22.1.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 24/1

22.1.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 24/2

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un plan de acción para mejorar el acceso a financiación de las PYME» (COM(2011)0870),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020 — Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

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Visto el informe de la Comisión titulado «Reducción al mínimo de la carga normativa para las PYME — Adaptación de la normativa de la UE a las necesidades de las microempresas» (COM(2011)0803),

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Visto el Programa de la Comisión para la Competitividad de las Empresas y para las PYME, el programa «COSME» (COM(2011)0834),

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Vista la Iniciativa en favor de las pequeñas empresas (COM(2008)0394), que reconoce la función central de las PYME en la economía de la UE y pretende reforzar el papel que desempeñan así como fomentar su crecimiento y su potencial de creación de empleo, reduciendo varios problemas que se cree que dificultan su desarrollo,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, titulada «Revisión de la “Small Business Act” para Europa» (COM(2011)0078) y la Resolución del Parlamento de 12 de mayo de 2011 al respecto (1),

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Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos de capital riesgo europeos presentada por la Comisión (COM(2011)0860),

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Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos de emprendimiento social europeos presentada por la Comisión (COM(2011)0862),

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Visto el estudio de la Comisión y el Banco Central Europeo de 2011 relativo a la encuesta sobre el acceso de las PYME a la financiación,

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Visto el Informe especial no 2/2012 del Tribunal de Cuentas sobre los instrumentos financieros para las pequeñas y medianas empresas cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,

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Vista su Resolución, de 7 de septiembre de 2010, sobre el desarrollo del potencial de creación de empleo de una nueva economía sostenible (2),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, la Comisión de Desarrollo Regional y la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0001/2013),

A.

Considerando que una reglamentación del sector financiero concebida de manera inadecuada, junto con las consecuencias graves y generalizadas de la crisis económica y financiera, puede hacer más difícil el acceso de las PYME a la financiación;

B.

Considerando que es fundamental establecer y desarrollar los instrumentos necesarios y establecer las condiciones adecuadas que permitan a la Unión potenciar el crecimiento en la zona del euro y en la Unión en su conjunto;

C.

Considerando que los préstamos bancarios son la principal fuente de financiación de las PYME en la Unión Europea;

D.

Considerando que, de acuerdo con los datos del BCE, los tipos de interés de los préstamos a las PYME varían enormemente entre los distintos Estados miembros y que se registran desequilibrios en el acceso a la liquidez, con unas elevadas tasas de denegación de créditos a proyectos empresariales en algunos países;

E.

Considerando que las PYME representan a más del 98 % de las empresas europeas y que facilitan más del 67 % de los empleos en la Unión; que constituyen, por tanto, el pilar de la economía de la Unión Europea y que son importantes motores del crecimiento económico en la Unión a largo plazo y de oportunidades de empleo sostenible en los 27 Estados miembros;

F.

Considerando que el 85 % de todos los empleos nuevos en la UE entre 2002 y 2010 fueron creados por PYME, en particular por nuevas empresas, y que 32,5 millones de personas en la UE son autónomos;

G.

Considerando que hay distintos tipos de PYME, cada una con necesidades diferentes;

H.

Considerando que las iniciativas de apoyo a las PYME y a la actividad emprendedora están reguladas por la «Small Business Act», iniciativa en favor de las pequeñas empresas, que los Estados miembros se han comprometido a aplicar junto con la Comisión Europea;

1.

Acoge favorablemente el Plan de acción de la Comisión y su amplia gama de propuestas y recomendaciones para las PYME;

2.

Conviene con la Comisión en que el éxito económico de Europa, su excelencia y cohesión, depende en gran medida de un crecimiento sostenible y de la creación de empleo generados por PYME comprometidas con la elaboración de productos y la prestación de servicios de calidad; pone de relieve la importancia de alentar el crecimiento económico en todo el abanico empresarial; destaca que las PYME forman parte de un «ecosistema» más amplio de empresas; destaca, asimismo, que en este «ecosistema» también es necesario acordar la misma importancia a la mejora del acceso a la financiación para las microempresas y los emprendedores independientes; señala que las empresas más grandes se apoyan en gran medida en una extensa red de PYME más pequeñas;

3.

Subraya que, debido al efecto agravante de la crisis, son muchas las PYME que tienen dificultades para acceder a la financiación, y que las PYME deben cumplir criterios normativos nuevos y, en ocasiones, más estrictos que antes; destaca que deberían imponerse objetivos relativos a la financiación y a las condiciones que ofrecen a las PYME a aquellas entidades bancarias que se han beneficiado de ayudas públicas y de otras formas implícitas de subvención durante la crisis, como garantías públicas y medidas de apoyo a la liquidez por parte de los bancos centrales y del Banco Central Europeo; alienta a la Comisión a proseguir sus esfuerzos dirigidos a promover a nivel nacional el principio de «pensar primero a pequeña escala», que implica una mayor simplificación del entorno regulador y administrativo en el que operan las PYME;

4.

Subraya que al simplificar el entorno regulador y administrativo en el que operan las PYME, debe prestarse una protección adecuada de los trabajadores en los ámbitos de la seguridad social y de la salud y la seguridad en el trabajo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que luchen contra la discriminación que pudiera registrarse en relación con el acceso a la financiación en el caso de las PYME gestionadas por personas con discapacidad o grupos sociales desfavorecidos;

5.

Señala que en los últimos años se han desplegado esfuerzos considerables para reducir la burocracia;

6.

Destaca la importancia que reviste reforzar el sistema bancario local; hace hincapié en la responsabilidad y en las funciones de los bancos, desde los de ámbito local a los de ámbito europeo, en lo que se refiere a invertir con prudencia en la economía y, más concretamente, en las PYME; toma nota de las diferencias existentes entre los Estados miembros en relación con el coste de los créditos para las PYME y el acceso a la financiación para las PYME como resultado de un contexto macroeconómico adverso, lo que pudiera tener consecuencias negativas en términos de competencia en las zonas fronterizas; señala que los resultados del sondeo del BCE de octubre de 2011 sobre los préstamos bancarios muestran una restricción general de las condiciones para la concesión de créditos a las PYME, si bien los problemas de estas empresas para acceder al crédito varían entre Estados miembros, lo que demuestra que la reducción de las inversiones a un mínimo puede conducir a una contracción del crédito; reconoce, por otra parte, la existencia de una demanda considerable de microcréditos en la UE;

7.

Reitera que la revisión de las normas en materia de contratación pública y concesiones no debería perjudicar el acceso de las PYME y las microempresas a los mercados de contratación pública;

8.

Recuerda que la principal fuente de financiación de las PYME en Europa es el sector bancario; considera que, dada la fragmentación de este sector y la consiguiente gran divergencia entre los países en materia de tipos de interés y oferta de crédito, es necesario un enfoque diferenciado para mejorar el acceso de las PYME a la financiación que tenga en cuenta las circunstancias específicas de cada país;

9.

Recuerda a la Comisión que las PYME son muy heterogéneas en toda Europa, y que abarcan desde empresas familiares tradicionales hasta empresas de rápido crecimiento, de alta tecnología, microempresas, empresas sociales y empresas de nueva creación, y que requieren, por tanto, enfoques igualmente diversos para prestarles ayuda;

10.

Señala que, en la actual situación, en la que el acceso insuficiente a fuentes adecuadas de capital-riesgo, en particular en las primeras etapas, sigue siendo uno de los obstáculos más importantes para la creación y el desarrollo de empresas orientadas al crecimiento, el Plan de acción de la Comisión hace mucho hincapié en el capital-riesgo como posible modalidad de financiación del crecimiento; subraya, no obstante, que este tipo de financiación solamente resulta adecuada para una cantidad reducida de PYME y que los préstamos bancarios siguen siendo la principal fuente de financiación;

11.

Destaca que no existe una modalidad de financiación válida para todos los casos y pide a la Comisión que apoye el desarrollo de una amplia gama de programas, instrumentos e iniciativas a medida, que abarquen desde instrumentos de capital (como inversores informales, micromecenazgo y sistemas de negociación multilateral), instrumentos de cuasi capital (como la financiación de entresuelo) hasta instrumentos de deuda (bonos corporativos de pequeña cuantía, mecanismos de garantía y plataformas, entre otros) y asociaciones entre los bancos y otros agentes que intervienen en la financiación de las PYME (profesionales de la contabilidad, asociaciones de empresas o PYME o cámaras de comercio), con el fin de brindar apoyo a las empresas en las fases de puesta en marcha, crecimiento y transferencia, teniendo en cuenta su tamaño, volumen de negocio y necesidades de financiación;

12.

Destaca que la Comisión debería hacer hincapié en el importante papel que puede desempeñar el mercado bursátil para mejorar el acceso a la liquidez tanto en el caso de las PYME como de los inversores en distintas fases; recuerda que ya existen mercados bursátiles concebidos específicamente para las PYME en la zona del euro y que su objeto es responder a las necesidades específicas de la zona del euro en términos de mercado y financiación;

13.

Solicita a la Comisión que subordine las nuevas normativas relativas a las PYME a una evaluación de impacto general e inclusiva que incluya un análisis exhaustivo y que tenga en cuenta las necesidades y desafíos a los que pueden enfrentarse las PYME;

14.

Destaca que las PYME, con frecuencia, se sitúan al final de un largo ciclo de suministro y que, por lo tanto, son las más afectadas por la morosidad y los plazos de pago cortos; acoge favorablemente, por tanto, la iniciativa de la Comisión que alienta firmemente a los Estados miembros a acelerar la aplicación de la Directiva sobre morosidad;

15.

Destaca que los estudios de la Comisión muestran que, entre los factores fundamentales que permiten el acceso de las PYME a la financiación, la innovación, la competitividad y el crecimiento, no figura únicamente el acceso a la financiación, sino, también, a las competencias, incluidas las competencias de gestión y el conocimiento en materia financiera y de contabilidad; considera, por tanto, que la oferta de instrumentos financieros debe ir acompañada del desarrollo de programas de tutoría y formación adecuados y de la ejecución de servicios empresariales basados en el conocimiento;

16.

Considera necesario apoyar a las PYME a nivel local, con el fin de elaborar políticas dirigidas a promover el espíritu emprendedor, mejorar la situación de las PYME en todo su ciclo de vida y ayudarlas a acceder a nuevos mercados; estima que el reconocimiento y el intercambio de mejores prácticas son elementos fundamentales de esa política;

17.

Señala que la falta de conocimientos sobre finanzas básicas por parte de los empresarios limita la calidad de los planes de negocio y, por lo tanto, el éxito de la solicitud de créditos; solicita, por tanto, a los Estados miembros que brinden apoyo a la formación profesional de los empresarios potenciales y a las iniciativas de asociación entre bancos, cámaras de comercio, asociaciones empresariales y profesionales de la contabilidad;

18.

Considera que el empresariado femenino es un recurso no aprovechado para el crecimiento y la competitividad de la UE que conviene promover y reforzar, y que deben suprimirse todos los obstáculos que afrontan las mujeres en el mercado laboral;

19.

Cree que en los sistemas de educación básica deberían incluirse el desarrollo de las capacidades empresariales y programas sobre las modalidades de funcionamiento y de interactuación del mercado, la economía y el sistema financiero; considera que un plan de negocio bien trazado constituye un primer paso para lograr un mejor acceso a la financiación y para la viabilidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan sin demora la educación financiera en sus programas educativos; respalda, en este mismo contexto, el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, cuyo fin es fomentar la cultura empresarial y desarrollar el mercado único y la competitividad;

20.

Considera necesario elaborar una estrategia especial para las empresas de nueva creación, así como instrumentos financieros para realizar proyectos innovadores y desarrollar la creatividad de los jóvenes emprendedores;

21.

Destaca que en algunos Estados miembros ya existen buenas prácticas en el ámbito de la mejora de la preparación de los empresarios; pide a la Comisión que respalde su aplicación en otros Estados miembros;

22.

Hace hincapié en que es indispensable informar periódicamente a los empresarios, a los empresarios potenciales y a los bancos, en términos simplificados, sobre las iniciativas de formación, la financiación de la UE y los programas para las PYME a nivel nacional, regional y local, ya que deben aprovechar todas las oportunidades y medidas disponibles; insta a la Comisión a que garantice que las organizaciones nacionales de PYME estén debidamente informadas sobre las iniciativas y las propuestas estratégicas de la UE;

23.

Insta al grupo BEI a que incremente los esfuerzos de comunicación dirigidos a promover los programas financieros en favor de las PYME en colaboración con las asociaciones de la pequeña y mediana empresa;

24.

Señala que es indispensable orientar a los empresarios que han quebrado, dado que es la causa del 15 % de cierres de empresas; apoya la simplificación y la reducción de los procedimientos de quiebra para que los empresarios afectados dispongan de una segunda oportunidad, ya que es probable que las empresas creadas por empresarios que vuelven a relanzar empresas funcionen mejor;

25.

Observa que, en términos generales, las entidades crediticias conocen mejor que los empresarios los instrumentos de crédito y que los empresarios deberían comunicar mejor sus plan de negocios y su estrategia a largo plazo; hace hincapié en que esta falta de información crea dificultades a la hora de hablar de una solicitud de crédito; reconoce que, por una parte, las PYME necesitan un asesoramiento ad hoc en materia de oportunidades de crédito; pide a la Comisión que fomente la puesta en común de las mejores prácticas sobre soluciones específicas relativas al diálogo, la cooperación y el intercambio de información entre entidades crediticias y empresarios; pide a la Comisión que refuerce el diálogo y la cooperación entre empresarios y acreedores;

26.

Considera que los acreedores deberían establecer de forma transparente criterios claros y específicos sobre los procedimientos de solicitud de crédito; hace hincapié en que, cuando una entidad crediticia rechaza una solicitud de crédito total o parcialmente, debe informar convenientemente y de modo constructivo al empresario sobre los motivos de la denegación; pide a la Comisión que defina directrices claras sobre transparencia en relación con este enfoque constructivo;

27.

Señala que, cuando amortizan un crédito de forma anticipada, las PYME tienen que pagar a la entidad crediticia las pérdidas de financiación y, con frecuencia, una multa adicional, lo que se traduce en un coste total demasiado elevado; pide a la Comisión que proponga una mayor transparencia en todos los contratos de amortización anticipada con las PYME y que estudie la posibilidad de fijar un tope para limitar los costes de este tipo de operación;

28.

Toma nota de que las PYME tienen que hacer frente a unos requisitos cada vez más exigentes, incluidas garantías personales, para obtener financiación por parte de las entidades de crédito; señala que el aumento de los tipos de interés podría generar un incremento de los términos y condiciones no vinculados a los precios, incluidas garantías personales; considera, por consiguiente, que la legislación necesaria para regular el sector financiero debe proteger y fomentar de manera explícita la concesión efectiva de créditos a la economía real, en particular las PYME;

29.

Pide a los Estados miembros que reduzcan la carga administrativa durante la creación y la vida útil de las PYME, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los países en este ámbito, que obstaculizan la plena realización del mercado único; subraya la importancia de reducir el número de días necesarios para crear una nueva empresa; pide a la Comisión que estudie las mejores prácticas potenciales que deben aplicarse en los Estados miembros; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de implantar un número de identificación de PYME único, almacenado en una base de datos única europea sobre PYME, en la que se incluyan todos los datos financieros y que permita a las PYME acceder con mayor facilidad a los programas y la financiación nacionales y de la UE; señala que, si se introduce un número de identificación de PYME de este tipo, debe prestarse atención a los principios relativos a la protección de datos;

30.

Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de promover la utilización de la calificación cualitativa como herramienta complementaria a la evaluación cuantitativa estándar de la solvencia crediticia de las PYME;

31.

Acoge con satisfacción los nuevos programas de financiación de la Comisión, que tienen en cuenta las características específicas de las PYME; pide a la Comisión que siga desarrollando una financiación europea adaptada a las PYME; subraya que debe evitarse la fragmentación de la financiación y que esta última únicamente puede ser eficaz cuando es capaz de cubrir una parte sustancial de lo que necesitan las PYME en cuestión;

32.

Expresa su firme convicción de que debería incrementarse notablemente la dotación financiera de los instrumentos de financiación en materia de deuda e instrumento de financiación de capital en el marco de los programas COSME y Horizonte 2020, así como mejorar considerablemente el acceso de las PYME a dichos instrumentos;

33.

Considera que la Comisión debería explorar formas de mejorar el mercado de cuasi-capital europeo, en concreto la financiación de entresuelo; recomienda que la Comisión investigue la manera de fortalecer la financiación de entresuelo para el crecimiento del FEI y que examine nuevos productos de entresuelo, como una garantía para los préstamos de entresuelo; recomienda, asimismo, que se presenten datos y análisis relacionados con los instrumentos financieros con el fin de reducir barreras para los intermediarios financieros, quienes tal vez deseen explorar el mercado crediticio para el capital de entresuelo en la UE;

34.

Pide que al menos el 20 % del presupuesto del programa Horizonte 2020 se destine a las PYME;

35.

Señala que las garantías de capital son muy apreciadas y utilizadas por las PYME y las instituciones crediticias; acoge con satisfacción los esfuerzos que está realizando la Comisión con respecto a esta cuestión; pide a los Estados miembros que apliquen un marco adecuado de garantías de capital;

36.

Insta a la Comisión a que establezca un marco normativo adecuado y ad hoc para los emisores de crédito en favor de las PYME que no les resulte oneroso y que también se granjee la confianza de los inversores (en el marco de la normativa europea sobre normas contables, la Directiva Prospectus, la Directiva sobre transparencia, la Directiva sobre abusos de mercado y la Directiva MiFID);

37.

Acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado en la reunión del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2012 sobre el aumento de capital del BEI en 10 000 millones de euros, lo que permitirá que el grupo BEI aumente su capacidad de préstamo en la Unión en 60 000 millones de euros, aproximadamente, en el período 2012-2015, estimulando inversiones por valor de aproximadamente 180 000 millones de euros y desempeñando, así, un positivo papel anticíclico en el marco de un esfuerzo de reactivación concertada de la economía europea; acoge con satisfacción las prioridades de financiación del BEI en la medida en que especifican la necesidad de ampliar el abanico de socios bancarios para los préstamos a las PYME, con el fin de incluir a nuevos intermediarios financieros nuevos y no convencionales; destaca que este nuevo compromiso no debe socavar los esfuerzos paralelos dirigidos a reforzar y mejorar los instrumentos conjuntos BEI-presupuesto de la Unión utilizados para compartir el riesgo y asumir cuotas de participación; pide a la Comisión, en este contexto, que refuerce y optimice los instrumentos de riesgo compartido del Banco Europeo de Inversiones y los programas de este banco en materia de carteras de capital o de financiación de entresuelo concedida por las entidades financieras (intermediarios) a las PYME; reconoce que la política de cohesión es una de las fuentes principales de apoyo financiero a las PYME y que los programas de financiación en el marco de los Fondos Estructurales, la reducción de la burocracia y el aumento de la velocidad y de la eficacia son elementos fundamentales para promover la recuperación de la economía de la UE y su competitividad;

38.

Insta a la Comisión a que establezca, en el marco del Fondo Europeo de Inversiones, una plataforma permanente de garantía europea que facilite el acceso de las PYME a la financiación, promueva el desarrollo de productos de garantía o de crédito basados en garantías europeas y reduzca los requisitos en materia de capital de las entidades bancarias y la exposición al riesgo de los intermediarios financieros;

39.

Insta al BEI a que consolide su iniciativa de microfinanciación de proyectos y a que, de este modo, contribuya en mayor medida a impulsar las prioridades políticas de la UE en el ámbito de la inclusión social;

40.

Señala que en algunos Estados miembros hay depositada una cantidad récord de ahorros de los hogares en cuentas bancarias, mientras que en otros Estados miembros los depósitos se están reduciendo a causa de la crisis; hace hincapié en que la definición de un marco idóneo de incentivos para activar estos ahorros podría facilitar el acceso de las PYME a la financiación, tanto nacional como de carácter transfronterizo, e impulsar la economía de la UE; pide a la Comisión que presente una propuesta de activación de estos ahorros, por ejemplo mediante el establecimiento de incentivos basados en las mejores prácticas vigentes en los Estados miembros;

41.

Señala que las PYME contribuyen a que la población tenga un puesto de trabajo en las regiones en las que las tasas de desempleo son menores, fomentando el incremento del empleo y contribuyendo a satisfacer las necesidades actuales de sus habitantes, teniendo, así, un efecto positivo sobre el desarrollo de las comunidades locales; considera, por lo tanto, que el desarrollo de las PYME es una manera de reducir las disparidades a nivel nacional;

42.

Acoge con satisfacción el apoyo a las PYME y las microempresas mediante iniciativas como PSCI, el programa Europa Creativa (incluido el Mecanismo de garantía de préstamos para el sector de la cultura y la creación), COSME y Horizonte 2020, que ofrecen, todos, nuevas maneras de desarrollar los conocimientos y las competencias que permiten el desarrollo dinámico de las PYME y de las microempresas;

43.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen las distintas formas de mejorar el acceso a la financiación para las PYME que deseen aportar obras, productos o servicios innovadores al sector público; solicita, en particular, medidas destinadas a mejorar las condiciones de financiación garantizando que el capital de riesgo y otros flujos de financiación importantes reconozcan plenamente el potencial de crecimiento de las empresas innovadoras que trabajen con colaboradores del sector público, tanto en proyectos de contratación pública precomercial como en el contexto de las asociaciones de innovación;

44.

Destaca que un marco normativo justo, abierto y transparente en la UE para la contratación pública y la aplicación proporcionada, transparente e indiscriminada de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (3) son indispensables para que las PYME tengan un mejor acceso a la contratación pública y tengan la posibilidad de completar dichos contratos;

45.

Añade que deben adoptarse medidas a fin de garantizar que la simplificación de la actividad transfronteriza de las PYME no posibilite, al mismo tiempo, actividades transfronterizas en el contexto del trabajo autónomo ficticio, especialmente en el sector de la construcción;

46.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al Banco Central Europeo, al Banco Europeo de Inversiones, a la Comisión y s los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

22.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 24/8

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Vistas la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en septiembre de 1995, la Declaración y la Plataforma de Acción adoptadas en Pekín y los subsiguientes documentos sustantivos adoptados en las sesiones especiales de las Naciones Unidas Pekín + 5 y Pekín + 10 sobre otras acciones e iniciativas para poner en práctica la Declaración de Pekín y la Plataforma de Acción adoptadas, respectivamente, el 9 de junio de 2000 y el 11 de marzo de 2005,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas, de 1979, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de marzo de 2006, titulada «Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010)» (COM(2006)0092),

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Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2010, sobre Pekín + 15 — Plataforma de acción de las Naciones Unidas para la igualdad de género (1),

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Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres (2),

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Visto el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica,

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Vistos las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas (Consejo de Asuntos Generales de 8 de diciembre de 2008) y el Plan de Acción sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación para el desarrollo, como parte de las Conclusiones del Consejo sobre los ODM adoptadas en junio de 2010 (Consejo de Asuntos Exteriores),

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Visto el informe de la reunión del Grupo de Expertos sobre la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, celebrada en Bangkok del 17 al 20 de septiembre de 2012,

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Visto el informe sobre los resultados del Foro de Partes Interesadas sobre la Prevención y la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas los días 13 y 14 de diciembre de 2012,

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Vista la pregunta a la Comisión sobre el 57o periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas (O-000004/2013 — B7-0111/2013),

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Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más graves a nivel mundial y estructural, que este fenómeno implica a víctimas y agresores de todas las edades, todos los niveles de educación, ingresos y posición social y es tanto causa como consecuencia de la desigualdad entre mujeres y hombres;

B.

Considerando que la violencia contra las mujeres persiste en todos los países del mundo y es una violación de los derechos humanos muy extendida y un obstáculo de primer orden para conseguir la igualdad de género y la capacitación de las mujeres; que afecta a las mujeres y las niñas en todas partes del mundo, independientemente de factores tales como la edad, la clase o el nivel económico, perjudica a las familias y las comunidades, tiene importantes costes económicos y sociales y restringe y socava el crecimiento económico y el desarrollo;

C.

Considerando que es necesario abordar todas las formas de violencia contra las mujeres, en particular la violencia física, sexual y psicológica, tal como se definen en la Plataforma de Acción de Pekín, puesto que todas ellas limitan la posibilidad de las mujeres de disfrutar plenamente de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

D.

Considerando que el acoso y la violencia contra las mujeres abarcan una amplia gama de violaciones de derechos humanos, como por ejemplo, el abuso sexual, la violación, la violencia doméstica, la agresión y el acoso sexuales, la prostitución, la trata de mujeres y niñas, la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la violencia contra las mujeres en el entorno laboral, la violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto, la violencia contra las mujeres en las prisiones o en instituciones de asistencia, la violencia contra las lesbianas, la privación arbitraria de la libertad y diversas prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital, los crímenes de honor y los matrimonios forzados; considerando asimismo que cualquiera de estos abusos puede dejar profundas secuelas psicológicas e implicar daño o sufrimiento físico o sexual, amenazas de actos de ese tipo y coerción, dañar el estado general de salud de las mujeres y las niñas, en particular su salud reproductiva y sexual, y, en algunos casos, llegar a provocar la muerte;

E.

Considerando que, mientras que la desigualdad de género y la discriminación contribuyen a aumentar el riesgo de violencia, otras formas de discriminación por razón de discapacidad o de pertenencia a una minoría pueden contribuir a aumentar el riesgo de exposición de las mujeres a la violencia y la explotación; que las actuales respuestas a la violencia contra las mujeres y las niñas y las estrategias de prevención que las acompañan no tienen suficientemente en cuenta a las mujeres y las niñas que sufren múltiples formas de discriminación;

F.

Considerando que hay numerosas formas estructurales de violencia contra las mujeres, que, entre otras cosas, restringen los derechos de elección para las mujeres, el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo y a la integridad física, el derecho a la educación y el derecho a la autodeterminación, y privan a las mujeres de gozar plenamente de sus derechos civiles y políticos; que una sociedad en la que no se garantiza la igualdad de derechos entre mujeres y hombres perpetúa una forma estructural de violencia contra las mujeres y las niñas;

G.

Considerando que las ONG locales e internacionales, como los grupos de apoyo y los responsables de casas de acogida para mujeres, líneas telefónicas de emergencia y estructuras de apoyo, son esenciales para que se pueda avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres y la violencia de género;

H.

Considerando que el trabajo dirigido a poner fin a la violencia contra las mujeres y a la violencia de género requiere, para ser eficaz, una cooperación y una acción internacionales y el firme compromiso de los dirigentes políticos a todos los niveles, así como niveles de financiación más importantes;

I.

Considerando que las políticas y acciones de las Naciones Unidas encaminadas a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género tienen una importancia fundamental para situar estas cuestiones en el punto de mira de la política y la acción internacionales y para alentar a los Estados miembros de la UE a abordar la violencia contra las mujeres de una forma más sistemática;

1.

Confirma su compromiso con la Plataforma de Acción de Pekín y con la serie de acciones en favor de la igualdad de género que figuran en ella; reitera que el trabajo destinado a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas exige un planteamiento coordinado y multisectorial que implique a todas las partes interesadas y aborde las causas que subyacen a la misma, como la discriminación directa o indirecta, la prevalencia de los estereotipos de género y la falta de igualdad entre mujeres y hombres;

2.

Destaca la importancia de que se obtengan resultados positivos en el 57o periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, que se celebrará del 4 al 15 de marzo de 2013, incluida la adopción de un conjunto de conclusiones acordadas que contribuyan de forma significativa a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular las mujeres con discapacidad, las indígenas, las migrantes, las adolescentes y las afectadas por el VIH/sida, logrando así cambiar la situación en todo el mundo;

3.

Considera que, entre las prioridades fundamentales para abordar la violencia contra las mujeres y las niñas, se debe incluir la eliminación de las actitudes socioculturales discriminatorias que refuerzan la situación de subordinación de las mujeres en la sociedad y conducen a que se tolere la violencia contra las mujeres y las niñas, tanto en la esfera privada como en la pública, en el hogar, en el lugar de trabajo y en los centros de enseñanza; espera, en este contexto, que se avance con rapidez en el desarrollo de normas, disposiciones y políticas jurídicas internacionales que mejoren los servicios para las víctimas y la protección de las mismas, fomenten la toma de conciencia para cambiar los comportamientos y las actitudes, y, sobre todo, que garanticen una aplicación suficiente y coherente en todas las partes del mundo;

4.

Considera que, para que la UE y sus Estados miembros lleguen a ser actores más eficientes a escala mundial, deben también intensificar los esfuerzos internos para eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia de género; reitera, por consiguiente, su petición a la Comisión para que proponga una estrategia de la UE de lucha contra la violencia contra las mujeres, incluida una directiva por la que se establezcan normas mínimas; pide en este contexto a la UE y a sus Estados miembros que firmen y ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica;

5.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que revisen las políticas, los programas y los recursos disponibles para hacer frente a la violencia dentro y fuera de la UE, y que refuercen su estrategia con instrumentos mejorados y objetivos ambiciosos;

6.

Pide a la UE y a los Estados miembros que incrementen los recursos destinados a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, a nivel local, nacional, europeo y mundial, y ofrezcan apoyo a los actores que trabajan para poner fin a la violencia contra las mujeres y a la violencia de género, en particular a las ONG activas en este ámbito;

7.

Expresa su firme apoyo a la ONU Mujeres, que es un actor fundamental del sistema de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo y agrupa a todas las partes interesadas relevantes para producir un cambio político y coordinar las acciones; pide a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, así como a la UE, que aumenten la financiación destinada a la ONU Mujeres;

8.

Pide al Servicio de Acción Exterior de la UE que redoble sus esfuerzos para garantizar que los derechos humanos de las mujeres y las niñas se protejan y fomenten en todas las acciones y diálogos en que participe, que acelere la aplicación de las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas y que cree vínculos más estrechos con las acciones realizadas para luchar contra la violencia contra las mujeres y las niñas en el marco de la cooperación al desarrollo de la UE, apoyando al mismo tiempo a los defensores de los derechos de la mujer, los derechos humanos y los derechos del colectivo LGBT;

9.

Pide que se desarrollen programas y mecanismos institucionales a nivel internacional y regional, para garantizar que las estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas ocupen un lugar predominante en todas las acciones internacionales concebidas para responder a las crisis humanitarias vinculadas a situaciones de conflicto y posconflicto o a desastres naturales;

10.

Pide a la UE que suscriba plenamente la recomendación del Grupo de Expertos, según la cual la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su reunión de 2013, debe acordar la elaboración de un plan de aplicación mundial para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas que se centre especialmente en la prevención de la violencia y prevea orientaciones de supervisión y operativas (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y Plataforma de Acción de Pekín), que deberán aprobar todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y se deberá poner en marcha en 2015;

11.

Pide a la UE que apoye el lanzamiento de una campaña mundial de sensibilización destinada a prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género, con el fin de adoptar nuevas medidas para que nuestros países y comunidades sean seguros y respeten plenamente los derechos humanos de las mujeres y las niñas en todo el mundo; considera que esta campaña debe basarse en las asociaciones existentes entre Estados y otros actores relevantes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y de mujeres;

12.

Pide al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos que tenga plenamente en cuenta los informes y las propuestas sobre la violencia contra las mujeres;

13.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos.

22.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 24/11

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de febrero de 2012, «Llevar adelante el Plan Estratégico de Aplicación de la cooperación de innovación europea sobre el envejecimiento activo y saludable» (COM(2012)0083),

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Visto el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, adoptado en abril de 2002,

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Vista la Decisión no 940/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2011, sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional,

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Visto el Plan Estratégico de Aplicación de la cooperación de innovación europea sobre el envejecimiento activo y saludable de 17 de noviembre de 2011,

—

Visto el dictamen del Comité de las Regiones sobre «Envejecimiento activo: innovación — salud inteligente — mejores vidas» de mayo de 2012 (1),

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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Horizonte 2020: Hojas de ruta para el envejecimiento», de mayo de 2012 (2),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0029/2013),

1.

Celebra la propuesta de la Comisión de una cooperación de innovación europea que promueva un nuevo paradigma en el que el envejecimiento se considere una oportunidad de futuro en lugar de una carga para la sociedad; destaca, además, que esta oportunidad no debe quedar limitada a las innovaciones técnicas (TIC) y a su potencial para el mercado interior y para las industrias y empresas de la UE —las soluciones TIC deben ser de uso fácil y estar orientadas al usuario final, en particular, las personas de edad avanzada—; considera que también debe incluir una estrategia clara e inequívoca dotada de objetivos sociales que fomente y reconozca formalmente la relevancia de las personas de edad y el valor de su experiencia y de su aportación a la sociedad y la economía, sin estigmas ni discriminación;

2.

Señala que esta estrategia también debe incluir la investigación en nuevas formas de ocupación adecuadas para las personas de edad avanzada; considera que debe investigarse con mayor detalle el potencial y el valor añadido de dar empleo a personas de edad avanzada, con el fin de elaborar directrices con soluciones que se puedan aplicar a todos y que puedas ser aceptadas por todos; destaca las posibilidades de obtener un gran valor social del dividendo demográfico de las generaciones de mayor edad;

3.

Solicita a la Comisión que incluya formalmente la dimensión de género junto a la dimensión de edad y, por tanto, incorpore la cuestión del equilibrio entre vida privada y vida laboral en su estrategia sobre envejecimiento activo y saludable;

4.

Señala que el envejecimiento de la sociedad tiene su causa en el cambio demográfico (descenso de la natalidad);

5.

Pone de relieve que las personas de edad avanzada constituyen el grupo de edad que más rápido crece en Europa; confía, a este respecto y con miras a desarrollar lo antes posible las infraestructuras, los servicios y los instrumentos que puedan responder a esta transición, en que la Comisión no deje de implicar a los Gobiernos nacionales, las autoridades locales, la OMS y el mayor número posible de partes interesadas en la puesta en práctica de las medidas de sensibilización en esta materia;

6.

Hace hincapié en las grandes desigualdades que existen entre los Estados miembros por lo que respecta a su composición demográfica, así como en las significativas diferencias desde el punto de vista nacional, político y cultural en cuanto a la percepción de los retos demográficos y, sobre todo, del modo en que se han de afrontar y planificar dichos retos; toma nota del constante aumento de la esperanza de vida en todos los Estados miembros y del notable incremento del número de personas que siguen trabajando después de la jubilación, con unas tasas de empleo entre las personas de 65 a 74 años que aumentaron en un 15 % entre 2006 y 2011;

7.

Resalta la necesidad de escuchar a las personas mayores ofreciéndoles compañía a través de programas sociales donde los jóvenes se involucren con ellas y reciban a cambio sus valores y su experiencia; considera que el apoyo de la sociedad civil a la cooperación de innovación europea es necesario para ofrecer un nivel de asistencia más significativo a través de diferentes fundaciones y asociaciones;

8.

Destaca que la participación en igualdad de condiciones también es un derecho fundamental de los miembros de mayor edad de la sociedad;

9.

Señala que las oportunidades de trabajo y de voluntariado, así como las medidas de protección social, son fundamentales para garantizar un envejecimiento activo y saludable;

10.

Subraya que las personas mayores necesitan distintas formas de apoyo y cuidado y que los servicios y las soluciones deben, en consecuencia, orientarse siempre a las personas y responder a la demanda;

11.

Señala la necesidad de luchar contra la discriminación por razón de edad en el mercado de trabajo, a fin de garantizar que los trabajadores de mayor edad puedan conservar su empleo o tengan acceso a oportunidades laborales;

12.

Destaca el importante papel de los agentes locales y regionales en la modernización, la mejora y la racionalización de la prestación de servicios de asistencia sanitaria y de ayuda social, de cara a la generación de modelos que ofrezcan mejores resultados para los ciudadanos en el mercado laboral;

13.

Hace hincapié en la necesidad de crear las condiciones marco adecuadas para que las personas puedan participar en el mercado de trabajo y seguir siendo productivas, tanto mediante la mejora de la flexibilidad del mercado laboral a través de la introducción de cuentas de vida laboral y posibilidades de tiempo parcial, como mediante el establecimiento de diferentes formas de contratos de trabajo adaptados a los trabajadores de mayor edad, así como normas flexibles de transición a la jubilación, como pensiones parciales o años de bonificación, velando por que siempre exista una protección social adecuada;

14.

Respalda la propuesta de la Comisión de adoptar la definición del envejecimiento activo y saludable formulada por la OMS; destaca que un envejecimiento activo y saludable abarca la totalidad de la vida y que las especificidades del contexto de la UE deben formar parte de la definición, y más concretamente las prioridades de la UE en relación con unas condiciones medioambientales saludables y ecológicamente sostenibles, con la sensibilización sanitaria, con la prevención y la detección precoz, seguida de un diagnóstico correcto y un tratamiento eficaz, con la buena información sobre la salud, con la salud en línea, con el ejercicio físico, con la seguridad alimentaria y una nutrición adecuada, con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y con los regímenes de seguridad social y los sistemas de protección social; señala que la edad avanzada no está vinculada por defecto a la enfermedad y a los problemas de salud y que, por tanto, no ha de asociarse o equipararse a la dependencia o la discapacidad;

15.

Apoya la propuesta de la Comisión de aumentar en dos el número medio de años de vida con buena salud como parte de los objetivos de Horizonte 2020 y celebra los avances médicos que ayudan a aumentar la esperanza de vida; destaca, no obstante, que para alcanzar un objetivo tan ambicioso debe aplicarse una perspectiva que abarque todas las fases de la vida; destaca que debe darse prioridad al acceso a la prevención y a la atención primaria y que deben desarrollarse mecanismos adecuados para paliar durante toda la vida los efectos negativos de las enfermedades crónicas en el envejecimiento activo y saludable;

16.

Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a considerar la salud como una materia horizontal, incorporando las cuestiones de salud a todas las políticas pertinentes de la UE, incluida la seguridad social y la protección social, la política económica y de empleo, la igualdad de género y las políticas de contrarias a la discriminación o no discriminatorias;

17.

Solicita a la Comisión que haga un seguimiento de la información y ofrezca datos basados en pruebas, completos y de libre acceso sobre la incidencia y la prevalencia de los problemas de salud y las enfermedades, incluidas las crónicas, y que integre esos datos en las estrategias y orientaciones de mejores prácticas en materia de envejecimiento activo y saludable;

18.

Insta a los Estados miembros a desarrollar trayectorias eficaces para evaluar los abusos a personas de edad avanzada y hacer un seguimiento de los mismos, también en relación con los efectos en la salud y el bienestar de las víctimas, y a que establezcan procedimientos accesibles para asistir y proteger a las víctimas;

19.

Señala la necesidad de integrar las cuestiones sanitarias en todas las políticas de la Unión Europea, incluida la seguridad y la protección sociales, las políticas económicas y de empleo, la igualdad de género y la lucha contra la discriminación;

20.

Alienta a la Comisión a seguir insistiendo en que sumar dos años al número medio de años de vida con buena salud de nuestros ciudadanos es el principal objetivo y que todas las acciones seleccionadas deben, ante todo, contribuir cuantitativamente a dicho objetivo;

21.

Insta a que la propuesta de la Comisión actúe como facilitadora y coordinadora de la cooperación de innovación europea sobre el envejecimiento activo y saludable, participando activamente junto con los actores interesados tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta; pone de relieve que la Comisión debe garantizar que la cooperación de innovación europea beneficie a todos los ciudadanos de la UE, sobre todo a las personas infrarrepresentadas o en riesgo de exclusión; aplaude el reconocimiento que se concede en la Comunicación COM(2012)0083 al papel de la cooperación de innovación europea a la hora de alcanzar los objetivos de la Unión por la innovación, la Agenda Digital, la Agenda de nuevas cualificaciones y empleos, la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social y la Estrategia de Salud de la UE, por lo que se refiere, entre otros aspectos, a la consecución de los objetivos emblemáticos de Europa 2020;

22.

Pide a la Comisión que cree indicadores que puedan ofrecer datos sobre las enfermedades crónicas y el envejecimiento que sean comparables, exhaustivos y de fácil acceso, para elaborar estrategias más eficaces y permitir el intercambio de buenas prácticas tanto a nivel de la UE como a nivel nacional;

23.

Respalda la propuesta de la Comisión de incrementar la participación de las personas de edad en la elaboración de políticas y en la toma de decisiones, a fin de estimular la gobernanza local y regional; destaca, no obstante, que un planteamiento de participación de abajo hacia arriba, además del mantenimiento de su participación en la vida social y cultural, exige evaluaciones básicas más exhaustivas y un seguimiento regular de las necesidades y demandas presentes y futuras de las personas de edad y de sus cuidadores formales e informales;

24.

Destaca que la información y los datos recabados a escala local y mediante un planteamiento de participación de abajo hacia arriba proporcionarán a los responsables políticos los conocimientos necesarios para diseñar políticas que sean aceptables y adecuadas para las comunidades locales; solicita a la Comisión, por tanto, que imponga como requisito el planteamiento de participación de abajo hacia arriba a efectos de la investigación, así como el perfeccionamiento de los indicadores e índices pertinentes, con el fin de cartografiar las necesidades actuales y hacer un seguimiento de ellas con miras a la eficacia de políticas, programas y servicios;

25.

Recuerda a la Comisión que las restricciones y limitaciones en relación con la atención sanitaria, los servicios de asistencia, la protección y la seguridad sociales, aprobadas y aplicadas por la Comisión y/o los Estados miembros con objeto de cumplir con los ahorros financieros y presupuestarios y los recortes en el gasto (sanitario y social) fijados a raíz de la actual crisis económica y financiera no deben interferir en modo alguno con la dignidad y las necesidades humanas básicas, ni afectarlas negativamente; recalca que dichos ahorros y recortes, a no ser que vayan acompañados de reformas meticulosamente preparadas y orientadas a los pacientes, pueden agravar las desigualdades en el ámbito de la salud, las desigualdades sociales y abocar a la exclusión social; hace hincapié en que dichos ahorros y recortes agravarán la salud global de las personas, las desigualdades en el ámbito de la salud, las desigualdades sociales y la exclusión social, poniendo en peligro la solidaridad intergeneracional e intrageneracional; solicita, por ello, a los Estados miembros que desarrollen un Pacto entre Generaciones que incluya una estrategia clara e inequívoca para salvaguardar la cohesión social, mejorar la salud global de las personas y abordar las desigualdades en las condiciones de salud; destaca que esta estrategia debe aspirar a una asequibilidad, una disponibilidad y una accesibilidad óptimas de los regímenes de asistencia sanitaria y social;

26.

Destaca, en este contexto, la necesidad de una financiación adecuada a escala local, regional, nacional y de la UE para apoyar a las PYME y a las empresas de la economía social; pone en duda la suficiencia de los recursos disponibles de la cooperación de innovación europea sobre el envejecimiento activo y saludable que provienen de las partes interesadas y alienta a la Comisión a ofrecer la financiación requerida; saluda el alineamiento previsto de los instrumentos de financiación de la UE para optimizar el impacto de la financiación y alienta a que se inicien y se mantengan proyectos como CASA, «Una vida más larga y mejor» y otros que promueven la interoperabilidad y el intercambio de conocimientos, datos y mejores prácticas; considera que la decisión de incluir «innovación para una vida saludable y un envejecimiento activo» como uno de los temas prioritarios de las comunidades de conocimiento e innovación (CCI) para el período 2014-2015 del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) constituye un avance en la buena dirección que ha de ir acompañado de instrumentos financieros concretos, por ejemplo, la financiación a cargo del marco financiero plurianual 2014-2020, incluidos el FSE, el FEDER, el Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales, el programa de investigación e innovación y Horizonte 2020;

27.

Considera que se necesitan distintos instrumentos financieros, como los fondos europeos de emprendimiento social, los fondos europeos de capital riesgo y los European Angels Funds (EAF), para ampliar el acceso de las empresas sociales a los mercados financieros;

28.

Confía en que los Estados miembros, al utilizar los Fondos Estructurales, presten mayor atención a las condiciones de vida y de trabajo de la generación de mayor edad, forjen juntos una Europa con solidaridad intergeneracional de aquí a 2020 y desarrollen su infraestructura social de manera que permita combatir la pobreza en la vejez;

29.

Acoge con satisfacción el enfoque de la Comisión en relación con la prevención de la fragilidad y el deterioro funcional; alienta a la Comisión a que aplique un enfoque holístico en relación con la prevención; señala la correlación sistemática entre la condición socioeconómica y las consecuencias para la salud a lo largo de toda la vida; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden los problemas estructurales, incluida la desinformación en materia de salud, y luchen contra las desigualdades socioeconómicas (que se traducen en desigualdades en las condiciones de salud); se opone asimismo a la presión que se ejerce sobre las personas para que mejoren su estado de salud cuando no se actúa adecuadamente sobre las cuestiones estructurales, aunque reconoce que la responsabilidad individual es importante a la hora de mejorar el estado de salud; solicita, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que creen las condiciones estructurales para acabar con las desigualdades estructurales y en materia de salud, incluida la desinformación en esta materia, y que aporte la financiación necesaria para seguir investigando la forma en que las comunidades locales pueden contribuir a la lucha contra estas desigualdades;

30.

Pide a la Comisión y a las autoridades competentes de los Estados miembros que reconozcan, promuevan y financien todas las formas de prevención, por ejemplo, la promoción de un estilo de vida saludable, los chequeos médicos periódicos y la intervención temprana para retrasar o detener el avance de la enfermedad en las primeras fases, y que desarrollen medidas de prevención destinadas a frenar el deterioro de pacientes con enfermedades crónicas;

31.

Observa que la movilidad mental se refuerza con el acceso a la formación permanente, también en la edad madura, y que así puede prevenirse la demencia;

32.

Respalda el planteamiento de la Comisión de promover la salud mediante programas integrados; destaca, no obstante, que estos programas deben basarse en pruebas que reflejen las necesidades actuales y futuras de la población en proceso de envejecimiento; destaca asimismo que los programas deben incorporar un enfoque adecuado en relación con aspectos no vinculados (entera o directamente) al comportamiento personal, como por ejemplo las condiciones medioambientales (calidad del agua y del aire, reducción del ruido, gestión de residuos), la salud y la seguridad en el trabajo (gestión del factor edad), y la protección del consumidor (normas en materia de marketing y publicidad, seguridad alimentaria, derechos de los consumidores);

33.

Respalda el planteamiento de la Comisión sobre el aumento de los niveles de actividad física de la población para mejorar el envejecimiento activo y saludable y recuerda que la falta de ejercicio regular genera problemas de salud que, según la OMS, constituyen el cuarto factor más habitual de la mortalidad; muestra su preocupación por el hecho de que la mayoría de los ciudadanos de la UE no practica la cantidad de ejercicio diario recomendada;

34.

Promueve un vínculo más estrecho entre el envejecimiento saludable y una mayor integración del ejercicio físico en los programas educativos; destaca la importancia de las opciones cotidianas (ejercicio físico, dieta, etc.) a la hora de prevenir los problemas de salud; pide a la Comisión y a las autoridades competentes de los Estados miembros que actúen para alentar a las personas de todas las edades a practicar más ejercicio físico como forma de mejorar su salud, lo que se traducirá en un mayor número de años de buena salud y en beneficios considerables para la sociedad en forma de resultados globales tanto económicos como en materia de salud;

35.

Acoge con satisfacción el Plan Estratégico de Aplicación de la cooperación de innovación europea sobre el envejecimiento activo y saludable, en especial su enfoque centrado en la cooperación entre la Comisión Europea, los Estados miembros, la industria y las empresas, los agentes públicos y privados, el personal especializado del sector sanitario y de asistencia y las organizaciones que representan a las personas mayores y a los pacientes, en el intercambio y la transferencia de buenas ideas y mejores prácticas (por ejemplo, la plataforma digital «Marketplace») y en la optimización de los instrumentos de financiación existentes; destaca que es necesario considerar el envejecimiento como una oportunidad y no como una carga, así como reconocer y promover el valor de las personas mayores, su experiencia y su continua contribución a la sociedad; se congratula del enfoque adoptado por la Comisión, claramente orientado hacia el fomento de la vitalidad y la dignidad de las personas mayores en Europa mediante innovaciones relacionadas con ellas, el refuerzo de una «cultura del envejecimiento activo» en una Europa con solidaridad intergeneracional y el desarrollo de este proceso junto con colaboradores reconocidos del mundo de la investigación y de la sociedad civil;

36.

Recuerda la necesidad de reconocer de forma más amplia la educación informal y no formal de los trabajadores de mayor edad, especialmente la que se obtiene por medio del voluntariado o de la prestación de cuidados informales;

37.

Pide a la Comisión que considere prioritarios los factores que pueden influir en la forma de envejecer de los europeos, como los altos índices de consumo de alcohol y de tabaco;

38.

Apoya el objetivo de la Comisión de seguir desarrollando sistemas de atención y tratamiento integrados; solicita a los Estados miembros y a las autoridades competentes que, tomando en consideración la idoneidad de los sistemas existentes, preferidos o futuros de atención y tratamiento en relación con su desarrollo futuro y teniendo debidamente el principio de subsidiariedad en el ámbito de la salud pública, desarrollen sistemas de atención y tratamiento que incorporen un enfoque holístico e integrado de la gestión de enfermedades relacionadas con la edad; pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros en esta materia, respetando al mismo tiempo las diferencias regionales y locales en las expectativas, normas y valores de los ciudadanos; alienta a la Comisión a aprovechar el trabajo realizado por la Agencia Europea de Medicamentos sobre medicamentos para las personas mayores e integrarlo a fin de mejorar el acceso a unos medicamentos seguros y adecuados para los pacientes mayores;

39.

Celebra el propósito de la Comisión de implantar planes de asistencia y sistemas de gestión a nivel individual; considera, no obstante, que aun reconociendo la necesidad de un enfoque centrado en el cliente/paciente, el coste del mismo en términos de despliegue de cuidadores formados y que se sirvan de los instrumentos adecuados no debe repercutirse exclusivamente en la persona sino que ha de considerarse como una responsabilidad social, garantizándose la solidaridad intergeneracional e intrageneracional; considera que deben estudiarse nuevas formas de solidaridad que están latentes en el potencial de las generaciones de edad más avanzada y que deben incorporarse a las soluciones de las cuestiones sobre atención y tratamiento;

40.

Aplaude la ambición de la Comisión en relación con la salud en línea, que pasa a ser un aspecto significativo y sustancial de los futuros sistemas de atención y tratamiento; reconoce, no obstante, que las soluciones relacionadas con la salud en línea, si bien son beneficiosas, puede que no mejoren de forma significativa la salud de las personas si sustituyen al contacto humano, en lugar de estar integradas en una interacción presencial entre pacientes y profesionales de la salud; considera que la tecnología relacionada con la salud en línea no debe mermar la relación de confianza entre las personas mayores y los profesionales de la salud;

41.

Es consciente de la intención de la Comisión de contribuir a hacer más rentables los sistemas de atención y tratamiento; destaca, no obstante, que el continuo incremento de los costes sanitarios y sociales globales no puede atribuirse únicamente al envejecimiento demográfico; es consciente de que la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas contribuye de manera considerable al aumento de costes de la atención sanitarias y de la ayuda social, pero señala que cuando la carga de los costes de la atención sanitaria recae cada vez más sobre las personas, se puede crear un círculo vicioso en el que la salud y el bienestar de las personas quede en peligro al verse estas obligadas a reasignar sus recursos muchas veces limitados, retrasando o abandonando el tratamiento o la asistencia o incluso absteniéndose de ellos, lo que a su vez puede conducir a un mayor coste de la asistencia sanitaria y la ayuda social para las personas y la sociedad;

42.

Saluda el objetivo de la Comisión de abordar las incertidumbres jurídicas y normativas y la fragmentación del mercado, pero pone de relieve que todas las reformas necesarias del mercado deben tener en cuenta la importancia de que la asistencia sanitaria sea asequible para los ciudadanos y que las competencias de los gobiernos nacionales y regionales y de las autoridades locales en materia de salud y protección social sean objeto de reconocimiento, respeto y observancia, sin comprometer la necesidad de invertir en regímenes de atención basados en la comunidad;

43.

Considera que son necesarias nuevas reformas de los sistemas de pensiones para que resulten adecuados, sostenibles y seguros, prestando especial atención a la reducción de las diferencias en los salarios de hombres y mujeres y, por consiguiente, en las pensiones, y para que pueda seguir estimándose por adelantado el nivel de las pensiones de las generaciones futuras; pide, para ello, más coherencia entre la edad efectiva de jubilación, la edad oficial de jubilación y la esperanza de vida; pide asimismo a los Estados miembros que han retrasado la edad legal de jubilación o que tienen la intención de hacerlo que fomenten el trabajo de las personas de más edad, por ejemplo a través de exenciones fiscales y de la seguridad social;

44.

Invita a la Comisión a realizar un análisis global del potencial europeo de la atención sanitaria, en relación con el de los diferentes Estados miembros, considerando la gran escasez de personal médico en algunos Estados miembros como consecuencia de las condiciones de trabajo más atractivas existentes en otros países europeos;

45.

Invita a la Comisión a elaborar una estrategia para lograr la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos europeos en materia de asistencia sanitaria, creando un sistema de colaboración entre los Estados europeos que sufren la marcha masiva de personal médico y aquellos Estados que se benefician de los servicios de estos;

46.

Sostiene que las políticas dirigidas a conciliar la vida familiar y la vida laboral permiten a las mujeres afrontar mejor el envejecimiento, dado que el trabajo mejora la calidad de vida; considera que dichas políticas también permiten a las mujeres evitar las diferencias salariales y, por consiguiente, el riesgo de pobreza a una edad avanzada, en los casos en que, para poder conciliar la vida familiar y la vida laboral, las mujeres tengan que optar por trabajos a tiempo parcial, ocasionales o atípicos, en vista de que esto repercute en las cotizaciones abonadas para la pensión;

47.

Considera necesario reforzar la idoneidad de las pensiones combatiendo la discriminación por razón de género en el mercado laboral, especialmente mediante la reducción de la brecha salarial y de las diferencias en las trayectorias profesionales;

48.

Destaca la necesaria responsabilidad personal, teniendo en cuenta que los ciudadanos también deben pensar en lo que ellos mismos pueden hacer para garantizar la edad de su jubilación; hace asimismo hincapié en el papel fundamental que desempeñan la familia y la solidaridad intergeneracional;

49.

Acoge con satisfacción el planteamiento de la Comisión respecto al envejecimiento activo y la vida autónoma, y más concretamente su visión integral del papel y de la importancia del «espacio en el envejecimiento» dado que el radio o perímetro en el que las personas viven su vida se va contrayendo cuando envejecen, y que las personas mayores tienden a preferir vivir de manera autónoma el mayor tiempo posible permaneciendo activas en su comunidad; subraya la necesidad de animar a las personas mayores a vivir independientemente en sus propias casas el mayor tiempo posible si así lo desean, a fin de reducir las perturbaciones en su día a día, desde el punto de vista físico y mental; subraya asimismo que la solución no solo está en los hogares de las personas mayores, sino también en los barrios, que han de ser activos desde el punto de vista intergeneracional y global; considera que el Programa conjunto «Vida cotidiana asistida por el entorno» es un instrumento importante para el despliegue de recursos técnicos que facilitan la vida diaria;

50.

Alienta a la Comisión, en su evaluación de las soluciones de vida autónoma, a considerar los problemas presentados por la diferencia que existe en muchos Estados miembros entre la esperanza de vida sana y la edad de jubilación, por lo que muchas personas pueden encontrarse con un período en que ya no pueden trabajar, pero tampoco cumplen los requisitos para percibir su pensión completa;

51.

Recuerda que los ciudadanos de edad avanzada son un importante activo para nuestras sociedades y que resulta fundamental beneficiarse de sus conocimientos y su experiencia en todos los aspectos de la vida, así como apoyarlos para que puedan vivir de forma independiente el mayor tiempo posible;

52.

Considera que es fundamental luchar contra el aislamiento informativo de las generaciones de mayor edad y que el acceso a las nuevas tecnologías y su uso constituyen una de las herramientas esenciales para garantizar el envejecimiento activo y saludable y la inclusión social de las personas de más edad;

53.

Pide a la Comisión Europea que promueva un entorno físico accesible y asequible así como la adaptación de las viviendas de las personas de edad avanzada a fin de favorecer su autonomía; destaca que la adaptación de las viviendas sigue constituyendo el mejor modo de prevenir los accidentes domésticos, que provocan graves discapacidades y el consiguiente gasto público y de las familias, y que constituyen un freno al envejecimiento activo y saludable;

54.

Respalda el objetivo de la Comisión de crear entornos propicios para las personas mayores, de manera que se evite que el potencial y las capacidades (restantes) de las personas de edad se vean obstaculizados por su entorno y se les ayude a mantener sus capacidades físicas y cognitivas el mayor tiempo posible y a vivir en entornos conocidos y seguros, previniendo al mismo tiempo el aislamiento social; invita, con todo, a la Comisión a fomentar la creación de entornos «pensados para todos» y pone de relieve que estos entornos deben inscribirse en un contexto amplio que no solo incorpore los entornos urbanos y rurales urbanizados con viviendas, aceras, ciudades, etc. cómodas, seguras y accesibles sino también los entornos sociales, psicológicos, ecológicos, culturales y naturales, de forma que se ofrezcan formas de actividad diversas y se ofrezcan a cada persona posibilidades de realización personal y motivación compartida; destaca que este entorno urbano debe garantizar a las personas de edad avanzada una mayor accesibilidad a las ventajas de vivir en una zona densamente habitada mediante un acceso más fácil a los servicios vitales y señal que, a pesar de la continua urbanización, muchas personas siguen viviendo en el campo, donde también se requieren soluciones innovadoras;

55.

Destaca asimismo la importancia de adaptar el entorno en el interior de las viviendas de las personas de edad avanzada para prevenir mejor las caídas y los accidentes domésticos y prolongar la vida autónoma; alienta a los Estados miembros a velar por que las personas mayores puedan acceder a financiación para la renovación de sus viviendas; apoya las medidas para evitar el aislamiento de personas mayores y ciudadanos impedidos y romper el estigma asociado a las enfermedades, estén o no vinculadas al envejecimiento;

56.

Hace hincapié en la necesidad de un equilibrio entre las zonas rurales y urbanas en cuanto a la asistencia de las personas mayores; considera que las innovaciones tecnológicas a través de las TIC deben abordar los retos de movilidad a los que se enfrentan las personas mayores que viven en zonas rurales;

57.

Insiste en la necesidad de que se preste especial atención a la inclusión de las personas mayores que viven en zonas remotas o que se enfrentan a múltiples desventajas;

58.

Respalda el trabajo de la Comisión encaminado a crear entornos propicios para las personas mayores con el fin de que el potencial y las capacidades (restantes) de las personas de edad no se vean obstaculizados por su entorno; destaca, no obstante, que este entorno debe entenderse en un contexto amplio, es decir, referido no solo al entorno edificado, sino también al natural, al social, al cultural y al psicológico; alienta a la Comisión, a este respecto, a proponer una ley europea de accesibilidad;

59.

Pide a la Comisión que revise las soluciones y las mejores prácticas existentes relacionadas con un nuevo enfoque para el envejecimiento activo, así como la creación de un sistema global y compatible en esta materia en todos los Estados miembros;

60.

Propone que las políticas de la UE en el marco del título XII del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativo a la educación y el deporte incluyan una sección sobre el envejecimiento activo;

61.

Destaca que la supresión de las barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad también tiene efectos positivos para la movilidad de las personas mayores y contribuye a que estas mantengan durante más tiempo una vida independiente y activa; considera importante, por consiguiente, que estas barreras se eliminen también en los pequeños núcleos de población, donde vive un gran número de personas mayores;

62.

Propone que se adopten medidas para alentar que la jubilación vaya acompaña de alguna forma de actividad;

63.

Pide a la Comisión que presente propuestas para combatir la discriminación de las personas de edad avanzada en el acceso al mercado laboral, en el puesto de trabajo y en el desempeño del trabajo, de cara a la consecución de un mundo laboral con solidaridad intergeneracional;

64.

Pide a los empleadores que, cuando sea necesario, incrementen sus esfuerzos por adaptar las condiciones de trabajo al estado de salud y a las capacidades de los trabajadores de más edad, así como que fomenten una imagen positiva de las personas mayores en el lugar de trabajo;

65.

Señala que el envejecimiento no solo conlleva desafíos, sino también posibilidades, en particular oportunidades de innovación que, a largo plazo, pueden contribuir a la creación de empleo y al aumento del bienestar económico en Europa;

66.

Celebra el enfoque de la Comisión en relación con los instrumentos de financiación, los procesos de normalización, el desarrollo de archivos, las sinergias, la facilitación de la cooperación y el intercambio de mejores prácticas entre Estados miembros; señala, sin embargo, que es condición previa vincular estos objetivos a las necesidades y demandas reales (es decir, garantizar que las políticas, programas y servicios se basen en hechos probados y estén así respaldados por evaluaciones representativas y seguimientos regulares, para facilitar y agilizar la creación de una UE respetuosa con las personas de edad); pide, por tanto, a la Comisión que ponga en marcha la elaboración de instrumentos normalizados de evaluación y seguimiento que proporcionen los datos necesarios con relación a las recomendaciones sobre políticas basadas en hechos probados, el desarrollo de programas y la prestación de servicios (de salud o asistencia);

67.

Apoya el enfoque de la Comisión en relación con las innovaciones que puedan ayudar a las personas de edad; pide no obstante a la Comisión que garantice que estas innovaciones sean efectivamente accesibles o orientadas al usuario y que incorpore activamente su potencial; pide a la Comisión, por consiguiente, que elabore una metodología para evaluar las necesidades actuales y futuras de las personas de edad avanzada y que implique en mayor medida a los usuarios finales en sus políticas y sus programas de financiación; recuerda que ha quedado demostrado que, en términos generales, los elementos adaptados a las necesidades de las personas mayores redundan en beneficio de todas las generaciones;

68.

Considera preciso mejorar la coordinación entre los diferentes niveles implicados en el desarrollo de soluciones a favor del envejecimiento activo y saludable, y destaca la necesidad de una gobernanza multinivel en este sector; estima que las autoridades regionales y locales no deberían considerarse simplemente como autoridades de ejecución de las políticas, sino que deben participar en todo el proceso de evaluación y de toma de decisiones;

69.

Destaca la importancia de los actores locales y regionales en la modernización, la mejora y la racionalización de la prestación de servicios de asistencia sanitaria y de ayuda social, de cara a la generación de modelos que ofrezcan mejores resultados para los ciudadanos en el mercado laboral;

70.

Aplaude las iniciativas existentes en materia de accesibilidad, como el Premio Ciudad Accesible; pide a la Comisión que adopte una ley europea de accesibilidad ambiciosa para desarrollar el mercado de bienes y servicios accesibles;

71.

Promueve la idea de ofrecer formación informal a generaciones más jóvenes a fin de proporcionar a las personas mayores las formas más comunes de servicios de asistencia;

72.

Destaca que es fundamental aumentar la inversión y el gasto en educación, formación y formación continua, privilegiando el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la promoción de un estilo de vida saludable, con el fin de forjar un mundo laboral con solidaridad intergeneracional y en el que las personas de edad avanzada también puedan afirmarse en un entorno tecnológico cambiante; insta, en este contexto, a que se centre la atención en el aprendizaje permanente dentro del programa «Erasmus para todos», que constituye una herramienta eficaz para fomentar la educación y el desarrollo profesional continuo de los ciudadanos de la Unión de todas las edades;

73.

Hace hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque holístico del envejecimiento, así como de acometer un desarrollo y una reforma globales, no solo en los ámbitos del aprendizaje permanente y del mercado laboral, sino también por lo que respecta al acceso a estos, en particular en relación con factores como el transporte, las infraestructuras y los edificios;

74.

Destaca la necesidad de establecer sistemas de apoyo para las personas que ejercen tareas de cuidado familiar;

75.

Apoya el enfoque de la Comisión de crear entornos propicios a las personas de edad, que deben entenderse como un elemento fundamental que contribuye a un envejecimiento activo y saludable durante toda la vida; señala, sin embargo, que no basta con promover la creación de entornos favorables a las personas de edad para lograr una mejora real en relación con cuestiones como la movilidad de las personas, la transitabilidad peatonal en los barrios, las instalaciones para la participación social de las comunidades, así como el acceso a unos servicios de salud y asistencia cualitativos y asequibles y a una vivienda adecuada y asequible;

76.

Acoge con satisfacción el objetivo de promover entornos propicios para las personas mayores como herramienta fundamental para apoyar a los trabajadores y los demandantes de empleo de mayor edad y para fomentar sociedades inclusivas que ofrezcan las mismas oportunidades para todos;

77.

Subraya la importancia de garantizar la salud y la seguridad en el trabajo, como una condición previa indispensable para una vida laboral sostenible y un envejecimiento activo, especialmente en el caso de los trabajadores con discapacidad o enfermedades crónicas; señala que las tecnologías de la información y la comunicación y las máquinas pueden desempeñar un papel fundamental, al facilitar las tareas físicas a los trabajadores de mayor edad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan dichas tecnologías cuando sea oportuno; acoge favorablemente el reconocimiento de la importancia de la prevención en el primer pilar del Plan Estratégico de Aplicación; está convencido de que la prevención también es esencial en el trabajo, mediante la mejora de la salud laboral y la consiguiente reducción de la presión sobre los sistemas sanitarios y de cuidados de larga duración;

78.

Está convencido de que son necesarias reformas globales con el fin de prevenir y evitar importantes deficiencias en el acceso a los mercados laborales, que se traducirían en una mayor desaceleración económica y en una amenaza para el nivel de prosperidad en Europa; destaca, a este respecto, la necesidad de desarrollar un planteamiento más amplio que tenga en cuenta aspectos tales como la política económica, el empleo, la seguridad social, la protección social, la igualdad de género y la discriminación;

79.

Acoge con satisfacción las actuales iniciativas en el ámbito de la normalización, como los mandatos sobre el «diseño para todos», la accesibilidad de las TIC y el entorno edificado; toma nota del compromiso de la Comisión de lanzar iniciativas similares de normas europeas en materia de salud en línea y vida autónoma; pide a la Comisión y a los organismos de normalización que fomenten una mayor participación de los usuarios en estas iniciativas a fin de satisfacer debidamente sus necesidades;

80.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan en marcha campañas de mejora de la percepción que la opinión pública tiene de la contribución y la productividad de los trabajadores de mayor edad, especialmente de aquellos con discapacidad o enfermedades crónicas;

81.

Considera que las personas mayores necesitan ingresos adecuados, vivienda, acceso a todo tipo de servicios sanitarios, sociales y culturales y redes sociales sólidas, para mejorar su calidad de vida, así como oportunidades para seguir contribuyendo, si así lo desean, al mercado laboral sin restricciones debidas a la discriminación por razón de edad;

82.

Destaca la importancia de facilitar y promover el voluntariado intergeneracional y a edades más avanzadas; considera que el voluntariado y las iniciativas de «personas mayores para personas mayores» destinadas a la población de edad avanzada pueden constituir un medio de inclusión y, al mismo tiempo, una contribución razonable a la sostenibilidad de los sistemas de cuidados de larga duración; aboga, por consiguiente, por el desarrollo y la innovación en este ámbito;

83.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

22.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 24/19

—

Vista la próxima Decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes (CoP 16) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que se celebrará en Bangkok (Tailandia) del 3 al 14 de marzo de 2013,

—

Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre los objetivos estratégicos para CoP 16 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que se celebrará en Bangkok (Tailandia) del 3 al 14 de marzo de 2013 (O-000201/2012 — B7-0109/2013 y O-000202/2012 — B7-0110/2013),

—

Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que la CITES, el acuerdo mundial vigente más amplio en materia de conservación de la naturaleza, previene la explotación excesiva por el comercio internacional de especies de fauna y flora silvestres, y que son 177 las Partes de la Convención, incluidos los 27 Estados miembros de la Unión Europea;

B.

Considerando que el objetivo de la CITES es garantizar que el comercio internacional de animales y plantas salvajes no represente una amenaza para la supervivencia de las especies en estado salvaje;

C.

Considerando que es importante dar a la prosperidad a largo plazo prioridad sobre los intereses económicos a corto plazo;

D.

Considerando que la explotación de especies silvestres, el comercio ilegal de fauna y flora silvestres, la destrucción de hábitats, el cambio climático y el consumo humano de los recursos naturales son las causas principales del empobrecimiento de la biodiversidad;

E.

Considerando que la delimitación de bosques intactos y el mantenimiento de zonas sin carreteras constituyen métodos rentables para conservar la biodiversidad y los servicios de ecosistemas;

F.

Considerando que el anexo 4 de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP 15) de la Convención CITES hace referencia a la consideración o aplicación de medidas de precaución en el proceso de modificación de los apéndices;

G.

Considerando que la CITES debe basar sus decisiones en criterios científicos;

H.

Considerando que las especies que aparecen en la CITES se mencionan en los apéndices en función de su estado de conservación y sus niveles de comercio internacional, y que el Apéndice I incluye las especies en peligro de extinción para las cuales está prohibido el comercio, mientras que el Apéndice II incluye las especies cuyo comercio debe controlar para evitar un uso incompatible con su supervivencia;

I.

Considerando que las especies incluidas en el Apéndice I de la CITES están muy protegidas, ya que se prohíbe el comercio de las especies enumeradas en él; que cualquier permiso para vender especies o productos confiscados (por ejemplo, marfil, huesos de tigre o cuernos de rinoceronte) iría en detrimento del objetivo de la Convención CITES;

J.

Considerando que el proceso periódico de revisión ha demostrado que la CITES ha dado buenos resultados para algunas especies incluidas en el Apéndice I, que ya pueden trasladarse al Apéndice II;

K.

Considerando que el objetivo de Aichi 12 del Plan estratégico de la biodiversidad 2011-2020, en virtud de la Convención sobre la Diversidad Biológica, prevé que, para 2020, la extinción de especies amenazadas se haya evitado y que su estado de conservación, especialmente de las que disminuyen más, se haya mejorado y prolongado;

L.

Considerando que el objetivo de Aichi 6 del Plan estratégico de la biodiversidad 2011-2020, en virtud de la Convención sobre la Diversidad Biológica, prevé que, para 2020, todas las poblaciones de peces e invertebrados y de plantas acuáticas se gestionen y se recojan de modo sostenible y legal, aplicando los métodos basados en el ecosistema, de modo que se evite la sobrepesca, se lleven a cabo planes y medidas de recuperación para todas las especies diezmadas, las industrias pesqueras no tengan ningún impacto negativo importante en las especies amenazadas y en los ecosistemas vulnerables y los efectos de las industrias pesqueras en las reservas, especies y ecosistemas se encuentren dentro de unos límites ecológicos seguros;

M.

Considerando que la transparencia del proceso de adopción de decisiones en las instituciones internacionales del ámbito del medio ambiente es un elemento fundamental de su eficacia operativa; que en el Documento final de la Conferencia «Río + 20», «El futuro que queremos», se reafirma que «para conseguir nuestros objetivos de desarrollo sostenible necesitamos instituciones en todos los niveles que sean eficaces, transparentes, responsables y democráticas»; que la promoción de la transparencia también forma parte de la «Visión estratégica de la CITES: 2008-2013» incluida en la Resolución Conf. 14.2 de la Convención CITES;

N.

Considerando que el actual Reglamento interno de la CITES dispone que «normalmente no debería utilizarse» el voto secreto por asuntos distintos a la elección de miembros de la mesa y países anfitriones; que, a pesar de esta norma, en la última Conferencia de las Partes un gran número de votos se obtuvo por votación secreta; y que el voto secreto se utiliza normalmente para asuntos delicados e importantes, por ejemplo, relacionados con las especies marinas o el comercio de marfil;

O.

Considerando que los jaquetones son muy vulnerables a la sobreexplotación de la pesca;

P.

Considerando que los tiburones martillo están amenazados en todo el mundo debido al comercio internacional de aletas y a las capturas accesorias, que han ocasionado reducciones históricas de las poblaciones;

Q.

Considerando que un aumento significativo de la caza furtiva de elefantes está afectando a las poblaciones de este animal en las cuatro subregiones africanas y que constituye una preocupación grave y cada vez mayor; y que las cantidades de marfil ilegal decomisadas también alcanzaron unos niveles sin precedentes entre 2009 y 2011;

R.

Considerando que la caza insostenible y poco ética de trofeos ha provocado grandes reducciones de las especies en peligro de extinción que aparecen en los Apéndices I y II de la CITES; y que la caza de trofeos está afectando gravemente al objetivo de la Convención CITES;

S.

Considerando que la falta de aplicación efectiva hace que aún se sigan matando las especies en peligro de extinción que aparecen en los Apéndices I y II de la CITES para obtener beneficios;

T.

Considerando que un 80 % de la población de rinocerontes de África se encuentra en Sudáfrica; y que la caza furtiva de estos animales en los Estados del área está aumentando rápidamente;

U.

Considerando que los tigres y otros grandes felinos asiáticos del Apéndice I siguen siendo objeto de un importante tráfico ilícito, pero que hay una falta de información a la CITES acerca de las medidas de ejecución y, concretamente, una falta de información acerca del cumplimiento de la Decisión 14.69 de la CITES, que la UE respaldó en 2007, para acabar con la cría de tigres y garantizar que estas especies no se críen con fines comerciales (incluido el comercio interior), en lo que respecta a cualquiera de sus partes o derivados;

V.

Considerando que el cambio climático supone una amenaza grave para los osos polares (Ursus maritimus); y que la caza y el comercio de partes de oso polar suponen también una amenaza grave;

W.

Considerando que la Unión Europea constituye un importante mercado de importación de reptiles como animales de compañía, incluidas las importaciones de especies que aparecen en las listas de la CITES;

X.

Considerando que muchas especies de tortugas están sometidas a una intensa explotación para los mercados alimentarios y el comercio internacional de animales de compañía;

Y.

Considerando que la presión pesquera que ejerce el comercio internacional con los peines branquiales de rayas ha conllevado tasas de disminución importantes en las poblaciones de mantas raya (Manta spp.) y otras especies de rayas;

Z.

Considerando que los instrumentos internacionales en materia de pesca y la CITES deben avanzar hacia la misma meta, a saber, asegurar la conservación a largo plazo de las poblaciones de peces en alta mar, teniendo en cuenta entre otras cosas las repercusiones de las capturas accesorias en las especies ajenas al objetivo;

AA.

Considerando que la Convención CITES incluye actualmente disposiciones sobre la «introducción procedente del mar» que no son claras y, más concretamente, disposiciones sobre el «Estado de introducción» cuando las capturas se realizan en alta mar;

AB.

Considerando que el Grupo de Trabajo de la CITES sobre la Introducción procedente del mar ha propuesto una solución en relación con la jurisdicción del Estado de abanderamiento, el cual sería el responsable de emitir la documentación de la CITES, con algunas pocas excepciones relacionadas con los buques pesqueros fletados;

AC.

Considerando que el correcto funcionamiento de la Convención CITES obligará probablemente a las Partes a intensificar de forma considerable la financiación en los próximos años;

AD.

Considerando que la Unión Europea no contribuye directamente a la Convención CITES, pero que, sin embargo, constituye uno de los mayores donantes a través de su ayuda para el desarrollo;

1.

Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que utilicen el principio de precaución como principio rector en todas sus decisiones sobre los documentos de trabajo y las propuestas de listas, y que tengan igualmente presentes el principio de imposición de costes a los usuarios, el enfoque sobre los ecosistemas y los principios tradicionales de conservación;

2.

Insta encarecidamente a la Unión Europea y a los Estados miembros a que hablen con una sola voz y mejoren la celeridad y la eficiencia de sus procedimientos internos de toma de decisiones, a fin de poder consensuar rápidamente una posición interna de la UE para la CoP16 de la CITES y aprovechar al máximo la fortaleza de tener veintisiete Partes dentro de la UE para acercar las decisiones de la Conferencia hacia el principio de precaución;

3.

Insta a la Unión Europea a que asuma un papel principal en la protección de las especies en peligro de extinción, participando activamente en las negociaciones de la Convención CITES y promoviendo la supresión de las fisuras que agravan esta situación; lamenta que haya habido acusaciones sobre la utilización de Estados miembros y ciudadanos de la Unión Europea como intermediarios para el traslado de cuernos de rinoceronte a Vietnam o a otros países en los que tienen un gran valor comercial, lo que estimula la demanda y la posterior caza furtiva;

4.

Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que mantengan contactos con terceros países, tanto antes como durante la Conferencia, y a que forjen alianzas;

5.

Anima a las Partes de la Convención CITES a estudiar otras oportunidades de reforzar la cooperación, la coordinación y las sinergias entre las convenciones relacionadas con la biodiversidad a todos los niveles oportunos;

6.

Rechaza firmemente el uso del voto secreto como práctica habitual en la CITES, habida cuenta de que el Reglamento de la Convención dispone su utilización exclusivamente en circunstancias excepcionales; apoya, en este contexto, la propuesta al respecto presentada por Dinamarca en nombre de los Estados miembros de la UE;

7.

Se felicita por la propuesta presentada por Dinamarca en nombre de los Estados miembros de la UE para incluir en la Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP 15) un nuevo apartado sobre conflictos de intereses;

8.

Pide a la Comisión que garantice la continuidad de la financiación a través de su ayuda al desarrollo, con el fin de alcanzar los objetivos marcados por la CITES; hace especial referencia, en este contexto, al actual programa MIKE (control de matanza ilícita de elefantes) que, sometido a una revisión y evaluación de su eficacia independientes, podría ser objeto de un nuevo compromiso por parte de la Unión Europea;

9.

Anima a la Comisión y a los Estados miembros de la UE a que examinen las posibilidades de ofrecer apoyo financiero a largo plazo a la Convención de la CITES a través del Fondo Europeo de Desarrollo;

10.

Apoya la propuesta de que la CITES solicite que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FNAM) se utilice como mecanismo financiero para la CITES, así como para iniciar la estrategia de la biodiversidad para que el FNAM 6 incluya un componente de especies (1).

11.

Acoge con satisfacción los debates celebrados y los avances logrados en el Grupo de Trabajo de CITES sobre la introducción procedente del mar; apoya el documento CoP16 Doc.32, cuyo objeto es mejorar el cumplimiento en el caso de las especies marinas que aparecen en la Convención CITES y capturadas en mares que no se hallen bajo la jurisdicción de ningún Estado, e insta a las Partes a que concluyan su trabajo sobre el tema en la Decimosexta Conferencia de las Partes;

12.

Acoge positivamente la propuesta de Brasil, Comoras, Croacia, Egipto y Dinamarca en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea de incluir el marrajo sardinero (Lamna nasus) en el Apéndice II; insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que apoyen esta propuesta;

13.

Acoge positivamente la propuesta de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Dinamarca en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea de incluir tres especies de tiburón martillo (Sphyrna spp) en el Apéndice II; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen esta propuesta;

14.

Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que apoyen la inclusión del tiburón oceánico (Carcharhinus longimanus) en el Apéndice II de la CITES, de acuerdo con la propuesta presentada por Brasil, Colombia y los Estados Unidos de América;

15.

Se felicita de la retirada de la propuesta de Tanzania de trasladar a su población de elefante africano (Loxodonta africana) del Apéndice I para incluirlo en el Apéndice II y con respecto a la venta única y excepcional de las reservas tanzanas de marfil de elefante;

16.

Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que rechacen las propuestas relativas al cambio de estatuto del elefante africano y de restablecimiento del comercio del marfil procedente del mismo hasta que pueda realizarse una evaluación de las repercusiones de la venta única y excepcional que Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue realizaron en noviembre de 2008, y se garantice que la venta única no tuvo ninguna repercusión negativa sobre las poblaciones de elefantes en los Estados mencionados y en sus países vecinos;

17.

Insta a las Partes de la CITES, consciente de la actual caza furtiva de elefantes, a que sigan un método de precaución y basen sus decisiones en el posible impacto en la conservación de los elefantes y en la aplicación del plan de acción en favor del elefante africano al considerar el mecanismo de toma de decisiones para un futuro comercio del marfil del elefante tras el período de descanso completo de nueve años iniciado con la venta única y excepcional que Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue realizaron en noviembre de 2008; pide, por tanto, a la Unión Europea y a los Estados miembros que apoyen una propuesta para enmendar la Decisión 14.77 acerca de un mecanismo de toma de decisiones para un futuro comercio del marfil del elefante, a petición de Benín, Burkina Faso, la República Centroafricana, Costa de Marfil, Kenia, Liberia, Nigeria y Togo;

18.

Anima a las Partes de la CITES a que apoyen la adopción de la resolución sobre el plan de acción en favor del elefante africano, a petición de Nigeria y Ruanda, y la aplicación de este plan como el paso más eficaz para la conservación de los elefantes en África;

19.

Pide a la Unión Europea, a los Estados miembros y a todas las Partes de la CITES que apoyen la propuesta de Kenia de establecer una cuota cero temporal para las exportaciones de trofeos de rinoceronte de Sudáfrica y Suazilandia, e insta a las Partes de la CITES a que estudien medidas encaminadas a reducir la demanda de cuernos de rinoceronte;

20.

Insta a las Partes a que reduzcan las cuotas de exportación nacionales anuales para la caza de trofeos de las especies en peligro de extinción enumeradas en los Apéndices I y II de la CITES;

21.

Insta a todas las Partes en las que se consume el cuerno de rinoceronte y, en particular, a Vietnam a que tomen medidas urgentes para detener la importación ilegal de cuernos de rinoceronte, a que impongan sanciones estrictas a aquellos que infrinjan la ley, y a que tomen medidas para concienciar a los consumidores acerca del impacto de su consumo en las poblaciones de rinocerontes salvajes; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que traten estas cuestiones en las negociaciones comerciales con las Partes correspondientes;

22.

Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros de la UE a que exijan la suspensión comercial de las Partes que no han cumplido la Decisión 14.69 de la CITES relativa a los tigres y de las Partes que fomentan la cría de tigres para el comercio de cualquier parte o derivado de los mismos;

23.

Insta a las Partes de la CITES a que detengan la caza de trofeos insostenible y poco ética, que ha provocado grandes reducciones en las poblaciones de leones africanos;

24.

Lamenta que no se haya presentado ninguna propuesta de traslado del león (Panthera leo) del Apéndice II de la CITES al Apéndice I;

25.

Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que apoyen una serie de propuestas para añadir varias especies de tortugas de agua y de tierra de América del Norte y Asia al Apéndice II de la CITES y a que trasladen siete especies al Apéndice I;

26.

Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros, en lo referente a las propuestas alternativas para tres especies de tortugas de agua dulce (Cuora galbinifrons, Mauremys annamensis y Geoemyda japonica), a que apoyen propuestas más sólidas procedentes de los Estados del área (Vietnam y Japón), en consonancia con las recomendaciones de los expertos de un taller de la CITES de Singapur;

27.

Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que apoyen la propuesta de inclusión de los gecos de Nueva Zelanda (Naultinus spp.) y del crótalo de Mangshan (Protobothrops mangshanensis) en el Apéndice II de la CITES, a petición de los únicos Estados del área que son Nueva Zelanda y China, respectivamente;

28.

Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que apoyen un proyecto de decisión relativo al comercio de serpientes y a la gestión de la conservación, a petición de Suiza;

29.

Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros de la UE a que apoyen un proyecto de decisión, a petición de Etiopía, Kenia y Uganda, para estudiar el comercio legal e ilegal de guepardos;

30.

Acoge positivamente el trabajo realizado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) aprovechando el impulso de la CoP 15 de la CITES en 2010;

31.

Lamenta que no se haya presentado ninguna propuesta para la inclusión del atún rojo (Thunnus thynnus) en el Apéndice I de la CITES;

32.

Lamenta que no se haya presentado ninguna propuesta para la inclusión del Corallium spp. y del Paracorallium spp. en el Apéndice II de la CITES;

33.

Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que apoyen las propuestas siguientes:

34.

Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros de la UE a que se opongan a las propuestas siguientes:

35.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a las Partes de la CITES y a la Secretaría de la CITES.

22.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 24/24

—

Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (1),

—

Vista la Decisión del Consejo 2007/436/CE, Euratom, de 7 de junio de 2007, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (2),

—

Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto relativo al ejercicio 2011, acompañado de las respuestas de las instituciones controladas (3),

—

Visto el título II, capítulo 7, de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0020/2013),

A.

Considerando que todavía no se ha alcanzado un acuerdo sobre el nuevo marco financiero plurianual (MFP) para el período comprendido entre 2014 y 2020 y que, por lo tanto, todavía no se ha fijado el límite superior de la rúbrica 5 del presupuesto de la UE para el ejercicio 2014; que ese límite superior es, para el ejercicio 2013, de 9 181 millones EUR en precios corrientes (4), y que, tras el ajuste técnico anual (5), de no alcanzarse en tiempo oportuno un acuerdo sobre el nuevo MFP, se prorrogará al ejercicio 2014;

B.

Considerando que, en un contexto de gran endeudamiento público y de restricciones en una época en la que se están llevando a cabo esfuerzos de consolidación presupuestaria a escala nacional, el Parlamento Europeo, al igual que las demás instituciones europeas, debe seguir ejerciendo un elevado nivel de responsabilidad presupuestaria, control y autocontención;

C.

Considerando que el buen funcionamiento del Parlamento será un principio rector igualmente importante;

D.

Considerando que determinadas inversiones pueden tener un impacto sostenible en el presupuesto institucional y, en consecuencia, deberían tomarse en consideración a pesar de los estrechos márgenes de maniobra;

E.

Considerando que, en esta fase del procedimiento anual, el Parlamento está a la espera de los estados de previsiones de las otras instituciones y de las propuestas de su propia Mesa para el presupuesto 2014;

F.

Considerando que habrán de tenerse en cuenta las repercusiones financieras excepcionales de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán a mediados de 2014;

1.

Considera que las instituciones deben seguir limitando o congelando sus presupuestos administrativos en solidaridad con las difíciles condiciones económicas y presupuestarias de los Estados miembros, sin perjuicio de la calidad de las actividades institucionales centrales, del cumplimiento de las obligaciones legales ni de la necesidad de inversión en desarrollo;

2.

Opina que los créditos de 2014 deben basarse en un análisis cuidadoso de los resultados con los créditos en 2012 y 2013, con el fin de lograr ahorros en las líneas en las que hayan surgido problemas en la ejecución; considera que es posible lograr verdaderos ahorros y una eficiencia real mediante la detección de solapamientos e ineficiencias a través de las líneas presupuestarias;

3.

Pide a las instituciones que refuercen su cooperación mutua con vistas a compartir las mejores prácticas, en la medida en que sea posible y esté justificado, y a realizar ahorros mediante la concentración y puesta en común de recursos humanos y técnicos, por ejemplo en sistemas informáticos, traducción, interpretación, servicios de transporte y, posiblemente, en otros sectores;

4.

Destaca que, teniendo en cuenta el nivel de los tipos de inflación pertinentes, la contención institucional ha logrado reducir el presupuesto del PE en términos reales; recuerda que esto ha sido posible gracias a una planificación y un control presupuestario estrictos, el firme compromiso de su comisión competente y la reorganización del trabajo, particularmente los recortes en las líneas presupuestarias relativas a los viajes, la reducción de la duración y el número de misiones, el incremento de la utilización de las videoconferencias y la optimización de los servicios de traducción e interpretación; recuerda que las reformas estructurales ya acordadas, algunas de las cuales se aplican desde 2011, deberán permitir un ahorro de aproximadamente 29 millones de euros anuales —junto con un ahorro adicional de 10 millones de euros en las previsiones de tipos de interés para la financiación inmobiliaria durante los próximos años hecho posible por los pagos anticipados— pese a la necesidad de absorber el aumento de competencias y los costes añadidos de 18 miembros adicionales como resultado de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y los preparativos de la adhesión de Croacia;

5.

Recuerda que signos visibles de autocontención son la congelación de todas las dietas de los diputados en el nivel de 2011 hasta el final de la actual legislatura y el hecho de que las dietas de misión del personal no se han indizado desde 2007;

6.

Apremia a que continúen las reformas estructurales y organizativas que tienen por objeto lograr una mayor eficacia sin poner en peligro la excelencia legislativa ni la calidad de las condiciones de trabajo; apoya la innovación organizativa para mejorar la eficacia del Parlamento y la calidad de los servicios y las condiciones de trabajo de los diputados, incluyendo, entre otras cosas, una estructuración más eficiente del ritmo de los trabajos parlamentarios y de los servicios de traducción e interpretación (sin poner en peligro el principio del multilingüismo), unas soluciones logísticas óptimas, incluido el transporte para los diputados y sus asistentes, ahorros en los gastos de restauración, una mejor asistencia interna a la investigación y la continuación y un mayor desarrollo de un Parlamento sin papel y de reuniones electrónicas («e-meetings»); recuerda la solicitud de que se realice un análisis de la rentabilidad de las reuniones sin papel, y pide a la administración que lo presente a la Comisión de Presupuestos a mediados de 2013 a más tardar;

7.

Pide que en el Parlamento se apliquen unos métodos de gestión simplificados y eficientes de manera que se reduzca la carga administrativa, ahorrando así tiempo y dinero a la institución;

8.

Considera que el Grupo de Trabajo Mixto de la Mesa y de la Comisión de Presupuestos sobre el presupuesto del Parlamento Europeo podría desempeñar, sobre la base de la labor que inició en 2012, un papel útil en este proceso de reforma, determinando las posibilidades de ahorro y reflexionando sobre ideas relacionadas con el presupuesto para mejorar la eficiencia que presentaría a la Comisión de Presupuestos; toma nota de que el Grupo de Trabajo ya ha alcanzado ampliamente los objetivos fijados para ello a finales de 2011, en particular en lo que se refiere a la reducción de los gastos de viaje; teniendo en cuenta los resultados preliminares del Grupo, basados, entre otras cosas, en estudios comparativos del presupuesto del Parlamento Europeo con los presupuestos del Congreso de los EE.UU. y con una muestra de parlamentos de Estados miembros, anima a continuar su trabajo y a desarrollar un plan de acción consecuente que se presentará a la Comisión de Presupuestos y a la Mesa para que lo examinen en el marco del proceso presupuestario del Parlamento para 2014; recuerda su Resolución, de 23 de octubre de 2012 (6), en la que expresa su esperanza que estos estudios permitan «realizar ahorros a largo plazo en el presupuesto del Parlamento y presentar ideas para mejorar su eficiencia en 2013 y en los años siguientes»; toma nota de que el Parlamento Europeo registra un gasto general por habitante inferior al de otros parlamentos comparables de los Estados miembros y al del Congreso de los Estados Unidos; observa, además, que es necesario fortalecer al Parlamento en su papel de supervisor y dotarle de un apoyo a la investigación mejor orientado de modo que le permita cumplir su papel de representación democrática;

9.

Celebra, en términos más generales, la cooperación reforzada entre la Comisión de Presupuestos y la Mesa durante el procedimiento presupuestario anual; se manifiesta dispuesto a intensificar la cooperación entre el Secretario General, la Mesa y la Comisión de Presupuestos durante todo el año con vistas a garantizar un desarrollo flexible del proceso presupuestario y una efectiva ejecución del presupuesto; manifiesta la esperanza de que la Mesa presente un proyecto de estado de previsiones prudente y basado en las necesidades que tenga en cuenta posibles aumentos posteriores derivados de obligaciones jurídicamente vinculantes, particularmente los costes excepcionales relacionados con las disposiciones transitorias para los diputados para las elecciones europeas de 2014; pide al Secretario General que facilite información sobre los costes de las disposiciones de transición relativos las anteriores elecciones al Parlamento Europeo;

10.

Recuerda la decisión adoptada por el Pleno para que el Consejo presente un plan de trabajo antes de finales de junio de 2013 sobre las sedes múltiples del Parlamento, y confía en que las comisiones interesadas, el Secretario General y la Mesa faciliten a los diputados información y cifras actualizadas sobre el impacto ambiental y financiero de la existencia de varias sedes; propone que los servicios de evaluación de impacto del propio Parlamento examinen esta cuestión también en relación con el impacto de la presencia o la presencia parcial del Parlamento en las diferentes comunidades y regiones, y presenten una evaluación para junio de 2013, con el fin de que las conclusiones al respecto se tengan en cuenta en el contexto del próximo MFP;

11.

Pide a los servicios competentes del Parlamento que hagan una evaluación del acuerdo celebrado entre las autoridades luxemburguesas y el Parlamento Europeo sobre la dotación de personal que ha de estar presente en Luxemburgo, teniendo en cuenta una revisión de las necesidades del Parlamento; considera que dicha evaluación debe incluir sugerencias sobre cómo renegociar el mencionado acuerdo, sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables;

12.

Recuerda las resoluciones presupuestarias del Parlamento, incluida su más reciente Resolución, de 23 de octubre de 2012 (7), en la que pide un proceso decisorio transparente en el ámbito de la política inmobiliaria, basada en una información temprana, y la interrupción de nuevas adquisiciones hasta finales la actual legislatura; solicita información sobre las conclusiones del Secretario General en relación con las obras de renovación y la reubicación de despachos, incluida la información sobre un edificio provisional para el personal del Parlamento en los próximos años, en particular en relación con los problemas estructurales en el edificio Paul-Henri Spaak (PHS) y con la adquisición del edificio Trebel, así como el correspondiente calendario;

13.

Reconoce los esfuerzos realizados en 2012 para comunicar a la Comisión de Presupuestos la situación en que se encuentra el asunto del edificio KAD, y solicita que se mantenga dicha comunicación a lo largo de la duración del proyecto, particularmente respecto del resultado de la licitación modificada; señala que se han realizado adaptaciones y una reducción de superficie de 8 000 m2 para quedar por debajo o alinearse con el marco financiero predeterminado para el proyecto KAD, a petición de la Comisión de Presupuestos; se felicita del ahorro de más de 10 millones EUR en el pago de intereses en los próximos años —en relación con las previsiones de costes del proyecto de 2012— gracias a las transferencias de adelantos tanto para el KAD como para el Trebel; opina que, en el contexto de la creciente mayoría de diputados a favor de una nueva organización del trabajo (8), los proyectos inmobiliarios del Parlamento han de tratarse con cautela y que esta ha de prevalecer sobre la ambición; llama a la continuación del diálogo constructivo y pide que la información solicitada se entregue oportunamente;

14.

Es consciente de que el contexto y el resultado de los recientes procedimientos presupuestarios han dejado a la mayoría de las instituciones un margen de maniobra reducido, dadas las tareas cada vez más numerosas que se les encomienda, en particular la mayor carga de trabajo del Tribunal de Justicia y las necesidades especiales del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE);

15.

Entiende que el SEAE es una institución relativamente nueva, todavía en fase de desarrollo, y que su red de misiones todavía debe ampliarse para respetar las prioridades políticas de la UE; señala que el SEAE está particularmente expuesto a la inflación en terceros países, a las fluctuaciones de los tipos de cambio y a preocupaciones específicas en materia de seguridad de su personal;

16.

Considera que cualquier recorte injustificado y generalizado y un enfoque uniforme de los presupuestos de las instituciones son contraproducentes; tiene la intención, por el contrario, de aplicar un enfoque individualizado;

17.

Reitera la posición adoptada en anteriores ciclos presupuestarios, según la cual, espera que todas las instituciones sigan esforzándose en la realización de ahorros y en el mantenimiento de un elevado grado de disciplina presupuestaria cuando elaboren sus estimaciones presupuestarias;

18.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior.

22.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 24/28

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Vista la Resolución del Consejo de 3 de diciembre de 2001, relativa al seguimiento del Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas (1),

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Vista la Resolución del Consejo, de 6 de febrero de 2003, relativa a la responsabilidad social de las empresas (2),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea — Un plan para avanzar» (COM(2003)0284) (Plan de acción de la UE sobre gobernanza empresarial),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Paquete “Empresas responsables”» (COM(2011)0685),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa en favor del emprendimiento social — Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales» (COM(2011)0682),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2002, sobre el Libro Verde de la Comisión «Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas» (3),

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Vista su Resolución, de 13 de mayo de 2003, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible (4),

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Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2007, sobre la responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación (5),

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Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 24 de mayo de 2012, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (6),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Cultura y Educación (A7-0017/2013),

1.

Señala que las empresas no pueden ejercer las funciones de las autoridades públicas en lo que respecta a la promoción, la aplicación y el seguimiento de las normas sociales y medioambientales;

2.

Subraya que la actual crisis económica mundial tuvo su origen en errores fundamentales en relación con la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad y en una visión a corto plazo, y que la UE tiene el deber de velar por que todas las partes implicadas saquen las lecciones pertinentes; saluda la iniciativa de la Comisión de llevar a cabo encuestas del Eurobarómetro sobre la confianza en las empresas; solicita que se celebre un debate exhaustivo sobre los resultados en el que participen todas las partes interesadas; se muestra firmemente partidaria de la responsabilidad social de las empresas (RSE) y considera que la RSE, si se aplica correctamente y si la practican todas las empresas y no solo las grandes empresas, puede contribuir en gran medida a restablecer la confianza perdida, necesaria para una recuperación económica sostenible, y considera que puede mitigar las consecuencias sociales de la crisis económica; señala que la asunción de una responsabilidad de las empresas frente a la sociedad, el medio ambiente y los trabajadores representa una situación de la que todos los participantes salen beneficiados y permite aumentar la confianza necesaria para el éxito económico; considera que la inclusión de la RSE en una estrategia empresarial sostenible redunda en interés de las empresas y de la sociedad en su conjunto; subraya que muchas empresas (en particular, PYME) son un modelo destacado en este terreno;

3.

Opina que las empresas pueden contribuir al desarrollo de una economía social de mercado y a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, garantizando puestos de trabajo y facilitando así la recuperación económica;

4.

Considera que es necesario situar el debate sobre la RSE en un contexto más amplio que, conservando una orientación fundamentalmente voluntaria, permita el diálogo sobre las medidas normativas, siempre que sea posible;

5.

Comparte la nueva definición de la RSE propuesta por la Comisión, que neutraliza el contraste entre el enfoque voluntario y el enfoque obligatorio;

6.

Considera que la gobernanza empresarial constituye un elemento fundamental de la responsabilidad social de las empresas, en especial por lo que respecta a su relación con las autoridades públicas y con los trabajadores y sus asociaciones representativas, y también a la política seguida por la empresa en materia de incentivos, liquidaciones y retribuciones; considera que conceder a los directivos retribuciones, liquidaciones e incentivos excesivos, en especial si la empresa atraviesa dificultades, es incompatible con un comportamiento socialmente responsable;

7.

Considera que la política fiscal de una empresa debe considerarse parte de la RSE y, por consiguiente, que las estrategias de evasión fiscal o de recurso a paraísos fiscales son incompatibles con un comportamiento socialmente responsable;

8.

Considera que, al evaluar la responsabilidad social de una empresa, se debe tener en cuenta el comportamiento de las empresas pertenecientes a su cadena de suministro y, en su caso, de las empresas subcontratistas;

9.

Pide a la Comisión y a las autoridades nacionales que alienten modelos empresariales innovadores, diseñados para estrechar los vínculos entre las empresas y el contexto social en el que operan;

10.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta los debates actuales sobre la revisión de las Directivas de contabilidad y transparencia, de forma que la nueva estrategia de RSE propuesta complemente a la Directiva revisada;

11.

Subraya la importancia de apoyar soluciones innovadoras que permitan a las empresas hacer frente a los desafíos sociales y medioambientales, tales como la introducción de sistemas de transporte inteligente y productos ecoeficientes que sean concebidos y accesibles para toda la población;

12.

Alienta las iniciativas de la Comisión destinadas a promover la visibilidad de la RSE y la difusión de buenas prácticas y apoya firmemente la introducción de un reconocimiento europeo a las empresas y asociaciones en materia de RSE; pide a la Comisión, a este respecto, que estudie la posibilidad, en particular, de crear con este fin una etiqueta social europea;

13.

Acoge con satisfacción la creación de plataformas multilaterales a favor de la RSE y está de acuerdo con el enfoque sectorial elegido;

14.

Reconoce la importancia y el potencial de la iniciativa «Empresa 2020» de la red RSE Europa, que puede contribuir sustancialmente a fortalecer el vínculo entre RSE y competitividad, facilitando la difusión de buenas prácticas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan más sinergias en relación con el objetivo de poner en práctica políticas e iniciativas a favor de la innovación social y la creación de puestos de trabajo; alienta a la Comisión en este sentido a que apoye los esfuerzos realizados por la red RSE Europa con el objetivo principal de reforzar la colaboración entre las empresas y los Estados miembros, a fin de sentar las bases para el desarrollo de planes de acción nacionales y la difusión de buenas prácticas;

15.

Apoya la propuesta de la Comisión de llevar a cabo estudios periódicos para evaluar la confianza y la actitud de los ciudadanos hacia las estrategias de las empresas en materia de RSE; recomienda la vinculación del contenido de dichos estudios a la revisión del Plan de Acción para el consumo y la producción sostenibles, a fin de identificar los obstáculos a un consumo más responsable;

16.

Insta a la Comisión a preparar medidas específicas, que vayan más allá de las previstas en la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, para luchar contra la información falsa y engañosa relativa a los compromisos de responsabilidad social de las empresas y a las repercusiones medioambientales y sociales de productos y servicios, teniendo especialmente en cuenta las cuestiones de la presentación y examen de quejas con arreglo a un procedimiento abierto y claro y de la apertura de investigaciones; no solo considera que el «blanqueo ecológico» constituye una práctica engañosa y equívoca para los consumidores, las autoridades públicas y los inversores, sino también que merma la confianza en la RSE como un instrumento eficaz para favorecer un crecimiento sostenible e integrador;

17.

Comparte el objetivo de atribuir mayor importancia a los aspectos sociales y medioambientales en la contratación pública; sugiere, en este contexto, la eliminación del criterio de adjudicación al precio más bajo y una mayor responsabilidad en la cadena de subcontratación;

18.

Pide a la Comisión que desarrolle nuevas iniciativas para desbloquear y fortalecer el potencial de la RSE en la lucha contra el cambio climático (vinculándola a la eficiencia de los recursos y de la energía), por ejemplo en los procesos utilizados por las empresas para adquirir materias primas;

19.

Subraya que la ayuda de la UE a los gobiernos de terceros países para la aplicación de la normativa social y medioambiental, junto con unos regímenes eficaces de inspección, es un complemento necesario para el avance de la RSE de las empresas europeas a nivel mundial;

20.

Destaca que la Inversión Socialmente Responsable (ISR) es parte del proceso de aplicación de la RSE en las decisiones sobre inversiones; señala que, aunque en la actualidad no existe una definición universal de la ISR, esta combina generalmente los objetivos financieros de los inversores con sus preocupaciones sobre temas sociales, medioambientales, éticos y de gobernanza empresarial;

21.

Reconoce la importancia de la difusión, por parte de las empresas, de la información sobre sostenibilidad, como los factores sociales y medioambientales, con el fin de identificar los riesgos de sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores y los consumidores; recuerda, a este respecto, los notables progresos que se están realizando, y pide a la Comisión que apoye el objetivo del Consejo Internacional de Informes Integrados (IIRC) de hacer de los informes integrados la norma mundial en la próxima década;

22.

Hace hincapié en que, a fin de garantizar la responsabilidad social de las empresas en toda la cadena de suministro, medir la huella de las empresas europeas en materia de sostenibilidad y combatir la evasión fiscal y los flujos ilícitos de fondos, es necesario un estricto respeto de los derechos humanos y una diligencia y transparencia adecuadas;

23.

Destaca que la responsabilidad social no puede ser un mero instrumento de marketing, y que la única manera de desarrollar plenamente la RSE es integrarla en la estrategia global de la empresa y aplicarla y hacerla realidad en sus operaciones y su estrategia financiera cotidiana; acogería con satisfacción la existencia de una relación entre una buena responsabilidad de las empresas y una buena gobernanza de las empresas; considera que la Comisión debería animar a las empresas a que las decisiones sobre la estrategia en materia de RSE se adopten en el consejo de administración; pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan códigos de gestión corporativa que reflejen la importancia de la responsabilidad de todos en la empresa y que establezcan un estrecho vínculo entre los resultados financieros de la empresa y su comportamiento en materia medioambiental, social y de derechos humanos;

24.

Destaca que las empresas que se comprometan con la RSE deberían ser fácilmente identificables por los inversores y los consumidores, ya que ello supondría un incentivo para los esfuerzos de dichas empresas;

25.

Destaca que la inversión socialmente responsable (ISR), como parte del proceso de aplicación de la RSE en las decisiones de inversión, combina los objetivos financieros y económicos de los inversores con consideraciones sociales, medioambientales, éticas, culturales y educativas;

26.

Sigue con interés los debates en curso sobre la propuesta legislativa sobre la transparencia de la información social y medioambiental proporcionada por las empresas; aboga por la adopción de una propuesta legislativa que, teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de la RSE y la diversidad de políticas de RSE aplicadas por las empresas, permita una gran flexibilidad en la actuación teniendo al mismo tiempo un nivel suficiente de comparabilidad que responda a las necesidad de los inversores y otras partes interesadas así como a la necesidad de ofrecer a los consumidores un acceso sencillo a la información sobre las repercusiones de las empresas en la sociedad, incluidos los aspectos de gobernanza y la metodología para calcular el coste del ciclo de vida; considera que, en su caso, la información sobre la sostenibilidad debería referirse también a la cadena de subcontratación y suministro y que debería basarse en metodologías globalmente aceptadas como las de la Iniciativa mundial de presentación de informes o las del Consejo Internacional de Informes Integrados; pide asimismo que se establezca una excepción o un marco simplificado a los que puedan acogerse las PYME;

27.

Pide un seguimiento mayor y más integrador y transparente de los principios de la RSE en la política comercial de la UE, con unos puntos de referencia claros para medir las mejoras a fin de fomentar la confianza en el sistema;

28.

Insta a la UE así como a los Estados miembros a que faciliten información concreta sobre la RSE, y que ofrezcan educación y formación en esta materia, a fin de que las empresas aprovechen plenamente la RSE y puedan aplicarla en su cultura organizativa;

29.

Alienta a las empresas de medios de comunicación a que incluyan normas periodísticas transparentes en sus políticas de RSE, que establezcan garantías de protección de las fuentes y de los derechos de los denunciantes;

30.

Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de adoptar medidas vinculantes y no vinculantes destinadas a facilitar el reconocimiento y la promoción de los esfuerzos realizados por las empresas en materia de transparencia y divulgación de información no financiera;

31.

Rechaza firmemente el establecimiento de parámetros específicos, como los indicadores de resultados a nivel de la UE, que puedan generar cargas administrativas innecesarias y estructuras operativas ineficientes; pide a la Comisión que, por el contrario, ofrezca a las empresas metodologías internacionalmente reconocidas, como la Iniciativa mundial de presentación de informes o las del Consejo Internacional de Informes Integrados, y que promueva su uso;

32.

Considera fundamental, no obstante, que la Comisión desarrolle lo antes posible la anunciada metodología común para medir el comportamiento medioambiental en función del coste del ciclo de vida; considera que esta metodología sería útil tanto en términos de transparencia de la información de las empresas como para la evaluación de las prestaciones medioambientales de las empresas por parte de las autoridades públicas;

33.

Se felicita por la intención de la Comisión de lanzar una «comunidad de práctica» en materia de RSE y actuación social de las empresas; considera que esa «comunidad de práctica» debe ser un complemento del código de buenas prácticas en materia de corregulación y autorregulación de forma que permita que todas las partes interesadas puedan comprometerse en un proceso de aprendizaje colectivo con el fin de mejorar y reforzar la eficiencia y la responsabilidad de las iniciativas en que participen múltiples actores;

34.

Pide una consulta y una participación plenas y activas de las organizaciones representativas, incluidos los sindicatos, en el desarrollo, la puesta en práctica y el seguimiento de los procesos y estructuras de RSE de las empresas, trabajando con los empresarios con un verdadero espíritu de asociación;

35.

Pide a la Comisión que vele por que la obligación de presentar informes de manera sistemática sobre la información esencial relativa a la sostenibilidad no sobrecargue a las empresas, ya que cualquier estrategia nueva de RSE debe ser bien acogida por estas; pide a la Comisión que permita un período de transición antes de que entre en vigor la obligación de las empresas de presentar informes no financieros, ya que de este modo se brindaría a las empresas la oportunidad de aplicar primero de forma adecuada la RSE a nivel interno y establecer una política de RSE precisa y detallada como parte de sus sistemas internos de gestión;

36.

Apoya la propuesta de la Comisión de considerar como requisito para todos los fondos de inversión y las instituciones financieras la obligación de informar a todos sus clientes (ciudadanos, empresas, poderes públicos, etc.) sobre cualquier criterio de inversión ético o responsable que apliquen o cualquier norma o código al que se adhieran;

37.

Respalda la Directiva, propuesta por la Comisión, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas; pide que las políticas de RSE de las empresas de los sectores pertinentes (como viajes, seguros, alojamiento y telecomunicaciones) incluyan estrategias y estructuras positivas y prácticas para apoyar a las víctimas y a sus familias de delitos durante una crisis, y que establezcan políticas específicas para los empleados que sean víctimas de un delito, ya sea en el lugar de trabajo o fuera;

38.

Reconoce el gran valor y el potencial de las herramientas de autorregulación y corregulación, como los códigos de conducta a nivel sectorial; acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión de mejorar las herramientas existentes a través de un código de buenas prácticas en la materia; no obstante, se opone a un enfoque único que no tenga en cuenta la especificidad de cada sector y las necesidades específicas de las empresas;

39.

Recuerda las características peculiares de las PYME, que trabajan principalmente a escala local y regional y dentro de sectores específicos; considera, por lo tanto, que es esencial que las políticas de la Unión en materia de RSE, incluidos los planes de acción nacionales sobre la RSE, tengan en cuenta las necesidades específicas de las PYME, estén en consonancia con el principio «pensar primero a pequeña escala» y reconozcan el enfoque informal e intuitivo de las PYME en relación con la RSE;

40.

Hace hincapié en la importancia de implicar a las pequeñas y medianas empresas en el proceso de RSE y de reconocer los logros de las mismas;

41.

Reconoce que muchas PYME de Europa ya aplican políticas de RSE, como el empleo local, el compromiso comunitario, la aplicación de políticas de buena gobernanza a su cadena de suministro, etc.; observa, sin embargo, que la mayoría de ellas no sabe que en realidad está poniendo en práctica la sostenibilidad, la RSE y las buenas prácticas de gobernanza corporativa; pide, por tanto, a la Comisión que examine primero las prácticas actuales de las PYME antes de estudiar las estrategias de RSE específicas para ellas;

42.

Rechaza cualquier iniciativa que pueda aumentar cargas administrativas, burocráticas o financieras para las PYME; apoya, en cambio, medidas que permitan a las PYME llevar a cabo acciones conjuntas;

43.

Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales que hagan un uso inteligente de los fondos de cohesión, con el objetivo de apoyar el papel de las organizaciones intermediarias de las PYME en la promoción de la RSE, basándose en ejemplos como el del principal programa alemán cofinanciado con cargo al Fondo Social Europeo;

44.

Pide a la Comisión que identifique, en colaboración con los Estados miembros, las organizaciones intermediarias de las PYME y otras partes interesadas, estrategias y medidas capaces de favorecer el intercambio de buenas prácticas en materia de RSE entre las PYME, como por ejemplo una base de datos que recoja casos y prácticas con información relativa a los proyectos llevados a cabo en diferentes Estados miembros;

45.

Recomienda la elaboración de guías y manuales sobre la RSE destinados a las PYME; subraya, a este respecto, la necesidad urgente de incrementar la investigación académica sobre los métodos para aumentar la aceptación de la RSE por parte de las PYME y sobre el impacto económico, social y medioambiental de las políticas de RSE a escala local y regional;

46.

Considera que, a fin de tener un impacto real en la reducción de la pobreza, la agenda de la RSE también debería poner énfasis en las PYME, ya que sus efectos acumulativos sociales y medioambientales son significativos;

47.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren estrategias de desarrollo y apoyo para la difusión de la RSE entre las PYME; recomienda, en particular, el desarrollo de medidas específicas para las pequeñas empresas y las microempresas;

48.

Subraya que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, debe informarse plenamente al Parlamento sobre cómo se incorporan en las negociaciones los resultados de las evaluaciones de impacto de los acuerdos sobre la sostenibilidad antes de que estos se celebren, y acerca de qué capítulos de dichos acuerdos se han modificado para evitar el impacto negativo que hayan detectado dichas evaluaciones;

49.

Subraya que los futuros tratados bilaterales de inversión que firme la UE han de garantizar un equilibrio justo entre la necesidad de proteger a los inversores y la necesidad de permitir la intervención del Estado, especialmente en lo que respecta a las normas sociales, sanitarias y ambientales;

50.

Insta a fomentar la institución del mecenazgo entre los empresarios;

51.

Recuerda que ya existe la posibilidad de iniciar procedimientos judiciales o procedimientos alternativos para resolver controversias comerciales o reclamar una indemnización por externalidades negativas derivadas de una actividad empresarial irresponsable o ilegal; pide a la Comisión, en este sentido, que procure estimular la sensibilización tanto dentro de la comunidad empresarial como entre el público en general; recuerda que la Cámara de Comercio Internacional (CCI) ofrece servicios de resolución de conflictos a personas, empresas, Estados, instituciones estatales y organizaciones internacionales que buscan alternativas a los procedimientos judiciales que pueden contribuir a mejorar la tutela judicial efectiva de las víctimas en caso de violación de las prácticas empresariales responsables que haya ocasionado perjuicios económicos, sociales y medioambientales en la UE o en el extranjero;

52.

Recalca que la sensibilización a nivel empresarial sobre la importancia de la RSE y las consecuencias del incumplimiento de la misma, como tarea de la Comisión Europea, debe ir acompañada por una concienciación y un desarrollo de capacidades adecuados a nivel de los gobiernos de los países de acogida, a fin de garantizar la aplicación efectiva de los derechos y la tutela judicial en relación con la RSE;

53.

Opina que la Comisión y los Estados miembros deben alentar a las empresas de la UE a tomar iniciativas para fomentar la RSE y a intercambiar buenas prácticas con sus socios en otros países;

54.

Subraya la necesidad de elaborar medidas reguladoras dentro de un marco legal sólido y coherente con el desarrollo normativo internacional, a fin de evitar interpretaciones nacionales divergentes y el riesgo de crear ventajas o desventajas competitivas a escala regional, nacional o macrorregional;

55.

Alienta a la Comisión a que continúe sus esfuerzos en aras de fomentar el comportamiento responsable en las relaciones con otros países y regiones del mundo; pide, a este respecto, mayores esfuerzos para hacer de la reciprocidad un principio básico de las relaciones comerciales;

56.

Reitera su convencimiento de que el desarrollo de la RSE debe ser impulsado fundamentalmente a través a un enfoque que propicie la participación de múltiples partes interesadas y en el que se reserve un papel de primer plano a las empresas, que deberían tener la posibilidad de desarrollar un enfoque adaptado a su situación específica; reitera la necesidad de medidas y enfoques específicos para el desarrollo de la RSE entre las PYME;

57.

Observa que la actual estrategia de RSE de la Comisión abarca el período 2011-2014; pide a la Comisión que garantice la adopción oportuna de una estrategia ambiciosa para el período posterior a 2014;

58.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

22.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 24/33

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Vistos los artículos 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 y 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Vista la Carta Social Europea, en particular, sus artículos 5, 6 y 19,

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Vistos la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, y los Convenios de la OIT por los que se establecen normas fundamentales mínimas a nivel internacional en materia de abolición del trabajo forzoso (no 29 (1930) y no 105 (1957)), libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva (no 87 (1948) y no 98 (1949)), abolición del trabajo infantil (no 138 (1973) y no 182 (1999)) y no discriminación en el empleo (no 100 (1951) y no 111 (1958)),

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Vistos asimismo los Convenios de la OIT sobre las cláusulas de trabajo (contratos públicos) (no 94) y sobre la negociación colectiva (no 154),

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Vistos el Programa de Trabajo Decente y el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, aprobados por consenso mundial el 19 de junio de 2009 en la Conferencia Internacional del Trabajo,

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Vista la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa, aprobada por consenso de los 183 Estados miembros de la OIT el 10 de junio de 2008,

—

Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y otros instrumentos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990) y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006),

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Vistos los Principios para el Empoderamiento de la Mujer de las Naciones Unidas, lanzados en marzo de 2010, que ofrecen orientación sobre el modo de capacitar a las mujeres en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad, y que son el resultado de una iniciativa conjunta de ONU Mujeres y del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,

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Visto el Consistency Project, proyecto de colaboración entre el CDSB (Climate Disclosure Standards Board), la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes (GRI), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), diseñado para apoyar una mayor coherencia de criterios en relación con la demanda y el suministro de la información empresarial relacionada con el cambio climático,

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Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 8 de diciembre de 2009 (1),

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Vistas las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, actualizadas en mayo de 2011,

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Vista la Convención de la OCDE contra el Soborno, de 1997,

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Vista la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes,

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Vista la constitución del Consejo Internacional de Informes Integrados (CIII),

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Vista la Ley danesa de Declaraciones Financieras, de 2008,

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Visto el Pacto Mundial de las Naciones Unidas,

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Visto el estudio de octubre de 2010 elaborado a instancias de la Comisión Europea, que aborda las lagunas de gobernanza entre los instrumentos y normas internacionales de responsabilidad social de las empresas y la legislación europea vigente (conocido como «Estudio de Edimburgo») (2), cuyos resultados se expusieron en el Informe Anual de 2011 del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos (3), y que ha sido apoyado plenamente por el Consejo Europeo,

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Vistos los apartados 46 y 47 del documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20),

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Vistos los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable,

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Vista la Norma internacional ISO 26000, que proporciona orientación sobre la responsabilidad social, editada el 1 de noviembre de 2010,

—

Visto el estudio «Green Winners», realizado en 2009 sobre 99 empresas (4),

—

Vista la creación del Foro Multilateral Europeo sobre la responsabilidad social de las empresas, el 16 de octubre de 2002,

—

Vista la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (5),

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública, presentada por la Comisión (COM(2011)0896),

—

Visto el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (6), que sustituye al Convenio de Bruselas de 1968 excepto en lo que se refiere a las relaciones entre Dinamarca y los Estados Miembros,

—

Vista la Resolución del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa al seguimiento del Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas (7),

—

Vista la Resolución del Consejo, de 6 de febrero de 2003, relativa a la responsabilidad social de las empresas (8),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Promover un trabajo digno para todos — Contribución de la Unión a la aplicación de la agenda del trabajo digno en el mundo» (COM(2006)0249) (Comunicación de la Comisión sobre el trabajo digno),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea — Un plan para avanzar» (COM(2003)0284) (Plan de acción sobre gobernanza empresarial),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Comercio, crecimiento y asuntos mundiales — La política comercial como elemento fundamental de la Estrategia 2020 de la UE» (COM(2010)0612),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Paquete “Empresas responsables”» (COM(2011)0685),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» (COM (2012)0173),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa en favor del emprendimiento social — Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales» (COM(2011)0682),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),

—

Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2002, sobre el Libro Verde de la Comisión titulado «Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas» (9),

—

Vista su Resolución, de 13 de mayo de 2003, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas — Una contribución empresarial al desarrollo sostenible (10),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2007, sobre la responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación (11),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional (12),

—

Vista su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia Europa 2020, en la que se señala la existencia de un vínculo inextricable entre la responsabilidad de las empresas y la gobernanza empresarial (13),

—

Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2012, sobre la Iniciativa en favor del emprendimiento social — Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales (14),

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 24 de mayo de 2012, sobre la Comunicación de la Comisión, titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (15) ,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Cultura y Educación (A7-0023/2013),

A.

Considerando que la responsabilidad social de las empresas (RSE) no debe usarse de forma impropia para redefinir las normas mínimas pertinentes acordadas a nivel internacional, sino para medir el grado de aplicación de dichas normas y comprender mejor el modo en que pueden ser aplicadas fácil y directamente por las empresas de todos los tamaños;

B.

Considerando que el concepto de «responsabilidad social de las empresas», que suele utilizarse en las instituciones de la UE, debe considerarse en gran medida idéntico a los conceptos afines de empresa responsable o ética, «medio ambiente, sociedad y gobernanza», desarrollo sostenible y responsabilidad empresarial;

C.

Considerando que el enfoque multilateral ha de seguir siendo la piedra angular de todas las iniciativas respaldadas por la UE en materia de RSE y la base de la RSE más creíble por parte de la propia empresa, empezando por el nivel local;

D.

Considerando que la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes (GRI) ha aportado la metodología más ampliamente aceptada con diferencia a nivel internacional para la transparencia de las empresas, y que la creación del Consejo Internacional de Informes Integrados (CIII), que incluye a los principales organismos responsables de la elaboración de normas de contabilidad, indica que la información sobre la sostenibilidad de las empresas integrada en las cuentas financieras se convertirá en norma mundial en menos de una década;

E.

Considerando que los trabajos pioneros del proyecto del Príncipe de Gales Contabilidad para la Sostenibilidad, de la iniciativa TEEB (La economía de los ecosistemas y la biodiversidad) para las empresas y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han hecho posible que las empresas comprendan plena y exactamente el valor monetario de su impacto social y medioambiental exterior y que, por consiguiente, lo incorporen a su gestión financiera;

F.

Considerando que se ha producido un cambio radical en la comunidad inversora, con 1 123 inversores (que representan unos activos totales bajo gestión de 32 billones de dólares estadounidenses) que apoyan los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable; que el Foro Europeo de Inversión Sostenible estima que el mercado mundial de la inversión socialmente responsable alcanzó aproximadamente los 7 billones de euros en septiembre de 2010, y considerando asimismo que 82 inversores encabezados por Aviva Global Investors que representaban unos activos totales bajo gestión de 50 billones de dólares pidieron en la Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que la información sobre la sostenibilidad de las empresas se haga obligatoria;

G.

Considerando que la creación de la Plataforma Multilateral Europea sobre la RSE, la puesta en marcha de una serie de proyectos piloto y proyectos de investigación y las actividades de la antigua Alliance for Business han logrado buenos resultados para la acción europea en el ámbito de la RSE, junto con la valiosa contribución de una «familia» de organizaciones europeas de promoción de la RSE, como CSR Europe, la Academia Europea de Negocios en Sociedad (EABIS), el Foro Europeo de Inversión Sostenible (Eurosif) y la Coalición Europea por la Justicia Corporativa (ECCJ);

H.

Considerando que es fundamental contar con cierto número de normas comunes para la RSE, que las diferencias en cuanto a la importancia también requieren enfoques diferenciados por parte de la industria, y que, en una sociedad libre, la RSE no puede hacer nunca obligatorias las acciones benéficas, pues ello podría reducir la generosidad de los ciudadanos;

I.

Considerando que los códigos de conducta de las empresas han desempeñado un papel importante en la puesta en marcha de la RSE y en la sensibilización al respecto, pero constituyen una respuesta insuficiente, debido a la frecuente falta de especificidad, la escasa coherencia con las normas internacionales, la tendencia a evitar cuestiones de importancia y la falta de comparabilidad y de transparencia en su aplicación;

J.

Considerando que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se acordaron unánimemente en las Naciones Unidas con el pleno apoyo de los Estados miembros de la UE, la Organización Internacional de Empresarios y la Cámara de Comercio Internacional, incluido el apoyo del concepto de «mezcla inteligente» entre acciones normativas y voluntarias;

K.

Considerando que John Ruggie, antiguo Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, pidió a los Estados miembros de la UE, como parte de la Conferencia sobre RSE convocada por la Presidencia sueca de turno, que aclararan y apoyaran la cuestión de la jurisdicción extraterritorial para los casos de violaciones cometidas por empresas establecidas en terceros países frágiles; que su petición fue apoyada después en las conclusiones del Consejo Europeo, pero que hasta ahora no se han emprendido acciones al respecto;

L.

Considerando el estudio de la Comisión Europea sobre las lagunas de gobernanza existentes entre los instrumentos internacionales de responsabilidad social de las empresas y las normas y la legislación europea vigentes, conocido como «Estudio de Edimburgo», publicado en octubre de 2010 y cuyos resultados quedaron recogidos en el Informe Anual 2011 sobre derechos humanos, que ha sido plenamente apoyado por el Consejo y por el Parlamento Europeo;

M.

Considerando que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son la norma internacional más creíble en materia de RSE, y que la actualización acordada en mayo de 2011 representa una oportunidad importante para impulsar la aplicación de la RSE;

N.

Considerando que ha habido numerosas iniciativas internacionales para garantizar la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, incluida la obligación de información de las empresas públicas chinas, la obligación de las empresas de informar sobre la aplicación de las líneas directrices en materia de RSE desarrolladas por el Gobierno de la India, y la obligación de las empresas de revelar sus resultados en materia de sostenibilidad como requisito para cotizar en bolsa en Brasil, Sudáfrica y Malasia, impuesta por la Comisión de Vigilancia y Control del Mercado de Valores de los Estados Unidos;

O.

Considerando que la Ley de Declaraciones Financieras danesa (2008) en materia de información sobre la sostenibilidad por parte de las empresas, que incluye nuevos requisitos de información específicos sobre el cambio climático y el impacto en los derechos humanos, ha demostrado ser muy popular entre las empresas danesas, de las que el 97 por ciento han optado por informar a pesar de la disposición de «aplicar o explicar» durante los tres primeros años de su aplicación;

P.

Considerando que Francia y Dinamarca son dos de los cuatro gobiernos de Estados miembros de las Naciones Unidas que han aceptado dirigir la aplicación del compromiso Río+20 de las Naciones Unidas en materia de información sobre la sostenibilidad por parte de las empresas;

Q.

Considerando que la actualización de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales encabezada por los Países Bajos, ha brindado la oportunidad de mejorar su visibilidad y su estado a través del sistema de «puntos de contacto nacionales», ha puesto fin al «nexo de inversión» que impedía su plena aplicación en la cadena de suministro y ha integrando plenamente los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos;

R.

Considerando que en la Resolución sobre la Estrategia Europa 2020 se afirma que existe un vínculo inextricable entre la responsabilidad de las empresas y la gobernanza empresarial;

S.

Considerando que el estudio «Green Winners», realizado en 2009 sobre 99 empresas, demostró que en 16 sectores industriales distintos, las empresas con estrategias de RSE superaban la media de su sector al menos en un 15 %, lo que representa una capitalización bursátil de 498 millones de euros (650 millones de dólares estadounidenses) por empresa;

T.

Considerando que el Estudio Mundial CEO 2012 demuestra que las empresas reconocen que el crecimiento exige colaborar estrechamente con la población local; que, por ejemplo, más del 60 % de los encuestados tenían previsto aumentar las inversiones en los próximos tres años para ayudar a mantener la salud de sus empleados;

1.

Reconoce que la Comunicación de la Comisión forma parte de un conjunto de declaraciones políticas, merced a las cuales la RSE se promueve más ampliamente, está integrada en las políticas de la UE y constituirá un principio establecido para la acción europea; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se basen en la estrategia sobre la RSE 2014-2020 para adoptar medidas concretas destinadas a alentar a las empresas a comprometerse con la RSE;

2.

Subraya que la sensibilización sobre la responsabilidad social hace que las empresas sean dignas de mayor confianza y mayor aceptación social;

3.

Hace suyo, no obstante, el análisis de la Comunicación en el sentido de que las prácticas de la RSE están restringidas en gran medida a un pequeño número de grandes empresas, pese a los llamamientos directos contenidos en las comunicaciones de 2001 y 2006 de la Comisión para que más empresas se sumen a la RSE; considera, no obstante, que las empresas han estado siempre comprometidas con la sociedad en las que operan, y que la RSE puede introducirse en empresas de todos los tamaños; observa asimismo la necesidad de implicar a las PYME en el debate sobre la RSE, ya que muchas de ellas la adoptan sobre la base de un enfoque más informal e intuitivo que implica un mínimo de administración y ningún aumento de costes;

4.

Recuerda el papel estratégico que pueden desempeñar las PYME al facilitar la difusión de la RSE gracias a su proximidad con las zonas donde operan; pide a la Comisión que desarrolle, de común acuerdo con las autoridades nacionales y las plataformas multilaterales, formas de cooperación sectorial entre las PYME que les permitan afrontar los problemas sociales y ambientales de forma colectiva;

5.

Considera lamentable que la RSE se centre fundamentalmente en normas medioambientales en detrimento de las normas sociales que, sin embargo, son esenciales para restaurar un clima social que propicie el crecimiento económico y la convergencia social;

6.

Considera que la crisis financiera mundial implica un riesgo real de que los responsables políticos, incluidos los de la UE, sufran los efectos de su funesta visión a corto plazo, al centrarse exclusivamente en medidas de transparencia y responsabilidad estrechamente definidas en los mercados financieros y descuidar la necesidad urgente de que tanto el sector financiero como todos los sectores industriales aborden de forma integrada los desafíos apremiantes y prioritarios de la degradación medioambiental y la desintegración social;

7.

Advierte de que las empresas solo pueden ser sostenibles en el futuro si existen dentro de una economía sostenible, y que no puede haber ninguna alternativa a la adaptación a un futuro bajo en carbono que también abarque la preservación del capital social y natural del mundo, un proceso en el cual la RSE debe desempeñar un papel decisivo;

8.

Considera que el refuerzo de la RSE se debe mejorar mediante los elementos siguientes: haciendo un mayor hincapié en los instrumentos mundiales de RSE, nuevos impulsos de las empresas líderes entre sus homólogas, la mejora de la divulgación de información de carácter social y medioambiental por parte de las empresas, el recurso a directrices adecuadas, el apoyo de la administración pública a la creación de las condiciones necesarias para la cooperación en materia de RSE y la provisión de herramientas e instrumentos adecuados, como, por ejemplo, un sistema de incentivos, una sólida evaluación de impacto de las iniciativas existentes en materia de RSE, el apoyo a nuevas iniciativas en materia social, la adaptación de la RSE a las necesidades de las PYME, y un mayor reconocimiento tanto en la comunidad empresarial como en el conjunto de la sociedad acerca de la enorme magnitud de los retos sociales y medioambientales a que se enfrentan Europa y el mundo;

9.

Apoya la intención de la Comisión de consolidar la RSE en Europa estableciendo directrices y apoyando iniciativas multilaterales para sectores industriales individuales, y hace un llamamiento a las principales empresas y asociaciones para que se sumen a esta iniciativa;

10.

Reitera que la RSE debe dejar de ser un proceso y comenzar a ofrecer resultados;

11.

Se congratula de que la definición de RSE expuesta en la Comunicación de la Comisión, que refleja el nuevo enfoque adoptado por primera vez por la Comisión en el Foro Multilateral de 2009, ofrezca una oportunidad indispensable de inclusión y consenso y refleje adecuadamente el nuevo consenso logrado entre las empresas y otras partes interesadas en esta cuestión, gracias al acuerdo unánime existente sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas y otros instrumentos como la norma orientativa ISO 26000 sobre responsabilidad social; acoge con satisfacción la integración de las cuestiones de orden social, medioambiental, ético y de derechos humanos en la actividad de las empresas; reitera que la Comisión debe diferenciar más entre: (1) las iniciativas benéficas de las empresas, (2) el comportamiento social de las empresas basado en leyes, reglamentos y normas internacionales, y (3) el comportamiento antisocial de las empresas, que es contrario a las leyes, reglamentos y normas internacionales, y es delictivo y explotador, por ejemplo, el trabajo infantil o el trabajo forzoso, y que se debe condenar con energía;

12.

Reitera que la RSE debe ampliarse también al comportamiento de las empresas en terceros países y respecto a ellos;

13.

Observa con interés que la Comisión ha empezado a incluir referencias a la RSE en los acuerdos comerciales de la UE; opina que, a la vista del decisivo papel que desempeñan las empresas, sus filiales y sus cadenas de suministro en el comercio internacional, la responsabilidad social y medioambiental de las empresas debe convertirse en parte integrante del capítulo sobre desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales de la UE; pide a la Comisión que elabore propuestas concretas para la aplicación de los principios de la RSE en la política comercial;

14.

Considera que la responsabilidad social también debe respetar principios y derechos fundamentales como los especificados por la OIT, incluyendo en particular la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, la prohibición del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el trabajo;

15.

Elogia firmemente la contribución realizada por los Comisarios de Empleo, Empresa y Mercado Interior y por su personal en favor del enfoque constructivo y orientado al futuro contenido en la Comunicación de la Comisión; reconoce la contribución de otras partes de la Comisión a través del grupo interservicios sobre RSE; pide, no obstante, al Presidente de la Comisión que ejerza su liderazgo en el ámbito de la RSE y garantice una plena «asunción» del compromiso de la Comisión para con la RSE en particular en la Dirección General de Medio Ambiente y las responsables de relaciones exteriores;

16.

Considera que la RSE debe conllevar medidas sociales referidas sobre todo a la formación profesional, a la conciliación de la vida familiar y laboral y a condiciones laborales adecuadas; confirma su creencia en el interés empresarial de la RSE, pero vuelve a señalar que si tal interés no es relevante a corto plazo para una situación o empresa concreta nunca debe servir de excusa para actuar irresponsablemente y de forma antisocial; considera que existe suficiente investigación para demostrar el interés empresarial y que debe darse prioridad a la difusión de dicha investigación; pide que la nueva investigación sobre la RSE se concentre en la evaluación del impacto acumulativo del cambio de conducta de las empresas gracias a la RSE al abordar retos europeos y mundiales como las emisiones de carbono, la acidificación del agua, la pobreza extrema, el trabajo infantil y la desigualdad, y que las lecciones aprendidas se incluyan en la futura contribución de Europa en el desarrollo de iniciativas de RSE mundiales;

17.

Reconoce que se percibe una deficiencia fundamental en las iniciativas de la RSE cuando las empresas que hacen uso de la RSE consiguen evitar a los grupos de interés críticos o eluden cuestiones sensibles relevantes para sus empresas y su cadena de suministro mundial; pide a la Comisión que, en colaboración con las autoridades fiscales y los interlocutores sociales, se sirva del trabajo previo de los «laboratorios» de la RSE para elucidar cómo las empresas y las partes interesadas pueden identificar objetivamente las cuestiones sociales y medioambientales que son importantes para la empresa en cuestión, así como para seleccionar de modo justo y equilibrado a las partes interesadas que participen en las iniciativas de la empresa en materia de RSE;

18.

Considera que los consumidores cada vez se fijan más en las actividades de RSE que realizan las empresas, por lo que anima a las empresas a que sean transparentes, en especial en las operaciones empresariales relativas a cuestiones éticas, sociales y medioambientales;

19.

Destaca que la RSE solo será viable si se respetan la legislación en vigor y las normas salariales locales adoptadas por los interlocutores sociales;

20.

Señala que, al evaluar la responsabilidad social de una empresa, se debe tener en cuenta el comportamiento de las empresas pertenecientes a su cadena de suministro, así como de las empresas subcontratistas;

21.

Respalda la aseveración recogida en la Comunicación de la Comisión de que «contribuir a mitigar los efectos sociales de la crisis actual» y encontrar modelos empresariales sostenibles forman parte de la RSE; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen a las empresas, en colaboración con los representantes de los trabajadores, a implicarse en la RSE; pide a las empresas que estudien iniciativas destinadas a conservar y crear puestos de trabajo, en particular para los jóvenes y las mujeres, en todos los ámbitos de actividad (como gestión y formación, mercados, personal, medio ambiente y sociedad), con especial hincapié en las personas afectadas por múltiples desventajas, como los gitanos y las personas con discapacidad, y que contraten no solo trabajadores «de a pie» sino también altos directivos procedentes del mercado laboral local y establezcan, por ejemplo, un sistema que permita a los licenciados universitarios hacer prácticas de calidad para lograr la experiencia laboral que necesitan los empleadores del sector privado;

22.

Considera que las empresas deben estar implicadas en la resolución de problemas sociales agravados por la crisis económica, como la falta de viviendas y la pobreza, y en el desarrollo de las comunidades donde operan;

23.

Reconoce que la crisis económica ha ido acompañada de un aumento de la precariedad en el empleo, especialmente para las mujeres, de diferencias en las condiciones laborales, debidas en parte a la subcontratación, de la obligación de trabajar a tiempo parcial para muchos que aspiran a tener un empleo a tiempo completo, y del aumento de las prácticas en el trabajo que constituyen a veces una explotación y un resurgimiento del sector informal; pide a la Comisión y al Foro Multilateral Europeo que examinen en particular el aumento de la subcontratación; insta a que este trabajo se inspire en los Principios Rectores de las Naciones Unidas aplicables a la cadena de suministro y, en particular, al concepto de «evaluación de impacto» independientemente de diferentes niveles de proveedores;

24.

Considera que el cumplimiento de la legislación laboral en materia de condiciones del trabajo físico, la elaboración de procedimientos y políticas de contratación y despido, la protección de los datos y la privacidad del trabajador y el pago puntual de los salarios y de otras prestaciones constituyen igualmente un elemento de RSE e insta al respeto de estos aspectos;

25.

Reconoce que la crisis repercute en la estructura social; celebra que algunas empresas hayan adoptado múltiples medidas para integrar en el mundo laboral a los grupos sociales vulnerables y desfavorecidos; pide a las empresas que continúen con este tipo de iniciativas; destaca, no obstante, que los cierres de empresas y las reducciones de plantilla ponen en peligro algunos de los avances obtenidos gracias a la RSE, como la ocupación de grupos vulnerables en la sociedad, en particular las personas con discapacidad, la mejora de la formación y la situación de estos empleados, la promoción de nuevas formas innovadoras de producción y servicios socialmente útiles, por ejemplo a través de cooperativas de crédito, y el fomento de nuevos modelos de empleo mediante empresas sociales, cooperativas y comercio justo; considera, por consiguiente, que es esencial definir parámetros para las medidas sociales; pide a la Comisión que efectúe un amplio análisis del impacto social de la crisis en estas iniciativas, incorporando un enfoque basado en el género y centrándose en los países del sur de Europa, y que consulte plenamente a los interlocutores sociales y las partes interesadas en la RSE sobre su resultado;

26.

Considera que las acciones de RSE no solo benefician al conjunto de la sociedad, sino que también ayudan a la empresa a mejorar su imagen y a estar más valorada entre los consumidores potenciales, lo que le ayudará a ser económicamente viable en el largo plazo;

27.

Considera que la creación de programas de desarrollo de competencias y de aprendizaje permanente para los trabajadores, las evaluaciones individuales periódicas de los trabajadores y un programa de gestión del talento, así como el establecimiento de objetivos individuales de negocio y de desarrollo para los trabajadores son un recurso para aumentar la motivación y el compromiso de los trabajadores y constituyen un elemento esencial de la RSE;

28.

Señala que, especialmente en tiempos de crisis, las empresas que operan en el marco de los principios de la RSE deben contribuir a desarrollar las capacidades innovadoras de su región a través de la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras y respetuosas con el medio ambiente en las plantas de producción, además de llevar a cabo nuevas inversiones y su modernización; hace hincapié en que la integración de cuestiones medioambientales como la biodiversidad, el cambio climático, la eficiencia de los recursos y la salud ambiental en las operaciones empresariales ofrece potencial para promover una recuperación sostenible;

29.

Considera que la crisis financiera en algunos casos puede haber socavado la confianza de los trabajadores en relación con la obligación de las empresas de garantizar a largo plazo los derechos de pensión privada, teniendo en cuenta las diferencias entre los sistemas de pensiones en la UE como consecuencia de la crisis; pide a las empresas responsables que aborden este problema junto con la Comisión y los interlocutores sociales, también estableciendo acuerdos abiertos, integradores y basados en normas para la gestión de las inversiones de pensiones, y como parte del reto más amplio dentro de la RSE de abordar el envejecimiento activo en una época de cambio demográfico; señala que restaurar la confianza entre los empleados y las empresas es esencial para que haya una recuperación económica sostenible;

30.

Elogia enérgicamente la importancia concedida en la Comunicación de la Comisión al refuerzo y la aplicación de las normas internacionales y —a la luz de la actualización de las Líneas Directrices de la OCDE de 2011 y del acuerdo sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas— considera que la actuación de la UE debe centrarse en mayor medida en la plena aplicación de tales Líneas Directrices y Principios entre las empresas europeas; hace hincapié en que estas Líneas Directrices de la OCDE se han definido y reconocido a nivel internacional para establecer y mantener la igualdad de condiciones, al tiempo que se fomentan prácticas empresariales abiertas, justas y responsables a escala mundial; propone a la Comisión que informe anualmente tanto al Parlamento como al Consejo sobre la aplicación en la UE de dichas Líneas Directrices de la OCDE;

31.

Subraya la importancia de elaborar las políticas de la Unión en materia de RSE de manera complementaria al desarrollo de normas internacionales, para evitar interpretaciones nacionales divergentes y posibles ventajas o desventajas competitivas a escala nacional o internacional;

32.

Insiste en que cada uno de los 27 Estados miembros debe acelerar la revisión de sus planes de acción nacionales en materia de RSE y el desarrollo de planes nacionales de aplicación de las Líneas Directrices pertinentes de la OCDE y los Principios Rectores de las Naciones Unidas, que deberían finalizarse, a más tardar, en diciembre de 2013; considera que los Estados miembros deben garantizar que estos planes se elaboren con la participación de todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las ONG, la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones de empresarios y las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH); pide a la UE que facilite el acceso a la experiencia adquirida por los Estados miembros que ya se encuentran en ese proceso; alienta a los Estados miembros a inspirarse en las directrices contenidas en la norma ISO 26000, en la versión más reciente de las directrices de la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes y en las orientaciones elaboradas por el Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos;

33.

Pide mayor coherencia de las políticas a nivel de la UE, haciendo que las políticas y acuerdos sobre contratación pública, crédito a la exportación, buena gobernanza, competencia, desarrollo, comercio, inversión y otras políticas y acuerdos sean conformes con las normas internacionales en materia de derechos humanos, social y medioambiental, establecidas en las directrices y principios pertinentes de la OCDE y las Naciones Unidas; pide, en este contexto, que se colabore con los órganos representantes de los trabajadores, los empresarios y los consumidores, siguiendo los consejos pertinentes de las INDH, como la propuesta presentada por el Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos a la Comisión sobre los derechos humanos y la contratación pública; pide evaluaciones de impacto significativas y adecuadas de las propuestas legislativas para detectar posibles incoherencias con los Principios Rectores de las Naciones Unidas, e insiste en la coordinación con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, a fin de evitar interpretaciones dispares e incoherentes de tales Principios Rectores;

34.

Celebra en particular la inclusión del sector de las TIC en directrices europeas específicas sobre empresas y derechos humanos; reconoce los auténticos dilemas entre, por un lado, la necesidad de proteger la privacidad y combatir el contenido delictivo y, por otro, el objetivo de defender la libertad de expresión, como evidenció la reciente controversia suscitada por el vídeo antiislámico colgado en YouTube; pide que muchas más empresas europeas participen en la principal iniciativa multilateral en este sentido, la Iniciativa de Red Global (Global Network Initiative, GNI), cuyos miembros son actualmente, sobre todo, empresas establecidas en los EE.UU.;

35.

Insiste en que toda «financiación del comercio y desarrollo» ofrecida a los actores del sector privado por los mecanismos de inversión de la UE, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo debe incluir cláusulas contractuales que estipulen el cumplimiento de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, con disposiciones en materia de responsabilidad y un mecanismo claro de reclamaciones; reitera su llamamiento para que los Estados miembros hagan lo mismo con respecto a la concesión de créditos de exportación a las empresas;

36.

Acoge con beneplácito la iniciativa de la Comisión sobre los planes de acción nacionales para la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que desempeñe un papel mucho más destacado para contribuir a su aplicación a alto nivel y fomentar una supervisión y una información efectivas; solicita que se celebre un «procedimiento de revisión paritaria» entre los Estados miembros para impulsar su aplicación; pide a la Comisión y al SEAE que evalúen la aplicación de los planes de acción y las acciones realizadas a escala de la UE, e informen al Consejo Europeo y al Parlamento a finales de 2014;

37.

Reconoce que las empresas operan cada vez más en Estados frágiles y que tienen el deber de diligencia de proteger a sus empleados de los conflictos, el terrorismo y la delincuencia organizada; insiste, no obstante, en que las empresas tienen igualmente el deber de garantizar que las medidas de seguridad no menoscaben la paz ni la seguridad de otros allí donde operan, lo que puede exponerles a acusaciones de complicidad en violaciones de derechos humanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una adopción mucho mayor de los principios internacionales en materia de seguridad voluntaria y busquen un acuerdo en relación con un marco reglamentario internacional sobre regulación, supervisión y control de las actividades de empresas militares y de seguridad privadas;

38.

Pide a las empresas y a otras partes interesadas que participen constructivamente en el proceso de elaboración de orientaciones sectoriales en materia de derechos humanos iniciado por la Comisión y utilicen las orientaciones resultantes del proceso una vez que se haya completado;

39.

Pide a la Comisión, en particular a su DG de Justicia, que presente propuestas para facilitar mejor el acceso a la justicia en los tribunales de la UE de los casos más extremos y notorios de violaciones de los derechos humanos o de los derechos laborales cometidas por empresas domiciliadas en Europa, sus filiales o sus subcontratistas o socios empresariales, tal como recomienda el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos;

40.

Señala igualmente la necesidad de elaborar y crear mecanismos de notificación de violaciones de los derechos humanos en el marco de las empresas individuales;

41.

Considera que el estudio «Green Matters» demuestra definitivamente el vínculo positivo que existe entre las empresas que aplican la RSE y la consecución de mejores resultados financieros cuando salen de la crisis; apoya el concepto de «competitividad responsable», y destaca que el mercado potencial de bienes y servicios útiles desde el punto de vista social y medioambiental sigue constituyendo una oportunidad de mercado fundamental para las empresas, al tiempo que satisface necesidades sociales;

42.

Comparte el punto de vista de las empresas, expresado en el Estudio Mundial CEO 2012, según el cual el crecimiento sostenible de las empresas requiere la colaboración estrecha con las poblaciones, los gobiernos y los socios comerciales locales, así como inversiones en las comunidades locales; apoya y pide que se intensifiquen las iniciativas empresariales en materia de creación de empleo, formación, ayuda para gestionar las limitaciones de recursos y contribución a las soluciones de salud;

43.

Pide a la Comisión Europea, en particular a su DG de Comercio, que abandone su enfoque «pasivo» y adopte un enfoque «activo» en relación con las Líneas Directrices de la OCDE, entre otras cosas, adhiriéndose expresamente a la Declaración de la OCDE sobre inversiones internacionales y empresas multinacionales, que incluye las Líneas Directrices de la OCDE, velando por la promoción y el continuo apoyo de estas Líneas Directrices por parte de las delegaciones de la UE en terceros países, financiando iniciativas de capacitación junto con empresas, sindicatos y sociedad civil en terceros países sobre la aplicación de las Líneas Directrices, y garantizando que estas se citen expresamente en todos los nuevos acuerdos entre la UE y terceros países, incluidos todos los acuerdos de comercio e inversión; pide que la UE realice un mayor esfuerzo diplomático para persuadir a más países a escala internacional a adherirse, y ofrezca apoyo concreto a los grupos de la sociedad civil para plantear «casos específicos» de supuestas violaciones, en cooperación con los Estados miembros;

44.

Considera que la RSE es un instrumento importante para ayudar a la UE a apoyar la aplicación a escala internacional de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); pide a la Comisión que apoye a las organizaciones y a los agentes sociales europeos que deseen realizar proyectos piloto sobre las Líneas Directrices de la OCDE y otras normas internacionales de la RSE, con vistas a la creación de capacidades en terceros países; pide a la Comisión Europea que establezca un objetivo específico de negociación y conclusión de nuevos acuerdos marco sobre cuestiones relacionadas con la RSE y que invite a los interlocutores sociales a concluir estos acuerdos dentro del contexto de su nuevo enfoque sectorial de la RSE; pide a la Comisión Europea, en particular a la DG de Empleo, que integre las normas laborales en la RSE realizando proyectos piloto sobre trabajo digno con gobiernos de terceros países;

45.

Comparte la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas», según la cual «el respeto de la legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales es un requisito previo al cumplimiento de [la] responsabilidad [social de las empresas]»; considera que la RSE debe completar la legislación existente, las negociaciones colectivas y el diálogo con los trabajadores organizados en sindicatos, pero nunca sustituirlos; considera que las empresas deben comprometerse a debatir su política en materia de RSE —y elementos como un informe de empresa anual sobre el impacto social y medioambiental de sus actividades— con los empleados y sus representantes; cree que debe aprobarse un marco opcional de normas para acuerdos marco europeos sobre la base del posible contenido de un marco, tal como se describe en el documento de trabajo de la Comisión sobre este asunto;

46.

Pide a la UE y, en particular, a la Comisión que:

47.

Acoge con satisfacción que algunos representantes del mundo empresarial hayan utilizado la Cumbre Río+20 de las Naciones Unidas para abogar por un nuevo convenio global sobre la responsabilidad de las empresas en el sistema de la ONU; cree que, aunque es probable que este convenio tarde algunos años en llegar, la UE debería participar de forma constructiva en el debate; considera, no obstante, que estos debates no deben distraer a los responsables de las políticas en las empresas y los gobiernos de proceder sin demora a la aplicación de los instrumentos de RSE existentes; llama la atención sobre el hecho de que, además del sistema de las Naciones Unidas, existen otros modelos sobre cómo pueden surgir nuevas formas de gobernanza mundial en materia de RSE, por ejemplo promoviendo la aplicación de las Líneas Directrices de la OCDE entre los no miembros o a través de una iniciativa autónoma de gobiernos afines; pide a la UE, a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen y defiendan propuestas específicas para acordar una contribución empresarial concreta y verificable como parte de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas para el periodo posterior a 2015;

48.

Respalda el parecer, expresado en el primer informe de junio de 2004 del Foro Multilateral, de que las autoridades públicas pueden desempeñar un importante papel en el avance de la RSE, también en el ámbito de la contratación pública, mediante convenciones e incentivos, y pide a los Estados miembros que concedan un impulso nuevo y significativo a estos esfuerzos a través del Grupo de Alto Nivel o de otros canales;

49.

Pide que en las situaciones en que la UE o sus Estados miembros son socios de empresas (por ejemplo, en el marco de la contratación pública, de empresas públicas, de empresas conjuntas, garantías de créditos a la exportación y proyectos a gran escala en terceros países), el respeto de las directrices y los principios de la OCDE y las Naciones Unidas sea una prioridad que se refleje en cláusulas específicas y tenga consecuencias para las empresas que violen de modo flagrante las normas en materia social, medioambiental y de derechos humanos;

50.

Insiste en la importancia del marco de las Naciones Unidas «Proteger, respetar y remediar» y considera que sus tres pilares –la responsabilidad del Estado de proteger contra las violaciones de los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y la necesidad de un acceso más efectivo a las reparaciones– deben respaldarse con medidas adecuadas que permitan su aplicación;

51.

Subraya que, dado su peso en los intercambios comerciales internacionales, las empresas europeas y sus filiales y subcontratistas tienen un papel esencial en la promoción y difusión de las normas sociales y laborales en el mundo; reconoce que normalmente las quejas contra empresas de la UE que operan en el extranjero se resuelven mejor sobre el terreno; celebra los puntos de contacto nacionales de la OCDE, que son mecanismos de base estatal no jurídicos que pueden mediar en una amplia gama de conflictos relativos a empresas y a los derechos humanos; pide, no obstante, un mayor esfuerzo de las empresas para desarrollar mecanismos de reclamación que cumplan los requisitos de efectividad establecidos en los Principios Rectores de las Naciones Unidas, y que busquen en mayor medida una orientación fidedigna en los principios y directrices reconocidos internacionalmente, en particular las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales recientemente actualizadas, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma guía ISO 26000 sobre responsabilidad social y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT;

52.

Pide que se elaboren normas de transparencia y responsabilidad más eficaces para las empresas tecnológicas de la UE en relación con la exportación de tecnologías que puedan utilizarse para violar los derechos humanos o para actuar contra los intereses de la UE en materia de seguridad;

53.

Pide que se aplique el principio de «conocimiento del usuario final» a fin de garantizar un mayor control y prevención de las violaciones de los derechos humanos al principio o al final de las cadenas de suministro y los procesos de producción o flujos de mercado;

54.

Considera que los Estados miembros deben considerar a las empresas responsables de la adopción de principios y de políticas proactivas para contrarrestar la discriminación y la exclusión social, promover la igualdad de género y respetar los derechos fundamentales de todos;

55.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros, dado el enfoque multilateral de la RSE, que consideren la posibilidad de ampliar la asistencia de observadores a las reuniones bianuales del Grupo de Alto Nivel incluyendo a representantes observadores, entre ellos los dos ponentes de las comisiones competentes del Parlamento, representantes del Programa de las Naciones Unidas, para el Medio Ambiente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, y un candidato del sector empresarial europeo, de los sindicatos y de la sociedad civil respectivamente, acordados por el comité de coordinación del Foro Multilateral;

56.

Reconoce que la necesidad, señalada por la Declaración de Laeken de 2001, de aproximar las instituciones de la UE a los ciudadanos de la Unión sigue siendo una realidad; apoya, por consiguiente, un examen formal de la «Propuesta Solidaridad» para un programa interinstitucional de recursos humanos en las instituciones de la UE, a fin de facilitar la implicación del personal y de los becarios de las instituciones en la vida de la comunidad a través de actividades humanitarias y sociales positivas de voluntariado, tanto como parte de la formación del personal como en calidad de voluntarios; destaca que el programa propuesto permite ahorrar costes, representa un importante valor añadido y contribuiría a promover y aplicar las políticas y los programas de la UE; insta a todos los Estados miembros a que incluyan el voluntariado de los empleados en sus planes de acción nacionales; pide que se firme un «pacto» a través del Centro Europeo de Voluntariado (CEV) para que organizaciones de la sociedad civil de toda Europa se comprometan a lograr este objetivo;

57.

Pide a las empresas que fomenten el voluntariado internacional entre sus empleados para promover las sinergias entre el sector público y el privado en el marco de la cooperación para el desarrollo; pide a la Comisión que apoye las iniciativas de las empresas en este sentido mediante el futuro Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria;

58.

Considera que los Estados miembros deben alentar a las empresas a desarrollar políticas y establecer medidas relacionadas con la necesidad de respetar la vida privada y familiar de todos sus empleados; cree que estas políticas y medidas deben adecuarse al principio de igualdad y deben ampliarse a las negociaciones sobre la duración y la organización del horario de trabajo, los niveles salariales, la disponibilidad de determinadas instalaciones prácticas para los trabajadores y unas condiciones de trabajo flexibles, incluyendo la naturaleza de los contratos de trabajo y la posibilidad de interrumpir la carrera profesional;

59.

Reconoce que los indicadores sociales están por detrás de los índices medioambientales en cuanto a valoración económica y especificidad general en muchas iniciativas de RSE; cree que, pese al Manual sobre contratación pública socialmente responsable, la propia UE se ha mostrado demasiado tímida en este ámbito; pide un estudio sobre «valoración del capital social» que dé lugar a un amplio debate dirigido por los europeos sobre una mejor integración del impacto social en la gestión empresarial sostenible; apoya la financiación de proyectos piloto para desarrollar índices sociales, agencias de calificación sociales y la práctica de auditorías sociales en algunos Estados miembros y sectores empresariales;

60.

Acoge con satisfacción el reconocimiento del papel que la contratación pública debe desempeñar en la promoción de las prácticas de RSE, incluidos el acceso a cursos de formación, la igualdad, el comercio justo y la integración social de trabajadores desfavorecidos y de personas con discapacidad, para incentivar a las empresas a incrementar su responsabilidad social; considera, sin embargo, que sigue sin estar claro en qué medida las autoridades públicas han adoptado realmente las sucesivas modificaciones de la normativa europea en materia de contratación pública y qué impacto global se ha logrado en cuanto a la mejora del comportamiento social y medioambiental de las empresas y al impulso de la RSE; pide que se realicen más investigaciones y evaluaciones de impacto que se traduzcan en unas recomendaciones claras para ofrecer incentivos fácilmente comprensibles a las empresas; pide que esto incluya un análisis de la práctica, cada vez más habitual, de las empresas de incorporar cláusulas de RSE en sus propias adquisiciones privadas, es decir en contratos entre empresas, y pide que se determinen las buenas prácticas en este ámbito;

61.

Alienta el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios sociales para animar a los interesados de todo el mundo a participar de forma más activa en las consultas multilaterales;

62.

Felicita a los Estados miembros por los considerables esfuerzos desplegados para desarrollar y aplicar planes de acción nacionales en materia de RSE en colaboración con plataformas nacionales multilaterales en muchos países de la UE; expresa su preocupación, no obstante, por el hecho de que una gran variedad de medidas de políticas públicas todavía no hayan tenido un impacto visible significativo en el avance de la RSE; pide que se lleve a cabo una mayor investigación y evaluación de las medidas de políticas públicas sobre RSE a escala europea; pide que la propia Comisión dé ejemplo, como empleador responsable, publicando su propio informe de RSE de acuerdo con el suplemento para el sector público de la Iniciativa GRI, ofreciendo al personal de la Comisión tiempo libre «adaptado» para desarrollar iniciativas de voluntariado y revisando el uso de las inversiones de los fondos de pensiones de acuerdo con criterios éticos;

63.

Pide que el Año Europeo de los Ciudadanos 2013 incluya una sección específica sobre ciudadanía empresarial, y se invite a empresarios y agentes del mundo de los negocios a participar en las iniciativas de RSE existentes en los Estados miembros y a escala de la UE para promover y desarrollar el concepto de «buen ciudadano empresarial»;

64.

Celebra la intención de la Comisión de basar su nuevo sistema de recompensa en las prácticas existentes en este ámbito; considera que dichas recompensas pueden incentivar la RSE, pero solo si los galardonados representan verdaderamente las mejores prácticas a escala nacional, europea y mundial; pide a la Comisión que establezca un grupo de expertos independientes para evaluar este aspecto y «auditar» el sistema durante este año y los próximos años de forma continuada; pide que la publicidad en torno a estas recompensas refleje la complejidad real de los retos planteados y haga hincapié en las lecciones que se pueden extraer para todas las empresas y no solo para las galardonadas;

65.

Considera fundamental que la Comisión desarrolle lo antes posible la anunciada metodología común para medir el comportamiento medioambiental sobre la base del coste del ciclo de vida; cree que dicha metodología sería útil tanto en términos de transparencia de la información de las empresas como en términos de evaluación por parte de las autoridades del comportamiento medioambiental de las empresas;

66.

Pide a la Comisión que acelere la presentación de nuevas propuestas en su programa de trabajo para cubrir las lagunas de gobernanza en lo relativo a las normas internacionales de la RSE, según se recomienda en el «Estudio de Edimburgo» encargado por ella;

67.

Pide a los Estados miembros que adopten medidas para reforzar la eficacia de las políticas de promoción de la RSE recompensando, por ejemplo, una conducta empresarial responsable a través de incentivos en el marco de la política de inversión y del acceso a las inversiones públicas;

68.

Celebra los planes de la Comisión de proponer iniciativas en los ámbitos de la producción y el consumo responsables; cree que la UE puede aprovechar la experiencia adquirida con iniciativas en materia de RSE que han promovido formación y capacitación específicas para compradores dentro de las empresas; considera que la iniciativa prevista sobre transparencia puede ser un importante impulsor del movimiento de consumidor ético; pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren en qué medida es viable y deseable el desarrollo de una etiqueta social europea para todas las empresas que participen en la RSE, de manera que su labor resulte más visible para consumidores e inversores, y para que, sobre la base de iniciativas de etiquetado ya existentes, se siga promoviendo la colaboración «de abajo arriba» bajo los auspicios de la Alianza Internacional para la Certificación y el Etiquetado Social y Medioambiental (ISEAL); sugiere que se supervise regularmente el cumplimiento de las disposiciones sociales de la RSE establecidas en la etiqueta europea por parte de las empresas que la porten;

69.

Indica que un motor clave del mercado de inversiones social y sosteniblemente responsables sigue siendo la demanda de los inversores institucionales, pero que esta no debe seguir centrándose principalmente en los aspectos medioambientales; señala, en este contexto, que la divulgación dirigida a inversores y consumidores es un factor fundamental de la RSE y debe basarse en principios sociales y medioambientales fácilmente aplicables y medibles; se congratula de la iniciativa de la Comisión de comprometerse con la comunidad de inversores sobre cuestiones relativas a la RSE; pide que este compromiso se base firmemente en el apoyo a los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable y el principio de informes integrados;

70.

Recuerda que los beneficiarios de inversiones a largo plazo, como los fondos de pensiones, tienen interés en garantizar una rentabilidad sostenible y una conducta empresarial responsable; considera importante que los incentivos de los agentes de inversión se correspondan verdaderamente con los intereses de los beneficiarios y que no los limiten a una interpretación restrictiva de esos intereses centrada únicamente en la maximización de los beneficios a corto plazo; aboga por un marco jurídico que respalde este objetivo; celebra que la Comisión esté elaborando propuestas sobre la inversión a largo plazo y sobre la gobernanza empresarial, que ayudarán a abordar estas cuestiones;

71.

Apoya la intención de la Comisión de presentar una propuesta sobre la divulgación de información no financiera por las empresas; celebra que esta propuesta se base en una amplia consulta pública y en una serie de talleres con las partes interesadas pertinentes; advierte de que el empleo de la expresión «no financiera» no debe disimular las consecuencias financieras —muy reales— que para las empresas tienen las cuestiones sociales, medioambientales y de derechos humanos; cree que la propuesta ofrece a la UE la oportunidad de recomendar a las empresas europeas la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y que estos han de armonizarse con el sistema de informes integrados que está desarrollando en la actualidad el Consejo Internacional de Informes Integrados (CIII); subraya que cualquiera que sea la solución ha de ser flexible y no debe generar cargas y gastos administrativos excesivos;

72.

Considera que, a fin de aumentar la credibilidad de las medidas adoptadas por las empresas, su balance social ha de ser verificado por una institución externa;

73.

Respalda el mantenimiento de la función de liderazgo del Foro Multilateral Europeo a la hora de apoyar la aplicación de las propuestas contenidas en la Comunicación de la Comisión; recuerda que una RSE mejor adaptada a las PYME garantizaría en mayor medida su difusión a escala europea; pide a todos los participantes que se comprometan a trabajar en el Foro con un enfoque flexible, abierto y que fomente el consenso de acuerdo con el auténtico espíritu de la RSE;

74.

Insiste en que los derechos y libertades sindicales y los organismos de representación de los trabajadores democráticamente elegidos constituyen el eje central de toda estrategia en materia de RSE; elogia el marco de estructuras de diálogo social sectorial e intersectorial existente en la UE, y pide una consulta y una participación plenas y activas de las organizaciones representativas y los sindicatos, en particular, en relación con el desarrollo, el funcionamiento y el seguimiento en las empresas de los procesos y estructuras de RSE, colaborando con los empresarios con un verdadero espíritu de asociación; pide a la Comisión que trate a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores, que son agentes esenciales, como interlocutores en el diálogo mantenido sobre los asuntos relativos a la RSE, junto a las empresas y demás partes interesadas; considera que los agentes sociales pueden desempeñar un papel esencial en la promoción de la RSE, y señala que esta contribuye al diálogo social y lo facilita;

75.

Pide que las políticas de RSE incluyan medidas específicas para hacer frente a la práctica ilegal de confeccionar listas negras de trabajadores y de negarles el acceso al empleo, a menudo debido a su afiliación y actividad sindicales o a su función como representantes en materia de salud y seguridad;

76.

Insiste en que toda empresa respecto de la que se demuestre que confecciona listas negras de trabajadores o que viola los derechos humanos y las normas laborales debe ser excluida de toda subvención o financiación por parte de la UE y de la participación en licitaciones para contratos públicos a escala de la UE, nacional o de las autoridades públicas;

77.

Recuerda que las políticas de RSE deben ser respetadas no solo por la empresa o el contratista principal, sino también por todos los subcontratistas o las cadenas de suministro que este pueda utilizar, ya sea en el suministro de bienes, trabajadores o servicios, y dentro de la UE o en un tercer país, garantizando así la igualdad de condiciones basada en un salario justo y en unas condiciones de trabajo dignas y asegurando los derechos y las libertades sindicales;

78.

Respalda la Directiva de la Comisión sobre normas mínimas para las víctimas y pide que las políticas de RSE en los sectores pertinentes (como viajes, seguros, alojamiento y telecomunicaciones) incluyan estrategias y estructuras positivas y prácticas para apoyar a las víctimas de un delito y a sus familias durante una crisis y establezcan políticas específicas para los empleados que sean víctimas de un delito, tanto en el lugar de trabajo como fuera del mismo;

79.

Está de acuerdo con que no puede preverse un enfoque «único» para la RSE, pero reconoce que la profusión de diferentes iniciativas en relación con la RSE, pese a que pone de manifiesto la sensibilización sobre la importancia de sus políticas, puede generar costes adicionales, ser un obstáculo a su aplicación y socavar la confianza y la justicia; considera que debe haber suficiente flexibilidad en la aplicación de las directrices sobre la RSE para poder atender a las necesidades específicas de cada Estado miembro y de cada región, con especial atención a las capacidades de las PYME; se felicita, no obstante, de la cooperación activa de la Comisión en pos de la participación del Parlamento y del Consejo, junto con otros organismos internacionales, con vistas a alcanzar una convergencia fundamental de las iniciativas sobre RSE a largo plazo, así como el intercambio y la promoción de buenas prácticas empresariales en materia de RSE, e impulsar las directrices contenidas en la norma internacional ISO 26000 para garantizar una definición mundial única, coherente y transparente de la RSE; insta a la Comisión a que contribuya eficazmente a la orientación y la coordinación de las políticas de los Estados miembros de la UE, con objeto de minimizar los riesgos de que se generen costes adicionales en las empresas que operan en más de un Estado miembro debido a la existencia de disposiciones divergentes;

80.

Considera que la idea de que la RSE es una «mercancía de lujo» apoyada por las empresas solo en tiempos de bonanza económica ha sido decididamente refutada por los continuos altos niveles de compromiso de las empresas con la RSE; cree que se trata de una suposición anticuada que no tiene en cuenta la importancia de la reputación ni del nivel de riesgo externo para la rentabilidad de las empresas modernas; pide a todos los responsables políticos europeos que integren la RSE en todos los niveles de la política económica, reforzando asimismo la RSE dentro de la Estrategia Europa 2020;

81.

Destaca que la RSE debe aplicarse a toda la cadena de suministro mundial, incluidos todos los niveles de subcontratación, y que, ya se trate del suministro de bienes, de trabajadores o de servicios, debe incluir disposiciones para ampliar la protección a los trabajadores migrantes, desplazados y contratados a través de agencias, basarse en un salario justo y en unas condiciones de trabajo dignas y garantizar los derechos y las libertades sindicales; opina que se debe seguir desarrollando el concepto de gestión responsable de la cadena de suministro como un instrumento para garantizar la RSE;

82.

Elogia la labor de algunas escuelas de ciencias empresariales para promover la RSE, pero reconoce que se trata solo de una minoría; pide al Grupo de Alto Nivel y a los Estados miembros, en cooperación con la Comisión y, si procede, con las universidades, que examinen la manera de integrar la RSE, una gestión responsable y una ciudadanía responsable en la enseñanza y en la formación profesional sobre gestión de todos los futuros líderes empresariales, de manera que se convierta en una piedra angular de la gobernanza empresarial estratégica y se fomente con ello la sensibilización respecto del consumo sostenible; opina que se podría incluir a los niños que participan en programas de emprendimiento para jóvenes; pide a la Comisión que proporcione más apoyo financiero a los proyectos de educación y formación sobre RSE en el marco de los programas de la UE de Aprendizaje Permanente y La Juventud en Acción;

83.

Reitera que la RSE debe aplicarse a todas las empresas con objeto de crear un marco de igualdad de condiciones; señala, no obstante, que es preciso ir más allá del enfoque voluntario, en vista de la manera en que las industrias extractivas llevan a cabo sus operaciones en los países en desarrollo; hace hincapié en que las inversiones de la industria petrolera en Nigeria son un buen ejemplo de las limitaciones de la RSE tal como se aplica en la actualidad, ya que las empresas no han desarrollado iniciativas de RSE para crear prácticas comerciales sostenibles ni para contribuir al desarrollo de sus Estados de acogida; respalda enérgicamente la propuesta legislativa que prevé la elaboración de informes para cada país sobre la base de las normas de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE), con información sobre ventas y beneficios, así como sobre impuestos e ingresos, a fin de desincentivar la corrupción y prevenir la evasión fiscal; pide a las industrias extractivas europeas que operan en los países en desarrollo que den ejemplo de responsabilidad social y de fomento del trabajo digno;

84.

Pide que se establezcan normas de diligencia debida respecto de los derechos humanos y la cadena de suministro a escala de la UE que, en particular, cumplan los requisitos establecidos en las orientaciones de la OCDE sobre diligencia debida y gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales de las zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo y se centren, entre otras cuestiones, en las zonas con importantes repercusiones potencialmente negativas o positivas para los derechos humanos, como las cadenas de suministro mundiales y locales, los minerales de las zonas en conflicto, la externalización, el acaparamiento de tierras y las regiones en que el Derecho laboral y la protección de los trabajadores sean insuficientes o las zonas de producción de productos peligrosos para el medio ambiente y la salud; acoge con satisfacción los programas ya puestos en marcha por la UE, y en particular los programas de aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) en el ámbito forestal, y apoya iniciativas privadas como la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE);

85.

Pide a la Comisión que desarrolle nuevas iniciativas destinadas a desbloquear y fortalecer el potencial de la RSE en la lucha contra el cambio climático (vinculándola a la eficiencia de los recursos y de la energía), por ejemplo, en el proceso de compra de materias primas por las empresas;

86.

Subraya que la ayuda de la UE a los gobiernos de terceros países en lo tocante a la aplicación de la normativa social y medioambiental, junto con unos regímenes eficaces de inspección, es un complemento necesario para el avance de la RSE de las empresas europeas a nivel mundial;

87.

Propone que los Gobiernos de los Estados miembros soliciten al BEI la inclusión de una cláusula relativa a la RSE en sus intervenciones;

88.

Pide a la Comisión que fomente la RSE en los foros multilaterales apoyando una mejor cooperación entre la OMC y otros foros multilaterales que se ocupan de la RSE, como la OIT y la OCDE;

89.

Pide que se establezca un sistema de cooperación jurídica transnacional entre la UE y los terceros países signatarios de acuerdos comerciales bilaterales, con el fin de que las víctimas de violaciones de la legislación social o ambiental o de incumplimiento de los compromisos en materia de RSE por parte de multinacionales y sus filiales inmediatas, tengan acceso efectivo a la justicia en el país en que se produjo la violación de la legislación, así como para apoyar la puesta en marcha de procedimientos judiciales internacionales para garantizar, cuando proceda, que se sancionan las infracciones de la ley cometidas por las empresas;

90.

Pide que se efectúen evaluaciones del impacto en los derechos humanos de las nuevas tecnologías a ser posible ya en la fase de investigación y desarrollo, y solicita que se incluyan estudios prospectivos y consideraciones sobre la determinación de normas para incorporar los derechos humanos al diseño (Human Rights by Design);

91.

Observa que la RSE es un mecanismo que permite a los empresarios apoyar a sus empleados y a las comunidades locales en los países en desarrollo, que el respeto de la RSE y las normas laborales permiten a estos países beneficiarse de un comercio internacional más amplio, y que la RSE puede garantizar que los beneficios se repartan de forma equitativa para desarrollar la prosperidad económica y social sostenible y sacar a más personas de la pobreza, especialmente en tiempos de crisis financiera;

92.

Exhorta a la UE a que desempeñe una función activa en la sensibilización sobre la contribución que las empresas pueden prestar a la sociedad en el ámbito de la cultura, la educación, el deporte y la juventud mediante la RSE;

93.

Alienta a las empresas de medios de comunicación a que incluyan normativas periodísticas transparentes en sus políticas de RSE, que prevean garantías de protección de las fuentes y de los derechos de los denunciantes;

94.

Pide a la Comisión que salvaguarde las iniciativas de RSE establecidas y que funcionan bien, introduciendo una prueba de RSE que evalúe el impacto de las próximas iniciativas legislativas y administrativas sobre medidas de RSE y tenga en cuenta los resultados relevantes a la hora de diseñar propuestas;

95.

Acoge con satisfacción, en aras de la sostenibilidad, las obligaciones impuestas a los operadores del mercado, y pide a la Comisión que observe y evalúe las iniciativas en materia de RSE;

96.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

22.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 24/49

—

Vistos el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 9, 151 y 153, apartado 1, letra e),

—

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2012,

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 136, en relación con su artículo 121, apartado 2,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2012, relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 (COM(2012)0750),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0032/2013),

A.

Considerando que la zona del euro en su conjunto está atravesando una doble recesión provocada por la deuda soberana excesiva y la crisis financiera;

B.

Considerando que la crisis ha tenido consecuencias devastadoras para las vidas de millones de europeos, tal como se desprende de las estadísticas oficiales sobre el empleo: en la UE, más de ocho millones de personas han perdido ya su trabajo desde 2008; más de 25 millones de europeos están desempleados, de los cuales casi 11 millones llevan más de un año en paro; el desempleo afecta en estos momentos a casi 10 millones de jóvenes; y dos millones de personas perdieron su trabajo solo durante el año pasado;

C.

Considerando que la rigidez de la legislación del mercado laboral en varios Estados miembros carece de flexibilidad para absorber eficazmente los impactos como el de la crisis actual; considerando que la legislación vigente del mercado laboral protege de manera desproporcionada a los que ya están dentro y perjudica la integración de los jóvenes en la población activa;

D.

Considerando que la desigualdad en las tasas de desempleo entre los Estados miembros ha aumentado drásticamente;

E.

Considerando que conviene recordar que, en 2007, al principio de la crisis, el déficit público medio de la zona del euro era de solo el 0,7 %;

F.

Considerando que conviene recordar que, en 2007, al principio de la crisis, algunos de los países que ahora atraviesan las dificultades más graves habían acumulado déficits excesivos por cuenta corriente;

G.

Considerando que el déficit público medio para la zona del euro alcanzó en 2009 una cota máxima de 6,3 % y que, desde entonces, la tendencia se ha invertido con un déficit público medio en 2010 de 6,2 %, en 2011 del 4,1 % y un descenso adicional en los dos primeros trimestres de 2012;

H.

Considerando que la asunción de serios compromisos relativos a la adopción de medidas de consolidación favorables al crecimiento es una condición ineludible para toda solución sostenible del exceso de deuda y de las situaciones de déficit que acusan la mayoría de los Estados miembros;

I.

Considerando que la crisis subraya la urgente necesidad de iniciar o concluir las reformas estructurales equilibradas, diferenciadas y sostenibles necesarias para impulsar el crecimiento;

J.

Considerando el que mercado único es un motor esencial para el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa y que solo con una implementación más ambiciosa de la Directiva de servicios se puede proporcionar un 1,8 % adicional estimado del PIB; que, teniendo en cuenta las circunstancias económicas actuales, en particular, la Unión Europea no puede permitirse dejar de explotar dichos potencial de crecimiento inmediato; que, en consecuencia, una transposición, implementación, aplicación y cumplimiento exigentes de las disposiciones del mercado único son indispensables para beneficiarse del aún inutilizado pero inmediato potencial;

K.

Considerando que los niveles insostenibles de deuda causan efectos perjudiciales en la situación económica general; considerando que la disciplina y la coordinación presupuestarias y macroeconómicas deben ser defendidas y reforzadas enérgicamente a fin de evitar la aparición de tipos de déficit y niveles de endeudamiento como los vistos en Europa durante la última década, ya que poseen un efecto devastador sobre el crecimiento sostenible, la estabilidad financiera y el empleo en numerosos Estados miembros;

L.

Considerando que la estrategia de austeridad presupuestaria tiene como objetivo mantener el crecimiento del gasto público por debajo de la tasa de crecimiento tendencial del PIB a medio plazo;

M.

Considerando que la futura competitividad y prosperidad económicas de Europa dependen fundamentalmente de su capacidad para utilizar plenamente sus recursos de mano de obra, lo que incluye una mayor participación de las mujeres y las personas jóvenes en el mercado laboral;

N.

Considerando que una consolidación de las finanzas públicas moderada y gradual es preferible a una estrategia consistente en reducir los desequilibrios financieros públicos de forma rápida y abrupta, pero el estado de la economía de algunos Estados miembros no deja alternativa para recuperar el acceso al mercado y las inversiones;

O.

Considerando que los índices de precios de consumo armonizados muestran diferencias significativas dentro de la UEM;

P.

Considerando que las medidas de consolidación adoptadas por varios Estados miembros han alcanzado unas proporciones sin precedentes;

Q.

Considerando que, pese a los esfuerzos de reforma y consolidación de los Estados miembros, los mercados de deuda soberana de la zona del euro siguen estando afectados por perturbaciones, lo que se refleja en la elevada volatilidad de los diferenciales y del tipo de interés; considerando que una de las causas profundas desencadenantes de unas divergencias sin precedentes eran las preocupaciones de los mercados financieros sobre la solidez de las finanzas públicas y privadas en varios Estados miembros;

R.

Considerando que las diferencias de competitividad dentro de la zona del euro se reflejan en las diferencias entre tipos de interés soberanos;

S.

Considerando que los elevados tipos de interés soberanos en ciertos Estados miembros de la zona del euro se deben en parte a la falta de credibilidad percibida en cuanto a su capacidad de llevar a cabo reformas estructurales;

T.

Considerando que la zona del euro no ha conseguido utilizar la reducción global de los tipos de interés soberanos en los diez primeros años del euro para mermar la diferencia de competitividad que, entre otros, se ha reflejado en la persistencia de elevados déficits por cuenta corriente, y en un incremento rápido de los costes laborales unitarios en algunos Estados miembros;

U.

Considerando que el ajuste actual en ciertos países sería política, económica y socialmente menos difícil si el clima económico positivo en los diez primeros años del euros se hubiera utilizado para realizar ajustes;

V.

Considerando que los préstamos al sector privado, elementos clave de la financiación de la economía real, siguen siendo insuficientes y que en varios Estados miembros los flujos de crédito privado son moderados, a pesar de los diversos programas de liquidez establecidos por el BCE;

W.

Considerando que las pequeñas y medianas empresas (PYME) son el motor de la economía europea y los Estados miembros deberían apoyarlas reduciendo la carga administrativa a la que hacen frente;

X.

Considerando que el ajuste tiene que considerarse creíble para permitir el retorno de los flujos de inversión;

Y.

Considerando que la capacidad contributiva de los contribuyentes está sometida a una gran presión en varios Estados miembros; considerando que la economía sumergida europea representa, según las estimaciones, el 22,1 % de la actividad económica total, y que la pérdida de ingresos fiscales resultante asciende aproximadamente a un billón de euros al año; que sistemas sencillos, predecibles y con un nivel bajo de imposición contribuyen al cumplimiento fiscal;

Z.

Considerando que el propósito del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 es establecer las prioridades económicas para 2013;

AA.

Considerando que el pilar de la consolidación presupuestaria favorable al crecimiento debe desarrollarse en paralelo con reformas estructurales que impulsen el crecimiento y con los pilares de solidaridad y democracia en cada Estado miembro;

AB.

Considerando que el mercado único es el motor clave de la UE para el crecimiento y la creación de empleo a través de las economías de escala y de mayor competencia, pero los Estados miembros muestran complacencia a la hora de aplicar la legislación del mercado interior, especialmente la Directiva de servicios;

AC.

Considerando que cada Estado miembro necesita encontrar la unidad nacional a través de una estrategia de reforma de manera que pueda ser comprendida y observada por los ciudadanos y distintos actores económicos, evitando así divisiones, resistencia y acciones basadas solo en el propio interés a corto plazo, que amenaza la consecución de los objetivos fijados;

AD.

Considerando que la política de competencia basada en los principios de apertura de los mercados y las condiciones equitativas de competencia en todos los sectores es una piedra angular del pleno funcionamiento del mercado interior;

1.

Acoge con satisfacción el espíritu del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 presentado por la Comisión; cree que es un seguimiento adecuado del Semestre Europeo 2012 en general y del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 en particular; acoge con especial satisfacción la mayor claridad de las estrategias específicas para cada país que la Comisión ha introducido dando prioridad al progreso en los países de la zona del euro, así como al progreso en términos estructurales en lugar de en términos nominales;

2.

Acoge con satisfacción el reconocimiento expresado en el Estudio Prospectivo Anual 2013 en el sentido de que los sectores y actividades que impulsan el crecimiento sostenible y la creación de puestos de trabajo respetuosos con el medio ambiente son necesarios para salir de la crisis; subraya que las soluciones que apunten específicamente a la actual crisis financiera y de la deuda soberana, esto es, las reformas estructurales adecuadas, deben acompañarse de medidas que promuevan la competitividad y el crecimiento a largo plazo de la economía europea y la recuperación de la confianza;

3.

Coincide con la Comisión en la necesidad de una consolidación presupuestaria favorable al crecimiento para salir de la crisis; recuerda que el elemento clave en la relación entre el crecimiento y la consolidación es la composición de la consolidación; subraya, en este sentido, que la mezcla apropiada de medidas adicionales de gastos e ingresos depende del contexto, sin embargo, las consolidaciones basadas en el recorte de gastos improductivos en lugar de en el incremento de ingresos tienden a ser más duraderas y más favorables al crecimiento a medio plazo, pero menos recesivas a corto plazo;

4.

Acoge con agrado el proyecto de disposición incluida en el denominado «paquete de dos medidas» relativa a un control y una evaluación de las finanzas públicas de más calidad, así como evaluaciones de las inversiones públicas de los costes y beneficios;

5.

Acoge con agrado los proyectos de disposición incluidos en el denominado «paquete de dos medidas» que fomentan el diálogo económico y el control global sobre el proceso del Semestre en los Parlamento nacionales y en el Parlamento Europeo;

6.

Lamenta la falta de aplicación en los Estados miembros de las políticas y actuaciones acordadas a escala de la UE, lo que impide que las medidas acordadas alcancen todo su potencial;

7.

Pide a la Comisión que se mantenga vigilante en cuanto a su postura política y que la ajuste con arreglo a una evaluación de costes y beneficios de la combinación de políticas aplicadas a través de la Unión, y que revise, si procede, y siga clarificando las recomendaciones en materia de políticas para el próximo ejercicio contenidas en su Estudio Prospectivo Anual;

8.

Insta a los Estados miembros a corregir los déficits excesivos en los plazos fijados por el Consejo; recuerda que en el «paquete de seis medidas» está previsto un nivel de flexibilidad;

9.

Alienta a los Estados miembros a mejorar sus marcos fiscales nacionales con miras a promover políticas fiscales eficientes y sostenibles;

10.

Pone de relieve que los Estados miembros deben seguir estrategias diferenciadas dependiendo de su situación presupuestaria e insiste en que los Estados miembros deben mantener el crecimiento del gasto público por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo;

11.

Acoge con agrado el reconocimiento del papel del mercado único y la necesidad de eliminar las múltiples barreras todavía vigentes en el sector servicios; recuerda que todavía queda mucho por hacer para alcanzar un verdadero mercado único europeo;

12.

Pide a la Comisión que vigile la situación a la que se enfrentan los Estados miembros a consecuencia de la grave recesión económica, como se estipula en el PEC revisado;

13.

Pide a la Comisión y al Consejo que encuentren un equilibrio entre las necesidades de inversión privada y pública productiva y los objetivos de consolidación presupuestaria, evaluando cuidadosamente los programas de inversión favorable al crecimiento en su evaluación de los programas de estabilidad y convergencia al tiempo que se respetan plenamente las disposiciones de la legislación europea; considera que la consolidación presupuestaria favorable al crecimiento puede situar al mismo tiempo a las finanzas públicas en un camino sostenible y devolver la confianza a los inversores;

14.

Desea en este sentido que la Comisión informe sobre la calidad del gasto público y revise el ámbito de las posibles acciones dentro de los límites del marco de la UE relativos a la calificación de los programas de inversión;

15.

Pide a la Comisión que empiece a desarrollar con urgencia modos de garantizar que los elementos de la disciplina presupuestaria sostenible vengan seguidos en paralelo por propuestas concretas en materia de crecimiento y empleo y de fomento de las inversiones privadas que creen elementos de crecimiento, solidaridad entre Estados miembros y legitimidad democrática, y por las reformas estructurales que siguen siendo necesarias, a saber: reducir el desempleo juvenil mediante una mejor correspondencia entre las cualificaciones que permitan a los jóvenes solicitar empleo, entre otros recursos; combatir la segmentación del mercado de trabajo; mejorar la sostenibilidad de los regímenes de pensiones; aumentar la eficiencia de los sistemas fiscales; intensificar la competencia en los ámbitos pertinentes del sector de servicios; facilitar el acceso al crédito; corregir los excesos de burocracia; eliminar niveles innecesarios de gobierno; y combatir la evasión fiscal. acoge con agrado la mejora de la legitimidad democrática dentro del Semestre Europeo; recuerda la necesidad de seguir fortaleciendo la legitimidad democrática dentro del Semestre Europeo;

16.

Pide a la Comisión y al Consejo que trabajen en la mejora, la afinación continua y adecuada y la mejora de la calidad, de la especificidad nacional y de la pertinencia de las recomendaciones específicas por país;

17.

Reitera que, para preservar la credibilidad del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y de la totalidad del proceso del Semestre Europeo, el Consejo deberá justificar sus motivos en caso de que rehúse seguir las recomendaciones de la Comisión basadas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento; acoge con satisfacción el principio de «cumplir o explicar» introducido por el «paquete de seis» en relación con las recomendaciones específicas para cada país, principio según el cual el Consejo debe responder públicamente por toda modificación que introduzca en las propuestas de la Comisión; considera que este principio debe reforzarse en la práctica;

18.

Pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que las inversiones en I+D+i se intensifican y simplifican y que los resultados se devuelven rápidamente a los sectores público y privado en Europa convertidos en una ventaja competitiva y en un incremento de la productividad;

19.

Pide a la Comisión y al Consejo que redoblen los esfuerzos para reducir la dependencia de las importaciones de energía y materias primas a fin de crear una Europa que respete el medio ambiente y, económica y socialmente más sostenible;

20.

Pide a los Estados miembros que pacten con carácter de urgencia el marco financiero plurianual (MFP), garantizando que se refuerza su función como fuente de inversiones indispensables a largo plazo en actividades y sectores que favorecen el crecimiento sostenible y generan empleos respetuosos con el medio ambiente; pone de relieve la importancia de la estructura de los presupuestos de la UE, que deben fomentar la inversión en ámbitos de valor añadido;

21.

Pide asimismo a la Comisión que presente un plan integral para fomentar el crecimiento sostenible hacia los objetivos de UE2020, que debe incluir la realización plena del mercado interior, la intensificación de la competencia, una auténtica política europea en materia de industria, una política de cohesión sólida y debidamente orientada hacia objetivos precisos y la garantía de que Europa empleará toda su fuerza y toda su influencia en sus relaciones comerciales con el exterior; pide a la Comisión que aproveche plenamente las fuentes de crecimiento alumbradas por la atracción de inversión extranjera directa y el comercio con terceros países, desarrollando en profundidad y extensión las relaciones económicas transatlánticas; considera que una agenda de este tipo debería abarcar los objetivos relacionados con la renovación y la apertura del mercado trasatlántico, fortaleciendo las normas básicas del orden económico internacional, y la ampliación del sistema multilateral basado en normas para incluir nuevos miembros y nuevos ámbitos de oportunidades económicas; pide también a la Comisión que acelere la conclusión de los acuerdos de libre comercio en curso;

22.

Acoge con agrado el reconocimiento del papel del mercado único y la necesidad de eliminar las múltiples barreras todavía vigentes en el sector servicios; recuerda que todavía queda mucho por hacer para alcanzar un verdadero mercado único europeo; pide a la Comisión que exija la aplicación de la legislación del mercado interno; insta a los Estados miembros a que apliquen plenamente la legislación del mercado interno, en particular la Directiva de servicios;

23.

Acoge con agrado el primer Informe sobre el Estado de la Integración del Mercado Único 2013, anexo y complementario al Estudio Prospectivo Anual; subraya que el mercado único desempeña un papel clave a la hora de devolver la competitividad a la Unión y, por consiguiente, de impulsar el empleo y el crecimiento económico; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden debidamente las deficiencias relacionadas en las recomendaciones específicas por país y que fortalezcan la continua y periódica evaluación de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones del mercado único para mejorar el crecimiento económico;

24.

Muestra preocupación por el hecho de que muchos Estados miembros se rezaguen en cuanto a productividad; reitera la importancia de las reformas estructurales para resolver este problema; pide a la Comisión que, en su próximo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, incluya el seguimiento de la evolución de la productividad del capital y de los recursos;

25.

Hace hincapié en que el cumplimiento estricto de una política de competencia de la UE basada en los principios de un mercado abierto y de igualdad de condiciones en todos los sectores es un pilar importante para un mercado interior de éxito y un requisito previo para la creación de empleos sostenibles y basados en el conocimiento;

26.

Hace hincapié en que las medidas que han tomado determinados Estados miembros para sustentar las finanzas públicas, a un ritmo apropiado, son necesarias, pero solo pueden surtir efecto si se reducen los desequilibrios macroeconómicos excesivos; señala que estos objetivos solo pueden alcanzarse de manera simultánea mediante el crecimiento en el conjunto de la zona del euro;

27.

Toma nota de la incorporación de un nuevo indicador al cuadro de indicadores de desequilibrios macroeconómicos relativos al sector financiero; lamenta que la Comisión no haya respetado el procedimiento previsto en el Reglamento (UE) no 1176/2011 según el cual «es conveniente que la Comisión coopere estrechamente con el Parlamento Europeo y el Consejo en la elaboración del cuadro de indicadores y el conjunto de indicadores macroeconómicos y macrofinancieros relativos a los Estados miembros» y, más concretamente, «la Comisión debe presentar a las comisiones competentes del Parlamento Europeo y del Consejo propuestas sobre los planos de establecimiento y adaptación de los indicadores y umbrales, para que formulen observaciones»;

28.

Recuerda a la Comisión que a fin de ganarse la confianza interinstitucional y establecer un diálogo económico de alta calidad es de suma importancia respetar más fielmente, en el futuro, el procedimiento contemplado en el Reglamento (UE) no 1176/2011;

29.

Pide a la Comisión y al Consejo que actúen con tiento y rapidez para dotar de significado verdadero y de eficacia al Pacto por el Crecimiento y el Empleo tal como se adoptó en el Consejo Europeo de 28 y 29 de junio de 2012;

30.

Pide que se adopte con rapidez el denominado «paquete de dos medidas»;

31.

Toma nota de la entrada en vigor del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (Pacto Fiscal); considera que el Pacto Fiscal debe incorporarse lo antes posible al Derecho derivado de la Unión, sobre la base de una evaluación de la experiencia adquirida con su aplicación y de conformidad con el TUE y el TFUE;

32.

Acoge con agrado el «Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal», las recomendaciones relativas a «las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal» y las relativas a «la planificación fiscal agresiva» adoptadas por la Comisión con fecha 6 de diciembre de 2012; apoya la postura proactiva adoptada por la Comisión y, en concreto, por el Comisario europeo de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude; pide a los Estados miembros que respalden las recomendaciones de la Comisión, tomen medidas inmediatas y coordinadas contra los paraísos fiscales, así como la planificación fiscal agresiva y que, por tanto, garanticen que se reparten de forma más equitativa los esfuerzos tributarios y el incremento de los ingresos de los Estados miembros;

33.

Considera beneficioso que finalmente «todos los Estados miembros reconozcan la importancia de la adopción de medidas eficaces para luchar contra la evasión fiscal y el fraude en tiempos de restricciones presupuestarias y de crisis económica», según se afirma en las conclusiones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de 13 de noviembre de 2012;

34.

Recuerda que el objetivo de una legislación común sobre los marcos fiscales de los Estados miembros es que estos cumplan las normas comúnmente acordadas y que no especifiquen las opciones políticas de cada Estado miembro;

35.

Pide a la Comisión que comparezca ante las comisiones parlamentarias competentes para presentar el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento a primeros de noviembre de cada año y por primera vez el 4 o el 5 de noviembre de 2013, a fin de dejar tiempo suficiente al Parlamento para que exponga su posición en los sucesivos semestres europeos;

36.

Lamenta que, en su Comunicación «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013» (COM(2012)0750), la Comisión no abordase de manera adecuada el papel del presupuesto de la UE en el proceso del Semestre Europeo; lamenta, en especial, que la Comisión, al proponer las prioridades fundamentales, no proporcionase datos objetivos y concretos acerca de cómo el presupuesto de la UE puede desempeñar una función impulsora, catalizadora, sinérgica y complementaria en relación con las políticas locales, regionales y nacionales y las inversiones realizadas para materializar estas prioridades;