protección;

2.

Pide a la Comisión y al Consejo que, dada la importancia de la investigación y la innovación (I+I) para toda la economía europea, que reconozcan la importancia de la iniciativa Horizonte 2020 y que le concedan suficiente financiación;

3.

Confirma el objetivo de la Comisión de ajustar mejor la I+I en el ámbito de los transportes a los objetivos y hojas de ruta de la política europea de transportes en cada ámbito, pero opina que conviene ajustar el enfoque propuesto en la Comunicación de la Comisión con arreglo a las prioridades que se definen a continuación;

4.

Considera que una estrategia europea en el ámbito de las tecnologías del transporte debe abarcar todas las regiones de la UE con objeto de garantizar una circulación eficiente de personas y bienes y, por lo tanto, la creación de un auténtico mercado único europeo;

5.

Opina que un recurso más eficaz, coherente y enfocado a la I+I en la política de transportes reviste una importancia clave a la hora de responder a las nuevas realidades, alejándose de los enfoques convencionales y centrándose en ideas pioneras, para así poder ofrecer a los usuarios soluciones innovadoras de transporte que respondan a las necesidades y cumplan las condiciones de disponibilidad, rentabilidad, fiabilidad, calidad y continuidad;

6.

Alienta a la Comisión a crear un marco favorable a la I+I mediante la creación sistemas de precios justos, eficientes e innovadores para todos los modos de movilidad y transporte, en particular mediante la internalización de los costes externos, teniendo en cuenta los principios de «quien contamina paga» y «quien utiliza paga»;

7.

Defiende la utilidad del Sistema de Información y Seguimiento sobre Investigación e Innovación en el Transporte (SISIIT) propuesto por la Comisión Europea y apuesta por la incorporación al mismo de la visión de los usuarios como instrumento ideal para detectar las barreras que impone la costumbre a la innovación, identificar oportunidades y difundir nuevas posibilidades de servicio que impulsen y fomenten cambios de actitud social sobre el transporte sostenible;

8.

Subraya que el bloqueo tecnológico impide aprovechar todo el potencial de la innovación en el transporte y puede obstaculizar el desarrollo de nuevas ideas innovadoras; subraya que las políticas de la Unión deben ser neutrales en lo que respecta a las tecnologías alternativas («neutralidad tecnológica»), que las prioridades y la financiación han de decidirse sobre la base de los resultados a lo largo del ciclo de vida completo de las tecnologías usadas en ámbitos específicos del transporte y que los esfuerzos en materia de armonización no deben ser un obstáculo para el desarrollo de soluciones innovadoras y alternativas en el ámbito del transporte, la diversidad de la combinación energética y la utilización de tecnologías de comunicación inteligentes;

9.

Hace hincapié en que, para ayudar a las empresas y órganos públicos a integrar nuevas soluciones y tecnologías innovadoras, debe incrementarse la eficacia de la cadena de investigación así como la inversión en medidas como los incentivos económicos, a fin de superar los obstáculos al despliegue y la implantación en el mercado (compromisos que abarcan todo el ciclo — «full-cycle commitments»); respalda por ello a la Comisión para que actúe de acuerdo con su consideración de que, para desplegar todo el potencial de la innovación en el sector del transporte y para favorecer a las empresas innovadoras, la promoción se ha de centrar también en la comercialización, en la demostración y en la aplicación integral de soluciones nuevas, y de que unos instrumentos de control y financiación adecuados garantizarían la aplicación de los resultados de la innovación;

10.

Considera que todas las regiones europeas y sus respectivas reservas de mano de obra deben aprovechar dicha estrategia, y subraya la necesidad de tomar en consideración las especificidades y el potencial de las regiones, en particular a la hora de desarrollar modos de transporte más limpios; insta a las autoridades de nivel subsidiario a crear, junto con las partes interesadas, asociaciones para la innovación en el ámbito de la movilidad sostenible;

11.

Pide que se preste un mayor apoyo a las actividades de I+I de las pequeñas y medianas empresas (PYME), en particular a través de un acceso más fácil a los fondos de la UE y la reducción de las cargas administrativas, y destaca la importancia de generar y mantener el empleo y el crecimiento sostenible a través de la investigación y la innovación;

12.

Sostiene que las inversiones en el marco de los Fondos Estructurales y los fondos de inversión de la UE crean grandes oportunidades en las regiones europeas para el desarrollo de una especialización inteligente en el ámbito de la movilidad sostenible;

13.

Insta a las autoridades nacionales y regionales a que elaboren estrategias en el ámbito de la investigación y la innovación basadas en el concepto de la especialización inteligente, a fin de lograr una mayor eficiencia en la utilización de los Fondos Estructurales y de intensificar las sinergias entre las inversiones de los sectores público y privado;

14.

Recuerda, a este respecto, que una estrategia para una tecnología innovadora debe concebirse tomando como base las características y rasgos distintivos de los territorios de que se trate, por lo que no basta con un planteamiento estándar igual para todos; considera, por ejemplo, que las regiones con condicionamientos territoriales específicos, como las regiones insulares, montañosas, ultraperiféricas o escasamente pobladas poseen distintos tipos de potencial económico y de otro tipo que, para su realización, exigen soluciones de movilidad adecuadas e innovadoras; señala, en este contexto, la necesidad de asignar recursos adecuados a infraestructuras de transporte sostenibles;

15.

Insiste en la necesidad de seguir simplificando los procedimientos administrativos para la financiación de actividades de I+I a nivel europeo, nacional, regional, local y transfronterizo, a fin de establecer un marco jurídico claro y transparente;

16.

Subraya que no se pueden relajar los esfuerzos por reducir el número de personas fallecidas y heridas en las carreteras. insta a la Comisión a que estudie y aplique las propuestas aprobadas por una gran mayoría en el Parlamento para mejorar la seguridad vial;

17.

Considera que es acertado e importante llevar a cabo un cambio tecnológico en el transporte; destaca, sin embargo, que dicho cambio no puede realizarse mediante prohibiciones, sino incentivando el uso de nuevas tecnologías que hagan un uso eficiente de los recursos;

18.

Subraya que no se pueden poner barreras a la innovación para nuevas soluciones en el transporte ni a la aplicación de procesos acreditados en nuevas combinaciones;

19.

Opina que la I+I en el ámbito de la movilidad sostenible debe basarse en el principio de integración, en particular a través de la supresión de las carencias en los enlaces transfronterizos (interconexiones) y una mayor compatibilidad entre los sistemas y dentro de los mismos (interoperabilidad), así como mediante los objetivos encaminados a lograr un cambio hacia la combinación del modo de transporte más adecuado y sostenible para un trayecto dado (intermodalidad y comodalidad);

20.

Recuerda la necesidad de que la UE desarrolle una auténtica política común de transportes que garantice un transporte adecuado dentro de las regiones europeas y entre ellas, así como su coherencia a escala local, regional, nacional y europea; insta a los Estados miembros y a las regiones a que velen por que la combinación de modelos acuerde más prioridad a una movilidad auténticamente sostenible;

21.

Destaca que esta estrategia debe basarse en un modelo integrador en el que se otorgue la máxima importancia a las conexiones interregionales y los enlaces transfronterizos pendientes, también en las regiones geográficamente fragmentadas, y en el que las soluciones innovadoras para el transporte multimodal puedan reducir las disparidades regionales, estimular la movilidad laboral y potenciar la cohesión territorial; es consciente del hecho de que actualmente existen diferencias regionales considerables en el ámbito de las redes de transporte, y atrae la atención sobre la necesidad de invertir en tecnologías y soluciones sostenibles en materia de transporte en las regiones que tienen desventajas específicas, teniendo en cuenta asimismo el potencial del Mecanismo «Conectar Europa»;

22.

Hace hincapié en que la I+I también debe centrarse en el desarrollo de elementos sostenibles de infraestructuras que apoyen una transición hacia el uso de productos primarios renovables como la madera o el material compuesto como componentes de infraestructura ferroviaria (por ejemplo, postes para sistemas de catenaria o señalización o material de construcción de andenes o puentes); señala que ello incluye también actividades de I+I destinadas a desarrollar una sustancia para la impregnación de las traviesas de madera que pueda servir como alternativa a la creosota, cuyo uso quedará suprimido en 2018 con arreglo a la legislación de la UE;

23.

Hace hincapié en que no deben imponerse nuevos conceptos de movilidad y en que, para fomentar una conducta más sostenible, se han de intensificar los esfuerzos de investigación en los ámbitos de los conocimientos ecosociales, la planificación urbana y espacial, y las tecnologías en el ámbito de la demanda de movilidad y la modificación de los hábitos con miras a un mejor control de los flujos de transporte, entre otros mediante unos instrumentos innovadores de gestión de la movilidad, las cadenas de movilidad puerta a puerta sin discontinuidad que responden a las exigencias de los usuarios, los sistemas de conducción ecológica e inteligente y el recurso a las tecnologías de información y comunicación tiempo real;

24.

Considera básica la implicación de las autoridades locales y regionales en la gobernanza europea de la política de innovación aplicada al transporte y la movilidad; reivindica la experiencia y conocimiento que este ámbito de la administración pública puede aportar tanto en el ámbito de la integración de tecnologías, infraestructuras, vehículos y personas como en la promoción de nuevos hábitos sociales en movilidad; señala que estos niveles institucionales identifican y gestionan los problemas más intensos de movilidad, experimentan constantemente, ponen en marcha buenas prácticas e ideas innovadoras y, atendiendo a la diversidad de las situaciones a las que se enfrentan, están especialmente habituados a la innovación;

25.

Subraya la necesidad de investigaciones sobre la competencia leal intramodal e intermodal en el sector de los transportes y las barreras generadas por los intereses vinculados a los actuales modelos de negocio en el sector, en particular la investigación sobre las herramientas tecnológicas necesarias para mejorar la aplicación y el control coherentes y efectivos de las normas sobre cabotaje, las disposiciones sociales en el transporte por carretera y las condiciones laborales de los empleados del sector;

26.

Destaca que se necesitan urgentemente soluciones innovadoras para reducir el ruido de todos los medios de transporte, en particular en origen, a fin de proteger la salud y la calidad de vida de los ciudadanos de la UE y garantizar su aceptación entre la población; recuerda expresamente, a este respecto, su Resolución sobre el espacio único europeo de transporte, que pide una reducción del ruido y las vibraciones y del consumo de energía por parte de los vehículos ferroviarios en un 20 % en 2020 (con respecto a los valores de referencia de 2010), y destaca nuevamente que debe darse desde el principio un papel preeminente a las emisiones de ruidos en el desarrollo de las nuevas tecnologías, conceptos e infraestructuras en el sector del transporte;

27.

Expresa su convencimiento de que las tecnologías innovadoras que abordan la interacción entre las infraestructuras y los vehículos pueden desempeñar un papel significativo a la hora de reducir los accidentes, los niveles de ruido y vibraciones, el consumo de energía, las emisiones de gases y el impacto climático;

28.

Confirma que los esfuerzos orientados a lograr una energía más limpia para las tecnologías de transportes y de movilidad deben vincularse a unos conceptos más eficientes y a un mejor diseño de los vehículos; subraya el potencial del ahorro de energía derivado del uso de ideas innovadoras, como las medidas de aprovechamiento de la energía, que se benefician de las oportunidades ofrecidas por las energías renovables y el uso de combustibles alternativos;

29.

Subraya la necesidad de pensar no solo en la construcción de nuevas infraestructuras de transporte, sino de tener en cuenta expresamente, en los planteamientos de investigación y desarrollo, los aspectos de rehabilitación, mantenimiento y valorización cualitativa (por ejemplo, mediante el equipamiento con componentes de gestión inteligente del tráfico y la tecnología «vehículo a infraestructura»);

30.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que inviertan en investigación sobre sistemas de transporte inteligentes (STI) y velen por que se lleven a la práctica, contribuyendo así a la reducción de la congestión del tráfico, a la ecoeficiencia del transporte europeo y a la mejora de su seguridad;

31.

Pide a la Comisión que estudie la unificación de los contenedores y otros recipientes de transporte y de las medidas de los vehículos de todos los modos de transporte, a fin de favorecer la interoperabilidad y la intermodalidad;

32.

Pide a la Comisión que ponga a disposición de los Estados miembros un manual de prácticas acreditadas para respetar los límites previstos en la Directiva relativa a la calidad del aire;

33.

Reconoce la importancia de la I+I en el ámbito de la movilidad individual y subraya que la conducta de los usuarios del transporte es decisiva; pide la creación de incentivos para la elección de medios de transporte y formas de movilidad sostenibles, asociados a la actividad física, seguros y sanos a fin de desarrollar enfoques innovadores que promuevan un transporte público respetuoso del medio ambiente y el desplazamiento a pie y en bicicleta, teniendo en cuenta las necesidades y especificidades de las zonas urbanas, periurbanas, interurbanas y rurales; considera básico que se mejore la interoperabilidad entre los servicios de transporte y que las autoridades de homologación aborden con especial sensibilidad y urgencia los problemas que pueden plantearse, en este ámbito técnico-administrativo, para poner en el mercado nuevas alternativas de transporte con estas características;

34.

Subraya la necesidad de que las instituciones de la UE establezcan ejemplos de buenas prácticas dentro de sus propios servicios de gestión de la movilidad y que hagan de la gestión transparente de este esfuerzo y sus resultados una de sus señas de identidad;

35.

Destaca la necesidad de promover prácticas eficaces en el ámbito del transporte sostenible así como de intensificar la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre regiones con potenciales de desarrollo similares; recomienda que las autoridades locales desarrollen ejemplos de buenas prácticas elaborando planes de movilidad urbana sostenible en estrecha consulta con la sociedad civil;

36.

Considera que los sistemas europeos de navegación por satélite como Galileo deben constituir un pilar principal para el desarrollo de transportes inteligentes y eficientes en Europa;

37.

Respalda la I+I que puede contribuir a que se pase del vehículo en propiedad a hábitos no convencionales y nuevas formas de servicios relacionados con el transporte, como el uso compartido de vehículos y bicicletas; alienta a la Comisión a que intensifique su promoción de formas colectivas de movilidad individual y de unos sistemas de transporte colectivo y público individualizados;

38.

Anima a que la investigación se extienda al ámbito fiscal y administrativo propugnando incentivos creativos en impuestos, tasas y precios públicos destinados tanto a las personas como a los fabricantes o proveedores de productos, servicios y/o contenidos que promuevan el uso de la bicicleta, el desplazamiento a pie y su combinación con el transporte público y otras modalidades de movilidad sostenible;

39.

Destaca de nuevo la necesidad de mejorar y fomentar el desplazamiento multimodal a través de unos sistemas integrados de información y tarificación electrónica basados en soluciones de datos abiertos; observa que la investigación y la innovación en este campo han de basarse especialmente en la supresión de obstáculos, en la interoperabilidad, en la asequibilidad, en la transparencia de precios, en la facilidad de acceso y en la eficiencia;

40.

Subraya la necesidad de desarrollar soluciones de infraestructura innovadoras y duraderas —entre ellas, un mayor desarrollo de los sistemas de información, pago y reservas— que tengan en cuenta, en particular, una accesibilidad sin barreras para todos los viajeros y, específicamente, para las personas con discapacidad o con movilidad reducida, como los usuarios con sillas de ruedas, cochecitos de niños, bicicletas o equipajes pesados;

41.

Aboga por que se pongan a libre disposición datos relacionados con los horarios y los retrasos de los medios de transporte públicos, de forma que terceros puedan desarrollar aplicaciones telemáticas que ofrezcan mayor comodidad a los viajeros, como la información en tiempo real sobre la forma de llegar a un destino utilizando diferentes modos de transporte o una comparación de la huella ecológica de los diferentes modos de transporte cuando se viaje a un destino específico;

42.

Subraya que, a la hora de desarrollar la innovación en el ámbito de los transportes y la movilidad en las zonas urbanas y residenciales, la prioridad debe ser la salud y la calidad de vida, lo que incluye un reparto equitativo del espacio para todos, la reducción de los niveles de ruido y un aire más limpio;

43.

Recuerda a la Comisión la imperiosa necesidad de mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública, en particular de los más vulnerables, como los niños, las personas mayores, los peatones, los ciclistas o las personas con discapacidad y movilidad reducida; respalda los proyectos de I+I que combinen las soluciones tecnológicas con conductores inteligentes y sus enfoques basados en el comportamiento;

44.

Considera que, para descongestionar el tráfico en las zonas urbanas y las regiones densamente urbanizadas, es importante no solo mejorar la eficiencia de los medios de transporte existentes sino también que el progreso tecnológico facilite la búsqueda de soluciones alternativas para el transporte y fomente su uso;

45.

Anima a la Comisión a promover enérgicamente la innovación en el ámbito de los buques no contaminantes, en particular los transbordadores, cruceros y buques marítimos sobre la base del uso de energías renovables a partir de tecnologías eólicas, solares, maremotrices y relacionadas con las pilas de combustible;

46.

Pide a la Comisión que centre sus esfuerzos de investigación en la reducción progresiva de los efectos sobre la salud y el clima de las emisiones de todos los modos de transporte;

47.

Considera que una estrategia europea en materia de tecnologías del transporte coherente y eficiente debe ser conforme con la estrategia Europa 2020 (COM(2010)2020) y los objetivos de reducción de 1990, así como cumplir plenamente el Libro Blanco de 2011 sobre el transporte titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» (COM(2011)0144), por lo que respecta a la cohesión territorial y a un desarrollo equilibrado; considera asimismo que dicha estrategia debe permitir que disminuyan el consumo de energía, el ruido del tráfico, las necesidades de transporte, los contaminantes atmosféricos y las emisiones de gases de efecto invernadero; sostiene que, a dicho fin, la UE deberá fijar objetivos estrictos para 2020, 2030 y 2050;

48.

Hace hincapié en la necesidad de reforzar la I+I en el ámbito de la navegación interior, en particular para desarrollar buques limpios y tecnologías adaptadas a una navegación de bajo calado, como por ejemplo los Buques Adaptados a Ríos para la Navegación Interior Sostenible (RASSIN), lo que permitiría ahorrar en infraestructuras de navegación interior;

49.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de establecer un Sistema de Información y Seguimiento sobre Investigación e Innovación en el Transporte (SISIIT); subraya la importancia de proveer información de forma regular, gratuita, fácilmente accesible y fiable a los responsables políticos regionales; lamenta el hecho de que hasta ahora siga siendo muy difícil acceder a información relativa a la concesión de fondos de la UE para proyectos en el ámbito del transporte;

50.

Recomienda a la Comisión que elabore iniciativas que determinen y premien proyectos de desarrollo urbano sostenible, como, por ejemplo, los premios RegioStars;

51.

Destaca que una estrategia europea global debe ser apoyada desde la base, mediante estrategias de transporte integradas y bien elaboradas por parte de las autoridades locales y regionales y los Gobiernos nacionales; opina que los fondos europeos deben apoyar la elaboración de dichas estrategias;

52.

Considera que todas las ayudas públicas deben prestarse de conformidad con la legislación europea pertinente sobre ayudas públicas, incluidas las normas relativas a actividades de investigación, desarrollo e innovación y a la financiación de actividades en materia de transporte e infraestructuras; opina, no obstante, que la normativa sobre ayudas públicas de la UE también ha tener debidamente en cuenta las desventajas específicas de ciertas regiones;

53.

Destaca la necesidad de que la Comisión mejore sus actividades de transferencia de conocimientos derivados de las actividades de I+I a los usuarios interesados (como las PYME o institutos de investigación) mediante la creación de una base de datos agrupada que ofrezca una visión general clara y por categorías de todos los proyectos de I+I financiados por la UE;

54.

Destaca la importancia de nuevas iniciativas, como la puesta en común de la capacidad logística y de transporte con miras a un transporte de mercancías más eficiente; pide a la Comisión que aborde los posibles obstáculos a tales iniciativas;

55.

Subraya la importancia de las normas de emisiones para determinados medios de transporte, por ejemplo los coches; opina que debe estudiarse un planteamiento similar para la aviación;

56.

Respalda el fomento de la I+I en el ámbito de las soluciones de seguridad para el sector del transporte, siempre que se respeten los principios de proporcionalidad, no discriminación y protección de datos;

57.

Confirma y respalda el planteamiento propuesto por la Comisión con sus medidas relativas a una estrategia europea de tecnología de transporte; subraya, sin embargo, que de ello no debe deducirse un fundamento jurídico para actos delegados o similares sino que la Comisión debe proponer las medidas a adoptar mediante el procedimiento de codecisión;

58.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta las prioridades expuestas en el presente informe al preparar el plan estratégico europeo de tecnología de transporte y las opciones para medidas ulteriores;

59.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

9.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 93/8

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Velar por la buena marcha del mercado interior de la energía» y los documentos de trabajo que la acompañan (COM(2012)0663),

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Vista su Posición, de 12 de marzo de 2013, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía y por el que se deroga la Decisión no 1364/2006/CE (1),

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Visto el Reglamento (UE) no 994/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga la Directiva 2004/67/CE del Consejo (2),

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Visto el Reglamento (UE) no 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (3),

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Vista la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (4),

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Vista la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (5),

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Visto el Reglamento (CE) no 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1228/2003,

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Visto el Reglamento (CE) no 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1775/2005,

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Vista la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética (6),

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Vista la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2009, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares (7);

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

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Vista la Decisión no 994/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establece un mecanismo de intercambio de información con respecto a los acuerdos intergubernamentales entre los Estados miembros y terceros países en el sector de la energía (8),

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Vista la Comunicación de la Comisión de 15 de diciembre de 2011 titulada «Hoja de Ruta de la Energía para 2050» (COM(2011)0885),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2012, titulada «Acta del Mercado Único II — Juntos por un nuevo crecimiento» (COM(2012)0573),

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Vista la Comunicación de la Comisión de 6 de junio de 2012 titulada «Energías renovables: principales protagonistas en el mercado europeo de la energía» (COM(2012)0271),

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Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre una nueva estrategia energética para Europa 2011-2020 (9),

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Vista su Resolución, de 12 de junio de 2012, sobre cooperar en materia de política energética con socios más allá de nuestras fronteras: una estrategia para un suministro energético seguro, sostenible y competitivo (10),

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Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2012, sobre la industria siderúrgica de la UE (11),

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Vistas las Recomendaciones de la mesa redonda de alto nivel sobre el futuro del sector siderúrgico, de 12 de febrero de 2013,

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Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2012, sobre una hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050 (12),

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Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2013, sobre la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, un futuro con energía (13),

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Vistas su Resolución sobre aspectos industriales, energéticos y otros del gas y del petróleo de esquisto (14), y su Resolución sobre las repercusiones medioambientales de la extracción de gas y petróleo de esquisto (15), aprobadas ambas el 21 de noviembre de 2012,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0262/2013),

A.

Considerando que los Estados miembros se han comprometido a respetar unos plazos estrictos para completar el mercado interior de la energía a más tardar en 2014 y a haber eliminado las «islas energéticas» de la UE en 2015;

B.

Considerando que un mercado interior plenamente desarrollado de la energía es indispensable para la seguridad y sostenibilidad energéticas generales de la Unión y tiene un valor esencial para la competitividad, el crecimiento económico y la creación de nuevos empleos tal como se reconoce en el Acta del Mercado Único II y en la Estrategia Europa 2020;

C.

Considerando que la Estrategia Energética para 2020 de la Comisión calcula las necesidades de inversión en el sector de la energía en 1 billón de euros para 2020, de los cuales 540 000 millones de euros son para la generación de energía y 210 000 millones de euros para las redes eléctricas y de gas de importancia europea;

D.

Considerando que la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 destaca que la plena integración de las redes energéticas europeas y la apertura de mercados son básicas para mantener el equilibrio entre la seguridad energética, la competitividad, la rentabilidad, una economía sostenible y los intereses del consumidor; considerando que en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 se afirma que la eficiencia energética, las energías renovables y la infraestructura energética constituyen las opciones «útiles en todo caso»;

E.

Considerando que la cuota de fuentes de energía renovables (FER) en la combinación de la energía europea está aumentando a corto, medio y largo plazo; considerando que la integración a gran escala de las FER presupone la adaptación de la red y una mayor flexibilidad;

F.

Considerando que un mercado único de la energía permitirá a la Unión hablar con una sola voz frente a socios externos y garantizar la igualdad de condiciones para todas las empresas, ya sean de la UE o no, garantizando, además, normas sociales y ambientales y actuando para obtener reciprocidad en los terceros países;

G.

Considerando la necesidad de crear un sistema que permita a los Estados miembros intercambiar información sobre los acuerdos de suministro de energía con terceros países;

H.

Considerando que un mercado interior de la energía europeo y sus respectivos mercados de la energía nacionales deben ser competitivos y ofrecer una verdadera posibilidad de elección e información transparente a todos los consumidores, cuyo papel es fundamental en el mercado de la energía; considerando que completar el mercado interior de la energía es fundamental para reducir los costes y precios a niveles razonables y competitivos a corto, medio y largo plazo; considerando que la reducción de los precios en los mercados de la energía con frecuencia no se traslada a los consumidores;

I.

Considerando que una Comunidad Europea de la Energía que aplique el método comunitario debe basarse en un mercado común de la energía sólido, en la coordinación de la compra de energía fuera de la UE y en la financiación europea común de nuevas tecnologías energéticas sostenibles, especialmente en los campos de la investigación y la innovación;

J.

Considerando que se han logrado algunos avances hacia una mayor cooperación transfronteriza, la eliminación parcial de las islas energéticas y la prevención de la escasez de suministro;

1.

Acoge con satisfacción la Comunicación y el Plan de Acción que la acompaña, que resumen los progresos realizados hasta el momento y los retos pendientes para completar el mercado interior de la energía;

2.

Reconoce que es probable que continúe la tendencia al alza de los precios de la energía porque dichos precios están en la actualidad ligados al barril de petróleo (en el caso del gas) y a la inestabilidad de los precios del combustible (en el caso de la electricidad), y porque se ven además afectados por la dependencia de Europa de las importaciones de petróleo y gas, por el impacto de las medidas de intervención, por la insuficiencia de acciones para promover la eficiencia energética y por la falta de inversiones necesarias para el mantenimiento y modernización de los sistemas energéticos (incluidos los flujos bidireccionales y los interconectores) para garantizar un mayor nivel de seguridad del suministro y facilitar la integración de las FER; aboga por tanto, siempre respetando la libertad de los intercambios comerciales, por disociar el mecanismo de los precios del gas de la indización del petróleo, favoreciendo soluciones más flexibles;

3.

Destaca que el desarrollo de recursos locales provocará la aparición de nuevos centros de negociación en la UE y nuevos mercados al contado para el gas y la electricidad, lo que ofrece una oportunidad real para la UE y los Estados miembros de fijar sus propios precios de la energía, incluso a escala regional y local;

4.

Reconoce el valor añadido europeo de una mejor coordinación de las políticas energéticas y de la cooperación entre los Estados miembros con espíritu solidario, así como de la creación de sistemas energéticos transfronterizos eficaces y seguros, que permitirían crear sinergias gracias a una mejor gestión de la oferta y de la demanda de energía facilitada por el uso de tecnologías inteligentes a escala del sistema de distribución;

5.

Resalta la importancia de los mercados regionales y de la cooperación entre Estados miembros cuando se trata de eliminar barreras, acelerar el proceso de integración y mejorar la eficacia de las redes;

6.

Recuerda su apoyo a la creación de una Comunidad Europea de la Energía entre los Estados miembros, y pide a la Comisión y al Consejo Europeo que informen sobre los avances en su creación;

7.

Hace hincapié en que los consumidores finales de la energía –tanto los particulares como las PYME y la industria- son el elemento principal de un mercado interior de la energía favorable para el usuario y transparente; observa que, como tales, es necesario protegerlos, ayudarlos y darles facilidades para acceder a una información adecuada para que puedan ejercer plenamente sus derechos, al tiempo que se les anima a desempeñar un papel más activo a la hora de estimular la competencia en el mercado, pasando de ser receptores pasivos de servicios a consumidores y productores-consumidores activos e informados;

8.

Hace hincapié en la importancia de garantizar un mercado de la energía competitivo, fácil de gestionar y transparente que ofrezca una verdadera posibilidad de elección y precios competitivos para los consumidores y facilite a todos los consumidores de energía de la UE, actuales y futuros, formas seguras, sostenibles, asequibles y fiables de generar energía que tengan en cuenta los intereses de las próximas generaciones;

9.

Opina que las cooperativas locales de energía renovable, las iniciativas colectivas de cambio de proveedor y los agregadores, u otros habilitadores como el almacenamiento descentralizado y los aparatos inteligentes, facilitarán una mayor participación de los consumidores; cree que tales habilitadores ayudarán a los consumidores a comprender y gestionar mejor su consumo energético, lo que los hará más flexibles y receptivos (desde una perspectiva tanto de demanda como de suministro), y podrán reforzar el acceso a las energías renovables y generar las inversiones financieras necesarias;

10.

Recuerda el interés que presenta la aplicación de tarifas variables de utilización de las redes para incitar al consumo fuera de los períodos en los que las redes registran cargas más importantes con vistas a promover un uso sostenible de la energía;

11.

Considera que las tecnologías inteligentes deben ofrecer al consumidor una información precisa, comprensible y sencilla, que le permita controlar su consumo y producción de energía; opina, por tanto, que las tecnologías inteligentes deben completarse con una gestión de redes de transporte y distribución dinámica y en línea que incorpore servicios como el apoyo a las redes, la respuesta voluntaria de los agentes de la demanda, los servicios de eficiencia energética, la microgeneración y las soluciones de almacenamiento y los intermediarios locales o del hogar; señala, sin embargo, que deben examinarse debidamente los niveles de consumo energético necesarios para que los contadores inteligentes ofrezcan beneficios económicos, y no obligarse a invertir en ellos a los consumidores que no alcancen estos niveles de consumo de energía;

12.

Expresa su preocupación por la tendencia a incitar a las empresas de telecomunicaciones a gestionar los datos de las redes de distribución, pues esta responsabilidad plantea cuestiones importantes sobre la protección de datos, así como sobre el riesgo de que los operadores tengan que adquirir los datos que necesitan para cumplir con sus funciones como operadores de los sistemas de distribución;

13.

Reconoce que la pobreza energética es un reto importante en los Estados miembros; señala que un enfoque uniforme no tiene en cuenta la diversidad de las realidades nacionales; considera, por tanto, que los consumidores vulnerables requieren protección especial y efectiva y que, para ello, deben instaurarse los mecanismos adecuados, evitándose al mismo tiempo toda distorsión del mercado; subraya que ya existen medidas concretas como lo requiere el tercer paquete energético;

14.

Observa que la revolución del gas de esquisto en los Estados Unidos ha reducido las emisiones de CO2, creando al mismo tiempo una ventaja competitiva significativa para la industria de los Estados Unidos;

15.

Destaca que el mercado interior de la energía todavía no se ha completado y que los mercados de la energía nacionales no consiguen satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores, en la medida en que algunos Estados miembros siguen enfrentándose a: unos precios elevados; una oferta limitada de proveedores, productores y tarifas; una calidad de los servicios por lo general baja; y con frecuencia una insuficiente protección del consumidor y dificultades en caso de cambiar de proveedor; subraya, no obstante, la necesidad de crear un mercado más accesible en el que los consumidores puedan tener un papel activo y convertirse en productores-consumidores en un mercado europeo en el que se les informa sobre las condiciones que ofrece cada proveedor, de modo que puedan comparar; señala, en ese sentido, el papel que desempeña el cambio colectivo de proveedor a la hora de dar mayor poder a los consumidores y reducir sus facturas de energía;

16.

Considera que la falta de una plena aplicación de la legislación relativa al mercado interior de la energía sigue siendo uno de los principales obstáculos para completar dicho mercado; cree que la consolidación necesaria del mercado interior incluye la ampliación de nuestra infraestructura, al tiempo que se aplica la legislación del mercado interior y se refuerzan las normas de competencia;

17.

Hace hincapié en la importancia fundamental de modernizar la infraestructura existente y construir una infraestructura nueva, inteligente y flexible de generación, transporte (especialmente interconexiones transfronterizas de gas y electricidad), distribución y almacenamiento para instaurar un mercado de la energía estable, bien integrado y bien conectado, en el que se eviten los efectos negativos (como flujos de energía no planificados) y en el que se garantice la oferta a precios asequibles y competitivos y se explote plenamente el potencial de todas las fuentes de energía sostenibles y de la microgeneración, la cogeneración y la eficacia energética, de la gestión según demanda y el almacenamiento, y en el que ningún Estado miembro quede aislado de las redes europeas de gas y electricidad a partir de 2015, gracias sobre todo a la integración simultánea de las redes eléctricas todavía aisladas en las redes de la Europa continental; destaca que las inversiones a gran escala deben realizarse en paralelo con las inversiones en las redes regionales e incluso locales, ya que la generación de energía tiene lugar cada vez más a escala regional o local;

18.

Constata, en ese sentido, que un suministro descentralizado de energías renovables reduce la necesidad de construir nuevas líneas de transporte, y por consiguiente los costes asociados, ya que las tecnologías descentralizadas —que se pueden integrar directamente en los hogares, las ciudades y las zonas remotas— están mucho más cerca de los consumidores finales;

19.

Reconoce que permitir que la producción de electricidad renovable vaya a más sin el desarrollo acorde de la infraestructura necesaria puede provocar flujos de bucle transfronterizos descoordinados y, como consecuencia, unos precios de la energía más elevados de lo deseable;

20.

Recuerda que aún no se ha conseguido el objetivo de los Estados miembros de alcanzar el nivel de las interconexiones de electricidad y gas equivalente a como mínimo al 10 % de su capacidad de producción instalada, como acordó el Consejo Europeo en 2002 y en 2007;

21.

Acoge con satisfacción la insistencia de la Comisión en que los futuros sistemas de energía de Europa estén caracterizados por la flexibilidad; señala que, en todos los plazos, los mercados de mayoristas transfronterizos que funcionan correctamente constituyen fuentes de flexibilidad fácilmente accesibles; pide que se redoblen los esfuerzos para estimular la futura aceptación de tecnologías de almacenamiento de energía y la capacidad de reacción de los agentes de la demanda, todos los cuales ofrecen fuentes adicionales de flexibilidad;

22.

Cree que la eficiencia energética es una de las formas más sostenibles y rentables de reducir las facturas de la electricidad, mejorar la seguridad del suministro, reducir las necesidades de importación de combustibles fósiles y evitar las emisiones de carbono; reconoce que cualquier medida que fomente la eficiencia energética debe ser adecuada a las necesidades de los consumidores y rentable, además de estar respaldada por los incentivos adecuados;

23.

Subraya que, de acuerdo con los resultados de la Agencia Internacional de la Energía, la adopción de medidas más audaces en materia de eficiencia energética puede reducir las importaciones de gas de la UE en un tercio en 2035, lo que corresponde a 100 000 millones de metros cúbicos de gas;

24.

Recuerda que las sinergias entre el desarrollo, el despliegue y el mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones y energía desempeñará un papel de primer orden en la consecución de los objetivos de la Unión Europea en materia de eficiencia energética;

25.

Subraya la necesidad de seguir desagregando los mercados de la energía europeos para garantizar la competencia y asegurar el suministro de electricidad al precio más bajo posible;

26.

Considera que debe fomentarse la inversión en infraestructuras a través de marcos normativos estables, abiertos a la innovación y previsibles, que no obstaculicen el funcionamiento del mercado interior; y que debe permitirse que los fondos de pensión y los inversores institucionales inviertan en transporte, reconociendo que esto solo se conseguirá con el impulso del mercado; reconoce al mismo tiempo, no obstante que, en algunos casos concretos, podrá ser difícil realizar transformaciones de infraestructuras a menos que la financiación pública respalde los proyectos de infraestructuras clave que podrían no ser viables desde un punto de vista comercial; destaca, a este respecto, el papel del Mecanismo «Conectar Europa» y lamenta que su presupuesto para la partida «Energía» esté en retroceso con respecto a la propuesta de la Comisión Europea;

27.

Propone que se estudie la posibilidad de crear un fondo europeo de inversión en redes energéticas;

28.

Hace hincapié en que simplificar los procedimientos de autorización dentro de los Estados miembros contribuirá al desarrollo de redes de infraestructuras y desbloqueará inversiones; destaca que las autoridades locales y regionales deben desempeñar un papel importante en este sentido simplificando los procedimientos de planificación e integrando las infraestructuras energéticas en su planificación local y regional;

29.

Advierte que la falta de un acceso abierto y no discriminatorio a la infraestructura de transporte sigue impidiendo en algunos casos que nuevos operadores puedan unirse a la red o, de hecho, competir lealmente en el mercado con las empresas ya establecidas; subraya la necesidad de abordar las distorsiones estructurales del mercado que conducen al alto grado de concentración que existe en varios Estados miembros;

30.

Destaca, en ese sentido, que las normas del tercer paquete energético deberán aplicarse por completo tanto a las empresas europeas como a las extranjeras; cree que cualquier exención de estas normas concedida por la Comisión deberá limitarse a su ámbito y plazo de aplicación y estar sujeta a una revisión por parte del Parlamento y del Consejo;

31.

Destaca que la falta de transparencia y la existencia de prácticas anticompetitivas en los mercados mayoristas de la energía debilitan la confianza de los consumidores; cree que existe una necesidad urgente de comprender la formación de costes en los mercados mayoristas, así como la repercusión en las facturas de los consumidores;

32.

Apoya plenamente las medidas adoptadas para crear una situación de igualdad de condiciones al fomentar la descentralización y la competitividad de los modelos de mercado, ya que generan más oportunidades para los productores de energía locales y para los nuevos agentes del sector;

33.

Recuerda que, a fin de evitar que los proveedores dominantes ya establecidos bloqueen la apertura del mercado, es importante permitir el desarrollo de nuevos modelos empresariales, como la posibilidad de contratar simultáneamente con varios proveedores;

34.

Observa que es fundamental contar con un marco normativo estable –para productores, reguladores, operadores de redes, proveedores de energía, proveedores de servicios en función de la demanda y, sobre todo, consumidores finales y productores-consumidores– para que el mercado interior funcione correctamente y para atraer inversiones a largo plazo para el desarrollo de infraestructuras; subraya que el desarrollo de códigos de red que incluyan normas sólidas, no discriminatorias y equilibradas debe conducir a la armonización de la gestión de redes y del diseño del mercado, así como a la interoperabilidad; destaca la importancia de que se respeten en toda la UE los acuerdos sobre la separación de las redes de transporte de la producción y la entrega, incluidos los acuerdos sobre la postura independiente de los reguladores de la energía y los requisitos sobre la protección de los consumidores; señala, por tanto, la necesidad de apoyar y seguir desarrollando el papel de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía de la UE (ACER), especialmente su capacidad de examinar las decisiones reguladoras nacionales y resolver litigios;

35.

Observa que determinados Estados miembros ya han aplicado o tienen previsto aplicar mecanismos nacionales de remuneración de la capacidad para asegurar el suministro de electricidad sin examinar debidamente todas las posibles soluciones alternativas, en particular por cuanto se refiere a las soluciones transfronterizas o los recursos que buscan la flexibilidad; reconoce que, aun siendo estos mecanismos necesarios en ciertas circunstancias, podrían interferir en la configuración del mercado mayorista y distorsionarlo, e incluso, si están mal diseñados, crear efectos de saturación; pide a la Comisión que garantice un planteamiento más coordinado a escala de la Unión para garantizar que tales mecanismos sean necesarios, eficientes, transparentes y no discriminatorios;

36.

Lamenta que, hasta la fecha, no se hayan utilizado los mecanismos de cooperación introducidos por la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables; destaca las conclusiones de la Comisión según las cuales aprovechando mejor las posibilidades de cooperación existentes se podrían obtener beneficios considerables, como por ejemplo la potenciación del comercio; pide a los Estados miembros, por tanto, que hagan mejor uso de los mecanismos de cooperación cuando corresponda, y que intensifiquen la comunicación entre ellos;

37.

Subraya que, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a elegir su combinación energética ni de la necesidad de una mejor coordinación a escala de la UE, la Unión en su conjunto debe aprovechar plenamente el potencial de todas las fuentes de energía sostenible a disposición de los Estados miembros de la UE, respetando plenamente el triple objetivo de la política energética global de la UE: competitividad, sostenibilidad y seguridad del abastecimiento;

38.

Observa que algunos Estados miembros, verdaderas islas energéticas, siguen totalmente aislados de las redes europeas de gas y electricidad, y continúan pagando un precio más alto por los recursos energéticos, lo que distorsiona su competitividad; destaca que, sin una inversión importante en infraestructuras, estos Estados miembros no podrán cumplir el compromiso reiterado por el Consejo Europeo de que en 2015 no deberá quedar ningún Estado miembro aislado de las redes de la UE; cree que la Comisión debería, cuando estos Estados miembros lo soliciten, participar en las negociaciones con los proveedores de energía de fuera de la UE sobre los precios de la energía, por ejemplo cuando se trate de la compra de gas;

39.

Subraya que la solidaridad entre los Estados miembros que exige el Tratado de la UE debe aplicarse tanto en la labor diaria como en la gestión de crisis de la política energética interior y exterior; pide a la Comisión que ofrezca una definición clara del concepto de «solidaridad energética» para garantizar que todos los Estados miembros la respeten;

40.

Hace hincapié en la necesidad de abordar el crecimiento anticipado de importaciones de gas y electricidad de terceros países a la UE a corto y medio plazo, con miras a garantizar la seguridad del suministro energético, el reparto de la carga y un funcionamiento justo del mercado interior; reitera que, para algunos Estados miembros, este reto está estrechamente vinculado a la dependencia de la importación de gas y petróleo de un único tercer país, y que para superarlo hay que tomar medidas orientadas a diversificar la cartera de proveedores, rutas y fuentes de energía; reconoce que un objetivo estratégico en este sentido es la realización del corredor meridional de gas, incluido el gasoducto Nabucco y su posible enlace con países de la Europa Central y Oriental, así como la consecución de rutas de suministro a la UE capaces de satisfacer aproximadamente el 10-20 % de la demanda de gas de la UE en 2020, a fin de permitir a cada región europea tener acceso físico al menos a dos fuentes de gas distintas;

41.

Considera que un mercado interior abierto y transparente, en el que todas las empresas de la UE y de terceros países respeten el acervo comunitario en el sector de la energía, puede ayudar a reforzar la posición negociadora de los proveedores de energía de la UE frente a competidores externos, lo que es especialmente importante para posibilitar una mayor coordinación de la adquisición de energía en el exterior a escala de la UE; pide a la UE que estudie la creación de una agencia conjunta de compra de gas, y de los mecanismos necesarios, para contrarrestar la posición monopolista de proveedores exteriores dominantes; observa que el principio de reciprocidad debe guiar las relaciones con los proveedores de energía de la UE y de terceros países; reitera la necesidad de que la Comisión, en sus relaciones con los proveedores de energía de terceros países, tenga en cuenta y comunique las consecuencias de sus decisiones sobre los precios para los consumidores;

42.

Está convencido de que se deben conceder mandatos a la Comisión para entablar negociaciones sobre proyectos de infraestructura de importancia estratégica que repercuten en la seguridad del suministro a la UE en su conjunto, y que tales mandatos también deben estudiarse en el caso de otros acuerdos intergubernamentales que se considera tienen un impacto importante en los objetivos a largo plazo de la política energética de la UE, en particular su independencia energética; acoge favorablemente, en este sentido, los avances logrados en las negociaciones dirigidas por la Comisión sobre el tratado entre la UE, Azerbaiyán y Turkmenistán para construir el sistema transcaspiano de gasoductos;

43.

Hace hincapié en que la progresiva convergencia de incentivos relacionados con las renovables y con la eficiencia, y de los costes auxiliares de la energía en todos los Estados miembros después del 2020 resulta fundamental para un mercado interior de la energía eficiente y que funcione correctamente, tanto a escala de mayoristas como de minoristas, y para la creación de las condiciones favorables para un desarrollo a largo plazo, y una aceptación a gran escala, de las fuentes de energía renovables;

44.

Cree que, a corto plazo, debe animarse a las agrupaciones regionales de Estados miembros vecinos a pasar de los planes nacionales a un plan regional armonizado o único de apoyo a las energías renovables;

45.

Anima a los Estados miembros a revisar sus tarifas de alimentación u otras tarifas de apoyo con regularidad y de una manera transparente que les permita ajustarse al ritmo de los precios en descenso de la tecnología y el suministro;

46.

Reconoce que los proyectos de investigación conjuntos de la UE con apoyo de los programas marco y de iniciativas como el Plan EETE no se han utilizado suficientemente en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan mejorar en cuanto a eficiencia, energías renovables, seguridad de las centrales nucleares, utilización con bajas emisiones de los combustibles fósiles y redes inteligentes, áreas todas ellas fundamentales para el mercado de la energía;

47.

Considera que es importante avanzar más en las autopistas de electricidad del futuro, y en especial la Autopista de Electricidad Sudeste — Norte (SENEH), que también ayudaría a adaptar la transferencia de energía producida por parques fotovoltaicos, como el proyecto Helios, desde el sureste de Europa al norte y al oeste;

48.

Pide a los Estados miembros que transpongan y apliquen plenamente y con carácter de urgencia toda la legislación pertinente de la UE, en particular el tercer paquete energético; insta a la Comisión a tomar medidas contra los Estados miembros que hayan retrasado indebidamente su aplicación; acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión haya incoado ya procedimientos para investigar los incumplimientos de la normativa europea;

49.

Subraya la necesidad de abordar las distorsiones estructurales del mercado y su falta de transparencia; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para imponer la aplicación del tercer paquete energético;

50.

Pide a la Comisión que supervise de cerca la aplicación efectiva de la legislación de la UE en materia de energía, en especial las disposiciones que establecen derechos esenciales del consumidor, así como las que afectan a los operadores de sistemas, a las autoridades nacionales de regulación y a las normas de competencia y ayudas estatales, y aquellas que buscan reducir el fenómeno de los flujos en bucle en el mercado interior de la electricidad, un reto importante pero gestionable para el mercado interior de la energía, ya que debilita la seguridad del sistema energético al reducir las posibilidades de almacenamiento y la capacidad de la red; insta a la Comisión a que utilice los medios más adecuados a su disposición para resolver todo incumplimiento continuado de la legislación pertinente de la UE;

51.

Observa que, hasta ahora, todos los cortes bruscos de energía eléctrica han sido provocados por fallos operativos, no por falta de capacidad; reconoce que, fruto de la recesión económica, los elevados precios del gas natural y la cuota cada vez mayor de producción de electricidad renovable intermitente, los inversores de la Unión Europea se enfrentan a un considerable grado de incertidumbre cuando desarrollan capacidades de generación de electricidad flexibles; pide a la Comisión que lleve a cabo una exhaustiva evaluación de la adecuación de la generación basada en una metodología armonizada, y ofrezca orientación sobre cómo mejorar la flexibilidad y mantener el suministro;

52.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que coordinen mejor los proyectos de infraestructuras y planifiquen conjuntamente el desarrollo de las redes, garantizando así una plena conectividad y una mejor relación coste-eficacia de los sistemas en toda la UE aprovechando las sinergias transfronterizas y una red de infraestructuras energéticas más eficiente; indica la conveniencia de promover un enfoque integral, que incluya a los distribuidores; anima, con este propósito, a la Comisión y a los Estados miembros a velar por una evaluación, selección, autorización y ejecución rápidas de los proyectos de interés común europeo, en especial en cuanto a los interconectores transfronterizos de electricidad y gas, incluidos los mecanismos de flujos bidireccionales, el gas natural licuado, las infraestructuras de almacenamiento de energía y las redes inteligentes de transporte y distribución, esenciales para un mercado de la energía bien integrado y que funcione correctamente;

53.

Recomienda a la Comisión que, cuando se ejecute el presupuesto en materia de energía del Mecanismo «Conectar Europa», dé prioridad a los proyectos que tengan un mayor impacto en el funcionamiento del mercado interior, favoreciendo así la competencia, la rápida penetración de las energías renovables, la creación de las interconexiones transfronterizas necesarias y la seguridad del suministro;

54.

Pide a la Comisión que lleve a cabo una nueva revisión de los planes vigentes de proyectos energéticos, especialmente para la construcción de nuevas terminales de gas natural licuado para cuya finalización quedan aún más de diez años, a fin de evaluar su beneficio económico — teniendo en cuenta las terminales de gas natural licuado que ya están en construcción o se están planificando en los distintos Estados miembros y que, en un futuro próximo, contribuirán a la seguridad del suministro energético de los Estados miembros clasificados como «islas energéticas» — y para contribuir a la financiación de dichos proyectos;

55.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a establecer un sistema eficaz de gestión de la congestión a fin de fomentar el uso eficaz de la actual capacidad de transporte de gas y electricidad, reduciendo el coste de ampliación de las capacidades de redes, y facilitar la mayor conexión de fuentes de generación renovables a la red eléctrica;

56.

Pide a los Estados miembros que se abstengan, cuanto antes, de utilizar límites de precios o precios minoristas de la energía regulados a nivel nacional por debajo de los gastos soportados, pues tales medidas pueden distorsionar la competencia y amenazan seriamente las futuras inversiones en capacidad e infraestructuras en el sector energético; subraya, no obstante, que las políticas al respecto deberán tener en cuenta los intereses legítimos de los consumidores vulnerables que no siempre pueden beneficiarse de una competencia real en los mercados de la energía;

57.

Celebra la determinación de la Comisión de aplicar las normas de defensa de la competencia y sobre ayudas estatales a todas las empresas del sector energético y a aquellas filiales que operan en el territorio de la Unión Europea para garantizar unas condiciones de acceso al mercado equitativas para todos los participantes; pide a la Comisión que elabore directrices sobre cómo evaluar el abuso de posición dominante de cualquier empresa en los mercados de gas y electricidad, y facilite orientaciones sobre las mejores prácticas y la experiencia obtenida en los planes de apoyo a las energías renovables;

58.

Pide a la Comisión que revise las normas de ayudas estatales en relación con las medidas nacionales de eficiencia energética y con aquellos proyectos energéticos cofinanciados con arreglo a la política de cohesión, a fin de garantizar que un mayor número de estas acciones pueda obtener financiación pública, pudiéndose así concluir un mayor número de proyectos;

59.

Recomienda que la Comisión utilice sus competencias de control de las ayudas estatales para fomentar el desarrollo de infraestructuras transfronterizas; cree que tales interconectores desempeñarían un papel fundamental a la hora de incrementar la capacidad de aprovechamiento de los suministros de un país vecino en caso de emergencia o desequilibrio energético y de reducir las subvenciones con el tiempo;

60.

Apoya firmemente los esfuerzos de la Comisión, basados en el trabajo coordinado desarrollado por las Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte (ENTSO), por introducir códigos armonizados de redes antes de 2014 y normas de conformidad con el plan, y garantizar la estabilidad y un mayor apoyo a la innovación del marco normativo para el mercado interior de la energía;

61.

Apoya firmemente las medidas normativas adoptadas por la ACER y las autoridades reguladoras nacionales a fin de fomentar, mejorar y simplificar el intercambio transfronterizo de energía, incluidos los mercados intradiarios, a un día y de ajustes, y de reducir las distancias entre los sistemas energéticos de los distintos Estados miembros promoviendo el uso transparente de los interconectadores; hace hincapié en la necesidad de que la ACER y las autoridades nacionales dispongan de suficiente personal con las cualificaciones, la experiencia y los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo las actividades necesarias para el control de las transacciones mayoristas y la identificación de las operaciones con información privilegiada y los intentos de manipular el mercado;

62.

En relación con el mercado interior de la electricidad, pide a la Comisión que realice urgentemente un análisis minucioso de la adecuación del sistema y la flexibilidad de las capacidades de generación nacionales a corto y largo plazo, teniendo plenamente en cuenta la posible contribución de todas las medidas flexibles, como la respuesta a la demanda, el almacenamiento de energía y la interconexión, y que informe de los efectos de las medidas nacionales aplicadas relativas a la evaluación de la capacidad y a la planificación del desarrollo sobre el mercado interior de la energía y la normativa en materia de competencia, teniendo en cuenta las consecuencias para la seguridad del mercado y los aspectos transfronterizos de esta política complementaria de configuración del mercado; pide, en este contexto, que se realicen más esfuerzos para la futura incorporación de tecnologías de almacenamiento de la energía y la capacidad de respuesta de los agentes de la demanda, que constituyen fuentes adicionales de flexibilidad;

63.

Pide a la Comisión que elabore orientaciones sobre el uso e implantación de recursos de flexibilidad —como gestión de la demanda, almacenamiento e infraestructuras físicas, incluidas las transfronterizas— a fin de que los Estados miembros puedan prepararse y aplicar estrategias nacionales para desplegar recursos de flexibilidad en sus territorios;

64.

Pide a la Comisión y a ENTSO-E que desarrollen una metodología coherente y armonizada para garantizar la adecuación de la generación en Europa, incluida la contribución positiva de las fuentes de energía renovables y, en particular, las renovables variables;

65.

Pide a la Comisión que explore formas futuras de mercado de la energía que, a diferencia de los mecanismos actuales nacionales de capacidad, puedan proporcionar flujos de ingresos no discriminatorios a inversores en todas las formas de generación de electricidad, y garantizar la prestación de unos servicios de flexibilidad más rentables en el sector de la energía;

66.

Pide a la Comisión que establezca normas para promover un mayor desarrollo de un mercado de servicios auxiliares abierto a la participación de todas las fuentes de energía, incluidas las renovables;

67.

Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las partes interesadas pertinentes que faciliten incentivos y apoyen las iniciativas y asociaciones regionales con vistas a una mayor integración del mercado, mediante la puesta en marcha de intercambios de energía regionales y centros de negociación de gas, unas normas más armonizadas para la negociación del gas y los mecanismos de acoplamiento de mercados en cualquier plazo, y la consecución de un nivel adecuado de liquidez y transparencia del mercado;

68.

Subraya que las medidas del mercado interior deben promover la diversificación de las fuentes de energía, tanto autóctonas como exteriores, y no centrarse principalmente en continuar desarrollando o ampliar las actuales rutas y suministros;

69.

Llama la atención sobre la dimensión externa del mercado de la energía, que está pensada para facilitar a todos los Estados miembros el acceso a unas fuentes de energía diversificadas; pide a la Comisión, en coordinación con el SEAE, que utilice sus instrumentos de política exterior para promover las reglas y normas del mercado interior de la energía en relación con los terceros países y, en especial, en la vecindad de la UE; insta a la Comisión a que resuelva, en diálogos bilaterales con los terceros países correspondientes, la cuestión del establecimiento de unas normas claras sobre la gestión de la congestión en las conexiones transfronterizas de electricidad y gas y el acceso de terceras partes a redes de transporte; hace un llamamiento urgente a la Comisión para que tome medidas que eviten las prácticas anticompetitivas por parte de empresas de terceros países que pueden provocar una limitación de la competencia, unos precios más altos o un deterioro de la seguridad del suministro energético; pide a la Comisión que vele, en sus relaciones con socios externos, por que las empresas de la UE puedan competir en igualdad de condiciones a escala mundial; insta a la Comisión a mejorar la cooperación con los países vecinos de la UE en materia de seguridad nuclear; pide a la Comisión que comunique todos los elementos que todavía plantean dificultades en el marco de la aplicación del tercer paquete energético, y que presente cifras claras sobre sus efectos sobre los precios al consumidor;

70.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que incrementen el apoyo político y financiero a la Comunidad de la Energía y tomen más medidas para apoyar la ampliación de las normas del mercado interior a la Europa del Este y del Sureste;

71.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros, en el marco de la creación de un mecanismo de intercambio de información para acuerdos intergubernamentales entre los Estados miembros de la UE y terceros países sobre política energética, que demuestren una mayor ambición a la hora de garantizar que no se suscriban acuerdos contrarios a la legislación sobre el mercado interior; considera que la Comisión debería poder examinar los proyectos de acuerdo para comprobar su compatibilidad con el acervo de la UE y participar en las negociaciones siempre que proceda;

72.

Recuerda a la Comisión que el mercado interior no es independiente del mercado mundial; pide a la Comisión que, al planificar sus acciones para el mercado interior, tenga plenamente en cuenta las recomendaciones del Parlamento sobre la dimensión exterior de la política energética (16); confirma su apoyo a la idea de que solo un mercado interior que funcione plenamente permitirá a la UE hablar con una sola voz a nivel mundial; pide a la Comisión que siga desarrollando medidas adicionales en el ámbito de la política energética exterior;

73.

Cree que el futuro Acuerdo de Libre Comercio UE-EE.UU. debería incluir un capítulo dedicado a aquellas cuestiones energéticas que puedan afectar al mercado interior, como las siguientes: venta en el mercado mayorista de la energía, transacciones con materias primas, normas de transporte marítimo de energía, regímenes de comercio de derechos de emisión, normas de seguridad de los combustibles, prácticas contables, subvenciones estatales a la energía y transferencia de la propiedad intelectual en relación con la exploración, generación y transformación de la energía y los productos al final de su vida útil;

74.

Apoya el mandato dado por el Consejo Europeo a la Comisión para que presente un análisis de la composición y los factores que influyen en los precios y costes de la energía en los Estados miembros antes de finales de 2013, prestando especial interés a las repercusiones sobre los hogares, las PYME y las industrias que consumen mucha energía, y examinando de forma más general la competitividad de la UE frente a sus competidores económicos en el mundo; pide también a la Comisión que controle continuamente los precios y costes de la energía en los Estados miembros;

75.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros, en relación con el mercado interior del gas, que revisen todos los contratos de gas basados en mecanismos obsoletos de fijación de precios —en particular en el principio de indexación al precio del petróleo— que imponen precios elevados a los consumidores, e insta a la Comisión a que ayude a explorar las posibilidades para renegociar dichos contratos, y no solo en el contexto de su prórroga; recalca la necesidad de desarrollar y apoyar todos los productos y mecanismos dirigidos a reforzar las capacidades de negociación del gas a corto plazo; hace hincapié en que las medidas anteriormente mencionadas son esenciales para garantizar la competitividad real en el precio de los suministros de gas a todos los consumidores en el mercado interior del gas;

76.

Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las partes interesadas pertinentes que mejoren la calidad y la disponibilidad de la información que ofrecen a los consumidores, que les presenten métodos de facturación claros y transparentes y que establezcan instrumentos de comparación de precios que les permitan tomar decisiones con conocimiento de causa y les informen sobre las formas de controlar el consumo y las posibilidades de ahorro de energía y de eficiencia energética y producción a pequeña escala; insta a los Estados miembros a que apliquen la Directiva sobre resolución alternativa de litigios y el Reglamento sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de crear una plataforma de información sobre los derechos del consumidor; recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que organicen campañas informativas destinadas a los consumidores, en las que los gobiernos y las organizaciones civiles participen de forma activa;

77.

Señala que, aunque los precios de la energía han bajado en los mercados mayoristas de la energía de todo el mundo, los consumidores siguen pagando precios elevados; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a sus reguladores que garanticen que los consumidores puedan beneficiarse de forma adecuada y directa de la evolución de los precios de los mercados mayoristas;

78.

Invita a los Estados miembros y a la Comisión a desarrollar una estrategia exhaustiva de la energía destinada a animar a consumidores y consumidores-productores a participar activamente en el mercado de la energía, por ejemplo mediante la legislación existente, así como aplicando las disposiciones pertinentes de la Directiva sobre eficiencia energética; sugiere que se adapte periódicamente la señal de precios de uso de las redes para orientar de un modo adecuado a los usuarios actuales y futuros, y de este modo dar coherencia al desarrollo de las redes y las decisiones individuales;

79.

Pide a la Comisión que fomente una mayor cooperación entre los sectores de la energía y de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que revise los marcos reguladores existentes para fomentar las innovaciones relativas a la energía, con miras a beneficiar a todos los consumidores y facilitar el desarrollo de redes inteligentes de forma accesible, segura y fiable, que no supongan una carga financiera para los consumidores y tengan en cuenta su privacidad; pide cooperación en el desarrollo de redes inteligentes a escala europea, nacional y regional, y en el desarrollo de normas europeas para redes inteligentes;

80.

Insta a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a incorporar y crear incentivos financieros para inversiones en soluciones de TIC en redes inteligentes, y a intentar instaurar un mercado de consumidores-productores que aporte más flexibilidad, eficiencia energética/ahorro energético y la participación voluntaria de los agentes de la demanda;

81.

Espera que las directrices de la Comisión contribuyan a fijar objetivos políticos ambiciosos en relación con los consumidores vulnerables, que ayudarán a los Estados miembros a definir mejor su acercamiento a esta categoría de consumidores; pide a la Comisión que elabore estas orientaciones tomando en consideración los mecanismos e instrumentos nacionales existentes para proteger a tales consumidores, con vistas a conseguir un enfoque más coherente y exhaustivo a escala de la UE, permitiendo a los Estados miembros elegir los instrumentos más idóneos para proporcionar tal apoyo; añade que pueden desempeñar un papel importante los servicios de asesoramiento globales para esta categoría de consumidores, así como el intercambio de buenas prácticas;

82.

Acoge con satisfacción el inminente análisis de la Comisión sobre pobreza energética en la UE; cree que, en el marco de este análisis, la Comisión debería esforzarse por garantizar que la lucha contra la pobreza energética se convierta en un elemento de la cesta de servicios sociales en Europa, por ejemplo a través del fondo social y del fondo de cohesión; estipula que los programas de eficiencia energética existentes y nuevos incluyan siempre un planteamiento específico para los grupos de rentas bajas;

83.

Insta a la Comisión a que desarrolle y recomiende un diseño adecuado del mercado minorista, centrado en los proveedores, a fin de armonizar los mercados minoristas europeos, aliviando así la carga administrativa a los consumidores al permitir que los proveedores cobren todos los gravámenes directamente en la factura de la electricidad;

84.

Pide a los Estados miembros, a la Comisión y a las partes interesadas pertinentes que conviertan en cuanto sea factible los regímenes de apoyo necesarios para todos los productores de electricidad en mecanismos transparentes, predecibles, convergentes y centrados en el mercado con vistas a crear un mercado común para las características de apoyo exigidas (por ejemplo eficiencia energética, consumidores-productores, cogeneración, energías renovables y servicios de apoyo de redes) de una manera que garantice su compatibilidad e impida solapamientos; pide a la Comisión que facilite orientación sobre planes de apoyo rentables para energías renovables;

85.

Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades reguladoras nacionales que revisen los indicadores utilizados para medir el grado de competencia en los mercados energéticos e incluyan indicadores como la proporción de consumidores en las tarifas más baratas, la capacidad de nuevas empresas para entrar en el mercado y los niveles de servicio al cliente e innovación, indicadores todos ellos que permitirán ofrecer una imagen real del nivel de competencia en el mercado;

86.

Con respecto al mercado interior de la electricidad, pide a la Comisión que examine detenidamente las implicaciones de integrar la creciente cuota de energías renovables en las redes de energía desde el punto de vista del apoyo económico, los requisitos técnicos del sistema y la configuración del mercado; subraya que la falta de un enfoque coordinado respecto a estas fuentes ha dificultado, hasta ahora, su integración en los sistemas energéticos europeos; destaca el hecho de que las actuales redes e infraestructuras de almacenamiento de energía europeas deben adaptarse a la contribución en rápido aumento de la generación distribuida de energías renovables; subraya la importancia del gas como combustible de reserva para paliar la variabilidad de la producción de electricidad renovable, y pide a la Comisión que evalúe el nivel necesario de flexibilidad en el sistema eléctrico (redes inteligentes, gestión de la demanda, capacidad de almacenamiento y recursos de reserva flexibles); considera que el almacenamiento de energía por bombeo tiene un importante papel que desempeñar en el almacenamiento de la electricidad;

87.

Pide a la Comisión que siga utilizando el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y otros fondos estructurales de la UE para apoyar la creación de redes inteligentes de gas y electricidad en el siguiente periodo a fin de absorber mejor los nuevos tipos y fuentes de energía y modernizar todas las regiones de Europa; cree que también debe animarse a los gestores de redes de distribución a que acepten las adaptaciones en sus redes;

88.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan incentivos para descubrir las posibilidades no exploradas de la microgeneración, y que presten atención a la necesidad de seguir desarrollando la cogeneración, pues es uno de los sistemas más eficaces de producción de energía eléctrica y calefacción, y que basen esta opción en una amplia y eficiente aplicación de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración;

89.

Subraya el potencial de la combinación de calor y energía y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración para adaptarse a la creciente cuota de electricidad intermitente añadiendo flexibilidad y resiliencia al mercado energético y ofreciendo un almacenamiento de energía económico para la electricidad excedente; pide a la Comisión que aborde y recompense esta capacidad en su próxima iniciativa sobre los MRC y apoye este tipo de integración y ajuste transectorial en el programa «Horizonte 2020».

90.

Pide a la Comisión un estudio en el que se analice la rentabilidad de nuevos diseños de mercado para el mercado europeo de la electricidad, con miras a garantizar que los consumidores reciban electricidad a precios razonables y a evitar las fugas de carbono;

91.

Aplaude la labor realizada para convertir la investigación en el campo de la energía en una prioridad del programa «Horizonte 2020», y pide a los Estados miembros que aprovechen plenamente esta área de programación; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen también la investigación y el desarrollo de tecnologías innovadoras en materia de energía, y a que mejoren las tecnologías existentes que quedan fuera del marco de Horizonte 2020 y de los proyectos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IET); insta a los Estados miembros a que creen sinergias entre los programas de investigación europeos y nacionales, reconociendo que la investigación es el único camino para reducir las emisiones, mejorar la seguridad energética, mejorar la posición competitiva de la industria de la UE en el mercado mundial y contribuir a la agenda europea para el crecimiento y el empleo; subraya que es necesario ofrecer a la industria una seguridad legislativa por un periodo de tiempo que vaya más allá de 2020;

92.

Insta a la Comisión a poner a disposición suficientes fondos para el desarrollo de redes inteligentes de distribución, que ofrecen el modo más rentable para llevar a cabo la penetración a gran escala de la generación distribuida de fuentes de energías renovables, al tiempo que se garantiza la seguridad de suministro y se ahorra un máximo de energía;

93.

Observa que el actual sistema, caracterizado por un mercado interior fragmentado, plantea problemas para la estabilidad a largo plazo de empresas e inversores, que podrían provocar el cierre de centrales e inseguridad en cuanto al empleo y la capacidad; pide a la Comisión que realice una evaluación independiente del futuro del mercado interior para la electricidad y el gas en la cual ocupen un lugar central cuestiones relacionadas con las inversiones, el empleo en el sector, el medio ambiente y la protección del consumidor; pide que esta evaluación esté lista en marzo de 2014, y que incluya las opiniones de partes interesadas como interlocutores sociales, representantes de los hogares de renta baja, organizaciones medioambientales y PYME;

94.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

9.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 93/21

—

Visto el artículo 194 del TFUE,

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Visto el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Visto el artículo 3 del TUE,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1783/1999,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1084/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se crea el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1164/94,

—

Vista la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE,

—

Vista la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 — Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Visto el Informe de la Comisión, de 18 de abril de 2013, titulado «Respaldo financiero a la eficiencia energética de los edificios» (COM(2013)0225),

—

Visto el capítulo 5 («The European divide in clean energy and fuel poverty») del informe del Instituto Sindical Europeo (ISE) titulado «Benchmarking Working Europe 2013», Bruselas 2013,

—

Vista la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE del Consejo,

—

Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre la vivienda social en la Unión Europea (1),

—

Visto el Informe del Consejo, de 4 de marzo de 2013, titulado «Aplicación del Semestre Europeo — Informe de síntesis» (6754/13),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de enero de 2011, titulada «Contribución de la política regional al crecimiento sostenible en el marco de Europa 2020» (COM(2011)0017),

—

Visto el Libro de bolsillo de estadísticas de la Comisión de 2012 titulado «La energía de la UE en cifras» (2),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, titulada «Política de cohesión: invertir en la economía real» (COM(2008)0876),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2006, titulada «Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial» (COM(2006)0545),

—

Visto el Informe Especial no 21/2012 del Tribunal de Cuentas titulado «Rentabilidad de las inversiones en eficiencia energética de la Política de Cohesión»,

—

Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2009, sobre un Plan Europeo de Recuperación Económica (3),

—

Visto el informe de KfW Research titulado «Impact on public budgets of KfW promotional programmes in the field of «Energy-efficient building and rehabilitation» (4),

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2013, sobre el papel de la política de cohesión de la UE y sus actores en la aplicación de la nueva política energética europea (5),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2011, titulada «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112),

—

Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, sobre una Europa que utilice eficazmente los recursos (6),

—

Visto el Informe de la Comisión, de 18 de abril de 2013, titulado «Política de cohesión: Informe estratégico de 2013 sobre la aplicación del programa en el periodo 2007-2013» (COM(2013)0210),

—

Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 4 de mayo de 2012, titulado «Eficiencia energética en las ciudades y regiones, incluido un estudio sobre las diferencias entre las zonas rurales y urbanas» (7),

—

Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 14 de diciembre de 2011, titulado «Eficiencia energética» (8),

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) titulado «La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética» (9),

—

Visto el documento de orientación de MARIE/ELIH-MED titulado «Improving MED transnational cooperation answers to energy efficiency challenges in buildings»,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2011, titulada «Plan de Eficiencia Energética 2011» (COM(2011)0109),

—

Vistas las recomendaciones de los Fondos Estructurales y de Cohesión para inversiones en energía sostenible (SF Energy Invest) tituladas «Practical recommendations to increase the share of sustainable energy investments in the upcoming SCF programming period 2014-2020» (10),

—

Visto el Informe presentado a la Comisión por Ismeri Europa titulado «Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 — Synthesis of national reports 2011 — renewable energy and Energy efficiency of housing»,

—

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 27 de marzo de 2013, titulado «Libro Verde sobre un marco para las políticas de clima y energía de cara a 2030» (COM(2013)0169),

—

Visto el estudio de Copenhagen Economics titulado «Multiple benefits of investing in energy efficient renovation of buildings» (11),

—

Vista la contribución de la Comisión al Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013 titulada «Política energética y sus desafíos»,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0271/2013),

A.

Considerando que mejorr la eficiencia energética significa consumir menos energía manteniendo un nivel equivalente de actividades o prestaciones económicas (12);

B.

Considerando que el objetivo de fomentar la eficiencia energética está fijado por el artículo 194, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el contexto del establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente;

C.

Considerando que lograr la eficiencia energética es una prioridad clave para la Comisión y los Estados miembros, según demuestra uno de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, que aspira a incrementarla en un 20 %;

D.

Considerando que la disminución del consumo mediante la eficiencia energética es la forma más sostenible de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y generará una reducción de aproximadamente un 25 % de las importaciones;

E.

Considerando que una gran parte de la energía sigue procediendo de los hidrocarburos, que durante la combustión liberan gases de efecto invernadero;

F.

Considerando que la inversión en eficiencia energética puede aportar beneficios económicos, sociales y ambientales a las regiones europeas;

G.

Considerando que una aplicación oportuna y eficiente en sus costes de la Directiva sobre eficiencia energética puede reducir significativamente el consumo de energía, reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, crear nuevos puestos de trabajo, proporcionar protección social y erradicar la pobreza energética;

H.

Considerando que en el actual período de programación 2007-2013, se han destinado 5 000 millones de euros a la eficiencia energética, la cogeneración y la gestión de la energía en del presupuesto de la Política de Cohesión;

I.

Considerando que en el informe más reciente de la Comisión» (13) se constata que hasta finales de 2011 se destinaron casi 3 800 millones de euros a proyectos específicos de eficiencia energética, incluidos fondos renovables, lo que representa un porcentaje de ejecución del 68 %; considerando que el informe también señala que esta tasa de aplicación era desigual en la Unión;

J.

Considerando que el Consejo, en su Informe de síntesis de marzo de 2013 (14), identificó entre los factores que afectan negativamente al desarrollo de la eficiencia energética la falta de información adecuada y de incentivos financieros, el perfil bajo de las medidas de eficiencia energética y la aplicación inadecuada de la legislación vigente, señalando que dichos factores son más prácticos que reglamentarios;

K.

Considerando que el importe mínimo de financiación de proyectos disponible en el mecanismo de Asistencia Energética Local Europea (Elena) es de 50 millones de euros y que, en el programa «Energía Inteligente», el mínimo supera los 6 millones de euros, cantidad superior a la de muchos proyectos en comunidades pequeñas y rurales;

1.

Subraya que, en el actual periodo de crisis y habida cuenta de que la Unión importa más del 50 % de la energía que necesita, la mejora de la eficiencia energética de forma rentable puede contribuir en gran medida a impulsar la competitividad, creando empleo y crecimiento a nivel local y a nivel regional, y podría representar una opción beneficiosa para todas las partes en la lucha contra el cambio climático y los elevados gastos energéticos;

2.

Apoya el compromiso de la UE de lograr el objetivo de aumentar la eficiencia energética en un 20 % antes de 2020; señala que una aplicación sin demoras y adecuada de la Directiva sobre eficiencia energética y sus instrumentos, en consonancia con las circunstancias de cada país, volvería a situar a los Estados miembros en la senda correcta para poder lograr el objetivo del 20 %; en este sentido, insta a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para lograr el objetivo de Europa 2020 y a que allanen el camino hacia ahorros adicionales después de esa fecha;

3.

Señala que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos podrían ayudar a proporcionar incentivos para la inversión privada en productos, medios de transporte, edificios, industria, obras y servicios eficientes en su consumo de energía, incluidos los servicios de eficiencia energética, y podrían contribuir a reducir el gasto público en energía, lo que permitiría obtener más valor con los fondos públicos; aplaude las prioridades de eficiencia energética propuestas en el capítulo de investigación energética de Horizonte 2020;

4.

Destaca la experiencia del actual periodo de financiación, que muestra que no podrán aprovecharse plenamente los recursos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos reservados para la eficiencia energética; destaca, por consiguiente, que en el marco financiero para 2014-2020 —en el que la parte de la financiación correspondiente a la eficiencia energética es mayor que nunca— debe procurarse facilitar el acceso de las entidades locales y regionales a estos fondos;

5.

Subraya que los Estados miembros deben considerar el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para la eficiencia energética como una oportunidad de inversión con un gran efecto de apalancamiento, y no como un gasto; pide a la Comisión Europea que revise de nuevo las normas sobre ayudas estatales a fin de permitir una mayor financiación nacional de la eficiencia energética junto a las inversiones europeas;

6.

Destaca la importancia de la política de cohesión y de los recursos financieros que se le asignan para el pleno desarrollo de redes inteligentes que den lugar a sistemas más eficientes desde el punto de vista energético en todas las regiones, reduciendo el consumo y las pérdidas de energía;

7.

Señala que las entidades locales y regionales deben disponer de las competencias y las responsabilidades adecuadas no solo en lo relativo al suministro de energía y su uso, sino también en cuanto a la consecución de los objetivos de eficiencia energética;

8.

Pide a la Comisión que mejore la seguridad jurídica con respecto a las normas sobre ayudas estatales regionales destinadas a la construcción de viviendas sociales que cumplan las normas de eficiencia energética y a la inversión en energía y edificios sostenibles;

9.

Recuerda que, según algunas investigaciones académicas, en 2010 cerca del 9 % de los ciudadanos de la UE, Noruega y Suiza (52,08 millones de personas) no pudo calentar convenientemente su hogar; toma nota de que la pobreza energética es particularmente grave en los Estados miembros nuevos y se debe, en la mayoría de los casos, al mal aislamiento de las viviendas; pide a la Comisión que estudie con detalle los vínculos entre promoción de eficiencia energética, pobreza energética y consumidores vulnerables; destaca que el ahorro realizado mediante medidas de eficiencia energética debe repercutirse en beneficio de los consumidores mediante la reducción de sus facturas;

10.

Señala que el potencial de la eficiencia energética no se ha aprovechado todavía realmente en determinados sectores económicos, como la construcción y los transportes, y que las dotaciones de los Fondos Estructurales, del Fondo de Cohesión o de otras formas de inversión destinadas a mejorar la eficiencia energética deben contribuir a aumentar las oportunidades de empleo en estos sectores;

11.

Destaca la necesidad de garantizar que la construcción y la renovación de viviendas sociales se lleve a cabo con el fin de alcanzar los objetivos de eficiencia energética y de cumplir las normas al respecto; pide a los Estados miembros y al conjunto de las partes interesadas, respetando el principio de subsidiariedad, que tengan en cuenta la vivienda social en los programas nacionales de reformas y al configurar las prioridades estratégicas de los acuerdos de asociación en el próximo período de programación 2014-2020; recuerda a los Estados miembros, en este contexto, las disposiciones establecidas en el artículo 20 de la Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética;

12.

Reconoce que uno de los mayores obstáculos para ahorrar energía a nivel local y regional es la necesidad de efectuar inversiones previas; por tanto, considera que las medidas adoptadas a nivel de la UE deben tener debidamente en cuenta las consecuencias para los municipios y regiones y sus restricciones presupuestarias; en este sentido, recomienda que se consulte a los representantes locales y regionales al fijar orientaciones de desarrollo en materia energética y que se conceda apoyo financiero a los programas de desarrollo a escala local y regional para el aprovechamiento de los recursos energéticos existentes;

13.

Recuerda que el Parlamento ya aprobó el Informe sobre el papel de la política de cohesión de la UE y sus actores en la aplicación de la nueva política energética europea, y que este informe también abarca las cuestiones de eficiencia energética;

14.

Señala que el objetivo primordial de la política de cohesión sigue siendo la reducción de las disparidades económicas, sociales y territoriales entre las regiones y considera que las políticas de eficiencia energética no deben interferir con este objetivo; subraya que algunas de las regiones más pobres de la UE pueden tener diferentes prioridades y requerir primero inversiones en otros sectores; subraya que el punto fuerte de la política de cohesión radica en su flexibilidad y en la administración descentralizada de los fondos a nivel local;

15.

Recuerda la modificación del Reglamento relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 2009 con respecto a la eficiencia energética, por la que se hizo subvencionable la vivienda en todos los Estados miembros con un límite máximo del 4 %; señala que, debido a un cambio posterior de las disposiciones, a saber, una modificación de los programas operativos hecha ya durante el período de programación, en muchos Estados miembros esta medida política no se ha traducido en un incremento sustancial de los fondos reorientados a este objetivo; señala que, como esta modificación no entrañó financiación adicional de la UE, algunos Estados miembros rechazaron esta oportunidad, mientras que en otros se ha puesto de manifiesto una importante correlación entre una baja absorción de fondos y unas funciones administrativas deficientes; señala la importancia de la claridad jurídica en relación con las medidas de eficiencia energética antes y durante el nuevo período de programación 2014-2020;

16.

Acoge con satisfacción las nuevas oportunidades que ofrecen el FEDER y el Fondo de Cohesión en la consecución de los objetivos de eficiencia energética en el período de programación 2014-2020 así como la atribución de un papel más destacado a ambos fondos en este sentido; apoya en particular el futuro papel de financiación de la política de cohesión en todo el sector de la construcción, incluida la vivienda;

17.

Pide a los Estados miembros que introduzcan en sus programas operativos formalidades sencillas y no burocráticas para la utilización de los fondos destinados a mejorar la eficiencia energética de las viviendas;

18.

Pide a los Estados miembros que garanticen que las disposiciones de descentralización faciliten a los municipios acceso directo a financiación destinada a mejorar la eficiencia energética de las viviendas;

19.

Toma nota del resultado de las negociaciones sobre el Reglamento FEDER por lo que se refiere a los porcentajes mínimos reservados para su uso en objetivos temáticos específicos para cada categoría de regiones, lo que garantiza un incremento importante de las dotaciones para eficiencia energética y recursos energéticos renovables; recuerda que unas cuotas mínimas ambiciosas resultan cruciales para facilitar la movilización de los actores locales y ayudan a crear programas estables y a largo plazo;

20.

Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de ampliar la utilización de instrumentos financieros innovadores en el período de programación 2014-2020 a todos los objetivos temáticos, incluida la eficiencia energética;

21.

Hace suyas las propuestas de la Comisión para la simplificación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el período de programación 2014-2020; considera que la conclusión de las negociaciones sobre el Reglamento de disposiciones comunes debería dar lugar a la aplicación satisfactoria del uso de múltiples fondos, que beneficiaría en gran medida a los proyectos de eficiencia energética;

22.

Acoge con satisfacción los avances logrados en las negociaciones sobre el Reglamento que establece las disposiciones comunes con respecto a los acuerdos de asociación; pide, en este sentido, a los Estados miembros y las autoridades de gestión que colaboren con expertos en el ámbito de la eficiencia energética a fin de hacer un buen uso de este mecanismo en la preparación de los programas operativos;

23.

Anima a los Estados miembros a fortalecer las relaciones entre sus respectivos planes de acción nacionales sobre la eficiencia energética y los programas operativos con miras a garantizar que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos formen parte de una estrategia coherente, sin dejar de responder a las necesidades territoriales; hace hincapié en que la principal aspiración de las estrategias de eficiencia energética debe ser alcanzar el objetivo de autonomía energética a escala regional y local;

24.

Considera que las medidas de la UE deben apoyar la eficiencia energética en las fases de producción, distribución y consumo de energía; señala que, si bien la financiación energética de la política de cohesión actualmente se gasta sobre todo en las energías renovables (15), debe alcanzarse un mejor equilibrio que permita destinar un mayor porcentaje de financiación a proyectos de eficiencia energética;

25.

Insiste en que una excesiva especificación y unos objetivos vinculantes en lo que respecta a la aplicación de los objetivos de eficiencia energética pueden incrementar los gastos de los entes locales y regionales a la hora de aplicar estas medidas e imponer costes adicionales para los consumidores;

26.

Subraya la importancia de integrar una dimensión de eficiencia energética en las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente que tendrán que diseñar los Estados miembros y las regiones para acceder a la financiación de la innovación en el marco de la futura política de cohesión;

27.

Recuerda una vez más a los Estados miembros la importancia de un presupuesto bien dotado para el marco financiero plurianual 2014-2020, para que la política de cohesión pueda y deba actuar como motor de la recuperación;

28.

Pide a la Comisión que mejore la calidad de la información práctica sobre cuestiones relativas a la eficiencia energética y su difusión a los entes locales y regionales, en particular sobre los beneficios que se pueden obtener de las inversiones en eficiencia energética, las mejores metodologías, normas e incentivos financieros y los proveedores de servicios pertinentes, incluida la contratación de rendimiento energético; señala que la falta de empresas de servicios energéticos en muchas regiones y en muchos Estados miembros podría afectar a la absorción de la financiación destinada a la eficiencia energética;

29.

Hace hincapié en que la falta de información detallada sobre las características del parque inmobiliario a nivel regional supone un obstáculo importante para las autoridades nacionales y regionales a la hora de formular estrategias y planes; toma nota de los requisitos para facilitar tal información previstos en la Directiva 2012/27/UE y pide que también se complete a escala regional y se ponga a disposición del público;

30.

Alienta a las autoridades de gestión a mejorar la visibilidad de los programas operativos y las oportunidades para posibles beneficiarios de los proyectos de energía sostenible ofrecidos; sugiere que esto se lleve a cabo a través de la creación de sitios web, plataformas o bases de datos nacionales para beneficiarios potenciales y partes interesadas, la organización de seminarios y eventos para informar a grupos destinatarios y medidas para mejorar la visibilidad y la accesibilidad de los recursos web existentes (como el nuevo portal web de Build Up y el manual de SF Energy Invest);

31.

Alienta a las autoridades de gestión a que, en el período de programación 2014-2020, promuevan proyectos integrados mediante la adopción de un enfoque integral de la eficiencia energética a nivel territorial, en particular mediante el uso de nuevas herramientas de programación estratégica, como la Inversión territorial integrada, y la inclusión de iniciativas existentes, como el Pacto entre Alcaldes, para ayudar a desarrollar planes integrados; insta a la Comisión y a los Estados miembros a aplicar una tramitación «acelerada» a las solicitudes de fondos presentadas por las entidades firmantes del Pacto entre Alcaldes y que apliquen plenamente sus requisitos;

32.

Acoge con satisfacción la conferencia anual «Open Days» y el número de grupos de trabajo dedicados a proyectos locales y regionales de eficiencia energética; propone que la Comisión, los Estados miembros y las autoridades de gestión aprovechen este evento para crear una plataforma de intercambio de información con miras a fomentar el tan necesario diálogo y un intercambio de mejores prácticas para la aplicación y gestión de proyectos financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

33.

Pide a los Estados miembros que sigan las recomendaciones de la Comisión (16) e incrementen el desarrollo de capacidades, recurriendo a los presupuestos de asistencia técnica, con el fin de reforzar la participación efectiva de los actores locales, regionales y de la sociedad civil en el diseño de las estrategias regionales y locales en el ámbito de la energía;

34.

Reconoce que la transición a tecnologías de eficiencia energética requiere nuevas competencias, una educación vocacional sensibilizada con el medioambiente y una formación específica en la construcción y otros sectores; anima, en este sentido, a los Estados miembros a seguir utilizando fondos para brindar asistencia técnica a todos los niveles (por ejemplo, mediante el programa de asistencia energética local europea Elena); pide, además, a los Estados miembros que hagan uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el reciclado profesional y la mejora de las cualificaciones de los trabajadores a fin de que ocupen nuevos empleos emergentes en la economía hipocarbónica y de evitar déficits de mano de obra cualificada en el sector;

35.

Destaca los potenciales beneficios de las iniciativas Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas/Ayuda europea conjunta en apoyo de inversiones sostenibles en zonas urbanas) y Elena para la inversión en energía sostenible a nivel local, con miras a ayudar a las ciudades y regiones a emprender proyectos de inversión viables en los ámbitos de la eficiencia energética, y pide la promoción de estas iniciativas;

36.

Anima a que se conceda más apoyo administrativo a las entidades locales y regionales para ayudarlas a crear agrupaciones de proyectos de eficiencia energética de pequeño y mediano tamaño que por sí solos quedarían por debajo de los umbrales financieros mínimos para el acceso a la financiación de Elena, Jessica y Energía Inteligente; llama la atención de los Estados miembros y de la Comisión sobre el hecho de que las pequeñas y medianas ciudades y comunidades rurales a menudo carecen de la capacidad administrativa necesaria para utilizar plenamente los nuevos instrumentos financieros;

37.

Hace hincapié en que la burocracia y la falta de claridad de los procedimientos dificultan el acceso a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión e inducen a los actores más necesitados de esta financiación a no solicitarla; apoya, por tanto, la simplificación de las normas y procedimientos, la desburocratización y una mayor flexibilidad en la asignación de dichos fondos tanto a escala europea como nacional; considera que esta simplificación contribuirá a asignar eficazmente los fondos, aumentar el índice de absorción, reducir el número de errores y acortar los plazos de pago, y a hacer que las regiones y los Estados miembros más pobres puedan beneficiarse plenamente de los instrumentos financieros a fin de reducir las diferencias regionales e interestatales; opina que ha de encontrarse un equilibrio entre la simplificación y la estabilidad de las normas y los procedimientos;

38.

Subraya que una combinación de subvenciones y de instrumentos financieros puede servir como planteamiento eficaz e innovador para atraer la financiación privada, crear nuevos modelos de asociaciones público-privadas y mejorar la innovación; subraya la importancia de atraer inversiones privadas en el ámbito de la eficiencia energética, procedentes tanto de la UE como de países terceros;

39.

Señala que los esfuerzos orientados a obtener financiación para la inversión en proyectos de eficiencia energética a menudo se ven obstaculizados por barreras de mercado, regulatorias y de confianza como los elevados costes iniciales para los inversores y las dificultades para pronosticar con exactitud el potencial ahorro energético; insta a los Estados miembros a que busquen métodos adecuados de apoyo a las inversiones en el ámbito de la eficiencia energética de los hogares;

40.

Destaca con preocupación que la actual crisis económica y financiera ha hecho cada vez más difícil para los Estados miembros encontrar la financiación necesaria para cofinanciar los programas de política de cohesión relacionados con la eficiencia energética; considera fundamental, a este respecto, que se encuentren nuevas formas innovadoras de financiar proyectos de eficiencia energética, también desde el sector privado;

41.

Reconoce el apoyo de la Comisión para el fortalecimiento del papel de los instrumentos financieros nuevos e innovadores en el período de programación 2014-2020; subraya que la falta de resultados en el plazo previsto y de claridad jurídica representa una dificultad importante para los Estados miembros y para otras partes interesadas incluidas en la gestión de dichos instrumentos; insta a la Comisión a que presente sin demora propuestas para que estén disponibles instrumentos financieros listos para su uso para apoyar medidas de eficiencia energética;

42.

Pide a los Estados miembros que pongan en común las mejores prácticas de diseño de fondos nacionales de eficiencia energética de manera que sea posible utilizar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos como aportaciones de capital o similares y alinearlos con fuentes de financiación adicionales del sector privado;

43.

Pide a la Comisión que mejore aún más el apoyo financiero específico del Banco Europeo de Inversiones (BEI), del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (BCDE) y del Fondo Europeo de Eficiencia Energética (FEEE) destinado a proyectos de eficiencia energética; pide al BEI, al BCDE y al BERD que formen un grupo de trabajo conjunto para estudiar alternativas para nuevos instrumentos financieros, que pueden ser puestas a disposición de los Estados miembros, junto con sus fondos nacionales de eficiencia energética o a través de ellos, para estimular la inversión adicional del sector privado;

44.

Hace hincapié en que las asignaciones de fondos deben basarse en los principios de proporcionalidad, eficacia de costes y eficacia económica y en que no deben aumentar las cargas administrativas;

45.

Destaca la importancia de evaluar con regularidad si las medidas y requisitos de eficiencia energética siguen siendo adecuados ante las realidades climáticas, los impactos de la competitividad en la industria y las PYME y las consecuencias para los precios de la energía en los distintos Estados miembros y regiones; pide a la Comisión que estudie esto detenidamente a la hora de preparar un conjunto de indicadores de resultados;

46.

Destaca asimismo la necesidad de tener en cuenta las especificidades geográficas de las regiones ultraperiféricas en materia de eficiencia energética a fin de valorar mejor los recursos naturales relacionados con su insularidad (geotermia, energía solar, eólica y marina);

47.

Respalda el progreso del programa MARIE en la creación de una estrategia de mejora de la eficiencia energética en los edificios del Mediterráneo; pide, en este sentido, a los Estados miembros de la zona del Mediterráneo que compartan las mejores prácticas con el fin de proporcionar un modelo de optimización de costes para el sur de Europa; pide la creación de programas similares en otras regiones europeas, sobre todo en la Europa central; considera que podría aplicarse una estrategia similar en las regiones ultraperiféricas, particularmente porque la mayoría de ellas (aunque no todas) están situadas en los trópicos;

48.

Pide a los Estados miembros que fijen unos objetivos exigentes para garantizar que los edificios públicos y los edificios destinados a otros fines satisfagan las normas de eficiencia energética más exigentes, tal como prevé la Directiva 2010/31/UE, y para que sean objeto de certificación energética periódica;

49.

Pide a la Comisión que clarifique los indicadores comunes de eficiencia energética de la política de cohesión que deben aplicar y utilizar los Estados miembros en el próximo período de programación 2014-2020;

50.

Pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta la situación económica, geográfica y social a la hora de determinar para cada Estado miembro o región los costes de inversión necesarios para alcanzar un ahorro de un kWh;

51.

Pide a la Comisión que elabore sin demora y en estrecha consulta con los Estados miembros y las regiones unas orientaciones para la evaluación de proyectos de eficiencia energética, que podrían servir de base para establecer mecanismos de evaluación, seguimiento y verificación de proyectos para determinar su rentabilidad;

52.

Pide a los Estados miembros que apliquen indicadores de resultados como los definidos en el anexo al Reglamento FEDER y que empleen unos criterios de selección de proyectos transparentes y costes de inversión estándar por unidad de energía por ahorrar, con un plazo máximo aceptable de amortización simple para proyectos de eficiencia energética;

53.

Toma nota del último informe del Tribunal de Cuentas sobre la relación coste-eficacia de las inversiones de la política de cohesión en materia de eficiencia energética; destaca la recomendación del Tribunal de que se utilicen unos criterios de selección de proyectos transparentes y más estrictos tanto a escala de la UE como de los Estados miembros; está de acuerdo con la conclusión del Tribunal de que los criterios de evaluación utilizados para tomar decisiones de inversión deben ser más claros y más precisos en lo que respecta a cómo han de ser considerados los aspectos de eficiencia energética;

54.

Señala, no obstante, que la apreciación del Tribunal es más bien restrictiva en cuanto a la muestra y al período de amortización de la inversión; subraya que la política de cohesión es una política integrada y que, por lo tanto, es preciso adoptar un enfoque integral basado en el análisis del coste del ciclo de vida al llevar a cabo las evaluaciones de los proyectos;

55.

Señala que en 2010 el consumo de energía de los edificios constituía la mayor parte —40 %— del consumo final total de energía en la UE, de la cual correspondía a los hogares el 26,7 %, y que este consumo suponía el 36 % de las emisiones de CO2 de la Unión; lamenta que la mayoría de los Estados miembros no estén a la altura cuando se trata de hacer pleno uso del potencial de ahorro energético de los edificios; pide a la Comisión que busque vías para alentar los esfuerzos encaminados a asegurar que el mayor potencial de ahorro energético no se quede sin explotar presentando propuestas relativas a unos objetivos claros de consumo de energía en los edificios de los Estados miembros;

56.

Recuerda que los edificios tienen un ciclo natural de renovación de 40 años y que las tecnologías de ahorro energético en este sector están bien desarrolladas, por lo que la mayoría de las barreras que impiden el pleno aprovechamiento del potencial de ahorro energético son de carácter no técnico; señala que debido al carácter de los proyectos de renovación con miras de eficiencia energética, que a menudo son menos visibles, menores y más difíciles de agregar, corresponde a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos un papel crucial a la hora de proporcionar la financiación necesaria para superar estas barreras;

57.

Señala que el potencial de ahorro energético, que depende en gran medida de las condiciones de los edificios existentes, no está repartido equitativamente entre los Estados miembros y las regiones; pide a los Estados miembros que redefinan el concepto de «vivienda digna» incorporándole criterios de eficiencia energética;

58.

Subraya que es necesaria la inversión pública en eficiencia energética en los edificios, particularmente en las regiones menos desarrolladas y en los Estados miembros beneficiarios de financiación de cohesión, en los que existe un importante potencial de reducción del consumo de energía a través de medidas rentables;

59.

Alienta a los Estados miembros a que maximicen la utilización de los programas nacionales y regionales para garantizar que el nivel de eficiencia energética de los edificios nuevos sea elevado desde su concepción y para que se aumente el del parque inmobiliario existente (retroadaptación), incluidas las viviendas de familias de ingresos bajos;

60.

Señala que las zonas rurales y remotas tienen unas condiciones ideales para el despliegue de formas eficientes de producción descentralizada de energía que podrían reducir las pérdidas de energía debidas al transporte de electricidad a larga distancia;

61.

Pide a las autoridades públicas competentes que aceleren la renovación de los edificios de su propiedad, recurriendo a la política de cohesión para proporcionar el impulso necesario y crear ejemplaridad;

62.

Pide a los Estados miembros que presten especial atención a las dificultades a las que se enfrenta la copropiedad de edificios de apartamentos multifamiliares, que presentan el difícil problema causado por las personas que se aprovechan de los demás;

63.

Pide a la Comisión que aumente la concienciación acerca del potencial real de renovación profunda y renovación profunda por etapas del parque inmobiliario apoyando a los Estados miembros en la preparación de sus estrategias de renovación; recomienda que estas estrategias se desarrollen paralelamente a las propuestas de programas operativos, y que se centren en incorporar el uso de instrumentos financieros innovadores, e incluyan hitos indicativos para aumentar la confianza de los inversores;

64.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Comité de las Regiones.

9.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 93/31

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Comunicación de la Comisión «Una estrategia marítima para los mares Adriático y Jónico» (COM(2012)0713),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) no 1626/94 (1) y sucesivas modificaciones («Reglamento sobre el Mediterráneo»),

—

Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2013, sobre la política pesquera común (2),

—

Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2012, sobre la dimensión exterior de la política pesquera común (3),

—

Vistas la Directiva 2008/56/CE y la obligación de los Estados miembros de la UE de adoptar las medidas necesarias para lograr o mantener un buen estado medioambiental del medio marino a más tardar en el año 2020,

—

Vista su Resolución, de 3 de julio de 2012, sobre la evolución de las estrategias macrorregionales de la UE: prácticas actuales y perspectivas de futuro, especialmente en el Mediterráneo (4),

—

Vista su Posición, de 8 de marzo de 2011, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo) (5),

—

Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2010, sobre la Política Marítima Integrada — Evaluación de los progresos realizados y nuevos desafíos (6),

—

Vista la propuesta de Directiva por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas, presentada por la Comisión (COM(2013)0133),

—

Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre un nuevo impulso a la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Europea (7),

—

Vista la Directiva sobre los hábitats (8),

—

Vista la Declaración de los Ministros europeos responsables de la Política Marítima Integrada y de la Comisión, de 7 de octubre de 2012, sobre un programa de crecimiento marino y marítimo y el empleo («Declaración de Limassol»),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Crecimiento azul: oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible» (COM(2012)0494),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 23 y 24 de junio de 2011,

—

Vistos el Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación y los protocolos del mismo (9),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Visto el dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones, de 12 de octubre de 2011, sobre el desarrollo de una nueva macrorregión Adriático-Jónico (10),

—

Vista la Declaración de Ancona, aprobada el 5 de mayo de 2010, con ocasión del 12o Consejo Jónico,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982 (CNUDM),

—

Visto el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, aprobado el 31 de octubre de 1995,

—

Vista la Recomendación 199 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo en el sector pesquero,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Pesca (A7-0234/2013),

A.

Considerando que siete países tienen una salida al mar Adriático y al mar Jónico (11), cuatro de los cuales son Estados miembros (Italia, Grecia, Croacia y Eslovenia), uno es un país candidato (Montenegro) y dos son candidatos potenciales (Albania y Bosnia-Herzegovina);

B.

Considerando que la cooperación transfronteriza es fundamental para desarrollar una gestión conjunta de la actividad pesquera y garantizar la explotación sostenible de los recursos pesqueros;

C.

Considerando que, si bien algunos países del Adriático han establecido zonas especiales, una parte considerable de la cuenca de los mares Adriático y Jónico sigue formando parte de las aguas internacionales;

D.

Considerando que, en su reciente Resolución sobre la evolución de las estrategias macrorregionales de la UE, el Parlamento destacó que «la estrategia macrorregional Adriático-Jónico es un factor significativo para la reconciliación de los territorios de los Balcanes Occidentales, pudiendo contribuir de ese modo a la integración de estos países en la UE», lo que le permite llevar a cabo una política global para toda la cuenca mediterránea;

E.

Considerando que los países firmantes de la Declaración de Ancona han pedido a la Comisión que desarrolle una estrategia macrorregional para la región Adriático-Jónico, siguiendo el ejemplo de las estrategias macrorregionales ya propuestas por la Comisión para el Báltico (2009), el Danubio (2010) y el océano Atlántico (2011) (12);

F.

Considerando que, en las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 junio de 2011, «se invita a los Estados miembros a que prosigan sus trabajos en colaboración con la Comisión sobre posibles estrategias macrorregionales futuras, especialmente para la región de los mares Adriático y Jónico»;

G.

Considerando que, en un reciente dictamen, el Comité de las Regiones ha pedido al Parlamento que apoye la creación de una estrategia de la UE para una macrorregión Adriático-Jónico que tenga en cuenta los grandes retos que afronta esta cuenca y, en particular, por lo que respecta a los sectores de la pesca y la acuicultura;

H.

Considerando que la pesca es tradicionalmente un sector importante para la mayoría de las regiones bañadas por los mares Adriático y Jónico, y que las actividades de la pesca en esta región se gestionan actualmente en la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) y en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA);

I.

Considerando que, desde el punto de vista geofísico, la cuenca del mar Adriático, especialmente en su parte septentrional, está constituida por fondos poco profundos y arenosos, que tan solo alcanzan mayores profundidades a muchas millas de la costa, y que las características de la cuenca marina del mar Jónico son similares a las del resto del Mediterráneo, mucho más profundo, en particular en las SZG (subzonas geográficas de la CGPM) 18 y 19, cuya profundidad puede llegar a los dos mil metros;

J.

Considerando que la pesca en la cuenca del Adriático-Jónico es una pesquería multiespecífica, que se caracteriza por actividades que implican el uso de diversas artes, desde la pesca artesanal a pequeña escala hasta la pesca de arrastre demersal y desde la pesca pelágica de media altura a la pesca deportiva;

K.

Considerando que el mar Adriático alberga una gran cantidad de especies endémicas de peces; que, sin embargo, el aumento del esfuerzo de pesca o de los niveles de contaminación ha dado lugar a graves problemas para las poblaciones de peces y la industria pesquera en general, especialmente en la costa italiana de la parte meridional del mar Adriático;

L.

Considerando asimismo que, durante los últimos años, la acuicultura ha conocido un importante desarrollo en la región Adriático-Jónico, pese a las grandes limitaciones de orden medioambiental y espacial y a que no todas las zonas son adecuadas para instalar piscifactorías en mar abierto y, cuando lo son, esas instalaciones no siempre son compatibles con otras actividades;

M.

Considerando que ya existen buenas iniciativas de cooperación regional para promover la cooperación científica en apoyo de la pesca responsable en el mar Adriático, como AdriaMed (13);

N.

Considerando que numerosos Estados miembros no se cuentan con un plan de ordenación específico nacional o regional que regule la construcción de piscifactorías en zonas costeras y marítimas y defina de un modo inequívoco las zonas en que pueden construirse instalaciones acuícolas, a fin de evitar conflictos de intereses fácilmente previsibles con otros sectores económicos como el turismo, la agricultura o la pesca de litoral;

O.

Considerando que existe una red de áreas protegidas marinas y costeras del mar Adriático (AdriaPAN), una iniciativa para mejorar la eficacia de su gestión y la capacidad de planificación en colaboración;

P.

Considerando que el desarrollo de un enfoque integrado de las políticas marítimas en los mares Adriático y Jónico debe ir acompañado de un proceso de diálogo y asociación con todos los Estados ribereños, habida cuenta de la naturaleza transfronteriza de las actividades marinas y los recursos compartidos;

1.

Señala que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo se convirtió en colegislador de pleno derecho para la pesca y la acuicultura, por lo que se propone desempeñar plenamente su papel en el establecimiento de directrices para la pesca, tanto a escala de la UE como a escala regional y transregional;

2.

Opina que una estrategia para el Adriático y el Jónico debería mencionar de manera particular el desarrollo y el crecimiento sostenibles de los sectores de la pesca y la acuicultura, incluido el empleo;

3.

Considera que una estrategia para los mares Adriático y Jónico debe procurar garantizar la preservación y la protección del medio ambiente;

4.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión de 3 de diciembre de 2012, ya que constituye un paso importante para la adopción de un marco normativo para promover una mayor cooperación entre los países y regiones ribereños del mar Adriático y del mar Jónico, con el fin de asegurar una pesca responsable y económicamente sostenible para las comunidades costeras;

5.

Opina que, en este contexto, la Política Marítima Integrada (PMI) debería desempeñar un papel crucial para el desarrollo de políticas estratégicas a largo plazo en los mares Adriático y Jónico, en aras de un crecimiento marino y marítimo sostenible y de la preservación de los ecosistemas marinos para las generaciones venideras;

6.

Opina asimismo que la ordenación del espacio marítimo —como proceso público de análisis y planificación de la distribución espacial y temporal de las actividades humanas en las regiones del mar Adriático y del Jónico, en particular en la parte septentrional del mar Adriático— es crucial para el futuro sostenible del sector de la pesca en relación con otras actividades conexas;

7.

Reitera su compromiso en favor de la aplicación de una estrategia macrorregional para esta importante cuenca marítima, a fin de abordar los desafíos y problemas comunes que afrontan los ciudadanos de las regiones costeras afectadas y promover el desarrollo económico y la integración europea de la región;

8.

Opina que todos los programas e instrumentos de financiación de la UE (14) para las regiones de la cuenca del Adriático-Jónico, incluido el instrumento de ayuda de preadhesión (IPA), deben ser compatibles y utilizarse de la forma más eficaz posible, con objeto de aportar un verdadero valor añadido a los operadores y empresas de la industria de la pesca en la zona;

9.

Expresa la firme convicción de que todos los esfuerzos en favor de una pesca responsable y sostenible en la cuenca del Adriático-Jónico pueden servir de catalizador para el desarrollo de las zonas costeras y rurales de los países correspondientes y contribuir al desarrollo de actividades productivas integradoras —por ejemplo, el «turismo de pesca», dirigido a los pescadores profesionales y que consiste en embarcar en los buques pesqueros a personas con fines de turismo recreativo o de estudio— siempre en completa armonía con los principios de una pesca sostenible que respete plenamente la ecología y la biodiversidad de la cuenca;

10.

Considera que el Convenio de Barcelona y su Protocolo sobre la gestión integrada de las zonas costeras, que entró en vigor en marzo de 2011, podrían servir de modelo para hacer obligatoria una política integrada para los Estados miembros ribereños de los mares Adriático y Jónico;

11.

Considera que la información disponible relativa a las poblaciones de peces en la cuenca del Adriático-Jónico, sus movimientos y su distribución, así como a la actividad de pesca recreativa, no es satisfactoria, por lo que pide a las autoridades y a los centros de investigación competentes que tomen medidas con prontitud para colmar las lagunas existentes;

12.

Insta a la Comisión a adoptar nuevas medidas para impulsar programas de investigación relacionados con el medio marino y la pesca, y a alentar el aprovechamiento y la difusión de los resultados de esa investigación;

13.

Considera que, en materia comercial, los buenos ejemplos de cooperación entre órganos administrativos de diferentes regiones (15), pueden servir como ejemplos de mejores prácticas y extenderse a otros ámbitos de aplicación para garantizar una mejor trazabilidad, rentabilidad y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, en particular, de los productos locales;

14.

Respalda la participación de todas las partes interesadas en el desarrollo de una pesca sostenible y productiva en la región;

15.

Considera que, para garantizar el desarrollo sostenible del sector de la pesca y la acuicultura en toda la cuenca del Adriático-Jónico y fomentar el empleo en las zonas costeras, es esencial valorar la importante labor de las mujeres en el sector pesquero, favoreciendo su promoción profesional y su inclusión en los grupos de acción costera y en las organizaciones de productores;

16.

Pide que se creen incentivos para atraer a los jóvenes a los sectores de la pesca y la acuicultura en esta región y que se les aliente a que emprendan estas actividades;

17.

Señala que el Parlamento ya ha llamado anteriormente la atención sobre la necesidad de una legislación sobre acuicultura más sencilla, coherente y transparente que elimine los obstáculos que han impedido hasta ahora el desarrollo de todo el potencial de la acuicultura de la UE, lo que necesitará una legislación de la UE y nacional clara y no contradictoria, así como la elaboración de planes de ordenamiento marítimo y costero bien definidos por los Estados miembros, de conformidad con las directrices recientemente aprobadas dentro de la CGPM (16);

18.

Recuerda que un desarrollo específico del sector de la acuicultura podría ofrecer a las regiones costeras de la cuenca del Adriático-Jónico, de gran vocación turística estival, puestos de trabajo no sujetos a fluctuaciones estacionales y, por lo tanto, aportar una contribución significativa para el empleo;

19.

Hace hincapié en que la expansión de las actividades acuícolas no debe poner en riesgo la consecución de un buen estado medioambiental conforme a la Directiva 2008/56/CE, y debe llevarse a cabo en estricto cumplimiento de toda la legislación medioambiental pertinente de la Unión;

20.

Recuerda que la protección de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino contra la contaminación y la pesca excesiva o ilegal solo es posible a través de la creación de una red integrada de sistemas información y vigilancia de las actividades marítimas, en estrecha cooperación con los Estados y las regiones costeras de que se trate;

21.

Insta a los países ribereños de la cuenca del Adriático-Jónico a cooperar en la elaboración de una panorámica global sobre las peculiaridades geofísicas y batimétricas de la zona, la presencia y distribución de las distintas especies marinas y las diferentes técnicas de pesca, a fin de obtener una visión de conjunto que pueda ser la base para una mejor gestión pesquera y contribuya a reforzar la importancia de la actividad pesquera en el marco de cualquier futura estrategia macrorregional;

22.

Pide a la Comisión que adopte lo antes posible, y no más tarde de 2013, el plan de acción para la aplicación concreta de la estrategia marítima de base macrorregional para los mares Adriático y Jónico, señalando que la industria pesquera debe ser una de las prioridades de esta estrategia, teniendo en cuenta las conformaciones geofísicas específicas y vinculando este plan de acción a la política regional, la política marítima integrada de la Unión y al Mecanismo «Conectar Europa», para maximizar el efecto multiplicador de dicho plan;

23.

Insta a la Comisión a que presente cuanto antes una propuesta de Reglamento por el que se establezcan medidas técnicas comunes en materia de pesca en la cuenca del Adriático-Jónico y se definan el esfuerzo de pesca, los tiempos de pesca, las artes de pesca permitidas y otras medidas de gestión pertinentes;

24.

Lamenta que los Estados miembros no hayan hecho un mayor uso de estos planes de gestión individuales, que permiten derogar determinadas normas generales para adaptarlas a sus propias especificidades; considera que ello hubiera facilitado considerablemente la gestión de proximidad y hubiese ofrecido datos valiosos sobre las realidades de las diferentes zonas que hubieran permitido las oportunas adaptaciones; pide por ello que los Estados miembros ribereños colaboren constructivamente, entre ellos y con la Comisión, en la actualización y la adecuación permanente de las medidas de gestión pesquera;

25.

Pide a la Comisión que establezca un diálogo permanente con los terceros países de la cuenca del Adriático-Jónico con vistas a concluir acuerdos bilaterales o multilaterales específicos para avanzar en la armonización y la homogenización de las reglas de gestión de la pesca, con el fin de alcanzar los objetivos de la política pesquera común de la UE (PPC) en el Mediterráneo, aprovechando plenamente al mismo tiempo el marco de colaboración que ofrecen las organizaciones internacionales y regionales de pesca; señala que una estrategia para los mares Adriático y Jónico solo puede aportar valor añadido si se tiene en cuenta a todos los países ribereños, tanto los miembros de la UE como los no pertenecientes a ella;

26.

Pide a la Comisión que promueva los objetivos de la PPC, en particular la consecución de niveles superiores al rendimiento máximo sostenible (RMS) para todos los caladeros, a más tardar para 2020, y fomente el uso de un enfoque basado en los ecosistemas ante países no pertenecientes a la UE;

27.

Pide a la Comisión que intensifique, en cooperación con los Estados ribereños, el intercambio de buenas prácticas de conservación y que promueva el establecimiento de zonas marinas protegidas («zonas de recuperación») destinadas a la recuperación de las especies más amenazadas;

28.

Pide a la Comisión que promueva los objetivos de la Directiva Marco sobre la estrategia marina (DMEM) ante los países ribereños de los mares Adriático y Jónico no pertenecientes a la UE, en especial el de alcanzar o mantener un buen estado medioambiental en el medio marino para el año 2020 a más tardar;

29.

Pide, en este sentido, a la Comisión que anime a los Estados miembros ribereños de los mares Adriático y Jónico a desarrollar y poner en marcha estrategias marinas mediante un enfoque basado en los ecosistemas que asegure la incorporación de las cuestiones medioambientales a las distintas políticas que tienen un impacto sobre el medio marino, teniendo en cuenta los efectos transfronterizos sobre la calidad de las aguas marinas de los terceros países vecinos;

30.

Recuerda que tanto en el futuro Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), a través de los programas de recogida de datos, como en el marco de los distintos programas de investigación de la Unión, existe financiación para mejorar el conocimiento del medio marino, incluidas las especies de peces, y para introducir una mayor innovación y mejores prácticas en las actividades de pesca; pide por tanto a los Estados miembros que presenten proyectos en este sentido, y considera que de la cooperación previa entre los distintos países ribereños, pertenezcan o no a la UE, pueden surgir iniciativas de gran interés que, a través de los proyectos de los Estados miembros, pueden beneficiar a toda la cuenca del Adriático-Jónico;

31.

Pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de crear, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y con base en la experiencia adquirida a través del FMIP (17), una línea de financiación especial para la realización de las acciones y los objetivos de la presente estrategia, para evitar que se complique aún más la situación con la adopción de nuevos instrumentos presupuestarios; pide a la Comisión que evalúe asimismo la conveniencia de utilizar obligaciones para la financiación de proyectos y colaboraciones público-privadas como instrumentos de financiación particularmente adecuados;

32.

Pide a la Comisión que proponga la creación, en el ámbito del Consejo Consultivo Regional (CCR) para el Mediterráneo ya establecido, de órganos consultivos específicos, tanto para el mar Adriático como para el mar Jónico, basándose en las experiencias positivas de los «distritos del mar» creados en aguas italianas (18) (como, por ejemplo, el distrito de pesca Adriático Norte, instituido en 2012 para la gestión compartida y concertada del sector pesquero de la parte septentrional del mar Adriático en los ámbitos político, económico, social y medioambiental);

33.

Pide a la Comisión que incluya en su futura propuesta legislativa sobre la ordenación del espacio marítimo disposiciones que obliguen a los Estados miembros a efectuar el inventario de las normas de protección del medio ambiente y del turismo vigentes en sus territorios respectivos, y, en las áreas no restringidas, a adoptar planes de ordenamiento marítimo y costero que establezcan la admisibilidad y la compatibilidad del uso y la ocupación de esas zonas, con vistas a facilitar el acceso a espacios adecuados para la implantación de empresas de acuicultura;

34.

Pide a la Comisión que establezca un plan de trabajo específico para los mares Adriático y Jónico en el que figuren los objetivos futuros para dicha región a semejanza del que está en marcha actualmente en el Mediterráneo (proyecto sobre la Política Marítima Integrada en el Mediterráneo, IMP-MED); destaca que dicho plan de trabajo debe considerarse como un proyecto que puede optar a financiación del FEMP;

35.

Insta a la Comisión a crear un conjunto de medidas sancionadoras para asegurar que se pueda sancionar a un Estado miembro que no cumpla con las obligaciones de recogida y transmisión de datos o sea incapaz de atajar los problemas de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en sus aguas o por parte de su flota pesquera;

36.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

9.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 93/37

—

Visto el artículo 286 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista su Resolución, de 5 de septiembre de 2006, sobre el Informe Especial no 5/2005 del Tribunal de Cuentas: Gastos de interpretación del Parlamento, la Comisión y el Consejo (1),

—

Visto el Informe Especial no 5/2005 del Tribunal de Cuentas titulado «Gastos de interpretación del Parlamento, la Comisión y el Consejo», acompañado de las respuestas de las instituciones (2),

—

Vista la nota a la atención de los miembros de la Mesa titulada «Multilingüismo pleno con una utilización eficiente de los recursos en la interpretación — aplicación de la decisión sobre el presupuesto del Parlamento Europeo para el ejercicio 2012»,

—

Visto el informe del Secretario General del Parlamento Europeo, de 9 de abril de 2013, titulado «Preparación para la complejidad — El Parlamento Europeo en 2025. Respuestas»,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0233/2013),

A.

Considerando que el multilingüismo es una de las características principales del Parlamento Europeo y de la Unión en su conjunto, y que garantiza el respeto de la diversidad cultural y lingüística, así como el trato igualitario a todos los ciudadanos de la UE procedentes de distintos lugares y contextos;

B.

Considerando que el principio del multilingüismo en el Parlamento Europeo es el fundamento de la actividad política, colegislativa y comunicativa de la Institución;

C.

Considerando que el principio del multilingüismo en el Parlamento Europeo protege de toda obstrucción innecesaria del derecho de sufragio pasivo de los ciudadanos europeos en las elecciones al Parlamento Europeo;

D.

Considerando que el multilingüismo garantiza el derecho de los ciudadanos a comunicarse con el Parlamento en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE, permitiéndoles así ejercer su derecho al control democrático;

E.

Considerando que los servicios lingüísticos del Parlamento facilitan la comunicación y, de esta manera, se aseguran de que el Parlamento siga abierto para todos los ciudadanos europeos, garantizando la transparencia dentro de la estructura multilingüe única de la Unión basada en 24 lenguas oficiales;

F.

Considerando que el Reglamento del Parlamento dispone que los diputados pueden expresarse en la lengua oficial que elijan y que se proporcionarán servicios de interpretación al resto de las lenguas oficiales, respetando así el derecho democrático a ser elegido diputado al Parlamento Europeo independientemente de los conocimientos lingüísticos personales;

G.

Considerando que, debido a las sucesivas ampliaciones, el desafío del multilingüismo ha adquirido una dimensión completamente nueva en lo tocante al tamaño, la complejidad y la importancia política, y que el multilingüismo generalizado se traduce, lógicamente, en importantes costes crecientes para el Parlamento y, por ende, para los ciudadanos de la Unión;

H.

Considerando que, por lo que respecta al presupuesto del Parlamento para 2012, se imponía un ahorro considerable, incluida una reducción de los costes de los servicios de interpretación de 10 millones de euros al año, a fin de limitar el aumento del presupuesto al 1,9 % respecto al ejercicio precedente;

1.

Reconoce que la Unión Europea es la única entidad a escala mundial que aplica una política oficial de multilingüismo basada en 24 lenguas oficiales, que tiene que abarcar un total de 552 combinaciones lingüísticas; acoge con satisfacción, a este respecto, la gran calidad de los servicios de interpretación del Parlamento, pero opina que deben buscarse formas de reducir la carga que conlleva la compleja estructura del multilingüismo y los costes considerables y crecientes de esta;

2.

Observa que, entre todas las lenguas utilizadas en el Pleno en Estrasburgo y Bruselas entre septiembre de 2009 y febrero de 2013, el inglés se utilizó durante 26 979 minutos (29,1 %), el alemán durante 12 556 minutos (13,6 %), el francés durante 8 841 minutos (9,5 %), el estonio durante 109 minutos (0,1 %) y el maltés durante 195 minutos (0,2 %);

3.

Destaca que todo el mundo puede acceder públicamente a las sesiones plenarias y a las reuniones de comisión a través de la retransmisión en Internet o del vídeo a la carta, nuevos medios de comunicación que están aumentando la transparencia de las actividades del Parlamento Europeo para los ciudadanos de la Unión, y que su disponibilidad en todas las lenguas oficiales pone de manifiesto el carácter democrático y multicultural del Parlamento;

4.

Observa que algunos organismos multinacionales, como las Naciones Unidas y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, solo operan a escala intergubernamental y no desempeñan funciones legislativas; señala, a este respecto, que las Naciones Unidas, que constan de 192 miembros, poseen un régimen lingüístico de seis lenguas oficiales y que la OTAN, formada por 28 miembros, utiliza principalmente el inglés, a pesar de tener dos lenguas oficiales;

5.

Destaca, no obstante, que el Parlamento es un órgano político elegido mediante sufragio directo cuyos diputados se eligen independientemente de sus conocimientos de idiomas; reafirma, por tanto, el derecho de todos los diputados a expresarse en la lengua oficial que deseen, puesto que este es uno de los principios esenciales del funcionamiento del Parlamento;

6.

Observa que las implicaciones prácticas del uso de las lenguas oficiales en el Parlamento Europeo están recogidas en el Código de Conducta del Multilingüismo, actualizado en 2008; señala que el concepto de «multilingüismo integral controlado» establecido en dicho Código mantiene la igualdad entre diputados y ciudadanos; indica que, a largo plazo, la aplicación del multilingüismo integral, aunque se base en el principio de la «interpretación a la carta», dependerá de la concienciación de los usuarios de los servicios lingüísticos en lo que respecta a los costes que supone la prestación de dichos servicios y, por tanto, de su responsabilidad de darles el mejor uso posible;

7.

Opina que el principio de buena gestión financiera también debe aplicarse a la interpretación y que, a fin de garantizar que se rentabiliza al máximo el dinero de los contribuyentes europeos, debe efectuarse de forma permanente un análisis crítico que evalúe dónde y cómo se puede mejorar la eficiencia y controlar o limitar los costes;

8.

Toma nota de la decisión adoptada por la Mesa del Parlamento en 2011 sobre el multilingüismo pleno con una utilización eficiente de los recursos en la interpretación, que aumenta la eficiencia de los servicios de interpretación y reduce sus costes estructurales de la siguiente manera:

9.

Celebra que, como consecuencia de ello, hayan empezado a reducirse los recursos presupuestarios destinados a los servicios de interpretación en el Parlamento; señala que en 2010 la ejecución presupuestaria ascendió a 54 990 000 EUR, en 2011 alcanzó los 56 964 283 EUR, y en estos momentos se sitúa en 47 000 000 EUR para 2012, aunque no se conocerá el resultado final de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013 y es posible que sea superior;

10.

Observa que el presupuesto estimado para la DG de Interpretación en 2013 es de 58 000 000 EUR, de los cuales 53 000 000 EUR están relacionados directamente con los servicios de interpretación; pide que se le informe detalladamente y con regularidad sobre los resultados concretos de la iniciativa «Multilingüismo pleno con una utilización eficiente de los recursos» por lo que respecta al presupuesto de 2013, especialmente en términos de previsión de reducciones o incrementos de los costes;

11.

Observa, además, que aunque los servicios de interpretación del Parlamento costaron 157 954 283 EUR en un período de tres años hasta finales de 2012, se observa una reducción del 17 % al comparar las cifras de la ejecución presupuestaria de 2010 con las de 2012; indica que el ahorro inteligente logrado en los servicios de interpretación no puso en peligro el principio del multilingüismo, e insiste en que debe garantizarse a los diputados un acceso igualitario a los servicios lingüísticos y en que deben mantenerse unas condiciones de trabajo adecuadas para dichos servicios;

12.

Acoge con satisfacción que en el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2014 se proponga una reducción de los costes de interpretación de un 23 % durante un año electoral en comparación con la cifra de 58 000 000 EUR consignada en el presupuesto para 2013; solicita información detallada que demuestre que los recortes propuestos son factibles y que se puede mantener la excelente calidad de la interpretación;

13.

Destaca que la aplicación del multilingüismo pleno con una utilización eficiente de los recursos ha generado beneficios considerables gracias a una distribución más uniforme de las reuniones de las comisiones a lo largo de la semana, sin reducir en modo alguno el número de reuniones de las mismas; observa que, como consecuencia de ello, el número total de jornadas de interpretación disminuyó de 105 258 (107 047 386 EUR) en 2011 a 97 793 (100 237 825 EUR) en 2012, generando así un ahorro de 6 809 561 EUR;

14.

Observa con preocupación que, de acuerdo con los informes sobre el Código de Conducta del Multilingüismo, aún se produjo un número elevado y creciente de cancelaciones de última hora de las solicitudes de servicios de interpretación procedentes de comisiones, delegaciones y grupos políticos, tal y como muestran las siguientes cifras:

15.

Observa con preocupación que los costes en que se podría incurrir como consecuencia de dichas cancelaciones de última hora, sin la redistribución en el último minuto de algunos intérpretes, representarían un porcentaje considerable del presupuesto global de interpretación; toma nota a este respecto de que en 2011 se habrían gastado 4 350 000 EUR (7,6 % del presupuesto de interpretación), y 5 480 000 EUR en 2012 (11,9 % del presupuesto de interpretación), en servicios de interpretación puestos a disposición y cancelados posteriormente fuera de los plazos previstos en el Código de Conducta del Multilingüismo; insta a la Mesa a que proporcione a la Comisión de Control Presupuestario un análisis detallado de la tendencia creciente de las cancelaciones de última hora y a que introduzca un mecanismo para concienciar a los usuarios acerca de los recursos desperdiciados debido a dichas cancelaciones en el último momento, así como para reducir el número y el porcentaje de las mismas;

16.

Reitera que, si bien es necesario mantener la alta calidad del trabajo, también lo es utilizar de forma más eficiente los recursos lingüísticos y controlar su coste, observando la carga de trabajo de cada unidad lingüística y garantizando que se reducen los costes ocasionados por la cancelación de última hora de las solicitudes de reuniones y de visitas de delegaciones con interpretación, lo cual supone un incumplimiento de los plazos fijados en el Código de conducta; insiste en que debe concienciarse a las comisiones, las delegaciones y los grupos políticos sobre las normas establecidas en el Código de Conducta;

17.

Pide a la Mesa que elabore un sistema que prevea nuevas medidas para luchar contra las cancelaciones de última hora de las reservas de servicios de interpretación;

18.

Pide a la administración que haga un uso pleno y eficiente de los perfiles lingüísticos actualizados de los diputados a la hora de hacer los preparativos lingüísticos para las reuniones de las comisiones, las delegaciones y los grupos políticos tanto en los tres lugares de trabajo como fuera de ellos; insiste en que deben actualizarse una vez al año los perfiles lingüísticos de todos los diputados; señala asimismo que debe enviarse a las secretarías de las comisiones, las delegaciones, los grupos políticos y los grupos de trabajo una copia de los perfiles lingüísticos actualizados;

19.

Insiste, teniendo debidamente en cuenta la decisión adoptada por la Mesa del Parlamento en diciembre de 2011 sobre el multilingüismo pleno con una utilización eficiente de los recursos, en que en los desplazamientos de las delegaciones sólo se deben prestar servicios de interpretación en una lengua oficial cuando así lo pida expresamente por escrito un diputado al Parlamento Europeo que participe en ese desplazamiento; destaca que durante las visitas de delegación el número de intérpretes se debería mantener en el mínimo indispensable con arreglo a la normativa en vigor;

20.

Recuerda la propuesta del Secretario General de introducir medidas destinadas a sensibilizar a los usuarios de los servicios de interpretación, incluidas las comisiones, las delegaciones y los grupos políticos, y está a la espera de nuevas propuestas detalladas que permitan aumentar la concienciación sobre el coste de las cancelaciones de última hora;

21.

Pide a la administración que vele por que el jefe del equipo de intérpretes elabore una lista de los servicios de interpretación que se solicitaron pero no se utilizaron, al final de cada reunión y en concertación con la secretaría de dicha reunión; observa que debe enviarse una copia de dicha lista a la secretaría de la reunión en cuestión; considera que en esa lista también se debe tener en cuenta a los usuarios de las retransmisiones por Internet y de las retransmisiones de vídeo a la carta;

22.

Toma nota del nuevo servicio de interpretación ad personam (IAP) que se ofrece a los diputados y que se creó a raíz del proyecto piloto iniciado en 2010; observa que los costes de este nuevo servicio ascendieron a 157 000 EUR en 2011 y a 115 000 EUR en 2012; opina que debe llevarse a cabo una revisión del servicio para buscar formas de mejorarlo;

23.

Celebra que se haya logrado mejorar la eficiencia y reducir los costes de los servicios de interpretación durante los últimos años, a la vez que se ha mantenido una calidad de trabajo excelente; hace hincapié en que el gasto en interpretación y traducción sigue constituyendo una proporción importante del presupuesto del Parlamento, y opina, por tanto, que el desafío del multilingüismo a un coste razonable requiere una atención continua por parte del Parlamento;

24.

Considera que debe informarse regularmente a la Comisión de Control Presupuestario de los cambios en el coste de la interpretación; solicita que se ponga a disposición de los miembros de dicha comisión el informe anual sobre el Código de Conducta elaborado por los servicios de interpretación y enviado al Secretario General;

25.

Opina que deben evitarse en la medida de lo posible las situaciones en las que se ofrezca interpretación a ciertas lenguas que luego no se utilicen; destaca la necesidad de adoptar medidas destinadas a reducir el coste de la interpretación innecesaria en las reuniones, y pide, por tanto, la creación y aplicación urgente de un sistema que evite situaciones en las cuales se proporciona interpretación a lenguas que en realidad no se hablan en una reunión concreta o que han sido solicitadas por los usuarios de la retransmisión por Internet;

26.

Espera que antes de finales del año en curso el Secretario General presente un análisis detallado de las lenguas para las cuales se proporciona interpretación en todas las reuniones de los grupos (de trabajo), las comisiones y las delegaciones y de las lenguas que realmente se utilizan en dichas reuniones, así como un análisis de las excepciones a las normas generales de interpretación aprobadas por la Mesa el 12 de marzo de 2012 (3) solicitadas y concedidas para las visitas de las delegaciones;

27.

Pide a la Mesa que apruebe antes de que termine el año otra decisión sobre el multilingüismo que aborde específicamente las posibles situaciones de «interpretación a la carta» y el incremento de la eficiencia que se prevé lograr gracias a ello;

28.

Pide al Tribunal de Cuentas, por consiguiente, que proporcione al Parlamento, en un plazo razonable y a más tardar antes en marzo de 2014, un informe especial sobre los gastos de traducción e interpretación en que hayan incurrido el Parlamento, la Comisión y el Consejo, en el que se evalúe la idoneidad de la gestión financiera realizada y se actualicen las conclusiones formuladas en su Informe Especial no 5/2005; observa, además, que ese informe debe elaborarse periódicamente y utilizarse para el procedimiento anual de aprobación de la gestión; reitera que el informe debe proporcionar información que indique si las instituciones en cuestión poseen herramientas y procedimientos adecuados para garantizar que:

29.

Observa, asimismo, que en dicho informe de seguimiento se debe comparar cuidadosamente la rentabilidad de los servicios de interpretación del Parlamento con la de los servicios de interpretación del Consejo y la Comisión, además de comparar los costes reales de los servicios de interpretación de las tres instituciones con los que se registraron en el período de referencia para la auditoría;

30.

Insiste, además, en que el Parlamento debe abordar como asunto prioritario el importante número de cancelaciones de última hora, y pide a la Mesa que presente un plan de acción detallado para reducirlo;

31.

Reitera que la cooperación interinstitucional es fundamental para intercambiar las mejores prácticas en pos de la eficacia y el ahorro; considera que debe mejorarse la cooperación interinstitucional en lo que respecta a la interpretación; solicita que se lleve a cabo una revisión exhaustiva en la que se dé prioridad a una mayor eficacia a la hora de compartir los recursos disponibles entre todas las instituciones y a medidas concretas en lo que respecta a los intérpretes autónomos;

32.

Destaca la importancia de las aplicaciones informáticas como instrumentos de gestión, e insiste en que deben asignarse más fondos a tal fin en el presupuesto del próximo ejercicio; observa que puede alcanzarse un nivel de eficiencia superior si se proporciona una información adecuada sobre la gestión a los servicios administrativos del Parlamento; considera lamentable que algunas direcciones generales aún vayan rezagadas en lo que respecta a las aplicaciones informáticas disponibles, a pesar de los avances logrados en el sector informático desde 2010;

33.

Insta a los servicios pertinentes a que evalúen si el aumento significativo de la eficiencia logrado en el ámbito de la interpretación puede servir como ejemplo para lograr mejoras en otras direcciones generales;

34.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

9.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 93/42

—

Vista la Comunicación de la Comisión Europea, de 23 de octubre de 2012, titulada «Hacia un marco europeo global para los juegos de azar en línea» (COM(2012)0596),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de enero de 2011, titulada «Desarrollo de la dimensión europea en el deporte» (COM(2011)0012),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2013, sobre el amaño de partidos y la corrupción en el deporte (1),

—

Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2012, sobre la dimensión europea en el deporte (2),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre el juego en línea en el mercado interior (3),

—

Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2009, sobre la integridad de los juegos de azar en línea (4),

—

Vista la Declaración de Nicosia, de 20 de septiembre de 2012, sobre la lucha contra el amaño de partidos,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, y los informes de actividad de las Presidencias francesa, sueca, española y húngara del Consejo sobre el marco aplicable a los juegos y apuestas en los Estados miembros de la Unión Europea,

—

Vista la acción preparatoria titulada «Asociaciones europeas en el ámbito del deporte», en particular, la recopilación de proyectos centrados en la prevención de incidentes de amaño de partidos a través de la formación y la información a las partes interesadas pertinentes,

—

Vistos los artículos 51, 52 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad anejo al TFUE,

—

Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde, en el ámbito específico de la organización de juegos de azar, el Tribunal reconoce en particular la protección del consumidor, la prevención del fraude y la incitación al gasto excesivo en juego, así como la necesidad general de preservar el orden público, como razones imperiosas de interés general que pueden justificar restricciones a la libre prestación de servicios (5),

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 22 de mayo de 2012,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Cultura y Educación y de la de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0218/2013),

A.

Considerando que los juegos de azar no constituyen una actividad económica convencional debido a sus posibles efectos sociales negativos, en particular la ludopatía, con consecuencias y costes difíciles de estimar, la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales y el amaño de partidos; que los juegos de azar en línea pueden suponer un mayor riesgo de adicción que los tradicionales juegos de azar presenciales, debido, entre otras cosas, a la mayor facilidad de acceso y a la total ausencia de control social, aunque son necesarios una mayor investigación y más datos al respecto; que, por estos motivos, determinadas normas del mercado interior —incluidos la libertad de establecimiento, la libertad de prestación de servicios y el principio de reconocimiento mutuo— no se oponen a que los Estados miembros determinen sus propias medidas adicionales para la protección de los jugadores;

B.

Considerando que el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece la obligación de proteger la salud humana en la definición y la aplicación de todas las políticas y actividades de la Unión;

C.

Considerando que el artículo 169 del TFUE obliga a la UE a garantizar un alto nivel de protección de los consumidores;

D.

Considerando que, debido a la naturaleza especial del sector de los juegos de azar en línea, la protección de la salud humana y de los consumidores debe ser el principio rector fundamental al elaborar recomendaciones a nivel de la UE y legislación a nivel nacional;

E.

Considerando que, teniendo debidamente en cuenta el principio de subsidiariedad, los Estados miembros tienen derecho a determinar cómo se organiza y regula la oferta de servicios de juegos de azar en línea de acuerdo con sus propios valores y objetivos de interés general, observando el Derecho de la Unión;

F.

Considerando que, debido a su naturaleza específica y en aplicación del principio de subsidiariedad, la oferta de servicios de juegos en línea no está sujeta a una normativa sectorial específica a escala de la UE y está excluida de las directivas relativas a los servicios y a los derechos de los consumidores, aunque queda sujeta a varios actos legislativos secundarios de la UE, como la Directiva sobre la protección de datos, la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales;

G.

Considerando que el sector de los juegos de azar en línea no es un mercado como los demás, debido a los peligros que entraña en cuanto a la protección de los consumidores y la lucha contra la delincuencia organizada, como ha reconocido reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

H.

Considerando que el Tribunal de Justicia ha confirmado que la oferta de juegos de azar es una actividad económica de naturaleza especial en la que se pueden justificar restricciones por razones imperiosas de interés general, tales como la protección del consumidor, la prevención del fraude, la lucha contra el blanqueo de capitales o la preservación del orden público y de la salud pública; que cualquier restricción impuesta a la misma debe cumplir las disposiciones previstas en el TFUE, ser proporcionada a los objetivos perseguidos y no ser discriminatoria;

I.

Considerando que los Estados miembros tienen, ahora más que nunca, inquietudes comunes respecto al impacto social y económico negativo de los juegos de azar en línea ilegales a nivel nacional y que sus objetivos principales son la protección de los menores de edad y de los grupos vulnerables de la sociedad y la lucha contra la adicción, la delincuencia y la evasión de impuestos;

J.

Considerando que la naturaleza transfronteriza de los juegos de azar en línea, los riesgos en términos de protección del consumidor, prevención del fraude y acción policial contra las actividades ilegales, como el blanqueo de capitales y el amaño de partidos, así como la necesidad de luchar contra las actividades ilegales relacionadas con los juegos de azar, requieren una actuación más coordinada entre los Estados miembros y a nivel de la UE;

K.

Considerando que es esencial implantar mecanismos para controlar las competiciones deportivas y los flujos financieros, junto con mecanismos de supervisión;

L.

Considerando que en la actualidad es necesaria una visión global del sector de los juegos de azar en línea, por lo que respecta a la información y los datos relativos a la oferta interna y transfronteriza, dentro de la UE y a escala mundial, autorizada y no autorizada;

M.

Considerando que la forma de publicidad relativa al juego en línea está regulada de forma diferente según los Estados miembros o no está regulada en absoluto;

1.

Considera que, para garantizar un elevado nivel de protección del consumidor, principalmente por lo que respecta a los consumidores más vulnerables, se pueden reducir los costes sociales y los efectos nocivos de las actividades de juegos de azar mediante una oferta justa y legal de los servicios de juegos de azar definida por cada uno de los Estados miembros de conformidad con la legislación de la Unión;

2.

Advierte que los juegos de azar pueden provocar una adicción peligrosa, por lo que esta cuestión debería abordarse en cualquier propuesta legislativa por el bien de los consumidores;

3.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas contra los juegos de azar ilegales disponibles en los territorios de los Estados miembros; insta, en este sentido, a la Comisión a que pida a los Estados miembros que adopten medidas de ejecución contra la oferta de juegos de azar ilegales en sus recomendaciones previstas sobre la protección de los consumidores y la publicidad;

4.

Considera que existe una peligrosa relación entre situaciones de crisis económica grave y el aumento de los juegos de azar; resalta que la gravísima situación social y económica actual ha contribuido a un aumento exponencial del juego, sobre todo entre los estratos más pobres de la población, por lo que estima necesario un seguimiento estrecho y constante del fenómeno de la adicción y de los problemas asociados al juego;

5.

Afirma que los juegos de azar en línea constituyen una forma de uso comercial del deporte y que, dado que el sector crece a un ritmo constante al mantenerse al día de las innovaciones tecnológicas, los Estados miembros se enfrentan a dificultades a la hora de controlar ese sector debido a la naturaleza específica de internet, que conlleva el riesgo de que se produzcan violaciones de los derechos de los consumidores y de que el sector sea objeto de investigación en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada;

6.

Insiste en que, con independencia de la forma en que decidan los Estados miembros organizar y regular la oferta de servicios de juegos de azar en línea en el plano nacional, debe garantizarse un alto nivel de protección de la salud pública y de los consumidores; pide a la Comisión que siga estudiante medidas a nivel de la UE para proteger a los consumidores vulnerables, como la cooperación formalizada entre las autoridades reguladoras en los Estados miembros; hace hincapié en que el grupo de expertos debe garantizar que los menores no puedan tener acceso a los servicios de juegos en línea; pide a los Estados miembros que obliguen a los operadores que trabajan con una licencia expedida por el Estado miembro a colocar en un lugar destacado fijo de su sitio web la marca de confianza de la autoridad reguladora;

7.

Pide a la Comisión que estudie qué se puede hacer para acabar con la práctica de las empresas con sede en un Estado miembro que comercializan servicios de juegos de azar en línea —por ejemplo, a través de televisión por satélite o de campañas publicitarias— en otro Estado miembro donde no tienen licencia para ofrecer sus servicios;

8.

Pide que se obligue a los operadores a advertir a los menores de edad de forma clara, destacada y explícita, de que el juego en línea es ilegal para ellos;

9.

Considera que se debe garantizar que las personas socialmente más vulnerables no agraven más aún su precariedad económica debido a los juegos de azar;

10.

Cree que se necesitan investigaciones y datos adicionales para cuantificar la ludopatía y los riesgos asociados a las diferentes formas de juego; pide a los Estados miembros y a la Comisión que lleven a cabo de manera coordinada nuevos estudios para entender la adicción al juego; señala que los operadores de juegos de azar tienen responsabilidad de contribuir a la prevención de la adicción al juego;

11.

Pide a la Comisión que, en colaboración con los Estados miembros, y en su caso a través del grupo de expertos constituido, evalúe la posibilidad de instituir una interoperabilidad a escala de la UE entre los registros nacionales de autoexclusión que incluyan, en particular, la autoexclusión y los límites de tiempo y de pérdidas, que sean accesibles a las autoridades nacionales y a los operadores de juegos de azar con licencia, para que cualquier cliente que decida excluirse o sobrepase sus límites de juego con un operador de juego tenga la oportunidad de autoexcluirse automáticamente de todos los demás operadores con licencia; subraya que todo mecanismo de intercambio de información personal sobre ludópatas debe estar sujeto a estrictas normas de protección de datos; destaca la importancia de que el grupo de expertos trabaje para proteger a los ciudadanos frente a la adicción a los juegos; destaca que, para que los consumidores sean conscientes de su propia actividad de juego, este registro debe mostrarles toda la información relacionada con su historial de juego en el momento en que empiecen a jugar;

12.

Recomienda hacer una distinción clara entre las actividades de juego y otras formas de entretenimiento en línea; indica que los servicios que combinan características distintivas del sector de los juegos de azar deben regirse por la legislación aplicable a dicho sector y respetar plenamente los mecanismos de comprobación de edad e identidad;

13.

Señala que las iniciativas autorreguladoras pueden servir como excelente contribución para determinar el contenido de normas comunes; reitera su posición de que, en una materia tan delicada como el juego, la autorregulación del sector puede complementar a las normativas nacionales, pero nunca sustituirlas;

14.

Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de aplicar un control obligatorio de identificación de terceros para excluir del juego a los menores de edad o a las personas que utilizan identidades falsas; propone que ello podría consistir, entre otros, en un control del número de seguridad social, información de la cuenta bancaria u otro identificador único, y señala que esta identificación se debe efectuar antes de cualquier actividad de juego;

15.

Considera necesario garantizar una mayor seguridad de los programas informáticos utilizados por los juegos en línea, y estima conveniente adoptar una certificación mínima común para la UE, a fin de garantizar la adopción de parámetros y normas uniformes;

16.

Hace hincapié en la necesidad de elaborar métodos eficaces de supervisión de las apuestas, habida cuenta del acelerado desarrollo del entorno en línea, pero destaca al mismo tiempo la importancia de proteger los datos personales de los usuarios contra los abusos;

17.

Considera que las normas comunes de los juegos de azar en línea deben abordar los derechos y las obligaciones de los proveedores de servicios y los consumidores, garantizando un elevado nivel de protección de los ciudadanos y los consumidores, especialmente de los menores y otras personas vulnerables, así como la prevención de anuncios engañosos y excesivos; alienta a las asociaciones europeas de operadores de juegos de azar que elaboren y adopten códigos de conducta autorreguladores;

18.

Pide a la Comisión que incluya en su Recomendación la obligación de que los operadores de juegos de azar promuevan activamente el uso de autolimitaciones en el momento de registrarse, así como en el caso de pérdidas repetidas;

19.

Recomienda implantar normas de seguridad comunes uniformes paneuropeas para la identificación electrónica y los servicios transfronterizos de comprobación electrónica; acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de elaborar una Directiva relativa a la identificación y autenticación electrónicas, que posibilitará la interoperabilidad de los sistemas nacionales de identificación electrónica cuando existan; pide, por consiguiente, que se racionalicen y hagan más eficientes los procedimientos de registro e identificación, en particular para garantizar mecanismos de identificación eficientes e impedir la creación de múltiples cuentas por jugador y el acceso de los menores de edad a los sitios web de juegos de azar en línea; recomienda el intercambio de las mejores prácticas entre Estados miembros sobre medidas de ejecución —como el establecimiento de listas blancas y listas negras de sitios web ilegales, la definición común de soluciones de pago seguras y trazables y la consideración de la viabilidad del bloqueo de transacciones financieras— para proteger a los consumidores contra los operadores ilegales;

20.

Pide a los Estados miembros y a los operadores que promuevan la responsabilidad en materia de publicidad sobre los juegos de azar en línea; acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de adoptar una Recomendación sobre la publicidad responsable de los juegos de azar; pide a la Comisión que incluya normas comunes mínimas que ofrezcan protección suficiente a los consumidores vulnerables; recomienda que la publicidad sea responsable, incluya advertencias claras sobre los riesgos de la adicción al juego, no sea excesiva ni se exhiba junto con contenidos destinados específicamente a menores de edad, como es el caso, en particular, con la publicidad en los medios sociales;

21.

Pide que se definan y ejecuten medidas para instaurar y mejorar la alfabetización digital de niños y adolescentes; considera que la introducción de cursos para jóvenes en los colegios sobre el buen uso de internet puede ayudar a los usuarios a protegerse mejor contra la adicción a los servicios de juegos de azar en línea;

22.

Hace hincapié en el importante papel que desempeña la formación y la educación sobre esta problemática y las consecuencias del juego en línea para los menores;

23.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan medidas eficaces de sensibilización sobre los riesgos de la adicción a los juegos de azar, destinadas especialmente a los jóvenes;

24.

Pide que se permita la publicidad socialmente responsable de juegos de azar en línea solo para las ofertas legales de juego; considera que nunca debería permitirse anunciar servicios de juegos de azar en línea exagerando la probabilidad de ganar, dando la impresión equivocada de que el juego es una actividad razonable para mejorar la situación económica personal; expresa su convicción de que la publicidad debe incluir información clara sobre las consecuencias de la ludopatía;

25.

Hace hincapié en la importancia fundamental de definir una forma de publicidad no perjudicial, así como normas sobre su distribución, a fin de prevenir el juego de menores de 18 años y luchar contra los comportamientos problemáticos y las ludopatías;

26.

Destaca que las medidas de protección de los consumidores deben acompañarse de una combinación de medidas de ejecución preventivas y reactivas para reducir el contacto de los ciudadanos con los operadores no autorizados; hace hincapié en la importancia de definir conjuntamente el concepto de operadores legales de juegos de azar para que los Estados miembros, de conformidad con la legislación de la UE, solo autoricen a los operadores que cumplan al menos los siguientes requisitos y, por lo tanto, se consideren legales:

27.

Considera que el proceso de registro debe incluir como elemento obligatorio un límite máximo de pérdida, establecido y definido por el jugador para un período determinado de tiempo; que, como mínimo, este límite debería existir en los juegos de tiradas o envites frecuentes;

28.

Destaca, por un lado, que los proveedores de juegos de azar en línea deben respetar en todo caso las legislaciones nacionales de los Estados miembros en los que operan y, por otro lado, que los Estados miembros deben conservar el derecho a imponer todas las restricciones que consideren necesarias y justificadas para atajar los juegos de azar en línea ilegales, con el fin de aplicar la legislación nacional y excluir a los proveedores ilegales del acceso al mercado;

29.

Reconoce que, en aplicación del principio de subsidiariedad, los Estados miembros tienen derecho a determinar cómo se organiza y regula a escala nacional la oferta de servicios de juegos de azar en línea, así como a aplicar todas medidas que consideren necesarias contra los servicios de juego ilegales, observando al mismo tiempo los principios básicos del Tratado de la UE; reconoce que tal legislación debe ser proporcionada, coherente, transparente y no discriminatoria; observa la necesidad de políticas de la UE más coherentes para abordar el carácter transfronterizo de los juegos de azar en línea;

30.

Observa que la Comisión ha enviado cartas a varios Estados miembros para solicitar información detallada sobre la legislación vigente en materia de juego; pide a la Comisión que siga dialogando con los Estados miembros; toma nota del trabajo de la Comisión sobre los casos de infracción y las denuncias presentadas contra algunos Estados miembros; pide a la Comisión que siga controlando y exigiendo la conformidad de las leyes y las prácticas nacionales con la legislación de la UE, en cooperación con los Estados miembros, y que incoe procedimientos de infracción contra los Estados miembros que aparentemente infrinjan la legislación de la UE; respeta la decisión de los Estados miembros en relación con el establecimiento de monopolios en este sector, siempre que, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, estén sujetos a un control estatal estricto y garanticen un nivel particularmente elevado de protección de los consumidores, que sus actividades sean coherentes con los objetivos de interés general y que reduzcan las posibilidades de juego de manera coherente;

31.

Pide a la Comisión, a los Estados miembros y al grupo de expertos sobre los servicios de juegos de azar que elaboren medidas y estrategias coordinadas, incluido el intercambio de las mejores prácticas, para estudiar y combatir el fenómeno de la evasión fiscal por parte de operadores autorizados que prestan servicios de juegos de azar en línea en el mercado de la UE, pero que tienen su domicilio social en paraísos fiscales dentro o fuera de la UE;

32.

Toma nota de los riesgos que puede suponer el acceso de los consumidores a los servicios ilegales de juegos de azar en línea; pide a la Comisión y a los Estados miembros que debatan, como parte del trabajo del grupo de expertos sobre los servicios de juegos de azar, los costes sociales de permitir las actividades de juego reguladas frente a los efectos perjudiciales de los consumidores que recurren a los operadores ilegales;

33.

Hace hincapié en que los Estados miembros que decidan abrir un sector de juegos en línea deben prever un procedimiento transparente y jurídicamente seguro, basado en criterios objetivos y no discriminatorios, en plena conformidad con la legislación de la UE y con una protección suficiente y rigurosa de los ciudadanos y los consumidores;

34.

Pide al grupo de expertos sobre los servicios de juegos de azar y a la Comisión que faciliten, en la medida de lo posible, el flujo de datos entre los reguladores de los Estados miembros, con el fin de compartir las mejores prácticas y las informaciones para facilitar el establecimiento de un sistema común de identificación de jugadores, la aplicación de medidas contra los operadores ilegales, la mejora de la protección de los consumidores, la publicidad responsable, el establecimiento de listas blancas y listas negras, la prevención del amaño de partidos y la creación de mecanismos de autoexclusión, que incluyan, entre otros, límites personales de tiempo y de dinero aplicables en toda la UE; pide a la Comisión que tome medidas para que el grupo de expertos aproveche los conocimientos especializados más amplios posibles en la realización de su trabajo; insta a los Estados miembros a que reanuden el diálogo sobre los servicios de juegos de azar en línea en el foro del grupo de trabajo del Consejo sobre el establecimiento de servicios;

35.

Insta a la Comisión a que, en los grupos de expertos y de consulta, incluya siempre expertos especializados en el juego problemático y patológico;

36.

Considera que debería reforzarse a nivel europeo la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre los expertos nacionales de los ámbitos social y sanitario especializados en el juego problemático y patológico;

37.

Destaca que, mientras que el intercambio eficaz de información entre los organismos de investigación es importante para una correcta aplicación de la ley, las acciones para combatir el amaño de partidos deben cumplir con la legislación y las normativas de protección de datos nacionales y europeas;

38.

Alienta a los Estados miembros, en el contexto del grupo de expertos, a trabajar en estrecha colaboración con la Comisión y entre sí para coordinar las actividades dirigidas a combatir la oferta no autorizada de servicios transfronterizos de juegos de azar y aplicar el plan de acción de la Comunicación de la Comisión sobre los juegos de azar en línea;

39.

Reconoce que la cooperación entre los Estados miembros es fundamental, pero destaca que también es muy importante que el grupo de expertos en juegos de azar trabaje en estrecha colaboración con todas las partes interesadas, incluidos el sector de los juegos de azar y las organizaciones de consumidores;

40.

Destaca la importancia de que el grupo de expertos trabaje por lograr procedimientos más transparentes y simplificados para eliminar cargas administrativas inútiles para los Estados miembros que pueden aumentar innecesariamente los costes de los operadores legales de juegos en línea en los países en que deciden abrir sus mercados; señala que la supresión de las cargas administrativas no debe poner en peligro la protección de los consumidores;

41.

Considera necesaria una intervención tendente a aproximar los regímenes fiscales relativos a los juegos de azar, a fin de evitar que ventajas fiscales desproporcionadas favorezcan la proliferación y la concentración de las actividades de juegos de azar en línea;

42.

Anima a las autoridades reguladoras nacionales de los Estados miembros que han decidido introducir sistemas de concesión a que intercambien las mejores prácticas que faciliten la aplicación de las licencias de juego nacionales, incluidas las normas técnicas del material de juego; alienta a las autoridades reguladoras nacionales competentes a que autoricen el funcionamiento de una empresa de juego en su jurisdicción si dicha empresa no infringe el Derecho de otro Estado miembro, cuya legislación no se haya considerado como no conforme por el Tribunal de Justicia;

43.

Hace hincapié en que los juegos de azar en línea representan un entorno que no se basa en el movimiento de efectivo y que —dada su dependencia de los proveedores de servicios financieros externos— son necesarias salvaguardias adicionales contra el blanqueo de capitales; destaca la necesidad de una estrecha cooperación entre las autoridades nacionales competentes en materia de juegos de azar, la policía nacional y las autoridades de ejecución nacionales, para prevenir las actividades delictivas;

44.

Pide a la Comisión, los Estados miembros y el grupo de expertos que adopten medidas eficaces contra el blanqueo de capitales; acoge con satisfacción, en este contexto, la propuesta de ampliar las disposiciones de la Directiva contra el blanqueo de capitales a todas las formas de juegos de azar, y pide a las autoridades nacionales competentes que velen por que cualquier transacción sospechosa de estar potencialmente relacionada con el blanqueo de capitales u otra actividad delictiva se comunique de conformidad con las disposiciones de dicha Directiva;

45.

Solicita al Consejo que avance de forma rápida y ambiciosa con las negociaciones de la propuesta de la Comisión de una Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (COM(2013)0045), y que aborde todos los tipos de juegos de azar, incluidos los juegos en línea, para impedir la explotación de las actividades de apuestas deportivas en línea con fines delictivos para el blanqueo de capitales;

46.

Insiste en que los sistemas sólidos de registro y comprobación inequívoca son instrumentos clave para evitar el uso indebido del juego en línea, por ejemplo para blanquear capitales; señala que, a efectos de comprobación de la identidad, se pueden aprovechar las estructuras en línea ya existentes o por desarrollar, como los sistemas de comprobación en línea de productos de banca y tarjetas de crédito;

47.

Considera que todas las empresas de juegos de azar en línea que operan en la UE deben estar registradas como entidades legítimas de la UE;

48.

Hace hincapié en que todos los Estados miembros deben determinar y designar un organismo público encargado del control de los juegos de azar en línea; destaca que este organismo también estará autorizado a intervenir en caso de que aparezca alguna actividad de juego en línea que resulte sospechosa; considera que las empresas de juegos deben estar igualmente obligadas a informar a este organismo sobre cualquier actividad de juego sospechosa;

49.

Destaca que, en vista del carácter transnacional del amaño de partidos, la lucha contra este requiere una cooperación más eficaz entre todas las partes interesadas, incluidas las autoridades públicas, las fuerzas del orden, la industria del deporte, los operadores de juegos de azar, los reguladores de los juegos de azar, los atletas y los aficionados, y que, a este respecto, se debe conceder una importancia fundamental a las medidas de educación y prevención; acoge favorablemente, en este sentido, la reciente Acción preparatoria 2012 de la Comisión, que respalda los proyectos de educación transnacionales para luchar contra el amaño de partidos; señala que el amaño de partidos se produce tanto en los mercados de juegos en línea como fuera de línea y que, en la mayoría de los casos, las apuestas en línea relacionadas con el amaño de partidos se realizan a través de operadores de juegos de azar establecidos en mercados no regulados situados fuera de la UE;

50.

Reclama un código de conducta, como parte de una iniciativa de autorregulación, que contenga una prohibición general de que toda persona (principalmente jugadores, entrenadores, árbitros, personal médico y técnico, propietarios y gestores de clubes) implicada en encuentros deportivos y que puede influir directamente en el resultado haga apuestas sobre sus propios partidos o encuentros; destaca también, en este contexto, la necesidad de contar con unos sistemas estrictos y fiables de comprobación de edad e identidad a nivel de Estado miembro; insta a las organizaciones deportivas a que recurran a campañas y códigos educativos para aleccionar desde edades tempranas a deportistas, árbitros y funcionarios sobre la ilegalidad de manipular resultados deportivos;

51.

Reconoce que las iniciativas, como los códigos de conducta, para luchar contra la participación de organizaciones deportivas en actividades corruptas como el amaño de partidos o el blanqueo de capitales deben dirigirse a todos los grupos interesados (funcionarios, propietarios, directivos, agentes, jugadores, árbitros y aficionados) y a todas las organizaciones (clubes, ligas, federaciones, etc.);

52.

Pide a los Estados miembros que concedan una mayor prioridad a la prevención de la corrupción en el deporte, y destaca la necesidad de una mayor insistencia en la aplicación eficiente de la ley al respecto; pide la adopción a nivel nacional de medidas eficaces para prevenir los conflictos de intereses, en particular evitando que todas las partes interesadas del mundo deportivo apuesten sobre competiciones organizadas en las que participan; pide a todos los organismos reguladores del deporte que se comprometan a aplicar prácticas de buena gobernanza para reducir el riesgo de ser víctimas del amaño de partidos; pide a la Comisión, a este respecto, que tenga en cuenta el trabajo del Consejo de Europa sobre la evaluación de los riesgos de determinados tipos de apuestas, y que evalúe los posibles riesgos de las apuestas a jugadas concretas (spot betting) cuando sea posible apostar en determinadas apuestas durante una competición y que actúe en consecuencia;

53.

Insta a las federaciones deportivas y a los operadores de juegos de azar a incluir en un código de conducta una prohibición de las apuestas sobre los denominados acontecimientos negativos, como las tarjetas amarillas, los penaltis o los tiros libres durante un partido o encuentro; pide a los Estados miembros y a los operadores de juegos de azar que prohíban todas las formas de apuestas deportivas en directo, ya que han demostrado una gran vulnerabilidad frente al amaño de partidos y, por lo tanto, suponen un riesgo para la integridad en el deporte;

54.

Pide la obligatoriedad de la cooperación y el intercambio de información sobre las actividades sospechosas, tanto a escala nacional como europea, entre organismos deportivos, poderes públicos, Europol y Eurojust, a fin de combatir las actividades delictivas en los juegos de azar en línea transfronterizos;

55.

Celebra que la Comisión tenga previsto promover un mejor intercambio de buenas prácticas en el ámbito de la lucha contra el amaño de partidos; destaca la importancia del apoyo de la Unión Europea al trabajo que se está llevando a cabo en el Consejo de Europa de cara a la negociación de un convenio internacional sobre la protección y la promoción de la integridad del deporte; subraya que el amaño de partidos no siempre está relacionado con apuestas y que este aspecto no relacionado con las apuestas, que igualmente plantea un problema para la integridad del deporte, también debe abordarse; hace hincapié en la necesidad de reforzar la cooperación a nivel de la UE y mundial en la lucha contra el amaño de partidos; pide a la Comisión que tome la iniciativa de crear una plataforma mundial de intercambio de información y mejores prácticas y de coordinación de medidas conjuntas de prevención y ejecución entre los reguladores, las organizaciones deportivas, las autoridades policiales y judiciales y los operadores de juegos de azar;

56.

Considera que una política coherente en materia de sanciones penales es fundamental para lograr un enfoque paneuropeo de la regulación del sector de juegos de azar en línea y, a tal efecto, insta a los Estados miembros a garantizar la prohibición de la manipulación fraudulenta de los resultados para obtener beneficios económicos o de otro tipo estableciendo como delito cualquier amenaza a la integridad de las competiciones, incluidas aquellas vinculadas a las operaciones de apuestas; insta a la Comisión a adoptar medidas a escala de la UE para combatir los juegos de azar en línea no regulados y respaldar la lucha contra el amaño de partidos;

57.

Reconoce que en algunos Estados miembros los juegos de azar y las loterías representan una fuente importante de ingresos que pueden destinarse a fines benéficos y de utilidad pública, a trabajos culturales, deportes de base, carreras de caballos y sector equino; señala, además, la importancia de esta contribución sostenible y la función específica que debe reconocerse en los debates a nivel europeo; reafirma su postura, en el sentido de que las apuestas deportivas constituyen un uso comercial de las competiciones deportivas; recomienda que, en el pleno respeto de la competencia de los Estados miembros en este ámbito, las competiciones deportivas se protejan de todo uso comercial no autorizado, en particular mediante el reconocimiento de los derechos de propiedad de los organizadores de los acontecimientos deportivos, no solo para garantizar unos beneficios económicos justos en todas las esferas del deporte profesional y amateur, sino también como un medio para intensificar la lucha contra el fraude deportivo, principalmente el amaño de partidos;

58.

Pide una mayor cooperación a nivel europeo, bajo la coordinación de la Comisión, para identificar y prohibir a los operadores de apuestas en línea implicados en actividades ilegales, como, por ejemplo, el amaño de partidos o las apuestas en competiciones juveniles con la participación de menores, y confía en que el sector de los juegos de azar en línea respete esa prohibición mediante la autorregulación;

59.

Anima a los Estados miembros a considerar la posibilidad de prohibir todas las formas de amaños de jugadas concretas (spot fixing), como las apuestas sobre saques de esquina, tiros libres, saques de banda y tarjetas amarillas, ya que han demostrado una gran vulnerabilidad frente a este tipo de fraude;

60.

Pide a la Comisión que instale un sistema europeo de alerta de los reguladores de las apuestas, a fin de intercambiar rápidamente información sobre los encuentros deportivos amañados;

61.

Se congratula de los proyectos educativos transfronterizos para combatir el amaño de partidos a escala mundial;

62.

Hace hincapié en que los deportistas necesitan mecanismos de protección eficaces para no dejarse influir por la corrupción, en particular la protección de su integridad moral y física, de condiciones de trabajo adecuadas y de salarios y remuneraciones, incluida la prohibición de que las organizaciones deportivas participen en los distintos niveles de competición si no cumplen regularmente dichas obligaciones para con sus deportistas;

63.

Destaca que las acusaciones de amaño de partidos a menudo se juzgan en tribunales públicos, así como también por arbitraje deportivo, y que, de conformidad con ambos procedimientos y tal como establece el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, deben respetarse las normas de procedimiento internacionales mínimas;

64.

Pide la regulación estricta o la prohibición de las formas peligrosas de juegos de azar, tras realizar una evaluación en cada Estado miembro;

65.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

9.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 93/52

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Vistos los artículos 2 y 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea,

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Vistos el artículo 21, apartado 1, y el artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales,

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Visto el estudio Euromosaic de la Comisión Europea, que da cuenta de la desaparición de lenguas europeas porque los dispositivos vigentes en la actualidad no permiten su salvaguarda,

—

Vista la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, de 17 de octubre de 2003, que comprende las tradiciones y expresiones orales, incluida la lengua como vehículo del patrimonio cultural inmaterial,

—

Vista la Convención de la Unesco, de 20 de octubre de 2005, sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,

—

Visto el Atlas de las lenguas del mundo en peligro, de la Unesco,

—

Vista la Resolución del Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa del Consejo de Europa, de 18 de marzo de 2010 titulada «Les langues minoritaires: un atout pour le développement régional» (Las lenguas minoritarias: una baza para el desarrollo regional) (301/2010) (1),

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Vistos el Informe 12423/2010, la Resolución 1769/2010 y la Recomendación 1944/2010 del Consejo de Europa,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de septiembre de 2008, titulada «Multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido» (COM(2008)0566),

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Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2),

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Visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la protección y el desarrollo de las minorías lingüísticas históricas con arreglo al Tratado de Lisboa (3),

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Vista la Resolución del Consejo, de 21 de noviembre de 2008, relativa a una estrategia europea en favor del multilingüismo (4),

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Vista la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, de 5 de noviembre de 1992,

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Vista la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (1996),

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Visto el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales (1995),

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Vistas su Resolución, de 14 de enero de 2004, sobre la preservación y el fomento de la diversidad cultural: el cometido de las regiones europeas y organizaciones internacionales como la Unesco y el Consejo de Europa (5), y su Resolución, de 4 de septiembre de 2003, sobre las lenguas europeas regionales y menos difundidas — las lenguas de las minorías en la Unión Europea en el contexto de la ampliación y la diversidad cultural (6),

—

Vista su Resolución, de 14 de enero de 2003, sobre el papel de los poderes regionales y locales en la construcción europea (7), que hace referencia a la diversidad lingüística en Europa,

—

Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido (8),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre los medios del tercer sector de la comunicación (9),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,