29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/1

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Bélgica y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Bélgica para 2012-2016. El 15 de noviembre de 2013, de conformidad con el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión emitió su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Bélgica para 2014.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. También, el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

(7)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo relativo a Bélgica, realizado en aplicación del artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. Sobre la base de este análisis, la Comisión ha llegado a la conclusión de que Bélgica sigue experimentando desequilibrios macroeconómicos, que requieren supervisión y medidas estratégicas. En particular, es preciso supervisar la evolución de la competitividad exterior de las mercancías, dado que un deterioro persistente amenazaría la estabilidad macroeconómica.

(8)

El 30 de abril de 2014, Bélgica presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Estabilidad de 2014. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(9)

El objetivo de la estrategia presupuestaria señalado en el Programa de Estabilidad de 2014 es conseguir un presupuesto equilibrado en términos estructurales de aquí a 2016 y alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo el año posterior a esa fecha. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo previo a medio plazo fijado anteriormente del 0,75 % del PIB, que refleja los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero su consecución se aplaza a 2017, un año después del año establecido como objetivo en el Programa de Estabilidad del año pasado. El progreso anual previsto hacia el objetivo presupuestario a medio plazo se atiene al ajuste exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según el Programa de Estabilidad, el valor de referencia para el gasto se alcanza en líneas generales durante el período de aplicación del programa. La deuda supera los valores de referencia de Tratado del 60 % del PIB, alcanzando el 101,5 % del PIB en 2013, y debería disminuir gradualmente hasta rondar el 93 % del PIB en 2017, según el Programa de Estabilidad. En general, los objetivos del Programa de Estabilidad se atienen a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad, elaborado por un organismo independiente (la Oficina Federal de Planificación), es verosímil. Las previsiones de crecimiento difieren muy poco de las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. La senda fiscal aún no se ha traducido en medidas concretas. Las previsiones de la Comisión no evidencian ninguna mejora estructural en 2014 y, en el supuesto habitual de mantenimiento de la política económica, apuntan a un deterioro del saldo estructural en 2015. Esto pone en peligro la consecución de los objetivos y podría implicar una desviación significativa del ajuste hacia el objetivo a medio plazo en 2014‐15. Por otra parte, según las previsiones de la Comisión, Bélgica no cumplirá la normativa en materia de deuda ni en 2014 ni en 2015. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y en las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo estima que Bélgica ha logrado situar su déficit de las administraciones públicas de manera sostenible por debajo del 3 % del PIB en 2013, pero corre el peligro de desviarse considerablemente de las exigencias del componente preventivo a partir de 2014.

(10)

Bélgica ha realizado importantes progresos por lo que se refiere a la introducción de acuerdos de coordinación de carácter más estructural. Un acuerdo de cooperación sobre coordinación presupuestaria celebrado a finales de 2013 introduce una regla de equilibrio presupuestario estructural (definido con arreglo al objetivo presupuestario a medio plazo) a nivel de las administraciones públicas, como se exige en el Pacto Presupuestario. Además, formaliza la práctica de coordinación establecida: i) oficializando en mayor medida el papel del «comité consultivo» intergubernamental en el proceso y ii) explicitando aún más la función de asesoramiento del Alto Consejo de Finanzas. Además, el Acuerdo prevé un refuerzo de la función de supervisión del Alto Consejo mediante la introducción de un mecanismo de corrección explícita en caso de desviación significativa de los objetivos acordados. Puede que sea preciso alcanzar acuerdos adicionales para que los objetivos fijados para después de 2014 sean vinculantes.

(11)

Aunque Bélgica ha logrado recientemente frenar el aumento de su ratio de deuda pública, la carga de esta deuda es alta, con un 101,5 % del PIB, y a ella se suman unos pasivos sustanciales y futuras obligaciones derivadas de los compromisos en materia de pensiones. Para cubrirlas sin renunciar a un alto nivel de vida, es preciso contener la futura evolución de los costes presupuestarios; hay que aumentar las tasas de actividad y empleo; y debe mejorarse la competitividad internacional. En cada uno de estos ámbitos, Bélgica sigue enfrentándose a importantes desafíos. Aunque Bélgica ha dado pasos en la dirección correcta que tendrán sus efectos en los próximos años, tendrá que adoptar medidas más ambiciosas, máxime teniendo en cuenta que también sus socios comerciales están realizando reformas.

(12)

El nivel fiscal en Bélgica figura entre los más altos de la Unión y la presión fiscal está marcadamente orientada hacia los trabajadores, originando una de las mayores brechas fiscales de la Unión. Una serie de características específicas del sistema tributario son perjudiciales para el medio ambiente, como el tratamiento fiscal de los vehículos de empresa. Se han adoptado varias medidas específicas para disminuir los costes laborales con relación a algunos grupos específicos y reducir la brecha entre los salarios brutos y netos en la parte baja de la escala retributiva. No obstante, no se ha producido ningún cambio significativo de la presión fiscal hacia bases menos perjudiciales para el crecimiento. Se ha lanzado una primera tanda de reflexiones sobre una reforma fiscal integral que permita garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, apoyar la competitividad y el crecimiento del empleo, y preservar el medio ambiente. Esta reforma fiscal integral pasaría necesariamente por desplazar a otros ámbitos los impuestos que gravan actualmente a los trabajadores, simplificar el sistema tributario, aumentar la eficiencia del IVA, ampliar las bases imponibles, reducir los gastos tributarios, colmar los vacíos legales y eliminar gradualmente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

(13)

Bélgica se enfrenta a un impacto del envejecimiento de la población en su economía previsiblemente muy significativo, con costes relacionados con el envejecimiento que, según las previsiones, aumentarán en más del 8 % del PIB entre 2010 y 2060, en particular como consecuencia de las pensiones y la asistencia de larga duración. La reforma iniciada recientemente de las prestaciones de la Seguridad Social en favor de las personas mayores está llamada a repercutir positivamente en su nivel de empleo. Sin embargo, teniendo en cuenta la magnitud del reto, se requieren mayores esfuerzos adicionales para alcanzar la sostenibilidad presupuestaria. En particular, deberá tenerse en cuenta la necesidad de adecuar los planes de seguridad social para la tercera edad. Se precisan medidas para vincular la edad de jubilación a la evolución de la esperanza de vida, reducir la brecha entre la edad legal de jubilación y la efectiva, y mejorar la relación coste-eficacia del gasto público en asistencia de larga duración.

(14)

Bélgica se enfrenta a un infrautilización crónica de la mano de obra. Las tasas de actividad y empleo están por debajo de la media de la UE y se encuentran actualmente estancadas, mientras que el desempleo de larga duración como porcentaje del desempleo total sigue siendo elevado. En la mayoría de los casos, la gran brecha fiscal que existe en la mano de obra, combinada con el sistema de prestaciones sociales, genera importantes cifras de desempleo y trampas de inactividad para la mayoría de las categorías de trabajadores. Aunque se han adoptado medidas para reducir las trampas del desempleo para las personas con salarios bajos, la trampa se ha ampliado en el caso de otras muchas categorías, y las trampas de la inactividad siguen siendo un problema generalizado. Frente a unos costes laborales que siguen siendo elevados, las políticas de contratación tienden a minimizar el riesgo y a penalizar a los que se encuentran fuera del mercado laboral, como los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y las personas de origen inmigrante, que, junto con los trabajadores de edad avanzada, registran unas tasas de participación en el mercado de trabajo muy inferiores a la media de la UE. La fuerte protección del empleado, en virtud de la cual cambiar de trabajo supone perder una serie de derechos (como la indemnización por despido, la jubilación anticipada o los beneficios de antigüedad), desincentiva la movilidad profesional entre empleos y sectores. Esta inercia hace que las políticas activas del mercado de trabajo en Bélgica resulten relativamente ineficientes y lleva a una situación en que el elevado índice de desempleo coexiste en algunos ámbitos y sectores con la escasez de mano de obra, y, en otros, con una escasez de personal cualificado, desfavorable al crecimiento. El desempleo juvenil ha aumentado considerablemente durante el año pasado, con grandes diferencias entre regiones y grupos. Para abordar el problema estructural de la inadecuación de las cualificaciones con las necesidades del mercado de trabajo, habrá que combatir en primer lugar el problema urgente del abandono escolar temprano y de los jóvenes que abandonan los estudios sin ninguna cualificación. La sexta reforma del Estado brinda la oportunidad de mejorar la eficiencia y orientación de las políticas de empleo, siempre que se optimice la cooperación entre el nivel federal y el regional.

(15)

En Bélgica, la competitividad sigue empeorando, inclusive por lo que respecta a los factores no relacionados con el coste. En particular, la capacidad de la industria manufacturera para competir a nivel internacional está perdiendo fuerza, lo que se refleja en unos márgenes decrecientes para los productores y en la destrucción de empleo. Bélgica ha dependido tradicionalmente de la indización salarial para mantener su poder adquisitivo. Sin embargo, se han corregido tarde y de forma insuficiente los excesos en el crecimiento salarial. Por otra parte, la norma salarial central no siempre permite que la evolución de la productividad sectorial y las condiciones locales del mercado de trabajo queden convenientemente reflejadas. Por consiguiente, los salarios han crecido más rápidamente que la productividad, generando pérdidas de competitividad y de empleo. Previa consulta de los interlocutores sociales y de acuerdo con la práctica nacional, Bélgica tendría que reformar su sistema de fijación de salarios para permitir una mayor dispersión salarial por sectores y unos salarios mejor adaptados a la evolución de la productividad. Los precios en el sector minorista siguen siendo más elevados que en los países vecinos, mientras las restricciones impuestas a los servicios profesionales dificultan el desarrollo de unos modelos de negocio innovadores y limitan la inversión. Las tarifas de distribución de la electricidad siguen figurando entre las más elevadas de Europa y su prevista regionalización se suma a la incertidumbre relativa a la futura evolución de los costes de distribución que soportan los usuarios finales, dado que la actualmente congelada tarifa no cubre los costes cada vez mayores que soportan los distribuidores. Si Bélgica quiere mantener los altos salarios actuales y, al mismo tiempo, crear nuevos empleos, tendrá que producir y vender en los mercados mundiales bienes más sofisticados que los que vende actualmente, y con mayor valor añadido. Bélgica carece de empresas de rápido crecimiento en sectores innovadores. El apoyo a la innovación está muy desarrollado y cubre todo el ciclo de innovación pero se ha vuelto complejo y está fragmentado. El crecimiento de actividades de alto valor añadido se ve a menudo obstaculizado por la falta de recursos humanos cualificados.

(16)

Bélgica no alcanzará previsiblemente su objetivo de reducción del 15 % para las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores no cubiertos por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE de aquí a 2020, salvo que se apliquen algunos mecanismos de flexibilidad. Aunque se han puesto en marcha algunas iniciativas, se diría que carecen de una orientación coherente, y sigue estando poco claro el impacto combinado de las medidas destinadas a reducir las emisiones, en particular las correspondientes al sector de los transportes y al sector inmobiliario. La reducción del IVA que grava la electricidad podría socavar aún más los esfuerzos desplegados en ese sentido. Las negociaciones sobre un acuerdo de cooperación y de distribución de la carga entre el Estado federal y las regiones no se han materializado en un reparto claro del esfuerzo. La congestión vial representa una pesada carga para la economía belga, en comparación con la mayoría de los otros países. La gravedad del problema exige una respuesta política global que tenga en cuenta el potencial de unas tasas por congestión moduladas en el tiempo, revise el tratamiento fiscal favorable que recibe el uso privado de los vehículos de empresa y de las tarjetas de carburante, y aumente la eficiencia del transporte público.

(17)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bélgica, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y fiscal de Bélgica, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

(18)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Bélgica, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(19)

A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad de Bélgica. Sus recomendaciones, emitidas en virtud del artículo 6 del Reglamento no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 2, 4, y 5 que figuran a continuación.

(20)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). Como un país cuya moneda es el euro, Bélgica debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos.

1.

Reforzar, tras la corrección del déficit excesivo, las medidas presupuestarias aplicables en 2014 a la luz de la brecha emergente del 0,5 % del PIB sobre la base de las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión, que evidencian un riesgo de desviación significativa con respecto al componente preventivo de las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 2015, reforzar significativamente la estrategia presupuestaria para garantizar el ajuste necesario del 0,6 % del PIB en dirección al objetivo presupuestario a medio plazo, que también garantizaría el cumplimiento de la normativa en materia de deuda. A partir de ese momento, y hasta que se alcance el objetivo presupuestario a medio plazo, seguir aplicando el ajuste estructural anual previsto en dirección a dicho objetivo, en línea con el requisito de un ajuste estructural anual de al menos un 0,5 % del PIB, y más en buenas condiciones económicas, o, si es necesario, garantizar que se cumple la normativa en materia de deuda para imprimir una tendencia a la baja sostenida al elevado ratio de deuda pública. Garantizar una contribución equilibrada de todos los niveles de la Administración al cumplimiento de las normas presupuestarias, incluida la norma de equilibrio presupuestario estructural, mediante un instrumento vinculante que incluya un desglose explícito de objetivos en una perspectiva de planificación a medio plazo.

2.

Mejorar el equilibrio y la equidad de todo el sistema tributario y preparar una reforma fiscal integral que permita desplazar los impuestos de los trabajadores hacia unas bases más favorables al crecimiento, simplificando el sistema tributario, colmando las lagunas, aumentando la eficiencia del IVA, ampliando las bases imponibles, reduciendo los gastos tributarios y eliminando gradualmente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

3.

Limitar el futuro crecimiento del gasto público relacionado con el envejecimiento, en particular el derivado de las pensiones y la asistencia de larga duración, intensificando los esfuerzos destinados a reducir la brecha existente entre la edad legal de jubilación y la efectiva, anticipando la reducción de las posibilidades de abandono prematuro de la vida laboral, promocionando el envejecimiento activo, adaptando la edad de jubilación a los cambios registrados en la esperanza de vida, y mejorando la relación coste‐eficacia del gasto público en la asistencia de larga duración.

4.

Aumentar la participación en el mercado de trabajo, reduciendo, en particular, los factores financieros que desincentivan la actividad laboral, mejorando el acceso al mercado de trabajo por parte de los grupos desfavorecidos, como los jóvenes y las personas de origen inmigrante, fomentando la movilidad profesional y abordando los problemas de la escasez de personal cualificado y del abandono escolar prematuro. Reforzar en todo el país las asociaciones de las autoridades públicas, los servicios públicos de empleo y los centros de enseñanza cuyo objetivo es proporcionar a los jóvenes un apoyo temprano y ad hoc.

5.

Restablecer la competitividad, prosiguiendo la reforma del sistema de fijación de salarios, mediante, en particular, la indización salarial, previa consulta de los interlocutores sociales y de acuerdo con la práctica nacional, para garantizar que la evolución salarial se ajusta a la evolución de la productividad a nivel sectorial o empresarial, así como a las circunstancias económicas, y prever unas correcciones automáticas eficaces en caso necesario; reforzando la competencia en los sectores minoristas, mediante la supresión de las restricciones excesivas a que están sujetos los servicios, incluidos los servicios profesionales, y la gestión del riesgo de un ulterior aumento de los costes de distribución de la energía; y promocionando la innovación a través de planes de incentivos simplificados y la reducción de las barreras administrativas; e implementando políticas coordinadas de enseñanza y formación que aborden la escasez generalizada de personal cualificado y las disparidades regionales en materia de abandono escolar prematuro.

6.

Garantizar que se cumplen los objetivos de 2020 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades no sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión, en particular por lo que respecta a los sectores inmobiliario y de los transportes. Garantizar que la contribución del transporte se ajusta al objetivo de reducir la congestión vial. Llegar a un acuerdo con respecto a una distribución clara de los esfuerzos y cargas entre las entidades federales y regionales.

29.7.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/7

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Bulgaria y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de Bulgaria para 2012-2016.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. El 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó también el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Bulgaria como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

(7)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo sobre Bulgaria, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. Basándose en su análisis, la Comisión considera que Bulgaria sigue experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren seguimiento y medidas políticas. En particular, el ajuste previsto del mercado de trabajo exige medidas políticas, al tiempo que la corrección de la situación externa y el desapalancamiento en el sector empresarial avanzan a buen ritmo.

(8)

El 17 de abril de 2014, Bulgaria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Convergencia de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(9)

El objetivo de la estrategia presupuestaria fijada en el Programa de Convergencia de 2014 consiste en alcanzar el objetivo a medio plazo de un déficit estructural del -1 % del PIB para 2016. El objetivo a medio plazo es más ambicioso que lo que exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Bulgaria se ha beneficiado de la posibilidad de una desviación temporal del objetivo a medio plazo del 0,6 % del PIB en 2013 y del 0,1 % del PIB en 2014 permitida para los proyectos financiados conjuntamente. El Programa de Convergencia prevé un deterioro del saldo estructural (recalculado) del 0,3 % del PIB en 2014, para situarse en el -1,3 % del PIB, y una mejora del 0,3 % del PIB en 2015, para situarse en el -1,0 % del PIB, asegurando así el retorno al objetivo a medio plazo. La tasa de crecimiento del gasto público no superaría los valores de referencia para el gasto a medio plazo pertinentes en 2014-2015. Los planes presupuestarios son acordes, pues, con lo que requiere el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La ratio de deuda se sitúa muy por debajo del 60 % del PIB y, según el Programa de Convergencia, se prevé que aumente solo ligeramente para situarse en el 20,6 % del PIB al final del período del programa. El escenario macroeconómico en que se basan las proyecciones presupuestarias en el Programa de Convergencia es optimista para el período 2014-2015, con un crecimiento anual que se espera alcance el 2,1 % en 2014 y el 2,6 % en 2015, en lugar del 1,7 % en 2014 y del 2,0 % en 2015 proyectado en las previsiones de primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. Según las previsiones de la Comisión, la desviación de Bulgaria de su objetivo a medio plazo en 2014 es superior a lo permitido sobre la base de la desviación temporal permitida para los proyectos financiados conjuntamente, y el retorno requerido al objetivo a medio plazo no se alcanzaría en 2015. Basándose en su evaluación del Programa de Convergencia de 2014 y en las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que existe el riesgo de desviación del objetivo a medio plazo en 2014-2015.

(10)

El cumplimiento de las obligaciones fiscales y la calidad de la administración tributaria siguen constituyendo retos de primer orden en Bulgaria. Las estimaciones de que se dispone apuntan a una economía sumergida de gran volumen, aspecto que confirman los datos sobre el trabajo no declarado en Bulgaria. Los costes administrativos de la recaudación de ingresos y los costes de cumplimiento de las obligaciones fiscales son relativamente altos. Pese a que se han adoptado una serie de medidas para responder a estos desafíos, Bulgaria sigue adoleciendo de la falta de una verdadera estrategia de cumplimiento de las obligaciones fiscales que abarque la labor de todas las autoridades recaudadoras e incluya un análisis previo de los riesgos más importantes para la recaudación fiscal, así como una evaluación de las medidas ya emprendidas, en particular en aras de la simplificación y de la mejora de los controles.

(11)

En 2013, Bulgaria dio un paso atrás en relación con los compromisos ya asumidos en el ámbito de la reforma de las pensiones. Los regímenes de jubilación anticipada no se redujeron en la medida prevista. El incremento anual previsto de la edad legal de jubilación se retrasó. No se ha avanzado en la armonización de la edad de jubilación para hombres y mujeres ni se han dado pasos encaminados a reforzar los criterios de elegibilidad y los controles para limitar los abusos en la asignación de las pensiones de invalidez. Bulgaria tiene una de las poblaciones que envejece más rápidamente de la Unión, lo que tiene efectos negativos en el mercado de trabajo, en el potencial de crecimiento de la economía y en la financiación de su sistema de pensiones. Por consiguiente, el país necesita proseguir con la reforma de su sistema de pensiones. Se enfrenta asimismo a importantes retos en la racionalización y gestión del sector hospitalario, en particular la falta de transparencia en la financiación de los hospitales y el insuficiente desarrollo de los servicios de atención sanitaria ambulatoria. Por otro lado, la elevada tasa de pagos formales e informales que ha de efectuar directamente el paciente excluye efectivamente a determinados segmentos de la población del acceso a los servicios de asistencia sanitaria. Los indicadores sobre el estado de salud son malos en comparación con otros Estados miembros, lo que indica que en el futuro podría ser necesario un gasto público en salud estructuralmente más elevado.

(12)

En los últimos años, el funcionamiento del mercado de trabajo ha sido peor de lo esperado, limitando así la capacidad de ajuste de la economía y socavando su potencial de crecimiento. El desempleo se estabilizó en 2013, pero las tasas de desempleo juvenil y de larga duración han seguido creciendo. Bulgaria tiene uno de los porcentajes más elevados de jóvenes que ni estudian, ni trabajan ni participan en acciones de formación, lo que supone una infrautilización y un infradesarrollo graves del capital humano. Solo se han registrado avances muy limitados en el refuerzo de la capacidad de la Agencia de Empleo. Se impone asimismo la necesidad de ampliar la cobertura y la eficiencia de las políticas activas del mercado de trabajo. Bulgaria carece de medidas eficaces orientadas específicamente a los jóvenes que no están registrados, sobre todo de la etnia gitana, en consonancia con los objetivos de una garantía juvenil. Un importante porcentaje de desempleados no está cubierto por las redes de seguridad generales (prestaciones de desempleo y asistencia social), sino que dependen de la solidaridad familiar o del trabajo informal. Los búlgaros están expuestos a uno de los mayores riesgos de pobreza y exclusión social de la Unión. La existencia de umbrales mínimos para el pago de las cotizaciones a la seguridad social podrían prevenir la plena participación de las personas poco cualificadas en la economía formal. Se han llevado a cabo una serie de estudios para evaluar el posible impacto y es preciso evaluarlos y darles seguimiento con medidas apropiadas. No existen directrices claras para la fijación de un salario mínimo transparente en Bulgaria. Desde 2011 se procedió a un incremento del salario mínimo legal, lo que podría tener un efecto negativo en el empleo y debería, por tanto, ser objeto de seguimiento.

(13)

Bulgaria aún no ha adoptado la Ley de enseñanza escolar, que ofrece un marco para la puesta en práctica de las necesarias reformas globales del sistema escolar, en particular la modernización de los planes de estudio y la mejora de la formación del personal docente. Es preciso mejorar la calidad de la educación y la formación profesionales en Bulgaria e integrarla mejor en las estructuras educativas generales a fin de permitir sendas flexibles, reducir el abandono escolar y mejorar el aprendizaje a lo largo de la vida. La enseñanza superior, por su parte, se enfrenta a retos persistentes a la hora de responder mejor a las necesidades del mercado de trabajo. Los bajos niveles de certificación de la calidad contribuyen a unos resultados insatisfactorios. Se está debatiendo una nueva estrategia de enseñanza superior, que pasa por la reestructuración de la gestión de las universidades mediante la participación directa de las partes interesadas, como empresas y estudiantes, la consolidación de las universidades, y un enfoque basado en el rendimiento destinado a adaptar mejor los resultados educativos a las exigencias del mercado de trabajo. Una cuestión que plantea un reto continuo es el acceso a la educación de los niños desfavorecidos, en particular los niños de etnia gitana. La enseñanza preescolar obligatoria de dos años es una medida clave que va en la buena dirección y que debería aplicarse estrictamente, junto con medidas destinadas a prevenir el abandono escolar. Es necesario reforzar las iniciativas existentes para mejorar la formación del personal docente y reducir de facto la segregación en los centros escolares. Las normas que vinculan la prestación por hijos con la participación en la educación están en vigor, pero parece que estas medidas no han producido aún el efecto deseado.

(14)

Los esfuerzos redoblados para modernizar la administración pública han tenido una incidencia limitada debido a un enfoque fragmentado y un compromiso insuficiente en favor de reformas en profundidad. Bulgaria necesita una estrategia coordinada de reforma de la administración pública para mejorar la profesionalidad y la independencia de la administración pública y de sus agencias reguladoras, en particular un sistema de nombramientos y desarrollo de carrera para los funcionarios públicos basado en el mérito y estructuras eficaces para atajar el riesgo de corrupción. Son necesarios esfuerzos continuos para mejorar el entorno empresarial general. Entre los retos que se plantean, cabe destacar los procedimientos para la obtención de licencias y el registro de empresas. Resolver los casos de insolvencia requiere de media más de tres años y el índice de recuperación es bajo. En 2013 se adoptaron nuevas normas sobre morosidad, que han de ponerse en práctica. El desarrollo de la administración electrónica está en punto muerto y la coordinación para asegurar la interoperabilidad de los sistemas y la creación de un punto de contacto único es insuficiente, lo que limita los esfuerzos encaminados a aumentar la transparencia y reducir las cargas administrativas. En el ámbito de la contratación pública, se echa de menos un marco jurídico simple y codificado, lo que da lugar a un escenario legal y regulador complicado que genera incertidumbre para los operadores. La independencia del sistema judicial también suscita gran preocupación y afecta al entorno empresarial en Bulgaria. El país ha dado algunos pasos para atajar la corrupción, pero, en general, los progresos registrados han sido limitados y siguen siendo frágiles, requiriendo controles más coherentes y sanciones disuasorias para los conflictos de intereses. Es asimismo necesario garantizar una mejor coordinación entre las entidades responsables de la lucha contra la corrupción y blindarlas frente a influencias políticas.

(15)

La competencia en los sectores del gas y la electricidad sigue siendo limitada. Entre los ámbitos que suscitan más preocupación en lo que respecta a la mejora del funcionamiento de los mercados energéticos destaca la falta de intercambios de gas y electricidad y la ausencia de un mercado al por mayor transparente. El mercado libre de electricidad está dominado por un único proveedor y su limitado tamaño implica que la competencia no puede cumplir su función de garantizar la eficiencia de los costes. La independencia y efectividad del regulador nacional siguen siendo limitadas. La dependencia de las importaciones de un número limitado de proveedores y la falta de desarrollo de las infraestructuras genera un riesgo de cortes de suministro. Se ha propuesto un paquete global de medidas para mejorar la eficiencia energética para recibir financiación de la UE en el nuevo período de programación 2014-2020.

(16)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis global de la política económica de Bulgaria. Ha evaluado su Programa Nacional de Reformas y su Programa de Convergencia. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Bulgaria, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

(17)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(18)

A la luz de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de Bulgaria y su Programa de Convergencia. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan, en particular, en las recomendaciones 3, 4 y 5, que figuran a continuación.

1.

Reforzar las medidas presupuestarias para 2014 a la luz del déficit emergente en relación con la vertiente preventiva de las exigencias del Pacto para el Crecimiento y el Empleo. En 2015, consolidar la estrategia presupuestaria para garantizar que se alcanza el objetivo a medio plazo y se mantiene después de esa fecha. Asegurar la capacidad del nuevo consejo fiscal para cumplir su mandato. Poner en práctica una estrategia fiscal global para reforzar la recaudación de impuestos, combatir la economía sumergida y reducir los costes de cumplimiento.

2.

Adoptar una estrategia a largo plazo para el sistema de pensiones, procediendo al incremento anual de la edad legal de jubilación e implantando un mecanismo que vincule la edad legal de jubilación con la esperanza de vida a largo plazo, al tiempo que se suprimen progresivamente las opciones de jubilación anticipada y se iguala la edad legal de jubilación para hombres y mujeres. Hacer más estrictos los criterios de elegibilidad y los procedimientos para la concesión de pensiones de invalidez, por ejemplo teniendo mejor en cuenta la capacidad de trabajo restante de los solicitantes. Asegurar una prestación rentable de la asistencia sanitaria, en particular mejorando la fijación de los precios de los servicios de asistencia sanitaria, vinculando la financiación de los hospitales a los resultados, acelerando la optimización de la red hospitalaria y desarrollando la asistencia ambulatoria.

3.

Mejorar la eficiencia de la Agencia de Empleo desarrollando un sistema de control del rendimiento y orientando mejor su labor hacia los grupos vulnerables, como los trabajadores poco cualificados y los de más edad, los desempleados de larga duración y los gitanos. Mejorar la cobertura y eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo para adaptarlas a los perfiles de las personas que buscan empleo, y que incluyan también a los jóvenes no registrados que no trabajan, ni estudian ni participan en acciones de formación, en consonancia con los objetivos de una garantía juvenil. Mejorar la cobertura efectiva de las prestaciones de desempleo y de la asistencia social y sus relaciones con las medidas de activación. Avanzar en el examen exhaustivo de los umbrales mínimos de las cotizaciones a la seguridad social de modo que se garantice que el coste del sistema no excluye del mercado laboral a las personas poco cualificadas. Establecer, en consulta con los interlocutores sociales, directrices transparentes para el ajuste del salario mínimo legal, teniendo en cuenta el impacto en el empleo y la competitividad. Seguir mejorando la accesibilidad y la eficacia de los servicios sociales y las transferencias para niños y personas mayores.

4.

Adoptar la Ley de Educación Escolar y proseguir la reforma de la formación profesional y de la enseñanza superior a fin de aumentar el nivel y la pertinencia de las cualificaciones adquiridas a todos los niveles, al tiempo que se promueven asociaciones entre los centros de enseñanza y las empresas con miras a adaptar mejor los resultados a las necesidades del mercado de trabajo. Reforzar la calidad de los centros de educación y formación profesional y mejorar el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida. Redoblar los esfuerzos encaminados a mejorar el acceso a una enseñanza escolar y preescolar inclusiva y de calidad de los niños desfavorecidos, en particular los niños de etnia gitana, y aplicar estrictamente las normas que supeditan el pago de las prestaciones infantiles a la participación en la educación.

5.

Proseguir la mejora del entorno empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, reduciendo el papeleo, promoviendo la administración electrónica, racionalizando los procedimientos de insolvencia y aplicando la legislación sobre morosidad. Mejorar el sistema de contratación pública mejorando la capacidad administrativa, reforzando los controles ex ante llevados a cabo por la Agencia de Contratación Pública y dando pasos concretos hacia la puesta en práctica de la contratación electrónica. Mejorar la calidad e independencia del sistema judicial e intensificar la lucha contra la corrupción.

6.

Intensificar la reforma del sector de la energía con el fin de reforzar la competencia, la eficiencia del mercado, la transparencia y la eficiencia energética, en particular suprimiendo las barreras comerciales, reduciendo el peso del segmento regulado, redoblando los esfuerzos encaminados a la creación de un mercado al por mayor del gas y la electricidad transparente, eliminando progresivamente las cuotas, y reforzando la independencia y la capacidad administrativa del regulador de la energía. Acelerar los proyectos de interconexión con los Estados miembros y países candidatos vecinos, en particular en lo que respecta al gas, y mejorar la capacidad para hacer frente a las perturbaciones.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/12

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, adoptó una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de la República Checa y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de la República Checa para 2012-2016.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. Asimismo el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta (4), en el que no se señalaba a la República Checa como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis y modernizar la Administración pública.

(7)

El 16 de abril de 2014, la República Checa presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y el 28 de abril de 2014, su Programa de Convergencia de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(8)

El objetivo de la estrategia presupuestaria que se expone en el Programa de Convergencia de 2014 es mantener el déficit general de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del Tratado del 3 % del PIB a lo largo del periodo de vigencia del Programa. En el Programa de Convergencia se menciona el objetivo a medio plazo de - 1 % del PIB, que refleja los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si bien la estrategia presupuestaria se ajusta a lo establecido en el Pacto en 2014, no se prevé que se consiga el ajuste estructural necesario en 2015, dado que las proyecciones indican un deterioro de 0,6 puntos porcentuales del saldo estructural recalculado. Además, se calcula que el gasto público aumentará a un ritmo incompatible con el valor de referencia. Se prevé también para 2016 y 2017 una desviación del saldo estructural recalculado respecto de la senda de ajuste requerida, con unas cifras respectivas de - 1,6 % y - 1,9 % del PIB. De forma global, se espera a partir de 2015 un riesgo de desviación respecto de la senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo. Según el Programa de Convergencia, se prevé que la ratio de deuda, situada ya por debajo del valor de referencia del 60 % del PIB, disminuya temporalmente en 1,1 punto porcentual hasta situarse en un 45 % del PIB en 2014 para después aumentar al 46 % del PIB en 2015. El escenario macroeconómico en el que se sustentan las proyecciones presupuestarias del Programa de Convergencia es realista. Según el Programa de Convergencia, se espera que la economía checa crezca en un 1,7 % en 2014 y en un 2 % en 2015, frente al 2 % y el 2,4 % calculados por los servicios de la Comisión en sus previsiones de primavera de 2014. Los principales riesgos para las perspectivas presupuestarias se derivan del alto grado de incertidumbre sobre la evolución del gasto público y de un posible desembolso único correspondiente a un contrato de arrendamiento de aviones de caza previsto, cuyo impacto en términos de aumento del déficit sería del 0,5 % del PIB en 2015.

Las previsiones de la Comisión alertan de un riesgo de desviación importante respecto del objetivo a medio plazo en 2015. La diferencia con el escenario del Programa de Convergencia radica en las distintas hipótesis sobre políticas y medidas discrecionales en 2015. Partiendo de su evaluación del Programa de Convergencia y de las previsiones de la Comisión, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo opina que en 2013 se consiguió reducir el déficit de forma sostenible por debajo del 3 % del PIB conforme a la Recomendación del Consejo y que, si bien se espera alcanzar el objetivo a medio plazo en 2014, existe un riesgo de desviarse considerablemente de él a partir de 2015.

(9)

La República Checa sale de una recesión que ha durado dos años y se enfrenta ahora al reto de conseguir un crecimiento elevado y sostenible en un contexto de envejecimiento de la población. En los últimos años, la inversión pública ha dibujado una pronunciada trayectoria descendente, tendencia que ha afectado especialmente a la inversión en infraestructura. El modelo de crecimiento de la economía checa anterior a la crisis se caracterizaba por su dependencia de grandes entradas de capital extranjero y su fuerte orientación a la exportación. Habida cuenta de que el margen de recuperación basado en la acumulación de factores de producción (incluido el capital extranjero) es limitado, la reorientación de la economía hacia los factores de crecimiento internos abriría nuevas vías de aumento de la productividad. Elementos esenciales de este proceso son el fomento de la educación, la formación y la innovación y el refuerzo de las instituciones.

(10)

El Gobierno ha aprobado recientemente el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, aunque su ratificación por el Parlamento está aún pendiente. En 2011 se acometió una reforma general del marco fiscal cuya aprobación y aplicación aún son inciertas. También se ha aplazado la aprobación de la legislación pertinente para dar cumplimiento a la Directiva 2011/85/UE del Consejo (5).

(11)

En el ámbito tributario, los principales retos para la República Checa son percibir de los ingresos de manera más eficiente e implantar una estructura impositiva más propicia al crecimiento. La República Checa adoptó una serie de medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, especialmente en el sector de la imposición indirecta, pero los costes globales de cumplimiento siguen siendo demasiado altos. A este respecto, es preciso observar que aún no se han armonizado las bases impositivas (impuestos sobre la renta y cotizaciones a la seguridad social) y se ha cancelado la introducción del principio de unidad de caja prevista para 2015. No obstante, el Gobierno anunció su intención de abordar la cuestión de la armonización de las bases impositivas. No se han seguido las recomendaciones de 2013 relativas a la estructura impositiva. Los impuestos sobre el trabajo siguen siendo especialmente altos, especialmente para los perceptores de rentas bajas, debido en particular a las elevadas contribuciones a la seguridad social. Existe cierto potencial de trasferencia de la fiscalidad del trabajo a otros sectores, como el medio ambiente y los impuestos recurrentes sobre la propiedad, ambos relativamente poco gravados. Persisten importantes diferencias de impuestos y cotizaciones sociales entre empleados y autónomos, lo que produce un estrechamiento de la base impositiva y crea incentivos para la aparición de «falsos autónomos», con consecuencias injustas para los trabajadores con un contrato laboral regular.

(12)

La República Checa se enfrenta a un riesgo medio de sostenibilidad a largo plazo, principalmente debido al aumento previsto del gasto en pensiones y asistencia sanitaria. Conforme a la legislación vigente, la edad de jubilación obligatoria aumentará a largo plazo, aunque el cambio resulta demasiado lento a medio plazo. El Gobierno se propone introducir un mecanismo de revisión para ajustar la edad de jubilación a los cambios en la esperanza de vida, pero esta iniciativa no es sino una solución parcial a la brecha de sostenibilidad. Además, la reducción de la indexación de las pensiones adoptada con carácter temporal tocará a su fin en 2015, un año antes de lo previsto, sin que se haya revisado el mecanismo tipo de indexación de las pensiones (los precios más una tercera parte del aumento de los salarios reales). Las medidas de fomento de la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad han registrado avances limitados; la rentabilidad del gasto público sanitario no ha mejorado en absoluto. El sector de cuidados hospitalarios presenta un exceso de capacidad, situación que pone de manifiesto que hay margen para mejorar la gestión.

(13)

Se han dado algunos pasos iniciales para la mejora de la capacidad y la calidad de la función pública que, si bien avanzan en la dirección correcta, requerirían una evaluación de impacto. Las políticas activas de empleo siguen infrafinanciadas y no se canalizan eficazmente a las mujeres con hijos de corta edad, los jóvenes ni los trabajadores de mayor edad. A pesar de la existencia de una tasa de empleo general relativamente elevada, estos grupos siguen infrarrepresentados en el mercado de trabajo. El limitado acceso a guarderías y servicios de atención infantil a precios asequibles y el recurso relativamente bajo al trabajo a tiempo parcial obstaculiza la participación de la mujer en el mercado laboral. En 2012, la brecha salarial de género seguía siendo una de las más amplias de la Unión.

(14)

La calidad y adecuación al mercado de trabajo del sistema educativo de la República Checa siguen siendo motivo de preocupación. Se han adoptado algunas medidas para mejorar el marco de evaluación de la enseñanza obligatoria, pero la aplicación de sus conclusiones a las escuelas y los alumnos con peores resultados sigue siendo una asignatura pendiente. El atractivo de las profesiones docentes sigue presentando un reto que el Gobierno se propone abordar. El escaso índice de participación de los niños gitanos en la enseñanza infantil y primaria general sigue siendo un reto para su integración. La reforma de la enseñanza superior se ha aplazado y no se han registrado progresos en los aspectos de acreditación y financiación; solamente se han introducido pequeños cambios en los modelos de financiación de los centros de investigación. Sigue siendo fundamental crear los incentivos adecuados para que los investigadores públicos aspiren a la excelencia, aborden los retos a los que se enfrenta la sociedad y colaboren con las empresas.

(15)

Se ha iniciado el proceso de desregulación del elevado número de profesiones reguladas, aunque a un ritmo lento e incapaz de generar los rápidos beneficios que se derivarían del aumento de la competencia en el sector de servicios. La República Checa ha adoptado algunas medidas iniciales para aumentar la eficiencia energética, entre las que destacan los incentivos a la financiación pública en apoyo del sector de la construcción. El potencial de ahorro de energía sigue siendo considerable y la adopción de medidas más ambiciosas contribuiría a reducir la dependencia energética.

(16)

La calidad y la eficiencia de la Administración pública siguen siendo un punto espinoso con repercusiones económicas negativas. Aún no se ha aprobado la largamente esperada Ley de la Función Pública, pese a ser una de las máximas prioridades del Gobierno. Los avances en la lucha contra la corrupción siguen siendo limitados; aún no se han aprobado algunos de los actos legislativos clave de la estrategia anticorrupción 2013-2014. Todavía no se dispone de una visión clara a largo plazo sobre la forma de abordar esta cuestión de enorme importancia para el desarrollo económico y social. La ejecución de los contratos públicos en los niveles local y regional sufre retrasos innecesarios; las nuevas normas de contratación pública suponen un retroceso dado que eliminan algunas de las garantías de transparencia. Se han registrado progresos limitados en la mejora de la ejecución de los fondos de la UE, pero es preciso redoblar los esfuerzos, como indican los elevados porcentajes de error señalados por la autoridad de auditoría para varios de los programas al final de 2013.

(17)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la República Checa y ha evaluado su Programa Nacional de Reformas y su Programa de Convergencia. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de la República Checa, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.

(18)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

1.

Tras la corrección del déficit excesivo, mantener una situación fiscal sólida en 2014. Apuntalar fuertemente la estrategia presupuestaria en 2015 para garantizar la consecución y el posterior mantenimiento del objetivo a medio plazo. Otorgar prioridad al gasto que estimule la recuperación y aumente las perspectivas de crecimiento. Adoptar y aplicar medidas para consolidar el marco fiscal y, concretamente, crear una institución fiscal independiente que supervise las políticas fiscales, introducir normas fiscales para los gobiernos locales y regionales y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

2.

Mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con especial énfasis en el IVA, y reducir los costes de la recaudación y el pago de impuestos, simplificando el sistema tributario y armonizando las bases imponibles de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y las contribuciones a la seguridad social y el seguro de enfermedad. Reducir el alto nivel de imposición sobre el trabajo, especialmente en lo que respecta a los trabajadores con rentas bajas. Trasladar los impuestos a sectores donde resulten menos perjudiciales para el crecimiento, como los impuestos recurrentes sobre la propiedad inmobiliaria y los impuestos medioambientales. Seguir reduciendo las diferencias de tratamiento fiscal entre empleados y autónomos.

3.

Asegurar la sostenibilidad a largo plazo del régimen de pensiones público, acelerando el aumento de la edad de jubilación obligatoria y a continunación vinculándolo más claramente con la esperanza de vida. Fomentar la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad y revisar el mecanismo de indexación de las pensiones. Adoptar medidas que conduzcan a una mejora significativa de la rentabilidad y la gobernanza del sector sanitario, especialmente en lo que respecta a los cuidados hospitalarios.

4.

Reforzar la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos de empleo mediante un sistema de medición del rendimiento profesional. Incrementar la participación de los jóvenes desempleados en los servicios individualizados. Aumentar considerablemente la disponibilidad de guarderías y servicios de atención infantil de calidad y a precios asequibles, especialmente para los niños de cero a tres años.

5.

Asegurar que la acreditación, la gobernanza y la financiación de la enseñanza superior contribuyan a mejorar su calidad y adecuación al mercado de trabajo. Acelerar el desarrollo y la introducción de una nueva metodología de evaluación de la investigación y asignar los fondos con miras a aumentar el porcentaje de financiación basada en el rendimiento de los centros de investigación. En el ámbito de la enseñanza obligatoria, aumentar el atractivo de la profesión docente, aplicar un marco general de evaluación y prestar apoyo a los centros y los alumnos con resultados deficientes. Aumentar la función integradora de la educación, en particular fomentando la participación de alumnos con desventajas sociales y de gitanos, especialmente en la educación de la primera infancia.

6.

Acelerar la reforma de las profesiones reguladas, partiendo de la eliminación de requisitos injustificados y desproporcionados. Redoblar los esfuerzos por mejorar la eficiencia energética en la economía.

7.

En 2014, adoptar y aplicar una Ley de la Función Pública que garantice la estabilidad, eficiencia y eficacia de la Administración pública. Acelerar e intensificar considerablemente la lucha contra la corrupción, aplicando las medidas legislativas de la estrategia anticorrupción 2013-2014 pendientes y desarrollando planes para el periodo posterior. Seguir mejorando la gestión de los fondos de la UE mediante la simplificación de las estructuras de ejecución, el aumento de la capacidad y la solución de los conflictos de interés. Aumentar la transparencia en la contratación pública y mejorar la aplicación de las licitaciones públicas, ofreciendo la supervisión y el asesoramiento adecuados.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/17

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Dinamarca y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de Dinamarca para 2013-2016.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2013 para la coordinación de las políticas económicas. También el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Dinamarca como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración Pública.

(7)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo sobre Dinamarca, en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. Basándose en su análisis, la Comisión concluye que los retos macroeconómicos de Dinamarca relacionados con la deuda privada y la competitividad exterior han dejado de ser identificadas como desequilibrios en el sentido del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. En particular, el ajuste en el mercado de la vivienda y las implicaciones del elevado endeudamiento del sector privado en la economía real y la estabilidad del sector financiero parecen moderados. Sin embargo, esta evolución, así como los motores de la competitividad exterior, requieren un seguimiento continuo.

(8)

El 15 de abril de 2014, Dinamarca presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Convergencia de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(9)

El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Convergencia de 2014 es garantizar la sostenibilidad de la corrección del déficit excesivo y mantener el saldo presupuestario estructural en el nivel o por encima del objetivo a medio plazo. El objetivo a medio plazo —el -0,5 % del PIB— refleja las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El déficit público general de Dinamarca se redujo de forma sostenible por debajo del 3 % del PIB en 2013. El Programa de Convergencia se fija como meta un déficit público general del 1,3 % del PIB en 2014 y del 2,9 % en 2015, lo que es coherente con un saldo estructural (recalculado) en el nivel o por encima del objetivo a medio plazo. En general, la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Convergencia está en consonancia con las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El nivel de endeudamiento, que se situó en el 44,5 % del PIB en 2013, debería aumentar temporalmente en 2015, para disminuir después de esa fecha. El escenario macroeconómico en que se basan las proyecciones presupuestarias del programa es verosímil. Este escenario prevé un crecimiento del PIB del 1,6 % en 2014 y del 1,9 % en 2015, y está en consonancia, en general, con las previsiones de primavera de los servicios de la Comisión de 2014 del 1,5 % y el 1,9 %. Partiendo de la evaluación del Programa de Convergencia de 2014 y de las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que las finanzas públicas de Dinamarca están saneadas y que cabe esperar que se alcance el objetivo del Programa de Convergencia.

(10)

Dinamarca ha realizado algunos progresos en el tratamiento de la situación de los grupos en los márgenes del mercado laboral y de la rentabilidad del sistema educativo. La reforma de las pensiones de invalidez y de los empleos flexibles ha comenzado a dar resultados, la reforma de las prestaciones en metálico ha entrado en vigor, se ha acordado una reforma de las prestaciones por enfermedad y el Gobierno presentó en abril una propuesta de reforma de las políticas activas del mercado de trabajo. Quedan retos pendientes a fin de garantizar un número suficiente de plazas de prácticas y mejorar la calidad y la imagen de este tipo de aprendizaje, modernizar los sistemas de educación y formación profesionales y abordar los elevados índices de abandono escolar. Debido a la temprana fase de aplicación de las reformas, el efecto total sigue estando por ver. En lo que respecta a la educación y la formación profesionales, en febrero de 2014 se alcanzó un acuerdo de reforma, que se espera entre en vigor a mediados de 2015, con miras a mejorar la calidad de la educación y la formación profesionales gracias a un amplio catálogo de iniciativas.

(11)

La revitalización de la productividad sigue siendo un reto pendiente para la economía danesa. La evaluación de la Comisión está en consonancia en líneas generales con las conclusiones de la comisión de productividad. En abril de 2014, la comisión de productividad publicó veinticinco recomendaciones principales y más de cien propuestas concretas en ámbitos como la competencia, la contratación pública, la educación, la internacionalización, la innovación, la fiscalidad y las infraestructuras. Es preciso adoptar medidas para dar respuesta al reto del reducido crecimiento de la productividad mediante la aplicación de las recomendaciones de la comisión de productividad.

(12)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Dinamarca, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Dinamarca, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

(13)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de Dinamarca y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

1.

Tras la corrección del déficit excesivo, proseguir una política presupuestaria que favorezca al crecimiento y mantener una situación presupuestaria saneada, asegurando que se siga persiguiendo el objetivo presupuestario a medio plazo durante todo el período cubierto por el Programa de Convergencia.

2.

Adoptar nuevas medidas para mejorar la empleabilidad de las personas que se encuentran en los márgenes del mercado de trabajo. Mejorar los resultados educativos, en particular para los jóvenes de origen inmigrante, y la eficacia de la formación profesional. Facilitar la transición entre la educación y el mercado de trabajo, en particular mediante una utilización más amplia de la formación en el trabajo y las prácticas.

3.

Redoblar esfuerzos para eliminar las barreras a la entrada y reducir la carga regulatoria con el fin de aumentar la competencia en el sector de los servicios, en especial en la venta al por menor y la construcción, según lo recomendado por la comisión de productividad.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/20

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros (3) y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse en los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de Alemania para 2013 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado para 2012-2017. En virtud del Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), el 15 de noviembre de 2013 la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de presupuesto de Alemania para 2014.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. Asimismo, el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Alemania como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

(7)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo de Alemania, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. El análisis de la Comisión concluye que Alemania está experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren un seguimiento y la adopción de medidas. En particular, la balanza por cuenta corriente ha registrado un superávit muy elevado, reflejo de los efectos positivos de una fuerte competitividad, con una gran cantidad de ahorro invertido en el extranjero. También es un indicio de que el crecimiento económico ha seguido siendo moderado y que quizás los recursos económicos no se han asignado eficientemente. Aunque el superávit por cuenta corriente no plantea riesgos similares al gran déficit, la magnitud y la persistencia de dicho superávit merece una atención especial. La necesidad de adoptar medidas para reducir el riesgo de efectos adversos en el funcionamiento de la economía nacional y en la zona del euro es especialmente importante teniendo en cuenta el tamaño de la economía alemana.

(8)

El 14 de abril de 2014, Alemania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y, el 8 de abril de 2014, su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(9)

El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad de 2014 es garantizar la prosecución del objetivo a medio plazo. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo a medio plazo del -0,5 % del PIB, lo que se ajusta a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según el Programa de Estabilidad, el saldo estructural (recalculado) seguirá siendo positivo en 2014 y posteriormente, y se prevé que la deuda bruta descienda al 76 % del PIB en 2014 y que se mantenga en una senda descendente a partir de entonces. Por tanto, la estrategia presupuestaria presentada en el Programa se ajusta a las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias contenidas en el Programa, que no ha sido aprobado oficialmente por un organismo independiente, es verosímil, ya que es conforme en líneas generales con las previsiones de los servicios de la Comisión de la primavera de 2014. Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad así como de las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que la hacienda pública alemana sigue estando saneada, ya que el objetivo a medio plazo está previsto que siga manteniéndose y la norma relativa a la deuda está siendo respetada.

(10)

Alemania ha progresado de forma limitada en la mejora de la relación coste-eficacia del gasto público en asistencia sanitaria y cuidados de larga duración, si bien ha anunciado nuevas iniciativas. Aunque su objetivo es mejorar la relación coste-eficacia de la asistencia sanitaria, estos planes podrían no ser suficientes para contener los futuros incrementos de costes previstos. La recientemente aprobada reforma de las pensiones pretende mejorar las condiciones de la jubilación anticipada (Rente mit 63) y los niveles de pensión para determinados grupos, incluyendo un complemento de pensión para las personas que criaron niños nacidos antes de 1992 (Mütterrente). La reforma es un nuevo factor que dificulta la viabilidad del sistema público de pensiones y se prevé que sea financiada incrementando el porcentaje de contribución a la pensión, con implicaciones negativas para la renta disponible de los trabajadores en activo. La reforma también podría tener un impacto negativo en la aceptación de pensiones complementarias del segundo y tercer pilares. Alemania ha avanzado poco en el incremento del gasto en educación, aunque sí algo más en lo relativo a un mayor gasto en investigación. Parece necesario redoblar los esfuerzos a todos los niveles de gobierno para cumplir el objetivo del total del gasto público y privado en educación e investigación del 10 % del PIB de aquí a 2015, e incluso deberían plantearse objetivos de seguimiento más ambiciosos con el fin de acercarse a las economías más innovadoras. La inversión en infraestructuras en Alemania ha aumentado en los últimos años y existen planes para reforzarla, pero parecen necesarios esfuerzos adicionales.

(11)

Alemania ha realizado avances limitados en la mejora de la eficiencia del sistema fiscal y en orientarlo a favorecer el crecimiento y reducir la elevada presión fiscal sobre el trabajo. No se prevén medidas importantes para un desplazamiento hacia fuentes de ingresos más favorables al crecimiento. La aplicación del tipo reducido del IVA (actualmente el 7 %) podría restringirse y la base de dicho impuesto, ampliarse. Los ingresos más bien bajos procedentes de los impuestos permanentes sobre bienes inmuebles sugieren que existe margen para incrementos y que la distribución de la carga fiscal podría ser más justa si la base imponible del impuesto municipal sobre bienes inmuebles (Grundsteuer) se reevaluase. Las condiciones para invertir en Alemania podrían mejorarse reformando el impuesto municipal sobre actividades económicas (Gewebesteuer), reduciendo las cargas administrativas relacionadas con la recaudación de impuestos y corrigiendo el sesgo actualmente existente en la fiscalidad de las empresas en favor de la financiación a través de endeudamiento.

(12)

El marco presupuestario se ha visto completado por una regla de equilibrio presupuestario nacional y el establecimiento de un consejo consultivo independiente. Sin embargo, todavía parecen necesarias normas específicas para la aplicación de dicha regla («freno al endeudamiento») en varios Estados federados a fin de garantizar su aplicación efectiva en el ciclo presupuestario anual. La revisión de las relaciones fiscales entre la Federación, los Estados federados y los municipios debería servir para reforzar la responsabilidad fiscal y la obligación de rendir cuentas.

(13)

Los salarios han aumentado en los últimos años tras un prolongado período de moderación salarial, pero en 2013 el crecimiento de los salarios reales fue más moderado que en 2012. Alemania tiene intención de introducir un salario mínimo general de 8,50 EUR por hora en 2015, con pleno efecto a partir de 2017. La introducción de este salario mínimo, cuyo objeto es garantizar unos ingresos mínimos adecuados a los trabajadores, requiere un estricto control de sus repercusiones, sobre todo en el empleo. Los esfuerzos para reducir la elevada distorsión fiscal han sido limitados, en particular para los trabajadores con salarios más bajos. La reforma de las pensiones ya adoptada y los planes de reforma en curso en el ámbito de los cuidados de larga duración, que implican un incremento de los tipos de cotización a la seguridad social, podrían aumentar de nuevo la distorsión fiscal. Alemania ha realizado progresos en el aumento del nivel de formación de las personas desfavorecidas, pero la relación entre los resultados educativos y el origen socioeconómico siguen siendo sólidos y persisten durante la vida laboral. A pesar de ciertos avances relativos a medidas de activación e incorporación apropiadas, el desempleo de larga duración sigue siendo un problema que indica la necesidad de medidas de integración adicionales. Se han logrado escasos avances en la adopción de medidas para facilitar la transición desde los «miniempleos» a formas de empleo que conlleven unas plenas cotizaciones obligatorias a la seguridad social. No se ha avanzado en la reducción de los desincentivos fiscales al trabajo para la segunda persona que contribuye a los ingresos familiares. Alemania ha avanzado en la mejora de la disponibilidad de guarderías y de educación preescolar a tiempo completo, así como en la ampliación de los establecimientos escolares de jornada completa. Al mismo tiempo, tanto las guarderías como las escuelas de jornada completa todavía están sujetas a problemas de calidad y a disparidades regionales.

(14)

La propuesta del Gobierno para revisar la Ley de Energías Renovables pretende frenar el aumento del coste de la energía, distribuir los costes más homogéneamente entre los consumidores, controlar la expansión de las energías renovables y promover la integración del mercado. La aplicación de la reforma debe ser objeto de un seguimiento cuidadoso con respecto a su impacto en la relación coste-eficacia del régimen de ayuda. Son necesarios esfuerzos adicionales por lo que se refiere a la expansión de la red y la coordinación con los países vecinos.

(15)

La acción política para seguir estimulando la competencia en los sectores de servicios ha sido limitada, a pesar de reformas aisladas en determinadas profesiones y regiones, por ejemplo en lo que respecta a las autorizaciones y las comunicaciones comerciales en el sector de la construcción. Mientras que el crecimiento de la productividad puede ser estructuralmente inferior en el sector de servicios que en la industria, resulta particularmente bajo en algunos sectores de servicios, como los servicios profesionales. Todavía existen barreras a la entrada en el mercado y la prestación de servicios profesionales, como las restricciones sobre la forma jurídica y los accionistas, y los requisitos sobre cualificaciones profesionales. La diversidad de las normativas para los servicios profesionales en los distintos Estados federados sugiere que existe margen para identificar los planteamientos reglamentarios menos gravosos y ampliarlos a todo el país. El valor de los contratos publicados por las autoridades alemanas de conformidad con la legislación de contratación pública de la UE sigue siendo el más bajo de toda la Unión. Una amplia transición a un mercado transparente de contratación pública electrónica podría aumentar la competencia. En el sector minorista, la normativa en materia de planificación en determinados Estados federados sigue obstaculizando significativamente la entrada de nuevos participantes en el mercado. Los progresos en la mejora de la competencia en los mercados ferroviarios han sido limitados.

(16)

Alemania ha avanzado poco en la adopción de medidas para consolidar el sector bancario, en particular mejorando el marco de gobernanza. Las decisiones sobre ayudas estatales de la Comisión han impulsado en gran medida la reestructuración de los Landesbanken en los últimos años y el sector sigue estando fragmentado. Se precisan nuevos esfuerzos para abordar los obstáculos estructurales y de gobernanza que impiden una consolidación impulsada por el mercado, lo que también aumentaría la eficiencia del sector financiero. La revisión del marco jurídico del segundo pilar bancario podría seguir apoyando la consolidación en el sector bancario público.

(17)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Alemania, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Alemania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

(18)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(19)

A la luz de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

(20)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido unas recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). Como Estado cuya moneda es el euro, Alemania debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones en los plazos previstos.

1.

Aplicar una política fiscal compatible con el crecimiento y mantener una situación presupuestaria saneada, asegurando que el objetivo presupuestario a medio plazo sigue siendo perseguido durante todo el período cubierto por el Programa de Estabilidad y que el ratio de deuda pública se mantenga en una senda descendente sostenida. En particular, utilizar el margen de que se dispone para un gasto público en infraestructuras, educación e investigación mayor y más eficiente. Mejorar la eficiencia del sistema tributario, en particular ampliando la base imponible, especialmente en lo que atañe al consumo, reevaluando la base imponible del impuesto municipal sobre bienes inmuebles, mejorando la administración tributaria y revisando el impuesto municipal aplicable al comercio, con vistas también a fomentar la inversión privada. Hacer esfuerzos adicionales para aumentar la relación coste-eficacia del gasto público en asistencia sanitaria y cuidados de larga duración. Garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas mediante: i) cambios en la financiación de los nuevos beneficios no relacionados con seguros o extraordinarios (Mütterrente), pasando a financiarlos con impuestos, también con el fin de evitar nuevos incrementos de las contribuciones a la seguridad social, ii) el incremento de los incentivos para posponer la jubilación, iii) el incremento de la cobertura en los sistemas de pensiones del segundo y tercer pilares. Completar la aplicación coherente del «freno del endeudamiento» en todos los Estados federados, garantizando unos procedimientos de control y mecanismos de corrección oportunos y adecuados. Mejorar el diseño de las relaciones fiscales entre la Federación, los Estados federados y los municipios, también con objeto de garantizar una adecuada inversión pública en todos los niveles de gobierno.

2.

Mejorar las condiciones que impulsen la demanda interna, entre otras cosas reduciendo los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social, especialmente para los trabajadores con salarios bajos. Al aplicar el salario mínimo general, controlar su impacto negativo sobre el empleo. Mejorar la empleabilidad de los trabajadores reforzando el nivel de formación de las personas desfavorecidas y aplicando medidas más ambiciosas de activación e integración en el mercado laboral, especialmente para los desempleados de larga duración. Adoptar medidas para reducir los desincentivos fiscales al trabajo, en particular para las personas que representan la segunda fuente de ingresos familiares, y facilitar la transición desde los «miniempleos» a formas de empleo sujetas a las cotizaciones obligatorias a la seguridad social. Abordar las carencias regionales en materia de infraestructuras de guarderías y escuelas de jornada completa, pero mejorando al mismo tiempo su calidad educativa general.

3.

Reducir al mínimo los costes generales de transformación del sistema energético. En particular, seguir el impacto de la reforma de la Ley de Energías Renovables sobre la relación coste-eficacia del sistema de apoyo a las energías renovables. Intensificar los esfuerzos para acelerar la expansión nacional y transfronteriza de las redes de electricidad y gas. Impulsar una estrecha coordinación de la política energética con los países vecinos.

4.

Tomar medidas más ambiciosas para seguir estimulando la competencia en el sector de los servicios, incluidos determinados servicios profesionales y de negocios, también mediante la revisión de los enfoques reglamentarios actuales y la convergencia hacia las mejores prácticas en todos los Estados federados. Identificar las razones que explican el escaso valor de los contratos públicos abiertos a contratación pública con arreglo a la legislación de la UE. Redoblar los esfuerzos para suprimir las normativas de planificación injustificadas que restringen la incorporación de nuevas empresas al sector minorista. Tomar medidas para eliminar las restantes barreras a la competencia en los mercados ferroviarios. Proseguir los esfuerzos en materia de consolidación del sector de los Landesbanken, incluida la mejora del marco de gobernanza.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/25

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse en los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reformas de Estonia para 2013 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Estonia para 2012-2017. El 15 de noviembre de 2013, en virtud del Reglamento (UE) no 473/2013 (4) del Parlamento Europeo y del Consejo, la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Estonia para 2014.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. Asimismo, el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Estonia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

(7)

El 8 de mayo de 2014, Estonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y, el 29 de abril de 2014, su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(8)

El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad de 2014 es alcanzar los objetivos a medio plazo mantenidos a lo largo de todo el Programa y acumular suficientes reservas presupuestarias para épocas económicas difíciles. El Programa de Estabilidad confirma el anterior objetivo a medio plazo de un superávit estructural más estricto del requerido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se prevé que el saldo estructural recalculado de Estonia empeore en 0,1 puntos porcentuales del PIB en 2014, lo que se aparta de la senda de ajuste requerida, antes de mejorar en 0,4 puntos porcentuales en 2015 y de mantenerse en un nivel cercano al equilibrio en el período 2016-2017. Por otra parte, el Programa de Estabilidad apunta a un riesgo de desviación con respecto al índice de referencia del gasto en 2014 y a un riesgo de desviación significativa en 2015. En general, la trayectoria de ajuste prevista de cara al objetivo a medio plazo presenta riesgos en relación con el cumplimiento de los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(9)

El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias contenidas en el Programa de Estabilidad, que no ha sido aprobado por una entidad independiente, es verosímil y, en general, está línea con las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. Según estas previsiones, se prevé un deterioro del déficit estructural del 0,1 % del PIB en 2014, lo que llevaría a una diferencia del 0,3 % con respecto al ajuste requerido y a una significativa desviación en comparación si se considera un período de dos años. Para 2015, la Comisión prevé otro deterioro del 0,2 % del PIB en el equilibrio estructural, lo que se aparta significativamente del ajuste exigido para lograr el objetivo a medio plazo. También se espera una importante desviación con respecto al índice de referencia del gasto en el período 2014-2015. Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad de 2014 y de las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que existe un riesgo de que se produzca una desviación significativa respecto del objetivo a medio plazo en 2014 y 2015. La norma sobre el saldo estructural para ajustarse a lo establecido en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza entró en vigor mediante la nueva Ley de Presupuestos del Estado de Estonia el 23 de marzo de 2014, pero todavía tiene que ser complementada con un fortalecimiento del carácter vinculante de los objetivos plurianuales de gasto.

(10)

Por lo que se refiere al mercado laboral, se han realizado avances sustanciales para reducir el desempleo juvenil y de larga duración. Debe prestarse especial atención a medidas que incentiven la ocupación de trabajadores con ingresos bajos. Son necesarios esfuerzos adicionales para solucionar la creciente escasez de mano de obra, debida, entre otras causas, al envejecimiento y al abandono del mercado laboral por motivos de salud e incapacidad. La adopción y aplicación oportunas de la Reforma de la Capacidad Laboral, al tiempo que garantiza la disponibilidad de servicios de capacitación es, por lo tanto, sumamente importante. La relación coste-eficacia de la política de apoyo a las familias podría mejorarse, entre otras cosas, facilitando el acceso a las guarderías. Se espera así fomentar un rápido retorno de las mujeres al mercado laboral y reducir la persistencia de la gran diferencia salarial entre hombres y mujeres. Deben redoblarse los esfuerzos para fomentar el espíritu emprendedor y la creación de puestos de trabajo fuera de las regiones de Tallin y Tartu para evitar el aumento de las diferencias de desarrollo económico y reducir el desempleo, especialmente entre las personas menos cualificadas.

(11)

En el ámbito de la educación y la formación, deben aplicarse las reformas recientemente adoptadas para adaptar la educación a las necesidades del mercado laboral. Será necesario redoblar los esfuerzos para facilitar la transición de la educación al empleo. Deberán realizarse esfuerzos sistemáticos, en particular con la participación de los interlocutores sociales, para incrementar la participación en la educación y formación profesionales, así como en el aprendizaje en el lugar de trabajo, especialmente los contratos de aprendizaje. La aplicación de la estrategia de aprendizaje permanente requerirá importantes esfuerzos para la necesaria reconversión y la mejora de las capacidades y los niveles de cualificación, en particular para las personas en una posición débil en el mercado laboral. Existe un marco de especialización inteligente que incluye la Estrategia de Emprendimiento y Crecimiento y la Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación, centrándose en las prioridades compartidas, aunque al mismo tiempo con una mayor especialización de los ámbitos temáticos. Dada la pequeña escala de la economía, deben mantenerse los esfuerzos de internacionalización y la priorización de las actividades de investigación y desarrollo y del sistema de innovación.

(12)

La intensidad de uso de los recursos en Estonia sigue siendo muy elevada. Se ha avanzado en el campo de la eficiencia energética de los edificios públicos, pero deben mantenerse e incrementarse los esfuerzos, en particular en los sectores residencial e industrial. Se han hecho progresos sustanciales con respecto a la gestión de los residuos y los vertederos, aunque debe asegurarse la viabilidad económica del reciclado. Deben aplicarse las medidas previstas en el Plan de Desarrollo del Transporte, en particular para que Estonia pueda contener las emisiones de CO2 en los sectores no cubiertos por el RCCDE. La eficiencia energética del transporte de mercancías puede mejorarse gracias al despliegue de medios de transporte más sostenibles. El uso del transporte público puede incrementarse mejorando la complementariedad de las redes regionales y las conexiones entre los autobuses y el ferrocarril. Está aumentando la utilización de vehículos privados, aunque la edad media de la flota de automóviles casi duplica la de la UE y los turismos nuevos se encuentran entre los más contaminantes de la Unión. Es preciso reforzar sustancialmente los incentivos medioambientales, incluida la fiscalidad. Aunque se han dado prometedores pasos en las conexiones energéticas transfronterizas, la plena conexión de Estonia con el mercado de la energía de la Unión requerirá tiempo e inversiones.

(13)

La ampliación de las diferencias regionales, combinada con una evolución demográfica negativa, ineficiencias y la falta de cooperación entre los gobiernos locales dificultan el potencial de desarrollo de Estonia. Esto refleja en parte el persistente desfase entre capacidad presupuestaria y competencias en los municipios pequeños, así como las limitadas economías de escala. Una prestación más eficaz y accesible de servicios públicos de calidad de ámbito local, basada en zonas de servicios y normas sobre servicios mínimos, especialmente en materia de transportes, asistencia de larga duración, educación preescolar y servicios sociales, es un requisito previo para que las medidas de activación y las relativas al mercado de trabajo sean efectivas.

(14)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis general de la política económica de Estonia, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Estonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

(15)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la Recomendación 1 que figura a continuación.

(16)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis de la política económica de la zona del euro en su conjunto, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). Estonia debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones en los plazos previstos.

1.

Reforzar las medidas presupuestarias para 2014 a la luz del creciente déficit del 0,3 % del PIB sobre la base de las previsiones de primavera de 2014 de los servicios de la Comisión, lo que es indicio de una desviación significativa con respecto al componente preventivo de las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 2015, reforzar significativamente la estrategia presupuestaria para garantizar que se alcance el objetivo a medio plazo y se mantenga después de esa fecha. Complementar la norma presupuestaria con normas más vinculantes en materia de gastos plurianuales dentro del marco presupuestario a medio plazo y seguir mejorando la eficiencia del gasto público.

2.

Incentivar mejor el trabajo a través de medidas dirigidas a personas con bajos ingresos. Centrar los esfuerzos de activación mediante la adopción y la aplicación oportunas de la reforma de la capacidad laboral. Aumentar la eficiencia y la rentabilidad de la política familiar, pero mejorando al mismo tiempo la disponibilidad y accesibilidad de servicios de guardería. Aplicar medidas coordinadas para fomentar el desarrollo económico y el espíritu empresarial en las regiones con fuerte desempleo.

3.

Garantizar la adecuación de los sistemas de educación y formación al mercado laboral, mejorar las competencias y los niveles de cualificación, ampliando las medidas de aprendizaje permanente, y aumentar sistemáticamente la participación en la educación y formación profesionales, incluida la formación de aprendices. Intensificar la fijación de prioridades y la especialización en los sistemas de investigación e innovación y mejorar la cooperación entre empresas, centros de enseñanza superior e institutos de investigación para contribuir a la competitividad internacional.

4.

Intensificar los esfuerzos para mejorar la eficiencia energética, en particular en los edificios industriales y residenciales. Reforzar sustancialmente los incentivos medioambientales para que el sector del transporte contribuya a una movilidad que consuma menos recursos. Continuar el desarrollo de las conexiones transfronterizas de energía con los Estados miembros vecinos a efectos de diversificar las fuentes de suministro y fomentar la competencia a través de una mejor integración de los mercados bálticos de la energía.

5.

Equilibrar mejor los ingresos de las administraciones locales con las competencias que se les han transferido. Aumentar la eficiencia de las administraciones locales y asegurar la prestación de servicios públicos locales de calidad, especialmente los servicios sociales que complementan las medidas de activación.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/29

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

Irlanda fue sometida a un programa de ajuste macroeconómico hasta diciembre de 2013, por lo que, con arreglo al artículo 12 del Reglamento (UE) no 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), quedó exenta, durante el período de vigencia del mismo, de la supervisión y la evaluación del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas. Teniendo en cuenta que ha completado con éxito su programa de ajuste macroeconómico, es conveniente integrar plenamente a Irlanda en el marco del Semestre Europeo.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. También el 13 de noviembre de 2013, La Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, el Informe sobre el Mecanismo de Alerta.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

(7)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados del examen exhaustivo relativo a Irlanda, con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011, teniendo en cuenta la compleción fructuosa del programa de ajuste económico para ese país y la conveniencia, por tanto, de integrarlo plenamente en el marco del Semestre Europeo. Del análisis de la Comisión cabe concluir que la reciente consecución del programa de ajuste macroeconómico irlandés ha contribuido a sortear los riesgos económicos y reducir los desequilibrios. Ahora bien, los desequilibrios macroeconómicos persistentes requieren un seguimiento específico y medidas resueltas. En particular, la evaluación del sector financiero, el endeudamiento de los sectores público y privado y el alto nivel de pasivos externos brutos y netos asociados, así como la situación del mercado laboral, implican que siguen existiendo riesgos.

(8)

El 17 de abril de 2014, Irlanda presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y el 29 de abril de 2014 su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(9)

Los principales objetivos de la estrategia presupuestaria que figuran en el Programa de Estabilidad de 2014 son corregir el déficit excesivo de aquí a 2015 y alcanzar el objetivo a medio plazo de aquí a 2018. El Programa de Estabilidad tiene como objetivo lograr un déficit por debajo del 3 % del PIB en 2015, en consonancia con la recomendación del procedimiento de déficit excesivo. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo a medio plazo de un presupuesto equilibrado en términos estructurales, en consonancia con las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Después de 2015, el Programa de Estabilidad establece una reducción del déficit presupuestario global de 1 punto porcentual del PIB anual en el período 2016-2018. Su objetivo es reducir la deuda, de cerca del 124 % del PIB en 2013 al 107 % en 2018. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias contenidas en el Programa de Estabilidad, que fueron aprobadas «en el marco de una serie de de proyecciones adecuadas» por un organismo independiente (el Irish Fiscal Advisory Council — consejo consultivo presupuestario irlandés), se ajusta en líneas generales a las previsiones de la Comisión para 2014 y 2015, con algunas diferencias en las contribuciones de los componentes de la demanda. No obstante, las previsiones de las autoridades para los años posteriores del Programa de Estabilidad son optimistas. Por otra parte, la consecución de los objetivos presupuestarios no está respaldada por medidas suficientemente detalladas para 2015. Como consecuencia de ello, la previsión de déficit de la Comisión para 2015 es superior al objetivo recomendado por el Consejo. Basándose en la evaluación del Programa de Estabilidad y en las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que los objetivos del Programa de Estabilidad se ajustan a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, si bien han de ser apoyados por medidas concretas a partir de 2015. Se han dado importantes pasos para mejorar aspectos importantes del marco presupuestario irlandés y la calidad y puntualidad del suministro de datos. La normativa actual relativa a los techos de gasto a medio plazo permite al Gobierno introducir cambios discrecionales que no se limitan a contingencias predefinidas.

(10)

Las reformas fiscales han contribuido al ajuste presupuestario, pero aún queda margen para mejorar la eficiencia y la compatibilidad con el desarrollo del sistema tributario. La tributación de los bienes inmuebles se ha modificado, pasando de un impuesto sobre las transacciones a un impuesto recurrente basado en el valor de los inmuebles residenciales, pero la base imponible es aún relativamente limitada, dado que determinadas propiedades siguen exentas. La fiscalidad del trabajo está fragmentada y es compleja; y las bases imponibles de los impuestos sobre el consumo y el medio ambiente se ven limitadas por los tipos reducidos y las exenciones, siendo así que estos impuestos son más favorables al crecimiento. Los tipos de IVA cero y reducidos dan lugar a una eficiencia del IVA inferior a la media de la UE. Los tipos reducidos del IVA se utilizan ampliamente para alcanzar objetivos de redistribución, pese a no ser una herramienta política eficiente y bien orientada para proteger a los grupos vulnerables. Existe margen para mejorar la eficacia de los instrumentos fiscales medioambientales y suprimir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

(11)

Aunque la población irlandesa es relativamente joven, el gasto en asistencia sanitaria figuraba entre los más elevados de la Unión en 2012 (8,7 % de la RNB), muy por encima del promedio de la UE (7,3 %). Vistas las dificultades que conlleva actualmente la gestión del presupuesto sanitario, las presiones demográficas derivadas del envejecimiento de la población significan que los niveles de servicio actuales solo podrán mantenerse si se logra mejorar la eficiencia a medio y largo plazo. Según las previsiones, hasta 2060 el incremento del gasto relacionado con la salud al hilo de las presiones demográficas supondrá 1,2 puntos porcentuales del PIB. Los retos a los que se enfrenta el sector revisten características muy diversas. Los sistemas y procesos de contabilidad y gestión financiera de los distintos proveedores de atención sanitaria no están conectados, lo que provoca retrasos y obstaculiza la recogida y el tratamiento de información. También limita la supervisión del gasto en asistencia sanitaria y los esfuerzos desplegados en aras de la eficiencia y la asignación adecuada de los recursos. La elevada cuantía del gasto farmacéutico es otro problema, siendo el gasto en medicamentos para pacientes ambulatorios comparativamente elevado.

(12)

La situación del desempleo en Irlanda constituye un desafío, en particular la del desempleo juvenil y de larga duración, y el nivel de cualificación de la población en edad laboral sigue siendo bajo, lo que es fuente de desigualdad y desajustes entre la oferta y la demanda de mano de obra. El desempleo de larga duración se ha ido reduciendo gradualmente al hilo del reciente fortalecimiento del mercado de trabajo, pero sigue siendo elevado en proporción al desempleo total (más del 61 % del total a finales de 2013). La tasa de desempleo juvenil se situó por primera vez por encima del 30 % a mediados de 2012. Además, el porcentaje de los jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben una formación aumentó ocho puntos porcentuales entre 2007 y 2012, hasta el 18,7 %, antes de disminuir al 16,1 %, pero figura todavía entre los más elevados de la Unión. Es preciso abarcar a todos los jóvenes que lo necesiten en un plazo de cuatro meses, en línea con los objetivos de la Garantía Juvenil. El restablecimiento del equilibrio de la economía ha puesto de relieve la existencia de desajustes de las cualificaciones, de modo que el sistema de enseñanza y formación se enfrenta al reto de garantizar el reciclaje profesional y la mejora de las competencias. Además, la participación en el aprendizaje permanente se sitúa por debajo del promedio de la UE (7,3 % en comparación con el 10,7 % en 2013).

(13)

Irlanda tiene una de las mayores proporciones de la Unión de personas que viven en hogares con baja intensidad de trabajo, lo que provoca serios problemas sociales. Esa proporción, que ya rebasaba el promedio de la UE antes de la crisis, subió del 14,3 % al 24,2 % entre 2007 y 2011. La baja intensidad de trabajo afecta especialmente a los hogares monoparentales con hijos, lo que ha contribuido al creciente riesgo de pobreza o exclusión social de los niños en Irlanda y exacerbado la cuestión de la desigual participación de las mujeres en el mercado de trabajo, que se situaba en el 67,2 % en 2013, en comparación con el 83,4 % de los hombres. Así pues, ahora la atención se centra en el acceso a las guarderías infantiles y su asequibilidad, un obstáculo significativo para que los progenitores encuentren empleo y eviten el riesgo de pobreza. En el mercado de trabajo se detectan también algunas trampas de desempleo. La estructura plana de las prestaciones previstas en virtud del sistema de prestación y subsidio para los solicitantes de empleo, la duración ilimitada del subsidio y la pérdida de los pagos complementarios (en particular, complemento de alquiler y tarjetas médicas) tras la reincorporación al trabajo significan que las tasas de sustitución son relativamente altas en el caso de los desempleados de larga duración con bajo potencial de ingresos, así como de otras categorías de trabajadores en función de las circunstancias familiares.

(14)

La concesión de préstamos a las PYME sigue siendo débil, al combinarse la atonía de la demanda de crédito con las restricciones de la oferta, pues las PYME siguen viéndose lastradas por el apalancamiento excesivo y la debilidad de la demanda interna, mientras que los bancos aún deben lograr avances adicionales en la senda de resolución sostenible de sus carteras de préstamos no productivos a PYME. Como muestra la última encuesta de Red C, del 35 % de PYME que solicitaron un crédito bancario entre octubre de 2013 y marzo de 2014, el 19 % recibieron una respuesta negativa. A finales de 2009 se estableció la Credit Review Office para mediar en las disputas que enfrenten a entidades de crédito y PYME a las que se haya denegado un préstamo. Hasta la fecha, la influencia de dicha entidad parece haber sido positiva pero bastante limitada, en parte porque el número de recursos ha sido muy pequeño. Las PYME dependen sobre todo de la financiación bancaria para sufragar sus inversiones, y las fuentes no bancarias de financiación se encuentran relativamente poco desarrolladas, aunque en la actualidad se están barajando varias alternativas, incluidos los fondos de préstamo. No obstante, a medida que la recuperación cobra impulso y la demanda interna se recupera, las restricciones de la oferta deberían de aumentar a menos que se restablezcan oportunamente los canales de crédito, un aspecto crucial para las perspectivas de crecimiento. Se han establecido fondos y regímenes destinados específicamente a mejorar el acceso a la financiación de las PYME (por ejemplo, el régimen de garantía del crédito, el régimen del fondo de préstamos para microempresas y tres fondos para PYME) pero hasta ahora la demanda ha sido pequeña.

(15)

Pese a las reformas emprendidas en el sector bancario en el marco del programa de asistencia financiera que acaba de concluir, persisten algunos problemas significativos, analizados con detalle en el examen exhaustivo de la Comisión para 2014 relativo a Irlanda. En junio de 2013, los préstamos no productivos representaban casi el 27 % del total en los tres principales bancos del país. A pesar de su reciente reducción, el endeudamiento del sector privado figura todavía entre los más elevados de la Unión, lo que sigue amenazando la estabilidad financiera y lastrando la economía. El desapalancamiento de hogares y PYME dista de ser completo y el saneamiento de los balances de bancos y PYME es vital para el restablecimiento de los canales de crédito. Los préstamos de la banca siguen disminuyendo y el sector bancario pugna aún por garantizar su rentabilidad, en parte a causa del elevado número de hipotecas indexadas (activos heredados de bajo rendimiento) en los balances de los bancos.

(16)

El coste de la ejecución de los contratos es elevado. Los honorarios de letrados suponen la mayoría de esos costes (18,8 puntos porcentuales), y el elevado coste de los servicios jurídicos afecta a la estructura de costes de todas las empresas, incluidas las PYME. Además, a diferencia de lo ocurrido con otros servicios profesionales, el coste de los servicios jurídicos no se ha ajustado a la baja desde el comienzo de la crisis, lo que cabe achacar en parte a la competencia insuficiente. Las autoridades se han comprometido a introducir reformas en ese sector en el marco del programa de ajuste macroeconómico. En 2011 presentaron una Ley de regulación de los servicios jurídicos que aún no ha sido promulgada. Los recursos con que cuentan los jueces y la administración de los órganos jurisdiccionales para dinamizar la gestión de los asuntos en la fase de instrucción son muy limitados, lo que puede estar agravando los retrasos en la administración de justicia y elevar los costes. Además, la capacidad de Irlanda para recopilar datos sobre la eficiencia del sistema judicial presenta lagunas significativas.

(17)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Irlanda, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Irlanda, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.

(18)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (5) se refleja, en particular, en las recomendaciones 1 y 2 que figuran a continuación.

(19)

A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 3, 5 y 6 que figuran a continuación.

(20)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (6). Irlanda, en tanto que país cuya moneda es el euro, debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos.

1.

Aplicar plenamente el presupuesto de 2014 y garantizar la corrección del déficit excesivo de manera sostenible en 2015 mediante el refuerzo de la estrategia presupuestaria con medidas estructurales complementarias, a la vez que se realiza el esfuerzo de ajuste estructural especificado en la recomendación del Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Tras la corrección del déficit excesivo, proseguir un ajuste estructural hacia el objetivo a medio plazo de al menos un 0,5 % del PIB cada año, y más en buenas condiciones económicas o si es preciso para garantizar que se cumpla la norma en materia de deuda con el fin de situar el elevado ratio de deuda pública en una senda descendente sostenida. Aumentar la credibilidad de la estrategia de ajuste presupuestario, aplicar eficazmente la planificación presupuestaria plurianual y definir medidas presupuestarias de amplio alcance que sustenten los objetivos presupuestarios a medio plazo. Garantizar el carácter vinculante de los techos de gasto público, en particular limitando el ámbito legal para cambios discrecionales. Para apoyar el saneamiento presupuestario, debe considerarse la obtención de ingresos a través de la ampliación de la base imponible. Aumentar la compatibilidad del sistema tributario con el medio ambiente y el crecimiento.

2.

Alentar la reforma del sector de la asistencia sanitaria iniciada en el marco de la estrategia «Future Health» en aras de la eficiencia. Impulsar otras medidas para reducir el gasto farmacéutico, en particular a través de reajustes más frecuentes de los precios de los medicamentos patentados, una mayor utilización de genéricos y prácticas de prescripción mejoradas. Reformar los sistemas de gestión financiera del organismo nacional de salud para racionalizar los sistemas de los distintos proveedores y apoyar la mejora de la gestión de las reclamaciones. Desplegar identificadores de salud individuales, a más tardar, a partir de finales del primer trimestre de 2015.

3.

Seguir impulsando la mejora de las políticas activas del mercado de trabajo, prestando especial atención a los parados de larga duración, a las personas poco cualificadas y, en línea con los objetivos de la Garantía Juvenil, a los jóvenes. Alentar la reforma en curso del sistema de enseñanza y formación complementarias, los regímenes de fomento del empleo y los programas de formación de aprendices. Aumentar la oferta de formación en el puesto de trabajo, mejorar y garantizar la pertinencia de los programas de formación de aprendices y los cursos de enseñanza y formación complementarias teniendo en cuenta las necesidades del mercado de trabajo. Aumentar el nivel y la calidad de los servicios de apoyo proporcionados por las oficinas de empleo del Ministerio de Protección Social (Intreo). Implantar un sistema eficiente de remisiones del sistema de enseñanza y formación complementarias entre las oficinas del Intreo y los comités de enseñanza y formación.

4.

Corregir la baja intensidad laboral de los hogares y mitigar el riesgo de pobreza de los niños mediante la modulación de la retirada de las prestaciones y los pagos complementarios tras el retorno al empleo. Facilitar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo mejorando el acceso a las guarderías de jornada completa y su asequibilidad, en particular para las familias con bajos ingresos.

5.

Impulsar políticas en favor del sector de las PYME, que incluya iniciativas sobre la disponibilidad de financiación bancaria y no bancaria y la reestructuración de la deuda, al tiempo que se evitan los riesgos para las finanzas públicas y para la estabilidad financiera. Alentar iniciativas que mejoren el acceso de las PYME a los créditos bancarios y la financiación no bancaria. Introducir un sistema de control sobre los préstamos a las PYME en el sector bancario. En paralelo, velar por que se utilicen mejor los dispositivos de crédito no bancario existentes, incluidos los tres fondos para PYME cofinanciados por el Fondo Nacional de Reserva de las Pensiones, Microfinance Ireland y el régimen temporal de garantía del crédito. Promover la utilización, por parte de las PYME, de esos y otros regímenes no bancarios. Aumentar la visibilidad de la Credit Review Office y su capacidad de mediación en las disputas entre bancos y PYME a las que se haya denegado un préstamo.

6.

Supervisar los resultados de los bancos respecto a los objetivos de reestructuración de los pagos pendientes de las hipotecas. Anunciar objetivos ambiciosos para el tercer y cuarto trimestres de 2014 para que los principales bancos hipotecarios propongan y celebren soluciones que permitan reestructurar los préstamos hipotecarios que se encuentren en situación de mora desde hace más de noventa días, con miras a resolver sustancialmente los atrasos hipotecarios antes de finales de 2014. Seguir evaluando la sostenibilidad de los acuerdos de reestructuración celebrados mediante auditorías y revisiones específicas in situ. Desarrollar directrices sobre la durabilidad de las soluciones. Publicar periódicamente, en aras de la transparencia, datos sobre las carteras de préstamos bancarios a PYME que se encuentran en situación de mora. Desarrollar una estrategia relativa a las exposiciones a bienes raíces comerciales en dificultades. Establecer un registro central de crédito.

7.

Reducir el coste de los procedimientos y servicios jurídicos y fomentar la competencia adoptando, en particular, la Ley de regulación de los servicios jurídicos a finales de 2014, incluida la disposición que permite el establecimiento de bufetes multidisciplinares, y velando por eliminar el derecho de retención que ostenta el abogado. Supervisar su repercusión, en concreto sobre el coste de los servicios jurídicos. Tomar medidas ejecutivas para garantizar que la autoridad reguladora de los servicios jurídicos esté operativa sin demora y cumpla las obligaciones que le atribuye la legislación, en particular por lo que respecta a la publicación de reglamentos o directrices para los bufetes multidisciplinares y la resolución de reclamaciones. Mejorar los sistemas de recogida de datos para perfeccionar el seguimiento y evaluación de la eficiencia de los procedimientos judiciales e identificar los aspectos que hay que reformar.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/35

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Estrategia Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de España y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado para 2012-2016 de España. El 15 de noviembre de 2013, en consonancia con el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario para 2014 de España.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. Asimismo el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración Pública.

(7)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados del examen exhaustivo relativo a España que había elaborado con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. Del análisis de la Comisión cabe concluir que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren un seguimiento específico y la aplicación de medidas resueltas. En particular, en varias dimensiones se ha avanzado claramente en el ajuste de los desequilibrios considerados excesivos el pasado año y la reanudación del crecimiento ha disminuido los riesgos. Con todo, la magnitud y el carácter interrelacionado de los desequilibrios, en concreto los altos niveles de deuda interna y externa y el elevado desempleo, implican que siguen existiendo riesgos.

(8)

El 30 de abril de 2014, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, uno y otro se han evaluado al mismo tiempo.

(9)

El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad de 2014 es corregir el déficit excesivo para 2016 y alcanzar el objetivo a medio plazo en 2017. El programa confirma el objetivo a medio plazo de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales, objetivo más riguroso que el exigido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El programa prevé situar el déficit por debajo del 3 % en 2016, en consonancia con el plazo establecido en la Recomendación del Consejo de 21 de junio de 2013 (6), y fija un déficit para 2014 por debajo del recomendado (5,5 % del PIB en lugar de 5,8 % del PIB). No obstante, la mejora anual del saldo estructural (recalculado) previsto en el programa queda por debajo del esfuerzo recomendado a partir de 2014. Para 2017, el plan prevé un avance suficiente hacia el objetivo a medio plazo, aunque quizá no sea suficiente para alcanzarlo en ese año según lo indicado en el programa. El programa prevé que el ratio de deuda pública alcance en 2015 un máximo del 101,7 % del PIB, para comenzar a disminuir posteriormente. En conjunto, la estrategia presupuestaria perfilada en el Programa de Estabilidad se ajusta solo en parte a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El escenario macroeconómico en el que se apoyan las previsiones presupuestarias incluidas en el Programa de Estabilidad, que no ha sido elaborado ni corroborado por ningún organismo independiente, es plausible en líneas generales por lo que respecta a 2014, pero presenta riesgos de sobreestimación en lo tocante a 2015 en comparación con las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. Para 2016-2017, las tasas de crecimiento del PIB previstas en el Programa de Estabilidad parecen un tanto optimistas si se consideran las estimaciones actuales de la tasa de crecimiento potencial de la economía y las necesidades de ajuste restantes una vez concluida la crisis.

Así pues, existen también riesgos de sobreestimación en relación con las sendas de ajuste del déficit y la deuda. Además, todavía no se han especificado suficientemente las medidas concretas en apoyo del logro de los objetivos de déficit global a partir de 2015, especialmente por lo que respecta a los cambios de la legislación tributaria en el marco de la reforma fiscal prevista. Otros riesgos guardan relación con los pasivos contingentes y los rendimientos de los ahorros previstos a nivel local y regional. Sobre la base de la previsión de la Comisión, el esfuerzo presupuestario durante 2013-2014 queda 1,1 puntos porcentuales por debajo de lo necesario en términos de la variación (corregida) del saldo estructural (aunque los cambios recientemente introducidos en la metodología de cálculo de la producción potencial contribuyen a inflar esta cifra) y 0,4 puntos porcentuales si se compara con el importe de las medidas consideradas necesarias cuando se formuló la Recomendación en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Basándose en su evaluación del programa y en las previsiones de la Comisión, con arreglo al Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que las medidas en que se sustenta la estrategia presupuestaria deben especificarse con mayor detalle y que son necesarios esfuerzos adicionales para cumplir plenamente la Recomendación formulada por el Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo.

(10)

En cuanto a la dimensión presupuestaria estructural, ha habido avances en la notificación de la ejecución del presupuesto y en la aplicación de medidas correctoras a los organismos administrativos incumplidores; ahora bien, sigue habiendo margen para aplicar los mecanismos coercitivos adicionales, establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, a las comunidades autónomas incumplidoras. Se han tomado nuevas medidas para que todos los niveles de la Administración respeten el plazo medio de 30 días en el pago a los proveedores comerciales. En noviembre de 2013 se promulgó la ley de creación de una institución fiscal independiente, y su presidente fue nombrado en febrero de 2014. Ahora bien, la entidad no pudo entrar en funcionamiento a tiempo para valorar el Programa de Estabilidad de 2014. En el Programa Nacional de Reformas de 2014 se reconoce también la necesidad de seguir mejorando la eficiencia de la asistencia sanitaria y el gasto farmacéutico, por ejemplo, centralizando la adquisición de productos farmacéuticos, revisando la gama de servicios, desarrollando los historiales clínicos digitales o reforzando la gestión de los centros de salud. Dado que la mayor parte del saneamiento presupuestario previsto sería el resultado de un recorte de los gastos, un análisis sistemático de estos en todos los niveles de la Administración contribuiría a determinar los ámbitos en que podrían realizarse ahorros favorables al crecimiento, al mismo tiempo que se atienden las necesidades de los más vulnerables.

(11)

En 2013, España adoptó nuevas medidas para corregir la distorsión en favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades. Asimismo, durante ese año, España avanzó en el cumplimiento de las obligaciones tributarias intensificando la lucha contra el fraude fiscal y el trabajo no declarado, aunque siguen existiendo graves problemas. En 2013 y 2014, España introdujo varias reducciones de las cotizaciones de la seguridad social para fomentar la contratación de jóvenes y nuevos trabajadores. Tras la presentación de un informe exhaustivo sobre la reforma fiscal elaborado por una Comisión de Expertos atendiendo la petición del Gobierno, las autoridades planean presentar propuestas legislativas concretas durante el segundo semestre de 2014. Con arreglo al Programa Nacional de Reformas de 2014, las propuestas tratarán de modernizar el sistema impositivo, reducir la distorsión en contra del empleo, fomentar la recaudación, propiciar el desarrollo económico, garantizar la unidad de mercado y la neutralidad presupuestaria y ampliar la competitividad de la economía española, contribuyendo al mismo tiempo al saneamiento presupuestario. La concepción y aplicación de esa reforma fiscal será importante para las finanzas públicas y las perspectivas económicas futuras.

(12)

La estabilidad financiera se ha reforzado merced a la recapitalización y reestructuración del sector bancario y la aplicación rigurosa del programa de recapitalización de las entidades financieras aprobado en julio de 2012 en el marco del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y completado el 22 de enero de 2014. No obstante, el sector financiero español se enfrenta todavía a importantes problemas que deben ser supervisados y gestionados cuidadosamente. Además, la mejora de las condiciones de financiación de los bancos solo se está trasladando gradualmente a la financiación de las PYME. Ahora es importante garantizar que el crédito siga fluyendo hacia los sectores viables de la economía mientras prosigue el proceso de desapalancamiento del sector privado. Las autoridades han tomado varias medidas para mejorar el acceso de las empresas a la financiación bancaria y no bancaria y facilitar la restructuración de su deuda, pero son necesarias medidas adicionales.

(13)

El mercado de trabajo muestra algunas señales de estabilización y en 2014 se prevé que una tenue recuperación propicie el aumento de los niveles de empleo y la disminución de los de desempleo. Ahora bien, la tasa de desempleo, que en 2013 registró una media anual del 26,1 %, sigue siendo elevadísima. Son especialmente preocupantes la elevada tasa de paro juvenil (54,3 %) y el máximo significativo que alcanzó en 2013 la tasa de desempleo de larga duración (49,7 %), que afectaba aún con mayor intensidad a los trabajadores menos cualificados y de mayor edad. Las evaluaciones disponibles de la reforma del mercado laboral de 2012 concluyen que, junto con el compromiso de moderación salarial asumido durante el periodo 2012-2014 por los interlocutores sociales, dicha reforma ha contribuido a acrecentar la flexibilidad interna de las empresas y limitar las pérdidas de empleo, dando prioridad a la negociación de acuerdos colectivos a nivel de empresa y ampliando las posibilidades de utilizar cláusulas de descuelgue a su alcance. La reforma también ha reducido los costes de las indemnizaciones por despido improcedente y ha contribuido a reducir el número de despidos impugnados judicialmente, además de introducir una nueva modalidad de contrato para promover la contratación estable en las PYME. En 2013 y a principios de 2014 se introdujeron otras medidas para facilitar el empleo estable a tiempo parcial y reducir temporalmente las cotizaciones a la seguridad social aplicables a los nuevos contratos indefinidos. Sin embargo, la segmentación continúa siendo un problema importante del mercado de trabajo español, sigue existiendo un elevado número de tipos de contrato y la diferencia entre los costes de despido de los contratos de duración determinada y de los contratos indefinidos figura todavía, incluso tras la reforma, entre las más elevadas de la Unión.

(14)

La reforma de las políticas activas del mercado de trabajo ha registrado algunos avances, incluida la aprobación del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), pero las iniciativas de modernización y refuerzo de los servicios públicos de empleo parecen avanzar lentamente, lo que amenaza con impedir la aplicación con éxito del nuevo marco. Se han registrado retrasos en la aplicación del Portal Único de Empleo. La cooperación con las agencias privadas de colocación ha avanzado, pero son necesarios esfuerzos adicionales.

(15)

La inadecuación de la educación y la formación a las necesidades del mercado de trabajo y el elevado porcentaje de desempleados sin cualificación formal (35,2 %) contribuyen a la elevada tasa de desempleo juvenil y el desempleo de larga duración. El porcentaje de los jóvenes que ni estudian ni trabajan sigue siendo mayor que la media de la UE y ha venido aumentando considerablemente. El porcentaje de estudiantes que abandonan prematuramente los estudios o la formación sigue siendo muy alto (23,5 %), aunque está disminuyendo. La tasa de personas que han completado estudios superiores se mantiene, pero los distintos sistemas de aprendizaje y enseñanza y formación profesional siguen estando infrautilizados, y las competencias de los estudiantes de formación profesional de ciclo superior son inferiores a la media de la UE. España también está preparando medidas de fomento del empleo juvenil. Ya se está aplicando la Estrategia Nacional de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, presentada en marzo de 2013, aunque todavía no se han puesto en marcha todas las medidas. Basándose en esa Estrategia, España ha dado también algunos pasos para luchar contra el desempleo juvenil en consonancia con los objetivos de una garantía juvenil. Se han registrado algunos avances en las iniciativas de lucha contra el abandono escolar prematuro y fomento de la formación profesional dual, pero sigue siendo crucial garantizar su plena aplicación y la utilización eficiente de los recursos financieros. En el ámbito de la formación profesional dual, es indispensable la coordinación constante entre todas las partes interesadas, incluidos los empleadores, los proveedores de formación y las instancias decisorias a todos los niveles de la Administración, para racionalizar el sistema, propiciar una mayor adecuación entre la formación proporcionada y las necesidades del mercado de trabajo y garantizar la compatibilidad de los modelos de enseñanza y formación profesional dual en las distintas regiones.

(16)

Principalmente a causa de la situación del mercado de trabajo, pero también debido a la limitada eficacia de la protección social para reducir la pobreza, España se sitúa debajo de la media de la UE por lo que respecta a los principales indicadores que miden la pobreza y la exclusión social, a las que están especialmente expuestos los niños y los adultos jóvenes. A raíz de la crisis, España ha registrado también una de las mayores caídas de la renta familiar disponible y uno de los mayores niveles de desigualdad de la renta de la Unión. Es indispensable simplificar los procedimientos para los solicitantes de asistencia social y mejorar la gobernanza y la coordinación interinstitucional a nivel nacional, regional y local. El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 constituye un marco adecuado para adaptar las políticas activas de empleo a quienes se encuentran más alejados del mercado de trabajo, mitigar la pobreza infantil y mejorar la eficiencia de los servicios de apoyo a las familias. Por otro lado, la asistencia y las prestaciones sociales tienen efectos redistributivos limitados en los diferentes grupos interesados, lo que trasluce deficiencias en la selección de los destinatarios. Además, la coordinación limitada entre los servicios sociales y de empleo (incluidos los locales y regionales) y la carga administrativa para acceder a los regímenes que garantizan una renta mínima dificultan la transición fluida entre la asistencia social y la reincorporación al mercado laboral.

(17)

España ha impulsado reformas estructurales que promueven el crecimiento y la competitividad en consonancia, en líneas generales, con los planes del Programa Nacional de Reformas de 2013. La Ley que garantiza la unidad de mercado fue aprobada en diciembre de 2013 y su aplicación, no exenta de complejidad, está en curso. La Ley de emprendedores promulgada en otoño de 2013 también ha introducido modalidades societarias más flexibles y mejoras en el marco regulador de las insolvencias empresariales y por lo que respecta a la racionalización de los sistemas de apoyo a la internacionalización de las empresas. Se ha extendido la utilización de los procedimientos abreviados de concesión de licencias, simplificándose así la apertura de pequeños establecimientos minoristas, y se han adoptado otras medidas para facilitar la concesión de licencias comerciales. No obstante, todavía está pendiente la aprobación de la legislación de desarrollo que permitirá la creación de sociedades de responsabilidad limitada, a través de ventanillas únicas en los plazos más breves establecidos en la Ley de apoyo a los emprendedores, de septiembre de 2013. También estaría justificado proceder a una revisión constante de las barreras reglamentarias que obstaculizan el crecimiento de las empresas, en particular en el ámbito de la fiscalidad, teniendo presente la diferencia que sigue existiendo entre España y los demás Estados miembros de la zona del euro por lo que respecta al tamaño de las empresas. La reforma de los servicios profesionales, largamente esperada, está experimentando retrasos y debe ser agilizada. No se han tomado medidas para eliminar las restricciones que limitan el establecimiento de grandes superficies comerciales.

(18)

El sistema español de I+I debe incrementar la calidad de la producción científica, fomentar la cooperación entre los sectores públicos y privado y fomentar la transformación de la investigación e innovación en productos comerciales. En 2013, el Gobierno adoptó una estrategia nacional de ciencia, tecnología e innovación que todavía no cuenta con el respaldo de financiación pública. También está pendiente la creación de la nueva Agencia de Investigación y Desarrollo encargada de la gestión eficiente de la I+D pública.

(19)

Aunque se han dado pasos significativos para eliminar el déficit tarifario del sector eléctrico, especialmente reduciendo los costes del sistema, todavía no está totalmente clara la repercusión exacta de la reforma, particularmente en el sector de las energías renovables. El Gobierno está analizando la manera de reducir al máximo las repercusiones negativas para el erario público de la insolvencia de algunas autopistas de peaje. Las autoridades han creado una base de datos con información económica, medioambiental y relacionada con el tráfico, así como otros indicadores para fundamentar los análisis previos a las inversiones en infraestructuras, pero todavía no han establecido un observatorio independiente que ayude a evaluar los grandes proyectos de infraestructura futuros. Obstáculos técnicos y jurídicos siguen dificultando la competencia efectiva en los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías, en detrimento de la utilización eficiente de la vasta red de infraestructura.

(20)

La reforma de la Administración Pública está avanzando. En diciembre de 2013 se aprobó una reforma de la Administración Pública local. La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas ya ha comenzado su labor, que proseguirá a lo largo de 2014 y 2015. La reforma judicial se encuentra en diferentes fases de aplicación o finalización y debe ser completada. Entre los últimos avances en el ámbito de la lucha contra la corrupción cabe mencionar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada en diciembre de 2013, así como dos proyectos de ley referidos a la supervisión de la financiación de los partidos políticos y la rendición de cuentas de los altos cargos. Se está aplicando el Plan Nacional de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social (2012-2014). España también ha ampliado su red de acuerdos internacionales para intercambiar información pertinente a efectos de las inspecciones fiscales y ha emprendido un proyecto con distintas empresas privadas para estudiar cómo se podría mejorar la gestión del sistema de prestaciones.

(21)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de España, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de España, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación.

(22)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de España, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(23)

A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 que figuran a continuación.

(24)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro.Como país que tiene como moneda el euro (8), España debe asimismo asegurar la plena aplicación de tales recomendaciones dentro de los plazos previstos.

1.

Reforzar la estrategia presupuestaria a partir de 2014, en particular especificando plenamente las medidas subyacentes para 2015 y los años posteriores, con objeto de lograr corregir el déficit excesivo de manera sostenible en 2016, a más tardar, merced al esfuerzo de ajuste estructural especificado en la Recomendación formulada por el Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo. La corrección duradera de los desequilibrios presupuestarios exige aplicar de manera creíble ambiciosas reformas estructurales que permitan incrementar la capacidad de ajuste e impulsar el crecimiento y el empleo. Tras lograr la corrección del déficit excesivo, aplicar un ajuste estructural hacia el objetivo a medio plazo no inferior al 0,5 % cada año, e incluso mayor si la coyuntura económica es buena o si resulta necesario para garantizar el respeto de la regla de la deuda con el fin de situar el elevado ratio de deuda de las administraciones públicas en una senda de descenso constante. Garantizar que la nueva autoridad fiscal independiente pueda comenzar a funcionar plenamente cuanto antes y que se apliquen de forma rigurosa y transparente en todos los niveles de la Administración las medidas preventivas, correctoras y coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, incluidas las relativas a la eliminación de las deudas contraídas con entidades comerciales. Realizar, antes de febrero de 2015, una revisión sistemática del gasto en todos los niveles de la Administración para contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público. Seguir aumentando la eficiencia del sistema sanitario, sobre todo aumentando la racionalización del gasto farmacéutico, también en los hospitales e intensificando la coordinación entre los distintos tipos de asistencia, preservando al mismo tiempo la accesibilidad para los grupos vulnerables. Adoptar, antes de finales de 2014, una reforma fiscal completa, que simplifique el sistema impositivo y haga que contribuya en mayor medida al crecimiento y creación de empleo, así como a la preservación del medio ambiente y la estabilidad de la recaudación.

A tal efecto: trasladar la imposición hacia tributos menos distorsionadores como los que gravan el consumo o el deterioro del medio ambiente (por ejemplo, los aplicados a los combustibles) o impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles; eliminar las deducciones en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas; considerar la posibilidad de reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social, en particular en el caso de los empleos con salarios bajos; seguir corrigiendo el sesgo a favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades, tomar medidas para evitar que la fiscalidad obstaculice el funcionamiento armonioso del mercado interior español. Intensificar la lucha contra la evasión fiscal.

2.

Completar la reforma del sector de las cajas de ahorro, por lo que respecta a la aprobación de la legislación de desarrollo, y finalizar la reestructuración de las cajas de ahorro de titularidad pública, con el fin de acelerar su plena recuperación y facilitar su vuelta a manos privadas. Fomentar los esfuerzos desplegados por los bancos para mantener ratios sólidas de capital y supervisar la actividad de la sociedad de gestión de activos Sareb para garantizar que los activos se enajenen en los plazos establecidos, minimizando simultáneamente el coste para el contribuyente. Completar las medidas en curso para ampliar el acceso a la financiación por parte de las PYME, en particular finalizando las iniciativas ya en marcha para mejorar la intermediación financiera no bancaria. Eliminar los obstáculos que persisten en el marco de la insolvencia empresarial —en particular mejorando los conocimientos especializados de los administradores concursales y la capacidad del sistema judicial para tramitar los asuntos de insolvencia— y desarrollar un marco permanente para la insolvencia personal, prestando especial atención a las consideraciones relativas al adecuado equilibrio entre los derechos de acreedores y deudores y a la estabilidad financiera.

3.

Impulsar nuevas medidas para reducir la segmentación del mercado de trabajo en aras de la calidad y sostenibilidad del empleo, por ejemplo reduciendo el número de tipos de contrato y garantizando un acceso equilibrado a los derechos de indemnización por despido. Proseguir la supervisión periódica de las reformas del mercado de trabajo. Velar por que la evolución de los salarios reales sea coherente con el objetivo de creación de empleo. Reforzar los requisitos de búsqueda de empleo para la percepción de las prestaciones de desempleo. Mejorar la eficacia y la focalización de las políticas activas del mercado de trabajo, incluidas las ayudas a la contratación, sobre todo para quienes tienen más dificultades para acceder al empleo. Reforzar la coordinación entre las políticas del mercado de trabajo y las de educación y formación. Acelerar la modernización de los servicios públicos de empleo para que presten un asesoramiento personalizado eficaz, proporcionen formación adecuada y garanticen la correspondencia entre la demanda y la oferta de empleo, prestando especial atención a los parados de larga duración. Garantizar la aplicación eficaz, antes de finales de 2014, de las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado en los servicios de colocación y supervisar la calidad de los servicios proporcionados. Garantizar el funcionamiento efectivo del Portal Único de Empleo y combinarlo con medidas adicionales de apoyo a la movilidad laboral.

4.

Aplicar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, y evaluar su eficacia. Proporcionar ofertas de empleo de buena calidad, contratos de aprendizaje y periodos de prácticas para jóvenes y mejorar el acercamiento a los jóvenes no registrados como desempleados, de conformidad con los objetivos de una garantía juvenil. Aplicar eficazmente los nuevos programas educativos para mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria. Mejorar el apoyo y asesoramiento proporcionados a los grupos que presentan riesgo de abandono escolar prematuro. Aumentar la pertinencia, para el mercado de trabajo, de los distintos tipos de formación profesional y de la enseñanza superior, en particular mejorando la cooperación con los empleadores y fomentando la formación de tutores y profesores.

5.

Aplicar el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 y valorar su eficacia para la consecución de la totalidad de sus objetivos. Reforzar la capacidad administrativa y la coordinación entre los servicios sociales y de empleo con el fin de brindar itinerarios integrados de apoyo a quienes se encuentren en situación de riesgo, e impulsar entre las administraciones públicas encargadas de los programas de renta mínima procedimientos racionalizados para facilitar las transiciones entre los sistemas de rentas mínimas y la incorporación al mercado de trabajo. Mejorar la orientación de los programas de apoyo a las familias y los servicios de calidad dando prioridad a los hogares de rentas bajas con hijos, para garantizar la eficacia y la progresividad de las transferencias sociales.

6.

Garantizar una aplicación rápida y ambiciosa de la Ley 20/1013, de garantía de la unidad de mercado, en todos los niveles de la Administración. Aprobar una reforma ambiciosa de los servicios y colegios profesionales antes de finales de 2014, definiendo las profesiones que exigen la inscripción en un colegio profesional, así como las normas de transparencia y rendición de cuentas de los organismos profesionales, liberalizando las actividades reservadas injustificadamente y preservando la unidad de mercado en el acceso a los servicios profesionales y su ejercicio en España. Reducir el tiempo, el coste y el número de trámites necesarios para establecer y poner en funcionamiento una empresa. Corregir las restricciones injustificadas al establecimiento de grandes superficies comerciales, en concreto mediante la revisión de las disposiciones regionales de urbanismo. Determinar fuentes de financiación para la nueva estrategia nacional de ciencia, tecnología e innovación y hacer operativa la nueva Agencia Estatal de Investigación.

7.

Tras la reforma de 2013, garantizar la eliminación efectiva del déficit del sector eléctrico a partir de 2014, tomando, en su caso, las medidas estructurales adicionales necesarias. Abordar el problema de las autopistas de peaje insolventes de modo que se minimicen los costes para el Estado. Establecer, antes de finales de 2014, un observatorio independiente que contribuya a la evaluación de los grandes proyectos futuros de infraestructura. Tomar medidas que garanticen la competencia eficaz en los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías.

8.

Aplicar, en todos los niveles de la Administración, las recomendaciones de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas. Reforzar los mecanismos de control e incrementar la transparencia de las decisiones administrativas, en particular a nivel local y regional. Completar y supervisar cuidadosamente las medidas en curso para luchar contra la economía sumergida y el trabajo no declarado. Adoptar las reformas pendientes de la estructura del sistema judicial y del mapa judicial y garantizar la aplicación de las reformas aprobadas.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/42

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro, utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de Francia de 2013 y emitió su dictamen sobre su Programa de Estabilidad actualizado para 2012-2017. El 15 de noviembre de 2013, conforme al Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Francia para 2014.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis y modernizar la Administración pública.

(7)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo sobre Francia, con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. En su análisis, la Comisión concluye que Francia sigue experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren un seguimiento específico y la adopción de medidas contundentes. En particular, el deterioro de la balanza comercial y de la competitividad y las implicaciones del alto nivel de endeudamiento del sector público merecen una atención continua por parte de los responsables políticos.

(8)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión recomendó que Francia insistiera en sus esfuerzos por asegurar el pleno cumplimiento de la Recomendación del Consejo de conformidad con el Procedimiento de Déficit Excesivo.

(9)

El 7 de mayo de 2014, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(10)

El objetivo de la estrategia presupuestaria que se expone en el Programa de Estabilidad de 2014 es corregir el déficit excesivo para 2015 y alcanzar el objetivo a medio plazo en 2017. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo a medio plazo anterior, a saber, lograr un presupuesto equilibrado en términos estructurales, requisito más riguroso que el recogido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Programa de Estabilidad proyecta reducir el déficit al 3 % del PIB en 2015, objetivo más ambicioso que el fijado en la Recomendación del Consejo de 21 de junio de 2013. A partir de ese año, el progreso anual (recalculado) previsto para lograr el objetivo a medio plazo es inferior al mínimo requerido del 0,5 % del PIB. De forma global, la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad se ajusta solo parcialmente a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Programa de Estabilidad prevé que la deuda de las administraciones públicas alcance su cota máxima del 95,6 % del PIB en 2014 y 2015 para posteriormente disminuir al 91,9 % en 2017. El escenario macroeconómico en el que se sustentan las proyecciones presupuestarias del Programa de Estabilidad es realista para 2014 y ligeramente optimista para 2015, con aumentos previstos del PIB del 1,0 % y el 1,7 % para el año en curso y el próximo, respectivamente, que eran del 1,0 % y el 1,5 % en las previsiones de primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. En abril de 2014, el Alto Consejo de Finanzas Públicas (Haut Conseil des finances publiques), organismo independiente, emitió un dictamen sobre el escenario macroeconómico del Programa de Estabilidad. El Programa de Estabilidad presenta una serie de medidas adicionales para 2014, entre las que se cuenta la cancelación de los créditos ministeriales pendientes de aprobación como parte de un presupuesto suplementario y los primeros efectos del plan de ahorro de 50 millones EUR anunciado por el Gobierno.

Partiendo de estos datos y teniendo también en cuenta que el esfuerzo fiscal conseguido en 2013 fue superior al esperado cuando se publicó la Recomendación de la Comisión, puede considerarse que el Programa de Estabilidad responde a grandes rasgos a dicha Recomendación. El grado de detalle de las medidas de saneamiento presupuestario es insuficiente para garantizar con credibilidad la corrección de la situación de déficit excesivo de aquí a 2015, si se tienen en cuenta las previsiones de la Comisión que indican un déficit del 3,4 % del PIB para el próximo año y un ajuste estructural subyacente notablemente inferior al nivel recomendado por el Consejo. Además, los objetivos del Gobierno presentan riesgos de revisión a peor. Concretamente, parte de las medidas adicionales para 2014 anunciadas en el Programa de Estabilidad siguen sin adoptarse y el importe del ahorro planeado para 2015 es muy ambicioso. Tomando como base las previsiones de la Comisión, el esfuerzo fiscal en el periodo 2013-2014 se queda a 0,2 puntos porcentuales del PIB en términos de variación (corregida) del saldo estructural y al menos a 0,1 punto porcentual del PIB en términos del número de medidas consideradas necesarias cuando se presentó la Recomendación del Consejo. Partiendo de su evaluación del Programa de Estabilidad y de las previsiones de la Comisión, conforme al Reglamento (CE) n.o 1466/97, el Consejo considera que las medidas en las que se sustenta la estrategia presupuestaria deben especificarse más detalladamente y que se necesitan nuevos esfuerzos para acatar la Recomendación del Consejo y asegurar, a partir de ese momento, el retorno a la senda de cumplimiento del objetivo a medio plazo. Concretamente, los esfuerzos adicionales deberán explicitarse en la próxima Ley de presupuestos de 2014.

(11)

Habida cuenta del alto y creciente nivel de deuda de las administraciones públicas, así como del hecho de que el plazo de corrección del déficit excesivo se ha ampliado hasta 2015, es imprescindible que el presupuesto de 2014 se ejecute estrictamente y que se desempeñen considerables y rigurosos esfuerzos de saneamiento en 2015. En particular, el gasto público debería aumentar a un ritmo mucho más moderado que en años anteriores, conforme a lo proyectado por el Gobierno. Por lo tanto, es necesario especificar más detalladamente la estrategia de reducción del gasto, profundizando la revisión del gasto en curso y redefiniendo, cuando así proceda, el alcance de la intervención del Gobierno. No pueden conseguirse ahorros sustanciales a corto plazo sin reducir considerablemente el aumento del gasto en la seguridad social, que absorbe prácticamente la mitad del gasto público.

Ello implica controlar los costes de la asistencia sanitaria y las pensiones mediante, por ejemplo, la fijación de objetivos anuales de gasto sanitario más ambiciosos y la congelación temporal de las pensiones y otras prestaciones sociales, como se plantea actualmente el Gobierno. Además, la nueva Ley de descentralización proyectada debería racionalizar las diversas capas de administración existentes en Francia para eliminar solapamientos y conseguir nuevas sinergias, aumentos de eficiencia y ahorros mediante la fusión o la supresión de algunos de los estratos administrativos existentes. Es preciso indicar a este respecto que las reformas estructurales presentadas con este fin en el Programa de Estabilidad solo surtirán efecto a medio plazo —pese a que el calendario previsto se ha adelantado desde la presentación de dicho Programa— y, además, su ejecución puede correr peligro. Es preciso controlar con mayor rigor el gasto de las administraciones locales, para lo que podrá ponerse un tope al incremento anual de sus recaudaciones tributarias, teniendo en cuenta los techos existentes para determinados impuestos locales, aplicando al mismo tiempo de forma estricta la reducción prevista de las subvenciones procedentes de la Administración central. Además de la necesidad de ahorros a corto plazo, otra fuente de preocupación es la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

A pesar de que el gasto público en el sector sanitario se ha mantenido bajo control en los últimos años, el aumento de la rentabilidad del sistema requiere nuevos esfuerzos. Concretamente, es necesario aplicar nuevas políticas de contención de costes habida cuenta de las previsiones que señalan un importante aumento de los gastos sanitarios de medio a largo plazo. Los ámbitos que requieren un aumento de la eficiencia incluyen el gasto farmacéutico y administrativo y los cuidados hospitalarios. Por último, en diciembre de 2013 se aprobó una reforma del sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. No obstante, la reforma del sistema de pensiones no bastará para eliminar el déficit del sistema y, más precisamente, el procedente de los regímenes aplicables a los funcionarios públicos y a los empleados de una serie de empresas estatales; en total, según las previsiones de las autoridades francesas, las nuevas medidas de pensiones se limitarán a dividir por dos el déficit total del sistema hasta alcanzar un 0,5 % del PIB en 2020. Además, el alcance del ajuste está sujeto a importantes riesgos dado que el escenario macroeconómico en el que se sustentan las previsiones podría resultar excesivamente optimista. El recién creado comité de supervisión de las pensiones (Comité de Suivi des Retraites) deberá asegurarse de la progresiva eliminación del déficit del sistema.

(12)

Francia se cuenta entre los Estados miembros donde la mano de obra es más cara. Concretamente, la severa carga fiscal sobre el trabajo merma la rentabilidad de las empresas y pesa sobre el empleo. Para fomentar la competitividad de los costes, el Gobierno francés ha adoptado una serie de iniciativas destinadas a aliviar esa carga. En diciembre de 2012 se adoptó la deducción fiscal por la competitividad y el empleo (CICE), equivalente a una disminución del coste de la mano de obra para los sueldos inferiores en 2,5 veces o más al salario mínimo. En enero de 2014 se anunció además una disminución adicional de 10 000 millones EUR del coste de la mano de obra como parte del «Pacto de responsabilidad y solidaridad». Ambas medidas, que supondrán 30 000 millones EUR o un 1,5 % del PIB, importe que va parejo al aumento global del impuesto de sociedades a lo largo del periodo 2010-2013, cerrarían solo la mitad de la brecha existente entre Francia y la media de la zona del euro en lo que a las cotizaciones empresariales a la seguridad social se refiere. Además, las empresas exportadoras, que tienden a pagar sueldos elevados, se beneficiarán menos del CICE que las empresas no exportadoras, lo que atenúa los efectos de la medida en la competitividad. El Pacto de responsabilidad y solidaridad incluye una reducción del coste de la mano de obra para los sueldos bajos y otra para los que equivalen a entre 1,6 y 3,5 veces el salario mínimo. Esta última medida, que se espera entre en vigor en 2016, tendría un impacto más directo para las empresas exportadoras. El sistema de fijación salarial en Francia tiende a crear distorsiones de la estructura salarial y a limitar la capacidad de las empresas para ajustar los sueldos en épocas de recesión económica. El Alto Consejo de Financiación de la Protección Social (Haut Conseil du financement de la protection sociale) ha evaluado las repercusiones en el empleo de diferentes hipótesis de exención de las cotizaciones a la seguridad social, aunque ha prestado una atención limitada a su impacto en la evolución de los sueldos y la competitividad.

No obstante, aunque se han concedido amplias exenciones con respecto a los trabajadores perceptores del salario mínimo, el coste de la mano de obra que percibe ese salario sigue siendo elevado. Esas exenciones contribuyeron a contener los costes de la mano de obra en 2013, lo cual es un dato positivo, pero el nivel del salario mínimo en Francia sigue siendo elevado si se compara con el de otros Estados miembros. Por esos motivos, el salario mínimo debe seguir evolucionando conforme a criterios de competitividad y creación de empleo. Francia aplica contadas excepciones al salario mínimo legal y podría hacer esfuerzos adicionales para reducir el coste de la mano de obra de los grupos vulnerables.

(13)

La clasificación mundial de Francia resultante de una serie de estudios sobre el medio empresarial internacional se ha deteriorado. Si bien se han hecho ciertos esfuerzos como parte del «plan de simplificación de choque» aplicado en julio de 2013 para distender las relaciones entre las empresas y la Administración, es preciso seguir mejorando el entorno empresarial. Además, algunas de las medidas esbozadas en el plan de simplificación están todavía por definir y por aplicar. Procede prestar atención, en particular, a la reglamentación contenida en el Estatuto de los Trabajadores o a las reglas de contabilidad vinculadas a determinados umbrales de tamaño de las empresas, que alicortan la expansión de las sociedades francesas y pueden contribuir a las dificultades que experimentan las PYME para alcanzar el tamaño que les permitiría exportar e innovar. Las iniciativas dirigidas a potenciar el gasto en I+D y la innovación por parte de las empresas privadas, especialmente el crédito fiscal para investigación y los polos de competitividad, han generado hasta el momento resultados desiguales. El decreciente peso de la industria en el sector privado francés se plasma en un estancamiento del gasto dedicado a I+D por las empresas privadas, a pesar de los importantes esfuerzos realizados de forma individual por cada empresa. Como consecuencia, una amplia proporción del gasto en I+D sigue siendo financiada por el Estado, bien de forma directa (investigación pública) bien de forma indirecta (subvenciones). La eficacia de las herramientas existentes debería aumentarse para generar un mayor nivel de gasto en I+D por las empresas privadas y de innovación en el sector privado. Concretamente, los recursos asignados a los polos de competitividad podrían potenciar mejor los efectos de escala y aumentar la difusión de la innovación. Además, la eficacia de las políticas adoptadas podría intensificarse permitiendo que esos polos se convirtiesen en auténticas redes de empresas con efectos indirectos positivos. Por último, se prevé que el coste del crédito fiscal para investigación alcance 5 800 millones EUR (cerca de un 0,3 % del PIB) en 2014. Pese al coste de esta medida, su eficacia en relación con la I+D no ha sido objeto de evaluación ex post alguna que tenga en cuenta las últimas reformas.

(14)

Si bien se han eliminado los obstáculos relativos a la forma jurídica, los requisitos de participación accionarial o las tasas aplicables a determinadas profesiones (por ejemplo, veterinarios o contables), y se han adoptado nuevas medidas para mejorar la competencia por medio de la reciente Ley de Consumo, algunas de ellas siguen sujetas a fuertes obstáculos que dificultan su acceso o ejercicio (taxistas, profesionales del sector sanitario, notarios y profesiones jurídicas en general). El principio de numerus clausus que rige la incorporación a numerosas profesiones (médicos, farmacéuticos, etc.) sigue entorpeciendo el acceso a los servicios y podría ser objeto de una revisión que no comprometiese la calidad ni la seguridad de estos. Hasta la fecha, no se ha realizado ninguna evaluación detallada de la necesidad y la proporcionalidad de las restricciones que afectan a las profesiones reguladas. En el sector minorista, siguen vigentes engorrosos trámites para la autorización de la apertura de establecimientos comerciales (derivados, en particular, de la normativa de planificación urbana) y la prohibición de las ventas a pérdida, con repercusiones negativas para la competencia y los consumidores. Hasta la fecha, no se han adoptado en Francia medidas concretas para eliminar los obstáculos de acceso al sector minorista. Por lo que respecta a la distribución de electricidad y gas, se están eliminando gradualmente las tarifas reguladas para los consumidores no domésticos. No obstante, los precios aplicables a los hogares y los precios de la electricidad siguen regulados y fijados por debajo de los costes, y el acceso de otros proveedores al mercado sigue siendo limitado. Por lo que respecta a las interconexiones energéticas, deberán culminarse los proyectos en curso, sobre todo con España, para reforzar las conexiones de gas y electricidad con los países vecinos. En el sector ferroviario, las barreras de entrada al mercado siguen impidiendo un funcionamiento eficiente del mercado. Francia no ha abierto su mercado nacional de transporte de pasajeros por ferrocarril a la competencia; los servicios internacionales, en cambio, tienen algunos operadores nuevos. Francia ha acometido una reforma de su sistema de redes ferroviarias para aumentar su sostenibilidad financiera. En octubre de 2013 se presentó un proyecto de ley que actualmente se halla en fase de debate parlamentario; entre las medidas que lo componen se encuentra el nombramiento de un gestor de infraestructura con plenas competencias integrado en una estructura vertical que incluirá al operador tradicional. Esta nueva estructura puede dificultar el acceso de otros operadores a la red.

(15)

Francia tiene una elevada y creciente carga fiscal. En 2013, la ratio impuestos/PIB se situaba en el 45,9 %, una de las más altas de la Unión, que por añadidura ha registrado un aumento de 3,3 puntos porcentuales desde el inicio del saneamiento presupuestario en 2010. Ante esta situación, un comité especial (Assises de la fiscalité) ha ofrecido su asesoramiento para la reforma del sistema tributario. Hasta la fecha se han registrado escasos progresos en la reducción de los tipos nominales de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades y en el aumento de la eficiencia del IVA. En cambio, la sobrecarga temporal ejercida sobre las grandes empresas se ha prolongado hasta 2015, lo que provocará una subida del tipo global nominal del impuesto de sociedades al 38,1 % (el tipo nominal, del 33,3 %, es ya uno de los más elevados de la Unión). El Gobierno ha anunciado la eliminación progresiva de la contribución social de solidaridad de las sociedades (C3S) y una reducción gradual del tipo nominal al 28 % de aquí a 2020. Con respecto a esta última medida, se carece de información sobre el calendario exacto de aplicación. El año pasado se registraron asimismo progresos limitados en cuanto a la reducción y racionalización de los impuestos sobre la renta. A pesar de los avances obtenidos en la fiscalidad medioambiental (con la introducción gradual del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono, llamado contribution climat énergie), la proporción de los impuestos medioambientales en el PIB sigue siendo baja. Concretamente, en Francia no se indexan los impuestos especiales con la inflación y persisten importantes subvenciones nocivas para el medio ambiente, como el tipo preferente del impuesto especial aplicable al gasóleo. Por último, en 2013 no se adoptaron medidas adicionales para subsanar la distorsión a favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades con el fin de prevenir un mayor aumento de la deuda privada.

(16)

A pesar de la adopción de toda una batería de medidas, la situación del mercado laboral en Francia siguió deteriorándose en 2013 y sigue presentando considerables dificultades. El desempleo siguió aumentando hasta alcanzar el 10,3 % en 2013 (frente al 7,5 % en 2008). El mercado laboral francés sigue segmentado, con niveles muy bajos de transición de contratos temporales a contratos permanentes (la probabilidad de pasar de un puesto temporal a otro permanente era solo del 10,6 % en 2010, frente a una media del 25,9 % en la Unión). El acuerdo interprofesional para la obtención de empleo dio lugar a una ley que se adoptó en julio de 2013. Aunque esta reforma es positiva, sus repercusiones son por el momento desiguales. Concretamente, muy pocas empresas han recurrido a los mecanismos de acuerdos de empresa establecidos por la ley para aumentar la flexibilidad de las condiciones de trabajo en caso de dificultades económicas transitorias. No obstante, el porcentaje de despidos efectivos denunciados ante los tribunales se ha reducido considerablemente. Aunque en 2014 los interlocutores sociales celebraron negociaciones con miras a la reforma del sistema de prestaciones de desempleo, no se prevé que el nuevo acuerdo logre reducir sustancialmente el déficit que este sistema genera. El déficit acumulado del régimen de subsidios de desempleo, que en 2013 se aproximaba al 1 % del PIB, exige medidas estructurales adicionales que aseguren la sostenibilidad del sistema. En particular, algunos de sus componentes, como las condiciones de elegibilidad, el carácter decreciente de las prestaciones a lo largo del tiempo o las tasas de sustitución de los trabajadores con sueldos más elevados experimentaron solo modificaciones muy tenues tras el último acuerdo entre interlocutores sociales de marzo de 2014 y precisan de nuevas adaptaciones que aseguren la existencia de los incentivos adecuados para trabajar. Gracias a las reformas sucesivas de las pensiones, la tasa de empleo de los trabajadores entre 55 y 64 años ha conocido un aumento constante en los últimos tres años.

A pesar de ello, los índices de empleo de los trabajadores de más edad en Francia (45,6 % en 2013) siguen siendo muy inferiores a la media de la Unión ( - 4,5 puntos porcentuales puntos porcentuales) y solo un 55 % de los trabajadores de mayor edad se jubilan directamente desde una situación de empleo (2008-2011). Como consecuencia de esta situación, la tasa de desempleo de este grupo ha aumentado considerablemente en los últimos años. Es por consiguiente necesario intensificar las medias que aumenten su empleabilidad y revisar los incentivos para su permanencia o su retorno al trabajo.

(17)

El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos de 2013 puso de manifiesto que la desigualdad en la enseñanza se encuentra en Francia entre las más altas de los países de la OCDE. Una sexta parte de los jóvenes franceses sale del sistema de educación y formación sin ningún título; esta tendencia resulta especialmente preocupante si se considera que al final de 2013 la tasa de desempleo de los jóvenes era del 25,5 % y que el riesgo de desempleo era casi dos veces mayor para los jóvenes menos cualificados. Los sistemas de promoción de los contratos de aprendizaje deben llegar en particular a los jóvenes menos cualificados. Se alcanzaron ciertos progresos en este terreno con la reforma de la educación obligatoria introducida en julio de 2013 y la adopción de una ley de formación profesional y aprendizaje permanente en marzo de 2014. No obstante, es demasiado pronto para determinar si estas medidas van a ser eficaces para limar las desigualdades del sistema educativo y sigue pendiente de aplicación el nuevo plan destinado al primer ciclo de la enseñanza secundaria en las zonas desfavorecidas. Por último, el número de aprendices disminuyó en 2012 y los programas beneficiaron cada vez más a los estudiantes universitarios.

(18)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis global de la política económica de Francia. Ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y socioeconómica de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones de la Unión en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.

(19)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad y su dictamen (6) se refleja, particularmente, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(20)

A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

(21)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado también un análisis de la política económica de la zona del euro en su conjunto. Sobre esta base, el Consejo ha formulado recomendaciones específicas destinadas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). En tanto que país cuya moneda es el euro, Francia también debería garantizar la oportuna y plena aplicación de estas recomendaciones.

1.

Reforzar la estrategia presupuestaria —entre otras cosas, especificando más detalladamente las medidas subyacentes— para 2014 y años posteriores, con el fin de asegurar la corrección del déficit excesivo de forma sostenible para 2015 mediante el esfuerzo de ajuste estructural especificado en la Recomendación del Consejo con arreglo al Procedimiento de Déficit Excesivo. La corrección duradera de los desequilibrios fiscales requiere una aplicación creíble de reformas estructurales ambiciosas que aumenten la capacidad de ajuste y potencien el crecimiento y el empleo. Tras la corrección del déficit excesivo, proseguir un ajuste estructural hacia el objetivo a medio plazo de al menos un 0,5 % del PIB anual, porcentaje que se incrementará cuando las condiciones económicas sean favorables o cuando así lo exija el cumplimiento de la norma en materia de deuda a fin de situar la elevada ratio de deuda de las administraciones públicas en una senda descendente sostenible. Redoblar los esfuerzos para conseguir incrementos de eficiencia en todos los subsectores de la Administración pública, redefiniendo, cuando así proceda, el alcance de la intervención del Gobierno. En particular, tomar medidas para reducir considerablemente el gasto en seguridad social a partir de 2015 según lo previsto, fijando objetivos anuales más ambiciosos de gasto sanitario, conteniendo los costes de las pensiones y racionalizando las prestaciones familiares y los subsidios de vivienda. Fijar un calendario claro para el proceso de descentralización en curso y tomar, no más tarde de diciembre de 2014, las primeras medidas dirigidas a suprimir duplicidades administrativas, facilitar fusiones entre órganos de gobierno local y especificar las responsabilidades de cada capa de la administración local. Reforzar los incentivos para racionalizar el gasto de la administración local, limitando el incremento anual de las recaudaciones tributarias de las administraciones locales y reduciendo en paralelo las subvenciones de la Administración central conforme a lo previsto. Además de atender la necesidad de ahorro a corto plazo, adoptar no más tarde de junio de 2015 medidas que permitan atajar el aumento del gasto sanitario público (incluidos los gastos farmacéuticos) previsto de medio a largo plazo, a las que se añadirán, según proceda, medidas que cubran todos los regímenes destinadas a equilibrar con carácter sostenible el sistema de pensiones de aquí a 2020, con especial énfasis en los regímenes especiales y complementarios vigentes.

2.

Garantizar que se sostenga la reducción del coste de la mano de obra derivada del crédit d’impôt compétitivité emploi. Adoptar medidas para seguir disminuyendo las cotizaciones empresariales a la seguridad social en cumplimiento de los compromisos del Pacto de responsabilidad y solidaridad, asegurando que ninguna otra medida contrarreste sus efectos y que los objetivos actualmente fijados se mantengan. Seguir evaluando el impacto económico de las exenciones de las cotizaciones a la seguridad social, haciendo hincapié en el empleo, la evolución de los sueldos y la competitividad, y adoptar, en caso necesario, las medidas apropiadas. Sin incidir en el presupuesto, seguir reduciendo el coste de la mano de obra, concretamente en el peldaño inferior de la escala salarial, objetivo que se conseguirá en particular mediante reducciones específicas de las cotizaciones empresariales de la seguridad social, teniendo en cuenta los distintos regímenes de ayuda salarial.

3.

Simplificar las reglas administrativas, fiscales y contables de las empresas y adoptar disposiciones concretas de aplicación del «plan de simplificación» del Gobierno en curso, no más tarde de diciembre de 2014. Eliminar los impedimentos normativos a la expansión de las empresas, revisando los criterios de tamaño recogidos en las regulaciones vigentes a fin de evitar efectos de umbral. Adoptar medidas para aumentar la sencillez y eficiencia de la política de innovación, especialmente mediante evaluaciones que tengan en cuenta las últimas reformas y, en caso necesario, una adaptación del crédit d’impôt recherche. Asegurar que los recursos se canalizan hacia los polos de competitividad más eficaces y fomentar en mayor medida el impacto económico de la innovación desarrollada en los polos.

4.

Eliminar toda restricción injustificada del acceso a las profesiones reguladas y el ejercicio de las mismas, reducir los costes de entrada y favorecer la competencia en el sector de servicios. Tomar nuevas medidas para reducir la carga reguladora que afecta al funcionamiento del sector minorista, simplificando el proceso de autorización de la apertura de establecimientos comerciales y eliminando la prohibición de las ventas a pérdida. Manteniendo condiciones asequibles para los grupos vulnerables, asegurar que las tarifas reguladas del gas y la electricidad para los hogares se fijen en un nivel apropiado para no obstaculizar la competencia. Reforzar la capacidad de interconexión de las redes energéticas con España, más concretamente, ampliar la capacidad de interconexión de gas para integrar plenamente el mercado ibérico del gas con el mercado europeo. En el sector ferroviario, garantizar la independencia del nuevo gestor único de infraestructura respecto del operador tradicional y tomar medidas para abrir el transporte nacional de pasajeros a la competencia de acuerdo con lo dispuesto en las futuras directivas y con los calendarios contenidos en ellas.

5.

Aliviar la carga fiscal sobre el trabajo y redoblar los esfuerzos de simplificación e incremento de la eficiencia del sistema tributario. Con tal fin, a partir del presupuesto de 2015, adoptar medidas dirigidas a eliminar todo gasto ineficiente de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades, sobre la base de las evaluaciones recientes y de la iniciativa Assises de la fiscalité, reduciendo de forma paralela los tipos nominales; adoptar medidas adicionales para acabar con la distorsión a favor del endeudamiento en la fiscalidad empresarial; ampliar la base imponible, especialmente en los bienes y servicios de consumo; eliminar gradualmente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

6.

Seguir luchando contra la rigidez del mercado laboral, en particular mediante medidas de reforma de las condiciones de los «acuerdos de mantenimiento del empleo» a fin de aumentar su utilización por parte de las empresas en dificultades. Adoptar medidas adicionales de reforma del sistema de subsidio de desempleo, en concertación con los interlocutores sociales, a fin de asegurar su sostenibilidad, por un lado, y la existencia de incentivos suficientes para regresar al trabajo, por otro. Garantizar que los trabajadores de mayor edad disfruten de un asesoramiento y una formación adecuados y reevaluar los dispositivos correspondientes de los regímenes específicos de desempleo en relación con su situación en el mercado laboral.

7.

Proseguir la modernización de la enseñanza y formación profesionales, aplicar la reforma de la enseñanza obligatoria y seguir actuando para reducir las desigualdades educativas, intensificando, en particular, las medidas de lucha contra el abandono escolar prematuro. Asegurar que las políticas activas de empleo apoyen realmente a los grupos más vulnerables. Facilitar la transición de la escuela al trabajo, intensificando las medidas de desarrollo de los programas de aprendizaje con miras, en particular, a los beneficiarios poco cualificados.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/50

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Estrategia Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

Croacia participó en el Semestre Europeo de 2013 de manera voluntaria e informal mediante la presentación de un programa económico; no había recomendaciones específicas para ese país. El 21 de junio de 2013, el Consejo adoptó unas conclusiones en las que acogía con satisfacción el programa económico de Croacia y subrayaba que se esperaba que Croacia realizase progresos para cumplir los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que ese país debía emprender una trayectoria de ajuste creíble, salvaguardando al mismo tiempo los gastos que propician el crecimiento y dejando un margen para cofinanciar la entrada de fondos de la UE.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Croacia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración Pública.

(7)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados del examen exhaustivo relativo a Croacia en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. Del análisis de la Comisión cabe concluir que Croacia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos que requieren un seguimiento específico y la aplicación de medidas resueltas. En particular, esta última es necesaria teniendo en cuenta las vulnerabilidades derivadas de los considerables pasivos exteriores, el descenso de las exportaciones, el elevado apalancamiento de las empresas y el rápido crecimiento de la deuda general de la Administración pública, todo ello en un contexto de bajo crecimiento y escasa capacidad de ajuste.

(8)

El 24 de abril de 2014, Croacia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Convergencia de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, uno y otro se han evaluado al mismo tiempo.

(9)

El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Convergencia de 2014 es corregir el déficit excesivo para 2016 y, al mismo tiempo, volver a la senda del crecimiento económico sostenible. Este resultado se obtendría mediante una reducción continua del déficit del 4,9 % del PIB en 2013 a una cifra inferior al 3 % del PIB en 2016, fecha límite para la corrección del déficit excesivo. El Programa de Convergencia prevé que la deuda pública alcanzará su máximo en torno al 72 % del PIB en 2014, con un ligero descenso en el año siguiente y una estabilización a partir de entonces. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Convergencia es optimista durante todo el período del programa. Según se contempla en este, el PIB se estancará en 2014, mientras que en 2015 se prevé un crecimiento moderado del 1,2 %, en comparación con un descenso del 0,6 % y un crecimiento del 0,7 %, respectivamente, según las previsiones de primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. Las previsiones presupuestarias del Programa de Convergencia se apartan de las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), lo que da lugar a incoherencias con los datos anteriores y con el escenario macroeconómico y dificulta una comparación adecuada con las previsiones de primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. Por otra parte, el Programa de Convergencia no ofrece un nivel de detalle suficiente sobre las medidas de saneamiento para 2015 y 2016, en particular en lo que se refiere a los gastos. Según las previsiones de primavera de 2014 de los servicios de la Comisión, el saldo global debería alcanzar el 3,8 % y el 3,1 % del PIB en 2014 y 2015 respectivamente. Tras el ajuste necesario para poder comparar estas proyecciones con los objetivos fijados en el marco del procedimiento de déficit excesivo (es decir, excluido el efecto de la transferencia de activos de pensiones del segundo pilar) las previsiones de la Comisión para el déficit en 2014 serían del 4,6 % del PIB y del 3,8 % en 2015.

Dado que el Programa de Convergencia constituye el primer informe sobre las medidas adoptadas por las autoridades a raíz de la apertura del procedimiento de déficit excesivo, el 28 de enero de 2014 la Comisión evaluó las medidas adoptadas por Croacia en una Comunicación publicada el 2 de junio de 2014. En particular, se prevé alcanzar el objetivo principal en 2014, mientras que se espera que el déficit se sitúe ligeramente por encima del objetivo en 2015. La mejora del saldo estructural de las administraciones públicas se queda ligeramente por debajo de lo exigido tanto en 2014 como en 2015. Por último, aunque el cambio del saldo estructural ajustado está por debajo del esfuerzo recomendado, se estima que el esfuerzo, medido por la cantidad subyacente de medidas discrecionales, se alcance tanto en 2014 como en 2015. A fin de reducir el impacto negativo sobre el crecimiento y mejorar la sostenibilidad del saneamiento, es necesario prestar una mayor atención a la calidad de las medidas y pasar a medidas basadas en el gasto. Basándose en su evaluación del Programa de Convergencia y en las previsiones de la Comisión, con arreglo al Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que, si bien Croacia había tomado hasta el 30 de abril de 2014 medidas eficaces para corregir su déficit excesivo según lo recomendado, se necesitan más esfuerzos para cumplir la recomendación formulada en el marco del procedimiento de déficit excesivo a fin de corregir el déficit excesivo en 2016 y garantizar la credibilidad de la corrección.

(10)

Las medidas de saneamiento presupuestario deberían estar encaminadas a mejorar la calidad de la hacienda pública, con vistas a conseguir eficiencias, en particular, en materia de salarios, seguridad social y gastos en subvenciones y a ofrecer suficiente margen de maniobra presupuestario para dar prioridad a un gasto que favorezca el crecimiento y las inversiones, en particular en el caso de los proyectos financiados por la Unión. Croacia ha aplicado reformas significativas a su marco presupuestario en los últimos años. No obstante, siguen existiendo insuficiencias en relación con la planificación presupuestaria, el control efectivo del gasto y la aplicación coherente de las limitaciones presupuestarias, lo cual afecta negativamente a la definición de las políticas presupuestarias. Aunque ha cambiado recientemente, hay que mejorar más la concepción de las normas presupuestarias. En particular, la eficacia del marco presupuestario se ve socavada por la ausencia de mecanismos preventivos y el escaso cumplimiento de la norma en materia de deuda, y por la ambigua formulación de la regla de equilibrio estructural presupuestario. Aunque se acoge con satisfacción la creación del Comité de política fiscal, se consideran necesarias medidas adicionales para reforzar su posición en la planificación y el control presupuestarios, en particular su independencia de las autoridades presupuestarias.

(11)

Croacia se enfrenta al reto de proseguir el saneamiento presupuestario sin perjuicio de la competitividad y las perspectivas de recuperación económica. En este contexto, el lado de los ingresos de las finanzas públicas se ve limitado por una definición estricta de las bases impositivas que ofrecen un rendimiento fiscal estable y tienen poco efecto de falseamiento del crecimiento. En este contexto, el Programa Nacional de Reformas anuncia un plan para introducir en 2016 un impuesto permanente sobre el patrimonio, pero su diseño operativo, incluida la base imponible, está aún por concretar. Croacia está también decidida a tomar medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias reduciendo la economía sumergida y ha avanzado en este sentido. La introducción gradual de registros tributarios de transacciones en efectivo ha incrementado los ingresos tributarios al mejorar la visibilidad de las operaciones. Se espera que la reorganización de la administración fiscal contribuya a mejorar la eficiencia y la eficacia de la recaudación de impuestos, reduciendo al mismo tiempo para los contribuyentes las cargas derivadas del cumplimiento de las normas. Sin embargo, a la luz de las necesidades de saneamiento presupuestario, y teniendo en cuenta también los datos que indican que existen cantidades significativas de impuestos no percibidos, parece que hay margen para aumentar la eficiencia de la recaudación fiscal y se necesitan esfuerzos constantes para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias ofreciendo a los contribuyentes más servicios electrónicos.

(12)

Croacia ha tomado medidas para mejorar la sostenibilidad y la adecuación de las pensiones: desde noviembre de 2010, la edad legal de jubilación, la edad de jubilación anticipada y el período de cotización para las mujeres han aumentado progresivamente y se prevé que estén plenamente armonizados en 2030. Las modificaciones de la Ley del seguro de pensiones adoptadas en diciembre de 2013 suben la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y la edad de jubilación anticipada de 60 a 62. Sin embargo, este aumento no entrará en vigor hasta 2031, lo que no es suficientemente ambicioso habida cuenta de la evolución demográfica. A pesar de las reformas aplicadas en los últimos años, siguen existiendo distintas posibilidades de jubilación anticipada. Teniendo en cuenta el alcance de las excepciones, las penalizaciones por jubilación anticipada y la bonificación por jubilación tardía crean pocos incentivos para trabajar hasta la edad legal de jubilación, lo que repercute negativamente en la oferta de mano de obra y en la sostenibilidad del sistema de pensiones. En 2013 se adoptó la Ley del organismo único de peritaje forense para contribuir a limitar el número de pensionistas por discapacidad y reducir el fraude unificando las evaluaciones de discapacidad. Esto, junto con el aumento de las inspecciones, aborda una necesidad patente, pero el efecto sobre el gasto dependerá de cómo se aplican las medidas y del alcance de la ejecución de las decisiones. Las pensiones con arreglo a regímenes especiales que superaban un determinado umbral se redujeron un 10 %, aunque de forma provisional, mientras que su indexación se ha vinculado a un umbral del PIB. A pesar de los recientes intentos por reducir el gasto y aumentar la transparencia, el ritmo y el alcance de la convergencia con las normas generales de las pensiones con arreglo a regímenes especiales son lentos y el progreso general sigue siendo limitado.

(13)

El sector sanitario logra unos resultados razonablemente buenos y, con algunas variaciones regionales, los servicios son accesibles, pero el sistema contribuye significativamente a la presión sobre la hacienda pública. Las autoridades han detectado deficiencias subsanables en la red de hospitales. El plan director de la reorganización de la asistencia hospitalaria, presentado en marzo de 2014, prevé medidas que mejorarán la rentabilidad, tales como la racionalización de la red hospitalaria, la reducción de la duración media de las estancias hospitalarias, una mejor asignación de las camas de hospital, incluso para los cuidados de larga duración, y otros cambios de la financiación de los hospitales. Para llevar el plan a la práctica se necesitan unas capacidades consistentes de control y aplicación tanto en los hospitales como en la Administración central. Los cuidados de larga duración se caracterizan por la dispersión de servicios entre los sistemas de salud y de asistencia social, las bajas tasas de cobertura y los cuidados formales, los costes elevados de prestación y las largas listas de espera.

(14)

Las tasas de empleo y de actividad se sitúan entre las más bajas de la UE y son particularmente bajas para los jóvenes y las personas de edad avanzada. Más allá de la evolución cíclica, estos resultados del mercado laboral están relacionados, en parte, con parámetros institucionales y políticos. Croacia ha emprendido reformas del mercado laboral con el fin de dotarlo de una mayor flexibilidad. Una primera fase de la reforma, centrada en la regulación de los contratos de trabajo de duración determinada, concluyó en 2013. En enero de 2014, el Gobierno adoptó una segunda propuesta legislativa que prevé la reducción de los costes de despido, simplificando y reduciendo la duración de los procedimientos y aumentando la flexibilidad del tiempo de trabajo. Además, se introducirán formas más flexibles de empleo como, por ejemplo, contratos a tiempo parcial. Estos cambios situarán a Croacia prácticamente a la par con países similares, en lo que se refiere al índice de protección del empleo. Aunque se prevé que estas reformas tengan un efecto positivo para el empleo en general, también implican un mayor riesgo de segmentación del mercado laboral, incluido el desarrollo de contratos de duración determinada. Al mismo tiempo, no se prevén modificaciones de las instituciones encargadas de fijar los salarios, a pesar de que en Croacia se da una combinación particular de salarios medios relativamente elevados y tasas de empleo muy bajas. Pese al aumento del desempleo, el gasto y la cobertura de las medidas activas del mercado de trabajo con el fin de mejorar el acceso y la mayor permanencia en el mercado de trabajo siguen siendo inferiores a la media, especialmente en lo que respecta a los jóvenes, los desempleados de larga duración y los trabajadores de más edad. La capacidad administrativa de los servicios públicos de empleo croatas está sujeta a fuertes presiones, incluso a nivel regional. No existe un sistema general de seguimiento y evaluación de la evolución y de las necesidades del mercado de trabajo que incluya una previsión de las cualificaciones, ni tampoco una evaluación periódica de las políticas activas del mercado laboral. Existe una gran proporción de actividad remunerada no declarada.

(15)

La situación del mercado de trabajo es especialmente preocupante para los jóvenes, ya que su desempleo aumentó drásticamente y alcanzó casi el 50 % en 2013, mientras que la proporción de jóvenes que no estudian, trabajan ni reciben formación sigue aumentado. Entre los retos importantes está la inclusión de los jóvenes no inscritos y la movilización del sector privado para que ofrezca más posibilidades de formación de aprendices, en consonancia con los objetivos de la «garantía juvenil». Croacia también se enfrenta a graves desafíos educativos en lo que se refiere a la pertinencia de la oferta en todos los sectores educacionales para el mercado de trabajo y a la calidad de la misma. El aprendizaje en el lugar de trabajo y la orientación profesional en la educación secundaria y terciaria no existen, mientras que el compromiso de los empresarios con la educación y la formación profesionales, y con la educación secundaria y terciaria es bajo. Las tasas de empleo entre los nuevos licenciados son considerablemente más bajas que en el resto de la Unión. El anticuado sistema de formación y educación profesional está experimentando una reforma a través de nuevos planes piloto de estudios escolares. La aplicación del marco de cualificaciones croata y de la estrategia en materia de educación, ciencia y tecnología está pendiente pero debería mejorar los resultados educativos y adaptarlos a las necesidades del mercado laboral.

(16)

El alto desempleo y la escasa participación en el mercado laboral han dado lugar a un deterioro de la situación social en Croacia. La proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social ha aumentado en los últimos años y es muy superior a la media de la UE. El diseño del sistema de prestaciones sociales permite que los beneficiarios acumulen percepciones en metálico solapadas. Cuando los beneficiarios encuentran trabajo pierden el beneficio de algunas de estas percepciones sociales, lo que desincentiva su entrada en el mercado de trabajo. Es posible mejorar la eficacia y transparencia del sistema de protección: actualmente, la asignación de los regímenes y prestaciones de apoyo a la renta está repartida en muchas instituciones y niveles administrativos, y la aplicación de los criterios es incongruente y presenta solapamientos. La Ley de Bienestar Social de 2013 introdujo una verificación más estricta de los ingresos y fusionó cuatro de las más de setenta prestaciones a escala nacional, incluidas algunas destinadas a grupos específicos, en la Renta mínima general. Se establecerá gradualmente hasta 2016 una «ventanilla única» nacional, que administrará todas las prestaciones en metálico a escala nacional. No obstante, será difícil realizar un seguimiento y una evaluación sistemáticos, ya que no se han integrado ni los regímenes y programas de apoyo a la renta a escala local y regional ni las distintas prestaciones en metálico destinadas a categorías específicas de la población e independientes de los recursos del beneficiario. A pesar de varias reformas legislativas desde 2011, la concepción de los sistemas de prestaciones sociales no logró centrarse realmente en las personas más necesitadas.

(17)

El marco reglamentario actual aplicable a la actividad empresarial en Croacia es muy oneroso para las empresas, entre otras cosas debido a la falta de seguridad jurídica, la escasa transparencia de la toma de decisiones en particular a nivel local y las numerosas cargas parafiscales. Por otra parte, la elevada fragmentación de las responsabilidades de la Administración pública a nivel regional y local y el complejo reparto de competencias entre ministerios y organismos a nivel central complican las decisiones empresariales y alargan los procedimientos administrativos. Se ha implantado un enfoque estructurado a nivel del Gobierno central para determinar qué obstáculos encuentran las empresas; sin embargo, no se aplica una metodología coherente para medir la carga administrativa, lo que disminuye la eficacia de las medidas ya adoptadas. La actual «ventanilla única» para las empresas solo tiene funciones limitadas. Es preciso racionalizar y mejorar el control de las subvenciones y garantías públicas; un primer paso en este ámbito sería la creación de un registro central de empresas y personas físicas beneficiarias de apoyo. Croacia ha emprendido reformas de la Administración pública con el fin de reforzar sus capacidades administrativas y mejorar la orientación al cliente de los servicios públicos para los ciudadanos y las empresas. No obstante, la calidad de la gobernanza pública sigue siendo baja, con poca coordinación entre los diversos niveles de la administración y un uso escaso o excesivamente formal de la definición y evaluación de políticas a partir de hechos concretos. La adopción de la estrategia de reforma de la administración pública es un paso en la dirección correcta; la estrategia debe aplicarse cuidadosamente en todos los niveles administrativos. La experiencia de la ejecución de los fondos de preadhesión indica que existen deficiencias en materia de planificación estratégica y capacidad institucional y fallos en la elaboración y seguimiento de los proyectos.

(18)

Las empresas de propiedad estatal o controladas por el Estado se ven afectadas negativamente por una gobernanza deficiente, al tiempo que la aplicación de la nueva estrategia para la gestión de activos y empresas públicos ha sufrido retrasos. En la actualidad no existe ningún procedimiento de selección de los miembros de los consejos de supervisión y administración, y no se publican los nombramientos. Aunque se han tomado medidas para mejorar el marco de lucha contra la corrupción, se necesitan más esfuerzos en la prevención de la corrupción, a todos los niveles de la administración. Algunos elementos esenciales de los que carece dicho marco son unos mecanismos efectivos de verificación de los conflictos de intereses y la declaración del patrimonio de los funcionarios públicos, así como salvaguardias específicas para las empresas de propiedad estatal y controladas por el Estado. Los poderes de verificación del Comité de resolución de conflictos de intereses dependen de las competencias y la actitud voluntarista de otras autoridades. Pese a los progresos realizados para aumentar la transparencia de los procedimientos de contratación pública, los instrumentos de evaluación de riesgos no se utilizan sistemáticamente y no se da suficiente prioridad a los sectores vulnerables. La supervisión de la aplicación efectiva de las normas de contratación pública debe reforzarse, de cara también a la asignación de fondos de la UE en los próximos años.

(19)

La aplicación generalizada del procedimiento concursal previo en 2013 tuvo cierto éxito a la hora de abordar los problemas de servicio de la deuda a los que se enfrentan las empresas en el contexto de los complejos, largos y costosos procedimientos de quiebra. Sin embargo, hay margen para reforzar considerablemente el instrumento subsanando diversas carencias, como la clarificación insuficiente del papel del Estado en el proceso, reforzando el papel de los tribunales mercantiles a la hora de validar las deudas y la solidez de los planes de reestructuración, ampliando el ámbito de aplicación del procedimiento a fin de posibilitar una reestructuración eficaz antes de que el deudor sea insolvente, y resolviendo las deficiencias en la aplicación de la legislación. A pesar de una serie de reformas para mejorar la eficacia del sistema judicial, los procedimientos judiciales civiles, mercantiles y administrativos son excesivamente largos, sobre todo en primera instancia. El número de asuntos pendientes aumentó en 2013 y es muy elevado, especialmente el de los procedimientos civiles y mercantiles. Para resolver estos problemas que obstaculizan la actividad empresarial y reducen el atractivo de Croacia para las inversiones extranjeras directas es necesario un esfuerzo continuo que cree y aplique los incentivos adecuados para despachar los procedimientos en tiempo útil y fomentar los acuerdos extrajudiciales, especialmente en caso de deudas de escasa cuantía.

(20)

El planteamiento conservador aplicado por el Banco Nacional de Croacia a la reglamentación macroprudencial, en particular a los niveles de capital, ha dado lugar a que los bancos adquieran un grado de resiliencia que ha resultado útil habida cuenta de los retos a que se enfrentan debido a la debilidad económica. No obstante, con una economía que se encuentra en su sexto año de recesión y el aumento de los préstamos no productivos, existen riesgos para la calidad de los activos de las entidades de crédito. Es satisfactorio que determinadas carteras de los cuatro mayores bancos croatas, que son de propiedad extranjera, vayan a estar incluidas en la revisión de la calidad de los activos y la prueba de resistencia de la zona del euro del nuevo Mecanismo Único de Supervisión. Sin embargo, el ejercicio excluye algunas carteras importantes desde una perspectiva croata, ya que las carteras se seleccionan sobre la base de su pertinencia a nivel de grupo bancario. Además, el ejercicio no incluye los bancos más pequeños y de tamaño mediano, cuyos niveles de capital pueden ser más bajos y la calidad de sus activos menos robusta, y que son potencialmente importantes para la estabilidad financiera. Si se complementara el ejercicio del Mecanismo Único de Supervisión con un ejercicio de diagnóstico supervisor adicional concebido específicamente para el sistema financiero croata (y que incluya carteras importantes de filiales croatas no incluidas en el citado ejercicio, así como bancos fundamentales más pequeños y de tamaño mediano), mejoraría la visión general de la clasificación de préstamos de los bancos y la adecuación de sus reservas para pérdidas crediticias.

(21)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Croacia, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Croacia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación.

(22)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su dictamen (4) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(23)

A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia. Sus recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 que figuran a continuación.

1.

Aplicar plenamente las medidas presupuestarias adoptadas para 2014. Reforzar la estrategia presupuestaria, concretando más las medidas anunciadas para 2015 y 2016, y estudiando medidas adicionales permanentes que propicien el crecimiento, con el fin de garantizar una corrección sostenible del déficit excesivo en 2016. Al mismo tiempo, garantizar que se realiza el esfuerzo de ajuste estructural que figura en la recomendación formulada por el Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Adaptar las previsiones del programa a las normas del SEC y a las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Tomar medidas para reforzar el control del gasto. Para marzo de 2015, haber llevado a cabo una profunda revisión del gasto. Reforzar el proceso de planificación presupuestaria, en particular mejorando la precisión de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias y fortaleciendo el carácter vinculante de los límites máximos de gasto anuales y a medio plazo, y mejorar la concepción de la normativa presupuestaria. Para octubre de 2014, recoger en una ley el recién creado Comité de política fiscal, reforzar su independencia respecto de todas las autoridades presupuestarias, ampliar su mandato, especialmente en lo que se refiere a la supervisión de toda la normativa presupuestaria y la evaluación ex ante y ex post de las previsiones, y garantizar una adecuada dotación de recursos. Basándose en los planes expuestos en el Programa Nacional de Reformas, presentar una estrategia concreta de reforma de la tributación recurrente de los bienes inmuebles. Iniciar un proceso de presentación de informes y revisión del gasto fiscal. Mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en particular incrementando la eficiencia de la administración tributaria; presentar un plan de acción a tal efecto antes de finales de 2014.

2.

Reducir el acceso a la jubilación anticipada. Adoptar para marzo de 2015 la legislación prevista con objeto de acelerar la armonización de la edad legal de jubilación de hombres y mujeres y adelantar el aumento previsto de la edad legal de jubilación a los 67 años. Garantizar la aplicación de las evaluaciones y controles más estrictos de las pensiones de invalidez y acelerar la integración en el sistema general de las pensiones percibidas en virtud de regímenes especiales. Reforzar la rentabilidad del sector sanitario, incluidos los hospitales.

3.

Ejecutar la segunda fase de la reforma del Derecho del trabajo, tras consultar con los interlocutores sociales, en particular en lo que se refiere a las condiciones de despido y al tiempo de trabajo, y con vistas a impedir una mayor segmentación del mercado de trabajo también para los jóvenes, de aquí a marzo de 2015. Revisar el sistema de fijación de salarios para adecuar mejor la evolución de la productividad y los salarios. Presentar las conclusiones de esta revisión antes de que acabe 2014. Reforzar la eficacia y el alcance de las políticas activas del mercado de trabajo, reforzando la capacidad administrativa de los servicios públicos de empleo, también a nivel regional, y aumentando la cobertura de los jóvenes, los desempleados de larga duración y los trabajadores de más edad. Dar prioridad a la inclusión de los jóvenes no registrados y movilizar al sector privado para que ofrezca más posibilidades de formación de aprendices, en consonancia con los objetivos de la «garantía juvenil». Elaborar planes, antes de finales de 2014, con el fin de abordar el trabajo no declarado. Aplicar medidas para aumentar la calidad de las salidas de la enseñanza y su adecuación a las necesidades del mercado de trabajo, modernizando los sistemas de cualificaciones, estableciendo mecanismos de garantía de calidad y mejorando la transición de los estudios al trabajo, en particular reforzando la formación profesional y la formación en el puesto de trabajo.

4.

Revisar los sistemas impositivos y de prestaciones para finales de 2014 y presentar un plan de acción para mejorar la reactivación de las personas inactivas y en paro. Reforzar la eficacia y la transparencia del sistema de protección social mediante una mayor consolidación de las prestaciones, unificar los criterios de admisibilidad y cruzar los datos de todos los niveles y organismos públicos pertinentes en la «ventanilla única». Mejorar la eficacia y adecuación de las prestaciones de asistencia social orientándolas mejor.

5.

Adoptar medidas adicionales para mejorar el entorno empresarial. En particular, de aquí a marzo de 2015, fijar un objetivo para reducir considerablemente los requisitos administrativos, incluidas las cargas parafiscales. Abordar el alto nivel de fragmentación y el solapamiento de responsabilidades mediante la racionalización de los procesos administrativos y la clarificación del marco de toma de decisiones y de responsabilidades en los diversos niveles de la administración y a nivel del Gobierno central entre los ministerios y los organismos. Mejorar la capacidad administrativa y la planificación estratégica de las unidades encargadas de la gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y dotarlas de unos niveles de personal adecuados y estables.

6.

Presentar, a más tardar en octubre de 2014, un plan detallado de gestión del patrimonio nacional para 2015. Garantizar que las empresas bajo control estatal se dirijan de manera transparente y responsable y, en particular, reforzar los requisitos de competencia profesional de los miembros de consejos de administración y supervisión designados por el Gobierno e introducir un registro público de los nombramientos. Reforzar la prevención de la corrupción en la Administración pública y en las empresas estatales y controladas por el Estado, por ejemplo aumentando las competencias de verificación del Comité para la resolución de los conflictos de intereses. Reforzar la transparencia y eficiencia de la contratación pública tanto a nivel central como local, y la capacidad de control de la ejecución y la detección de irregularidades.

7.

De aquí a finales de 2014, reforzar el papel de los tribunales mercantiles para controlar la transparencia y la legalidad de la aplicación del procedimiento concursal previo mercantil. Revisar la prueba obligatoria de insolvencia o de falta de liquidez para acceder al procedimiento concursal previo y racionalizar el procedimiento de insolvencia/liquidación para reducir su longitud. Mejorar la calidad y eficiencia del sistema judicial, en particular dando incentivos para la resolución oportuna de los procedimientos en asuntos civiles, mercantiles y administrativos y recurrir a la solución extrajudicial en particular para los litigios de menor importancia.

8.

Complementar las revisiones de la calidad de los activos y las pruebas de resistencia realizadas por el Banco Central Europeo en 2014 y emprender un ejercicio general de análisis de carteras especialmente concebido para el sector financiero de Croacia, que se centre en las carteras importantes que no están cubiertas por el ejercicio del Banco Central Europeo e incluya los principales bancos pequeños y medianos.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/57

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de Italia para 2013 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad de Italia para 2012-2017. El 15 de noviembre de 2013, de conformidad con el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Italia para 2014.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (6), marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. Asimismo, el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

(7)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados del examen exhaustivo correspondiente a Italia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. El análisis de la Comisión llevaba a la conclusión de que Italia sufre desequilibrios macroeconómicos excesivos que exigen un seguimiento específico y unas medidas políticas decididas. En particular, el nivel de la deuda pública, persistentemente elevado, unido a una competitividad exterior escasa derivada del apático incremento de la productividad, agudizado además por un crecimiento deplorable merecen una atención particular y la adopción de medidas decididas.

(8)

El 22 de abril de 2014, Italia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno se han evaluado al mismo tiempo.

(9)

El objetivo de la estrategia presupuestaria esbozada en el Programa de Estabilidad es el logro del objetivo a medio plazo de equilibrio presupuestario en términos estructurales para 2016, cumpliendo al mismo tiempo con la norma relativa a la deuda durante el periodo de transición de 2013-2015. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo a medio plazo de equilibrio presupuestario en términos estructurales, que está en consonancia con lo exigido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El ajuste estructural (recalculado) previsto en el Programa de Estabilidad es de 0,2 puntos porcentuales del PIB en 2014 y de 0,4 puntos porcentuales del PIB en 2015. Según se expone en el Programa de Estabilidad, este ajuste limitado hacia el logro del objetivo a medio plazo se justifica por las arduas condiciones económicas y por el esfuerzo necesario para aplicar un ambicioso programa de reformas estructurales. Se prevén en concreto algunas reformas estructurales que deberían tener una incidencia positiva sobre el crecimiento económico potencial y que, a la postre, deberían reducir el ratio deuda/PIB de la administración en años venideros. El ajuste estructural previsto en el Programa de Estabilidad permitiría a Italia atenerse al valor de referencia de reducción de la deuda a lo largo del periodo de transición 2013-2015, en cierta medida gracias a un ambicioso plan de privatizaciones que se irá aplicando a lo largo del periodo 2014-2017 (que corresponderá cada año a 0,7 puntos porcentuales del PIB). El escenario macroeconómico en el que se basan las proyecciones presupuestarias del Programa de Estabilidad, que no ha sido refrendado por ningún organismo independiente, es moderadamente optimista, en particular por lo que respecta a los últimos años del Programa de Estabilidad.

En 2014 se prevé una desviación respecto de la senda de ajuste hacia la consecución del objetivo a medio plazo que, de repetirse el año próximo, podría evaluarse como importante, también en lo que respecta al valor de referencia del gasto. Por otro lado, el logro de los objetivos presupuestarios no está convenientemente respaldado por suficientes medidas de desarrollo, en particular a partir de 2015. Las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión apuntan a un incumplimiento del valor de reducción de la deuda fijado para 2014 ya que el ajuste estructural proyectado (únicamente 0,1 puntos porcentuales del PIB) se sitúa muy por debajo del exigido, equivalente a 0,7 puntos porcentuales del PIB). Tras analizar el Programa de Estabilidad y las previsiones de la Comisión con arreglo al Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que es preciso realizar esfuerzos adicionales también en 2014 a fin de responder a las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(10)

Las medidas emprendidas recientemente para reducir la tributación de los factores de producción han sido algo limitadas. Por tanto, queda aún margen suficiente para transferir en mayor medida la carga tributaria hacia el consumo, la propiedad y el medio ambiente, en estricto cumplimiento de los objetivos presupuestarios. Por lo que respecta al consumo, si se quiere mejorar la estructura del sistema fiscal, es asimismo fundamental revisar los tipos reducidos del IVA y los gastos fiscales directos, prestando la debida atención a la necesidad de atenuar su eventual impacto distributivo. En cuanto a la propiedad, la revisión de los valores catastrales para ajustarlos a los valores de mercado vigentes en la actualidad permitiría aplicar una fiscalidad más justa sobre la propiedad inmobiliaria. La Ley de habilitación (legge delega) para la reforma fiscal recientemente adoptada brinda la oportunidad de llevar a cabo esas reformas ineludibles. Habida cuenta de la magnitud del desafío, es preciso complementar las medidas sobre la composición de la estructura de los impuestos con otras adicionales destinadas a la mejora de la Administración tributaria y del cumplimiento en el ámbito fiscal, así como emprender acciones decididas para combatir la evasión fiscal, la economía sumergida y el trabajo no declarado, fenómenos que siguen constituyendo una pesada carga tanto para la hacienda pública como para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. A este respecto, la nueva Ley de habilitación para la reforma fiscal prevé diversas medidas para reforzar la Administración tributaria: cálculo global y sistema de seguimiento de la brecha tributaria, medidas de simplificación, medidas para mejorar la relación con los contribuyentes, medidas para mejorar la recaudación de la deuda tributaria a nivel local y refuerzo de las inspecciones fiscales. La decisión de introducir a partir de 2015 declaraciones fiscales cumplimentadas previamente supone un avance adicional con vistas al estímulo del cumplimiento en materia fiscal.

(11)

Uno de los principales retos a los que se enfrenta Italia es el logro de una aplicación exhaustiva y rápida de las medidas adoptadas, tanto para resolver las deficiencias existentes en materia de aplicación como para evitar la acumulación de ulteriores retrasos. Uno de los acicates fundamentales con vistas mejorar los resultados de Italia en materia de aplicación y garantizar en términos más generales la agilización de las medidas reside en una mayor coordinación y un reparto de competencias más eficaz entre los distintos niveles de la administración. Ello podría tener a su vez una incidencia positiva en la gestión de los fondos de la UE, aspecto con respecto al cual solo se han adoptado medidas parciales e incompletas, en particular en las regiones meridionales. La gestión de los fondos de la UE sigue adoleciendo de deficiencias vinculadas a la capacidad administrativa y de falta de transparencia, de evaluación y de control de calidad. Una mayor eficacia y una orientación hacia el servicio y los correspondientes cambios en la gestión de los recursos humanos incidirían también positivamente en la calidad del servicio público. La corrupción sigue lastrando significativamente el sistema productivo italiano y minando la confianza en el marco político e institucional. Es preciso revisar los plazos de prescripción. La lucha eficaz contra la corrupción también exige dotar de atribuciones adecuadas a la Autoridad Nacional Anticorrupción para la Evaluación y la Transparencia de las Administraciones Públicas. Persiste la ineficacia de la jurisdicción de lo civil, por lo que es necesario controlar detenidamente el impacto de las medidas adoptadas.

(12)

Inspirándose en la revisión específica de la calidad de los activos realizada el pasado año bajo los auspicios del Banco de Italia, sigue siendo importante mejorar la gestión de los activos deteriorados y apoyar su enajenación a fin de impulsar la capacidad de los bancos para ampliar la aportación de crédito a la economía real. Por lo que respecta al acceso a financiación, la principal medida adoptada hasta el momento se ha centrado en facilitar el acceso de las empresas al crédito, si bien el desarrollo de instrumentos de financiación distintos de los créditos bancarios sigue siendo limitado, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Las iniciativas adoptadas en el ámbito de la gobernanza empresarial de los bancos —en particular los nuevos principios establecidos recientemente por el Banco de Italia— se han acogido con satisfacción. De todas formas, su repercusión dependerá de su aplicación adecuada por parte de dichos bancos y del control de su cumplimiento. En concreto, sigue estando justificado un control más estrecho de algunas de las cooperativas de crédito de mayores dimensiones (banche popolari).

(13)

La situación del mercado laboral siguió empeorando en 2013, con una tasa de desempleo que creció hasta situarse en un 12,2 % y un desempleo juvenil que alcanzó el 40 %. Es esencial proceder a una correcta aplicación de las reformas introducidas en el ámbito del mercado laboral y de la fijación de los salarios, y a un cuidadoso seguimiento del efecto de las mismas, a fin de garantizar que se materialice la obtención de los beneficios esperados en términos de mayor flexibilidad en materia de despido, mayor regulación de la contratación flexible, un mayor alcance del sistema de subsidios de desempleo y mayor adaptación de los salarios a la productividad. Los planes para la mejora de la eficacia de los servicios de colocación mediante el refuerzo de los servicios públicos de empleo han sufrido retrasos y deben acelerarse. Las medidas destinadas a apoyar la creación de empleo a corto plazo deben complementarse con otras orientadas a resolver la segmentación. En conjunto, el mercado laboral italiano sigue caracterizándose por su segmentación y escasa participación, lo que afecta en particular a las mujeres y los jóvenes. Así pues, las tímidas medidas adoptadas hasta la fecha deben ampliarse, en consonancia con los objetivos de la Garantía Juvenil. Italia está registrando una disminución de la renta disponible de los hogares, combinada con un aumento de la pobreza y de la exclusión social, que afecta en particular a las familias con niños. En Italia, el gasto social sigue orientado en gran medida a la población de más edad, y se centra solo mínimamente en la activación, lo que limita el margen para abordar el riesgo de exclusión social y de pobreza. El programa piloto de asistencia social introducido recientemente tiene por objeto crear una red de protección social. Está previsto ampliarlo al país en su conjunto, y ello exigirá mejorar la eficacia del gasto social y de los servicios sociales en todo el territorio.

(14)

Es preciso realizar esfuerzos para mejorar los resultados en materia educativa e incrementar la dotación de capital humano en todos los niveles de la enseñanza, es decir, tanto primaria como secundaria y universitaria. La profesión docente se caracteriza por un único itinerario de carrera, y en la actualidad ofrece perspectivas limitadas en términos de desarrollo profesional. La diversificación de las carreras de los docentes y una mayor vinculación de sus trayectorias profesionales al mérito y los resultados, unidas a la generalización de la evaluación escolar, podrían traducirse en mejores resultados escolares. A fin de garantizar una transición fluida entre la etapa educativa y el acceso al mercado laboral, parece esencial intensificar y ampliar la formación práctica, mediante el incremento del aprendizaje basado en el trabajo y la educación y formación profesionales, en particular en la enseñanza secundaria superior y la enseñanza universitaria. Tras el decreto legislativo adoptado al respecto en 2013, es fundamental elaborar un registro de competencias a escala nacional a fin de garantizar el reconocimiento de las aptitudes adquiridas en todo el país. Desarrollar las medidas emprendidas en este sentido, proceder a la financiación pública de las universidades y centros de investigación condicionándola al rendimiento en materia de investigación y de docencia contribuiría a elevar la calidad de las universidades e incrementaría posiblemente la capacidad de investigación e innovación, que aún se encuentra en una posición rezagada.

(15)

Aunque se han adoptado algunas medidas destinadas a la creación de un entorno más favorable para las empresas y los ciudadanos, la incidencia de las mismas se ha visto frenada por retrasos en su aprobación definitiva y fallos en su aplicación. Persisten una serie de obstáculos a la competencia (ámbitos de actividad reservados, regímenes de concesiones/autorizaciones, etc.) en sectores tales como los servicios profesionales, los seguros, la distribución de carburante, el comercio minorista y los servicios postales. Es necesario paliar asimismo ciertas deficiencias de las que adolece el sistema de contratación pública. Es, además, prioritario intensificar la competencia en el ámbito de los servicios públicos locales. En particular, es necesario aplicar la actual legislación en virtud de la cual los contratos en vigor que no cumplan la normativa de la UE en relación con los criterios de adjudicación interna deben rectificarse, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2014.

(16)

Los estrangulamientos en la infraestructura impiden el correcto funcionamiento del mercado de la energía. En el ámbito del transporte, la carencia de infraestructura intermodal unida a la ausencia de sinergias y la escasez de conexiones de los puertos italianos con el interior merecen un análisis especial y la adopción de medidas al respecto. Por lo que respecta a las conexiones de banda ancha, existen en el territorio italiano áreas no urbanas que carecen de cobertura.

(17)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Italia, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Italia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación.

(18)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Italia, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(19)

A la vista de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011 quedan reflejadas a continuación en las recomendaciones 1 a 8.

(20)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (8). Como país cuya moneda es el euro, Italia debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos.

1.

Reforzar las medidas presupuestarias para 2014 habida cuenta de la desviación que se está produciendo con respecto a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en particular el de reducción de la deuda, según las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión y garantizar el progreso hacia la realización de los objetivos a medio plazo. En 2015, reforzar de forma significativa la estrategia presupuestaria a fin de cumplir el requisito de reducción de la deuda y alcazar, por tanto, los objetivos a medio plazo. A continuación, garantizar que la deuda de las administraciones públicas emprenda una trayectoria suficientemente descendente; llevar a cabo el ambicioso plan de privatizaciones previsto; aplicar un ajuste presupuestario que propicie el crecimiento y que esté basado en el importante ahorro previsto como consecuencia de la mejora duradera de la eficiencia y la calidad del gasto público en todos los niveles de la administración, preservando al mismo tiempo el gasto que favorece el crecimiento, por ejemplo en el ámbito de la I+D, la innovación, la educación y los proyectos de infraestructuras esenciales. Garantizar la independencia y la plena operatividad del Consejo Presupuestario cuanto antes y, a más tardar, en septiembre de 2014, a tiempo para la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2015.

2.

Transferir en mayor medida la carga tributaria de los factores productivos al consumo, la propiedad y el medio ambiente, en consonancia con los objetivos presupuestarios. A tal fin, evaluar la eficacia de la reciente reducción de la carga fiscal sobre el factor trabajo y asegurar su financiación para 2015, analizar el alcance de los gastos fiscales directos y ampliar la base imponible, en particular sobre el consumo. Garantizar una fiscalidad medioambiental más efectiva, incluso en el ámbito de los impuestos especiales, y suprimir las subvenciones que perjudiquen al medio ambiente. Aplicar la Ley de habilitación para la reforma fiscal en marzo de 2015, como muy tarde, mediante la adopción de decretos que conduzcan a la reforma del sistema catastral con objeto de garantizar la eficacia de la reforma de la fiscalidad de la propiedad inmobiliaria. Seguir mejorando el cumplimiento en materia fiscal mediante el refuerzo de la predictibilidad del sistema fiscal, la simplificación de los procedimientos, el perfeccionamiento de la recaudación de la deuda fiscal y la modernización de la Administración tributaria. Proseguir la lucha contra la evasión fiscal y adoptar medidas suplementarias contra la economía sumergida y el trabajo no declarado.

3.

En el marco de un esfuerzo más amplio por mejorar la eficiencia de la administración pública, determinar con claridad las competencias en todos los niveles de la administración. Garantizar una gestión más eficaz de los Fondos de la UE, emprendiendo una acción decidida para mejorar la capacidad administrativa, la transparencia, la evaluación y el control de calidad a escala nacional y regional, especialmente en las regiones meridionales. Mejorar la eficacia de las medidas contra la corrupción, por ejemplo mediante la revisión de los plazos de prescripción a finales de 2014, como muy tarde, y reforzar los poderes de la Autoridad Nacional Anticorrupción. Efectuar de manera oportuna el seguimiento de la repercusión de las reformas adoptadas a fin de incrementar la eficiencia de la jurisdicción de lo civil con objeto de garantizar su eficacia, y adoptar acciones complementarias, en su caso.

4.

Reforzar la resiliencia del sector bancario y garantizar su capacidad de gestionar y enajenar los activos deteriorados con vistas a reactivar el crédito a la economía real. Apoyar el acceso de las empresas, en particular de las pymes, a la financiación no bancaria. Seguir fomentando y efectuando un seguimiento de las prácticas eficientes en materia de gobernanza empresarial en el sector bancario en su conjunto, prestando particular atención a los grandes bancos cooperativos (banche popolari) y al papel de las fundaciones, a fin de mejorar la eficacia de la intermediación financiera.

5.

Evaluar, a finales de 2014, como muy tarde, la incidencia de las reformas del mercado laboral y de la fijación de salarios sobre la creación de empleo, los procedimientos de despido, la dualidad del mercado laboral y la competitividad de los costes, y sopesar la necesidad de emprender medidas adicionales. Trabajar con vistas al logro de una protección social más completa en favor de los desempleados, limitando al mismo tiempo el recurso a los regímenes de complemento salarial para facilitar la reasignación del trabajo. Estrechar el vínculo entre las políticas del mercado laboral activas y pasivas, partiendo de la elaboración de una hoja de ruta para la acción en diciembre de 2014, a más tardar, y reforzar la coordinación y el rendimiento de los servicios públicos de empleo en todo el país. Emprender acciones efectivas para la promoción del empleo femenino, mediante la adopción de medidas destinadas a reducir la falta de incentivos fiscales para aquellas personas que representen la segunda fuente de ingresos familiares, como muy tarde, en marzo de 2015, y proceder a la dotación de los servicios asistenciales oportunos. Prestar servicios adecuados en todo el país a los jóvenes no inscritos y garantizar un mayor compromiso del sector privado respecto de la oferta de contratos de aprendizaje y de prácticas de calidad para finales de 2014, en consonancia con los objetivos de la Garantía Juvenil. Paliar las situaciones de pobreza y exclusión social, intensificar el nuevo programa piloto de apoyo de asistencia social, cumpliendo con los objetivos presupuestarios, garantizando una fijación de objetivos apropiada, una condicionalidad estricta y la uniformidad territorial, y reforzando su vinculación con las medidas de activación. Mejorar la eficacia de los regímenes de ayuda familiar y de los servicios de calidad destinados a favorecer a las familias de escasos recursos con hijos.

6.

Aplicar el Sistema Nacional de Evaluación del Sistema Educativo a fin de mejorar los resultados de los centros escolares y reducir los índices de abandono escolar prematuro. Incrementar el recurso al aprendizaje basado en el trabajo en los niveles superiores de la enseñanza secundaria profesional y reforzar la enseñanza universitaria orientada al mundo profesional. Crear un registro nacional de cualificaciones que garantice un amplio reconocimiento de las mismas. Asegurar que la financiación pública recompense en mayor medida la calidad de la enseñanza superior y la investigación.

7.

Aprobar la legislación pendiente y demás medidas equivalentes destinadas a la simplificación del entorno reglamentario de las empresas y los ciudadanos y paliar las deficiencias en materia de aplicación de la legislación en vigor. Respaldar la apertura del mercado y la eliminación de las barreras que aun subsistan a la competencia y las restricciones conexas en el ámbito de los servicios públicos locales y profesionales, los seguros, la distribución de carburante, el comercio minorista y los servicios postales. Incrementar la eficiencia de la contratación pública, en particular simplificando los procedimientos, por ejemplo mediante un mejor uso de la contratación electrónica, racionalizando los órganos centrales de compra y garantizando la adecuada aplicación de las normas anteriores y posteriores a la adjudicación. Por lo que respecta a los servicios públicos locales, aplicar rigurosamente la legislación estableciendo la rectificación de los contratos que no cumplan los requisitos en materia de concesión interna el 31 de diciembre de 2014 a más tardar.

8.

Garantizar la pronta y plena operatividad de la Autoridad de Transporte, como muy tarde en septiembre de 2014. Aprobar la lista de infraestructuras estratégicas en el sector de la energía y reforzar la gestión de los puertos y sus conexiones con el interior.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/63

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014), y el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2012, el Consejo aprobó una Recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Letonia y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado para 2012-2016.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2013 para la coordinación de las políticas económicas. Asimismo el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que Letonia no fue señalada como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

(7)

El 29 de abril de 2014, Letonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014, y el 30 de abril de 2014, su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(8)

El objetivo de la estrategia presupuestaria contenida en el Programa de Estabilidad de 2014 consiste en reducir progresivamente el déficit global y mantener un saldo estructural que sea coherente con el objetivo a medio plazo cuando se tenga en cuenta la desviación temporal permitida del objetivo a medio plazo debida al impacto de la reforma del sistema de pensiones. El Programa de Estabilidad ha cambiado el objetivo a medio plazo del – 0,5 % al – 1,0 %; el nuevo objetivo a medio plazo refleja los objetivos del Pacto por el Crecimiento y el Empleo. La senda prevista del saldo global en el Programa de Estabilidad implica un deterioro progresivo del saldo estructural (recalculado), aunque aún dentro del margen permitido por la ejecución de la reforma de las pensiones. Teniendo en cuenta la desviación permitida del objetivo a medio plazo, el déficit estructural previsto es acorde con lo requerido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta 2016. No obstante, el incremento previsto del déficit estructural recalculado en 2017 conlleva una desviación de la senda de ajuste requerida hacia el objetivo a medio plazo. En términos generales, la estrategia presupuestaria contenida en el Programa de Estabilidad está en su mayor parte en consonancia con los requisitos del Pacto por el Crecimiento y el Empleo. La deuda pública se mantendría muy por debajo del 60 % del PIB a lo largo de todo el período del Programa, disminuyendo al 31 % del PIB en 2017. El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad, que no ha sido refrendado oficialmente por una entidad independiente, es verosímil. Se prevé que el crecimiento económico se mantenga en torno al 4 % anual a lo largo del período del Programa, en tanto que los aumentos de precios serán moderados.

(9)

El escenario presupuestario del Programa de Estabilidad contempla un pronunciado declive en la parte de los ingresos y gastos públicos en el PIB, lo que refleja una serie de medidas de reducción de los ingresos frente a restricciones de gastos específicas. Las crecientes demandas de gasto en varios ámbitos entrañan un riesgo para las reducciones de gasto previstas en el Programa de Estabilidad. Las previsiones de primavera de 2014 de los servicios de la Comisión muestran que mientras la política presupuestaria de 2014 está en consonancia con lo requerido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, hay riesgo de desviación en 2015. Partiendo de su evaluación del Programa de Estabilidad y del estudio prospectivo de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que en 2014 la desviación del déficit estructural del objetivo a medio plazo refleja el impacto de la reforma del sistema de pensiones, mientras que en 2015 existe el riesgo de desviación de la senda de ajustes requerida.

(10)

Letonia ha tomado medidas para reducir la carga fiscal que pesa sobre las personas con rentas bajas y las familias con personas a cargo y para reforzar la imposición de la propiedad y medioambiental, pero el nivel y el diseño de esos impuestos no incide suficientemente en el comportamiento de los operadores económicos, y siguen concediéndose subsidios que tienen efectos perjudiciales para el medio ambiente. Si bien es cierto que las autoridades han realizado algunos progresos en la mejora del cumplimiento de las obligaciones tributarias y la reducción de la proporción de actividad económica no declarada, en particular al mejorar la evaluación del riesgo e imponer sanciones más severas contra los comportamientos fraudulentos, subsisten retos en la lucha contra el fraude y la evasión fiscales. En concreto, pese a que representan un porcentaje importante de la imposición total, los ingresos procedentes de los impuestos sobre el consumo encierran un amplio potencial de nuevos incrementos si mejora el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

(11)

A pesar de un plan originalmente ambicioso de reforma de la enseñanza superior, Letonia no ha registrado progresos en la implantación de un sistema de acreditación aprobado internacionalmente, los planes para introducir un nuevo modelo de financiación están previstos con carácter indicativo para 2016, la consolidación de los centros de enseñanza superior ha perdido fuelle y no se han modificado las restricciones en el uso de lenguas extranjeras. Y todo ello pese a que existe un amplio margen de maniobra para la reforma del sistema de enseñanza superior, que es excesivamente amplio para una población en declive, incluye demasiados programas de estudios diferentes y tiene una limitada capacidad de atracción para los estudiantes y docentes extranjeros. Los resultados de la primera evaluación independiente de los centros de investigación ponen de manifiesto que solo el 21 % de los científicos equivalentes a tiempo completo trabajan en ese 10 % de los centros de investigación evaluados que puede considerarse de alto nivel internacional. Por otra parte, Letonia tuvo una intensidad de I+D de solo 0,66 % en 2012 y no tiene visos de lograr el objetivo de Europa 2020 de dedicar el 1,5 % del PIB a I+D.

(12)

Letonia ha registrado progresos en la lucha contra el desempleo, que se ha reducido considerablemente. Sin embargo, el paro juvenil sigue siendo relativamente alto y es preciso adoptar medidas de divulgación destinadas a los jóvenes inactivos no registrados. Aunque Letonia ha tomado medidas para abordar los desajustes de capacidades y la calidad de la educación profesional, ambas cuestiones siguen requiriendo atención, sobre todo en lo que respecta a la mejora de la calidad de las prácticas y al desarrollo de una orientación profesional global. Las políticas activas del mercado de trabajo siguen siendo limitadas y dependen excesivamente de las obras públicas.

(13)

En Letonia, la pobreza entre la población en edad de trabajar sigue siendo muy alta. Se han tomado algunas medidas para reformar la asistencia social y se ha completado una evaluación a gran escala del sistema de seguridad social, sentando así unas bases sólidas para una reforma sustentada en datos objetivos. Se han incrementado significativamente varias prestaciones relacionadas con la infancia y se han elevado los umbrales de ingresos por debajo de los cuales las personas a cargo no deben pagar el impuesto de la renta. Sin embargo, la eficacia de la protección social en términos de reducción de la pobreza sigue siendo insuficiente y el diseño de una red de seguridad eficaz sigue planteando dificultades. En términos generales, una elevada proporción de la población letona se enfrenta al riesgo de pobreza o exclusión social, que es incluso más alta en el caso de los niños. Las familias con niños, los desempleados, las personas con discapacidad y las personas que viven en zonas rurales se enfrentan a un riesgo de pobreza y exclusión social particularmente elevado. El gasto en protección social de Letonia como porcentaje del PIB es el más bajo de la Unión. El acceso a la asistencia sanitaria se ve obstaculizado por los costes, en particular los elevados pagos directos y los pagos informales generalizados, lo que significa que un elevado porcentaje de la población no pueda satisfacer sus necesidades en materia de asistencia sanitaria. Existe margen de maniobra para mejorar la eficiencia del sistema, asegurar una financiación rentable y promover actividades de prevención de las enfermedades.

(14)

Letonia ha realizado algunos progresos en la apertura de su mercado eléctrico a la competencia, que se ampliará al sector del consumo doméstico a principios de 2015. En junio de 2013 se adhirió al mercado de contratación eléctrico escandinavo-báltico Nord Pool Spot. Es preciso seguir reforzando las interconexiones con el mercado de la energía de la UE, pues Letonia depende actualmente de las importaciones y la conexión eléctrica transfronteriza con Estonia está la mayor parte del tiempo congestionada. El desarrollo de las infraestructuras es, pues, esencial y Letonia se enfrenta a grandes retos para colmar las lagunas en la materia. También se han registrado algunos avances en el sector del gas natural cuando el Parlamento aprobó enmiendas a la Ley de energía, que inicia la apertura gradual del mercado del gas a partir de abril de 2014; sin embargo, la apertura total del mercado se ha pospuesto hasta 2017. Letonia ha presentado una combinación de medidas equilibrada encaminada al ahorro energético para los principales sectores de la economía, y en los próximos años más del 70 % del ahorro de energía se generará en el sector de la construcción. Sin embargo, sigue siendo necesario mejorar la eficiencia en los sistemas del transporte, la vivienda y las redes de calefacción urbana.

(15)

Letonia ha adoptado importantes medidas encaminadas a mejorar las capacidades del sistema judicial a fin de reducir la congestión y la dilación de los procedimientos. Sin embargo, la importante acumulación de asuntos judiciales pendientes sigue constituyendo una amenaza para las empresas y es preciso completar las reformas destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad del sistema judicial, en particular en lo que respecta a la insolvencia, la mediación y el arbitraje. Letonia ha propuesto ambiciosas reformas de la administración pública; sin embargo, su ejecución es lenta y no se aplica a las administraciones locales, al tiempo que se ha retrasado considerablemente la reforma de las empresas de propiedad estatal. Es preciso modificar la legislación en materia de competencia a fin de conferir al Consejo de la Competencia mayor independencia institucional y financiera para intervenir eficazmente contra las acciones de los organismos públicos y privados que restrinjan la competencia.

(16)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Letonia, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Letonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

(17)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(18)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (6). Letonia, en su condición de país cuya moneda es el euro, debe asegurar asimismo la plena aplicación de esas recomendaciones dentro de los plazos previstos

1.

Preservar una situación presupuestaria saneada en 2014 y reforzar la estrategia presupuestaria a partir de 2015 garantizando que la desviación con respecto al objetivo a medio plazo se limita al impacto de la reforma del sistema de pensiones. Proseguir sus esfuerzos para reducir la presión tributaria que pesa sobre los personas con rentas bajas reorientando la fiscalidad hacia los impuestos sobre los bienes inmuebles o los impuestos medioambientales, más favorecedores del crecimiento, y mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación.

2.

Acelerar la puesta en práctica de la reforma de la enseñanza superior, en particular mediante la creación de una agencia de acreditación independiente y la implantación de un modelo de financiación que recompense la calidad. Ofrecer orientación profesional a todos los niveles de la educación, mejorar la calidad de la educación y la formación profesionales, en particular reforzando las prácticas, y hacer progresos por lo que respecta a la empleabilidad de los jóvenes, especialmente aplicando medidas de divulgación para los jóvenes no registrados en el empleo, la educación o la formación. Tomar medidas tendentes a la implantación de un sistema de investigación más integrado y global, en particular concentrando la financiación hacia los centros de investigación competitivos a nivel internacional.

3.

Reformar la asistencia social y su financiación para asegurar una mejor cobertura, la adecuación de las prestaciones, una activación reforzada y servicios sociales específicamente orientados. Aumentar la cobertura de las políticas activas del mercado de trabajo. Mejorar la rentabilidad, calidad y accesibilidad del sistema de asistencia sanitaria.

4.

Acelerar el desarrollo de las interconexiones de gas y electricidad con los Estados miembros vecinos para diversificar las fuentes de energía y promover la competencia mediante una mayor integración de los mercados energéticos bálticos. Proseguir los esfuerzos encaminados a mejorar la eficiencia energética en los sistemas del transporte, los edificios residenciales y las redes de calefacción urbana.

5.

Finalizar las reformas judiciales, en particular las reformas pendientes de los marcos de insolvencia, arbitraje y mediación a fin de asegurar un entorno jurídico más favorable a la actividad empresarial y a los consumidores. Agilizar las reformas de la administración pública, en particular llevando a cabo reformas de la gestión de las empresas públicas y reforzando la independencia institucional y financiera del Consejo de la Competencia.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/67

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse en los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Lituania y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de Lituania para 2012-2016.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. Asimismo, el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Lituania como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

(7)

El 1 de abril de 2014, Lituania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y, el 22 de abril de 2014, su Programa de Convergencia de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(8)

El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Convergencia de 2014 es lograr el objetivo a medio plazo en 2015 y un superávit estructural del 0,9 % del PIB al final del Programa de Convergencia, en 2017. El Programa de Convergencia confirma el anterior objetivo a medio plazo del - 1 % del PIB, ateniéndose a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sobre la base del saldo presupuestario estructural (recalculado), el avance anual hacia el objetivo a medio plazo es de al menos el 0,5 % del PIB en 2014 y 2015. Al mismo tiempo, existe un riesgo de desviación con respecto al índice de referencia del gasto en 2015. En general, la trayectoria de ajuste de cara al objetivo a medio plazo se ajusta a grandes rasgos a las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Programa de Convergencia muestra que la deuda disminuye sustancialmente durante el período de aplicación, hasta aproximadamente el 35 % de aquí a 2017. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias expuestas en el Programa de Convergencia es verosímil en términos generales. Al mismo tiempo, para los años 2015-2017, las medidas de saneamiento aún no se han especificado. Según las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión, el ajuste estructural en 2014 y 2015 se espera que equivalga al 0,2 % y al 0,6 % del PIB, respectivamente, y, por tanto, que en 2014 se encuentre un 0,3 % por debajo del ajuste requerido del 0,5 % del PIB. Además, el valor de referencia para el gasto corre el riesgo de desviarse significativamente en 2014, con otra desviación en 2015, aunque más limitada. Partiendo de su evaluación del Programa de Convergencia y de las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que existe un riesgo de desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo a medio plazo a partir de 2014.

(9)

La importancia relativa de los impuestos considerados menos perjudiciales para el crecimiento, tales como los impuestos sobre bienes inmuebles y los medioambientales, sigue siendo baja. Los ingresos tributarios dependen en gran medida de los impuestos indirectos y la fiscalidad sobre el trabajo, mientras que el peso de la fiscalidad medioambiental aún es escaso. Unos mayores ingresos procedentes de impuestos favorables al medio ambiente podrían utilizarse para aliviar la carga fiscal que pesa sobre los salarios más bajos, en particular los trabajadores poco cualificados. Una revisión parcial del sistema fiscal se llevó a cabo a principios de 2013 y el Gobierno decidió ajustar la fiscalidad del capital, elevar el umbral de ingresos imponibles, lo que implica un incremento de la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas en beneficio de los trabajadores con ingresos bajos, y aumentar los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco. Sin embargo, en conjunto, estas medidas tendrán un efecto más bien negativo sobre los ingresos. Por tanto, las medidas adicionales para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y reforzar el lado de los ingresos siguen siendo determinantes. No se adoptaron medidas importantes a raíz de la recomendación específica para el país que se emitió en 2013 relativa a la fiscalidad medioambiental. Ha habido escasos progresos en la consolidación del marco presupuestario, ya que los límites máximos de gastos siguen siendo insuficientemente vinculantes y los cambios legislativos aún no se han aprobado. Lituania sigue afrontando retos en términos de cumplimiento de las obligaciones tributarias, en particular la lucha contra el fraude en el IVA, entre otros medios, reforzando las medidas de gestión de riesgos. El plan de acción 2013-2014 sobre cumplimiento de las obligaciones fiscales se está aplicando y las primeras estimaciones indican algunos efectos positivos. En 2013 se adoptó una serie de medidas para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el ámbito del IVA y los impuestos especiales. Para el período 2014-2015 se ha puesto en marcha una nueva estrategia específica.

(10)

Las previsiones sobre la evolución demográfica desfavorable de Lituania plantean dudas en cuanto a la viabilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Se prevé que el gasto en pensiones aumente sustancialmente y se estima que en 50 años casi duplicará la media de la UE. El aumento gradual de la edad legal de jubilación, que comenzó en 2012, no es suficiente para compensar el ritmo de contracción de la población activa y el aumento de la esperanza de vida. Por otra parte, el fuerte aumento de la pobreza y las graves privaciones materiales entre las personas mayores son síntomas de problemas ligados a la adecuación de las pensiones. Lituania ha dado importantes (aunque aislados) pasos en la dirección correcta, pero se precisan cambios más importantes para aplicar una reforma general. Lituania ha completado la reforma del segundo pilar del régimen de pensiones, pero ni los regímenes profesionales ni la acumulación de pensiones voluntarias se utilizan ampliamente. Además del aumento de la edad legal de jubilación, también se precisan medidas que garanticen la empleabilidad de los trabajadores de más edad y unos entornos de trabajo propicios para las personas mayores.

(11)

En general el desempleo ha bajado, pero el desempleo estructural sigue siendo elevado, lo que sugiere una inadecuación de las cualificaciones, en particular de las personas poco cualificadas. El paro juvenil y el número de jóvenes que no estudian, se forman o trabajan está disminuyendo, pero sigue siendo demasiado elevado. La limitada cobertura de las políticas activas del mercado laboral sigue planteando un reto, y su eficacia y oportunidad deben mejorar. Se prevé que la escasez de mano de obra cualificada se acentúe en el futuro. Con el fin de incrementar las expectativas de empleo de los jóvenes es importante mejorar la relevancia de la formación profesional y la educación superior para el mercado laboral, mejorar la calidad de los sistemas de contratos de aprendizaje y la formación en el puesto de trabajo, en cooperación con el sector privado, incluidas las PYME. La creciente participación en el aprendizaje permanente sigue siendo insuficiente. Una revisión exhaustiva de la legislación laboral, con la participación de los interlocutores sociales, es necesaria para encontrar la manera de aliviar la carga administrativa que pesa sobre los empresarios. Principalmente, es esencial identificar y eliminar las restricciones innecesarias que afectan a la flexibilidad de los contratos de trabajo, las condiciones de despido y las disposiciones de los acuerdos sobre el tiempo de trabajo.

(12)

Pese a recientes mejoras, la pobreza en edad laboral se mantiene por encima de la media de la UE. Los incrementos del salario mínimo mensual y del mínimo exento de impuestos han contribuido a abordar el problema de la pobreza. No obstante, la pobreza en la vejez y las privaciones materiales graves se han incrementado marcadamente durante los últimos años. En 2012-2013, el estudio piloto sobre la reforma de la asistencia social en metálico se plasmó en un número inferior de beneficiarios y de gastos sociales en prestaciones sociales en metálico. En 2014, el proyecto piloto ha sido ampliado a todos los municipios. Es necesario garantizar el seguimiento y la evaluación de los efectos de la reforma entre los más necesitados. La cobertura de las medidas de activación para los beneficiarios de asistencia social desempleados de larga duración es insuficiente. Además, las medidas todavía siguen concentrándose en los planes de obras públicas y, por lo tanto, ofrecen apoyo a la renta, pero no contribuyen a mejorar la empleabilidad de los beneficiarios. Los efectos de la reforma sobre las personas con rentas bajas deben ser evaluados. Lituania ha adoptado el plan de acción 2014-2020 para mejorar la integración social. No obstante, sigue habiendo necesidad de establecer los principales grupos destinatarios, el presupuesto y las medidas concretas, especificando cómo alcanzarlos y cómo los distintos ministerios, gobiernos locales y agentes de la sociedad civil cooperarán en la aplicación del plan de acción.

(13)

Desde 2010, el Gobierno ha emprendido una reforma ambiciosa de las empresas públicas. En diciembre de 2013 se aprobaron los actos jurídicos definitivos que modifican las directrices en materia de transparencia que exigen que todas las empresas públicas, a partir de 2014, faciliten por separado en sus informes anuales los datos relativos a las funciones mercantiles y no mercantiles. Un primer informe que detalla esta distribución está previsto para agosto de 2014 y deberá permitir una evaluación más detallada del éxito de este cambio. No obstante, el número de miembros del Comité Independiente de Empresas Públicas sigue siendo reducido, debido, en parte, a las limitaciones jurídicas aplicables a las empresas estatales y municipales. Se proponen cambios de carácter jurídico que permitan el nombramiento de miembros independientes para los consejos de administración de todas las empresas públicas. La eficacia de la separación de las funciones mercantiles y no mercantiles y la profesionalización de los consejos de administración tendrán que evaluarse una vez que se apliquen plenamente.

(14)

Las conexiones de gas y electricidad con los Estados miembros vecinos siguen infradesarrolladas, con la consiguiente restricción de la competencia y precios elevados. La competencia en los mercados nacionales se ha reforzado con la liberalización de los mercados del gas y la electricidad, pero hasta ahora los clientes no han ejercido sus derechos a cambiar de proveedor. Mientras que el Gobierno ha hecho de las interconexiones energéticas una prioridad, estas todavía están pendientes de ser concluidas. Un importante gasoducto ha sido encargado y la terminal de GNL de Klaipeda se espera que comience a funcionar en diciembre de 2014. Sin embargo, se ha avanzado algo en lo que se refiere a las interconexiones de la red de energía lituana con el mercado de la energía de la UE. La eficiencia energética también debe mejorar. Lituania ha realizado algunos progresos en la eficiencia energética de los edificios, incluso con respecto a las inversiones previstas en el fondo de cartera de JESSICA. En 2013 se adoptaron medidas legislativas para acelerar la absorción del fondo de cartera. A principios de 2014, los proyectos ya se habían concluido y las solicitudes iniciales han aumentado considerablemente. Entre los retos jurídicos se cuentan la reducción de las subvenciones para calefacción si los residentes rechazan la renovación, eliminando así la falta de incentivos a la renovación.

(15)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Lituania, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Lituania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión, incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

(16)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la Recomendación 1 que figura a continuación.

1.

Reforzar las medidas presupuestarias para 2014 a la luz del crecimiento del gasto por encima del límite y del creciente déficit del 0,3 % del PIB en términos de esfuerzo estructural sobre la base de las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión, lo que es indicio de un riesgo de una desviación significativa con respecto al componente preventivo de las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 2015, reforzar la estrategia presupuestaria para garantizar al ajuste requerido del 0,5 % del PIB hacia el objetivo a medio plazo. Posteriormente, garantizar el objetivo a medio plazo. Complementar la estrategia presupuestaria con un marco presupuestario reforzado, en particular mediante la fijación de límites máximos de gasto vinculantes de dicho marco a medio plazo. Además, revisar el régimen fiscal y considerar el aumento de los impuestos menos perjudiciales para el crecimiento, tales como los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles y los impuestos medioambientales, sin dejar de mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

2.

Adoptar y aplicar la legislación relativa a una reforma global del sistema de pensiones. En particular, ajustar la edad legal de jubilación a la esperanza de vida, limitar el acceso a la jubilación anticipada, establecer normas claras para la indización de las pensiones y promover el uso de regímenes de jubilación complementarios. Acompañar la reforma de las pensiones con medidas que fomenten la empleabilidad de los trabajadores de más edad.

3.

Enfocar mejor las medidas de activación del mercado laboral para incrementar la participación en él de los trabajadores poco cualificados y de los desempleados de larga duración. Mejorar la cobertura y adecuación de los subsidios de desempleo y ligarlos a medidas de activación. Abordar los persistentes desajustes de capacidades en el mercado laboral mejorando la adecuación de la educación, por ejemplo sobre la base de sistemas de previsión de competencias y promoviendo el aprendizaje permanente. Para aumentar la empleabilidad de los jóvenes, dar prioridad a la oferta de aprendizaje de calidad y otras formas de aprendizaje basadas en el trabajo, y reforzar la colaboración con el sector privado. Revisar la adecuación de la legislación laboral, en particular en lo que respecta al marco de los contratos de trabajo y de la jornada laboral, en consulta con los interlocutores sociales.

4.

Garantizar una adecuada cobertura de quienes más lo necesitan y continuar reforzando los vínculos entre prestaciones en metálico de la asistencia social y medidas de activación.

5.

Completar la aplicación de la reforma de las empresas de propiedad estatal, según lo previsto, en particular mediante la conclusión de la separación entre actividades mercantiles y no mercantiles, la profesionalización de los consejos ejecutivos y la supervisión estrecha del cumplimiento de los requisitos de la reforma.

6.

Establecer medidas para mejorar la eficiencia energética de los edificios a través de una aplicación rápida del fondo de cartera. Proseguir el desarrollo de conexiones eléctricas y de gas con los Estados miembros vecinos con el fin de diversificar las fuentes de energía y promover la competencia a través de una mejor integración de los mercados bálticos de la energía.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/72

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reformas de Luxemburgo de 2013 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Luxemburgo para 2012-2016. El 15 de noviembre de 2013, de conformidad con el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), la Comisión emitió su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Luxemburgo para 2014.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. Asimismo, el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Luxemburgo como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

(7)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo relativo a Luxemburgo, realizado en aplicación del artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. Sobre la base de este análisis, la Comisión ha llegado a la conclusión de que Luxemburgo no está experimentando desequilibrios macroeconómicos en el sentido del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. En particular, el análisis del superávit por cuenta corriente muestra que no se deriva de una demanda interna anémica, sino que es más bien el resultado del modelo de crecimiento específico de Luxemburgo, basado firmemente en servicios financieros. Existen efectivamente riesgos para la estabilidad financiera nacional derivados de la presencia de un amplio sector financiero, pero son relativamente limitados, en la medida en que el sector está diversificado y especializado al mismo tiempo. El elevado nivel de endeudamiento en el sector privado, especialmente entre las sociedades no financieras, refleja principalmente la presencia de un gran número de empresas multinacionales que utilizan sus sucursales o filiales en Luxemburgo para sus operaciones de financiación intragrupo. Por último, la actual situación favorable de las finanzas públicas depende en gran medida de la sostenibilidad de un modelo de crecimiento basado en un sector financiero dinámico, y presenta un elevado riesgo de sostenibilidad a largo plazo.

(8)

El 28 de abril de 2014, Luxemburgo presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014, y, el 25 de abril de 2014, su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(9)

El objetivo de la estrategia presupuestaria a medio plazo recogida en el Programa de Estabilidad de 2014 es regresar al objetivo a medio plazo en 2016, tras haberse desviado considerablemente de él en 2015. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo a medio plazo fijado anteriormente de un superávit del 0,5 % del PIB, que refleja los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Está previsto que el superávit estructural (recalculado) de las administraciones públicas pase del 1,4 % del PIB en 2013 al 1,1 % en 2014, antes de convertirse en un déficit del 0,1 % del PIB en 2015. A partir de ese momento, lo previsible es que se alcancen superávits estructurales cada vez mayores. Por lo tanto, Luxemburgo debería mantenerse dentro de su objetivo a medio plazo en 2014, para luego desviarse considerablemente de él en 2015. Según el programa, la tasa de crecimiento del gasto público, una vez excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos, superaría la tasa a medio plazo de referencia de crecimiento potencial del PIB en 2015. En general, los objetivos del programa se atienen en parte a los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con una desviación, en particular, en 2015. La tasa de endeudamiento, que se situó en el 23,1 % del PIB en 2013, muy por debajo del valor de referencia del 60 % del PIB, experimentará probablemente un nuevo descenso durante el período de aplicación del programa. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad, elaborado por un organismo independiente (STATEC), resulta ligeramente optimista con respecto a 2014 y 2015. El Gobierno prevé una tasa de crecimiento del PIB del 3,2 % tanto en 2014 como en 2015, mientras que las previsiones de primavera de los servicios de la Comisión de 2014 arrojan un 2,6 % y un 2,7 %, respectivamente. Además, las autoridades todavía no han especificado plenamente las medidas en que se basa la senda fiscal para el período 2015‐2018. Según las previsiones de la Comisión, que no tienen en cuenta las medidas anunciadas más recientemente, el superávit estructural está llamado a bajar al 0,6 % del PIB en 2014 y a convertirse en un déficit del 1,3 % del PIB en 2015. La tasa de crecimiento del gasto público, una vez excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos, superará previsiblemente la tasa a medio plazo de referencia del PIB potencial en 2015, año en que se espera una desviación significativa. Sobre la base de su evaluación del Programa de Estabilidad y las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo estima que hay riesgos de que no se alcancen los objetivos del Programa de Estabilidad, que solo en parte se atienen a los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, especialmente a partir de 2015.

(10)

En julio de 2013, el Gobierno presentó al Parlamento un anteproyecto de ley sobre la transposición de las disposiciones de la Directiva 2011/85/UE del Consejo (5) y del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Aunque el anteproyecto de ley debía entrar en vigor el 1 de enero de 2014, se pospuso su adopción debido a la dimisión del Gobierno en julio. En virtud del anteproyecto de ley, se introduce una nueva ley de programación financiera plurianual que cubre el mismo horizonte temporal que la próxima actualización del Programa de Estabilidad. La ley de programación financiera plurianual se actualizaría cada año de forma sistemática, junto con el presupuesto anual. Detallaría las medidas previstas para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en la administración pública. El anteproyecto de ley introduce límites máximos plurianuales en la ley de programación financiera plurianual únicamente aplicables al sector de la administración central, pero no hace ninguna referencia a las consecuencias en caso de rebasarse tales límites máximos. El anteproyecto de ley no prevé una norma nacional en materia de gasto que determine la configuración de objetivos plurianuales de gasto. No obstante, contiene disposiciones para la senda de ajuste que permitiría alcanzar el objetivo a medio plazo. En marzo de 2014 se presentó al Parlamento un proyecto revisado de esta ley, que entre otras cosas prevé asignar la tarea de realizar un seguimiento independiente de las normas presupuestarias a una institución de nueva creación, el Conseil National des Finances Publiques.

(11)

Por otra parte, los ingresos tributarios procedentes del IVA se verán afectados por las nuevas normas sobre la recaudación del IVA generada por las actividades de comercio electrónico. A partir de 2015, dichos ingresos se transferirán del país en que el proveedor está establecido al país de residencia del cliente. El Gobierno ha anunciado que los tipos de IVA se incrementarán en dos puntos porcentuales, lo que debería compensar parcialmente la pérdida de ingresos. No obstante, teniendo en cuenta el uso generalizado de los tipos impositivos reducido y superreducido, los ingresos adicionales pueden aumentarse extendiendo la aplicación del tipo normal, lo que compensaría en mayor medida las citadas pérdidas.

(12)

Según las cifras del Informe sobre el envejecimiento de 2012 de la Comisión, en Luxemburgo el gasto público bruto en pensiones como porcentaje del PIB está llamado a pasar del 9,2 % del PIB al 18,6 % en 2060. Esto se debe principalmente al gasto relacionado con el envejecimiento, y más concretamente a las pensiones. La reforma de las pensiones de 2012 tenía un alcance limitado y no abordaba sustancialmente la amenaza para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. La financiación a corto plazo del sistema de pensiones está actualmente garantizada por una baja ratio de dependencia de las personas mayores y se basa en las contribuciones de la población relativamente joven de trabajadores transfronterizos. En el futuro, esta tendencia debería invertirse y es probable que los costes de las pensiones, así como los gastos de la asistencia de larga duración, aumenten sustancialmente. Para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, se precisaría un incremento considerable del porcentaje de cotización a partir de 2020, además de la moderación automática de la adaptación de las pensiones al nivel de vida. Esto supondría un significativo incremento de la presión fiscal sobre los trabajadores que deberá soportar la futura población activa y, por consiguiente, una pérdida de competitividad de costes. Teniendo en cuenta el nivel actualmente elevado de la tasa de reemplazo, podrían haberse adoptado diferentes medidas para garantizar una distribución más justa de la carga entre generaciones. La imposición de un límite máximo a la adaptación de las pensiones acorde con el aumento de los salarios reales aumentaría las reservas de las pensiones. Por otra parte, elevar la edad efectiva de jubilación, actualmente fijada en los 59 años, adaptándola a los cambios registrados en la esperanza de vida, ayudaría a garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. También deberían reducirse las posibilidades de jubilación anticipada. Los incentivos financieros para prolongar la vida laboral, según lo previsto en la reforma de las pensiones, pueden contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad debería mejorar, mediante el refuerzo de la formación profesional y el aprendizaje permanente. Luxemburgo debe limitar la futura necesidad de asistencia de larga duración, y los costes que de esta se derivan, para garantizar su sostenibilidad. Podría asimismo conseguirse que los servicios de asistencia de larga duración resulten más eficientes reforzando la coordinación entre la atención sanitaria y la asistencia social, mejorando la prestación de servicios y brindando un mayor apoyo a los cuidadores familiares.

(13)

El gran superávit por cuenta corriente de Luxemburgo viene impulsado por los servicios financieros y enmascara un déficit persistente y cada vez mayor de la balanza comercial de mercancías, resultante de un lento crecimiento de las exportaciones. Mientras esta tendencia refleja la creciente importancia del sector servicios en la economía, responde igualmente a una pérdida más estructural de competitividad de costes. El continuo incremento observado recientemente del coste laboral unitario ha socavado la competitividad del tejido industrial de Luxemburgo. La modulación del mecanismo de indización salarial adoptado por el Gobierno en 2012 estará concluida de aquí a finales de 2014. Aunque caben distintas líneas de actuación, es importante que los salarios estén más estrechamente vinculados a la productividad mediante una reforma del sistema de indización salarial que permita una diferenciación sectorial. La fuerte dependencia del sector financiero representa un riesgo estructural para la economía. Por lo tanto, Luxemburgo tiene que concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de empresas altamente especializadas, que sirvan de trampolín hacia un crecimiento impulsado por la innovación. Aunque la cuadruplicación de la intensidad de la I+D del sector público desde 2000 refleja la decisión de reforzar las capacidades de investigación públicas, Luxemburgo no está dando los pasos necesarios para alcanzar su objetivo para 2020 de intensidad de la I+D del 2,3-2,6 % del PIB, debido a la fuerte disminución de la intensidad de I+D de las empresas (del 1,53 % del PIB en 2000 al 1 % en 2012). Por lo que respecta a los indicadores de cooperación entre los organismos públicos de investigación y las empresas, Luxemburgo debería mejorar aún más sus resultados. Debe darse un nuevo impulso a la reforma lanzada en 2013 con vistas al refuerzo de las agrupaciones empresariales innovadoras.

(14)

Aunque se han adoptado distintas medidas, el desempleo juvenil sigue siendo alto: alcanzó el 17,4 % de la población activa en 2013, lo que no obstante supuso un descenso con respecto al 18 % alcanzado en 2012. Depende fuertemente del nivel educativo y es inferior entre las personas con un grado de instrucción más alto. El sistema educativo de Luxemburgo se enfrenta a una serie de retos específicos, como el multilingüismo y las competencias específicas requeridas por un mercado laboral altamente especializado con un gran sector financiero. Los resultados del estudio para la evaluación de alumnos de la OCDE de 2012 confirmaron que se precisan medidas adicionales para contrarrestar el rendimiento relativamente pobre de los jóvenes en las competencias básicas, según lo observado desde 2006. A este respecto, habría que seguir avanzando en las reformas de la enseñanza primaria y secundaria. Además, convendría potenciar la calidad y el atractivo de la formación profesional y educativa para poder ofrecer al mercado laboral una mano de obra cualificada, especialmente en el caso de las personas de origen inmigrante. El diseño del sistema fiscal y de prestaciones sociales es la causa de las significativas deficiencias del mercado de trabajo, que se cuentan entre las más significativas de la Unión, en todos los niveles salariales y estructuras familiares. Vemos también que, a pesar de los recientes esfuerzos de reforma, las políticas de activación laboral han seguido siendo débiles; y la participación en políticas activas del mercado de trabajo no se ha hecho obligatoria en ningún momento durante el período de desempleo.

(15)

Luxemburgo está decidido a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero en los sectores no sujetos al RCDE en un 20 % de aquí a 2020, pero lo previsible es que se desvíe de este objetivo en 23 puntos porcentuales. Además, las emisiones de 2013 se situarán previsiblemente un 1 % por encima del objetivo fijado para 2013 en la Decisión de reparto del esfuerzo. En torno al 70 % de las emisiones asociadas al transporte están vinculadas a las exportaciones de combustible, entre otras cosas como resultado de la escasa entidad de los impuestos sobre consumos específicos que gravan los combustibles. El reconocimiento de la exportación de combustible como un reto clave en el segundo Plan Nacional de Acción Climática adoptado en mayo de 2013 es un paso adelante. No obstante, se necesitan medidas más concretas y a largo plazo para abordar esta cuestión. La fiscalidad medioambiental representó el 2,4 % del PIB en 2012, mientras que en 2004 representó el 3,1 %. Esta caída es concretamente el resultado de la disminución de los ingresos procedentes de los impuestos sobre la energía, resultado, a su vez, de la ausencia de indización de dichos impuestos. Los impuestos sobre los transportes, con excepción de los combustibles, representaron el 0,2 % del PIB en 2012. Los impuestos sobre el combustible utilizado en el transporte se elevan al 2,2 % del PIB, un porcentaje alto, a pesar del trato fiscal preferente del gasoil, en razón, principalmente, de la compra transfronteriza de combustible. Vemos, pues, que con una fiscalidad medioambiental que representa una proporción de la recaudación tributaria total inferior a la media, el régimen de la fiscalidad medioambiental es susceptible de mejora, especialmente si se aumenta la tributación sobre los productos energéticos utilizados en el transporte.

(16)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Luxemburgo, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y fiscal de Luxemburgo, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

(17)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(18)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). Como país cuya moneda es el euro, Luxemburgo debe asimismo asegurar la plena aplicación de esas recomendaciones dentro de los plazos previstos.

1.

Preservar una situación presupuestaria saneada en 2014 y reforzar significativamente la estrategia presupuestaria en 2015, a fin de garantizar que se alcanza el objetivo a medio plazo, y mantenerse después dentro del mismo, para proteger la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, en especial teniendo en cuenta los pasivos implícitos relacionados con el envejecimiento de la población. Reforzar la gobernanza presupuestaria, mediante la rápida adopción de un marco presupuestario a medio plazo que abarque las administraciones públicas e incluya techos de gasto plurianuales, y el establecimiento de una supervisión independiente de las normas presupuestarias. Ampliar aún más la base impositiva, en particular la que grava el consumo.

2.

Con vistas a garantizar la sostenibilidad presupuestaria, limitar los gastos relacionados con el envejecimiento, haciendo que la asistencia de larga duración resulte más eficiente, prosiguiendo la reforma de las pensiones para aumentar la edad efectiva de jubilación, limitando, en particular, la jubilación anticipada, y poniendo en consonancia la edad de jubilación o las prestaciones del régimen de pensiones con el cambio en la esperanza de vida. Redoblar los esfuerzos por aumentar la tasa de participación de los trabajadores de mayor edad, en particular mejorando su empleabilidad mediante el aprendizaje permanente.

3.

Acelerar la adopción de medidas estructurales, tras consultar a los interlocutores sociales y de acuerdo con las prácticas nacionales, para reformar el sistema de fijación de salarios, incluida la indización salarial, con vistas a mejorar la capacidad de los salarios de responder a la evolución de la productividad, en particular a nivel sectorial. Proseguir la diversificación de la estructura de la economía, fomentando, en particular, la inversión privada en investigación, y desarrollando en mayor medida la cooperación entre la investigación pública y las empresas.

4.

Proseguir los esfuerzos destinados a reducir el desempleo juvenil entre los solicitantes de empleos poco cualificados, incluidos los de origen inmigrante, a través de una estrategia coherente, en particular mejorando el diseño y el seguimiento de las políticas activas del mercado de trabajo, abordando la inadecuación de las competencias, y reduciendo los factores financieros que desincentivan el trabajo. En esta misma dirección, acelerar la aplicación de la reforma de la formación profesional y la enseñanza general para que las competencias de los jóvenes respondan mejor a la demanda laboral.

5.

Desarrollar un marco integral y adoptar medidas concretas para cumplir el objetivo de reducir de aquí a 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades no sujetas al RCDE, especialmente a través de la imposición de los productos energéticos utilizados en los transportes.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/77

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse en los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de Hungría para 2013 y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de Hungría para 2013‐2016.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. También el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Hungría como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

(7)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo de Hungría, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. El análisis de la Comisión concluye que Hungría sigue experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren un seguimiento y la adopción de medidas. En particular, el ajuste que se está llevando a cabo de la muy negativa situación neta internacional, el elevado nivel de deuda pública y privada en un contexto de fragilidad del sector financiero y unos resultados exportadores en descenso siguen requiriendo un seguimiento estrecho con vistas a reducir los importantes riesgos de que se produzcan efectos adversos en el funcionamiento de la economía.

(8)

El 30 de abril de 2014, Hungría presentó su Programa Nacional de Reformas y su Programa de Convergencia de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(9)

El objetivo de la estrategia presupuestaria esbozada en el Programa de Convergencia de 2014 es reducir el déficit general del 2,9 % del PIB en 2014 al 1,9 % a finales del período del programa. Ello se ha de lograr concentrando el saneamiento en los últimos años del período, aunque los objetivos de déficit se han revisado netamente al alza comparados con los del Programa de Convergencia anterior. El Programa de Convergencia confirma el objetivo a medio plazo de ‐ 1,7 % del PIB, lo que refleja los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, sobre la base del saldo estructural recalculado, no se espera que se alcance el objetivo a medio plazo a finales del período del Programa. Se espera que el saldo estructural (recalculado) se deteriore en 1,5 puntos porcentuales en 2014, desviándose así significativamente del objetivo a medio plazo, y se prevé que se estabilice en 2015, lo que implica un desfase del 0,5 % del PIB en relación con la mejora establecida de cara al objetivo a medio plazo. La referencia de gasto presenta una desviación significativa tanto en 2014 como en 2015. Se prevé que el saldo estructural (recalculado) siga deteriorándose en 2016 y 2017. En conjunto, a partir de 2014 se prevé una desviación significativa de la senda de ajuste en relación con el objetivo a medio plazo. El Programa de Convergencia prevé un descenso gradual, aunque continuo, de la deuda pública desde el 79 % del PIB en 2013 hasta un 75 % aproximadamente en 2017. El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Convergencia es realista, en general, para 2014‐2016, habiéndose previsto que el PIB crezca un 2,3 % y un 2,5 % en 2014 y 2015, respectivamente, frente al 2,3 % y el 2,1 % contemplados en las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. Sin embargo, el Programa de Convergencia es demasiado optimista para 2017.

Aunque los riesgos de incumplimiento de los objetivos presupuestarios están globalmente equilibrados en 2014, se observan riesgos crecientes de que el déficit pueda ser más elevado que el previsto para 2015 y años sucesivos. Algunos riesgos se derivan de que se prevea que la reducción esperada de la ratio de gasto se alcance aplicando congelaciones nominales generalizadas o restringiendo los incrementos por debajo de la tasa de inflación en relación con la mayoría de las partidas de gasto discrecionales. Las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión pronostican un déficit general para 2014 y 2015 idéntico al fijado en el Programa de Convergencia. Con un déficit estructural previsto del 2,2 % del PIB en 2014 y un 2,3 % en 2015, la previsión de la Comisión confirma el riesgo de que se produzca una desviación significativa del objetivo a medio plazo a partir de 2014. Por otra parte, la previsión de la Comisión también apunta a un incumplimiento del objetivo de reducción de la deuda en 2014 y 2015. En 2014, el deterioro previsto del saldo estructural (‐ 1,4 % del PIB) es mayor del permitido para cumplir con la norma en materia de deuda (‐ 0,5 % del PIB). Sobre la base de su evaluación del Programa de Convergencia y de la previsión de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo estima que se necesitan esfuerzos adicionales de consolidación estructural ante el riesgo de que se produzca una desviación significativa del objetivo a medio plazo y de incumplimiento de la norma en materia de deuda a partir de 2014.

(10)

Se ha reforzado el marco presupuestario a medio plazo mediante la ampliación del horizonte de planificación más allá del actual ejercicio presupuestario, a pesar de lo cual no se garantiza ni su eficiencia ni su carácter vinculante. Aunque se han introducido nuevas normas presupuestarias cuantificadas, no se han corregido las deficiencias de diseño, relacionadas esencialmente con la ausencia de un control ex post sistemático, la ausencia de unos niveles máximos de desviación autorizada y mecanismos de corrección adecuados. La lista restringida de tareas obligatorias establecida por el Consejo Presupuestario y su capacidad analítica siguen sin ser acordes con su derecho de veto presupuestario sin precedentes. Un mayor refuerzo del marco presupuestario a medio plazo y la ampliación del mandato obligatorio del Consejo Presupuestario contribuirían a mejorar la credibilidad, transparencia y eficiencia del marco presupuestario general.

(11)

A pesar del régimen del Banco Central «Financiación para el crecimiento» destinado a las pequeñas y medianas empresas, no se ha restablecido de forma sostenible el crédito normal a las empresas. Ha seguido aumentando la carga normativa que soportaba el sector financiero con lo que se ha limitado la capacidad de acumulación de capital. Medidas como el incremento del impuesto sobre las transacciones financieras han contribuido al repunte del uso de efectivo en la economía. La economía familiar se ha deteriorado aún más, y la elevada proporción de préstamos no productivos supone uno de los mayores problemas del sector financiero. El saneamiento de cartera se ve obstaculizado por la escasa eficiencia de los procedimientos de resolución. No se han adoptado nuevas medidas para eliminar los activos tóxicos de los balances de los bancos. La combinación de una gran carga normativa y un elevado porcentaje de préstamos improductivos ha provocado una contracción del crédito disponible. El Gobierno anunció repetidamente su intención de introducir un nuevo plan de rescate para ayudar a los prestatarios en moneda extranjera; en la mayoría de los casos, no se dirige a los prestatarios en apuros e incide negativamente en la cultura de pago de los hogares, como consecuencia de las expectativas de nuevas ayudas de la Administración. Se han reforzado la regulación y supervisión financieras integrando la Autoridad de Supervisión Financiera en la estructura del banco central y dando a esta institución la responsabilidad de la supervisión macroprudencial. Han comenzado los trabajos preparatorios orientados al establecimiento de un régimen de resolución bancaria.

(12)

Si bien, en comparación con ejercicios anteriores, ha descendido la frecuencia de los cambios en materia de fiscalidad, no se han logrado avances sustanciales a la hora de hacer más equilibrado el sistema del impuesto de sociedades. Incluso se incrementaron algunos de los impuestos específicos por sector existentes. La aplicación de distintos tipos impositivos en los diferentes sectores constituye un obstáculo para la eficiente asignación de recursos por lo que afecta negativamente al crecimiento. Con objeto de que la fiscalidad sea más favorable a la creación de empleo, Hungría ha ampliado la admisibilidad para el crédito fiscal destinado al pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que puede ayudar a los trabajadores asalariados. La cuña fiscal sobre los trabajadores solteros con bajos salarios es una de las más altas de la Unión. Aunque se ha ampliado en cierta medida el ámbito de aplicación a madres con tres o más hijos, los criterios de admisibilidad para la Ley de protección del empleo se han mantenido sin cambios en lo esencial, a pesar de que una proporción significativa de trabajadores con bajos salarios siguen quedando al margen del alcance de la medida. Será importante evaluar el impacto y la rentabilidad del régimen y adaptarlo en la medida necesaria para potenciar su capacidad para lograr que los trabajadores encuentren empleo. Aunque se han logrado ciertos avances a la hora de trasladar la presión fiscal del trabajo hacia el medio ambiente, se necesitan medidas adicionales. Tras repetidos retrasos experimentados en el pasado se está aplicando gradualmente la conexión en línea de las cajas registradoras a la autoridad tributaria. No obstante, Hungría sigue experimentando un alto grado de incumplimiento de las obligaciones tributarias, con un nivel sostenido de trabajo no declarado y de brecha de incumplimiento del IVA. Se deben reforzar las medidas de control, en particular con vistas a mejorar la eficiencia en la lucha contra el fraude del IVA.

(13)

En 2013 se produjo un descenso de la tasa de desempleo juvenil, mientras que la tasa de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni siguen una formación aumentó. Una coordinación eficiente de las delegaciones del Servicio Público de Empleo con las instituciones educativas y los operadores locales podría potenciar la proyección hacia el exterior. Se ha empezado a fomentar las capacidades en el Servicio Público de Empleo, incluida la preparación de un sistema de elaboración del perfil del cliente, al tiempo que se deben evaluar las políticas activas del mercado laboral para el mercado abierto del empleo con objeto de determinar su eficiencia y efectividad y, si fuera necesario, se deben adaptar con el fin de mejorar el acceso de algunos grupos desfavorecidos al mercado laboral. Se ha de reforzar el elemento de activación en las distintas medidas sociales y del mercado laboral (régimen de obras públicas, subsidios de desempleo y asistencia social). El régimen de obras públicas absorbe la mayor parte de los recursos presupuestarios disponibles para las medidas de empleo. No obstante, en 2013, el 11,54 % de quienes participaron en él consiguieron reintegrarse en el mercado laboral abierto después de abandonar el régimen. Ello plantea el dilema de si se debe adaptar el régimen, por ejemplo, trenzando vínculos más fuertes con la activación, la formación y el apoyo a la búsqueda de empleo, con objeto de garantizar un impacto más duradero sobre el empleo. Se ha fomentado la participación de la mujer en el mercado laboral mediante una mayor flexibilidad en el sistema de permisos parentales pagados y la instalación de equipamientos infantiles, pero se necesitan esfuerzos adicionales pues los niveles de empleo femenino siguen estando por debajo del 60 %. El período que se exige para tener derecho al subsidio de desempleo es más corto que el plazo medio que los solicitantes de empleo tardan en encontrar trabajo. En Hungría crece sin cesar el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social: en la actualidad representa casi un tercio de la población total. La pobreza sigue afectando desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos, especialmente a los niños y la población gitana. Aunque se ha establecido una Estrategia Nacional de Inclusión Social, las medidas adoptadas en la mayoría de ámbitos no fomentan sistemáticamente los objetivos definidos en dicha estrategia. Para reducir de forma eficaz la pobreza se necesitan medidas integradas y racionalizadas.

(14)

El entorno empresarial de Hungría se caracteriza por cambios frecuentes en el marco normativo y escasa competencia en un número creciente de sectores. Se han creado nuevas barreras en el sector servicios y no se han eliminado las ya existentes (por ejemplo, en farmacias, gestión de residuos, pagos móviles, venta minorista de tabaco y libros de texto). La inversión ha descendido con especial fuerza en aquellos sectores en los que en los últimos años se han impuesto cargas impositivas excesivas en sectores específicos. Entre 2010 y 2013, la inversión nominal cayó un 44 % en el sector de la energía, un 28 % en el sector de las finanzas y un 18 % en el de las comunicaciones, mientras se incrementó en un 3,4 % en términos generales. Aunque se han logrado ciertos avances en el ámbito de la contratación pública, se necesitan esfuerzos adicionales. Así, por ejemplo, un mayor uso de la contratación pública electrónica podría generar unos ahorros de costes significativos, mejorar la transparencia de la contratación pública e incrementar la competencia. Si bien se han tomado medidas orientadas a la implantación de estrategias de integridad y fomentar normas de transparencia más eficientes en la Administración pública, se ha de hacer un mayor esfuerzo para hacer frente a la corrupción de manera eficiente.

(15)

Está aumentando la proporción de alumnos que abandonan prematuramente sus estudios y se ha retrasado en repetidas ocasiones la adopción de una estrategia para resolver este problema. Se han de realizar esfuerzos adicionales para dotar a los alumnos con destrezas, competencias y cualificaciones básicas que sean pertinentes para el mercado laboral. La igualdad de acceso a una educación general de calidad sigue siendo un problema de envergadura para los niños desfavorecidos, especialmente para los niños gitanos. Con objeto de facilitar la que sigue siendo una difícil transición de la educación al mercado laboral, cuyos efectos han de seguir siendo objeto de seguimiento en profundidad, se ha promulgado una nueva ley de formación profesional que introduce, entre otras cosas, un nuevo «modelo dual».

(16)

En 2013 y 2014, Hungría siguió aplicando reducciones en los precios del gas y la electricidad para los usuarios finales. Estos recortes de precios, junto a la carga fiscal adicional para las empresas del sector energético, han afectado negativamente a la capacidad de los proveedores de recuperar los costes, las inversiones energéticas y el mantenimiento de la red. En la actualidad, la intensidad energética de los hogares se encuentra entre las más altas de la Unión y se podría mejorar la eficiencia energética, especialmente en el sector residencial. La falta de independencia del regulador de la energía a la hora de establecer condiciones y tarifas de acceso a la red sigue planteando dudas. A pesar de que se han adoptado algunas medidas para racionalizar la organización de las empresas de transporte público, se podría mejorar aún más su sostenibilidad reduciendo los costes de funcionamiento y modificando el sistema de tarifas.

(17)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis global de la política económica de Hungría. Ha evaluado su Programa Nacional de Reformas y su Programa de Convergencia, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Hungría, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 7 a continuación.

(18)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de Hungría, y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(19)

A la luz de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma y su Programa de Convergencia. Sus recomendaciones de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2, 3 y 5 que figuran a continuación.

1.

Reforzar las medidas presupuestarias para 2014 a la luz de la brecha que está surgiendo en relación con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, especialmente la norma de reducción de la deuda, basados en las previsiones de primavera de 2014 de la Comisión. Reforzar notablemente en 2015, y años posteriores, la estrategia presupuestaria para alcanzar el objetivo a medio plazo y lograr el cumplimiento de las condiciones de reducción de la deuda con el fin de colocar la ratio de endeudamiento público en una sostenida senda descendente. Garantizar el carácter vinculante del marco presupuestario a medio plazo mediante el control sistemático ex post de la observancia de las normas presupuestarias cuantificadas y la utilización de mecanismos correctores. Mejorar la transparencia de las finanzas públicas, incluso mediante la ampliación del mandato del Consejo Presupuestario, exigiendo la elaboración de previsiones macropresupuestarias periódicas y la evaluación de impacto presupuestario de las principales propuestas estratégicas.

2.

Contribuir a restablecer los flujos habituales de crédito a la economía, especialmente mediante la mejora del diseño y la reducción de la carga impositiva que recae en las instituciones financieras. Ajustar el impuesto sobre las transacciones financieras con objeto de evitar que se desvíen ahorros del sector bancario y reforzar los incentivos para el uso de los métodos electrónicos de pago. Investigar y eliminar los obstáculos al saneamiento de la cartera, entre otras cosas, mediante el refuerzo de las normas en materia de provisiones para los préstamos reestructurados, la eliminación de los obstáculos a la exclusión de colateral y el aumento de la rapidez y eficiencia de los procedimientos de insolvencia. A este respecto, consultar a las partes interesadas sobre las nuevas iniciativas políticas y velar por que estas estén bien orientadas y no incrementen el riesgo moral entre los prestatarios. Promover la regulación y supervisión del sector financiero.

3.

Garantizar un sistema de impuesto de sociedades estable, más equilibrado y simplificado, incluso mediante la eliminación progresiva de impuestos sectoriales específicos. Reducir la cuña fiscal para los trabajadores con bajos salarios, entre otras cosas, mejorando la eficiencia de los impuestos medioambientales. Reforzar las medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente para reducir el fraude del IVA, y aminorar sus costes generales.

4.

Reforzar las medidas de políticas activas del mercado laboral bien orientadas, en particular, acelerando la introducción del sistema de establecimiento del perfil del cliente del Servicio Público de Empleo. Poner en marcha la red de acompañamiento de jóvenes prevista y coordinarla con las instituciones educativas y las partes interesadas a escala local con el fin de mejorar su difusión. Analizar el régimen de obras públicas con el fin de evaluar su eficiencia a la hora de ayudar a los trabajadores a encontrar empleos sucesivos y reforzar aún más sus elementos de activación. Plantearse la posibilidad de aumentar el período que se exige para tener derecho al subsidio de desempleo, tomando en consideración el plazo medio que se necesita para encontrar un nuevo puesto de trabajo y vincularlo a medidas de activación. Mejorar la idoneidad y la cobertura de la asistencia social, al tiempo que se refuerza el vínculo con la activación. Con el fin de aliviar la pobreza, aplicar medidas simplificadas e integradas que contribuyan a reducirla de manera significativa, especialmente entre los niños y la población gitana.

5.

Estabilizar el marco normativo y potenciar la competencia en el mercado, especialmente mediante la eliminación de las barreras en el sector servicios. Adoptar iniciativas más ambiciosas para integrar competencia y transparencia en la contratación pública, en particular un uso más adecuado de la contratación pública electrónica, y seguir reduciendo la corrupción y la carga administrativa global.

6.

Aplicar una estrategia nacional de prevención del abandono escolar prematuro prestando especial atención a quienes abandonan la educación y formación profesionales. Establecer un método sistemático para fomentar un sistema general de educación favorable a la inclusión para los grupos desfavorecidos, especialmente los gitanos. Apoyar la transición entre las distintas etapas educativas y hacia el mercado laboral, y seguir de cerca la aplicación de la reforma de la formación profesional. Llevar a cabo una reforma de la educación superior que permita una mayor tasa de titulización en este nivel de enseñanza, particularmente para los estudiantes desfavorecidos.

7.

Revisar el impacto de la reglamentación de los precios de la energía sobre los incentivos a la inversión y la competencia en los mercados de la electricidad y el gas. Adoptar nuevas iniciativas para garantizar la autonomía del regulador nacional a la hora de establecer las tarifas y condiciones de red. Tomar medidas para aumentar la eficiencia energética, especialmente en el sector residencial. Incrementar aún más la sostenibilidad del sistema de transporte, entre otras cosas, reduciendo los costes de funcionamiento y revisando el sistema de tarifas de las empresas públicas del sector del transporte.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/83

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado para 2012-2016. El 15 de noviembre de 2013, de conformidad con el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de presupuesto de Malta para 2014.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. También el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Malta como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

(7)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo correspondiente a Malta, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Malta ya no presenta desequilibrios macroeconómicos en el sentido del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. Aunque el endeudamiento sigue siendo elevado, los riesgos para la sostenibilidad de la deuda de los sectores público y privado y la estabilidad del sector financiero parecen moderados, aun cuando necesitan ser objeto de un seguimiento continuo. En particular, los indicadores de estabilidad financiera siguen siendo sólidos. No obstante, teniendo en cuenta la naturaleza estructural de los riesgos del sector, es esencial proseguir las prácticas actuales en materia de supervisión prudencial y asunción de riesgos. El mercado de la vivienda se ha estabilizado, con lo cual los riesgos derivados de una exposición excesiva al sector inmobiliario son limitados. Está disminuyendo la deuda privada, está teniendo lugar el desapalancamiento de las empresas de forma ordenada y las presiones sobre el mercado de crédito son limitadas.

(8)

El 16 de abril de 2014, Malta presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014, que fue actualizado el 8 de mayo de 2014, y, el 30 de abril de 2014, su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(9)

El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad de 2014 es corregir el déficit excesivo de manera sostenible en 2014 y avanzar gradualmente hacia el objetivo a medio plazo de un saldo presupuestario equilibrado en términos estructurales, lo que es más estricto que lo requerido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, la consecución del objetivo a medio plazo no se prevé dentro del período del programa. En 2014, el ajuste estructural previsto (recalculado), no ha alcanzado por poco el esfuerzo recomendado. Tras la corrección prevista del déficit excesivo, en 2015 se prevé una pequeña desviación con respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo a medio plazo. Posteriormente, el avance anual previsto hacia el objetivo a medio plazo es acorde, en líneas generales, con el requisito del 0,5 % del PIB como mínimo. El Programa de Estabilidad prevé que a partir de 2014 la deuda pública, que era del 73 % del PIB en 2013, se sitúe en una senda descendente, en línea con la referencia de reducción de la deuda. En general, los objetivos del programa están, en gran medida, en consonancia con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias contenidas en el Programa de Estabilidad, que ha sido respaldado por un organismo independiente (la Oficina Nacional de Auditoría), es verosímil para 2014 y 2015, puesto que las previsiones de crecimiento económico son ligeramente inferiores a las de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión para esos años.

No obstante, los riesgos para los objetivos presupuestarios están escorados hacia abajo, puesto que el aumento estructural de los ingresos previsto para el período cubierto por el programa no está totalmente apoyado por medidas y los excesos en los gastos podrían exigir pagos superiores a los presupuestados. Según las previsiones de la Comisión, se espera que Malta corrija el déficit excesivo de manera sostenible en 2014. Al mismo tiempo, según las previsiones de la Comisión, el esfuerzo presupuestario durante el período 2013-2014 se queda corto en un 1,6 % del PIB, en términos de variación (corregida) del saldo estructural, y en un 1,25 % del PIB, en términos de importe de las medidas exigidas que se estimaron necesarias en el momento de la Recomendación formulada en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Si bien es cierto que no hay ningún margen en relación con el cumplimiento de la referencia de reducción de la deuda en 2014, los riesgos para las previsiones de deuda están escorados hacia el lado positivo.

(10)

En 2015 existe un riesgo de que se produzca una desviación significativa con respecto al avance necesario hacia el objetivo a medio plazo. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y en las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que, si bien el déficit global y la deuda de las administraciones públicas de Malta previstos se ajustan a la Rcomendación del procedimiento de déficit excesivo, se necesitan más esfuerzos para que la adaptación estructural se sitúe en consonancia con la recomendada en 2014 y para garantizar una trayectoria adecuada hacia el objetivo a medio plazo a partir de 2015.

(11)

El carácter no vinculante del marco presupuestario de Malta y la planificación presupuestaria a corto plazo no contribuyen a la solidez de la situación presupuestaria. La adopción de la legislación destinada a cumplir los requisitos de la Directiva 2011/85/UE del Consejo (6) y del Pacto presupuestario y que debía entrar en vigor antes de finales de 2013 se ha retrasado. No obstante, de conformidad con el Programa de Estabilidad, el Gobierno ha adoptado recientemente una Ley de responsabilidad presupuestaria, que se someterá a la aprobación del Parlamento. El proyecto de ley contempla la introducción de una regla de equilibrio presupuestario en términos estructurales, una norma en materia de deuda, un marco presupuestario de tres años renovable y la instauración progresiva de un consejo de política fiscal que estaría encargado de apoyar las previsiones macroeconómicas y fiscales oficiales del gobierno, así como el seguimiento ex ante y ex post del cumplimiento de las normas presupuestarias.

(12)

Los servicios tributarios de Malta deben fusionarse en una única autoridad, lo que racionalizará los procesos de recaudación de impuestos y combatirá la evasión fiscal. A fin de mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fomentar la recuperación de las cantidades adeudadas, se han revisado las sanciones establecidas en la legislación sobre el IVA y los intereses sobre los impuestos adeudados. Se han introducido varias otras medidas que también se espera que consoliden el sistema impositivo maltés. Estas medidas van en la buena dirección, pero su impacto aún tiene que ponerse de manifiesto.

(13)

Pese a que aún existen retos en relación con la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública de Malta, hasta ahora sus reformas del sistema de pensiones y la sostenibilidad de sus servicios de asistencia sanitaria han registrado pocos progresos. Al tiempo que se ha creado un grupo en materia de estrategia de pensiones para evaluar todas las opciones de reforma del sistema de pensiones, las autoridades maltesas se han comprometido a no subir la edad legal de jubilación más allá de los incrementos descritos en la reforma de las pensiones de 2006. Aunque Malta tiene intención de abordar estas deficiencias con medidas del mercado laboral y, en particular, con su estrategia de prolongación de la vida activa recientemente adoptada, es poco probable que esto solucione el problema. La sostenibilidad del sistema de sanidad complica el problema, habida cuenta del aumento previsto de los gastos relacionados con la edad. Se acaba de poner en marcha un proyecto de estrategia nacional del sistema de sanidad, pero no queda claro cómo se aplicará y qué beneficios supondrá en términos de rentabilidad y sostenibilidad. Es necesario reforzar la atención primaria.

(14)

La tasa de abandono escolar prematuro en Malta sigue siendo muy elevada, pero se están tomando medidas para reducirla y se está creando un sistema de control de gran alcance. Sin embargo, el nivel de cualificación básica sigue siendo bajo, lo que contribuye al bajo nivel de alfabetización y al abandono escolar prematuro. Se espera que la correcta aplicación de la estrategia nacional de alfabetización recientemente adoptada apoye los esfuerzos por resolver esta deficiencia. Esto se debe complementar con otras medidas que se espera aumenten la adecuación de la educación y la formación al mercado laboral. Entre ellas se incluye la reforma del marco del aprendizaje, el establecimiento de una estrategia de aprendizaje permanente, la introducción del aprendizaje en el trabajo en la formación y la educación profesional y un programa específico financiado por el Fondo Social Europeo.

(15)

Malta está aplicando actualmente una serie de medidas importantes para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, en particular mediante la prestación de servicios de atención infantil gratuita a los hogares en los que los padres tengan un empleo o prosigan sus estudios. La eficacia de su puesta en práctica será crucial. Las autoridades también están ayudando a prestar asistencia post-escolar y ofreciendo la posibilidad de enviar a los niños a la escuela antes de las horas de apertura establecidas, de modo que la maternidad y la paternidad puedan conciliarse mejor con la vida laboral. También se prevén incentivos fiscales para animar a los padres a enviar a los niños a guarderías ya puestas en marcha con arreglo a regímenes anteriores. No obstante, se está haciendo poco para facilitar y promover el uso de las modalidades de trabajo flexible, tales como el teletrabajo y el horario flexible, lo que contribuiría a la reintegración de la mujer en el mercado laboral.

(16)

Con el fin de mejorar aún más su competitividad internacional, además de evitar la repercusión potencialmente negativa de un desajuste entre la evolución de los salarios y la productividad, Malta aún tiene que abordar las deficiencias de infraestructuras en los sectores del transporte y la energía que frenan su potencial, en particular teniendo en cuenta los elevados costes de la energía. El interconector eléctrico con Italia debe estar finalizado este año, lo que mejorará la seguridad del abastecimiento y puede contribuir a la diversificación del suministro y al uso de energía renovable generada en el exterior. La terminal para gas líquido de Delimara y la conexión prevista con la red europea de gas también mejorará la combinación energética de Malta, con lo que dependerá menos de una fuente principal de energía y aumentará su atractivo como lugar para las empresas. Las fuentes de energía renovables de producción nacional, con la excepción de un cierto éxito en la utilización de la energía fotovoltaica, constituyen un potencial que aún está por aprovechar.

(17)

Algunas ineficiencias de la administración pública limitan el mayor desarrollo del clima empresarial en Malta. Si bien las mejoras en la contratación pública avanzan en la dirección correcta, los procedimientos de contratación pública siguen siendo excesivamente largos, dando lugar a un gasto público ineficiente. Estas medidas no conllevan unos objetivos, lo que dificulta la evaluación de su eficacia. La falta de alternativas a la financiación de la deuda provoca un elevado coste de financiación para las empresas, ejerciendo así una presión sobre su actividad económica. Este sesgo de la deuda empresarial también puede dar lugar a un apalancamiento de las empresas excesivamente elevado y a una insuficiente asignación del capital. Por lo tanto, es necesario abrir más oportunidades de financiación al margen del endeudamiento. Persisten las deficiencias del sistema judicial subrayadas en las recomendaciones específicas por país de 2013 para Malta. Si bien se espera que algunas de las numerosas propuestas de reforma formuladas por la Comisión para la reforma de la justicia en noviembre de 2013 se pongan en práctica para finales de 2014, falta por anunciar un calendario claro y por definir la prioridad de las medidas. También está por ver cómo estas resolverán los retrasos, en particular por lo que respecta a las deficiencias mencionadas anteriormente.

(18)

Malta ha reforzado la supervisión reguladora para garantizar la estabilidad del sector financiero. A las funciones del Banco Central de Malta se ha añadido la de supervisión macroprudencial y se está haciendo especial hincapié en los problemas relativos a la estabilidad financiera, mientras que la Junta de Estabilidad Financiera ya está consagrada en la legislación. Se han tomado medidas satisfactorias para mejorar la dotación de provisiones para insolvencias, principalmente a través de la introducción de una revisión de la norma bancaria 9.

(19)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Malta, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Malta, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones en el nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

(20)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Malta, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(21)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (8). Como país cuya moneda es el euro, Malta debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos.

1.

Corregir el déficit excesivo de manera sostenible a más tardar en 2014. En 2015, reforzar considerablemente la estrategia presupuestaria para garantizar el necesario ajuste estructural del 0,6 % del PIB hacia el objetivo a medio plazo. Posteriormente, llevar a cabo un ajuste estructural de al menos el 0,5 % del PIB cada año, y superior si las condiciones económicas son buenas o, en su caso, velar por el cumplimiento de la norma en materia de deuda con el fin de mantener el ratio de deuda pública en una senda descendente sostenida. Concluir la adopción de la Ley de responsabilidad presupuestaria con vistas a instaurar un marco presupuestario plurianual vinculante y basado en reglas y a crear un organismo independiente encargado de controlar las normas fiscales y validar las previsiones macroeconómicas en que se basa la planificación presupuestaria. Seguir mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y luchando contra la evasión fiscal, velando por la continuidad de la implantación y la evaluación de las medidas adoptadas hasta la fecha, al tiempo que se toman nuevas medidas, en particular mediante el fomento de la utilización de medios electrónicos de pago.

2.

Con vistas a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, continuar la actual reforma de las pensiones, por ejemplo acelerando el aumento ya promulgado de la edad de jubilación obligatoria y vinculándola después a la evolución de la esperanza de vida. Garantizar que una amplia reforma del sistema de sanidad pública logre un uso rentable y sostenible de los recursos disponibles, como el reforzamiento de la atención primaria.

3.

Continuar los esfuerzos políticos por abordar la adecuación de la educación y la formación al mercado laboral intensificando los esfuerzos destinados a lograr la reforma del sistema de aprendizaje. Seguir mejorando el nivel de cualificación básica y reducir más el abandono escolar prematuro, en particular finalizando y aplicando la anunciada estrategia nacional de alfabetización. Mejorar en mayor medida la participación de las mujeres en el mercado laboral, en particular de las que desean volver al mercado de trabajo, promoviendo modalidades de trabajo flexible.

4.

Diversificar la combinación energética de la economía, incluso aumentando la cuota de energía producida a partir de fuentes renovables.

5.

Proseguir los esfuerzos por aumentar la eficiencia y reducir la duración de los procedimientos de contratación pública; fomentar alternativas a la financiación de la deuda de las empresas facilitando el acceso a los mercados de capital y desarrollando fondos de capital-riesgo; y aumentar la eficiencia del sistema judicial, velando por una aplicación rápida y eficaz de la reforma judicial.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/88

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse en los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de los Países Bajos y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de los Países Bajos para 2012-2017. El 15 de noviembre de 2013, de conformidad con el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión emitió su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de los Países Bajos para 2014.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. También el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a los Países Bajos como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

(7)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo relativo a los Países Bajos, realizado en aplicación del artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. Sobre la base de este análisis, la Comisión ha llegado a la conclusión de que los Países Bajos siguen experimentando desequilibrios macroeconómicos, que requieren supervisión y medidas estratégicas. En particular, es preciso supervisar la evolución macroeconómica con relación a la deuda del sector privado y el proceso de desapalancamiento, junto con las ineficiencias que subsisten en el mercado inmobiliario. Aunque un gran superávit por cuenta corriente no representa un riesgo similar al de un gran déficit, y está en parte vinculado a la necesidad de desapalancamiento, la Comisión seguirá la evolución de la balanza por cuenta corriente en los Países Bajos en el contexto del Semestre Europeo.

(8)

El 29 de abril de 2014, los Países Bajos presentaron su Programa Nacional de Reformas de 2014, y el 30 de abril de 2014, su Programa de Estabilidad de 2014. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(9)

El objetivo de la estrategia presupuestaria señalado en el Programa de Estabilidad de 2014 es garantizar que la corrección del déficit excesivo en 2013 resulta sostenible, y alcanzar una situación presupuestaria próxima al objetivo presupuestario a medio plazo de aquí a 2015. El objetivo presupuestario a medio plazo es un déficit estructural igual o inferior al 0,5 % del PIB, en consonancia con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se aplicaron importantes medidas presupuestarias adicionales, pero el saldo estructural (recalculado) está llamado a mantenerse constante en 2014 con respecto a 2013, lo que apunta a un considerable desvío con respecto al ajuste mínimo necesario del 0,5 % del PIB. En 2015, el saldo estructural (recalculado) debería mejorar en 0,3 puntos porcentuales del PIB. El gasto crecería a un ritmo conforme al valor de referencia para el gasto tanto en 2014 como en 2015. Tras una evaluación global de la estrategia presupuestaria de los Países Bajos, la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo se atiene en parte a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según el Programa de Estabilidad, la deuda pública bruta se estabilizará en 2015 y disminuirá a partir de ese momento. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad, elaborado por un organismo neerlandés independiente (la Oficina de Análisis de la Política Económica), es verosímil. Los riesgos que pesan sobre los objetivos presupuestarios parecen considerables, pero equilibrados en líneas generales. Las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios la Comisión predicen una estabilización del saldo estructural en 2014 y una mejora del 0,5 % del PIB en 2015. Según las previsiones de la Comisión, los Países Bajos respetarán el valor de referencia para el gasto en 2014, pero no en 2015. Para reforzar el potencial de crecimiento de los Países Bajos, es de capital importancia que la consolidación necesaria salvaguarde el gasto favorable al crecimiento, como el destinado a la innovación y la investigación, incluyendo la investigación fundamental, la enseñanza y la formación. Sobre la base de su evaluación del Programa de Estabilidad y las previsiones de la Comisión, con arreglo al Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo estima que los Países Bajos han situado de manera sostenible su déficit de las administraciones públicas por debajo del 3 % del PIB en 2013, pero corren el riesgo de desviarse considerablemente de los requisitos del componente preventivo a partir de 2014.

(10)

Un reto fundamental lo constituye el mercado inmobiliario, en el que se han ido acumulando durante décadas rigideces y factores de distorsión, configurando en ese sector unas pautas particulares de financiación y ahorro. La tendencia de los hogares a contraer deudas hipotecarias brutas con la garantía de su patrimonio inmobiliario se explica, en gran medida, por unos incentivos fiscales de los que disfrutan desde hace mucho tiempo, especialmente la deducibilidad fiscal total de los intereses hipotecarios. Desde abril de 2012, se han aplicado una serie de medidas para abordar en parte el problema que suponen estos incentivos. Algunas de esas medidas implican un ajuste del tratamiento fiscal que se otorga a la financiación de la vivienda. La transición paulatina a una deducibilidad fiscal limitada de los intereses hipotecarios y a mayores incentivos en materia de amortización está justificada, pero la introducción progresiva de esta medida es demasiado lenta para influir de forma significativa en los comportamientos de amortización. La ratio entre el importe del préstamo y el valor del bien inmueble del 100 % que se debería alcanzar en 2018 sigue siendo elevada. El mercado del alquiler se encuentra limitado por la reglamentación y por la presencia de un sector de la vivienda social muy importante, que también ha de hacer frente a largas listas de espera. La introducción reciente de cierta diferenciación en los alquileres de esas viviendas sociales, en función de la renta, supone un paso en la dirección adecuada, si bien su impacto es limitado. Las empresas dedicadas a la vivienda social aún pueden construir viviendas con un alquiler mensual superior al límite de alquiler fijado para las viviendas sociales. Aunque las recomendaciones de 2013 aconsejaban hacer hincapié en el apoyo a los hogares más necesitados, esta reorientación está aún en curso. Por consiguiente, si bien es cierto que las medidas propuestas se inscriben en la senda adecuada, el ritmo general de las reformas para resolver los problemas subyacentes es lento y debe acelerarse cuando la economía lo permita, sin que por ello deje de garantizarse el acceso a la vivienda social a los ciudadanos desfavorecidos que no pueden acceder a una vivienda en condiciones de mercado, incluso en lugares de alta demanda.

(11)

Se ha mejorado la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones mediante el incremento gradual de la edad legal de jubilación, que pasará de los 65 años en 2012 a los 67 años en 2023. Los Países Bajos han emprendido una reforma completa de los pilares público y privado del sistema de pensiones y del sistema de asistencia de larga duración. Esto se complementa con reformas que animan a los trabajadores de mayor edad a trabajar durante más tiempo y que pretenden incrementar la movilidad del mercado laboral. Las reformas de la asistencia de larga duración trasladaron la responsabilidad a los municipios, reduciendo con ello el gasto global y en aras de una mayor eficiencia. Algunos componentes de estas importantes reformas aún no se han adoptado. Los retos pendientes incluyen una distribución intra e intergeneracional de los costes y riesgos, y es preciso supervisar la calidad y la accesibilidad de la asistencia de larga duración. La aplicación de los planes que hay previstos para reformar la asistencia de larga duración contribuiría a limitar los costes galopantes que genera el envejecimiento y, por tanto, a aumentar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este sentido, la calidad y la accesibilidad de la asistencia de larga duración debería mantenerse a un nivel adecuado.

(12)

Las reformas del mercado de trabajo propuestas por el Gobierno tienen por objeto incrementar la participación y la movilidad laboral. La Ley de Participación tiene por objeto fomentar la participación en el mercado de trabajo. No obstante, las reformas aún no se han incorporado en la legislación. Además, se precisan medidas adicionales para reducir la falta de incentivos fiscales en favor del trabajo y para mejorar la empleabilidad de las personas situadas al margen del mercado laboral, en particular por lo que se refiere a las mujeres, las personas de origen inmigrante, las personas con discapacidad y las personas mayores. Los Países Bajos han anunciado la reforma del régimen de prestaciones por desempleo y de su relativamente estricta legislación sobre protección del empleo, en particular mediante un aliciente fiscal destinado a incrementar la participación. No obstante, aunque estas medidas apuntan en la dirección correcta, no pueden evaluarse plenamente hasta después de su aplicación efectiva. Acelerar la supresión de los factores que aún disuaden a la segunda persona que contribuye a los ingresos familiares de aumentar el número de horas trabajadas permitiría atenuar la futura escasez de mano de obra. Por último, hacer un mejor uso de la flexibilidad existente en el marco institucional para propiciar unos aumentos salariales más diferenciados puede beneficiar a la renta familiar global y, por lo tanto, favorecer la demanda interna sin causar perjuicio a la competitividad.

(13)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de los Países Bajos, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y socioeconómica de los Países Bajos, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

(14)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de los Países Bajos, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(15)

A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad de los Países Bajos. Sus recomendaciones, emitidas en virtud del artículo 6 del Reglamento no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 2 y 4 que figuran a continuación.

(16)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). Los Países Bajos, en tanto que país cuya moneda es el euro, deben asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos.

1.

Reforzar, tras la corrección del déficit excesivo, las medidas presupuestarias aplicables en 2014 a la luz de la brecha emergente del 0,5 % del PIB sobre la base de las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión, que evidencian un riesgo de desviación significativa con respecto al componente preventivo de los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 2015, reforzar significativamente la estrategia presupuestaria para garantizar que se alcanza el objetivo presupuestario a medio plazo, y se mantiene en lo sucesivo, y garantizar que se cumpla la norma en materia de deuda, lo que permitirá mantener el ratio de deuda pública en una tendencia a la baja sostenida. Proteger el gasto en los ámbitos que afectan directamente al crecimiento, como los de la enseñanza, la innovación y la investigación.

2.

Cuando lo permita el entorno económico, intensificar los esfuerzos de reforma del mercado inmobiliario, acelerando la reducción de la deducibilidad fiscal de los intereses hipotecarios, instaurando en el mercado del alquiler un mecanismo de fijación de precios más orientado al mercado, y vinculando en mayor medida los alquileres a la renta familiar en el sector de la vivienda social. Supervisar los efectos de las reformas desarrolladas en el ámbito de la vivienda social en términos de accesibilidad y asequibilidad para los hogares con bajos ingresos. Proseguir los esfuerzos destinados a poner en mayor medida las políticas de vivienda social al servicio de los hogares más necesitados.

3.

Emprender la reforma del segundo pilar del sistema de pensiones, garantizando una distribución intra e intergeneracional apropiada de los costes y riesgos. Respaldar el incremento gradual de la edad legal de jubilación con medidas dirigidas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad. Emprender en el ámbito de la asistencia de larga duración la reforma prevista con vistas a garantizar la sostenibilidad, sin renunciar a garantizar un acceso equitativo y la calidad de los servicios, y supervisar sus efectos.

4.

Adoptar nuevas medidas para potenciar la participación en el mercado de trabajo, especialmente entre las personas situadas en sus márgenes, y reducir los factores fiscales que desincentivan el trabajo. Emprender la reforma de la legislación sobre protección del empleo y del sistema de prestaciones por desempleo, y seguir combatiendo las rigideces del mercado laboral. Previa consulta de los interlocutores sociales y de acuerdo con la práctica nacional, permitir unos aumentos salariales más diferenciados, haciendo pleno uso del marco institucional existente.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/92

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros (2) y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2012, el Consejo aprobó una Recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Austria y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Austria para 2012-2017. El 15 de noviembre de 2013, de conformidad con el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Austria para 2014.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. También el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y el Consejo (5), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Austria como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

(7)

El 8 de abril de 2014, Austria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014, y, el 29 de abril de 2014, su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(8)

El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad de 2014 es cumplir el objetivo a medio plazo de un déficit estructural no superior al 0,45 % del PIB en 2016, lo que se ajusta a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El déficit de las administraciones públicas se situó de manera sostenible por debajo del 3 % del PIB en 2013. Se prevé que el saldo estructural (recalculado) se mantenga constante en 2014 y mejore en 0,3 puntos porcentuales del PIB en 2015, muy por debajo del ajuste necesario en ambos años. También el crecimiento del gasto se desviará significativamente de los valores de referencia del gasto en 2014-2015. El 12 de mayo de 2014, Austria anunció un conjunto de medidas adicionales en materia de ingresos y gastos. Siempre que estas medidas se apliquen de forma estricta y oportuna, la estrategia presupuestaria de Austria ya no entraña una previsión de desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo a medio plazo en 2014. Al mismo tiempo, la senda del ajuste previsto hacia el objetivo a medio plazo sigue presentando riesgos en cuanto al cumplimiento de los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según el Programa de Estabilidad, la deuda bruta de las administraciones públicas aumentará considerablemente de cerca del 74,5 % del PIB en 2013 al 79 % del PIB en 2014, debido a la incidencia de la creación de una entidad de liquidación de los activos de Hypo Alpe Adria, aunque comenzará a disminuir a partir de 2015.

El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad es verosímil y fue elaborado por un organismo independiente, el Instituto Austríaco de Estudios Económicos (WIFO). Según las previsiones de primavera de 2014 de los servicios de la Comisión, el déficit permanecerá por debajo del 3 % en 2014 y 2015. No obstante, se prevé un deterioro del saldo estructural en 2014 y una mejora de solo el 0,1 % del PIB en 2015. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y en las previsiones de la Comisión, así como en su evaluación de las medidas adicionales anunciadas el 12 de mayo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que Austria ha corregido su déficit excesivo de manera sostenible, pero que sigue existiendo un riesgo de desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo a medio plazo en 2014 y 2015.

(9)

De conformidad con el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, Austria ha reforzado su marco presupuestario en 2012 mediante una reforma del pacto de estabilidad interna de Austria. El mandato del Consejo fiscal austriaco se amplió a partir de noviembre de 2013 en respuesta a los requisitos del Pacto presupuestario. No obstante, tal y como se reconoce en el acuerdo de coalición, persiste la necesidad de una reforma profunda de las relaciones entre los diferentes niveles del gobierno para racionalizar mejor sus respectivas responsabilidades.

(10)

Las pensiones a medio y largo plazo y los gastos de asistencia sanitaria y, en menor medida, los de asistencia de larga duración constituyen un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. En 2014 han entrado en vigor algunas medidas para limitar el acceso a los regímenes de jubilación anticipada y aumentar los incentivos para permanecer más tiempo en el empleo. Sin embargo, la edad de jubilación efectiva de 58,4 años en 2012 sigue estando muy por debajo de la media de la UE. Es considerablemente inferior a la edad legal de jubilación (5,6 años para los hombres y 2,6 años para las mujeres en 2012). El Programa Nacional de Reformas incluye objetivos a corto plazo relativamente ambiciosos para aumentar la edad efectiva de jubilación en 1,6 años entre 2012 y 2018 y su aplicación deberá ser objeto de un estrecho control. Es probable que las recientes reformas del sistema de pensiones reduzcan en cierto grado los riesgos para la sostenibilidad, si van acompañadas de mejoras en las condiciones del mercado de trabajo que permitan a los trabajadores de más edad permanecer más tiempo en el empleo. Sin embargo, no está previsto introducir medidas con un efecto más estructural y a largo plazo, tales como acelerar la armonización de la edad legal de jubilación de hombres y mujeres, y alinear la edad de jubilación con los cambios en la esperanza de vida, lo que contribuiría además a una vida laboral más larga y a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

(11)

La asignación eficiente de los recursos del sistema sanitario austriaco se ve obstaculizada por la complejidad de la estructura de gestión y la importancia relativamente considerable de un sector hospitalario grande y costoso. Se han tomado algunas medidas para aplicar la reforma de la atención sanitaria y aumentar la rentabilidad del gasto público. Sin embargo, pueden no ser suficientes para resolver las debilidades estructurales del sector y sigue existiendo la necesidad de fijar objetivos más ambiciosos para pasar de la hospitalización a la asistencia ambulatoria y para reforzar la asistencia sanitaria preventiva, cuyo gasto público es inferior a la media de la UE. Las medidas anunciadas para reforzar la prestación de atención primaria y desarrollar programas de asistencia integrada para enfermedades crónicas son positivas. El fondo para cuidados de larga duración, que se prorrogó hasta 2016, con un importe adicional de 650 millones EUR, y se prevé que se prorrogue nuevamente hasta 2018, con otros 700 millones EUR, brinda una solución provisional para la financiación de los servicios sanitarios. Habrá que prestar atención a la sostenibilidad financiera de los cuidados de larga duración también después de esa fecha.

(12)

El sistema tributario de Austria sigue caracterizándose por una elevada carga impositiva y de la seguridad social en las rentas del trabajo, en particular en el caso de los trabajadores con ingresos bajos. Los impuestos sobre el trabajo representaban el 24,7 % del PIB en 2012, una de las cifras más altas de la Unión.La cuña fiscal supone cerca del 50 % de los costes laborales. Las elevadas cotizaciones sociales y el alto impuesto sobre la renta que grava los salarios más bajos pueden reducir los incentivos para trabajar de las personas con bajo potencial de ingresos y de las segundas personas que contribuyen a los ingresos familiares.

El paquete fiscal recientemente adoptado incluye medidas limitadas para reducir la presión fiscal sobre el trabajo, pero no aprovecha la posibilidad de desplazar la presión fiscal hacia los impuestos menos perjudiciales para el crecimiento, tales como los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles, cuyas estimaciones de los valores imponibles están obsoletas.

(13)

En el mercado laboral austriaco, la tasa de desempleo sigue registrando buenos resultados y es una de las más bajas de la Unión (2013: 4,9 %). Sin embargo, los futuros desafíos que plantea el envejecimiento de la población y la posible disminución de la mano de obra exigen hacer un mejor uso del infrautilizado potencial laboral de los trabajadores de más edad, las mujeres y los inmigrantes. La tasa de empleo de los trabajadores de más edad sigue siendo inferior a la media de la UE (el 44,9 % en comparación con el 50,3 %), aunque su tasa ha aumentado sustancialmente desde 2000, en casi 15 puntos porcentuales, hasta llegar al 44,9 % en 2013. Las medidas para frenar la jubilación anticipada entrarán en vigor en 2014 y están en preparación otras medidas que mejorarán los incentivos para salir más tarde del mercado laboral. No obstante, sigue habiendo dificultades para que los trabajadores de más edad permanezcan en el mercado del empleo o vuelvan a él. Los migrantes siguen enfrentándose a obstáculos para la plena integración en el mercado de trabajo y a unas tasas de desempleo considerablemente más elevadas, debido en parte a las barreras que siguen existiendo para el reconocimiento de sus cualificaciones, a pesar de que constituyen una parte cada vez mayor de la mano de obra. Aunque la tasa de empleo femenino del 70,8 % en 2013 es relativamente elevada, es mucho menos favorable en unidades a tiempo completo (55,6 % en 2012). Austria tiene uno de los mayores porcentajes de mujeres en empleos a tiempo parcial y una elevada concentración de mujeres en empleos mal pagados. Como consecuencia de ello, la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres es una de las más altas de la Unión. Aunque se han tomado algunas medidas para mejorar los servicios de asistencia infantil y de cuidados de larga duración, su disponibilidad es aún limitada.

(14)

Austria ha mejorado los resultados educativos en todas las categorías, según la medición de la OCDE del rendimiento de los estudiantes realizada en 2012, pero las competencias de lectura siguen todavía por debajo de la media de la UE y la situación socioeconómica aún tiene una influencia significativa sobre los logros educativos. Aunque, en conjunto, se ha alcanzado el objetivo referente al abandono escolar prematuro, ese porcentaje para los alumnos nacidos en el extranjero, que constituyen un número cada vez mayor, era más de tres veces superior al de los nacidos en Austria (un 18,5 % frente a un 5,7 % en 2012). No se hace bastante hincapié en la prevención del abandono escolar prematuro y aún hay que desarrollar un enfoque estratégico a escala nacional para una educación infantil de gran calidad. Algunas reformas de diferentes aspectos del sistema escolar, en particular la puesta en marcha del Programa para una nueva escuela secundaria, están en curso o se han adoptado recientemente. El potencial de la nueva escuela secundaria para mitigar los efectos negativos de la asignación anticipada de los alumnos a distintos itinerarios formativos después de cuatro años de enseñanza primaria («encaminamiento temprano») para los socialmente desfavorecidos y para mejorar los resultados del aprendizaje debe ser objeto de un atento seguimiento. En la enseñanza superior, el aumento del número de estudiantes matriculados ejerce presión sobre las finanzas y la organización, mientras que el porcentaje de estudiantes que concluyen sus programas sigue siendo inferior a la media de la UE. Sigue siendo muy importante mejorar los resultados educativos para facilitar el tránsito de la educación al empleo.

(15)

Todavía existen importantes barreras reglamentarias para que las empresas y los profesionales puedan ofrecer sus servicios en Austria. La legislación que regula determinadas profesiones limita las formas societarias e impone requisitos en materia de accionariado, al tiempo que el acceso a profesiones individuales está sujeto a determinadas cualificaciones profesionales y sigue siendo difícil crear empresas de servicios interdisciplinarios. La combinación de estos requisitos genera barreras a la entrada en el mercado y al ejercicio de servicios profesionales, lo que limita la competencia. Con respecto a los requisitos de la cualificación profesional, Austria participa en el ejercicio de evaluación recíproca a escala de la UE y ha actualizado su base de datos de profesiones reguladas como un primer paso para evaluar la justificación y proporcionalidad de los requisitos de cualificación profesional.

(16)

Los requisitos de publicidad de la legislación de la UE en materia de contratación pretenden garantizar la competencia y la igualdad de trato mediante una mejor información sobre las oportunidades de licitación, lo que constituye una condición clave para el acceso al mercado. Un mayor grado de competencia entre los licitadores da lugar, por lo general, a ofertas más favorables para las entidades contratantes e incluso a sustanciales reducciones de precios. No obstante, el valor de las licitaciones publicadas por las autoridades y entidades austríacas con arreglo a la legislación de la UE sobre contratación pública se situó en el 1,5 % del PIB y el 6,6 % del total del gasto público en obras, bienes y servicios en 2012, muy por debajo de las medias de la UE del 3,4 % y del 17,7 %, respectivamente. Esta situación genera importantes costes para los contribuyentes austriacos y para las empresas en términos de oportunidades de negocio desaprovechadas.

(17)

A pesar de que el presupuesto de la Autoridad federal de competencia de Austria ha aumentado, su plantilla sigue siendo muy reducida en comparación con las de los demás Estados miembros de similar o menor tamaño. Tal como recomendó el Consejo en 2013, los mercados austriacos de flete y de transporte de pasajeros por ferrocarril se beneficiarían de un mayor esfuerzo por estimular la competencia.

(18)

Aunque, en conjunto, la capitalización del sector bancario ha seguido mejorando en 2013, los nuevos esfuerzos por reforzar su «colchón» de capital parecen estar justificados teniendo en cuenta el perfil de riesgo de los bancos. En 2013 el Consejo recomendó a Austria que acelerara la reestructuración de los bancos nacionalizados y parcialmente nacionalizados. En la actualidad, el marco jurídico para la liquidación de Hypo Alpe Adria se presentará para su adopción por el Parlamento en verano. La preparación organizativa de la creación de la correspondiente sociedad de gestión de activos (SGA) está en curso. Se prevé que la SGA entre en funcionamiento en otoño. Österreichische Volksbanken AG y el banco malo de Kommunalkredit, KA Finanz, continúan su reestructuración o su liquidación, respectivamente, de conformidad con las decisiones de la UE sobre ayudas estatales. Para salvaguardar la estabilidad financiera y minimizar los efectos negativos sobre las finanzas públicas, sería esencial tomar medidas transparentes y decisivas destinadas a concluir la reestructuración de los bancos nacionalizados.

(19)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Austria, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Austria, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

(20)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Austria y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la Recomendación 1 que figura a continuación.

(21)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). Como país cuya moneda es el euro, Austria debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos.

1.

Tras corregir el déficit excesivo, reforzar las medidas presupuestarias para 2014 a la luz de la creciente brecha del 0,5 % del PIB según las previsiones de primavera 2014 de los servicios de la Comisión y tras tener en cuenta las medidas adicionales de consolidación anunciadas por Austria, que apuntan a un riesgo de desviación considerable con respecto a las exigencias del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 2015, reforzar considerablemente la estrategia presupuestaria para garantizar que se alcanza el objetivo a medio plazo y se mantiene después de esa fecha, y velar por el cumplimiento de la norma en materia de deuda con el fin de mantener el ratio de deuda pública en una senda descendente sostenida. Racionalizar en mayor medida las relaciones fiscales entre los distintos niveles de gobierno, por ejemplo simplificando el marco organizativo y armonizando las responsabilidades en materia de gastos e ingresos.

2.

Mejorar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, en particular, avanzando en la armonización de la edad legal de jubilación de hombres y mujeres, aumentando la edad efectiva de jubilación y alineando la edad de jubilación a los cambios en la esperanza de vida. Supervisar la aplicación de las recientes reformas que limitan las posibilidades de jubilación anticipada. Seguir mejorando la rentabilidad y sostenibilidad de la asistencia sanitaria y de los cuidados de larga duración.

3.

Reducir la presión fiscal sobre el trabajo para los trabajadores con salarios bajos, trasladando la fiscalidad a otras fuentes de impuestos menos perjudiciales para el crecimiento, tales como los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles, incluso mediante la actualización de la base imponible. Reforzar las medidas para mejorar las perspectivas del mercado laboral de las personas de origen inmigrante, las mujeres y los trabajadores de más edad. Esto incluye la mejora de los servicios de guardería y de cuidados de larga duración y el reconocimiento de las cualificaciones de los inmigrantes. Mejorar los resultados educativos, en particular, de los jóvenes desfavorecidos, entre ellos los de origen inmigrante, mediante el refuerzo de la educación en la primera infancia y la reducción de las consecuencias negativas del encaminamiento temprano. Seguir mejorando la planificación estratégica de la enseñanza superior y mejorar las medidas para reducir los abandonos.

4.

Eliminar los obstáculos excesivos para los proveedores de servicios, en particular por lo que se refiere a la forma jurídica y los requisitos en materia de accionariado y con respecto a la creación de empresas de servicios interdisciplinarios. Evaluar si las restricciones a la entrada y la práctica de las profesiones reguladas son proporcionales y se justifican por el interés general. Determinar los motivos que explican el escaso valor de los contratos públicos abiertos a licitaciones con arreglo a la normativa de la UE. Reforzar sustancialmente los recursos de la Autoridad federal de competencia.

5.

Seguir supervisando estrechamente y proseguir con eficacia la reestructuración ordenada de los bancos nacionalizados y parcialmente nacionalizados.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/97

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, adoptó una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse en los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Polonia y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de Polonia para 2012-2016.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. También el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Polonia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

(7)

El 24 de abril de 2014, Polonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Convergencia de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(8)

El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Convergencia de 2014 es situar de aquí a 2015 el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado y alcanzar el objetivo a medio plazo de aquí a 2018. El objetivo a medio plazo (– 1 % del PIB en términos estructurales) es más exigente que el requerido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los objetivos para el déficit global presentados en el Programa de Convergencia de 2014 son coherentes con una oportuna corrección del déficit excesivo. Además, mientras que el ajuste estructural (recalculado) en 2014 se ajusta a la recomendación del Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo, es inferior a la mejora necesaria requerida en 2015. En los años posteriores a la corrección prevista del déficit excesivo (recalculado), el avance anual previsto hacia el objetivo a medio plazo es inferior al requisito del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por tanto, los objetivos del Programa se ajustan parcialmente a los requisitos de dicho Pacto. La deuda pública debería permanecer por debajo del 60 % del PIB durante el período del Programa. Las autoridades polacas prevén que caerá marcadamente, desde el 57,1 % en 2013 al 49,5 % en 2014, debido principalmente a la gran transferencia puntual de activos de fondos de pensiones, y que se mantendrá a este nivel en 2015. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Convergencia es verosímil para 2014 y optimista para 2015, con un aumento de la tasa de crecimiento del PIB real del 3,8 %, frente al 3,4 % de las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. Basándose en su evaluación del Programa de Convergencia y en las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que aunque se espera que Polonia quede por debajo del límite máximo del déficit global recomendado por el Consejo para 2014, existen riesgos para una corrección viable del déficit excesivo en 2015 y, posteriormente, para una senda de ajuste apropiada hacia el objetivo a medio plazo.

(9)

Para garantizar el éxito de la estrategia de saneamiento presupuestario, es importante que este se apoye en amplias reformas estructurales. El bajo porcentaje de gastos potenciadores del crecimiento (educación, investigación e innovación) obstaculiza las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Se prevé que el gasto sanitario aumente considerablemente de medio a largo plazo debido al envejecimiento de la población. Podría aliviarse la carga que ello supone para las finanzas públicas y mejorar el acceso a la asistencia sanitaria mediante el refuerzo de los sistemas de atención primaria y remisión de pacientes y aprovechando el potencial de mejora de la eficacia en la asistencia hospitalaria. El bajo cumplimiento de las obligaciones fiscales sigue siendo un problema, en particular en términos de eficiencia de la Administración tributaria y del nivel de carga administrativa que pesa sobre los contribuyentes. Al mismo tiempo Polonia ha publicado recientemente un Plan de Acción de mejora del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de la eficacia de la Administración tributaria para los años 2014-2017. Polonia dispone de un complejo sistema de tipos reducidos de IVA que la convierte en el Estado miembro de la Unión donde las diferencias en los tipos de este impuesto son mayores; ello produce pérdidas de ingresos y costes de conformidad en materia tributaria. El nivel de la fiscalidad de la energía es relativamente bajo. En el pasado reciente se tomaron medidas para mejorar el marco presupuestario. No obstante, el marco se beneficiaría de la introducción de un consejo fiscal independiente, responsable de los controles previos de la conformidad con las normas presupuestarias; de una evaluación de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias y un análisis de la viabilidad de las finanzas públicas a largo plazo, así como de una evaluación a posteriori del cumplimiento de las normas fiscales.

(10)

El desempleo juvenil aumentó a lo largo del año pasado, debido en parte al persistente desajuste entre educación y necesidades del mercado laboral, así como al creciente porcentaje de jóvenes que no estudian ni se forman ni trabajan. A pesar de los esfuerzos en curso para reformar el sistema educativo y la formación profesional, es necesario facilitar más aún el acceso a contratos de aprendizaje de buena calidad y a la formación en el puesto de trabajo, reforzar la cooperación entre escuelas y empresas e incorporar a los jóvenes no cubiertos por el sistema, en línea con los objetivos de una Garantía Juvenil. La adaptación de las cualificaciones a las necesidades del mercado laboral también resulta especialmente importante en el contexto de la formación permanente, pues su participación sigue siendo muy baja, sobre todo en el caso de los trabajadores de más edad, cuyas competencias están frecuentemente anticuadas. La segmentación del mercado laboral se mantiene, con una amplia utilización de contratos de duración determinada así como de los contratos de Derecho civil. Los contratos de duración determinada son particularmente frecuentes entre los jóvenes. Mientras que a menudo dichos contratos son considerados como un instrumento para que los desempleados entren en el mercado de trabajo con vistas a su posterior paso a un contrato permanente, esto no parece ocurrir así en la mayoría de los casos, pues el porcentaje de transición de empleos de duración determinada a empleos permanentes es baja, lo que tiende a influir negativamente en la productividad y la calidad del capital humano.

(11)

La participación de las mujeres en el mercado laboral sigue siendo baja. Polonia ha tomado varias medidas para aumentar la tasa de empleo femenino, incluyendo un aumento de la disponibilidad de servicios de guardería y de la financiación pública de las mismas para motivar a los padres a inscribir a sus hijos en la enseñanza preescolar. No obstante, la disponibilidad de guarderías todavía es baja, especialmente en las zonas rurales, y persisten disparidades en el acceso a la enseñanza preescolar. La participación en el mercado laboral de los trabajadores polacos de mayor edad sigue siendo baja. Las posibilidades de jubilación anticipada se han reducido significativamente, pero son necesarios esfuerzos adicionales para aumentar la empleabilidad de los trabajadores mayores y la duración efectiva de la vida laboral. La reforma de los regímenes especiales de pensiones de mineros y agricultores sigue planteando un reto. El régimen de los agricultores («KRUS») incentiva a los pequeños agricultores para que permanezcan en el sector agrícola, pero resulta en un desempleo oculto en las zonas rurales y estimula la economía informal. Los mineros siguen disfrutando de privilegios en materia de derechos de pensión y antigüedad laboral mínima requerida. Ambos planes de pensiones dificultan la movilidad entre sectores y geográfica.

(12)

Polonia se encuentra entre los Estados miembros con menor nivel de gasto en I+D y es uno de los que presenta peores indicadores en materia de innovación. El gasto privado en I+D es especialmente bajo y se une a la escasa actividad de investigación e innovación por parte de las empresas y a un entorno empresarial poco favorable a la innovación. El sistema polaco de apoyo a la innovación tiene aversión al riesgo y se basa principalmente en subvenciones y en la absorción y la transferencia de tecnologías de apoyo, sin que ello tenga un gran impacto en la innovación genuina. Los incentivos fiscales existentes para la I+D son ineficaces para promover la I+D interna del sector privado y solo son empleados por las grandes empresas. Las empresas polacas se han basado en gran medida en la absorción de tecnología. Si bien ello ha permitido garantizar un aumento de la productividad y del crecimiento económico, Polonia debe pasar a un modelo más basado en la innovación autóctona. Aumentar la capacidad de innovación de las empresas, mejorar los vínculos entre ciencia e industria y desarrollar instrumentos específicos adaptados a todo el ciclo de la innovación siguen siendo los retos.

(13)

Todavía existe un gran potencial de elevados beneficios derivados de mejoras en eficiencia energética en todos los sectores de la economía polaca y estos beneficios podrían apoyar el crecimiento, mejorar la competitividad y contribuir a reducir la dependencia energética de Polonia. La capacidad nacional de producción de energía está quedándose obsoleta y la red eléctrica está congestionada, pero avanzan los proyectos para establecer más capacidad de interconexión con los Estados miembros vecinos. El problema fundamental del mercado del gas natural sigue siendo la falta de diversificación y de competencia.

(14)

La poco desarrollada infraestructura de transporte y de banda ancha fija sigue constituyendo un importante obstáculo para el crecimiento. En particular, es preciso realizar importantes inversiones en la degradada red ferroviaria para aumentar la competitividad del ferrocarril y lograr un mejor equilibrio entre el transporte por carretera y el ferroviario. Solo alrededor de un tercio de los aproximadamente 20 000 km de líneas ferroviarias en funcionamiento está en buenas condiciones técnicas y continúan los problemas para la ejecución puntual de los proyectos ferroviarios. La eficiencia de los recursos puede incrementarse mejorando la gestión de los residuos.

(15)

En Polonia, la ejecución de los contratos es un proceso lento y el procedimiento para obtener licencias de obras resulta largo y complicado. Los costes de cumplimiento de las obligaciones fiscales constituyen un problema importante para las empresas polacas. Polonia ha logrado avances sustanciales en la aplicación de una reforma ambiciosa que facilite el acceso a las profesiones reguladas.

(16)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Polonia, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Polonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

(17)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

1.

Reforzar la estrategia presupuestaria para garantizar la corrección del déficit excesivo de aquí a 2015 de forma sostenible mediante la culminación del esfuerzo de ajuste estructural especificado en las recomendaciones del Consejo enmarcadas en el procedimiento de déficit excesivo. Tras la corrección del déficit excesivo y hasta que se alcance el objetivo a medio plazo, proseguir un ajuste estructural anual hacia el objetivo a medio plazo del 0,5 % del PIB. La corrección duradera de los desequilibrios presupuestarios requiere una ejecución creíble de unas reformas estructurales ambiciosas con el fin de ajustar la capacidad e impulsar el crecimiento y el empleo. A este respecto, minimizar los recortes en las inversiones que estimulan el crecimiento, mejorar la adecuación de las políticas sociales y la relación coste-eficacia del gasto y la eficiencia general del sector de la asistencia sanitaria, ampliar la base impositiva, por ejemplo abordando la cuestión de un sistema extensivo de tipos reducidos de IVA, y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en especial incrementando la eficiencia de la Administración tributaria. Crear un consejo presupuestario independiente.

2.

Redoblar los esfuerzos para reducir el desempleo juvenil, en particular gracias a una mejor adecuación de la educación a las necesidades del mercado laboral, en especial aumentando la oferta plazas de formación profesional y en el puesto de trabajo y reforzando los esfuerzos para llegar a los jóvenes todavía no cubiertos por el sistema así como la cooperación entre centros de enseñanza y empresas, en la línea de los objetivos de una Garantía Juvenil. Aumentar la participación de los adultos en la formación permanente con el fin de ajustar la oferta y la demanda de capacidades. Luchar contra la segmentación del mercado laboral mediante la intensificación de los esfuerzos para garantizar una mejor transición desde contratos de duración determinada a empleos permanentes y reducir el uso excesivo de los contratos de Derecho civil.

3.

Proseguir los esfuerzos para incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral, en particular adoptando medidas adicionales para incrementar la disponibilidad de servicios de guardería de calidad a precios asequibles y de educación preescolar y garantizando una financiación estable. Incluir a los agricultores en el régimen general de pensiones, comenzando por agilizar la creación del sistema de evaluación y registro de las rentas de los agricultores. Eliminar gradualmente el régimen especial de pensiones de los mineros con el fin de integrarlos en el régimen general. Respaldar la reforma general del sistema de pensiones, intensificando los esfuerzos destinados a fomentar la empleabilidad de los trabajadores de más edad para incrementar la edad de salida del mercado laboral.

4.

Mejorar la efectividad de los incentivos fiscales de fomento de la I+D en el sector privado como parte de los esfuerzos para reforzar los vínculos entre investigación, innovación y política industrial, y elegir mejor los instrumentos existentes en las distintas fases del ciclo de innovación.

5.

Renovar y ampliar la capacidad de producción de energía y mejorar la eficacia de toda la cadena energética. Acelerar y ampliar el desarrollo de la red eléctrica, incluidas las conexiones transfronterizas con los Estados miembros vecinos, y desarrollar las conexiones gasísticas con Lituania. Garantizar una ejecución efectiva y sin más demoras de los proyectos de inversión ferroviaria, y mejorar la capacidad administrativa de este sector. Acelerar los esfuerzos para aumentar la cobertura de la banda ancha fija. Mejorar la gestión de los residuos.

6.

Adoptar medidas adicionales para mejorar el entorno empresarial mediante la simplificación de los requisitos para la ejecución de contratos y la obtención de licencias de obras. Intensificar los esfuerzos para reducir los costes y el tiempo necesarios para cumplir las obligaciones tributarias por parte de las empresas. Completar la reforma en curso encaminada a facilitar el acceso a las profesiones reguladas.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/102

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse en los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

Portugal fue sometido a un programa de ajuste macroeconómico hasta el 17 de mayo de 2014, de conformidad con el artículo 1, apartado 2, de la Decisión de Ejecución 2011/344/UE del Consejo (3), que preveía que la ayuda financiera estaría disponible durante un período de tres años. El 23 de abril de 2014, el Consejo decidió (4) ampliar por seis semanas la disponibilidad de la ayuda financiera, a fin de permitir una evaluación amplia y profunda del cumplimiento de las condiciones del programa y un correcto desembolso del último tramo del préstamo. Con arreglo al artículo 12 del Reglamento (UE) no 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), Portugal quedó exento, durante el período de vigencia del programa, de la supervisión y la evaluación del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas. Una vez finalizado el programa, procede reintegrar plenamente a Portugal en el marco del Semestre Europeo.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. También el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

(7)

De conformidad con el Reglamento (UE) no 472/2013, Portugal estaba exento de la obligación de presentar su Programa Nacional de Reformas y su Programa de Estabilidad durante el período de vigencia del programa de ajuste macroeconómico. No obstante, presentó un documento de estrategia presupuestaria actualizado el 30 de abril de 2014 (Documento de Estratégia Orçamental) y una carta del Gobierno en la que se presentaban los progresos logrados en cuanto a los objetivos de la Estrategia Europa 2020. El 17 de mayo de 2014, el Gobierno presentó su programa de reformas en curso y nuevas iniciativas en pro de un crecimiento sostenible en un documento titulado «La vía hacia el crecimiento, una estrategia de reforma a medio plazo para Portugal».

(8)

El objetivo de la estrategia que figura en el documento de estrategia presupuestaria de 2014 es corregir el déficit excesivo de aquí a 2015 de forma sostenible y alcanzar el objetivo a medio plazo de aquí a 2017. La estrategia prevé situar el déficit público en el 4,0 % del PIB en 2014 y reducirlo hasta el 2,5 % en 2015, en consonancia con los objetivos señalados en la Recomendación relativa al procedimiento de déficit excesivo de 21 de junio de 2013 y confirmada por la duodécima revisión del programa de ajuste macroeconómico. Sin embargo, el 30 de mayo de 2014, el Tribunal Constitucional anuló medidas de saneamiento que se estimaba que tendrían una repercusión en los resultados presupuestarios de 2014 en torno al 0,4 % del PIB, con posibles efectos en 2015. A fin de alcanzar los objetivos acordados, el Gobierno tendrá que introducir medidas de sustitución de magnitud equivalente. No obstante, existen dos sentencias del Tribunal Constitucional pendientes que impiden una cuantificación completa de las medidas que deben adoptarse. Teniendo en cuenta el poco tiempo disponible, el Gobierno puede tener que recurrir a medidas de carácter menos favorable al crecimiento, en particular en lo que se refiere a los ingresos. Después de 2015, la estrategia confirma la intención de alcanzar el objetivo a medio plazo en 2017 mediante la realización de un esfuerzo estructural del 0,5 % del PIB en 2016 y logrando un déficit estructural del 0,5 % en 2017. De acuerdo con la estrategia, la deuda bruta de las administraciones públicas aumentará hasta aproximadamente el 130,2 % del PIB en 2014 y empezará a disminuir progresivamente a partir de 2015. El escenario macroeconómico subyacente a las previsiones presupuestarias de la estrategia es acorde con la previsión de primavera de la Comisión y ha sido analizado por el Consejo de Finanzas Públicas. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, la estrategia presupuestaria para 2014 deberá ser revisada con el fin de alcanzar el objetivo de déficit del 4 % del PIB. No obstante, siguen existiendo riesgos de corrección a la baja para el objetivo, debido en particular a la inseguridad jurídica y al impacto estadístico de operaciones encaminadas a una gestión más eficaz de la excesiva deuda de algunas empresas de propiedad pública.

El ajuste presupuestario de 2015 se basa en medidas de saneamiento presupuestario que ascienden al 0,8 % del PIB, lo que se considera suficiente para alcanzar el objetivo del 2,5 % del PIB. Basándose en la evaluación de la estrategia presupuestaria del Gobierno y en las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que los objetivos de la estrategia se ajustan a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(9)

Es preciso que el saneamiento presupuestario se base en nuevas reformas del sistema de gestión de las finanzas públicas. En particular, a pesar de los avances realizados en el marco del programa de ajuste macroeconómico, es preciso completar la amplia reforma de la Ley marco presupuestaria y son necesarios más esfuerzos para garantizar un control estricto del gasto mediante la aplicación de la Ley de Control de los Compromisos y evitando una mayor acumulación de morosidad del sector público. Será crucial proseguir la reestructuración de las empresas de propiedad pública, garantizando su sostenibilidad financiera y controlando los gastos en pensiones y asistencia sanitaria. Por el lado de los ingresos, hay margen de maniobra para que el sistema tributario sea más favorable al crecimiento y para promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

(10)

Portugal se enfrenta a retos relacionados con el desempleo, el cual, a pesar de la reciente disminución, sigue siendo muy elevado, en particular entre los jóvenes. La tasa de desempleo se situó en el 16,4 % en 2013 y el desempleo juvenil, en el 38,1 %, muy por encima de la media de la UE, al igual que el porcentaje de jóvenes que no reciben educación ni formación, ni están empleados. La tasa de empleo de Portugal entre la población con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años, que ha sido tradicionalmente elevada, se ha reducido de forma acusada desde el inicio de la crisis económica, desde el 73,1 % en 2008 al 65,6 % en 2013. En cuanto al desempleo juvenil, en línea con los objetivos de la garantía juvenil, entre los principales retos figuran una débil sensibilización de los jóvenes no registrados y una necesidad de ajustar mejor la educación y la formación a las necesidades del mercado de trabajo. En el marco del programa de ajuste macroeconómico, Portugal ha aplicado una amplia gama de reformas del mercado de trabajo dirigidas a atenuar una legislación de protección del empleo demasiado restrictiva, hacer que los mecanismos de fijación de salarios sean más flexibles y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo y las políticas de activación. No obstante, persisten las dificultades, en particular en cuanto a resolver la segmentación del mercado laboral y mejorar la capacidad de adaptación de los salarios a las condiciones económicas. Una evaluación independiente de los efectos de las recientes reformas introducidas en el sistema de protección del empleo podría contribuir a evaluar, en particular, su impacto en la creación de empleo, la precariedad, los costes salariales, así como en el número de recursos judiciales contra despidos y su resultado. A pesar de los esfuerzos para paliar el impacto social negativo, el necesario ajuste económico tras la crisis ha tenido efectos negativos en términos de pobreza.

(11)

Portugal ha realizado progresos significativos en la reforma de su sistema de enseñanza, mediante varias medidas dirigidas a combatir el abandono escolar prematuro, y mejorar la tasa de personas que concluyen estudios superiores y adaptar la educación a las necesidades del mercado laboral. Sin embargo, la plena aplicación y el uso eficaz de la financiación siguen siendo fundamentales. En particular, es necesario seguir trabajando para reducir el desfase de las capacidades, sobre todo aumentando la calidad y el atractivo de la formación profesional, incluida la formación profesional dual, y fomentando la participación de las empresas en la concepción de programas y en prever suficientes plazas de formación en el empleo y aprendizaje profesional. Es también preciso establecer servicios de orientación y asesoramiento profesional eficaces para los estudiantes de enseñanza secundaria y superior, en consonancia con las necesidades del mercado de trabajo, anticipar la necesidad de cualificaciones y reforzar los vínculos con el sector empresarial.

(12)

Portugal ha tomado importantes medidas en el marco del programa de ajuste macroeconómico para mejorar la base de capital del sector bancario y reforzar su marco de supervisión y resolución. No obstante, persisten algunos problemas importantes que deben ser objeto de un seguimiento y gestión detallados, en particular la rentabilidad de los bancos portugueses. Los datos del primer trimestre de 2014 muestran que algunos de los bancos que recibieron ayuda han registrado resultados positivos. La calidad de los activos sigue siendo un problema fundamental, con unos niveles de deterioro elevados, en torno al 6 % del total de préstamos brutos, y con unos niveles elevados de préstamos no productivos (10,6 %), especialmente en el segmento de las empresas (por encima del 16 %), según los datos disponibles a finales de 2013. Portugal ha adoptado una serie de medidas para facilitar la concesión de préstamos a empresas viables, pero las condiciones de financiación siguen siendo difíciles, en particular para las pyme, y el abanico de alternativas de financiación de las empresas distintas de la financiación bancaria sigue siendo limitado. Los préstamos de nueva concesión a pyme se redujeron en un 4,8 % en 2013 en comparación con 2012. La media de los tipos de interés de los nuevos préstamos a empresas portuguesas ha disminuido ligeramente desde principios de 2013, aunque se mantiene significativamente por encima de la media de la zona del euro. Dado el alto nivel de endeudamiento de las empresas y la necesidad de seguir disminuyendo el apalancamiento del sector bancario, la capacidad de los bancos para conceder créditos a empresas viables a un coste razonable sigue siendo limitada.

(13)

Con vistas a garantizar la eficacia y la sostenibilidad del sector energético y reducir el coste de la energía para la economía, se han promulgado dos paquetes de medidas en el marco del programa de ajuste macroeconómico. Las rentas en el sector de la energía deben, sin embargo, reducirse más, y debe abordarse el elevado nivel del déficit tarifario, que sigue al alza. Con este fin, Portugal ha anunciado recientemente un tercer paquete de medidas, incluida la ampliación a 2015 del gravamen especial aplicable en 2014 a los operadores del sector energético. Por otro lado, la mejora de la integración transfronteriza de las redes de energía y la aceleración de la ejecución de los proyectos de interconexión de gas y electricidad siguen siendo cuestiones pendientes que requieren medidas decididas para poner fin al aislamiento de la península Ibérica con respecto al mercado de energía de la UE. En el sector del transporte, se ha avanzado en el programa, en particular, reforzando la posición competitiva de los puertos portugueses, estableciendo un plan de transporte a largo plazo, tras haber abordado las deficiencias y lagunas, y mejorando el marco regulador. No obstante, siguen siendo necesarias nuevas medidas para aplicar eficazmente el plan de transporte a largo plazo y el plan de acción de reforma de los puertos. También es preciso tomar medidas para garantizar la independencia y la capacidad del organismo regulador del transporte y la sostenibilidad financiera de las empresas de propiedad pública en el sector, y aumentar la eficiencia y la competencia en el transporte por ferrocarril.

(14)

Se ha aplicado una importante reforma en el mercado del arrendamiento urbano con el fin de hacer que el mercado de la vivienda sea más dinámico, en particular mediante un mayor equilibrio entre los derechos y las obligaciones de los propietarios e inquilinos, la introducción de una mayor flexibilidad en la elección de la duración de los contratos, e incentivando las obras de renovación. Es preciso trabajar más para evaluar el impacto de esta reforma utilizando datos sobre factores clave del mercado y sobre la economía sumergida en el mercado portugués del alquiler. Portugal ha realizado progresos sustanciales en la mejora de su entorno empresarial, en particular fomentando mejores condiciones marco, fomentando la cultura empresarial y mejorando los procedimientos de insolvencia para las empresas en dificultades. Ahora debe prestarse atención a la aplicación. La simplificación de los procedimientos administrativos y de concesión de licencias ha progresado, pero aún es preciso finalizar una serie de medidas. Son necesarios nuevos esfuerzos para eliminar los obstáculos a la competencia en el sector de los servicios, en particular mediante la adopción de enmiendas sectoriales, y en lo que respecta a los servicios profesionales, adoptando legislación sobre el resto de las organizaciones profesionales. Por lo que se refiere a la regulación y la competencia, se precisan medidas de seguimiento para garantizar la independencia y la autonomía de los reguladores sectoriales nacionales y de la autoridad de competencia. Siguen existiendo importantes retrasos en los pagos por parte de las autoridades públicas.

(15)

Se han realizado notables avances en el marco del programa de ajuste macroeconómico en cuanto a la racionalización y la modernización de la Administración pública en términos de empleo, política de remuneración, condiciones de trabajo, eficacia organizativa y calidad de los servicios. No obstante, deben completarse algunas de las medidas de reforma previstas y mejorar la transparencia. A pesar de los notables avances logrados para mejorar la eficiencia del sistema judicial, deben introducirse mejoras, en particular en cuanto a la duración de los procedimientos, el porcentaje de resolución, el número de casos pendientes y el proceso de evaluación y seguimiento.

(16)

El análisis de la Comisión lleva a la conclusión de que la correcta ejecución del programa de ajuste macroeconómico fue decisiva para gestionar los riesgos económicos y financieros y reducir los desequilibrios. Portugal ha adoptado una amplia gama de reformas estructurales difíciles en el marco del programa, que están empezando a dar sus frutos, en particular en términos de mayor competitividad y reanudación del crecimiento económico, pero hay que seguir trabajando para evaluar el impacto de las reformas en el funcionamiento de la economía. El seguimiento continuo de todas las reformas aplicadas es, por tanto, esencial para evaluar si estas contribuyen a fomentar la competitividad, la productividad y el empleo.

(17)

Dado que, tras la finalización del programa de ajuste macroeconómico, que concluirá legalmente el 28 de junio de 2014, Portugal estará plenamente reintegrado en el Semestre Europeo, la Comisión, sobre esta base, ha evaluado la documentación presentada por Portugal. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y socioeconómica de Portugal, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión, incluyendo aportaciones de la UE para las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones para Portugal en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación.

(18)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado la estrategia presupuestaria del Gobierno, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación. Estas recomendaciones fueron elaboradas a raíz de la conclusión del programa de ajuste macroeconómico y, por tanto, se basan en los logros de dicho programa a fin de asegurar su ejecución duradera.

(19)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado también un análisis de la política económica de la zona del euro en su conjunto. Sobre esta base, el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (8), Portugal, como país cuya moneda es el euro, debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos.

1.

Aplicar las medidas de saneamiento presupuestario fiscal necesarias para 2014, a fin de alcanzar los objetivos presupuestarios y evitar la acumulación de nuevos atrasos. Para el año 2015, aplicar una estrategia presupuestaria revisada, con el fin de situar el déficit en el 2,5 % del PIB, en línea con el objetivo establecido en la Recomendación del procedimiento de déficit excesivo, logrando simultáneamente el ajuste estructural requerido. Sustituir las medidas de saneamiento que el Tribunal Constitucional considera inconstitucionales por medidas de magnitud y calidad similar, tan pronto como sea posible. La corrección del déficit excesivo debe hacerse de manera sostenible y favorable al crecimiento, limitando el recurso a medidas puntuales y de carácter temporal. Tras la corrección del déficit excesivo, proseguir el ajuste estructural anual previsto hacia el objetivo a medio plazo, en consonancia con el requisito de un ajuste estructural anual de al menos el 0,5 % del PIB, y por encima en tiempos de bonanza, y garantizar el cumplimiento de la norma sobre la deuda a fin de situar el elevado ratio de deuda en una senda sostenible. Dar prioridad al saneamiento presupuestario basado en el gasto y aumentar la eficiencia y la calidad del gasto público. Mantener un estrecho control del gasto de la Administración central, regional y local. Continuar la reestructuración de las empresas de propiedad pública. Desarrollar antes de que finalice 2014 nuevas medidas generales dentro de la reforma de las pensiones en curso, con el fin de mejorar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. Controlar el crecimiento del gasto sanitario y proceder a la reforma hospitalaria. Revisar el sistema tributario y hacerlo más favorable al crecimiento. Seguir mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y luchar contra la evasión fiscal, mediante el aumento de la eficiencia de la Administración tributaria. Reforzar el sistema de gestión de las finanzas públicas finalizando rápidamente y aplicando la amplia reforma de la Ley marco presupuestaria antes de que finalice 2014. Garantizar el estricto cumplimiento de la Ley de control de compromisos. Aplicar eficazmente las escalas salariales y de complementos únicas en el sector público a partir de 2015.

2.

Mantener un nivel mínimo de evolución salarial compatible con los objetivos de fomentar el empleo y la competitividad. Garantizar un sistema de fijación de salarios que promueva la armonización de los salarios y la productividad a nivel sectorial o de empresa. Estudiar, en consulta con los interlocutores sociales y de acuerdo con las prácticas nacionales, la posibilidad de que las empresas puedan pactar la suspensión temporal y de mutuo acuerdo de los convenios colectivos. Antes de septiembre de 2014, presentar propuestas sobre la posibilidad de que las empresas puedan pactar la suspensión temporal y de mutuo acuerdo de los convenios colectivos, y sobre una revisión de la pertinencia de los convenios colectivos.

3.

Presentar, antes de marzo de 2015, una evaluación independiente de las recientes reformas introducidas en el sistema de protección del empleo, junto con un plan de acción para posibles nuevas reformas a fin de abordar la segmentación del mercado de trabajo. Proseguir la reforma en curso de las políticas activas del mercado de trabajo y los servicios públicos de empleo destinada a aumentar las tasas de empleo y la participación en el mercado laboral, especialmente mediante la mejora de la orientación profesional y la ayuda en la búsqueda de empleo, y de los sistemas de sanciones y activación con vistas a reducir el desempleo de larga duración y a integrar a las personas más alejadas del mercado laboral. Abordar el problema del elevado desempleo juvenil, en particular mediante la anticipación de la necesidad de cualificaciones y la sensibilización de los jóvenes no registrados, en línea con los objetivos de la garantía juvenil. Garantizar una adecuada cobertura de la asistencia social, en particular del régimen de renta mínima, asegurando, al mismo tiempo, la activación de los beneficiarios de las prestaciones.

4.

Mejorar la calidad del sistema educativo y su adecuación al mercado laboral a fin de reducir el abandono escolar prematuro y abordar el bajo rendimiento académico. Garantizar la eficacia del gasto público en educación y reducir la falta de adecuación de las cualificaciones, por ejemplo, aumentando la calidad y el atractivo de la formación profesional y fomentando la cooperación con las empresas. Reforzar la cooperación entre la investigación pública y las empresas y fomentar la transferencia de conocimientos.

5.

Supervisar la situación de liquidez de las entidades bancarias y el eventual déficit de capital, en particular mediante inspecciones temáticas in situ y pruebas de resistencia. Evaluar los planes de rescate de los bancos e introducir mejoras en el proceso de evaluación cuando sea necesario. Aplicar una estrategia para reducir la excesiva deuda de las empresas y redoblar los esfuerzos para ampliar la gama de alternativas de financiación, en particular para las primeras fases de desarrollo empresarial, mediante el aumento de la eficacia de las herramientas de reestructuración de la deuda (en particular, PER y Sireve) para las empresas viables; introducir incentivos para que los bancos y los deudores inicien procesos de reestructuración desde un primer momento y mejorar la disponibilidad de financiación a través del mercado de capitales. Velar por que las medidas seleccionadas apoyen la reasignación de la financiación hacia los sectores productivos de la economía, por ejemplo las pymes viables, evitando al mismo tiempo riesgos para las finanzas públicas y la estabilidad financiera. Aplicar, para finales de septiembre de 2014, un sistema de alerta rápida, esencialmente con fines de vigilancia, para identificar empresas, entre otras las pyme, con altas probabilidades de incurrir en impagos a causa de un endeudamiento excesivo y que, indirectamente, pueda estimular una rápida reestructuración de la deuda de las empresas.

6.

Aplicar el segundo y el tercer paquete de medidas en el sector energético con el fin de reducir el coste de la energía para la economía, eliminando simultáneamente el déficit tarifario de la electricidad de aquí a 2020, y vigilar de cerca su aplicación. Mejorar la integración transfronteriza de las redes de energía y acelerar la realización de los proyectos de interconexión de gas y electricidad. Aplicar el plan de transporte a largo plazo y el calendario de reforma de los puertos. Completar las concesiones de transportes para las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto. Garantizar que la renegociación de las actuales concesiones portuarias y los nuevos regímenes de autorizaciones estén orientados al rendimiento y sean conformes con los principios del mercado interior, en especial las normas de contratación. Garantizar que el organismo regulador del transporte (AMT) sea plenamente independiente y operativo a finales de septiembre de 2014. Garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas públicas en el sector del transporte. Aumentar la eficiencia y la competencia en el sector de los ferrocarriles, aplicando el plan de competitividad de CP Carga, tras la transferencia de los terminales de mercancías, garantizando al mismo tiempo la independencia de la gestión de las empresas ferroviarias y del administrador de infraestructuras de propiedad pública.

7.

Seguir mejorando la evaluación del mercado de la vivienda, en particular mediante la creación, antes de finales de 2014, de un marco de supervisión e información más sistemático, y emitir un informe completo sobre la economía sumergida en dicho mercado. Continuar los esfuerzos para llevar a cabo nuevos inventarios de las cargas normativas con objeto de incluir, antes de marzo de 2015, los sectores aún no cubiertos. Adoptar y aplicar, antes de que finalice septiembre de 2014, los decretos pendientes sobre licencias y enmiendas sectoriales. Eliminar, antes de que finalice septiembre de 2014, las restricciones que quedan en el sector de los servicios profesionales y promulgar los estatutos modificados de las organizaciones profesionales que aún no han sido aprobados en el marco del programa de ajuste macroeconómico. Eliminar los retrasos en los pagos del sector público. Garantizar los recursos necesarios de los reguladores nacionales y la autoridad de competencia.

8.

Seguir racionalizando y modernizando la Administración pública central, regional y local. Aplicar las reformas para mejorar la eficiencia del sistema judicial y aumentar la transparencia. Intensificar los esfuerzos para evaluar la aplicación de las reformas emprendidas en el marco del programa de ajuste macroeconómico, así como las reformas planificadas o previstas para el futuro. En particular, introducir evaluaciones sistemáticas obligatorias, previas y a posteriori, en el proceso legislativo. Crear en el seno del Gobierno una unidad central de evaluación independiente desde el punto de vista funcional, que evalúe e informe cada seis meses sobre la aplicación de estas reformas, en particular la coherencia con la evaluación previa de impacto, y que adopte medidas correctoras en caso necesario.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/109

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Rumanía y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia para el período 2012‐2016.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. También el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, aprobó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

(7)

El 6 de mayo de 2014, Rumanía presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y el 5 de mayo de 2014 su Programa de Convergencia para 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(8)

El 22 de octubre de 2013, el Consejo adoptó la Decisión 2013/531/UE (4) por la que se concede una ayuda financiera a medio‐plazo de carácter preventivo de la Unión por valor de un máximo de 2 000 millones EUR hasta septiembre de 2015. La concesión a Rumanía de la ayuda mencionada en el marco del instrumento de la balanza de pagos para los Estados miembros no integrados en la zona del euro se consideró oportuna por las circunstancias de inestabilidad de los flujos de capital, que afecta especialmente a los mercados emergentes, los riesgos relacionados con el escenario macroeconómico y la persistencia de vulnerabilidades en el sector bancario. Aunque en las actuales condiciones de mercado Rumanía no tiene intención de solicitar el desembolso de ningún tramo, se espera que la ayuda de carácter preventivo contribuya a consolidar la estabilidad macroeconómica, presupuestaria y financiera y, mediante una aplicación continuada de reformas estructurales, a incrementar la resiliencia y el potencial de crecimiento de la economía. El Memorando de Acuerdo de 6 de noviembre de 2013, por el que se fijan las condiciones que es preciso reunir en el marco de la ayuda de carácter preventivo de la UE, y sus sucesivas adendas, complementan y respaldan las recomendaciones específicas por países del Semestre Europeo. Esta ayuda preventiva de la UE se supeditará a la aplicación de un programa de política económica global que haga particular hincapié en las medidas de reforma estructural, como, por ejemplo, las recomendaciones específicas por países relacionadas con la capacidad administrativa, las reformas en los mercados de productos, el entorno empresarial, los mercados de empleo, las pensiones, las empresas estatales y la sanidad. Este programa no exime al Gobierno de la plena aplicación de todas las recomendaciones‐específicas por país. Es preciso abordar el establecimiento de prioridades en relación con las políticas, así como la aplicación y coordinación de estas últimas, pasos necesarios para la aplicación del Memorando de Acuerdo y las recomendaciones específicas por países, si se pretende que las decisiones prioritarias se adopten de forma coherente.

(9)

El objetivo de la estrategia presupuestaria esbozada en el Programa de Convergencia para 2014 es lograr un objetivo de déficit estructural a medio plazo del 1 % del PIB en 2015, en consonancia con el requisito del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y atenerse a él en lo sucesivo. Rumanía se está acogiendo en 2014 a la posibilidad de desviación temporal respecto de la senda de ajuste que conduce al logro del objetivo a medio plazo, desviación autorizada en relación con los proyectos objeto de cofinanciación. Esa desviación temporal debe compensarse el año siguiente. El Programa de Convergencia prevé una estabilización del saldo estructural (recalculado) en 2014 y un aumento del PIB del 0,8 % en 2015. Se prevé que el gasto aumente a un ritmo coherente con el valor de referencia del gasto tanto en 2014 como en 2015. Se espera que el ratio deuda/PIB alcance un 40 % en 2015 y disminuya durante el período 2016-2017. Globalmente, la estrategia presupuestaria trazada en el Programa de Convergencia se atiene a los requisitos formulados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es verosímil. A grandes rasgos, se atiene a las previsiones de los servicios de la Comisión de la primavera de 2014. Sin embargo, la estimación del PIB potencial en la que se basa el Programa de Convergencia es ligeramente mayor, debido principalmente a unas perspectivas más optimistas en lo relativo al mercado laboral. Existe un riesgo de sobreestimación en relación con los planes presupuestarios para 2014 vinculado al control del gasto y a una recaudación de impuestos menor de la prevista. Por otro lado, aún no se ha determinado cuáles serán las medidas adoptadas en 2015 y en años sucesivos para apoyar el cumplimiento de la senda fiscal propuesta.

Según las previsiones de la Comisión, pese a un pequeño deterioro de su saldo estructural en 2014, Rumanía cumple los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2014, teniendo en cuenta la desviación temporal autorizada en relación con los proyectos cofinanciados. Para 2015, existe el riesgo de una desviación importante del ajuste estructural exigido, habida cuenta de la compensación necesaria en relación con la desviación temporal autorizada para los proyectos cofinanciados. Además, se prevé que en 2015 Rumanía se desvíe del valor de referencia para el gasto. Basándose en su evaluación del Programa de Convergencia y en las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el Programa de Convergencia presenta riesgos de desviación importante respecto de los requisitos de la vertiente preventiva en 2015.

(10)

El fraude y la elusión fiscales en el ámbito del IVA, incluidos los regímenes transfronterizos, de los impuestos especiales, de las contribuciones a la seguridad social y del impuesto sobre la renta siguen suponiendo un importante desafío. Los progresos tangibles realizados en la lucha contra el trabajo no declarado han sido limitados, mientras que la eficacia de la estrategia de cumplimiento en el ámbito tributario se ve obstaculizada por la falta de medidas de aplicación vinculantes y realistas y por no concederse suficiente atención a la prevención. Se está llevando a cabo una reforma de la Administración tributaria a fin de incrementar su eficiencia; la cooperación administrativa, en particular en el ámbito del IVA, sigue siendo escasa. La carga fiscal sobre las personas con salarios medios y bajos se mantiene en un nivel elevado y fomenta el trabajo no declarado y la infradeclaración de los ingresos. Se han realizado algunos progresos en el ámbito de la fiscalidad ambiental, ya que ha mejorado el sistema impositivo sobre los vehículos y se han incrementado los impuestos especiales sobre los hidrocarburos que, en la actualidad, se someten a indización automática. Rumanía está expuesta a riesgos de sostenibilidad a largo plazo, debido fundamentalmente a los gastos relacionados con el envejecimiento de la población. Existe cierta inquietud en cuanto a la sostenibilidad e idoneidad del sistema de pensiones, habida cuenta del bajo ratio trabajadores contribuyentes/pensionistas. El país ha adoptado medidas para nivelar la edad de jubilación de la mujer y el hombre en 2035, a más tardar.

(11)

En el sector sanitario, el uso ineficiente de los recursos y la mala gestión incrementan el riesgo en materia de sostenibilidad presupuestaria. La práctica de los pagos ilegales, muy extendida en la sanidad pública, obstaculiza aún en mayor medida la accesibilidad y lastra la eficiencia y la calidad del sistema. Aunque ya se han emprendido reformas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad financiera del sector, es preciso perseverar en el esfuerzo. La aplicación de algunas de las medidas se está retrasando y se ve perjudicada por una financiación insuficiente y por la exigua capacidad de los servicios. La rentabilidad del sistema se incrementaría frenando el recurso excesivo a los cuidados hospitalarios y reforzando la atención primaria y los sistemas de reorientación de los pacientes. Se han emprendido nuevas reformas del sistema sanitario con objeto de mejorar la salud de la población garantizando, entro otras cosas, un acceso equitativo a unos servicios sanitarios de calidad.

(12)

El elevado nivel de inactividad, la infrautilización del potencial laboral y la necesidad de incrementar la cualificación y productividad de la mano de obra siguen siendo los principales desafíos a los que se enfrenta el mercado laboral rumano. La calidad de los servicios públicos de búsqueda de empleo y reciclaje profesional sigue siendo escasa, pese a haberse adoptado medidas a pequeña escala. La limitación de recursos de la que adolecen los servicios públicos de empleo y el hecho de que no se proceda a la medición de resultados compromete la eficacia de la prestación de servicios personalizados a los solicitantes de empleo, de servicios a los empresarios y la integración de las políticas de activas y pasivas del mercado laboral. Rumanía tiene un porcentaje elevado y creciente de jóvenes desempleados que tampoco reciben educación ni formación profesionales (17,3 % en 2013). La estrategia nacional sobre envejecimiento activo, destinada a aumentar la tasa de empleo entre los trabajadores de mayor edad, se ha retrasado y su aplicación está ahora prevista para finales de 2014.

(13)

No se dispone de una directriz clara para la fijación de un salario mínimo elaborada con la participación de los interlocutores sociales y que se destine a apoyar el empleo y la competitividad y a preservar las rentas del trabajo de forma sostenible.

(14)

La reforma educativa de 2011, en la que se fija un calendario a largo plazo para mejorar la calidad de la educación, aun no ha sido aplicada plenamente debido a la escasez de recursos financieros y humanos. Tras el acentuado declive de la educación y la formación profesionales registrado a lo largo de los últimos veinte años, se han emprendido recientemente varias reformas y proyectos piloto, si bien siguen siendo exiguas las posibilidades de acceso a la educación y formación profesionales, su pertinencia de cara al mercado laboral y la implicación de las empresas en el aprendizaje basado en el trabajo y en la formación de aprendices. Persiste una marcada falta de correspondencia entre las competencias de los licenciados universitarios y la demanda laboral, y el vínculo entre la universidad y la empresa sigue siendo muy tenue, lo que se plasma en una elevada tasa de desempleo y en el hecho de que numerosos licenciados universitarios encuentren puestos de trabajo que no se corresponden con su formación o que exigen unos niveles de cualificación inferiores. La tasa de participación en actividades de formación continúa situándose entre las más bajas de la Unión. Por su parte, las tasas de abandono escolar prematuro siguen situándose entre las más elevadas de la Unión y son en la actualidad mayores que en 2010, afectando en particular a la población gitana. El empleo femenino se ve obstaculizado por la escasa disponibilidad y el limitado acceso a instalaciones de atención infantil de calidad a precios asequibles, en particular para los niños de hasta tres años de edad.

(15)

La reducción de la pobreza sigue suponiendo un gran desafío. Pese a una situación relativamente estable en materia de empleo, la renta bruta de los hogares se ha ido reduciendo y ha aumentado la desigualdad en los niveles de renta. Las familias con niños se hallan particularmente expuestas al problema. Han sido limitados los avances en la aceleración de la transición del modelo de acogida en establecimientos de menores privados de cuidados parentales a modelos alternativos. Numerosas personas discapacitadas se encuentran todavía en instituciones de alojamiento de grandes dimensiones, mientras que los servicios comunitarios aún no están suficientemente desarrollados. La escasa absorción, cobertura y adecuación de las prestaciones sociales sigue mermando la eficiencia de las prestaciones sociales en la lucha contra la pobreza. La introducción de la Renta de Inserción Mínima, que combina tres prestaciones sociales ya existentes, a saber, la renta mínima garantizada, los subsidios familiares y las ayudas para calefacción, prevista para 2015, se ha retrasado. La aplicación de la Estrategia Nacional de Integración de los Gitanos se inició en 2012, pero los recursos financieros asignados para la aplicación de los principales planes de acción han sido insuficientes y los resultados obtenidos modestos. La revisión de la estrategia y la aplicación de planes de acción revisados se ha aplazado.

(16)

La escasa capacidad de la Administración pública para el desarrollo y la aplicación de las políticas sigue constituyendo un enorme problema para Rumanía, que lastra el desarrollo general del país, el entorno empresarial, y afecta a la capacidad de inversión pública, a la vez que impide la prestación de servicios públicos de suficiente calidad. Los problemas estructurales que han conducido a esta situación de exigua capacidad administrativa se analizaron en 2013. Sobre esta base, se está preparando una estrategia 2014-2020 de fortalecimiento de la Administración pública cuya finalización está prevista para mediados de 2014.

(17)

Pese a los importantes progresos realizados, el índice de absorción de los fondos de la UE es uno de los más bajos de la Unión. El hecho de que los sistemas de gestión y control y las prácticas de contratación pública sigan siendo ineficaces puede incidir de forma negativa en la preparación y aplicación de la próxima generación de programas. La planificación estratégica y el establecimiento de prioridades en relación con las políticas en el núcleo del Gobierno siguen siendo un desafío, así como el establecimiento de prioridades políticas y la planificación presupuestaria plurianual a escala de los ministerios pertinentes con importantes carteras de inversión. La legislación sobre contratación pública adolece de inestabilidad y falta de coherencia. El marco institucional, caracterizado por múltiples agentes y responsabilidades que a menudo se solapan, no está preparado para hacer frente a las deficiencias ni para formular orientaciones útiles para los poderes adjudicadores. La corrupción y los conflictos de intereses siguen siendo fuente de preocupación para dichos poderes. Se espera que a finales de 2014 empiece a aplicarse un sistema de controles ex ante para prevenir conflictos de intereses en los procesos de adjudicación de contratos públicos.

(18)

La deficiente calidad de la reglamentación y la falta de transparencia y previsibilidad del marco reglamentario suponen una rémora para los ciudadanos y las empresas. Los trámites para el acceso al suministro eléctrico, para la obtención de licencias de obras o para el pago de impuestos siguen siendo complejos. La situación de falta de claridad por lo que respecta a los derechos de propiedad de la tierra representa un problema añadido para el entorno empresarial rumano; menos del 50 % de la propiedad inmobiliaria se encuentra inscrita en el registro de la propiedad inmobiliaria y únicamente alrededor del 15 % de los registros de la propiedad inmobiliaria se comprueban y registran digitalmente. Aunque Rumanía ha efectuado ciertos progresos en la mejora de la calidad, la independencia y la eficiencia del sistema de justicia y la lucha contra la corrupción, estos aspectos siguen suscitando preocupación en las empresas, que buscan una reparación judicial efectiva. La resistencia frente a las medidas contra la corrupción y en favor de la integridad a escala política y administrativa es aún muy marcada.

(19)

La regulación de los precios del mercado de la electricidad aplicados a los usuarios industriales finalizó en 2013, y se está procediendo a una eliminación progresiva de los precios regulados en los sectores del gas y la electricidad. El logro de una gobernanza eficiente y transparente de las empresas de propiedad estatal supone un reto fundamental. Se espera que la liberalización de los precios de la energía incentive el fortalecimiento de la eficiencia energética, si bien será preciso adoptar medidas concretas y movilizar recursos para mejorar en mayor medida dicha eficiencia en los sectores de la vivienda, la calefacción urbana, la industria y el transporte urbano. La integración de los mercados rumanos del gas y la electricidad en los mercados de la UE no se ha completado, y siguen existiendo importantes obstáculos para la puesta a punto de gasoductos transfronterizos, iniciativa que contribuiría a incrementar la diversificación de la oferta.

(20)

En Rumanía, el escaso desarrollo de las infraestructuras básicas de transporte sigue estrangulando el crecimiento. El rápido aumento del parque automovilístico y la mala calidad de las infraestructuras viarias obstaculizan el desarrollo de las empresas y la economía. El deficiente mantenimiento de la red ferroviaria supone una amenaza a la seguridad y la fiabilidad. El transporte de mercancías a través de las vías navegables interiores se sitúa por debajo de su potencial, sobre todo en el Danubio. La ineficiencia y la falta de transparencia en la gobernanza de las empresas estatales del sector del transporte impiden el desarrollo de infraestructuras de red.

(21)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Rumanía y ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de este país, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación.

(22)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 2 que figura a continuación.

1.

Aplicar el programa de asistencia financiera UE/FMI respetando plenamente las condiciones políticas incluidas en el Memorando de Acuerdo de 6 de noviembre de 2013 y en las sucesivas adendas, que completan y respaldan la aplicación de las presentes recomendaciones específicas por país.

2.

Aplicar la estrategia presupuestaria para 2014, incrementando de forma significativa el esfuerzo presupuestario a fin de garantizar el logro del objetivo a medio plazo en 2015, respetando los compromisos adquiridos en el marco del Programa sobre la Balanza de Pagos y tal como se refleja en el Programa de Convergencia para 2014, en particular especificando las medidas conexas que vayan a adoptarse, y atenerse en adelante a ese objetivo a medio plazo. Mejorar la recaudación de impuestos, prosiguiendo con la aplicación de una estrategia global de cumplimento en material fiscal, intensificando esfuerzos a fin de reducir el fraude del IVA. Combatir el trabajo no declarado. Reducir la carga fiscal de las personas con salarios medios y bajos de forma que ello no incida en el presupuesto. Finalizar la reforma de las pensiones iniciada en 2010 nivelando la edad de jubilación de la mujer y el hombre.

3.

Intensificar las reformas en el sector sanitario a fin de incrementar su eficiencia, calidad y accesibilidad, en particular en favor de las personas desfavorecidas y de las comunidades aisladas y remotas. Incrementar los esfuerzos por reducir los pagos ilegales, entre otras cosas, mediante la implantación de sistemas de gestión y control adecuados.

4.

Reforzar la adopción de medidas activas en el mercado laboral así como la capacidad de la Agencia Nacional de Empleo. Prestar una atención particular a la activación de los jóvenes no inscritos. Reforzar las medidas para la promoción del acceso al empleo por parte de los trabajadores de mayor edad. Establecer, en consulta con los interlocutores sociales, orientaciones claras para una fijación transparente del salario mínimo, teniendo en cuenta las condiciones económicas y del mercado laboral.

5.

Incrementar la calidad y la posibilidad de acceso a la formación y educación profesionales, la formación de aprendices, la educación universitaria y la formación continua, adaptándolas a las necesidades del mercado laboral. Garantizar un mayor acceso a la educación y la asistencia infantil en edades tempranas.

6.

Con objeto de paliar la pobreza, aumentar la eficiencia y la eficacia de las transferencias sociales, en particular, en favor de la infancia, proseguir con la reforma de la seguridad social, fortalecer los vínculos con las medidas de activación. Intensificar los esfuerzos a fin de aplicar las medidas previstas con vistas a la integración de la población gitana en el mercado laboral, mejorar la presencia y reducir el abandono escolar prematuro mediante un enfoque asociativo y un sólido mecanismo de seguimiento.

7.

Redoblar esfuerzos a fin de fortalecer la capacidad de la administración pública, en particular mejorando la eficiencia, la gestión de recursos humanos, los instrumentos para la toma de decisiones y la coordinación entre los distintos niveles de la administración, y aumentado la transparencia, la integridad y la capacidad de rendición de cuentas. Acelerar la absorción de fondos de la EU, reforzar los sistemas de gestión y control, perfeccionar la capacidad de planificación estratégica, incluido el elemento presupuestario plurianual. Paliar las persistentes deficiencias que se observan en la contratación pública. Seguir mejorando la calidad y la eficiencia del sistema judicial, combatir la corrupción a todos los niveles y garantizar la aplicación efectiva de las sentencias de los tribunales.

8.

Fomentar la competencia y la eficiencia en los sectores del transporte y la energía. Acelerar la reforma de la gobernanza en las empresas estatales de los sectores de la energía y el transporte, incrementando su eficiencia. Mejorar y simplificar las políticas de eficiencia energética. Mejorar la integración transfronteriza de las redes de energía y establecer como prioridad la autorización de la inversión de los flujos físicos en los gasoductos.

29.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 247/115

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, el Consejo, a partir de las propuestas de la Comisión, aprobó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro, utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 9 de julio de 2012, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Eslovenia y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado para 2012-2016. El 15 de noviembre de 2013, en consonancia con el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Eslovenia para 2014.

(5)

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que marca el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. También el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Eslovenia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario, junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

(7)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo sobre Eslovenia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Eslovenia continúa experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos que requieren vigilancia y la continuación de una sólida acción política. Aunque los desequilibrios se han ido contrarrestando a lo largo de 2013 con el ajuste macroeconómico y las acciones políticas de Eslovenia, la magnitud de la corrección necesaria implica que subsisten riesgos importantes. Más específicamente, los riesgos derivados de una estructura económica caracterizada por la debilidad de la gobernanza empresarial, un alto nivel de participación del Estado en la economía, la pérdida de competitividad de costes, la deuda pendiente de las empresas y un aumento considerable de la deuda pública, demandan mucha atención. Si bien se han hecho progresos considerables en la mejora de los balances de los bancos, aún es preciso llevar a cabo una acción firme con respecto a la plena aplicación de una estrategia integral del sector bancario, incluidas la reestructuración, la privatización y una mayor supervisión.

(8)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión dirigió una Recomendación autómona a Eslovenia en la que pedía a las autoridades que hicieran mayores esfuerzos por garantizar el pleno cumplimiento de la Recomendación del Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo y le informara de las medidas adicionales en una sesión del Programa de Estabilidad de 2014 dedicada a ello.

(9)

El 15 de abril de 2014, Eslovenia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014, y el 24 de abril 2014 su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(10)

El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad de 2014 es corregir el déficit excesivo para 2015 y alcanzar el objetivo a medio plazo para 2017. El Programa de Estabilidad confirma el anterior objetivo a medio plazo de conseguir un presupuesto equilibrado, en consonancia con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, no se espera que el balance estructural (recalculado) alcance el objetivo a medio plazo para 2017. El Programa de Estabilidad prevé que el déficit se sitúe por debajo del 3 % del PIB en 2015, en línea con el objetivo establecido en la recomendación sobre el procedimiento de déficit excesivo. Después de 2015, el Programa de Estabilidad prevé una disminución continuada del déficit hasta pasar a un superávit del 0,3 % del PIB en 2018. El Programa de Estabilidad prevé que la deuda pública llegue hasta el 81,1 % del PIB en 2015 antes de bajar al 76 % en 2016. En general, la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad es coherente con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del programa, que ha sido elaborado por un organismo independiente (el Instituto de Análisis Macroeconómico y Desarrollo), es cauto. El Programa de Estabilidad identifica algunas medidas adicionales que ayudan a reducir la brecha con el esfuerzo fiscal requerido. Sobre esta base, se considera que el programa de estabilidad ha respondido parcialmente a la Recomendación Autónoma de la Comisión. Sin embargo, persisten los riesgos de corrección a la baja dado que las medidas que sustentan el Programa de Estabilidad no se detallan lo suficiente, y muchas de ellas están pendientes de adopción.

Cualquier potencial necesidad adicional de recapitalización bancaria derivada del análisis cualitativo de los activos y la prueba de resistencia de 2013 en Eslovenia, aumentaría el déficit y las ratios de endeudamiento, mientras que los beneficios de una exitosa privatización de las entidades o de los bancos estatales que no hayan sido incorporados en las proyecciones del programa reducirían la carga de la deuda. Sobre la base de la previsión de la Comisión, el esfuerzo fiscal a lo largo del período 2013-2014 se queda corto en un 1,4 % del PIB en términos de variación (corregida) del balance estructural y en un 0,5 % del PIB en cuanto al importe de las medidas exigidas que se consideran necesarias en el momento de la recomendación sobre el procedimiento de déficit excesivo. Para el año 2015, mientras que el Programa de Estabilidad prevé un déficit que está en consonancia con la recomendación sobre el procedimiento de déficit excesivo, las previsiones de los servicios de la Comisión de la primavera 2014 estiman un déficit del 3,1 % del PIB.

(11)

Por otra parte, según las previsiones de la Comisión, el esfuerzo fiscal medido tanto por la variación (corregida) del balance estructural como por el valor subyacente de las medidas discrecionales a poner en práctica se espera que caiga un poco por debajo del nivel recomendado por el Consejo para el año 2015. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y en la previsión de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo opina que es necesario realizar esfuerzos adicionales, en el año 2014 y después, con el fin de garantizar el pleno cumplimiento de la recomendación sobre el procedimiento de déficit excesivo, incluido el esfuerzo estructural requerido.

(12)

En lo que respecta a las normas fiscales, en 2013 el Parlamento aprobó una base constitucional para el establecimiento de una norma de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas/superávit en términos estructurales. Sin embargo, la legislación de aplicación necesaria, es decir la Ley de Normativa Presupuestaria, que se suponía iba a estar en funcionamiento en noviembre de 2013, aún no se ha adoptado. En particular, tiene que establecerse la base jurídica necesaria con el fin de definir el papel, las competencias y la independencia de un Consejo Presupuestario operativo. La realización puntual de un examen exhaustivo de los gastos de todos los usuarios del presupuesto en el ámbito de los gastos fundamentales de la sanidad podría identificar medidas para fortalecer el saneamiento presupuestario y determinar las opciones para mejorar la eficiencia y la relación coste/eficacia.

(13)

En 2013, se recomendó a Eslovenia que reforzara la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones y mejorara la eficiencia, la relación coste/eficacia y la calidad del sector de la asistencia a largo plazo. Eslovenia ha realizado progresos limitados en las medidas adoptadas para hacer frente a esta recomendación. En abril de 2014 se completó una evaluación de la reforma de las pensiones de 2012 y los primeros resultados son positivos. Aunque se han logrado algunos ahorros presupuestarios, el nivel de las pensiones se ha mantenido. Eslovenia se enfrenta a altos riesgos de sostenibilidad presupuestaria a medio y largo plazo, debido principalmente a un aumento del gasto relacionado con el envejecimiento de la población como resultado de la demografía de Eslovenia. Por lo tanto, deberán reformarse a medio plazo los sistemas de pensiones y de asistencia a largo plazo para poder estabilizar el gasto total a medio y largo plazo, al tiempo que se garantiza la adecuación de las pensiones y el acceso a los servicios de asistencia a largo plazo. Las autoridades planean proponer un Libro Blanco para una reforma exhaustiva de las pensiones. A finales de 2013 se aprobó un plan de reforma de la asistencia a largo plazo y se espera para finales de 2014 la legislación relacionada con el mismo. Pero existe el riesgo de que se retrase como consecuencia de la demora de la reorganización en curso de los seguros sanitarios.

(14)

La situación en el mercado laboral ha empeorado. El desempleo alcanzó el 10,3 % en 2013 y el desempleo juvenil aumentó al 21,6 % en el mismo año, mientras que la proporción de jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni se forman aumentó en 2,1 puntos porcentuales entre 2011 y 2013. La evaluación de la reforma del mercado laboral adoptada en 2013 señala la disminución de la segmentación entre los contratos permanentes y los temporales, aunque a costa de un mayor uso de otras formas contractuales no permanentes, mientras que sigue sin estar claro el efecto de los incentivos para el empleo de los trabajadores jóvenes y de los de más edad. La segmentación del mercado laboral también se está abordando a través de una mejor regulación del trabajo de los estudiantes. Aunque está pendiente la aprobación de un nuevo acto legislativo, sigue preocupando si va a abordar adecuadamente las deficiencias de las normas anteriores. El Gobierno ha avanzado poco en la aplicación de la recomendación del pasado año sobre el salario mínimo, que sigue estando indizado solo a la inflación, a pesar de que la ley sobre el salario mínimo permite la indización con respecto a otras condiciones económicas. Se ha avanzado algo en el desarrollo de políticas activas del mercado laboral que sean eficaces y adaptadas, y a la hora de abordar los desajustes entre las capacidades de los trabajadores y las necesidades del mercado laboral.

(15)

El Gobierno ha avanzado mucho a la hora de abordar las recomendaciones relativas a la estabilidad en el sector bancario, realizar un análisis cualitativo de los activos y una prueba de resistencia que sean creíbles, realizar recapitalizaciones inmediatas, y transferir los préstamos de dudoso cobro a la Sociedad de Gestión de Activos Bancarios. Sin embargo, el trabajo está lejos de haberse completado y es necesario intervenir de forma decidida para finalizar y aplicar una estrategia integral del sector bancario como se anunció en diciembre de 2013, incluida la reestructuración, la privatización y una mayor supervisión. El nivel de morosidad en el sistema bancario sigue siendo elevado. Por tanto, es importante que los bancos aumenten la capacidad interna para sanear la morosidad, incluso reforzando la gestión interna de los activos y reestructurando las unidades, para acelerar el procesamiento de los préstamos de dudoso cobro, maximizando al mismo tiempo el valor de reembolso y preservando las empresas que sean viables. Cualquier otra transferencia de préstamos de dudoso cobro a la Sociedad de Gestión de Activos Bancarios tiene que concebirse cuidadosamente con el fin de facilitar una reestructuración rápida y eficiente de los créditos de las empresas, especialmente en el caso de los préstamos complejos interconectados a grupos. Se espera una estrategia de gestión y un plan de negocios integrales que fundamenten los objetivos de reembolso para la Sociedad de Gestión de Activos Bancarios. A partir de lo aprendido con el análisis cualitativo de los activos y la prueba de resistencia, deben adoptarse más medidas decisivas para mejorar la gobernanza y la supervisión del sector bancario, y en especial para los que permanezcan como propiedad del Estado, mediante el fortalecimiento de la gestión de riesgos y la mejora de los procesos de aprobación de créditos y de la calidad y disponibilidad de los datos, con el objetivo de reducir los niveles de morosidad y contener los riesgos futuros.

(16)

El Gobierno ha avanzado poco en la aplicación de las recomendaciones sobre gobierno corporativo de las empresas estatales, que representan una sexta parte del valor añadido total y forman un complejo nexo de bancos nacionales, grupos de seguros y sociedades no financieras, con importante participación cruzada. El nivel de influencia del Estado genera riesgos importantes para las finanzas públicas, tanto directa como indirectamente, a través del pasivo por garantías. Una estrategia coherente para la gestión de las empresas estatales, junto con la mejora de la gobernanza empresarial, crearía un entorno más favorable para atraer la inversión extranjera directa. Aunque en mayo de 2013 se dieron los primeros pasos recopilando una lista inicial de 15 empresas para la privatización acelerada, los avances hasta la fecha han sido desiguales y existe un riesgo significativo de que no se cumplan los plazos. Después de cierto retraso, se ha introducido en abril de 2014 la nueva legislación en que se basa el Instituto Soberano de Eslovenia (Slovenia Sovereign Holding), que es un vehículo para la consolidación de la gestión de las propiedades del Estado. Se espera una estrategia integral y una clasificación precisa de los activos principales y secundarios, incluidos los afectados por la privatización. Es necesario determinar y aplicar medidas apropiadas para garantizar el proceso de reestructuración y el logro de sus objetivos, incluyendo entre otras cosas la maximización del valor de reembolso para los acreedores y elaborar una lista con los casos de reestructuración más urgentes para un rápido saneamiento.

(17)

El marco sobre insolvencia fue modificado en 2013 con el fin de facilitar la resolución oportuna de los préstamos de dudoso cobro, pero el nuevo marco está en gran medida sin probar. Un alto nivel de endeudamiento y las dificultades financieras han limitado la capacidad del sector empresarial para invertir en proyectos futuros. La reestructuración financiera y operativa que es necesario hacer con urgencia en el sector empresarial aún no ha comenzado a gran escala. Es necesaria una visión consolidada de las diferentes exposiciones al crédito en el sistema bancario para acelerar el saneamiento de los préstamos de dudoso cobro y facilitar las negociaciones de reestructuración, en especial en el caso de los préstamos complejos interconectados a grupos. Un grupo de trabajo centralizado con representantes experimentados de todos los interesados podría tomar la iniciativa en el apoyo y aceleración de este proceso. Mientras tanto, resulta crucial el cierre rápido y eficaz de varios casos urgentes actuales, bajo la dirección de la Sociedad de Gestión de Activos Bancarios.

(18)

A pesar de su potencial, Eslovenia cuenta con una de las cantidades más bajas de inversión extranjera directa de la Unión (34,1 % del PIB frente a una media del 47,1 % en la Unión en 2012). Aunque la privatización y la reestructuración corporativa ofrecen muchas posibilidades a los inversores privados, es evidente que el hecho de que el entorno y la cultura empresariales estén insuficientemente desarrollados impide a Eslovenia aprovecharlas. En el año 2012, se inició un proceso de desregulación de las profesiones reguladas y, hasta la fecha, el número de estas disminuyó de 323 a 262. Una mayor desregulación de las profesiones reguladas contribuiría a aumentar el número de prestadores de servicios nacionales y extranjeros, contribuyendo a aumentar la competitividad. Hay potencial para aumentar la coherencia de las medidas concebidas para mejorar el entorno y las actividades empresariales. En este contexto, la próxima Estrategia de Especialización Inteligente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para 2014-2020 será una oportunidad para centrarse en medidas clave como la creación de productos comercializables e innovadores.

(19)

Eslovenia está en las primeras etapas de la preparación de las propuestas de reforma integral del sector público (que deben adoptarse para enero de 2015). En este contexto, tiene que recuperar la calidad y la credibilidad de la administración pública. Eslovenia ha hecho algunos progresos en la mejora de la calidad del sistema judicial y ha reducido el número de casos pendientes. La reforma de la gestión de los asuntos de Derecho mercantil y civil ha mejorado el funcionamiento del sistema judicial. Se han mantenido las tendencias positivas recientes en los litigios mercantiles y civiles.

(20)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica eslovena. Ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Eslovenia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, puesto que debe potenciarse la gobernanza económica global de la Unión mediante la contribución de esta a las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación.

(21)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(22)

Teniendo en cuenta los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación.

(23)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). Eslovenia, en tanto que país cuya moneda es el euro, también debe garantizar la aplicación plena y oportuna de estas recomendaciones.

1.

Reforzar la estrategia presupuestaria con medidas estructurales suficientemente específicas, para el año 2014 y los años subsiguientes, con el fin de asegurar la corrección del déficit excesivo de manera sostenible para el año 2015 a través del esfuerzo de ajuste estructural, como especifica la recomendación del Consejo sobre el procedimiento de déficit excesivo. Una corrección duradera de los desequilibrios presupuestarios requiere una aplicación creíble de reformas estructurales ambiciosas para aumentar la capacidad de ajuste e impulsar el crecimiento y el empleo. Tras la corrección del déficit excesivo, lograr un ajuste estructural de al menos el 0,5 % del PIB cada año, y superior cuando se den unas buenas condiciones económicas, o garantizar que se cumple la normativa sobre la deuda con el fin de poner la elevada ratio de deuda de las administraciones públicas en una sostenida tendencia a la baja. Mejorar la credibilidad de la política presupuestaria, completar la adopción de una norma de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas/superávit en términos estructurales, hacer que el marco presupuestario a medio plazo sea vinculante, inclusivo y transparente, y establecer la base jurídica necesaria para un Consejo Presupuestario operativo que defina sus competencias dentro del proceso presupuestario e introduzca normas de procedimiento claras para el seguimiento de los resultados presupuestarios, tan pronto como sea posible. Poner en marcha un examen exhaustivo de los gastos de las administraciones estatal y local, los usuarios directos e indirectos del presupuesto y los prestadores de servicios de propiedad municipal en el ámbito de la atención sanitaria para finales de 2014, con vistas a la realización de ahorros presupuestarios en 2015 y años subsiguientes.

2.

Sobre la base de la consulta pública, acordar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y la adecuación de las pensiones más allá de 2020, incluyendo ajustes de los parámetros fundamentales, como vincular la edad legal de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida y fomentar las contribuciones privadas al segundo pilar del sistema de pensiones. Contener el gasto relacionado con el envejecimiento en la atención a largo plazo dirigiendo los beneficios a los más necesitados y reorientando la prestación de la asistencia institucional a la atención domiciliaria.

3.

Tras consultar con los interlocutores sociales, y de conformidad con las prácticas nacionales, desarrollar un Acuerdo Social integral para final de 2014 que garantice que la evolución salarial, incluido el salario mínimo, apoye la competitividad, la demanda interna y la creación de empleo. Redefinir la composición del salario mínimo y revisar su sistema de indización. Adoptar medidas para seguir reduciendo la segmentación, en particular abordando la eficacia de los incentivos para la contratación de trabajadores jóvenes y de más edad y mediante el uso de contratos de Derecho civil. Adoptar la Ley sobre el trabajo de los estudiantes. Dar prioridad a la sensibilización a los jóvenes que no figuran en los registros, garantizando unas capacidades adecuadas de los servicios públicos de empleo. Aumentar el empleo de los trabajadores poco cualificados y de los de más edad, adaptar el entorno de trabajo a una vida laboral más prolongada y concentrar los recursos en las medidas políticas activas adaptadas del mercado laboral, al tiempo que se mejora su eficacia. Abordar los desajustes entre las capacidades de los trabajadores y las necesidades del mercado laboral a través de una educación y una formación profesionales más atractivas, y una mayor cooperación con las partes interesadas pertinentes para poder evaluar dichas necesidades del mercado laboral.

4.

Completar la privatización de NKBM en 2014 como estaba previsto, preparar la privatización de Abanka en 2015, proseguir la rápida aplicación de los planes de reestructuración de los bancos que reciban ayudas públicas y la necesaria consolidación del sector bancario. A partir de lo aprendido con el análisis cualitativo de los activos y la prueba de resistencia, finalizar el plan de acción global para los bancos en agosto de 2014, incluyendo medidas específicas para mejorar la gobernanza, la supervisión, la gestión de riesgos, el proceso de aprobación de créditos y la calidad y disponibilidad de los datos. Reforzar la capacidad de los bancos para sanear la morosidad reforzando la gestión interna de los activos y reestructurando las unidades. Clarificar el mandato de la Sociedad de Gestión de Activos Bancarios, publicando una estrategia de gestión y un plan de negocios que sean completos para septiembre de 2014, detallando su papel en la reestructuración de sus activos, objetivos de reembolso, presupuestos, planes de gestión de activos y rentabilidad esperada, a la vez que se garantizan unos recursos adecuados.

5.

Seguir realizando las privatizaciones anunciadas en 2013, respetando los plazos establecidos. Adoptar una estrategia para el Instituto Soberano de Eslovenia con una clasificación clara de los activos con arreglo al calendario y definiciones que estableció la Ley del Instituto Soberano de Eslovenia de 2014. Para noviembre de 2014, comprometerse a un calendario de desinversión a corto plazo (con un horizonte temporal de uno a dos años) para una serie de activos con objetivos bien definidos y una escala temporal clara. Hacer que el Instituto Soberano de Eslovenia esté en pleno funcionamiento como vehículo para la gestión de los activos que permanezcan como propiedad del Estado y la desinversión de los activos afectados de acuerdo con las leyes en materia de gestión, dentro del plazo estipulado por la legislación. Para septiembre de 2014, adoptar y aplicar un código de gobernanza corporativa para las empresas estatales con el fin de garantizar una gestión profesional, transparente e independiente.

6.

Finalizar un plan director de reestructuración de las empresas para finales de 2014, en el marco de unas prioridades claras y de un proceso de aplicación efectiva. Establecer un grupo de trabajo central encargado de la reestructuración de las empresas que supervise y coordine el proceso de reestructuración general, que ofrezca los conocimientos, la orientación y el asesoramiento necesarios, y que facilite el proceso de negociación entre todos los participantes involucrados. Elaborar una lista con los casos de reestructuración más urgentes, maximizando el valor de reembolso para los acreedores. Promover el uso de los mecanismos legales disponibles y las mejores prácticas internacionales para todos los interesados en el proceso de reestructuración. Evaluar los recientes cambios en la legislación concursal para septiembre de 2014, estando dispuestos a introducir cualquier medida adicional necesaria. Seguir reduciendo la duración de los procedimientos judiciales en primera instancia en asuntos civiles y mercantiles contenciosos, incluidos los asuntos que entran en la legislación concursal, y el número de casos pendientes, en particular los asuntos de ejecución de resoluciones y de insolvencia.

7.

Reducir obstáculos a las actividades empresariales en Eslovenia en áreas fundamentales para el desarrollo económico, haciendo que el país sea más atractivo para la inversión extranjera directa, sobre todo a través de una liberalización acelerada de las profesiones reguladas, y la reducción de la carga administrativa, incluida la simplificación de los regímenes de autorización. Garantizar suficiente autonomía presupuestaria para la Agencia de Protección de la Competencia y aumentar su independencia institucional. Racionalizar las prioridades y garantizar la coherencia entre las Estrategias de Investigación e Innovación de 2011 y las Estrategias de Política Industrial de 2013, con las próximas estrategias sobre especialización inteligente y transporte y garantizar su rápida aplicación y la evaluación de la eficacia.