24.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 71/1

1.

El CESE aprueba sin reservas la importante labor que está desempeñando la sociedad civil en relación con los refugiados que huyen de países devastados por la guerra y que, por consiguiente, merecen la protección acordada en la Convención de Ginebra. Sin esta respuesta, la trágica situación humanitaria que ha tenido lugar en numerosos países europeos podría haber sido catastrófica. El Comité Económico y Social Europeo está plenamente comprometido en la divulgación de esta realidad, para que las instituciones europeas, las administraciones nacionales y demás actores políticos la tengan en su debida cuenta.

2.

El CESE está organizando visitas para reunirse con las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen asistencia a los refugiados en once Estados miembros (Hungría, Polonia, Malta, Grecia, Alemania, Austria, Eslovenia, Bulgaria, Suecia, Italia, Croacia) y en Turquía, ya que estos países son los más afectados por el flujo de refugiados. En nuestra calidad de órgano de representación de la sociedad civil organizada ante las instituciones europeas, seremos su voz en el ámbito europeo.

3.

El CESE considera que la situación actual exige que la UE establezca corredores humanitarios seguros para los refugiados procedentes de países en guerra y amenazados por el terrorismo, y que lo haga conjuntamente con los países en los que se concentran mayoritariamente dichos refugiados. Además, debemos establecer un verdadero Sistema Europeo Común de Asilo basado en procedimientos armonizados para toda la UE. Ello incluye un estatuto uniforme en materia de asilo y el reconocimiento mutuo de las decisiones sobre asilo, responsabilidad compartida, solidaridad y esfuerzos comunes con respecto a la reubicación y el reasentamiento, así como la revisión del Reglamento de Dublín. Por otra parte, son necesarios sistemas de reparto de las cargas solidarios y sólidos en los que el primer paso lo constituiría una clave de reparto permanente, justa y vinculante para distribuir a las personas que buscan protección entre todos los países de la UE. Habida cuenta de las circunstancias excepcionales, y en consonancia con el Pacto de estabilidad y crecimiento, los costes adicionales que se deriven de la acogida de refugiados no deben, tras un examen exhaustivo, computarse en el déficit público de los Estados miembros.

4.

El CESE contempla con gran preocupación el socavamiento del Acuerdo de Schengen y la libre circulación, ya que ambos son los logros fundamentales de los que se benefician los ciudadanos de la UE. Es importante asegurar adecuadamente las fronteras exteriores de los países del espacio Schengen. Sin embargo, reinstalar barreras interiores y erigir muros no contribuirá en modo alguno a unir a los ciudadanos de la UE o promover la ciudadanía europea.

5.

Es primordial asimismo desarrollar medidas inmediatas para afrontar también las causas últimas que originan los actuales flujos de refugiados. La UE tiene que trabajar con los países de origen y tránsito. El CESE insiste en que la Comisión adopte para esta cooperación un enfoque basado en los derechos humanos y no solo en la seguridad. Por último, el CESE insiste en la necesidad de incluir a la sociedad civil en su diálogo con terceros países.

6.

El CESE, partiendo de su larga experiencia en cuestiones de inmigración y particularmente en los últimos años a través del Foro Europeo de la Integración y el de la Migración, considera que la integración y la inclusión deben constituir un proceso de doble sentido donde los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, junto con los entes locales, desempeñen un papel fundamental. Debería darse prioridad al acceso al mercado laboral y, más concretamente, al reconocimiento de las cualificaciones y a la prestación de formación lingüística y profesional cuando sea necesario. La Unión Europea debería poner en marcha una serie de medidas en los países de acogida y en la UE para centralizar las solicitudes de empleo, formación y reconocimiento de las cualificaciones.

7.

A fin de recabar el consenso social necesario en toda Europa, es esencial respetar plenamente la igualdad de trato y los derechos sociales tanto de los ciudadanos de la UE como de los refugiados en Europa, con especial atención a los más vulnerables. Invertir a tiempo en la integración de los refugiados en la sociedad y en el mercado de trabajo es importante para ayudarles a reconstruir sus vidas, minimizando al mismo tiempo los posibles conflictos con la población local y evitando mayores costes en el futuro. Para alcanzar este objetivo son fundamentales la adecuada financiación de los servicios públicos locales y un diálogo civil entre los refugiados y población local.

24.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 71/3

Ponente:

Seamus BOLAND

1.1.

El CESE reconoce que la Comisión Europea considera prioritario simplificar en profundidad la aplicación de la política agrícola común (PAC) y que ha propuesto ya, y sigue proponiendo, la simplificación de determinados actos de la Comisión, de manera que la legislación de la UE sea más fácil de comprender y de aplicar sobre el terreno.

1.2.

El CESE cree que aumentar la transparencia y reforzar la seguridad jurídica, así como reducir la carga administrativa innecesaria y los costes asociados para los agricultores, otros beneficiarios, organizaciones de productores y administraciones nacionales, forma parte necesariamente del proceso de simplificación.

1.3.

Las simplificaciones del sistema deberán aplicarse tan pronto como sea posible y suponer, en particular, un alivio para los agricultores. Es esencial que vayan acompañadas de un apoyo basado en la información y la educación.

1.4.

El CESE reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión para simplificar la aplicación de la nueva PAC, teniendo en cuenta las notificaciones y decisiones de los Estados miembros. Es muy complicado que, con el enfoque actual, la PAC pueda experimentar una simplificación apreciable para el agricultor salvo que se renuncie a garantizar el rigor en el cumplimiento de las exigencias. Unas exigencias que, por otro lado, no siempre resultan coherentes y justificadas desde el punto de vista de su traducción en verdaderos bienes públicos y beneficios ambientales.

1.5.

Las inspecciones y las posibles sanciones han de ser proporcionadas a la cantidad de dinero recibida por el beneficiario, las razones del incumplimiento y la voluntad de adoptar medidas correctoras. Los casos manifiestos de fraude deliberado deberán tratarse de acuerdo con los procedimientos normales. El CESE recomienda reducir la desproporción entre las grandes reducciones de pagos incluso para infracciones leves.

1.6.

En cuanto a la aplicación de las medidas de ecologización, deberán tenerse en cuenta factores inesperados, como las condiciones climáticas, sequías u otros fenómenos de este tipo que impidan la aplicación de las medidas.

1.7.

Cuando determinadas cuestiones, como la de los pastos permanentes, hayan sido objeto de decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es importante que las normas que se establezcan para respetar la sentencia se elaboren de tal manera que la reglamentación se reduzca al mínimo en vez de ampliarse.

1.8.

El actual proceso legislativo (Reglamento del Consejo acompañado de actos delegados y de actos de ejecución) es muy complejo y difícil de entender para los ciudadanos. Por lo tanto, convendría realizar un estudio sobre la manera de simplificar este sistema.

1.9.

Tras la aplicación del régimen a tanto alzado en el marco de los pagos directos, se debería revisar el complejo sistema de derechos de pago.

1.10.

Los pastos temporales deberían mantener el estatus de tierras de cultivo, independientemente del tiempo que se utilicen como pastizales.

1.11.

La actual definición de «agricultor activo» no debe desfavorecer a los agricultores, sino que debería basarse en el hecho de que el agricultor utilice la tierra subvencionable para labores de agricultura.

1.12.

El CESE está de acuerdo en que la simplificación de la PAC es un proyecto ambicioso, sobre todo porque las políticas agrícola y de desarrollo rural son, por su propia naturaleza, complejas. La simplificación debe ser compatible con objetivos políticos generales como:

1.13.

Los Estados miembros deberían asegurarse de que la metodología que orienta la actuación en el ámbito de los índices de error se diseñe de modo que se garantice una aplicación justa.

1.14.

Hay que explorar e introducir de inmediato medidas para facilitar el acceso de los jóvenes agricultores al régimen para jóvenes agricultores. Debería fomentarse el acceso de los jóvenes a la agricultura.

1.15.

El CESE recomienda que se establezca una norma para limitar el aumento de la carga administrativa. Por ejemplo, podría tratarse de una norma que permita eliminar un Reglamento existente cuando se propone uno nuevo.

2.1.

El presupuesto de la PAC —408 000 millones EUR para el período 2014-2020— representa el 38 % del presupuesto total de la UE. El primer pilar —por un importe de 313 000 millones EUR— constituye el 77 % del gasto total de la PAC. Los pagos directos —294 000 millones EUR— representan el 94 % del primer pilar.

2.2.

Este Dictamen se remite a otros Dictámenes del CESE (1).

2.3.

La última gran reforma de la PAC, finalizada en 2013, se acordó con arreglo al proceso de codecisión. Por lo tanto, el Parlamento Europeo participó como colegislador en pie de igualdad con los ministros de Agricultura, cuyo número había aumentado de 15 a 28 desde la anterior gran reforma de 2003.

2.4.

Cabe señalar que con motivo de una anterior reforma de la PAC la evaluación de una propuesta de Reglamento de la Comisión sobre pagos directos puso de manifiesto que la carga burocrática había aumentado en un 15-20 %. Al mismo tiempo, se recortó el presupuesto.

2.5.

En años anteriores, ya se llevaron a cabo una serie de modificaciones, que no siempre consiguieron una separación clara entre simplificación y desmantelamiento de medidas de la PAC. A modo de ejemplo cabe citar:

2.6.

Según datos de la DG AGRI, el porcentaje de fondos asignados a cada prioridad de desarrollo rural es el siguiente:

3.1.

El presente Dictamen exploratorio se elabora a raíz de la visita del comisario Phil Hogan al pleno del CESE de julio de 2015, en cuyo transcurso declaró que su principal prioridad es lograr una mayor simplificación de la PAC, y la subsiguiente carta de Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, que pidió al CESE que emitiera un dictamen exploratorio sobre la simplificación de la PAC.

3.2.

El comisario considera que la simplificación garantizará una atenuación de la complejidad de la PAC y la carga administrativa crecientes que pesan sobre los agricultores, otros beneficiarios y autoridades de gestión, sin por ello perder de vista ninguno de sus objetivos iniciales.

3.3.

La Comisión Europea está finalizando la evaluación de todas las contribuciones basándose en tres principios rectores, a saber, que las acciones deberán:

3.4.

Evidentemente, ningún proceso de simplificación deberá amenazar el empleo en este sector.

3.5.

A través del pilar de desarrollo rural la PAC cumple una función importante en materia de inclusión social, reducción de la pobreza y desarrollo económico, al tiempo que beneficia a toda la población de las zonas rurales. El CESE acoge con gran satisfacción las prioridades mencionadas en el artículo 5, apartado 6, letras a) a c), del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2): facilitar la creación de empleo, promover el desarrollo local, mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación, así como su uso y calidad. Por consiguiente, la simplificación de la PAC debe prever medidas que garanticen que los fondos correspondientes estén disponibles de manera sencilla y sin obstáculos burocráticos.

3.6.

La Comisión ha emprendido un proceso que implica el análisis exhaustivo de toda la legislación vigente para identificar las áreas en las que pueden acometerse ajustes y mejoras. Ha recabado ya aportaciones de determinados Estados miembros, diputados al Parlamento Europeo y organizaciones agrarias de toda la UE. Cabe señalar que, hasta la fecha, estas propuestas sobrepasan las 1 500 páginas. Puede concluirse del examen de la documentación que las propuestas pueden clasificarse en dos grandes categorías:

3.7.

El CESE toma nota de la lista prioritaria de medidas de simplificación elaborada por el Consejo de Agricultura y la Presidencia. Esta lista podría constituir la base de las propuestas que presente la Comisión.

3.8.

La Comisión precisa que cada Estado miembro goza de una considerable libertad a la hora de escoger su propia metodología para gestionar y supervisar la PAC y que la simplificación puede alcanzarse mediante una interpretación razonable. Sin embargo, los Estados miembros deberían tratar de mejorar el proceso de simplificación intercambiando sus mejores prácticas.

4.1.

Está comúnmente aceptado que la simplificación es necesaria para que la aplicación de la PAC no sea nunca más compleja de lo indispensable.

4.2.

La Comisión tiene previsto formular propuestas relativas a las superficies de interés ecológico (siglas en inglés: EFA) en una explotación agrícola concreta, las EFA adyacentes, la compensación de las EFA en caso de declaración incorrecta y el sistema de identificación de parcelas agrarias (SIP).

4.3.

La Comisión se dispone a revisar el potencial de simplificación de los pagos directos (en particular, en materia de ecologización), el desarrollo rural, el plan de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas y la política de calidad.

4.4.

Por otra parte, la Comisión tiene previsto presentar un paquete de medidas que abarca aspectos de los pagos directos, incluidos los destinados a los jóvenes agricultores, la ayuda asociada y el sistema integrado de gestión y control (SIGC). Estos cambios deberían entrar en vigor, si es posible, a partir del año de solicitud 2016 o, a más tardar, del año de solicitud 2017.

4.5.

Las reglas para definir un pasto permanente plantean problemas de clasificación de los pastos temporales como tierra de cultivo o pastos permanentes. Debería ser posible mantener el estatus de pastos temporales (clasificados como tierras de cultivo) incluso en los casos en que los agricultores decidan utilizar estas tierras como pastizales de forma continuada durante cinco años o más. Se evitaría así que los agricultores aren su tierra con la única finalidad de que no se convierta en un pasto permanente. De esta manera las superficies en cuestión podrían seguir siendo utilizadas como pastizales, lo que resulta beneficioso desde el punto de vista ecológico.

4.6.

En cuanto a las medidas de mercado, la Comisión ha emprendido un ambicioso programa de simplificación al objeto de definir los nuevos actos delegados y de ejecución para adecuar las normas de la Comisión al nuevo Reglamento del Consejo por el que se crea una organización común de mercados agrícolas (Reglamento de la OCM). Se trata no solo de reducir drásticamente el número y la complejidad de estas normas, sino también de garantizar una verdadera simplificación a los agricultores y operadores por igual.

4.7.

La Comisión ha introducido recientemente dos cambios oportunos en la normativa vigente mediante la adopción de:

4.8.

La Comisión tiene la intención de formular una serie de propuestas sobre posibles modificaciones con arreglo a las actuales directrices. He aquí algunos ejemplos:

5.1.

La ecologización de los pagos directos constituye actualmente un elemento fundamental de la reforma de la política agrícola común. Si bien se están adaptando a estos cambios, los agricultores siguen temiendo que las medidas específicas no sean lo suficientemente flexibles para afrontar situaciones imprevistas causadas por las condiciones meteorológicas o por las fluctuaciones de los precios de mercado.

5.2.

Se entiende que se producirán inspecciones sin previo aviso. Sin embargo, esas inspecciones pueden significar para el agricultor, como mínimo, graves inconvenientes y, a lo sumo, un gran sufrimiento psicológico. Es evidente que, en aras de la justicia, habría que notificar la inspección al agricultor con una antelación razonable antes de que tenga lugar.

5.3.

Dado que las multas por incumplimiento serán inusualmente elevadas, los agricultores temen que no se les brindará apoyo, en particular en forma de información adecuada. En este sentido, los Estados miembros deberán facilitar la información adecuada a los agricultores más afectados por los cambios, con especial atención a los agricultores que se encuentran en una situación de desventaja social y económica.

5.4.

El marco regulador actual relativo a la definición de «agricultor activo» no es satisfactorio y requerirá una compleja carga administrativa adicional. Por ello, existe el riesgo de que queden excluidos de él los agricultores que se dedican a la producción agrícola y, por el contrario, que incluya a aquellos que no se dedican a ella.

5.5.

Los agricultores siguen tratando de adaptarse a la ecologización, en vigor desde hace un año, y a las tres prácticas agrícolas que entraña. La diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y la asignación del 5 % de la tierra como superficie de interés ecológico son los tres requisitos de la reforma que deberán satisfacer los agricultores para acogerse a las ayudas.

5.6.

Es inaceptable que, a menudo, se considere responsables a los agricultores de errores cometidos por instancias oficiales. En particular, los agricultores con renta baja y que dependen de esta fuente de ingresos se ven en una situación que pone en peligro su subsistencia.

5.7.

La proporcionalidad de las sanciones es una cuestión planteada de manera recurrente por la mayoría de las asociaciones comerciales europeas.

5.8.

Los agricultores que disponen de menos de quince hectáreas o que perciben pagos inferiores a 10 000 EUR consideran que el cumplimiento de las normas debería darse por bueno mediante una inspección somera y que solo deberían emprenderse controles adicionales en caso de que existan indicios preliminares de graves incumplimientos.

5.9.

Deberán resolverse las cuestiones relativas a los pastos permanentes planteadas en 2014 por la Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El asunto puso de manifiesto numerosos casos problemáticos de franjas de protección (tierras de cultivo), pastos de cultivo, tierras de cultivo retiradas y tierras de cultivo en el marco de medidas agroambientales, para las que los agricultores veían el riesgo de que estas tierras fueran declaradas formalmente pastos permanentes debido a la definición de los cinco años.

5.10.

Allí donde las organizaciones agrícolas invocan la necesidad de simplificación, flexibilidad y proporcionalidad, los grupos medioambientales perciben verdaderos riesgos. El CESE considera que ello revela un desajuste entre los objetivos de mejora medioambiental y los de la producción de alimentos en explotaciones familiares.

5.11.

En relación con las disposiciones horizontales, podría adoptarse un enfoque más proporcionado y basado en los riesgos para la intensidad de los controles, teniendo en cuenta el riesgo y los importes de que se trate, la rentabilidad y los diferentes objetivos, así como los resultados perseguidos.

5.12.

Debe evitarse el control múltiple. La reducción de los pagos y las sanciones administrativas deberían ser proporcionales en caso de incumplimiento de las normas, especialmente si se trata de infracciones leves. Por otra parte:

5.13.

Convendría centrarse en medidas que requieren una atención urgente, como la mejora de las notas de orientación y la prestación de asistencia técnica, así como el fomento de la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre las administraciones.

5.14.

Los jóvenes agricultores están teniendo dificultades para acceder al régimen para jóvenes agricultores. Las barreras que impiden innecesariamente tal acceso pueden disuadir a los jóvenes de dedicarse a la agricultura y han de desmantelarse. Debería fomentarse el acceso de los jóvenes a la agricultura.

5.15.

Cualquier modificación del actual marco normativo debe estar acordado con tiempo suficiente para que los agricultores puedan planificar sus siembras de manera adecuada. En concreto, aquellas modificaciones que afecten a la solicitud del año 2017 deberían estar publicadas en el verano de 2016.

24.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 71/11

Ponente:

Joost VAN IERSEL

1.1.

El futuro de Europa depende en gran medida de la disponibilidad de conocimientos avanzados y de personas con talento en una sociedad abierta y basada en el conocimiento. Las universidades tienen un papel clave que desempeñar en este proceso. Si cada Estado miembro actúa por su cuenta, el resultado siempre estará por debajo del nivel ideal.

1.2.

El CESE subraya que las competencias nacionales y de la UE deberían compartirse y adaptarse para crear un Espacio Europeo de la Enseñanza Superior (EEES). El concepto de una universidad cívica y empresarial también puede ser muy útil para fomentar la calidad de la enseñanza superior en Europa.

1.3.

La situación actual pone de manifiesto que, a pesar de los avances, sigue habiendo muchos obstáculos y restricciones que también dificultan la participación eficaz de la UE. La diversidad de culturas, los intereses creados, la falta de recursos financieros y la evolución demográfica suelen dificultar la obtención de respuestas actuales a los desafíos dinámicos, como la globalización, las nuevas tecnologías y la movilidad.

1.4.

El CESE considera que las instituciones europeas deben servir de estímulo y acelerar el proceso de modernización de la enseñanza superior europea, en términos tanto de educación como de investigación e innovación. Las universidades tienen una misión autónoma al servicio del interés público. La subsidiariedad y la variedad de universidades no permiten un enfoque único. Sin embargo, la orientación y el apoyo estratégicos a escala de la UE pueden contribuir de forma decisiva a mejorar las condiciones.

1.5.

Lo crucial es que la Comisión Europea fomente e impulse el programa para el proceso de transformación de las universidades europeas en los copilotos del crecimiento y la cohesión social en aras del bienestar de la sociedad.

1.6.

Cabría hacer una referencia explícita a la modernización de la educación superior en los Programas Nacionales de Reforma (PNR) y en las recomendaciones específicas por país (REP).

1.7.

La UE debería demostrar su compromiso con la educación superior a través de la Estrategia Europa 2020 (incluido el Semestre Europeo), Erasmus Plus, el programa Horizonte 2020, los fondos regionales y el Fondo de Cohesión, así como facilitar la movilidad transfronteriza de estudiantes y profesores.

1.8.

Las consultas estratégicas a escala de la UE deberían añadirse a los debates y proyectos en los países y universidades y entre ellos para mejorar la calidad de las universidades europeas. Las buenas prácticas deberían difundirse sistemáticamente.

1.9.

Una vez más el CESE subraya la necesidad de que los centros de educación superior desarrollen una verdadera autonomía, rendición de cuentas y transparencia como requisitos previos fundamentales para la modernización (1). Estos requisitos previos no pueden satisfacerse sin la adecuada y apropiada financiación.

1.10.

En una época de profundos cambios sociales y económicos, la transformación de las universidades es un proceso laborioso y a largo plazo. Las universidades deben desarrollar una actitud abierta a las necesidades de la sociedad y deben mantener contactos con otras partes interesadas.

1.11.

El CESE acoge favorablemente el concepto de universidad cívica y el modelo de «triple hélice» y «cuádruple hélice» (2), centrándose en la apertura de la educación superior, la ampliación del acceso, el contexto regional, la integración de ideas de todas las (posibles) partes interesadas en los programas y una relación inteligente y actualizada entre la investigación y la educación.

1.12.

La universidad cívica cuenta con una serie de elementos en común con la universidad empresarial. Hace hincapié en su misión autónoma y se muestra abierta al mercado de trabajo y a la pertinencia social de los planes de estudios y de la investigación e innovación. Las plataformas de partes interesadas (3) pueden resultar muy útiles para definir conjuntamente los requisitos. Las estructuras de tipo asociaciones público-privadas entre las universidades y las agrupaciones sociales también pueden ser beneficiosas.

1.13.

El nivel de enseñanza y la debida preparación para el empleo posterior deberían seguir siendo una prioridad con independencia de la especialización de una universidad (de renombre). La excelencia de la enseñanza también debe recompensarse.

1.14.

La Comisión Europea debería desempeñar un papel estimulante en los proyectos de intercambio transfronterizo de ideas entre universidades, profesores y estudiantes, así como en la promoción de una apertura al mundo, y en el desarrollo de instrumentos, como U-Multirank, cuando convenga a los estudiantes y otras partes interesadas.

2.1.

Las considerables diferencias entre las universidades europeas se deben a tradiciones y culturas muy diferentes (4). En 1999 el proceso de Bolonia inició una fructífera tendencia hacia la modernización de los planes de estudios.

2.2.

Desde 2008, la crisis económica y financiera ha obligado aún más a las universidades a replantearse sus operaciones, buscar nuevas formas de financiación y maximizar la relación calidad-precio. Esto ha incrementado la competencia por unos recursos escasos. La falta de financiación suficiente supone un verdadero problema para muchas universidades y constituye un obstáculo para el programa de modernización.

2.3.

La transformación profunda y dinámica que la sociedad atraviesa a raíz de la globalización y las nuevas tecnologías está dejando huella en las universidades. La educación superior, la investigación y la innovación son clave para una recuperación económica sostenible, pero las limitaciones financieras y el proceso de transformación también han puesto de manifiesto notables deficiencias.

2.4.

Un aspecto fundamental es la falta de autonomía, responsabilidad y transparencia. Existen discrepancias considerables entre los Estados miembros (5).

2.5.

Las buenas prácticas demuestran que una revisión de las estructuras y de los planes de estudios, así como una mayor apertura y cooperación, mejoran la calidad y los resultados.

2.6.

Actualmente, la educación superior debería estar al alcance de todas las personas con talento. Una creciente correlación entre el acceso y el entorno socioeconómico menoscaba el principio de igualdad. Además, en algunos países, contar con un título de educación superior no garantiza en absoluto un puesto de trabajo seguro. Durante la crisis, los jóvenes con educación superior no han estado a salvo del desempleo.

2.7.

Las tendencias demográficas son perjudiciales para las zonas menos pobladas y menos competitivas (que van en aumento). Esta evolución suele tener consecuencias graves para atraer a profesores y estudiantes, así como para la calidad de los profesores y estudiantes atraídos. Algunos países afrontan una fuga de cerebros. Las nuevas universidades privadas en los países afectados, al carecer de un control de calidad adecuado, producen resultados no satisfactorios. Ello se ve agravado por la falta de fondos para la educación superior tradicional.

2.8.

El deseo de estrechar las relaciones entre las universidades y la sociedad alimenta el debate en todas partes sobre su papel en la sociedad, así como sobre las alianzas con otras partes interesadas, como las empresas, los interlocutores sociales y la sociedad civil.

2.9.

A menudo existe un desfase doloroso entre las competencias de los titulados y las necesidades del mercado laboral, entre la oferta y la demanda. Las empresas se quejan de la falta de profesionales cualificados, especialmente en profesiones técnicas y en el ámbito de las TIC. La rápida evolución de la base de conocimiento a nivel mundial requiere, más que nunca, habilidades adecuadas del siglo XXI que permitan a los titulados actualizar sus conocimientos de manera sistemática.

2.10.

Por otra parte, las nuevas tecnologías y la digitalización están obligando a la educación superior a adaptar y ajustar las metodologías existentes. Se están estableciendo nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, incluido un aprendizaje centrado en los estudiantes y cursos en línea. Sin embargo, los campus universitarios físicos seguirán desempeñando un papel clave en las comunidades locales y regionales, como puntos de reunión para la educación, investigación y creación de redes.

2.11.

Tanto los estudiantes como los profesores universitarios y el personal docente son cada vez más móviles a nivel mundial. En el segmento superior actualmente se libra una «batalla de talentos», pero la tendencia general es más amplia. La calidad y el atractivo de las universidades europeas son factores clave para atraer a estudiantes procedentes del extranjero, lo que contribuye a mejorar la educación y la investigación y genera redes duraderas.

2.12.

En la lucha por unos mejores resultados, las universidades (de más renombre) suelen destacar la investigación como su tarea principal con el apoyo de reglamentos financieros. Prestar atención prioritaria a la investigación suele impedir que haya un equilibrio y una interacción óptimos entre investigación y educación.

3.1.

La transformación de las universidades en polos de conocimiento de la sociedad como parte integrante del ecosistema de la UE alimenta un debate sobre las características esenciales de la educación superior en que deben basarse las prácticas diarias.

3.2.

A pesar de los diferentes planteamientos, una tendencia común parece ser la apertura de la educación superior a las opiniones e intereses de los estudiantes y de las partes interesadas públicas y privadas, así como a cuestiones como el intercambio de ideas entre investigación y educación, el aumento de la cooperación y la internacionalización.

3.3.

Para la mayor parte de las universidades, se trata de un proceso a largo plazo y laborioso. No es fácil que las grandes instituciones tradicionales modifiquen su comportamiento. Además, en muchos países, los procedimientos (políticos) seguidos para nombrar a los gobernadores, así como a los profesores e investigadores, obstaculizan el cambio. En esos casos, no es habitual que las universidades adopten planteamientos independientes. En opinión del CESE, la apertura de la educación superior y el mantenimiento de una mente abierta deberían constituir una prioridad para la educación superior en todo el continente.

3.4.

Para que una economía sea resiliente es indispensable que haya una investigación de calidad y unas personas mejor formadas y altamente cualificadas. La crisis ha ido en detrimento de los resultados de los centros de conocimiento, mientras que los análisis demuestran que hay una relación directa entre la educación e investigación excepcional y los resultados económicos.

3.5.

Las universidades ya no van dirigidas a las capas superiores de la sociedad. Han aumentado considerablemente en número y tamaño. El panorama se ha diversificado: hay más categorías, especialmente universidades de ciencias aplicadas junto con universidades de investigación, universidades regionales junto con universidades nacionales e internacionales, así como un mayor número de facultades, especialmente en los sectores de la economía y la tecnología, etc.

3.6.

Ampliar el acceso a la educación superior es, con razón, una prioridad política en todo el continente. En la UE, el 40 % de los componentes de la próxima generación debería poder obtener un título universitario. Además, los planes de estudios, los instrumentos de aprendizaje (el uso de los medios de comunicación modernos en el aprendizaje combinado, etc.), la relación entre investigación y educación, así como otros aspectos, como la internacionalización y el interés público, no presentan ninguna semejanza con lo que eran en el pasado. Es necesario ajustar los métodos de gestión en consecuencia.

3.7.

Las universidades autónomas, responsables y transparentes deberían poder actuar con la mayor libertad posible dentro de un marco jurídico que favorezca las fuerzas ascendentes y la competencia como una importante contribución a una mayor participación y una especialización inteligente.

3.8.

Una actitud abierta, así como un claro compromiso con otras partes interesadas, debería apoyar a las universidades como motores del crecimiento, la competitividad y la cohesión social.

3.9.

Para la viabilidad económica de la comunidad local y regional, los conceptos de la universidad cívica y empresarial pueden ser muy útiles. Estos conceptos requieren ambición y una estrecha cooperación entre las universidades, las partes interesadas y las autoridades públicas.

4.1.

El CESE acoge favorablemente el concepto de universidad cívica (6). Esta va más allá de la enseñanza, la investigación académica y los conocimientos. Una universidad cívica se compromete activamente con el público y la sociedad que la rodea a todos los niveles. Todas las universidades pueden añadir una dimensión cívica a sus tareas asumiendo el doble papel de centros de producción intelectual para la comunidad y centros receptores, adaptando así las mejores ideas procedentes de otros lugares a su propio contexto.

4.2.

Estos procesos ocurren en toda Europa a través de la investigación basada en la demanda, el aprendizaje basado en problemas concretos, la cooperación entre las universidades y las comunidades locales, las escuelas, los hospitales, las empresas, etc. Sin embargo, aún se necesita mejorar considerablemente el desarrollo de capacidades (7).

4.3.

A nivel regional, las universidades pueden respaldar un enfoque holístico y convertirse en líderes en reunir a las partes interesadas pertinentes para hacer frente a los retos comunes. Una universidad cívica bien diseñada también puede desempeñar un papel importante a la hora de mejorar los resultados de las regiones en dificultades.

4.4.

La forma del modelo variará de una universidad a otra. Además de las universidades afectadas directamente por zonas menos pudientes con malos resultados económicos o dificultades demográficas, los requisitos que tienen que satisfacer las universidades para considerarse «cívicas» son válidos para un grupo mucho más amplio. Actualmente, las universidades europeas de renombre mundial y las universidades que aspiran a serlo aciertan al interesarse cada vez más en el compromiso cívico.

4.5.

Las universidades cívicas sirven de modelo para las universidades que quieren dejar atrás los métodos de gestión anticuados o los planteamientos tradicionales. Esto es especialmente importante en aquellos casos en los que a los jóvenes de talento se les rete a contribuir a la economía nacional o regional. Una mayor cooperación con las partes interesadas pertinentes en todas las regiones debe llevar a la apertura y la modernización.

4.6.

Las respectivas presidencias del Consejo acertaron al adoptar un enfoque similar en las declaraciones de Lund y Roma (8), que destacaban la necesidad de investigar para centrarse en los grandes retos de nuestra época, alejarse de los enfoques temáticos rígidos e incluir a las partes interesadas de los sectores público y privado. Por lo que respecta al diseño del Espacio Europeo de Investigación y la Unión por la Innovación, la investigación y la innovación responsables son objetivos principales, que abarcan todas las políticas y actividades pertinentes. Estos principios también son prioridades en el programa Horizonte 2020.

4.7.

Junto con el modelo de «triple hélice», que supone la cooperación entre universidades, el sector privado y el gobierno, está el modelo de «cuádruple hélice», que también incluye a los entes locales y la sociedad civil. Tiene un fuerte sentido de pertenencia y finalidad, es transparente y rinde cuentas a las partes interesadas y el público en general. Se trata de una nueva oportunidad para la participación de la sociedad civil.

4.8.

Un grupo específico que requiere atención es el de los antiguos alumnos. En Europa puede hacerse más para animarles a mejorar los resultados y la imagen de las universidades. En este sentido, Europa podría seguir el ejemplo de las prácticas habitualmente seguidas en Estados Unidos.

4.9.

Los antiguos alumnos deberían considerarse como parte integrante de la comunidad universitaria. Pueden ser embajadores de una universidad a nivel regional, nacional e internacional, así como fuerzas impulsoras en el debate sobre los planes de estudios, lo que es especialmente útil en tiempos de cambio dinámico. Pueden ser fundamentales en el debate sobre el equilibrio entre la investigación y la educación, así como entre la investigación y el mercado. Un objetivo concreto podría ser utilizar a los antiguos alumnos como orientadores para los titulados recientes, en particular estudiantes de primera generación, incluidos aquellos de origen extranjero.

4.10.

Una mayor movilidad de antiguos alumnos da lugar a fructíferas redes internacionales, lo que puede ser beneficioso tanto para sus universidades como para la industria.

5.1.

«La universidad cívica» cuenta con una serie de elementos en común con la universidad empresarial. Las universidades no son empresas. Tienen una misión autónoma en aras del interés público, especialmente en materia de formación, investigación (de alto nivel) y el uso de los conocimientos por la sociedad en general. La universidad empresarial tiene una misión doble: dirigir y gestionar la institución, por una parte, y fomentar las aptitudes empresariales de los estudiantes y su espíritu de iniciativa, por otra.

5.2.

La importancia en el mercado laboral de los planes de estudios y de la pertinencia social de la investigación y la innovación son muy importantes. La comunicación e interacción con el sector privado a nivel nacional o regional son fundamentales para responder a los retos que afronta la sociedad.

5.3.

La mentalidad de silo ya no es útil. La dinámica tecnológica y los retos de la sociedad requieren un ajuste continuo. El lado de la demanda es cada vez más complejo, pues requiere competencias interdisciplinares y transdisciplinares y una apertura a cualquier nuevo avance. Además de las competencias profesionales, esto también conlleva la necesidad de desarrollar habilidades. Las plataformas de partes interesadas, vinculadas a las universidades, pueden resultar muy útiles para definir conjuntamente los requisitos. El personal docente debe estar adecuadamente preparado para este contexto dinámico. El espíritu empresarial (9) también debería enseñarse en todos los tipos de educación superior en toda la Unión Europea.

5.4.

Del mismo modo, las estructuras de tipo asociaciones público-privadas entre las universidades y las agrupaciones sociales, como los círculos empresariales y el sector de la salud, también pueden ser beneficiosas.

5.5.

Un proyecto valioso para las universidades sería crear «cadenas de valor de la educación» en colaboración con varios sectores empresariales. Todo ello con dos propósitos principales:

5.6.

Del mismo modo, los acuerdos de resultados, como ya se aplican en algunos Estados miembros, favorecerán la especialización, el perfil y la imagen de las universidades. Pueden tener una gran dimensión internacional y regional y mejorar la ambición y calidad de los programas y los estudiantes. Para conseguirlo, es esencial que haya un compromiso coherente por ambas partes (gobiernos y educación superior).

5.7.

La innovación debería influir en la investigación y la educación, así como en la gobernanza. Un ejemplo de éxito de una mejora ascendente es HEInnovate, un instrumento independiente de autoevaluación en línea elaborado por la Comisión Europea (10). Debería fomentarse un mayor uso de este instrumento.

5.8.

Se ofrecen programas universitarios internacionales, así como un amplio abanico de cursos en línea competidores, a aquellos estudiantes que deseen ser más móviles. La comparabilidad y la transparencia deberían fomentar la competencia y la convergencia en términos de rendimiento. Los instrumentos para la transparencia, como U-Multirank en la UE, tienen un gran potencial y las universidades deben estudiar cómo utilizar mejor este tipo de instrumentos.

5.9.

Todas las personas con talento deberían tener la oportunidad de acceder a la educación superior. Como quiera que se está extendiendo el pago de tasas, los estudiantes son cada vez más críticos con la educación que reciben. Pero debería excluirse cualquier selección social resultante de la introducción de tasas. Las ayudas a los estudiantes (en función de su entorno socioeconómico) deben garantizar el acceso justo de todos los ciudadanos a una educación adecuada. Por otra parte, los sistemas de tasas no pueden utilizarse indebidamente para sustituir a la financiación pública existente.

5.10.

La evolución demográfica también requiere que se redoblen los esfuerzos para aumentar el número de titulados en las regiones afectadas, en particular para promover la resiliencia y la viabilidad futura de dichas regiones.

5.11.

Tanto desde el punto de vista de los estudiantes como de las empresas, la educación superior y la investigación deben estar estrechamente interrelacionadas. Sin embargo, los modelos de financiación tienden a favorecer los resultados de las investigaciones, lo que provoca que los profesores dejen cada vez más de lado la educación.

5.12.

Las universidades deben tener debidamente en cuenta que la gran mayoría de los estudiantes en posesión de un título universitario y un título de máster, e incluso un doctorado, trabajarán en la sociedad y en las empresas, fuera de la universidad. En consecuencia, el nivel de formación y la debida preparación para el empleo debería seguir siendo una prioridad con independencia de la especialización de una universidad (de renombre). A este respecto, Europa no debería seguir el ejemplo de Estados Unidos (11). La fórmula para Europa consiste en luchar por la excelencia y la equidad.

5.13.

La digitalización es un cambio de paradigma que afecta profundamente a la educación superior tanto en términos de enseñanza y aprendizaje [combinado (12)] como de las competencias de profesores y estudiantes, además de las estructuras de gobernanza. Se necesitará mayor dinamismo y flexibilidad a todos los niveles. A este respecto, también es beneficiosa, e incluso esencial, una cooperación más estrecha entre la educación superior y el sector privado.

6.1.

El CESE acoge con satisfacción que todos los temas antes mencionados y la modernización de la educación superior estén cada vez más presentes en la agenda de la UE. Sería deseable encontrar un enfoque común para garantizar la finalización con éxito del Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación.

6.2.

Unas universidades abiertas y transparentes, así como una estrategia de orientación europea bien definida, serán de gran ayuda para el mercado único y para la modernización de una sociedad europea resiliente en la escena mundial. Para ello es fundamental la libre circulación de estudiantes, investigadores y conocimientos.

6.3.

El compromiso de la UE con la educación superior comenzó con la promoción de la investigación científica en sucesivos programas marco. Mientras tanto, el compromiso de la UE en el ámbito de la educación aumenta. El Pacto de estabilidad y crecimiento hace hincapié en la necesidad de mantener el gasto que conduzca al crecimiento, incluida especialmente la educación superior.

6.4.

Dos de los cinco objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 están directamente relacionados con la educación superior: la inversión en I+D+i y la educación. Y comprometen a diferentes comisarios. En 2014, las REP pusieron de manifiesto que aproximadamente la mitad de los Estados miembros afrontan graves problemas relacionados con el desfase entre la oferta y la demanda de competencias y su adecuación al mercado de trabajo, así como con la actual falta de cooperación entre la educación superior y las empresas u otras partes interesadas.

6.5.

Las REP apuntan la necesidad de abordar la empleabilidad y las necesidades del sector privado y los estudiantes/titulados como futuros empleados (o empresarios), así como la competitividad, a través de una cooperación más eficaz entre la educación superior, los centros de investigación y las empresas. El CESE insiste en que el seguimiento de las REP debería ser objeto de una supervisión más eficaz y que la Comisión y el Consejo deberían debatir abiertamente los resultados.

6.6.

Sin embargo, frente a la necesidad de que la educación superior sea autónoma y responsable, existen fuerzas políticas en los Estados miembros que piden más regulación que reduciría la autonomía. En estos casos, se invoca el principio de subsidiariedad, lo que impide la armonización de los sistemas de educación superior en Europa. Ello podría perjudicar los intereses de los estudiantes y del conjunto de la sociedad.

6.7.

Las cualificaciones superiores y más amplias deberían utilizarse en la UE y fuera de sus fronteras. Para ello se requiere un intercambio transfronterizo de ideas entre universidades, profesores y estudiantes, así como una apertura al mundo. Un compromiso explícito por parte del Consejo, los Estados miembros y la Comisión debería dar lugar a mejores resultados de la educación superior mediante una mejor puesta en común y el ajuste de las competencias nacionales y de la UE.

6.8.

El CESE constantemente destaca la gran importancia de los programas de investigación e innovación de la UE. La investigación transfronteriza fomenta el rendimiento de la inversión, los programas de la UE promueven que se preste atención a las tecnologías clave y los temas estratégicos, la financiación transnacional da lugar a mejores resultados y las alianzas científicas europeas imprimen un verdadero impulso a la competitividad europea. A tal fin, también debe intensificarse el intercambio de los conocimientos nuevos, en particular mediante el acceso abierto.

6.9.

Con arreglo al Séptimo Programa Marco y, desde 2014, de acuerdo con el programa Horizonte 2020, el Consejo Europeo de Investigación apoya la investigación de alta calidad a través de la financiación competitiva. Sin embargo, las barreras estructurales siguen obstaculizando la movilidad transfronteriza de investigadores, profesores universitarios y estudiantes.

6.10.

Cada vez más, los resultados de la educación superior y la investigación se evalúan y ganan transparencia en todo el mundo. Las universidades cooperan y compiten a escala mundial, trabajando en proyectos de investigación conjuntos, persiguiendo la excelencia y, cada vez más, atrayendo a estudiantes y contratando a personal de fuera de la UE. Esta es una cuestión clave, al tiempo que las normativas nacionales y la falta de incentivos pueden obstaculizar el progreso en este ámbito. Las mediciones internacionales demuestran que la brecha entre los países europeos con mejores resultados y los demás es cada vez más grande.

6.11.

Deben redoblarse los esfuerzos para incluir en proyectos conjuntos a investigadores excelentes de toda Europa. Los focos de excelencia de todo el continente tienen que conectarse y participar en proyectos europeos de investigación de gran calidad.

6.12.

La movilidad de profesores universitarios y estudiantes en Europa es escasa, ya que la circulación transfronteriza sigue viéndose artificialmente obstaculizada. Urge mejorar la igualdad de las condiciones de trabajo para los investigadores y profesores universitarios y aumentar la convergencia de los programas de estudio y las titulaciones de los estudiantes en Europa.

6.13.

Habría que mejorar las estadísticas inadecuadas y utilizarlas mejor para evaluar el grado de movilidad y apoyarla.

6.14.

La apertura y modernización de las universidades, así como la diversificación cultural mediante el aumento de la internacionalización representan una tendencia favorable. Además, se anima a los estudiantes, respaldados por medios sociales de comunicación actualizados, instrumentos de transparencia como U-Multirank y la especialización de las universidades, a que tomen decisiones específicas. Las soluciones pragmáticas a escala de la UE deberían ayudarles.

6.15.

Aquellos que estén dispuestos a cooperar de manera más estrecha pueden mostrar el camino a seguir. Un ejemplo de ello es el reciente acuerdo entre los países del Benelux para el reconocimiento mutuo automático de diplomas. Esto supone un decisivo paso adelante (13). Una tendencia al reconocimiento mutuo de los títulos universitarios y los diferentes grados en ciencias contribuirán a reducir las barreras entre universidades y a crear intercambios abiertos.

6.16.

Los sistemas adecuados de aseguramiento de la calidad deberían ser internacionalizados y tener una clara conexión europea. Esto incluye la necesidad de reconocer las decisiones de acreditación. Hay que acoger favorablemente cualquier iniciativa en este campo (14). Un proceso de reconocimiento mutuo debería llevar gradualmente a una acreditación europea y, en particular, mejorará la calidad de la enseñanza en las universidades con peores resultados.

6.17.

Tales prácticas serían beneficiosas en toda Europa tanto para la movilidad como para la empleabilidad. Al introducir una titulación universitaria para varias universidades, los programas conjuntos entre las universidades serían mucho más atractivos. Debería considerarse el apoyo al hermanamiento. El intercambio de prácticas administrativas y de enseñanza sobre el terreno puede mejorar la calidad.

6.18.

Una condición básica para la internacionalización es el uso de lenguas comunes. El conocimiento de (más de dos) lenguas es deseable por motivos culturales y económicos. El inglés podría ser la lengua franca de hoy. Los avances en la mejora de las competencias lingüísticas son demasiado lentos. Habría que considerar la posibilidad de imponer la obligación de que los estudiantes conozcan una lengua extranjera.

6.19.

El programa Erasmus Plus ha sido un gran éxito y un enorme paso adelante para facilitar la movilidad. También es bien recibido por parte de las empresas. Encaja muy bien con el principio rector de la Comisión en materia de crecimiento y empleo. La financiación del programa debería satisfacer la creciente demanda. Debería suprimirse cualquier limitación jurídica a los intercambios de estudiantes.

6.20.

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se centran, con razón, en la innovación y los factores de crecimiento, incluida la investigación. La Comisión debe desempeñar un papel orientador en la mejora de la participación de las universidades en proyectos regionales.

6.21.

Por regla general, las universidades son independientes de los entes locales y regionales, aunque existen excepciones notables que deberían destacarse. Otra contribución muy positiva es la del programa de los Fondos EIE, que vincula la investigación a través de las RIS3 (15) a programas regionales de la UE, fomentando un entorno favorable para la innovación.

6.22.

Las universidades deberían ser conscientes de las RIS3 y de su aplicación en distintos niveles. Junto con unos entes regionales comprometidos, deberían desempeñar un papel activo en el programa.

6.23.

Por desgracia, a causa de la gobernanza, las universidades siguen infrautilizando el programa de los Fondos EIE. Deben buscarse sinergias entre los programas de la UE (Fondos EIE, Horizonte 2020 y Erasmus Plus), pero suelen verse bloqueadas debido a condiciones divergentes.

24.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 71/20

Ponente:

Antonello PEZZINI

Coponente:

Zbigniew KOTOWSKI

1.1.

El CESE considera que tanto los ingenieros y técnicos europeos como sus organizaciones nacionales y europeas constituyen un recurso clave en el proceso de reindustrialización europea como factor para acelerar la transformación de la investigación en aplicaciones innovadoras para el mercado.

1.2.

El desarrollo económico de la UE está cada vez más vinculado a un proceso de reindustrialización entendido como una estrategia de transición hacia nuevos modelos de diseño, producción y comercialización sostenibles de productos innovadores de alto valor añadido que incorporen tecnologías, materiales y servicios nuevos y de calidad en un mundo cada vez más digitalizado.

1.3.

El CESE considera que debería subrayarse y reforzarse en mayor medida el papel clave de los ingenieros y los profesionales técnicos en este proceso para solucionar los problemas que los retos de la reindustrialización plantean a la sociedad europea e insta a que se ponga en marcha un ejercicio de prospectiva participativa sobre el futuro de la profesión.

1.4.

El CESE recomienda que se promueva una cultura europea del emprendimiento y la innovación mediante acciones concretas para revitalizar las profesiones de ingeniero y técnico, forjadoras de civilización y prosperidad.

1.5.

El CESE reconoce la necesidad de contar con un marco europeo armonizado que potencie la profesión y que debería incluir los siguientes elementos:

1.6.

El CESE considera que un alto nivel de formación y cualificación en ingeniería es un requisito previo fundamental para lograr un sistema eficaz de reconocimiento mutuo. Es necesario mantener un alto nivel de educación y formación, también con la introducción de un 29.o régimen reglamentario de la UE facultativo, que se base, con carácter experimental, en «tarjetas profesionales europeas» voluntarias (1) y cuente con el apoyo activo de las asociaciones profesionales nacionales y europeas de ingenieros, si se quiere garantizar la confianza todos los Estados miembros ante una movilidad profesional recíproca basada en el conocimiento.

1.6.1.

La evolución de la sociedad contemporánea crea numerosos nuevos empleos fuera del área técnica que, debido a la influencia de los medios de comunicación y al deseo de aceptación social, resultan atractivos para los jóvenes que buscan una carrera rápida y prestigiosa. Desde esta óptica, la profesión de ingeniero se percibe como una profesión tradicional que no brinda posibilidades de carrera fácil y rápida. En vista de ello, las disciplinas relacionadas con la ingeniería no resultan atractivas para las generaciones futuras, lo que representa una grave amenaza para el éxito de la reindustrialización europea y la competitividad de la industria europea. Se trata de un reto de gran magnitud para los sistemas educativos actuales y plantea la necesidad de que la enseñanza primaria se oriente en mayor medida hacia las matemáticas, la física y la ingeniería y se presente de manera atractiva, a fin de suscitar la curiosidad de las generaciones más jóvenes. Por esta misma razón, el principio de la formación dual y las mejores prácticas en este ámbito (Alemania, Suiza y Austria) merecen una atención particular de parte de todos los Estados miembros en los que no existe este sistema.

1.7.

A juicio del CESE, debe crearse un mercado único de ingenieros europeo y desarrollar un planteamiento estructurado común al objeto de aumentar la movilidad en el conjunto del espacio europeo, dada la importancia del reconocimiento mutuo, en particular para los ingenieros autónomos e independientes.

1.8.

El CESE recomienda que se garantice un importante papel al aspecto de la ingeniería en la política de normalización europea a fin de acelerar, simplificar y modernizar los procedimientos y asegurar la interoperabilidad de redes y sistemas.

1.9.

El CESE recomienda que las organizaciones que contratan a ingenieros desarrollen, sobre la base del marco europeo de cualificaciones profesionales, modelos de formación en soporte electrónico coherentes con las nuevas generaciones y mecanismos de gestión y evaluación, adaptados a las características de los nuevos ingenieros y con entornos de trabajo y carreras profesionales atractivas.

1.10.

En opinión del CESE, las organizaciones representativas y los colegios profesionales deberían buscar una mayor convergencia para actuar como fuerzas motrices unitarias, tanto dentro como fuera de la UE, y ofrecer a sus miembros una formación permanente conforme a parámetros europeos comunes.

1.11.

El CESE recomienda que la Comisión tome medidas concretas para crear el Foro Europeo de las Profesiones Liberales —en cuyo ámbito estén ampliamente representados los colegios, organizaciones o asociaciones profesiones (2) de los ingenieros— y pide la creación de un portal del ingeniero europeo en el que tengan cabida problemáticas como la responsabilidad, la propiedad intelectual, la fiscalidad, los regímenes de pensiones, la formación permanente, los códigos de buenas prácticas, etcétera.

1.12.

El CESE recomienda que la Comisión elabore un código europeo de buenas prácticas de ingeniería, partiendo de la base de las experiencias de las organizaciones nacionales de ingenieros y técnicos, que facilite a estos profesionales las condiciones jurídico-financieras necesarias para realizar proyectos innovadores, por ejemplo en el caso de las pymes y los agentes de la I+D.

1.13.

El CESE señala que es necesario que la profesión se centre cada vez en mayor medida en la gestión de problemas complejos relacionados con la sostenibilidad económica, social y medioambiental y que recurra cada vez más a enfoques multidisciplinarios avanzados y una adecuada interoperabilidad entre los sistemas de fabricación y las nuevas realidades industriales 4.0.

1.14.

El CESE insta a la Comisión y a los Estados miembros a que tengan debidamente en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo de 20 y 21 de marzo de 2014, en las que se les invitaba a abordar prioritariamente las carencias en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (las denominadas competencias CTIM), con una mayor participación de la industria.

2.1.

En el origen de la ingeniería europea se halla la tensión hacia la renovación, representada por el genio de Leonardo, que refleja la apertura a la innovación de la sociedad europea y un entorno cultural que valora el compromiso cívico, el buen gobierno y la laboriosidad.

2.2.

Como subrayó el PE, «la crisis ha tenido grandes repercusiones en las economías europeas. La UE necesita una estrategia de crecimiento global para superar estos obstáculos» (3).

2.3.

La estrategia de reindustrialización de la UE se centra especialmente en la inversión en la innovación, en la que el ingeniero tiene un papel clave, sobre todo en sectores con un crecimiento rápido.

2.4.

La convergencia de las tecnologías digitales, los sistemas de comunicación y las redes inteligentes, la nanobiotecnología, las tecnologías industriales sostenibles, las impresoras 3D y las tecnologías limpias facilitadoras intersectoriales están cambiando profundamente el modo en que funcionan las economías y las sociedades a una velocidad que la globalización ha multiplicado exponencialmente.

2.5.

El futuro de la UE está vinculado a un proceso de reindustrialización entendido sobre todo como una estrategia de transición hacia nuevos modelos de diseño, producción y comercialización sostenibles de productos de alto valor añadido que incorporen nuevas tecnologías, materiales y servicios nuevos en un mundo cada vez más digital.

2.6.

El CESE está persuadido de que, ante la falta de recursos humanos técnicos y científicos que dispongan del potencial necesario de experiencia y conocimientos, será difícil alcanzar los objetivos que se establecen en la Estrategia Europa 2020. A este respecto, es necesario poner de relieve el papel de los colegios profesionales y de las asociaciones de ingenieros y técnicos a escala nacional y europea.

2.7.

En Europa la mayor parte de las competencias técnicas se encuentran en el sector de la ingeniería, que engloba alrededor de 130 000 empresas que emplean a más de diez millones de personas altamente cualificadas y competentes, y tienen una producción anual de aproximadamente 1,840 billones EUR, lo que equivale aproximadamente a un tercio de todas las exportaciones de la UE. Por otra parte, los ingenieros y técnicos desempeñan un papel importante en todos los sectores de la economía (4).

2.8.

Es preciso desarrollar un nuevo enfoque inteligente en las políticas europeas, que garantice una nueva función a los profesionales con cultura técnica. Es cada vez más indispensable gestionar procesos de transformación inteligente de los territorios, algo que pide expresamente la nueva programación europea.

2.9.

Para alcanzar estos objetivos, la UE necesita mejorar los niveles de competencia de su mano de obra. En particular, en el marco de las competencias de ingeniería, habrá un incremento de la demanda del sector público y del sector privado. El sector público necesitará más competencias técnicas para responder —con la aplicación de las nuevas directivas sobre contratación pública, formas de cooperación en redes de empresas, trabajo en agrupaciones y nuevos programas informáticos— a los desafíos en los sectores de la energía, el transporte, la sanidad, la gestión de residuos, la educación, la huella de carbono, la internet de los objetos y la economía circular.

2.10.

También el sector privado deberá reforzar las competencias en ingeniería, si quiere aprovechar las ventajas de desarrollar competencias en el lugar de trabajo. El análisis de los comportamientos de los consumidores indica un constante aumento de la demanda de inteligencia contenida en productos y servicios.

2.11.

Los conocimientos y la experiencia técnicos deben actualizarse constantemente para responder a los desafíos de los nuevos procesos industriales. Son necesarias nuevas formas y métodos de aprendizaje y una nueva formación que permitan una utilización óptima y flexible del capital humano y social en el sector. Se requiere organizar nuevas formas de trabajo para los profesionales independientes que ejerzan una actividad en el ámbito de los servicios profesionales, técnicos y científicos en Europa.

2.12.

Una mayor movilidad en los mercados de trabajo nacionales, europeos y mundiales contribuye a una mejor utilización de la mano de obra disponible en una reserva europea de ingenieros atractiva. La posibilidad de optar por un régimen reglamentario de la UE facultativo (29.o régimen) podría favorecer la difusión de una tarjeta profesional de la UE, que facilitaría a los ingenieros especializados la adquisición de experiencia profesional en diferentes países europeos.

2.13.

Para sensibilizar a los posibles estudiantes de ingeniería respecto de la profesión de ingeniero debería existir una mayor cooperación entre la industria y el mundo académico y entre los empleadores y los centros educativos públicos y privados, tanto en la enseñanza primaria y secundaria como en la I+D. Se trata de aplicar la responsabilidad social de las empresas y promover una formación adecuada.

2.14.

Mediante la participación de los empresarios y la asunción de problemas nuevos y más complejos resulta evidente para los jóvenes que las matemáticas, las tecnologías informáticas, la física y la química son necesarias para resolver los problemas a que se enfrenta la sociedad y constituyen la clave de nuevas soluciones innovadoras en el ámbito de la medicina, la asistencia sanitaria, el transporte, la contaminación o el ahorro de energía.

2.15.

Esta clase de cooperación debe surgir a escala local, pero las mejores prácticas y la experiencia deben compartirse a escala europea. Ello contribuiría a la creación de puestos de trabajo y oportunidades de carrera para los ingenieros y podría ayudar a hacer estas materias más vivas y pertinentes para las nuevas generaciones.

2.16.

Al mismo tiempo, teniendo en cuenta los progresos paralelos que se alcanzan en toda una serie de disciplinas y las aplicaciones prácticas de carácter multidisciplinario, son necesarias medidas que, garantizando la calidad y la eficacia, introduzcan itinerarios educativos que integren en la enseñanza secundaria y en la universidad otras materias como la psicología social y la gestión en equipo de recursos humanos, el estímulo de procesos creativos, la nanotecnología, la ingeniería biomédica, la historia de la técnica, la geografía económica, etcétera.

2.17.

Un proceso de acreditación de los programas de enseñanza es una de las maneras en que estas profesiones pueden garantizar su conformidad con las normas. El proceso de garantía de la calidad exige el establecimiento de normas de referencia y de evaluaciones de conformidad con el marco europeo y los marcos nacionales de cualificaciones profesionales.

2.18.

La acreditación externa y la garantía de la calidad interna son dos procesos muy importantes para salvaguardar la calidad de la formación en ingeniería.

3.1.1.

El CESE reconoce al mismo tiempo la necesidad de contar con un marco europeo que impulse la profesión y reúna las siguientes características:

3.2.1.

El CESE considera que un alto nivel de formación y cualificación en ingeniería es un requisito previo para lograr un sistema de reconocimiento mutuo eficaz: rebajar el nivel educativo para incrementar la movilidad entrañaría el riesgo de reducir la confianza mutua en una UE basada en el conocimiento con capacidad para afrontar los nuevos retos de la ingeniería.

3.2.2.

En opinión del CESE, es preciso desarrollar un enfoque articulado común —tarjeta profesional europea (6)— lo que presupone una mayor convergencia de los itinerarios de formación, la adopción de un régimen reglamentario de la UE, facultativo y en paralelo, para una tarjeta profesional de la UE voluntaria y el establecimiento de un marco común de formación y de sistemas de convalidación de cualificaciones adquiridas de manera formal o informal.

3.2.3.

El CESE recomienda que se apliquen medidas concretas para revitalizar las profesiones de ingeniero y técnico, como principales protagonistas de la rápida transposición de la investigación en aplicaciones comerciales y soluciones de los problemas de la sociedad. En particular, el CESE solicita que se refuerce específicamente para los ingenieros la iniciativa «Erasmus para Jóvenes Emprendedores» (EYE) y los mecanismos de microcrédito y que se convoque un premio de la UE para el ingeniero creativo, a fin de dar a la profesión la oportunidad de adquirir más visibilidad e incentivar la concepción de ideas y proyectos de ingeniería de excelencia.

3.3.1.

Dada la velocidad del progreso tecnológico, el CESE considera importante que Europa apoye el desarrollo de módulos formativos en asociación con la industria, para la obtención de elevados niveles de competencias específicas y el desarrollo del aprendizaje colaborativo y de proyectos de aprendizaje basado en la práctica para una mejor comunicación interpersonal, así como módulos en línea de tecnología digital y redes de comunicación para recopilar y evaluar la información.

3.3.2.

Hay que desarrollar —con ayuda de la reglamentación de la UE— normas globales de validación de las capacidades de liderazgo y asunción de riesgos adquiridas en el aprendizaje no formal (7).

3.3.3.

La valorización de las competencias de las nuevas generaciones: la «generación conectada» requiere un nuevo enfoque de las estructuras de producción, organización, comunicación y liderazgo.

3.4.1.

El CESE considera que debería subrayarse y valorizarse en mayor medida el papel clave que corresponde a los ingenieros y profesionales técnicos a la hora de abordar los problemas que los retos de la reindustrialización plantean a la sociedad europea, e insta a que se ponga en marcha un ejercicio de prospectiva participativa —con la participación de los agentes del desarrollo, las administraciones, los responsables políticos y las partes interesadas— que determine y destaque los futuros perfiles necesarios a la profesión, en términos de solución de los problemas, rápida adquisición y aplicación de las nuevas tecnologías.

3.4.2.

A este respecto, debería otorgarse un papel específico a los ingenieros para que certifiquen este proceso de reindustrialización en lo que concierne a su sostenibilidad económica, social y medioambiental, a fin de lograr una transición gradual hacia una economía circular «que incluya la reelaboración y el nuevo consumo» (8).

3.5.1.

El CESE considera que los ingenieros y técnicos europeos constituyen un recurso clave en el proceso de reindustrialización como factor para acelerar la transformación de la investigación en aplicaciones innovadoras comerciales y resolver problemas complejos de la transición hacia una economía social de mercado sostenible, sana y competitiva; que este recurso debe poder acceder a soluciones innovadoras que premien la calidad y no solo la rentabilidad, y contar con su apoyo, y que fomenten todas las formas de colaboración en red y en agrupaciones mediante políticas y programas de la UE, empezando por:

4.1.

La UE se enfrenta a retos importantes que constituyen otros tantos desafíos para los ingenieros europeos:

4.2.

En opinión del CESE, la nueva «generación conectada» de ingenieros debería adquirir mayores niveles de cualificación y competencias formales e informales, puesto que los niveles más simples de resolución de problemas serán confiados a sistemas digitales autónomos, y desarrollar capacidades interdisciplinarias y flexibilidad para gestionar problemas complejos.

4.3.

Las organizaciones en las que trabajen ingenieros deberían desarrollar, sobre la base del marco europeo de cualificaciones profesionales, módulos de formación digitales y sistemas con modalidades de gobernanza adaptadas a las características de los nuevos ingenieros, que refuercen los valores y la misión empresarial compartidos, facilitando entornos y carreras atractivos.

4.4.

A juicio del CESE, las organizaciones representativas y las asociaciones profesionales de ingenieros deberían encontrar más espacios de convergencia, en el ámbito europeo, con el fin de poder asumir un papel más activo tanto dentro como fuera de la UE, que permitiera crear un mercado único del ingeniero europeo.

4.5.

El CESE recomienda que se adopten medidas concretas para constituir el Foro Europeo de las Profesiones Liberales, en cuyo ámbito estén ampliamente representados los colegios, organizaciones o asociaciones profesiones (9) de los ingenieros independientes y las pymes de ingeniería, y pide la creación de un portal del ingeniero europeo que facilite un espacio interactivo para abordar problemáticas importantes como la gestión de la responsabilidad, la protección de la propiedad intelectual, los sistemas de fiscalidad y los regímenes de pensiones.

24.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 71/27

Ponente:

Egbert BIERMANN

Coponente:

Tautvydas MISIŪNAS

1.1.

El CESE apoya las iniciativas para diseñar una política industrial europea, en especial para promover las tecnologías clave, lo que significa mejorar la competitividad europea. Cuando Europa habla con una sola voz a nivel internacional se refuerza su papel en el diálogo mundial. La capacidad de innovación de los nanomateriales y la nanotecnología —en especial en la industria química— contribuye sustancialmente a ese fin.

1.2.

Una iniciativa para promover la nanotecnología puede por tanto ser la base para seguir desarrollando conjuntamente la política industrial europea. La investigación y el desarrollo son dos áreas tan complejas que no pueden dejarse solo en manos de empresas individuales o instituciones. Esto requiere una cooperación integrada entre universidades, instituciones científicas, empresas y viveros de empresas. Un elemento positivo para este fin son los centros de investigación como los que se han establecido, por ejemplo, en el sector químico y farmacéutico. Es preciso garantizar una integración de las pymes.

1.3.

Para la nanotecnología es preciso seguir desarrollando polos de excelencia europeos (nanoclústeres). Es necesario vincular los centros de competencias de los ámbitos de la economía, la ciencia, la política y la sociedad, a fin de promover la transferencia de tecnología y la colaboración digital y personal, la mejora de la evaluación del riesgo, un análisis específico del ciclo de vida o la seguridad de los nanoproductos.

Los instrumentos financieros del programa marco de investigación Horizonte 2020 en materia de nanotecnología deben configurarse de forma más sencilla y flexible, sobre todo para las pymes. Deben reforzarse los programas de financiación públicos y fomentarse la movilización de financiación privada.

1.4.

Para incorporar de manera más eficaz la nanotecnología multidisciplinar a los sistemas de educación y formación continua debería involucrarse a científicos y técnicos especializados de los campos de la química, biología, ingeniería, medicina o ciencias sociales. Las empresas deben responder a las necesidades crecientes de cualificación de sus empleados con medidas de educación y formación continua. Los trabajadores deben participar con su experiencia y su competencia.

1.5.

El proceso de normalización de la UE debe seguir fomentándose. Las normas desempeñan un papel esencial en el cumplimiento de la legislación, especialmente cuando se requiere un certificado de riesgo para la seguridad de los empleados. Por lo tanto, es preciso elaborar materiales de referencia certificados a fin de testar procedimientos que midan las características de los nanomateriales.

1.6.

Los consumidores deben estar plenamente informados en relación con los nanomateriales. Es indispensable la promoción social de la aceptación de estas tecnologías clave. Debe existir un diálogo regular entre los consumidores, las organizaciones ecologistas, la comunidad empresarial y los responsables políticos. Para ello se deben desarrollar plataformas de información e instrumentos de aceptación a nivel europeo.

1.7.

El CESE espera que la Comisión Europea establezca un observatorio de los nanomateriales que se encargue de registrar y evaluar sus procesos de desarrollo y aplicaciones, la gestión de residuos y la valoración (reciclaje). Debe observar y evaluar los efectos en el empleo y el mercado de trabajo y describir las consecuencias que deben extraerse a nivel político, económico y social. Antes del año 2020 debería presentarse un informe actualizado sobre nanomateriales y nanotecnología en Europa, que exponga las líneas de desarrollo posibles hasta 2030.

2.1.

La Comisión Europea ha emprendido, tanto en el pasado como en la actualidad, numerosas iniciativas para promover la innovación y las tecnologías clave con el objetivo de aumentar la competitividad. Son ejemplo de ello las comunicaciones de la Comisión sobre una «Estrategia común en la UE para las tecnologías facilitadoras esenciales» (2009 y 2012) y la Comunicación «Investigación e innovación» de 2014. En varios dictámenes del CESE (1) se ha otorgado una particular importancia a las nanotecnologías.

2.2.

Con la adopción del plan Juncker en 2014, la política industrial de la UE adquiere una importancia especial y, con ella, también la promoción de tecnologías innovadoras. Las tecnologías preferentes formuladas demuestran que una política industrial europea competitiva debe centrarse estratégicamente en tecnologías y materiales orientados al futuro. Esto es especialmente importante para la industria química y farmacéutica.

2.3.

La industria química y farmacéutica europea es un motor de innovación para otros sectores. En el desarrollo de nuevos productos, la nanotecnología desempeña un papel esencial. Esto aumenta la competitividad de este sector y contribuye al desarrollo sostenible de la industria.

2.4.

En la actualidad, los nanomateriales están presentes en muchos productos de la vida diaria (por ejemplo, las prendas deportivas, los cosméticos o los revestimientos). Pero también permiten hacer innovaciones en nuevos productos y procesos (como la tecnología energética y medioambiental, la ingeniería médica, la óptica, el desarrollo y fabricación de microprocesadores, la protección de datos técnicos, la industria de la construcción, así como productos como los barnices y pinturas, los medicamentos o los productos de ingeniería médica).

2.5.

Debido a su pequeño tamaño, los nanomateriales pueden presentar nuevas propiedades ópticas, magnéticas, mecánicas, químicas y biológicas. Con ellos se pueden desarrollar productos innovadores con nuevas funciones y cualidades especiales.

2.6.

Los «nanomateriales» son, según una de las recomendaciones adoptadas por la Comisión Europea, materiales cuyos constituyentes principales tienen una dimensión de entre 1 y 100 milmillonésimas partes de un metro. Esta definición constituye un avance importante, ya que describe con claridad qué materiales deben considerarse nanomateriales y posibilita la elección del procedimiento de ensayo más apropiado (2).

2.7.

La nanotecnología ofrece un gran potencial de crecimiento. Los expertos calculan, para el período comprendido entre 2006 y 2021, un aumento de 8 000 millones de dólares a 119 000 millones anuales (3).

3.1.

El espectro de la nanotecnología en la industria química es enorme. Cabe señalar que gran parte de los conceptos subordinados con el prefijo «nano» no son nuevos, aunque la palabra «nanotecnología» sí que suene a novedad. Las vidrieras de las iglesias que se construyeron durante la Edad Media incluían nanopartículas de oro. Lo realmente nuevo en nanotecnología, tal como la entendemos hoy, es que se conoce mejor su modo de acción.

3.2.

La nanotecnología ofrece muchos campos de aplicación para la medicina. El deseo de transportar un ingrediente activo hasta el tejido enfermo es tan antiguo como la fabricación de medicamentos y surge del hecho de que muchos fármacos provocan graves efectos secundarios. Dichas reacciones adversas a menudo son consecuencia de una distribución no específica de los fármacos en el organismo. El desarrollo de sistemas de transporte de fármacos a escala nanométrica permite enriquecer los tejidos enfermos de forma selectiva con fármacos y, de este modo, reducir los efectos secundarios.

3.3.

Existen desarrollos nanotecnológicos en el ámbito de las ciencias biológicas, como por ejemplo los «biochips» para pruebas, con ayuda de los cuales se pueden detectar y tratar en una etapa temprana enfermedades como el Alzheimer, el cáncer, la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide (5). Los medios de contraste basados en las nanopartículas consiguen unir las células enfermas y permiten un diagnóstico mucho más rápido y preciso. Los nanogeles aceleran la regeneración del tejido cartilaginoso. Las nanopartículas que pueden superar la barrera hematoencefálica contribuyen, por ejemplo, al tratamiento dirigido a tumores cerebrales (6).

3.4.

En las membranas artificiales, pequeños poros de alrededor de 20 nanómetros sirven para filtrar gérmenes, bacterias y virus presentes en el agua. La llamada ultrafiltración se utiliza tanto para la purificación del agua potable como para la depuración de las aguas residuales procedentes de procesos de producción industriales.

3.5.

En un futuro cercano, la nanotecnología aumentará de forma decisiva el rendimiento de las células solares. Mediante nuevos revestimientos superficiales se puede incrementar la obtención de energía y conseguir una eficiencia energética mucho mayor.

3.6.

Ya sea como aditivo en plásticos, metales u otros materiales, los denominados nanotubos pueden dotar de nuevas propiedades a los tubos nanométricos de carbono o grafeno. Mejoran, por ejemplo, la conductividad, incrementan la resistencia mecánica o promueven la construcción ligera.

3.7.

También el aprovechamiento de las instalaciones eólicas puede ser más eficiente con la nanotecnología. Los nuevos materiales consiguen que los aerogeneradores sean más ligeros y que se reduzcan así los costes eléctricos, al tiempo que se consigue una construcción óptima de las instalaciones eólicas.

3.8.

Cerca del 20 % del consumo energético mundial se destina a la iluminación. Dado que la investigación en nanotecnología incluye las bombillas de bajo consumo, que necesitan mucha menos energía eléctrica, se prevé una reducción de más un tercio. Y gracias a las baterías de iones de litio, que no serían posibles sin la nanotecnología, el automóvil eléctrico es viable por vez primera.

3.9.

El hormigón es uno de los materiales de construcción más extendido. Gracias a las nanopartículas de cristal de calcio se pueden conseguir piezas de hormigón prefabricadas de la mejor calidad en un tiempo muy reducido, y con muy poco consumo de energía.

3.10.

La industria automovilística ya está trabajando con nanorrevestimientos que poseen propiedades especiales. Estos avances también son aplicables a otros sectores de transporte, como el aeronáutico o el naval.

4.1.

Los factores de competitividad en el mercado mundial están en constante evolución. Algunos se planifican, otros en cambio surgen de manera imprevista. Para asegurar la continuidad de estas evoluciones se adoptan planes de acción. Por este motivo se acordó en 2010 la Estrategia Europa 2020, que tiene como objetivo conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador con una mayor coordinación de las medidas de carácter transeuropeo. De este modo puede ganarse la «batalla por la innovación» que se ha desencadenado abiertamente, y que afecta a la investigación y el desarrollo, la protección de las patentes y también de los centros de producción y los puestos de trabajo.

4.2.

La industria química es uno de los sectores industriales que ha logrado el mayor éxito en la UE, con una facturación de 527 000 millones EUR en 2013, lo que la sitúa en la segunda posición a nivel mundial. A pesar de esta fortaleza, la situación actual sigue causando preocupación. Tras un cambio de tendencia coyuntural, la producción lleva estancada desde principios de 2011. La cuota europea en la producción y exportaciones a nivel mundial lleva reduciéndose durante un largo período de tiempo (7).

4.3.

En 2012 la industria química invirtió en la UE unos 9 000 millones EUR en investigación, y desde 2010 la inversión está estancada en esa cifra. Por el contrario, la investigación y desarrollo en nanotecnología en países como Estados Unidos, China, incluso en Japón y Arabia Saudí, tiene cada vez mayor protagonismo y, por lo tanto, su competitividad también se verá beneficiada.

5.1.

Una economía respetuosa con el medio ambiente constituye un factor importante para la competitividad de la política industrial europea, tanto en lo que respecta al mercado único como al mercado mundial.

5.2.

Los nanomateriales, en su condición de materias primas, intermedias o productos finales, aportan una importante contribución a la mejora de la eficiencia en materia de transformación energética y reducción del consumo de energía. La nanotecnología ofrece una perspectiva de reducción de las emisiones de CO2  (8), y con ello contribuye a mitigar el cambio climático.

5.3.

El Estado federado de Hesse ha publicado un estudio que pone de relieve el potencial innovador de la nanotecnología para la protección medioambiental (9), por ejemplo, para el tratamiento y purificación del agua, la gestión de residuos, la eficiencia energética y el control de la calidad del aire. De este estudio se desprende que ello repercute en un mayor volumen de pedidos para las pymes. La industria química investiga y desarrolla las bases, materias primas y productos finales correspondientes.

5.4.

Los componentes medioambientales, como parte del concepto de sostenibilidad, deben integrarse en las estrategias de las empresas, incluidas las de las pymes. Los trabajadores deben integrarse de forma activa en estos procesos.

5.5.

El principio de precaución es un elemento esencial de la política medioambiental y sanitaria en Europa. Los perjuicios y amenazas para el medio ambiente o la salud de las personas deben reducirse al mínimo de forma preventiva. Sin embargo, es necesario salvaguardar la proporcionalidad de los costes, los resultados y el esfuerzo realizado en la aplicación de las medidas de prevención, en particular, para la protección de las pymes.

6.1.

El potencial de empleo que ofrece la nanotecnología en la industria química ocupa un lugar destacado a nivel mundial. La cifra de puestos de trabajo en el sector de la nanotecnología se puede calcular hoy en día en la Unión Europea entre los 300 000 y 400 000 (10).

6.2.

Además de este crecimiento, hay que tener también en cuenta los riesgos derivados de la destrucción de empleo, la deslocalización de los centros de producción o la evolución de las cualificaciones profesionales.

6.3.

Se trata, por un lado, del número de empleos y, por otro, de la calidad del empleo. En los «sectores de la nanotecnología» de las distintas empresas, no solo de la industria química, los puestos de trabajo que se crean son, por lo general, puestos bien remunerados para trabajadores cualificados (11).

6.4.

De ahí que exista una gran demanda de formación y reciclaje dentro de las empresas. Surgen nuevas formas de cooperación. La cooperación social es un factor innovador en el sentido de que debe tener lugar un constante diálogo, por ejemplo, sobre organización laboral, protección sanitaria y formación continua. En la industria química alemana existen amplios acuerdos de colaboración entre los interlocutores sociales (12).

7.1.

Hoy en día, la Comisión Europea destina al año entre 20 y 30 millones EUR a la investigación de la seguridad en la nanotecnología. Además, cada año los Estados miembros aportan aproximadamente 70 millones EUR (13). Se trata de un marco razonable y adecuado.

7.2.

Es preciso coordinar un programa integral a largo plazo de investigación pública y privada a nivel europeo, a fin de hacer extensivos los conocimientos sobre nanomateriales, sus características, las oportunidades y los riesgos que implican para la salud de los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente.

7.3.

Muchas empresas químicas han tomado diferentes medidas en lo que se refiere a la gestión del riesgo a fin de poner en práctica con responsabilidad una protección laboral y una seguridad de los productos sostenibles. A menudo esto tiene lugar al amparo de la iniciativa establecida a nivel mundial por parte de la industria química «Responsible Care» (14). Existen iniciativas similares en otros sectores.

7.4.

La responsabilidad con respecto a los productos se aplica desde la fase de investigación hasta la de eliminación. En la fase de desarrollo, las empresas estudian la manera de fabricar y utilizar de manera segura sus nuevos productos. Estas investigaciones deben finalizar —y deben presentarse observaciones sobre la seguridad de utilización de los productos— antes de su comercialización. Además, las empresas deben indicar las modalidades apropiadas de eliminación de sus productos.

7.5.

En sus intervenciones sobre la seguridad de los nanomateriales, la Comisión Europea destaca que estudios científicos han demostrado que los nanomateriales se pueden considerar en esencia «sustancias químicas normales» (15). El conocimiento sobre las propiedades de los nanomateriales está en constante crecimiento. Se pueden aplicar los métodos disponibles actualmente para la valoración de riesgos.

7.6.

La Comisión Europea considera que REACH (16) es el mejor marco para la gestión del riesgo que entrañan los nanomateriales. Para la gestión de los nanomateriales sería necesario incluir aclaraciones y precisiones en los anexos del Reglamento y las directrices REACH de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, aunque no sería necesario incluirlas en el texto principal del Reglamento (17).

7.7.

En la industria farmacéutica, las prácticas correctas de fabricación desempeñan una función principal en la transformación de nanomateriales. Dichas prácticas incluyen directivas para garantizar la calidad del proceso de producción de medicamentos y fármacos.

7.8.

Por supuesto, los consumidores deben estar informados. Un ejemplo positivo de ello son las conversaciones que mantienen las grandes empresas químicas en materia de nanotecnología (18). Estos diálogos tienen por objetivo informar, suscitar la adhesión del público y detectar los peligros. Con el fin de que la información sobre nanomateriales sea más accesible, la Comisión Europea lanzó a finales de 2013 una plataforma web (19). Contiene indicaciones sobre todas las fuentes de información disponibles, que incluyen registros nacionales o relacionados con la industria.

8.1.

La existencia de un entorno positivo en materia de investigación e innovación es un factor esencial para la competitividad. Se trata de innovaciones de productos y procesos, así como de renovaciones sociales. La importancia de la nanotecnología merece un mayor reconocimiento y apoyo en las prioridades de la UE, así como en sus programas de investigación y de ayudas regionales.

8.2.

La investigación y el desarrollo deben asumir un papel clave en la UE. Es importante conseguir que las empresas emergentes y consolidadas, las universidades y los organismos dedicados a la investigación tanto aplicada como fundamental, se conecten en redes, cooperen y se agrupen como clústeres a nivel europeo. De este modo se puede generar un potencial de innovación eficaz. Deben establecerse centros en puntos geográficos clave con el fin de mejorar al máximo la colaboración total entre las diversas empresas.

8.3.

La formación y el reciclaje profesional son un factor clave para los procedimientos altamente innovadores como la nanotecnología. La combinación de trabajadores especializados y licenciados universitarios ha demostrado tener los mayores efectos de innovación allí donde se favorece el intercambio de conocimientos entre los distintos tipos de titulaciones, mediante medidas organizativas o de gestión de personal complementarias como el trabajo en equipo, la rotación de puestos de trabajo y la delegación de decisiones. La batalla mundial por la innovación también lleva consigo la competencia para conseguir los profesionales mejor cualificados. Corresponde al sector económico y a los responsables políticos desarrollar sistemas de incentivos adecuados.

8.4.

Una mayor flexibilidad en relación con la organización de la investigación y menos requisitos y cargas burocráticas favorecerían la competitividad. Los medicamentos, la ingeniería médica, los revestimientos superficiales y la ingeniería medioambiental tienen una gran importancia para las exportaciones europeas y para el mercado interior. En especial, la orientación al mercado único con prioridades regionales ofrece una amplia variedad de oportunidades para las pymes.

8.5.

Los costes del factor trabajo no deben considerarse únicamente como costes salariales. Los cálculos deben integrar también los costes de gestión (por ejemplo, para las actividades de control y de garantía de la calidad).

8.6.

Los costes energéticos son un factor relevante para la competitividad de la industria química, un sector con un gran consumo de energía. Los precios energéticos competitivos y un suministro energético estable en la UE son requisitos necesarios para conseguir que las empresas sean competitivas, en especial las pymes.

24.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 71/33

Ponente:

Sra. Reine-Claude MADER

1.1.

EL CESE valora positivamente las diferentes iniciativas emprendidas por la Comisión para promover una competencia leal que proteja los intereses de los agentes económicos (empresas, consumidores, trabajadores).

1.2.

El CESE apoya las acciones llevadas a cabo por la Comisión para garantizar el cumplimiento de las normas sobre competencia, en particular las emprendidas contra las prácticas anticompetitivas, como por ejemplo los abusos de posición dominante que ponen trabas al desarrollo económico de la UE y, concretamente, de las pymes, que desempeñan un papel fundamental respecto del crecimiento y el empleo, así como de las empresas de la economía social que aportan cohesión social.

1.3.

Lamenta, sin embargo, que una vez más la Comisión no haya adoptado un verdadero mecanismo judicial de acciones colectivas a fin de satisfacer efectivamente los derechos de indemnización de las víctimas de prácticas contrarias a la competencia.

1.4.

Acoge favorablemente el trabajo realizado por la Comisión para que las normas se conozcan y sean transparentes, lo que permite ofrecer una estabilidad a las empresas y, por consiguiente, al mercado. A ese respecto, quiere subrayar que las prácticas del sector de la distribución merecen una atención constante.

1.5.

El CESE se congratula por el impulso que la Comisión ha dado a la cooperación con las autoridades nacionales de competencia (ANC), que pueden desempeñar un papel decisivo especialmente en cuestiones de prevención y desarrollo de programas de concienciación sobre el derecho de la competencia. Considera que, para ello, estas autoridades deben disponer de los medios necesarios.

1.6.

Habida cuenta de la globalización de los intercambios, esta cooperación debe desplegarse a nivel internacional para que Europa no se vea afectada por la competencia desleal.

1.7.

El CESE desea que el diálogo entre las diferentes instituciones europeas (PE, CESE, Comité de las Regiones Europeo) se consolide y se intensifique.

1.8.

El CESE respalda las mejoras aplicadas a las normas sobre ayudas estatales que se han adaptado para apoyar a las empresas innovadoras, especialmente las del sector digital, que ofrecen unas perspectivas muy interesantes en términos de desarrollo económico y creación de empleo, al servicio de los consumidores y de las empresas.

1.9.

Consciente de las limitaciones de la Comisión a la hora de intervenir en la optimización fiscal, el CESE desea que la Comisión prosiga sus esfuerzos para poner remedio a las distorsiones de tipo fiscal y social, reducirlas o eliminarlas en la medida de sus posibilidades, y procurar que esta actuación no acarree un empeoramiento de la situación.

1.10.

El CESE considera que hay que prestar mucha atención al mercado de la energía. Está a favor de la creación de una Unión Europea de la Energía para garantizar la seguridad del abastecimiento y del suministro energético con una tarifa asequible en todo el territorio.

1.11.

Por otra parte, concede importancia a las medidas que contribuyen al ahorro de energía, a la mejora de la eficacia energética y al desarrollo de las energías renovables.

1.12.

Considera que la apertura del mercado de la energía debe beneficiar a los consumidores particulares que carecen de una capacidad real de negociación.

1.13.

El CESE desea que se hagan todos los esfuerzos necesarios para garantizar el libre acceso a la tecnología digital con el fin de permitir el desarrollo económico de las zonas rurales. Este objetivo justifica la complementariedad de las inversiones privadas y las ayudas públicas.

1.14.

El CESE invita a la Comisión a seguir prestando especial atención a la oferta de servicios financieros para que la economía real pueda financiarse y los consumidores puedan seguir beneficiándose de las mejores condiciones en cuanto a los servicios que utilizan.

1.15.

Por último, el CESE recuerda que el seguimiento y la evaluación de las acciones políticas emprendidas son imprescindibles.

2.1.

Este informe anual se centra básicamente en el mercado único digital, la política energética y los servicios financieros. El informe menciona también las cuestiones relacionadas con la mejora de la competitividad de la industria europea, el control de las ayudas estatales, el impulso de una cultura de la competencia en la UE y fuera de ella, y el diálogo interinstitucional.

2.2.

Pone de relieve la economía digital, que se considera un factor que podría estimular la innovación y el crecimiento de los sectores de la energía, el transporte, los servicios públicos, la sanidad y la educación. Para conseguirlo, se han utilizado todas las herramientas del derecho de la competencia con el objetivo de apoyar el desarrollo y la modernización de las infraestructuras, como las redes de banda ancha, llamadas de «nueva generación», mediante ayudas estatales, sin perjuicio del principio de neutralidad tecnológica.

2.3.

El mercado de los dispositivos móviles inteligentes evoluciona a gran velocidad, como ha demostrado la adquisición de WhatsApp por Facebook al finalizar la primera fase del examen de la concentración, autorizada sin condiciones por la Comisión Europea de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1) sobre el control de las concentraciones (2).

2.4.

El año 2014 permitió nuevamente constatar que la aplicación del derecho de la competencia en el sector digital se caracteriza por una compleja relación y un equilibrio necesario con el respeto de los derechos de la propiedad intelectual que se derivan de una patente, como demuestran las decisiones de Samsung y Motorola (3), o de un derecho de autor, como prueba la incoación de un procedimiento formal contra varios estudios de producción americanos y organismos europeos de radiodifusión televisiva de pago en el asunto sobre el denominado «acceso transfronterizo a contenidos de televisión de pago» (4).

2.5.

El informe menciona a continuación al sector de la energía subrayando la necesidad de reformar la política energética europea. La Comisión tiene la intención de respaldar las inversiones en las infraestructuras enmarcando las ayudas estatales y simplificando su ejecución. De hecho, el nuevo Reglamento General de Exención por Categorías prevé que, en determinadas condiciones, la autorización previa de la Comisión deje de ser necesaria (5) en el caso de las ayudas para las infraestructuras energéticas, las ayudas para el fomento de la eficacia energética de los edificios y el apoyo para la producción de energías renovables, la descontaminación de los lugares contaminados y el reciclaje.

2.6.

En cambio, las ayudas para la energía nuclear no están incluidas en las nuevas directrices. Estas siguen siendo objeto de examen por parte de los servicios de la Comisión a la luz del artículo 107 del TFUE, como fue el caso del proyecto británico destinado a subvencionar la construcción y la explotación de una nueva central nuclear en Hinkley Point (6).

2.7.

En conclusión, la política de competencia se ha utilizado como un instrumento destinado a hacer bajar los precios de la energía mediante la represión de comportamientos abusivos o de las prácticas colusorias de operadores como EPEX Spot y Nord Pool Spot (NPS) (7) y OPCOM en Rumanía, donde este último había abusado de su posición dominante (8), o incluso Bulgarian Energy Holding (BEH) en Bulgaria (9), y Gazprom a propósito del abastecimiento de gas a Europa Central y Oriental (10).

2.8.

Asimismo, en 2014 la política de competencia también intentó mejorar la transparencia del sector financiero y respaldar la mejora de la regulación y la supervisión del sector bancario.

2.9.

Así, la Comisión recurrió al control de las ayudas estatales concedidas en Grecia, Chipre, Portugal, Irlanda y España, asegurándose al mismo tiempo de que los bancos de desarrollo no falsearan la competencia (11).

2.10.

Demandó en dos ocasiones a los bancos RBS y JP Morgan por haber participado, por una parte, en un cártel bilateral ilícito para influir en el tipo de interés de referencia Libor del franco suizo y, por otro lado, en un cártel con USB y Crédit Suisse, relativo al diferencial entre los precios de compra y venta de los productos derivados sobre tipos de interés del franco suizo en el EEE (Espacio Económico Europeo) (12). La Comisión les impuso una multa de 32,3 millones EUR (13).

2.11.

En conclusión, la Comisión sigue persiguiendo las prácticas comerciales anticompetitivas fundadas en las tasas multilaterales del intercambio aplicadas por Visa Europe, Visa Inc., Visa International y MasterCard: por una parte dotó de carácter vinculante a los compromisos propuestos por Visa Europa y, por otra parte, demandó a Visa Inc. y Visa International por las tasas interbancarias internacionales.

2.12.

El informe también describe los esfuerzos realizados por la Comisión para estimular la competitividad de las empresas europeas y, en particular, de las pymes, favoreciendo su acceso a la financiación en su fase de desarrollo (14), y apoyando la investigación y la innovación mediante un nuevo marco sobre ayudas que instaura una exención por categorías (15).

2.13.

Las pymes son, asimismo, las primeras beneficiarias de la revisión de la Comunicación de minimis, que les proporciona indicaciones para evaluar si sus acuerdos entran o no en el ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE, que prohíbe los acuerdos ilícitos entre empresas (16).

2.14.

En 2014, la Comisión prestó también especial atención al aprovechamiento por determinadas empresas de la divergencia existente entre los regímenes fiscales de determinados Estados miembros para reducir su base imponible; además, ha emprendido investigaciones formales contra Apple en Irlanda, Starbucks en los Países Bajos y Fiat Finance & Trade en Luxemburgo.

2.15.

El año transcurrido marca sobre todo el período de diez años de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1/2003 y la revisión del Reglamento sobre el control de las concentraciones (17). En este sentido, el Informe indica que se acogerán con satisfacción todos los progresos relativos a la independencia de las autoridades de competencia y al dispositivo que les permita perseguir y sancionar las prácticas ilícitas. Insiste también en la necesidad de racionalizar en mayor medida el control de las concentraciones.

2.16.

La Comisión señala asimismo que uno de los principales logros en el ámbito de la política de competencia en 2014 fue la adopción de la Directiva relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia, que entró en vigor en 2014, por considerar que, gracias a dicha Directiva, a los ciudadanos y las empresas europeos les será más fácil obtener una compensación efectiva por los perjuicios causados por infracciones en materia de competencia, tales como cárteles y abusos de posición dominante en el mercado.

3.1.

El CESE respalda la política de desarrollo digital, así como las iniciativas adoptadas para estimular la innovación y el crecimiento. Considera que la banda ancha debe ser accesible en todo el conjunto del territorio de la UE, para lo que podría ser necesario recurrir a las ayudas estatales combinadas con financiación complementaria por parte de la UE. A este respecto, las Directrices para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha deberían ser de utilidad (18).

3.2.

Por otra parte, no puede existir un mercado digital sin una red de banda ancha en el conjunto del territorio. Los objetivos de la Comisión son más modestos, teniendo en cuenta lo poco atractivas que resultan para los operadores privados determinadas zonas, en especial, las zonas rurales cuyo desarrollo económico hay que apoyar.

3.3.

EL CESE apoya a la Comisión en su voluntad de sancionar el incumplimiento de las normas de la competencia; considera que el importe de las sanciones debe ser disuasorio y que las sanciones deberían incrementarse en caso de reincidencia. Además, deberá explicarse la política de competencia, también en las empresas, con el objetivo de prevenir los comportamientos contrarios a la competencia.

3.4.

El CESE constata, al igual que la Comisión, que el número de usuarios de dispositivos móviles inteligentes está en aumento. En este caso, la innovación es crucial, pero deben establecerse unas «reglas del juego» abiertas y transparentes para los operadores. Considera que la omnipresencia de los grandes grupos internacionales, como Google, por citar solo uno, supone un riesgo de abuso de posición dominante y que es importante garantizar el respecto de las normas en vigor para permitir la entrada de nuevos operadores en el mercado.

3.5.

Además, considera que los titulares de patentes deben proponer acuerdos de licencia de patentes con arreglo a condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

3.6.

El Comité apoya la adaptación del marco legislativo de los derechos de autor a la era digital (19): debe «ir acorde a su tiempo», como bien subraya la Comisión.

3.7.

En cuanto al funcionamiento de los mercados de la energía, el CESE considera que el desarrollo de la economía no puede lograrse sin una política energética común. Acoge con satisfacción la voluntad expresada por la Comisión de crear una Unión Europea de la Energía.

3.8.

Cree que dicha Unión resultará beneficiosa tanto para las empresas como para los consumidores, que también deben poder beneficiarse de unos precios razonables y de la seguridad del abastecimiento.

3.9.

El Comité está de acuerdo con la vigilancia que presta la Comisión al mercado de la energía para lograr una competencia real y con las iniciativas adoptadas para la eliminación de los obstáculos a la competencia en dichos mercados no regulados. Desea que la Comisión movilice todos los medios a su alcance para evitar fallos de funcionamiento que tengan repercusiones en la economía.

3.10.

Por último, otorga especial importancia a las medidas que contribuyan al ahorro energético, a la mejora de la eficiencia energética y al desarrollo de las energías renovables y las bioenergías.

3.11.

El CESE desea que todo el sector financiero sea más ético y transparente, y que fomente el crecimiento.

3.12.

Se congratula de que el control de las ayudas estatales haya contribuido a la coherencia de las medidas adoptadas para remediar las dificultades financieras y a limitar las distorsiones de la competencia, reduciéndose al mínimo indispensable el recurso del dinero del contribuyente. Señala que el control de las ayudas estatales ha permitido limitar determinadas distorsiones de la competencia en el mercado, en el contexto del refuerzo y de la puesta en práctica de los mecanismos de vigilancia.

3.13.

Pone de relieve las medidas de la Comisión destinadas a reducir los costes de utilización de las tarjetas de crédito que dieron lugar a una reducción de entre el 30 % y el 40 % de los costes de las operaciones en el mercado único.

3.14.

El objetivo anunciado de promover el crecimiento económico es una necesidad absoluta y podría verse respaldado por la política de ayudas a la innovación que se recoge en el «Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación».

3.15.

En anteriores dictámenes, el CESE acogió con satisfacción la iniciativa de la Comisión para modernizar las ayudas estatales y consideró que las nuevas directrices (20) resultan más adecuadas a las necesidades de los Estados miembros y a las realidades del mercado. Considera que el refuerzo de la transparencia permitirá comprender mejor la asignación de las ayudas estatales. La supervisión de la Comisión permitirá asegurarse de que las ayudas se otorgan con arreglo a las normas establecidas. Por último, la evaluación permitirá a los Estados miembros asegurarse del buen uso de las ayudas concedidas.

3.16.

La Comunicación de la Comisión sobre las condiciones que deben reunirse para promover la realización de proyectos europeos, junto con el anuncio de la creación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, deberá contribuir a alcanzar este objetivo.

3.17.

Además, el CESE se congratula de que se reconozca la necesidad de conceder ayudas estatales para el rescate y la reestructuración de las empresas que tengan dificultades pero que resulten viables. Apoya las acciones dirigidas a poner fin a los cárteles ilícitos que perjudican al desarrollo, especialmente de las pymes creadoras de empleo, y que repercuten sobre el empleo y los precios.

3.18.

El Comité observa que las grandes empresas siguen practicando la elusión fiscal aprovechando las divergencias entre los sistemas fiscales. Se felicita por los esfuerzos de la Comisión en búsqueda de soluciones para la elusión fiscal originada por distorsiones fiscales, restringirla o ponerle fin en la medida de sus posibilidades.

3.19.

Resultan de especial importancia los esfuerzos de la Comisión por asegurar la convergencia con y entre las autoridades nacionales de la competencia (ANC).

3.20.

El Comité seguirá con atención las reacciones al Libro Blanco «Hacia un control más eficaz de las concentraciones de empresas en la UE» cuyo objetivo es mejorar los dispositivos existentes.

3.21.

Teniendo en cuenta la universalización de los intercambios comerciales, el CESE respalda el desarrollo de la cooperación multilateral (OCDE, Red Internacional de Competencia, UNCTAD), así como los programas de cooperación y de asistencia técnica.

3.22.

El diálogo mantenido por la DG Competencia con el PE, el CESE y el Comité de las Regiones Europeo debe garantizar la transparencia del debate interinstitucional sobre la política aplicada.

3.23.

Esta voluntad de diálogo queda patente también en la carta de mandato remitida por el presidente Juncker a la Sra. Vestager, en la que hace hincapié en esta colaboración política.

3.24.

Al contrario que la Comisión, el CESE no considera que la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (21) y la Recomendación relativa a los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo en el marco de las infracciones a las normas de competencia, puedan garantizar la debida defensa colectiva de los derechos de las víctimas de dichas infracciones.

4.1.1.

Según la Comisión, las claves de la eficacia de su estrategia digital residen en la mejora de los procedimientos de normalización y el aumento de la interoperabilidad. Queda por definir lo que entiende por «mejora» de los procedimientos de normalización.

4.1.2.

El asunto Motorola (22), uno de los episodios de la «guerra de las patentes de los teléfonos inteligentes», se utiliza como ejemplo de las directrices que deberían seguir las empresas del sector. En este asunto, la Comisión consideró que Motorola, titular de patentes esenciales sobre normas GPRS, había abusado de su posición dominante al solicitar y ejecutar medidas cautelares contra Apple ante un tribunal alemán. Estas patentes se consideraban «esenciales» por ser necesarias para la aplicación de la norma GSM. Las empresas titulares de una patente esencial disponen en principio de un poder de mercado importante, de manera que los organismos de normalización suelen exigirles que se comprometan a conceder licencias de sus patentes esenciales en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (en inglés «fair, reasonable and non- discriminatory» o FRAND) con el fin de garantizar a todos los participantes en el mercado el acceso a dicha norma.

4.1.3.

En la práctica, al no poder acceder a la patente esencial de la que era titular Motorola, la empresa competidora, en este caso Apple, no podía fabricar ni comercializar determinada categoría de teléfonos inteligentes.

4.1.4.

En caso de violación de sus patentes, el titular puede solicitar medidas cautelares ante un órgano jurisdiccional nacional, pero esto puede considerarse abusivo si el titular de la patente esencial tiene una posición dominante en el mercado, si se ha comprometido a conceder acceso con arreglo a condiciones FRAND y si la empresa competidora objeto de las medidas cautelares está dispuesta a adquirir una licencia en condiciones FRAND. Pese a ello, la Comisión no ha impuesto ninguna multa a Motorola, a falta de jurisprudencia de los tribunales de la UE sobre la legalidad, en virtud del artículo 102 del TFUE, de las medidas cautelares sobre patentes esenciales y por las divergencias entre las jurisprudencias nacionales, aunque sí ha exigido a Motorola que ponga fin a su comportamiento abusivo.

4.1.5.

En un asunto similar, la Comisión aceptó el compromiso de Samsung de no solicitar medidas cautelares en el marco del EEE por violaciones de sus patentes relativas a teléfonos multifunción y tabletas contra las empresas que respeten un marco específico de concesión de licencias.

4.1.6.

Estos asuntos ilustran la dificultad de alcanzar un equilibrio entre la competencia, el derecho de patentes y la innovación, con el objetivo in fine de que el consumidor adquiera productos tecnológicos por un precio razonable, beneficiándose de opciones tan variadas como sea posible entre productos interoperables.

4.1.7.

El CESE apoya los esfuerzos realizados por la Comisión en este contexto y la invita a tener presente que la aplicación de las normas de competencia no persigue el establecimiento de la competencia por sí misma, sino una competencia que beneficie in fine al consumidor.

4.1.8.

El CESE comparte la idea de completar las inversiones privadas con inversiones públicas a fin de evitar una brecha digital en la UE, siempre que las ayudas estatales no obstaculicen las inversiones privadas. Las «Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha» (23) constituyen el primer documento adoptado de forma definitiva en el marco de la modernización de las ayudas estatales, lo cual parece demostrar el interés de la Comisión por esta cuestión.

4.1.9.

Sin embargo, el CESE considera que la intención de la Comisión de alcanzar de aquí a 2020 una cobertura completa de banda ancha (30 Mbps) para servicios y la adopción de servicios de banda ancha ultrarrápida (100 Mbps) para el 50 % de los europeos no es lo suficientemente ambiciosa.

4.2.1.

Velar por la independencia energética de Europa y favorecer la creación de un mercado integrado de la energía resulta fundamental para lograr el acceso a la energía, la supresión de las islas energéticas y la seguridad del suministro. La UE debe contar con una voluntad política real para lograr estos objetivos y fomentar así la diversificación de las energías utilizadas, dando prioridad a las energías renovables. La Unión Europea de la Energía que desea alcanzar el presidente Juncker (24) desempeñará sin duda este papel de estímulo político.

4.2.2.

Según el CESE, el tercer paquete energético debe ponerse en marcha de forma inmediata, especialmente si se tiene en cuenta que la normativa aplicable al comercio transfronterizo de la energía sigue estando fragmentada.

4.2.3.

El CESE subraya la necesidad de poner en marcha sin más dilación las reformas estructurales necesarias para la supresión de los obstáculos a la inversión en infraestructura, especialmente la que incluye una dimensión transfronteriza.

4.2.4.

El CESE está convencido de que la promoción de las normas de competencia contribuye a abrir los mercados nacionales de la energía, tal como demuestran los asuntos «Bolsas de intercambio de electricidad» y «OPCOM/Bolsa de electricidad rumana» citados en su informe por la Comisión (25), en los cuales la Comisión, por una parte, impuso una multa en virtud del artículo 101 del TFUE a dos bolsas de intercambio que habían acordado no competir entre sí y se habían repartido el territorio y, por otra parte, sancionó a OPCOM, la bolsa de electricidad rumana, de conformidad con el artículo 102 del TFUE por discriminación contra comercializadores de electricidad de otros Estados miembros.

4.2.5.

Sin embargo, se pregunta por qué si los precios al por mayor de la electricidad han disminuido gracias a la intensificación de la competencia, no se ha producido una disminución del nivel general de los precios a los consumidores finales (26).

4.2.6.

El CESE apoya, en este contexto, las investigaciones emprendidas por la Comisión en virtud del artículo 102 del TFUE sobre la explotación abusiva de Gazprom de su posición dominante en el sector del abastecimiento de gas natural en Europa Central y Oriental (27).

4.3.1.

En 2014 se prosiguió la revisión en profundidad de la reglamentación y la vigilancia bancarias. Las normas propuestas tienen como principal objetivo reforzar la transparencia de los mercados financieros.

4.3.2.

La Comisión ha velado también por que las entidades bancarias que cuentan con ayudas estatales se reestructuren o abandonen el mercado, y ha prestado especial atención a los riesgos que entraña la distorsión de la competencia entre dichas entidades (28).

4.3.3.

El CESE ha seguido con interés las investigaciones emprendidas por la Comisión sobre las prácticas comerciales contrarias a la competencia y se congratula por las decisiones adoptadas por la Comisión y las autoridades nacionales en materia de competencia en las que se sancionan las «tasas de intercambio».

4.3.4.

El CESE acoge con satisfacción la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE en el asunto Mastercard (29), que confirma el análisis de la Comisión. De hecho, las tasas interbancarias abonadas por los consumidores cuando realizaban pagos con tarjetas eran cada vez más elevadas, numerosas y opacas.

4.3.5.

Además, estas prácticas comerciales dificultaban la introducción en el mercado de pagos de los operadores económicos distintos de los bancarios y susceptibles de ofrecer a los consumidores otras formas de pago electrónicas, móviles y seguras, a través de sus teléfonos inteligentes, por ejemplo.

4.3.6.

La particularidad del asunto Mastercard radica en que el mecanismo de fijación de las tasas multilaterales de intercambio era una restricción por su efecto, no por su objeto.

4.3.7.

El CESE se congratula de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al igual que el Tribunal General, haya confirmado que las tasas multilaterales de intercambio no presentan un carácter objetivamente necesario para el funcionamiento del sistema Mastercard.

4.4.1.

El CESE se congratula por la atención prestada a las pymes, que desempeñan un papel fundamental en el crecimiento y son fundamentales también para alcanzar los objetivos Europa 2020. Aprueba las decisiones de la Comisión que tienen como objetivo respaldar la financiación de sus actividades y adaptar las normas a sus necesidades específicas.

4.4.2.

El CESE celebra que estas políticas se hayan abierto en dirección a las profesiones intelectuales y reconoce el papel determinante de las profesiones liberales europeas en el crecimiento, en la medida en que aportan en los distintos sectores la indispensable contribución de los conocimientos necesarios para resolver los problemas complejos a que se enfrentan ciudadanos y empresas. Por tanto, recomienda a la Comisión que prosiga y, en la medida de lo posible, intensifique los esfuerzos en este sentido.

4.4.3.

Por ejemplo, las «Directrices sobre las ayudas estatales para promover las inversiones de financiación de riesgo» (30) podrían permitir a los Estados miembros facilitar el acceso a la financiación por parte de las pymes en su fase de lanzamiento. Además, parecen haber sido concebidas para adaptarse en mayor medida a las realidades del mercado.

4.4.4.

Respalda, además, las actuaciones de la Comisión contra los abusos de posición dominante que pueden impedir la creación y el desarrollo de las pymes e incidir en su actividad.

4.4.5.

La «Comunicación de minimis» de 2014 (31) prevé una salvaguardia regulatoria para estos acuerdos que no restringen de forma sensible la competencia, ya que son aplicados por empresas que no superan determinados umbrales de cuotas de mercado. Además, la Comisión ha publicado un documento de orientación destinado a las pymes. El CESE considera, sin embargo, que sobre el terrero se acogerían con satisfacción acciones de información.

4.5.1.

El CESE valora la calidad de la cooperación establecida entre la Comisión y las ANC. Considera que permite garantizar una interacción indispensable para el buen funcionamiento del mercado.

4.5.2.

Apoya todas las medidas necesarias para la cooperación de las ANC, lo cual requiere que dispongan de recursos y que sean independientes.

4.5.3.

El CESE aprueba las iniciativas de la Comisión para crear un verdadero espacio europeo de competencia, que supone la armonización de las normas básicas del derecho nacional, ya que esto garantiza la actividad económica en el mercado único.

4.5.4.

Considera, asimismo, que los Estados miembros deben disponer de un arsenal jurídico completo que permita llevar a cabo las inspecciones necesarias e imponer sanciones efectivas y proporcionadas.

4.5.5.

Los programas de clemencia, cuya utilidad ha quedado acreditada en la lucha contra los cárteles, deben ampliarse a todos los Estados miembros.

4.5.6.

La cooperación multilateral con la OCDE, la Red Internacional de Competencia y la UNCTAD debe seguir activa, y la Comisión debe esforzarse por desempeñar un papel predominante.

4.5.7.

Finalmente, el CESE subraya que la asistencia técnica debe estar más en las negociaciones de adhesión con los países candidatos.

24.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 71/42

Ponente:

Petru Sorin DANDEA

Coponente:

Paulo BARROS VALE

1.1.

La lucha contra la planificación fiscal agresiva ha sido una de las principales preocupaciones de los Estados miembros y de la Comisión Europea en los últimos años. El plan de acción para la aplicación de un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz que ha presentado la Comisión Europea es un paso importante para reducir este fenómeno negativo. El CESE acoge favorablemente la presentación del plan y respalda a la Comisión en la lucha contra este fenómeno, que erosiona las bases imponibles de los Estados miembros y fomenta la competencia desleal.

1.2.

Como ya se ha dicho (1), el CESE está de acuerdo con la introducción de la base imponible consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS) obligatoria para las empresas con actividades transfronterizas. Si fuera opcional, su adopción dejaría de ser eficiente, pues aquellas empresas que practican el traslado de beneficios para reducir la imposición se negarían a adoptarla.

1.3.

El CESE recomienda a los Estados miembros y a la Comisión que tengan en cuenta la futura ampliación de la BICCIS a todas las empresas, a fin de evitar que se opere con dos regímenes fiscales distintos. Antes de hacer extensiva la BICCIS a todas las empresas, habría que llevar a cabo una completa evaluación de impacto, especialmente por lo que respecta al impacto de este sistema en las microempresas y pequeñas empresas que operan localmente.

1.4.

El CESE recomienda a la Comisión que, en la elaboración de la propuesta de Directiva, preste atención a la claridad de las definiciones y a los conceptos que vayan a regular la base común. De la claridad de estas definiciones dependerá la calidad del proceso de transposición y que se eviten grandes diferencias a escala de los Estados miembros, que podrían reducir significativamente la eficacia del acto normativo.

1.5.

El CESE considera que el mecanismo de compensación transfronteriza de pérdidas, que la Comisión desea introducir hasta la adopción del régimen de consolidación, no debe perjudicar el derecho de un Estado miembro a gravar los beneficios resultantes de actividades llevadas a cabo en su territorio.

1.6.

El CESE acoge favorablemente que la Comisión haya publicado en el anexo de la Comunicación objeto de estudio la lista de países y territorios fiscales no cooperadores. El CESE reitera su propuesta, incluida en dictámenes anteriores, de que los reglamentos de la UE incluyan sanciones para aquellas empresas que sigan llevando a cabo negocios a través de paraísos fiscales, evitando así el pago de impuestos de acuerdo con los regímenes fiscales de los Estados miembros en los que operan.

1.7.

El Comité recomienda que, cuando se haya aprobado la Directiva sobre la BICCIS y se establezca el mecanismo de consolidación, la Comisión realice una evaluación de impacto de las nuevas reglamentaciones. Si en ella se pone de relieve que no ha disminuido el traslado de beneficios hacia Estados miembros que aplican menores tipos impositivos, el CESE propone que se adopten medidas adecuadas complementarias.

1.8.

El CESE recomienda a la Comisión que, en el marco de la revisión del mandato de la Plataforma de Buena Gobernanza Fiscal, también incluya a los representantes de los interlocutores sociales europeos en su composición. Estos pueden aportar una contribución importante a la actividad de la plataforma.

2.1.

El 17 de junio de 2015, la Comisión Europea presentó una comunicación (2) en la que figura un plan de acción para la aplicación de un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea. El plan de acción es la continuación del paquete sobre la transparencia fiscal que la Comisión Europea presentó en marzo, que también incluye una propuesta de Directiva en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad.

2.2.

El plan incluye cuatro objetivos que promueven un nuevo enfoque en materia de fiscalidad de las empresas de la UE, a saber: restablecer la relación entre la imposición y el lugar donde se ejerce la actividad económica, garantizar que los Estados miembros puedan evaluar correctamente las actividades de las empresas en su territorio, crear un marco fiscal competitivo y favorable al crecimiento para las empresas en la UE que les permita una mayor resiliencia, de conformidad con las recomendaciones del Semestre Europeo, así como proteger el mercado único y garantizar la adopción por la Unión de un enfoque enérgico respecto de los problemas externos ligados a la fiscalidad de las empresas, con la inclusión de medidas encaminadas a aplicar el proyecto de lucha contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS) de la OCDE.

2.3.

El plan de acción establece una serie de medidas para responder a los objetivos. En concreto, establecer la base imponible consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS), garantizar la imposición allí donde se generan los beneficios, adoptar medidas adicionales para mejorar el régimen fiscal de las empresas, realizar nuevos avances en materia de transparencia fiscal y aprovechar mejor los instrumentos de coordinación de la UE en el ámbito fiscal.

2.4.

La Comisión también desea abordar el problema de los incentivos fiscales concedidos por los Estados miembros para las patentes. La Comisión espera que estos regímenes fiscales favorables no den lugar a distorsiones en el mercado único y asesorará a los Estados miembros sobre este nuevo enfoque. En la medida en que la Comisión constate que los Estados miembros no aplican de manera coherente el nuevo planteamiento, elaborará algunas medidas legislativas obligatorias.

2.5.

La Comisión continúa trabajando con otros socios internacionales y hace hincapié en la importancia de aplicar el plan de acción BEPS de la OCDE, que deberá fomentar unas condiciones de igualdad para la fiscalidad de las empresas multinacionales, particularmente en los países en desarrollo.

3.1.

El plan de la Comisión pretende combatir el fenómeno negativo de la transferencia de beneficios, promovido por empresas con actividad transnacional que transfieren sus beneficios a países o territorios con tipos impositivos muy bajos o inexistentes, por lo que erosionan las bases impositivas de los Estados miembros y hacen que estos aumenten otros impuestos o gravámenes que incrementan la presión fiscal para los buenos contribuyentes, ya sean personas físicas o pymes. El CESE acoge favorablemente la presentación del plan y respalda a la Comisión en la lucha contra este fenómeno.

3.2.

La principal propuesta de la Comisión en este ámbito es establecer la base imponible consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS) obligatoria. La propuesta de Directiva presentada por la Comisión en 2011 proponía que la BICCIS fuera opcional. Entonces, el CESE presentó un Dictamen que incluía una serie de propuestas de fondo sobre la BICCIS (3) y que sigue apoyando en la actualidad.

3.3.

La Comisión considera que la obligatoriedad de la BICCIS es necesaria, ya que las empresas transnacionales que llevan a cabo una planificación fiscal agresiva esquivarán su adopción si esta tiene un carácter facultativo. El CESE está de acuerdo con que la BICCIS sea obligatoria y recomienda a la Comisión que evalúe la posibilidad de que, en el futuro, todas las empresas la apliquen, evitando así que los Estados miembros operen con dos bases fiscales distintas.

3.4.

Teniendo en cuenta las consultas con los Estados miembros, la Comisión propone que, para empezar, se tenga en cuenta la introducción de la base común y que la consolidación se prevea en una etapa posterior. Dado que la planificación fiscal agresiva afecta gravemente la competencia en el mercado único y supone una importante pérdida de ingresos para los Estados miembros, el CESE recomienda que se acelere el calendario de aplicación.

3.5.

La propuesta de Directiva debería presentarse el próximo año. El CESE recomienda a la Comisión que, en la elaboración de la propuesta, preste atención a la claridad de las definiciones y a los conceptos que vayan a regular la base común. De la claridad de estas definiciones dependerá la calidad del proceso de transposición y que se eviten grandes diferencias a escala de los Estados miembros, que podrían reducir significativamente la eficacia del acto normativo.

3.6.

La Comisión propone que la propuesta de Directiva incluya un mecanismo de compensación transfronteriza de pérdidas, a la espera de que se introduzca la consolidación en una fase posterior. Dado que la consolidación constituye la principal ventaja económica de la BICCIS, habría sido preferible incluirla desde el principio. No obstante, a la vista de las dificultades políticas para alcanzar un acuerdo político sobre este punto, el CESE respalda el mecanismo propuesto. Habida cuenta de las solicitudes presentadas tanto por el Parlamento Europeo como por los Estados miembros de que los beneficios se graven allí donde se generan, el CESE considera que este mecanismo no debe perjudicar indebidamente el derecho de un Estado miembro a gravar los beneficios resultantes de actividades llevadas a cabo en su territorio.

3.7.

De los análisis de la Comisión se desprende que hay situaciones en las que las empresas con actividades transfronterizas transfieren los beneficios a Estados miembros con un menor tipo impositivo. Este fenómeno lo fomentan las disposiciones de la legislación en vigor en materia de empresas (4). El CESE considera que, si esta práctica de las empresas se sigue manteniendo en el conjunto del mercado único tras establecer la consolidación, también habría que adoptar medidas jurídicas apropiadas.

4.1.

La planificación fiscal agresiva, promovida por empresas que llevan a cabo actividades transfronterizas, genera pérdidas anuales de cientos de miles de millones de euros para los presupuestos de los Estados miembros. El CESE está de acuerdo con la aplicación de la BICCIS, y considera que debería convertirse en la norma general en materia de fiscalidad de los beneficios en la UE. Esto implicaría una simplificación del régimen fiscal para las empresas y eliminaría la situación en la que los Estados miembros deberían aplicar la BICCIS para las empresas con actividad transfronteriza y un régimen diferente para las demás empresas.

4.2.

El Comité recomienda que, cuando se haya aprobado la Directiva sobre la BICCIS y se establezca el mecanismo de consolidación, la Comisión realice una evaluación de impacto de las nuevas reglamentaciones. Si en ella se pone de relieve que no ha disminuido el traslado de beneficios hacia Estados miembros que aplican menores tipos impositivos, el CESE propone que se adopten medidas legales adecuadas de carácter suplementario que desincentiven a las empresas con actividad transfronteriza a transferir sus beneficios a Estados miembros con tipos impositivos más bajos.

4.3.

La Comisión propone regular mejor el concepto de «establecimiento permanente» de la empresa. El CESE considera que solo la imposición de los beneficios procedentes de la actividad llevada a cabo en el territorio del Estado miembro puede eliminar la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, las empresas eviten artificialmente ser sometidas a imposición. La adopción del plan BEPS de la OCDE reduciría significativamente las situaciones en las que las empresas podrían evitar pagar el impuesto de sociedades basándose en las disposiciones de la actual legislación de la UE.

4.4.

La consolidación es la operación mediante la cual los beneficios y las pérdidas de una empresa pueden acumularse para todo el territorio de la UE. El CESE reconoce que, una vez adoptada, constituirá el principal elemento de la BICCIS en la lucha contra las operaciones complejas de los precios de transferencia que las empresas con actividades transfronterizas en la UE utilizan para pagar menos impuestos. No obstante, el CESE recomienda a la Comisión que tenga en cuenta la protección del derecho de los Estados miembros a gravar los beneficios resultantes de las actividades que se lleven a cabo en su propio territorio.

4.5.

La Comunicación de la Comisión incluye un anexo que contiene una lista de países y territorios fiscales no cooperadores. El CESE considera que se trata tan solo de un primer paso hacia la lucha contra los territorios fiscales no cooperadores, también conocidos como el nombre genérico de «paraísos fiscales». El CESE reitera su propuesta, incluida en dictámenes anteriores (5), de que los reglamentos de la UE incluyan sanciones para aquellas empresas que sigan llevando a cabo negocios a través de paraísos fiscales, evitando así el pago de impuestos de acuerdo con los regímenes fiscales de los Estados miembros en los que operan.

4.6.

La Comisión reconoce la importancia del papel de los grupos que han garantizado la cooperación con los Estados miembros en el ámbito de la fiscalidad. Se trata, en particular, del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) y la Plataforma de Buena Gobernanza Fiscal. El CESE recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen la posibilidad de incorporar las disposiciones del código a la legislación europea, de manera que pasen a ser obligatorias.

4.7.

El CESE recomienda a la Comisión que, en el marco de la revisión del mandato de la Plataforma de Buena Gobernanza Fiscal, además de alargar su mandato más allá de 2016, también incluya a los representantes de los interlocutores sociales europeos en su composición. Estos pueden aportar una contribución importante a la actividad de la plataforma.

4.8.

El Comité recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que sigan trabajando en la simplificación y la armonización del marco jurídico existente, tanto a nivel europeo como nacional. Ello daría lugar a un impulso de la inversión a nivel europeo que sentaría las bases para un crecimiento sostenible y la creación de nuevos puestos de trabajo.

24.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 71/46

Ponente:

Stefano MALLIA

Coponente:

Cristian PÎRVULESCU

1.1.

El CESE acoge con satisfacción la «Agenda Europea de Migración» de la Comisión por considerar que simboliza una nueva visión de la necesidad de afrontar la migración a escala europea, y anima a los Estados miembros a apoyar de forma colectiva la implementación de esta Agenda.

1.2.

El reto inmediato para la UE consiste en encauzar la caótica situación actual y garantizar un trato adecuado a las personas en busca de protección internacional. El CESE apoya la instauración inmediata de un sistema de «puntos críticos» para ayudar a los países que afrontan grandes flujos de migrantes e insiste en que se les otorguen los recursos y el apoyo necesarios.

1.3.

El CESE considera que la actual situación exige que la UE establezca un verdadero Sistema Europeo Común de Asilo basado en procedimientos armonizados para toda la UE. Ello incluye un estatuto uniforme en materia de asilo y el reconocimiento mutuo de las decisiones sobre asilo, responsabilidad compartida y esfuerzos comunes con respecto a la reubicación y el reasentamiento, así como la revisión del Reglamento de Dublín. Es necesario un sistema de reparto de las cargas solidario y sólido, y sobre todo una clave de reparto permanente, justa y vinculante para distribuir a las personas que buscan protección entre todos los países de la UE. Por otra parte, también hay que buscar soluciones a largo plazo para el supuesto de que los flujos migratorios masivos prosigan o vuelvan a producirse en el futuro.

1.4.

Europa padece un progresivo envejecimiento de la población y una escasez de mano de obra cualificada, que pueden paliarse mediante la migración. No obstante, la UE debe instaurar una política migratoria más eficaz. La UE debería concebir una política global de migración legal encaminada a la acogida de los recién llegados que sea transparente, previsible y justa. Al mismo tiempo, es preciso reconocer que la inmigración no constituye la única respuesta a la escasez de mano de obra en el mercado de trabajo y a los desafíos demográficos, y que los Estados miembros pueden plantearse otras soluciones más adecuadas.

1.5.

La integración de los inmigrantes y de los refugiados es un desafío muy importante que tienen que afrontar la UE y sus Estados miembros mediante la instauración de sistemas de integración sólidos. El CESE considera que el coste de la no integración supera ampliamente al de la integración. El CESE, partiendo de su compromiso permanente con el Foro Europeo de la Integración y el de la Migración, considera que la integración debe ser un proceso bidireccional en el que los interlocutores sociales, los entes locales y la sociedad civil desempeñen un papel fundamental. Debería darse prioridad al acceso al mercado laboral y, más concretamente, al reconocimiento de las cualificaciones y a la formación lingüística y profesional. Requiere especial atención la integración de las mujeres.

1.6.

La UE debe garantizar la seguridad de sus fronteras exteriores. Dada la compleja situación actual en materia de seguridad, es necesario realizar esfuerzos a escala de la UE en lugar de en la esfera nacional, lo que puede implicar que se compartan algunas competencias nacionales en este ámbito.

1.7.

Todas las políticas exteriores de la UE deben racionalizarse y centrarse en ayudar a los países de origen a alcanzar un nivel razonable de seguridad para las personas, estabilidad y prosperidad. El CESE es muy consciente de que se trata de un objetivo a largo plazo que entraña enormes dificultades.

1.8.

Es necesario llevar a efecto la cooperación en cuanto a la readmisión, a fin de garantizar una aplicación eficaz y oportuna de la Directiva sobre retorno.

1.9.

La sociedad civil desempeña un papel fundamental a la hora de abordar la crisis migratoria, por ejemplo facilitando las primeras respuestas a los migrantes a su llegada y organizando las actividades subsiguientes para integrarlos en la sociedad y en el mercado laboral. Es esencial que los gobiernos, los entes locales y las organizaciones de la sociedad civil trabajen para alcanzar un consenso social y cultural entre las naciones europeas sobre la importancia y las ventajas de invertir en la integración de los inmigrantes en la sociedad y en el mercado de trabajo.

1.10.

Por consiguiente, el CESE pide a la UE y a sus Estados miembros que aumenten la financiación y refuercen la ayuda material destinada a las ONG y a las organizaciones de la sociedad civil de ámbito nacional.

1.11.

Los recursos financieros correspondientes deberán proceder, a través de un esfuerzo conjunto, de toda la comunidad internacional. Asimismo, hay que aclarar que los gastos efectuados por los Estados miembros en la acogida e integración de los solicitantes de asilo y refugiados no constituyen un gasto estructural y permanente y, por lo tanto, no deberán incluirse en el cálculo de los déficits presupuestarios estructurales. La movilización de los recursos necesarios no deberá hacerse a expensas de los recursos previstos para objetivos sociales en la UE, ya que ello podría poner en peligro la aceptación por parte de la población.

2.1.

El 13 de mayo de 2015, la Comisión Europea publicó su Comunicación titulada «Una Agenda Europea de Migración». Esta propuesta y las consiguientes propuestas de aplicación fueron debatidas posteriormente por distintas configuraciones del Consejo entre junio y octubre. El CESE acoge favorablemente esta Comunicación de la Comisión, por considerarla a la vez completa y centrada en los puntos esenciales.

2.2.

La implementación de las iniciativas propuestas en la Agenda está en curso y la mayoría de los Estados miembros empieza a darse cuenta de que solo la acción colectiva, basada en los principios de solidaridad y de responsabilidad compartida, puede conducir a una gestión eficaz del reto que plantea la migración. Una acción eficaz requiere movilizar más recursos con cargo al presupuesto de la UE, así como un aumento de las contribuciones de los Estados miembros. Asimismo, hay que aclarar que los gastos efectuados por los Estados miembros en la acogida e integración de los solicitantes de asilo y refugiados no constituyen un gasto estructural y permanente y, por lo tanto, no deberán incluirse en el cálculo de los déficits presupuestarios estructurales.

2.3.

En términos de financiación, la UE ha triplicado los recursos dedicados a las operaciones conjuntas de la Agencia Frontex denominadas Poseidón y Tritón. Paralelamente a este aumento, varios Estados miembros están desplegando sus propios medios (buques y aviones). La Comisión Europea también ha asignado 1 800 millones EUR procedentes del presupuesto de la UE para crear un Fondo Fiduciario de Emergencia destinado a fomentar la estabilidad y abordar las causas profundas de la migración irregular en África, y ha movilizado 60 millones EUR como financiación de emergencia para los Estados miembros situados en primera línea. Además, ha propuesto un programa de reasentamiento por valor de 50 millones EUR y ha liberado 30 millones EUR para financiar un Programa regional de protección y desarrollo.

2.4.

Los dirigentes de la UE han prometido mayores recursos a Frontex, Europol y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para reforzar las fronteras exteriores de la UE, haciendo especial hincapié en los «puntos críticos» con el fin de garantizar la identificación, la inscripción en el registro y la toma de huellas dactilares de los migrantes. No obstante, el apoyo financiero de la UE es necesario para garantizar que los puntos críticos actúan eficientemente y alcanzan sus objetivos.

2.5.

En sus sesiones de julio y septiembre, el Consejo acordó la reubicación de 160 000 migrantes procedentes de Grecia e Italia y el reasentamiento de otras 22 000 personas necesitadas de protección internacional. La adecuada ejecución de estas decisiones, que se encuentran en su fase inicial, es esencial para el éxito de cualquier futura política migratoria de la UE.

2.6.

El 23 de septiembre de 2015, la Comisión adoptó 40 resoluciones de infracción contra varios Estados miembros por no aplicar la legislación sobre el Sistema Europeo Común de Asilo. El CESE acoge con satisfacción estas decisiones, pero considera muy preocupante que se haya tenido que recurrir a este mecanismo para convencer a los Estados miembros de que apliquen correctamente la legislación de la UE en este ámbito clave.

2.7.

En la esfera internacional, varias decisiones podrían suscitar una mejora de la situación global, entre las que cabe citar: el aumento de los recursos presupuestarios de la UE para brindar ayuda inmediata a los refugiados, el refuerzo del diálogo y de la cooperación con terceros países como Líbano, Jordania y Turquía y los países candidatos en los Balcanes Occidentales, así como el incremento de la ayuda humanitaria en 2016 y la creación del Fondo Fiduciario de Emergencia para África. La movilización de los recursos necesarios no deberá hacerse a expensas de los recursos previstos para objetivos sociales en la UE, ya que ello podría poner en peligro la aceptación por parte de la población. El CESE acoge con satisfacción la aprobación por el Consejo Europeo, el 23 de septiembre de 2015, del plan de acción conjunto con Turquía que forma parte de un programa global de cooperación fundamentado en una responsabilidad compartida, compromisos recíprocos y en la consecución de resultados.

3.1.1.

El Comité acoge con satisfacción el concepto de fronteras inteligentes que aguardaba desde hace tiempo. El principal reto que plantean las fronteras más fuertes e inteligentes estriba en garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Por otra parte, no se podrá socavar el principio de no devolución, aunque será una tarea difícil porque la distinción entre refugiados y migrantes económicos no siempre es clara ni tajante. Las fronteras inteligentes deben respetar plenamente los derechos y las libertades fundamentales.

3.1.2.

El Acuerdo de Schengen es uno de los pilares de la UE y su significado para la integración europea no es meramente simbólico. Confiere a los ciudadanos europeos uno de sus derechos más tangibles, como botón de muestra de una Europa sin fronteras. El CESE aspira a que el funcionamiento del régimen de Schengen vuelva a la normalidad con la mayor rapidez posible e insta encarecidamente a que los Estados miembros adopten todas las medidas necesarias para impedir un desmantelamiento permanente del sistema.

3.1.3.

Hasta la fecha existe un acuerdo para la reubicación de 160 000 refugiados en la UE. La aplicación rápida de este acuerdo permitiría recabar una serie de experiencias que serían muy valiosas para desarrollar soluciones a largo plazo en la eventualidad de que se sigan sucediendo migraciones masivas o se produzcan de nuevo en el futuro. Según el CESE, se necesita mayor ambición. Los flujos migratorios masivos mundiales no cesaran en muchos años.

3.1.4.

Así, redunda en el interés de todos los Estados miembros aplicar un sistema de soluciones solidario y sólido para el supuesto de que los flujos migratorios masivos prosigan en el futuro. Como medida inmediata hay que instaurar una clave de reparto de las cargas permanente, justa y vinculante para distribuir a las personas que buscan protección entre todos los países de la UE. Ello debe ser respaldado por una clave de distribución permanente basada en una serie de consideraciones tales como la dimensión económica y territorial del país, el PIB, las oportunidades de empleo y la escasez de mano de obra cualificada, así como la existencia de conciudadanos/comunidades étnicas y de minorías en el país de destino. Esta clave de reparto debería revisarse periódicamente. Las preferencias de los solicitantes de asilo también deberían tenerse en cuenta siempre que estén vinculadas con consideraciones que faciliten su integración (por ejemplo, el conocimiento de la lengua, contar con miembros de la familia en el país, etc.). Con ello se confía en poner fin a las continuas y discordantes sesiones del Consejo que han empañado la imagen de Europa.

3.1.5.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de activar el Mecanismo de Protección Civil y de movilizar los Equipos de apoyo a la gestión de la migración, así como los equipos de intervención rápida en las fronteras para ayudar a los Estados miembros a afrontar las situaciones de emergencia.

3.1.6.

El CESE también acoge con satisfacción el aumento de la financiación de la UE a Frontex, EASO y Europol para 2015 y el incremento en 600 millones EUR otorgado a las tres agencias para 2016 con el fin de ayudar a los países más afectados. Estos esfuerzos han complementarse con una política de retorno eficaz. En la actualidad, solo aproximadamente el 38 % de las personas que se han considerado no necesitadas de protección han sido devueltas a sus países de origen.

3.1.7.

La UE tiene que vincular más estrechamente la ayuda a los países en desarrollo a sus reformas internas, así como fomentar la cooperación efectiva sobre cuestiones de migración, en especial la migración legal (incluida la circulación temporal o los visados) y la política de retorno. Sin embargo, es importante que los Estados miembros de la UE cumplan su compromiso de destinar el 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB) a la ayuda al desarrollo.

3.1.8.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de reforzar las iniciativas diplomáticas con el fin de involucrar a los países de origen y de tránsito en un esfuerzo de cooperación para afrontar este desafío. La primera fase de este empeño fue la cumbre sobre migración que se celebró en La Valeta, los días 11 y 12 de noviembre de 2015.

3.1.9.

A este respecto, es importante destacar que la UE debe esmerarse tanto en escuchar como en hablar a sus socios y ha de considerarlos como tales. Todavía persisten numerosos malentendidos y divergencias de puntos de vista entre la UE y sus socios de África y Oriente Próximo, en lo que respecta a los objetivos como a los medios para alcanzarlos.

3.1.10.

El CESE acoge con satisfacción el compromiso de la UE de trabajar más estrechamente con organizaciones internacionales como el ACNUR, PNUD, OIM y la Cruz Roja. No obstante, observa que muchos Estados miembros de la UE incumplen sus obligaciones, sirviendo de ejemplo patente el lamentable nivel del apoyo al Programa Mundial de Alimentos.

3.1.11.

Asimismo, el CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de aumentar la ayuda humanitaria en 300 millones EUR en 2016 para satisfacer las necesidades básicas de los refugiados.

3.1.12.

El CESE aboga por aplicar el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de asilo. Con arreglo al artículo 78 del TFUE, la UE debería desarrollar una política común de protección internacional, destinada a ofrecer un «estatuto uniforme de asilo […] válido en toda la Unión». De no reconocerse tal estatuto a escala europea a través de una agencia de la UE, la única alternativa es el reconocimiento mutuo de las decisiones nacionales.

3.1.13.

El CESE apoya plenamente la intención de la Comisión de formular propuestas para reformar el Reglamento de Dublín en marzo de 2016. Asimismo, respalda el compromiso de la Comisión de presentar un nuevo paquete de medidas sobre la migración legal, incluida una revisión de la Directiva sobre la tarjeta azul.

3.1.14.

La protección de las fronteras exteriores de la UE debería resultar de un esfuerzo común que aúne los recursos físicos e intelectuales de los Estados miembros.

3.1.15.

El CESE está plenamente de acuerdo con la instauración inmediata de un sistema de «puntos críticos». No obstante, se les debe asignar personal suficiente y todos los recursos necesarios para funcionar con eficacia. En determinados lugares de Italia o Grecia, donde desembarcan miles de migrantes cada día, solo se podrá evitar un caos total mediante la puesta en común de recursos materiales y financieros significativos.

3.1.16.

El CESE comparte la profunda preocupación del ACNUR sobre el procedimiento de registro y selección que se aplica en los puntos críticos nada más llegar los migrantes a las fronteras de la UE.

3.2.1.

La UE solo podrá reducir los flujos migratorios a proporciones manejables si se implica de manera significativa en la resolución de los numerosos problemas que afectan a los países de origen. La consecución de los objetivos a largo plazo de estabilidad, paz y prosperidad requerirá un esfuerzo sin precedentes, no solo por parte de Europa, sino también de la comunidad internacional en su conjunto. La UE debe intentar reforzar los esfuerzos internacionales, en particular a través de las Naciones Unidas.

3.2.2.

La UE tiene que ampliar su presencia institucional en países clave de origen y de tránsito mediante la creación de centros específicos de migración que sirvan de instalaciones temporales o permanentes para la tramitación de las solicitudes de asilo. Hay que prestar más atención y brindar mayor ayuda a países como Argelia, Marruecos, Mali, Libia, Líbano o Turquía.

3.2.3.

El CESE considera que uno de los principales objetivos de la Agenda consiste en lanzar una política migratoria de la UE que posibilite la migración legal, estimulando al mismo tiempo la integración efectiva de los migrantes. El CESE aguarda las primeras propuestas legislativas y políticas en estos ámbitos, y brinda su apoyo a la Comisión Europea en sus esfuerzos por desarrollar estas propuestas.

3.2.4.

El CESE anima a los Estados miembros a respetar plenamente y a aplicar activamente la Convención de Ginebra de 1951, así como a resistir la presión para reducir el nivel de la protección concedida y de los servicios prestados a los refugiados.

3.2.5.

El CESE aboga por una política europea de asilo basada en procedimientos comunes simplificados. Una política de este tipo debería fundamentarse también en una definición común del estatuto de refugiado y de los derechos que entraña, para evitar que los refugiados busquen el «trato más ventajoso».

3.2.6.

Es necesario desarrollar más el sistema de información sobre los países de origen (siglas en inglés: COI). A menudo, las solicitudes de asilo de ciudadanos procedentes de los mismos países que presumiblemente afrontan situaciones similares desembocan en decisiones diferentes. El sistema establecido debería ser suficientemente flexible y fiable como para recabar y procesar en tiempo real información sobre la evolución de la situación en los países de origen. Debería mejorarse de forma continua la cooperación entre los servicios de seguridad de los Estados miembros, ya que constituyen una importante fuente de información.

3.2.7.

Debería otorgarse mayor prioridad a la organización de la migración legal y a la política de visados, a la digitalización del procedimiento, al reconocimiento de las cualificaciones y a la obtención de la movilidad educativa.

3.2.8.

La UE debería participar más activamente en la gestión de los retornos y apoyar las medidas de reintegración. El proyecto piloto de retorno a Pakistán y Bangladesh tiene escasa relevancia dada la situación de emergencia existente actualmente. El CESE recomienda vivamente que se planifiquen y ejecuten otros proyectos similares, con financiación y apoyo institucional adecuados.

3.2.9.

El refuerzo de los controles fronterizos en los países de tránsito, la intensificación de la vigilancia marítima y la destrucción de las embarcaciones de los traficantes pueden ser de ayuda, pero no constituyen las únicas maneras de abordar este problema de manera sostenible. La UE va por buen camino cuando adopta un enfoque integrado y hace un mejor uso de sus diversos instrumentos e importantes recursos.

3.3.1.

La sociedad civil desempeña un papel fundamental a la hora de afrontar la crisis migratoria. Los agentes de la sociedad civil pueden brindar una ayuda esencial al dar a los migrantes a su llegada las tan necesarias primeras respuestas. Sin embargo, la sociedad civil podría tener que desempeñar un papel aún más importante en el marco del esfuerzo requerido a largo plazo para integrar a los migrantes en la sociedad. La sociedad civil puede brindar respuestas interpersonales que son realmente fundamentales en todas las fases de la acogida e instalación de los refugiados.

3.3.2.

El CESE elogia la solidaridad mostrada por segmentos de la sociedad civil y por particulares que han asistido voluntariamente a los solicitantes de asilo. Sin embargo, esta reacción positiva y espontánea carece de la envergadura suficiente para afrontar eficazmente los retos planteados. El CESE pide a los Estados miembros de la UE que reconozcan y valoren el papel que desempeña la sociedad civil mediante la intensificación de su ayuda a las ONG y a la sociedad civil nacionales para garantizar una respuesta más estructurada y eficaz. A los gobiernos de los Estados miembros incumbe una responsabilidad especial en cuanto a la identificación y la creación de vínculos con la sociedad civil en sus territorios, así como al refuerzo de la ayuda con el fin de garantizar el incremento de sus capacidades.

3.3.3.

Por otra parte, el CESE recomienda a la Comisión que se esfuerce por que se asignen más créditos a los Estados miembros en el marco de los acuerdos de asociación en relación con los Fondos Estructurales, con el fin de canalizar cada vez más fondos del FSE y del FEDER hacia la gestión de los flujos migratorios y los esfuerzos de integración. Las ONG y las organizaciones que actúan sobre el terreno deberían ser los principales beneficiarios de estos fondos. Estos deberían añadirse a la financiación que se está otorgando con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración.

3.3.4.

El CESE llama la atención sobre el Foro Europeo de la Migración, que sucede al Foro Europeo de la Integración, creado en 2009 por el CESE y la Comisión Europea. El Foro es una plataforma de diálogo entre las instituciones europeas y la sociedad civil en materia de inmigración, asilo e integración de migrantes.

4.1.

El CESE considera importante y de gran relevancia garantizar la existencia de un sistema transparente, predecible y justo de migración legal hacia la UE. La población de Europa está envejeciendo y crece en torno al 0,2 % anual, tasa significativamente inferior a la de sustitución. Se calcula que de aquí a 2050 Europa perderá unos 30 millones de personas en edad laboral y, de no actuarse rápidamente, las tasas de dependencia en la mayoría de los Estados miembros de la UE seguirán aumentando rápidamente, la productividad se reducirá, cierto número de empresas cerrará y los costes de mantenimiento de los servicios, en particular los vinculados con el envejecimiento de la población, aumentarán de forma significativa.

4.2.

A través de una acción colectiva y organizada, basada la solidaridad, la UE puede transformar la situación actual en una oportunidad para invertir la tendencia demográfica actual y sus efectos socioeconómicos. La integración de los migrantes en el mercado laboral genera crecimiento económico y favorece su independencia. Por otra parte, las políticas que descuidan la integración trasfieren a los servicios públicos la responsabilidad de apoyar a los migrantes y podrían suscitar fricciones con fuertes consecuencias sociales.

4.3.

El CESE reconoce que la integración depende en gran medida de la inserción en el mercado laboral. No obstante, conviene explicar una serie de factores relacionados con la incidencia de la inmigración en el mercado laboral, entre otros: el impacto de la inmigración en el nivel de los salarios, la disponibilidad de puestos de trabajo, la presión sobre el sistema presupuestario (salud y educación) y los efectos del multiculturalismo.

4.4.

El Comité ya emitió un Dictamen exploratorio (1) que sirvió de base para la preparación de la Conferencia ministerial de Zaragoza de 2010 (2) donde se aprobó una importante declaración sobre la integración de los migrantes en el mercado laboral y los desafíos para las autoridades europeas y nacionales, así como los interlocutores sociales.

4.5.

La mayoría de los estudios ponen de manifiesto que, en general, los migrantes contribuyen a la economía más de lo que reciben, que su impacto en los sistemas presupuestarios es mínimo y que ayudan a Europa a afrontar a su déficit demográfico y a estimular su crecimiento económico. No obstante, los efectos de la migración no repercuten en todas las regiones de Europa de la misma forma y deben ser evaluados cuidadosamente por su impacto en la esfera local. Además, existe una marcada diferencia entre la llegada ordenada de migrantes en el marco de la aplicación de una política y una avalancha repentina de miles de migrantes, que es difícil de gestionar y presiona las estructuras locales, regionales y nacionales, como ha ocurrido en las últimas semanas.

4.6.

La integración de los migrantes en el mercado laboral depende de una serie de factores, como el nivel de desempleo en los países de acogida, las cualificaciones y el nivel formación de los migrantes, la preparación previa a la entrada en términos de competencias lingüísticas y de formación formal así como las organizaciones y estructuras creadas en los países de acogida para facilitar la integración de los inmigrantes, incluidos los refugiados, en el mercado laboral. En estos ámbitos la sociedad civil está llamada a desempeñar una función fundamental.

4.7.

No obstante, existen otros factores que dificultan una rápida integración, tales como el reconocimiento de las cualificaciones, los obstáculos burocráticos, la falta de transparencia, las percepciones erróneas de la opinión pública sobre los migrantes, la explotación y los obstáculos jurídicos que suponen leyes obsoletas, así como la inaplicación o la lentitud de la transposición de la legislación de la UE.

4.8.

A los sindicatos y las confederaciones empresariales incumbe un papel esencial para afrontar el reto de la integración de los inmigrantes en el mercado laboral. El CESE recomienda que los interlocutores sociales participen plenamente en la formulación, el desarrollo, la aplicación y el seguimiento de la política de integración y de las medidas correspondientes en la esfera local, regional, nacional y europea.

4.9.

El gobierno, los entes locales y regionales y los interlocutores sociales deben colaborar para alcanzar un consenso social sobre los modos y medios destinados a lograr la integración de los migrantes en la economía y la sociedad, sobre todo con el fin de evitar una lucha entre diferentes colectivos desfavorecidos.

4.10.

La sociedad civil desempeña un papel esencial a la hora de ayudar a los migrantes a acceder a la educación, la formación y el empleo, y de afrontar la discriminación en el sector de la educación, el mercado laboral y la sociedad en su conjunto.

24.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 71/53

Ponente:

Cristian PÎRVULESCU

1.1.

La crisis de los refugiados en la UE ha llegado a un punto en que se cuestionan los principios fundamentales de la protección de los derechos humanos y la democracia. A pesar de las dificultades, el CESE está firmemente convencido de que estos principios deben respetarse y aplicarse de manera adecuada.

1.2.

El CESE considera que las tendencias soberanistas de varios gobiernos y las percepciones negativas sobre migración y refugiados que tiene un conjunto cada vez más numeroso de ciudadanos pueden limitarse mediante amplios y necesarios esfuerzos para defender los valores europeos fundamentales y los logros institucionales de la UE. En estas situaciones excepcionales, necesitamos más Europa, más democracia y una mayor solidaridad.

1.3.

La actual crisis de los refugiados era previsible y puede atribuirse a la ausencia de una política común de asilo, cuyo retraso se debe a la falta de una acción política europea concertada. A este respecto, el CESE insta al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo a aplicar el artículo 67, apartado 2, y el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que fijan las condiciones para que la UE cree una verdadera política de asilo.

1.4.

El CESE siempre ha puesto de relieve la necesidad de mostrar solidaridad y responsabilidad y de realizar acciones comunes, así como la importancia crucial de los derechos fundamentales.

1.5.

El CESE celebra los esfuerzos realizados por la Comisión Europea para coordinar una respuesta común a la crisis de los refugiados, esfuerzos que incluyen la celebración de una reunión de dirigentes políticos consagrada a abordar el tema de los flujos de refugiados por la ruta de los Balcanes Occidentales.

1.6.

El mecanismo de reubicación en caso de crisis es un ejemplo concreto de cooperación basada en la solidaridad y la responsabilidad. Sin embargo, el CESE desea que este mecanismo de reubicación y otras iniciativas similares formen parte de una estrategia general para garantizar su coherencia y eficacia. En particular, es necesario un sistema de reparto de las cargas solidario y sólido, y sobre todo una clave de reparto permanente, justa y vinculante para distribuir a las personas que buscan protección entre todos los países de la UE.

1.7.

La Comisión Europea y las demás instituciones de la UE deben apoyar activamente a los gobiernos de los Estados miembros, a fin de que puedan proporcionar las condiciones y perspectivas adecuadas para integrar a los solicitantes de asilo reubicados. Entre otras cosas, asimismo, hay que aclarar que los gastos efectuados por los Estados miembros en la acogida e integración de los solicitantes de asilo y refugiados no constituyen un gasto estructural y permanente y, por lo tanto, no deberán incluirse en el cálculo de los déficits presupuestarios estructurales.

2.1.

La actual crisis de los refugiados plantea tanto un reto administrativo —ya que la magnitud del fenómeno no tiene precedentes— como una cuestión jurídica. La UE ha llegado a un punto en que se cuestionan los principios fundamentales de la protección de los derechos humanos y la democracia. La voluntad de los Estados miembros de aplicar plenamente los tratados internacionales se ha visto afectada por el aumento de la movilidad internacional, lo que ha sido consecuencia de la globalización económica. El CESE considera que las tendencias soberanistas de varios gobiernos y las percepciones negativas sobre migración y refugiados que tiene un conjunto cada vez más numeroso de ciudadanos pueden limitarse mediante amplios y necesarios esfuerzos para defender los valores europeos fundamentales y los logros institucionales de la UE. En estas situaciones excepcionales, necesitamos más Europa, más democracia y una mayor solidaridad.

2.2.

El sistema europeo de asilo está sometido a importantes presiones, que tienen su origen en múltiples crisis. Algunas de ellas son resultado de la política internacional de este siglo y otras vienen dadas por los efectos negativos de la crisis económica y financiera. Las más recientes, la Primavera Árabe, la inestabilidad política en Libia y la guerra civil en Siria han impulsado de forma directa el considerable aumento del número de refugiados.

2.3.

Los 47 Estados miembros del Consejo de Europa están obligados a aplicar las disposiciones en materia de derechos humanos, las cuales garantizan, de conformidad con el artículo 3 (1) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que todas las personas gozan de protección. En cambio, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 concede protección solo a una categoría específica de personas, tal como se define en el artículo 1, y esta protección puede perderse con mayor facilidad. No obstante, la Convención considera que las personas que necesitan protección internacional deben gozar de un conjunto de derechos. En algunos Estados miembros, como Rumanía, las disposiciones constitucionales priman los tratados internacionales sobre la legislación nacional. El artículo 18 (2) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se convirtió en vinculante de conformidad con el artículo 6 del TFUE, establece el derecho de las personas que necesitan protección internacional.

2.4.

El sistema de Dublín ha impuesto a una serie de Estados que se encuentran «en primera línea» (Malta, Italia, Chipre, Grecia, España y, recientemente, Hungría) la carga desproporcionada de tramitar las solicitudes de asilo. En estas condiciones, se ha vuelto cada vez más difícil para algunos Estados miembros observar en la práctica el principio de no devolución y los principios consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta de los Derechos Fundamentales y las Directivas que se derivan de esta. A pesar de las dificultades, el CESE está firmemente convencido de que estos principios deben respetarse y aplicarse de manera adecuada.

2.5.

El artículo 67, apartado 2, y el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea fijan las condiciones para que la UE cree una verdadera política de asilo. A la luz de estos artículos, es preciso centrarse no en la elaboración de normas mínimas, sino más bien en la creación de un sistema común que incluya procedimientos uniformes. La actual crisis de los refugiados era previsible y puede atribuirse a la ausencia de una política común de asilo, cuyo retraso se debe a la falta de una acción política europea concertada. En este contexto, el CESE insta al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo a aplicar estos artículos.

2.6.

El CESE celebra los esfuerzos realizados por la Comisión Europea para coordinar una respuesta común a la crisis de los refugiados, esfuerzos que incluyen la celebración de una reunión de dirigentes políticos consagrada a abordar el tema de los flujos de refugiados por la ruta de los Balcanes Occidentales. El encuentro reunió a los jefes de Estado o de Gobierno de la UE y de otros países no pertenecientes a la Unión con el objetivo de intentar coordinar mejor las acciones en la región en tres ámbitos fundamentales: proporcionar alojamiento, gestionar los flujos migratorios y controlar las fronteras (3).

2.7.

El CESE espera que el mecanismo de reubicación en caso de crisis ayudará a la UE a avanzar de forma consensuada hacia un sistema sólido y lo bastante flexible como para hacer frente a los retos de la migración en sus diferentes formas.

2.8.

El CESE siempre ha puesto de relieve la necesidad de mostrar solidaridad y responsabilidad y de realizar acciones comunes, así como la importancia crucial de los derechos fundamentales. También ha insistido en que han de hacerse grandes esfuerzos para facilitar la integración de los migrantes y refugiados.

2.9.

El mecanismo de reubicación en caso de crisis es un ejemplo concreto de cooperación basada en la solidaridad y la responsabilidad. Sin embargo, el CESE desea que este mecanismo y otras iniciativas similares formen parte de una estrategia general para garantizar su coherencia y eficacia. En particular, es necesario un sistema de reparto de las cargas solidario y sólido, y sobre todo una clave de reparto permanente, justa y vinculante para distribuir a las personas que buscan protección entre todos los países de la UE. La «Agenda Europea de Migración» de la Comisión Europea es un paso positivo en esta dirección.

3.1.

Todo Estado miembro que no participe en el mecanismo debería explicar sus razones. Si estas se fundamentan especialmente en motivos económicos o la falta de preparación para acoger a los solicitantes de asilo, deberían preverse disposiciones para facilitar alguna ayuda financiera por adelantado.

3.2.

El apoyo de la UE a las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de la crisis de los refugiados y la integración de los migrantes sigue siendo insuficiente. Las normas y procedimientos burocráticos obstaculizan su capacidad para actuar de manera eficaz sobre el terreno.

3.3.

Para determinar la existencia de una crisis, la Comisión Europea examinará si la situación es tal que incluso un Estado miembro que disponga de un «sistema de asilo bien organizado» no puede hacer frente a la situación. ¿Cómo se define esto? ¿Cuáles son los criterios para calificar un sistema de asilo como «bien organizado»? La propuesta menciona algunos criterios que la Comisión podría evaluar, pero se trata de elementos flexibles que se consideran secundarios.

3.4.

La propuesta no hace suficiente hincapié en cómo ajustar las preferencias del Estado miembro beneficiario, del Estado miembro de reubicación y de los solicitantes. No está claro cómo funcionará este sistema en la práctica.

3.5.

Se recomienda que los solicitantes dispongan de información pertinente y asesoramiento facilitados por las autoridades de los Estados miembros beneficiarios y los funcionarios de enlace del Estado miembro de reubicación.

3.6.

No está claro de qué modo se alienta al Estado miembro de reubicación a que acoja e integre adecuadamente a los solicitantes reubicados. El estado de las infraestructuras, la disponibilidad de servicios (por ejemplo, médicos o educativos) y las asignaciones financieras influirán en la voluntad de los solicitantes a ser reubicados a un país específico. La Comisión Europea y las demás instituciones de la UE deben apoyar activamente a los gobiernos de los Estados miembros, a fin de que puedan proporcionar las condiciones y perspectivas adecuadas para integrar a los solicitantes reubicados.

3.7.

La propuesta debe ser más específica en este aspecto y esbozar un procedimiento destinado a evaluar y fomentar el desarrollo de infraestructuras y servicios de asilo en todos los Estados miembros.

3.8.

El sistema debe tener en cuenta, en cierta medida, las preferencias que los solicitantes de asilo tengan por Estados miembros de reubicación específicos. Estas preferencias deben tener una relación clara y verificable con el posible éxito de la integración (miembros de la familia ya residentes, conocimiento del idioma y vínculos previos con el país, como estudios o negocios).

3.9.

Se mencionan los «lazos culturales» como un elemento que debe considerarse para la reubicación en un Estado miembro. El CESE considera que este criterio no debería utilizarse para justificar el rechazo de solicitantes de asilo a causa de su religión.

3.10.

La propuesta no especifica cómo funcionará el sistema para países como Serbia y la antigua República Yugoslava de Macedonia, que gozan de claras perspectivas de adhesión y registran una importante afluencia de migrantes y solicitantes de asilo.

24.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 71/57

Ponente:

Antonello PEZZINI

1.1.

El Comité está convencido de que es esencial la reindustrialización sostenible de Europa con un crecimiento competitivo y generador de nuevos y mejores empleos, y de que el régimen de comercio de derechos de emisión de CO2 de la UE (RCDE UE) debe considerarse en este marco como un instrumento clave de la política de la UE de lucha contra el cambio climático y el proceso de descarbonización de la economía mundial.

1.2.

El Comité considera que el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE UE), como instrumento para la reducción de las emisiones en el sector de la energía de la Unión, debe dar una señal del precio del carbono, pero también influir de forma positiva en la inversión sostenible en nuevas tecnologías hipocarbónicas.

1.3.

En opinión del CESE, es preciso lograr que el mercado del carbono sea más estable, flexible y abierto a todos los grandes operadores a escala mundial, en un marco muy detallado y coordinado para alcanzar el objetivo de un sistema industrial manufacturero competitivo y sostenible.

1.4.

El Comité considera que la Comisión debe atenerse rigurosamente al mandato definido en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 acordado por el Consejo Europeo los días 23 y 24 de octubre de 2014, en particular por lo que se refiere a las claras indicaciones que contiene sobre las disposiciones en materia de fuga de carbono que deben contemplarse en la reforma del RCDE UE.

1.5.

En opinión del Comité, es preciso establecer unos mecanismos adecuados de transición para salvaguardar la competitividad de las industrias europeas y evitar riesgos de fuga de inversiones y de exposición de las industrias europeas a la competencia desleal de países que carecen de normativas comparables en materia de clima.

1.6.

El CESE recomienda que se garantice un marco adecuado y global de normas —en especial sobre los niveles de asignación gratuita, admisibilidad de fugas de carbono, revisión de los parámetros de referencia (benchmarking) y compensación de los costes inducidos de los precios de la energía eléctrica— a fin de garantizar al 100 % la asignación gratuita y la plena compensación de los costes indirectos en todos los Estados miembros para el 10 % de las instalaciones más eficientes en sectores expuestos a un alto riesgo de fuga de carbono.

1.7.

El CESE recomienda los siguientes puntos entre los principales elementos de la reforma:

1.8.

El Comité recomienda, por último, la máxima coherencia, una plena sinergia, la eliminación de sobrecargas burocráticas y la mínima superposición de las prescripciones entre las nuevas normativas de revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y las normativas paralelas y complementarias con las que interactúan.

1.9.

El CESE considera que se debería instituir un marco de comercio de créditos internacionales, que contribuya a la consecución de los objetivos más amplios de reducción de las emisiones en Europa, con el respaldo de acuerdos internacionales multilaterales y bilaterales.

1.10.

El CESE considera importante elaborar un dictamen de iniciativa a este respecto cuando concluya la Conferencia de París de finales de 2015.

2.1.

El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE UE) entró en funcionamiento el 1 de enero de 2005 y constituye uno de los instrumentos más importantes de la política climática de la UE, debido a la posibilidad que brinda de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

2.2.

El RCDE UE tiene como objetivo, desde su creación, proporcionar un precio de referencia para el carbono, que permita reducir las emisiones en todos los sectores de la economía europea, que generan aproximadamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

2.3.

El CESE siempre ha considerado el RCDE UE como un instrumento clave de la política en materia de clima y energía de la Unión con vistas a la reducción de sus emisiones industriales y ha reclamado una auténtica reforma del mismo a fin de realizar los objetivos climáticos de la UE para 2030, salvaguardando la competitividad industrial de la Unión y evitando la deslocalización de las inversiones.

2.4.

El Consejo Europeo del 21 de marzo de 2014 defendió ciertas medidas para compensar plenamente los costes directos e indirectos derivados de las políticas climáticas de la UE en los sectores expuestos a la competencia mundial, hasta que un acuerdo internacional sobre el clima establezca condiciones equitativas a escala mundial.

2.4.1.

Sin embargo, el CESE comparte las observaciones del Tribunal de Cuentas Europeo cuando afirma que «la aplicación del RCDE UE estuvo afectada por insuficiencias significativas» y formula una serie de recomendaciones destinadas a mejorar la integridad y la aplicación de este régimen, afianzando el concepto de eficacia industrial que garantice la plena competitividad de la economía de la UE.

2.5.

El Consejo Europeo acordó los días 23 y 24 de octubre de 2014 el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030. Asimismo, adoptó unas conclusiones y, en particular, aprobó algunos objetivos importantes:

2.5.1.

El objetivo de la UE de reducir las emisiones internas de gases de efecto invernadero en al menos el 40 %, aprobado formalmente en la sesión del Consejo de Medio Ambiente del 6 de marzo de 2015, constituye la base de la contribución de la UE a las negociaciones para el nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático.

2.5.2.

Todos estos elementos del marco serán revisados de forma periódica por el Consejo, que seguirá formulando orientaciones estratégicas tanto sobre los sectores cubiertos por el RCDE como sobre los no cubiertos, así como sobre las interconexiones y la eficiencia energética.

2.5.3.

Los instrumentos y las medidas deben obedecer a un enfoque global y tecnológicamente neutro para promover la reducción de las emisiones y la eficiencia energética.

2.6.

El 13 de mayo de 2015 el Consejo y el PE alcanzaron un acuerdo sobre la reforma del RCDE UE con la decisión sobre la reserva de estabilidad del mercado:

2.7.

En el marco de la estrategia de la Unión de la Energía y con vistas a la Conferencia sobre el Clima de París, la Comisión ha propuesto un paquete de medidas dirigidas, entre otros aspectos, a revisar el régimen de comercio de derechos de emisiones de la UE conforme a las indicaciones dictadas por el Consejo, salvaguardando la prioridad de reindustrialización de la economía europea y de competitividad internacional de los sectores industriales más expuestos al riesgo de deslocalización de la producción.

2.8.

Las medidas de revisión del régimen de comercio de derechos de emisiones de la UE afectan, además de a la política energética, a muchas otras políticas comunitarias.

2.9.

El CESE encargó un estudio sobre el impacto de las medidas financiadas mediante el uso de los instrumentos de la UE para proteger el medio ambiente (2) en el que se hace hincapié en el uso eficaz de los ingresos generados por los instrumentos basados en el mercado para mejorar el medio ambiente, en consonancia con la promoción de una economía ecológica, y de los ingresos generados por el comercio de derechos de emisión de la UE, que constituyen una posibilidad importante para financiar estas mejoras y para la transición industrial y del empleo hacia una economía sin emisiones de carbono.

3.1.

La iniciativa de la Comisión de modificación de la Directiva RCDE UE 2003/87/CE tiene por objetivo intensificar, mediante una serie articulada de propuestas, el nivel de reducción anual de emisiones autorizadas, de forma que la cantidad de derechos de emisión expedidos en el conjunto Espacio Económico Europeo (EEE) cada año a partir de 2021 disminuya en función de un factor lineal más alto del 2,2 % para alcanzar en 2030 una reducción del 43 % en comparación con el año 2005.

3.2.

La propuesta establece una serie de mecanismos de financiación destinados a apoyar a los operadores económicos que deben luchar contra la fuga de carbono y afrontar los principales retos que plantean la innovación y la inversión necesarias para modernizar sus instalaciones y mejorar la eficiencia energética para contribuir a reducir las emisiones.

4.1.

Los regímenes de comercio de derechos de emisión van en aumento en todo el mundo, más allá de la UE, con sistemas nacionales o subnacionales que ya funcionan en varios países.

4.2.

En los Estados Unidos, el presidente Obama ha anunciado el Plan de energía limpia (Clean Power Plan-CPP) que fijará para cada Estado normas únicas para la reducción de las emisiones de carbono de las centrales eléctricas, principalmente de carbón y de gas, de aquí a 2030.