30.12.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/1

30.12.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/2

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Vistos los artículos 174 y 176 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establecen el objetivo de la cohesión económica, social y territorial y definen los instrumentos financieros de finalidad estructural para alcanzarlo, y que prevén que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional está destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales existentes en la Unión,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

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Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y de la UE 2020 (1),

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Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2010, sobre la consecución de una auténtica cohesión económica, social y territorial dentro de la UE: ¿una condición sine qua non para la competitividad global? (2),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, titulada «Conclusiones del V Informe sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión» (COM(2010)0642),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, titulada «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: una contribución europea hacia el pleno empleo» (COM(2010)0682),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010, titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de enero de 2011, titulada «Una Europa que utilice eficazmente los recursos — Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia Europa 2020» (COM(2011)0021),

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Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre la situación y sinergias futuras para una mayor eficacia entre el FEDER y otros Fondos Estructurales (3),

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Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre «Más allá del PIB — evaluación del progreso en un mundo cambiante» (4),

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Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora (5),

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Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre el V Informe de cohesión de la Comisión Europea y la estrategia para la política de cohesión después de 2013 (6),

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Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre la absorción de los Fondos Estructurales y de Cohesión: lecciones aprendidas para la futura política de cohesión de la UE (7),

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Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2011, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 (COM(2011)0615),

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Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2011, sobre disposiciones específicas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al objetivo de «inversión en el crecimiento y empleo» y por el que se revoca el Reglamento (CE) no 1080/2006 (COM(2011)0614),

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Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2011, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1081/2006 (COM(2011)0607),

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Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2011, relativo a un Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales (COM(2011)0609),

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Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social (8),

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Vista su Resolución, de 9 de julio de 2008, sobre «Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana» (9),

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Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre la dimensión urbana de la política de cohesión en el nuevo periodo de programación (10),

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Vista su Resolución, de 23 de abril de 2009, sobre un plan de acción sobre movilidad urbana (11),

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Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre la Agenda urbana europea y su futuro en la política de cohesión (12),

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Vista su Resolución, de 13 de octubre de 2005, sobre la dimensión urbana en el contexto de la ampliación (13),

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Vista su Resolución, de 26 de septiembre de 2006, sobre una estrategia temática para el medio ambiente urbano (14),

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Vista la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles, aprobada durante la reunión informal de ministros sobre desarrollo urbano y cohesión territorial celebrada los días 24 y 25 de mayo de 2007 en Leipzig,

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Vista la Declaración de Toledo sobre desarrollo urbano, aprobada durante la reunión informal de ministros celebrada en Toledo el 22 de junio de 2010,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0406/2012),

A.

Considerando que el 80 % de los ciudadanos europeos vive en zonas urbanas (esta cifra está aumentando debido a la aceleración de los flujos migratorios del medio rural al urbano) y que es en las ciudades donde se concentran esencialmente los efectos de la crisis económica y se plantean desafíos relacionados con la lucha contra el cambio climático, la creación de puestos de trabajo, el bienestar y la calidad de vida;

B.

Considerando que las zonas urbanas deberían elaborar planes de acción a medio y largo plazo en el ámbito de una cohesión económica, social y territorial de carácter sostenible;

C.

Considerando que las ciudades constituyen el motor económico, productivo y laboral, y que son al mismo tiempo el contexto en el que se manifiestan los problemas relacionados con la suburbanización, el desempleo y, de forma general, la exclusión social, la segregación y la contaminación ambiental;

D.

Considerando que las grandes áreas metropolitanas también tienen una influencia positiva sobre el entorno rural y con ello se pueden conseguir efectos de arrastre;

E.

Considerando la necesidad de replantear el concepto de periferia urbana para cambiar la tendencia actual a procesos de segregación territorial, que generan una polarización social;

F.

Considerando que los procesos de transformación que se están produciendo en el tejido urbano generan expectativas y problemas cada vez mayores a los que la actuación pública tradicional apenas puede dar respuesta, y que, por tanto, requieren mecanismos de cohesión económica, social y territorial innovadores e integrados;

G.

Considerando que, en muchas ciudades, los cambios sociodemográficos han provocado el desplazamiento de la población de sus hogares en las zonas urbanas más antiguas a otras zonas residenciales nuevas, más periféricas, a zonas urbanizadas situadas en los límites de la ciudad o, simplemente, a nuevas ciudades próximas a las grandes aglomeraciones;

H.

Considerando que la desigualdad social es un reto en muchas zonas urbanas, y que las desigualdades entre barrios se deben en un gran número de casos a la existencia de unas políticas de vivienda inadecuadas y al hecho de que la prestación de servicios se limite en ocasiones a zonas más prósperas;

I.

Considerando que la revisión de los enfoques tradicionales puede dar pie al inicio de un proceso de experimentación urbanística y de nuevos proyectos basados en una reinterpretación de las acciones de planificación de los espacios, de las necesidades colectivas y de la participación de los ciudadanos;

1.

Pone de relieve que el modelo de desarrollo local representa un punto fuerte de la política de cohesión porque moviliza factores decisivos, promueve la selección de las opciones más adecuadas y cercanas a los ciudadanos, las acciones conjuntas y las medidas más coherentes, eficaces y eficientes, y otorga, por otra parte, una gran visibilidad a las intervenciones comunitarias, especialmente en las zonas de la UE que se enfrentan a los retos más difíciles;

2.

Pide una nueva fase normativa de la UE, vinculada a la elaboración de un plan para la salvaguardia y la recalificación de las zonas urbanas, que, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, proporcione el fundamento jurídico necesario, defina objetivos comunes y compartidos a medio-largo plazo y optimice la utilización de los fondos de la política de cohesión;

3.

Espera que se pongan en marcha acciones encaminadas a completar y rehabilitar partes ya existentes de las ciudades, incluidos los barrios marginales, a llevar a cabo la reconversión funcional de zonas en desuso y de superficies en conversión, a desarrollar, mediante un proceso de desarrollo dinámico, el atractivo de los lugares donde viven las personas y a recuperar para la comunidad espacios de alto valor simbólico y sentimental que han perdido su función original o que se han ido abandonando de forma progresiva, promoviendo al mismo tiempo el patrimonio cultural;

4.

Pide que se movilicen recursos culturales y económicos, otorgando un carácter prioritario a la sostenibilidad social de la transformación urbana, de modo que se contribuya a la solidaridad urbana, la inclusión social y la integración de los grupos vulnerables y marginales en las zonas urbanas, con objeto de utilizar plenamente el potencial de desarrollo teniendo en cuenta que los procesos de regeneración urbana pueden conllevar el riesgo de expulsión de los grupos sociales más vulnerables; destaca, por consiguiente, la necesidad de involucrar en mayor medida a los habitantes desde la etapa más temprana posible;

5.

Destaca la función clave que han de desempeñar las zonas urbanas en la consecución de los objetivos económicos, sociales y ambientales de la Estrategia Europa 2020, y señala que, para que la Unión sea globalmente competitiva, es imprescindible que su política de cohesión explote plenamente el potencial de desarrollo de todas las regiones y zonas urbanas;

6.

Pide que se aplique un enfoque integrado que prevea la interconexión del sistema natural y medioambiental con el sistema histórico-cultural y con el socio-productivo, para garantizar el desarrollo de la red de infraestructuras, la mejora de los espacios urbanos y el crecimiento del entramado económico y promover un uso mixto del suelo a través de la integración de obras residenciales y no residenciales, infraestructuras materiales y sistemas de relaciones inmateriales;

7.

Destaca la necesidad de nuevas formas de recalificación urbanística que centren la atención en las necesidades colectivas de espacios públicos, verdes, de ocio, cultura y deporte;

8.

Pide que se pongan en marcha dinámicas de planificación participativa en colaboración con asociaciones y ciudadanos para garantizar la conexión necesaria entre las políticas generales y los ámbitos territoriales específicos, valorando sus peculiaridades, identidad, memoria e historia, y reforzando el sentimiento de pertenencia a una comunidad y la confianza en las instituciones;

9.

Subraya que la recalificación urbanística y la reactivación económica están estrechamente ligadas, y que la creación de un entorno atractivo puede convertirse en un factor para la recuperación económica; señala que, para conseguir este objetivo, la recalificación urbanística debería combinarse con una nueva concepción que aúne esfuerzos para evitar el deterioro urbanístico, promover el desarrollo de zonas desfavorecidas y marginadas y apoyar el crecimiento económico local y la creación de empleo, junto con medidas sociales;

10.

Pide que se lleven a cabo acciones decididas para luchar contra la insuficiencia energética mediante la regeneración funcional de los edificios y la construcción de unidades residenciales más eficientes, en particular para viviendas sociales; pide que se reduzca la congestión, la contaminación y el ruido de manera que la ciudad sea más competitiva con respecto a los problemas medioambientales;

11.

Destaca la necesidad de una estrategia de salvaguardia y protección del patrimonio urbanístico y residencial en las zonas certificadas de alto riesgo sísmico e hidrogeológico;

12.

Insiste en la necesidad de coordinar el uso de los fondos para garantizar un enfoque integrado de las disfunciones relacionadas con el desarrollo demográfico, el envejecimiento progresivo y la concentración urbana; señala que los proyectos financiados con cargo a los Fondos Estructurales pueden contribuir a encontrar soluciones para problemas graves y que deberían centrarse en las personas y prestar una atención particular a las personas más desfavorecidas de la sociedad, como niños, jóvenes, mujeres y personas de edad;

13.

Aprecia las medidas que se han tomado para promover la creación de redes entre ciudades y el intercambio de experiencias y buenas prácticas; señala que estas medidas se deberían reforzar y ampliar aún más para incluir las zonas urbanas funcionales; pide que se difundan los instrumentos existentes a este fin, al tiempo que destaca que antes de crear nuevas estructuras se debería recurrir a los programas y los organismos ya existentes;

14.

Acoge con satisfacción que se haya dispuesto que al menos el 5 % de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destinados a acciones integradas de desarrollo urbano sostenible se deleguen en las ciudades para su gestión; subraya que este 5 % es un objetivo mínimo y que debería utilizarse para apoyar el desarrollo de las zonas urbanas funcionales; pide a las autoridades, a sus diferentes niveles, que utilicen instrumentos nuevos, como el desarrollo a escala local liderado por la comunidad;

15.

Se opone a la rigidez en la utilización de los recursos antes mencionados en la aplicación de las inversiones territoriales integradas (ITI); opina que se debería dar a los Estados miembros la posibilidad de aplicar las acciones integradas de desarrollo urbano sostenible también a través de un programa operativo específico o un eje prioritario específico;

16.

Destaca que, a pesar de que las zonas urbanas pueden contribuir de modo esencial como centros y motores de crecimiento, es necesario integrar las necesidades de desarrollo local a las hora de abordar los problemas de las zonas suburbanas, limítrofes y rurales con objeto de promover así una relación que, en vez de ser conflictiva, sea complementaria y sinérgica, y para hacer frente a la progresiva pérdida de zonas rurales periurbanas debido a la tendencia a la expansión urbana y a la conversión de zonas rurales en zonas edificables, desarrollando al mismo tiempo la accesibilidad a los servicios públicos;

17.

Pide que se mejore la capacidad administrativa –por ejemplo mediante un mayor recurso a la asistencia técnica– de las autoridades locales y regionales, así como de los agentes económicos y sociales, en la gestión de los Fondos Estructurales para lograr una auténtica gobernanza a varios niveles, a fin de garantizar el logro de los objetivos; considera esencial que se desarrollen redes multifuncionales sostenibles, basadas en buenas prácticas, y que se fomenten de tal manera que incentiven la formación de asociaciones entre el mundo urbano y el rural vibrantes e integradas y cimentadas en las necesidades de las regiones individuales;

18.

Subraya la conveniencia de crear una red de contactos entre los proyectos piloto de desarrollo urbano sostenible financiados por el FEDER y el nuevo programa plurianual «Horizonte 2020» para garantizar la obtención de soluciones innovadoras y la creación de estrategias que se puedan reproducir en el ámbito de la recalificación urbanística;

19.

Está convencido de que la experiencia del «Pacto entre alcaldes» puede suponer un excelente punto de partida para avanzar en la consecución de los objetivos de la «Estrategia Europa 2020»;

20.

Pide que se establezca un modelo de gestión de la movilidad sostenible, integrado en la planificación urbanística, que incluya un mayor número de servicios públicos y redes sistémicas de logística adaptadas a las exigencias de la distribución de bienes y servicios en la ciudad, prestando la debida atención a las necesidades del transporte ecológico;

21.

Está convencido de que algunos problemas ambientales como la gestión de los residuos representan un problema importante que trasciende de los problemas puramente técnicos y repercute en los aspectos sociales; pide, además, que se sigan aplicando medidas para garantizar la calidad del agua y el saneamiento en las zonas urbanas en interés de los ciudadanos y del medio ambiente;

22.

Señala que el aumento de las zonas verdes y los parques urbanos constituye un elemento de gran valor para el patrimonio natural, histórico y cultural, contribuye a regular los efectos negativos del microclima, a mejorar el equilibrio energético y a conseguir ahorros económicos, aumenta la sostenibilidad y la calidad del entorno urbano y permite satisfacer necesidades recreativas y sociales;

23.

Espera que, a la hora de definir los cauces para el desarrollo urbano, se dé prioridad a los materiales y soluciones de tipo técnico que admitan la aplicación de medidas de ahorro energético, de acuerdo con los objetivos de las políticas comunitarias;

24.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

30.12.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/6

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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su título XVIII,

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Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999 (1),

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Vista la Decisión 2006/702/CE del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión (2),

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Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre el V Informe de cohesión de la Comisión Europea y la estrategia para la política de cohesión después de 2013 (3),

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Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre la situación y sinergias futuras para una mayor eficacia entre el FEDER y otros Fondos Estructurales (4),

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Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora (5),

—

Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre la Agenda urbana europea y su futuro en la política de cohesión (6),

—

Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre el Objetivo 3: Un desafío para la cooperación territorial — la futura agenda de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional (7),

—

Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre la política regional y de cohesión de la UE después de 2013 (8),

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Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 2020 (9),

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Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la aplicación de las sinergias entre los fondos asignados a la investigación y la innovación en el Reglamento (CE) no 1080/2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo, en las ciudades y regiones, así como en los Estados miembros y en la Unión (10),

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Visto el estudio publicado por el Parlamento Europeo con el título «Cohesion policy after 2013: a critical assessment of the legislative proposals»,

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Vistas las Conclusiones de la Presidencia polaca, de 24 y 25 de noviembre de 2011, sobre la dimensión territorial de las políticas de la UE y la futura política de cohesión (11),

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Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2011, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 (COM(2011)0615),

—

Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2011, sobre disposiciones específicas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al objetivo de «inversión en crecimiento y empleo» y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1080/2006 (COM(2011)0614),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, titulada «Conclusiones del V Informe sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión» (COM(2010)0642),

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Vistos la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2010, titulada «Revisión del presupuesto de la UE» (COM(2010)0700) y sus anexos técnicos (SEC(2010)7000),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada «Contribución de la Política Regional al crecimiento inteligente en el marco de Europa 2020» (COM(2010)0553),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, titulada «Política de cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013» (COM(2010)0110),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

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Visto el informe independiente «Una agenda para una política de cohesión reformada — Un enfoque de base local para superar los retos y las expectativas de la Unión Europea», de abril de 2009, preparado por Fabrizio Barca a petición de Danuta Hübner, Comisaria de Política Regional,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0421/2012),

A.

Considerando que la política de cohesión tiene por objetivo reducir las diferencias entre las regiones de la UE reforzando la cohesión económica, social y territorial, y que ha logrado promover la integración europea mediante el desarrollo social y económico;

B.

Considerando que el Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) establece normas comunes aplicables a los cinco programas de financiación europeos [el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)], concebidos para aplicar las políticas de cohesión, de desarrollo rural y de pesca;

C.

Considerando que el Marco Estratégico Común analiza los mecanismos necesarios para reforzar la coordinación entre los fondos regulados por el RDC (el FEDER, el FSE, el Fondo de Cohesión, el FEADER y el FEMP) y mejorar su integración con otros ámbitos de política de la UE;

D.

Considerando que la dimensión territorial constituye un aspecto transversal de la política de cohesión y brinda a las regiones europeas la oportunidad de hacer uso del potencial territorial individual para avanzar hacia la consecución de los objetivos de la política de cohesión;

E.

Considerando que el Tratado de Lisboa reconoce la cohesión territorial como objetivo fundamental de la UE;

1.

Reconoce un sistema simplificado de gobernanza a varios niveles como integral para el proceso de adopción de decisiones en la política de cohesión, con colaboración necesaria en cada etapa a nivel europeo, nacional, regional y local en la planificación, desarrollo y ejecución de los programas europeos de financiación; pide a la Comisión que vele por que ello se refleje en la elaboración de contratos de asociación claros y bien definidos;

2.

Destaca la importancia que reviste el código de conducta para los Estados miembros, las regiones y las autoridades locales durante la preparación, aplicación y supervisión de los programas de financiación; reconoce que, para lograr tal colaboración, es importante garantizar que las decisiones se tomen de la forma más próxima a los ciudadanos que sea posible;

3.

Hace hincapié en que, a pesar de los importantes avances conseguidos en el ámbito de la convergencia en la UE, aún existen diferencias entre regiones de la UE (por ejemplo, en términos de accesibilidad), y que tales diferencias siguen ampliándose; destaca el hecho de que el presupuesto de la política de cohesión posterior a 2013 debe mantenerse como mínimo en su nivel actual para asegurar que las ayudas sigan llegando a las zonas que requieren regeneración económica y social en todas las regiones de la UE;

4.

Acoge positivamente las propuestas de la Comisión de centrarse en los resultados mensurables de la política de cohesión para aumentar la sostenibilidad de las inversiones y garantizar la eficacia de los programas de financiación; destaca la necesidad de que el énfasis puesto en un sistema orientado a la obtención de resultados incluya flexibilidad a escala nacional, regional y local y tenga en cuenta la simplificación, las prioridades de la programación y la asociación, para que los sistemas orientados a los resultados sean específicos a nivel regional;

5.

Respalda las propuestas globales de la Comisión en el RDC dirigidas a reducir la carga administrativa; destaca el hecho de que, por tanto, las normas, los controles y la admisibilidad deben quedar claros desde el principio y que una buena simplificación de los procedimientos administrativos puede lograrse mediante un enfoque integrado de la ejecución de fondos;

6.

Recalca que es importante, en la concepción y puesta en marcha de la política de cohesión, garantizar un equilibrio justo entre el control necesario de la utilización de los fondos y su eficacia;

7.

Destaca la necesidad de asegurar un enfoque flexible para establecer objetivos locales y regionales, con la participación de las partes interesadas a nivel regional en todas las etapas para garantizar que los programas europeos de financiación satisfagan las necesidades de reducir las diferencias sociales y económicas;

8.

Subraya que la flexibilidad debe ampliarse a una mayor dotación para que los proyectos puedan funcionar con distintos fondos del RDC y que esta mayor flexibilidad ayudaría a simplificar los resultados del proyecto y a promover los aspectos complementarios y transversales de la financiación europea;

9.

Hace hincapié en que los objetivos de la cohesión territorial están indisociablemente ligados a los retos económicos y sociales y reconoce que la política de cohesión puede realizar una contribución valiosa a la consecución de los objetivos de Europa 2020, especialmente en materia de empleo, educación y reducción de la pobreza, mediante la introducción de una dimensión territorial en la estrategia de crecimiento de Europa;

10.

Destaca el hecho de que la utilización de otros programas de financiación (como Horizonte 2020), posiblemente en consonancia con la financiación de la política de cohesión, también debe tenerse en cuenta a la hora de avanzar hacia los objetivos de Europa 2020;

11.

Reconoce la creciente atención prestada a las ciudades y a las zonas urbanas como motores del crecimiento económico;

12.

Destaca la importancia de fortalecer los vínculos actuales entre las zonas urbanas y las zonas rurales y de fomentar los nuevos vínculos; hace hincapié en que esto exige un enfoque sólido y de múltiples niveles y la colaboración entre las partes interesadas de las zonas rurales y las zonas urbanas, y en que deben crearse las condiciones adecuadas mediante la promoción de asociaciones y redes a fin de alentar la participación rural en las actividades integradas de las correspondientes entidades geográficas funcionales;

13.

Hace hincapié en la necesidad de conectar de forma más eficiente los programas de cooperación territorial con las estrategias territoriales y subraya las posibilidades que ofrece la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en la consecución de este objetivo;

14.

Destaca que, dadas las diferencias de tamaño, recursos y aspectos sociales y económicos de las ciudades y zonas urbanas de la UE, la definición de estas zonas se decide a escala de los Estados miembros;

15.

Subraya que la cohesión territorial también se aplica a la cohesión dentro de los territorios, esto es, asegurando que sea toda la zona la que realice una contribución económica, y no solo las grandes ciudades, y hace hincapié en que no deben pasarse por alto las posibilidades que ofrecen las ciudades pequeñas y medianas de las zonas rurales para prestar una contribución significativa a la región;

16.

Destaca que, a fin de abordar los aspectos transversales de la cohesión territorial con miras a obtener resultados perceptibles a escala regional y aprovechar plenamente el potencial individual de las regiones, se necesitan unos contratos de asociación claros y bien definidos; subraya que esto sólo puede lograrse con la implicación de interlocutores en los niveles local y regional, para que todas las partes puedan contribuir a la elaboración y la ejecución de los programas; destaca que esto reviste especial importancia a la hora de apoyar a territorios que se enfrentan a retos específicos, como las regiones transfronterizas, montañosas, insulares y ultraperiféricas;

17.

Acoge positivamente las propuestas del RDC que fomentan la mejora de la coordinación y la integración de los programas de financiación para asegurar un mayor impacto de los fondos y una mayor presencia de la dimensión territorial de la política de cohesión en el marco para 2014-2020;

18.

Destaca que un enfoque territorial más sólido e integrado de la financiación europea, con un desarrollo adecuado de capacidades y la participación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil a nivel regional y local, tanto en zonas rurales como urbanas, constituye una manera positiva de asegurar que el dinero se utilice para hacer frente a los retos sociales y económicos de Europa a largo plazo;

19.

Subraya que la mejora de la armonización entre la política de cohesión y otros ámbitos de política que se indica en el RDC permitirá a las regiones europeas seguir desarrollándose económicamente aprovechando sus puntos fuertes;

20.

Cita como ejemplo la oficina de financiación europea de Gales (Wales European Funding Office, WEFO) y su intención de integrar los fondos europeos en Gales creando un «portal» único que dé acceso a información sobre todos los fondos cubiertos por el RDC; subraya las posibilidades del «portal» de la WEFO, que podría incluir una plataforma común con un solo procedimiento de solicitud, pago, control y evaluación para todos los fondos del RDC; destaca que este método facilitaría la detección de posibles sinergias y la integración entre fuentes de financiación, armonizando y simplificando así el proceso de solicitud de fondos europeos;

21.

Subraya que, dadas las características compartidas por los fondos del RDC y otros programas de financiación (como Horizonte 2020 o LIFE+), la eficacia de los fondos europeos podría mejorar si se estudia la posible alineación entre dichos fondos;

22.

Se felicita por las propuestas de marco normativo con énfasis en el desarrollo local e integrado mediante el «desarrollo local participativo», los «planes de acción conjuntos» y la «inversión territorial integrada»;

23.

Subraya que, tras las propuestas de la Comisión, toda la inversión debe complementar las necesidades locales y no solaparse con otros proyectos;

24.

Pide un enfoque totalmente integrado de los instrumentos de ejecución relacionados (desarrollo local participativo, inversiones territoriales integradas y planes de acción conjuntos), que permitan que las asociaciones locales puedan elegir, en función de sus necesidades individuales, distintas combinaciones de estos instrumentos según el caso, y que al mismo tiempo se contemple la posibilidad de utilizar un mecanismo flexible de concentración de medios, que tome en consideración las necesidades específicas de los Estados miembros y las regiones.

25.

Destaca la necesidad de mantener una aplicación del instrumento propuesto que sea lo más sencilla posible, para no incrementar la carga administrativa de las autoridades locales y respetar los objetivos de simplificación;

26.

Considera que la capacidad institucional en sus diferentes niveles de intervención constituye un elemento significativo que garantiza el éxito a la hora de aplicar el enfoque territorial;

27.

Destaca el ejemplo de la subdelegación en consejos en los Países Bajos, que incluye la delegación de partes de programas de financiación (como el FEDER) de la autoridad regional a autoridades locales, con la ejecución de acciones a nivel local para dar respuesta a las necesidades locales; subraya que la asignación de responsabilidades de gestión a las autoridades locales otorga mayor potencial a la integración de la mejor combinación de fondos adaptados a las necesidades locales; destaca que, con las estructuras de gestión que ya existen a nivel local, este enfoque podría beneficiar la ejecución de inversiones territoriales integradas, a nivel local o sublocal;

28.

Apoya las propuestas de la Comisión sobre el DLP como importante disposición del RDC centrada en el desarrollo de sinergias entre todos los fondos del RDC;

29.

Considera que este instrumento es una manera excelente de impulsar la participación de abajo arriba desde una transversalidad de agentes de las comunidades locales que trabajen por objetivos territoriales sostenibles; acoge favorablemente, a este respecto, el mayor fortalecimiento de la capacidad administrativa a escala regional y local para acciones encaminadas al desarrollo de capacidades con el objetivo de mejorar la participación tanto de las autoridades locales como de las regionales, así como de los interlocutores sociales;

30.

Reconoce el éxito que tuvo el programa Leader como importante instrumento para la ejecución de la política de desarrollo rural, y considera que, por medio del DLP, este mecanismo de ejecución puede ser de importancia para hacer frente a los desafíos locales y regionales; apoya también el uso del DLP en relación con el desarrollo urbano;

31.

Pide a la Comisión que aclare sus propuestas sobre DLP en la etapa de ejecución para que los posibles participantes puedan determinar plenamente el posible fin, alcance y efecto del DLP; espera con interés la publicación de una guía de DLP para las autoridades gestoras;

32.

Reconoce que los progresos realizados desde 2007 con los grupos de acción local del sector pesquero, en colaboración con los grupos de acción local de Leader, son un ejemplo de cómo el futuro DLP podría combinar fondos a nivel local a partir de los distintos fondos del RDC; destaca el ejemplo de once asociaciones locales de Dinamarca que utilizan el Feader (Leader) y el Fondo Europeo de Pesca (Eje 4) para financiar proyectos con el mismo sistema de ejecución y la misma administración;

33.

Subraya la necesidad de estudiar ejemplos tales como el del uso integrado de los fondos FEADER y FEMP mediante el DLP en el próximo período de programación como forma de desarrollar sinergias entre todos los fondos del RDC;

34.

Apoya las propuestas del RDC sobre la introducción de planes de acción conjuntos que permitan la financiación de grupos de proyectos con cargo a más de un programa operativo;

35.

Reconoce que los planes de acción conjuntos constituyen un paso positivo hacia una gestión basada en los resultados, en consonancia con uno de los objetivos globales de la política de cohesión posterior a 2013;

36.

Destaca la importancia de garantizar el desarrollo de estos instrumentos paralelamente al DLP con el fin de que se convierta en más que una mera herramienta estratégica para el desarrollo de la capacidad local, en lugar de en un objetivo de inversión en sí mismo, al tiempo que se fomenta, entre otros, la inclusión social y se combate la pobreza;

37.

Pide que se aclare el alcance y la integración de los planes de acción conjuntos, y si se utilizarán para ejecutar los planes en su integridad o solo parcialmente;

38.

Reconoce que los planes de acción conjuntos pueden contribuir de forma eficaz a lograr la integración equilibrada de los jóvenes en el mercado laboral; señala, no obstante, que deben evitarse los procesos decisorios y procedimientos administrativos demasiado largos;

39.

Se felicita por las propuestas de ITI, que podrían dar a las ciudades la oportunidad de satisfacer sus propias necesidades específicas aprovechando la financiación procedente de más de un eje prioritario para ejecutar programas operativos de forma integrada;

40.

Se congratula por que se haya avanzado en la aclaración del alcance de las ITI y el potencial del instrumento, si se ajusta a las necesidades locales, de ser utilizado también en zonas no urbanas y periurbanas, con el uso de todos los fondos cubiertos por el RDC; hace hincapié en que debe garantizarse la coherencia de las ITI con las estrategias de desarrollo sostenible a escala regional a fin de mejorar la cohesión económica y social, no solo entre las regiones, sino también entre las zonas urbanas y no urbanas dentro de las regiones;

41.

Destaca el ejemplo de una propuesta de modelo de ITI del Gran Manchester, que integra financiación del mayor número posible de fuentes pertinentes para obtener un mejor valor de la inversión; destaca el hecho de que el desarrollo de este modelo esté en curso y pudiera utilizarse para apoyar una estrategia que aporte muchos beneficios económicos y sociales a la región de la ciudad; subraya que la ITI propuesta integraría prioridades del FEDER y medidas del FSE y que, dada la creciente atención del FEDER respecto de las PYME y la innovación, existe potencial para que la ITI cree vínculos en el futuro con proyectos de Horizonte 2020;

42.

Se congratula de las propuestas de la Comisión favorables a un mayor uso y una ampliación del alcance de los instrumentos financieros mediante la creación de normas más simples y claras que mejoren la eficacia en los cinco fondos del RDC;

43.

Destaca el potencial de los instrumentos financieros, en particular los microcréditos, para destapar fuentes alternativas de financiación para una amplia gama de agentes que complementen los métodos de financiación ordinarios; subraya que en el futuro marco de financiación los instrumentos financieros deben ser capaces de propiciar la financiación privada y ofrecer a los Estados miembros y a las regiones flexibilidad para adaptar los sectores seleccionados y los métodos de aplicación a sus necesidades específicas;

44.

Destaca que los instrumentos financieros, como mecanismos que permiten la cooperación entre empresas, organizaciones del sector público e instituciones educativas, también deben impulsarse como medio para desarrollar un enfoque integrado de la financiación.

45.

Acoge positivamente las propuestas que figuran en el Marco Estratégico Común en relación con los contratos de asociación de perfilar la posible armonización entre los fondos del RDC y otros programas de financiación, como el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE (antes denominado 7PM y ahora Horizonte 2020), LIFE + y el Mecanismo «Conectar Europa»;

46.

Reconoce que, aunque los programas de financiación como Horizonte 2020 se centran sobre todo en la excelencia, los Fondos Estructurales han demostrado ser fructíferos en un papel de «creación de capacidades» mediante la provisión de fondos para el desarrollo de empresas u organizaciones que han llegado a ser socias en proyectos del 7PM o el Programa para la Innovación y la Competitividad (PIC);

47.

Subraya que las sinergias existentes entre los fondos del RDC y Horizonte 2020 implican que podrían utilizarse ambas fuentes mientras se trabaja en pro de unos objetivos temáticos complementarios;

48.

Hace hincapié en que las políticas sociales y de empleo desempeñan un papel importante en un desarrollo territorial sostenible y socialmente equilibrado y pueden contribuir en gran medida a reducir las disparidades regionales y mejorar el bienestar de todos los ciudadanos, facilitando al mismo tiempo la igualdad de oportunidades para todos;

49.

Subraya que la lucha contra la pobreza incluye la lucha contra la exclusión y que las regiones rurales de baja densidad de población o con una población que envejece deben hacer frente a una insuficiente dotación de servicios médicos, que podría compensarse hasta cierto punto con una mejor accesibilidad a las tecnologías de banda ancha y mediante la promoción de la telemedicina;

50.

Considera que el enfoque territorial debería ser un mecanismo eficaz para apoyar a las PYME en la creación de nuevos puestos de trabajo sostenibles y el inicio o desarrollo de programas de formación profesional; considera que la actividad empresarial destinada al crecimiento y el empleo y la explotación del potencial pueden funcionar más allá de las fronteras territoriales administrativas y pide a los Estados miembros que mejoren las condiciones vigentes para los nuevos emprendedores a fin de que puedan explotar mejor su elevado potencial para la creación de nuevos puestos de trabajo sostenibles;

51.

Destaca la importancia de crear sinergias fuertes entre la política de cohesión y otras políticas de la UE, a fin de salvaguardar la efectividad de la política de cohesión a la hora de abordar los actuales retos laborales y sociales;

52.

Señala que la cooperación territorial y las estrategias macrorregionales pueden constituir instrumentos útiles para detectar y combatir las disparidades regionales, por ejemplo en el acceso a la educación y el empleo y para promover la convergencia entre las regiones europeas;

53.

Cree que la movilidad voluntaria de los trabajadores y los jóvenes licenciados de la UE podría ser una solución para la escasez de mano de obra local y regional, y anima a los Estados miembros y a las regiones a que la utilicen de forma más eficiente con vistas a fomentar el desarrollo y la cohesión territoriales;

54.

Considera esencial coordinar las medidas respaldadas por el FSE en los distintos niveles de políticas a fin de permitir un enfoque territorial eficiente; estima necesario, en concreto, vincular las instalaciones y los servicios educativos a las necesidades del mercado laboral local;

55.

Considera que es de capital importancia promover el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros, en el marco de una planificación a largo plazo, sustancial y eficaz, del desarrollo territorial, a través del fomento del empleo digno y sostenible, con el fin de prevenir y combatir la pobreza y el desempleo;

56.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

30.12.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/13

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Vistos los artículos 175, 212 y 222 del TFUE,

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Visto el Reglamento (CE) no 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (1),

—

Visto el Acuerdo interinstitucional de 7 de noviembre de 2002 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la financiación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que complementa el Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario (2),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «El futuro del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea» (COM(2011)0613),

—

Visto el informe de la Comisión sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea — Informe anual de 2010 (COM(2011)0694),

—

Visto el informe de la Comisión sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea — Informe anual de 2008 e Informe sobre la experiencia adquirida tras seis años de aplicación del nuevo instrumento (COM(2009)0193),

—

Vista su posición, de 18 de mayo de 2006, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (3),

—

Vista el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el futuro del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (4),

—

Visto el Informe Especial no 3/2008 del Tribunal de Cuentas Europeo — El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea: ¿En qué medida es rápido, eficaz y flexible? (5),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0398/2012),

A.

Considerando que el Tratado de Funcionamiento de la Unión especifica en su artículo 222 que la Unión y sus Estados miembros deben actuar conjuntamente y con espíritu de solidaridad si un Estado miembro es víctima de una catástrofe natural o de origen humano o es objeto de un ataque terrorista;

B.

Considerando que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) es el principal instrumento para mostrar la solidaridad de la Unión mediante un importante apoyo financiero a los Estados miembros o regiones afectados por catástrofes graves;

C.

Considerando que el FSUE, cuando es necesaria su movilización, es ampliamente percibido como uno de los instrumentos más satisfactorios de los que dispone la Unión Europea, dado que constituye la más clara, decidida e importante expresión de la solidaridad europea con sus ciudadanos frente a una situación difícil;

D.

Considerando que la propuesta legislativa de 2005 para un nuevo Reglamento del FSUE recibió un amplio apoyo del Parlamento Europeo, pero resultó inaceptable para la mayoría de los Estados miembros y, finalmente, fue retirada por la Comisión;

E.

Considerando que la crisis actual obliga a los Estados miembros y a la UE a no incurrir en exceso de gastos;

F.

Considerando que una serie de informes (6) han concluido que es necesario modificar el actual Reglamento del FSUE con el objetivo principal de flexibilizarlo y mejorar su operatividad, respetando al mismo tiempo el principio de subsidiariedad;

1.

Subraya la importancia del FSUE como el principal instrumento que permite a la Unión Europea reaccionar ante una catástrofe grave que acontezca en el territorio de la Unión o en países que negocian su adhesión a la UE;

2.

Insiste en que, a pesar de su buena consideración por la opinión pública, se debe mejorar su operatividad, flexibilizándolo y potenciando su imagen, con objeto de mejorar la credibilidad de la Unión Europea entre sus ciudadanos;

3.

Subraya la importancia de la ayuda concedida a los Estados miembros por el FSUE para aliviar la carga sobre las finanzas públicas cuando hacen frente a emergencias causadas por catástrofes graves que, en muchos casos, los desbordan;

4.

Considera que el tiempo actualmente empleado para movilizar el fondo es inaceptablemente largo y señala, por consiguiente, la necesidad de incrementar la eficacia y la rapidez de los procedimientos administrativos necesarios para su movilización que, al requerir la intervención de tres instituciones europeas para su aprobación, retrasan y dilatan excesivamente el tiempo necesario para ayudar a los Estados miembros afectados por una catástrofe, con lo que no se alcanzan los resultados esperados;

5.

Subraya que la mayoría de las solicitudes (63 %) se presentaron en la categoría excepcional de «catástrofe regional» y que el 66 % de ellas fueron rechazadas tras su evaluación por la Comisión;

6.

Considera que, en el caso de los desastres considerados de «desarrollo lento», las disposiciones actuales del Reglamento plantean dificultades jurídicas y prácticas para su movilización, y pide, por lo tanto, a la Comisión que considere ser más flexible con respecto al plazo fijado para la presentación de solicitudes, de modo que se pueda prestar particular atención a que el FSUE pueda cubrir también dichos daños;

7.

Se congratula por la decisión de la Comisión sobre la necesidad de revisar el actual Reglamento del FSUE con objeto de mejorar su funcionamiento y operatividad; comparte la opinión de la Comisión de que, dada la crisis económica actual, la enmienda propuesta a las normas no debe suponer una carga adicional ni para el presupuesto de la Unión ni para el de los Estados miembros;

8.

Recalca que se debe seguir aplicando el principio de que es el causante de los daños quien debe pagar, de modo que el uso del FSUE no pueda eximir de su responsabilidad a los responsables de una catástrofe;

9.

Considera que la oposición de una serie de Estados miembros, temerosos de que unos cambios importantes de la base jurídica de este instrumento impliquen mayores desembolsos económicos, no está justificada y ha limitado la adaptación del Reglamento de 2002 a ciertas aclaraciones y a un intento de mejorar su operatividad; recalca que, lamentablemente, desde la creación del Fondo, han aumentado significativamente el número, la gravedad y la intensidad de las catástrofes en las regiones de la Unión Europea;

10.

Celebra, no obstante, el hecho de que la simple introducción de ciertos ajustes a la normativa vigente conseguirá mejoras significativas en su funcionamiento, manteniendo su razón de ser y su carácter, que consisten principalmente en proporcionar un instrumento flexible y eficaz que pueda prestar rápidamente asistencia a los ciudadanos afectados por un fenómeno que altera profundamente sus condiciones de vida y su bienestar;

11.

Se pregunta si una definición más clara y precisa del concepto de catástrofe podría ayudar a reducir el escepticismo de muchos de los Estados miembros que se oponen a una reforma en profundidad de este instrumento de la UE;

12.

Pone de relieve la urgente necesidad de simplificar los procedimientos burocráticos necesarios para la movilización de este instrumento de la UE, con objeto de reducir el tiempo que transcurre entre el momento en que se produce la catástrofe y el momento en que el Estado miembro o región afectados reciben la ayuda, que en ocasiones se dilata en más de un año; recalca, no obstante, que este instrumento no se creó para dar una respuesta rápida sino para refinanciar operaciones de emergencia financiadas inicialmente por las autoridades públicas del país afectado;

13.

Aplaude la propuesta de la Comisión de contribuir a la simplificación de los procedimientos a nivel europeo a fin de reducir los retrasos; subraya que los Estados miembros también deberían analizar sus procedimientos administrativos e identificar y eliminar los posibles cuellos de botella que puedan obstaculizar una movilización más rápida de la ayuda a las regiones afectadas;

14.

Insta a los Estados miembros a que cooperen estrechamente con las autoridades locales y regionales en todas las fases de la aplicación, a fin de garantizar que la ayuda de la Unión sea visible y eficaz sobre el terreno y de promover soluciones sostenibles;

15.

Considera interesante y oportuna la propuesta de la Comisión en relación con la fusión de las decisiones relativas a las subvenciones y los acuerdos de ejecución entre la Comisión y los Estados miembros una vez que el Parlamento Europeo y el Consejo hayan puesto a disposición los recursos financieros, ya que permitiría un ahorro de tiempo y, en consecuencia, una respuesta más rápida;

16.

Considera que, dada la inseguridad e imprevisibilidad del número y gravedad de las catástrofes que pueden ocurrir, el FSUE debe permanecer, como en la actualidad, fuera del presupuesto de la Unión y movilizarse cuando se produzca una catástrofe;

17.

Apoya la idea de que la introducción de la posibilidad de pagar anticipos tan pronto el Estado afectado haya solicitado ayuda constituye asimismo una forma viable de acelerar el proceso de entrega de la ayuda a los países afectados por grandes catástrofes y que contribuiría a aumentar la eficacia del FSUE; opina que, si se adopta tal decisión, los anticipos deben constituir un porcentaje fijo del total de la ayuda que previsiblemente debería otorgarse y que, en caso de que la solicitud no sea aceptada, debería ser devuelta al presupuesto de la Unión;

18.

Pide a la Comisión que defina claramente el ámbito de aplicación y la cobertura del Fondo, eliminando cualquier posible incertidumbre jurídica sobre su alcance y evitando, además, que, presionados por sus ciudadanos, los Estados miembros presenten solicitudes a sabiendas de que éstas deberán ser rechazadas;

19.

Es de la opinión de que, si una catástrofe origina «efectos cascada», los daños «colaterales» deben seguir siendo cubiertos por el Fondo si afectan de forma importante a la estructura socioeconómica de una región;

20.

Hace hincapié en la necesidad de definir clara y simplemente qué es una catástrofe a nivel regional, así como de clarificar la elegibilidad de las catástrofes que se producen a nivel regional, introduciendo un criterio simple y objetivo que permita asimilarlas al resto de catástrofes y eliminar cualquier posibilidad de interpretación especulativa y toda duda sobre su posible admisibilidad entre los solicitantes;

21.

Considera que el criterio basado en el umbral de renta podría utilizarse como criterio general básico para todo tipo de catástrofe; destaca que, en el caso de constituirse como indicador para determinar la elegibilidad de una catástrofe de dimensión regional, debería adaptarse para alinearlo con los niveles de PIB regional del último año del que se disponga de cifras oficiales, aplicándosele un factor predefinido de ponderación que recoja las pérdidas no cuantificables en términos de renta así como los efectos directos e indirectos que generalmente acompañan a una catástrofe regional, frecuentemente muy superiores a los contabilizados en términos de renta;

22.

Es de la opinión de que el umbral de daños del 1,5 % del PIB regional a nivel de NUTS 2 (7) propuesto para definir la elegibilidad de una catástrofe de tipo regional clarificaría las expectativas sobre la admisibilidad o no de una potencial demanda de movilización del Fondo, pero subraya que, al llegarse prácticamente al mismo resultado que con los criterios actuales para las catástrofes regionales, la práctica totalidad de las catástrofes que se producen a escala regional continuarán siendo inadmisibles; recalca, por tanto, que un umbral tan elevado no va a dar la respuesta que esperan los ciudadanos y, por consiguiente, no va a evitarse la frustración de las víctimas de una catástrofe que, por el contrario, seguirán denostando la acción de la Unión y acusándola de falta de sensibilidad con respecto a sus ciudadanos;

23.

Recuerda que la prevención de catástrofes desempeña un papel esencial en las políticas de la Unión y supone la manera más económica de reducir la vulnerabilidad frente a las catástrofes; subraya que las regiones de la UE deberían hacer un uso coherente de las diferentes oportunidades de financiación para una prevención de catástrofes sostenible;

24.

Subraya que debe quedar claro que la sequía seguirá siendo considerada un tipo de catástrofe elegible para el FSUE, con el fin de paliar los efectos socioeconómicos y medioambientales de las sequías en el contexto de la Directiva marco sobre el agua, teniendo en cuenta que se trata de un problema estructural duradero de difícil adecuación a los plazos de solicitud establecidos y que tiene graves repercusiones en el desarrollo social y económico de las regiones afectadas; exhorta a que, en caso de graves sequías u otros desastres que se desarrollan lentamente, se introduzcan disposiciones específicas que fijen la fecha de la primera acción de los poderes públicos para luchar contra la catástrofe, permitiendo así una respuesta rápida y jurídicamente clara;

25.

Insta a la Comisión a que examine y adapte los criterios de modo que el FSUE pueda responder a las catástrofes naturales en el Mediterráneo, que, debido en parte al cambio climático, son las catástrofes naturales más graves que se están produciendo en los últimos años en la Unión;

26.

Recalca que el FSUE no cubre todos los daños derivados de catástrofes naturales y que, por lo tanto, los daños cubiertos en virtud de este instrumento deben definirse adecuadamente en una futura propuesta de reglamento;

27.

Recalca que con los instrumentos existentes resulta muy difícil responder adecuadamente, a escala de la UE, a las crisis graves de origen humano, como se ha comprobado en los casos de accidentes industriales, o a las crisis graves de salud pública, y que es necesario que, en caso de producirse dichas crisis, la Unión disponga de instrumentos adecuados para ofrecer una respuesta adecuada;

28.

Destaca la necesidad de que el FSUE complemente otros instrumentos de financiación, como los Fondos Estructurales, al responder a catástrofes naturales, aprovechando la creación de sinergias con estos mecanismos y programas asociados;

29.

Subraya que en el próximo Marco Financiero 2014-2020 las regiones deben disponer de suficiente flexibilidad y poder redistribuir los recursos que se les asignen a fin de que puedan incrementar, si lo consideran necesario y conveniente, los recursos disponibles en caso de catástrofe, e insta a la Comisión a que revise el reglamento en vigor en tiempo oportuno para el nuevo periodo de financiación;

30.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

30.12.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/17

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Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Visto el artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce el derecho a una buena administración como derecho fundamental,

—

Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2000 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (1),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (2),

—

Vista la amplia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se reconoce un conjunto de principios generales del Derecho administrativo, basados en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros,

—

Vista su Resolución de 6 de septiembre de 2001 sobre el Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo relativo a su investigación por iniciativa propia sobre la existencia y el acceso público a un Código de buena conducta administrativa en las instituciones y órganos comunitarios (3),

—

Vista la Decisión de la Comisión 2000/633/CE, CECA, Euratom, de 17 de octubre de 2000, por la que se modifica su Reglamento interno adjuntando un Código de buena conducta administrativa para el personal de la Comisión Europea en sus relaciones con el público (4),

—

Vista la Decisión del Secretario General del Consejo/Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, de 25 de junio de 2001, sobre un código de buena conducta administrativa para la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea y su personal en sus relaciones profesionales con el público (5),

—

Vista la Recomendación del Consejo de Europa sobre la buena administración (CM/Rec(2007)7), dirigida por el Consejo de Ministros a los Estados miembros, con fecha de 20 de junio de 2007,

—

Vistos los Principios de la función pública de la Unión Europea, publicados por el Defensor del Pueblo Europeo el 19 de junio de 2012,

—

Vista la encuesta encargada por el Gobierno sueco a la Agencia sueca de administración pública sobre los principios de buena administración en los Estados miembros de la Unión Europea (6),

—

Vistas las notas informativas presentadas en el Seminario sobre Derecho Administrativo en la Unión Europea organizada por el departamento temático de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Universidad de León (León, 27 y 28 de abril de 2011),

—

Vistas las recomendaciones incluidas en el documento de trabajo sobre el estado actual y las perspectivas futuras del Derecho administrativo de la Unión Europea, presentadas por el grupo de trabajo sobre el Derecho administrativo de la Unión Europea a la Comisión de Asuntos Jurídicos el 22 de noviembre de 2011,

—

Vista la Evaluación del Valor Añadido Europeo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea, presentada por la Unidad de Valor Añadido Europeo a la Comisión de Asuntos Jurídicos el 6 de noviembre de 2012,

—

Vistos los artículos 42 y 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Peticiones (A7-0369/2012),

A.

Considerando que, a raíz del desarrollo de las competencias de la Unión Europea, los ciudadanos tienen que enfrentarse directamente a la administración de la Unión cada vez con mayor frecuencia, a pesar de que no siempre disponen de los derechos de procedimiento correspondientes que podrían ejercer frente a ella en los casos en que tales acciones puedan resultar necesarias;

B.

Considerando que los ciudadanos deben poder esperar de la administración de la Unión Europea un alto grado de transparencia, eficiencia, rápida ejecución y capacidad de respuesta, tanto si presentan una reclamación formal como si ejercen su derecho de petición en virtud del Tratado, así como información sobre la posibilidad de llevar a cabo otras acciones;

C.

Considerando que en la actualidad las normas y principios de la Unión en materia de buena administración se encuentran dispersos en múltiples fuentes: Derecho primario, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, legislación secundaria, actos jurídicos no vinculantes y compromisos unilaterales de las instituciones de la Unión Europea;

D.

Considerando que la Unión carece de un conjunto global y coherente de normas codificadas de Derecho administrativo, lo que dificulta que los ciudadanos comprendan los derechos administrativos que les confiere el Derecho de la Unión;

E.

Considerando que los actuales códigos de conducta de las distintas instituciones tienen un efecto limitado, difieren entre sí y no son jurídicamente vinculantes;

F.

Considerando que, en la Resolución antes mencionada, de 6 de septiembre de 2001, el Parlamento Europeo, confiando en que el mismo código europeo de buena conducta administrativa se aplique a todas las instituciones, organismos y agencias, aprobó con enmiendas el Código europeo de buena conducta administrativa propuesto por el Defensor del Pueblo Europeo;

G.

Considerando que, en la misma Resolución, el Parlamento pidió a la Comisión que presentara una propuesta de Reglamento sobre un código de buena conducta administrativa sobre la base del artículo 308 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

H.

Considerando que, como destacó el Defensor del Pueblo, con ello se eliminaría la confusión actual derivada de la existencia paralela de diferentes códigos en la mayoría de las instituciones y órganos de la Unión Europea, y se garantizaría la aplicación de los mismos principios básicos por parte de todas las instituciones y órganos en sus relaciones con los ciudadanos, haciendo que tanto los ciudadanos como los funcionarios fuesen conscientes de la importancia de dichos principios;

I.

Considerando que todas las acciones de la Unión han de ajustarse al Estado de Derecho y respetar la estricta separación de poderes;

J.

Considerando que el derecho fundamental a una buena administración establecido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha alcanzado el rango de disposición jurídicamente vinculante, en su calidad de Derecho primario;

K.

Considerando que las normas de buena administración fomentan la transparencia y la responsabilidad;

L.

Considerando que un problema acuciante que afronta la Unión Europea hoy en día es la falta de confianza por parte de los ciudadanos, que puede afectar a su legitimidad; considerando que la Unión Europea debe ofrecer respuestas rápidas, claras y visibles a los ciudadanos a fin de responder a sus inquietudes;

M.

Considerando que la codificación del principio de servicio —es decir, el principio según el cual la administración debe intentar guiar, ayudar, servir y apoyar a los ciudadanos, actuar con la debida cortesía y, por consiguiente, evitar innecesarios procedimientos engorrosos y largos, ahorrando así tiempo y esfuerzo a ciudadanos y funcionarios por igual— contribuiría a satisfacer las expectativas legítimas de los ciudadanos y beneficiaría tanto a los ciudadanos como a la administración, redundando en un mejor servicio y una mayor eficiencia; considerando que debe incrementarse la sensibilización pública en relación con el derecho de los ciudadanos de la Unión a una buena administración, también a través de los servicios y redes de información pertinentes de la Comisión;

N.

Considerando que, teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, un conjunto de normas claras y vinculantes para la administración de la Unión Europea constituiría una señal positiva en la lucha contra la corrupción en las administraciones públicas;

O.

Considerando que los Estados miembros en general ya aceptan un conjunto básico de principios de buena administración;

P.

Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha elaborado unos principios procesales consolidados que se aplican a los procedimientos de los Estados miembros en asuntos comunitarios y que, con mayor razón, deben aplicarse a la administración directa de la Unión Europea;

Q.

Considerando que una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea ayudaría a la administración de la Unión a utilizar su facultad de organización interna para facilitar y promover una administración de máxima calidad;

R.

Considerando que una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea reforzaría la legitimidad de la Unión y aumentaría la confianza de los ciudadanos en su administración;

S.

Considerando que una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea podría reforzar la convergencia espontánea de los Derechos administrativos nacionales, en lo que se refiere a los principios generales del procedimiento y a los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la administración, reforzando así el proceso de integración;

T.

Considerando que una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea podría fomentar la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre las administraciones nacionales y la administración de la Unión Europea, con el fin de cumplir los objetivos establecidos en el artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

U.

Considerando que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión dispone de una base jurídica adecuado para la adopción de una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea;

V.

Considerando que la acción legislativa que se pide en la presente Resolución debe basarse en evaluaciones de impacto detalladas que, entre otros factores, cuantifiquen el coste de los procedimientos administrativos;

W.

Considerando que la Comisión debería entablar consultas adecuadas con todos los actores relevantes y debería, en particular, utilizar los conocimientos especiales y técnicos del Defensor del Pueblo Europeo, ya que las reclamaciones sobre abusos en los órganos e instituciones de la Unión se presentan ante este;

1.

Pide a la Comisión que presente, sobre la base del artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta de Reglamento sobre la Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea, con arreglo a las recomendaciones detalladas que figuran en el anexo;

2.

Confirma que estas recomendaciones respetan los derechos fundamentales y el principio de subsidiariedad;

3.

Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que se detallan en el anexo a la Comisión y al Consejo, al Defensor del Pueblo Europeo, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.

30.12.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/23

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Vistos el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Vistos los artículos 9, 151 y el artículo 153, apartado 1, letra e, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Vistos los artículos 14, 27 y 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Considerando la evaluación del valor añadido europeo de las medidas de la Unión en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión del proceso de reestructuración, efectuada por la Unidad de Valor Añadido Europeo del Parlamento Europeo y transmitida a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales el 19 de noviembre de 2012 (1),

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Visto el documento «Gestión del cambio — Informe final del Grupo de alto nivel sobre las consecuencias económicas y sociales del cambio», elaborado por la Cumbre del Empleo de Luxemburgo de 1997 (2),

—

Vista la Recomendación 92/443/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1992, relativa al fomento de la participación de los trabajadores en los beneficios y los resultados de la empresa (incluida la participación en el capital) (3),

—

Visto el Reglamento (CE) no 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (4),

—

Vista la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (5),

—

Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (6),

—

Vista la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (7),

—

Vista la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (8),

—

Vista la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (9),

—

Vista la Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (10),

—

Vista la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición (11),

—

Vista la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital (12),

—

Vista la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (13),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2005, titulada «Reestructuraciones y empleo: Anticipar y acompañar las reestructuraciones para desarrollar el empleo: el papel de la Unión Europea» (COM(2005)0120) y el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 14 de diciembre de 2005 (14),

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social (COM(2005)0033),

—

Vista la Decisión 2010/707/UE del Consejo, de 21 de octubre de 2010, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (15),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una política industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la sostenibilidad en el punto de mira» (COM(2010)0614),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Único» (COM(2010)0608 final/2),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos» (COM (2010)0682),

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre el «Libro Verde sobre reestructuración y previsión del cambio: ¿qué lecciones podemos sacar de la experiencia reciente?» (COM(2012)0007),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2011, sobre la revisión intermedia de la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012) (16),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» (COM (2012)0173),

—

Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2005, sobre la Agenda Social para el período 2006-2010 (17),

—

Visto el dictamen de iniciativa del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de abril de 2012, sobre el tema «Cooperativas y reestructuración» (18),

—

Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2007, sobre el fortalecimiento de la legislación comunitaria en el ámbito de la información y consulta a los trabajadores (19),

—

Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre una política industrial para la era de la mundialización (20),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos» (COM(2011)0571),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2011, titulada «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112),

—

Vistos los resultados de las investigaciones e indagaciones realizadas por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo,

—

Vistos los artículos 42 y 48 del Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0390/2012),

A.

Considerando que en Europa la reestructuración no es un fenómeno nuevo, sino una práctica que se manifiesta cada vez con mayor frecuencia debido a las dificultades económicas, y considerando que en los últimos años se ha generalizado cada vez más, adoptando múltiples formas, intensificándose en ciertos sectores y extendiéndose a otros nuevos, con consecuencias imprevisibles en el tejido económico y social de los Estados miembros;

B.

Considerando que la crisis económica desencadenada en 2008 impone a las empresas y a sus empleados la necesidad de efectuar cambios para mantener la competitividad y los puestos de trabajo, y considerando que la crisis ha sido agravada por la especulación en el sector financiero, acelerando la tasa de cambio y aumentado de este modo, en proporción alarmante, la presión sobre los trabajadores, los territorios y todos los niveles de gobierno, enfrentados a exigencias de ajustes estructurales;

C.

Considerando que, como resultado de cambios radicales en las estrategias económicas, durante los últimos treinta años se ha producido un desplazamiento masivo de la riqueza, de la economía real a la economía financiera; considerando que debe mejorarse la situación de quienes crean todos los bienes y prestan todos los servicios, pero sufren todos los perjuicios de la crisis económica;

D.

Considerando que la reestructuración se convierte en un problema para los interesados únicamente en una fase avanzada, con mayor frecuencia cuando se están considerando los despidos;

E.

Considerando que, a la hora de efectuar una reestructuración, lo que más llama la atención es la repercusión inmediata y fácilmente perceptible sobre el empleo, mientras que los efectos adversos sobre las condiciones laborales y la salud de los trabajadores no se reconocen y abordan de manera adecuada;

F.

Considerando que las múltiples y diversas partes interesadas implicadas en las reestructuraciones están aisladas y raras veces cooperan a largo plazo;

G.

Considerando que tal como se ha destacado reiteradamente en los últimos documentos de orientación de la Comisión, especialmente en la Comunicación, de 28 de octubre de 2010, sobre la Estrategia Europa 2020 y la Política Industrial, «Una anticipación y gestión de la reestructuración más adecuada serviría para que los trabajadores y las empresas se adaptaran a transiciones impuestas por excesos de capacidades, así como por la modernización y el ajuste estructural». […] «La dirección de las empresas y los representantes de los trabajadores son actores esenciales para ponerse de acuerdo sobre estrategias de reestructuración dentro de la empresa. Las intervenciones políticas deben acompañar esta reestructuración para paliar las repercusiones sociales de la reestructuración y promover nuevas cualificaciones y empleos de modo que se minimicen un desempleo masivo y la decadencia de regiones enteras o la deslocalización de industrias completas, y se faciliten la reconversión económica y las transiciones profesionales.»;

H.

Considerando que la crisis ha llevado a una nueva gobernanza económica al nivel de la Unión, a través del semestre y del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento; considerando que la nueva gobernanza económica puede dar lugar a reestructuraciones y requiere, por tanto, la implicación de los interlocutores sociales;

I.

Considerando que es necesario preparar a los trabajadores de manera oportuna para una transición a una economía eficiente en el uso de los recursos y ecológica; considerando que el desarrollo posee un enorme potencial de empleo, pero que dará lugar a la reestructuración de los sectores y empresas no sostenibles;

J.

Considerando que el número de puestos de trabajo que se perdieron casi doblaba el número de puestos creados en el tercer trimestre de 2011, y que es probable que esta tendencia aumente tras el anuncio de importantes reestructuraciones en ámbitos estratégicos;

K.

Considerando que entre 2008 y 2011 se perdieron más de 6,4 millones de puestos de trabajo en el sector de la construcción y en el manufacturero;

L.

Considerando que todos los Estados miembros en los que ha habido relativamente pocos despidos durante la crisis disponen de sistemas de relaciones laborales muy bien diseñados, que conceden al trabajador y a sus representantes un número relativamente elevado de derechos en cuanto a consulta, información y cogestión y que han dado como resultado acuerdos comunes a nivel empresarial basados en leyes y convenios colectivos;

M.

Considerando que tal como se indica en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento: anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis, «[l]os positivos resultados de exportación de algunos Estados miembros ponen de manifiesto que el éxito en los mercados mundiales no solo deriva de la competitividad de los precios sino también de factores más generales como la especialización por sectores, la innovación y los niveles de cualificación que acentúan la competitividad real»; considerando que, sobre el telón de fondo de la crisis, en algunos Estados miembros las empresas han adoptado un planteamiento a largo plazo y no han escatimado esfuerzos para mantener en activo a los trabajadores que gocen de buena formación y amplia experiencia;

N.

Considerando que las empresas de la Unión pueden tener dificultades para conseguir el éxito en los mercados internacionales mediante una mera competencia de precios a la baja, en vez de desarrollar buenos productos, procesos y servicios;

O.

Considerando que en los sectores no sostenibles debe proporcionarse ayuda y formación a los trabajadores, para que puedan efectuar la transición hacia empleos verde;

P.

Considerando que existe el riesgo de que las buenas prácticas que podrían recopilarse como resultado de la crisis, particularmente por parte de la OIT, no se tengan suficientemente en cuenta y que no se aprovechen en caso de futuras crisis, considerando, por tanto, que las instituciones de la Unión deben investigar y documentar dichas buenas prácticas, para que también puedan emplearse cuando se produzcan reestructuraciones;

Q.

Considerando que en su Comunicación sobre la «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», de 23 de noviembre de 2010, la Comisión reconoce a su vez que es posible que a la hora de cambiar de empleo o profesión la adaptabilidad y la proactividad se vean obstaculizadas por la inseguridad, puesto que las transiciones conllevan el riesgo de desempleo, remuneraciones inferiores e inseguridad social; considerando que por tanto las transiciones positivas en la trayectoria profesional de las personas son esenciales para adaptarse continuamente, manteniendo y aumentando la empleabilidad a la vez que se proporciona seguridad a las personas y fluidez a los mercados de trabajo;

R.

Considerando que, en el caso de las reestructuraciones en las que los despidos resultan inevitables, las categorías vulnerables, incluidos los trabajadores jóvenes y de edad avanzada, son objeto de despido con mayor frecuencia que otros grupos de edad, aunque esto constituya discriminación por razón de edad con arreglo a la correspondiente legislación de la Unión;

S.

Considerando que tal como se indica en la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Único», «el hastío que hacia el mercado interior sienten muchos puede explicarse también por la percepción de que las sucesivas liberalizaciones se han llevado a cabo en detrimento de los derechos sociales adquiridos por distintos agentes económicos.»; el Tratado de Lisboa y la afirmación del concepto de «economía social de mercado altamente competitiva» como uno de los objetivos fundamentales obligan a la Unión a adquirir a una visión más completa del mercado único. Es necesaria una armonía entre las libertades económicas y las libertades de acción colectiva. La revitalización del diálogo entre interlocutores sociales es esencial y permitirá desembocar en mayor medida en la adopción de normativas «por y para» los interlocutores sociales, como lo prevé expresamente el Tratado de Lisboa.»; Más allá de las medidas que suponen una mera reacción frente a la crisis económica y financiera, las estrategias de anticipación han permitido a las empresas y a sus empleados prevenir los conflictos sociales mediante una gestión proactiva de las reestructuraciones. Es esta una condición imprescindible del éxito económico y un imperativo social, ya que permite una redistribución de los recursos hacia sectores emergentes y brinda a los trabajadores nuevas oportunidades cuando peligra su empleo.»; considerando que un acto legislativo europeo para las reestructuraciones permitiría construir un entorno basado en la confianza mutua;

T.

Considerando que el afianzamiento del mercado único da lugar a una competencia adicional que puede conducir a la reestructuración; considerando que la Unión debería asumir la responsabilidad de este proceso estableciendo un marco para atenuar las consecuencias sociales del mismo;

U.

Considerando que, sin embargo, las «Orientaciones de referencia para gestionar el cambio y sus consecuencias sociales» elaboradas por los interlocutores sociales en octubre de 2003 no se han traducido en ninguna medida legislativa, a excepción de dos ciclos de seminarios nacionales celebrados por los interlocutores sociales en el marco de sus programas plurianuales de trabajo; considerando que estas orientaciones todavía resultan desconocidas no solo para las organizaciones nacionales y sectoriales de interlocutores sociales, sino también, y sobre todo, para las empresas y los representantes de sus trabajadores; considerando, sin embargo, que revestiría una gran importancia la observancia oportuna y eficaz de los principios proclamados en estas Orientaciones y derivados también de muchos otros estudios e informes, considerando que a menudo las prácticas empresariales en este ámbito son mas reactivas que proactivas, aparecen muy al final del proceso de decisión y no incluyen a entidades externas que podrían ayudar a atenuar el impacto social de forma suficiente o con la prontitud necesaria;

V.

Considerando que la Comisión ha buscado contribuciones concretas sobre cómo desarrollar aún más la política dentro de este ámbito a través del «Libro Verde sobre reestructuración y previsión del cambio: ¿qué lecciones podemos sacar de la experiencia reciente?», en el que se reconoce que «el cambio tecnológico y la innovación pueden imponer estrategias de ajuste para las empresas y los trabajadores, pero también hay indicios de que la innovación, combinada con la investigación y la educación, puede constituir un medio eficaz para sacar a Europa de la crisis»;

W.

Considerando que las cooperativas gestionan las reestructuraciones de forma socialmente responsable y que su modelo de gobierno específico, basado en la propiedad colectiva, la participación democrática y el control de los miembros, así como en la capacidad de las cooperativas para funcionar con sus propios recursos financieros y redes de apoyo, explica por qué las cooperativas son más flexibles e innovadoras para gestionar la reestructuración de forma duradera, así como para crear nuevas empresas;

X.

Considerando que a pesar de la rotundidad de las declaraciones mencionadas anteriormente, la Comisión ha dado respuestas decepcionantes a las resoluciones parlamentarias en materia de información, consulta y reestructuración, en las que se señalaba la necesidad de tomar medidas urgentes y concretas en este ámbito, así como a peticiones procedentes de otros agentes económicos y sociales pertinentes;

Y.

Considerando que la presente Resolución no afecta a las obligaciones en materia de información derivadas de otra legislación comunitaria o nacional; considerando que, en la medida en que la legislación comunitaria y nacional así lo exijan, deberán emplearse en su totalidad los procedimiento de información para aplicar las recomendaciones establecidas en la presente Resolución;

Z.

Considerando que esta resolución se entiende sin perjuicio de las obligaciones de protección del empleo y las obligaciones relacionadas con el cese de la relación laboral derivadas de la legislación nacional;

AA.

Considerando que en la actualidad existen grandes diferencias entre las legislaciones nacionales en lo relativo a las responsabilidades de los empresarios para con sus empleados en el proceso de reestructuración; considerando que los interlocutores sociales europeos fueron consultados en dos ocasiones durante los diez años precedentes, sin que la Comisión emprendiera acción alguna;

AB.

Considerando que una consulta e información adecuadas y eficaces con relación a la reestructuración supone que se lleven a cabo varios meses antes de la decisión de reestructuración contemplada, que impliquen igualmente a las empresas dependientes y que creen inmediatamente formaciones profesionales de reconversión, para así contribuir a que las empresas y la Unión sean más competitivas, enviando así un mensaje de seguridad y transparencia a los ciudadanos europeos y los inversores en momentos de crisis;

AC.

Considerando que aquellas empresas que no consigan adaptarse a las condiciones cambiantes no podrán mantener el ritmo de los competidores a largo plazo; considerando que las empresas, los trabajadores y los sectores suelen ser los que mejor conocen sus propias necesidades de reestructuración; considerando que cada Estado miembro sufre distintos tipos de procesos de reestructuración y que sus repercusiones son diferentes en cada uno de ellos;

AD.

Considerando que la Comisión, con el objetivo de ayudar a los trabajadores y las empresas a anticiparse a los cambios de modo más eficaz, lleva a cabo un profundo análisis del fenómeno de la reestructuración en sí mismo y de la vigilancia de los sectores de actividad, incluidos una serie de estudios sobre los cambios en el mundo laboral desde la actualidad hasta 2020 (21); considerando que este análisis prospectivo se lleva a cabo en colaboración con investigadores independientes, interlocutores sociales y otras instituciones europeas como el Parlamento Europeo, y las agencias y organismos de la Unión, como el Observatorio Europeo del Cambio (22) de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo y el Centro europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional;

AE.

Considerando la revisión actualmente en curso del Reglamento (CE) no 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (23);

1.

Pide a la Comisión que presente lo antes posible, basándose en el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y después de consultar a los interlocutores sociales, una propuesta de acto jurídico sobre información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones, seguida de las recomendaciones que se presentan en el anexo;

2.

Confirma que estas recomendaciones cumplen plenamente con los derechos fundamentales y el principio de subsidiariedad; confirma asimismo que estas recomendaciones respetan el principio de proporcionalidad, la libertad de empresa y el derecho a la propiedad.

3.

Confirma la relevancia de un diálogo social fuerte, basado en la confianza mutua y la responsabilidad compartida, como mejor instrumento para la búsqueda de soluciones consensuadas y enfoques comunes a la hora de anticipar, prevenir y gestionar los procesos de reestructuración.

4.

Insta a la Comisión a analizar si es necesario tomar medidas a nivel de la Unión para supervisar las actividades de las empresas con el fin de evitar cualquier tipo de abuso que suponga un perjuicio, especialmente para los trabajadores;

5.

Pide a la Comisión que influya para que los despidos sean vistos como última opción después de haber examinado todas las alternativas posibles, sin que ello menoscabe la competitividad de las empresas;

6.

Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras;

7.

Encarga a su Presidente que transmita la presente propuesta y las recomendaciones que se detallan en el anexo a la Comisión y al Consejo.

30.12.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/38

—

Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2012, sobre la piratería marítima (1),

—

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2009, sobre la situación en el Cuerno de África (2),

—

Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2010, sobre el informe anual de 2008 de la Política Exterior y de Seguridad Común (3),

—

Vista su Resolución, de 11 mayo 2011, sobre el informe anual de 2009 de la Política Exterior y de Seguridad Común (4),

—

Vista su Resolución de 12 de septiembre de 2012 sobre el informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la Política Exterior y de Seguridad Común (5),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de 14 de noviembre de 2011 sobre el Cuerno de África y, en particular, el marco estratégico establecido en su Anexo,

—

Vistos la Estrategia Europea de Seguridad y el documento de 14 de marzo de 2008 del Alto Representante y de la Comisión dirigido al Consejo Europeo titulado «Cambio climático y seguridad internacional»,

—

Visto el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre las elecciones en Etiopía celebradas el 23 de mayo de 2010,

—

Vista la adopción, por 825 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, de una Constitución para Somalia el 1 de agosto de 2012; vista la elección democrática de un nuevo Presidente somalí, el 11 de septiembre de 2012, como parte del proceso de transición;

—

Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la Política Común de Seguridad y Defensa de 1 de diciembre de 2011 y de 23 de julio de 2012,

—

Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Somalia, en particular la Resolución 2067 (2012),

—

Vista la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), su concepto estratégico de 5 de enero de 2012 sobre el establecimiento de una presencia en los cuatro sectores, y la Resolución 2036 (2012) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que solicita a la Unión Africana que aumente la dotación de la AMISOM de 12 000 a un máximo de 17 731 efectivos uniformados, integrados por contingentes y personal de las unidades de policía entrenadas,

—

Vista la Resolución 1820 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad,

—

Visto el Informe de las Naciones Unidas, de 25 de enero de 2011, y las 25 propuestas que contiene, presentado por Jack Lang, Asesor Especial de las Naciones Unidas para Asuntos Jurídicos relacionados con la piratería en las costas de Somalia; vistos los informes de seguimiento elaborados por Jack Lang, como el informe sobre las modalidades para el establecimiento de tribunales somalíes especializados contra la piratería, de 15 de junio de 2011, y el informe del Secretario General sobre los tribunales especializados contra la piratería en Somalia y otros Estados de la región, de 20 de enero de 2012,

—

Vista la Estrategia conjunta África-UE,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7-0408/2012),

A.

Considerando que el Cuerno de África es una de las regiones más inseguras del mundo en lo relativo a los alimentos, y que millones de personas que viven en la región sufren malnutrición y se encuentran en riesgo de hambruna; considerando que esta región geográfica incluye países que están entre los que tienen los niveles sanitarios más bajos del mundo; que se trata igualmente de una de las regiones más pobres y con menos gobernanza del mundo; considerando que la inseguridad humana y de los alimentos conforman agudas crisis humanitarias en la región; considerando también que la comunidad internacional no ha sabido abordar de forma preventiva la seguridad humana, la sequía y la hambruna en la región;

B.

Considerando que esta región tiene un largo historial de conflictos y que existe una relación entre los conflictos, la pobreza y el subdesarrollo; considerando que el desarrollo sostenible no se puede lograr en un entorno que se caracteriza por sus tensiones, conflictos armados e instituciones gubernamentales inestables, y en donde la pobreza y el subdesarrollo son dos factores generadores de conflictos; considerando también que el cambio climático puede empeorar aún más la situación en esta región, en la que cada vez son más frecuentes las sequías extremas;

C.

Considerando que la prolongada inestabilidad en el Cuerno de África tiene consecuencias sobre la seguridad de los países vecinos y del continente entero y, que debido a la red terrorista de la región, puede afectar a la seguridad de otras regiones, como Europa, la Península Arábiga y Asia Meridional;

D.

Considerando que el círculo vicioso de inseguridad, inestabilidad, pobreza y mala gobernanza solo se puede abordar de modo eficiente y satisfactorio por medio de un planteamiento exhaustivo y holístico que se comprometa a lograr un desarrollo sostenible en los países de la región; considerando que el Cuerno de África ilustra el vínculo que existe entre desarrollo y seguridad, ya que se trata de una región en la que la actividad delictiva, como el terrorismo y la piratería, florecen como consecuencia de la extrema pobreza y la mala gobernanza, o por la ausencia de gobernanza estatal;

E.

Considerando que existe un triple interés europeo e internacional en la situación de seguridad en el Cuerno de África, en lo que respecta a: la amenaza que supone el terrorismo internacional, y los fondos enviados a organizaciones terroristas provenientes de la piratería y los secuestros; en segundo lugar, la amenaza económica al comercio internacional y la necesidad de facilitar un paso seguro para la navegación; por último, la necesidad de ayudar a las Naciones Unidas en sus objetivos, como por ejemplo, la protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos en la región;

F.

Considerando que el compromiso de la UE con la región viene dado por su importancia geoestratégica y por la voluntad de apoyar al pueblo del Cuerno de África y sacarlo de la pobreza; considerando también que, para conseguirlo y lograr una paz duradera, la UE se ha comprometido a apoyar los esfuerzos regionales, incluidos los esfuerzos a través de la IGAD (Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo) y la Unión Africana, y los esfuerzos nacionales por consolidar la paz y la justicia sobre la base de los principios de la inclusión, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos;

G.

Considerando que la IGAD sigue siendo un instrumento insuficientemente desarrollado para mejorar la cooperación, la integración y la seguridad a nivel regional; resalta la necesidad de que el IGAD desempeñe un papel central en la arquitectura política y de seguridad del Cuerno de África, así como en la prevención de conflictos y en la integración política y económica de la región, lo que debería comprometer y anclar a los países de la región a una agenda económica y política común;

H.

Considerando que un continuo cinturón de inseguridad e inestabilidad que va desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico daría igualmente un impulso a las actividades de narcotráfico en el Atlántico Meridional, y en América Latina y el Caribe, y al tráfico de armas y de personas, abriendo nuevas rutas de tráfico y creando oportunidades para el narcotráfico hacia Europa y la Península Arábiga;

I.

Considerando que la competencia entre los Estados de la región por los recursos naturales, en especial por los combustibles fósiles y el agua, y la competencia por ofrecer acceso a los puertos para los Estados que producen gas y crudo, así como el acceso al mar por parte de los Estados sin litoral, podría alimentar aún más las tensiones en la región y provocar inestabilidad crónica;

J.

Considerando que la estabilidad viable a largo plazo en el Cuerno de África solo se puede construir sobre instituciones democráticas sólidas y responsables, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, en particular, la libertad de expresión, y sobre unas mejores perspectivas económicas para la sociedad en general;

K.

Considerando que es fundamental fomentar activamente las zonas de estabilidad en la región, atajar la pobreza y promover la recuperación económica como medio de restablecer a los Estados fallidos; considerando que no puede haber seguridad sin desarrollo ni desarrollo sin seguridad;

L.

Considerando que la violenta insurgencia de Al-Shabaab y la falta de gobernanza estatal en Somalia, la amenaza que suponen las continuas actividades de piratería frente a las costas de Somalia, las tensiones y los conflictos potenciales entre Sudán y Sudán del Sur, las regiones conflictivas de Abiyei y Darfur, la transición política en Etiopía tras el fallecimiento del Primer Ministro Meles Zenawi, las tensiones entre Etiopía y Eritrea y Somalia, las tensiones entre Eritrea y Yibuti y las actividades terroristas del Ejercito de Resistencia del Señor (LRA) contribuyen a hacer del Cuerno de África una de las regiones más conflictivas del mundo, lo que provoca un inmenso sufrimiento humano, el desplazamiento interno de la población, el agravamiento de las crisis humanitarias y la obstrucción del desarrollo social y económico sostenible, así como de la democracia y del Estado de Derecho;

M.

Considerando que, al tiempo que continúa avanzando en Somalia la lucha contra Al-Shabaab, aumenta también el riesgo de que las actividades terroristas y la desestabilización se trasladen a otras partes de Somalia o a otras regiones de África no afectadas con anterioridad;

N.

Considerando que la actual inestabilidad política y el conflicto en Somalia han destruido virtualmente cualquier expectativa de desarrollo económico sostenible en la región; considerando que la falta de expectativas democráticas y económicas estables para la población, especialmente para los jóvenes, junto con la ausencia de democracia, del Estado de Derecho, de gobernanza y de seguridad humana, proporciona un suelo fértil para alentar actividades criminales, incluyendo la piratería y el tráfico de drogas, y contribuye a mantener a grupos terroristas como Al-Shabaab; que, considerando que es esencial abordar ese tipo de cuestiones de forma global basándose en todos los instrumentos de la acción exterior de la UE, y complementar cualquiera de esas acciones mediante el establecimiento de tribunales somalíes especializados contra la piratería una vez establecidas unas estructuras estatales viables en Somalia;

O.

Considerando que el Gobierno Federal de Transición (GFT) de Somalia no ha podido crear una administración estable e inclusiva capaz de promover el consenso entre sus diferentes componentes étnicos y políticos; considerando que el nuevo Gobierno de Somalia debe recibir el total apoyo de la comunidad internacional para que pueda encargarse de los desafíos a los que se enfrenta Somalia y restablecer la estabilidad sostenible en materia política, democrática, étnica y social;

P.

Considerando que los buques de pesca de muchos países se han aprovechado del caos en Somalia para faenar, desde 1990, en las 200 millas náuticas que constituyen la zona somalí, lo que ha socavado los medios de subsistencia de los pescadores somalíes;

Q.

Considerando que, según el ACNUR, existen más un millón de refugiados somalíes repartidos por todo el Cuerno de África, principalmente en Kenia y Etiopía, y más de 1,3 millones de desplazados internos dentro de Somalia; considerando que los conflictos internos, el terrorismo de Al-Shabaab y las consecutivas crisis de sequía son las principales causas del fenómeno del éxodo y el desplazamiento de la población en Somalia, y que afectan de forma tangible a toda la región;

R.

Considerando que el 20 de agosto de 2012 ocurrieron dos eventos muy importantes para la región: en primer lugar, el fallecimiento del Primer Ministro de Etiopía, Meles Zenawi, y en segundo lugar, el establecimiento en Somalia del primer parlamento formal en más de dos décadas; considerando que la prestación de juramento de un nuevo Parlamento y la elección del nuevo Presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, el 10 de septiembre de 2012, representó un momento histórico y un importante paso hacia la mejora de la paz y la seguridad y demostró que la situación en Somalia no es irreversible;

S.

Considerando que Etiopía, Yibuti, Kenia y Uganda han proporcionado apoyo militar y político a los esfuerzos por lograr la estabilidad en la región, en particular mediante la misión de la Unión Africana en Somalia (Amisom), colaborando así en favor de una solución viable para la seguridad y la estabilidad en la región realizada y liderada por países africanos con el apoyo activo de la comunidad internacional; que la Unión Africana es un socio valioso para la paz y la estabilidad en la región;

T.

Considerando que la situación militar y en materia de seguridad en Somalia sigue siendo peligrosa e impredecible; que la misión de la Amisom ha conseguido rechazar el avance de la milicia islamista Al-Shabaab y ha desplegado un contingente de 100 soldados en Baidoa; que, recientemente, Kenia ha intervenido militarmente en la región central y meridional de Somalia pero no ha conseguido derrotar de forma decisiva a la milicia Al-Shabaab; que, en febrero de 2012, las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía intervinieron en las regiones de Hiraan y Bay; que Human Rights Watch ha dado a conocer casos de violaciones de los derechos humanos, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias así como represalias ilegales contra la población civil perpetradas por las fuerzas etíopes y las milicias leales al Gobierno Federal de Transición; y que la vecina Eritrea ha sido acusada por el Grupo de Vigilancia de las Sanciones de las Naciones Unidas de suministrar armas, formación y apoyo financiero a Al Shabaab, vulnerando así el embargo de armas impuesto por dicha organización;

U.

Considerando que un final para la crisis de Somalia, mientras dependa de la estabilidad traída por las operaciones de la Unión Africana en el país, solo se puede lograr preservando y apoyando la estabilidad social y política, lo que supone que las partes implicadas en las operaciones militares también tendrán una importante responsabilidad en el apoyo, con todos los medios necesarios, a las autoridades locales, para el periodo posterior al cese de las operaciones militares;

V.

Considerando que las acciones militares internacionales no pueden nunca por sí solas instaurar una seguridad, una estabilidad y una paz duraderas a menos que vayan acompañadas de programas de desarrollo democrático;

W.

Considerando que el fallecimiento del Primer Ministro Meles Zenawi probablemente tenga profundas consecuencias nacionales y regionales, creando una oportunidad para que los nuevos líderes abran el espacio político, deroguen las leyes represivas e inicien un diálogo político inclusivo hacia una transición democrática; considerando que la creación de un gobierno inclusivo elegido democráticamente en Etiopía es el único modo de evitar la expansión de la inestabilidad, el radicalismo y el malestar en el país, que amenaza el papel de Etiopía en la lucha contra el terrorismo;

X.

Considerando que en las elecciones parlamentarias de mayo de 2010, el FDRPE obtuvo 545 de los 547 escaños en disputa, lo que llevó la Misión de Observación Electoral de la UE a manifestar que los comicios no se desarrollaron con arreglo a las normas internacionales;

Y.

Considerando que Etiopía recibe más ayuda exterior que cualquier otro país africano, proveniente de los Estados Unidos y de la Unión Europea;

Z.

Considerando que, transcurridos 20 años desde su independencia, y bajo el régimen del Presidente Issaías Afewerki, Eritrea es uno de los países más represores y cerrados del mundo, con un historial tremendamente pobre en materia de derechos humanos, que incluye el encarcelamiento, las torturas y el asesinato de sus ciudadanos; considerando que, el 5 de julio de 2012, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una Resolución que condenaba enérgicamente las violaciones continuas, extendidas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las autoridades de Eritrea, las graves restricciones a la libertad de opinión y expresión y el alistamiento obligado de ciudadanos por periodos indefinidos, y nombraba también un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, para romper el aislamiento del país, investigar e informar de los abusos; considerando que el ciudadano sueco-eritreo Dawit Isaak ha permanecido encarcelado en Eritrea, en prisión incomunicada y sin juicio desde hace 11 años;

Aa.

Considerando que los Presidentes de Sudán y de Sudán del Sur firmaron, el 26 de septiembre de 2012, un esperado acuerdo de cooperación, que establece la reanudación del flujo de crudo desde el sur hacia el norte, la desmilitarización de la zona de seguridad a lo largo de la frontera, la reapertura del comercio transfronterizo y la libertad de circulación para ciudadanos de ambos países; considerando que ambos países aún deben alcanzar un acuerdo sobre la situación de Abiyei y de otras regiones en disputa;

Ab.

Considerando que Sudán del Sur se enfrenta a serios desafíos políticos, económicos y de seguridad, en especial en lo relativo a la violencia entre comunidades y a la falta de estructuras sólidas de gobierno; considerando que, según informaciones, el actual proceso de desarme de civiles, conocido como «Operation Restore Peace», iniciada en marzo de 2012 en respuesta a la violencia entre comunidades en el Estado de Jonglei, ha provocado abusos contra civiles por parte de las fuerzas armadas;

Ac.

Considerando que sigue sin haber paz en Darfur, al oeste de Sudán, y en los Estados meridionales de Kordofán del Sur y Nilo Azul; considerando que las organizaciones de derechos humanos continúan informando sobre bombardeos indiscriminados en zonas civiles por parte de las fuerzas gubernamentales, sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, saqueos masivos y destrucción de propiedad; considerando que la violencia actual ha desatado una prolongada y preocupante crisis humanitaria;

Ad.

Considerando que el acceso a la población sigue siendo uno de los principales problemas para hacer frente a las urgencias humanitarias en los países del Cuerno de África;

Ae.

Considerando que la Comisión se dispone a elevar a 158 millones de euros la ayuda humanitaria total a las poblaciones víctimas de la sequía que afecta a los países del Cuerno de África;

Af.

Considerando que, en la Conferencia internacional de donantes celebrada en Addis Abeba, los principales Estados miembros de la Unión Africana se comprometieron a liberar casi 350 millones de dólares para los países afectados por la sequía;

Ag.

Considerando que el Cuerno de África, y en particular Somalia, se ha visto afectado por una severa crisis de hambruna debido a la sequía, que ha provocado una grave crisis humanitaria que afecta a más de 12 millones de personas en la región, y a más de 7,5 millones en Somalia; considerando que la crisis de hambruna no solo ha causado la muerte de muchas personas, especialmente niños, sino que ha provocado también un movimiento de refugiados a gran escala hacia las vecinas Kenia y Etiopía; considerando que la Comisión incrementó su ayuda humanitaria de 9 millones de euros en 2008 a 46 millones de euros en 2009, pero que luego redujo dicha ayuda a 35 millones de euros en 2010 y a 30 millones de euros en 2011, considerando que, posteriormente, revisó la asignación al alza, a 77 millones de euros, pero solo a raíz de la grave sequía del verano de 2011;

Ah.

Considerando que cualquier mejora importante en la situación humanitaria de la región estará interrelacionada con todos los demás objetivos que persigue la Unión en el Cuerno de África, y que cualquier solución sostenible a los diferentes conflictos que asolan la región, por tanto, tendrá que tomar en consideración las necesidades de los desplazados internos, la actual crisis de refugiados y sus causas, como la inseguridad alimentaria estructural, los conflictos y los efectos del cambio climático, prestando especial atención a los grupos de población más vulnerables, como las mujeres y los niños;

Ai.

Considerando que los donantes y actores políticos importantes de la región incluyen no solo actores políticos y de desarrollo tradicionales como la UE, los Estados Unidos de América y las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y el Banco Mundial, sino también Turquía, Egipto, los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (en particular Qatar) y la Organización de Cooperación Islámica; considerando que China ha venido jugando un papel fundamental en el fomento del desarrollo de infraestructuras y capacidades económicas en el Cuerno de África, proporcionando préstamos ad hoc a bajo interés que no van acompañados de la condición de que los países lleven a cabo reformas eficaces, y que a menudo actúan como un incentivo para obtener acceso privilegiado a los recursos naturales y a los mercados del país;

Aj.

Considerando que la UE es el principal proveedor de asistencia internacional y ayuda humanitaria al Cuerno de África, y que contribuye al desarrollo y la seguridad en la región, en tierra como en mar;

Ak.

Considerando que el establecimiento de un entorno seguro para el comercio y el transporte es el principal camino hacia la estabilización y el desarrollo de la región, tanto por tierra como por mar;

Al.

Considerando que la venta ilegal de marfil se ha convertido en una de las fuentes de ingresos más importantes para milicias como Al-Shabaab, así como para las fuerzas armadas oficiales, debido al enorme aumento de la demanda por parte de países asiáticos; considerando que, según CITES, la caza furtiva de elefantes ha alcanzado los peores niveles de la década y que la incautación registrada de marfil alcanza su nivel más alto desde 1989;

Am.

Considerando que, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se ha depositado a lo largo de la costa somalí un gran número de transportes ilegales de residuos tóxicos, cuyos contenedores registran pérdidas, con total desprecio de la salud de la población local y de la conservación del medio ambiente; considerando que, según el mismo informe, los residuos arrojados al mar tienen en parte su origen en la UE, y perjudican irreversiblemente a la salud humana y al medio ambiente de la región, en flagrante violación de los derechos humanos;

An.

Considerando que, en la actualidad, ninguno de los ocho Objetivos del Milenio para el Desarrollo está en vías de alcanzarse en la región, y solo mediante una muestra decidida de voluntad política se puede lograr algún avance en los tres años que quedan antes de que finalice el plazo en 2015;

Ao.

Considerando que la irracionalidad y los extremismos políticos encuentran acogida en situaciones de miseria o de hambruna; considerando que catorce meses después de la declaración oficial por parte de Naciones Unidas de la primera hambruna del siglo XXI, acontecida en el Cuerno de África, la situación humanitaria ha mejorado relativamente, pero sin que se hayan abandonado los niveles críticos;

Ap.

Considerando que el avance en la reducción de la pobreza ha sufrido reveses en el Cuerno de África debido a las crisis de alimentos y combustible, junto con la crisis económica y financiera global y el impacto del cambio climático;

Aq.

Considerando que, en marzo de 2012, la FAO estimó que más de ocho millones de personas necesitan asistencia en el Cuerno de África (de ellas, 3,2 millones en Etiopía, 2,5 millones en Somalia, 2,2 millones en Kenya y 180 000 en Yibuti); y considerando que, en 2011, la región sufrió la mayor sequía de los últimos 60 años, que afectó a más de 13 millones de personas, de las que cientos de miles tuvieron que abandonar sus hogares y decenas de miles murieron;

Ar.

Considerando que la labor de la Corte Penal Internacional en el Cuerno de África, a la hora de llevar a los autores de actos delictivos ante la justicia y luchar contra la impunidad, se está viendo obstaculizada por algunos países de la región;

As.

Considerando que, para continuar su trabajo de ayuda humanitaria, así como para invertir en la capacidad de recuperación en Somalia, Kenya y Etiopía, Unicef necesita un total de 273 millones de dólares para 2012, de los que, hasta finales del pasado mes de julio solo había recibido un 33 %;

1.

Acoge con satisfacción la estrategia de la UE para el Cuerno de África y en particular su exhaustivo enfoque basado en tratar las cuestiones de seguridad y estabilidad, haciendo cumplir el Estado de Derecho y garantizando el debido proceso que debe incluir mecanismos y procedimientos funcionales de aplicación de la ley, así como un sistema judicial independiente, a la vez que aborda sus causas, en particular a través de estrategias de desarrollo y humanitarias basadas en objetivos claros; insta a que se aplique plenamente la estrategia de la UE para el Cuerno de África y apoya sus cinco componentes basados en:

subraya la importancia de promover el crecimiento económico y reducir la pobreza, respondiendo a las necesidades básicas de la población;

2.

Señala que toda solución sostenible a los numerosos conflictos de la región solo puede prosperar si antepone los principios de la buena vecindad sobre la rivalidad y los contenciosos fronterizos, de la no interferencia y la cooperación entre Estados, del desarrollo sostenible y el acceso compartido, equitativo y justo a los recursos, con oportunidades económicas para todos, sin discriminación; observa que esto requiere esfuerzos de transformación en términos de consolidación de la paz, mediación y reconciliación, así como el fin de la impunidad en colaboración con la Corte Penal Internacional, y el pleno respeto por el Derecho internacional humanitario —incluido el acceso sin trabas de la población a la ayuda humanitaria— y por los derechos humanos; toma nota de que la Unión, en estrecha cooperación con los organismos regionales, debe jugar un papel en el apoyo a estos procesos, en la lucha contra la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre, y en facilitar la desmovilización, el desarme y la reintegración de los antiguos combatientes, pero subraya que compete en última instancia solo a los pueblos del Cuerno de África, como actores únicos, conseguir que la región logre la paz duradera, la estabilidad, la prosperidad, además de un gobierno responsable y el Estado de Derecho;

3.

Acoge con satisfacción la designación del Representante Especial de la Unión Europea (REUE) para el Cuerno de África, tal como pedía el Parlamento en la mencionada Resolución de 10 de mayo de 2007 sobre el Cuerno de África; insta a la Vicepresidenta/Alta Representante y a la Comisión Europea a apoyar activamente la labor del REUE, asegurándole recursos financieros y humanos adecuados y un acceso directo a las estructuras y misiones de la PCSD, así como a las estructuras de política y programas de ayuda humanitaria y desarrollo de la Comisión; recuerda que en su Resolución el Parlamento Europeo pedía al REUE para el Cuerno de África que le presentara informes periódicos; celebra a este respecto sus informes periódicos al Parlamento y le invita a continuar con el diálogo y el intercambio de puntos de vista con sus diputados sobre una base regular; también acoge con satisfacción la designación de un REUE para Sudán y Sudán del Sur; considera que, con vistas a asegurar la plena consulta y coordinación de acciones, los dos Representantes Especiales deben ser consultados de forma regular por los servicios de programación competentes para los instrumentos financieros de la acción exterior de la UE, y deben proporcionarles asesoramiento político y estratégico regular; señala el valor del diálogo periódico y de la coordinación entre los dos REUE y los Jefes de las Delegaciones de la UE en la región.

4.

Opina que podrían invertirse más recursos en la IGAD con el fin de promover un sistema de buena gobernanza así como un diálogo político efectivo y mecanismos de creación de consenso en todos sus Estados miembros y entre ellos; pide a la UE que facilite esta función implicándose más en su proceso de creación de capacidades internas; recuerda que revestirá la mayor importancia promover un marco institucional regional para el diálogo y la coordinación entre los países de la región, con particular referencia a Etiopía, Kenia y Uganda, como actores clave en la región, que necesitarán proseguir sus esfuerzos de coordinación y perseguir objetivos compartidos; recuerda además que la IGAD puede proporcionar un marco adecuado para el diálogo y la coordinación con respecto a la explotación de recursos naturales vitales como el agua;

5.

Pide a la Comisión Europea que prevea una ayuda y un apoyo para todos los países africanos que se han comprometido militarmente a mantener la paz en los países del Cuerno de África y, en particular, en Somalia;

6.

Celebra la decisión de la UE de ofrecer más apoyo a la misión AMISOM, que le permita cumplir su mandato y alcanzar un contingente total de 17 731 efectivos, tal y como han autorizado las Naciones Unidas;

7.

Cree que los resultados de la Amisom en la lucha contra Al-Shabaab, como el haber recobrado el control de Kismayo, confirman la importancia estratégica del apoyo a la Unión Africana; destaca, por consiguiente, la importancia de promover el proceso institucional de la UA, de creación de capacidades y de buena gobernanza, así como sus capacidades de respuesta en la gestión de crisis y a nivel militar; acoge con satisfacción el establecimiento de una Delegación de la UE para la Unión Africana en Adís Abeba;

8.

Pide que se conceda ayuda urgentemente a los sistemas judicial y penitenciario de los países que han cooperado con la UE en el traslado de sospechosos de piratería (Kenia, Seychelles y Mauricio) y que se apoye a las autoridades somalíes para garantizar que tienen la capacidad judicial y legal adecuada de conformidad con el Derecho internacional, y en particular con el Derecho internacional en materia de derechos humanos, que les permita tratar a los piratas y militantes de Al-Shabaab; subraya, al mismo tiempo, la importancia de ofrecer a los piratas capturados un proceso de rehabilitación y de reintegración en la sociedad;

9.

Deplora que numerosos piratas y otros delincuentes todavía no hayan sido detenidos o, cuando lo han sido, hayan sido liberados después por falta de pruebas sólidas o de voluntad política de procesarlos, y ello a pesar de la ayuda prestada por la UE para el refuerzo del Estado de Derecho en la región, de la existencia de acuerdos de transferencia celebrados por la Unión con terceros países (Kenia, Seychelles, Mauricio) y los acuerdos bilaterales de repatriación de los piratas condenados entre las Seychelles, Puntlandia y Somalilandia, y de los distintos marcos jurídicos internacionales pertinentes;

10.

Acoge con gran satisfacción el Informe de las Naciones Unidas, de 25 de enero de 2011, que resalta 25 propuestas, elaborado por Jack Lang, Asesor Especial de las Naciones Unidas para Asuntos Jurídicos relacionados con la Piratería en las Costas de Somalia; también celebra los informes de seguimiento elaborados por Jack Lang, como el informe sobre las modalidades para el establecimiento de tribunales somalíes especializados contra la piratería, de 15 de junio de 2011, y el informe del Secretario General sobre los tribunales especializados contra la piratería en Somalia y otros Estados de la región, de 20 de enero de 2012; insta a la Vicepresidenta/Alta Representante, al REUE, a los tres Jefes de Misión y al Jefe de la Delegación que traten las propuestas elaboradas por Jack Lang como asuntos prioritarios y que desarrollen una estrategia sobre la contribución de la UE al enfoque internacional a la jurisdicción penal en el territorio de Somalia;

11.

Reitera su petición a los Estados miembros de que, en colaboración con Europol e Interpol, investiguen y rastreen los flujos de dinero y confisquen las sumas pagadas como rescate a los piratas, pues existen indicios de que ese dinero se envía a cuentas bancarias en todo el mundo, incluyendo a bancos de Europa, y les insta además a que detecten y desmantelen las redes delictivas organizadas que recogen los beneficios de tales actos; pide al Consejo que facilite una mayor cooperación entre la Eunavfor y Europol e Interpol;

12.

Insta a todos los países de la región a colaborar con la CPI, y recuerda la obligación vinculante de los signatarios y de los que han ratificado el Estatuto de Roma; celebra igualmente los recientes acontecimientos en la CPI, que permiten llevar a cabo investigaciones en Estados que no son parte o que no han ratificado el Estatuto de Roma;

13.

Pide a las instituciones de la Unión Europea que permanezcan vigilantes y activas ante la transición política que se inicia en Etiopía y ante los avances democráticos que comienzan a darse en Somalia;

14.

Considera deseable aprovechar la oportunidad surgida por la apertura de la sucesión al Primer Ministro etíope, Meles Zenawi, que falleció el 20 de agosto de 2012, por la elección del nuevo Presidente somalí y por las próximas elecciones legislativas en Kenia en 2013, para:

15.

Celebra que, al expirar el plazo prescrito por la hoja de ruta del CPS, tal como fue adoptada por la Resolución 2046 (2012) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Sudán y Sudán del Sur hayan alcanzado un acuerdo sobre los recursos petroleros; espera que dicho acuerdo resuelva asimismo, de un modo definitivo y en el plazo más breve posible, el problema del transporte de petróleo de Sudán del Sur.

16.

Agradece la importante contribución aportada por la operación EU NAVFOR — Atalanta en su esfuerzo por luchar contra la piratería y mejorar la seguridad marítima frente a las costas de Somalia; subraya su papel a la hora de proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentos, que facilitan ayuda al país, y a otras naves vulnerables, así como a AMISOM; acoge con satisfacción la decisión del Consejo de 23 de marzo de 2012 que prolonga la operación EU NAVFOR — Atalanta hasta diciembre de 2014 y amplía su mandato para atacar las bases operativas de los piratas en la costa; insta a los Estados miembros a asegurar que EU NAVFOR Atalanta está adecuadamente apoyada con buques de vigilancia y patrulla apropiados, teniendo en cuenta que los actuales logros en la lucha contra la piratería son reversibles, así como con los medios de la comunidad internacional para perseguir a los piratas y a sus financieros y redes, reconociendo que las medidas más eficaces contra la piratería han sido, de hecho, las medidas de protección a bordo de los buques que han instalado las compañías de navegación; celebra en este contexto las recientes peticiones de la industria marítima para la regulación de las empresas de seguridad marítima privada, y pide a la Organización Marítima Internacional, a los Estados de abanderamiento y a la industria marítima que trabajen juntos en el desarrollo y la aplicación de normas acordadas internacionalmente que sean claras, coherentes y aplicables relativas al uso de personal armado de seguridad privada a bordo de los buques, y a las empresas privadas de seguridad marítima a actuar en estricto cumplimiento con dichas normas;

17.

Señala la importancia de la cooperación entre EU NAVFOR y las otras misiones internacionales que operan en la región, en especial la operación con base en tierra Amisom, y considera que las buenas relaciones y la estrecha colaboración, incluida la información compartida, son las claves para garantizar una Somalia estable; recuerda que EU NAVFOR-Atalanta y otras operaciones navales como la operación Escudo del Océano de la OTAN solo podrán disuadir y contener la piratería con éxito si se aplica una estrategia exhaustiva en el Cuerno de África, y en particular en Somalia, para abordar los motivos que llevan a los somalíes a la piratería y a la actividad delictiva por dinero; observa que la misión actual de la OTAN contra la piratería, la operación Escudo del Océano, ha tenido éxito en dos operaciones más breves contra la piratería, de octubre de 2008, para proteger los envíos del Programa Mundial de Alimentos;

18.

Acoge con satisfacción la decisión adoptada por el Consejo de Asuntos Exteriores el 12 de diciembre de 2011 de lanzar la misión de desarrollo de capacidades marítimas regionales, conocida como EUCAP Nestor, que tendrá por objeto reforzar las capacidades marítima y judiciales de los jueces y la policía costera en consulta y con el consentimiento de las comunidades locales en cinco países de la región del Cuerno de África y del Océano Índico Occidental; pide a todos los Estados miembros que doten de recursos humanos a la nueva misión sin más dilación, con personal civil y militar competente; pide una estrecha coordinación con otras iniciativas, incluyendo el proyecto Marsic de la UE, en el marco del programa de Rutas Marítimas Críticas patrocinado por el Instrumento de Estabilidad y el programa regional MASE (Maritime Security Programme), iniciado por los países de la región del Este y Sur de África y del Océano Índico, que apoya la UE, y cuyo objetivo es atajar la piratería en tierra y mejorar las capacidades judiciales para detener, trasladar, retener y procesar a los sospechosos de piratería; considera que únicamente reforzando las capacidades de seguridad costeras de los países ribereños, animando a la adhesión al manual de buenas prácticas BMP-4 para la navegación, y con unas normas mejores para la industria de la seguridad marítima, podrá la comunidad internacional alcanzar el objetivo más general de estabilidad y seguridad en la región y, por consiguiente, de reducir la necesidad de patrullas navales en la zona;

19.

Acoge con satisfacción la decisión de julio de 2011 de prolongar y reenfocar el mandato de la Misión de Entrenamiento de la UE (EUTM) basada en Uganda; pide, no obstante, que se haga un cribado y un seguimiento mejores de la conducta de todos los reclutas entrenados por la EUTM, para garantizar que no se acepte en el programa a menores o a afiliados a grupos militantes y que se integren en el ejército somalí, y que cualquier deserción sea notificada e investigada de forma inmediata; pide igualmente a la UE a ese respecto que asuma un papel en la estrecha vigilancia de la cadena de pagos para las fuerzas armadas, con el fin de asegurar que llegan a los beneficiarios y que generan motivación, adhesión y compromiso, asegurando así la capacidad de autonomía de las futuras fuerzas de seguridad de Somalia;

20.

Subraya la necesidad de una coordinación estratégica entre todos los actores implicados en la seguridad, en particular EU NAVFOR — Atalanta, EUTM Somalia y EUCAP Nestor, así como la OTAN (Operación Escudo del Océano), la fuerza marítima CTF-151 (liderada por los Estados Unidos), las Naciones Unidas y Amisom; toma nota de la existencia de mecanismos de coordinación internacional, como el Grupo de Contacto sobre la piratería frente a las costas de Somalia (CGPCS) en Nueva York y el mecanismo Conocimiento Común y Supresión de Conflictos (SHADE) en Baréin; acoge con satisfacción, por tanto, la decisión del Consejo de 23 de marzo de 2012 de activar, por un periodo inicial de dos años, el Centro de Operaciones de la UE con el fin de coordinar y aumentar las sinergias entre las tres misiones de la PCSD en el Cuerno de África, así como las estructuras con base en Bruselas, en el contexto de la Estrategia del Cuerno de África y en colaboración con el Representante Especial de la UE para el Cuerno de África;

21.

Observa que existen signos de que el LRA pueda estar extendiendo su radio de actuación, implicando a más países en la lucha y poniendo en riesgo a más niños; recuerda que la lucha contra el LRA y la búsqueda de su líder, Joseph Kony, ha dependido en gran medida de la financiación, el equipamiento y el apoyo logístico de los Estados Unidos de América; pide a la UE coordinación con los Estados Unidos para suministrar la ayuda adicional necesaria en la lucha contra el LRA, bajo la supervisión de la Unión Africana;

22.

Denuncia la falta de aplicación de las disposiciones reglamentarias de CITES; pide a la Comisión y al Consejo que fomenten la creación de un sistema de certificación y control de las importaciones de marfil a la UE, de forma parecida al exitoso proceso de Kimberley;

23.

Acoge con satisfacción la Estrategia de la UE para el Cuerno de África, que comprende no solo aspectos de seguridad y política humanitaria, sino también una política de desarrollo a más largo plazo y el logro de los objetivos de desarrollo del milenio; subraya la importancia de esta visión a más largo plazo de la política de desarrollo, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que coordinen sus políticas a este respecto y que utilicen programaciones conjuntas para los diferentes países y la región tan pronto como sea posible;

24.

Considera que un Cuerno de África estable y seguro tendría un impacto positivo en materia de política y seguridad que trascendería la región, también en materia de inversiones y rutas de navegación segura en el Océano Índico; opina, por tanto, que se debe iniciar, a nivel del G-20, una reflexión sobre las estrategias para fomentar la seguridad y la estabilidad en la región, y sobre la coordinación para ofrecer los recursos financieros necesarios para implementar un enfoque exhaustivo; toma nota, a este respecto, de la positiva experiencia de la conferencia de Somalia, celebrada en Londres en febrero de 2012, y anima a la Vicepresidenta/Alta Representante a explorar la posibilidad de celebrar una conferencia similar en 2013;

25.

Opina que también se debe considerar al Cuerno de África como una zona con un gran potencial económico, concretamente mineral y agrícola; pide, por tanto, al Consejo, a la Comisión, al SEAE y al BEI, en coordinación con otros donantes multilaterales e instituciones financieras, que identifiquen proyectos de interés común para los países de la región que puedan fomentar la cooperación y la interdependencia positiva, por ejemplo, en materia de suministro energético, incluidas las energías renovables, y de recursos naturales, como el agua; resalta la importancia del comercio transfronterizo, del acceso a los mercados internacionales, de la infraestructura portuaria y de la provisión de corredores adecuados de acceso a los puertos para países sin litoral, como elementos cruciales para el desarrollo económico a largo plazo del Cuerno de África; pide a la Comisión que elabore un análisis detallado de la dimensión y el impacto en términos económicos, medioambientales y sociales de la práctica de arrendamiento de tierras a terceros países en el Cuerno de África, y que proponga posibles estrategias y mecanismos de salvaguardia;

26.

Considera que el fortalecimiento de la seguridad regional y la lucha contra el terrorismo y la piratería, si bien son indispensables, no deben eclipsar la absoluta necesidad de apoyar, en primer lugar, la erradicación de la pobreza en la región, en particular a la vista de que, en virtud de su tratado fundacional, la UE debe tener en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo, el primero de los cuales contempla la reducción y la erradicación de la pobreza, al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo (artículo 208, apartado 1, del TFUE); observa que todos los países del Cuerno de África son países en desarrollo, y que, a excepción de Sudán y de Sudán del Sur, que no han firmado el Acuerdo de Cotonou, han recibido dos mil millones de euros en concepto de ayuda al desarrollo (de los que 644 millones se destinaron a Etiopía, exclusivamente) en relación con los Programas indicativos nacionales y regionales en el marco del 10 o FED (2008-2013); señala que, durante el mismo período, y siempre en el marco del 10 o FED, la región del África Oriental, el África Meridional y el Océano Índico recibe 619 millones de euros (en parte, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, IGAD), cuyo objetivo es erradicar la pobreza en los países de la región y ayudarles a alcanzar los Objetivos del Milenio para el Desarrollo; recuerda, para terminar, que el Fondo de Apoyo a la Paz para África, un subinstrumento del FED, brinda ayuda financiera a la Amisom;

27.

Considera que, en su calidad de principal distribuidor mundial de ayuda al desarrollo y de ayuda humanitaria en la región, la Unión Europea (los Estados miembros y la Comisión), en parte gracias a la centralización de sus actividades diplomáticas en torno al SEAE y al REUE, al éxito de la operación Atalanta, y como consecuencia de la presencia diplomática y militar en la región de algunos Estados miembros, podría hacer más para erradicar la pobreza endémica en la región y las zonas de anarquía y caos en ella existentes;

28.

Considera oportuno aprovechar la ocasión que representa la elección el 10 de septiembre de 2012 del nuevo Presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, para trabajar, utilizando el marco estratégico para el Cuerno de África, y con el apoyo del Representante Especial en la región, así como del SEAE y de los diplomáticos nacionales y de la Unión Africana, en aras del establecimiento de relaciones diplomáticas y económicas normales entre Etiopia y Eritrea y de la resolución de la crisis en Somalia, ya que ello redundaría en beneficio del desarrollo de toda la región; señala que la región de los Grandes Lagos, que bordea la región del Cuerno de África en sus fronteras occidentales, es también una de las regiones más inestables del mundo, en la que se encuentran países en clara situación de subdesarrollo víctimas de la violencia armada, como la República Democrática del Congo, e incluso en guerra con uno o más de sus vecinos, como, por ejemplo, las tensiones entre la República Democrática del Congo y Ruanda, que forma parte, en términos generales, del Cuerno de África; pone de relieve que, al aplicar la Estrategia de la UE para el Cuerno de África, no debemos ignorar su impacto potencial en el desarrollo tan necesario de las regiones vecinas, en particular, la región de los Grandes Lagos, el África Central y el África Meridional.

29.

Acoge con satisfacción, en aras tanto de la ayuda regional al desarrollo como de la ayuda humanitaria, el nuevo plan para el Cuerno de África propuesto por la Comisión en 2012 conocido como SHARE (Supporting Horn of Africa Resilience, Apoyo a la resistencia en el Cuerno de África), cuyo objeto es convertirse en un instrumento que vincule la ayuda humanitaria a corto plazo y el desarrollo a largo plazo con el fin de romper el círculo vicioso de las crisis que afectan a la región; apoya plenamente a la Comisión en lo relativo al fortalecimiento de la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo (VARD); solicita que la Unión trabaje en el marco de este programa con el fin de procurar diversos medios de subsistencia y un mejor acceso a los mercados y a la información a fin de impulsar los ingresos domésticos de las poblaciones pastoriles, agropastoriles, fluviales, costeras, urbanas y periurbanas, mejorar el acceso a los servicios sociales básicos y orientarse hacia la oferta de niveles fiables y predecibles de apoyo a las poblaciones en riesgo crónico o estacional;

30.

Manifiesta su satisfacción por el nuevo programa SHARE de la Unión Europea, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de resistencia de los países del Cuerno de África ante las distintas amenazas de que son víctimas; insiste, no obstante, en que dicho programa se coordine con la Estrategia de la Unión Europea para el Sahel, que se enfrenta a los mismos retos (terrorismo, tráfico de drogas, cambio climático, afluencia de refugiados y personas desplazadas, etc.);

31.

Considera que es fundamental apoyar la agricultura, el pastoreo y la ganadería en los países del Cuerno de África, y celebra el importante trabajo realizado en estos ámbitos por las ONG;

32.

Pide a la Comisión Europea que apoye todos los programas de acceso al agua, como derecho fundamental y bien común de la humanidad, así como a todas las asociaciones públicas y privadas que tengan por objeto el acceso al agua potable;

33.

Insiste en que, siempre que sea posible, la ayuda de la UE al Cuerno de África no debería tomar la forma de apoyo presupuestario directo, sino que debería concederse con el fin de lograr objetivos específicos sobre la base de indicadores de rendimiento claros; considera que, en caso de que la ayuda tenga que prestarse en forma de apoyo presupuestario directo, esta se condicione al logro de objetivos específicos; opina que los programas destinados a apoyar la Estrategia de la UE para el Cuerno de África deberían poder beneficiarse de la unión de recursos, a saber, que la financiación para dichos programas esté abierta a otros donantes internacionales sobre la base de normas comunes claras, con el fin de facilitar un enfoque coordinado y uniforme por parte de todos los donantes y un mínimo riesgo de enfoques conflictivos o de duplicidad; considera que, de modo similar, la UE debería poder participar en la financiación de programas de terceros en la región, siempre que se garantice el pleno respeto de las normas en materia de ayuda financiera de la UE a terceros países;

34.

Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que continúen proporcionando ayuda humanitaria neutral, imparcial e independiente a las poblaciones vulnerables, y que ayuden a los países de la región a reforzar sus capacidades nacionales por medio de estrategias de reducción del riesgo de desastres y programas de cooperación al desarrollo a largo plazo en materia de preparación para las sequías, agricultura, desarrollo rural y seguridad alimentaria;

35.

Destaca que — si bien es cierto que la causa de la tragedia alimentaria en el Cuerno de África (al igual que en el Sahel) tiene su origen en las sequías reiteradas, en las malas cosechas y en el aumento de los precios — debe tenerse en cuenta que, además de estos motivos coyunturales (si bien la sequía hoy en día se puede considerar ya estructural), existen otros de suma importancia, tales como la desestructuración de las comunidades y el desaforado fomento de la agroexportación en detrimento de la soberanía alimentaria y de la producción agrícola para consumo propio y venta en mercados nacionales;

36.

Señala que el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales constituye un elemento invariable del fundamento del compromiso de la Unión con sus socios de terceros países; expresa, por tanto, su grave preocupación por los informes sobre detenciones arbitrarias, maltrato a presos y violencia contra manifestantes, además de las medidas represivas contra la oposición política, incluida la censura y la detención arbitraria de periodistas y activistas, que se han producido en toda la región; pide a las autoridades del Cuerno de África que respeten estos principios fundamentales y liberen a todos los presos políticos sin condiciones;

37.

Expresa su profunda preocupación por la apropiación de tierras en África, que amenaza con socavar la seguridad alimentaria local y aumentar la hambruna; pide a los gobiernos del Cuerno de África y a la UE que evalúen las repercusiones actuales de la adquisición de tierras en la pobreza rural y en la actual crisis de hambruna; insta a la Comisión a integrar el problema de la apropiación de tierras en su diálogo político con los países en desarrollo, con el fin de aplicar la coherencia política;

38.

Expresa su preocupación por el supuesto vertido ilegal de residuos por parte de empresas de la UE y redes criminales; recuerda que el vertido ilegal de residuos constituye una gran preocupación para la población somalí que vive en el litoral; pide a la Vicepresidenta/Alta Representante y a la Comisión que encarguen con carácter urgente una investigación, a cargo de un organismo independiente, que incluya la recogida de pruebas y muestras y, según el resultado de las pesquisas, considere la posibilidad de emprender medidas legales, incluidas las indemnizaciones a cargo de empresas europeas, los Estados miembros de la UE y la propia UE;

39.

Reconoce que resulta crucial mantener la ayuda humanitaria independiente e imparcial para toda la población afectada por los conflictos en el Cuerno de África, y continuar con una financiación adecuada, particularmente para Somalia; resalta que cualquier reducción en la ayuda podría devolver a la población somalí a una crisis humanitaria; subraya que, además de la ayuda humanitaria, son necesarios esfuerzos como la iniciativa SHARE (Supporting the Horn of Africa's Resilience) de la Unión Europea, para garantizar la capacidad de recuperación y mejores medios de subsistencia para la población local;

40.

Insiste en que los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres, de los niños, del colectivo LGTB y de las minorías religiosas, se han ignorado durante mucho tiempo en la región, y observa que el islamismo sectario se ha extendido por zonas del Cuerno de África y amenaza la libertad de las minorías;

41.

Subraya la importancia del apoyo europeo a la sociedad civil; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la ayuda coordinada a la sociedad civil, tanto en el seno de los países como a nivel regional y transfronterizo;

42.

Subraya la importancia de la continua ayuda a Sudán de Sur con vistas a crear y mantener una sociedad civil eficaz; cree firmemente que el nuevo instrumento para la promoción de la democracia y los derechos humanos debe incluir líneas de financiación ad hoc para el Cuerno de África; cree que debería estudiarse la posibilidad de ampliar el Fondo Europeo para la Democracia a países del Cuerno de África;

43.

Acoge con satisfacción los acuerdos alcanzados entre Sudán y Sudán del Sur para continuar con la exportación de petróleo y la desmilitarización de la frontera, y pide a ambos países que respeten dichos acuerdos; pide a cada uno de los dos países que dejen de acoger o de apoyar a grupos rebeldes del otro Estado; insta a continuar con las negociaciones sobre la demarcación de fronteras entre los dos países, con el fin de evitar más brotes de conflicto, que pondrían en peligro el reciente acuerdo sobre los ingresos derivados del petróleo y amenazaría la estabilidad regional y recomienda que ambos líderes continúen con las conversaciones con el fin de alcanzar cuanto antes un acuerdo sobre el estatus de Abiyei y otras áreas en disputa, conforme a la Hoja de Ruta de la UA y a la Resolución 2046 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; felicita al grupo de alto nivel del ex Presidente Mbeki, financiado en parte por la Unión Europea, por los éxitos obtenidos en sus esfuerzos de negociación y mediación entre Sudán y Sudán del Sur, y ello con el apoyo de la Unión Africana; pide al REUE para Sudán y Sudán del Sur que se coordine con el jefe de las Delegaciones en Sudán y Sudán del Sur para asegurar que el compromiso, los esfuerzos políticos y la ayuda de la UE mantienen un alto grado de visibilidad;

44.

Acoge favorablemente los memorandos de entendimiento celebrados, por separado, entre el Gobierno sudanés y el SPLM (norte), junto con las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Liga de Estados Árabes, para hacer posible el transporte de ayuda humanitaria a las poblaciones civiles de los Estados del Nilo Azul y Kordofán del Sur;

45.

Manifiesta su preocupación por el resurgir de la violencia en el Estado de Jonglei en Sudán del Sur, pues amenaza los avances realizados para el restablecimiento de la paz y la seguridad en la región; respalda la investigación solicitada por la UNMISS y reclama sanciones contra los culpables; pide al Gobierno de Sudán del Sur que:

destaca la importancia de la ayuda continuada de la UE a Sudán del Sur, con vistas a proporcionar creación de capacidades para la administración pública y las autoridades que aplican la ley en el país, a crear y mantener una sociedad civil eficaz y a promover la buena gobernanza; insta a la UE a presionar para que Sudán del Sur ratifique los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos y a ayudar a las autoridades del país en su aplicación; condena los abusos contra civiles a cargo de las fuerzas armadas en el proceso de desmilitarización, y pide al Gobierno de Sudán del Sur que lleve a cabo una investigación independiente sobre los hechos, para que los soldados implicados sean declarados responsables y se garantice reparación a las víctimas;

46.

Condena enérgicamente todos los actos de violencia perpetrados contra civiles en Sudán en violación del Derecho internacional humanitario y de la legislación sobre derechos humanos; insta a la UE y a la comunidad internacional a acordar un enfoque unificado para abordar la protección de los civiles y terminar con las violaciones de los derechos humanos, especialmente en Darfur, Kordofán del Sur y Nilo Azul; pide al Gobierno de Sudán y al SPLM/Norte que inicien inmediatamente conversaciones directas con vistas a acordar un cese total de las hostilidades y alcanzar un acuerdo político sobre la base del Acuerdo Marco del 28 de junio de 2011, tal y como estipula la Resolución 2046 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; destaca la importancia de mantener a los actores internacionales en las zonas de conflicto e insta a las autoridades sudanesas a garantizar su seguridad, junto con la de los civiles; recuerda la responsabilidad de la UE y de sus Estados miembros de un mayor apoyo y cooperación con la Corte Penal Internacional en la ejecución de las órdenes de detención contra Ahmad Muhammad Harun, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, Abdel Rahim Mohammed Hussein y el Presidente Omar Hassan Ahmad Al Bashir;

47.

Expresa su preocupación por el deterioro de las condiciones de salud de los refugiados sudaneses, que se estiman en 170 000, la mitad de ellos niños, en los cuatro campos de los Estados del Alto y de la Unidad, donde el riesgo de infección, diarrea y malaria se ha disparado y agravado por la malnutrición;

48.

Condena cualquier apoyo prestado por Sudán o Sudán del Sur a cualquier grupo armado que no sea su ejército regular;

49.

Toma nota del resultado de las elecciones presidenciales celebradas el 20 de agosto de 2012 en Somalia; insta a todos los actores políticos de Somalia a comprometerse con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, como el único modo de salir del círculo vicioso de pobreza, subdesarrollo e inseguridad; subraya que el final del mandato de GFT es una prueba clave del potencial de Somalia para ir avanzando hacia un Estado que funciona y de su capacidad para volver a construir unas instituciones sólidas, democráticas y verdaderamente representativas; considera que será crucial facilitar un diálogo político inclusivo en Somalia y promover procesos de creación de consenso para apoyar al nuevo Gobierno; pide al nuevo Gobierno Federal y al nuevo Presidente, Hassan Sheikh Mohamud, que trabajen por la reconciliación del pueblo somalí, a partir del Acuerdo de Garowe, al objeto de establecer el nuevo Estado federal y comenzar el largo pero importante proceso de ofrecer paz, seguridad y democracia a todos los somalíes;

50.

Acoge con satisfacción la reciente prestación de juramento del primer Parlamento formal de Somalia en más de 20 años, y espera que este hecho marque el primer paso de una transición hacia una democracia parlamentaria más representativa; toma nota de que casi se ha alcanzado la cuota de un 30 % de mujeres en el Parlamento, recordando que una participación mínima de mujeres en todos los sectores de la vida pública es importante para el éxito de los esfuerzos en la resolución de conflictos y la construcción de la paz;

51.

Acoge con satisfacción el final de la transición en Somalia como una oportunidad para la renovación; celebra la labor de los firmantes de la hoja de ruta, el Consejo Tradicional de Ancianos, la Asamblea Nacional Constituyente, el nuevo Parlamento Federal y la comisión de selección técnica, por sus aportaciones para finalizar el periodo de transición en Somalia; acoge con satisfacción el compromiso del Presidente saliente de apoyar y trabajar con el Presidente Hassan Sheikh Mohamud; insta a todos los actores políticos de Somalia a cooperar con las nuevas autoridades; acoge con satisfacción la visión del Presidente Hassan Sheikh para Somalia y su intención de garantizar la creación de instituciones de gobierno inclusivas y de base amplia, la estabilización, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, la recuperación económica, la consolidación de la paz y la reconciliación, la oferta de servicios públicos y las mejores relaciones entre Somalia y el resto del mundo; insta al Presidente a respetar su compromiso por un gobierno transparente y responsable, por la lucha contra la corrupción a todos los niveles, y a garantizar un diálogo inclusivo y la creación de instituciones representativas y responsables a nivel nacional, regional, comarcal y local, conforme a la Constitución provisional de Somalia;

52.

Pide a la Vicepresidenta/Alta Representante y al REUE para el Cuerno de África que revisen de forma crítica el Proceso de paz de Yibuti y que tomen en consideración la posibilidad de desplegar un equipo de mediadores, con miembros en los que confíen un amplio espectro de las partes en Somalia, incluidas las asociaciones de mujeres, y que tengan la capacidad de reunir en la mesa de negociación a una gran variedad de actores somalíes; pide a la Vicepresidenta/Alta Representante que inicie un proceso en el que participen los actores de la sociedad civil somalí, de dentro y fuera del país, que permita mantener un debate periódico continuo sobre las posibles soluciones a los problemas políticos del país; pide a la Vicepresidenta/Alta Representante que unifique estos dos procesos tomando como ejemplo el exitoso proceso de paz de Sudán de 2000-2005;

53.

Acoge con satisfacción, a este respecto, la reciente iniciativa de paz del Gobierno somalí, que ofrece empleos y formación como civiles a los rebeldes de Al-Shabaab que desertan; acoge con satisfacción el reciente refrendo de una ambiciosa Constitución que prevé derechos iguales para todos los ciudadanos, sin diferencia en cuanto a sexo, religión, estatus económico o social, opinión política, clan, discapacidad, ocupación, nacimiento o dialecto, y que declara ilegal la mutilación genital femenina y establece la Comisión de la Verdad y la Reconciliación; expresa su preocupación, no obstante, por el hecho de que en un país asolado durante décadas por disputas encarnizadas, la nueva Constitución no aborde la cuestión de la división de poderes y recursos entre el centro y las regiones, y pide una mayor cooperación con las nuevas autoridades para afrontar estos asuntos;

54.

Pide a las autoridades somalíes que den prioridad a la consolidación de las instituciones y a la creación urgente de un cuerpo policial responsable, transparente e integrador, puesto que esto establecerá la confianza de la población en el nuevo Gobierno; elogia a este respecto la valiosa contribución que está realizando la EUTM Somalia en las fuerzas de seguridad del país; confía en el apoyo continuado de los Estados miembros a la labor de esta misión de la PCSD, que pretende concienciar al ejército somalí en el respeto de los derechos humanos, las dinámicas de género y el Estado de Derecho; observa que, si Somalia desea convertirse en un Estado viable, el desarrollo de unas instituciones somalíes estables, responsables e inclusivas debe ir más allá de las fuerzas de seguridad y estar liderado por los somalíes;

55.

Subraya que unas estructuras económicas viables e inclusivas y un sistema de reparto de los ingresos derivados de la explotación de petróleo y gas entre las regiones y la autoridad federal en beneficio de toda la población serán un elemento esencial para la sostenibilidad a largo plazo de Somalia como Estado que funciona; insta a la comunidad internacional a no repetir los errores cometidos en el pasado al concentrar la ayuda en las instituciones federales de Mogadiscio a expensas de las regiones somalíes, puesto que Somalia puede desempeñar un papel crucial a la hora de proporcionar servicios básicos y estabilidad a la población; pide a la UE que movilice todos los recursos en esta oportunidad para ayudar a las entidades regionales de Somalia en este proceso vital de transición democrática; teniendo en cuenta los recientes acontecimientos políticos y de seguridad acaecidos en Somalia, anima a los Estados miembros y a la Vicepresidenta/Alta Representante, en estrecha colaboración con las autoridades somalíes legítimas, la Unión Africana (UA), la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y el Gobierno de los Estados Unidos, a tomar en consideración una misión de reforma del sector de la seguridad (RSS) en cuanto la situación sobre el terreno lo permita;

56.

Reconoce que la paz en Somalia debe ser un proceso ascendente; subraya que la UE debe garantizar que su estrategia permite que los esfuerzos locales para construir la paz y solucionar los contenciosos reciben el apoyo suficiente y se convierten en una prioridad nacional y regional; recuerda también que la legitimidad local ayudará a la creación de instituciones de gobierno en Somalia que ofrezcan perspectivas de estabilidad a largo plazo;

57.

Señala que la Unión Africana ha desplegado en Somalia la misión militar AMISOM, que ha recibido un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y está buscando desesperadamente países dispuestos a aportar sus contingentes;

58.

Subraya la necesidad, en estrecha cooperación con los Estados Unidos y la Unión Africana, de que la Unión desempeñe un papel relevante en el futuro de Somalia;

59.

Exhorta a la comunidad internacional a que, en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, establezca y desarrolle lo antes posible estructuras sanitarias y centros ambulatorios de asistencia y nutrición terapéutica en Somalia;

60.

Celebra la creación del Fondo de estabilidad local que se propone, en particular, coordinar la ayuda internacional en las zonas recientemente liberadas y accesibles del sur de Somalia;

61.

Lamenta profundamente que, solo desde diciembre de 2011, 13 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación hayan sido asesinados en zonas de Somalia controladas por el Gobierno, y que no se hayan producido avances en el enjuiciamiento de estos casos; subraya la importancia de asegurar la libertad de expresión e insta al nuevo Gobierno y al Presidente a adoptar medidas que proporcionen una mejor protección a los periodistas y a llevar a cabo investigaciones creíbles de estos asesinatos;

62.

Insta a la UE y a los socios regionales e internacionales a aprovechar la oportunidad creada por el establecimiento de un nuevo Gobierno de Somalia que, junto con el aparente declive de la milicia de Al-Shabaab en el país, ofrece potencial para iniciar una nueva era política en Somalia; resalta, por tanto, la necesidad de que la comunidad internacional, en especial la UE, esté preparada para ofrecer ayuda a las autoridades legítimas y democráticas en materia de creación de capacidades institucionales, RSS y DDR, y apoyo a la sociedad civil; insta a la Vicepresidenta/Alta Representante a garantizar que la acción de la UE en Somalia fomenta una sociedad libre y abierta que respeta y protege los derechos humanos, en especial los derechos de las mujeres y las minorías, que permite la capacitación de las mujeres y asegura el equilibrio de género en todos los sectores de la sociedad;

63.

Subraya el ejemplo muy positivo de Somalilandia, que ha demostrado su capacidad de desarrollar y consolidar sus estructuras democráticas, económicas y administrativas durante más de veinte años y de crear un proceso democrático sostenible; señala que hasta ahora Somalilandia ha tenido éxito en la consolidación de la seguridad y estabilidad en su territorio y en la cooperación en la lucha contra la piratería y el terrorismo; expresa su preocupación, no obstante, por el hecho de que, si Al-Shabaab se reagrupa en las regiones montañosas fronterizas, Somalilandia puede resultar vulnerable; subraya, por consiguiente, que es esencial apoyar a Somalilandia en la lucha contra el terrorismo, incluyendo medidas tales como la promoción de la capacidad de diversificación y construcción económicas a favor del empleo juvenil para restringir el reclutamiento entre los jóvenes; señala la importancia para Somalilandia de fomentar el desarrollo económico y social en la región como forma de luchar contra la radicalización de zonas de inestabilidad en su territorio; pide a la Comisión y al SEAE que ayuden a Somalilandia a mejorar sus perspectivas de desarrollo y a fomentar su estabilidad económica y social; subraya que en la búsqueda de una solución para la estabilidad y seguridad a largo plazo de Somalia es importante evaluar el ejemplo positivo de la estabilidad de Somalilandia;

64.

Acoge con satisfacción la sólida declaración de apoyo a las nuevas instituciones federales de Somalia que realizó la Vicepresidenta/Alta Representante durante la minicumbre sobre Somalia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, y en concreto, su compromiso con un proceso de consolidación de cuatro años de las nuevas instituciones federales y la administración regional, y con una conferencia internacional sobre Somalia para 2013; pide a Somalilandia y a los demás organismos federales que desempeñen un papel pleno y de apoyo en la negociación de su relación jurídica y política con las nuevas instituciones de Somalia, con la vista puesta en lograr un Estado federal somalí sostenible, estable y próspero;

65.

Señala el papel clave de Etiopía para la estabilidad política y económica de toda la región; toma nota de que, en su discurso inaugural, Haile Mariam Desalegne, nuevo Primer Ministro de Etiopía, resaltó la importancia de reforzar los derechos humanos y las instituciones democráticas en el país, con el fin de desarrollar una cultura democrática y un respeto pleno por los derechos humanos; cree que el establecimiento de un nuevo Gobierno de Etiopía ofrece la oportunidad de implicar al país en todas las cuestiones de interés común, incluidas aquellas en las que pueda haber habido diferencias de opinión en el pasado, y resalta la importancia de apoyar a Etiopía en su camino hacia un nuevo sistema democrático, por medio de una asociación y un diálogo positivos; apoya a Etiopía en su lucha contra el terrorismo, pero señala que esa lucha debe realizarse en el marco del pleno respeto de los derechos fundamentales;

66.

Espera que bajo el liderazgo del Primer Ministro Haile Mariam Desalegne, nombrado el 21 de septiembre de 2012, Etiopía comience un proceso de genuina transición democrática con el fin de desarrollar su fuerte potencial democrático, poniendo fin a las interferencias con la libertad religiosa y las libertades de la sociedad civil; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior, al REUE para el Cuerno de África y al REUE para los Derechos Humanos que se comprometan con Etiopía en materia de derechos humanos como cuestión prioritaria con el fin de aprovechar la oportunidad que brinda la actual transición política para instituir una transición verdaderamente democrática, basada en el carácter central de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la libertad de los medios de comunicación y el pleno reconocimiento de la libertad de expresión; insta a la UE y a la comunidad internacional a que permanezcan vigilantes y activas en respuesta a la transición política que se inicia en Etiopía, para promover el fortalecimiento de las instituciones democráticas y a vincular la ayuda política, militar y de desarrollo a reformas democráticas concretas, que deben incluir la liberación de todos los presos de conciencia, como Eskinder Nega y otros periodistas, activistas en favor de los derechos humanos y del desarrollo y miembros de la oposición, la admisión de relatores especiales de las Naciones Unidas sobre derechos humanos sobre la base de un acceso sin trabas a todas las regiones e instalaciones de detención, la derogación o enmienda de la ley de sociedades y asociaciones caritativas (Charities and Societies Proclamation) y de la ley antiterrorista (Anti-Terrorism Proclamation), y el retorno de la oposición en el exilio; pide a la UE que busque modos innovadores y seguros de prestar ayuda financiera y política a la sociedad civil en dificultades de Etiopía, y que inicie un diálogo con la oposición, tanto en Etiopía como en el exilio;

67.

Constata que en la actualidad no existen en Etiopía judicatura ni medios de comunicación independientes a causa de una deliberada estrategia diseñada para constreñir y bloquear a los jueces, controlar a los medios, intimidar a la oposición y acallar a las organizaciones de derechos humanos;

68.

Señala que numerosos periodistas han sido procesados por la ley antiterrorista de 2009; denuncia la reciente campaña de acoso judicial que ha llevado al Tribunal Supremo Federal a condenar in absentia al bloguero Elias Kifle a cadena perpetua y a imponer a Wubishet Taye, editor adjunto de un diario local, así como a la columnista Reeyot Alemu, a sendas penas de catorce años de prisión; celebra, no obstante, que los periodistas suecos, Martin Schibbye y Johan Persson hayan sido recientemente indultados tras el fallecimiento del primer ministro, Meles Zenawi; anima a los nuevos gobernantes a que apliquen el mismo criterio a quienes han sido condenados arbitrariamente;

69.

Destaca el gran potencial que tiene el proyecto de la presa Grand Renaissance Blue Nile, en la región de Benishangul-Gumuz, Etiopía, para la producción de energía limpia y el desarrollo económico de toda la región; apoya al grupo internacional de expertos establecido entre Etiopía, Sudán y Egipto para dicho proyecto, y pide un mejor entendimiento sobre el reparto de los recursos hídricos del Nilo y la energía producida por la central hidroeléctrica conectada a la presa;

70.

Pide al Gobierno de Etiopía que adopte oficialmente, como definitiva y vinculante, la decisión de demarcación de la Comisión de Fronteras entre Etiopía y Eritrea, conforme a las Resoluciones 1907 (2009) y 2023 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como a las Resoluciones pertinentes de la UA y la IGAD; pide, por tanto, al Gobierno de Eritrea que acceda a iniciar un diálogo con Etiopía con el fin de iniciar el proceso de retirada de tropas de la frontera y que acepte la demarcación física de acuerdo con la decisión de la Comisión de Fronteras, teniendo en cuenta la importancia de mantener unidas a las comunidades, así como la normalización de las relaciones entre ambos países, incluida la reapertura de la frontera; pide a la comunidad internacional que colabore con Eritrea y defienda los intereses y las necesidades de la población eritrea, presionando al régimen y a las fuerzas armadas para que permitan el acceso de las organizaciones internacionales, preparen las elecciones prometidas desde hace tiempo y abran el espacio político en el país; subraya que toda la ayuda de la UE que no tenga objetivos humanitarios debe condicionarse estrictamente al compromiso por parte de las autoridades de Eritrea de facilitar una transición democrática y una mejora de la situación de los derechos humanos en el país, con criterios transparentes y tangibles y de las necesidades básicas de la población eritrea; pide a Eritrea que desista de apoyar a grupos armados que socavan la paz y la reconciliación en Somalia y, de forma más general, la estabilidad de la región; pide libertad de expresión, de prensa y de religión, así como la introducción de elecciones libres y transparentes y democracia en el país; pide la liberación inmediata de los presos políticos, incluido el periodista Dawit Isaak, que lleva encarcelado más de 4 000 días sin juicio;

71.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros, al Representante Especial de la UE para Sudán, al Representante Especial de la UE para el Cuerno de África, a los Estados miembros de la UE, al Gobierno de Turquía, al Congreso de los Estados Unidos, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la Comisión de la Unión Africana, al Parlamento Panafricano, a los Gobiernos y Parlamentos de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y a las autoridades de Somalilandia.

30.12.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/55

—

Visto el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), de 1992,

—

Visto el Protocolo de Nagoya al CDB sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, de 2010,

—

Visto el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, de 2001,

—

Visto el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, de 2002,

—

Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007,

—

Visto el Convenio no 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de 1989,

—

Visto el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, revisado en Ginebra el 19 de marzo de 1991,

—

Visto el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 1995,

—

Vistos el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, de 2002, y el Marco de la OMS relativo a los virus gripales, de 2011,

—

Vista la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (1),

—

Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre los objetivos estratégicos para la Décima Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 10) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se celebrará en Nagoya (Japón) del 18 al 29 de octubre de 2010 (2),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural» (COM(2011)0244),

—

Vistos los informes y las actividades del Comité Intergubernamental de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore,

—

Visto el Informe de la reunión del Grupo de expertos técnicos y jurídicos sobre conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos en el contexto del régimen internacional de acceso y participación en los beneficios (UNEP/CBD/WG-ABS/8/2, 2009),

—

Visto el estudio solicitado por la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo titulado «Los derechos de propiedad intelectual sobre los recursos genéticos y la lucha contra la pobreza», de 2011,

—

Vista la Convención de Ramsar sobre los Humedales de Importancia Internacional, de 1971,

—

Vista la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), de 1973,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0423/2012),

A.

Considerando que el 70 % de la población pobre del mundo que vive en zonas rurales y urbanas depende directamente de la biodiversidad para su supervivencia y bienestar;

B.

Considerando que los principales objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) son fomentar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y eliminar los obstáculos que impiden su uso;

C.

Considerando que los proveedores de recursos genéticos y los depositarios de los conocimientos tradicionales asociados con frecuencia proceden de países en desarrollo ricos en biodiversidad;

D.

Considerando que la legislación nacional en materia de acceso y participación en los beneficios (APB), aprobada como parte del proceso del CDB, surgió como respuesta a las prácticas de bioprospección y biopiratería;

E.

Considerando que el término «biopiratería» se define habitualmente como la práctica industrial consistente en privatizar y patentar los conocimientos tradicionales o los recursos genéticos de los pueblos indígenas, sin obtener la autorización de los países de origen ni ofrecerles una compensación;

F.

Considerando que el CDB y su Protocolo de Nagoya imponen a los bioprospectores la obligación de obtener el «consentimiento fundamentado previo» de los países de origen o las comunidades locales e indígenas y alcanzar unas «condiciones mutuamente acordadas» con ellos en relación con los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, así como de compartir los beneficios de la bioprospección con ellos;