21.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/1

(1)

Con el fin de garantizar que el Reglamento (CE) no 515/97 del Consejo (2) se aplique a todos los movimientos de mercancías que puedan tener lugar en el territorio aduanero de la Unión, resulta apropiado aclarar las definiciones de «reglamentación aduanera» y de «transportistas» en lo que respecta a los conceptos de entrada y salida de las mercancías.

(2)

Con el objeto de seguir reforzando los procedimientos administrativos y penales que se sigan en caso de irregularidades, es necesario garantizar que las pruebas obtenidas mediante asistencia mutua puedan considerarse admisibles en los procedimientos ante las autoridades administrativas y judiciales del Estado miembro de la autoridad requirente.

(3)

En aras de una mayor claridad, coherencia y transparencia, resulta necesario determinar con mayor precisión cuáles deben ser las autoridades que tengan acceso a las bases de datos establecidas con arreglo al Reglamento (CE) no 515/97. A tal efecto debe establecerse una referencia uniforme a las autoridades competentes. El acceso directo de esas autoridades es una condición importante para la aplicación efectiva de la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria.

(4)

Los datos relativos a los movimientos de contenedores permiten detectar el fraude con respecto a las mercancías que entran y salen del territorio aduanero de la Unión. Dichos datos contribuyen a prevenir, investigar y perseguir las operaciones que constituyen, o parecen constituir, infracciones a la reglamentación aduanera. Con el fin de recopilar y utilizar un conjunto de datos lo más completo posible, evitando al mismo tiempo los posibles efectos negativos sobre las pequeñas y medianas empresas en el sector del transporte de mercancías, es necesario que los transportistas presenten a los Estados miembros los datos relativos a los movimientos de contenedores en la medida en que recaben dichos datos en formato electrónico a través de sus sistemas de seguimiento del equipo o tengan almacenados dichos datos en su nombre. Dichos datos deben transmitirse directamente a una base de datos única establecida por la Comisión a tal efecto.

(5)

A fin de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores, es deber de la Unión combatir el fraude en materia aduanera y contribuir de este modo al objetivo del mercado interior de disponer de productos seguros con certificados de origen auténticos.

(6)

La detección del fraude depende significativamente de la identificación y el análisis cruzado de los conjuntos de datos operativos correspondientes. Así pues, es necesario crear, a escala de la Unión, una base de datos que contenga información relativa a la importación y el tránsito de mercancías, incluido el tránsito de mercancías dentro de los Estados miembros y las exportaciones directas. A tal fin, la Comisión debe reproducir sistemáticamente los datos procedentes de las fuentes gestionadas por ella sobre la importación, la exportación y el tránsito de mercancías, y los Estados miembros deben tener la opción de facilitar a esta datos relativos al tránsito de mercancías en su territorio y a las exportaciones directas, en función de la disponibilidad de los datos y de la infraestructura de la tecnología de la información que posean los Estados miembros.

(7)

La introducción, en virtud de la Decisión no 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), de los sistemas aduaneros electrónicos en 2011, por los que la responsabilidad de conservar los documentos justificativos de las importaciones y exportaciones ya no recae en las autoridades aduaneras, sino en los operadores económicos, ha provocado retrasos en las investigaciones desarrolladas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en el ámbito de las aduanas, dado que la OLAF recurre a dichas autoridades para que le ayuden a obtener dichos documentos. Además, el plazo de prescripción de tres años para cobrar la deuda aduanera añade limitaciones adicionales al correcto desarrollo de las investigaciones. Con el fin de acelerar el desarrollo de las investigaciones en el ámbito aduanero, además de las otras posibilidades de que dispone la Comisión para recabar información sobre las declaraciones, debe especificarse el procedimiento por el cual la Comisión puede solicitar a los Estados miembros los documentos justificativos de las declaraciones de importación y exportación.

(8)

Con el fin de garantizar la confidencialidad y aumentar la seguridad de los datos introducidos en las bases de datos establecidas con arreglo al presente Reglamento y al Reglamento (CE) no 515/97, procede limitar el acceso al Sistema de Información Aduanera (SIA) a determinados usuarios y únicamente para determinados fines.

(9)

El Reglamento (CE) no 515/97 contempla el tratamiento de datos. Dicho tratamiento puede incluir también el de datos personales y debe efectuarse de conformidad con el Derecho de la Unión. En particular, el tratamiento de datos personales debe efectuarse de forma compatible con el objetivo de dicho Reglamento y conforme a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y al Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), y en particular con los requisitos de la Unión relativos a la calidad de los datos, la proporcionalidad, la limitación de su finalidad y los derechos de información y de acceso, rectificación, supresión y bloqueo de los datos personales, con medidas organizativas y técnicas y con transferencias internacionales de datos personales. Deben establecerse disposiciones específicas para que el acceso a los datos introducidos se limite exclusivamente a usuarios concretos, a fin de garantizar también la confidencialidad de los datos introducidos.

(10)

La Comisión y los Estados miembros deben proteger la información confidencial de las empresas y deben garantizar la confidencialidad del tratamiento de la información intercambiada a través de la base de datos con los mensajes sobre el estado de los contenedores y de la base de datos de importación, exportación y tránsito de mercancías.

(11)

Con objeto de garantizar la actualización de la información y garantizar el derecho a la transparencia y el derecho a la información de los titulares de los datos, tal como se establece en el Reglamento (CE) no 45/2001 y en la Directiva 95/46/CE, debe ser posible para la Comisión publicar en internet actualizaciones de las listas de autoridades competentes designadas por los Estados miembros y por los servicios de la Comisión autorizados a acceder al SIA.

(12)

En el tratamiento de datos personales a los efectos del Reglamento (CE) no 515/97 y de cualquier acto delegado y de ejecución adoptado conforme a aquel, se debe observar el derecho fundamental al respeto a la vida privada y familiar reconocido en el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como los derechos al respeto de la vida privada y familiar, y a la protección de datos de carácter personal reconocidos, respectivamente, en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Tales actos delegados y de ejecución deben garantizar también que el tratamiento de datos personales se realice de acuerdo con la Directiva 95/46/CE y con el Reglamento (CE) no 45/2001.

(13)

A fin de que la supervisión de la protección de datos sea más coherente, el Supervisor Europeo de Protección de Datos debe cooperar estrechamente con la Autoridad de Supervisión Común establecida en virtud de la Decisión 2009/917/JAI del Consejo (6) para lograr la coordinación de las auditorías del SIA.

(14)

Las disposiciones que regulan el almacenamiento de datos en el SIA provocan a menudo una pérdida de información injustificable. Esto se debe a que los Estados miembros no efectúan de forma sistemática las revisiones anuales necesarias debido a la carga administrativa que ello conlleva y a la falta de los recursos adecuados. Por consiguiente, resulta necesario simplificar el procedimiento por el que se rige el almacenamiento de datos en el SIA, mediante la supresión de la obligación de revisarlos anualmente y la fijación de un plazo máximo de almacenamiento de cinco años, que puede ser ampliado con la debida justificación por un plazo adicional de dos años, conforme a los plazos previstos en relación con las bases de datos establecidas con arreglo al Reglamento (CE) no 515/97. Dicho plazo es necesario debido a lo dilatado de los procedimientos de tramitación de las irregularidades y a que los datos mencionados se necesitan para llevar a cabo operaciones aduaneras conjuntas e investigaciones.

(15)

A fin de incrementar las posibilidades de analizar el fraude y de facilitar el desarrollo de las investigaciones, procede anonimizar los datos relativos a expedientes de investigaciones en curso que estén almacenados en el fichero de identificación de los expedientes de investigaciones aduaneras, una vez transcurrido un año desde su última constatación, y conservarlos a continuación de forma que ya no sea posible identificar a su titular.

(16)

Dado que el objetivo del presente Reglamento de mejorar la detección, investigación y prevención del fraude aduanero en la Unión no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(17)

Los transportistas que, en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, se hallen vinculados por obligaciones contractuales privadas en lo que se refiere al suministro de datos sobre los movimientos de contenedores, han de poder acogerse a una aplicación diferida de su obligación de notificar mensajes sobre el estado de los contenedores (MEC), a fin de poder renegociar sus contratos y garantizar que, en el futuro, estos sean compatibles con la obligación de facilitar datos a los Estados miembros.

(18)

El Reglamento (CE) no 515/97 atribuye competencias a la Comisión para aplicar algunas de sus disposiciones. Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa es preciso que las competencias atribuidas a la Comisión en virtud de ese Reglamento se ajusten a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(19)

A fin de complementar determinados elementos no esenciales del Reglamento (CE) no 515/97 y, en particular, de especificar la información que debe introducirse en el SIA, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE en lo que respecta a las operaciones relativas a la aplicación de la reglamentación agraria con respecto a las cuales sea preciso introducir información en el SIA. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos y, en su caso, con los representantes empresariales. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(20)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del Reglamento (CE) no 515/97, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la frecuencia de notificación de los MEC, al formato de los datos de los MEC, al método de transmisión de los MEC y a los elementos específicos que deben incluirse en el SIA bajo cada una de las categorías en las que deban introducirse los datos. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de actos de ejecución.

(21)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado y ha emitido su dictamen el 11 de marzo de 2014.

(22)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 515/97 en consecuencia.

1)

En el artículo 2, el apartado 1 se modifica como sigue:

2)

El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 12

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51, la información, incluidos los documentos, las copias autenticadas de documentos, los certificados, la totalidad de los instrumentos o decisiones que emanen de autoridades administrativas, los informes y cualquier dato, obtenida por los agentes de la autoridad requerida y transmitida a la autoridad requirente en los casos de asistencia previstos en los artículos 4 a 11 podrá constituir una prueba admisible del mismo modo que si se hubiera obtenido en el Estado miembro donde se desarrolle el procedimiento:

3)

El artículo 16 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 16

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51, la información, incluidos los documentos, las copias autenticadas de documentos, los certificados, la totalidad de los instrumentos o decisiones que emanen de autoridades administrativas, los informes y cualquier dato, obtenida por los agentes de la autoridad transmisora y transmitida a la autoridad receptora en los casos de asistencia previstos en los artículos 13 a 15 podrá constituir una prueba admisible del mismo modo que si se hubiera obtenido en el Estado miembro donde se desarrolle el procedimiento:

4)

El artículo 18 bis se modifica como sigue:

5)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 18 quater

La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las disposiciones relativas a la frecuencia de notificación de los MEC, al formato de los datos de los MEC y al método de transmisión de los MEC.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 43 bis, apartado 2, a más tardar el 29 de febrero de 2016.».

6)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 18 quinquies

1.   La Comisión creará y gestionará una base de datos (“base de datos de importación, exportación y tránsito”) con información relativa a:

La base de datos de importación, exportación y tránsito se mantendrá tal como se especifica en los anexos 37 y 38 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (13).

La Comisión reproducirá sistemáticamente los datos procedentes de fuentes gestionadas por la Comisión con arreglo al Reglamento (UE) no 952/2013 en la base de datos de importación, exportación y tránsito. Los Estados miembros podrán facilitar a la Comisión los datos relativos al tránsito de las mercancías en el interior de su territorio y a la exportación directa, en función de la disponibilidad de los datos y de la infraestructura de la tecnología de la información que posean los Estados miembros.

Los departamentos designados por la Comisión y las autoridades nacionales a que se hace referencia en el artículo 29 del presente Reglamento podrán recurrir a la base de datos de importación, exportación y tránsito para analizar y comparar información de la base de datos de importación, exportación y tránsito con los MEC notificados dentro de la base de datos MEC, y podrán intercambiar los resultados a efectos del presente Reglamento.

2.   Podrán acceder a la base de datos de importación, exportación y tránsito las autoridades nacionales a que se refiere el artículo 29 del presente Reglamento. En el seno de la Comisión solo estarán facultados para proceder al tratamiento de los datos que figuren en la base de datos de importación, exportación y tránsito los analistas designados al efecto.

Los Estados miembros podrán acceder directamente a:

Las autoridades competentes que hayan introducido datos en el Sistema de información aduanera a que se refiere el artículo 23, apartado 1, del presente Reglamento, o los datos de un expediente de investigación en el fichero de identificación de los expedientes de investigaciones aduaneras a que se refiere el artículo 41 bis, apartado 1, del presente Reglamento, de conformidad con el artículo 41 ter del presente Reglamento podrán acceder a todos los datos que haya en la base de datos de importación, exportación y tránsito correspondientes a la introducción o el expediente mencionados.

3.   El Reglamento (CE) no 45/2001 se aplicará al tratamiento de datos personales por la Comisión en el contexto de los datos incluidos en la base de datos de importación, exportación y tránsito.

La Comisión será considerada “responsable del tratamiento” en el sentido del artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) no 45/2001.

La base de datos de importación, exportación y tránsito estará sujeta a un control previo por parte del Supervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (CE) no 45/2001.

Los datos contenidos en la base de datos de importación, exportación y tránsito no podrán almacenarse por un plazo superior a cinco años, con un plazo adicional de dos años si este estuviera justificado.

4.   La base de datos de importación, exportación y tránsito no incluirá categorías especiales de datos en el sentido del artículo 10, apartado 5, del Reglamento (CE) no 45/2001.

La Comisión pondrá en práctica las medidas técnicas y de organización apropiadas para proteger los datos personales contra su destrucción accidental o ilícita, extravío accidental o divulgación, alteración y acceso no autorizados o cualquier otra forma de tratamiento no autorizado.

5.   La Comisión y los Estados miembros protegerán la información confidencial de las empresas. La Comisión y los Estados miembros aplicarán a los expertos que designen las más estrictas normas técnicas, organizativas y de seguridad del personal en materia de secreto profesional u otras obligaciones de confidencialidad equivalentes, de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión.

La Comisión y los Estados miembros velarán por que se cumplan las solicitudes de otros Estados miembros de tratamiento confidencial de la información intercambiada por medio de la base de datos de importación, exportación y tránsito.

Artículo 18 sexies

La Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que facilite los documentos que justifiquen las declaraciones de importación y exportación y para las que los operadores económicos hayan generado o recopilado documentos justificativos, respecto de las investigaciones relacionadas con la aplicación de la reglamentación aduanera.

La solicitud a que se refiere el párrafo primero irá dirigida a las autoridades competentes. Cuando un Estado miembro haya designado más de una autoridad competente, dicho Estado miembro tendrá que especificar el departamento administrativo responsable de dar respuesta a la solicitud de la Comisión.

El Estado miembro, en el plazo de cuatro semanas a partir de la recepción de la solicitud de la Comisión:

(13)  Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253 de 11.10.1993, p. 1).»."

7)

El artículo 21, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Las comprobaciones realizadas y la información obtenida en el marco de las misiones comunitarias contempladas en el artículo 20, especialmente la recibida en forma de documentos transmitidos por las autoridades competentes de los terceros países correspondientes, así como la información obtenida en el marco de una investigación administrativa, inclusive por parte de los servicios de la Comisión, serán tratadas de conformidad con el artículo 45.».

8)

En el artículo 23, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 43 por los que se determinen aquellas operaciones relacionadas con la aplicación de reglamentos agrícolas que exijan la introducción de información en el SIA.

Dichos actos delegados se adoptarán antes del 29 de febrero de 2016.».

9)

En el artículo 25, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   La Comisión adoptará mediante actos de ejecución disposiciones relativas a los elementos que deban incluirse en el SIA correspondientes a cada una de las categorías mencionadas en el artículo 24, en la medida en que ello sea necesario para la realización del objetivo del SIA. Los datos personales no podrán figurar en la categoría mencionada en el artículo 24, letra e). Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 43 bis, apartado 2, a más tardar el 29 de febrero de 2016.».

10)

En el artículo 29, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1.   El acceso a los datos incluidos en el SIA quedará reservado exclusivamente a las autoridades nacionales designadas por cada Estado miembro, así como a los servicios designados por la Comisión. Entre esas autoridades nacionales figurarán las autoridades aduaneras, pero también podrán figurar otras autoridades competentes facultadas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias y los procedimientos del Estado miembro en cuestión, para actuar a fin de alcanzar el objetivo contemplado en el artículo 23, apartado 2.

El partícipe en el SIA que haya proporcionado los datos tendrá derecho a determinar qué autoridades nacionales mencionadas en el párrafo primero del presente apartado podrán tener acceso a los datos que haya introducido en el SIA.

2.   Cada Estado miembro enviará a la Comisión una lista de las autoridades nacionales competentes designadas que estén autorizadas a acceder al SIA, indicando, para cada una de ellas, a qué datos pueden tener acceso y con qué finalidades.

La Comisión comprobará con los Estados miembros interesados la lista de autoridades nacionales designadas a fin de evitar nombramientos de carácter desproporcionado. Tras esta comprobación, los Estados miembros interesados confirmarán o modificarán la lista de autoridades nacionales designadas. La Comisión informará a su vez a los demás Estados miembros. Informará asimismo a todos los Estados miembros de los elementos correspondientes que atañan a sus propios servicios facultados para acceder al SIA.

La Comisión publicará, a título informativo, la lista de las autoridades nacionales y de los servicios de la Comisión así designados, en el Diario Oficial de la Unión Europea, y las sucesivas actualizaciones de dicha lista en internet.».

11)

El artículo 30 se modifica como sigue:

12)

El título del capítulo 4 del título V se sustituye por el texto siguiente:

«Capítulo 4

Almacenamiento de datos».

13)

El artículo 33 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 33

Los datos introducidos en el SIA solo se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar el objetivo que motivó su introducción y no podrán almacenarse por un plazo superior a cinco años, con un plazo adicional de dos años si este estuviera justificado.».

14)

En el artículo 37 se añade el apartado siguiente:

«5.   El supervisor europeo de protección de datos se coordinará con la Autoridad de Supervisión Común, creada en virtud de la Decisión 2009/917/JAI del Consejo (14), cada uno actuando dentro del ámbito de sus respectivas competencias, con el fin de garantizar que la supervisión y las auditorías relacionadas con el SIA se lleven a cabo de forma coordinada.

(14)  Decisión 2009/917/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros (DO L 323 de 10.12.2009, p. 20).»."

15)

El artículo 38 se modifica como sigue:

16)

El artículo 41 quinquies se modifica como sigue:

17)

El artículo 43 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 43

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 23, apartado 4, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del … (15). La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 23, apartado 4, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 23, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».

18)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 43 bis

1.   La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité a efectos del Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (16).

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011.

Artículo 43 ter

Antes del … (17), la Comisión llevará a cabo una evaluación de:

(16)  Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).»."

19)

En el artículo 53 se añade el párrafo siguiente:

«Por lo que respecta a los transportistas que, en la fecha de … (18), se hallen vinculados por contratos privados que les impidan cumplir con la obligación de notificar establecida en el artículo 18 bis, apartado 4, esta obligación será de aplicación a partir del … (19).».

21.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/12

1.

El 26 de noviembre de 2013, la Comisión presentó al Consejo la propuesta de referencia, basada en los artículos 33 y 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y cuyo objetivo consiste en mejorar el funcionamiento del sistema de lucha contra el fraude en el ámbito de las aduanas.

2.

El Tribunal de Cuentas emitió su dictamen el 18 de marzo de 2014.

3.

El 15 de abril de 2014 el Parlamento Europeo aprobó su posición en primera lectura (1).

4.

El Grupo «Unión Aduanera» estudió la propuesta en varias reuniones durante las Presidencias griega e italiana, y en su reunión del 9 de septiembre de 2014 alcanzó un acuerdo general sobre el texto transaccional de la Presidencia recogido en el documento 13179/14, con el voto en contra de AT y DE y la abstención de ES.

5.

El 23 de septiembre de 2014, el Comité de Representantes Permanentes otorgó un mandato a la Presidencia para iniciar reuniones de diálogo tripartito con el Parlamento Europeo.

6.

Se celebraron tres reuniones de diálogo tripartito el 10 de noviembre, el 10 de diciembre y el 18 de diciembre de 2014 (2). El acuerdo transaccional alcanzado en dicha ocasión fue refrendado por el Comité de Representantes Permanentes. Posteriormente, mediante carta de 23 de marzo de 2015, el Parlamento Europeo informó al Consejo de que el Parlamento Europeo aprobaría la posición del Consejo sin enmiendas en su segunda lectura.

7.

En este contexto, en su reunión del 20 de abril de 2015, el Consejo adoptó un acuerdo político que se recoge en el documento 7565/15.

8.

El presente Reglamento establece modificaciones del Reglamento (CE) no 515/97. Estas modificaciones tratan de colmar las lagunas existentes en los sistemas actuales de detección del fraude relacionadlo con las aduanas y los retrasos en las investigaciones de la OLAF, de racionalizar la supervisión de la protección de datos, y de aclarar la posibilidad de restringir la visibilidad de los datos y las normas sobre la admisibilidad de las pruebas recogidas en el marco de la asistencia mutua.

9.

El Consejo introdujo una serie de modificaciones a la propuesta inicial y modificó sustancialmente la estructura del texto. De forma paralela, el Parlamento Europeo votó 53 enmiendas a la propuesta de la Comisión.

La posición del Consejo en primera lectura, por tanto, modifica la propuesta inicial de la Comisión al cambiar parcialmente la redacción sobre la base del acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo.

21.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/14

(1)

Como consecuencia de la progresiva ampliación de sus competencias desde su creación, el número de asuntos interpuestos ante el Tribunal General ha aumentado de manera constante a lo largo de los años, lo que redunda al cabo del tiempo en un incremento del número de asuntos pendientes ante dicho Tribunal. Esto incide en la duración de los procedimientos.

(2)

En la actualidad, la duración de los procedimientos parece difícilmente aceptable para los justiciables, en particular habida cuenta de las exigencias enunciadas tanto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

(3)

La situación en que se encuentra el Tribunal General tiene causas estructurales, debidas en particular al aumento del número y la diversificación de los actos jurídicos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como al volumen y la complejidad de los asuntos que le son sometidos, sobre todo en los ámbitos de la competencia y de las ayudas estatales.

(4)

Por consiguiente, procede adoptar medidas para hacer frente a esta situación, y utilizar la posibilidad, prevista en los Tratados, de aumentar el número de Jueces del Tribunal General, lo que permitiría reducir, en un breve plazo, tanto el número de asuntos pendientes como la duración excesiva de los procedimientos seguidos ante dicho Tribunal.

(5)

Habida cuenta de la probable evolución de la carga de trabajo del Tribunal General, el número de Jueces debe fijarse en cincuenta y seis al final de un proceso en tres fases, entendiéndose que en ningún momento puede haber más de dos Jueces del Tribunal General nombrados a propuesta del mismo Estado miembro.

(6)

Con el fin de reducir rápidamente el número de asuntos pendientes, doce Jueces adicionales deben asumir su mandato … (2).

(7)

En septiembre de 2016, la competencia para resolver en primera instancia los asuntos sobre la función pública de la Unión, así como los siete puestos de los Jueces del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, deben transferirse al Tribunal General, sobre la base de una petición de acto legislativo que será presentada por el Tribunal de Justicia.

(8)

Los nueve Jueces adicionales restantes deben asumir su mandato en septiembre de 2019. Con el fin de garantizar una buena relación coste-eficacia, ello no debe implicar la contratación de más letrados o de personal de apoyo de otro tipo. Las medidas de reorganización interna dentro de la institución deben garantizar que se haga un uso eficiente de los recursos humanos existentes.

(9)

Es necesario adaptar en consecuencia las disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativas a la renovación parcial de los Jueces y Abogados Generales que tiene lugar cada tres años.

(10)

Por consiguiente, el Protocolo no 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe modificarse en consecuencia.

1)

El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 9

La renovación parcial de los Jueces, que tendrá lugar cada tres años, afectará a la mitad de los Jueces. Si el número de Jueces es impar, la renovación afectará alternativamente al número inmediatamente superior a la mitad del número de Jueces y al número inmediatamente inferior a la mitad.

El párrafo primero se aplicará también a la renovación parcial de los Abogados Generales, que tendrá lugar cada tres años.».

2)

El artículo 48 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 48

El Tribunal General estará compuesto por:

a)

El mandato de seis de los doce Jueces adicionales nombrados a partir del … (3) expirará el 31 de agosto de 2016. Dichos seis Jueces serán designados por sorteo. El mandato de los otros seis Jueces expirará el 31 de agosto de 2019.

b)

El mandato de tres de los siete Jueces adicionales nombrados a partir del 1 de septiembre de 2016 expirará el 31 de agosto de 2019. Dichos tres Jueces serán designados por sorteo. El mandato de los otros cuatro Jueces expirará el 31 de agosto de 2022.

c)

El mandato de cuatro de los nueve Jueces adicionales nombrados a partir del 1 de septiembre de 2019 expirará el 31 de agosto de 2022. Dichos cuatro Jueces serán designados por sorteo. El mandato de los otros cinco Jueces expirará el 31 de agosto de 2025.

21.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/17

1.

El 28 de marzo de 2011, el Tribunal de Justicia presentó una iniciativa legislativa (1) al amparo del artículo 281, párrafo segundo, del TFUE para modificar el Protocolo no 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que incluía, entre otras cosas, un aumento del número de jueces del Tribunal General en 12. Si bien las demás modificaciones propuestas se adoptaron el 11 de agosto de 2012, resultó imposible hallar un acuerdo en el Consejo para aumentar el número de jueces.

2.

En el pleno del 15 de abril de 2014, el Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura sobre la propuesta del Tribunal, y apoyó un aumento del número de jueces del Tribunal General en 12.

3.

Visto lo anterior, y teniendo en cuenta el importante aumento de la carga de asuntos del Tribunal General desde que se presentara la propuesta inicial, el Tribunal de Justicia sugirió el 13 de octubre de 2014 (2) que los colegisladores la modificaran de modo que se duplique el número de jueces del Tribunal General en tres fases hasta 2019, incluida la integración del Tribunal de la Función Pública en el Tribunal General, resultando en un incremento neto del número de jueces con 21 jueces adicionales.

4.

Sobre esta base, el 11 de diciembre de 2014 el Coreper alcanzó un acuerdo de principio sobre los principales elementos de la reforma, recogido en el documento 16576/14 de 8 de diciembre de 2014.

5.

Durante el primer semestre de 2015, la Presidencia intentó iniciar debates informales con la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo en formato de diálogo a cuatro bandas, con la participación del Tribunal de Justicia y la Comisión, para lograr un «acuerdo rápido en segunda lectura» sobre la reforma, con lo que el Consejo adoptaría su posición en primera lectura sobre la base de un texto negociado previamente, que el Parlamento Europeo aprobaría entonces con arreglo al artículo 294, apartado 7, letra a), del TFUE. Con todo, estos esfuerzos no tuvieron éxito.

6.

En estas circunstancias, el Consejo decidió adoptar su posición en primera lectura con arreglo al artículo 294, apartado 5, del TFUE y comunicárselo al Parlamento Europeo junto con la presente exposición de motivos.

7.

Como consecuencia de la progresiva ampliación de sus competencias, el número de asuntos interpuestos ante el Tribunal General aumentó de manera constante a lo largo de los años, lo que redunda al cabo del tiempo en un incremento del número de asuntos pendientes ante dicho Tribunal. Esto tiene consecuencias sobre la duración de los procedimientos, algo que resulta inaceptable desde el punto de vista de las partes e incompatible con la obligación de la Unión de velar por que un juicio se dicte en un plazo razonable, según establece el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La situación es especialmente preocupante en los ámbitos de la competencia y las ayudas estatales.

8.

Considerando el importante aumento de la carga de asuntos del Tribunal General desde 2011, el Tribunal de Justicia, según se mencionó en el anterior punto 3, sugirió el 13 de octubre de 2014 que los colegisladores modificaran su propuesta inicial para duplicar el número de jueces del Tribunal General en tres fases hasta 2019, incluida la integración del Tribunal de la Función Pública en el Tribunal General, con objeto de lograr los siguientes objetivos:

9.

La posición del Consejo en primera lectura corresponde esencialmente a la sugerencia del Tribunal de Justicia del 13 de octubre de 2014 (véase el anterior punto 3), aunque con costes reducidos. Prevé un aumento del número de jueces del Tribunal General a 56 en tres fases:

10.

Durante las fases 1 y 2, cada uno de los jueces adicionales dispondría de tres secretarios judiciales. Sin embargo, según lo dispuesto en el considerando 9 y acordado con el Tribunal de Justicia, la tercera fase no supondría ningún gasto administrativo adicional (no se contratan nuevos secretarios judiciales ni asistentes).

11.

Por otra parte, como parte de la transacción política, el Tribunal de Justicia presentará cifras anuales sobre su actividad judicial, incluida la evolución de los recursos, y, en caso necesario, propondrá medidas pertinentes. Asimismo se acordó que en las segunda y tercera fases de la ampliación del Tribunal General se realice una evaluación de la situación del Tribunal General que, en caso necesario, desembocaría en algunas adaptaciones, entendiendo que no afectarán al número de jueces, aunque podrán incluir cualquier otro aspecto relativo al funcionamiento y los gastos administrativos del Tribunal. Por último se espera que el Tribunal General proceda a una revisión de su organización interna y su Reglamento de Procedimiento y, sobre esta base, adopte las medidas necesarias y presente las propuestas pertinentes para su aprobación por el Consejo con tiempo suficiente antes de la fase final de su ampliación en 2019.

12.

El Consejo considera que esta reforma del Tribunal General es necesaria, ya que la acumulación de asuntos pendientes y la excesiva duración de los procedimientos en 2015 es mucho mayor que en 2011, cuando el Tribunal presentó su iniciativa legislativa inicial de 12 jueces adicionales. En 2010, la cantidad de nuevos asuntos era de 636. En 2014 hubo 912 nuevos asuntos, lo que representa un aumento del cerca del 43 % en cuatro años. Todo ello llevó a una situación en que las partes esperan en ocasiones más de cuatro años antes de conseguir una sentencia, en especial operadores económicos en asuntos de competencia y ayudas estatales, tiempo durante el cual importantes cantidades de dinero están bloqueadas y, por tanto, no pueden inyectarse en la economía europea. Por otra parte, los juicios lentos ya dieron lugar a acciones por daños y perjuicios contra la Unión. Además de dañar la reputación de la Unión Europea por no respetar su propia Carta de Derechos Fundamentales, la falta de reforma del Tribunal General genera por tanto unos costes considerables para la economía y los contribuyentes europeos.

13.

Teniendo esto en cuenta se justifica un aumento del número de jueces en 21. En comparación con un aumento del volumen de asuntos en 43 %, la posición del Consejo en primera lectura cifra un aumento adicional del número de jueces en solo un 22 % (de 40 a 49) si se excluyen los siete puestos trasladados del Tribunal de la Función Pública, que serán neutros en relación con la capacidad del Tribunal General, ya que la carga de trabajo por asuntos de función pública (entre 150 y 200 asuntos al año) también corresponderá al Tribunal General a partir de 2016. Además es probable que la nueva legislación adoptada o actualmente en debate vuelva a incrementar el número de asuntos interpuestos ante el Tribunal General.

14.

La reducción de la cantidad de jurisdicciones a dos, en lugar de tres, aportará una simplificación del sistema judicial, mejorará la coherencia de la jurisprudencia y supondrá un ahorro no desdeñable. La reforma permitirá una especialización de salas dentro del Tribunal General, con evidentes consecuencias positivas en su productividad. Asimismo permitirá al Tribunal General ahondar en sus deliberaciones al pronunciarse más a menudo en salas de cinco jueces en lugar de tres y, en caso necesario, pedir a miembros del Tribunal General que desempeñen las funciones de abogado general.

15.

El coste de la reforma derivada de la posición del Consejo en primera lectura (véanse los puntos 10 y 11 anteriores) ascendería a unos costes anuales de 13,5 millones EUR en cifras netas en términos actuales, en comparación con la propuesta inicial evaluada en 11,2 millones EUR para 12 jueces adicionales, ya aceptada por el Parlamento Europeo en su posición en primera lectura. La posición del Consejo en primera lectura representa por tanto un aumento del gasto global de la reforma en un 20 % en comparación con la propuesta de 2011, mientras que al mismo tiempo el número de nuevos asuntos al año en el Tribunal General aumentó en un 43 %. Teniendo también en cuenta los costes de no realizar la reforma, estos gastos parecen modestos y justificados.

16.

Una vez que se adopte, la reforma prevista en la posición del Consejo en primera lectura ofrecerá una solución sostenible y a largo plazo a los actuales desafíos a los que se enfrentan las jurisdicciones de la Unión, y les permitirá cumplir sus funciones en los plazos y las normas de calidad que ciudadanos y empresas europeos tienen derecho a esperar en una Unión basada en el Estado de Derecho.