26.2.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/1

26.2.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/2

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «política exterior de aviación de la UE: responder a desafíos futuros» (COM(2012)0556),

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Vista su Resolución de 7 de junio de 2011 sobre acuerdos internacionales sobre aviación con arreglo al Tratado de Lisboa (1),

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Vista su Decisión, de 20 de octubre de 2010, sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea («el Acuerdo marco») (2),

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Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre el Acuerdo de transporte aéreo UE-EE.UU. (3),

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Vista su Resolución, de 25 de abril de 2007, sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA) (4),

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Vista su Resolución, de 17 de enero de 2006, sobre el desarrollo de la política exterior comunitaria en el sector de la aviación (5),

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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 90, 100, apartado 2, y 218,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0172/2013),

A.

Considerando que la aviación es un ámbito de la economía en rápido crecimiento, tanto dentro como fuera de la Unión, en particular en Asia y en Oriente Próximo;

B.

Considerando que la aviación desempeña un papel importante a la hora de conectar a las personas y las empresas tanto dentro de la Unión como a nivel mundial, especialmente con los mercados en desarrollo;

C.

Considerando que el número de supresiones de puestos de trabajo practicadas y previstas por las compañías aéreas europeas desde 2012 supera las 20 000;

D.

Considerando que los interlocutores sociales europeos del sector de la aviación decidieron, en el marco de un diálogo sobre los efectos de la crisis mundial en la aviación civil mantenido el 29 de enero de 2013, que es necesaria una actuación coordinada y global a escala internacional;

E.

Considerando que la Comunicación de la Comisión de 2005 desempeñó un papel importante para el desarrollo de la política exterior de aviación de la Unión;

F.

Considerando que los cambios acontecidos en los últimos siete años hacen conveniente una nueva revisión;

1.

Subraya los progresos realizados en la creación de un mercado regional de la Unión único y abierto y, al mismo tiempo, en el establecimiento de un enfoque común de la Unión en relación con su política exterior de aviación;

2.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión, que proporciona un análisis puntual de la situación actual y de los progresos realizados en el ámbito de la política exterior en el sector de la aviación desde 2005, así como de los retos con que se enfrenta el sector de la aviación en la Unión en un mercado mundial altamente competitivo;

3.

Hace hincapié en el papel fundamental que desempeña el sector de la aviación en la economía de la Unión, sobre todo en términos de crecimiento y de empleo, dado que este sector cuenta con más de 5 millones de empleos europeos y constituye el 2,4 % del PIB de la Unión, a la vez que contribuye a la conectividad de la Unión con el resto del mundo; señala la necesidad de mantener un sector de la aviación fuerte y competitivo en la Unión;

4.

Considera que se han realizado progresos importantes en la definición y puesta en funcionamiento de mecanismos y sistemas de la Unión como el Cielo Único Europeo, la investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo (SESAR), la iniciativa Clean Sky, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y el Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) con el fin de mejorar la seguridad y responder a las exigencias de los viajeros; considera que deben hacerse aún más progresos en estos ámbitos;

5.

Está preocupado, no obstante, por los retrasos en la puesta en funcionamiento del Cielo Único Europeo y de SESAR, habida cuenta de los costes innecesarios que estos retrasos suponen para las compañías aéreas y sus clientes; apoya a la Comisión para que se impongan sanciones contra los Estados miembros que hayan incumplido el plazo de diciembre de 2012 y no hayan realizado progreso alguno con respecto a los bloques funcionales de espacio aéreo;

6.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que impulsen la puesta en funcionamiento del Cielo Único Europeo y de SESAR; observa que el desarrollo del Cielo Único Europeo, una vez que se haya puesto plenamente en funcionamiento, aportará oportunidades significativas de empleo directo e indirecto;

7.

Subraya que estos programas de la Unión son importantes no solo para el mercado interior sino también para la política exterior; considera que la finalización y puesta en funcionamiento de estos instrumentos contribuirá a consolidar la posición de la industria de la Unión en un mercado mundial competitivo;

8.

Hace hincapié en la importancia de la revisión actual del Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos y apoya una legislación europea que sea sólida y muy favorable al consumidor;

9.

Es consciente de que el impacto de la crisis financiera difiere según las regiones del mundo; considera que esto ha llevado a las compañías aéreas de la Unión a hacer frente a retos competitivos y que los acuerdos bilaterales en materia de servicios aéreos no son siempre la solución más adecuada para luchar contra las restricciones del mercado o las subvenciones desleales;

10.

Considera que, dado que no se ha logrado una política exterior de aviación de alcance amplio a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos siete años, debe ponerse en práctica lo antes posible un enfoque más coordinado de la Unión, dotado de mayor ambición, a fin de establecer una competencia leal y abierta;

11.

Opina que la convergencia normativa europea constituye un elemento fundamental para la solidez de la posición europea en el mercado mundial y para las relaciones con terceros países;

12.

Acoge con satisfacción los progresos realizados en relación con los tres pilares de la política de 2005, ya que el principio de designación de la Unión es reconocido ahora en más de 100 terceros países, y más de 1 000 acuerdos bilaterales de servicios aéreos se han puesto en conformidad con el Derecho de la Unión, garantizando de esta forma la seguridad jurídica; lamenta que socios importantes, incluidas China, la India y Sudáfrica, aún no hayan aceptado estos principios;

13.

Señala que la ejecución de la política exterior de aviación de la Unión ha contribuido a maximizar el potencial del mercado único en la medida en que facilita la consolidación de la industria de la aviación de la Unión en un momento en que la globalización requiere agentes económicos más fuertes para resistir a la competencia extranjera;

14.

Subraya que se ha venido desarrollando un espacio aéreo común cada vez mayor con los países vecinos; considera que estos acuerdos han generado importantes beneficios económicos; acoge con satisfacción los importantes esfuerzos llevados a cabo para poner los diferentes marcos reglamentarios en consonancia con la legislación de la Unión en ámbitos como la seguridad, la protección, la gestión del tráfico aéreo, el medio ambiente, los derechos de los pasajeros, la reglamentación económica y los aspectos sociales;

15.

Acoge con satisfacción el acuerdo global UE-EE. UU. sobre transporte aéreo y sus efectos positivos para ambas economías, así como los 80 000 nuevos puestos de trabajo que se estima que se generaron en los primeros cinco años de su aplicación;

16.

Opina que una política exterior sólida de la Unión en materia de aviación, centrada en los mercados en crecimiento más importantes en el sector del transporte de larga distancia, particularmente en la región de Asia y el Pacífico, abriría nuevas oportunidades económicas a las compañías aéreas de la Unión;

17.

Subraya que las negociaciones con algunos socios clave, incluido Brasil, aún están pendientes de conclusión y que los acuerdos en materia de servicios aéreos de amplio alcance con esos países pueden aportar beneficios económicos sustanciales;

18.

Hace hincapié en que algunas de las peticiones de la Resolución del Parlamento de 2006 aún no han recibido respuesta; subraya, en particular, la necesidad de fomentar normas internacionales de seguridad y protección adecuadas, garantizar la igualdad de trato de las compañías aéreas de la Unión y de terceros países, y mitigar los efectos negativos en el medio ambiente;

19.

Hace hincapié en la importancia de instrumentos como el sistema del comité mixto para crear enfoques comunes para cuestiones específicas de la aviación;

20.

Acoge con satisfacción la realización de otras cuestiones planteadas en la Resolución del Parlamento de 2006, como la ampliación de las competencias de la AESA;

21.

Observa el importante aumento del tráfico con origen y destino en la región de Asia-Pacífico así como dentro de la misma, como reflejo de su crecimiento económico; se muestra preocupado por la posibilidad de que, si no se actúa, las compañías aéreas y las empresas de la Unión puedan desaprovechar las importantes oportunidades que ofrece esta región del mundo y perder la capacidad de generar beneficios;

22.

Observa asimismo que la posición mundial de las compañías aéreas de terceros países se ha visto reforzada gracias a las subvenciones y a las grandes inversiones públicas en aeronaves e infraestructuras llevadas a cabo en diferentes partes de Oriente Próximo, de Extremo Oriente y de Sudamérica;

23.

Subraya los importantes cambios acontecidos en el mercado interior de la Unión como consecuencia de la mayor presencia de compañías aéreas de bajo coste; cree que, a pesar de la competencia, los dos modelos de negocio podrían encontrar vías para complementarse a la hora de hacer frente a los retos del mercado;

24.

Señala que las compañías compensan los precios sumamente bajos de los billetes que ofrecen algunas aerolíneas de bajo coste mediante prácticas desleales en relación con las condiciones de trabajo, como normas sociales y de trabajo deficientes para los empleados; señala, asimismo, que las inversiones mínimas en normas de seguridad y las subvenciones regionales injustificadas parecen contribuir a esta fijación de precios de los billetes;

25.

Señala que hay una fuerte competencia entre compañías aéreas a consecuencia de las compañías de bajo coste, que representan el 40 % del mercado de la aviación de la Unión; hace hincapié en que cuando un Estado miembro haya ratificado los convenios 87 y 98 de la OIT, las compañías aéreas deben respetar sus disposiciones en materia de derechos fundamentales relativas a la libertad de reunión, así como el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y los convenios colectivos, y en que deberá comprobarse su cumplimiento y sancionarse las infracciones que se constaten;

26.

Subraya la importancia de los centros de operaciones aeroportuarias, incluido el desarrollo de centros secundarios, centros especializados y multicentros, así como la urgente necesidad de inversiones a largo plazo públicas y privadas en infraestructuras aeroportuarias a fin de incrementar la capacidad, por ejemplo, mediante la construcción de nuevas pistas, así como la necesidad de un uso más eficiente de las infraestructuras existentes –incluyendo los aeropuertos regionales, por ejemplo en el Mediterráneo y en las fronteras orientales de la Unión– mediante una mejor asignación de las franjas horarias en los aeropuertos;

27.

Subraya que la competitividad de las compañías aéreas de la Unión se ve dificultada a nivel mundial por factores como la falta de condiciones de competencia equitativas debida, por ejemplo, a los diferentes impuestos nacionales, los aeropuertos congestionados, las elevadas tasas aeroportuarias y de GTA, las ayudas estatales recibidas por los competidores, el coste de las emisiones de carbono y la aplicación de normas sociales menos estrictas y de reglas diferentes para las ayudas estatales fuera de la Unión;

28.

Considera que estos factores representan obstáculos potenciales para el crecimiento y el empleo;

29.

Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio sobre la disparidad de tasas, derechos, exacciones e impuestos aéreos de los Estados miembros y su impacto en los precios de los billetes y los beneficios de las compañías aéreas, así como un estudio sobre las posibles ayudas estatales recibidas por los competidores a nivel mundial y sus repercusiones en las compañías aéreas de la Unión;

30.

Acoge con satisfacción las nuevas normas de la Unión en relación con la seguridad social de los trabajadores móviles;

31.

Opina que la política exterior de aviación debe respetar plenamente el principio de reciprocidad, lo que incluye el acceso al mercado, la apertura y la competencia leal, con igualdad de condiciones, y tener dos objetivos principales: beneficiar a los consumidores y las empresas y apoyar a las compañías aéreas y los aeropuertos de la Unión en sus esfuerzos por mantener su posición como líderes mundiales;

32.

Insiste, por tanto, en que los acuerdos sobre transporte aéreo con los Estados vecinos y socios afines deben incluir los marcos reglamentarios para una competencia leal;

33.

Pide que se siga recurriendo a procedimientos de negociación de acuerdos globales de aviación a escala de la Unión, basados en la unidad europea y autorizados por el Consejo;

34.

Pide a la Comisión que promueva y defienda los intereses de la Unión en el marco de los acuerdos y que proponga y comparta las normas, los valores y las mejores prácticas de la Unión;

35.

Pide una mayor cooperación y coordinación entre la Comisión y los Estados miembros en las negociaciones de los acuerdos sobre los servicios aéreos con los principales socios, con objeto de reforzar la influencia de la Unión, así como sus oportunidades de acceder a nuevos mercados;

36.

Pide a la Comisión que incluya las condiciones reglamentarias en materia de seguridad, protección, derechos de los pasajeros, formación del personal y certificación en los acuerdos globales;

37.

Pide a la Comisión que concluya las negociaciones en curso con países vecinos como Ucrania, el Líbano, Túnez, Azerbaiyán y Argelia; señala que la proximidad geográfica de los mercados de estos países y el crecimiento económico que se ha registrado recientemente en algunos de ellos pueden representar oportunidades de desarrollo para los aeropuertos regionales y secundarios de la Unión; considera que las escalas regionales disponen de una elevada capacidad aeroportuaria y que pueden, por tanto, contribuir a reducir la congestión de los principales centros de operaciones europeos haciéndolos más competitivos a escala global;

38.

Pide al Consejo que otorgue a la Comisión, caso por caso, mandatos de negociación para los otros países vecinos, en particular Turquía, Armenia y Libia;

39.

Considera que debe prevalecer un enfoque individualizado de la Unión en sus relaciones con socios clave, y pide a la Comisión que concluya lo antes posible las negociaciones de acuerdos globales de aviación, entre otros con Australia y Brasil, y al Consejo que otorgue a la Comisión un mandato para negociar acuerdos de ese tipo con economías en rápido crecimiento como China, la India y los países de la ASEAN y del Golfo;

40.

Opina que un posible acuerdo de comercio e inversión futuro entre la Unión y los Estados Unidos también afectaría al sector de la aviación; considera, por tanto, que la Comisión debe proporcionar información suficiente para que el Parlamento pueda seguir de cerca las futuras negociaciones;

41.

Subraya la necesidad de alcanzar plenamente los objetivos establecidos en los acuerdos de transporte aéreo con los principales socios, en particular los EE. UU. y Canadá, incluida la eliminación de las restricciones a la propiedad y control de las compañías aéreas extranjeras; pide medidas para superar el desequilibrio existente entre la capacidad de las compañías aéreas de la Unión para llevar a cabo servicios de cabotaje en el mercado de EE. UU. y la capacidad de las compañías aéreas estadounidenses de hacerlo en Europa; señala que las inversiones internacionales cruzadas contribuyen a la vitalidad económica del sector de la aviación e insta a la Comisión a que promueva un entorno jurídico internacional propicio al desarrollo y al apoyo de dichas inversiones, y que sirva promover una política activa destinada a establecer las normas y las mejores prácticas para la inversión internacional;

42.

Opina que los acuerdos bilaterales pueden contribuir significativamente al desarrollo de una política exterior de aviación, pero hace hincapié, al mismo tiempo, en la importancia de un enfoque común de la Unión;

43.

Subraya la importancia de una competencia leal y abierta en todas las actividades relacionadas con los servicios aéreos; pide la inclusión de cláusulas estándar de «competencia leal» en los acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos;

44.

Pide a la Comisión que defina, y a los Estados miembros que apliquen, un paquete mínimo de requisitos jurídicos estándar de la Unión relativos, en especial, a la cooperación normativa, a las normas laborales y ambientales y a los derechos de los pasajeros, que deberán incluirse en los acuerdos bilaterales con el claro objetivo de crear oportunidades y suprimir las barreras impuestas a las compañías aéreas de la Unión;

45.

Pide a la Comisión que proponga una revisión urgente o una sustitución del Reglamento (CE) no 868/2004 relativo a la protección contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales, que causan perjuicios a las compañías aéreas comunitarias (6);

46.

Apoya las propuestas de la Comisión para mantener una competencia libre y leal en las relaciones y acuerdos con terceros países y para desarrollar nuevos instrumentos de defensa comercial mejor adaptados y más eficaces para combatir las prácticas desleales, tales como las discriminaciones, las incoherencias en la aplicación del marco normativo y la falta de transparencia en los informes financieros de las empresas, que pueden dar lugar a distorsiones del mercado;

47.

Pide a la Comisión que entable un diálogo con los países del Golfo con vistas a aumentar la transparencia y proteger la competencia leal;

48.

Señala que la Federación de Rusia se niega a respetar el acuerdo relativo a la supresión progresiva de los derechos de vuelo siberianos alcanzado en el marco de la adhesión de la Federación de Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2011; considera que, habida cuenta de que estos derechos de tránsito ilegales imponen a las compañías aéreas de la Unión condiciones discriminatorias a largo plazo, la Unión debe ser capaz de adoptar medidas recíprocas, denegando o limitando el tránsito en su territorio o, de manera más general, estableciendo medidas relativas al uso del espacio aéreo de la Unión dirigidas a las compañías aéreas de la Federación de Rusia, a fin de incitar a este país a retirar los mencionados derechos, que son ilegales por cuanto contravienen los acuerdos internacionales (el Convenio de Chicago); pide, por lo tanto, a la Comisión y al Consejo que estudien posibles medidas encaminadas a garantizar la reciprocidad en relación con el uso del espacio aéreo entre la Federación de Rusia y la Unión;

49.

Subraya que una ambiciosa política de la Unión de protección de los derechos de los pasajeros puede constituir un plus de calidad para las compañías aéreas de la Unión en la competencia mundial; pide a la Comisión que adopte nuevas medidas para promover los altos niveles de protección que rigen en la Unión para los derechos de los pasajeros y que controle su transposición y aplicación;

50.

Pide a la Comisión que elabore, lo antes posible, un nuevo marco reglamentario sobre la puesta en funcionamiento del Cielo Único Europeo, basado en un enfoque descendente que incluya un mecanismo de cooperación más adecuado entre los proveedores de servicios de navegación aérea europeos, y que facilite las condiciones necesarias para iniciar el despliegue de SESAR;

51.

Pide al Consejo que adopte definitivamente una posición sobre la Posición del Parlamento, de 5 de mayo de 2010, sobre la propuesta de Directiva sobre las tasas de protección de la aviación (7), que fue aprobada por una abrumadora mayoría del 96 % y aún permanece bloqueada por el Consejo;

52.

Considera que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha de desempeñar un papel importante en el desarrollo de marcos reglamentarios para el sector de la aviación mundial, por ejemplo, en la liberalización de la propiedad y el control de las compañías aéreas, y garantizando la interoperabilidad mundial en la gestión del tráfico aéreo; anima a la OACI a que continúe elaborando medidas de ámbito mundial y basadas en el mercado para reducir el ruido en los aeropuertos y limitar todas las emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes; considera fundamental que se alcance lo antes posible un acuerdo en el seno de la OACI sobre un enfoque mundial;

53.

Pide que se otorguen mandatos de negociación a la Comisión para clarificar y fortalecer la representación de la Unión en la OACI;

54.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

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Diario Oficial de la Unión Europea

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Visto el Reglamento (UE) no 1233/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la aplicación de determinadas directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial, y por el que se derogan las Decisiones 2001/76/CE y 2001/77/CE del Consejo (1),

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Visto el Reglamento delegado de la Comisión, de 14 de marzo de 2013, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (UE) no 1233/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación de determinadas directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial (C(2013)1378),

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Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2012, sobre la financiación de la inversión y la actividad comercial de las PYMES de la UE: facilitación del acceso al crédito en apoyo de la internacionalización (2),

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Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre una nueva política comercial para Europa en el marco de la Estrategia Europa 2020 (3),

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Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre la futura política europea en materia de inversiones extranjeras (4),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático (5),

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Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales (6),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional (7),

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2010/C 83/02),

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Vista la Comunicación de la Comisión Europea y de la Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, de 12 de diciembre de 2011 (COM(2011)0886),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2010, titulada «Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea» (COM(2010)0573),

—

Vista la declaración del Consejo Europeo, de 26 de junio de 2012, titulada «El Marco Estratégico y el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia de la UE» (11855/2012),

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Visto el documento informativo de su Departamento Temático titulado «Criterios en materia de derechos humanos en la política exterior de la UE» (EXPO/B/DROI/2011/15),

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Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, de 16 de junio de 2011 ((HR/PUB/11/04, Naciones Unidas, 2011),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 16 de abril de 2013, para una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad por parte de determinadas grandes sociedades y determinados grupos (COM(2013)0207),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0193/2013),

A.

Considerando que los programas de crédito a la exportación de los Estados miembros constituyen un instrumento importante para mejorar las oportunidades comerciales y de negocio de las empresas europeas;

B.

Considerando que el Reglamento (UE) no 1233/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la aplicación de determinadas directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial, prevé la obligación de que los Estados miembros presenten informes anuales a la Comisión y otorga al mismo tiempo poderes delegados a esta para lograr una incorporación lo más rápida posible en la legislación de la UE de las modificaciones realizadas en los respectivos acuerdos de la OCDE;

C.

Considerando que, de conformidad con el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), «la política comercial común se llevará a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión»;

D.

Considerando que los principios conforme a los cuales la Unión organiza sus relaciones con el resto del mundo y los principios rectores de la acción de la Unión en la escena internacional vienen recogidos en los artículos 3 y 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que constituye un acuerdo vinculante entre los Estados miembros;

E.

Considerando que en la Comunicación de la Comisión y de la Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, de diciembre de 2011, se afirma que «conviene animar a las empresas europeas a que den muestra de toda la diligencia necesaria para lograr que sus actividades respeten los derechos humanos, independientemente del lugar en el que se desarrollen»;

F.

Considerando que en el Marco Estratégico y el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia de la UE, adoptados por el Consejo Europeo, se afirma que la UE promoverá los derechos humanos en todos los ámbitos de su acción exterior sin excepción;

G.

Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea vincula jurídicamente a las instituciones y a los Estados miembros de la UE con excepción de los Estados miembros que han optado por que no sea así, cuando aplican la legislación de la Unión, y que en la estrategia de la Comisión para la aplicación efectiva de dicha Carta se reconoce explícitamente que esta se aplica a la acción exterior de la UE,

H.

Considerando que la Unión y sus Estados miembros acogieron con satisfacción los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, elaborados por las Naciones Unidas, cuyo Principio no 4, relativo al nexo entre el Estado y las empresas, hace referencia explícita a los organismos de crédito a la exportación;

I.

Considerando que el apoyo al crédito a la exportación suele concederse a grandes proyectos que encuentran dificultades para acceder a créditos comerciales debido a unos elevados riesgos comerciales, políticos, económicos o medioambientales, que las agencias de crédito a la exportación (ACE) han de evaluar y valorar en consecuencia;

J.

Considerando que, el 14 de marzo de 2013, la Comisión propuso un Reglamento delegado por el que se modificaba el anexo II del Reglamento (UE) no 1233/2011;

1.

Celebra el esfuerzo de la Comisión por establecer un marco para la presentación anual de informes de los Estados miembros sobre sus actividades de crédito a la exportación, de conformidad con el Reglamento (UE) no 1233/2011, a fin de aumentar la transparencia a escala de la UE; hace hincapié en que el objetivo clave de la presentación de informes es controlar que las ACE de los Estados miembros cumplan con las normas internacionales aplicables a los créditos a la exportación y con las obligaciones de los tratados de la UE;

2.

Toma conocimiento de la recepción informal, el 14 de diciembre de 2012, del primer informe anual de la Comisión sobre las actividades de crédito a la exportación de los Estados miembros, en el que se evalúan las respuestas de 20 de los 27 Estados miembros que mantienen programas activos de créditos a la exportación, así como de la recepción de los informes de esos Estados miembros en forma de anexos; indica que la Comisión ha aprobado entretanto la publicación de estos documentos, a fin de cumplir el objetivo del reglamento de base de incrementar la transparencia;

3.

Se congratula de que el informe de la Comisión muestre claramente el alcance y la importancia de las actividades de crédito a la exportación de los Estados miembros en 2011, cuya exposición total ascendió a más de 250 000 millones de euros —incluidas 260 operaciones respecto de las cuales se declaró una repercusión medioambiental elevada—, y que se traducen en unas oportunidades comerciales y de negocio significativas para las empresas europeas;

4.

Reconoce que los Estados miembros en sus informes anuales de actividad han puesto a disposición de la Comisión la información financiera y de gestión sobre los créditos a la exportación, tal y como requiere el párrafo primero del anexo I del Reglamento (UE) no 1233/2011;

5.

Subraya la importancia —en el contexto de la envergadura de las actividades de crédito a la exportación de los Estados miembros—del considerando 4 del Reglamento (UE) no 1233/2011, que alude al cumplimiento de las disposiciones generales de la Unión para la acción exterior, tales como la consolidación de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la coherencia de la política para el desarrollo, así como la lucha contra el cambio climático; recuerda, en este sentido, la importancia de la obligación específica de presentar informes mencionada en el anexo I del reglamento para garantizar que la Comisión y el Parlamento estén en condiciones de evaluar dicho cumplimiento;

6.

Subraya que los informes anuales de los Estados miembros, así como la evaluación de dichos informes por la Comisión, no satisfacen todavía la intención del Parlamento de poder estar en condiciones de evaluar si las actividades de crédito a la exportación de los Estados miembros son conformes a los objetivos de política exterior de la Unión, tal y como se encuentran consagrados en los artículos 3 y 21 del TUE, y al tratamiento de los riesgos medioambientales en el cálculo de las primas de las ACE;

7.

Se congratula de la «clara voluntad general por parte de los Estados miembros —citada por la Comisión en el último informe anual— de aplicar políticas en sus programas de créditos a la exportación cuyos objetivos se adecuan a los términos generales de los artículos 3 y 21»; elogia el esfuerzo realizado por algunos Estados miembros, entre los que se encuentran Alemania, Italia, Bélgica y los Países Bajos, para presentar informes más significativos sobre el cumplimiento de algunos de los objetivos de acción exterior de la Unión;

8.

Reconoce que la Comisión debe poder elucidar si las actividades de créditos a la exportación de los Estados miembros están de acuerdo con los objetivos de política exterior de la Unión y recomienda, por lo tanto, que la prueba de cumplimiento debería ser si las ACE, que cuentan con apoyo oficial, han puesto o no en marcha políticas efectivas para garantizar que sus actividades estén de acuerdo con los objetivos de política exterior de la Unión;

9.

Se suma a la observación formulada por la Comisión en el informe anual en el sentido de que resulta difícil definir un punto de referencia preciso para medir el cumplimiento de la legislación de la Unión; reitera que lo dispuesto en el artículo 21 sigue siendo el punto de referencia clave con arreglo al cual deben evaluarse las políticas aplicadas a las operaciones de crédito a la exportación;

10.

Subraya que la Unión solo podrá convertirse en un actor mundial sólido y de confianza si los Estados miembros y las instituciones europeas adoptan una política exterior coherente;

11.

Recomienda que el Grupo de Trabajo del Consejo sobre créditos a la exportación y la Comisión consulten con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para desarrollar una metodología de información significativa sobre el cumplimiento del artículo 21 y para la aplicación en la UE de determinadas directrices de la OCDE en el ámbito de los créditos a la exportación con apoyo oficial antes de la presentación del próximo informe anual; insiste en que la consulta pública forme parte de ese proceso;

12.

Considera absolutamente primordial pedir a los Estados miembros que supervisen y notifiquen la existencia, los resultados y la eficacia de los procedimientos de diligencia debida en el control de los proyectos que cuentan con el apoyo oficial de créditos a la exportación por lo que se refiere a su impacto potencial sobre los derechos humanos;

13.

Es consciente de que las ACE dependen de la información que les suministran sus socios de proyecto; está convencido de que, si las ACE exigieran un enfoque estructurado respecto de los procedimientos de diligencia debida para poder optar a financiación en un proyecto dado, los socios de proyecto agradecerían el poder llevarlos ellos mismos a cabo, reduciendo así los costes administrativos adicionales para las ACE;

14.

Considera que los avances en lo que respecta a la información sobre el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las ACE son una vía para informar mejor sobre los demás objetivos de la acción exterior europea consagrados en el artículo 21, como la erradicación de la pobreza y el tratamiento de los riesgos medioambientales;

15.

Sugiere a las ACE de los Estados miembros que sigan informando sobre su evaluación de los riesgos medioambientales y considera que la información presentada a este respecto por todas las ACE de los países miembros y no miembros de la OCDE resulta fundamental para garantizar la igualdad de condiciones;

16.

Observa que las ACE de los Estados miembros informan sobre la exposición a los pasivos contingentes de distintas maneras; pide a la Comisión que proporcione una definición común que refleje el deseo del Parlamento de estar informado sobre las exposiciones fuera de balance;

17.

Pide a la Comisión que facilite orientación a los Estados miembros para el próximo período de presentación de informes, entre otros aspectos sobre la manera de informar acerca de la existencia y eficacia de los procedimientos de diligencia debida en lo que respecta a las políticas relativas a los derechos humanos, y acerca del tratamiento de los riesgos medioambientales;

18.

Espera que el próximo informe anual de la Comisión incluya una declaración acerca de si ha podido evaluar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de los objetivos y obligaciones de la Unión y, en caso de que no haya sido así, recomendaciones sobre cómo mejorar la información a este respecto;

19.

Aplaude los esfuerzos realizados en 2012 por la Comisión, junto con los Estados Unidos, para lograr que China, Brasil, Rusia y otras economías emergentes participasen en la creación del Grupo de Trabajo internacional constituido por los principales proveedores de financiación a la exportación;

20.

Sugiere que se examine la relevancia de un enfoque sectorial al crear dicho grupo de trabajo, a fin, posiblemente, de sentar las bases para el establecimiento, en una segunda fase, de unas disposiciones transversales que garanticen una adopción conjunta por parte de las ACE de todos los países miembros y no miembros de la OCDE de unas normas medioambientales, sociales y de derechos humanos elevadas y eficaces con vistas a garantizar un entorno equitativo;

21.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la Secretaría de la OCDE.

26.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/11

—

Vista la propuesta de Reglamento del Consejo (COM(2012)0035),

—

Vista la evaluación de impacto de la Comisión Europea que acompaña a la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se aprueba el Estatuto de la Fundación Europea (FE),

—

Vista la Declaración del Parlamento Europeo de 10 de marzo de 2011 sobre el establecimiento de un estatuto europeo para las mutualidades, asociaciones y fundaciones (1),

—

Visto el estudio sobre la viabilidad de la adopción de un estatuto jurídico para fundaciones europeas redactado por el Instituto Max Planck de Derecho Privado Extranjero e Internacional de Hamburgo en colaboración con la Universidad de Heidelberg (2008),

—

Vista las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE en los asuntos C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer/Finanzamt München für Körperschaften (2), C-318/07, Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid (3) y C-25/10, Missionswerk Werner Heukelbach eV/Estado belga (4),

—

Vista la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (ciudadanía europea) (5),

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 18 de septiembre de 2012 (6),

—

Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 29 de noviembre de 2012 (7),

—

Visto el apartado 3 del artículo 81 del Reglamento,

—

Vistos el informe provisional de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A7-0223/2013),

A.

Considerando que en la Unión hay más de 10 000 fundaciones de utilidad pública, cuyos activos suman unos 350 000 millones de euros, cuyo volumen de gastos se eleva a casi 83 000 millones de euros anuales y que dan trabajo a un número de entre 750 000 y 1 000 000 de ciudadanos;

B.

Considerando, no obstante, que parte del personal que trabaja en las fundaciones son voluntarios que no ven remunerado su compromiso personal;

C.

Considerando que la existencia y las actividades de las fundaciones que trabajan en la Unión en aras del bien público revisten una importancia fundamental en ámbitos como la educación, la formación, la investigación, los servicios sociales y la salud, la memoria histórica y la reconciliación entre los pueblos, la protección medioambiental, la juventud y los deportes, así como el arte y la cultura, y que muchas de sus acciones transcienden ampliamente las fronteras nacionales;

D.

Considerando que hay más de cincuenta leyes diferentes relativas a las fundaciones en los Derechos civiles y tributarios en toda la Unión y un elevado número de procedimientos administrativos complicados cuya aplicación práctica genera, según las estimaciones, casi 100 millones de euros anuales en concepto de costes asesoramiento, que después no está disponible para fines de utilidad pública;

E.

Considerando que debido a obstáculos jurídicos, fiscales y administrativos que entrañan unos procedimientos que requieren tiempo y esfuerzo, y como consecuencia de la falta de instrumentos jurídicos adaptados, las fundaciones se niegan o, en todo caso, tienen dificultades para realizar actividades o reforzar su acción en otro Estado miembro;

F.

Considerando que en periodos de contracción de los presupuestos públicos el compromiso financiero y social de las fundaciones, especialmente en el caso de las actividades culturales y artísticas, la educación y el deporte, reviste una gran importancia, si bien solamente complementan la acción de los Estados en favor del bien público, pero no pueden sustituirla;

G.

Considerando que, en lo que respecta al tratamiento fiscal de las fundaciones, no se propone una armonización del Derecho tributario, sino, por el contrario, la aplicación del principio de no discriminación, en virtud del cual las fundaciones europeas y sus donantes están cubiertos, por principio, por las mismas disposiciones y ventajas fiscales que los entes nacionales de interés público;

H.

Considerando que la introducción de un Estatuto común europeo para las fundaciones puede facilitar enormemente la centralización y transferencia de recursos, conocimientos, donaciones y la realización de actividades transeuropeas;

I.

Considerando que el Parlamento Europeo acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión como una contribución importante para que las fundaciones puedan apoyar más fácilmente fines de utilidad pública en toda la UE;

J.

Considerando que el estatuto propuesto es una forma jurídica europea opcional que estará disponible para las fundaciones y los financiadores que desarrollen actividades en al menos un Estado miembro, pero que no reemplazará ni armonizará las disposiciones legislativas existentes relativas a las fundaciones;

K.

Considerando que en unos momentos de incertidumbre económica es cada vez más importante que las fundaciones dispongan de las herramientas adecuadas que les permitan perseguir fines de utilidad pública a nivel europeo y poner en común los recursos, además de reducir costes e incertidumbres jurídicas;

L.

Considerando que es fundamental que las fundaciones europeas (FE) operen sobre una base sostenible y a largo plazo y que realmente desarrollen actividades en al menos dos Estados miembros, ya que, de no ser así, su estatuto particular no tendría justificación;

M.

Considerando que algunos de los términos y definiciones de la propuesta de la Comisión requieren aclaración;

N.

Considerando que parecen necesarias algunas adiciones y adaptaciones a la propuesta de la Comisión con el fin de mejorar la fiabilidad y credibilidad de las FE, por ejemplo en lo que respecta al cumplimiento de las normas de carácter jurídico y ético, el carácter exclusivo de los fines de utilidad pública, el componente transfronterizo, el nivel mínimo de activos y la necesidad de mantenerlos, en principio, a lo largo de todo el período para el que se haya constituido la FE, una norma sobre el desembolso oportuno, la duración mínima, y el pago de una remuneración a los miembros del consejo de dirección o de los órganos de la FE;

O.

Considerando que la protección de los acreedores y de los empleados reviste carácter crucial y debe mantenerse durante todo el período para el que se haya constituido una FE;

P.

Considerando que, en relación con la representación de los empleados, la referencia a la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (versión refundida) (8) debe reforzarse con el fin de clarificar que se aplican las normas de procedimiento recogidas en dicha Directiva; que, por otra parte, deben imponerse sanciones más importantes a las infracciones como, por ejemplo, condicionar el registro de una FE al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva 2009/38/CE FE, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1435/2003, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) (9); considerando que es necesario establecer disposiciones en relación a la participación de los empleados en los órganos de una FE, de conformidad con la Directiva 2001/86/CE, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (10), de modo que no pueda utilizarse indebidamente la forma de las FE con el propósito de privar a los empleados de sus derechos de participación o para denegarles tales derechos;

Q.

Considerando que cabe acoger con satisfacción la disposición relativa a la representación del personal voluntario en las FE, ya que el sector cuenta con 2,5 millones de voluntarios activos;

R.

Considerando que la representación cada vez más importante de los voluntarios, así como su valiosa contribución en las labores de las fundaciones, contribuyen a los objetivos de interés público que persiguen; que, toda vez que cada vez son más numerosos los jóvenes que tienen que trabajar como voluntarios para recabar su primera experiencia laboral, tal vez sería interesante que las fundaciones se planteasen formas e instrumentos que les permitan acceder a la información necesaria para trabajar con mayor eficacia, por ejemplo a través del comité de empresa europeo;

S.

Considerando que es necesario clarificar que el domicilio social y la administración central de una FE deben encontrarse en el mismo Estado miembro con el fin de evitar la disociación del domicilio social y de la administración central o del centro de actividad principal, así como para facilitar la supervisión, toda vez que las FE estarán supervisadas por la autoridad de supervisión del Estado miembro en el que tengan su domicilio;

T.

Considerando que el objeto de una FE no debe ser la financiación de partidos políticos europeos;

U.

Considerando que, en materia de fiscalidad, la aplicación del principio de no discriminación tal y como ha sido desarrollado por el Tribunal Europeo de Justicia debe ser el punto de partida; que el sector ha reconocido que el enfoque propuesto basado en la aplicación automática de un tratamiento fiscal equitativo aumentaría el atractivo del estatuto de la FE al reducir considerablemente la carga fiscal y administrativa, por lo que se convertiría en algo más que un mero instrumento de Derecho civil; que, no obstante, este enfoque parece ser muy polémico en el seno del Consejo, ya que algunos Estados miembros son reacios a permitir interferencias en sus legislaciones internas en materia de fiscalidad; que, en consecuencia, parece adecuado que no se rechacen posibles hipótesis alternativas;

V.

Considerando que es importante que las negociaciones sobre esta disposición legislativa importante avancen rápidamente con el fin de proporcionar al sector de las fundaciones este nuevo instrumento, que se espera con una urgencia evidente;

1.

Alienta a los Estados miembros a aprovechar el actual momento para trabajar en aras de una pronta y ambiciosa introducción del Estatuto, con todas las garantías de transparencia, eliminando así obstáculos a la actividad transfronteriza de las fundaciones y fomentando la creación de nuevas fundaciones que respondan a las necesidades de las personas que residen en el territorio de la Unión o persigan fines de utilidad pública o interés general; destaca que la creación de dicho Estatuto contribuye a la realización de una ciudadanía europea y debe ir acompañada de la elaboración de un estatuto de la asociación europea;

2.

Subraya que la FE debe contribuir al desarrollo de una cultura y de una identidad verdaderamente europeas;

3.

Advierte que con la creación de la FE se da forma a una nueva figura jurídica, pero que su transposición práctica se efectuará a través de las actuales estructuras de los Estados miembros;

4.

Constata con satisfacción que el Estatuto prevé normas mínimas en materia de transparencia, rendición de cuentas, supervisión y uso de los fondos, que a su vez pueden convertirse para los ciudadanos y los donantes en una referencia o incluso marchamo de calidad, asegurando de este modo la confianza en la FE y estimulando el desarrollo de sus actividades en la UE en beneficio de todos los ciudadanos;

5.

Subraya el potencial que poseen las fundaciones para ofrecer empleo a jóvenes, una categoría en la que la tasa de desempleo alcanza niveles alarmantes;

6.

Sugiere que se aclare en el Reglamento que la comprobación de la conformidad de la dirección efectiva con el Estatuto corresponde al Estado miembro que ejerce la potestad tributaria sobre la fundación;

7.

Observa que aún no está regulada la posibilidad de fusión entre FE existentes;

8.

Hace hincapié en la necesidad de poner el punto de mira en la sostenibilidad, seriedad y autonomía de las fundaciones y en la realización de una supervisión efectiva, a fin de consolidar la confianza que se deposita en la FE, y propone al Consejo, a este efecto, que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones y modificaciones:

Modificación 1

Propuesta de Reglamento

Considerando 15 bis (nuevo)

Modificación 2

Propuesta de Reglamento

Considerando 18

Modificación 3

Propuesta de Reglamento

Artículo 2 — punto 1

Modificación 4

Propuesta de Reglamento

Artículo 2 — punto 2

Modificación 5

Propuesta de Reglamento

Artículo 2 — punto 5

Modificación 6

Propuesta de Reglamento

Artículo 4 — apartado 2 — párrafo 2 — letra b bis (nueva)

Modificación 9

Propuesta de Reglamento

Artículo 5 — apartado 2 — párrafo 2 — frase introductoria

Modificación 7

Propuesta de Reglamento

Artículo 5 — apartado 2 — párrafo 2 — letra s bis (nueva)

Modificación 8

Propuesta de Reglamento

Artículo 5 — apartado 2 — letra s ter (nueva)

Modificación 10

Propuesta de Reglamento

Artículo 5 — apartado 2 bis (nuevo)

Modificación 11

Propuesta de Reglamento

Artículo 6

Modificación 12

Propuesta de Reglamento

Artículo 7 — apartado 2

Modificación 13

Propuesta de Reglamento

Artículo 7 — apartado 2 — párrafo 1 bis (nuevo)

Modificación 14

Propuesta de Reglamento

Artículo 12 — apartado 2

Modificación 15

Propuesta de Reglamento

Artículo 15 — apartado 2 — letra d bis (nueva)

Modificación 16

Propuesta de Reglamento

Artículo 15 — apartado 3

Modificación 17

Propuesta de Reglamento

Artículo 17 — apartado 1

Modificación 18

Propuesta de Reglamento

Artículo 18 — apartado 3

Modificación 19

Propuesta de Reglamento

Artículo 20 — apartado 1

Modificación 20

Propuesta de Reglamento

Artículo 23 — apartado 1 — letra g

Modificación 21

Propuesta de Reglamento

Artículo 23 — apartado 2 bis (nuevo)

Modificación 22

Propuesta de Reglamento

Artículo 32 — apartado 1

Modificación 23

Propuesta de Reglamento

Artículo 32 — apartado 3

Modificación 24

Propuesta de Reglamento

Artículo 34 — apartado 2

Modificación 25

Propuesta de Reglamento

Artículo 34 — apartado 4

Modificación 26

Propuesta de Reglamento

Artículo 34 — apartado 5

Modificación 27

Propuesta de Reglamento

Artículo 35

Modificación 28

Propuesta de Reglamento

Artículo 37 — apartado 2 — letra e bis (nueva)

Modificación 29

Propuesta de Reglamento

Artículo 37 — apartado 5 — párrafo 2

Modificación 30

Propuesta de Reglamento

Artículo 38 — apartado 2 — párrafos 1 y 2

Modificación 31

Propuesta de Reglamento

Artículo 38 — apartado 2 — párrafo 3

Modificación 32

Propuesta de Reglamento

Artículo 38 — apartado 3

Modificación 33

Propuesta de Reglamento

Artículo 44 — apartado 2

Modificación 34

Propuesta de Reglamento

Artículo 45

9.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

26.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/24

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de septiembre de 2012, titulada «Crecimiento azul: oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible» (COM(2012)0494),

—

Vistos el informe de la Comisión, de 11 de septiembre de 2012, titulado «Progresos de la Política Marítima Integrada de la UE» (COM(2012)0491), y el documento de trabajo adjunto de los servicios de la Comisión (SWD(2012)0255),

—

Vista la Declaración de Limassol, de 8 de octubre de 2012, sobre una Agenda Marina y Marítima para el crecimiento y el empleo,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), que entró en vigor el 16 de noviembre de 1994,

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas (COM(2013)0133),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 31 de octubre de 2012, titulado «Overview of EU policies, legislation and initiatives related to marine litter (Visión general de las políticas, la legislación y las iniciativas de la UE relacionadas con desechos marinos)» (SWD(2012)0365),

—

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 29 de agosto de 2012, titulado «Conocimiento del medio marino 2020: de la cartografía de los fondos marinos a las previsiones oceánicas» (COM(2012)0473),

—

Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 28 de marzo de 2011, titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» (COM(2011)0144),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de junio de 2010, titulada «Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo» (COM(2010)0352),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de enero de 2009, titulada «Comunicación y plan de acción para la creación de un espacio europeo de transporte marítimo sin barreras» (COM(2009)0010),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2007, titulada «Una política marítima integrada para la Unión Europea» (COM(2007)0575),

—

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 7 de junio de 2006, titulado «Hacia una futura política marítima de la Unión Europea: perspectiva europea de los océanos y los mares» (COM(2006)0275),

—

Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo (1),

—

Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2010, sobre la Política Marítima Integrada — Evaluación de los progresos realizados y nuevos desafíos (2),

—

Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre los objetivos estratégicos y recomendaciones para la política de transporte marítimo de la UE hasta 2018 (3),

—

Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2008, sobre el impacto del turismo en las regiones costeras: aspectos relacionados con el desarrollo regional (4),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2008, sobre una Política Marítima Integrada para la Unión Europea (5),

—

Vista su Resolución, de 12 de julio de 2007, sobre una futura política marítima de la Unión Europea: perspectiva europea de los océanos y los mares (6),

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 20 de marzo de 2013, sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Crecimiento azul: oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible»,

—

Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 31 de enero de 2013, titulado «Crecimiento azul: oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible»,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Pesca (A7-0209/2013),

A.

Considerando que más del 70 % de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos y mares, que pueden desempeñar un papel crucial a la hora de afrontar los desafíos a largo plazo a los que se enfrenta la UE, como el cambio climático y la competitividad mundial;

B.

Considerando que en el territorio de la UE hay seis grandes zonas costeras (océano Atlántico, mar del Norte, mar Báltico, mar Negro, mar Mediterráneo y las regiones ultraperiféricas), que presentan diferencias en cuanto a los recursos territoriales y al tipo de actividades que desarrollan;

C.

Considerando que aproximadamente la mitad de la población europea reside en los 89 000 kilómetros de costa europea y que, por tanto, las entidades regionales y locales deben tener en cuenta esta presión demográfica al aplicar las políticas públicas;

D.

Considerando que se espera que el progreso tecnológico y la búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento sostenible aumenten el volumen de la economía marítima hasta 590 000 millones de euros en 2020, lo que representa un total de 7 millones de puestos de trabajo;

E.

Considerando que el esperado aumento de la actividad humana tendrá lugar en un medio marino frágil, donde únicamente el 10 % de los hábitats marinos y el 2 % de las especies marinas se encuentran en buen estado, prueba de que las actividades económicas marítimas no deben perjudicar la sostenibilidad marina;

F.

Considerando que son esenciales inversiones en el capital natural y el capital humano para hacer frente a los retos actuales, muy en especial la sostenibilidad económica y social de las actividades humanas, las buenas condiciones ecológicos y la adaptación al cambio climático, de modo que se luche contra la erosión de las costas y la acidificación de los mares y se preserve la biodiversidad, habida cuenta de que unos ecosistemas sanos y productivos son indispensables para el desarrollo de una economía azul sostenible y competitiva;

G.

Considerando que el tamaño y alcance del impacto medioambiental de los ámbitos prioritarios del crecimiento azul son extremadamente inciertos y posiblemente dañinos, debido a nuestro limitado conocimiento de la complejidad de los ecosistemas marinos y que, por tanto, el proceso de toma de decisiones en esta materia debe estar guiado por el principio de cautela, tal y como consagra el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);

H.

Considerando que el sector de la política costera y marítima ha de inscribirse en el marco general de la programación 2014-2020, así como en una perspectiva de logro de los objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020;

I.

Considerando que, para alcanzar el objetivo de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador para las zonas costeras e insulares, es preciso un riguroso análisis de las desventajas sistémicas y estructurales que caracterizan estas zonas;

J.

Considerando que el sistema insular de la UE debe soportar, por lo que respecta al transporte marítimo, costes notablemente superiores a los de las demás zonas costeras de la UE;

K.

Considerando que el carácter estacional de la actividad turística perjudica considerablemente el desarrollo de las zonas costeras e insulares y que es preciso elaborar una estrategia específica para combatir este fenómeno;

L.

Considerando que existe la necesidad de coordinar las estrategias macrorregionales y los correspondientes planes de acción de las cuencas marítimas de la Unión;

M.

Considerando que el presente informe constituye la hoja de ruta del Parlamento Europeo para fomentar el crecimiento azul;

1.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre el crecimiento azul, que constituye la dimensión marítima de la Estrategia Europa 2020 y pone claramente de manifiesto las posibilidades que brinda la economía marítima generar un crecimiento inteligente y sostenible y oportunidades de empleo integradoras;

2.

Saluda el informe de la Comisión sobre los progresos de la Política Marítima Integrada (PMI) de la UE; reitera su apoyo a la PMI y destaca que la promoción de esta política sigue siendo el medio primordial de fomentar el crecimiento azul;

3.

Es consciente de que, en el futuro, los mares y los océanos serán cada vez más cruciales para el desarrollo económico mundial; considera que la estrategia «crecimiento azul», como parte de la Política Marítima Integrada, impulsará el desarrollo de sinergias y políticas coordinadas, generando, por consiguiente, un valor añadido europeo y contribuyendo a la creación de empleo en los sectores marítimos;

4.

Considera que, a fin de incrementar la competitividad de los sectores económicos marítimos de la Unión en el mercado mundial, las autoridades europeas, nacionales, regionales y locales deben crear las condiciones necesarias para el crecimiento sostenible, como los sistemas de ordenación del espacio marítimo, la mejora de las infraestructuras, el acceso a las competencias profesionales y la garantía de la financiación; resalta la importancia del intercambio de información y buenas prácticas entre los diferentes niveles de autoridades públicas mediante la creación de una plataforma específica a escala de la UE;

5.

Señala que garantizar una financiación suficiente constituirá un desafío para las pequeñas y medianas empresas (PYME) que operan en los sectores del crecimiento azul y, por tanto, acoge con satisfacción iniciativas como la nueva normativa de la UE sobre los fondos de capital riesgo, que facilitará el acceso de las PYME a la financiación;

6.

Estima que, en una época de recortes de las inversiones públicas en los Estados miembros, es de vital importancia que las políticas de desarrollo y, sobre todo, los proyectos de elevado coste, como son las relacionadas con las infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energía, reciban financiación suficiente durante el periodo de programación 2014-2020 y también posteriormente; pide a los Estados miembros que canalicen hacia proyectos de la economía azul la financiación europea y los instrumentos financieros disponibles;

7.

Destaca la importancia de prestar atención, especialmente en el próximo marco financiero plurianual 2014-2020, a las necesidades específicas de los Estados miembros que han sido rescatados, que sufren una creciente dificultad para emprender proyectos de elevado coste, y de las regiones ultraperiféricas e insulares, que sufren limitaciones estructurales debidas a su lejanía y características naturales;

8.

Toma nota de la situación de crisis económica y problemas sociales que afecta a diversos territorios, en particular los insulares, sobre todo en la zona del Mediterráneo y, en especial, a aquellos considerablemente alejados del continente; pone de relieve que la lejanía de las islas respecto al mercado único las expone a fenómenos de estancamiento económico e industrial y despoblación, que deben ser objeto de medidas específicas por parte de las instituciones de la UE; insta, por tanto, a la Comisión a que considere la creación de zonas francas como instrumento que, al reducir la presión fiscal y atraer inversiones extranjeras directas, puede poner freno a la espiral descendente a la que se enfrentan las zonas insulares, estimulando el crecimiento y el desarrollo;

9.

Subraya el papel de las estrategias aplicadas a las cuencas marinas a la hora de promover el desarrollo regional y la cohesión económica, territorial y social, de revitalizar la economía europea, de fomentar un crecimiento azul integrador, de crear empleo y de proteger la biodiversidad marina y costera; pide que se desplieguen de manera eficaz dichas estrategias, asociadas a las actuales y futuras estrategias macrorregionales, a todas las cuencas marítimas europeas y que se destinen a su aplicación recursos financieros y administrativos adecuados de la UE y de otras fuentes; considera que debe fortalecerse el papel de las regiones en la elaboración de las estrategias de las cuencas marinas; es consciente, a este respecto, de la contribución de la cooperación territorial y transfronteriza a la solución de los problemas a que se enfrentan las regiones costeras y marítimas;

10.

Acoge con satisfacción los progresos registrados en la implementación de la estrategias de la UE para la región del mar Báltico y la región atlántica, y reitera su petición a la Comisión para que elabore una estrategia de la UE para la región del mar Negro;

11.

Pide a la Unión Europea y los Estados miembros que apoyen decididamente la creación de clusters marítimos regionales y transfronterizas; insiste en la importancia estratégica de los clusters como polo de excelencia para las actividades económicas asociadas al crecimiento azul; estima que su desarrollo fomentará el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, generará sinergias entre los distintos sectores de la economía azul y ayudará a atraer inversiones;

12.

Destaca las vínculos inherentes entre el crecimiento económico y el cambio climático y recalca que todas las actividades marítimas deben ajustarse a la Estrategia de la UE de Adaptación al Cambio Climático, con vistas a contribuir a lograr una Europa más resistente al cambio climático;

13.

Destaca, en especial, que la mayor actividad económica que acompaña al crecimiento azul no debe producirse a expensas de los ecosistemas marinos y costeros, que son extremadamente sensibles y son de los primeros en resentirse del cambio climático; resalta que el crecimiento azul debe ser compatible con los objetivos en materia medioambiental y el enfoque ecosistémico de la Directiva marco sobre la estrategia marina, y de la Directiva de evaluación ambiental estratégica, y recuerda que en casos de incertidumbre debe observarse el principio de cautela; pone de relieve que todas las actividades económicas relacionadas con el crecimiento azul deben garantizar la seguridad y la protección del especio marítimo;

14.

Observa con preocupación las repercusiones medioambientales de los desechos marinos en todas las cuencas marinas europeas, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que se empeñen en cumplir y hacer cumplir en su integridad las correspondientes directivas de la UE, como las relativas a la gestión de los residuos, a las instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques, a la calidad del agua y a la estrategia marina;

15.

Destaca que todas las actividades marítimas, incluidas las que tienen lugar en el marco de la PMI, deben desarrollarse de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM); subraya la necesidad de adoptar un enfoque común en la UE en lo que respecta a la exploración, la explotación, la conservación y la gestión de los recursos naturales del mar, enfoque que deberá garantizar la delimitación eficaz y segura de las zonas económicas exclusivas (ZEE) entre los Estados miembros de la UE y terceros países, de conformidad con el Derecho internacional;

16.

Subraya, en ese contexto, la necesidad de seguridad jurídica para todas las partes interesadas que quieran invertir en zonas marítimas y aboga por nuevos incentivos para potenciar el aprovechamiento económico de las zonas económicas exclusivas de los Estados miembros;

17.

Acoge con satisfacción la propuesta legislativa de la Comisión sobre ordenación del espacio marítimo (OEM) y gestión integrada de las costas (GIC) como medidas necesarias para gestionar el aumento del número de actividades marítimas y costeras, así como la protección del medio ambiente marino, garantizar una coexistencia armónica de las actividades y evitar conflictos de uso de los espacios costeros y marítimos; considera necesario, en este marco, favorecer un enfoque ecosistémico de la gestión de las actividades humanas en el litoral y en el mar;

18.

Señala que se espera que la OEM reduzca el coste que soportan las empresas y mejore el clima para las inversiones y que la GIC facilite la coordinación de las actividades en el litoral y logre una mejora general de la gobernanza del litoral;

19.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la divulgación de las mejores prácticas, así como la utilización de la experiencia adquirida a través de las acciones preparatorias en este ámbito, dado que existen grandes diferencias entre los Estados miembros en lo que respecta al desarrollo de sistemas de gestión del espacio marítimo y costero; considera, sin embargo, que es necesario un enfoque adaptado que deje a los Estados miembros margen para incorporar las especificidades y necesidades locales al aplicar las directrices europeas de ordenación del territorio marítimo y costero, y ello en contacto con las autoridades locales;

20.

Considera necesario reforzar la interfaz tierra-mar en el contexto de la ordenación del territorio, a fin de garantizar la continuidad de las actividades humanas y de la cadena de suministro, así como la conexión entre las zonas de litoral y las correspondientes zonas de interior; considera que ello permitiría eliminar el fenómeno consistente en concebir las costas como fronteras;

21.

Destaca que las lagunas en el conocimiento científico de las actividades marítimas y su entorno suponen un obstáculo para el ordenamiento del espacio y ponen de manifiesto la importancia de la iniciativa «Conocimiento del medio marino 2020» y de sus objetivos específicos, tales como la cartografía de los fondos marinos europeos de aquí a 2020; considera que los fondos marinos deben cartografiarse de modo uniforme, de modo que puedan acceder a esta información los distintos organismos europeos interesados, en particular los centros de investigación, las universidades y los organismos públicos;

22.

Insta a la Comisión a ayudar a los Estados miembros a lanzar planes para localizar e inspeccionar buques hundidos y yacimientos arqueológicos sumergidos, que constituyen una parte importante del patrimonio histórico y cultural de la Unión; insiste en la necesidad de facilitar la comprensión y el estudio de dichos yacimientos y ayudar a evitar el expolio al que están sometidos, lo que permitirá su conservación adecuada;

23.

Considera que el empleo de la economía azul en su conjunto puede superar la estimación de 7 millones de puestos de trabajo en 2020, si recibe el apoyo de políticas de formación dirigidas a garantizar una mano de obra móvil con un nivel suficiente de especialización y experiencia;

24.

Reitera su llamamiento en favor de una mejora significativa de las condiciones de trabajo, salud y seguridad de las profesiones marítimas; anima a la Comisión y a los Estados miembros a intensificar sus esfuerzos en este ámbito para incrementar la seguridad de las carreras profesionales y aumentar así el atractivo de las profesiones de la economía azul y de los sectores afines;

25.

Destaca la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de la gente de mar con medidas apropiadas, de transponer al Derecho de la Unión el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT y de proponer un programa de cualificación y formación de marinos en el que se prevea, en particular, la contratación de jóvenes, incluidos los de terceros países;

26.

Pide a la Comisión que apoye y siga muy de cerca los esfuerzos realizados a escala regional a fin de evaluar las competencias y las profesiones que se demandarán en los sectores de la economía azul, y que vele por que las iniciativas como «Panorama de cualificaciones de la UE» reflejen las necesidades de la economía azul;

27.

Considera que la Comisión debe elaborar, junto con los Estados miembros, un plan de acción para promover las profesiones relacionadas, directa o indirectamente, con la economía azul, como forma de atraer vocaciones profesionales;

28.

Pide a la Comisión que impulse iniciativas para promover la movilidad de los trabajadores entre sectores económicos y entre Estados miembros, como una acción plurianual dirigida al intercambio de estudiantes, profesores y jóvenes profesionales, basada en el programa Erasmus; apoya la colaboración entre empresas y proveedores de formación con objeto de preparar a los estudiantes para los puestos de trabajo en los nuevos sectores;

29.

Pide a la Comisión que colabore con los representantes de los sectores económicos marítimos y con los proveedores de formación para la constitución y financiación de «Consejos sectoriales europeos sobre empleo y competencias», a fin de identificar los puestos de trabajo existentes, los cambios en las cualificaciones necesarias y las correspondientes necesidades en materia de formación;

30.

Pide a la Comisión que, basándose en el modelo Erasmus, desarrolle una iniciativa dirigida a favorecer la movilidad del personal de investigación, en especial en las zonas costeras, con referencia específica a los sectores turístico, energético y biotecnológico, que debería llevarse a cabo de forma prioritaria en los períodos de temporada baja turística, a fin de integrar de forma sostenible los flujos humanos en unos ecosistemas cada vez más sensibles y optimizar al mismo tiempo la utilización de las dotaciones de infraestructuras de las zonas costeras e insulares;

31.

Toma nota de la capacidad de investigación puntera de la UE en los ámbitos marítimos y de su importancia a la hora de elaborar políticas fundamentadas y crear empresas basadas en la innovación, así como de la dificultad que experimentan las empresas para comercializar los resultados de dicha investigación;

32.

Subraya que el programa Horizonte 2020, con procedimientos más sencillos y un mejor apoyo a la innovación, podría ofrecer una importante ayuda para la investigación marina y marítima, con vistas a mejorar la comercialización de los resultados, apoyándose en la experiencia de los proyectos «El Océano del Mañana»;

33.

Pide a la Comisión que actualice su Estrategia europea de investigación marina y marítima para 2014, y que proponga medidas concretas para mejorar las sinergias y la divulgación de conocimientos entre los investigadores de la UE;

34.

Constata que solo los ecosistemas marinos en buen estado pueden constituir la base de una economía azul sólida y sostenible; pide a la Comisión que continúe investigando el impacto acumulado del uso humano del entorno marino y de las actividades marítimas en todos los sectores;

35.

Pide a la Comisión que realice un seguimiento medioambiental adecuado a largo plazo y que investigue sobre los sistemas de alerta temprana;

36.

Pone de relieve la importancia de proyectos como la Red Europea de Observación e Información del Mar (EMODNET), que facilitan el intercambio y disponibilidad de los datos procedentes de la investigación;

37.

Señala con preocupación que el transporte marítimo dentro de la UE sigue sometido a excesivos trámites administrativos y aduaneros que ponen en peligro la visión de un espacio europeo de transporte marítimo y obstaculizan el crecimiento del sector, en particular del cabotaje marítimo y las autopistas del mar; considera necesaria la adopción de una normativa uniforme para el transporte marítimo dentro de la UE, ya que es vital para garantizar la libre circulación de mercancías y personas en las aguas de la UE;

38.

Expresa su satisfacción por el éxito del programa piloto «Cinturón azul» y pide a la Comisión que presente en 2013 las propuestas legislativas requeridas para crear el cinturón azul, incluida la necesaria revisión del Código Aduanero de la Unión Europea;

39.

Señala que el fomento del transporte marítimo no solo contribuye al crecimiento económico y al empleo, sino también al objetivo fijado en el Libro Blanco «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte» de trasladar el 50 % del transporte comercial por carretera al transporte por ferrocarril y vías navegable de aquí a 2050;

40.

Destaca la necesidad de ampliar la función de las autopistas del mar como principales corredores europeos y subraya que para garantizar la competitividad a largo plazo del transporte marítimo europeo es esencial desarrollar cadenas de transporte intermodales integradas para pasajeros y mercancías; pide a la Comisión que elabore una comunicación sobre el progreso, el desarrollo y el futuro de las autopistas del mar; considera que las principales islas deben estar plenamente integradas en las autopistas del mar, a fin de mejorar su accesibilidad e incrementar su competitividad económica;

41.

Insiste en que la seguridad marítima es crucial para la promoción sostenible del transporte marítimo, el crecimiento económico sostenible, el empleo marítimo y las normas medioambientales sostenibles en este sector; hace hincapié en que se debe aplicar el principio de acción preventiva para anticipar nuevos riesgos y evitar todo tipo de desastres en el transporte marítimo; constata que es preciso emprender actuaciones en ese ámbito, no solo dentro de la UE, sino también a nivel internacional, y en particular, en el seno de la Organización Marítima Internacional;

42.

Destaca que la aplicación del tercer paquete de seguridad marítima mejora la calidad de los pabellones europeos, los trabajos de las sociedades de clasificación, la inspección de los buques en los puertos, el control del tráfico, la investigación de accidentes y la protección de las víctimas; pide a los Estados miembros que aceleren la aplicación eficaz de este paquete legislativo;

43.

Destaca que la política de transporte marítimo debe tomar en cuenta todos los motivos de preocupación por lo que a la economía, el medio ambiente y la salud pública se refiere; pide a la Comisión que siga de cerca las consecuencias del cumplimiento de las exigencias en materia de medio ambiente y salud pública por parte del sector del transporte marítimo y, en su caso, proponga medidas específicas para contrarrestar los efectos negativos en su competitividad; señala que los requisitos legislativos sobre desguace de buques y el contenido en azufre de los combustibles del transporte marítimo deben garantizar un elevado nivel de protección medioambiental, sin perjudicar la consecución del objetivo de trasladar el transporte de la carretera al mar, en consonancia con los objetivos de la Unión en materia de cambio climático;

44.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen significativamente sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo internacional sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo, tomando en consideración el impacto cada vez mayor que causan las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques;

45.

Señala que los combustibles respetuosos con el medio ambiente, como el GNL, pueden contribuir de forma importante a alcanzar el objetivo de haber reducido las emisiones de CO2 de la UE procedentes de los combustibles de buques en al menos un 40 % en 2050;

46.

Resalta la necesidad de apoyar el desarrollo de unas infraestructuras y unos servicios portuarios eficaces y sostenibles, capaces de afrontar los retos que plantea el esperado aumento del tráfico marítimo, la reducción del impacto medioambiental y la contaminación acústica, el traslado del tráfico de la tierra al mar y la fluidez en el traslado de personas y mercancías de un medio de transporte a otro; aboga por desarrollar, de forma paralela, las actividades de reparación naval y desguace de buques en los puertos europeos;

47.

Llama la atención sobre la posibilidad de establecer plataformas logísticas que faciliten el transporte de mercancías entre Europa y las demás economías mundiales; subraya la importancia estratégica del transporte y las conexiones por mar entre las regiones ultraperiféricas y otros territorios continentales;

48.

Pone de relieve que el sector de la construcción naval de la UE puede aumentar su contribución al crecimiento y al empleo si aprovecha las oportunidades que surgen de la demanda de «buques limpios» (mayor eficiencia energética y menores emisiones de SOx y NOx), así como de embarcaciones y estructuras específicas para la construcción, instalación y explotación de parques eólicos marinos; pide al sector de la construcción naval de la UE que no deje pasar esta oportunidad, habida cuenta, en particular, del esperado aumento de la navegación de corta distancia en todo el litoral de la UE;

49.

Insta al Consejo a que llegue a un acuerdo con el Parlamento para adoptar un reglamento sobre un desmantelamiento de los buques que respete el medio ambiente y las condiciones laborales de los trabajadores, permitiendo de este modo que la industria naval de la Unión pueda dedicarse al reciclado de forma competitiva;

50.

Pide a la Comisión que facilite la adopción de la estrategia «LeaderSHIP 2020», apoyando las actuaciones definidas para responder a los desafíos a los que se enfrenta la industria europea de la construcción naval, como el acceso a la financiación, las cualificaciones y la competitividad internacional;

51.

Pide a los Estados miembros que con la participación directa de las autoridades locales y regionales y de las organizaciones de la sociedad civil, apoyen las iniciativas de desarrollo y mejora de las infraestructuras turísticas sostenibles, teniendo particularmente en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida, y que adopten todas las medidas posibles para erradicar el exceso de burocracia y la falta de transparencia en el sector, pero sin dejar de respetar la legislación medioambiental;

52.

Pide que se promueva y apoye el turismo como motor de crecimiento y empleo en las zonas costeras; considera que un medio ambiente sano es fundamental para cualquier forma de turismo en las regiones costeras y que, por lo tanto, deben invertirse todos los esfuerzos necesarios en su protección; subraya la necesidad de ofrecer infraestructuras sostenibles para el desarrollo de nuevas formas de turismo, en particular para los sectores turísticos con un elevado potencial de crecimiento, como el turismo de pesca ecológica y los deportes acuáticos sostenibles; acoge con satisfacción las iniciativas para promover estrategias transfronterizas de fomento del turismo en las diferentes cuencas marinas;

53.

Subraya que la erosión del litoral europeo, la protección del patrimonio medioambiental y animal de Europa y la mejora de la calidad del agua son asuntos importantes que aún están por abordar; insiste, por tanto, en la necesidad de invertir adecuadamente en estos ámbitos con el fin de desarrollar un turismo de playa y submarinismo sostenible y de buena calidad;

54.

Destaca que hay que planificar medidas de explotación y desarrollo del patrimonio costero, marítimo y marino de forma paralela a las medidas de conservación y restauración;

55.

Llama la atención sobre la importancia de crear o potenciar los centros de formación especializados de alto nivel (administración y economía de empresas turísticas, profesiones turísticas, facultades de estudios marítimos, escuelas de cocina, etc.), así como de mejorar la oferta de formación destinada a reforzar la calidad de los servicios y productos turísticos, la utilización de las nuevas tecnologías y la adaptación al cambio climático;

56.

Destaca la necesidad de simplificar los procesos de expedición de visados, de reducir los costes correspondientes y de conceder visados para entradas múltiples a visitantes de terceros países, en particular de visitantes procedentes de los países BRIC; pide a la Comisión que por favor investigue y aplique inmediatamente los nuevos modos «inteligentes» de concesión de visados turísticos con objeto de impulsar al máximo el flujo de entrada;

57.

Destaca que el sector de los cruceros constituye un importante recurso económico para los puertos europeos y la población local que los rodea, y que también resulta vital en el desarrollo y uso de buques más eficientes desde el punto de vista energético y con menos emisiones; anima a elaborar programas turísticos atractivos con el fin de intensificar la experiencia de los visitantes, poniendo de relieve la importancia marítima, cultural e histórica de los destinos portuarios;

58.

Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos con miras a aumentar la competitividad de los puertos europeos a través del respaldo y la coordinación de las capacidades de las infraestructuras portuarias y la mejora de los servicios que se prestan (por ejemplo, mediante su adaptación a los requisitos de Schengen), a fin de que los puertos europeos resulten más atractivos para los cruceros y más beneficiosos para la población local y las comunidades pesqueras, lo que les permitirá diversificar su actividad; pide a la Comisión que tenga en cuenta las características especiales de los puertos de las islas y de las regiones ultraperiféricas;

59.

Solicita que en los proyectos de modernización y expansión de puertos sea obligatorio equipar las terminales para pasajeros, así como los nuevos buques para pasajeros, con instalaciones para las personas con movilidad reducida;

60.

Recuerda la importancia del transporte de pasajeros tanto de cabotaje como de alta mar, principalmente a través de ferris y cruceros, y recuerda la entrada en vigor del Reglamento (UE) no 1177/2010 sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar, que debe contribuir a reforzar un turismo de marítimo de calidad; pide a la Comisión, en este contexto, que ponga en marcha una campaña para mejora la calidad del transporte de pasajeros y cruceros en relación con los derechos de los pajareros, tomando como base las mejores prácticas de los operadores;

61.

Subraya la importancia que reviste el sector de las embarcaciones de recreo y de los deportes náuticos para el turismo marítimo; pide a la Comisión que examine, en el marco de su futura comunicación sobre el turismo marítimo, las consecuencias sociales y económicas para el sector, las posibilidades de armonización y simplificación, a escala de la UE, de la legislación relativa a la concesión de autorizaciones, las condiciones de navegación y utilización, las exigencias de seguridad, la reparación y el mantenimiento de las embarcaciones de recreo y el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales del sector;

62.

Reitera la importancia del turismo de playa como una característica de algunas regiones costeras europeas; pide a la Comisión que realice una evaluación de impacto para determinar si la Directiva 2006/123/CE tiene un impacto negativo en las PYME en este sector y, si procede, que proponga medidas para mitigar dicho impacto y velar por que se tengan en cuenta las características específicas de esta actividad económica en la aplicación de la Directiva;

63.

Pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros, las regiones, las comunidades autónomas y otras partes interesadas de las zonas costeras e insulares a desarrollar y aplicar de forma sistemática la iniciativa de las «antiguas rutas comerciales», aprobada en el marco del presupuesto para 2013 por el Parlamento, tanto en la cuenca del Mediterráneo como en las demás cuencas europeas, sobre todo a fin de diversificar los productos turísticos y reducir la estacionalidad del turismo;

64.

Pide a la Comisión que el turismo marítimo, insular y costero sostenible se incluya en acciones y programas relacionados, como «EDEN — Destinos Europeos de Excelencia» y «Calypso», y que apoye las iniciativas que alientan la diversificación de las formas de turismo asociadas al espacio costero, marítimo y marino, así como la mitigación del carácter estacional de la actividad y el empleo turísticos, y la adaptación al cambio climático; considera, a este respecto, que la diversificación de la oferta turística puede contribuir a aumentar el atractivo de las zonas marítimas y permitirles superar el tradicional modelo de turismo de playa;

65.

Pide que se fomenten las estaciones náuticas como forma de combatir la estacionalidad, ya que tienen un efecto multiplicador en las economías locales y regionales, al integrar a las comunidades pesqueras y lograr un equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad;

66.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta la contribución y el papel que desempeña la cultura local y la gastronomía artesanal en el desarrollo del turismo costero europeo; considera necesarios el uso y la coordinación de las políticas y las herramientas existentes, así como la elaboración de nuevos programas y acciones a fin de fomentar las sinergias entre, en particular, las PYME de los sectores primario y terciario en las regiones costeras de la UE;

67.

Insta a la Comisión a incluir en el «Observatorio Virtual de Turismo» una sección dedicada al turismo marítimo y costero, que garantice los vínculos entre los institutos de investigación, las empresas y los poderes públicos, a fin de fomentar la investigación de mercado, prestar a empresas y poderes públicos servicios de información relacionados con la evolución a largo plazo de la oferta y la demanda, y crear condiciones empresariales más favorables, ofreciendo, además, información sobre la relación entre biodiversidad, protección del clima y las iniciativas turísticas sostenibles;

68.

Señala que el cambio climático es una de las principales amenazas para la biodiversidad marina a escala mundial y que las cuestiones relativas a la energía de la estrategia de crecimiento azul deben basarse en las energías renovables y la eficiencia energética;

69.

Es consciente, a este respecto, de la importancia de los mares y los océanos europeos para la seguridad energética de la UE y para la diversificación de sus fuentes de energía y sus rutas de abastecimiento;

70.

Toma nota del potencial de las energías eólica marina, mareomotriz, undimotriz y térmica marina, y del sector tradicional de producción de energía en el mar, para crear puestos de trabajo duraderos en las regiones costeras, reducir las emisiones y contribuir a los objetivos energéticos a medio y largo plazo de la UE; subraya que para aprovechar este potencial serán necesarias inversiones importantes en materia de renovación de las conexiones a la red y capacidad de transporte;

71.

Destaca que la energía azul es uno de los activos de la economía marítima europea; insta a la Comisión y a los Estados miembros a contribuir a hacer realidad el potencial de la energía azul, haciendo uso de las estrategias de las cuencas marinas y prestando especial atención a las posibilidades ofrecidas por las regiones ultraperiféricas debido a su ubicación y características naturales;

72.

Pide a la Comisión que respalde activamente el liderazgo mundial de la UE en este sector, a través del desarrollo de una estrategia industrial europea relativa a la energía azul, tal como hizo en el pasado con otros sectores;

73.

Pide a la Comisión que adopte, en la próxima Comunicación que publique al respecto, un enfoque integrado relativo al desarrollo de las fuentes de energía marítimas, aprovechando las sinergias entre la energía eólica marina y las demás formas de energía marina renovable; insiste en que este enfoque debe permitir alcanzar una combinación energética completa y sostenible que respete el principio de cautela y garantice la seguridad y la protección marítimas, y debe prever infraestructuras adecuadas para el transporte de la energía producida en el mar hasta tierra y la interconexión a la red eléctrica convencional;

74.

Pide a los Estados miembros que colaboren para facilitar la construcción sostenible de la Red Marítima en el Mar del Norte para la energía renovable; pide a la Comisión que elabore una propuesta para establecer el correspondiente marco reglamentario;

75.

Hace hincapié en que la acuicultura y la pesca deben contribuir a la producción sostenible de alimentos en toda la Unión y a garantizar la protección del consumidor y la seguridad alimentaria a largo plazo; considera que se deben promover el desarrollo y la innovación en el sector de la acuicultura y la industria de transformación del pescado sostenibles, reduciendo la burocracia, creando incentivos a la ocupación en dichos sectores y mejorando la calidad de vida de las zonas costeras y rurales;

76.

Pone de relieve la importancia de desarrollar la acuicultura sostenible para reducir la sobrepesca de las poblaciones de peces de Europa y la dependencia de las importaciones de pescado de terceros países, que suponen más del 60 % del pescado que se consume en la UE;

77.

Señala que la acuicultura en la UE proporciona 80 000 puestos de trabajo y ofrece la posibilidad de mejorar notablemente las economías de las comunidades costeras, teniendo en cuenta la evaluación de las Naciones Unidas que indica que en 2019 la producción de peces de piscifactoría superará la de la pesca tradicional;

78.

Pide a la Comisión que, en las próximas directrices estratégicas sobre acuicultura en la UE, fomente la acuicultura en alta mar, que puede combinarse con instalaciones de energía azul, con la finalidad de reducir las presiones que ejerce la acuicultura excesivamente intensiva en los ecosistemas costeros y en otras actividades; destaca que, para el desarrollo de esta actividad, hay que simplificar las cargas administrativas y reservar espacios adecuados en los planes de ordenación integrada del territorio de los Estados miembros;

79.

Destaca la importancia del futuro Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que por primera vez aúna la financiación de la Política Marítima Integrada y de la Política Pesquera, así como del Banco Europeo de Inversiones, para apoyar el desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente de la pesca, la acuicultura y de la transformación del pescado, así como la diversificación de las fuentes de ingresos de las comunidades pesqueras dependientes de dichos sectores, especialmente en lo que respecta a la pesca costera artesanal, la formación profesional de mujeres y jóvenes y la incorporación de nuevos emprendedores al sector;

80.

Reconoce que la protección de las fronteras marítimas de Europa constituye un reto para los Estados miembros; considera que una economía azul eficaz requiere que las fronteras marítimas de la UE sean seguras, a fin de garantizar la protección del entorno marino, el control de la pesca, la lucha contra la pesca ilegal y el cumplimiento de la ley; destaca, por tanto, la importancia de crear un servicio de guardacostas europeo para coordinar las actuaciones y la vigilancia en el mar; subraya, además, la importancia de intensificar y multiplicar las iniciativas de cooperación regional relativas al sector de la pesca;

81.

Es consciente de las condiciones favorables para la extracción marítima de minerales; subraya, no obstante, que el medio ambiente de los fondos marinos está vinculado con el resto del planeta mediante el intercambio de materia, energía y biodiversidad, intercambio, en caso de ser alterado, puede causar cambios imprevistos en las poblaciones de peces, así como la pérdida de biodiversidad;

82.

Pide a la Comisión que preste especial atención a las repercusiones medioambientales derivadas de la explotación de los fondos marinos, en especial de los entornos marinos de elevada sensibilidad, que respalde los correspondientes proyectos de investigación, que aplique el principio de cautela y que colabore con las autoridades de terceros países competentes en el sector, en un esfuerzo por cubrir con mayor celeridad las deficiencias en el conocimiento científico;

83.

Reconoce que el uso más eficiente de los recursos, junto con mejores políticas de reciclaje, ofrecen un enfoque mucho más rentable y sostenible para cubrir nuestras necesidades minerales que la explotación intensiva de los recursos submarinos; lamenta que las deficiencias en el reciclaje de materias primas y de tierras raras estén contribuyendo a aumentar los deshechos y pide, por tanto, medidas para impulsar el sector del reciclaje, de modo que se convierta en una alternativa a la minería marina; llama la atención sobre las oportunidades empleo a largo plazo que ofrece esta solución alternativa;

84.

Reconoce que la biotecnología azul puede crear empleo de alta cualificación y ser muy beneficiosa para sectores críticos, como el de la sanidad, la alimentación y la innovación; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de apoyar la investigación e innovación necesarias para impulsar esta actividad en el ámbito de la iniciativa empresarial;

85.

Hace hincapié en el potencial que tiene la biodiversidad marina, en particular el fondo marino —en gran parte aún sin explorar—, para el sector de la biotecnología azul, pero insiste en la necesidad de cautela en la exploración de este ecosistema tan sensible;

86.

Pide a la Comisión que defina claramente los problemas y desafíos relacionados con la biotecnología azul (por ejemplo, la nanobiotecnología, los biomateriales y la introducción de peces, moluscos y microorganismos modificados genéticamente) y que utilice un enfoque sólido desde el punto de vista científico, basado en el principio de cautela, para identificar, evaluar y gestionar los riesgos conexos, tanto medioambientales como para la salud;

87.

Pide a la Comisión que fomente las colaboraciones entre el sector privado y los institutos de investigación, así como las colaboraciones transfronterizas como el EMBRC (Centro europeo de recursos de biología marina), dado que la biotecnología marina y el acceso a la biodiversidad marítima exigen conocimientos científicos y un equipamiento avanzado y costoso;

88.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

26.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/34

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular su artículo 54,

—

Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular su artículo 3, apartado 3,

—

Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social (1),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2012, sobre el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (2),

—

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones para la Comisión en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones (3),

—

Visto el Reglamento del Consejo (CE) no 1435/2003, de 22 julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) (4),

—

Vista la Recomendación 94/1069/CE de la Comisión, de 7 de diciembre de 1994, sobre la transmisión de las pequeñas y medianas empresas (5),

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre la transmisión de las pequeñas y medianas empresas (6),

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre el fomento de las cooperativas en Europa (COM(2004)0018),

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre la iniciativa en favor del emprendimiento social (COM(2011)0682),

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Cooperativas y reestructuración» (7),

—

Vistos la Recomendación 193 de la OIT sobre la promoción de las cooperativas, aprobada por los Gobiernos de los 27 Estados miembros actuales, la Resolución de 2001 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada «Las cooperativas en el desarrollo social» y el hecho de que dicha organización proclamara el año 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0222/2013),

1.

Señala que las cooperativas, junto con otras empresas de la economía social, desempeñan un papel esencial en la economía europea, en especial en tiempos de crisis, al combinar la rentabilidad con la solidaridad, crear puestos de trabajo de calidad, reforzar la cohesión social, económica y regional y generar capital social; reconoce asimismo que las empresas de la economía social deberían contar con un marco legislativo más claro y coherente, que tenga debidamente en cuenta la gran diversidad existente entre las entidades de la economía social, así como sus características específicas;

2.

Observa que en la Unión las cooperativas están adquiriendo cada vez más importancia, que existen alrededor de 160 000 empresas cooperativas, que pertenecen a 123 millones de miembros y proporcionan empleo a 5,4 millones de personas (incluidas unas 50 000 cooperativas en los sectores de la industria y los servicios en las que trabajan 1,4 millones de personas), y que las cooperativas contribuyen aproximadamente en un 5 %, de media, al PIB de los Estados miembros; constata que, durante los últimos años, se han creado cientos de cooperativas industriales y de servicios debido a la reestructuración de empresas en crisis o sin sucesor, salvando y revitalizando así actividades económicas y puestos de trabajo a escala local; observa que los grupos de cooperativas industriales y de servicios han influido de forma notable en el desarrollo regional de algunas de las regiones más industrializadas de la Unión; constata que las cooperativas «sociales» especializadas en la integración laboral proporcionan empleo a más de 30 000 personas discapacitadas o desfavorecidas en los sectores de la industria y los servicios; destaca que las cooperativas se han convertido en un modelo para los trabajadores autónomos y las profesiones liberales, y que dicho modelo ha adquirido notable importancia en nuevos sectores, como los servicios sociales o de atención sanitaria, los servicios digitales y de apoyo empresarial y los servicios de interés general prestados anteriormente por el sector público (por ejemplo, servicios medioambientales y gestión de espacios naturales, educación y cultura, y producción de energía a partir de fuentes renovables); toma nota, por tanto, de que las cooperativas desempeñan un papel muy importante en la Unión en términos económicos, sociales, laborales y de desarrollo sostenible, además de ser un motor de innovación social, elemento de gran importancia tanto en la Estrategia Europa 2020 como en el programa Horizonte 2020, y contribuyen al logro del objetivo de desarrollo económico y social sostenible de las comunidades regionales y locales;

3.

Reitera que el modelo empresarial cooperativo contribuye a un auténtico pluralismo económico, es un elemento indispensable de la «economía social de mercado» y es totalmente acorde con los valores del Tratado de la UE y los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

4.

Destaca que muchas cooperativas han demostrado ser incluso más resistentes que muchas empresas convencionales en tiempos de crisis, tanto si atendemos a los índices de empleo como a los cierres de actividades; señala que, pese a la crisis, se han creado cooperativas en sectores nuevos e innovadores y que existen pruebas convincentes de su solidez, especialmente en lo que respecta a las cooperativas bancarias y a las cooperativas industriales y de servicios (cooperativas de trabajo, sociales y constituidas por PYME); indica que, como modelo, el desarrollo de cooperativas ha demostrado poder satisfacer necesidades nuevas y estimular la creación de empleo mejor que otros modelos, gracias a la gran capacidad de las cooperativas para adaptarse a los cambios y mantener su actividad en situación de riesgo permaneciendo fieles a su misión; hace hincapié, además, en el papel estratégico de las cooperativas formadas por PYME, que pueden proporcionar soluciones colectivas a problemas comunes y permitir el desarrollo de economías de escala; observa, asimismo, la importancia creciente de las «cooperativas comunitarias», que hacen posible, sobre todo en zonas remotas y desfavorecidas, la participación directa de los ciudadanos para responder a distintas necesidades como, por ejemplo, los servicios sociales y sanitarios, los servicios escolares, los servicios comerciales, las comunicaciones, etc.;

5.

Considera que, en períodos de recesión, las cooperativas pueden promover eficazmente el emprendimiento a escala microeconómica, ya que permiten a pequeños emprendedores –a menudo grupos de ciudadanos– asumir responsabilidades empresariales; apoya, en este sentido, el desarrollo de cooperativas en los sectores social y del bienestar, pues permiten garantizar una mayor participación social de los grupos vulnerables;

6.

Señala que, gracias a su carácter descentralizado, el modelo cooperativo contribuye notablemente a la ejecución de las prioridades fijadas para 2020 en la Directiva sobre las fuentes de energía renovables (2009/28/CE), así como al paso de la energía fósil a la energía renovable; indica, a este respecto, que los ciudadanos han creado más de 1 000 cooperativas en el ámbito de las energías renovables; cree que las cooperativas que operan en este campo permiten a los ciudadanos convertirse en socios de proyectos locales y estimulan la realización de inversiones en proyectos de energías renovables, lo que, a su vez, permite mejorar la aceptación social de nuevas instalaciones de energías renovables; considera que la participación de los ciudadanos en la producción energética puede hacer que estos estén más concienciados de la necesidad de realizar un consumo de energía sostenible y eficiente, así como aumentar su control sobre los precios de la energía; pide a la Comisión que preste especial atención al papel que pueden desempeñar las cooperativas que operan en el ámbito de la energía a la hora de incrementar el uso de fuentes de energía renovables y mejorar la eficiencia energética;

7.

Opina que esta gran resistencia se debe en gran parte al modelo cooperativo de gobernanza, que se basa en la propiedad conjunta, la participación y el control económicos y democráticos y la organización y gestión por parte de los socios interesados, así como en el compromiso con la comunidad; destaca que la resistencia de las cooperativas también se debe a su método característico de acumulación de capital, que es menos dependiente de la evolución de los mercados financieros y está asociado tanto a la asignación de los excedentes a los fondos de reserva, en parte indivisibles en la medida de lo posible (en particular, en forma de activos que refuerzan el movimiento cooperativo en general, tras el pago de cualesquiera deudas pendientes en caso de liquidación) como a la realización de los objetivos de la entidad, con objetivos sociales y económicos equilibrados y en aras de la mejora de su funcionamiento y actividad; considera que este modelo contribuye a garantizar que las cooperativas adopten un enfoque a largo plazo que pasa de generación en generación y las afianza en la economía local, contribuyendo al desarrollo local sostenible y garantizando que no se deslocalizan, incluso cuando adquieren una dimensión internacional;

8.

Observa que las empresas cooperativas pueden satisfacer necesidades actuales y futuras de un modo eficaz y eficiente, en ámbitos como la gestión de los recursos culturales y la creatividad, así como la sostenibilidad medioambiental vinculada a nuevos estilos de vida y de consumo; destaca que las cooperativas también han forjado valores como la protección de la legalidad — un ejemplo de ello es Italia, donde se les ha confiado la gestión de los bienes confiscados a la mafia;

9.

Considera que las cooperativas deben inscribirse plenamente en los objetivos perseguidos por la política industrial de la UE y en las acciones emprendidas por esta última, habida cuenta, entre otras cosas, de su aportación fundamental a las reestructuraciones industriales, un capítulo esencial de la nueva política industrial europea;

10.

Observa, asimismo, que, al cooperar entre sí, las cooperativas pueden aprovechar las economías de escala e intercambiar experiencias y mejores prácticas, así como poner en común o transferir recursos humanos y financieros cuando sea necesario; afirma que esta flexibilidad inherente permite que las cooperativas sean autosuficientes incluso en los momentos más difíciles;

11.

Observa que en los distintos Estados miembros existe un gran número de buenas prácticas que quedan reflejadas en los excelentes resultados obtenidos por las empresas cooperativas en términos de crecimiento, empleo, índice de supervivencia y puesta en marcha de nuevas empresas, como el sistema de «pago único» en España o la Ley Marcora en Italia –que permiten financiar la constitución de nuevas cooperativas a través del subsidio de desempleo– y las «cooperativas de actividad y de empleo» creadas en Francia, Suecia y Bélgica; hace referencia asimismo a los grupos de cooperativas individuales que pueden constituirse de forma voluntaria en grandes grupos empresariales que abarcan sectores como la industria, la agricultura, la distribución, las finanzas, la I+D y la formación de alto nivel; observa que la sociedad cooperativa, inspirada, por ejemplo, en el modelo del trust británico, también puede ser un modelo eficaz para la buena gestión de organizaciones deportivas profesionales o semiprofesionales, que al mismo tiempo permite una estrecha implicación de las principales partes interesadas —los hinchas— en la gestión de un club (ya sea profesional o no); pide a la Comisión que examine en profundidad esas buenas prácticas y valore la oportunidad de incluirlas en la definición de políticas europeas favorables a las empresas;

12.

Considera significativa la contribución de las cooperativas a la economía europea y a la estabilidad del empleo, sobre todo en tiempos de crisis;

13.

Hace hincapié en la necesidad de desarrollar, entre otras cosas, el modelo de cooperativa de actividad y de empleo, que permite a las empresas desarrollarse de manera progresiva para responder a las necesidades de los socios y evolucionar de forma acorde con el desarrollo de sus actividades;

14.

Señala, sin embargo, que las cooperativas no son inmunes al fracaso;

15.

Observa que en los distintos Estados miembros existe una diversidad de situaciones, reflejo de las diferencias jurídicas y conceptuales; pide, por tanto, a la Comisión que examine las legislaciones existentes a fin de encontrar puntos comunes y armonizar, de conformidad con el principio de subsidiariedad, los elementos clave con vistas a eliminar los obstáculos que frenan el desarrollo de las cooperativas;

16.

Recalca que los trabajadores asumen un considerable riesgo financiero con la creación de una cooperativa o con la adquisición de la propiedad de una empresa de la que son empleados; observa que una buena gobernanza, particularmente en una cooperativa de trabajo, depende en gran medida del apoyo que reciben los trabajadores en la gestión de la empresa y de la supervisión de dicha gestión;

17.

Opina que esta capacidad intrínseca de resistencia debe reforzarse teniendo debidamente en cuenta a las cooperativas en todas las políticas de la UE destinadas a contribuir al crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como a través de un modelo diferente de desarrollo económico que respete el modelo social europeo y racionalizando la legislación actual de la UE en materia de cooperativas; considera, en particular, que en el Plan de acción sobre emprendimiento 2020 debería hacerse una referencia al importante papel de las cooperativas; opina que deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades entre las cooperativas y otras formas empresariales, a la vez que se preservan los objetivos y métodos de trabajo de las cooperativas, así como su carácter social;

18.

Recuerda la necesidad de que la Unión Europea reconozca y trate del mismo modo, a través de disposiciones legislativas, las distintas formas de emprendimiento, de manera que se garantice el respeto del principio de libertad de actuación empresarial cualquiera que sea el estatuto de la empresa; lamenta que, en su Plan de acción sobre emprendimiento 2020, la Comisión no profundice en la función desempeñada por las empresas de la economía social, limitándose a recordar su contribución a la creación de empleo y la innovación social y sus mayores dificultades de financiación en comparación con las PYME;

19.

Insta, por consiguiente, a la Comisión a que refuerce sus servicios mediante la creación de una unidad encargada de las cooperativas y otras organizaciones de la economía social (como las mutuas, las fundaciones y las asociaciones con actividades económicas y financieras), con objeto de prestar mayor atención a las medidas destinadas a garantizar un nivel adecuado de recursos, así como a la supervisión y la elaboración de políticas sobre las organizaciones de la economía social; insta a la Comisión a que atienda debidamente a la reestructuración en forma de cooperativas de las empresas industriales y de servicios en crisis o sin sucesor, mediante la creación de servicios dedicados a esta tarea;

20.

Pide a la Comisión que proporcione más flexibilidad por lo que respecta a las normas de contratación pública en el caso de las empresas dirigidas por los empleados, por ejemplo, incluyendo una reserva de duración limitada;

21.

Insta también a la Comisión a que garantice la coordinación de las acciones emprendidas al amparo de la iniciativa en favor del emprendimiento social y la reducción de las barreras administrativas entre las dos iniciativas;

22.

Insta a los Estados miembros a que, en cumplimiento de la Recomendación 193/2002 de la OIT, revisen su legislación aplicable a las cooperativas en general y a tipos específicos de cooperativas en particular, como las cooperativas de trabajo, las cooperativas sociales, las cooperativas artesanales y las cooperativas bancarias, con vistas a adoptar una política global que apoye el modelo empresarial de las cooperativas y a crear un entorno reglamentario favorable al reconocimiento de la función desempeñada por las cooperativas y sus estructuras de gestión y al desarrollo de cooperativas, especialmente en ámbitos y sectores en los que este modelo ha demostrado tener un valor añadido económico, social y medioambiental; pide a los Estados miembros que, en cooperación con los interlocutores sociales y otras partes interesadas a escala regional y local, determinen qué sectores estratégicos se prestan al desarrollo de proyectos cooperativos; destaca que esto debe incluir la introducción de instrumentos financieros adecuados y el reconocimiento del papel de las cooperativas en el diálogo social a escala nacional, así como el papel de los bancos de crédito cooperativo, que desde siempre conceden especial importancia a la financiación sostenible y socialmente responsable y están radicados en el ámbito local; pide que se tenga en cuenta esta recomendación en el marco de la revisión del Reglamento relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE);

23.

Subraya la importancia de elaborar medidas reguladoras dentro de un marco jurídico sólido y coherente con el desarrollo normativo internacional, a fin de evitar interpretaciones nacionales divergentes y el riesgo de crear ventajas o desventajas competitivas a escala regional, nacional o macrorregional;

24.

Hace hincapié en la importancia de incluir a las cooperativas en todas las fases del proceso en futuras iniciativas y acciones de la Unión relacionadas con las cooperativas;

25.

Considera que la transmisión de una empresa a los empleados mediante la creación de una cooperativa y otras formas de propiedad por parte de los trabajadores podría ser la mejor forma de garantizar la continuidad de la empresa; hace hincapié en que se debe respaldar este tipo de transmisiones de empresas a los empleados, en especial en lo que respecta a las cooperativas de trabajo y a la adquisición por parte de los trabajadores (buy-out), mediante una partida presupuestaria específica del presupuesto de la UE que también incluya instrumentos financieros; solicita urgentemente que se cree, con la participación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), los interlocutores sociales y las partes interesadas del movimiento cooperativo, un mecanismo europeo diseñado para fomentar la creación de cooperativas y, en particular, las transmisiones empresariales en forma de cooperativa, también mediante, por ejemplo, los fondos de mutualización;

26.

Subraya que el recurso a la adquisición por parte de los trabajadores se está convirtiendo en una práctica cada vez más difundida en los Estados miembros en respuesta a la crisis económica; pide, por tanto, a la Comisión que defina instrumentos financieros o amplíe los existentes para incentivar esta práctica;

27.

Destaca el activo papel desempeñado por las cooperativas sociales en las reestructuraciones de las PYME, en especial a través de empresas derivadas (spin-off) sociales, que favorecen la integración de los trabajadores que pueden calificarse de desfavorecidos y se encuentran en una situación de empleo crítica, reforzando, a través de la solidaridad, una capacidad creciente de respuesta a la demanda social;

28.

Indica que, muy a menudo, el problema al que se enfrentan las transmisiones empresariales a los empleados no solo radica en la duración de los procedimientos en cuestión, sino también, y lo que es más importante, en la falta de conocimiento de este contexto empresarial por parte de los profesionales interesados (abogados y contables) y dentro del sistema jurídico y académico; hace hincapié en que las actividades de formación y concienciación de todos los actores que intervienen en la creación o la transmisión de empresas a los empleados contribuirían en gran medida a fomentar esta práctica; aconseja, por tanto, que la forma de sociedad cooperativa se incluya con carácter permanente en los planes de estudio pertinentes de universidades y escuelas de dirección de empresas; opina, además, que también debe promoverse un mejor conocimiento de las cooperativas y han de apoyarse financieramente las transmisiones de empresas a los empleados en forma de cooperativa, también mediante un uso más preciso e inteligente de los Fondos Estructurales, entre los sindicatos y otros organismos encargados de proporcionar información sobre la creación o transmisión de empresas; destaca los conocimientos especializados adquiridos por las federaciones de cooperativas de determinados Estados miembros en materia de creación y transmisión de empresas en forma de cooperativa, y pide a la Comisión que establezca dispositivos para facilitar la cooperación y el intercambio de mejores prácticas y métodos en este ámbito entre las empresas y que informe de los resultados de esta acción al Consejo y al Parlamento;

29.

Insta a los Estados miembros a que creen un marco que facilite las transmisiones empresariales a los empleados, que incluya mecanismos financieros diseñados para ayudar a los empleados a invertir en las empresas en crisis o que carecen de sucesor, así como derechos preferentes para los empleados, a fin de generar las condiciones más propicias para una oferta pública de adquisición de una empresa que va a cerrar;

30.

Opina asimismo que los Estados miembros deben adoptar políticas que faciliten la participación de los empleados en el capital y en los resultados de sus empresas, también mediante mecanismos fiscales específicos en otras formas de empresas industriales y de servicios, y con la protección jurídica necesaria y el grado de participación correspondiente en la gobernanza, supervisión, toma de decisiones y responsabilidad de la empresa; recuerda que tales actividades pueden aumentar la competitividad del sector en cuestión en su conjunto;

31.

Destaca el carácter positivo de mecanismos típicos del modelo cooperativo como la indivisibilidad de las reservas, a saber, reservas que no pueden repartirse entre los miembros ni siquiera en caso de liquidación, sino que deben utilizarse para el desarrollo del movimiento cooperativo, y las disposiciones jurídicas que autorizan a terceros a aportar capital riesgo, con o sin derecho de voto, a las cooperativas, como por ejemplo los fondos de mutualización y la Cooperazione Finanza Impresa (CFI) en Italia, el Institut de Développement de l'Economie Sociale (ESFIN-IDES) en Francia y la estructura de inversión de la Corporación Mondragon en España;

32.

Pide a la Comisión que promueva políticas y medidas en favor del mantenimiento de los puestos de trabajo existentes, y no solo de la creación de nuevos puestos de trabajo en nuevas empresas; insta a la Comisión a que cree nuevos servicios de puesta en marcha de empresas para apoyar la forma de empresa cooperativa mediante iniciativas de concienciación y formación;

33.

Destaca que la transformación de las empresas en crisis en cooperativas sostenibles en términos económicos requiere un diagnóstico temprano y preciso; insta a las autoridades a todos los niveles a que colaboren con los interlocutores sociales y con el movimiento cooperativo para llevar a cabo tales diagnósticos precoces y evaluar la viabilidad y eficacia de la transformación de las empresas en cooperativas; cree que los sindicatos y las federaciones de cooperativas también deberían asociarse a este proceso;

34.

Pide a la Comisión que realice un inventario exhaustivo y comparativo de las mejores prácticas aplicadas en los Estados miembros y de las legislaciones nacionales que fomentan la conversión de las empresas en cooperativas, especialmente las disposiciones relativas a la adquisición de empresas, las quiebras, los mecanismos financieros, las instituciones de apoyo a las actividades empresariales y la creación de agrupaciones de cooperativas; recalca la importancia de implicar a las cooperativas en dicho inventario a fin de establecer prioridades; pide, para ello, a la Comisión que estudie la posibilidad de crear una base de datos que recoja sistemáticamente los casos de reestructuraciones en forma de cooperativa y la información al respecto, a fin de permitir la transmisión de las buenas prácticas y una recopilación de datos coherentes;

35.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten y promuevan la creación de agrupaciones de cooperativas y empresas sociales para ayudarlas a obtener los recursos que necesitan para desempeñar un papel más importante en la cadena de producción y distribución y con vistas a apoyar las economías de escala necesarias para financiar actividades de investigación, desarrollo e innovación;

36.

Resalta que las cooperativas en el ámbito de la industria y los servicios, y especialmente las PYME, no pueden acceder, por distintas razones entre las que se encuentra la naturaleza de su emprendimiento, al capital riesgo y al crédito en los mercados de capitales; señala, asimismo, que normalmente las cooperativas de trabajo en sectores de capital intensivo no pueden obtener de sus miembros grandes sumas de capital, por lo que conviene crear instrumentos financieros adecuados que garanticen el respeto de sus formas de emprendimiento;

37.

Señala que el acceso al crédito para las cooperativas reviste especial importancia dada la naturaleza específica de su estructura; pide, por tanto, a la Comisión, al Comité de Basilea y al Banco Europeo de Inversiones que desarrollen y utilicen parámetros cualitativos, entre otros fines, para la concesión de créditos y financiación, a fin de diferenciar el papel de las cooperativas, incluidas las sociales, del de otros tipos de empresas;

38.

Considera necesario reforzar la capitalización de las cooperativas aprovechando mejor los recursos que puede aportar su estructura social; pide a la Comisión que promueva iniciativas de apoyo a la capitalización, incluidas ventajas fiscales, aunque estén limitadas en el tiempo, tras la constitución o la operación de adquisición, sin que se consideren ayudas estatales;

39.

Señala que en algunos Estados miembros los participantes externos pueden proporcionar a las cooperativas capital riesgo con derechos de voto muy limitados o inexistentes, a fin de respetar la propiedad de los miembros y las estructuras de supervisión, y que esto ha permitido a las cooperativas mejorar su diálogo con otras instituciones financieras; manifiesta su aprobación de dichas políticas y alienta a todos los Estados miembros a que faciliten el acceso de las cooperativas al crédito;

40.

Considera que la Comisión, junto con el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), deben garantizar que las cooperativas tengan acceso a los mecanismos de financiación a escala de la UE (incluido, cuando proceda, el plan de acción para la financiación de las PYME sugerido en el Acta del Mercado Único) y que deben realizar un esfuerzo especial, junto con el sector bancario cooperativo, en aras de este objetivo; subraya que tales acciones podrían mejorar el funcionamiento del mercado único;

41.

Considera que las características específicas de las cooperativas bancarias han de tenerse en cuenta en la regulación de los mercados financieros y en la consiguiente legislación de ejecución;

42.

Subraya que los programas y fondos establecidos dentro del marco financiero plurianual (2014-2020) deben constituir instrumentos importantes para el apoyo a las cooperativas; sostiene que, al establecer los programas operativos, debe tratarse de facilitar la creación de nuevas cooperativas y el apoyo al desarrollo sostenible de empresas y la restructuración responsable, incluyendo, en particular, medidas relativas a la transferencia de las empresas a los trabajadores, las cooperativas sociales, el desarrollo local y la innovación social, tecnológica y de técnicas de producción, mediante subvenciones generales y otros instrumentos financieros, incluido el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización;

43.

Considera que, en el marco de la programación financiera europea y nacional, se debe prestar especial atención (o reservar una cuota porcentual) a las cooperativas que tienen por objeto favorecer el acceso al trabajo de personas desfavorecidas, tal como las define también el Reglamento (CE) no 2204/2002, a fin de consolidar y desarrollar mayores y mejores niveles de protección social;

44.

Pide a la Comisión que, en el próximo ejercicio financiero, apoye un proyecto piloto para respaldar las transmisiones de empresas en crisis a los trabajadores, de modo que estos puedan proseguir la actividad, creando así nuevas cooperativas que releven a las empresas en crisis o en quiebra;

45.

Pide a la Comisión que elabore medidas de apoyo al empleo juvenil en el sector de las cooperativas; insta asimismo a la Comisión a que estimule la difusión en los Estados miembros del modelo cooperativo como instrumento privilegiado para la creación de nuevo empleo;

46.

Opina que los Estados miembros también deben tomar medidas para facilitar el acceso de las cooperativas a toda la gama de servicios de apoyo empresarial, ya que esto les permitirá seguir contribuyendo a un desarrollo sostenible de sus actividades; insta, en este sentido, a los Estados miembros a que introduzcan medidas destinadas a facilitar el acceso de las cooperativas al crédito, en especial, de las cooperativas de trabajo, sociales y artesanales, así como de las cooperativas formadas por microempresas;

47.

Considera que los Estados miembros deberían adoptar medidas adecuadas para eliminar las barreras de naturaleza legal, administrativa o burocrática que impiden o limitan el desarrollo de las cooperativas;

48.

Cree que en toda Europa debe facilitarse el acceso a los mercados de las pequeñas sociedades cooperativas de crédito;

49.

Considera, asimismo, que deben fomentarse las redes de colaboración entre las PYME, como las ya existentes en la UE en el marco cooperativo (cooperativas artesanales, cooperativas de PYME, cooperativas de actividad y de empleo, etc.), ya que dichas redes refuerzan considerablemente la creación y la sostenibilidad de las microempresas y las pequeñas empresas mediante la comercialización, adquisiciones y otros servicios conjuntos, y contribuyen a que dichas empresas sean una fuente de innovación;

50.

Cree que, para apoyar la creación de nuevas cooperativas, deben desarrollarse servicios para cooperativas de nuevas empresas (start-ups); considera, además, que deben fomentarse las iniciativas que promuevan el modelo cooperativo entre posibles nuevos empresarios (es decir, en los planes de estudio universitarios) tanto a nivel nacional como europeo;

51.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

26.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/41

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa» (COM(2012)0060),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, sobre una Europa que utilice eficazmente los recursos (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia eficaz para Europa en relación con las materias primas (COM(2011)0025) y su Resolución, de 13 de septiembre de 2011, sobre dicha Comunicación (2),

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Vistas las conclusiones de la Presidencia británica del Consejo en 2005 («The Knowledge-Based Bio-Economy in Europe»), de la Presidencia alemana en 2007 («En route to the Knowledge based Bio-Economy») y de la Presidencia belga en 2010 («The Knowledge Based Economy in Europe: achievements and challenges»),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0201/2013),

A.

Considerando que la población mundial aumentará de 7 000 a 9 000 millones en 2050, lo que conllevará un aumento del 70 % de la demanda de alimentos y una fuerte presión sobre las reservas de agua;

B.

Considerando que la escasez de las reservas naturales mundiales, el aumento de la presión sobre las materias primas renovables y los efectos globales del cambio climático imponen un uso eficiente de los recursos;

C.

Considerando que un enfoque innovador y eficiente a largo plazo garantizará no solo una mayor sostenibilidad sino también una ayuda al desarrollo rural y regional, la posible reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, una mayor sostenibilidad del ciclo productivo, así como la difusión de la innovación industrial a lo largo de toda la cadena de valor;

D.

Considerando que la transición hacia una economía sostenible permitirá consolidar la competitividad del sector industrial europeo y del sector agrícola, incrementar el crecimiento económico y con ello favorecer un aumento importante de los niveles de empleo europeos;

E.

Considerando que una bioeconomía eficaz para Europa depende de la disponibilidad de unas reservas de alimentos gestionados y obtenidos de forma sostenible a partir de la agricultura, la silvicultura y los desechos biodegradables;

F.

Considerando que la bioeconomía de la UE ya representa un volumen de casi 2 billones de euros y que se espera un crecimiento significativo gracias a la producción primaria sostenible, la transformación de alimentos, la biotecnología industrial y las biorrefinerías;

1.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa» y el plan de acción para la puesta en práctica de la estrategia para la bioeconomía incluido en la misma;

2.

Considera que la bioeconomía permite producir materias primas industriales y de consumo a menor coste, utilizando menos energía y produciendo menos contaminación ambiental;

3.

Comparte la idea de que la transición a una bioeconomía inteligente, sostenible e inclusiva debe basarse no solo en una producción de recursos con poco impacto ambiental, sino también en un uso sostenible desde un punto de vista ecológico, económico y social, manteniendo el uso de los recursos bióticos dentro de los límites de renovación del ecosistema;

4.

Señala la urgencia de actuar con carácter inmediato para apoyar la innovación y la inversión en nuevas técnicas y modelos empresariales y para crear incentivos que aporten beneficios a largo plazo para la economía; hace hincapié en el papel fundamental que desempeña el sector privado a la hora de conseguir un crecimiento económico sostenible;

5.

Considera que la bioeconomía constituye un requisito previo para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y, en concreto, de las iniciativas «Unión por la innovación» y «Una Europa que utilice eficazmente los recursos»;

6.

Acoge con satisfacción el apoyo de la Comisión a un cambio radical en cuanto al planteamiento de la UE en materia de producción, consumo, transformación, almacenamiento, reciclaje y eliminación de recursos biológicos;

7.

Señala que, aunque la bioeconomía da empleo ya a 22 millones de personas, lo que representa el 9 % del empleo total en la UE, posee un gran potencial para ofrecer empleo a muchos millones de personas más;

8.

Apoya la propuesta de la Comisión de crear un grupo de trabajo y elaborar una hoja de ruta sobre las bioindustrias en la que se ponga de relieve la contribución al desarrollo sostenible que ofrecen los recursos renovables y las biotecnologías y se anime a las regiones y operadores a desarrollar nuevas innovaciones para el sector de la bioeconomía;

9.

Insta a los Estados miembros a elaborar planes de acción para la bioeconomía nacional y regional y solicita a la Comisión que presente al Parlamento Europeo un informe bienal sobre la aplicación de la bioeconomía;

10.

Hace hincapié en que la UE es líder mundial en diversos sectores de la biociencia y las biotecnologías; afirma que la transición a la bioeconomía permitirá a Europa avanzar significativamente en lo relativo a la economía de bajas emisiones de carbono, la innovación y la competitividad, y reforzará su papel en la escena internacional;

11.

Subraya la importancia y el enorme potencial de los recursos y de la eficiencia energética; recalca la necesidad de «producir más con menos» para que la bioeconomía siga siendo sostenible;

12.

Opina que la bioeconomía para Europa no debe ser una mera sustituta de la economía actual basada en los combustibles fósiles ni repetir el comportamiento derrochador y las pautas de consumo, sino que debe evolucionar hacia un modelo más eficiente y sostenible, que tenga en cuenta la gestión social y medioambiental de todas las cadenas de valor basadas en la bioeconomía;

13.

Acoge con satisfacción la actual revisión de la legislación de la Unión en materia de biocarburantes con el fin de mitigar los efectos desfavorables de los cambios indirectos del uso de la tierra (CIUT) y promover el mercado y el desarrollo de biocarburantes más avanzados que permitan hacer un mayor uso de las materias primas no alimentarias como los desperdicios, los residuos y los materiales de lignocelulosa y celulosa;

14.

Recuerda que tanto los factores CIUT para biocarburantes y biolíquidos como los criterios de sostenibilidad vinculantes para el uso de biomasa sólida y gaseosa deben incluirse en la Directiva sobre fuentes de energía renovables y en la Directiva sobre la calidad de los combustibles; pide a la Comisión que proponga una directiva marco para la biomasa que abarque todos los usos de la biomasa (energía, carburantes, materiales, productos químicos) e introduzca una clasificación jerárquica de dichos usos;

15.

Anima a la Comisión a perseverar en sus esfuerzos de coordinación en materia de investigación y desarrollo a través de las fronteras de los Estados miembros y de los distintos sectores; destaca, en particular, la necesidad de investigar la evaluación de los límites sostenibles de los recursos bióticos, teniendo en cuenta las funciones del ecosistema y las cadenas alimentarias naturales, así como la demanda humana de alimentos;

16.

Pide que se estudien más detalladamente las oportunidades sociales y medioambientales, así como los costes potenciales de la bioeconomía, teniendo en cuenta las diversas posibles repercusiones y los posibles métodos equivocados de explotación de la bioeconomía, en relación con el uso de recursos naturales escasos, el riesgo de daños al medio ambiente y de pérdida de biodiversidad, y las oportunidades de conservación;

17.

Apoya la creación de un panel de expertos en bioeconomía para ayudar a mejorar las sinergias y la coherencia entre las políticas y las iniciativas, y de un Observatorio de Bioeconomía, con el fin de promover el aprendizaje mutuo, asegurando el intercambio continuo de conocimientos e información entre institutos de investigación, empresas, instituciones, universidades, operadores regionales, agricultores y ciudadanos de las zonas rurales, así como la definición de un marco normativo que incremente y facilite la investigación, sus aplicaciones y la comercialización de las innovaciones;

18.

Reitera la importancia de la aplicación del principio de precaución en el uso de las biotecnologías, especialmente en los ámbitos de los organismos genéticamente modificados y la biología sintética;

19.

Considera necesario crear programas de información y formación pluridisciplinar e intersectorial para que las partes interesadas, incluidos los consumidores, puedan acceder a los resultados de esta investigación, generando así una oportunidad de aumentar la concienciación y la participación;

20.

Solicita la eliminación de los obstáculos que impiden la innovación a lo largo de la cadena de valor, concretamente mediante procedimientos europeos de aprobación de los productos biotecnológicos que sean rápidos y se basen en la ciencia y mediante un acceso más rápido al mercado;

21.

Pide a la Comisión que proponga medidas prácticas de amplio alcance regional para fomentar la producción y el consumo de productos de la bioeconomía a escala regional;

22.

Destaca que la bioeconomía requiere nuevas capacidades, nuevos conocimientos y nuevas disciplinas que deberán desarrollarse y/o integrarse mejor para superar los cambios de la sociedad relacionados con la bioeconomía, así como para promover la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo, responder a las necesidades de la industria y coordinar mejor el conocimiento y los trabajos;

23.

Subraya que la bioeconomía necesita conocimientos técnicos de alto nivel y trabajadores cualificados; afirma que es necesario facilitar la formación profesional y universitaria en las regiones de la Unión Europea, teniendo en cuenta sus características particulares; observa que los sistemas educativos y de formación de amplio alcance en las regiones también contribuyen al crecimiento de las empresas;

24.

Acoge con satisfacción la dotación de 4 500 millones de euros que propone la Comisión en el programa marco para la investigación (Horizonte 2020) y desea que esta dotación esté a disposición de todos los sectores e instrumentos de la bioeconomía y que se destine al perfeccionamiento de las innovaciones, incluida la investigación de los límites de los ecosistemas, la reutilización y el reciclaje de biomateriales;

25.

Opina que las biorrefinerías basadas en biomateriales sostenibles locales que no desplazan a los alimentos ni a otros usos más valiosos, constituyen un instrumento fundamental a la hora de iniciar procesos virtuosos de reconversión de centrales clausuradas y revitalizar zonas en crisis mediante procesos innovadores e inversiones en pos de una economía circular, y manifiesta su deseo de que se siga favoreciendo tal función;

26.

Destaca que para el correcto funcionamiento de las biorrefinerías en Europa se necesitan cantidades suficientes de materias primas sostenibles; señala que esto también requerirá la mejora de las infraestructuras de almacenamiento y transporte, así como la creación de la cadena logística necesaria;

27.

Señala que en Europa solo existe un número limitado de instalaciones de demostración y que son necesarias más inversiones para mantener el liderazgo de las industrias europeas en el sector de las biorrefinerías; insta a la Comisión y a los Estados miembros a respaldar actividades experimentales y de demostración para la ampliación de productos y procesos;

28.

Hace hincapié en que las políticas relativas a la bioeconomía deben estar mejor diseñadas para asegurar un uso en cascada de la biomasa; pide, a este respecto, el desarrollo de un instrumento jurídico que allane el camino para un uso más eficiente y sostenible de este valioso recurso; destaca que dicho instrumento debe establecer un principio de uso en cascada de la «pirámide de biomasa», teniendo en cuenta sus diferentes segmentos y reforzándolo en sus niveles más altos; señala que este enfoque daría lugar a una utilización jerárquica, inteligente y eficiente de la biomasa, así como a aplicaciones de valor añadido y permitiría apoyar medidas tales como la coordinación de la investigación a lo largo de la cadena de valor;

29.

Considera necesario garantizar un enfoque integrado, coherente, intersectorial e interdisciplinar de la bioeconomía y aboga por la armonización de las distintas políticas europeas y los principios correspondientes, especialmente el principio de precaución, en los distintos sectores (Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos, Unión por la Innovación, Iniciativa europea de las materias primas, Horizonte 2020, Programa de Acción Medioambiental para 2020, Política de Cohesión, Política Agrícola Común, Política Común de Pesca, Directiva sobre energías renovables, Directiva marco sobre el agua, Directiva marco sobre los residuos, Directiva sobre envases, disposiciones específicas en materia de biorresiduos); considera necesario, además, establecer un entorno normativo uniforme, a largo plazo y estable, tanto a escala europea como nacional, con objeto de promover y aumentar las inversiones para la bioeconomía en Europa;

30.

Pide a la Comisión que adopte disposiciones para la creación de instrumentos de apoyo económico a la inversión de tipo precomercial, para que los resultados de las investigaciones se conviertan en éxitos comerciales y para que las empresas innovadoras, especialmente las PYME, obtengan instrumentos de financiación y otros tipos de apoyo que promuevan el desarrollo de la bioeconomía, por ejemplo a través de la utilización de los fondos regionales y estructurales y de los mecanismos de riesgo compartido del Banco Europeo de Inversiones, a través de una mayor coherencia entre los distintos fondos de investigación e innovación de la UE, así como mediante la creación de una ventanilla única de información sobre todas las iniciativas relacionadas con la bioeconomía, con miras a lograr el mayor impacto posible; reconoce la dificultad y los riesgos financieros asociados a la comercialización de innovaciones de bioeconomía y a su puesta en el mercado;

31.

Pide el desarrollo de una infraestructura industrial y de cadenas de suministro optimizadas para los bioproductos en las zonas rurales y costeras, con el fin de crear nuevos puestos de trabajo en la agricultura, la silvicultura y la acuicultura; pide que se pongan fondos a disposición para el desarrollo rural de la UE con este fin y que esto se haga de forma tal que se reduzcan, en vez de aumentar, los daños al medio ambiente y la pérdida de biodiversidad;

32.

Pide intervenciones dedicadas y específicas a fin de disminuir la complejidad y la duración de los procedimientos burocráticos de autorización que complican los procesos de desarrollo de las biorrefinerías y que podrían incentivar la transferencia de tecnologías innovadoras y de vanguardia fuera de la UE;

33.

Comparte la opción de recurrir a la fórmula de la asociación público-privada (APP), aprendiendo la lección extraída de los problemas surgidos en anteriores aplicaciones de la misma fórmula en otros sectores; pide a la Comisión que destine recursos adecuados para el desarrollo y crecimiento, con el convencimiento de que se trata de un medio clave para permitir la creación de nuevas cadenas de valor, potenciar los sectores existentes y facilitar inversiones en tecnologías e instalaciones que demuestren que los resultados de la investigación se pueden trasladar al mercado;

34.

Comparte la necesidad de un enfoque multinivel y pide una atención cada vez mayor a la dimensión regional y local de la bioeconomía y a las iniciativas ascendentes; acoge favorablemente la creación de plataformas sobre bioeconomía a escala regional, nacional y europea, que podrán evaluar los progresos alcanzados en un determinado sector y permitirán un intercambio de conocimientos técnicos y de mejores prácticas, con el fin de garantizar el desarrollo uniforme de la bioeconomía en toda la UE; pide asimismo a la Comisión que implique también a los expertos del sector y de todas las disciplinas interesadas, además de representantes de los consumidores y de los ciudadanos; señala que las economías regionales desempeñan un papel fundamental en la consecución de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador;

35.

Opina que las iniciativas de enfoque ascendente son muy importantes a la hora de crear una sociedad de base biológica y que es esencial adoptar un enfoque orientado a las empresas y la demanda, en combinación con un enfoque dirigido por los gobiernos; considera que se deben brindar opciones adecuadas a las iniciativas regionales; pide a la Comisión que respalde este tipo de redes y agrupaciones con el fin de estimular el intercambio de experiencias;

36.

Insta a la Comisión a que concentre el apoyo financiero en la innovación, con arreglo a la Unión por la Innovación, incluyendo las prioridades de Horizonte 2020, estimulando los resultados de la investigación a fin de preparar la comercialización, tendiendo de ese modo un puente sobre el denominado«valle de la muerte» de la investigación en Europa;

37.

Considera que existen toda una serie de instrumentos excelentes (contratación pública, normalización, incentivos fiscales, sistemas de certificación y de etiquetado específicos) que pueden garantizar un suministro suficiente de productos biológicos sostenibles de alta calidad, así como de sistemas de producción eficientes en cuanto al uso de recursos; opina que es necesaria una reforma de la legislación actual; insta a la Comisión a elaborar criterios de sostenibilidad para el uso de la biomasa sobre los que puedan basarse las herramientas de creación de mercados;

38.

Hace hincapié en que una bioeconomía basada en la explotación de recursos biológicos en lugar de fósiles, debe estar guiada por un marco político sólido que tenga en cuenta no solo la viabilidad económica, sino también factores de sostenibilidad social y ecológica;

39.

Estima fundamental implicar e informar al consumidor en su elección de productos y servicios biológicos; aboga, a este fin, por el desarrollo de una normalización de esta producción basada en criterios de sostenibilidad en la UE, considerándola un instrumento para fomentar un provechoso mercado europeo de estos productos;

40.

Opina que es posible que no se acorte artificialmente la vida útil de los bioproductos; el producto debe elaborarse para que tenga un ciclo de vida lo más largo posible;

41.

Destaca que la bioeconomía aportará una contribución importante al desarrollo de las zonas rurales y costeras; opina que la sinergia y una estrecha cooperación a lo largo de la cadena de valor que incluya a los productores locales de materias primas agrícolas y forestales y a las biorrefinerías, puede contribuir a fortalecer la competitividad y a aumentar la rentabilidad de dichas regiones; subraya la necesidad de desarrollar una estrategia de bioeconomía a largo plazo, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria;

42.

Solicita que los procesos biológicos y biotecnológicos desarrollados puedan encontrar su aplicación en la utilización de recursos renovables de origen biológico procedentes de residuos y de cultivos no destinados a la alimentación y también como componentes en los sectores agrícola y silvícola existentes;

43.

Afirma que uno de los principios rectores de la bioeconomía es aumentar la eficacia en el uso de los recursos y reducir la dependencia de la importación de materias primas, de energía y de recursos naturales no renovables; destaca la importancia del sector forestal y de otras industrias de base biológica, y afirma que las materias primas y los recursos naturales renovables neutros en carbono, como la madera y la fibra de madera, pueden sustituir a las materias primas fósiles no renovables; apunta que la industria ligada a la bioeconomía produce muchos productos de alto valor añadido, como productos químicos, medicamentos, plásticos y otros materiales nuevos e innovadores, además de generar empleo; destaca el potencial de la biotecnología basada en los recursos marinos;

44.

Pide a la Comisión que promueva medidas para aumentar los potenciales de las materias primas de una manera sostenible, movilizar mejor las materias primas, recoger la basura biodegradable — evitando un largo transporte — y garantizar que el uso de la biomasa respeta los límites ecológicos y no reduce la función de absorción de carbono; en este contexto, considera urgente establecer criterios de sostenibilidad para el uso de la biomasa con fines energéticos, con objeto de garantizar la disponibilidad de biomasa para fines más eficientes desde el punto de vista de los recursos, evitando que los incentivos a la transformación de la biomasa en energía creen distorsiones en el mercado y disminuyan su disponibilidad para los productores;

45.

Considera que es importante invertir en las cadenas de suministro de la bioeconomía con el fin de garantizar la disponibilidad de las materias primas; afirma que las estrategias de bioeconomía deben fomentar no solo un uso más eficaz de los residuos domésticos y municipales, sino también el aprovechamiento de los flujos de subproductos y los residuos de la agricultura y la silvicultura; pide una mejor legislación que ofrezca seguridad jurídica y que respalde plenamente el uso sostenible de los recursos de la bioeconomía y el aprovechamiento de las materias primas, y que la política esté basada, en todos sus aspectos, en un enfoque flexible a largo plazo que favorezca las inversiones;

46.

Considera que, en línea con lo que se afirma en la nueva estrategia para la política industrial europea, la bioeconomía puede contribuir de manera importante a frenar el proceso de desindustrialización que afecta hoy a Europa e incluso invertir su curso mediante nuevas estrategias que estimulen el mercado y relancen la competitividad del sistema regional;

47.

Insta firmemente a la Comisión a definir los subsidios perjudiciales para el medio ambiente como resultado de medidas gubernamentales que confieren una posición de ventaja a consumidores o productores para que complementen sus ingresos o reduzcan costes, pero que al hacerlo discriminan las buenas prácticas medioambientales (3); insta a la Comisión y a los Estados miembros a adoptar, sin demora y a más tardar en 2014, planes concretos basados en una definición clara para la eliminación de todas las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente antes de 2020, incluidas las subvenciones que incentivan el uso ineficiente de los recursos renovables, y notificar los avances a este respecto mediante los Programas Nacionales de Reforma; en este contexto, manifiesta preocupación ya que los subsidios para el uso de materiales biológicos con fines energéticos ya están socavando los objetivos de eficiencia energética;

48.

Observa con preocupación que la creciente demanda de biomasa, en particular madera, puede provocar una extensa deforestación en los países en desarrollo, donde las emisiones de gases de efecto invernadero no se tienen en cuenta con arreglo al Protocolo de Kioto; señala que aunque ello puede repercutir en la calidad de los suelos, los ciclos hídricos y la biodiversidad, reforzará la presión sobre los acuerdos globales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Programa Colaborador de las Naciones Unidas sobre la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (REDD); teme asimismo que, considerando los débiles sistemas de gobernanza de la tierra en muchos países en desarrollo, la creciente demanda de productos derivados de la madera pueda inducir a actividades ilícitas de tala y debilitar los Acuerdos de asociación voluntaria en virtud del Plan de Acción sobre Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT);

49.

Hace hincapié en que la transición a la bioeconomía contribuirá a seguir introduciendo los resultados de Río 20 en las políticas de la UE; opina que la UE debe intensificar aún más su contribución a las iniciativas que facilitan la transición hacia una economía verde a escala internacional;

50.

Pide a la UE que se convierta en un centro de investigación e innovación muy dinámico en la investigación sobre la bioeconomía a escala internacional; señala que el desarrollo de nuevos productos, procedimientos y servicios a partir de recursos renovables le permitirá reforzar la competitividad de la industria europea y posicionarse como líder internacional;

51.

Considera esencial desarrollar normas de sostenibilidad jurídicamente vinculantes para todos los sectores que utilizan la biomasa, así como criterios vinculantes de gestión forestal sostenible; insta a la UE a que promueva la adopción de acuerdos multilaterales y a que facilite, en especial a los países menos adelantados, el apoyo técnico e institucional correspondiente para garantizar un uso sostenible de la biomasa;

52.

Opina que el modelo de la bioeconomía desarrollado en virtud de esta estrategia permitirá resolver los problemas puntuales y, a un plazo más largo, podrá crear modelos de producción, consumo, desarrollo y estilo de vida más sostenibles y eficaces, reactivando el proceso de crecimiento europeo gracias a una nueva síntesis entre la economía, el medio ambiente y la calidad social;

53.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

26.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/47

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Vistos los artículos 310, 311, 312 y 323 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2012, para facilitar un desenlace positivo del procedimiento de aprobación del Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020 (1),

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Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2013, sobre las conclusiones del Consejo Europeo de los días 7 y 8 de febrero de 2013 sobre el Marco Financiero Plurianual (2),

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Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo adoptadas el 8 de febrero de 2013,

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Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo adoptadas el 28 de junio de 2013,

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Visto el artículo 110, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

1.

Acoge con satisfacción el acuerdo político alcanzado el 27 de junio de 2013 al más alto nivel político entre el Parlamento, la Presidencia del Consejo y la Comisión sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020, tras largas y arduas negociaciones; reconoce los esfuerzos significativos realizados por la Presidencia irlandesa por alcanzar este acuerdo;

2.

Destaca el hecho de que —gracias a la perseverancia del Parlamento durante las negociaciones— se han adoptado por vez primera una serie de disposiciones que resultarán decisivas para que el nuevo marco financiero sea operativo, coherente, transparente y receptivo a las necesidades de los ciudadanos de la UE; hace particular hincapié en las nuevas disposiciones en materia de revisión del MFP, flexibilidad, recursos propios y unidad y transparencia del presupuesto, que constituían prioridades clave para el Parlamento durante las negociaciones;

3.

Se declara dispuesto a someter a votación el Reglamento sobre el MFP y el nuevo Acuerdo Interinstitucional a principios del otoño, en cuanto se hayan cumplido las condiciones técnicas y jurídicas necesarias para la finalización de los textos pertinentes, de tal forma que estos reflejen el acuerdo global alcanzado entre el Consejo y el Parlamento;

4.

Reitera, no obstante, su posición, enunciada en la mencionada Resolución sobre el MFP, de 13 de marzo de 2013, de que no podrá emitirse un voto de aprobación con respecto al Reglamento sobre el MFP si no existe una garantía absoluta de que se cubrirán todas las solicitudes de pago pendientes para 2013; espera, por tanto, del Consejo que adopte una decisión formal sobre el proyecto de presupuesto rectificativo no 2/2013 por valor de 7 300 millones de euros, a más tardar en el Consejo Ecofin previsto para el 9 de julio de 2013; insiste en que el Consejo se atenga a su compromiso político de aprobar sin demora otro presupuesto rectificativo para evitar cualquier déficit de créditos de pago que pudiera dar lugar a un déficit estructural en el presupuesto de la UE a finales de 2013; indica que el Parlamento no dará su aprobación al Reglamento MFP o no adoptará el Presupuesto 2014 hasta que el Consejo haya aprobado ese nuevo presupuesto rectificativo para subsanar el déficit restante identificado por la Comisión;

5.

Subraya, además, que no es posible adoptar legalmente el Reglamento sobre el MFP si no existe un acuerdo político sobre los fundamentos jurídicos pertinentes, sobre todo en relación con aquellos puntos que también quedan reflejados en el Reglamento sobre el MFP; se declara dispuesto a concluir cuanto antes las negociaciones sobre los fundamentos jurídicos de todos los programas plurianuales y confirma una vez más su adhesión al principio de que «nada está acordado hasta que todo está acordado»; insiste en que se respeten plenamente las competencias legislativas conferidas al Parlamento en virtud del Tratado de Lisboa y pide al Consejo que negocie adecuadamente todas las partes de los fundamentos jurídicos relacionadas con el MFP; acoge con satisfacción los acuerdos políticos alcanzados hasta la fecha sobre varios programas nuevos de la UE de carácter plurianual;

6.

Reconoce la consolidación fiscal que están afrontando los Estados miembros; considera, no obstante, que el nivel global del próximo MFP, decidido por el Consejo Europeo, no llega a la altura de los objetivos políticos de la UE y de la necesidad de garantizar la aplicación satisfactoria de la Estrategia Europa 2020; manifiesta que este nivel de recursos pudiera no bastar para dotar a la UE de los medios necesarios para recuperarse de la actual crisis de forma coordinada y de salir reforzada de la misma; deplora que los Estados miembros sigan subestimando el papel del presupuesto de la UE así como su contribución a la hora de reforzar la gobernanza económica y la coordinación fiscal en toda la UE; expresa además sus temores de que unos límites máximos tan bajos en el MFP reduzcan de forma significativa cualquier margen de maniobra de que pueda disponer el Parlamento en los procedimientos presupuestarios anuales;

7.

Destaca la importancia de una revisión obligatoria y la consiguiente reforma del MFP antes de finales de 2016, a fin de permitir que la Comisión y el Parlamento próximos reevalúen las prioridades políticas de la UE, adapten el MFP a los nuevos retos y necesidades y tengan plenamente en cuenta las proyecciones macroeconómicas más recientes; insiste en que la revisión obligatoria que debe llevar a cabo la Comisión tanto de los gastos como de los ingresos del presupuesto de la UE vaya acompañada de una propuesta legislativa de reforma del Reglamento sobre el MFP, tal como figura en la declaración de la Comisión que se adjunta a dicho Reglamento; expresa su propósito de convertir esta reforma obligatoria del MFP en una exigencia clave para la investidura del nuevo Presidente de la Comisión;

8.

Reitera la crucial importancia del mayor grado de flexibilidad en el MFP 2014-2020 con miras a aprovechar plenamente los correspondientes límites máximos del MFP para los compromisos (960 000 millones de euros) y los pagos (908 400 millones de euros), con arreglo a la exigencia del Consejo Europeo; aplaude, por tanto, la aprobación por parte del Consejo de dos propuestas clave presentadas por el Parlamento, a saber la creación de un margen global para los pagos y de un margen global para los compromisos, lo cual permitirá la prórroga automática de créditos no utilizados de un ejercicio al siguiente; considera deplorables, no obstante, las limitaciones impuestas por el Consejo (en términos de plazos o importes), que pueden impedir el pleno aprovechamiento de estos instrumentos; considera que la mejora de estos mecanismos debe formar parte integrante de la reforma postelectoral del MFP que ha de proponer la Comisión;

9.

Hace hincapié en que las nuevas normas de flexibilidad aplicables a los compromisos deben dar lugar, durante el período de vigencia del MFP 2014-2020, a unos créditos adicionales para los programas vinculados al crecimiento y al empleo, y en particular a la Iniciativa de Empleo Juvenil, a fin de garantizar la continuidad de la financiación y maximizar la utilización eficaz de los límites máximos acordados;

10.

Acoge con satisfacción el anticipo de créditos para la Iniciativa de Empleo Juvenil durante el período 2014/2015 e insiste en que a partir de 2016 se requerirán créditos adicionales para garantizar la sostenibilidad y la eficacia de este programa;

11.

Subraya que, gracias a la insistencia del Parlamento, también se anticiparán fondos para Horizonte 2020, Erasmus y COSME durante el período 2014/2015, a fin de reducir la brecha de financiación entre los créditos pertinentes en los presupuestos de 2013 y 2014; insiste, además, en que es esencial que se siga previendo asimismo financiación para la Agenda Digital;

12.

Acoge con satisfacción el hecho de que se haya previsto un incremento adicional de hasta 1 000 millones de euros para el programa de distribución de alimentos para aquellos Estados miembros que deseen utilizar dicho incremento para atender a las personas más necesitadas de la Unión; espera que el Consejo y el Parlamento acuerden cuanto antes las modalidades concretas de ejecución de este compromiso en el contexto de las negociaciones en curso sobre el fundamento jurídico para el programa en cuestión;

13.

Deplora que el Consejo no haya sido capaz de avanzar en la reforma del sistema de recursos propios sobre la base de las propuestas legislativas presentadas por la Comisión; subraya que el presupuesto de la UE debe financiarse mediante recursos verdaderamente propios, tal como prevé el Tratado, y expresa su compromiso para con una reforma por la que se reduzca la cuota de contribuciones al presupuesto de la UE sobre la base de la RNB a un 40 % como máximo; aguarda, en consecuencia, con interés la Declaración conjunta sobre los recursos propios acordada entre las tres instituciones de la UE, para que puedan lograrse avances tangibles, sobre todo en la perspectiva de la revisión/reforma intermedia del MFP; pide, por tanto, que se convoque sin demora el grupo de alto nivel sobre recursos propios en el momento de la adopción formal del Reglamento MFP con el mandato de examinar todos los aspectos de la reforma del sistema de recursos propios;

14.

Acoge con satisfacción el resultado de las negociaciones sobre la unidad y transparencia del presupuesto de la UE; considera que cualquier posible «presupuesto para la zona del euro» que quepa prever en el futuro debe integrarse en el presupuesto de la UE o adjuntarse al mismo;

15.

Considera deplorable en grado sumo el procedimiento que condujo a este acuerdo sobre el MFP 2014-2020, que en realidad tuvo como efecto que se privase al Parlamento de las genuinas competencias presupuestarias que le son conferidas en virtud del TFUE; opina que las numerosas reuniones celebradas en los últimos años entre su delegación y las sucesivas presidencias del Consejo al margen de las reuniones pertinentes del Consejo de Asuntos Generales, así como su participación en reuniones informales del Consejo para tratar del MFP no tuvieron una finalidad clara, ya que no incidieron en el espíritu, el calendario o el contenido de las negociaciones ni tampoco en la posición del Consejo, incluida la necesidad de diferenciar los aspectos legislativos del acuerdo sobre el MFP, de los aspectos presupuestarios;

16.

Pide, por tanto, a su Comisión de Presupuestos que, en cooperación con su Comisión de Asuntos Constitucionales, extraiga las conclusiones necesarias y presente nuevas propuestas sobre las modalidades de dichas negociaciones, a fin de garantizar el carácter democrático y transparente de la totalidad del procedimiento presupuestario;

17.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a las demás instituciones y organismos interesados.

26.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/49

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Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre la seguridad vial europea 2011-2020 (1),

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Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por un sistema de transportes competitivo y sostenible (2),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un espacio de seguridad vial: orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020» (COM(2010)0389),

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Visto del documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la aplicación del objetivo 6 de las orientaciones políticas de la Comisión Europea sobre la seguridad vial 2011-2020 — Primera etapa en una estrategia sobre accidentes (SWD(2013)0094),

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Visto el Dictamen del Comité de las Regiones titulado «Aplicación de las orientaciones políticas europeas sobre seguridad vial 2011-2020» (3),

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Visto el Informe mundial sobre la prevención de los traumatismos causados por el tránsito, publicado conjuntamente en 2004 por el Banco Mundial y la OMS,

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Visto su resolución de 3 de julio de 2012 sobre eCall: un nuevo servicio 112 para los ciudadanos (4),

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Vista la pregunta a la Comisión sobre la seguridad vial 2011-2020 — Primera etapa en una estrategia sobre accidentes (O-000061/2013 — B7-0211/2013),

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Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que en 2011 más de 30 000 personas perdieron la vida y casi 1 500 000 resultaron heridas (de las cuales más de 250 000 de gravedad) en accidentes de carretera en la Unión Europea;

B.

Considerando que por cada accidente mortal se producen otros cuatro accidentes que causan discapacidades permanentes, cuarenta que provocan lesiones leves y diez que ocasionan lesiones graves;

C.

Considerando que más de la mitad de todas las lesiones graves se producen en zonas urbanas y afectan en particular a peatones, motociclistas, ciclistas (incluidos los usuarios de bicicletas eléctricas) y otros usuarios de la carretera vulnerables;

D.

Considerando que las principales causas de los accidentes de tráfico con víctimas mortales y heridos graves son los equipamientos defectuosos, el insuficiente mantenimiento de las carreteras y el comportamiento de los conductores, incluida la aptitud para la velocidad; que la velocidad está directamente relacionada con la gravedad de las lesiones y que algunos Estados miembros están pensando en aumentar los límites de velocidad en autopistas;

E.

Considerando que la implicación en accidentes de carretera es una de las principales causas de hospitalización de los ciudadanos europeos de menos de 45 años, y que muchas lesiones graves provocan dolores de por vida o discapacidades permanentes;

F.

Considerando que el tiempo de intervención de los servicios de emergencia (el principio de la «hora de oro»), incluida la prestación de primeros auxilios para salvar vidas, así como la calidad de la asistencia, desempeña un papel fundamental en el índice de supervivencia tras un accidente;

G.

Considerando que el coste socioeconómico de las lesiones graves causadas por accidentes de tráfico se estima en alrededor de un 2 % del PIB, o sea, aproximadamente unos 250 000 millones de euros en 2012 (5);

H.

Considerando que las acciones adoptadas en este ámbito a escala europea han dado resultados positivos;

1.

Respalda la iniciativa de la Comisión de dar prioridad a las lesiones graves en la labor desarrollada en el ámbito de la seguridad vial;

2.

Celebra que la Comisión haya adoptado, a escala de la UE, una definición común de las lesiones graves basada en la clasificación de lesiones internacionalmente reconocida como escala máxima abreviada de lesiones (Maximum Abbreviated Injury Scale);

3.

Pide a los Estados miembros que apliquen sin demora la definición común de la UE relativa a las lesiones graves por accidentes de tráfico y, sobre esta base, recopilen estadísticas por tipo de transporte, incluyendo a los usuarios de la carretera vulnerables, así como por tipo de infraestructura viaria, en 2014;

4.

Insta a la Comisión a que, al hilo de los datos recabados, establezca un objetivo ambicioso de reducción de las lesiones graves por accidentes de tráfico del 40 % durante el periodo 2014-2020, y fije el concepto global de «visión cero» como objetivo a largo plazo;

5.

Considera que el establecimiento de un mecanismo común de recopilación de datos e información no debe impedir la adopción de medidas urgentes a escala de la UE para reducir el número de heridos graves en la carretera;

6.

Acoge favorablemente las prioridades fijadas por la Comisión para desarrollar su estrategia global, a saber, la gestión del impacto de las colisiones, la estrategia de gestión de los accidentes, los servicios de primeros auxilios y de emergencia y los procesos de rehabilitación a largo plazo, y pide que estas prioridades se pongan rápidamente en práctica;

7.

Subraya que toda una serie de actos legislativos y medidas existentes debe aplicarse mejor y sin demora con objeto de reducir el impacto de las colisiones, aumentar la seguridad de los usuarios de la carretera y reducir las lesiones graves;

8.

Pide a la Comisión que revise su legislación sobre la seguridad activa y pasiva de los vehículos con objeto de adaptarla a los avances técnicos más recientes, y que apoye la aplicación de tecnología en los automóviles para aumentar la seguridad;

9.

Pide a la Comisión que favorezca el desarrollo de una infraestructura viaria segura e inteligente;

10.

Pide a la Comisión que facilite información detallada sobre la transposición, por parte de los Estados miembros, de la Directiva 2011/82/UE por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial;

11.

Insta a los Estados miembros a que prosigan sus esfuerzos en la lucha contra la conducción bajo los efectos del alcohol o de las drogas e intercambien buenas prácticas en cuanto a la evaluación y rehabilitación de los infractores de tráfico;

12.

Señala que los peatones y los ciclistas representan conjuntamente el 50 % de las víctimas mortales en accidentes de tráfico en zonas urbanas, así como un elevado porcentaje de los heridos graves;

13.

Apoya la supervisión y el desarrollo de normas técnicas y de políticas relativas a la protección de los usuarios de la carretera más vulnerables, a saber, las personas mayores, los niños, las personas con discapacidad y los ciclistas, en el marco de una acción concertada de promoción de los «derechos de los usuarios vulnerables de la vía pública» en la legislación y la política de transportes de la UE;

14.

Pide a la Comisión que ofrezca una visión general de las zonas urbanas con limitación de velocidad a 30 km/h y de los efectos de esta limitación en la reducción de víctimas mortales y heridos graves;

15.

Pide a los Estados miembros que destaquen la importancia de las campañas de información y formación para unos desplazamientos más seguros en bicicleta y a pie, así como de las políticas para favorecer el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie, en la medida en que la seguridad de los ciclistas y peatones en las zonas urbanas está estrechamente vinculada a la predominancia de la bicicleta y los desplazamientos a pie como modos de transporte, en su caso en combinación con los transportes públicos y colectivos;

16.

Pide a la Comisión que elabore unas orientaciones sobre seguridad vial urbana que puedan incluirse en los planes de movilidad urbana sostenible y que considere la posibilidad de vincular la cofinanciación de la UE de los proyectos de transporte urbano a aquellos planes de movilidad que incluyan objetivos de la UE de reducción de víctimas mortales y heridos graves en la carretera;

17.

Insta a los Estados miembros a que apoyen el número de emergencia europeo 112 y cumplan la obligación de garantizar que los puntos de respuesta de seguridad pública sean plenamente operativos de aquí a 2015 y de llevar a cabo, a la mayor brevedad, una campaña de sensibilización sobre su creación;

18.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de garantizar la implantación obligatoria para 2015, en todos los Estados miembros, de un sistema eCall público basado en el número 112 en todos los vehículos nuevos homologados, respetando al mismo tiempo las normas sobre protección de datos;

19.

Pide a la Comisión que, a la vista de las buenas prácticas en los Estados miembros, examine la posibilidad de introducir la conducción acompañada para los menores de más edad;

20.

Pide a los Estados miembros que promuevan sistemáticamente la formación en primeros auxilios como forma de aumentar la reactividad de las personas que asisten a un accidente ayudando a las víctimas antes de la llegada de los servicios de emergencia;

21.

Pide a los Estados miembros que alienten la colaboración entre los servicios de emergencia y los diseñadores y fabricantes de vehículos con el fin de garantizar la intervención eficaz y la seguridad tanto para la persona que efectúa el rescate como para la víctima;

22.

Pide a los Estados miembros que favorezcan la aplicación de los sistemas de sanidad en línea y, en particular, el uso de sistemas de transporte inteligente por parte de los equipos de rescate, incluidos los vehículos de emergencia;

23.

Alienta a los Estados miembros a que hagan hincapié en la importancia de la asistencia posterior al accidente en sus políticas de sanidad y a que mejoren la asistencia hospitalaria, post-hospitalaria y la rehabilitación a largo plazo, incluido el tratamiento de traumas y secuelas psicológicas de los supervivientes y de los testigos de accidentes de tráfico, por ejemplo habilitando centros de asistencia para ayudarles a mejorar su calidad de vida;

24.

Pide a los Estados miembros que aumenten la concienciación del impacto de las lesiones graves estableciendo una mayor vinculación con otras medidas que tengan un impacto social, en relación con los niveles de deterioro, discapacidad e incapacidad funcional, y que desarrollen programas educativos sobre la seguridad vial;

25.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

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