8.10.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 332/1

Ponente:

Gunta ANČA

Coponente:

José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

1.1.

pide que se incremente la sensibilización sobre la situación de las personas que residen en instituciones por medio de datos coherentes y desglosados, y que se elaboren indicadores sobre los derechos humanos;

1.2.

solicita a los Estados miembros que adopten medidas antidiscriminatorias y fomenten el derecho de las personas con discapacidad a participar plenamente en la sociedad y en la economía, con arreglo a los Programas Nacionales de Reforma (PNR);

1.3.

afirma que las medidas de austeridad han reducido el presupuesto de los entes locales y regionales con repercusiones directas en la disponibilidad de servicios sociales. Ello ha generado una tendencia hacia la institucionalización en algunos Estados miembros;

1.4.

recomienda a los Estados miembros que utilicen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para promover la transición de una asistencia institucional a una asistencia de carácter local, desarrollar servicios sociales y sanitarios y formar al personal de los servicios de apoyo;

1.5.

recomienda a los Estados miembros la reforma de la asistencia a largo plazo sobre la base del análisis coste-eficacia, adoptando un planteamiento a largo plazo que incluya invertir en las personas y los servicios en vez de reducir los recursos financieros;

1.6.

destaca que la «desinstitucionalización» es un proceso que requiere una estrategia política a largo plazo y la asignación de recursos financieros adecuados para desarrollar servicios de apoyo alternativos de carácter local;

1.7.

insta a los Estados miembros a que reconozcan la capacidad jurídica de los hombres y mujeres con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás y en todas las facetas de la vida y que apoyen una toma de decisiones asistida cuando sea necesario (1);

1.8.

recomienda que se desarrollen unos servicios de carácter local de alta calidad como paso fundamental en el proceso de desinstitucionalización (2). Es peligroso cerrar instituciones sin ofrecer a las personas servicios alternativos;

1.9.

considera que, cuando la asistencia se presta en el domicilio, debe garantizarse el necesario desarrollo de servicios profesionales a precios asequibles;

1.10.

recomienda que los profesionales de toda Europa reciban formación para trabajar en los servicios de carácter local, así como información sobre el proceso de desinstitucionalización;

1.11.

recomienda que la comunidad disponga de servicios de carácter local asequibles y accesibles para todos;

1.12.

destaca la importancia de que las personas que abandonan las instituciones puedan acceder al empleo para poder participar plenamente en la sociedad. Los servicios especializados de empleo y de educación y formación profesionales deben ser accesibles para las personas que los necesiten sin discriminación;

1.13.

recomienda que se establezcan asociaciones entre todas las partes interesadas que intervienen en el proceso de desinstitucionalización;

1.14.

subraya que los distintos grupos de usuarios tienen necesidades diferentes y que deben elaborarse respuestas específicas en cooperación con todas las partes interesadas, incluidos los usuarios y sus organizaciones representativas, las familias, los proveedores de servicios, los sectores productivos implicados y las autoridades públicas;

1.15.

insta a la Comisión Europea a adoptar un marco europeo de calidad para los servicios de carácter local y reitera la urgente necesidad de establecer normas vinculantes que garanticen los más altos niveles de calidad;

1.16.

insta a los Estados miembros a establecer servicios de inspección y control independientes y eficaces que garanticen el cumplimiento de las normas reglamentarias y de calidad de los servicios sociales;

1.17.

recomienda luchar contra los estereotipos negativos e incrementar la sensibilización en las escuelas y la sociedad, mediante una educación inclusiva y campañas en los medios de comunicación.

2.1.

Los procesos de desinstitucionalización y el respeto de los derechos humanos han evolucionado de forma diferente en Europa en la mayor parte del pasado siglo. Por lo tanto, es difícil obtener datos comparables entre los distintos Estados.

2.2.

El CESE estima que, en nuestra cambiante sociedad, es importante analizar la situación de las personas que necesitan asistencia social y un alto nivel de apoyo en la UE, con el fin de ofrecer respuestas adecuadas e intercambiar buenas prácticas.

2.3.

Por todo ello, el CESE:

2.3.1.

señala que más de un millón de niños y adultos discapacitados residen en instituciones en toda Europa (3);

2.3.2.

considera que una «institución» es cualquier centro de atención residencial donde los residentes estén aislados de una comunidad más amplia o se vean obligados a vivir juntos. Estos residentes no tienen suficiente control sobre sus propias vidas o las decisiones que les afectan, y las necesidades de la propia organización tienden a tener preferencia sobre las necesidades individuales de los residentes (4);

2.3.3.

señala que los servicios sociales de alta calidad en la comunidad dan mejores resultados, en términos de calidad de vida, que la que ofrece la asistencia institucional, lo que conduce a la integración social y reduce el riesgo de segregación (5);

2.3.4.

rechaza toda forma de discriminación y abuso que los hombres, mujeres y niños con y sin discapacidad, las personas que requieren un alto nivel de apoyo y las personas con discapacidad psicosocial puedan sufrir en las instituciones y cuando acudan a los servicios sociales;

2.3.5.

se remite a las recomendaciones recogidas en dictámenes anteriores del CESE (6);

2.3.6.

llama la atención sobre las obligaciones que incumben a la UE y a sus Estados miembros, y que se derivan de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CNUDPD) (7), de respetar la dignidad, la libertad y el derecho a vivir de manera independiente que tienen las personas, así como de elegir dónde y con quién lo hacen y tener acceso a los servicios de apoyo en la comunidad, incluida la asistencia personal;

2.3.7.

señala que, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, «para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad» el niño debe «crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión». Incumbe ante todo a los padres criar a sus hijos y corresponde al Estado prestar asistencia a los padres, especialmente a los más desfavorecidos, con instrumentos adecuados de protección social. Los niños tienen derecho a la protección frente a los daños y los abusos. En caso de que su familia no pueda prestar el cuidado que necesitan, a pesar del apoyo adecuado prestado por el Estado, los niños tienen derecho a asistencia familiar sustitutiva.

2.3.8.

confirma que las personas con discapacidad —máxime si es de tipo intelectual— pueden aspirar a que se reconozcan sus derechos como personas en todos los ámbitos.

3.1.

acoge con satisfacción que muchos Estados miembros estén modernizando la manera en que proporcionan asistencia y apoyo a niños y adultos, sustituyendo algunas instituciones residenciales de larga duración o todas ellas por la familia y los servicios locales (8);

3.2.

pide que el proceso de desinstitucionalización se efectúe de una manera que respete los derechos de los grupos de usuarios, minimice el riesgo de daños y garantice unos resultados positivos para todas las personas implicadas. Los nuevos sistemas de atención y apoyo deben respetar los derechos, la dignidad, las necesidades y los deseos de cada individuo y su familia;

3.3.

estima que cada ciudadano tiene derecho a poder escoger el lugar y manera donde quiere vivir.

4.1.

El CESE reconoce que los niños, las personas con discapacidad (incluidas las personas con discapacidad psicosocial) y las personas de edad avanzada tienen requerimientos asistenciales muy diferentes. Por eso, el proceso de desinstitucionalización de los cuidados de larga duración debe tener en cuenta los requerimientos específicos que afectan a cada grupo de usuarios.

4.2.

Una asistencia de carácter local, incluida la asistencia profesional y la asistencia recibida en el entorno familiar y social, tiene un valor añadido que no se obtiene en las instituciones residenciales.

4.3.

Por lo tanto, el sistema institucional debe adaptarse para complementar los servicios sociales y sanitarios de carácter local cuando estos no estén disponibles, así como durante el período de transición.

4.4.

Vivir de forma independiente no significa que las personas deban vivir aisladas. En cambio, ello supone que pueden elegir entre servicios especializados y servicios generales accesibles en la comunidad en la que han decidido vivir.

4.5.

La desinstitucionalización consiste en crear los servicios adecuados, pero también el entorno adecuado dentro de la comunidad. Es necesario preparar a la población en general para esta transición, incrementar su sensibilización y luchar contra la estigmatización. De lo contrario, en lugar de desinstitucionalización, el resultado será la reinstitucionalización mediante la creación de «guetos» de personas con discapacidad psicosocial que viven en la sociedad, pero que siguen aisladas debido a las actitudes negativas. Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en ese sentido.

4.6.

El CESE constata las diferencias que, incluso en la definición de los cuidados de larga duración, se producen entre los Estados miembros de la Unión. Estas diferencias incluso alcanzan a los tipos de asistencia que se prestan y a los servicios que comprende dicha asistencia. De igual modo, dentro de los mismos Estados hay diferencias importantes entre regiones y municipios, que se incrementan cuando se compara el ámbito urbano con el rural (9). El CESE estima que ello no debe justificar la falta de avances de un Estado miembro determinado, debido a sus propias peculiaridades, y defiende un cambio a los servicios comunitarios de forma gradual.

4.7.

En un Dictamen exploratorio anterior (10), el CESE ya recomendaba la evaluación de la asistencia remota y la vivienda asistida por el entorno, así como crear una infraestructura generalizada y descentralizada próxima a la vivienda y en contacto directo con las personas de edad avanzada. Reiteramos esta recomendación y apoyamos un proceso de desinstitucionalización adecuado tanto para este grupo de personas como para los menores, discapacitados de cualquier edad y personas con discapacidad psicosocial (11).

4.8.

Teniendo en cuenta que dentro de estos grupos de usuarios hay personas que por su edad o por su situación de discapacidad o dependencia pueden tener disminuida o anulada su capacidad de decisión, el CESE insta a los Estados miembros a que, en un proceso progresivo y ordenado de desinstitucionalización, se ejerza la máxima tutela sobre estas personas para que sus derechos sean respetados en todo momento y se les asignen los mejores cuidados de proximidad posibles, incluida una toma de decisiones asistida.

4.9.

El CESE se interesa por la repercusión que la transición de un sistema institucional a otro de asistencia de carácter local puede tener entre los trabajadores. Todas las autoridades y las partes interesadas que intervienen en el proceso deben trabajar conjuntamente para garantizar que el proceso de desinstitucionalización afecta de forma positiva y gradual a los cuidadores. Deben respetarse siempre unas condiciones laborales dignas.

4.10.

La alternativa a la institucionalización no es un servicio prestado en el hogar, sino un servicio a nivel local, por lo que deben garantizarse las inversiones en infraestructura de servicios.

4.11.

El CESE acoge con satisfacción los buenos ejemplos, como los permisos por atención a dependientes a jornada completa y a tiempo parcial, y el reconocimiento del seguro para cuidadores informales (12). A este respecto, pide a la Comisión y a los Estados miembros que alienten el intercambio de buenas prácticas.

4.12.

El CESE reconoce la importancia de los cuidadores. Los cuidadores no profesionales, que actúan de forma voluntaria, se esfuerzan por combinar las responsabilidades de atención con su vida diaria. Ello puede llevar al «síndrome del cuidador», caracterizado por el agotamiento físico y psíquico del cuidador principal. La UE debe garantizar que: las políticas de conciliación y la responsabilidad de la asistencia se basen en la igualdad para todos y que las obligaciones de la asistencia informal se compartan de forma equitativa y justa (13); se garantice el respeto de los derechos fundamentales de los cuidadores; se reconozca y apoye la prestación de asistencia informal y familiar; se reconozca y apoye el papel de los voluntarios en la prestación de asistencia formal e informal (14).

4.13.

El CESE reconoce que muchos de los grupos vulnerables que suelen ser objeto de asistencia institucional tienen una proporción superior a la media entre la población sin hogar, por lo que insta a los Estados miembros a que desarrollen estrategias y programas de desinstitucionalización que tengan plenamente en cuenta el problema de las personas sin hogar y la necesidad de prestar servicios de carácter local con el fin de prevenirlo y abordarlo.

4.14.

Desarrollar y profesionalizar el trabajo doméstico es un elemento estratégico para alcanzar la igualdad en el empleo, ya que quienes lo realizan son principalmente mujeres, que son también quienes necesitan servicios de guardería, de ayuda a las personas mayores y de limpieza de la vivienda para poder estar en igualdad de condiciones con los hombres en su carrera profesional. Estos servicios benefician no solo a los particulares, sino también a la sociedad en su conjunto. Crean nuevos puestos de trabajo, responden a las necesidades de una sociedad que envejece y permiten a las personas conciliar su vida personal y laboral. Además, mejoran la calidad de vida y la inclusión social, y permiten a las personas mayores seguir viviendo en su domicilio (15).

4.15.

El CESE reconoce la necesidad de formar a los profesionales de toda Europa sobre la desinstitucionalización. Por ejemplo, la nueva generación de psiquiatras deberá estar formada para garantizar que ejerce ateniéndose a los principios de la CNUDPD.

4.16.

El CESE expresa su preocupación por el hecho de que, en algunos casos, las personas ingresan en instituciones sin que se siga un proceso de consulta o un procedimiento claro. Reconoce la importancia que reviste una evaluación formal de las necesidades de asistencia a largo plazo. Este proceso debe respetar la dignidad de las personas y conducir al desarrollo de servicios personalizados.

5.1.

El CESE es consciente de que la provisión de cuidados de larga duración a los grupos de usuarios que precisan de ellos es uno de los retos sociales y económicos más importantes que afectan a la Unión Europea especialmente en momentos de crisis económica como la que atravesamos.

5.2.

En la Comunicación sobre la inversión social (16), se pone de manifiesto cómo la crisis económica ha comprometido nuestros sistemas de protección social al producirse un aumento del desempleo, una reducción de los ingresos fiscales y un incremento del número de personas que necesitan prestaciones. En ese contexto, el CESE coincide con la Comisión en la necesidad de apoyar a los Estados miembros para diseñar estrategias en materia de cuidados de larga duración que minimicen los efectos derivados de la crisis económica.

5.3.

En su Dictamen (17) sobre esta Comunicación, el CESE ya manifestó su deseo de que la inversión social para el crecimiento y la cohesión se dirigiera también a reforzar los servicios sociales. Esto también podría fomentar tanto la creación de puestos de trabajo en el ámbito de los servicios como el desarrollo de nuevos servicios comunitarios.

5.4.

La crisis económica ha repercutido de forma negativa en la capacidad de las personas con discapacidad para vivir de manera independiente, así como en las familias y grupos vulnerables que ya tenían un mayor riesgo de pobreza y exclusión social.

5.5.

El conjunto de medidas sobre inversión social abordará retos relacionados con la crisis económica y los cambios demográficos (18).

5.6.

El CESE considera que, con la crisis, el reconocimiento de derechos sociales ha sufrido un fuerte retroceso al haber disminuido los presupuestos asignados a dichas políticas. Por ello el Comité insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a garantizar que la inversión social se dirija hacia las políticas de protección social con el fin de alcanzar, como mínimo, los niveles existentes antes de la crisis económica (19).

5.7.

El CESE subraya que para responder a los nuevos desafíos resultantes del aumento de la esperanza de vida es necesario abordar difíciles cuestiones de justicia y solidaridad intergeneracional. El objetivo debe ser que las personas de edad avanzada y muy avanzada en Europa también puedan vivir dignamente y en condiciones de seguridad cuando necesitan cuidados y, al mismo tiempo, velar por que, en el sentido de la solidaridad entre las generaciones, ello no signifique, para las generaciones siguientes, cargas que no puedan soportar (20).

5.8.

Si ya eran evidentes las diferencias existentes en la Unión Europea en lo que se refiere a la asistencia de larga duración en el sistema institucional y en el de proximidad, la crisis ha agravado las amplias disparidades económicas y sociales dentro de ella. Ha puesto de manifiesto divergencias en competitividad y cohesión social y ha agudizado la tendencia hacia la polarización del crecimiento y del desarrollo, con condicionamientos evidentes en cuanto a la redistribución equitativa de la renta, la riqueza y el bienestar entre los Estados miembros y las regiones (21).

6.1.

lamenta que los Fondos Estructurales europeos, en el último período de programación, se utilizaran en beneficio de instituciones excluyentes en lugar de asistencia de carácter local;

6.2.

acoge con satisfacción los nuevos Reglamentos sobre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) 2014-2020, que promueven la transición de una asistencia institucional a una asistencia de carácter local mediante la mejora de las infraestructuras sociales y sanitarias financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional;

6.3.

sugiere que un enfoque multifondo podría acelerar la transición hacia una asistencia de carácter local, incluyendo el uso del Fondo Social Europeo para medidas flexibles como la formación de personal de los servicios de apoyo y la creación de nuevos servicios sociales;

6.4.

acoge con satisfacción las condiciones ex ante temáticas del Reglamento sobre disposiciones comunes aplicables a los Fondos EIE relacionadas con la lucha contra la pobreza y la exclusión social, que obliga a los Estados miembros a poner en práctica una estrategia de desinstitucionalización;

6.5.

recomienda a los Estados miembros que utilicen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para promover la transición de una asistencia institucional a una asistencia de carácter local, desarrollar servicios sociales y sanitarios y formar al personal de los servicios de apoyo;

6.6.

considera que hay que utilizar el Instrumento de Ayuda Preadhesión y el Fondo Europeo de Desarrollo para apoyar el derecho a vivir en la comunidad y a crecer en un entorno familiar;

6.7.

entiende que la transición de los servicios institucionales a los servicios locales es compleja. Por lo tanto, pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren una comunicación y orientaciones políticas para promover la desinstitucionalización incluso y especialmente en tiempos de crisis económica.

7.1.

insta a la Comisión Europea a adoptar un marco europeo de calidad para los servicios de carácter local y reitera la urgente necesidad de establecer estrictas normas vinculantes que garanticen el más alto nivel de calidad;

7.2.

afirma que deben existir servicios disponibles dentro de la comunidad, incluso en las zonas rurales y remotas, y que los ciudadanos deben recibir presupuestos individuales adecuados para elegir libremente el servicio que necesitan;

7.3.

considera que los servicios de carácter local deberían desarrollarse en estrecha cooperación tanto con los usuarios como con sus organizaciones representativas y que son estos quienes deberían definir la calidad, en cooperación con otras partes interesadas pertinentes, incluidos los proveedores de servicios, las autoridades públicas y los sindicatos;

7.4.

insta a los Estados miembros a establecer servicios de inspección y control independientes y eficaces que garanticen el cumplimiento de las normas reglamentarias y de calidad tanto de los servicios de proximidad como de las instituciones;

7.5.

recomienda que la comunidad disponga de servicios de carácter local asequibles y accesibles para todos;

7.6.

considera que dichos servicios deben ser autorizados por las autoridades competentes y acreditados y certificados por los organismos de certificación;

7.7.

las tecnologías asistenciales y los dispositivos técnicos son fundamentales para la vida en comunidad de las personas con discapacidad, incluidos los menores y las personas mayores. Estas tecnologías son sumamente eficaces cuando se adaptan a las preferencias del usuario y respetan la privacidad.

8.10.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 332/8

Ponentes:

Carmelo CEDRONE y Joost VAN IERSEL

1.1.

Tras seis años de crisis financiera y económica, parece más difícil que nunca predecir el futuro económico y social. Dados los retos geopolíticos y económicos que se plantean, solo una UEM sólida permitirá garantizar una estabilidad orientada hacia el futuro.

1.2.

La UEM sigue siendo frágil, como se desprende del diagnóstico y el análisis DAFO (puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades, peligros) que se llevan a cabo más adelante. El CESE considera que se necesita una gobernanza económica más efectiva y democrática para afrontar los desequilibrios persistentes y crear un clima de confianza en toda Europa, especialmente en la zona del euro.

1.3.

El CESE es consciente de que no pueden darse pasos decisivos de la noche a la mañana, pero deben tenerse debidamente en cuenta dos elementos: a) Europa no puede permitirse posponer decisiones durante años, y b) el primer requisito previo es llegar a un acuerdo en toda la zona del euro sobre los principios de las políticas económicas necesarias, que deben aplicarse mediante una gobernanza efectiva.

1.4.

Junto a la convergencia económica, también se precisan la legitimidad democrática, un marco político sólido y un sentimiento compartido de destino común. Con esta perspectiva en mente, pueden darse pasos concretos en el contexto del Tratado y la normativa existentes. A medio o largo plazo, convendría proceder a una revisión del Tratado con el fin de armonizar las disposiciones institucionales con los requisitos indispensables de una verdadera Unión económica y política.

1.5.

Es necesario que el Consejo Europeo, los gobiernos nacionales, el Parlamento Europeo, los Parlamentos nacionales y la Comisión Europea formen un sistema coherente, que encarne la legitimidad democrática, la responsabilidad y la transparencia, y sea capaz de actuar con eficacia en interés de los ciudadanos y los agentes económicos.

1.6.

Está claro que el actual sistema normativo en que se basa la UE y, particularmente, la zona del euro, ha creado confusión en los planos jurídico, institucional y democrático. Por lo tanto, es preciso cambiar de método. La dinámica política y económica ya no permite a la UE mantener la estructura institucional actual. El CESE considera por ello indispensable profundizar el proceso de integración de la zona del euro.

1.7.

En este sentido, presenta una hoja de ruta con las siguientes etapas:

2.1.

La UEM cuenta ya con un amplio «acervo». Tiene una moneda compartida y un Banco Central; hasta cierto punto, garantiza la coordinación de las políticas presupuestarias y económicas; toma decisiones vinculantes para los países, lo cual, en principio, limita su autonomía económica y presupuestaria; impone condiciones sobre cualquier medida de expansión en los Estados miembros y les obliga a llevar a cabo reformas económicas y sociales.

2.2

Esto significa que la UEM es una federación in itinere, que de momento actúa como «guardiana» pero que todavía no actúa conjuntamente. Su propósito es más sólido que en otros ámbitos y ha fomentado un «ámbito público» de debate. La UEM implica una mayor cesión de soberanía por parte de los Estados miembros, aunque su gestión sigue estando principalmente bajo el control de una estructura tecnocrática.

2.3.

Esta es una Unión que debe completarse generando las condiciones necesarias para garantizar que los países que forman parte de ella —o que desean entrar— no solo puedan lograr la estabilidad, sino también el desarrollo y la prosperidad. Unirse a la zona del euro debería ser más ventajoso para ellos que quedarse fuera.

2.4.

El estallido de la crisis financiera en 2008 y su posterior evolución, junto con las catastróficas consecuencias para la economía real y la sociedad europea, han dado un toque de atención a todos los que hasta ese momento creían que la estructura de la UEM seguiría funcionando de manera más o menos satisfactoria y que el efecto de arrastre fomentaría de forma armónica la convergencia entre los Estados miembros.

2.5.

Poco después de la conmoción inicial, las instituciones europeas empezaron a buscar soluciones a corto plazo para los problemas más urgentes. El establecimiento de mecanismos para mantener intactos la UEM, el euro y la zona del euro ha sido un gran acierto, aunque también se han producido retrasos y omisiones graves, como la falta de planificación común para fomentar el crecimiento y el empleo.

2.6.

También supone un gran logro que, en unas circunstancias extremadamente difíciles, se hayan dado pasos productivos —al menos de forma parcial— para construir un terreno más firme para la UEM. El CESE acogió con agrado cada uno de estos pasos, pero también criticó sus limitaciones y presentó otras ideas más apropiadas para abordar la crisis.

2.7.

La crisis financiera y económica se convirtió en una desaceleración continua con desequilibrios económicos llamativos entre las economías nacionales. Seis años después, grandes zonas de la UE se encuentran en una situación muy poco deseable de bajo crecimiento y empleo inestable. Las consecuencias económicas y sociales hablan por sí solas.

2.8.

A pesar de todos los progresos, la UEM sigue sin estar completa. La situación es muy compleja. Pese a los signos de recuperación esperanzadores, el estancamiento económico, la nula creación de empleo y la pobreza prevalecen en una serie de países, y en la mayoría de ellos esta situación obedece a diversas causas muy enraizadas que durante la crisis se han hecho más visibles y se han acentuado: la historia, las tradiciones en la gobernanza (o la falta de ella), unas trayectorias de crecimiento dispares, diferencias en las estructuras económicas y sociales y distintas políticas externas.

2.9.

En la zona del euro persisten las desavenencias entre los protagonistas de una unión de estabilidad, impulsada por las reformas y la convergencia económica en los Estados miembros, y los protagonistas de una unión fiscal directa. Estas desavenencias también generan opiniones divergentes en torno a las políticas económicas que deben marcar la senda a escala nacional y de la UE, tanto en el ámbito político como entre los interlocutores sociales.

2.10.

Los choques entre opiniones y prácticas han agudizado el clima de desconfianza, no solo en términos políticos, sino también entre el público en general en los distintos países, por muy superficiales que puedan ser las críticas mutuas. Esta evolución se ha convertido en una profecía que propicia su propio cumplimiento: deja sin el margen de maniobra potencial a los responsables de las políticas y genera olas de eurofobia entre los ciudadanos.

2.11.

En una UEM dominada principalmente por una gestión tecnocrática y una toma de decisiones a nivel intergubernamental, la falta de legitimidad y credibilidad democrática tiene graves repercusiones que también intensifican los contrastes entre los países socios.

2.12.

La UE no es una excepción. Otras potencias de gran envergadura, como los Estados Unidos, China, Rusia, la India y Brasil, así como un gran número de países más pequeños, también sufren dificultades comparables. Aun así, la UE, especialmente la zona del euro, tiene grandes dificultades a la hora de superar los obstáculos, en comparación con los Estados Unidos y el continente asiático («la fábrica asiática»).

2.13.

En principio, el CESE considera que, aunque son muchos los aspectos diversos e intrincados que dan forma a la situación económica europea en la actualidad, la mejora de la gestión política de la UEM debería contribuir de manera significativa a generar más estabilidad para abordar las dificultades actuales y futuras. En cualquier caso, será indispensable contar con una UEM más sólida para salvaguardar determinados intereses clave de Europa en el mundo.

2.14.

El CESE es consciente de que, en este momento, no existen soluciones definitivas al alcance de la mano. También se da cuenta de que la dinámica, las complejidades y los dilemas actuales constituyen obstáculos para trazar una hoja de ruta sólida. Por otra parte, las deficiencias actuales de carácter institucional y de gobernanza no pueden persistir durante otro período de tiempo prolongado sin menoscabar de forma duradera la confianza y los resultados económicos. Así pues, el CESE considera inadmisibles los retrasos, la resignación y la ausencia de un plan para el futuro.

2.15.

En consecuencia, el CESE considera que es inevitable llevar a cabo un debate serio sobre una estructura bien fundamentada de la UEM que implique un consenso en torno a los objetivos económicos y sociales y a la gobernanza.

2.16.

Desde el comienzo de la UEM el debate que subyace a una mayor o menor integración europea gira en torno a la soberanía nacional. El CESE considera que este paradigma es falso, dado que la soberanía nacional está desapareciendo progresivamente. En el contexto actual de la globalización y de los retos que conlleva, opina que no existe otra alternativa viable a anclar mejor la soberanía común o conjunta en la UE, y en particular en la zona del euro. Esto requerirá una sólida gobernanza económica compartida o un gobierno económico. En la misma línea, el futuro de la UEM está, pues, estrechamente relacionado con otras políticas vitales «soberanas» como el desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa y de una Unión de la Energía.

4.1.1.

La unión económica y monetaria implica una transferencia sustancial de competencias nacionales a la Unión. Los principales desafíos que tiene ante sí esta UEM son su dimensión democrática y, en particular, su dimensión parlamentaria, la eficacia de su sistema decisorio, el respeto de los principios de responsabilidad y cooperación leal, así como la transparencia (visibilidad) de su modo de funcionamiento. En opinión del CESE, estos retos requieren una unión política que restablezca y garantice la participación de los ciudadanos y el compromiso de todas las partes interesadas en la integración europea.

4.1.2.

Llevar a cabo la unión política es un proceso que debe realizarse por etapas. Algunas condiciones y medidas podrán ponerse en marcha sin necesidad de cambiar los Tratados de la Unión. Otras requerirán necesariamente una revisión de los Tratados.

4.1.3.

El CESE recomienda que, por razones de responsabilidad y cooperación recíproca, las formas de participación existentes a nivel nacional se apliquen también debidamente a escala de la Unión, en particular:

4.1.4.

Tanto en cada Estado como en el conjunto de la UE, la cuestión democrática constituye un punto débil importante (piénsese en el papel desempeñado por la Troika en el marco de la nueva gobernanza económica). La crisis ha puesto de manifiesto que la relación entre representantes y representados es cada vez más tenue. De ahí la necesidad y la urgencia de tomarla como referencia en el marco del proceso destinado a completar la unión económica y monetaria en sus cuatro modalidades o pilares de integración: la unión bancaria, la unión fiscal, la unión económica (que, a juicio del CESE, debe incluir la unión social) y, por último, la unión política.

4.1.5.

Para llegar a esta unión política, con los países que lo deseen y aplicando el principio de la integración diferenciada, el CESE sugiere adoptar, a su debido tiempo, el método de la Convención, cuyo cometido será encontrar soluciones más allá del Tratado de Lisboa. El CESE se compromete a elaborar propuestas que permitan a la sociedad civil participar eficazmente en los trabajos de dicha Convención.

4.2.1.

El espacio privilegiado de la democracia representativa en la unión económica y monetaria es el del Parlamento Europeo, que reúne a los diputados de los países que han adoptado la moneda única o se están preparando para adoptarla.

4.2.2.

La afirmación de la democracia representativa en la UEM no sería completa si los mecanismos decisorios no tuvieran en cuenta la doble legitimidad —nacional y europea— que es esencial en el sistema sui generis del modelo europeo.

4.2.3.

En este contexto político, habrá una base más favorable para estrechar la cooperación y la concertación entre la cumbre europea y/o el Eurogrupo —si procede, también los países «pre-in»—, y el PE y los Parlamentos nacionales. Siguiendo la lógica del punto anterior, los ministros de los países de la zona del euro y de los países candidatos al euro podrán ejercer funciones legislativas compartidas con el PE, en ámbitos relacionados con la UEM.

4.2.4.

Convendría potenciar la actuación del Consejo mediante los esfuerzos de las autoridades nacionales, que deben ir de la mano con esta evolución, en particular mediante el intercambio de funcionarios y la intensificación de las relaciones bilaterales.

4.2.5.

El CESE señala que la ampliación de la votación por mayoría cualificada y, cuando proceda, la supresión de la votación por unanimidad, facilitarán la profundización de la integración en la unión política.

4.2.6.

Así pues, una cooperación y una concertación más estructuradas en la Unión política reforzarán la eficacia de las políticas en los ámbitos fundamentales de la UEM. Toda la Unión se beneficiará de esta evolución.

4.2.7.

Como figura en el cuadro del punto 5, pueden hacerse muchas cosas sin necesidad de modificar los Tratados. Para la mayor parte de las políticas relativas a la UEM, podría desarrollarse una cooperación reforzada directamente entre los países. Sería preferible que la UEM contara con una forma de cooperación reforzada permanente que le permitiera actuar también, y mejor, a través de los diputados europeos de los países de la zona del euro o de los países candidatos.

4.2.8.

El CESE considera que sería útil reactivar el método de los Consejos conjuntos (Consejos «Jumbo») en el seno del Eurogrupo, abriendo así la posibilidad de mantener un diálogo regular entre los ministros responsables de asuntos financieros, económicos y sociales, por una parte, y los interlocutores sociales y la sociedad civil, por otra.

4.3.1.

Tras un período transitorio, que podría conducir a una modificación del Tratado, se establecerá un órgano de gobierno de la UEM. Su presidente debería funcionar a todos los efectos como ministro de Economía y Hacienda de la zona del euro, y desempeñar el cargo de vicepresidente adjunto de la Comisión, una función similar a la de la alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

4.3.2.

En el modelo europeo sui generis, la Comisión Europea (más pequeña y eficaz) seguirá desempeñando un papel esencial. El «método comunitario» y el actual derecho de iniciativa de la Comisión también revisten especial importancia para la profundización de la UEM. Este papel debería garantizarse en la unión política.

4.3.3.

La Comisión Europea debería conservar una función doble de enlace entre la UE y la UEM hasta que se haya instaurado un órgano ejecutivo de la UEM de pleno derecho. Sin perjuicio del ejercicio del actual derecho de iniciativa de la Comisión, deberían encontrarse medios que permitan que el PE participe debidamente en el proceso, a fin de mantener la legitimidad de la nueva propuesta legislativa.

4.3.4.

El CESE propone nombrar un presidente permanente del Eurogrupo, que podrá trabajar mejor, directamente en Bruselas, con la Comisión, el PE, los Gobiernos y los Parlamentos nacionales. Siguiendo el método utilizado por el presidente Juncker, un vicepresidente de la Comisión podría presidir las reuniones del Eurogrupo. De este modo, podría representar a la UEM en los foros internacionales.

4.4.1.

Todos estos elementos deberían darnos más determinación que nunca para construir unas relaciones más sólidas y constructivas con los ciudadanos europeos y encontrar modos de lograr su participación en la vida pública. Deberían garantizarse unas formas sólidas de consulta sobre cuestiones específicas que contaran con la participación de los interlocutores sociales y la sociedad civil, particularmente en la zona del euro, dado que estas organizaciones desempeñan un papel importante en ámbitos políticos directamente afectados por la UEM. También suelen repercutir en los resultados de las políticas nacionales. A nivel europeo, el CESE puede actuar como facilitador de la sociedad civil, y encargarse de asociar a la sociedad civil organizada en el proceso decisorio de la UE, sin perjuicio del papel de los interlocutores sociales en el diálogo social, a través de:

5.1.

Para realizar las cuatro uniones —según el informe de los cuatro presidentes—, equivalentes a los cuatro pilares del CESE (2), hay una serie de ámbitos o políticas que pueden desarrollarse con arreglo al actual Tratado (véase la primera columna del cuadro que figura a continuación). Otros deberán decidirse conjuntamente, a nivel europeo (zona del euro), a partir de un nuevo método de toma de decisiones y con nuevos instrumentos, utilizando la cooperación reforzada prevista en el Tratado actual (segunda columna del cuadro), modificando el Tratado o incluso, en su caso, estableciendo un nuevo Tratado de la UEM (tercera columna del cuadro). Por último, el cuadro resume estas etapas y presenta propuestas institucionales e iniciativas preparatorias relativas al pilar político de la UEM (cuarta columna).

5.2.

Cuadro analítico de las posibilidades para completar la UEM (3)

8.10.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 332/20

Ponente:

Vladimíra DRBALOVÁ

1.1.

El CESE apoya una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y del Trío de Presidencias del Consejo Europeo para centrarse en la educación en materia de emprendimiento (1) y promover una mentalidad emprendedora en Europa.

1.2.

El CESE recomienda que los Estados miembros vuelvan al marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) basado en la Agenda de Oslo de 2006, que sigue siendo muy pertinente.

1.3.

El CESE recomienda que los Estados miembros desarrollen sus propias estrategias de educación en materia de emprendimiento o incorporen el concepto de emprendimiento a sus estrategias nacionales de aprendizaje permanente.

1.4.

El CESE aboga por el desarrollo gradual de competencias clave, según se define en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo (2006) (2), para contribuir a la mejora de la adaptabilidad, la empleabilidad, la inclusión social y la movilidad.

1.5.

Los períodos de prácticas de calidad, la formación de aprendices, los sistemas duales u otros sistemas de formación basados en el trabajo, los programas para las empresas de nueva creación y los viveros de empresas, el voluntariado y las actividades deportivas pueden facilitar la transición de la escuela al trabajo o al empleo autónomo.

1.6.

Los procedimientos para reconocer los conocimientos adquiridos fuera de la escuela deben mejorarse, al tiempo que profesores, educadores y empresarios deben participar en el diseño de los procesos de reconocimiento y sentirse motivados por ellos (3).

1.7.

Sin embargo, la educación en materia de emprendimiento tiene que considerarse en el contexto de la sociedad en general, y no solo en el del marco empresarial. Las competencias en materia de emprendimiento deben abordarse en todos los niveles de la educación y formación comenzando apropiadamente a una edad temprana, a fin de permitir su desarrollo continuo en el plan de estudios.

1.8.

El CESE apoya la propuesta de la Comisión dirigida a los Estados miembros de desarrollar un marco de referencia en materia de emprendimiento en el contexto del Marco de competencias clave. De este modo se contribuirá a garantizar un enfoque coordinado entre los diferentes niveles de educación y a que se tenga en cuenta el aprendizaje no formal e informal.

1.9.

El CESE insta a los Estados miembros a introducir un programa para profesores, formadores y dirigentes educativos centrado en el desarrollo de competencias y actitudes adecuadas al emprendimiento, mientras que los centros de enseñanza deberían ofrecer unos entornos de aprendizaje que fomenten la mentalidad empresarial y estén abiertos a la comunidad en general.

1.10.

El CESE hace hincapié en la importancia de la asociación entre las distintas partes interesadas —administraciones estatales, escuelas, empresas, servicios de empleo y familias—, subrayando, en particular, el papel de los interlocutores sociales en el desarrollo de competencias profesionales y transversales adaptadas a la realidad.

1.11.

El CESE invita a los Estados miembros a utilizar todos los programas y herramientas disponibles para apoyar el emprendimiento en el ámbito de la educación y la formación, la creatividad, la innovación y la movilidad. Asimismo, insta a la Comisión a que preste a los Estados miembros el apoyo y la asistencia adecuados para aplicar el programa Erasmus+, y a que se asegure de que todos sus instrumentos funcionen correctamente.

2.1.

Una de las prioridades de las conclusiones del Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio de 2014, tal y como figura en el anexo I, Agenda estratégica para la Unión en tiempos de cambio  (4), es ayudar a desarrollar las cualificaciones y liberar talentos y oportunidades vitales para todos, promoviendo las cualificaciones adecuadas para la economía moderna y la educación permanente.

2.2.

A fin de contribuir a la revisión de la Estrategia Europa 2020, la Presidencia italiana (5) entabló un debate político sobre el futuro papel de la educación y la formación en las agendas de crecimiento nacionales y de la UE. La Presidencia letona también sigue fomentando las oportunidades digitales y promoviendo la enseñanza para el emprendimiento, sobre todo a nivel regional (6).

2.3.

El Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte subrayó en sus conclusiones del 12 de diciembre de 2014 (7) que tanto el espíritu empresarial como la educación son prioridades de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El desarrollo de una mentalidad emprendedora puede reportar grandes beneficios a los ciudadanos en su vida profesional.

3.

3.1.

El énfasis en la educación en materia de emprendimiento representa el regreso a la Agenda de Oslo para la Educación del Espíritu Empresarial en Europa  (8), que intensifica la promoción de la mentalidad empresarial en la sociedad, y al Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020)  (9).

3.2.

La creatividad y la innovación son decisivas para el desarrollo de las empresas y la capacidad de Europa para competir en el ámbito internacional. La inversión en educación y formación para el desarrollo de competencias es esencial si se quiere estimular el crecimiento y la competitividad. El primer desafío consiste en fomentar la adquisición por todos los ciudadanos de las competencias clave transversales, como las competencias digitales, la capacidad de aprender a aprender, el sentido de la iniciativa y el carácter emprendedor, y la conciencia cultural (10).

3.3.

La conferencia del OMT sobre «El apoyo a las empresas de nueva creación que generen crecimiento y empleo» (11) también puso claramente de manifiesto que la educación en materia de emprendimiento debería considerarse en el contexto más amplio del entorno social. Sin embargo, el mundo empresarial debería hacer todo lo posible para facilitar la actividad de las empresas de nueva creación, reducir la burocracia y crear oportunidades de empleo. Los incentivos para concebir, poner en marcha y desarrollar empresas de nueva creación pueden vincularse efectivamente a toda una serie de otras políticas activas del mercado de trabajo (PAMT) y también han de considerarse en el contexto de un marco más amplio de apoyo a las empresas y de desarrollo empresarial.

3.4.

La revisión de la Small Business Act (12) brinda una oportunidad única para reforzar los vínculos entre las medidas centradas en las pymes y la educación en materia de emprendimiento, mediante la utilización de todos los instrumentos disponibles, como el programa COSME. Promover la actualización de las cualificaciones en las pymes y toda forma de innovación es uno de los diez principios rectores para la creación de igualdad de condiciones para las pymes en la UE.

4.1.

La integración de los elementos de la enseñanza del espíritu empresarial en la educación y formación debería tener como objetivo brindar a todos los estudiantes —independientemente de su género, situación socioeconómica o necesidades especiales— la oportunidad de desarrollar las cualificaciones y competencias necesarias para el emprendimiento.

4.2.

Además de las cualificaciones básicas, como la lectura, la escritura y el cálculo, el espíritu empresarial requiere el desarrollo gradual de una serie de competencias transversales definidas en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006, así como sentido de iniciativa y espíritu de empresa y la capacidad para transformar las ideas en actos. Ello implica creatividad, innovación y asunción de riesgos, así como la capacidad de planificar y gestionar proyectos para alcanzar objetivos.

4.3.

La comunicación en lenguas extranjeras es particularmente importante para garantizar que los ciudadanos europeos puedan desplazarse, trabajar y aprender libremente en toda Europa y es cada vez más importante para los jóvenes (13).

4.4.

El emprendimiento digital es fundamental en la era del mercado único digital para crear nuevos puestos de trabajo, concebir ideas innovadoras y constituir agrupaciones que aceleren el ritmo de la innovación. La UE debe desarrollar un marco político que fomente las competencias en TIC y animar a los Estados miembros a aprender de los demás sobre la manera de aumentar el número y mejorar la calidad de los licenciados con competencias en TIC, de acuerdo con las necesidades de las empresas.

4.5.

Debe liberarse el enorme potencial de las mujeres y aprovecharse su planteamiento único a la hora de dirigir y gestionar las empresas. Los Estados miembros, en estrecha colaboración con las partes interesadas pertinentes, deberían aplicar programas centrados en las empresas y el desarrollo de competencias empresariales, así como en la participación de las empresas dirigidas por mujeres en las cadenas mundiales de suministro (14).

5.1.

Las competencias emprendedoras son importantes para la vida en general y para dar a los ciudadanos mayor control sobre su futuro. Las competencias en materia de emprendimiento deben abordarse en todos los niveles de la educación y formación comenzando apropiadamente a una edad temprana, a fin de permitir su desarrollo continuo en el plan de estudios.

5.2.

Todos los alumnos deberían tener la oportunidad de participar en programas de adquisición de experiencia laboral, a fin de contribuir a desarrollar esas competencias, mientras que las herramientas concebidas para evaluar los progresos y demostrar la adquisición de competencias emprendedoras deberían centrarse en la mejora de la calidad de las futuras experiencias laborales. Un buen ejemplo es un programa de trabajo finlandés que proporciona formación relacionada con las empresas en diferentes niveles de educación, «Yrittäjyyskasvatus»  (15).

5.3.

La educación en materia de emprendimiento se define como «un conjunto de técnicas de enseñanza formal que informa, forma y educa a todos los interesados en participar en el desarrollo socioeconómico a través de un proyecto para promover la conciencia del espíritu empresarial, la creación de empresas o el desarrollo de pequeñas empresas» (16).

5.3.1.

Europa deposita hoy todas sus esperanzas en la promoción y desarrollo del sistema dual de aprendizaje y otras formas similares de aprendizaje en el lugar de trabajo. Los Estados miembros que cuentan con estos sistemas obtienen buenos resultados a largo plazo y sus niveles de desempleo juvenil están por debajo de la media de la UE.

5.3.2.

Los períodos de prácticas son un importante medio para combatir el desempleo y la inadecuación de las cualificaciones, así como para garantizar la transición del mundo educativo al mercado laboral. Se ha de prestar mayor apoyo a la incorporación de los períodos de prácticas a los planes de estudio (17).

5.3.3.

Los períodos de prácticas, cuyo objetivo es fomentar las actitudes empresariales de los trabajadores y el emprendimiento social o propiciado por los empleados, pueden ser ejemplos de éxito de los sistemas de participación de los trabajadores para conseguir los objetivos económicos y sociales de las organizaciones para las que trabajan.

5.3.4.

El voluntariado puede constituir una valiosa experiencia para el desarrollo de competencias. Los principales proveedores de enseñanza no formal son las organizaciones juveniles. A través de sus programas educativos contribuyen al desarrollo de una serie de competencias transversales, como el trabajo en equipo, las capacidades interpersonales, el espíritu de iniciativa y la asunción de riesgos. Los jóvenes pueden aprender de sus errores en un entorno seguro (contrariamente a lo que sucede en el mundo empresarial real).

5.4.

En 2012, la Comisión Europea publicó un informe titulado «Educación para el emprendimiento en los centros de enseñanza europeos» (18), en el que se centraba en las estrategias, planes de estudio y resultados de aprendizaje nacionales. En la actualidad, la mayoría de los países europeos promueven la educación en materia de emprendimiento y se ha adoptado una serie de diferentes planteamientos: 1) estrategias específicas/planes de acción centrados exclusivamente en la educación del espíritu empresarial, 2) estrategias educativas o económicas más amplias que incorporan objetivos para la educación del espíritu empresarial, y 3) iniciativas individuales o múltiples relacionadas con la educación del espíritu empresarial.

5.5.

No todas las personas nacen para ser empresarios o empresarias. El espíritu empresarial solo les genera más opciones para prosperar en su carrera profesional. Sin embargo, habría que promover a los que tienen talento para la actividad empresarial y el valor de transformar su espíritu de empresa en acción.

5.5.1.

Los viveros de empresas son centros de innovación y actividades empresariales. Pueden encontrarse en muchas universidades y ofrecen un entorno seguro en el que los alumnos pueden recibir orientación profesional para hacer realidad sus proyectos empresariales y asumir riesgos sin impacto negativo y sin verse afectados por el fracaso. Los estudiantes de las escuelas empresariales con viveros de empresas pueden disponer de una vía más directa para incorporarse a una empresa de nueva creación o poner en marcha su propia empresa.

5.5.2.

Las competencias empresariales también pueden adquirirse a través de los programas de desarrollo de las competencias organizados fuera de los sistemas de educación general. Estos programas pueden incluir acciones de padrinazgo y tutoría a cargo de formadores experimentados, empresarios y expertos del sector empresarial, que no solo contribuyen a proporcionar a los potenciales empresarios valiosos conocimientos técnicos empresariales, sino que también les permiten desarrollar una red de contactos con empresas y empresarios.

5.5.3.

La formación en competencias empresariales facilitada por las cámaras de comercio y la industria en toda Europa demuestra una variedad de formas de enseñanza y práctica que prestan apoyo a las personas en el proceso de determinar e iniciar proyectos de negocio, definir y organizar los recursos necesarios y asumir los riegos asociados a su aventura empresarial: Entrepreneurial Skills Pass (Austria) (19), Startup@Campus (Bélgica) (20), Incuba’ school (Francia), Long night of Start-ups (Alemania) (21), New Entrepreneurs Day (España) y Bright and Young (Bélgica) (22).

5.6.

Las partes interesadas y las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar una función clave a la hora de contribuir eficazmente a la aplicación y puesta en marcha de las iniciativas destinadas a promover el espíritu empresarial y fomentar la mentalidad emprendedora. Un ejemplo es la Fundación finlandesa Startup Sauna (23), que fue fundada por empresarios finlandeses en cooperación con varias partes interesadas del sector público.

6.1.

Las continuas dificultades que afrontan el reconocimiento y la transparencia de las competencias y cualificaciones están obstaculizando el desarrollo de una combinación idónea de competencias y cualificaciones, así como la movilidad necesaria para lograr una mejor correspondencia entre competencias y empleos que contribuya a impulsar la competitividad y la prosperidad.

6.2.

A nivel europeo se ha establecido una serie de herramientas con el objetivo de facilitar la cooperación mediante la transparencia y el reconocimiento de las cualificaciones y competencias adquiridas a través de la educación y la formación profesional (EFP) y la educación superior en toda la UE (24).

6.3.

Además de estos instrumentos, otras iniciativas tienen como objetivo superar la inadecuación de las cualificaciones; por ejemplo, la Clasificación europea de capacidades/competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO) y el Panorama de Cualificaciones. Para fomentar la movilidad, también tenemos el marco Europass, que incluye el CV Europass y el Pasaporte Europeo de Capacidades, así como la reciente revisión de la Directiva sobre cualificaciones profesionales (25).

6.4.

Garantizar una mayor coherencia entre el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), los sistemas europeos de transferencia de créditos (ECTS y ECVET) y la Clasificación europea de capacidades/competencias, cualificaciones y ocupaciones multilingüe (ESCO) podría ayudar a garantizar el reconocimiento de las cualificaciones, la validación del aprendizaje no formal e informal y la orientación permanente. Este proceso debe seguir siendo coherente y debería ir acompañado de una evaluación de los distintos instrumentos utilizados para garantizar su eficacia.

6.5.

La Comunicación sobre «Un nuevo concepto de educación» (26) también subraya la necesidad de reconocer, evaluar y validar las cualificaciones que las personas adquieren fuera de los centros de enseñanza, aportando así un perfil de competencias para posibles empleadores. El reconocimiento de las cualificaciones desarrolladas fuera del aula es importante a la hora de considerar a alguien para un puesto de trabajo, pero la carga que supone la evaluación y validación de tales competencias no debe recaer solo en los empresarios.

6.6.

Por otra parte, las políticas y marcos de apoyo a la transferibilidad de las cualificaciones se refieren por lo general a la legislación de la UE vigente, y son varias las iniciativas nacionales para la convalidación del aprendizaje previo en los Estados miembros. Habría que acometer una revisión sistemática y el seguimiento de dichas iniciativas nacionales para detectar las mejores prácticas y promover el aprendizaje mutuo y el establecimiento de principios comunes (27).

6.7.

El CESE apoya la propuesta de la Comisión de desarrollar un marco de referencia para las competencias en materia de emprendimiento en el contexto del Marco de referencia europeo de las competencias clave, que subdivide las competencias en sus partes constitutivas, sobre la base de los niveles y descriptores de los resultados del aprendizaje del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC). De este modo se contribuirá a garantizar un enfoque coordinado entre los diferentes niveles de educación y al proceso de tener en cuenta el aprendizaje no formal e informal.

1)

Emprendimiento 360  (28), que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento en las escuelas e instituciones de formación profesional y técnica y que proporciona un instrumento de autoevaluación de libre disposición que prestará apoyo a las instituciones y los profesores ayudándoles a profundizar sus estrategias y prácticas para promover el espíritu de empresa, y

2)

HEinnovate, una herramienta en línea que ayuda a los centros de educación superior a promover una mentalidad más emprendedora e innovadora en un contexto internacional (29).

7.1.

Los profesores y educadores desempeñan un papel fundamental a la hora de facilitar el aprendizaje y amplificar las ideas. Integrar nuevos procesos educativos y tecnologías de enseñanza en las aulas no es tarea fácil, ya que se requieren profesores cualificados para liderar el proceso (30). Tienen que promover planteamientos alternativos y no formales de aprendizaje y adoptar una actitud individual.

7.1.1.

La calidad de los profesores y tutores es fundamental para asegurar el éxito y la eficacia de los programas de formación empresarial. En este sentido, los empresarios potenciales que se encuentran en las primeras fases de su vida empresarial aprecian particularmente la experiencia y el saber hacer de profesores experimentados o empresarios más veteranos que puedan compartir sus propias experiencias (31).

7.1.2.

Un ejemplo de la eficacia de los programas de formación empresarial es el programa organizado por la Irish National Foundation for Teaching Entrepreneurship (32), que ofrece formación intensiva de los formadores para dotar a los profesores de educación secundaria y a los trabajadores en el ámbito de la juventud de las competencias y recursos necesarios para llevar a buen término la formación para el emprendimiento entre los jóvenes. Los participantes que completen este programa con éxito reciben un certificado de cualificación como formadores en materia de emprendimiento.

7.1.3.

Otro ejemplo es el programa de acción neerlandés «Emprendimiento y educación» (33), que aspira a reforzar el espíritu empresarial y las actitudes emprendedoras de los alumnos, integrando las competencias y conocimientos empresariales en el sistema educativo de los Países Bajos. El programa consta de diferentes sistemas cuyo objetivo es ofrecer una amplia gama de actividades para desarrollar las competencias emprendedoras de los estudiantes a lo largo de las diversas etapas de su trayectoria educativa, así como organizar cursos de formación que faciliten la enseñanza del espíritu empresarial para profesores.

7.2.

Los profesores, formadores y dirigentes educativos deben tratar de desarrollar sus propias aptitudes creativas e innovadoras, mientras que las escuelas deberían ofrecer un entorno de aprendizaje que fomente el emprendimiento y que esté abierto a la participación de la comunidad en general.

7.3.

En junio de 2013, la Comisión publicó Una guía para educadores  (34), en la que presentaba una lista de principios básicos para los profesores en esta materia, la evaluación cualitativa de los resultados del aprendizaje, la enseñanza interdisciplinar, su formación inicial y continua, la tutoría, la innovación en la pedagogía de iniciación al emprendimiento y una serie de mensajes clave a partir de ejemplos prácticos.

7.3.1.

Las instituciones que forman a los profesores de emprendimiento deberían desarrollar un claro concepto educativo, a fin de dotarles también de la capacidad de enseñar para el mundo laboral. La educación en apoyo de la mentalidad emprendedora tiene que integrarse como enfoque horizontal y materia transversal en el programa de estudios.

7.3.2.

Los programas de formación de profesores de emprendimiento deberían animar a los profesores estudiantes a desarrollar sus propios conocimientos, competencias y actitudes empresariales.

7.3.3.

Habría que apoyar el desarrollo de herramientas digitales y en línea que sean gratuitas y libres para enseñar competencias empresariales y explorar formas de cooperación con los productores de programas informáticos libres, a fin de promover instrumentos empresariales gratuitos, así como la formación necesaria para utilizarlos.

7.3.4.

La movilidad de los educadores en toda Europa es importante, especialmente en el ámbito de la enseñanza superior, gracias al Programa de Aprendizaje Permanente de la UE y otros instrumentos concebidos especialmente para este fin. Es necesaria una mayor movilidad e intercambio de experiencias en Europa, no solo entre universidades, sino también, cuando proceda, entre el mundo académico y el empresarial. Habrá que desarrollar programas que permitan a los educadores pasar un tiempo en otras instituciones o en el sector privado, para permitirles que se comprometan plenamente con lo que hacen, aprendan y se desarrollen.

8.1.

Para la formulación de las actividades educativas en materia de emprendimiento debería consultarse con las empresas, a fin de garantizar que los licenciados dispongan de las competencias necesarias para tener éxito. Habría que animar a las empresas a participar más en la formación de directivos y trabajadores en los ámbitos del emprendimiento, la cooperación y la participación en la gestión de sus organizaciones. Las empresas también deberían formar a sus trabajadores en las competencias necesarias y los nuevos conocimientos, así como en la toma de decisiones con unas condiciones de trabajo que les permitan acceder a estos programas de formación. Además, deberían trabajar con la comunidad educativa para que los jóvenes puedan aprender sobre el mercado laboral y encontrar un puesto de trabajo.

8.2.

El vínculo entre los sindicatos y los jóvenes en el ámbito de la formación es particularmente importante. Los sindicatos pueden participar en la formación de los jóvenes en los entornos laborales distintos de las escuelas o centros educativos. Los trabajadores más experimentados y profesionales pueden trabajar con jóvenes trabajadores, aprendices y voluntarios como mentores y tutores o ejercer como profesores en centros específicos de aprendizaje. Estos vínculos con las empresas son importantes para enseñar a los jóvenes cómo funcionan el mercado de trabajo y las relaciones laborales. Los sindicatos que imparten enseñanza son un recurso esencial con el que se podría trabajar para desarrollar políticas eficaces en el ámbito de la educación y la formación, pero la interfaz con las empresas es fundamental.

8.3.

Sobre todo en el contexto de la colaboración social, las organizaciones de empresarios y trabajadores han de participar en la elaboración de las estrategias nacionales de aprendizaje permanente y de los planes de acción para la aplicación de la Garantía Juvenil. El CESE apoya el Marco de acción en favor del empleo juvenil (35), desarrollado por los interlocutores sociales europeos.

8.4.

Es fundamental garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Esto podría permitir que las distintas organizaciones de la sociedad civil (centradas en las mujeres, los jóvenes, las familias, las personas con discapacidad, los inmigrantes, las minorías y otros grupos) se centren de manera más eficaz en las necesidades y prioridades de grupos específicos de ciudadanos en el sistema educativo y el mercado laboral.

8.5.

La familia sigue desempeñando un papel importante, como ya se ha mencionado en el dictamen del Comité al respecto (36).

9.1.

Erasmus+  (37), el nuevo programa de la Comisión para la educación, la formación, la juventud y el deporte 2014-2020, aspira a mejorar las competencias y la empleabilidad, así como a modernizar la educación, la formación y el trabajo juvenil. Este programa de siete años de duración tendrá un presupuesto de 14  700 millones EUR, que representan un incremento del 40 % con respecto a los niveles actuales de gasto, lo que refleja el compromiso de la UE por invertir en estos ámbitos. Erasmus+ ofrecerá a más de cuatro millones de europeos la oportunidad de estudiar, adquirir experiencia laboral y realizar actividades de voluntariado en el extranjero. Esto supone un importante paso adelante con un potencial significativo para apoyar la enseñanza del emprendimiento alentando, por ejemplo, la integración de la cooperación entre el mundo de la educación y la empresa en las alianzas de conocimiento para la educación superior y en las alianzas de competencias sectoriales para la EFP.

9.2.

Hay otros programas e instrumentos que apoyan la educación del espíritu empresarial en la UE: FSE  (38) , ESCO — Clasificación europea de capacidades/competencias, cualificaciones y ocupaciones  (39) , COSME  (40) , Horizonte 2020  (41) , Iniciativa de Empleo Juvenil  (42) y Europa Creativa  (43).

8.10.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 332/28

Ponente:

Ludvík JÍROVEC

Coponente:

Edwin CALLEJA

—

el actual programa REFIT, dirigido por la Comisión, que debe contribuir a la realización del mercado único de los productos alimenticios sin perder de vista las normas en vigor relativas a las condiciones de empleo de los trabajadores,

—

la reciente reforma de la PAC, que debe aplicarse sin falsear la competencia entre los Estados miembros y de una manera que fomente la producción sostenible,

—

la Alianza Europea para la Formación de Aprendices de la UE, cuya puesta en práctica requiere el pleno respaldo de los Estados miembros.

—

buscar una conclusión favorable para los principales acuerdos comerciales de la UE aún pendientes de resolución (especialmente con los Estados Unidos, Japón y los socios de Asia Meridional), puesto que pueden generar ventajas significativas para los productores de alimentos y bebidas de la UE,

—

supervisar la aplicación de los acuerdos comerciales en vigor,

—

esforzarse por lograr una mejor coordinación entre los acuerdos bilaterales y multilaterales,

—

garantizar, por un lado, un trato recíproco en lo que respecta a la reducción de las barreras arancelarias y la supresión de las barreras no arancelarias, y, por otro, el mantenimiento de las normas vigentes de la UE en materia de consumidores, medio ambiente y protección de la salud.

—

crear unas condiciones favorables para las exportaciones mediante la supresión de las barreras al comercio,

—

facilitar el acceso a la financiación comercial (créditos a la exportación y seguros),

—

respaldar el fomento de las exportaciones tomando como base la colaboración entre el sector público y el privado,

—

recoger información sobre los requisitos de importación de terceros países para transmitirla la asociación representativa de las pymes.

—

la facilitación de más información sectorial de alta calidad sobre el mercado laboral en todos los Estados miembros para ayudar a abordar el problema de la información asimétrica entre los empleadores y los trabajadores potenciales, y para determinar y corregir cualquier inadecuación de las cualificaciones,

—

la validación periódica de los cursos de formación de los centros de educación superior, con la participación de representantes del sector de la alimentación y las bebidas a fin de mantener la relevancia del sector de la formación profesional,

—

la apertura de los programas de aprendizaje a todos los nuevos trabajadores contratados en el sector de la alimentación y las bebidas, y no exclusivamente a los jóvenes. Esto es importante para liberar el potencial de las mujeres que se reincorporan al mercado laboral y los trabajadores de más edad que quieren cambiar de profesión,

—

los medios y los recursos necesarios para la formación y el aprendizaje permanente, para disponer una mano de obra cualificada. A este respecto, el diálogo social es un elemento clave.

—

la protección de los trabajadores y los derechos de los consumidores en Europa,

—

la plena y efectiva ratificación, aplicación y ejecución de las normas fundamentales de la OIT,

—

las normas de calidad europeas en el sector de la alimentación y las bebidas.

1.2.9.

El CESE insta a la Comisión a que presente un informe en que se evalúe la conveniencia de facilitar información sobre los ingredientes y el contenido nutricional de las bebidas alcohólicas.

2.1.

El sector europeo de la alimentación y las bebidas es la industria manufacturera más importante de la economía de la UE, pues genera un volumen de negocios anual de más de un billón de euros y emplea directamente a 4,25 millones de trabajadores en la UE. Además, forma parte de una cadena de valor que en su conjunto emplea a 32 millones de personas y genera el 7 % del PIB de la UE. Las pymes representan el 99,1 % de las empresas del sector de la alimentación y las bebidas (8).

2.2.

Las inversiones privadas en I+D representan el 0,27 % del volumen de negocios del sector. El cuadro de indicadores de 2012 del Centro Común de Investigación (CCI) confirmó las tendencias observadas en años anteriores, en concreto que la UE mantiene niveles constantes de I+D privada, aunque sigue a la zaga de sus socios internacionales (9).

2.3.

El sector de la alimentación y las bebidas transforma el 70 % de la producción agrícola de la UE y ofrece alimentos seguros, de calidad y nutritivos a los consumidores europeos.

2.4.

En 2012 Europa exportó productos alimenticios transformados y bebidas en todo el mundo por un valor de 86  200 millones EUR (10), convirtiéndose así en el primer exportador mundial del sector. Además, la balanza comercial de la UE registró un superávit histórico de 23  000 millones EUR en ese mismo año. Durante los últimos veinte años, el comercio de productos alimenticios y bebidas entre Estados miembros se ha triplicado hasta alcanzar una cifra de aproximadamente 4 50  000 millones EUR (11).

2.5.

El sector no solo es un sólido puntal, ajeno a los ciclos, de la economía, sino que mantiene una presencia considerable en todos los Estados miembros y contribuye sin duda de manera significativa al esfuerzo emprendido por la industria manufacturera europea para ampliar su porcentaje del PIB al 20 % fijado por la Comisión Europea en el contexto de la Estrategia Europa 2020 (12). El CESE confirma su apoyo y reitera su recomendación de completar este objetivo prestando atención al aspecto cualitativo (13).

2.6.

No obstante, los indicadores clave de competitividad demuestran que el sector está perdiendo su ventaja competitiva. En el contexto del aumento de la demanda a nivel mundial, la cuota de mercado de la exportación ha ido disminuyendo año tras año (el valor de las exportaciones fue en 2012 del 16,1 % frente a un 20,5 % en 2002 (14)).

2.7.

El presente dictamen de iniciativa del CESE tiene por objetivo centrarse especialmente en el sector de la alimentación y las bebidas, destacando las medidas necesarias para revertir esta tendencia negativa y mejorar la competitividad del sector tanto en el mercado interior como en todo el mundo.

2.8.

A los consumidores les asiste el derecho a obtener una información veraz y equilibrada sobre las bebidas alcohólicas que les ayude a tomar decisiones bien fundadas sobre su consumo. Todas las bebidas alcohólicas, cualquiera que sea su grado alcohólico, deberían estar sujetas a las mismas normas. El CESE insta a la Comisión a que presente sin demora, y antes de diciembre de 2014, el informe exigido por el Reglamento (UE) no 1169/2011 en el que se estudie la conveniencia de aplicar el requisito de facilitar información sobre los ingredientes e información nutricional en las bebidas alcohólicas.

4.1.1.

La legislación alimentaria de la UE está sumamente armonizada y el sector se beneficia en gran medida de las oportunidades que ofrece el mercado interior. El comercio entre Estados miembros ha aumentado de manera significativa durante la última década y representa actualmente alrededor del 20 % de la producción de alimentos y bebidas en la UE. No obstante, las empresas siguen notificando la existencia de diferencias de interpretación y aplicación de la legislación de la UE en materia de normas alimentarias. Una mayor integración ofrecería nuevas oportunidades de crecimiento (20).

Asimismo, resulta esencial mejorar las relaciones en la cadena de suministro alimentario para garantizar la competitividad del sector de la alimentación y las bebidas (21).

4.1.2.

En este contexto, reviste crucial importancia la labor de la Comisión Europea, que consiste en supervisar la eficacia de la Iniciativa de la cadena de suministro europea (22) y aplicar las normas a escala nacional (23). Se trata de una importante iniciativa conjunta de carácter voluntario, impulsada por las organizaciones de partes interesadas de toda la cadena de suministro de alimentos. Establece un sistema que permitirá mejorar las relaciones comerciales entre los participantes y encontrar soluciones a cualquier desacuerdo que pueda surgir en sus relaciones comerciales.

4.2.1.

En 2013, a fin de mejorar las competencias de la mano de obra en el sector, la EFFAT y FoodDrinkEurope aprobaron un informe conjunto en el que se resumían las políticas de formación y de competencias necesarias para hacer frente a los retos del mercado laboral (24).

4.2.2.

Asimismo, pusieron en marcha la Alianza para la formación de aprendices jóvenes en el sector de la alimentación y las bebidas (25), que tiene por objetivo facilitar el aprendizaje profesional de calidad en empresas de alimentos y bebidas en toda la UE, especialmente en las pymes.

4.3.1.

La UE, cuya balanza comercial positiva se elevó a 23  000 millones EUR en 2012, sigue siendo el principal exportador de alimentos y bebidas a pesar de su decreciente cuota de mercado en ese sector a nivel mundial. En cambio, la cuota de mercado de las exportaciones de países como China y Brasil ha seguido aumentando en los últimos años (26).

4.3.2.

A pesar del consenso general en torno a la vital importancia que reviste la seguridad alimentaria (27), el aumento de las exportaciones es un factor esencial de crecimiento para todos los sectores. El sector debe estar capacitado para responder al crecimiento de la demanda mundial habida cuenta del aumento del porcentaje de personas adineradas en los países emergentes.

4.3.3.

La conclusión de un acuerdo multilateral coherente en el seno de la OMC habría sido la mejor manera de abrir los mercados, pero las sucesivas rondas de conversaciones no permitieron alcanzar un acuerdo global.

4.3.4.

Por tanto, los acuerdos de comercio bilaterales han adquirido una importancia considerable, logrando resultados para la industria europea, en general, y el sector de la alimentación y las bebidas, en particular. En las actuales negociaciones sobre la ATCI, en lo que respecta a la cuestión de las barreras arancelarias y no arancelarias, se debería insistir en un trato recíproco para las bebidas y los alimentos producidos en Europa, pero sin perjudicar en modo alguno los intereses de los consumidores europeos. El resultado de estas negociaciones debería ofrecer ventajas significativas al sector agroalimentario europeo (28).

4.3.5.

La política de promoción de la UE es un instrumento adecuado para ayudar a sacar provecho de la imagen positiva de la producción agroalimentaria europea en todo el mundo y dar a conocer las características esenciales de los productos alimenticios europeos.

4.4.1.

Tal y como se señaló en el dictamen del CESE de 2012 (29), «Las estrategias para aumentar la eficacia de los recursos y fomentar una economía ecológica se centran en el consumo y la producción sostenibles como el tipo de aprovechamiento de los servicios y bienes que ofrece mayores ventajas y emplea menos recursos naturales».

4.4.2.

Los sectores europeos de la alimentación y las bebidas dependen de un acceso a cantidades suficientes de materias primas agrícolas que cumplan criterios de calidad específicos y tengan un precio competitivo.

4.4.3.

Uno de los principales problemas es el desperdicio de alimentos: cada año se desperdicia alrededor de 90 millones de toneladas de alimentos en la cadena alimentaria europea. Cuando se desperdician alimentos, también se echan a perder los recursos empleados para producirlos, como las materias primas, el agua, los abonos y el combustible. Algunas iniciativas clave han dado lugar a una serie de asociaciones con las principales partes interesadas, como la campaña Every Crumb Counts («hasta las migajas cuentan») y la publicación de un conjunto de orientaciones para el sector. Un dictamen del CESE sobre la prevención y la reducción del desperdicio de alimentos, aprobado en 2013, ofrece un resumen de los problemas y las posibles soluciones en este contexto (NAT/570).

4.4.4.

La Comisión Europea ha recomendado dar prioridad a una mayor eficiencia en el uso de los recursos por parte del sector alimentario y ha llevado a cabo una amplia consulta sobre la sostenibilidad del sistema alimentario europeo (30).

4.4.5.

La sostenibilidad debe analizarse desde una perspectiva más amplia, procurando no centrarse únicamente en el aspecto medioambiental, sino también en el pilar social y el económico. Así se hizo en una declaración conjunta aprobada por once organizaciones que representan a la cadena alimentaria en el contexto del Foro de Alto Nivel (31).

4.5.1.

Los niveles de inversión en I+D del sector de la alimentación y las bebidas de la UE son reducidos en comparación con otros subsectores de la industria manufacturera y otras industrias de la alimentación y las bebidas a escala mundial (32).

4.5.2.

Debe fomentarse y apoyarse la creación de CCI en el sector de la alimentación y las bebidas. Las CCI actúan a largo plazo, entre siete y quince años, persiguiendo al mismo tiempo determinados objetivos a corto y medio plazo como, por ejemplo, el compromiso fundamental de aumentar la inversión en I+D de aquí a 2020 y contribuir al aumento del empleo y el crecimiento.

Las empresas de alimentos y bebidas se enfrentan a infinidad de problemas al introducir productos y procesos innovadores. Las pymes son las que más sufren debido a su escasa capacidad en términos de organización y recursos, así como a la carencia de las necesarias competencias de gestión, experiencia y visión estratégica. Es necesario acelerar los procedimientos de autorización de la comercialización de nuevos, respetando al mismo tiempo el principio de precaución en virtud del cual solo deben comercializarse productos que sean seguros para la salud de los consumidores.

4.6.1.

Las pymes sufren las consecuencias de una proliferación de estructuras que dan lugar a cargas administrativas innecesarias. Estas empresas son fundamentales para la competitividad del sector, por lo que requieren medidas especiales, sin perjuicio de la seguridad alimentaria o los derechos de los trabajadores y los consumidores.

4.6.2.

Con el programa REFIT, la Comisión ha dado un paso importante para garantizar que la legislación de la UE se adeque a la actividad empresarial y fomentar la competitividad (33).

8.10.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 332/36

Ponente:

Dumitru FORNEA

Coponente:

Hilde VAN LAERE

1.1.

La fabricación aditiva es una de las tecnologías facilitadoras esenciales que definirán el nuevo enfoque a la fabricación y los productos y las fábricas del futuro. La revolución digital, sumada a esta revolución en la fabricación, hará posible que Europa recupere los niveles de producción en las regiones con sueldos más bajos a fin de estimular la innovación y crear un crecimiento sostenible a nivel interno.

1.2.

El CESE considera que la UE puede mantener su posición actual como protagonista de primer orden en la escena mundial en lo que respecta a la fabricación aditiva, aunque para lograrlo deberán tomarse, a nivel europeo y nacional, las medidas que se presentan a continuación.

1.3.

Debería darse prioridad a las inversiones en las infraestructuras de las TIC de manera que todos los ciudadanos y empresas tengan acceso a redes de internet de alta velocidad, con las normas de calidad y seguridad más rigurosas.

1.4.

Debe reforzarse y actualizarse la capacidad europea de almacenar y transmitir grandes cantidades de datos digitales y garantizarse la protección de dichos datos de conformidad con los intereses legítimos de los ciudadanos y las empresas de la UE.

1.5.

Las instituciones y los gobiernos nacionales de la UE deberían preparar a los ciudadanos para los retos que plantea la sociedad digital y las tecnologías revolucionarias afines, como la fabricación aditiva, a través de inversiones en programas culturales, educativos y de formación que estén en consonancia con la dinámica y las necesidades de los nuevos perfiles profesionales asociados a una nueva generación de sistemas de producción.

1.6.

Para alcanzar todo el potencial de la fabricación aditiva, han de fomentarse la investigación y la creatividad (a través de incentivos financieros y fiscales) en las empresas e instituciones educativas y científicas pertinentes.

1.7.

Es necesario seguir investigando para ampliar la gama de materiales y el número de aplicaciones, así como para mejorar la robustez, la velocidad, la productividad y el grado de desarrollo de esta tecnología. En Europa debe avanzarse a fin de hacer madurar el proceso de producción para garantizar que ocupamos una posición competitiva en los mercados mundiales y que la UE sigue teniendo beneficios económicos y empleos de calidad.

1.8.

Las asociaciones europeas para la innovación deben racionalizar los esfuerzos para desarrollar nuevos materiales destinados a la fabricación aditiva. Una gama más amplia de materiales y un mayor número de proveedores promoverán unos precios más competitivos, harán que aparezcan nuevos sectores industriales y crearán tanto mayores volúmenes de materiales para la fabricación aditiva como mercados de suministro más competitivos.

1.9.

La UE debe facilitar la inversión en nuevos equipos de fabricación aditiva y fomentar el desarrollo de la tecnología de fabricación aditiva en sistemas de producción abiertos que sean flexibles y fáciles de integrar con otras tecnologías de producción y acabado, para incrementar así el número de solicitudes y el volumen de negocios.

1.10.

El marco regulador nacional y europeo no ha logrado seguir el rápido ritmo de cambio en la fabricación aditiva, por lo que se necesita una reglamentación específica para abordar principalmente las normas y la certificación, los derechos de propiedad intelectual, la protección de los consumidores, la salud y la seguridad en el trabajo, y el medio ambiente.

1.11.

El proceso de reglamentación por lo que respecta a la fabricación aditiva debe basarse en una investigación científica interdisciplinaria que estudie el impacto de esta tecnología y en la que participen plenamente las partes interesadas.

2.1.

El sector de las manufacturas contribuye significativamente a la economía, sobre todo por lo que respecta a innovación, productividad y empleos de calidad. Sin embargo, en las dos últimas décadas la industria europea ha perdido terreno, lo que se ha traducido en una reducción del empleo industrial y del valor añadido  (1). Tras décadas de disminución en el sector de las manufacturas (debido a la externalización hacia una mano de obra barata), se vuelve a prestar atención a la producción en países con sueldos elevados y al importante papel que desempeñan la capacidad de producción nacional en la creación de innovación y la capacidad de aumentar rápidamente la fabricación de nuevos productos mediante el uso de tecnologías avanzadas. La innovación, la automatización y los procesos sofisticados son la base de las estrategias industriales de éxito y han demostrado ser fundamentales en el mantenimiento de una posición de liderazgo (2). Con una tecnología de fabricación avanzada adecuada, Europa podría recuperar los niveles de producción en las regiones con sueldos más bajos a fin de estimular la innovación y crear un crecimiento sostenible a nivel interno. Solamente de esta manera podría Europa situarse a la vanguardia de la nueva revolución industrial.

2.2.

La «fabricación aditiva» es el proceso de unir materiales para fabricar objetos con datos de modelos 3D, normalmente superponiendo capas, a diferencia de los denominados «métodos de fabricación sustractivos». «Fabricación aditiva» es el término oficial de la industria (ASTM F2792), mientras que «impresión en 3D» es un sinónimo de uso común.

2.3.

«Fabricación aditiva» es un término genérico que designa un conjunto de tecnologías y procesos para diferentes materiales (metales, polímeros, cerámicas y otros). Estas tecnologías han alcanzado un grado de madurez que permite que existan cada vez más aplicaciones comerciales con valor añadido. A nivel mundial, la fabricación aditiva es una de las tecnologías facilitadoras esenciales que definirán el nuevo enfoque a la fabricación y los productos y las fábricas del futuro. Ya existen los denominados «Fab lab» (laboratorios de servicios y productos de impresión en 3D).

2.4.

La fabricación aditiva es un sector que está experimentando un rápido crecimiento. Este crecimiento se ha acelerado durante los últimos cuatro años a la vez que un número cada vez mayor de organizaciones opta por la fabricación aditiva de productos y servicios. La tasa de crecimiento anual compuesta por los ingresos obtenidos en todo el mundo procedentes de todos los productos y servicios a lo largo de los últimos 25 años es del 27 %, una cifra impresionante. La tasa de crecimiento anual compuesta de los últimos tres años (2011-2013) fue del 32,2 %, hasta alcanzar los 2  430 millones EUR en 2013 (3). La consultora Wohlers Associates prevé que el mercado superará los 5  500 millones EUR en 2016 y los 10  000 millones EUR en 2018. No obstante, al tratarse de una tecnología emergente, los expertos del sector de la fabricación aditiva calculan que la actual penetración en el mercado solo abarca una pequeña parte de las previsibles aplicaciones. En 2011 los expertos estimaron una penetración en el mercado de al menos el 8 % (lo que significa un mercado total de aproximadamente 17  000 millones EUR) (4). Si la fabricación aditiva crece y se hace con el 2 % de las manufacturas mundiales, el potencial se multiplicará por diez (aproximadamente, 1 70  000 millones EUR) (5).

2.5.

El ámbito de aplicación pasó de la creación de prototipos a principios de los años noventa a la producción de piezas funcionales. El crecimiento previsto está impulsado principalmente por la fabricación rápida, rentable y a gran escala de productos finales, complejos y funcionales en diversos materiales (plástico, metal o cerámica) más que por el diseño de productos y prototipos. La fabricación aditiva ha alcanzado la fase de madurez por lo que respecta a la creación de prototipos, pero aún está en fase de innovación por lo que respecta a la fabricación de productos finales y funcionales. Los productos innovadores producidos mediante fabricación aditiva están emergiendo, aunque aún no son viables, pues se carece de maquinaria de fabricación aditiva sólida y sistemas de producción de gran volumen.

2.6.

Los procesos innovadores de fabricación aditiva tendrán un efecto perturbador en la manera de diseñar y fabricar las cosas. La fabricación aditiva puede mejorar el valor de ejecución de los productos actuales dentro de las cadenas de suministro existentes o influir de manera radical en los productos, las cadenas de suministro y los modelos de negocio (6). Europa necesita estar en primera línea cuando arranque la industrialización de la fabricación aditiva. En los ecosistemas europeos de fabricación aditiva se espera alcanzar un futuro crecimiento aumentando las actividades actuales (cuando los agentes existentes pasen de la creación de prototipos a la fabricación) y creando nuevas actividades en la cadena de valor.

2.7.

A nivel mundial, la fabricación aditiva se considera la tecnología instrumental clave para la innovación por lo que respecta a los productos y la cadena de suministro. Se está convirtiendo en la corriente principal y actualmente recibe una financiación pública considerable para aumentar su nivel de madurez (por ejemplo en los Estados Unidos, China y Singapur). Históricamente, la posición de la UE es buena, pero, si no se toman medidas, empeorará y se quedará atrás en la carrera hacia los nuevos mercados.

3.1.1.

Por lo que respecta a las fábricas, la fabricación aditiva definirá una nueva forma de fabricación y de las fábricas del futuro:

3.1.2.

Por lo que respecta a los productos, la fabricación aditiva se convertirá en la piedra angular de la innovación en los productos:

3.1.3.

Por lo que respecta a las empresas, la fabricación aditiva dará lugar a modelos de negocio perjudiciales:

—

Las hojas de ruta a favor de la fabricación aditiva a nivel internacional (9), (10), (11), (12), (13) destacan la necesidad de que haya avances tecnológicos significativos en la fabricación aditiva para lograr alcanzar el valor añadido propuesto y la adopción de la fabricación aditiva. La tecnología de la fabricación aditiva actual se ha desarrollado para hacer prototipos de fabricación aditiva; las máquinas todavía no están listas para un volumen de producción elevado. Las empresas dedicadas a la fabricación aditiva se enfrentan a obstáculos tecnológicos a la hora de transformar la fabricación aditiva en una tecnología de producción en serie. La concepción de la arquitectura de la maquinaria de fabricación aditiva aún se remonta a la etapa de creación de prototipos y son muy pocas las innovaciones que se han introducido (internamente las máquinas actuales son casi iguales que sus predecesoras de hace diez o quince años). Para que este sector avance al siguiente nivel se hacen necesarias innovaciones rompedoras en cuanto a la maquinaria (14).

—

Para acelerar el desarrollo, es necesario que las empresas y los investigadores dedicados a la fabricación aditiva tengan acceso a plataformas abiertas (tanto en lo que respecta al soporte físico como a los programas informáticos) para superar las limitaciones de las máquinas comerciales tipo «cajas negras».

—

Un aumento de las capacidades (rentabilidad, solidez y fiabilidad) incrementaría el actual potencial de fabricación aditiva hacia la producción a gran escala para una amplia gama de aplicaciones. Un cambio en los límites tecnológicos y la integración con otros procesos (producción híbrida) permitirá la aparición de aplicaciones revolucionarias (15). Su uso en el sector de la fabricación exige una integración de la fabricación aditiva en el entorno de fabricación y los sistemas de control.

—

Además de esta investigación estratégica, hay que inventar nuevos conceptos de sistemas de producción revolucionarios, que fundamentalmente replanteen la manera como se fabrican los productos sobre la base de las actuales tecnologías de fabricación aditiva y la manera como estos sistemas se integran en el entorno fabril. Esto significa que la fabricación aditiva del mañana ya no se basará en máquinas de fabricación aditiva en lotes dispuestas una al lado de la otra en una nave de producción; las necesidades de aplicación requieren un concepto de sistemas de producción de fabricación aditiva continuo, basados en una cadena de distintas fases de producción. Estos conceptos ya se conocen como «máquinas de fabricación aditiva 2.0» e impulsarán el desarrollo de las futuras máquinas de fabricación aditiva.

—

Quienes controlan los canales de distribución mantienen una posición dominante; por ejemplo, los fabricantes de maquinaria incluyen en sus contratos de mantenimiento y garantía la obligación de utilizar determinadas materias primas caras, que a menudo solo ellos distribuyen, o utilizan el modelo empresarial «cuchilla-hoja de afeitar», según el cual los productos solo aceptan recargas del mismo fabricante. El control de los canales de distribución, combinado con lo que todavía es un volumen limitado (16), hacía que fuera menos atractivo para los proveedores de material invertir mucho en el desarrollo de nuevos materiales.

—

El número limitado de fuentes de suministro de materiales hace que el precio de las materias primas sea excesivamente elevado y aumenta los riesgos de garantía de suministro para los clientes finales. Este mecanismo de mercado disminuye el potencial de la tecnología de fabricación aditiva.

—

En la actualidad, el crecimiento del mercado, con cifras de dos dígitos, crea oportunidades económicas y atrae a más proveedores de materiales. Hay que respaldar y fomentar el desarrollo de materiales. Es importante ampliar la gama de materiales y mejorar sus propiedades. El aumento en el número de proveedores hará los precios más competitivos, por lo que resulta más interesante hacer caso omiso de las garantías de las máquinas, y aumentará el volumen y la competitividad de los mercados de materiales.

—

Una gama más amplia de materiales permitirá que aparezcan nuevos sectores industriales y aumentará la demanda de materiales para la fabricación aditiva.

3.2.4.

Principales obstáculos técnicos: los principales obstáculos para lograr un gran avance a gran escala en sectores como el aeroespacial, el de la automoción, el médico o el de bienes de consumo están principalmente relacionados con el fomento de la productividad y pueden resumirse de la siguiente forma:

3.2.5.

La investigación estratégica tiene que:

3.2.6.

Riesgo de fuga tecnológica de Europa:

3.3.

El efecto de la fabricación aditiva en los aspectos jurídicos (17):

—

El uso de tecnologías de fabricación aditiva incidirá directamente en los modelos de producción tradicionales y especialmente en la organización de talleres internos. La fabricación aditiva facilitará la instalación de pequeñas fábricas muy cerca de los clientes, siempre que exista demanda. Esto generará nuevos puestos de trabajo que todavía no pueden cuantificarse, ya que el uso industrial es demasiado reciente.

—

Es muy difícil determinar la verdadera incidencia en las cifras de empleo, ya que no pueden llevarse a cabo estudio y porque es muy probable que se produzca una sustitución entre los puestos de trabajo reales y los futuros operadores de fabricación aditiva.

—

El empleo en el ámbito de las tecnologías de fabricación aditiva requerirá nuevas competencias, como operadores de máquinas capaces de trabajar con programas informáticos específicos para cada proceso o ingenieros capaces de diseñar piezas con nuevos sistemas: optimización de topología, reingeniería, etc.

—

Con el uso de las tecnologías de fabricación aditiva, se necesitarán centros de formación y enseñanza para mantener y desarrollar las posibilidades de empleo de los trabajadores. En la actualidad, los planes de estudios de las escuelas europeas suelen hacer caso omiso de la fabricación aditiva, algo que también ocurre en la formación postsecundaria. La mayoría de cursos de formación se limitan a describir las tecnologías y su posible rendimiento, y no están concebidos para ayudar a los estudiantes a adquirir una verdadera competencia. Los gobiernos locales deberían integrar la fabricación aditiva en sus planes educativos, al menos en la formación profesional. El atractivo de la impresión en 3D, que aborda todo el proceso de innovación (concepto, diseño, informática, robótica y producción de un producto físico final) en un breve período de tiempo, podría aprovecharse como método de formación efectivo en las escuelas, de manera que la atención de los niños se centrara en la tecnología y la fabricación.

—

Es conveniente que cualquier oferta formativa se elabore siguiendo la cooperación entre la industria, los entes locales, las instituciones educativas y las organizaciones de trabajadores, y se base en las necesidades reales de las empresas que operan en este sector.

—

los riesgos químicos, derivados de las resinas volátiles que se utilizan en la fabricación aditiva de componentes con polímeros, y los aditivos volátiles metálicos y no metálicos en polvos metálicos,

—

los riesgos químico-físicos derivados del uso de polvos, especialmente cuando dichos polvos contienen nanopartículas,

—

el riesgo de explosión, derivado de la utilización de polvos,

—

los riesgos específicos, derivados del uso de fuentes láser, haces de electrones, etc.

8.10.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 332/45

Ponente:

Sandy BOYLE

1.1.

La IED es un componente importante del crecimiento económico; los inversores extranjeros deben gozar de protección global frente a la expropiación directa, no sufrir discriminación y disfrutar de derechos equivalentes a los de los inversores nacionales.

1.2.

El derecho de un Estado a legislar en aras del interés público es fundamental y no debe ser menoscabado por ningún AII. Por ello es necesaria una cláusula que, de forma horizontal, proclame este derecho.

1.3.

La RCIE no debe situar el estatus del capital transnacional al mismo nivel que el de un Estado soberano ni permitir que los inversores extranjeros cuestionen el derecho de los Estados a legislar y a decidir sobre sus asuntos.

1.4.

Con el tiempo ha ido surgiendo un cierto número de abusos en el uso de la RCIE, que es preciso tratar ahora. Entre las deficiencias sistémicas de la RCIE están la opacidad, la falta de unas normas de arbitraje claras, la ausencia de un derecho de recurso, la discriminación contra los inversores nacionales, que no pueden utilizar el sistema, el temor de que se protejan inversiones meramente especulativas, que, entre otras cosas, no crean empleo, y el temor de que el sistema quede bajo el dominio de unos bufetes especializados. El objetivo ahora es proponer un mecanismo de resolución de controversias alternativo que reconcilie las legítimas demandas de los inversores y los temores expresados por la sociedad civil a raíz de esa percepción negativa de la RCIE.

La consulta de la Comisión Europea sobre la RCIE en la ATCI puso al descubierto la división que existe entre la posición del colectivo empresarial en sentido amplio y la gran mayoría de respuestas del resto de la sociedad civil.

1.5.

Despiertan gran recelo los poderes conferidos a un grupo de tres juristas privados a la hora de arbitrar y tomar decisiones vinculantes en áreas de interés público fundamental. Aunque la CNUDMI ha adoptado recientemente nuevas normas en materia de transparencia, sigue preocupando que buena parte del sistema actual adolezca de falta de transparencia y carezca de un derecho de recurso.

1.6.

Hace tiempo que se abandonó el concepto inicial que dio origen a la RCIE. Se ha convertido en un negocio rentable para un número reducido de bufetes de abogados especializados en inversión que dominan el sector.

1.7.

Algunos de estos bufetes presentan ahora la RCIE como un instrumento de limitación de riesgos previo a la realización de inversiones. En algunos casos de especial notoriedad se ha convertido en un instrumento de presión que consigue que el temor al litigio en sí provoque una paralización reglamentaria que disuade al legislador de adoptar políticas de interés público legítimo. Otra queja que suele alegarse es que sirve para atraer inversiones especulativas, fondos de alto riesgo, etc.

1.8.

A raíz de una serie de interpretaciones laxas de lo que constituye expropiación, hay una preocupación creciente por el hecho de que sea el contribuyente el que tenga que pagar compensaciones porque las políticas de interés público han limitado los beneficios de las empresas.

1.9.

El AECG, firmado a finales de 2014, contiene, junto al capítulo independiente dedicado a la inversión añadido al ALC UE-Singapur, los primeros capítulos sobre inversión negociados por la UE en el marco de un acuerdo desde que la UE asumió competencias en materia de inversión en virtud del Tratado de Lisboa en 2009. Aunque estos capítulos se proponen aportar mejoras al sistema de RCIE actual, así como establecer lo que la Comisión Europea defiende como un modelo avanzado de RCIE para la UE, no son suficientes para disipar un temor generalizado. Los modelos para Singapur y el AECG no son idénticos, y, en opinión de muchos, el sistema de RCIE sigue siendo un proceso poco equitativo y sumamente costoso que restringe la democracia, no admite el derecho de recurso y pone en peligro el derecho de los gobiernos a legislar, ya que reconoce a la inversión extranjera derechos que no están previstos en las constituciones nacionales y que no gozan los inversores del propio país. El CESE observa con preocupación que la base actual para las negociaciones sobre una zona de libre comercio entre la UE y Japón es el texto del AECG sobre la RCIE.

1.10.

La inversión de funciones entre asesores y mediadores crea un claro conflicto de intereses al que el AECG no ha encontrado solución. Este hecho reafirma la opinión de que la RCIE no es un método equitativo, independiente e imparcial para la resolución de controversias en el campo de la inversión.

1.11.

El CESE acoge favorablemente la consulta pública llevada a cabo sobre la inclusión de un mecanismo RCIE en el ATCI. A diferencia del AECG, la consulta ha servido para mejorar la transparencia de las negociaciones sobre el ATCI y ha sentado un precedente importante; el Comité aboga por que este ejemplo se siga en todas las futuras negociaciones comerciales. La respuesta de la Comisión ha sido determinar cuatro ámbitos específicos en los que se impone una reflexión más detallada, y aunque el CESE no la considera como una lista exhaustiva, ha formulado sus observaciones sobre estos temas en las secciones 7 a 10 del presente dictamen.

1.12.

Asimismo, el Comité acoge favorablemente el objetivo de eliminar las «reclamaciones carentes de fundamento» de cualquier mecanismo de protección de los inversores. Es necesario que las partes de cualquier AII estén protegidas por un filtro político de carácter general que, con el acuerdo de las partes, bloquee una reclamación por razones justificadas y no pueda pasar a arbitraje.

1.13.

Debe convencerse a los inversores para que consideren la resolución de controversias reconocida en los tratados como un último recurso y para que opten por métodos alternativos, como la conciliación y la mediación. Los seguros privados y la protección contractual son medios apropiados para reducir al mínimo los riesgos de los inversores extranjeros.

1.14.

La necesidad de protección de la IED varía según los países. En países que disponen de un sistema jurídico desarrollado, democrático y sin corrupción, los conflictos de inversión deben gestionarse a través de la mediación, el recurso a los tribunales nacionales y la negociación entre Estados. Estos componentes se dan en la UE, los Estados Unidos y Canadá; el alto nivel de flujos de inversión transatlánticos demuestran de forma concluyente que el hecho de que no esté vigente un mecanismo de RCIE no impide la inversión. El CESE concluye, por lo tanto, que la ATCI o el AECG no necesitan tal mecanismo y se opone a su inclusión.

1.15.

La RCIE puede poner en peligro tanto la ATCI como el AECG. La Comisión Europea debe evaluar si insistir en este objetivo políticamente delicado y públicamente impopular es una vía de actuación adecuada y sensata.

1.16.

Los países en vías de desarrollo están enviando un mensaje claro, y es el de que la RCIE es un mecanismo inaceptable al que se opondrá firmemente un número cada vez mayor de actores importantes de todo el mundo. A no ser que se dé con un sistema alternativo, la PI será más difícil incorporar en los acuerdos que se celebren en el futuro, en particular con países donde sería especialmente necesaria.

1.17.

La interacción entre las decisiones en materia de RCIE y el ordenamiento jurídico de la UE es un tema sumamente controvertido, tanto desde el punto de vista de los Tratados de la UE como del Derecho constitucional. Los tribunales de arbitraje privado tienen la capacidad de dictar sentencias que no se atienen al Derecho de la UE o que infringen la CDF. Por este motivo, el CESE considera que es absolutamente esencial que el TJ compruebe, en el marco de un procedimiento oficial que desemboque en un dictamen, que la RCIE se ajusta al Derecho de la UE, antes de que las instituciones competentes tomen una decisión y antes de la entrada en vigor provisional de un AII negociado por la Comisión Europea.

1.18.

Si se pretende encontrar una solución global para resolver los desacuerdos en el ámbito de la inversión, no puede basarse en una modesta renovación de la RCIE actual, que cuenta con un apoyo público muy escaso.

1.19.

El momento presente, en el que los Estados del G7 celebran negociaciones de alto nivel sobre acuerdos globales de comercio e inversión, constituye una oportunidad única para conformar un sistema fiable que aúne los intereses legítimos de los inversores con los derechos de los Estados.

1.20.

Si el camino a seguir va a ser una autoridad central, esta no puede estar formada por juristas privados, y debe ser más accesible para las pymes y disponer de derecho de recurso.

1.21.

El CESE insta firmemente a la Comisión Europea a evaluar las propuestas de la UNCTAD para la reforma de la RCIE y concluye que el establecimiento de un Tribunal Internacional de Inversión es la mejor solución para garantizar un sistema democrático, justo, transparente y equitativo.

2.1.

Al adoptar su Dictamen REX/390 (1) por mayoría abrumadora, el CESE decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre la RCIE. Aunque esta recomendación era específica para la ATCI, posteriormente se acordó ampliar el ámbito de aplicación, abarcando la PI y la RCIE incluidas en los acuerdos de comercio e inversión celebrados con terceros países.

2.2.

Si bien este dictamen examina las implicaciones de la RCIE desde una perspectiva general, es inevitable que gran parte del material empleado y de las referencias realizadas guarde relación con la ATCI. A lo largo de las negociaciones de la ATCI, la RCIE ha sido una cuestión crucial para las partes implicadas, tanto de la UE como de los Estados Unidos.

2.3.

La Comisión Europea realizó una consulta pública por internet a lo largo de quince semanas (entre marzo y julio de 2014) sobre la RCIE en el marco de la ATCI. El CESE consideró que era más prudente esperar la publicación de los resultados de esta consulta y celebrar una audiencia pública antes de concluir su dictamen. Los resultados se publicaron a mediados de enero de 2015, y a ello siguió la audiencia de 3 de febrero de 2015. Ambos elementos fueron de gran ayuda para la elaboración de este dictamen.

3.1.1.

La RCIE es un instrumento de Derecho internacional público que otorga a los inversores extranjeros el derecho de iniciar procedimientos de resolución de controversias en contra de un gobierno extranjero en el marco de un AII. Los Tratados están diseñados para imponer a las partes determinadas obligaciones básicas en materia de inversión exterior; estas obligaciones garantizarían que los gobiernos respeten principios fundamentales, como, por ejemplo:

3.1.2.

En el caso de supuesto incumplimiento de estas obligaciones por parte de un Estado, los inversores extranjeros cubiertos por un AII pueden presentar un recurso de arbitraje internacional mediante el mecanismo de RCIE. Los denunciantes deben demostrar que las medidas consideradas les causan un perjuicio grave. Si se confirma la reclamación, el país de acogida debe compensar el perjuicio causado. Al contrario que en el PSD de la OMC, si se falla en contra de un Estado, este no está obligado a modificar su legislación.

3.1.3.

La RCIE se basa en gran medida en la idea de que constituye un espacio neutral despolitizado para solucionar conflictos entre inversores extranjeros y Estados de acogida. Permite a las empresas demandar a los Estados ante tribunales internacionales. Este recurso solamente está al alcance de corporaciones extranjeras o de empresas transnacionales que posean una filial transfronteriza. Los ciudadanos, las colectividades y los empresarios y los gobiernos nacionales afectados no pueden acogerse al mismo mecanismo.

3.1.4.

Los mediadores no son jueces titulares con una función pública, como en el caso de los sistemas judiciales nacionales. Los tribunales están formados principalmente por tres juristas privados que se reúnen a puerta cerrada y se nombran de modo ad hoc. Su decisión es definitiva y no está sujeta a ningún procedimiento formal de recurso.

3.1.5.

Si las dos partes del litigio así lo desean, los procedimientos de RCIE pueden llevarse a cabo de forma totalmente confidencial, incluso si el conflicto conlleva cuestiones de interés público. Aunque el TBI tipo de los Estados Unidos facilita una mayor transparencia, muchos acuerdos en vigor todavía incluyen cláusulas de confidencialidad. Las normas de transparencia de la CNUDMI, si se aplican de forma universal, mejorarán sustancialmente esta situación.

3.2.1.

Un 93 % de los TBI contienen disposiciones en materia de RCIE (2). Tales disposiciones se recogen también en determinados acuerdos comerciales internacionales, como el TCLAN, y en acuerdos internacionales de inversión como el TCE. En 2014, el TCE superó al TCLAN como tratado al que se recurrió con más frecuencia (3).

3.2.2.

Los EM han celebrado más de 1  400 TBI desde la década de los cincuenta, lo cual representa aproximadamente la mitad del total (4). Todos ellos contienen disposiciones muy similares en materia de PI y RCIE. Se ha señalado que los inversores de la UE son los principales usuarios de la RCIE a nivel mundial (la mitad del total).

3.2.3.

Actualmente, la UE está negociando la ATCI con los Estados Unidos y un ALC global con Japón, y recientemente ha celebrado conversaciones con Canadá. Estos acuerdos, más que cualquier otro asunto, han generado un amplio debate público sobre la necesidad de que en los capítulos dedicados a la inversión se incluya un mecanismo de RCIE.

3.2.4.

Solo nueve EM de la UE tienen TBI con los Estados Unidos (Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía), siete EM lo tienen con Canadá y ninguno con Japón. Todos los TBI son previos a la adhesión a la UE.

3.2.5.

El volumen de IED en manos de inversores estadounidenses en estos nueve EM representa el 1 % de la IED total de este país en la UE. En cuanto a la exportación a los Estados Unidos de IED de estos EM, la cifra únicamente representa el 0,1 % del total (5).

3.3.1.

Los casos de RCIE han proliferado de forma extraordinaria entre 2002 y 2014 (58 en 2013 y 42 en 2014) (6), y el número de arbitrajes fundamentados en tratados alcanzó los 610 a finales de 2014. Sin embargo, puesto que la mayoría de los foros de arbitraje no mantiene un registro público de reclamaciones, se estima que el número total de casos puede ser superior.

3.3.2.

De los 356 fallos conocidos, un 25 % se resolvió a favor del inversor y un 37 % a favor del Estado. Los detalles concretos se han mantenido confidenciales en un 28 % de los casos.

3.4.1.

El coste medio de un procedimiento de arbitraje es de 4 0 00  000 USD para cada parte, cifra de la que aproximadamente un 82 % corresponde a los honorarios de los letrados (7). Algunos de los litigios pueden durar varios años.

3.4.2.

La cuantía de los costes ha hecho que se extienda la financiación de litigios por terceras partes. La reducción del riesgo financiero para las empresas ha provocado un incremento del número de casos carentes de fundamento en los que los Estados, sin embargo, tienen que seguir corriendo con todos los costes jurídicos. El CESE se opone firmemente a la inversión especulativa de los fondos de alto riesgo en determinados asuntos de la RCIE a cambio de un porcentaje de la compensación obtenida, tal como se ha señalado (8).

4.1.

A excepción de Irlanda, todos los EM incluyen disposiciones RCIE en sus TBI. También hay 190 TBI intraeuropeos, que representan el 16 % de todos los casos de RCIE conocidos a nivel mundial.

4.2.

El mandato de negociación de la Comisión Europea, adoptado en 2012 por los entonces veintisiete EM, incluye el objetivo de instaurar una RCIE. Lo que se pretende es «un mecanismo eficaz y vanguardista de solución de diferencias entre inversores y Estados».

4.3.

La posición de la Comisión Europea (9) es la de que la RCIE:

4.4.

Una mesa redonda empresarial organizada por el Grupo de Empresarios del CESE sobre la ATCI concluyó con una declaración conjunta (10) en la que se indicaba que «un acuerdo internacional como la ATCI debe crear las condiciones adecuadas para atraer un alto nivel de inversión en el mercado transatlántico. Esto supone conceder un acceso amplio y un trato no discriminatorio a los inversores de ambas partes, así como mejorar el marco actual de PI, incluida la RCIE, haciéndolo más accesible a las pymes y logrando un equilibrio adecuado entre los derechos de los inversores y el derecho de los Estados y las autoridades locales a reglamentar este ámbito en bien del interés público». También figuraba entre las conclusiones de la reunión conjunta organizada en junio de 2014 por los sectores de Consumidores y Medio Ambiente y Agricultores sobre el tema de las negociaciones transatlánticas la necesidad de velar por que las disposiciones de la ATCI relativas a la RCIE no restrinjan en modo alguno la capacidad de los Estados miembros de la UE para legislar en interés de su población.

4.5.

Los colectivos empresariales de ambas partes del Atlántico apoyan firmemente la creación de un mecanismo de RCIE, pues lo consideran una salvaguardia fundamental para los inversores extranjeros; a su juicio,

4.6.

Se ha señalado también que la RCIE es una herramienta de último recurso que únicamente se emplea en casos excepcionales cuando todas las opciones han fracasado, y que aproximadamente un 90 % de los TBI no han servido nunca para que los inversores los invoquen para incoar un litigio. Aunque el volumen total de IED supera los 25 billones USD, desde 1987 solo se han dado unos 500 casos. El arbitraje solo produce compensación económica: los mediadores no tienen la posibilidad de modificar la legislación o las medidas adoptadas por los Estados (11).

4.7.

El colectivo empresarial afirma también que un sistema de RCIE operativo y moderno también es de gran utilidad para las pymes, y que un 22 % de los casos incoados en todo el mundo lo fueron por pymes (12).

4.8.

A pesar de que el colectivo empresarial ha instado a la negociación de un acuerdo de inversión de carácter liberal (13), se ha reconocido que es necesario tomar medidas para que la RCIE sea una herramienta efectiva, moderna, predecible y transparente. Se ha abogado por la fijación de definiciones claras para los conceptos más importantes, como «inversor/inversión», «trato justo y equitativo» y «expropiación indirecta» (14).

4.9.

Habida cuenta de la notoriedad alcanzada por las negociaciones de la ATCI, el AECG y el ALC entre la UE y Japón, se ha dicho que si no fuera posible alcanzar un acuerdo negociado, ello sería sumamente perjudicial para las perspectivas de negociación de una disposición de RCIE en el marco de los TBI que se celebren en el futuro, puesto que cada uno de estos acuerdos repercutirá en los que se negocien posteriormente.

5.1.

Este apoyo a los mecanismos de RCIE no se reproduce en otros colectivos clave de la SC. Aun así, todos parecen estar de acuerdo en que los inversores tienen que estar protegidos frente a la expropiación directa, no deben ser objeto de discriminación y han de tener acceso a las mismas oportunidades que los inversores nacionales.

5.2.

La mayor oposición a ambos lados del Atlántico ha sido la de los sindicatos, las ONG y las organizaciones de consumidores, medio ambiente y salud pública.

5.3.

La preocupación principal es que el sistema de RCIE no es adecuado para su finalidad y eleva el capital transnacional a un estatus jurídico equivalente al de un Estado soberano. El Comité observa, no obstante, que cuando dos países desean fomentar sus relaciones económicas a través de un AII han de prometerse recíprocamente que van a garantizar un cierto nivel de tratamiento a los inversores y las inversiones procedentes del otro país.

5.4.

Desde unos comienzos más modestos en que la RCIE estaba concebida para ayudar a los IED a conseguir compensación por expropiaciones directas de propiedad privada por parte de gobiernos nacionales de países en desarrollo con sistemas judiciales deficientes, ha crecido hasta convertirse en un mecanismo que:

5.5.

La expropiación se ha diversificado para incluir medidas equivalentes a la expropiación, la expropiación indirecta y la expropiación reglamentaria. Esto ha hecho que se admitan reclamaciones contra cualquier medida estatal que pueda afectar a los beneficios, a los futuros beneficios o a las expectativas razonables de beneficios, incluso si la política o la medida es de carácter general y no aplicable a una inversión específica.

5.6.

Se ha calificado de «expropiaciones» a sentencias judiciales nacionales desfavorables como, por ejemplo, la demanda de 50 0 0 00  000 USD del gigante farmacéutico Eli Lilly estadounidense contra Canadá, alegando que las sentencias del Tribunal Federal sobre dos medicamentos patentados infringen los derechos de inversor de la empresa. Se trata del primer intento de una empresa farmacéutica titular de patentes de emplear los privilegios extraordinarios derivados de los acuerdos comerciales de los Estados Unidos como herramienta para ampliar la protección monopolística de tales patentes (15).

5.7.

Los bufetes especializados asesoran y capitalizan ahora en casos que poco tienen que ver con la expropiación de propiedad privada. Un número reducido de estos bufetes de inversión ha tomado por asalto el auge de los litigios y dominan el mercado.

5.8.1.

En el caso de la ATCI, resulta poco convincente alegar que los sistemas jurídicos nacionales son motivo de preocupación. Tanto la UE como los Estados Unidos disponen de sistemas jurídicos desarrollados y sólidos. No hay motivos aparentes para que los derechos de los IED no estén adecuadamente protegidos mediante la incorporación de una simple norma de no discriminación y acceso igualitario a los tribunales nacionales. En los casos de Canadá y Japón cabe decir lo mismo. Si la aplicación del Derecho internacional a través de la negociación, la mediación o el recurso a los tribunales nacionales resulta difícil en estas democracias altamente desarrolladas, la cuestión debería resolverse en primer lugar mediante una negociación entre Estados.

5.8.2.

Un informe de la LSE, en el que se analiza el modelo de TBI estadounidense de 2012, determinó que las áreas concretas en las que el TBI de los Estados Unidos va más allá del Derecho vigente en el Reino Unido son significativas y que, por tal motivo, y habida cuenta del nivel de inversión estadounidense en el Reino Unido, existe un riesgo importante de que el Reino Unido incurra en un alto coste político derivado del abandono o la modificación de preferencias políticas futuras debido a las objeciones de los inversores estadounidenses en el Reino Unido.

5.8.3.

No resulta creíble afirmar que la falta de un mecanismo de RCIE constituye un impedimento para la entrada de inversiones. El volumen de esta varía mucho según el país de la UE de que se trate. Algunos de los Estados miembros de la UE en cuyos TBI con los Estados Unidos se incluyen procedimientos de RCIE se cuentan entre los países que reciben menos inversiones estadounidenses:

5.8.4.

No es lícito en modo alguno afirmar que la ausencia de un mecanismo de RCIE en la ATCI suponga que en futuros acuerdos bilaterales de comercio e inversión con países no pertenecientes a la OCDE, como China, no pueda incluirse dicho mecanismo. China ya ha construido una tupida red de más de 130 TBI (que incluye a veintiséis EM). El deseo de China de concluir un acuerdo es tan fuerte como el de la UE. Algo que sí es más difícil es decidir si a la UE le conviene permitir que las empresas públicas chinas, que son fundamentalmente un brazo del Gobierno chino, utilicen la RCIE para cuestionar políticas estatales. Esto permitiría que un país extranjero haga uso de lo que se supone que son actividades comerciales para darle parte en algo que debe resolverse mediante negociaciones y diplomacia.

5.8.5.

Un documento detallado publicado en marzo de 2015 por el Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS), el Centro de Relaciones Transatlánticas (CTR) y la John Hopkins University llegó a la siguiente conclusión: «[...] incluir en la ATCI un capítulo sobre la protección de las inversiones surtido de una RCIE es algo que probablemente no aportaría beneficios económicos o políticos importantes a la UE. Nuestro propio análisis indica también que incluir tales disposiciones generaría costes económicos y políticos significativos para la UE. Aunque no haya que sobrevalorar la magnitud de tales costes, nuestra evaluación general es que muy probablemente superarían los beneficios potenciales para la UE. Por ello sugerimos que, a menos que la RCIE vaya acompañada de considerables concesiones por parte de los Estados Unidos a fin de compensar los costes que de ella se derivan, sería conveniente que la UE estudiara soluciones alternativas» (16).

5.9.1.

Sudáfrica, Bolivia, Ecuador, Venezuela e Indonesia han empezado a cancelar o a eliminar gradualmente los TBI vigentes. Al parecer, la India también está revisando sus tratados; y Australia, a raíz del caso Philip Morris, ha anunciado que no aceptará la introducción de cláusulas de RCIE en futuros acuerdos.

5.9.2.

La Conferencia Nacional de Legisladores, que representa a los cincuenta órganos parlamentarios estatales de los Estados Unidos, ha anunciado (17) que no apoyará ningún acuerdo comercial que prevea la resolución de conflictos entre inversores y Estados, puesto que interfiere con su función, como legisladores estatales, de aplicar y ejecutar unas normas justas y no discriminatorias que protejan la salud pública, la seguridad y el bienestar, que garanticen la salud y la seguridad de los trabajadores y protejan el medio ambiente.

5.9.3.

La resistencia a la RCIE también está aumentado en Europa, puesto que Alemania, Austria, Grecia y Francia cuestionan los derechos de los inversores en la ATCI.

5.9.4.

El PE ha lanzado diversas llamadas de atención a través de miembros de la Comisión INTA que han pedido que se elimine la RCIE de la ATCI.

5.9.5.

El Comité de las Regiones advierte que un mecanismo de RCIE entre la UE y los Estados Unidos que eluda los tribunales ordinarios conllevaría un gran riesgo y que, por consiguiente, puede prescindirse de él (18).

5.9.6.

Estas posturas son también las de una multitud de OSC europeas que se oponen a la RCIE en la ATCI. Uno de los argumentos clave es que si un inversor acude en primer lugar al sistema judicial nacional y obtiene una sentencia definitiva, todavía puede reclamar ante un tribunal de inversión. Este tribunal se convierte así en juez definitivo, lo que parece ser anatema para la democracia.

6.1.

El CESE acoge con satisfacción la decisión de la Comisión Europea de iniciar un proceso de consulta pública sobre RCIE en la ATCI. Excluyendo las respuestas presentadas por duplicado, se recibieron 1 43  053 respuestas, lo cual demuestra el interés que despierta este tema. El documento de trabajo de los servicios de la Comisión publicado en enero de 2015 ofrece un análisis detallado del contenido y del fondo de la respuesta pública (19).

6.2.

La consulta partió de un texto de referencia basado en el AECG. Por desgracia, este proyecto de acuerdo, al igual que el de Singapur, no se sometieron a consulta pública. Sin embargo, el hecho de que estos acuerdos, cuya negociación había ya finalizado, se utilizaran como base para una consulta pública a pesar de que la decisión estaba ya tomada, hizo pensar que la consulta pública formaba parte de una política de hechos consumados destinada a dar un sello de aprobación a la nueva generación de acuerdos de inversión propuestos por la UE. Este temor se vio agravado por el hecho de que el documento de consulta se centraba en las modalidades y no preguntaba expresamente si debía incluirse o no el principio de RCIE en la ATCI. Sin embargo, la finalidad de la consulta consistía en recabar la opinión de las partes interesadas sobre la manera de mejorar la RCIE en la ATCI.

6.3.

La consulta no aportó gran cosa a la plétora de información ya disponible derivada de los debates públicos en línea sobre RCIE. Sin embargo, fue un ejercicio sumamente útil para unificar las diferentes líneas de la argumentación y ofrecer a la sociedad civil la oportunidad de participar directamente.

6.4.

Es una pena que determinados partidarios de la RCIE hagan caso omiso de un 97 % de las respuestas presentadas colectivamente a través de diversas plataformas en línea. Las respuestas colectivas son igualmente legítimas en la consulta pública. El CESE acoge con satisfacción que la Comisión Europea asegure que «se han tenido en cuenta todas las respuestas en pie de igualdad».

6.5.

El CESE señala que menos del 1 % de los encuestados afirmaron ser inversores en los Estados Unidos, pero no considera que este hecho deba ser motivo de preocupación. Tratándose de cuestiones como la democracia y el derecho soberano de los Estados para decidir sobre sus asuntos, la participación y la opinión de la SC son ingredientes esenciales y fundamentales.

6.6.

La Comisión Europea ha identificado cuatro áreas en las que podrían efectuarse mejoras:

Estos ámbitos se han detallado en el documento de reflexión «La inversión en la ATCI y más allá: la senda de la reforma», presentado por la comisaria Malmström al Parlamento Europeo y al Consejo en mayo de 2015.

6.7.

El CESE expresa su sorpresa por el hecho de que, en la reunión del Diálogo de la Sociedad Civil del pasado 18 de mayo, se confirmase que el modelo de PI utilizado actualmente en las negociaciones sobre un ALC con Japón es el mismo que el acordado en el marco del AECG. Teniendo en cuenta que la comisaria europea, en su documento de reflexión «La inversión en la ATCI y más allá: la senda de la reforma» presentado al PE el pasado 6 de mayo, señalaba numerosas áreas en las que el texto del AECG podría mejorarse, el Comité expresa su preocupación por que este Acuerdo siga constituyendo una base para las negociaciones con un socio global tan importante como Japón.

7.1.

El CESE manifiesta su preocupación por el hecho de que, en sus respuestas a la consulta pública, el European Service Forum abogue por que las excepciones y las limitaciones se reduzcan a un mínimo y que la Comisión Europea «utilice el mandato de negociación previsto en el Tratado de Lisboa para mejorar y reforzar la RCIE, y no para debilitarla». Estas peticiones incluyen «cláusulas plenas de nación más favorecida, de trato nacional, de trato justo y equitativo, así como una cláusula amplia de alcance general, la eliminación de excepciones en sectores concretos y de mecanismos de filtrado, y una compensación total por la apropiación directa e indirecta» (20).

7.2.

La RCIE se utiliza cada vez más para eludir los sistemas judiciales nacionales y para, en vez de ello, demandar a los gobiernos en tribunales privados internacionales, pidiendo indemnización a cargo del contribuyente para compensar políticas de interés público que supuestamente limitan los beneficios. Esta situación se da en particular tratándose de políticas de protección sanitaria y medioambiental.

7.3.

Algunos asuntos recientes de particular notoriedad han reforzado la oposición frente a la RCIE:

7.4.

Los tratados de inversión prohíben las restricciones a la repatriación de fondos o beneficios. Los gobiernos no pueden imponer controles a la circulación de capitales para frenar ataques a su moneda o limitar la salida de capital durante una crisis (aunque el FMI considera que estos controles son una medida imprescindible). El Estado más afectado por casos de RCIE es Argentina, que ha tenido que pagar más de 50 0 0 00  000 USD tras su decisión de desvincular en 2002 el peso del dólar estadounidense.

7.5.

El capítulo 11 del AECG (comercio transfronterizo de servicios) reconoce la posibilidad de establecer excepciones aplicables a los servicios públicos; sin embargo, el capítulo 10 (protección de la inversión) no recoge tal posibilidad. En principio, aunque no cabe duda de que debe protegerse a los inversores frente a actos arbitrarios de las autoridades estatales, la definición de expropiación, y especialmente de expropiación indirecta, suscita interrogantes con respecto a la capacidad de los Estados de, por motivos legítimos de interés público, devolver al ámbito público determinadas actividades que hasta el momento desarrollaban entidades comerciales. Según lo previsto en el capítulo 10, la expropiación incluye toda legislación que tenga por efecto la reducción del valor de las empresas privadas. La compensación debe reflejar la «pérdida real». Esto puede hacer que los Estados sean económicamente incapaces de devolver al ámbito público la prestación de servicios.

7.6.

El AECG reconoce que la definición de expropiación indirecta es demasiado general, por lo que el anexo X.11, apartado 3, pretende clarificar esta cuestión y presentar objetivos de política pública que no constituirían expropiación indirecta, como la sanidad, la seguridad o el medio ambiente. Ahora bien, existe el peligro de que pueda interpretarse que esta es una disposición prescriptiva, con lo que otros objetivos políticos más generales, como podrían ser la política económica o presupuestaria o la renacionalización de servicios clave, podrían quedar expuestos a reclamaciones por expropiación indirecta en el contexto de la RCIE. Resulta fundamental aclarar esta cuestión.

7.7.

Al anunciar su intención de evitar que los inversores abusen de la RCIE, la Comisión Europea afirma que piensa incluir en la ATCI disposiciones que impidan reclamaciones carentes de fundamento  (22). El proyecto del AECG también prevé un procedimiento acelerado para rechazar reclamaciones frívolas y carentes de fundamento. Sin embargo, será sumamente complicado fijar una definición para el término «carente de fundamento» dentro de una terminología estrictamente jurídica, y desataría una intensa actividad entre los juristas especializados en inversión.