21.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 19/1

1.

acoge favorablemente que la nueva Comisión haya situado el crecimiento y el empleo en el centro de sus prioridades y subraya la voluntad del Comité de las Regiones de cooperar con las instituciones de la Unión Europea, en particular con la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, a fin de asegurar el necesario compromiso político para que tenga éxito el plan, que combina un incremento de la inversiones con reformas estructurales;

2.

acoge con satisfacción que el plan de inversiones propuesto reconozca el papel que los entes locales y regiones desempeñarán en el fomento de las inversiones en empleo y crecimiento, dado que en 2013 los entes subnacionales llevaron a cabo alrededor del 55 % de la inversión pública total en la UE-28 (1);

3.

se congratula de que la Comisión Europea reconozca que en la actualidad las inversiones son significativamente insuficientes, ya que oscilan entre 2 30  000 y 3 70  000 millones de euros al año por debajo de la media;

4.

subraya que el plan de inversiones debería suponer el inicio de una estrategia más amplia de inversiones de la UE, que estuviese estrechamente vinculada a la revisión de la Estrategia Europa 2020 y se acompañe de la eliminación de las cargas que impone la reglamentación;

5.

sugiere que la tasa de inversión por Estado miembro debería ser un criterio de vigilancia macroeconómica;

6.

hace hincapié en que las inversiones públicas tienen que respetar la sostenibilidad de la deuda pública; subraya que las inversiones públicas de calidad constituyen un estímulo y suelen ser un requisito previo para la inversión privada y que su reactivación debería tener como objetivo el aumento de la producción con la consiguiente reducción de la ratio de deuda/PIB;

7.

insta a los Estados miembros, así como a los entes regionales y locales, a que respondan positivamente al llamamiento en pro de las contribuciones voluntarias al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE);

8.

apoya la propuesta de la Comisión de que las inversiones públicas en proyectos acogidos al FEIE no computen como déficit con arreglo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

9.

considera que esta exención se ajusta a lo solicitado por el Comité de las Regiones en el sentido de que la cofinanciación nacional de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos quede al margen del cálculo del déficit con arreglo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por lo que solicita a la Comisión Europea que examine la viabilidad de tal solicitud;

10.

está de acuerdo con la Comisión en el sentido de que, sin la participación financiera de los entes regionales en los proyectos, el Plan de Inversiones no tendrá suficiente efecto palanca en la economía real;

11.

duda que el coeficiente de apalancamiento previsto del 1:15, pueda alcanzarse en toda la UE, teniendo en cuenta que algunas regiones menos desarrolladas carecen de un sólido sector privado que pueda proporcionar financiación adicional para proyectos;

12.

acoge favorablemente el anuncio de la Comisión de que el nuevo FEIE se establecerá junto con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; destaca que debe evitarse cualquier solapamiento entre el FEIE y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y pide que se aclaren las complementariedades necesarias entre estos fondos de inversión, incluido el uso de los instrumentos financieros;

13.

insta a que se facilite la accesibilidad de los proyectos de pequeña escala que contribuyen a la creación de empleo a nivel local, y subraya la necesidad de elaborar un plan de inversiones equilibrado para las zonas urbanas y rurales;

14.

subraya que este paquete no debe tener impacto negativo en los proyectos emprendidos o previstos con arreglo a los actuales programas COSME y Horizonte 2020;

15.

considera que las inyecciones de capital no deberían centrarse solo en el apalancamiento cuantitativo en general, sino también en inversiones de calidad en ámbitos potenciadores del crecimiento como la educación, formación, investigación, transporte, infraestructura, sanidad, eficiencia energética y desarrollo sostenible;

16.

acoge favorablemente la intención de la Comisión de cooperar con las partes interesadas públicas y privadas a nivel regional, para facilitar proyectos clave de inversión y asegurar su acceso a las fuentes de financiación apropiadas; subraya que las asociaciones público-privadas podrían ser competitivas, pero deben tener áreas bien definidas y objetivos acordados; insta a la Comisión a que exija a los Estados miembros que obren con transparencia en la selección de los proyectos, abriendo este proceso a los entes regionales y locales;

17.

subraya la necesidad de una mayor participación de los bancos de desarrollo nacionales y regionales en la ejecución del paquete de inversiones;

18.

sugiere que, al evaluar los proyectos de inversión previstos, se tengan en cuenta los principios de la OCDE sobre inversión pública;

19.

apoya la idea de un centro de asesoramiento en inversiones, de ventanilla única, para garantizar un establecimiento de prioridades europeas; subraya la capacidad de los entes locales y regionales para tender puentes con los promotores de proyectos, inversores y autoridades gestoras públicas, a fin de facilitar proyectos clave de inversión y asegurar que los proyectos adecuados accedan a fuentes de financiación apropiadas;

20.

acoge favorablemente la iniciativa de apoyar la financiación del riesgo para las pymes contenida en el plan; sin embargo, dado que las pymes son las empresas más vulnerables en épocas de inestabilidad económica y financiera, habría que garantizar el apoyo total del BEI y que no se les evaluará en términos de mercado; subraya que las pequeñas empresas y las microempresas también deben beneficiarse de la ayuda a la financiación del riesgo, y manifiesta su preocupación por la posibilidad de que la amplia definición de las empresas de capitalización mediana se traduzca en que la ayuda beneficie sobre todo a las mayores empresas de capitalización mediana;

21.

apoya la iniciativa de organizar talleres sobre «Invertir en Europa» a nivel regional y confirma su voluntad de aportar su experiencia para que tengan éxito;

22.

subraya que la capacidad y calidad de las administraciones locales y regionales para identificar y preparar proyectos sostenibles suele ser el mayor obstáculo para una mayor inversión privada; señala que los entes locales y regionales pueden verse expuestos a cargas administrativas financieras adicionales durante la fase de ejecución del plan; subraya la importancia de trabajar con los entes locales y regionales a la hora de identificar las barreras reglamentarias y de otro tipo puesto que dichos entes aplican el 70 % de las decisiones que se toman en la UE;

23.

en consecuencia, hace hincapié en la necesidad de una mayor asistencia técnica para apoyar la capacidad administrativa de las administraciones públicas subnacionales, a fin de hacer frente eficientemente a las reformas estructurales dirigidas a mejorar el entorno de inversión;

24.

aboga por procedimientos simplificados que permitan aprobar los proyectos a su debido tiempo para evitar cualquier retraso en la ejecución del plan;

25.

comparte la opinión de que una transposición eficiente y oportuna de las normas de la UE en materia de contratación pública, incluidas las asociaciones innovadoras y el fomento de los instrumentos de contratación pública electrónica, mejorará las condiciones para la inversión; a este respecto subraya que muchos poderes adjudicadores no disponen actualmente de las herramientas necesarias para procesar facturas electrónicas y, por ello, varios Estados miembros deberían acometer el desarrollo apropiado de sistemas de TI y aportar soluciones para la laguna actual;

26.

se compromete a aportar su contribución al proyecto de Reglamento sobre la aplicación del plan de inversión que se espera que la Comisión adopte en enero de 2015;

27.

encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo.

21.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 19/4

1.

subraya que las condiciones para la financiación de la economía real se están viendo transformadas fundamentalmente por la actual crisis financiera, económica y social. En este contexto, el apoyo a largo plazo a la inversión tanto pública como privada es cada vez más importante. Ciertamente, la inversión pública puede ser no solo un estímulo para la inversión privada, sino también un requisito previo, ya que puede ser útil para la creación de las condiciones estructurales adecuadas en las que funciona la economía en una región determinada y para ejercer un efecto anticíclico cuando la coyuntura económica es negativa. Más allá de su complementariedad con la inversión privada, la inversión pública puede servir para la consecución de objetivos de interés general en ámbitos (como la educación, la formación, la investigación, las infraestructuras, la salud, el medio ambiente, etc.) en los que la intervención pública es necesaria porque los beneficios en sentido amplio para la sociedad no se corresponden con las pautas de inversión privada;

2.

observa que, si bien las inversiones directas a nivel mundial están aumentando a un porcentaje de casi dos dígitos (1), la inversión privada está disminuyendo en la Unión Europea. Al mismo tiempo, los actuales tipos de interés reales, extremadamente bajos, ofrecen escasos incentivos al sector privado para apoyar la inversión pública a corto plazo. Por ello resulta importante crear las condiciones adecuadas para estimular la inversión privada, al tiempo que se incrementan el nivel, la calidad y eficacia de la inversión pública, compensando así la falta de demanda privada con demanda pública;

3.

señala que según las «Perspectivas de la economía mundial» del FMI de octubre de 2014 (2), «En el caso de las economías con necesidades de infraestructura claramente definidas y procesos de inversión pública eficientes, y con capacidad económica ociosa, se justifica ampliamente aumentar la inversión pública.»

4.

destaca que en la Unión Europea la inversión pública disminuyó un 20 % en términos reales entre 2008 y 2013. Reconoce que la caída en las inversiones públicas comenzó antes de la última crisis y se ha agravado considerablemente desde entonces. De hecho, durante la crisis la inversión pública se vio aún más constreñida por la intervención pública para recapitalizar bancos, que en algunos países de la zona del euro tuvieron que afrontar, entre otras cosas, las consecuencias de un exceso de inversión privada en valores inmobiliarios. Según las últimas previsiones de la Comisión para 2013 y 2014, la inversión pública en la UE-27 alcanzará unos niveles históricamente bajos en 2014, lo cual ya sucedió en el caso del sector privado en 2013 (3);

5.

suscribe, por consiguiente, el creciente consenso en torno a la idea de que resultará imposible restaurar un crecimiento sostenido en la UE sin estimular una inversión favorable al crecimiento (4). Estimular una inversión favorable al crecimiento es esencial porque es la solución con mayor efecto multiplicador fiscal, es decir, se trata de un impacto inducido en el crecimiento del PIB real, en comparación con otros tipos de gasto como el consumo público, las transferencias sociales, los recortes del IVA o el aumento de las cotizaciones sociales de los trabajadores (5);

6.

señala el riesgo de que, si persiste un bajo nivel de inversión pública de calidad, aumenten todavía más los desequilibrios en términos de cohesión y convergencia que se analizan en el Sexto informe sobre la cohesión publicado por la Comisión Europea;

7.

llama la atención, no obstante, sobre el hecho de que tanto el elevado nivel de deuda en algunos Estados miembros como el aumento –provocado por la crisis– del gasto en servicios sociales y de las transferencias de capital a las empresas están reduciendo el «margen de maniobra fiscal» de la inversión pública;

8.

toma nota de que el deterioro de las finanzas públicas y las medidas de saneamiento presupuestario aplicadas desde finales de 2010 han dado lugar a cambios significativos en la composición del gasto público en algunos Estados miembros. En particular, el gasto favorable al crecimiento ha sufrido un recorte desproporcionado como consecuencia de las medidas de consolidación presupuestaria y entre 2008 y 2012 se redujo en la UE-27, pasando de un 36,7 % a un 35,6 % (6);

9.

reitera que los gobiernos subnacionales desempeñan un papel fundamental en lo que respecta a la inversión pública, ya que en 2013 respondieron de alrededor del 55 % del total de la inversión pública en la UE-28. Sin embargo, la proporción de la inversión pública subnacional ha disminuido del 2,2 % del PIB de la UE-27 en 1995 al 1,8 % en 2013, con una reducción constante en términos reales desde 2010 (7). Este descenso también se debe, en gran medida, a un deterioro de las condiciones de empréstito. La introducción de normas en materia de empréstito o el endurecimiento de las ya existentes en el marco de las medidas de saneamiento presupuestario adoptadas en muchos países de la OCDE, aunque necesarios en muchos casos para limitar la deuda pública, conllevan también una reducción de la capacidad de inversión de los entes subnacionales;

10.

subraya que los Estados miembros son responsables, de acuerdo con el Protocolo no 12 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), de los déficit del gobierno general, lo cual incluye a todos los niveles de gobierno. Al mismo tiempo, no obstante, el efecto de las normas fiscales de la UE sobre los entes locales y regionales europeos difiere ampliamente. El impacto depende de: i) la manera en que los Estados miembros han incorporado las normas fiscales de la UE en legislación nacional; ii) el nivel de descentralización fiscal dentro de un Estado miembro; iii) el nivel de competencias de los entes locales y regionales, y iv) la situación financiera de los entes locales y regionales, que puede variar de manera significativa incluso dentro de los Estados miembros;

11.

subraya que, mientras que la inversión pública se tiene en cuenta indirectamente a través de los requisitos macroeconómicos establecidos por el Pacto de estabilidad y crecimiento (PEC) para lograr que el déficit y la deuda pública se sitúen por debajo de los umbrales del 3 % y el 60 % del PIB, respectivamente, la única referencia específica a la inversión pública en los Tratados de la UE figura en el marco del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo (PDE), en el que no se diferencian de ninguna forma los distintos tipos de gastos. De hecho, el artículo 126, apartado 3, del TFUE establece que en el informe previo al inicio del PDE «también se tendrá en cuenta si el déficit público supera los gastos públicos de inversión, así como todos los demás factores pertinentes». La lista de factores pertinentes del Reglamento sobre el PDE incluye «la evolución del gasto primario, tanto los gastos corrientes y de capital […], la aplicación de políticas en el contexto de la estrategia común de la Unión en favor del crecimiento, y la calidad global de las finanzas públicas»;

12.

señala que todavía no existe una estrategia de la UE sobre inversión pública y que, la mayor parte de las veces, la Comisión se ha limitado a emitir recomendaciones no vinculantes a los Estados miembros: «Un saneamiento creíble y favorable al crecimiento que mejore la eficiencia de la estructura tributaria y la calidad del gasto público contribuirá a estimular el crecimiento. […] los Estados miembros deberán esforzarse, en particular, por mantener un ritmo de saneamiento presupuestario adecuado, preservando al mismo tiempo las inversiones destinadas a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo» (8). Esta recomendación se especifica con más detalle en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013, en el que se subraya que «Se deben priorizar y reforzar, en la medida de lo posible, las inversiones en educación, investigación, innovación y energía, garantizando al mismo tiempo la eficiencia de esas partidas de gasto […]». El Comité, además, insiste en que cualquier estrategia europea debe respetar rigurosamente el principio de subsidiariedad;

13.

no obstante, se felicita de que las recomendaciones específicas por país (REP) de 2014 pongan mayor énfasis en medidas a largo plazo para estimular el crecimiento y reconozcan que las medidas de saneamiento presupuestario a corto plazo deben ir acompañadas, en una combinación de políticas reequilibrada, de inversiones a largo plazo en favor del crecimiento y el empleo. Las REP se refieren con frecuencia a la investigación e innovación, el conocimiento, la educación, el acceso al mercado para las PYME (trece países), el sector de la energía (doce países) y el transporte y las infraestructuras de banda ancha (ocho países) (9);

14.

recuerda que el «Pacto por el Crecimiento y el Empleo», adoptado por los Jefes de Estado o de Gobierno los días 28 y 29 de junio de 2012 indica que «es preciso prestar particular atención a la inversión en ámbitos orientados al futuro directamente relacionados con el potencial de crecimiento económico y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. La Comisión está examinando las repercusiones de las estrictas limitaciones presupuestarias en el gasto e inversión públicos favorecedores del crecimiento. Informará sobre la calidad del gasto público y el alcance de la actuación posible dentro de los límites que imponen los marcos presupuestarios nacionales y de la UE». La Comisión Europea respondió a este mandato presentando una contribución más bien académica, que no tenía un fundamento jurídico adecuado ni recogía recomendaciones en materia de política (10);

15.

considera que la recomendación formulada en las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2012 para que puedan «aprovecharse las posibilidades que ofrece el marco presupuestario actual de la UE para encontrar un equilibrio entre las necesidades de inversión pública productiva y los objetivos de disciplina presupuestaria en la rama preventiva del PEC (11)» no tuvo seguimiento, pero sigue siendo de gran actualidad tal como subrayó el presidente del BCE el 22 de agosto de 2014 cuando afirmó: desde 2010, la zona del euro ha sufrido los efectos de una política presupuestaria menos flexible y efectiva, especialmente si se compara con otras grandes economías industrializadas […]; sería útil para la orientación de la política global que la política presupuestaria pudiera desempeñar un mayor papel, junto con la política monetaria, y creo que hay margen para ello, sin olvidar nuestras condiciones iniciales y limitaciones jurídicas específicas;

16.

recuerda que el PEC permite que se aplique con cierto grado de flexibilidad en circunstancias excepcionales y temporales, que se establecieron en el Reglamento no 1177/2011 y que, según la propia evaluación de la Comisión, «El marco fiscal de la UE ofrece oportunidades para llegar a un equilibrio entre el reconocimiento de las necesidades de inversión pública productiva y los objetivos de la disciplina fiscal» (12);

17.

en referencia a las conclusiones del Consejo Europeo de 27 de junio de 2014, que confirmó que «[…] la Unión necesita medidas audaces para impulsar el crecimiento, aumentar las inversiones, crear más y mejores puestos de trabajo y fomentar las reformas en pro de la competitividad» y que ello «también requiere aprovechar al máximo la flexibilidad contenida en las normas existentes del Pacto de estabilidad y crecimiento», pide a la Comisión que publique una Comunicación sobre la forma en que prevé aplicar las disposiciones vigentes del PEC en materia de flexibilidad a fin de promover la inversión pública necesaria para estimular el crecimiento económico;

18.

recuerda que, con el fin de proporcionar un nivel adecuado y sostenible de inversión pública neta, es importante evitar que los gobiernos — a la hora de cumplir los requisitos de ajuste presupuestario – reduzcan los gastos de inversión. En efecto, la experiencia demuestra que, en el momento álgido de la crisis, los gobiernos decidieron recortar la inversión en vez del gasto corriente; sin embargo, es evidente que las inversiones constituyen una palanca esencial de la labor estructural eficaz que realizan las regiones y ciudades europeas beneficiarias de los Fondos Estructurales y de Inversión y que, sin dicha palanca, sería imposible garantizar que estas tengan un papel activo y participen en la Estrategia Europa 2020;

19.

reitera su apoyo a la petición del Parlamento Europeo para excluir la cofinanciación nacional de las inversiones cofinanciadas por la Unión Europea con arreglo a los acuerdos de asociación y, en este contexto, pide que las normas del Pacto de estabilidad y crecimiento no se apliquen a las inversiones realizadas por los entes locales y regionales en el marco de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión; señala asimismo que todos los niveles de gobierno deben esforzarse por limitar su deuda pública, a fin de reducir la carga de su reembolso para las generaciones futuras;

20.

expresa su preocupación por el hecho de que la nueva norma de contabilidad de Eurostat ESA 2010, aplicable desde septiembre de 2014, no distinga entre gasto e inversión. Además, la transposición de estas normas a la legislación nacional de algunos Estados miembros hace que sus entes locales y regionales se vean obligados a aplicar umbrales máximos de inversión por habitante y año. En determinados Estados miembros, estos umbrales máximos impiden a los entes locales y regionales, en particular, proporcionar la cofinanciación necesaria para los proyectos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Asimismo, estos umbrales bloquean a aquellos entes locales y regionales que disponen de una reserva de recursos financieros para emprender proyectos de inversión de cierta envergadura no relacionados con dichos Fondos. Por todo ello, insta a la Comisión Europea a que presente un informe sobre la aplicación de la norma ESA 2010;

21.

subraya que excluir la cofinanciación de los cálculos del déficit reviste una importancia especial para acelerar y facilitar el proceso de aplicación de los programas europeos. Subraya asimismo que tal exclusión sería importante también en aquellos Estados miembros que se han visto más afectados por la crisis y que han recibido asistencia financiera en el marco de un programa del mecanismo de la balanza de pagos para los que no pertenecen a la zona del euro (Rumanía, Letonia y Hungría) o del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera para países de la zona del euro (Grecia, Irlanda y Portugal), y en los que el porcentaje de cofinanciación nacional para los Fondos Estructurales se ha disminuido desde 2011. Excluir el porcentaje de cofinanciación de los cálculos del déficit facilitaría además el acceso a una mayor cofinanciación de los entes regionales y locales, lo que, a su vez, permitiría que los fondos de la UE se diversificaran para financiar más proyectos y, de este modo, aumentar su efecto de palanca y fomentar la calidad de la inversión pública;

22.

dado que la inversión pública en la UE en el marco de la política de cohesión ya está determinada por consideraciones sobre la calidad diferenciada de las inversiones públicas mediante el principio de concentración temática (establecimiento de una lista/asignación dentro de la Estrategia UE 2020), pide a la Comisión Europea que indique el motivo por el que la UE no podría considerar la posibilidad de aplicar criterios de valoración análogos para el examen del gasto público nacional;

23.

pide a la Comisión Europea que presente un Libro Blanco en el que establezca una tipología a escala de la UE de la calidad de las inversiones públicas en la contabilidad del gasto público en función de sus efectos a largo plazo. En último término, esta tipología podría dar lugar a un examen ponderado de la calidad de la inversión pública en el cálculo de los déficit presupuestarios o a una mejor consideración del ciclo/contexto macroeconómico real con el objetivo final de establecer una «regla de oro» que permita una separación en la contabilidad pública del gasto corriente y la inversión, para evitar que las inversiones públicas con beneficios netos a largo plazo se contabilicen solo por los «costes» negativos a corto plazo;

24.

asimismo, confirma su apoyo a las recomendaciones que el Parlamento Europeo formuló en noviembre de 2012 en su informe sobre «el Pacto de inversión social en respuesta a la crisis» (13). Tras reconocer los efectos duraderos de la actual crisis económica y financiera, por ejemplo, sobre la cantidad y la calidad de las inversiones sociales en Europa, el informe aboga por un nuevo enfoque de las inversiones sociales en Europa. En efecto, el Parlamento Europeo sugiere que, basándose en el modelo del «Pacto por el Euro Plus», los Estados miembros examinen la posibilidad de celebrar un «Pacto de inversión social» que fije unos objetivos de inversión para cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de empleo, política social y educación; además, exige que la estrategia de inversión pública se oriente hacia objetivos medioambientales y sociales;

25.

pide que se revise la metodología para calcular el «déficit estructural», a fin de tener en cuenta las características intrínsecas de las economías nacionales y las diferencias estructurales del gasto público (14);

26.

pide a la Comisión Europea que incluya un capítulo sobre la calidad de las inversiones públicas, también a nivel subnacional, en cada informe anual sobre las finanzas públicas en la unión económica y monetaria (UEM);

27.

llama la atención sobre el hecho de que la calidad del gasto está determinada en gran medida por una buena gobernanza. A este respecto, comparte la opinión de que el análisis de los gastos constituye un instrumento adecuado para evaluar su rendimiento. Consiste en buscar un asignación «más inteligente» de los gastos entre las prioridades políticas nacionales de acuerdo con un saneamiento basado en un gasto selectivo y sostenible; es decir, un examen coordinado y exhaustivo de los gastos esenciales a la luz de los resultados de las políticas perseguidos. Ofrece, en principio, un enfoque más sostenible en comparación con los recortes generalizados y lineales del gasto que pueden generar algún impacto económico y social negativo a medio y largo plazo (15);

28.

sugiere que la Comisión Europea adopte oficialmente la recomendación de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que establece una serie de principios para la inversión pública (16) (marzo de 2014). Acoge con satisfacción el hecho de que, en el conjunto de los ámbitos de acción política (coordinación de la inversión pública, creación de capacidades, establecimiento de condiciones marco), la Recomendación reconoce el papel cada vez más importante de los entes regionales y locales a la hora de planificar y ejecutar las inversiones públicas;

29.

se congratula del anuncio del denominado «Paquete Juncker» que debería movilizar un total de hasta 3 00  000 millones de euros para inversiones en sectores tales como la banda ancha, la energía, las infraestructuras en zonas industriales y de las comunicaciones; y pide a tal efecto más información sobre el origen de los recursos, su verdadera adicionalidad y el volumen de recursos privados que se prevé activar; pide las entidades territoriales participen adecuadamente en el proceso de programación y aplicación de las intervenciones;

30.

propone incluir, con motivo de la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020, un indicador relacionado con la tasa de inversión en el marcador macroeconómico;

31.

insiste en que una estrategia europea para intensificar la lucha contra la evasión fiscal y poner coto a la elusión fiscal liberaría al mismo tiempo los ingresos para reactivar la inversión pública de calidad y garantizaría la equidad de condiciones mejores y más justas para la competencia de las empresas;

32.

propone crear una cuenta de ahorro europea que podría contribuir a financiar el paquete de inversiones de 3 00  000 millones de euros;

33.

supone que los ingresos obtenidos por el Impuesto sobre las Transacciones Financieras — que once Estados miembros se proponen establecer sobre la base de una cooperación reforzada — serán coordinados con el paquete de inversión de 3 00  000 millones de euros;

34.

aboga por una coordinación más estrecha entre el BEI y los bancos de inversión nacionales con una posible puesta en común de capacidad financiera en torno a proyectos compartidos con el fin de que tenga efectos de extensión transfronteriza;

35.

acoge con satisfacción la primera emisión europea de obligaciones para la financiación de proyectos destinada a la banda ancha superrápida, que pusieron en marcha la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) el 23 de julio de 2014, y pide que se emitan nuevas obligaciones para la financiación de proyectos europeos/transfronterizos con el fin de impulsar el desarrollo de las infraestructuras;

36.

apoya un nuevo aumento del capital desembolsado del BEI en 10  000 millones de euros, siguiendo el modelo del exitoso incremento de mediados de 2012, que permitió prácticamente duplicar la concesión de préstamos a las PYME. Un aumento adicional de otros 10  000 millones de euros permitiría volver a incrementar hasta unos 80  000 millones de euros los préstamos del BEI, en la medida en que ello esté en el marco de su mandato para cada Estado miembro;

37.

a este respecto, pide a la Comisión Europea que examine la posibilidad de que una pequeña parte del presupuesto de la UE, posiblemente en torno a 5  000 millones de euros al año, se utilice como colchón contra riesgos para que el BEI pueda conceder recursos adicionales destinados a financiar proyectos de infraestructuras (obligaciones para la financiación de proyectos) y a promover la innovación, lo que podría generar hasta 40  000 millones de euros de inversión.

21.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 19/9

1.

considera que la política de cohesión es una de las que más caracteriza al modelo europeo, así como la más adecuada, por su potencial reformista de las economías y de las administraciones y por su influencia general y multinivel, para contribuir a una estructura que permita a la Unión y sus territorios responder a los grandes desafíos de nuestra época, desde la globalización al cambio climático, el suministro energético y el desarrollo sostenible;

2.

subraya que, durante la crisis económica, la política de cohesión ha demostrado su contribución al mantenimiento del nivel de las inversiones públicas en diferentes Estados miembros, desde el punto de vista tanto de su cantidad como de su calidad, gracias a mecanismos de selección que garantizan su coherencia con las estrategias europeas;

3.

considera que los entes territoriales son, en muchos casos, los principales responsables administrativos del gasto público en inversiones y que la política de cohesión, instrumento esencial para su protagonismo europeo, debe aumentar la capacidad de prestar servicios de calidad a los ciudadanos;

4.

estima que las consecuencias de la crisis financiera y económica para las finanzas públicas en toda Europa aumentan la necesidad de prever una reactivación de inversiones públicas y privadas sostenibles, así como de prestar una mayor atención a los procesos de gasto para asegurar su eficiencia, regularidad y rapidez;

5.

hace hincapié en la necesidad de articular mejor la política de cohesión y la Estrategia Europa 2020, cuya revisión intermedia dará comienzo en 2015. Concretamente, esta articulación podría hacerse a través de la integración en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento presentado anualmente en septiembre al inicio del Semestre Europeo, de un capítulo dedicado a la cohesión económica, social y territorial en sustitución de los informes intermedios sobre la cohesión publicados en el pasado entre los informes sobre la cohesión;

6.

considera que el papel de la política de cohesión es fundamental en un momento en el que el equilibrio entre medidas de austeridad y crecimiento y la definición de un nuevo modelo de desarrollo que responda a las presiones de la globalización son cuestiones cruciales de la agenda europea. Y es precisamente en este contexto — y en una perspectiva de presión sobre las finanzas públicas — en el que la intervención europea debe seguir apoyando el crecimiento, dirigiendo las intervenciones hacia fines estratégicos para los diferentes territorios y para la economía europea, y construyendo un sistema administrativo eficaz para afrontar los desafíos de la globalización. A este respecto, y precisamente para el comienzo del período de programación 2014-2020, considera útil reflexionar sobre las modalidades para asegurar el máximo papel a la política de cohesión, explotar las sinergias con otros instrumentos y mejorar su conocimiento entre los ciudadanos europeos;

7.

acoge favorablemente el Sexto informe, por considerar que constituye un importante instrumento de información sobre el curso de la política de cohesión, sus resultados y sus dificultades operativas, así como los problemas que está llamada a afrontar en los próximos años y las posibilidades brindadas por su eficaz utilización;

8.

subraya que un adecuado funcionamiento de la gobernanza multinivel, con una estructura eficaz para responder a las demandas de ciudadanos y empresas y un sistema de contratación pública transparente e innovador, es crucial para mejorar el impacto de la política de cohesión. A tal fin, el Comité, de acuerdo con el Sexto informe, recomienda la utilización de los recursos y de los conocimientos facilitados por la política de cohesión para un decidido refuerzo de la capacidad administrativa, incluso a través de un mayor recurso a las nuevas tecnologías y la apuesta por agilizar los trámites burocráticos;

9.

considera que, para mejorar la calidad del gasto público, además de la eficacia en la asignación de los recursos, deben considerarse las diferencias territoriales y específicas que puedan constituir un obstáculo al crecimiento, así como analizar sus efectos en las intervenciones y tratar de adaptar estas últimas a fin de aumentar el impacto de la política de cohesión (1);

10.

subraya que, dada la específica vulnerabilidad de muchas economías en la actual situación de crisis, las políticas públicas deben concentrarse en la capacidad de respuesta rápida y eficaz a las perturbaciones económicas. El Comité considera que los Fondos Estructurales, concebidos para el ajuste estructural y económico a largo plazo, deben ir acompañados de medias de estímulo a corto plazo;

11.

subraya, como se indica en el Sexto informe, que el desarrollo de un nuevo emprendimiento depende, en parte, de la facilidad de hacer empresa y que tal aspecto varía considerablemente en el interior de los Estados miembros. A este respecto el Comité considera necesario proceder a la simplificación de normas e instrumentos, la reducción de cargas administrativas y la mejora de las condiciones generales para las inversiones, así como al fomento de las habilidades emprendedoras en el ámbito de la educación y la formación;

12.

está de acuerdo en la importancia de un crecimiento «inteligente» como oportunidad para promover economías regionales más competitivas y menos vulnerables a perturbaciones externas. Por ello, el Comité anima a las regiones y ciudades a desarrollar de manera orgánica y continua iniciativas para estimular el emprendimiento en los sectores innovadores y concentrar las propias inversiones en sectores «de futuro» como la agroalimentación (tecnologías agrarias, veterinaria y tecnología de los alimentos), la economía verde, las industrias creativas, las iniciativas de sanidad electrónica (e-Health), el turismo y los servicios sociales, la denominada «economía plateada». Por ello el Comité invita a la Comisión a apoyar a los entes regionales a la hora de ejecutar eficazmente en el ámbito regional las «estrategias de especialización inteligente» que estos elaboren con arreglo a lo estipulado en la UE;

13.

considera que los cambios vinculados a la economía globalizada tienen un gran efecto sobre el empleo, por lo que es necesario centrar la atención en la modernización del mercado laboral, para ayudar a los ciudadanos a encontrar trabajo, y en la formación orientada a crear las competencias que requieren los nuevos desafíos de la economía. En este sentido, el Comité señala el papel fundamental del Fondo Social Europeo (en adelante, el FSE) para apoyar políticas activas y, en particular, las dirigidas a mejorar los conocimientos de los trabajadores y su adaptación a los cambios sociales, tecnológicos y culturales;

14.

subraya que la política de cohesión destina una parte de su financiación a apoyar iniciativas en el ámbito de la formación y educación, y recuerda que uno de los efectos de la crisis es el notable aumento del desempleo juvenil. El Comité subraya el papel clave que los entes regionales y locales desempeñan en este ámbito, y considera necesario el refuerzo de los vínculos entre el paquete de medidas sobre el empleo juvenil (2) y las actividades financiadas por el FSE, con especial atención a la Garantía Juvenil y los instrumentos de acceso al trabajo;

15.

considera que, a la luz del aumento de la pobreza y de la exclusión social registrado en la sociedad europea, las políticas públicas deben reforzar los instrumentos a favor de las personas más necesitadas, recurriendo incluso a iniciativas de nivel europeo y la utilización de los recursos de la cohesión;

16.

reconoce que las cuestiones urbanas ocupan un lugar destacado en el análisis del Sexto informe sobre cohesión, a la luz de la importancia del fenómeno metropolitano en las economías globalizadas y de las posibles repercusiones en términos de sostenibilidad, pero lamenta que no se preste una mayor atención a las enormes diferencias de desarrollo entre zonas rurales y urbanas y, por ello, mantiene la exigencia de promover un crecimiento geográficamente equilibrado y policéntrico entre los diversos territorios, incluso a través de una acción que afronte con decisión la cuestión de la brecha digital y una política de transporte sostenible basada en una estrategia diferenciada en función de las especificidades territoriales;

17.

recuerda la importancia de un crecimiento que cree nuevas oportunidades económicas a través del desarrollo de energías limpias y eficientes. El Comité valora positivamente que, en los últimos años, los entes locales hayan aumentado las inversiones públicas en el sector medioambiental, y hace hincapié en el afán de las ciudades y regiones europeas por una transición hacia un crecimiento más verde. A este respecto el Comité solicita el refuerzo del Pacto de los Alcaldes para aumentar y completar el esfuerzo de las administraciones territoriales en la lucha contra el cambio climático;

18.

considera que la política de cohesión de la UE, con sus objetivos de lograr la cohesión económica, social y territorial, aportará también en el futuro una importante contribución a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Debido a la vinculación más estrecha existente entre los objetivos de crecimiento y de convergencia, la política de cohesión respaldará la reducción de los desequilibrios en la Unión Europea en lo que respecta a la consecución de los objetivos centrales de la Estrategia y contribuirá así a crear un bienestar duradero en el conjunto de Europa. Este potencial se aprovechará de manera coherente si, en virtud del enfoque de asociación de la política de cohesión, se abordan de manera concreta las condiciones locales y posibilidades de cada territorio mediante estrategias regionales.

19.

reitera su solicitud de no incluir los gastos públicos realizados por los Estados miembros y los entes territoriales en el marco de la cofinanciación de los Fondos Estructurales y de Inversión entre los gastos estructurales, públicos o asimilados definidos en el Pacto de estabilidad y crecimiento. Así, en efecto, se liberarían recursos para inversiones seleccionadas sobre la base de criterios de interés europeo y se agilizarían los procesos de gasto;

20.

subraya, como se indica en el Sexto Informe, que las orientaciones para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte establecen el objetivo de contar con una auténtica red multimodal a escala de la UE, que debe incluir las vías ferroviarias, mediante la creación de una infraestructura nueva, pero también mejorando la existente. A este respecto, el Comité considera necesario disponer de unos medios de transporte sostenibles, competitivos y eficientes desde el punto de vista energético y más ecológicos, favorecer la intermodalidad, el uso complementario de los distintos modos de transporte, así como la necesidad de proyectos en infraestructuras en las zonas menos desarrolladas, las que sufren barreras físicas al mercado interior (como las zonas periféricas y de montaña) y las que tienen problemas de cohesión territorial;

21.

para aumentar y completar el volumen de las inversiones destinadas al crecimiento, aboga por la mejora de las sinergias entre los instrumentos presupuestarios de los diferentes niveles de gobierno nacionales y los instrumentos financieros de la UE. En este contexto, el Comité considera prioritario profundizar la reflexión sobre el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Fondo Europeo de Inversiones para conseguir una ampliación de su mandato y su refuerzo patrimonial. El Comité señala que el inicio del período de programación podría ser adecuado para definir financiaciones del BEI específicamente destinadas al desarrollo regional, con una duración y condiciones determinadas por las necesidades de la administración de los gastos. Además, hay que sopesar la posibilidad de asegurar al BEI un papel de vigilancia de determinadas inversiones promovidas por las administraciones territoriales. La institución financiera de la Unión, en particular, podría evaluar su calidad y coherencia respecto de las grandes opciones estratégicas europeas, incluso a fin de conseguir un trato privilegiado de los préstamos necesarios para su realización a los fines del Pacto de Estabilidad.

22.

reitera su inquietud por el hecho de que, debido a la condicionalidad macroeconómica, la eficacia y utilidad de los Fondos Estructurales y de Inversión se vean comprometidas por las políticas macroeconómicas de los Estados miembros;

23.

solicita a la Comisión que evalúe en qué medida los requisitos previos en materia de condicionalidad han contribuido al considerable retraso en la conclusión de los acuerdos de asociación y de los programas operativos;

24.

señala que los indicadores utilizados en el marco del procedimiento para los desequilibrios macroeconómicos introducidos en el llamado paquete legislativo «Six-pack» tienen un carácter exclusivamente económico. El Comité pide que también se tengan en cuenta los indicadores sociales, medioambientales y territoriales en el marco de evaluación utilizado por la Comisión para decidir la adopción de una recomendación preventiva a un Estado miembro o, en los casos más graves, para dar comienzo al procedimiento para subsanar los desequilibrios macroeconómicos, en el sentido de los objetivos centrales de la Estrategia Europa 2020. El Comité considera que el estrecho vínculo entre los objetivos financieros y fiscales y la política de cohesión podría debilitar la aplicación de las medidas de cohesión territorial;

25.

aboga por un mayor respeto del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en materia de cohesión territorial, con especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por procesos de transición industrial y a las regiones que presentan grandes y permanentes desventajas naturales o demográficas, como las más septentrionales con baja densidad de población, así como las regiones insulares, transfronterizas y de montaña. Por otra parte, hay que considerar otros aspectos demográficos que tienen un impacto importante en las regiones, como la despoblación, el envejecimiento y la elevada dispersión demográfica. El Comité de las Regiones pide a la Comisión Europea que, a la hora de aplicar la política de cohesión, preste especial atención a las zonas más desfavorecidas desde el punto de vista geográfico y demográfico;

26.

subraya el apoyo esencial de la política de cohesión, como motor de crecimiento y de cambio, a las regiones menos desarrolladas que necesitan esfuerzos sostenidos a largo plazo;

27.

solicita asimismo que, en el ámbito de la definición y aplicación de la política de cohesión, se preste una mayor atención a las especificidades y limitaciones de las regiones ultraperiféricas, de conformidad con el artículo 349 del TFUE;

28.

considera que, también a la luz de las diferencias que presenta el grado de innovación, la dimensión territorial debe considerarse totalmente en la definición y puesta en práctica de la Estrategia Europa 2020. Para ello, estima que la atribución de un papel más importante a los entes locales y regionales aumentaría su nivel de responsabilidad, favoreciendo una toma de decisiones más eficaz por lo que respecta a las inversiones prioritarias, y sugiere la creación de indicadores regionales para el control de los progresos obtenidos;

29.

lamenta que el Sexto informe sobre la cohesión no incluya una evaluación explicita del impacto territorial de las políticas sectoriales de la UE en la política de cohesión. El Comité, considerando la interdependencia existente entre la política de cohesión y las demás políticas sectoriales, propone a la Comisión incluir en el informe un capítulo específico sobre tal aspecto, tal como sucedía en el pasado y en línea con lo contemplado en el TFUE, que impone a las políticas europeas la obligación de promover la cohesión en Europa;

30.

recuerda la importancia de adoptar instrumentos de evaluación del impacto territorial de las políticas, cuyo principal objetivo es examinar el impacto territorial de las políticas europeas en los entes locales y regionales y aumentar la visibilidad de tal impacto en el proceso legislativo;

31.

aboga, por tanto, por el establecimiento de un eje territorial prioritario en los programas operativos, integrando los temas vinculados a la Estrategia Europa 2020, para que la cohesión territorial pueda asegurar una estructura del territorio equilibrada y capaz de garantizar la interdependencia entre las regiones;

32.

recuerda a la Comisión Europea su anterior trabajo sobre más allá del PIB y la necesidad de considerar más atentamente los desafíos regionales (como la forma en que podrían apoyarse las TIC y los proyectos de banda ancha de alta velocidad con cargo al FEDER); considera que basarse en el PIB de una región tiene una serie de puntos débiles que socavan la credibilidad de la política de cohesión, sobre todo a la hora de clasificar las regiones y asignar recursos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

33.

a fin de asegurar una aplicación rápida de los programas, aboga por la adopción de acciones para simplificar y racionalizar los procedimientos de acceso a las financiaciones europeas, la gestión de las actuaciones y los mecanismos de control, con el fin de conseguir una mayor eficiencia;

34.

insta a las autoridades responsables a que realicen un esfuerzo especial en la homogeneización y correcta transposición de las normas básicas de carácter horizontal sobre las que se asienta la gestión de los recursos de la política de cohesión, en especial las relativas a los procedimientos de contratación (3);

35.

considera que la Comisión debe evitar que la excesiva cantidad de trámites burocráticos constituya un freno a la eficacia de las intervenciones; insta a la Comisión a que revise la práctica que impone a los programas operativos más eficientes las mismas cargas burocráticas que se aplican a programas caracterizados por altos porcentajes de error y fraude. Por otra parte, el Comité de las Regiones insta a la Comisión Europea a que adopte las medidas necesarias para llegar a una aprobación rápida de los programas operativos, a fin de comenzar el nuevo período de programación lo antes posible;

36.

está de acuerdo, como subraya el informe, en la necesidad de concentrar los Fondos Estructurales y de inversión en un número reducido de objetivos a fin de maximizar sus efectos sobre el territorio. Sin embargo, el Comité manifiesta su preocupación por la falta de flexibilidad en la elección de los objetivos temáticos que, en cambio, deben definirse sobre la base de las especificidades y necesidades de los diferentes territorios;

37.

manifiesta su preocupación por el debilitamiento del principio de adicionalidad para el período 2014-2020, durante el cual la verificación solo se requiere en catorce Estados miembros, y pide a la Comisión que evalúe la aplicación de este principio en toda la UE, a fin de evitar que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se utilicen en sustitución de las inversiones de los Estados miembros;

38.

no está de acuerdo con la creación de una reserva de eficacia y eficiencia comunitaria a nivel nacional, por considerar que tal mecanismo puede llevar a la definición de objetivos con resultados modestos y fácilmente factibles. El Comité considera que uno de los mayores desafíos respecto al marco de rendimiento estriba en formular objetivos cuantificados e indicadores ambiciosos y, al mismo tiempo, factibles;

39.

recuerda que las inversiones públicas y privadas se han reducido en el curso de los últimos años, presentando números negativos en algunos Estados. Las restricciones presupuestarias y los recortes de gastos han comprometido gravemente las inversiones en los sectores capaces de estimular el crecimiento económico. A este respecto, el Comité solicita a la Comisión Europea que, teniendo en cuenta las eventuales repercusiones en el plano del empleo y el crecimiento, evalúe detenidamente los casos en los que se introduzcan rectificaciones financieras o suspensión de pagos;

40.

pide a la Comisión y a los Estados miembros que agilicen las negociaciones y los procedimientos de aprobación de los acuerdos de asociación y los programas operativos; subraya la importancia de la financiación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para la actividad inversora en los entes locales y regionales, e insta por ello a la Comisión y a los Estados miembros a una cooperación más estrecha y colaborativa con el fin de garantizar la calidad de los procedimientos y limitar las repercusiones negativas que tendrían unos nuevos retrasos en el inicio del nuevo período de financiación;

41.

invita a la Comisión a definir formas de asistencia administrativa sobre asuntos clave como la determinación de los objetivos de las intervenciones, la evaluación de sus resultados por medio de los indicadores oportunos y la definición de las acciones consiguientes. Se trata de asegurar una puesta en práctica homogénea de estas actividades entre las diferentes administraciones interesadas y contribuir a establecer a nivel europeo una cultura administrativa basada en la supervisión y evaluación de la actividad desarrollada. En este mismo plano, el Comité considera pertinente asegurar la asistencia a las administraciones territoriales para las iniciativas de la llamada «ingeniería financiera», ya que son esenciales para multiplicar los recursos y las inversiones, y sobre el tema de los contratos públicos, que cada vez más deberán configurarse como un instrumento de la administración pública para imprimir un impulso a la innovación y la creatividad;

42.

está convencido de que el Código de Conducta Europeo sobre las Asociaciones reforzará la participación en la actividad de programación sobre los territorios y de que será fundamental para ampliar los efectos de la política de cohesión y consolidar su impacto. El Comité solicita a la Comisión Europea que controle las modalidades de aplicación del Código en los diferentes ordenamientos para asegurar una participación amplia y transparente de las partes interesadas locales, dado que, sin su plena intervención en la preparación de los documentos de programación, su participación será menos eficaz en la fase de aplicación, en particular por lo que respecta a los instrumentos que requieran una programación en la que participen los diferentes niveles de gobierno;

43.

en un momento en el que, para la plena legitimación de la política y la profundización de la construcción europea, hay que sensibilizar e informar a los ciudadanos sobre los resultados de los proyectos financiados por los Fondos Estructurales y sobre los efectos de las políticas de la Unión en su territorio, el Comité señala que el Sexto informe no concede una atención específica a la comunicación e información. Sobre este punto, para maximizar la difusión del conocimiento de la política de cohesión entre los ciudadanos, el Comité solicita a la Comisión Europea y a los Estados miembros una mayor participación de los entes locales y regionales en las campañas de comunicación; Al mismo tiempo, con un amplio recurso a instrumentos informáticos, el Comité subraya la necesidad de hacer efectivas las disposiciones que prescriben la transparencia de las asignaciones efectuadas y de los resultados esperados de las intervenciones y potenciar la utilización de la información recabada (Open Data) respecto de los fines considerados más útiles y eficaces para la ciudadanía;

44.

considera que el informe sobre la cohesión presta poca atención a la cooperación territorial europea, teniendo en cuenta que, desde el período de programación 2007-2013, constituye un objetivo independiente de la política de cohesión. En particular, su componente de cooperación transfronteriza repercute en la cohesión de las regiones transfronterizas. Por tanto, el Comité propone que, en el futuro, dicho informe incorpore una evaluación de la cohesión de las regiones transfronterizas de Europa que incluya un análisis de sus problemas principales, así como una evaluación del impacto de los programas operativos de cooperación transfronteriza. Debería prestarse más atención a este instrumento sobre todo porque promueve la colaboración y el intercambio de experiencias entre las administraciones de los diferentes Estados miembros y pretende pasar a un sistema administrativo cada vez más inspirado en modalidades operativas y valores compartidos;

45.

lamenta que el papel esencial de la política de cohesión en el apoyo a las estrategias macrorregionales no se desarrolle más a fondo en el Sexto informe sobre la cohesión;

46.

aboga por una mayor coordinación entre la política de cohesión y la política de vecindad de la Unión Europea, así como por una mejor evaluación y difusión de los resultados de los proyectos;

47.

recomienda la constitución de un «Consejo para la política de cohesión» compuesto por ministros del nivel de gobierno competente en los Estados miembros responsables de la política de cohesión. De hecho, el Comité considera que dicho consejo puede dar una mayor visibilidad y garantizar un continuo debate político sobre la cohesión. A este respecto el Comité manifiesta que está dispuesto a participar activamente en los debates políticos sobre la creación de tal estructura para asegurar la plena consideración del punto de vista de los entes locales y regionales (4).

21.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 19/15

1.

El CDR ha venido abordando desde 2010 la política industrial en particular desde la perspectiva de la iniciativa emblemática sobre este tema en el marco de la Estrategia Europa 2020, a cuya evaluación el Comité consagró una serie de estudios y conferencias (1). A modo de conclusión, el CDR presentó una evaluación de conjunto de la Estrategia Europa 2020 plasmada en la «Declaración de Atenas (2) de 7 de marzo de 2014: una perspectiva territorial para el crecimiento y el empleo», acompañada de un informe de evaluación intermedia (3). En resumen, el CDR aboga por:

2.

destaca que la incorporación más activa de las ciudades en todas las fases del ciclo político permite dar una mejor respuesta a los cambios que experimentan los ciudadanos de toda Europa. Todo ello exige la aplicación de un enfoque de gobernanza multinivel, con la colaboración de todos los niveles de gobierno (asociación vertical) y con la cooperación a diferentes niveles de todas las partes interesadas (asociación horizontal);

3.

propone que la Comisión incremente sus actividades de evaluación comparativa a nivel regional y local, así como el intercambio de experiencias y el aprendizaje inter pares, aspectos todos ellos fundamentales en el desarrollo de capacidades y la innovación industrial, todo lo cual reviste una gran importancia para la Estrategia Europa 2020. Para asumir un papel de coordinación y ofrecer a los socios una plataforma para encontrar soluciones, es preciso reforzar la capacidad administrativa de los entes locales y regionales en estos aspectos;

4.

ha analizado la dimensión territorial del paquete de política industrial e identificado los temas principales y las necesidades de los entes locales y regionales a la hora de aplicar la política industrial: (1) el papel de los municipios y regiones en la cadena de valor mundial; (2) el impacto desigual y persistente de la crisis en la cohesión territorial, económica y social; (3) la gobernanza multinivel y la coordinación de las políticas; (4) la capacidad institucional y la gobernanza estratégica de las políticas industriales; (5) la capacidad de promover el descubrimiento de oportunidades empresariales y de regular el mercado de manera equitativa y eficiente;

5.

incluye asimismo en su análisis una evaluación de las relaciones existentes entre estos problemas y necesidades y las comunicaciones del paquete industrial, así como la evaluación comparativa de algunas de las mejores prácticas. Los resultados incluirán las propuestas de los entes locales y regionales para apoyar y promover la actividad industrial;

6.

recomienda a los entes regionales y locales, sobre la base de este análisis, que en sus estrategias de investigación e innovación basadas en la especialización inteligente (RIS3) presten una atención especial a los siguientes aspectos, para cuya materialización se precisan, en la mayoría de los casos, acciones por parte de la Comisión:

7.

coincide con la Comisión en que una base industrial fuerte es de importancia primordial para la competitividad de Europa y para un crecimiento sostenido. Haciendo hincapié en que la industria requiere mucho más que el sector de fabricación tradicional que por lo general se toma como referencia, y haciendo hincapié en que los procesos industriales y los ecosistemas tienen una enorme repercusión en la sociedad, insta a una rápida aplicación de las medidas propuestas al respecto;

8.

destaca que la ventaja competitiva de Europa en la economía mundial se basa ante todo en unos productos y servicios sostenibles y de alto valor añadido. Por este motivo, el CDR advierte de que el retroceso durante la crisis económica de la inversión en innovaciones imprescindibles para la renovación industrial se ha convertido en una grave amenaza para el futuro de Europa;

9.

insta a la UE a que reconozca que es necesario intentar alcanzar el liderazgo mundial en sectores estratégicos con empleos de gran valor. Para ello, es preciso estimular la industria existente invirtiendo en nuevas tecnologías, mejorando los entornos empresariales, facilitando el acceso a los mercados y la financiación, y garantizando que los trabajadores poseen las competencias industriales necesarias.

10.

subraya que la crisis más prolongada sufrida hasta la fecha por la UE ha puesto de relieve la importancia de una industria fuerte, competitiva y sostenible como base del bienestar de los ciudadanos. A la industria se deben más del 80 % de las exportaciones europeas y el 80 % de la investigación y la innovación privadas. Casi uno de cada cuatro puestos de trabajo del sector privado se encuentra en la industria, y suele requerir un elevado nivel de cualificación profesional. Cada nuevo empleo en el sector manufacturero genera entre 0,5 y 2 empleos en otros sectores;

11.

Subraya que, además de las medidas tomadas por la sociedad, la respuesta de cada empresa industrial y las medidas que tome son cruciales para hacer posible que la industria — como columna vertebral de la economía real y la prosperidad — se desarrolle de modo competitivo;

12.

llama la atención sobre las competencias de gestión del cambio a nivel local en toda Europa. Las competencias industriales, así como las políticas, incluyen más que nunca una comprensión previa de los procesos empresariales, la gestión de la tecnología y los conocimientos, así como capacidades de interacción con otras personas. Las actividades industriales dentro de las cadenas de valor y las redes son cada vez más amplias y cada vez más complejas, dado que las grandes empresas y las pymes que operan en diferentes sectores y países están mutuamente interconectadas. Es necesaria la conexión real de las políticas de las grandes empresas y las pymes industriales con las políticas industriales concretas de los Estados y las regiones donde estén localizadas;

13.

señala que el concepto tradicional de «cadena de producto», con sus fases y factores de producción fijos, está desapareciendo porque la realidad se basa en complejas interacciones de los ecosistemas conectados en redes a escala mundial. Las tecnologías desempeñan un papel importante en tanto que facilitadoras de planteamientos nuevos y sostenibles;

14.

destaca la importancia de apostar por la modernización de las industrias tradicionales de la UE, sobre todo aquellas cuya competitividad se vio afectada en gran medida por el coste de la mano de obra y que disponen de un gran nivel de conocimientos técnicos que puede capitalizarse;

15.

constata el reciente desarrollo industrial, en el que los productos y servicios industriales se complementan mutuamente. Los servicios representan cerca del 40 % del valor añadido en las exportaciones de la industria manufacturera europea. Aproximadamente un tercio de los puestos de trabajo generados por estas exportaciones se encuentran en empresas que prestan servicios auxiliares a los exportadores de mercancías. Servicios como los de mantenimiento y formación son componentes cruciales para elaborar complejos productos manufacturados. Los servicios especializados –tales como la financiación, las comunicaciones, los seguros y los servicios a empresas que requieren alta intensidad de conocimiento– desempeñan un papel cada vez más importante en la producción de bienes manufacturados. Este es uno de los factores que explican la creciente contribución de los servicios a los resultados globales de una economía;

16.

desea destacar las consecuencias del cambio de paradigma de las TIC. Actualmente, las redes de telefonía móvil son más frecuentes en los automóviles, la electrónica de consumo, la producción industrial y la atención sanitaria que en las actividades cotidianas de la población. Con frecuencia, una empresa moderna de maquinaria tiene más de diez veces más ordenadores y dispositivos de red que una oficina. Las actividades en red requieren una gestión eficaz de los conocimientos: modelización de la información de sistemas, así como innovación abierta y labor de cooperación, en beneficio de todos los interesados. Existe una necesidad apremiante de modelos de información regional para la planificación urbana y de gestión de procesos a nivel regional y municipal;

17.

desea impulsar la adopción en la política industrial europea de conceptos propios de la Responsabilidad Social de las Empresas, como base de una economía más productiva, sostenible e integradora.

18.

está de acuerdo con la Comisión cuando insta a los Estados miembros a asumir la causa de la recuperación industrial y a buscar soluciones más compartidas para reforzar la competitividad europea y el crecimiento sostenible. Considera asimismo que la Comisión Europea, por su parte, debe explotar mejor todo el potencial de la política industrial en la línea del artículo 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular cuando se trata de «adoptar cualquier iniciativa adecuada para fomentar la coordinación [de los Estados miembros en materia de política industrial], en particular iniciativas tendentes a establecer orientaciones e indicadores, organizar el intercambio de mejores prácticas y preparar los elementos necesarios para el control y la evaluación periódicos»;

19.

subraya que la estrategia industrial no puede ponerse en práctica como política aislada, pues tiene múltiples interacciones con otros muchos ámbitos políticos. La estrategia industrial debe de estar íntimamente ligada a políticas energéticas, formativas, de I+D+i, comerciales, de infraestructuras, de responsabilidad social y de salud y seguridad; pide, por tanto, que se adopte un enfoque más integrado e interdisciplinario para la política industrial;

20.

señala que debe reconocerse a las pymes como elemento estratégico en la política industrial europea, aplicando de manera efectiva la Comunicación «Small Business Act»;

21.

hace hincapié en la importancia de la industria pesada de base para el desarrollo de la bioeconomía en Europa, y señala que la UE debería adoptar nuevos mecanismos de cooperación y financiación que permitieran incorporar las últimas tecnologías y otros conocimientos europeos a los grandes y exigentes proyectos de renovación de la industria de base, especialmente en aquellas zonas que se ven gravemente afectadas por el desempleo;

22.

desea resaltar la necesidad de poner en práctica las prioridades propuestas por la Comisión en apoyo de la competitividad de la industria europea. Hace hincapié, no obstante, en que son requisitos básicos que necesitan un desarrollo ulterior y una aplicación concreta;

23.

acoge con satisfacción las importantes decisiones en relación con el incremento de la competitividad industrial tomadas por el Consejo Europeo los días 20 y 21 de marzo de 2014. El Consejo señaló que es preciso consolidar las tecnologías facilitadoras esenciales (TFE) determinando con rapidez qué proyectos revisten interés europeo, y afirmó asimismo que debe prestarse especial atención al papel de las tecnologías limpias por su capacidad para aumentar la competitividad de la industria en todos los sectores;

24.

considera necesario, en el marco de la aplicación del Reglamento no 1260/2012 sobre una cooperación reforzada en materia de patentes, encontrar un equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual para fomentar la innovación y el mayor intercambio posible de los conocimientos susceptibles de dar lugar a futuros avances tecnológicos. A nivel europeo, es preciso impedir la utilización de las patentes como arma estratégica, como ocurre, por ejemplo, cuando se recurre abusivamente a las marañas de patentes (patent thickets) o a la fragmentación de patentes, y promover criterios estrictos de patentabilidad para evitar que patentes de escaso valor añadido adquieran derechos de monopolio;

25.

señala que el Consejo Europeo, además, instó a la Comisión y a los Estados miembros a que aborden las carencias en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (competencias CTIM), con una mayor participación de la industria; Para llevar esto a la práctica se necesitan medidas urgentes, entre las que el CDR propone incluir acciones para fomentar los conocimientos de idiomas y, de ese modo, mejorar la operatividad del mercado interior,

26.

pide a la Comisión acciones para la reindustrialización de Europa que pongan de manifiesto los conocimientos excelentes que deberán obtenerse gracias al programa Horizonte 2020, así como su divulgación en las zonas con industrias básicas de toda Europa. Los programas Interreg son, sin duda, instrumentos necesarios para reforzar las actividades en red de los centros de enseñanza superior aplicada de las regiones industrializadas; no obstante, desde el punto de vista de la necesidad de reforzar la interacción entre el mundo científico y el industrial, el CDR lamenta sinceramente que el instrumento «Regiones del conocimiento» del programa Horizonte 2020 esté ausente en el período de programación 2014-2020 pese a haber demostrado anteriormente su utilidad en la coordinación de los programas de investigación de las agrupaciones empresariales regionales durante un periodo de casi diez años; subraya que el primer año de funcionamiento del programa Horizonte 2020 ha mostrado que no se ha desarrollado ningún instrumento nuevo suficientemente eficaz para cumplir este requisito. Es urgente volver a desarrollar y aplicar el instrumento «Regiones del conocimiento»;

27.

anima a la Comisión a que ponga el acento en la relación entre la ciencia, el mundo empresarial, la sociedad, los ciudadanos y la elaboración de políticas, y apoya el importante papel que desempeñan las regiones al reunir a todas las partes interesadas sobre la base de los modelos de triple y cuádruple hélice;

28.

subraya que el Consejo Europeo también puso de relieve que para alcanzar los objetivos de competitividad y crecimiento sostenible en Europa deben utilizarse todos los medios disponibles, en particular los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

29.

hace hincapié en que corresponde de manera conjunta a la Comisión Europea, los Estados miembros y los entes locales y regionales establecer y aplicar el paquete de inversiones, por valor de 3 00  000 millones de euros, destinado a fomentar el crecimiento y el empleo, puesto que poseen competencias legales y presupuestarias complementarias en este ámbito. Las nuevas soluciones, con impacto tanto a corto como a largo plazo, pueden basarse en las siguientes premisas:

30.

apoya la búsqueda de fuentes de financiación alternativas para reforzar los ecosistemas, entre ellas la microfinanciación colectiva (crowdfunding), el capital riesgo y otros instrumentos innovadores, para romper con la tradicional dependencia del préstamo bancario.

31.

reconoce que la ventaja comparativa de Europa en la economía mundial se basa en unos bienes y servicios sostenibles de alto valor añadido, en la gestión eficaz de las cadenas de valor y en el acceso a los mercados de todo el mundo;

32.

señala que un entorno normativo estable y predecible es una condición previa para que en la UE haya inversiones en la industria. Esta estabilidad y previsibilidad debe alcanzarse tanto a nivel local y regional como nacional y de la UE. La estabilidad y previsibilidad como garantía de seguridad jurídica para las empresas debe de ser impulsada por la normativa de la UE, preferentemente mediante Directivas;

33.

apoya la política de la Comisión de desarrollar el mercado único como la piedra angular de una industria competitiva y sostenible. Señala además que la legislación relativa al mercado interior de los productos y servicios es un factor clave no solo para la competitividad de la industria europea sino también para la protección de los consumidores y del medio ambiente;

34.

apoya el planteamiento de la Comisión de que, para seguir siendo competitivo, el mercado europeo de los productos y servicios industriales necesita un marco regulador que facilite la innovación y no cree obstáculos innecesarios a la rápida incorporación de nuevas tecnologías y la introducción de las innovaciones en el mercado. La legislación y las normas de la UE deben permitir que se comercialicen rápidamente nuevos productos y tecnologías, de modo que Europa pueda adquirir una ventaja competitiva en el mercado mundial;

35.

subraya que las regiones deben ser capaces de definir su propio potencial de crecimiento y de acompañar la innovación, incluyendo en esa definición a los entes locales y regionales, mediante la combinación de enfoques descendentes y ascendentes;

36.

reitera su propuesta de concluir «pactos territoriales» que permitan organizar los distintos niveles de cooperación vinculados a proyectos de desarrollo regional y promover la cooperación entre regiones; propone que esta iniciativa se plasme en un documento único de programación que garantice que las políticas nacionales, regionales y locales reflejen las políticas sectoriales y de cohesión de la UE;

37.

pide que a las inversiones relativas a estos documentos únicos de programación se les asignen unas dotaciones crediticias específicas del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el cual se ofrecería para crear nuevos ecosistemas territoriales de innovación económica y social. Esto puede constituir un medio privilegiado para fomentar soluciones innovadoras, facilitar demostradores a las empresas o impulsar la creación de consorcios sobre cuestiones que requieren nuevas asociaciones empresariales. Como asociaciones publico-privadas, estos ecosistemas deberían cumplir un doble objetivo: contribuir a mejorar la competitividad de las empresas y la eficacia del servicio público (contribuyendo así a racionalizar el gasto público);

38.

expresa su convencimiento de que el elemento indispensable para respaldar las ambiciones industriales de la UE es la política regional de especialización inteligente «RIS3», basada en un análisis sistemático de las especificidades y potencialidades regionales existentes para la innovación y el crecimiento;

39.

sugiere que los Estados miembros adopten políticas de ordenación territorial que permitan responder a su debido tiempo a la localización de zonas empresariales y no interpongan obstáculos innecesarios que hagan inviable el establecimiento de empresas;

40.

insta a las regiones a evaluar la necesidad de tecnologías para fomentar el desarrollo dentro de sus propias estrategias de especialización inteligente RIS3 y a tomar las medidas necesarias para fomentar la política industrial como prioridad de financiación clave, al igual que otras medidas para aumentar sus asociaciones en toda la UE con vistas a cumplir sus objetivos;

41.

pide a la Comisión que apoye las redes interregionales en particular, así como la cooperación entre ellas y el aprendizaje mutuo. Un ejemplo es la iniciativa Vanguard, que sitúa el renacimiento industrial en el centro de sus actividades S3 con el fin de promover el intercambio de experiencias, la creación de escaleras de excelencia y la tramitación conjunta de la aplicación de los proyectos;

42.

pide a la UE que ofrezca financiación a las regiones con el fin de prestarles ayuda a la hora de crear ecosistemas de innovación eficaces y de adoptar iniciativas europeas conjuntas. Destaca que las actividades de innovación descentralizadas con apoyo de la UE son el único medio para alcanzar los objetivos de las estrategias RIS3 en toda Europa;

43.

subraya que, en comparación con el anterior período de programación 2007-2013, las normas y prácticas definidas por los Estados miembros y los entes regionales deben renovarse para destacar y medir sus efectos y su impacto. Se trata, fundamentalmente, de aumentar la participación de todos los actores clave de I+D+i en la región en la aplicación de la estrategias RIS3, así como de crear redes eficaces a escala de la UE;

44.

está de acuerdo con las preocupaciones expresadas por diversas partes interesadas de toda Europa en el sentido de que los Estados miembros y los entes regionales no han seguido las directrices de la Comisión con vistas a reducir la burocracia, renovar la financiación para que se base en las estrategias RIS3 y desarrollar un sistema de financiación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos flexible y orientado a los usuarios;

45.

insta a los Estados miembros a que, para mejorar la eficacia de los poderes públicos y reducir la burocracia, evalúen el entorno empresarial a nivel local, lo que permitirá comparar la manera en que los diferentes trámites y disposiciones de aplicación de la reglamentación inciden en dicho entorno;

46.

insta a las regiones, conjuntamente con la Comisión, a revisar sus planes de RIS3 y de asociación europea con respecto a las tecnologías facilitadoras esenciales (TFE). Según el informe de la plataforma S3, los responsables políticos regionales plantean muchas cuestiones relativas a las ayudas estatales y la financiación de las TFE, en particular las normas de financiación de los proyectos de demostración y las infraestructuras;

47.

señala que también deben ponerse en marcha instrumentos nacionales, en especial instrumentos de mercado y otros instrumentos de financiación innovadores. Las nuevas prioridades de financiación acordadas por la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones ofrecen a las empresas de vanguardia una notable oportunidad para invertir en tecnologías facilitadoras esenciales;

48.

hace hincapié en la importancia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos ESI) y del programa Horizonte 2020 para reforzar la competitividad industrial de la UE. Es especialmente importante incrementar la investigación multidisciplinar de excelencia y la puesta en práctica de sus resultados a nivel regional. Se necesitan paquetes de medidas de financiación diversa para orientar, en particular, los conocimientos científicos más recientes en los campos de las TIC y las TFE hacia la modernización de los distintos ámbitos y crear las nuevas prácticas necesarias para obtener unos resultados permanentes en la sociedad;

49.

por otra parte, el apoyo del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) sigue siendo importante como instrumento práctico para ayudar a los ciudadanos y a las regiones a superar las consecuencias de la crisis económica y los efectos de la globalización mediante el apoyo a las personas despedidas en su búsqueda de un nuevo empleo;

50.

llama la atención sobre el papel crucial que desempeñan el capital humano — los conocimientos técnicos y capacidades individuales de alto nivel — para abordar los retos industriales. La inadecuación de las capacidades y los problemas de formación seguirán planteando serias dificultades a la industria de la UE en los próximos años, sobre todo porque los avances en las tecnologías de producción hacen que crezca la demanda de capacidades y formaciones específicas. Considera necesario sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos y crear programas de formación y educación multidisciplinares e intersectoriales para desarrollar y dar un carácter permanente y práctico a los resultados de la investigación y la innovación;

51.

reta a la joven generación digital y a sus empresas emergentes a que contribuyan al diseño y la ejecución de estrategias regionales de especialización inteligente, ayudando a detectar las deficiencias y perfeccionar los procesos en las necesarias cadenas de valor regionales. Las nuevas soluciones innovadoras deberán centrarse en los procesos industriales, tanto públicos como privados, y en el comportamiento de los ciudadanos como clientes;

52.

insta a la UE, los Estados miembros y las regiones a que orienten los Fondos de Cohesión y el programa Horizonte 2020 hacia inversiones que refuercen la competitividad y brinden oportunidades industriales que tengan un impacto transregional, transfronterizo e intersectorial. Debe prestarse especial atención a la energía, el transporte y la infraestructura digital, facilitando la cooperación entre países, la integración de la cadena de suministro y el fomento del comercio interno de la UE.

53.

ha instado reiteradamente en anteriores dictámenes a adoptar reformas estructurales de la industria y ha hecho hincapié en la importancia que reviste la capacidad de respuesta de la sociedad y de las empresas en el entorno competitivo creado por la globalización y la digitalización. Estas recomendaciones van asociadas asimismo a medidas que aumenten el nivel de las capacidades que se necesitan y a un enfoque del ciclo de vida que incida en el impacto global y en los objetivos en materia de cambio climático. Entre las recomendaciones cabe citar:

54.

ha identificado los cambios clave que se necesitan en la política industrial, las necesidades de inversión que se precisan para modernizar la actividad empresarial y los medios para ponerlos en práctica. Las siguientes citas del dictamen del CDR aprobado hace tres años muestran que las directrices siguen en fase de preparación y que las medidas tomadas por la UE son demasiado lentas para responder con prontitud a las necesidades cambiantes de la economía y la industria. El CDR (6):

55.

hace hincapié en que el ritmo de los cambios puede reforzarse asignando a los niveles local y regional más recursos. Necesitamos actividades pioneras innovadoras y de alta calidad y la reproducción de sus resultados en toda Europa. Las regiones están preparadas para empezar la experimentación y la creación rápida de prototipos, lo que constituye una clave para el éxito;

56.

reitera, como ya ha señalado en una serie de dictámenes los aspectos que deberían ponerse de relieve en la aplicación. Los siguientes ejemplos, tomados del Dictamen sobre Horizonte 2020 (7), aprobado por el CDR hace dos años, son relevantes, entre otras cosas, en lo que respecta a la aplicación del paquete sobre política industrial. El CDR:

57.

reconoce que el entorno competitivo global ha cambiado radicalmente y es necesario no solo adaptarse a la situación, sino también convertirse en un motor de cambio en muchos aspectos. La competitividad global a largo plazo de las empresas de la UE ha de tener más influencia al evaluar la normativa vigente de la UE y decidir cómo orientar específicamente la financiación de I+D+i;

58.

subraya que la legislación de la UE sobre los productos industriales establece los principales requisitos que deben cumplir las empresas en lo que se refiere a la seguridad, la salud y otros aspectos de interés público. Es particularmente importante que la industria no sufra la carga de unos cambios frecuentes, excesivos e innecesarios de legislación, sino que, por el contrario, se disponga de mecanismos concretos encaminados a facilitar y apoyar la inversión empresarial. Es importante que haya un desmantelamiento controlado de los obstáculos reglamentarios, ya que la tecnología evoluciona de forma constantemente más rápida y las cadenas de suministro mundiales cada vez están más interconectadas;

59.

anima a las regiones y ciudades europeas a que establezcan y apliquen un marco regulador que estimule la innovación y las inversiones en TIC en toda la economía territorial. El papel que vuelva a desempeñar la UE como innovador mundial dará lugar a un círculo virtuoso de mejoras de productividad, crecimiento y creación de empleo.

60.

recuerda que la Comisión se ha comprometido a asegurar que la reglamentación sea estable a largo plazo y que las normas se simplifiquen considerablemente, objetivo que debe perseguirse de forma prioritaria y rápida. Deberían realizarse evaluaciones de impacto en profundidad de las nuevas normas. En la práctica, las normas de la UE sirven como modelo en todo el mundo, y la Comisión seguirá promoviendo un sistema de normas internacionales;

61.

reitera su petición a la Comisión de que afine su capacidad de análisis y las herramientas para apoyar a las empresas analizando la posibilidad de crear, como ya ha aceptado para las industrias agroalimentarias, para aquellas empresas que tengan entre 250 y 750 trabajadores y una cifra de negocios inferior a 200 millones de euros, una categoría a caballo entre la pyme y la gran empresa. Esta categoría de empresas podría beneficiarse de una ayuda adaptada, superior a la concedida a las grandes empresas e inferior a la de las pymes (8);

62.

señala que en julio de 2014 entraron en vigor nuevas normas sobre ayudas estatales para el Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC) y la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) (9), y que dichas normas permiten incrementar la inversión en I+D, especialmente en agrupaciones de proyectos a gran escala, siendo uno de sus objetivos ejercer una influencia significativa en la renovación industrial;

63.

señala que facilitar la aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE ampliando el ámbito de aplicación del RGEC supone una mejora considerable;

64.

señala que el RGEC fija las condiciones en las que las ayudas estatales están exentas de la obligación de notificación previa a la Comisión, y que dicho Reglamento establece un aumento de los umbrales de notificación y las intensidades de ayuda, e introduce nuevas categorías de ayudas exentas, como las ayudas a las agrupaciones empresariales innovadoras y las ayudas a la inversión para infraestructuras de investigación;

65.

señala que el marco de ayudas estatales para la I+D+i incluye ayudas a la investigación industrial y el desarrollo experimental y que actualmente es posible otorgar una intensidad máxima de ayuda más elevada para la investigación aplicada;

66.

hace hincapié en que el instrumento de los proyectos importantes de interés común europeo (PIICE) tiene un ámbito de aplicación más amplio, más allá de la I+D, que incluye, en primer lugar, el primer despliegue, y que el despliegue de los PIICE requiere con frecuencia una importante participación por parte de las autoridades públicas, ya que de otra forma el mercado no financiaría esos proyectos;

67.

reitera que los PIICE pueden representar una importante contribución al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de la economía y la industria de la UE, teniendo en cuenta sus efectos indirectos positivos en el mercado interior y en la sociedad de la UE;

68.

subraya que los Estados miembros y la industria deben aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece la nueva normativa en materia de ayudas estatales a la hora de promover la actividad empresarial, la renovación industrial y la creación de empleo en Europa;

69.

destaca que, incluso aunque se impongan condiciones abusivas a las empresas europeas que operan en mercados emergentes clave, las empresas europeas deben mejorar su capacidad de innovación y convertirse en agentes clave dentro de las cadenas de valor que operan en red y se están expandiendo con gran dinamismo.

21.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 19/24

1.

considera que la utilización del potencial del crecimiento azul representa una oportunidad para impulsar la economía local y crea puestos de trabajo de calidad en los sectores económicos intensivos en inversión y conocimientos;

2.

señala que la protección del medio ambiente debe seguir siendo uno de los objetivos primordiales de la estrategia europea de crecimiento azul;

3.

considera que la evaluación de los datos científicos puede contribuir de manera significativa al éxito de la reforma de la política pesquera común y es un requisito fundamental para aplicar la regionalización de esta política;

4.

reitera su convicción de que el desarrollo y el respaldo de la acuicultura europea constituyen un elemento clave de la creación de puestos de trabajo en regiones estructuralmente débiles y garantiza el suministro de pescado y mariscos de alta calidad a los consumidores europeos;

5.

respalda las iniciativas que ha tomado la Comisión Europea para impulsar el crecimiento de la economía azul;

6.

subraya la necesidad de utilizar un planteamiento integrado transversal para coordinar la política de investigación, la política económica, la política pesquera común y la política de transporte. Con el fin de que la actuación de la UE en favor de la economía azul sea más eficaz, estas políticas no deberían tratarse exclusivamente como ámbitos independientes. El establecimiento de sinergias entre ellas permitirá que las iniciativas adoptadas sean más eficaces y aporten un mayor valor añadido;

7.

llama la atención sobre la necesidad de recurrir a la investigación científica para aplicar la reforma de la política pesquera común, proteger los ecosistemas marinos y gestionar los riesgos en situaciones de crisis; no obstante, subraya que la investigación científica y la aplicación de la innovación deben centrarse principalmente en el crecimiento azul entendido no solo como crecimiento económico dentro de la economía marítima sino también como crecimiento que repercute de forma positiva en otros sectores de la economía;

8.

señala que, aunque el proceso de liberar el potencial de los mares y océanos en favor del empleo y el crecimiento económico es necesario y deseable, no debe provocar el deterioro del medio natural ni la destrucción de los ecosistemas marinos;

9.

pide un enfoque más amplio respecto del sector de la acuicultura y el transporte marítimo, costero y de cruceros a la hora de introducir la innovación, con el fin de garantizar un mayor crecimiento económico y crear nuevos puestos de trabajo;

10.

pide una coordinación más amplia y eficaz entre la estrategia de crecimiento azul y otras estrategias y programas de la UE, en particular, la Estrategia Europa 2020;

11.

hace hincapié en que el proceso de llevar a cabo la investigación científica y aplicar la innovación — pese a estar orientado a fomentar el crecimiento azul — debería repercutir no solo en la economía marítima sino también en otros ámbitos de la economía;

12.

pide que se cree una comunidad de conocimiento e innovación específica para la economía azul como medida adicional que impulse las capacidades y la transferencia de ideas de la investigación marina al sector privado;

13.

se muestra de acuerdo en que las lagunas en los conocimientos y datos sobre el estado de los mares y océanos, los recursos de los fondos marinos, la vida marina y los riesgos para los hábitats y ecosistemas constituyen uno de los problemas clave que impiden el desarrollo de la economía azul. Un mayor conocimiento de nuestros mares impulsará el crecimiento de la economía azul, ya que permitirá entender más profundamente los recursos que contienen y comprender mejor cómo pueden utilizarse, en paralelo a la consecución de los objetivos medioambientales;

14.

destaca la importancia de la disponibilidad de datos sobre el estado de los mares y océanos para el desarrollo de la economía azul. Mejorar el suministro de datos y hacer que sean más accesibles impulsará la innovación y la competencia, lo que permitirá gestionar eficazmente las situaciones de crisis y reducir las incertidumbres sobre las zonas marinas;

15.

señala que la disponibilidad de datos sobre el estado de los mares y océanos no debería limitarse a la información general que solo es pertinente a escala de la UE o de los distintos Estados miembros. Es esencial tener en cuenta las necesidades de las regiones por separado y poner a su disposición más información al respecto que puedan usar de manera eficaz tanto en el sector público como en el privado;

16.

señala que, si bien es importante que los datos sobre el estado de los mares y océanos estén disponibles a nivel local, regional y nacional, la UE debe coordinar todo el proceso. Esto aumentará la eficacia de los datos utilizados y permitirá un adecuado intercambio de información entre las partes interesadas;

17.

pide a la Comisión Europea que utilice de forma generalizada la investigación científica en sus esfuerzos por lograr la regionalización de la política pesquera común. Un uso más amplio de la investigación científica reflejará el principio de un enfoque transversal hacia la economía azul y mejorará la gestión racional de los recursos pesqueros;

18.

hace hincapié en que la Unión Europea debe seguir apoyando la acuicultura, que es uno de los sectores que crecen más rápido dentro del ámbito de la producción de alimentos. Una investigación científica adecuada que ofrezca a las empresas información nueva y más amplia sobre el estado de los mares y océanos puede hacer que sean más competitivas y, en consecuencia, activar el crecimiento del empleo, especialmente en regiones estructuralmente débiles;

19.

destaca que la recopilación y difusión de datos marinos no deberían generar desventajas ni cargas administrativas adicionales para los entes locales y regionales y los agentes económicos;

20.

señala que un acceso adecuado a la información sobre el estado de los mares y océanos no solo es importante para aplicar soluciones innovadoras, proteger el medio ambiente y gestionar los recursos pesqueros y la acuicultura, sino que también puede ser un factor de capacitación clave para gestionar los riesgos y adoptar medidas adecuadas de apoyo en situaciones de crisis. En consecuencia, el Comité de las Regiones pide que se adopten medidas para elaborar un mecanismo que permita utilizar los datos de las imágenes por satélite procedentes del servicio por satélite Copernicus para ayudar a los entes locales y regionales a tomar las medidas iniciales ante catástrofes naturales;

21.

destaca la necesidad de supervisar la aplicación de la innovación y el crecimiento en la economía azul de manera continua para garantizar que las medidas adoptadas sean lo más eficaces posible. Por lo tanto, el Comité de las Regiones recomienda que se elaboren indicadores de rendimiento claramente definidos para el crecimiento y la innovación en la economía azul. Los indicadores de este tipo no solo serán útiles para la Comisión, sino que también ayudarán a determinar los objetivos adecuados para los Estados miembros y las regiones;

22.

señala que la cuestión clave respecto de la economía azul no es tanto el uso de los datos marinos para impulsar el crecimiento económico, sino, sobre todo, su uso para preservar los ecosistemas marinos y mantener la calidad del medio marino. La protección y conservación de los ecosistemas marinos debe ser un elemento esencial de la política marítima europea;

23.

subraya que el medio marino debe estar limpio y sano. En consecuencia, debe tenerse en cuenta oficialmente la idea de establecer planes para eliminar los restos militares y residuos químicos depositados en el mar, tal como se recoge en un dictamen anterior del Comité de las Regiones (1), del mismo modo que la información sobre los mares y océanos también debe utilizarse para limpiar y reconstituir el medio marino, lo que contribuirá a garantizar su diversidad y fertilidad biológicas;

24.

destaca que un medio marino limpio y sano basado en las zonas marinas protegidas también es importante para el desarrollo del turismo, por ejemplo, el buceo sostenible, que constituye un instrumento estratégico para conocer el medio marino e incrementar la sensibilización social al respecto;

25.

señala que el aumento de la competitividad y el empleo en el sector de la acuicultura permitirá que el desarrollo de este sector sea más dinámico. Sin embargo, ello no debe dar lugar a una disminución de la calidad de los productos marinos en aras de la cantidad. Por lo tanto, deben adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar que los consumidores europeos reciben productos de alta calidad. En concreto, ello supone que no se autorice el suministro de organismos modificados genéticamente (OMG) a los consumidores;

26.

reconoce el valor de las iniciativas de la Comisión Europea destinadas a ampliar el uso de la investigación científica y la innovación en la estrategia de crecimiento azul. Sin embargo, es importante no perder de vista que el principal y más aconsejable resultado de la estrategia de crecimiento azul debe consistir en desarrollar el espíritu empresarial a partir del potencial no explotado de los mares y océanos;

27.

señala que la Comunicación no tiene en cuenta algunos sectores con mayor peso en la economía azul como la construcción naval, el transporte marítimo y la energía azul. Es evidente que la Comunicación sienta las bases para las futuras iniciativas científicas y de innovación. Sin embargo, estos sectores económicos siguen siendo los impulsores de la economía azul;

28.

considera que, a la hora de evaluar las posibilidades de introducir la innovación en la economía azul, debe prestarse especial atención al desarrollo del transporte y el turismo marítimos, que tienen un enorme potencial para incrementar el empleo;

29.

hace hincapié en que las empresas del sector privado pueden desempeñar un papel clave en materia de innovación y pueden utilizarla para estimular el crecimiento económico y crear nuevos y mejores empleos. Las pymes en especial pueden tener un papel importante en este ámbito;

30.

señala que los planes de la Comisión de aumentar la participación de las pymes en la economía azul deben contar con una asistencia financiera adecuada dentro de los programas actuales y futuros. La necesidad de financiación es muy visible en el sector de la acuicultura, ya que las microempresas representan el 90 % de este sector y son capaces de generar el nivel deseado de innovación;

31.

es necesario un marco político perfeccionado para incluir a las empresas privadas en la economía azul. Con el fin de garantizar una sinergia óptima entre el sector público y las necesidades del sector privado, las empresas deben poder intervenir en la determinación de las necesidades de investigación, así como en la formulación de reglas, normas y soluciones favorables para las empresas;

32.

señala que una inclusión más amplia de las empresas privadas en la economía azul no debe suponer cargas innecesarias para el sector privado;

33.

pide a la Comisión y a los Estados miembros que se esfuercen por mejorar la competitividad de los operadores económicos marítimos europeos. Si somos capaces de comprender las necesidades del sector privado para participar en la economía azul, debería ser más fácil adaptar las medidas y políticas a nivel europeo, nacional y regional en consonancia con ellas;

34.

subraya que el espíritu emprendedor en la economía azul va más allá de las actividades en los mares y océanos. Es importante planificar un apoyo adecuado para las empresas situadas en tierra y relacionadas con la economía azul, como las plantas locales de procesamiento de pescado, con el fin de crear un entorno empresarial sostenible para los pescadores locales;

35.

señala que la introducción de las innovaciones en la economía azul para impulsar el crecimiento económico y la creación de nuevos empleos también requiere seleccionar personal con las cualificaciones adecuadas. Es necesaria una estrecha coordinación entre los responsables políticos y los medios educativos y empresariales para que los empleos en el mar sean más populares y atractivos entre los jóvenes;

36.

destaca que los beneficios generados por la economía azul repercutirán tanto en el sector público como en el privado. No obstante, toda financiación pública tiene sus limitaciones. Por lo tanto, también es importante atraer capital privado para financiar las actividades en este ámbito. En vista de ello, debe fomentarse una amplia cooperación entre los sectores público y privado, especialmente por medio de asociaciones público-privadas en las que el sector público pueda beneficiarse de la capacidad financiera del sector privado así como de sus conocimientos, experiencia empresarial, aptitudes de gestión y potencial intelectual, con el fin de desarrollar y aplicar soluciones innovadoras para la economía azul;

37.

subraya que, debido a las diferencias que existen entre los Estados miembros de la UE en cuanto a régimen jurídico de las asociaciones público-privadas, la Comisión Europea debe desempeñar un papel esencial para promover las mejores prácticas y soluciones respecto del uso de las asociaciones público-privadas en la economía azul. Debe prestarse especial atención a la posibilidad de establecer asociaciones público-privadas institucionalizadas en función del potencial de creación de nuevos puestos de trabajo;

38.

señala que para animar a los representantes del sector privado, incluidos los de pequeñas y medianas empresas, a colaborar con el sector público, es indispensable fomentar dicha cooperación a nivel local y regional. Es necesario facilitar y apoyar el trabajo de los entes locales y regionales para conseguir que participen representantes del sector privado en proyectos realizados en forma de asociaciones público-privadas;

39.

señala que las asociaciones público-privadas no solo deben utilizarse en la economía azul para conseguir que grandes empresas intervengan como los socios privados. Si se quiere aplicarlas de forma adecuada, las asociaciones público-privadas deben tener en cuenta la capacidad de gestión del riesgo y el potencial financiero adecuados para las pequeñas y medianas empresas, lo que también permitirá que los entes más pequeños utilicen los recursos que poseen dichas empresas;

40.

acoge favorablemente que los principios de subsidiariedad y de proporcional, establecidos en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 3 y 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se respeten en la Comunicación.

21.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 19/28

1.

valora positivamente la Comunicación de la Comisión Europea, que señala que los sistemas de salud deben asegurarse no solo de que se viva más tiempo sino de que se viva mejor, contribuyendo así a mejorar la salud de los ciudadanos. La salud de un individuo, entendida como bienestar físico y psíquico, viene determinada también por otros factores además de las prestaciones de los sistemas sanitarios;

2.

insta a que se reconozca la salud como valor en sí mismo, de modo que los gastos en asistencia sanitaria se consideren inversiones en la salud de las personas, ya que además pueden tener efectos positivos en el incremento de la productividad, el aumento de la oferta laboral y la sostenibilidad de la Hacienda pública;

3.

señala que los entes territoriales descentralizados de toda la UE comparten los mismos retos: costes crecientes de la atención sanitaria y envejecimiento de la población con un aumento de las enfermedades crónicas y de la multimorbilidad, lo que tiene como consecuencia el aumento de la demanda de servicios de salud. El Comité de las Regiones señala que responder a estos desafíos es una responsabilidad nacional, regional y local;

4.

acoge favorablemente y apoya que los ciudadanos de la UE tengan acceso a un tratamiento eficaz de alta calidad y que la Comisión Europea, basándose en la experiencia de los últimos años, se proponga apoyar a los Estados miembros en el desarrollo de estrategias que optimicen los sistemas de salud, faciliten el acceso a la atención sanitaria y hagan los sistemas más robustos;

5.

pide que se respete el artículo 168 del Tratado –que establece que los servicios de salud son en principio de competencia nacional– así como el principio de subsidiariedad en este ámbito. El Comité de las Regiones recuerda a este respecto que la responsabilidad de la sanidad corresponde a los Estados miembros, y que en muchos casos buena parte de las competencias en materia sanitaria está en manos de los entes locales y regionales;

6.

señala que en 2013, en el marco del Semestre Europeo, once Estados miembros recibieron recomendaciones sobre la reforma de sus sistemas de salud. El Comité de las Regiones señala a este respecto que las diferencias existentes en los sistemas sanitarios de los Estados miembros reflejan diferentes opciones de la sociedad y que el artículo 168 establece que la acción de la UE en el ámbito de la salud complementará las políticas nacionales;

7.

está de acuerdo en que uno de los motores del sector de la sanidad es la innovación y reconoce que el sector tiene una importancia económica fundamental, pero se remite a los valores comunes de los sistemas sanitarios de la UE: universalidad, acceso a una atención de calidad, equidad y solidaridad, reconocidos en el Consejo de Ministros (de Sanidad) de 2006 y válidos en cualquier momento pero más aún en la actual coyuntura económica;

8.

reconoce que la crisis económica ha aumentado la presión sobre los recursos financieros de los Estados miembros, pero señala que los sistemas de salud deben ser sostenibles a fin de asegurar en el futuro valores básicos comunes garantizando a la vez los valores alcanzados hoy;

9.

se felicita de que la Comisión Europea, en su empeño por apoyar a los Estados miembros para que utilicen las evaluaciones de eficacia de los sistemas de salud, intensifique su cooperación con organizaciones internacionales como la OMS y la OCDE;

10.

señala que la Comisión Europea debería procurar iniciar el desarrollo de un sistema de información integral para evaluar los resultados de los sistemas sanitarios y señala que se puede hacer uso de los datos existentes estrechando la cooperación con la OMS y la OCDE;

11.

insta a los Estados miembros a que refuercen y, si es el caso, aprovechen la capacidad existente para garantizar la compilación continua y sistemática de datos sanitarios, ya que ello contribuirá a una elevada calidad de los datos internacionales en organizaciones como la OMS y la OCDE;

12.

señala que la evaluación de los resultados de los sistemas de salud debe basarse en indicadores integrales y de los que se pueda disponer con facilidad, como, por ejemplo, las tasas de supervivencia de determinados tipos de enfermedades o los tiempos de espera; se congratula también del marco de criterios europeos comunes para evaluar el funcionamiento de los sistemas de salud que servirá de base para el debate político y el establecimiento de prioridades por cada Estado miembro;

13.

comparte la opinión de que el aumento de movilidad de los pacientes y los profesionales sanitarios significa que los sistemas de salud de los Estados miembros se influyen en gran medida mutuamente, y señala que una cooperación más estrecha entre los sistemas sanitarios en respuesta a este fenómeno deberá incluir el conocimiento que existe en el nivel operativo regional y local;

14.

señala que un personal bien formado, con buenas oportunidades para desarrollar competencias, disponibilidad de capacidades, un buen liderazgo y un flujo de información correcto en el sistema son en gran medida características de los sistemas de atención sanitaria basados en la delegación de competencias al nivel regional y local;

15.

señala que la integración de la atención sanitaria debe ir acompañada de una mayor importancia a la participación del paciente y la calidad del tratamiento; recuerda que el panel de expertos de la Comisión Europea que trabaja sobre este y otros temas debe discutir con las autoridades subnacionales, por ejemplo, en audiencias públicas realizadas sobre los resultados del panel;

16.

reconoce que los sistemas sanitarios deben ser robustos, adaptarse a diferentes entornos y gestionar importantes retos con unos recursos limitados, y considera que estas características deben garantizarse sobre la base de la responsabilidad regional y local por la salud de los ciudadanos;

17.

se congratula de que la Comisión Europea reconozca la importancia del sector sanitario en relación con la lucha contra las consecuencias sociales de la crisis económica, pero destaca que las decisiones destinadas a abordar crisis y problemas económicos de gran calado deben analizarse desde su eventual impacto negativo sobre la salud pública a fin de evitar tales consecuencias;

18.

acoge positivamente y apoya el establecimiento de una estrategia para la inclusión social que incluya un amplio acceso a los servicios de salud de calidad a un precio razonable con el objetivo de combatir en los Estados miembros la creciente desigualdad sanitaria;

19.

celebra y apoya los trabajos en curso sobre seguridad de los pacientes a nivel de la UE y pide que las experiencias de los pacientes y su participación se consideren ámbitos clave y prioritarios en futuras iniciativas de la UE en el ámbito de la salud, así como los esfuerzos por desarrollar las capacidades del personal;

20.

señala que los resultados de la sanidad son difíciles de definir, de modo que las comparaciones entre Estados miembros son un ejercicio complicado, pero está de acuerdo en que medir y comparar la eficiencia de los sistemas de salud es un tema relevante;

21.

considera asimismo que las comparaciones entre Estados miembros únicamente deben realizarse a efectos de aprendizaje e intercambio de experiencias sobre mejores prácticas, lo que permitirá a los Estados miembros verificar, desde una perspectiva internacional, el seguimiento que se da a sus propios esfuerzos de mejora;

22.

reconoce que en ámbitos específicos en los que no se dispone de datos suficientes de organizaciones internacionales –como la OMS y la OCDE– podría ser necesario crear una base de datos europea gestionada por la UE;

23.

valora positivamente que en su Comunicación la Comisión Europea reafirme los principios enunciados en el pacto social europeo, en el que se subraya la importancia de unos criterios transparentes para el acceso a la atención médica y la obligación de no excluir a ningún sector de la población del beneficio de la asistencia sanitaria;

24.

coincide en que es difícil medir el acceso a la asistencia sanitaria pero señala que los indicadores recogidos en los informes de los ciudadanos sobre su propia experiencia son un punto de partida esencial para conocer su opinión sobre el acceso a los servicios sanitarios;

25.

está de acuerdo en que al evaluar el acceso a la asistencia sanitaria es preciso centrarse en la proporción de personas cubiertas por los servicios de salud y también en el alcance de dichos servicios, pero reitera que las diferencias en cuanto a la cobertura y su alcance reflejan decisiones por las que la sociedad ha optado, a nivel nacional, regional y local;

26.

está de acuerdo en que la accesibilidad es un requisito previo para acceder a la asistencia sanitaria y que este aspecto cubre tanto los tiempos de espera como la distancia y el número de personas empleadas en el sector, pero señala que concentrar la oferta de tratamientos especializados en determinados puntos, con las consiguientes largas distancias para desplazarse, puede ser necesario para proporcionar asistencia especializada en ámbitos terapéuticos específicos. No obstante, debe garantizarse en todo momento que también las personas que viven en regiones que sufren desventajas demográficas y geográficas tengan acceso a tales cuidados médicos especializados;

27.

recuerda que las regiones con desventajas geográficas y demográficas (elevada dispersión de la población, reducida densidad de población, acusado envejecimiento demográfico, regiones insulares o de montaña) presentan unos desafíos específicos que se manifiestan con especial dureza en el ámbito sanitario;

28.

reconoce que los modelos de asistencia integrada y los servicios de sanidad electrónica pueden ser una solución para los problemas de accesibilidad de los sistemas sanitarios de los Estados miembros, lo que sucede especialmente en las regiones con desventajas geográficas y demográficas;

29.

considera que debería mencionarse, en este contexto, que las personas con discapacidad, en particular, tienen a veces un acceso limitado a los servicios sanitarios, por lo que recuerda a la Comisión Europea, en el marco del artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su compromiso [COM(2010) 636 final] de tener especialmente en cuenta a las personas con discapacidad al aplicar estrategias de lucha contra las desigualdades en materia de salud;

30.

considera positivo que la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza se haya centrado de manera más clara en la responsabilidad de los sistemas sanitarios en cuanto al acceso a los tratamientos médicos;

31.

se congratula de que la Comisión Europea también se refiera al importante papel de asesoramiento que el personal sanitario desempeñará en el futuro en cooperación con otros sectores; recuerda que la profunda experiencia que poseen los niveles local y regional en este tipo de cooperación podría resultar muy útil para llevar adelante esa tarea;

32.

acoge con satisfacción el intercambio de información sobre cómo mejorar el acceso a los medicamentos, pero señala que las decisiones sobre fijación de precios y reembolsos a los pacientes son resultado de decisiones de la sociedad, así como de prioridades nacionales, regionales y locales. Señala, no obstante, que una mayor transparencia en la fijación de precios de medicamentos contribuiría a un uso más eficiente de los recursos;

33.

toma nota de que la Comisión Europea seguirá apoyando a los Estados miembros en la planificación de las necesidades de personal sanitario contribuyendo así a hacer frente a los retos que presenta la movilidad de los profesionales de la salud;

34.

comparte la opinión de que los Estados miembros deben procurar que se aplique como es debido la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza;

35.

toma nota de que la Comisión Europea ha recomendado en el marco del Semestre Europeo la reforma de los sistemas sanitarios en los Estados miembros, y se remite en este contexto al artículo 168 del Tratado de la UE, en el que se limita la acción de la UE en el ámbito de la salud pública a complementar las políticas nacionales;

36.

acoge con satisfacción que la Comisión Europea apoye a los Estados miembros en la reforma de sus sistemas sanitarios poniendo en marcha iniciativas en el ámbito de la formación y el intercambio de las mejores prácticas con otros Estados miembros y regiones;

37.

señala que invertir de manera suficiente y a largo plazo en el sistema sanitario puede resultar a la larga más barato que invertir basándose en consideraciones financieras coyunturales y cortoplacistas, y considera que deberá ser un tema central en el futuro determinar los efectos de las inversiones a corto y largo plazo;

38.

reconoce que los sistemas sanitarios deben ser sostenibles desde el punto de vista financiero; advierte de que la salud como valor en sí mismo, la seguridad y participación de los pacientes y el desarrollo de la capacidad profesional del personal no deben quedar relegados a un segundo plano por consideraciones financieras a corto plazo o coyunturales;

39.

reconoce el trabajo de la Comisión Europea y acoge con satisfacción que haya señalado seis factores relacionados con la robustez de los sistemas de salud que pueden contribuir a garantizar unos servicios sanitarios accesibles y eficientes para la población;

40.

acoge con satisfacción que la Comisión Europea apoye la red de evaluación de las tecnologías sanitarias, objetivo ambicioso que estableció la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, y está de acuerdo en que ello reduciría la duplicación de esfuerzos por parte de las autoridades;

41.

señala que la Comisión Europea se centra en canalizar la información de los pacientes a los prestadores de asistencia sanitaria y recomienda que apoye a los Estados miembros en este ámbito apoyando la puesta en común de conocimientos y el intercambio de mejores prácticas para la transmisión de información;

42.

recuerda que existe un gran acervo de conocimientos a escala regional y local en el ámbito de la asistencia sanitaria desde la perspectiva de los ciudadanos, y considera que la utilización de dichos conocimientos es más importante que explorar las posibilidades de un amplio consorcio de infraestructuras de investigación europeas;

43.

considera que aún no se han aprovechado las potenciales sinergias entre los servicios sanitarios situados en regiones fronterizas. Ello contribuiría a la accesibilidad del sistema sanitario en beneficio de los pacientes. El Comité de las Regiones insta a los poderes públicos de los Estados miembros a que fomenten la firma de convenios de colaboración en este sentido;

44.

señala que utilizar los datos existentes intensificando la cooperación con la OMS y la OCDE puede redundar también en beneficio de las infraestructuras de investigación.

21.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 19/32

1.

acoge favorablemente las Conclusiones del Consejo Europeo celebrado en diciembre de 2013 en las que se pide a la Comisión Europea que, en cooperación con los Estados miembros, elabore una estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP) no más tarde de junio de 2015;

2.

subraya que este encargo refuerza sustancialmente el papel de las regiones en el proceso de elaboración y aplicación de la EUSALP; razón por la cual Europa, para fomentar un mayor desarrollo, debe reconocer y valorar la propia diversidad en lugar de pretender uniformar las diferencias. Las estrategias macrorregionales son un instrumento que puede contribuir de manera tangible a valorizar las peculiaridades del desarrollo de los distintos territorios respetando su vocación y características naturales;

3.

acoge favorablemente el concepto de estrategia macrorregional como un marco global, aprobado por el Consejo Europeo y apoyado por el Parlamento Europeo, que está destinado a los Estados miembros y terceros países situados en la misma zona geográfica y que tiene por objeto abordar retos comunes y colaborar más estrechamente en materia de cohesión económica, social y territorial (1);

4.

se compromete a seguir apoyando el desarrollo y la aplicación de las estrategias macrorregionales, tal como lo manifestó en su dictamen sobre el valor añadido de las estrategias macrorregionales (2), y destaca que el valor añadido de las estrategias que ya existen goza de reconocimiento desde el punto de vista político y estratégico (3);

5.

constata que la EUSALP será la cuarta estrategia macrorregional, tras las estrategias de la UE para la región del Mar Báltico, la región del Danubio y la región del Adriático y del Jónico, y, dados los grandes retos que deben afrontar otras macrorregiones europeas, manifiesta su apoyo a la creación de nuevas estrategias macrorregionales;

6.

acoge con satisfacción que cinco Estados miembros de la UE (Alemania, Francia, Italia, Austria y Eslovenia) y dos terceros países (Liechtenstein y Suiza) colaboren en el marco de la EUSALP y contribuyan así de forma importante a la integración paneuropea. Este componente de integración aporta un importante valor añadido a esta estrategia macrorregional (4);

7.

destaca que fueron las regiones alpinas quienes tomaron la iniciativa de adoptar un posicionamiento estratégico común de la región alpina a escala de la UE, tras lo cual las regiones participantes forjaron la EUSALP en un auténtico proceso de abajo arriba que se desarrolló tanto en los propios países alpinos como a escala europea;

8.

acoge con satisfacción que la Comisión Europea, en coordinación con los Estados miembros y las regiones alpinas que forman parte del Comité Director de la EUSALP, elabore un plan de acción específico para la aplicación de la estrategia;

9.

valora positivamente que una amplia consulta pública sobre las prioridades de la EUSALP fijadas hasta el momento haya ofrecido a todas las partes interesadas y los ciudadanos la oportunidad de evaluar estas prioridades, proponer y preparar temas adicionales y encontrar potenciales interesados, de modo que sea posible establecer los objetivos y determinar los instrumentos más adecuados que permitan a todos los entes territoriales de la región alpina alcanzar el alto grado de desarrollo y prosperidad deseado;

10.

subraya que la cooperación transfronteriza en la región alpina tiene una larga tradición y que, desde la década de 1970, ha generado una amplia gama de instrumentos de cooperación, como la Comunidad de Trabajo de los Alpes Centrales, la Comunidad de Trabajo de los Alpes Orientales, el Convenio de los Alpes, el programa de la UE para la región alpina, las estructuras de cooperación bilateral y multilateral (por ejemplo, la «Eurorregión Alpes-Mediterráneo» o las agrupaciones europeas de cooperación territorial «Senza Confini» y «Eurorregión Tirol-Alto Adige-Trentino») y diversas organizaciones de la sociedad civil;

11.

destaca que la EUSALP se basa fundamentalmente en un planteamiento de abajo arriba y debería integrar la importante labor de los instrumentos existentes en la región alpina en materia de cooperación transfronteriza, ya que la amplia paleta de tipos de cooperación sería todavía más eficaz y obtendría mejores resultados bajo un techo común;

12.

recuerda que un importante valor añadido de las estrategias macrorregionales consiste en abordar los retos comunes mediante actividades específicas de las partes interesadas, haciendo el mejor uso posible de los instrumentos financieros apropiados, como las asociaciones público-privadas;

13.

señala que la EUSALP dará respuestas comunes a los retos a los que se enfrenta la región alpina. Entre estos retos se cuenta mantener la calidad de vida, un alto nivel de protección del medio ambiente y un desarrollo económico adecuado en el contexto de la globalización, el cambio climático y la evolución demográfica, en particular en lo que se refiere a los cambios estructurales fundamentales en la agricultura y el turismo, la desindustrialización, la brecha digital y el acceso limitado a los servicios de interés general en determinadas zonas;

14.

subraya que el punto de referencia de la estrategia es el macizo montañoso de los Alpes y que la región alpina se compone de esta zona de montaña en su núcleo, tal como se define en el ámbito de aplicación del Convenio de los Alpes, pero también de su entorno, en el que se encuentra una serie de grandes ciudades. Estas zonas están vinculadas entre sí estrechamente a través de relaciones funcionales que influyen en el desarrollo económico, social y medioambiental;

15.

es consciente de que las zonas de montaña y las zonas circundantes en las que se encuentran las ciudades a menudo tienen distintas preocupaciones y prioridades, y subraya la necesidad de reforzar el diálogo en pie de igualdad entre el ámbito central de la región alpina y las zonas circundantes para garantizar un equilibrio adecuado de los intereses de los habitantes de ambas zonas;

16.

apoya un enfoque flexible del ámbito de aplicación de la EUSALP, de modo que el alcance de la cooperación estratégica se defina individualmente según los requisitos específicos del campo de acción y teniendo en cuenta las relaciones funcionales entre el ámbito central de la región alpina y su entorno;

17.

concuerda con que la EUSALP debe realizar aportaciones específicas adaptadas a la región alpina que permitan aplicar la Estrategia Europa 2020 a favor de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, lo que fomentará la cohesión económica, social y territorial en Europa;

18.

aboga por seleccionar las prioridades estratégicas de la EUSALP de tal forma que los intereses de las regiones montañosas del corazón de la región alpina se tengan en cuenta prioritariamente y los intereses de las zonas circundantes y sus ciudades se tengan en cuenta de forma adecuada, de modo que la interrelación entre estas zonas sea mutuamente beneficiosa;

19.

está convencido de que los planteamientos innovadores que permiten conciliar los componentes de la estrategia orientados al desarrollo con la necesidad de proteger el medio ambiente son decisivos para el éxito de la EUSALP, ya que esta es la única manera de que la región alpina se conserve como un espacio vital, económico y natural en medio de Europa y se valore de forma sostenible;

20.

hace referencia a la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de mayo de 2013, sobre una estrategia macrorregional para los Alpes (2013/2549 (RSP)) y señala asimismo que el contenido de la estrategia debe ser coherente con el Convenio de los Alpes;

21.

subraya la importancia de la participación colegiada de todos los actores territoriales en la preparación y aplicación de la EUSALP, y acoge con satisfacción los contenidos que el Comité Director de la EUSALP, con participación igualitaria de las regiones, los Estados y la Comisión Europea, ha elaborado y que se resumen en los siguientes tres pilares: «Garantizar el crecimiento sostenible y fomentar el pleno empleo, la competitividad y la innovación mediante la consolidación y diversificación de las actividades económicas, con el fin de reforzar la solidaridad mutua entre las regiones de montaña y las zonas urbanas», «Fomentar el desarrollo territorial, con especial atención sobre la movilidad sostenible, una mayor cooperación académica, el desarrollo de servicios y la política en materia de infraestructuras de transporte y comunicación» y «Fomentar la gestión sostenible de la energía, los recursos naturales y culturales, la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad y de los espacios naturales»;

22.

a fin de promover el desarrollo integrado de estos contenidos, pide que en el plan de acción se preste especial atención a las cuestiones relativas al estímulo del empleo, el desarrollo de las cadenas de valor alpinas, del turismo y de una red de empresas alpinas a escala macrorregional; el refuerzo de los servicios públicos, y la solidaridad mutua entre las personas que viven en diversas áreas en la región alpina; la mejora de la creación de redes al tiempo que se salva la brecha digital que padecen las zonas menos favorecidas; el refuerzo de la interoperabilidad y la intermodalidad en el sector del transporte (como la conexión de las redes de transporte local y regional con el conjunto de las infraestructuras europeas de transporte), los esfuerzos encaminados a desplazar el transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril, la mejora de la eficiencia energética y la producción sostenible de energía renovable, en particular, el uso de la energía hidráulica, la gestión sostenible y eficiente de los recursos naturales y culturales y la gestión de las catástrofes naturales ante el cambio climático, prestando especial atención a la protección de la estructura hidrogeológica y del medio ambiente;

23.

espera que el plan de acción cree sinergias entre los distintos programas existentes y se limite a cierto número de prioridades, lo que permitirá concentrar los recursos.

24.

toma nota con interés del informe de la Comisión Europea relativo a la gobernanza de las estrategias macrorregionales (5) pero señala que el informe no tiene suficientemente en cuenta el papel de las regiones en la toma de decisiones;

25.

destaca el papel de los entes locales y regionales, que ofrecen para la configuración de la EUSALP la estabilidad que los ciudadanos esperan. Señala que las condiciones previas deben ampliarse de tal manera que también los entes locales y regionales puedan llevar a cabo proyectos emblemáticos;

26.

recuerda que el éxito de la EUSALP depende de que los agentes regionales y locales, entre los que se cuentan las agrupaciones europeas de cooperación territorial, sigan participando en el liderazgo político de este proceso multinivel y de que se respete el principio de subsidiariedad consagrado en el Derecho de la UE; a este respecto sería conveniente fomentar la participación de los agentes sociales, económicos y culturales de los territorios participantes;

27.

pide que se elaboren modalidades de aplicación de la estrategia que garanticen, en consonancia con el principio de la gobernanza multinivel recogido en la Carta del Comité de las Regiones (6), una participación del nivel regional de igual rango que la del nivel nacional, de conformidad con sus competencias respectivas;

28.

destaca que su Grupo Interregional «Macrorregión alpina», creado en junio de 2014, debe apoyar a la Comisión Europea y los países alpinos, a través de sus puntos de contacto nacionales, a la hora de preparar la estrategia para los Alpes y realizar su seguimiento. Asimismo, también los apoyará para elaborar el plan de acción y destacar la identidad común de la macrorregión, lo que aumentará su importancia a escala regional, nacional y europea y hará visible su gran potencial;

29.

recomienda que se establezca una presidencia rotatoria de la EUSALP que esté a cargo de los estados o de las regiones de cada uno de los Estados miembros participantes y fije las orientaciones generales de la estrategia. Cada Estado miembro de la estrategia alpina asumirá la dirección durante un año según un principio de rotación establecido de común acuerdo que ofrezca a los países y regiones participantes la posibilidad de organizar de manera equilibrada y compartir igualitariamente la carga de trabajo que conlleva el liderazgo de la EUSALP. La presidencia también podría llevar aparejada la creación y organización de un foro estratégico;

30.

recomienda que las regiones y Estados miembros que participen en la EUSALP creen, sobre la base del modelo de los coordinadores europeos de los proyectos TEN-T, un puesto de coordinador de la estrategia, que durante su misión no ejercerá ninguna función política ni tendrá poder ejecutivo, para asistir a la Comisión Europea y a la presidencia y hacer posible un mejor enraizamiento de la estrategia en las instituciones europeas;

31.

aboga por que el papel del coordinador de la EUSALP lo asuma una persona que disponga de experiencia en el ámbito de la cooperación interregional y transfronteriza en la región alpina y provenga de esas regiones. Este punto es crucial especialmente por la orientación de abajo arriba de la estrategia;

32.

sostiene que un diseño equilibrado de las estructuras políticas de gobernanza debería garantizar que los intereses de los Estados miembros y las regiones se respeten por igual, junto con los de la Comisión Europea;

33.

recomienda que la Comisión Europea desempeñe un papel importante en la dirección estratégica de la EUSALP, en particular porque garantiza la coherencia con las políticas y posiciones de la UE y se ocupa de que se tenga en cuenta la integración del concepto de estrategias macrorregionales en las medidas adoptadas por la UE, especialmente en el marco de los programas e instrumentos de financiación europeos;

34.

opina que la gobernanza de la aplicación de las prioridades estratégicas debería iniciarse ya en los ámbitos de los «pilares», lo que permitiría compartir la responsabilidad lo más ampliamente posible, y que es necesario desarrollar formas especiales de organización, en particular para las cuestiones transversales como el cambio climático;

35.

está convencido de que las estrategias y políticas europeas no pueden aplicarse eficazmente sin hacer uso de la gobernanza multinivel, y propone que las agrupaciones europeas de cooperación territorial se tengan en cuenta como instrumentos de aplicación de las estrategias en sus respectivos ámbitos de responsabilidad;

36.

hace referencia a la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de mayo de 2013, sobre una estrategia macrorregional para los Alpes (2013/2549 (RSP)) y señala asimismo que al aplicar la EUSALP deben integrarse las cooperaciones y redes transnacionales existentes;

37.

es consciente de que los resultados tangibles para los ciudadanos solo pueden conseguirse a través de proyectos concretos que tengan por objeto la aplicación del plan de acción de la EUSALP, y pide que se eliminen los obstáculos jurídicos y administrativos que lo dificultan;

38.

hace hincapié en que las estrategias macrorregionales ofrecen un marco adecuado para la participación de la sociedad civil en el proceso de formulación de políticas, lo que permite obtener sinergias con las iniciativas existentes y optimizar el uso de los recursos; a este respecto, y para concretar en mayor medida la participación antes mencionada y permitir un acceso y una utilización eficaces de los recursos financieros disponibles, parece oportuno concertar acuerdos y protocolos de colaboración con las propias instancias de la sociedad civil, como por ejemplo las asociaciones empresariales y profesionales, las cámaras de comercio, las universidades y demás agentes económicos y sociales de los territorios participantes;

39.

aboga por que el Consejo de Europa, en particular el Congreso de Poderes Locales y Regionales, participe en el proceso macrorregional alpino, especialmente dado que dos países que forman parte de la estrategia macrorregional (Suiza y Liechtenstein) no son miembros de la UE pero sí del Consejo de Europa.

40.

se congratula de que el Reglamento, a través de disposiciones comunes, y la cooperación territorial europea permitan apoyar las prioridades macrorregionales gracias a los Fondos Estructurales, y pide a la Comisión Europea que especifique cómo pueden usarse estos Fondos, en consonancia con los acuerdos de asociación y los programas operativos regionales de la región alpina;

41.

reconoce que la «norma de los tres noes» (no a nueva normativa, no nuevas a instituciones de la UE y no a recursos adicionales) ha contribuido a asegurar que los recursos financieros para la cooperación territorial europea se utilizaran más eficazmente en las regiones en las que ya estaba en marcha la estrategia macrorregional; sin embargo, quisiera subrayar la importancia de una financiación a más largo plazo. En particular, las instituciones responsables de coordinar la aplicación de la estrategia necesitan tal financiación. Los Estados miembros participantes y sus entes territoriales, en el marco de la gobernanza multinivel, deben asumir mayor responsabilidad y proporcionar recursos adecuados para aplicar la estrategia macrorregional para la región alpina;

42.

reitera, en consonancia con sus dictámenes sobre las estrategias macrorregionales existentes (7), que también la «norma de los tres síes» debería tener validez (más coordinación en el uso de los recursos financieros existentes, más coordinación institucional y más ideas y proyectos novedosos) y aboga por la participación efectiva de los entes locales y regionales en la coordinación;

43.

acoge con satisfacción el hecho de que el programa de cooperación transnacional «Espacio Alpino 2014-20» prevea una prioridad gracias a la cual podrán apoyarse modelos de gobernanza innovadores;

44.

espera que la EUSALP permita una mejor coordinación a escala europea, nacional, regional y local de los fondos disponibles y pide por ello, en particular a la Comisión Europea y a sus servicios, responsables a la vez de los programas operativos que dependen de los Fondos Estructurales y de Inversión, y de los programas gestionados directamente, que garanticen en sus respectivos ámbitos de competencia la aplicación de los objetivos y acciones de la EUSALP en el marco de tales instrumentos y políticas.

21.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 19/36

1.

señala que un sistema de información actualizado y operativo en toda Europa, dirigido a los conductores y viajeros, y que abarque todos los modos de transporte, constituye un instrumento esencial para el ejercicio de una de las libertades fundamentales proclamadas por la UE, a saber, la libre circulación de personas. En efecto, para hacer realidad esta libertad no solo es necesario evitar que se interpongan obstáculos a su ejercicio, sino también garantizarla en la medida de lo posible a los ciudadanos. Por ello, debería ser obligatorio publicar los horarios y otros datos sobre los desplazamientos, procurando que sean plenamente accesibles para todos los ciudadanos de la UE sin distinción, en un formato que permita a cada uno de ellos utilizarlos de la manera más simple y eficaz. En el marco de dicho sistema, la UE y sus Estados miembros deberían garantizar, asimismo, que ningún proveedor de transporte público se vea favorecido en detrimento de otros. Además, deberían garantizar a todos los operadores de viajes y transportes un acceso no discriminatorio a estos sistemas. Es también desde esta óptica global que debe abordarse la elaboración de la legislación europea que se incorporará posteriormente a las distintas legislaciones nacionales. Este enfoque debería aplicarse no solo a la información «estática» sobre los transportes, es decir, los horarios fijos, sino también a la información «dinámica» como, por ejemplo, los datos en tiempo real que muestran la ubicación exacta de un vehículo de transporte colectivo en su itinerario. Este requisito de recoger datos sobre la posición en tiempo real de los vehículos de transporte público de personas permitirá estimular al mismo tiempo la utilización del actual segmento espacial de Galileo;

2.

valora positivamente la atención prestada por la Comisión Europea al tema de la información multimodal en materia de transporte y de servicios de registro («servicios de venta de billetes») para los viajeros y considera que la publicación del documento de trabajo sometido a examen constituye un paso importante que contribuirá a impulsar la prosecución del debate, la búsqueda de soluciones y el proceso de ejecución;

3.

es consciente de la complejidad del problema en su conjunto y, si bien celebra que la Comisión Europea incluya en su dispositivo el transporte privado además del transporte público, considera que una nueva ampliación del ámbito de aplicación conlleva sin duda la ventaja de la exhaustividad, pero agrava considerablemente, en las circunstancias actuales, el conjunto del problema, cuya resolución se ha visto aplazada y se hace más compleja. Recomienda, por tanto, proceder por etapas intermedias, en un primer momento en el ámbito del transporte público de personas, e incluir solo en una fase posterior los modos de transporte privado en los sistemas operativos de transporte público y colectivo. El ritmo de integración de los diferentes modos de transporte privado puede variar en las diferentes regiones de la UE en función de la cuota de mercado del modo de transporte privado de que se trate;

4.

señala que a largo plazo también el transporte privado deberá tenerse plenamente en cuenta y será necesario desarrollar al respecto soluciones jurídicas y técnicas eficientes. Por tanto, se recomienda establecer un calendario de trabajo estructurado que garantice la eficacia de las medidas necesarias;

5.

subraya que el documento sometido a examen pone claramente de manifiesto que la fase más complicada, desde el punto de vista de la información sobre los desplazamientos y el registro, es la relativa al «primer y al último kilómetro», que corresponde a la parte del trayecto en que el transporte es, por lo general, competencia de los entes locales y regionales. Por ello, reviste especial importancia asociar los entes locales y regionales, tanto en la concepción de cada una de las soluciones y el seguimiento de su aplicación, como para garantizar el funcionamiento eficaz del conjunto del sistema;

6.

señala que la solución al tema de los sistemas de información y registro en el sector de los transportes públicos (incluidos los servicios de venta de billetes) incluye varias etapas: 1) buscar las conexiones apropiadas; 2) reservar el asiento; 3) pagar el billete; 4) registrarse con su billete durante el trayecto. Por tanto, deben encontrarse soluciones para cada una de estas etapas, teniendo en cuenta que es esencial resolver la primera (buscar las conexiones apropiadas), porque de ella se derivan las soluciones para todas las etapas posteriores;

7.

destaca que, en la actualidad, la mayoría de los Estados miembros de la UE ni siquiera dispone de un sistema nacional de horarios de transporte fijos, que reúna todos los horarios y permita encontrar y reservar las conexiones de transporte colectivo dentro de un país determinado; considera, por tanto, indispensable crear estos sistemas en un primer momento en cada Estado miembro, pues es a nivel nacional que se puede legislar para imponer a los operadores, tanto públicos como privados, la obligación de proporcionar al Estado la información sobre sus horarios. Cada Estado miembro debe instaurar un sistema nacional de horarios en el que estén integrados todos los horarios regionales de empresas públicas y privadas. Asimismo, deberá asegurarse la actualización y mantenimiento regulares del sistema, especialmente cuando se producen cambios de horario. Este será el primer paso, indispensable para crear un sistema de estas características en toda Europa. Asimismo, cada Estado debe garantizar la pertinencia de los datos de su sistema nacional; el sistema deberá proporcionar un sistema nacional de reserva y adquisición de billetes completamente en línea. Esto significa que, además de información sobre los horarios, todas las empresas deberán informar sobre sus tarifas;

8.

opina que el nivel mínimo de información necesario para asegurar la necesaria calidad del sistema deberá basarse en la consulta a las partes interesadas y a los expertos del sector tras haberse llevado a efecto las pruebas necesarias y una fase piloto;

9.

considera que es necesario conectar estos sistemas, en primer lugar a través de las fronteras, dado que, en la mayoría de los casos, los datos sobre horarios se recogen y tratan a nivel regional y no a nivel nacional, y que existe incluso una serie de sistemas de información regionales. El Comité de las Regiones acoge favorablemente que la información sobre el transporte multimodal sea parte del objetivo temático 7 «Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales», pero señala la necesidad de asegurar una mejor coordinación y concentración de este instrumento en y entre los diferentes programas operativos de los Fondos Estructurales y de Inversión, a fin de conseguir esa interconexión, especialmente transfronteriza;

10.

estima que, para poder progresar realmente en la prestación de servicios de información y de venta de billetes que combinen todos los modos de transporte, es esencial, principalmente en los diferentes programas operativos correspondientes, que los Fondos «ESI» se asignen a la implantación concreta de los sistemas y no únicamente a la investigación y el desarrollo o a otras medidas conexas;

11.

subraya en este contexto la necesidad de proceder a la resolución de todas estas cuestiones empezando por las más sencillas y concretas. Se trata, en particular, de armonizar en la UE la terminología corriente y los símbolos, recopilar los horarios «fijos» en cada uno de los Estados y garantizar su utilización cruzada a través de las fronteras. En cuanto a la etapa de la venta de billetes, debería crearse un modelo de referencia para todo el sector, que pondría de relieve las deficiencias y las posibilidades que brinda este sistema, estudiando al mismo tiempo la forma de abrir los sistemas de reserva sobre una base de reciprocidad entre todos los transportistas y proveedores;

12.

expresa su preocupación por que los modernos sistemas de emisión de billetes electrónicos que utilizan tarjetas inteligentes recargables no interoperables con los sistemas del país vecino crean nuevas fronteras y dificultan el transporte transfronterizo; pide, pues, que se diseñe un sistema inteligente de emisión de billetes para el transporte público europeo que pueda utilizarse en todos los Estados miembros para viajes transfronterizos;

13.

considera poco realista elaborar a corto plazo normas obligatorias en toda Europa para esta problemática, aunque es necesario garantizar alguna forma de interoperabilidad; es decir, que los diferentes sistemas se comuniquen mejor entre sí. Para ello, debería establecerse una especificación común para las distintas conexiones interregionales y transfronterizas, que se probaría en una fase piloto de funcionamiento. Partiendo de esta base, debería definirse en un territorio determinado una «especificación técnica común» que permita garantizar que los sistemas existentes o creados recientemente en dicho territorio sean capaces de comunicarse entre sí. Con este fin, también sería necesario velar por que el respeto de esta «especificación técnica común» no se perciba como un criterio discriminatorio en el contexto de la contratación pública;

14.

considera, asimismo, que, al establecer conexiones entre los diferentes sistemas de información, convendría basarse no solo en los datos estáticos que facilitan los horarios fijos, sino también en las grandes oportunidades que ofrecen los datos que podrán obtenerse a través de los sistemas del GNSS, incluido el sistema europeo de navegación Galileo. De esta manera, se podrían crear — sobre la base de sistemas destinados únicamente al tratamiento de datos estáticos — sistemas inteligentes que respondan a la situación actual de los flujos de transporte y los medios de que disponen los transportistas. Posteriormente, estos sistemas no solo podrán ofrecer a los viajeros información en tiempo real sobre la situación de la circulación y proponer otras variantes, sino también proporcionar información más general «justo a tiempo» a los proveedores de transportes colectivos e individuales, lo que les permitirá reaccionar rápidamente. Es precisamente esta transformación de los sistemas locales y regionales existentes con vistas a una explotación de la información dinámica relacionada con el transporte y su consiguiente transformación en sistemas de un nivel de calidad superior, que debería dar un importante impulso al establecimiento de sistemas de información interconectados. Para obtener información dinámica sobre los transportes, constituye una ventaja poder recurrir al sistema europeo de navegación Galileo que, a diferencia de otros sistemas similares, propone incluso un servicio con diferentes niveles de calidad de la señal de localización. Esta información, indispensable para una gestión moderna de los transportes puede ser utilizada no solo por los proveedores de transporte, sino también por los sistemas de información en materia de transporte multimodal y por las autoridades nacionales, locales y regionales. Estas últimas podrán utilizar los datos así obtenidos mediante diversas aplicaciones con fines de planificación a largo plazo (por ejemplo, de los horarios, los trayectos, etc.), de toma de decisiones estratégicas y de gestión de crisis;

15.

propone, con el fin de resolver situaciones diversas, en particular las de crisis –y permitir una reacción rápida de los proveedores de transporte público que son, en gran parte, entes locales y regionales–, garantizar la interconexión entre los sistemas que proporcionan información en materia de transporte multimodal y Copernicus, el programa europeo de vigilancia de la tierra (antiguo GMES). Las diferentes aplicaciones que utilizarían estas dos fuentes de información permitirían no solo identificar posibles situaciones de crisis, sino también, por ejemplo, proponer las medidas necesarias buscando tanto rutas alternativas como las capacidades de transporte de sustitución que resulten necesarias, y proponer a continuación a cada viajero itinerarios alternativos;

16.

observa, asimismo, que, a fin de que los viajeros puedan acceder plena y activamente al sistema de información sobre el transporte multimodal, es necesario garantizar la posibilidad de conectarse a una red de banda ancha en los vehículos de transporte colectivo y las zonas de espera, registro y embarque. Garantizar una conexión de red constante y de calidad es uno de los requisitos previos esenciales para permitir que el sistema se comporte de manera inteligente y que los viajeros se beneficien de las ventajas que reporta una información dinámica sobre la situación en que se encuentre el correspondiente medio de transporte;

17.

señala que en Europa los derechos de los pasajeros solo son aplicables por separado para cada contrato de transporte; por ello, dado que no es posible comprar billetes directos para numerosos viajes transfronterizos, o en el caso de viajes multimodales, los usuarios se ven privados de los derechos habituales de pasajeros; pide, pues, que se promulgue una legislación que instaure un régimen europeo de derechos de pasajeros para el transporte multimodal;

18.

señala que los sistemas que proporcionan información en materia de transporte multimodal deberían presentarse de la manera más sencilla posible para los usuarios; por ello, es necesario conectarlos a soportes cartográficos y geográficos actualizados. Además, sería conveniente, en interés de los usuarios, que estos sistemas pudieran conectarse con aplicaciones relacionadas con la información local y regional de carácter turístico como, por ejemplo, la relativa a las ofertas de alojamiento, los destinos turísticos, las actividades culturales y de otro tipo;

19.

subraya que la interconexión de sistemas de información complejos en materia de transporte multimodal con los sistemas del GNSS, incluido Galileo, los soportes cartográficos y geográficos, el programa Copernicus y otras fuentes de información y datos, permitiría crear una amplia gama de aplicaciones. Estas aplicaciones ofrecerán la posibilidad de planificar eficazmente las rutas de transporte, responder rápidamente a las necesidades que vayan surgiendo en la materia, resolver eficazmente diversas situaciones excepcionales o de crisis, mejorar considerablemente la eficacia del transporte, lo que permitiría ahorrar energía y contribuir de manera significativa a la reducción de las emisiones de CO2, así como mejorar el medio ambiente en general y reforzar la movilidad de los ciudadanos, ofreciéndoles así una oportunidad mayor de responder a ofertas de empleo, etc. Pero, ante todo, se creará un sector industrial completamente nuevo en el ámbito del tratamiento de dichos datos, la creación y la administración de las aplicaciones y la utilización de sus resultados, lo que generará un gran número de puestos de trabajo. Los nuevos empleos así creados presentarán generalmente la ventaja de no tener que ejercerse in situ, por lo que se ofrecerán oportunidades de trabajo incluso en las regiones periféricas y menos desarrolladas;

20.

Señala que cada vez se dispone de un mayor número de aplicaciones móviles que ofrecen servicios de información y planificación de desplazamientos multimodales, con frecuencia fruto de la creatividad de desarrolladores privados de programas informáticos; pide a los operadores y a las autoridades pertinentes que cooperen y permitan que sus datos sean accesibles sobre una base de fuente abierta;

21.

afirma, por último, que, habida cuenta de que los entes locales y regionales son la piedra angular de la creación de este sistema general, es necesario resolver las siguientes cuestiones para que los entes locales y regionales, y sus organismos subsidiarios, puedan participar de manera mucho más activa y convertirse en fuerza motriz de todo el proceso:

21.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 19/40

1.

subraya que la falta de confianza en las instituciones y la política en general, el incremento del voto antieuropeo en las elecciones europeas de los días 22 a 25 de mayo de 2014 y la tasa de abstención históricamente elevada constituyen una nueva advertencia de la que deben extraerse rápidamente todas las consecuencias;

2.

insiste en que reconciliar a los ciudadanos con la Unión Europea y fomentar su compromiso europeo constituyen un reto político y democrático, así como un reto de comunicación, que debe abordarse en todos los niveles de gobernanza de la Unión y en los territorios;

3.

subraya que incumbe a las instituciones europeas proponer una nueva vía para comunicar sobre el proyecto europeo en asociación, a fin de reforzar la adhesión ciudadana a la UE. Este proyecto descentralizado y creativo requiere que las instituciones se pongan de acuerdo sobre un concepto de comunicación unificador, que valorice la Unión Europea, su identidad, su razón de ser, sus valores y los resultados concretos de sus políticas en la vida de los ciudadanos. Dicho de otra forma: el concepto de comunicación debe estar a la escucha de las preocupaciones de los ciudadanos;

4.

señala que las regiones y ciudades tienen una larga tradición y experiencia de consulta y diálogo con los ciudadanos basada, en particular, en unos mecanismos participativos que constituyen unas bazas importantes para la comunicación institucional de la UE;

5.

reitera que para acercar la Unión Europea a sus ciudadanos es preciso crear las condiciones de una mejora de los procesos decisorios y de un diálogo más democrático y transparente entre los ciudadanos y las instituciones a escala local, regional, nacional y europea;

6.

acoge con satisfacción las iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones de participación ciudadana y democrática a nivel de la UE, como la iniciativa ciudadana europea, y lamenta que en el nuevo marco financiero plurianual se haya recortado el presupuesto del programa «Europa con los ciudadanos»;

7.

como ya figura en la Resolución que aprobó con motivo de su vigésimo aniversario y en su Carta de la gobernanza multinivel en Europa, insiste en que la acción de la UE se acerque a las preocupaciones de los ciudadanos y aporte un auténtico valor añadido, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

8.

está convencido de la necesidad de otorgar mayor responsabilidad a los entes locales y regionales, por ser unos socios clave a la hora de poner en práctica una comunicación capaz de tender puentes entre los ciudadanos y Europa. En sus respectivas circunscripciones, los miembros del CDR, junto con los representantes políticos regionales y locales, deben ser actores clave de la integración europea, y en las instituciones europeas deben ser portavoces de sus opiniones públicas locales. Recíprocamente, corresponde a los entes locales y regionales, y en particular a los representantes elegidos, informar a todos los ciudadanos a través de una actividad de sensibilización exhaustiva sobre las intervenciones que realiza la UE en sus propios territorios, tal como prevén las normas de la comunicación sobre los Fondos Estructurales. Con el fin de poder asumir plenamente estas responsabilidades mutuas, convendría que se les reservara un lugar en el protocolo de los actos locales y europeos;

9.

considera que conviene evitar la fragmentación y la multiplicación de los canales, prioridades, recursos y estilos de comunicación, y que en cambio es preciso mejorar la coordinación de las estrategias y actividades de comunicación de las instituciones y los órganos de la Unión Europea;

10.

destaca, además, la necesidad de potenciar la convergencia entre las políticas específicas de cada institución europea, a fin de favorecer una visión de conjunto del proyecto europeo de cara a los ciudadanos, así como la necesidad de «traducir» a los ciudadanos el lenguaje y la terminología específicos de la UE y de contribuir mediante claros materiales informativos a una mejor comprensión de las estructuras institucionales de la UE;

11.

considera necesario que las instituciones de la UE prosigan sus esfuerzos para profesionalizar y valorizar sus políticas de comunicación y participación. La comunicación debe estar en consonancia con los intereses de los ciudadanos y no limitarse a campañas institucionales realizadas en el último momento antes de las elecciones europeas. Por ejemplo, el trabajo realizado por el Parlamento Europeo, con el apoyo de los partidos políticos durante la campaña de las elecciones europeas, debería servir de modelo en la comunicación diaria de la UE;

12.

pide que para las próximas elecciones europeas las instituciones de la UE adopten juntas un «Plan de comunicación 2015-2019: reconectar Europa con sus ciudadanos», en el que se establezcan objetivos cuantificados y mensurables de movilización y sensibilización de la opinión pública respecto al proyecto europeo, en torno a unos ejes estratégicos y a iniciativas de comunicación coordinadas y descentralizadas;

13.

subraya que este plan debería abandonar el enfoque descendente tradicional que consiste en explicar y «vender» Europa. La emergencia de un diálogo con los ciudadanos y entre ellos permitirá establecer una comunicación bidireccional y un retorno de información procedente del terreno;

14.

propone que antes de mayo de 2019 se consiga que la mayoría de los ciudadanos encuestados considere en las encuestas estándar del Eurobarómetro que «su voz cuenta en Europa», que «comprenden los principales procesos decisorios y las grandes políticas de la UE», que están «bien informados sobre las cuestiones europeas» y que tienen «una imagen positiva de la UE» (1);

15.

considera que el contenido de la Comunicación de la UE debería adaptarse a las condiciones culturales, sociales y económicas que se dan a escala local y tener en cuenta los intereses nacionales; opina, además, que sería más pertinente y operativo «europeizar» las esferas locales, regionales y nacionales existentes en lugar de esforzarse por crear una esfera pública europea uniforme;

16.

recomienda que la comunicación se centre y se adapte, en función de las necesidades e intereses de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, el número creciente de personas de edad avanzada, así como los habitantes de las zonas rurales y periurbanas;

17.

subraya que en todas las regiones es igualmente importante el grupo destinatario de los jóvenes. Aquellos jóvenes que han participado activamente en los programas de movilidad de la UE, intercambios de estudiantes, semestres de estudio en el extranjero, encuentros juveniles internacionales o asociaciones entre escuelas son los embajadores de la Unión Europea del mañana; por consiguiente, pide que se ofrezca a la mayor cantidad posible de jóvenes la posibilidad de participar en los programas y asociaciones de la UE, por ejemplo mediante el programa Erasmus+, que debería darse a conocer aún más en las regiones;

18.

considera imprescindible para el éxito del Plan de Comunicación 2015-2019 crear herramientas publicitarias que sirvan para la implicación, motivación y promoción del aspecto emocional de ser y sentirse europeo. En este sentido, muchas administraciones locales y regionales cuentan con plataformas web/sociales que pueden ser muy útiles para llegar a la ciudadanía y lograr su implicación en el proyecto europeo;

19.

reitera la necesidad de poner de relieve los datos fácticos disponibles sobre el alcance y el impacto de las políticas de la UE en la vida diaria de los ciudadanos;

20.

recuerda la importancia del multilingüismo; pide, por tanto, que la información esté disponible en todas las lenguas oficiales de la UE;

21.

anima a las instituciones de la UE a facilitar información para contrarrestar los rumores y las noticias falsas tendentes a desacreditar a Europa distorsionando los hechos; pide a los representantes políticos de todos los niveles que se opongan a la tendencia de echar las culpas de todo a Bruselas, especialmente cuando la practican los gobiernos nacionales y los partidos políticos por motivos políticos internos; desea valorizar a los hombres y las mujeres que construyen Europa en el día a día y se esfuerzan por debatir los asuntos europeos sobre la base de información objetiva y precisa;

22.

respalda la iniciativa de la «narrativa sobre Europa», que permitiría entablar una reflexión entre la opinión pública europea sobre los fundamentos históricos, culturales, filosóficos y sociológicos de la integración europea, incluyendo los costes de la no Europa, sin que ello constituya una imposición de arriba hacia abajo ni tenga como finalidad legitimar a posteriori las políticas de la UE;

23.

a tal efecto, subraya la importancia de utilizar a nivel local, regional, nacional y europeo sectores de actividad innovadores, europeizados y todavía subestimados e infrautilizados como el deporte para reforzar «la narrativa sobre Europa», basándose en una narrativa común y en un enfoque pedagógico;

24.

propone reforzar esta «narrativa sobre Europa» con ayuda de varios soportes de comunicación (videoclip, aplicaciones para aparatos portátiles, cómic, etc.) en los que se relate el viaje de una familia a través de los principales acontecimientos de la historia de Europa, y hacer figurar en los billetes de banco de la zona del euro personalidades europeas representativas de los valores de la UE; asimismo, propone que se establezcan, para los creadores y los intelectuales que contribuyen a esa «nueva narrativa», unas plataformas y un entorno que fomenten el establecimiento de redes y los intercambios;

25.

pide que el Grupo Interinstitucional de Información (GII) se reúna cada trimestre bajo la copresidencia del Parlamento Europeo, del Consejo de Ministros y de la Comisión, con un mandato claro, para formular, aplicar y evaluar las prioridades estratégicas comunes y responder mejor a las necesidades de cada institución en materia de comunicación; recomienda, asimismo, activar el grupo «Información» del Consejo para que establezca en cada Estado miembro unas estructuras de coordinación entre los responsables nacionales y subnacionales de la comunicación ligada a la UE;

26.

considera que con motivo de las elecciones europeas de 2014 el Parlamento Europeo demostró la pertinencia de una campaña de información centralizada, a la que el Comité de las Regiones estuvo estrechamente asociado, pero señala que las operaciones de comunicación a escala del continente requieren desarrollar formas de cooperación descentralizada con los entes locales y regionales, la sociedad civil y los medios de comunicación; observa a este respecto que se espera que la reestructuración de la política de comunicación de la Comisión Europea ayude a desarrollar esta cooperación;

27.

propone que las instituciones de la UE organicen en un plazo de cinco años 500 «diálogos ciudadanos» por todo el territorio europeo, evitando reunirse solo en las grandes ciudades; subraya que estos encuentros de ciudadanos deben asociar sistemáticamente a las oficinas de información del Parlamento Europeo, las representaciones de la Comisión, el Comité de las Regiones y los entes territoriales que dispongan de recursos, experiencia y conocimientos relativos a las particularidades locales necesarias; estos diálogos ciudadanos deberían celebrarse en lugares simbólicos y tratar de las políticas sectoriales de la UE o de temas candentes para una población o una región. Los responsables políticos locales y regionales, en particular los miembros del CDR y los diputados al Parlamento Europeo, podrían moderar estos encuentros y encargarse de su seguimiento concreto; sería positivo que esta iniciativa se coordinara con la Red de Centros de Información Europe Direct, impulsada por la Comisión Europea, que está presente en todos los Estados miembros y cuenta con experiencia en la divulgación del proyecto europeo en el ámbito regional y local;

28.

pide que cada año se organice la visita de un comisario europeo a cada una de las 277 regiones de Europa, para escuchar a nuestros conciudadanos y promover la acción de la UE;

29.

sería conveniente que los miembros del Parlamento Europeo y del Comité de las Regiones participaran cada año en la iniciativa «Back to school», al igual que vienen haciéndolo cada año los funcionarios de la Comisión Europea;

30.

acoge con satisfacción las campañas de comunicación «piloto» iniciadas por la Comisión Europea en el segundo semestre de 2014 en seis Estados miembros, que podrían constituir otro de los pilares del Plan de comunicación 2015-2019 de la UE como campañas de proximidad que muestran los efectos concretos de las políticas y de la legislación de la UE; propone ampliar estas campañas a los demás Estados miembros, asociar a las regiones y ciudades, y añadir un componente interactivo;

31.

pide que los servicios de comunicación institucional ubicados en los Estados miembros (representaciones de la Comisión Europea, oficinas de información del Parlamento Europeo, centros de información «Europe Direct», autoridades de gestión responsables de la aplicación general de los Fondos europeos) cooperen más activamente con los entes locales y regionales y sus asociaciones nacionales e incluyan información pertinente sobre el trabajo del Comité de las Regiones en relación con la legislación dentro del proceso decisorio de la UE, a fin de destacar la importancia y las repercusiones de las políticas europeas a escala local, incentivar actividades dirigidas a hacerse eco de la perplejidad y las preocupaciones de los ciudadanos y permitirles expresar sus preocupaciones;

32.

insta a estos servicios de comunicación ubicados en los Estados miembros a que elaboren un inventario de iniciativas públicas y privadas de participación ciudadana para lanzar los mensajes a través de ellas, y lograr así una interactividad de los mensajes y una mayor repercusión a nivel local. Para ello, sería recomendable la creación de redes y su integración en el Plan de Comunicación como herramientas fundamentales de difusión;

33.

señala que los entes locales y regionales disponen a menudo de sus propios medios de comunicación que cuentan con una amplia difusión y podrían utilizarse para comunicar e impulsar un debate sobre la información europea adaptada al contexto local. La UE podría transmitir a estos aproximadamente 1 00  000 entes locales unos soportes de comunicación llave en mano redactados en un lenguaje sin jerga (artículos para revistas, gráficos, videoclips, etc.). Las asociaciones territoriales nacionales y las delegaciones nacionales del CDR constituyen un buen punto de partida para ponerse en contacto con este grupo destinatario de autoridades subnacionales;

34.

reitera que los entes locales y regionales son responsables de la aplicación de una parte muy importante de la legislación europea. Por tanto, resulta fundamental garantizarles las mejores posibilidades de participación posibles en el proceso legislativo europeo. Sin embargo, la reciente propuesta conjunta de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo de obligar a los entes locales y las asociaciones de entes locales a inscribirse en el registro de los grupos de interés limita notablemente estas posibilidades de participación. El Comité de las Regiones insta a que se reexamine este aspecto de la propuesta y que los entes locales y las asociaciones de entes locales, al igual que las regiones, queden exentos de la obligación de registro;

35.

pide a la Comisión que refuerce los requisitos de comunicación ligados a la adjudicación de las subvenciones europeas a los entes europeos (tamaño de los carteles, ubicación, logotipo de la UE en el material de comunicación, etc.). La mención «Cofinanciado por la Unión Europea» debería sustituir las siglas de tipo FEDER, FEADER o FSE, incomprensibles para el hombre de la calle; considera que los esfuerzos desplegados por determinadas regiones para fusionar los presupuestos de comunicación de los distintos programas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y ponerlos al servicio de servicio de campañas más eficaces deberían servir de modelo; recomienda, asimismo, buscar sinergias (a través del portal «europa.eu») entre los distintos proyectos en línea (2) de la Comisión Europea, los Estados miembros, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones, basados todos ellos en mapas interactivos que presentan los proyectos financiados por la UE a escala local;

36.

recomienda potenciar el recurso a las herramientas de comunicación en línea y los medios sociales como instrumentos clave del Plan de comunicación 2015-2019. Acoge con satisfacción las iniciativas dirigidas a desarrollar métodos innovadores de participación en línea y de recogida de las contribuciones de los ciudadanos en varios Estados miembros, y pone de relieve el elevado potencial multiplicador de los responsables políticos locales y regionales dado su alcance en las redes sociales;

37.

se opone a la reducción de los recursos de que disponen las instituciones europeas para su política de comunicación para el período 2014-2020;

38.

propone que el 20 % del presupuesto de comunicación de la UE se descentralice a escala nacional y local, en particular hacia los centros de información «Europe Direct» — Casa de Europa, para que estos se refuercen y establezcan cooperaciones estructurales con los socios locales o regionales y lleguen así a un público más amplio;

39.

propone reforzar las campañas publicitarias para valorizar la actuación de Europa y ayudar a entender mejor sus mecanismos decisorios; propone celebrar acuerdos de asociación con 500 medios impresos, televisiones y radios locales para organizar debates y dar la palabra a quienes viven en Europa y la construyen día tras día; destaca que estos acuerdos de asociación deben conceder plena independencia editorial a los redactores y a las emisoras; considera que las instituciones europeas deberían apoyar los esfuerzos del Comité de las Regiones para informar y sensibilizar a los periodistas locales y regionales organizando actividades periódicas;

40.

recomienda que se elaboren nuevos modelos para cofinanciar las estrategias de comunicación de la UE y sustituir el programa de asociación de gestión adoptado en 2013. Añade que la estructura desarrollada también debería permitir colaborar directamente con los entes locales y regionales de los Estados miembros. Señala que los proyectos piloto de asociación estratégica, establecidos recientemente entre las representaciones de la Comisión y las autoridades regionales, podrían servir de modelo y aplicarse a mayor escala, siempre y cuando incluyan compromisos financieros recíprocos;

41.

propone celebrar 500 asociaciones estratégicas presupuestadas entre las representaciones de la Comisión y los entes regionales y locales en el marco del «Plan de comunicación 2015-2019: reconectar Europa con sus ciudadanos»;

42.

subraya la utilidad de las redes estructuradas, como la conferencia anual EuroPCom del CDR, que congrega cada año en Bruselas a más de 700 comunicadores institucionales, y de las acciones dirigidas a apoyar y reforzar la capacidad de comunicación de los entes locales, regionales y nacionales. Propone que de aquí al año 2019 esta red cuente con al menos 5  000 municipios, ciudades y regiones «Amigos de Europa», a fin de movilizar, formar y apoyar a los responsables de la comunicación en los Estados miembros;

43.

anima a las representaciones institucionales de la Comisión y del Parlamento en los Estados miembros a organizar en la región, en Bruselas y en Estrasburgo, reuniones con los comunicadores públicos y los agentes de las administraciones públicas locales y regionales;

44.

recomienda que se evalúe el impacto del Plan de comunicación 2015-2019 de la UE, que se realicen más encuestas regionales del Eurobarómetro desglosadas en los niveles local y regional, y que se desarrolle una metodología común a fin de medir el impacto de las comunicaciones en la UE al nivel local, recurriendo a tal fin a la experiencia de las autoridades descentralizadas y a su conocimiento de la opinión pública.

21.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 19/45

1.

desea destacar la importancia de la política europea de vecindad (PEV) como instrumento de la política exterior de la UE dirigido a los países situados al sur y al este de la UE, con el fin de lograr unas relaciones más estrechas entre estos países y la Unión;

2.

subraya tanto la naturaleza integral y multinivel de las relaciones que se dan en el marco de la PEV como la gobernanza multinivel de esta política. En vista de ello, es necesario apoyar la dimensión local y regional de la PEV como complemento de la cooperación que mantienen los Gobiernos nacionales;

3.

por ello, pide a la recién nombrada Alta Representante que fomente la participación de los entes locales y regionales de la UE y de los países de la PEV en el desarrollo de la política, y que colabore estrechamente con el CDR para mejorar la concepción, ejecución y aceptación de la PEV sobre el terreno;

4.

subraya asimismo la necesidad de actuar con mayor flexibilidad y de un enfoque individualizado «hecho a la medida» para apoyar los cambios democráticos y las reformas económicas en los distintos Estados beneficiarios;

5.

hace hincapié en la importancia de dos iniciativas, la Asociación Oriental y la Unión por el Mediterráneo, que representan dimensiones regionales de la PEV y no son solo aspectos temáticos de la política de la UE, sino que también reflejan las prioridades de política exterior de los Estados miembros de la UE a escala central, regional y local;

6.

pide que los niveles subnacionales de gobierno participen más activamente y se involucren de forma más estrecha en el proceso de aplicación de la PEV. La creación por parte del Comité de las Regiones de dos plataformas de diálogo y cooperación que funcionan en paralelo:, la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) y la Conferencia de Entes Regionales y Locales de la Asociación Oriental (Corleap), ofrece oportunidades para seguir desarrollando esta dimensión de la PEV mediante cooperación concreta y diálogo directo a escala local y regional;

7.

valora positivamente los esfuerzos realizados por la Unión Europea para apoyar los procesos de reforma constitucional y económica gracias a la ayuda financiera y técnica adecuada para los países beneficiarios de la PEV; sin embargo, estos esfuerzos requieren una mejor organización y simplificación. Un mayor apoyo de la UE a los países vecinos debería estar condicionado a los progresos en materia de reformas constitucionales, democratización, respeto del Estado de Derecho e igualdad entre hombres y mujeres. Estos progresos revisten una urgencia aún mayor tras los trágicos acontecimientos que han tenido lugar recientemente y deben llevarse a cabo garantizándose el pleno respeto de los derechos humanos y la concesión por parte de los países en cuestión de la ciudadanía plena a los miembros de todas las minorías religiosas y étnicas;

8.

señala que el nivel regional y local debe desempeñar un papel fundamental en la adecuada previsión, planificación, aplicación y seguimiento de los programas e instrumentos de apoyo; afirma, además, que los entes locales y regionales deberían tener un acceso más sencillo a la financiación y que es necesario simplificar los mecanismos y procedimientos correspondientes;

9.

destaca la necesidad de fomentar un nivel de gobierno subnacional sólido y democrático; señala la cuestión de la democracia local en los países socios y los problemas relacionados con la labor de los Gobiernos locales y regionales; por ello, está a favor de la descentralización, especialmente en el ámbito de la fiscalidad; también recomienda apoyar las iniciativas de abajo arriba y reconocer el papel de los entes locales y regionales en la realización de las reformas internas necesarias;

10.

destaca que en 2013 se produjeron profundos cambios en la zona cubierta por la política europea de vecindad. El objetivo de la PEV es desarrollar relaciones especiales entre la UE y cada uno de los países vecinos para reforzar la seguridad, la prosperidad y las relaciones de buena vecindad. Algunos de estos objetivos se alcanzaron el año pasado, pero también se sufrieron importantes retrocesos. Debe analizarse de forma crítica la PEV en su conjunto, a fin de evaluar si su forma actual es adecuada;

11.

como aspecto positivo cabe mencionar que se aceleró el ritmo de las difíciles reformas democráticas en algunos de los países vecinos meridionales, como Túnez, Marruecos y, en cierta medida, Egipto. Por otra parte, en noviembre de 2013 se aprobaron dos acuerdos de asociación (que incluían documentos sobre zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo) con dos países vecinos orientales, Georgia y Moldavia, y en 2014, con Ucrania. La firma de los citados acuerdos por los dos primeros países constituye la culminación de un largo proceso de negociación, lo que crea una base para elaborar un plan de trabajo destinado a aplicar los compromisos establecidos en los acuerdos;

12.

observa, sin embargo, que el año 2013 fue también un período de considerables turbulencias políticas y crisis socioeconómicas en numerosos países de la PEV. Las amenazas a la seguridad a escala nacional y regional (en los países meridionales y orientales de la PEV) se han multiplicado. Los dramáticos acontecimientos en Ucrania, la guerra civil en Siria y la escalada del conflicto entre Israel y Palestina implican que aumenta aún más el reto de establecer una política europea coherente destinada a fomentar la estabilidad mediante una sólida dimensión local y regional;

13.

pide que se tomen las medidas adecuadas para ayudar a las autoridades locales a la hora de con hacer frente a las crisis humanitarias, en particular las olas de que causa la inestabilidad de numerosos países de la PEV, lo que en la actualidad afecta especialmente a Siria y Ucrania. Los flujos migratorios, en particular en la región mediterránea, requieren un planteamiento global y a largo plazo, con la participación activa de todos los Estados miembros de la UE, incluidos los entes locales y regionales, y no únicamente los de aquellos países interesados desde un punto de vista geográfico. Los países, regiones y entes locales situados más allá de las fronteras externas de la Unión deberían obtener un apoyo adecuado para ejercer un control de estas fronteras externas y gestionar las emergencias relacionadas con la inmigración, incluidas las de carácter sanitario;

14.

toma nota de que existen grandes diferencias entre los diversos países de la PEV en materia de planes y voluntad política para aplicar las necesarias reformas políticas, sociales y económicas. Por consiguiente, las iniciativas adoptadas en el marco de la PEV deberían adaptarse a la auténtica voluntad de los Gobiernos para realizar los cambios necesarios y profundizar sus relaciones con la UE, así como de su determinación de fomentar las reformas y lograr el respaldo de la opinión pública para las mismas. los entes locales y regionales desempeñan un papel esencial en este sentido pero a menudo dependen de los Gobiernos nacionales, a pesar de lo cual deberían ser considerados como interlocutores clave;

15.

coincide en que el establecimiento de la democracia en los países socios es primordial para la UE. La democratización y la descentralización son elementos básicos para el desarrollo socioeconómico y revisten importancia fundamental para los procesos de transformación en la región de la Asociación Oriental y de la cuenca mediterránea. La PEV es una excelente iniciativa para apoyar esos procesos, y la Corleap y la ARLEM son plataformas adecuadas que fomentan la creación de asociaciones y la apertura en el proceso de construcción de la democracia y de la sociedad civil;

16.

apoya plenamente la idea plasmada en la Comunicación conjunta de que la PEV debería seguir actuando como una interesante iniciativa de cooperación que responde a las necesidades de los países socios. La UE debería actuar como un socio estratégico para los países de la PEV, ayudarles a dirigir el desarrollo económico y trabajar en pro de una mejor gobernanza, al tiempo que respeta su soberanía;

17.

recuerda que la posibilidad de adhesión futura a la UE constituye uno de los incentivos principales de los que la UE dispone para alentar a los países socios a emprender la vía de las reformas. Por consiguiente, es de crucial importancia que este instrumento se utilice de forma adecuada, transparente y realista, en función de la situación específica del país de que se trate;

18.

señala que los entes locales y regionales desempeñan un papel fundamental en el fomento y configuración de los procesos democráticos. Son socios estratégicos en el ámbito de la buena gobernanza y a la hora de alcanzar un desarrollo adecuado, y también tienen un papel clave que desempeñar en la política exterior de la UE;

19.

al mismo tiempo, destaca la necesidad de evaluar en el futuro la aplicación de la PEV en lo que se refiere a la medida en que los entes regionales y locales y sus representantes participan a escala supranacional, algo que falta en la Comunicación sometida a examen.

20.

destaca la necesidad de enriquecer la PEV bilateral mediante iniciativas de cooperación regional y multilateral basadas en la introducción de un mecanismo de apoyo a la cooperación entre la UE y los países vecinos, y también entre los distintos países. Se podrían potenciar e incrementar las oportunidades de colaboración ya existentes — también en el contexto de las iniciativas de la UE — entre regiones y redes de regiones europeas, independientemente de que pertenezcan o no a la Unión Europea;

21.

señala que la PEV es una iniciativa interactiva cuya aplicación efectiva requiere la participación y cooperación de todas las partes interesadas en los diferentes niveles de gobierno. Solo de esa manera los países de la PEV que están dispuestos a llevar a cabo reformas internas podrán colaborar eficazmente con la UE, abriendo de este modo la puerta al apoyo político de la UE, acuerdos comerciales globales, medidas de simplificación de visados y asistencia técnica y financiera;

22.

señala que las diferencias de planteamiento en los países vecinos para llevar a cabo reformas y establecer estrechas relaciones con la UE, así como la distinta naturaleza de los problemas a los que se enfrenta cada país de la PEV, han hecho que la UE haya tenido que adoptar un enfoque individualizado y «a medida» en materia de política de vecindad no solo por lo que se refiere a su dimensión geográfica (meridional y oriental), sino también, y sobre todo, en lo referente a las expectativas, posibilidades y tareas específicas de los países socios;

23.

está de acuerdo en que la UE debería invertir en instrumentos financieros sectoriales y de estructura temática. Este enfoque puede conducir a un intercambio más amplio de buenas prácticas y a definir estrategias de desarrollo en una serie de áreas políticas clave, tales como la reforma de la administración pública, la descentralización fiscal y la cooperación territorial;

24.

desea hacer hincapié en la importancia de apoyar los esfuerzos destinados a construir una democracia más sólida y llevar a cabo reformas políticas en los países socios. No cabe duda de que una política de vecindad que se aplique en las regiones y que sea aplicada por ellas puede ser un instrumento eficaz de fomento de los valores fundamentales de la UE: respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías;

25.

pide que se preste especial atención a la importancia y las ventajas de la participación de los entes locales y regionales en proyectos concretos de cooperación entre la UE y los países de la PEV. En efecto, el éxito en la consecución de los objetivos políticos depende en gran medida del nivel de desarrollo regional y de la capacidad de los distintos países para gobernar eficazmente a escala central, regional y local;

26.

pide a la Comisión Europea y los Estados miembros que tengan en cuenta las recomendaciones y experiencia del CDR y sus miembros en apoyo de los procesos de reforma política y económica en los países socios y de una cooperación más eficaz en todos los niveles de gobierno;

27.

destaca que la naturaleza multinivel de las políticas exteriores de los distintos países también es pertinente. En este ámbito, el reto fundamental consiste en generar sinergias entre las dimensiones nacional y subnacional de la política exterior en cada uno de los países. A este respecto, la Corleap y la ARLEM son foros inmejorables que permiten determinar las necesidades e intercambiar experiencias.

28.

desea destacar que, gracias a sus contactos internacionales y su participación activa en la vida económica, los entes locales y regionales contribuyen a estimular el desarrollo económico y social, que es uno de los objetivos fundamentales de la integración europea. Teniendo esto presente, los entes locales y regionales deberían participar en los procesos de planificación, aplicación, supervisión y evaluación de la PEV, especialmente en aquellos ámbitos en los que tienen competencias directas y experiencia;

29.

es consciente de que la consolidación de las capacidades institucionales y administrativas es de vital importancia para la mayoría de los países de la PEV. Un aspecto clave de esta dimensión de la política concierne a los entes locales y regionales. Por consiguiente, el CDR y los entes locales y regionales deberían desempeñar un papel activo en la formulación y aplicación de los programas globales de consolidación institucional lanzados por la Comisión Europea y los Estados miembros y destinados a apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales y administrativas en los países de la Asociación Oriental;

30.

alienta a los entes locales y regionales a participar, junto con los Gobiernos centrales, en la elaboración y aplicación de los acuerdos de asociación, documentos estratégicos y planes de acción consensuados entre la UE y los países socios;

31.

destaca la importancia de las iniciativas de abajo arriba bien coordinadas y del apoyo a la cooperación entre los entes locales y regionales de la UE y de los países socios de la PEV, con el fin de contribuir al proceso de desarrollo de las estructuras de la sociedad civil y la democracia local;

32.

considera que tiene sentido apoyar iniciativas en aquellos ámbitos de interés práctico para las ciudades y regiones de la PEV que las autoridades subnacionales pueden aplicar por sí mismas, por ejemplo, la cooperación entre ciudades asociadas o la cooperación transfronteriza, cultural, económica y de otro tipo;

33.

considera que las reformas administrativas democráticas a nivel del gobierno central deben completarse con medidas a nivel local y regional. Esto reviste una gran importancia para el desarrollo de las capacidades institucionales y para la aplicación de acuerdos con la UE, por ejemplo, los acuerdos sobre asociación o el desarrollo de zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo;

34.

hace hincapié en que el desarrollo regional en los países socios debería ser un objetivo clave para la financiación de la UE y contar con unos criterios claramente determinados que se fundamenten en una definición clara y consensuada de las estrategias regionales de desarrollo, los objetivos específicos y los resultados que se quieren alcanzar. Los entes locales y regionales y la sociedad civil deberían estar adecuadamente representados en los órganos que supervisan el uso de dichas ayudas;

35.

pide que se introduzcan en ambas dimensiones de la PEV mecanismos para fomentar el diálogo directo, el intercambio de información y la transferencia de conocimientos técnicos en beneficio de los niveles local y regional de los países de la PEV (por ejemplo, sobre la base del actual Instrumento para la Administración Local);

36.

desea ver un uso más eficaz de los instrumentos de apoyo, tales como los programas de hermanamiento y TAIEX, entre los entes locales y regionales de la UE y sus homólogos en los países de la PEV, con la finalidad de apoyar a estos países en el desarrollo de unas estructuras administrativas eficientes, también por medio de una colaboración estrecha entre las administraciones que contemple, como uno de sus elementos fundamentales, el intercambio de funcionarios entre la administración pública del Estado miembro y la del país PEV. Además, las regiones de la UE podrían reforzar su función de apoyo a posibles participantes en los programas de la UE orientados hacia los terceros países durante el período 2014-2020, tales como IPA II (Instrumento de Ayuda de Preadhesión) y la sección de Relaciones Internacionales del programa Horizonte 2020 y Programas de la UE con participación de países miembros y terceros países, como ha sido el caso del Programa ENPI CBC MED, para el período 2007-2013, que continúa financiando la cooperación transfronteriza también para el período 2014-2020 bajo el programa ENI CBC MED;

37.

sostiene que una mayor participación del CDR en los trabajos de las plataformas temáticas permitirá a los entes locales y regionales actuar más eficazmente y obtener mejores resultados. De hecho, el CDR tiene un papel clave que desempeñar a este respecto, gracias a su carácter complementario y su apoyo a las decisiones tomadas por la Corleap y la ARLEM;

38.

hace hincapié en el compromiso del CDR de asesorar a la Comisión Europea y sus servicios a la hora de determinar los criterios de elegibilidad para la financiación de la UE y los procedimientos de solicitud, a fin de garantizar que dichos fondos sean accesibles y útiles a los entes locales y regionales de los países de la PEV. Sin embargo, estos criterios no deben ser óbice para una mayor asunción de responsabilidades, en el plano de la organización y los resultados, por parte de los entes locales de estos países;

39.

considera que los esfuerzos de la UE para crear estructuras políticas y administrativas duraderas también deberían incluir programas de formación (aprendizaje presencial o a distancia) que permitan a los representantes de los entes locales y regionales mejorar sus competencias profesionales y hagan posible un uso eficaz de la financiación;

40.

recuerda los proyectos del CDR que ya están en marcha para supervisar y evaluar la transferencia de competencias en los países vecinos. Estos instrumentos, entre los que se incluye una plataforma en línea, podrían utilizarse en el futuro no solo como fuente de información sino también como fundamento para desarrollar nuevas prioridades o modificar las ya existentes;

41.

considera que debería proporcionarse a todos los interesados en los países de la PEV información relativa a los programas de financiación disponibles y a los procedimientos de solicitud de financiación de la UE. Por su parte, los entes locales y regionales deberían comunicar a los interlocutores nacionales y supranacionales pertinentes sus necesidades de formación y otras medidas de apoyo a la «buena gobernanza» a escala local y regional. Una comunicación y un diálogo eficaces entre los socios deberían ser los elementos que aglutinan la PEV;

42.

recomienda que se elabore una guía electrónica — basada en el sitio web Inforegio sobre política regional — sobre los países de la PEV y los instrumentos de financiación específicos a disposición de los entes locales y regionales en dichos países. Esta guía podría utilizarse para suministrar información clara y actualizada a los entes locales y regionales tanto en la UE como en los países socios;

43.

por último, pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que nombre a «personas de contacto» en cada Representación de la UE en los países de la PEV. Por una parte, tales personas de contacto podrían proporcionar información a las organizaciones territoriales del país de acogida y a los entes locales y regionales sobre las iniciativas existentes o previstas a escala subnacional, y, por otra parte, podrían transmitir mensajes del CDR a los socios de los países de la PEV.

21.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 19/50

1.

recuerda que en general se considera que las reestructuraciones y las transformaciones estructurales forman parte integrante de la evolución natural de la economía;

2.

señala que las consecuencias de las reestructuraciones se dejan sentir considerablemente a escala regional. Pueden influir en el desarrollo estructural de las regiones y en su competitividad a medio e incluso a largo plazo. Por lo tanto, se necesitan enfoques regionales (es decir, unas políticas descentralizadas adaptadas a las necesidades locales y aplicadas en colaboración con los principales socios) (1);

3.

recuerda que las reestructuraciones afectan con especial virulencia a las regiones menos desarrolladas, que suelen contar con un tejido industrial menos competitivo e innovador y con elevados niveles de desempleo, por lo que es necesario prestar una atención especial a este tipo de regiones;

4.

acoge con satisfacción, por este motivo, que el marco de calidad reconozca la responsabilidad compartida de todas las partes interesadas, incluidos los entes regionales. Señala que dicha problemática también afecta a los entes locales (en particular las grandes ciudades); en efecto, estas concentran a la mayoría de los empresarios y desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar la situación económica de los centros urbanos más pequeños en sus respectivas zonas de influencia);

5.

señala que una gestión compartida es una de las condiciones clave del éxito de los enfoques propuestos. La UE también debería impulsar el refuerzo de las asociaciones entre todos los agentes principales. El papel de coordinación del Estado y de los entes regionales y locales también es esencial, habida cuenta de que los empresarios y los trabajadores mantienen posiciones a menudo divergentes sobre los procesos de reestructuración;

6.

considera que para el éxito de la Estrategia Europa 2020 es imprescindible, en la situación socioeconómica actual, concentrar todos los esfuerzos en la creación y el mantenimiento de empleo;

7.

atribuye gran importancia a la anticipación del cambio y a la capacidad de todas las partes interesadas para adaptarse al cambio. Para ello, es preciso actuar en tres frentes:

8.

acoge con satisfacción las iniciativas de la Comisión, como el Observatorio Europeo del Cambio (European Monitoring Centre on Change-EMCC) o el Instrumento de Vigilancia de Reestructuración de Empresas (European Restructuring Monitor — ERM) (2) y propone seguir reforzando estas instancias, por ejemplo, facilitando asesoramiento adaptado a los entes locales y regionales en situaciones específicas;

9.

celebra asimismo que la fundación Eurofound centre sus actividades de investigación en las consecuencias de las reestructuraciones a nivel regional, reaccionando así eficazmente en los últimos años a la falta de información en este ámbito;

10.

acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de enumerar en su Comunicación las buenas prácticas cuya adopción propone sobre una base voluntaria. Recomienda asimismo a la Comisión que examine la petición del Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones (3) de que revise el marco legislativo sobre la información y consulta de los trabajadores en relación con la previsión y gestión de las reestructuraciones, un marco cuyas deficiencias actuales señala la propia Comisión en dicha Comunicación;

11.

propone que la Comisión coopere con todos los interlocutores interesados en el momento de evaluar la aplicación del marco de calidad, y que también tenga en cuenta en este proceso los procedimientos existentes o los acuerdos entre socios en cada uno de los Estados miembros;

12.

señala que el marco de calidad propuesto por la Comisión, que consiste en un conjunto de recomendaciones y buenas prácticas cuya adopción recomienda sobre una base voluntaria, no se fundamenta en ninguna base jurídica específica en los Tratados y constituye un instrumento jurídico sui generis que tampoco está previsto explícitamente en ellos. Por tanto, el planteamiento de la Comisión no permite al Parlamento Europeo pronunciarse eficazmente. Sin embargo, considerando que la propuesta de la Comisión se inscribe en el marco de las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros en materia de política social, tal como quedan definidas en los artículos 151 y 153 del TFUE, y que los intercambios de experiencias y de mejores prácticas a escala de la UE tienen un claro valor añadido, la propuesta de la Comisión parece conforme a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

13.

destaca el papel que desempeñan los entes locales y regionales en la previsión de las necesidades en materia de competencias y su adecuación a las necesidades del mercado laboral (4) a través de medidas, en particular, en los ámbitos de la educación, la formación y el fomento del emprendimiento juvenil. Los Estados miembros deben ser conscientes de este papel y proporcionar a los entes locales y regionales los recursos necesarios para facilitar la transición de los jóvenes de la educación al mercado laboral, ya que precisamente estos entes cumplen a menudo una función de prestadores de servicios en materia de educación, formación y empleo (5);

14.

reitera que las cuestiones como la movilidad profesional o la adaptación de la oferta y la demanda en el mercado laboral a escala local inciden de manera decisiva en la eficacia de los procesos de reestructuración. La movilidad de los trabajadores debería fomentarse mediante la prestación de servicios personalizados de búsqueda de empleo, períodos de prácticas y cursos de formación, de modo que puedan adaptar sus cualificaciones a las necesidades del mercado de trabajo (6). Este es el caso, especialmente, de los grupos específicos que sufren un desempleo de larga duración (jóvenes, personas poco cualificadas, personas de edad avanzada, inmigrantes y personas con discapacidad);

15.

en cuanto a las regiones fronterizas, destaca la importancia de promover una verdadera movilidad laboral más allá de las fronteras suprimiendo los obstáculos ligados al derecho laboral y la seguridad social (eliminación de las barreras fiscales, la exportación del subsidio de desempleo y la transferibilidad de los derechos de pensión) (7). Los entes locales y regionales también pueden desempeñar un papel importante en la prestación de asesoramiento a los trabajadores que se desplazan diariamente e utilizan los servicios EURES o estructuras transfronterizas existentes (8);

16.

alienta a los entes locales a que cooperen más estrechamente en el intercambio de información sobre las oportunidades de empleo en un determinado mercado laboral local o regional. Una acción conjunta para fomentar la movilidad individual e intercambiar la información del mercado de trabajo podría impulsar el empleo en sectores que presenten alta demanda y escasez de formación a nivel local o regional;

17.

acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión Europea «Por un renacimiento industrial europeo» (COM(2014) 14), presentada en enero de 2014, y pide a la Comisión que incorpore la anticipación del cambio y la gestión de la reestructuración como medidas activas de apoyo a una política industrial europea más amplia. Las transformaciones estructurales tienen repercusiones en la industria de las regiones y ciudades. Por consiguiente, considera que cualquier debate sobre estas transformaciones también debe abordar el papel de las políticas industriales y regionales en la anticipación de esos cambios;

18.

subraya el papel que desempeñan los entes locales y regionales en el uso de los Fondos Estructurales de la UE, como el FSE y el FEDER, así como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en las regiones correspondientes, para fomentar la creación de empleos de calidad y las transiciones inclusivas. Deberá velarse por que la financiación de las medidas relacionadas con la anticipación del cambio y las reestructuraciones proceda de varias fuentes, a fin de garantizar su sostenibilidad;

19.

destaca la importancia que las Estrategias de Innovación Regional para una Especialización Inteligente (RIS3) desempeñan para las regiones al hacer posibles las transformaciones que estas consideran prioritarias. Por su naturaleza, las RIS3 constituyen ante todo un proceso que afecta a las transformaciones de la vida económica gracias al cual las regiones pueden hacer uso de los mejores conocimientos en materia de innovación y de los mejores colaboradores posibles. La cooperación europea que se pone de manifiesto en los procesos de las RIS3 aporta un considerable valor añadido a la hora de hacer realidad los cambios estructurales;

20.

considera que la coordinación de todas las partes interesadas es la función más importante de los entes locales y regionales en la reestructuración. En la práctica, las estructuras permanentes de coordinación han demostrado ser fundamentales para obtener una reacción rápida y eficaz a escala regional;

21.

hace suyo el llamamiento del CESE a favor de que se ejecute a nivel europeo una coordinación y colaboración más estrecha entre las políticas y servicios de la Comisión, las agencias y los numerosos observatorios para apoyar de manera unívoca y coherente las decisiones que adopten las empresas en reestructuración. En particular, las PYME y las microempresas, se deben beneficiar de mecanismos adecuados y específicos de apoyo y asesoramiento para prevenir las reestructuraciones (9).

21.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 19/54

1.

insiste en la necesidad de poner mayor énfasis en el compromiso de la UE de garantizar los principios de solidaridad y reparto de responsabilidades, a fin de instaurar una auténtica política de migración que aborde todas las cuestiones que afrontan los entes locales y regionales. A este respecto, el CDR se congratula de que la Presidencia italiana considere prioritario establecer una estrategia migratoria global y fomentar, mediante una auténtica política migratoria europea, una verdadera solidaridad con los emigrantes, los terceros países de origen y los países de tránsito, así como con los países, regiones y ciudades de destino, y entre los distintos niveles de gobierno;

2.

acoge con satisfacción que la Presidencia italiana otorgue clara prioridad al desarrollo de una política migratoria común europea basada en el pleno respeto de los derechos humanos, la solidaridad, la confianza mutua, las obligaciones internacionales y el reparto de la responsabilidad tanto entre los Estados miembros como entre los entes locales y regionales, y capaz de contribuir al programa de crecimiento de la UE, combinada con una estrategia para impulsar el crecimiento económico en los países de origen de los emigrantes;

3.

considera que la gobernanza multinivel es un instrumento clave y un elemento imprescindible para lograr resultados óptimos en materia de integración de los inmigrantes y de las segundas generaciones. Todos los niveles de gobierno en toda la Unión deberían compartir la responsabilidad de acoger e integrar a los refugiados e inmigrantes, así como de mejorar la cooperación, coordinación y solidaridad interregionales mediante la introducción de un mecanismo de reparto de responsabilidades entre la Unión Europea, los Estados miembros, las regiones y las autoridades locales que tenga en cuenta sus limitaciones estructurales, los recursos, las necesidades del mercado laboral, las especificidades demográficas y otros factores relevantes (como la reagrupación familiar). En tal contexto, es esencial que la UE y las autoridades nacionales y subnacionales trabajen en estrecha cooperación con la sociedad civil, las asociaciones de inmigrantes, los países de origen y de tránsito de los inmigrantes de fuera de la UE y las comunidades locales y sean receptivas a sus aportaciones;

4.

desea felicitar a Italia por sus actividades enmarcadas por la operación Mare Nostrum para salvar vidas en el mar Mediterráneo; deplora, por tanto, la decisión de los ministros de la UE de remplazarla por la operación Frontex, que no hace el mismo hincapié en el salvamento de vidas ni en el rescate de personas en peligro; hace un llamamiento urgente para que la Unión Europea y los Estados miembros faciliten los medios necesarios para evitar muertes en el mar;

5.

considera que, en una cuestión tan delicada y estratégica, la Unión Europea y sus principales instituciones deberían configurar una verdadera política migratoria y asumir las responsabilidades políticas consiguientes en cuanto a su aplicación, sin dejar este papel a cada Estado, sobre todo en el caso de los Estados fronterizos de la Unión, pero implicándolos, junto con los entes locales, en una estrategia común en materia de migración que prevea también intervenciones operativas adecuadas;

6.

recuerda que quince años después de los primeros intentos de elaborar una política migratoria común, persiste un gran desfase entre la práctica, por una lado, y los principios y valores establecidos, por otra. No se ha recurrido suficientemente al artículo 80 del TFUE para adoptar medidas que materialicen la solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades en cuanto a la circulación, incluidas sus repercusiones financieras, entre Estados miembros. Los compromisos adoptados en materia de instalación y retorno se han hecho sobre una base voluntaria y en algunos casos los entes locales han sido los primeros en ponerlos en práctica;

7.

acoge con satisfacción la publicación por el Consejo Europeo, en junio de 2014, de orientaciones estratégicas para la planificación legislativa y política en el espacio de libertad, seguridad y justicia, que otorgan prioridad absoluta a la plena y efectiva incorporación al Derecho nacional del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), así como a su aplicación;

8.

recuerda que la Unión Europea necesita la inmigración, en forma tanto de libre circulación de sus ciudadanos entre los Estados miembros como de inmigración procedente de terceros países, para afrontar el cambio demográfico y las carencias potenciales del mercado laboral; anima al Consejo Europeo a proseguir su labor, teniendo en cuenta también la necesidad de abordar las cuestiones relativas a la falta de solidaridad y al reparto equitativo de las responsabilidades. Sin embargo, la próxima legislatura no debería centrarse únicamente en la consolidación y aplicación de las normas vigentes, mientras no se disponga de orientaciones precisas sobre cómo fomentar el principio de solidaridad y la UE carezca de una auténtica política migratoria global;

9.

insiste en que, para garantizar una aplicación eficaz de las orientaciones estratégicas a todos los niveles, la participación de los entes locales y regionales es fundamental. El Comité de las Regiones manifiesta su disposición a cooperar estrechamente en la elaboración de un plan de acción. A partir de 2015, el alcance del Foro Europeo de la Integración, creado por la Comisión y el Comité Económico y Social Europeo, se ampliará para abarcar las cuestiones de inmigración y la política de asilo. Este plan de acción podría aprovechar la experiencia de un foro ampliado al que podría contribuir el CDR. Por lo tanto, el CDR reitera su llamamiento a formar parte de la Mesa del futuro Foro Europeo de la Migración, junto con la Comisión Europea y el Comité Económico y Social Europeo;

10.

En la actualidad, los entes locales y regionales asumen una carga económica considerable en cuanto a la acogida de inmigrantes. Sin embargo, la acogida se reparte de manera desigual entre los Estados miembros, asumiendo algunos entes locales y regionales una mayor responsabilidad, al recibir a gran parte de los recién llegados, lo cual excede a menudo la capacidad de las regiones en cuestión;

11.

considera que el reparto desigual de los refugiados y solicitantes de asilo entre los diferentes Estados, las diferentes regiones y dentro de estas, constituye un enorme reto para los entes locales y regionales. Lo mismo puede decirse de la falta de previsiones y la imposibilidad de planificar la acogida con la debida antelación. Con frecuencia, las soluciones provisionales tienen consecuencias sociales negativas, lo que repercute a su vez en las posibilidades de los recién llegados de adquirir las herramientas necesarias para iniciar el proceso de integración;

12.

considera por tanto que ha llegado el momento de establecer de manera más clara y realista qué implicaría la solidaridad dentro de la UE y de los Estados miembros en el ámbito del asilo y la emigración. Obviamente, los Estados, regiones y municipios defienden con argumentos diversos qué debe considerarse un reparto de responsabilidades o una solidaridad razonables, partiendo de sus situaciones y deseos específicos;

13.

señala que la solidaridad es un principio que actúa como fuerza motriz de las decisiones adoptadas por los entes locales que acogen a un gran número de inmigrantes. Lugares como Lampedusa en Italia, Ceuta y Melilla en España o Calais en Francia, aunque son solo algunos de los puntos de entrada y tránsito de inmigrantes y solicitantes de asilo en la UE, resultan sin embargo ilustrativos de las dificultades considerables con que se encuentran algunos entes locales en términos de acogida de inmigrantes y refugiados y respuesta humanitaria;

14.

considera que una cooperación y una confianza adecuadas entre los niveles local, regional, nacional y europeo en cuanto al reparto de recursos y responsabilidades constituyen una condición indispensable para garantizar una acogida de inmigrantes y solicitantes de asilo sostenible y equitativa;

15.

considera que las estructuras existentes proporcionan herramientas y un canal para el diálogo político entre la esfera de la UE, los Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil, pero el diálogo sobre las políticas entre los niveles local/regional y la UE está fragmentado o transcurre sobre una base ad hoc;

16.

sugiere que se examine la accesibilidad de los recursos financieros asignados a los entes locales y regionales para que puedan cumplir sus obligaciones en materia de migración e integración, garantizándoles el acceso a los fondos nacionales y de la UE (como el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Instrumento Europeo de Vecindad, el Fondo Social Europeo y el Fondo para las Fronteras Exteriores);

17.

insiste en que, aun siendo esencial, el refuerzo de los controles fronterizos y las medidas para atajar la migración irregular no puede prevalecer sobre las obligaciones internacionales (contraídas, por ejemplo, en el marco de la CNUDM, SOLAS o SAR) para salvar vidas y hacer que se respeten los derechos humanos, ni sobre el derecho a solicitar asilo en la UE, que debe seguir siendo un refugio para las personas que requieren protección internacional. Asimismo, subraya la importancia de que, en la acogida de solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes menores de edad y de menores refugiados no acompañados, se respete plenamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

18.

pide que se refuerce Frontex para una cooperación más efectiva y eficiente entre las autoridades nacionales de las fronteras y para proteger tanto a los migrantes como las fronteras exteriores de la UE y colaborar en la lucha contra la trata de seres humanos;

19.

apoya los esfuerzos para seguir supervisando y aplicando las estrategias esbozadas en la «Acción de la Unión Europea frente a las presiones migratorias», que supone un llamamiento a la Unión Europea para que centre su atención en la necesidad de coordinar las acciones emprendidas por los Estados miembros dado el papel fundamental que desempeñan agencias relevantes de la UE como, por ejemplo, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex), Europol y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO);

20.

considera fundamental proseguir los esfuerzos para seguir desarrollando un enfoque integrado y equilibrado de la gestión fronteriza, a fin de mejorar el control de las fronteras exteriores y gestionar más eficazmente la inmigración irregular, el tráfico de inmigrantes, la trata de seres humanos y otras formas de delincuencia transfronteriza y transnacional relacionada con el tráfico de seres humanos;

21.

apoya el Paquete «Fronteras inteligentes» destinado a acelerar, facilitar y reforzar los procedimientos de control fronterizo de los ciudadanos extranjeros que viajan a la UE, incluido el Programa de Registro de Pasajeros (RTP) y el sistema de registro de entradas y salidas (EES), pero reitera algunas de las preocupaciones que expresó en 2013 sobre la protección de la privacidad y la relación coste-eficacia de las propuestas. El CDR toma nota de los resultados del estudio técnico emprendido por la Comisión Europea y eu-LISA, que propone una solución a largo plazo para la gestión operativa de los sistemas informáticos a gran escala, que son instrumentos esenciales para la aplicación de las políticas europeas en materia de asilo, gestión de las fronteras e inmigración;

22.

sugiere que se preste especial atención a reforzar las sinergias entre los distintos organismos y sistemas establecidos hasta la fecha, basándose en sus competencias y ámbito específicos: por ejemplo, Frontex, SIS II y Eurosur, que actúan en materia de migración y circulación de personas y, en materia de seguridad, Europol y Eurojust, cuya labor consiste en evitar y erradicar la delincuencia relacionada con el tránsito irregular;

23.

aboga, prestando especial atención a Eurosur, por la plena aplicación del Reglamento recientemente adoptado para reducir el riesgo de pérdida de vidas humanas en el mar;

24.

alienta los esfuerzos para examinar medidas orientadas a prevenir la inmigración irregular y crear rutas alternativas seguras y legales hacia Europa, con el fin de evitar más pérdidas de vidas humanas durante viajes peligrosos. Podrían incluir la creación de un «corredor humanitario», la expedición de más visados por razones humanitarias, la ampliación de las cuotas de reasentamiento y la creación de centros de acogida en países de tránsito para la tramitación de las solicitudes de asilo o para determinar la posibilidad de entrar legalmente en los Estados miembros de la UE (1). Los entes locales y regionales podrían desempeñar un papel muy útil en este sentido;

25.

acoge con satisfacción la creación del Grupo Especial para el Mediterráneo (2) a raíz de la sesión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 7 y 8 de octubre de 2013, que permitirá a la Unión Europea afrontar esta situación. Su objetivo prioritario es determinar cuáles son las herramientas adecuadas para evitar que se repitan los trágicos sucesos acaecidos en la costa de Lampedusa y para desarrollar un enfoque más estratégico, holístico y a largo plazo de la situación migratoria en el área mediterránea. En este contexto, el CDR se remite a su propia labor en la ARLEM y, en particular, a las recomendaciones recogidas en el informe sobre el papel de los entes locales y regionales en la gestión de la migración en el Mediterráneo adoptado recientemente por la Comisión Ecoter de la ARLEM;

26.

pone de relieve que la operación Frontex Plus, lanzada el 27 de agosto de 2014 y destinada a reemplazar a Mare Nostrum, no cubre todas las actividades desarrolladas actualmente por este. El presupuesto Frontex ha quedado recortado por el marco financiero plurianual. Frontex Plus dependerá de las contribuciones de los Estados miembros. Aparte de los aspectos económicos, el enfoque de estas dos operaciones también difiere — Mare Nostrum tiene una orientación humanitaria, mientras que Frontex responde fundamentalmente a la preocupación de controlar las fronteras;

27.

anima a seguir desarrollando el diálogo y la cooperación con los terceros países de origen y de tránsito de los flujos migratorios, en consonancia con el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad de la UE, recurriendo a las asociaciones de movilidad o a los diálogos y procesos regionales, como el Proceso de Rabat;

28.

apoya los esfuerzos de Frontex encaminados a suscribir acuerdos de cooperación operativa con terceros países en materia de control fronterizo e inmigración irregular, que deberán fomentar la responsabilización por parte de los terceros países de que se trate;

29.

acoge con satisfacción la iniciativa lanzada por la Presidencia italiana para entablar un diálogo similar con los países de África oriental. Con el fomento de la migración legal se pretende contribuir a los esfuerzos de la UE en aras del crecimiento y, de este modo, evitar el posible abuso de los canales de migración legal, ya que socava la credibilidad de todo el sistema migratorio europeo;

30.

insiste que el concepto de migración circular podría contribuir a contrarrestar el impacto de la migración tanto en la región de origen como en la de acogida, contribuyendo al desarrollo de ambas. Ello implica la necesidad de una política de retorno efectiva y sostenible, que respete plenamente los derechos de los inmigrantes y tenga en cuenta las especificidades de los países de origen. A tal efecto, debe mejorarse la cooperación práctica entre las autoridades locales y los terceros países involucrados, con el fin de estimular y crear sistemas de retorno voluntario más eficientes;

31.

considera que las autoridades de todos los niveles deben participar activamente en la protección y el fomento del diálogo y la cooperación con terceros países para brindar un apoyo concreto a los canales legales de entrada a nivel político y económico, así como para prevenir y hacer frente a la inmigración irregular y a todas las formas de delincuencia mediante la mejora de la capacidad institucional y operativa de las autoridades competentes de dichos países;

32.

hace hincapié en que los entes locales y regionales pueden contribuir al esfuerzo conjunto de las esferas nacional y de la UE, así como de los terceros países, para afrontar y prevenir la inmigración irregular mediante actividades tanto en los países de origen (por ejemplo, campañas de sensibilización, difusión de información sobre el riesgo de cruzar fronteras ilegalmente, medidas destinadas a preparar a las personas para la integración, formación, asistencia a la reagrupación familiar, cursos de idiomas y medidas para mejorar el diálogo intercultural) como en los países de destino (por ejemplo, la creación a escala local de sistemas de selección en consonancia con las necesidades locales, recepción y medidas de apoyo, etc.). También pueden ayudar a identificar y a proteger a las víctimas de la trata de seres humanos, así como a la reinserción de los inmigrantes irregulares que regresan a sus países. Al mismo tiempo, unas políticas eficaces de inmigración legal e integración a nivel local y regional son herramientas para luchar contra el racismo y la xenofobia;

33.

sugiere que el fomento de la reinstalación de refugiados en la UE debería formar parte de sus esfuerzos para apoyar a los países del Mediterráneo meridional y oriental que afrontan la llegada de un gran número de refugiados (3). Este es un ámbito en el que las ciudades y regiones europeas han desempeñado un papel fundamental, fomentando la integración de los refugiados en las comunidades locales y tomando medidas para reforzar la cohesión social;

34.

anima a fomentar «asociaciones de migración e integración» entre ciudades y regiones de los países de origen y de destino, para reforzar la cooperación y la confianza mutua y garantizar así una gestión más descentralizada de la migración. El Comité de las Regiones reitera también su sugerencia (4) de que los entes locales y regionales participen en el desarrollo de las «asociaciones de migración e integración» con terceros países;

35.

pone de relieve que, en su Comunicación sobre la nueva Agenda Europea para la Integración (5), la Comisión pide que se desarrolle más la actuación a nivel local e insiste en la necesidad de un verdadero enfoque «de abajo arriba» para elaborar políticas de integración;

36.

considera que los entes locales y regionales deberían desempeñan un papel más relevante con vistas a ampliar el enfoque a la hora de abordar la política migratoria;

37.

resalta la necesidad de que los entes locales y regionales y los Estados miembros pongan en común sus mejores prácticas sobre la tramitación de las solicitudes de los solicitantes de asilo y los refugiados, las políticas de integración y la lucha contra la inmigración irregular. El Comité de las Regiones puede contribuir a este proceso con el fin de lograr una participación más efectiva de los entes locales y regionales en el diseño y la aplicación de las políticas de inmigración e integración, en consonancia con la gobernanza multinivel y el principio de subsidiariedad; ello permitiría también abordar las disparidades en las condiciones en que los diversos Estados miembros y regiones acogen a los solicitantes de asilo, refugiados o inmigrantes a su llegada;

38.

sugiere que la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud (eu-LISA) desarrolle en un futuro próximo un sistema completo de puesta en común de datos sobre inmigración y autoridades locales, basándose en el sistema VIS. Semejante sistema podría ser muy útil para intercambiar conocimientos y compartir experiencias en términos de gestión de alojamientos, tramitación de los expedientes de solicitantes de asilo y refugiados, políticas de integración y lucha contra la inmigración irregular, así como ofrecer soluciones prácticas para promover el principio de la solidaridad entre los entes locales;

39.

propone que se elabore una base de datos que contribuya a hacer un seguimiento de los movimientos migratorios entre los Estados miembros. Dicha base de datos incluiría información relativa a la fluctuación de población entre los países de origen y los de destino. Conocer estos movimientos facilitaría la toma de decisiones a nivel local, regional y europeo;

40.

considera que la cooperación y la solidaridad se verían facilitadas considerablemente si se hiciera mayor hincapié en las soluciones prácticas y pragmáticas. La experiencia de los entes locales y regionales no deben pasarse por alto a la hora de identificar los principales escollos;

41.

considera que la UE debería aprovechar todas las oportunidades posibles para cooperar con los agentes institucionales y fomentar el debate en todos los foros relevantes. A este respecto, organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y asambleas como, por ejemplo, la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) son socios importantes;

42.

se congratula de que la próxima Conferencia Ministerial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), prevista para octubre de 2015, esté dedicada a la manera en que las ciudades pueden contribuir a la gestión de la migración, por lo que constituirá una excelente plataforma para el diálogo mundial entre ciudades. Se muestra deseoso de participar en esta conferencia y de contribuir a los debates.

21.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 19/59

1.

A petición de la Presidencia italiana del Consejo de la UE, el Comité de las Regiones está elaborando propuestas sólidas sobre cómo una Europa interconectada puede constituir la base para aprovechar el gran potencial que brinda el sector de las TIC como fuente de crecimiento y de nuevos puestos de trabajo, especialmente a lo largo de los próximos cinco años.

2.

En la era de la nueva revolución industrial, Europa puede utilizar la digitalización para impulsar el crecimiento social y económico, en consonancia con la Estrategia Europa 2020. Es necesario comprender qué tipo de servicio necesita el cliente y saber cómo desarrollar la tecnología correspondiente, así como darse cuenta de que el cliente no desea adquirir solo un producto, y centrarse también en la productividad, seguridad en el empleo y satisfacción del cliente. Todo esto puede lograrse aprovechando la digitalización. La economía circular, la digitalización y el diseño de los servicios pueden utilizarse para generar nuevos puestos de trabajo de naturaleza ecológica y revitalizar los sectores industriales tradicionales. De acuerdo con algunos estudios de la Comisión, Europa podría incrementar su PIB de aquí a 2020 en un 4 % si se estimula el crecimiento del mercado interior digital, a la vez que la administración pública podría reducir sus costes en un 15-20 % mediante la digitalización de los servicios públicos (1). Incluso en un período de elevado desempleo, Internet está generando cinco nuevos puestos de trabajo por cada dos que se pierden. Se calcula que las medidas comunes de la UE en el marco de la estrategia de digitalización podrían crear a largo plazo hasta 3,8 millones de nuevos puestos de trabajo en todos los sectores económicos.

3.

Sin embargo, la capacidad de Europa para generar crecimiento y crear empleo a través de la digitalización no es suficiente en todos los aspectos. Hay que desarrollar las competencias de los ciudadanos en el ámbito de las TIC, puesto que nada menos que la mitad de la población presenta un nivel bajo o nulo de conocimientos informáticos. Como quiera que en un entorno global los servicios se desarrollan a través de las tecnologías de la información, es importante mejorar la posición competitiva de Europa como productor y desarrollador de estos servicios. Las empresas también operan en un entorno difícil: atendiendo al volumen de ventas, no hay ninguna compañía europea entre las diez principales empresas informáticas del mundo.

—

Las sinergias entre los distintos mecanismos de financiación y entre los sectores público y privado deben fomentarse y planificarse correctamente a fin de llevar a cabo infraestructuras asequibles y de alta calidad capaces de servir de soporte a la computación en nube, los macrodatos (big data) y las conexiones de banda ancha de alta velocidad.

—

Para las autoridades a nivel de la UE, nacional, regional y local debería ser prioritario proporcionar a las personas aptitudes digitales y empresariales que les permitan hacer pleno uso de las nuevas tecnologías, analizar macrodatos, comprender las cuestiones de ciberseguridad, aumentar su empleabilidad y crear nuevas oportunidades de negocio.

—

Los entes del ámbito de la UE, nacional y subnacional deben aspirar a establecer un marco normativo flexible que reduzca los costes y facilite la creación y el funcionamiento de empresas informáticas, permitiendo al mismo tiempo un acceso fácil a la financiación y el fomento de la innovación con medidas de evaluación y recompensa.

—

Con vistas a la culminación del mercado único digital, en toda legislación futura se deberán tener en cuenta el papel y el potencial fundamentales de los entes locales y regionales en lo que se refiere a la formación digital de los ciudadanos, la creación y gestión de las infraestructuras digitales –a menudo en un marco de colaboración interregional o transfronteriza–, la innovación y el proceso de descubrimiento empresarial, así como la puesta en práctica de la administración electrónica.

4.

ha acogido con satisfacción las propuestas de medidas relativas al mercado interior de las comunicaciones electrónicas que aceleran un crecimiento dinámico y sostenible de todos los sectores de la economía y la creación de puestos de trabajo, al tiempo que garantizan un alto nivel de protección de los consumidores. Con vistas a la culminación del mercado único digital, en toda legislación futura se deberán tener en cuenta el papel y el potencial fundamentales de los entes locales y regionales a la hora de llevar a la práctica la administración electrónica;

5.

señala el papel fundamental de las iniciativas emblemáticas, y por lo tanto también de la Agenda Digital, como instrumentos de crecimiento. Las iniciativas emblemáticas deben servir de palanca para mejorar la coordinación de políticas a todos los niveles con la mirada puesta en los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y han de ser utilizadas en los documentos clave. Los entes locales y regionales deberán seguir utilizando las iniciativas emblemáticas como marco de referencia, no solo para su planificación política, sino también cuando se relacionan con los niveles superiores de la administración y otras partes interesadas. Además, los entes regionales y locales — y las instituciones públicas, como bibliotecas, hospitales o escuelas — podrían desempeñar un papel más importante a la hora de dar a conocer y utilizar los resultados de Horizonte 2020;

6.

recuerda que el crecimiento económico y el empleo no pueden lograrse a través de una optimización parcial, sino más recurriendo a una actitud, liderazgo y medidas de carácter global. Por ejemplo, los entes regionales y locales están mejor capacitados para aplicar la digitalización en sus propias actividades si sus prácticas presupuestarias e indicadores exigen un buen resultado global y fomentan la cooperación entre sectores. Para permitir el desarrollo de nuevos procedimientos administrativos innovadores, también es importante encontrar un equilibrio entre la responsabilidad de los entes públicos y el nuevo desarrollo innovador. Se han registrado experiencias positivas con financiación experimental que permite anticipar los problemas o desarrollar y probar nuevas innovaciones sociales;

7.

aboga por combinar las acciones ascendentes (bottom-up) con un liderazgo estratégico de carácter descendente (top-down). Los agentes locales y regionales son una fuerza motriz en el desarrollo y la aplicación de la digitalización. Siempre que cuenten con los conocimientos y las competencias necesarios, así como una actitud positiva hacia la digitalización, los responsables políticos locales y regionales, los trabajadores y los ciudadanos de a pie constituyen recursos facilitadores. Los agentes locales y regionales son los responsables de garantizar estas capacidades. El nivel local y regional debería controlar su propia evolución para asegurarse de que las instancias locales y regionales no se convierten en obstáculos para su propio desarrollo;

8.

recuerda que en la Europa de los ciudadanos la digitalización permite a las personas crear redes y mantener contactos de modo que puedan debatir, aprender los unos de los otros, formular opiniones comunes e influir con sus anhelos y objetivos en la toma de decisiones y en el fortalecimiento de una identidad europea común. Los nuevos puestos de trabajo se basan en los mercados, y estos mercados se podrán crear más fácilmente si Europa cuenta con una identidad digital fuerte y con ciudadanos que quieran hacer uso de la digitalización e incluso exijan nuevas soluciones digitales;

9.

señala que la digitalización, al cambiar los métodos de trabajo, ha dejado obsoletos inevitablemente algunos puestos de trabajo, por lo que espera de las empresas y el sector público la capacidad de mejorar y aprovechar una mano de obra bien instruida a fin de aportar un mayor valor añadido. La digitalización también supone para los ciudadanos un medio de subsistencia basado en la microempresa. Además, la digitalización debe utilizarse para impulsar actividades empresariales de elevado crecimiento, ya que permite la creación y difusión de productos y servicios sin limitaciones temporales ni espaciales. Incluso los operadores de las regiones más apartadas tienen las mismas oportunidades de beneficiarse de la digitalización;

10.

hace hincapié en la necesidad de una estrategia de crecimiento a escala de los Estados miembros y de la Unión Europea para tener en cuenta las posibilidades que ofrece una estrategia digital que apoye la creación de más y mejores puestos de trabajo permanentes, especialmente para los jóvenes. La empleabilidad no es una responsabilidad exclusivamente individual: se debe contar con la participación de todas las partes interesadas (empresas, universidades, escuelas y colegios, entes locales y jóvenes);

11.

afirma que contar con unos recursos naturales suficientes y reducir la huella de carbono son factores fundamentales para el desarrollo sostenible. Así pues, el crecimiento económico europeo debería basarse en algo más que en el aumento de la producción de bienes de consumo. Los productos y servicios que se puedan producir y prestar de manera digital pueden crear un crecimiento que comporte un menor impacto para los recursos naturales (2);

12.

anima a los entes locales y regionales a que exploren sus posibilidades de mejorar la sostenibilidad durante su ciclo de vida de los bienes de titularidad pública — y en especial los entornos edificados y las construcciones — con la ayuda de las TIC, la modelización de la información y las APP;

13.

señala que, además del desarrollo de productos de base tecnológica, es importante centrarse en el desarrollo de técnicas, servicios y productos antropocéntricos, como los servicios de diseño, creación compartida y ensayo rápido centrados en el usuario; apoya la iniciativa del Mecanismo «Conectar Europa», que puede utilizarse para desarrollar nuevas infraestructuras a los servicios públicos digitales y ajustar mejor los problemas de las diferentes regiones, junto con propuestas de soluciones procedentes de distintas partes de Europa. Estas medidas garantizarán que los productos digitales responden de manera más rápida y eficaz a las necesidades reales del mercado, incluidas las necesidades del sector público, así como la mejora de la competitividad de los productos y las empresas europeos;

14.

anima a examinar la posibilidad de eliminar la brecha existente entre las TIC y la «actividad empresarial» dirigiendo los servicios del sistema de información a través de una arquitectura global, en lugar de recurrir exclusivamente a la gestión de la información y a la sustancia, es decir, dirigiéndolos en su conjunto. Lo fundamental en un modelo de arquitectura global es conciliar bien de manera sistemática el entorno de conocimiento y tecnología que se persigue con las necesidades estratégicas y operativas de las actividades centrales;

15.

señala a este respecto que, en aquellas regiones en que los mecanismos de mercado se muestran insuficientes, los entes locales y regionales desempeñan un papel clave a la hora de garantizar un acceso equitativo y a un precio razonable a la banda ancha, e insta a que se reconozca que los proyectos de desarrollo de servicios digitales en las zonas rurales y poco pobladas son servicios de interés económico general (3);

16.

apunta que las TIC pueden utilizarse en la innovación para abordar desafíos cruciales en el ámbito socioeconómico, a la vez propone un nuevo marco político a través del cual la Unión Europea podría animar a las empresas basadas en las TIC a afrontar los grandes problemas de la sociedad, como el cambio climático, las cuestiones energéticas o el envejecimiento demográfico. El «envejecimiento activo y saludable» es una de las principales asociaciones europeas para la innovación, y cabe la posibilidad de desarrollar los servicios digitales para apoyar el envejecimiento activo («envejecimiento activo digital»). La inversión en servicios digitales para promover la salud y la integración social de las personas de edad avanzada puede convertir a Europa en pionera en este ámbito, con lo que se sentarían las bases para un nuevo mercado de exportación global. mundial, a la vez que Europa reduciría la presión sobre los costes vinculados al envejecimiento;

17.

vislumbra una oportunidad para estimular el crecimiento y el empleo combinando la digitalización con los pujantes sectores tradicionales europeos, como el turismo y la cultura, de una manera nueva e innovadora. Por ejemplo, los proveedores de servicios y los usuarios podrían agruparse a través de plataformas y planteamientos nuevos e innovadores. Los agentes locales y regionales pueden ayudar a los proveedores de los servicios turísticos y culturales a encontrar proveedores de servicios similares en otras partes de Europa, de manera que puedan trabajar en red e incrementar juntos su visibilidad recurriendo a enfoques digitales. Los consumidores de turismo y cultura pueden utilizar y producir contenidos mediante la agrupación de recursos (crowd-sourcing). Los repositorios de datos públicos, como los recursos digitales de museos, archivos y bibliotecas, pueden servir de fuente de nuevos servicios turísticos y culturales;

18.

recomienda que se promueva la digitalización mediante la adopción de modelos empresariales complementarios que puedan ser utilizados, por ejemplo, por las empresas de la economía social y por agentes del tercer sector para producir servicios no cubiertos por el sector público y en los que el sector privado no ve todavía oportunidades de negocio;

19.

basándose en la conclusión de que la inversión en las TIC puede contribuir más al crecimiento regional que otras inversiones de capital, recomienda que se conceda prioridad a la realización del mercado único digital antes de 2015 y se aborden las necesidades de inversión en infraestructuras de telecomunicaciones haciendo pleno uso de los Fondos Estructurales de la UE, facilitando la combinación adecuada de inversión pública y privada, recurriendo a otras fuentes de financiación — como el Banco Europeo de Inversiones — y creando un marco regulador adecuado. Las regiones que presenten una elevada densidad demográfica podrían contar con el apoyo de inversión privada en infraestructuras, mientras que las demás regiones necesitarían acceder a la financiación pública para apoyar sus infraestructuras;

20.

acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea Connected Communities, concebida para dotar a los municipios, a los miembros de las asociaciones y a los operadores locales de banda ancha directrices sobre cómo obtener financiación y desarrollar modelos de negocio adaptados para la prestación de servicios de banda ancha de alta velocidad en su comunidad; desea animar a los agentes locales y regionales a que hagan uso de las nuevas iniciativas de la UE para la financiación y el apoyo de la banda ancha;

21.

considera que el despliegue, la adopción y la reducción de los costes de unas redes de alta velocidad permitirán crear empleos en las empresas europeas, acelerarán el desarrollo de servicios modernos, promoverán el comercio electrónico y brindarán oportunidades de negocio en los ámbitos de la Internet de los objetos (IO) y las tecnologías M2M (de máquina a máquina); manifiesta su preocupación por la tendencia de las tecnologías de nueva generación (la computación en nube, la impresión 3D, la sanidad móvil, la administración electrónica, las ciudades inteligentes, los servicios de ocio, la telepresencia, los grandes macrodatos, internet en el automóvil, etc.) a exigir un ancho de banda incluso mayor y un servicio sin fisuras en toda Europa, mientras que los modelos empresariales desarrollados para introducir estas tecnologías crean una presión insostenible en términos de costes para los entes locales y regionales. Es importante tener en cuenta en la estructura global de costes de los proyectos de banda ancha no solo los costes de puesta en marcha, sino también los futuros costes en que se incurrirá como consecuencia de la rápida evolución tecnológica;

22.

señala que la Asociación Europea para la Innovación sobre Ciudades y Comunidades Inteligentes (4) es una plataforma que fomenta eficazmente el crecimiento sostenible basado en la digitalización. Para asegurar su correcto funcionamiento, el desarrollo de productos y las plataformas de ensayo requerirán asimismo el buen funcionamiento del ecosistema empresarial y de innovación. La cooperación entre ciudades inteligentes interconectadas permite a los operadores locales y regionales promover de la manera más eficaz posible el incremento de soluciones generadas por las empresas y, por lo tanto, reforzar la competitividad de las compañías en un entorno empresarial global;

23.

recomienda que, a la hora de elaborar una estrategia de especialización inteligente (RIS 3), las regiones aprovechen la digitalización en su estrategia de especialización elegida con el fin de crear más valor añadido y, por lo tanto, un crecimiento más rápido en la región; anima a los entes regionales y locales a crear procesos de descubrimiento empresarial innovadores y mecanismos de gobernanza para optimizar las sinergias entre los diferentes mecanismos de financiación pública y privada, movilizar las sinergias entre las distintas carteras de proyectos locales y regionales y centrarse en construir asociaciones europeas a través de Horizonte 2020, Interreg, las macrorregiones, etc.;

24.

apremia a la Comisión a emprender acciones para garantizar que las regiones reciben unas instrucciones claras sobre cómo utilizar grandes proyectos y paquetes globales a gran escala con financiación multifondo a la hora de aplicar las estrategias RIS3 para que, en lugar de gestionar los proyectos habituales de manera individual, sea posible dirigirlos de manera orquestada hacia una cooperación sinérgica. En el desarrollo de esta cultura del trabajo desempeñan una función fundamental los instrumentos digitales para la gestión de los proyectos y los entornos laborales virtuales;

25.

señala que ya ha respaldado en el pasado que «los instrumentos para la conexión entre la investigación, la innovación y las estrategias de especialización inteligente deben aplicarse tanto en Horizonte 2020 como en los Fondos Estructurales a fin de proporcionar indicadores objetivos para la “escalera de excelencia” y la construcción del EEI (5)». Los indicadores desarrollados podrían adaptarse para evaluar los beneficios de los proyectos de investigación llevados a cabo con financiación pública. La evaluación debería centrarse en los resultados y las repercusiones, como los beneficios para los entes locales y regionales, nuevas oportunidades de negocio y creación de empleo, la mejora del diseño, la funcionalidad, la facilidad de uso y la eficiencia en la producción de los servicios, la calidad global de los productos y servicios o la contribución a los sistemas de innovación en general;

26.

ha destacado en dictámenes anteriores el uso activo de la contratación pública innovadora y la simplificación de los procedimientos, y anima a las administraciones regionales y locales a adoptar estos principios con vistas a acelerar la expansión de las soluciones digitales;

27.

toma nota de la importancia que, para el buen funcionamiento del mercado interior y la competitividad de la economía digital, conlleva reunir a los participantes en la red de valor — creadores de contenidos, agentes de comercialización, canales de distribución, comercio electrónico, empresas de software, operadores de telecomunicaciones y proveedores de financiación, investigación e innovación, educación y especialistas en DPI — con vistas a encontrar soluciones digitales; recomienda que los entes locales y regionales participen en mayor medida a la hora de reunir y articular unas redes de valor interregionales amplias a escala europea;

28.

señala que es posible potenciar el crecimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo haciendo accesibles los conocimientos, los procesos, los espacios públicos y las innovaciones generadas como subproducto de proyectos de I+D financiados con fondos públicos. Así, por ejemplo, poniendo a disposición espacios públicos con acceso en línea tras el pago de una tasa acordada individualmente de antemano, los municipios pueden apoyar a los microempresarios y movilizar a los distintos grupos de población;

29.

toma nota de que, de acuerdo con estudios de la Comisión, un acceso abierto a los datos del sector público y las entidades financiadas con fondos públicos impulsa el crecimiento económico y crea nuevas oportunidades de negocio, también para las PYME pequeñas, sea cual sea su ubicación. Destaca que la información pública en abierto ayuda a mejorar las condiciones de un mercado interno digital funcional que permite brindar a los consumidores un acceso fácil, seguro y flexible a los contenidos y servicios digitales legales (6);

30.

recuerda que la tecnología necesaria para hacer accesible la información pública abierta ha alcanzado ya un gran nivel, pero que el ámbito local y regional no tiene necesariamente un dominio suficiente de la misma ni dispone de los mecanismos necesarios para encontrar información que pueda ser reutilizada (7). Los metadatos constituyen una parte importante de la reutilización de la información, y su publicación en un formato normalizado impulsaría en particular la transferencia, la accesibilidad y la comercialización transfronterizas del conocimiento;

31.

señala que el volumen de información disponible en Internet está creciendo rápidamente. Se espera que el uso de los macrodatos, o enormes cantidades de información, genere nuevas oportunidades de negocio y puestos de trabajo en los próximos años, pero estos datos apenas se están comenzando a utilizar en el sector público, por ejemplo en ámbitos como la asistencia sanitaria, el transporte y los servicios de empleo. Aún queda por aprovechar el ingente potencial que entraña la integración de los datos abiertos y de los macrodatos, así como de los repositorios de datos públicos y privados. Habría que encauzar la legislación de la Unión Europea para permitir el aprovechamiento coherente de los macrodatos sin infringir la protección de datos de los ciudadanos;

32.

aboga por hacer del entorno de Internet en la UE el más seguro del mundo y recomienda que Europa se presente en el mercado mundial como un entorno empresarial seguro y estable, con una buena infraestructura de telecomunicaciones, como base para atraer a empresas de uso intensivo de conocimientos a la hora de invertir y ampliar sus actividades en las regiones europeas. Hay que limitar en la medida de lo posible las caídas de red, los ataques y la delincuencia, ya que perjudican la imagen de la empresa, reducen la productividad laboral y menoscaban un conocimiento de importancia vital para los negocios;

33.

propugna crear plataformas tecnológicas en Europa y aclarar la necesidad de desarrollar, junto con la actual Internet, una red de Internet más restringida por razones de ciberseguridad, todo lo cual imprimiría una ventaja competitiva a los negocios que se basan en la confianza, los servicios de computación en nube y la investigación. La Unión Europea también podría orientar a los beneficiarios de la financiación de la UE hacia estas plataformas, acelerando así el éxito comercial de las nuevas soluciones;

34.

señala que es crucial cumplir los requisitos de seguridad a todos los niveles para ofrecer unos niveles óptimos de privacidad y protección de los datos personales, evitando el rastreo no autorizado y el uso particular de cualquier tipo de información, como las preferencias de consumo, los problemas médicos, los historiales clínicos, etc. Se debe tener en cuenta la protección de la intimidad también a la hora de combinar informaciones procedentes de distintos registros para crear perfiles extremadamente detallados de una persona (8);

35.

anuncia que la digitalización — incluidos los cursos masivos abiertos en línea (MOOC en sus siglas en inglés) — está dando pie en la enseñanza superior al mismo tipo de cambio estructural que ya ha transformado, por ejemplo, el entorno empresarial de los medios de comunicación. La educación superior en Europa corre el riesgo de quedarse rezagada respecto de otras partes del mundo que están invirtiendo en estrategias basadas en las TIC para modernizar la educación. Por otra parte, los agentes locales y regionales también pueden utilizar la digitalización para modernizar el sector de la enseñanza en colaboración con las universidades. De esa forma se mejorarían las condiciones de los operadores europeos para tener éxito en un mercado educativo mundial en crecimiento, a la vez que podría proporcionar también una oportunidad para crear nuevos puestos de trabajo en el sector de la enseñanza superior. Sobre la base del principio del triángulo del conocimiento (educación, investigación e innovación), las universidades que han acogido la digitalización pueden modernizar de manera más creíble otros ámbitos de su propia región y, por lo tanto, ayudar a las empresas a crear nuevos puestos de trabajo o al sector público a desarrollar la administración electrónica y los servicios en línea;