12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/1

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/2

1)

El artículo 18 TFUE, que consagra el principio general de no discriminación por razón de nacionalidad, resulta aplicable a una situación, como la controvertida en el litigio principal, en la que un primer Estado miembro exige a una compañía aérea titular de una licencia de explotación expedida por un segundo Estado miembro que obtenga una autorización de entrada en el espacio aéreo del primer Estado miembro para realizar vuelos privados no regulares procedentes de terceros países con destino a ese primer Estado miembro, siendo así que no se exige tal autorización a las compañías aéreas titulares de una licencia de explotación expedida por el referido primer Estado miembro.

2)

El artículo 18 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un primer Estado miembro que exige, so pena de multa en caso de incumplimiento, a una compañía aérea titular de una licencia de explotación expedida por un segundo Estado miembro que obtenga una autorización de entrada en el espacio aéreo del primer Estado miembro para realizar vuelos privados no regulares procedentes de terceros países con destino a ese primer Estado miembro, siendo así que no se exige tal autorización a las compañías aéreas titulares de una licencia de explotación expedida por el referido primer Estado miembro, y que supedita la concesión de tal autorización a que se aporte una declaración que certifique que las compañías aéreas titulares de una licencia de explotación expedida por ese primer Estado no están dispuestas o no pueden efectuar tales vuelos.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/3

1)

Declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 bis de la Directiva 70/311/CEE del Consejo, de 8 de junio de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los mecanismos de dirección de los vehículos a motor y de sus remolques, del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco), y del artículo 34 TFUE, al supeditar la matriculación en su territorio de turismos cuyo dispositivo de dirección está situado en el lado derecho, nuevos o anteriormente matriculados en otros Estados miembros, al desplazamiento del volante al lado izquierdo.

2)

Condenar en costas a la República de Polonia.

3)

La República de Lituania cargará con sus propias costas.

12.5.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/4

1)

Declarar que la República de Lituania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 bis de la Directiva 70/311/CEE del Consejo, de 8 de junio de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los mecanismos de dirección de los vehículos a motor y de sus remolques, del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco), y del artículo 34 TFUE, al prohibir la matriculación de los turismos cuyo volante está montado en el lado derecho, y/o al exigir, para matricular turismos cuyo dispositivo de dirección está situado en el lado derecho, nuevos o anteriormente matriculados en otro Estado miembro, el desplazamiento del volante al lado izquierdo.

2)

Condenar en costas a la República de Lituania.

3)

La República de Estonia, la República de Letonia y la República de Polonia cargarán con sus propias costas.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/5

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/6

1)

La Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros no están obligados en virtud del artículo 8 de esa Directiva a conferir un permiso de maternidad a una trabajadora, en su calidad de madre subrogante que ha tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución, incluso cuando puede amamantar a ese niño tras su nacimiento o lo amamanta efectivamente.

2)

El artículo 14 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, puesto en relación con el artículo 2, apartados 1, letras a) y b), y 2, letra c), de esa Directiva, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que un empleador deniegue un permiso de maternidad a una madre subrogante que ha tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución no constituye una discriminación basada en el sexo.

12.5.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/7

1)

La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, en particular sus artículos 4 y 14, debe interpretarse en el sentido de que no constituye una discriminación basada en el sexo el hecho de denegar la concesión de un permiso retribuido equivalente al permiso de maternidad a una trabajadora, en su calidad de madre subrogante que ha tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución.

La situación de una madre subrogante en lo concerniente a la atribución de un permiso por adopción no está comprendida en esta Directiva.

2)

La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que no constituye una discriminación por motivo de discapacidad el hecho de denegar la concesión de un permiso retribuido equivalente a un permiso de maternidad o un permiso por adopción a una trabajadora incapacitada para gestar a un niño y que ha recurrido a un convenio de gestación por sustitución.

La validez de esta Directiva no puede apreciarse en relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero debe ser interpretada en la medida de lo posible de conformidad con esta Convención.

12.5.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/8

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a la Comisión Europea.

3)

La República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Francesa, el Reino de los Países Bajos, la República de Finlandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas.

12.5.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/8

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Rousse Industry AD.

12.5.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/9

a)

¿Es compatible el artículo 7, apartado 1, segunda frase, del SGB II (Código de la Seguridad Social) con el Derecho de la Comunidad Europea?

b)

En caso de respuesta negativa, ¿debe la República Federal de Alemania modificar la situación jurídica o se produce directamente otra situación jurídica? En ese caso, ¿cuál?

c)

¿Se mantiene vigente el artículo 7, apartado 1, segunda frase, del SGB II hasta que los órganos de la República Federal de Alemania lleven a cabo la (eventualmente) necesaria modificación jurídica?

12.5.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/9

12.5.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/10

1)

¿viola la eficacia del «derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial» enunciado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

2)

¿conlleva la violación del «derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción» enunciado en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en el artículo 14, apartado 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 4, apartado 1, del Protocolo no 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950?

3)

¿conlleva la violación de la «prohibición del abuso de derecho» establecida en el artículo 54 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

12.5.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/10

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/11

1)

¿Regula de forma concluyente el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 1998/78 (1) la sustitución de azúcar en cuanto a la compensación de los gastos de almacenamiento, y requiere o no dicho precepto que el azúcar de sustitución haya sido producido por otro fabricante establecido en el territorio del mismo Estado miembro?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior: ¿Requiere el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 1998/78, para reclamar el reembolso de los gastos de almacenamiento, que el azúcar C de sustitución sea «materialmente reemplazado» en el local del fabricante de azúcar?

3)

En caso de que el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2670/81 (2) sea aplicable a la sustitución de azúcar: ¿Requiere el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2670/81, para reclamar el reembolso de los gastos de almacenamiento, que el azúcar C sustituido sea «materialmente sustituido» en el local del fabricante de azúcar?

4)

Subsidiariamente: ¿Es inválido el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2670/81 en la medida en que exige que el azúcar de sustitución haya «sido [producido] por otro fabricante establecido en el territorio del mismo Estado miembro»?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/12

1)

¿Es autoridad competente, en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95, (1)a efectos de la interrupción de la prescripción, aquella a la que corresponde instruir la irregularidad o ejecutar la acción, independientemente de que fuera ella la que concedió los recursos financieros? ¿Los actos de instrucción o ejecución deben dirigirse a la adopción de una medida o sanción administrativa?

2)

¿Puede ser también la «persona en cuestión» a que se refiere el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 un empleado de una empresa al que se haya tomado declaración como testigo?

3)

¿Debe referirse «cualquier acto destinado a instruir la irregularidad o a ejecutar la acción», en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/98, a errores concretos en el registro de la producción de azúcar (hechos concretos) por parte del fabricante de azúcar, que normalmente no se detectan o aprecian hasta la realización de una investigación regular? ¿Puede considerarse como «acto de instrucción» también un informe definitivo que ponga fin a la investigación o que valore sus resultados y en el que no se planteen más cuestiones sobre hechos determinados?

4)

¿Exige el supuesto de «irregularidades reiteradas» a que se refiere el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 que los actos u omisiones valorados como irregularidades sean próximos en el tiempo, para poderlos seguir catalogando como «reiterados»? En caso de respuesta afirmativa: ¿Desaparece esa estrecha relación temporal, entre otros motivos, cuando la irregularidad en el registro de una cantidad de azúcar dentro de una misma campaña de comercialización sucede una sola vez y sólo se repite en una campaña de comercialización posterior?

5)

¿Puede no concurrir el requisito de la reiteración a que se refiere el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 si la autoridad competente, siendo consciente de la complejidad de los hechos, no ha investigado a la empresa o, en su caso, no lo ha hecho de forma regular o de forma diligente?

6)

¿Cuándo comienza el doble plazo de prescripción de ocho años previsto en el artículo 3, apartado 1, párrafo cuarto, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 en el caso de irregularidades continuas o reiteradas? ¿Comienza al final de cada acto considerado irregular (artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento) o al final de la última repetición (artículo 3, apartado 1, párrafo segundo)?

7)

¿Puede interrumpir el doble plazo de prescripción de ocho años previsto en el artículo 3, apartado 1, párrafo cuarto, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 un acto destinado a instruir la irregularidad o a ejecutar la acción de la autoridad competente?

8)

En el caso de que incidan diferentes hechos en el cálculo de las subvenciones, ¿deben determinarse por separado para cada hecho (irregularidad) los plazos de prescripción computados con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95?

9)

¿Empieza a computarse el doble plazo de prescripción a que se refiere el artículo 3, apartado 1, párrafo cuarto, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 cuando la autoridad tiene conocimiento de la irregularidad?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/13

1)

¿Debe interpretarse la descripción de productos que contiene la subpartida 8543 7010 de la Nomenclatura Combinada (1) en el sentido de que sólo incluye los aparatos que dispongan exclusivamente de la función de traducción o de diccionario?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:

¿Deben incluirse en la subpartida 8543 7010 de la Nomenclatura Combinada también los aparatos en los que la función de traducción o de diccionario no es significativa frente a la función principal (función de lectura)?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/13

1)

La irregularidad necesaria para que comience a contar el plazo de prescripción del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 —irregularidad que se define en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento no 2988/95—, (1) en un supuesto en el que la infracción de una disposición de Derecho comunitario se ha descubierto después de producido el perjuicio, ¿exige cumulativamente, además de una acción u omisión del agente económico, que se haya producido un perjuicio para el presupuesto general de la Unión o los presupuestos administrados por ésta, de tal modo que el plazo de prescripción sólo empieza en el momento en que se produce el perjuicio, o comienza ya el plazo de prescripción –con independencia del momento en que se produzca el perjuicio– con la acción u omisión del agente económico que constituye una infracción de una disposición de Derecho comunitario?

2)

En caso de que se responda a la primera cuestión que el plazo de prescripción no empieza hasta que se produce el perjuicio:

en el marco de la solicitud de devolución de una restitución a la exportación concedida con carácter definitivo, ¿existe ya un perjuicio en el sentido del artículo 1, apartado 2, del Reglamento no 2988/95 cuando se paga al exportador el importe correspondiente a la restitución a la exportación en el sentido del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 565/80, sin que se haya liberado todavía la garantía del artículo 6 del Reglamento no 565/80, o el perjuicio no se produce hasta el momento en que se libera la garantía y se concede con carácter definitivo la restitución a la exportación?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/14

1)

¿Se opone el artículo 107 TFUE (anteriormente artículo 87 CE), en relación con el artículo 108 TFUE, apartado 3 (anteriormente artículo 88 CE, apartado 3), a una medida nacional en virtud de la cual en la tributación en grupo se puede amortizar el fondo de comercio (con la consiguiente reducción de la base imponible y, por tanto, de la carga impositiva) en caso de adquisición de una participación en una sociedad residente, sin que se admita tal amortización cuando se adquiere una participación en otros supuestos sujetos al impuesto sobre la renta o al impuesto sobre sociedades?

2)

¿Se opone el artículo 49 TFUE (anteriormente artículo 43 CE), en relación con el artículo 54 TFUE (anteriormente artículo 48 CE), a las disposiciones de un Estado miembro en virtud de las cuales en la tributación en grupo se puede amortizar el fondo de comercio en caso de adquisición de una participación en una sociedad residente, sin que se admita tal amortización cuando se adquiere una participación en una sociedad no residente (especialmente si tiene su domicilio social en otro Estado miembro)?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/14

1)

¿Es aplicable el principio de igualdad de trato del artículo 4 del Reglamento (CE) no 883/2004 (1) —con excepción de la exclusión de la exportación de prestaciones del artículo 70, apartado 4, del Reglamento (CE) no 883/3004— también a las prestaciones especiales en metálico no contributivas en el sentido del artículo 70, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 883/2004?

2)

En caso de que se responda afirmativamente a la primera cuestión: ¿es posible (y, en tal caso, hasta qué punto) limitar el principio de igualdad de trato del artículo 4 del Reglamento (CE) no 883/2004 mediante disposiciones de Derecho nacional por las que se transpone el artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE, (2) en virtud de las cuales no se puede acceder a dichas prestaciones, sin excepción alguna, cuando el ciudadano de la Unión tiene derecho a residir en otro Estado miembro exclusivamente por el hecho de buscar empleo?

3)

¿Se opone el artículo 45 TFUE, apartado 2, en relación con el artículo 18 TFUE a una disposición nacional que, sin excepción alguna, niega a los ciudadanos de la Unión que invocan su derecho a la libre circulación como demandantes de empleo una prestación social dirigida a asegurar la subsistencia y que a la vez facilita el acceso al mercado laboral, durante el tiempo en que disfruten del derecho de residencia sólo debido al hecho de buscar empleo, con independencia de la vinculación que mantengan con el Estado de acogida?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/15

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/16

1)

En la sentencia Fitzwilliam, (1)el Tribunal de Justicia estableció que una declaración E-101 expedida por la institución competente de un Estado miembro vincula a las instituciones de seguridad social de los demás Estados miembros aun cuando el contenido de dicha declaración sea incorrecto. ¿También se aplica esta sentencia a casos como el de autos, en el que no son aplicables las normas de atribución del Reglamento? (2)

2)

¿Incide en la respuesta a esta cuestión el hecho de que la institución competente no pretendiera expedir una declaración E-101, si bien utilizó de forma consciente y meditada, por razones administrativas, documentos que por su forma y contenido se presentaban como declaraciones E-101, mientras que el interesado pensaba y podía razonablemente pensar que había recibido tal declaración?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/16

1)

¿Se debe interpretar el artículo 101, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el sentido de que, en una situación en la que operadores económicos participan en un sistema informático común de información como el descrito en el caso de autos y el Consejo de la Competencia ha demostrado que en dicho sistema se incluyeron un aviso del sistema sobre la restricción de descuentos y una restricción técnica a la introducción de porcentajes de descuento, cabe presumir que dichos operadores económicos tenían conocimiento o debían tener conocimiento del aviso del sistema incluido en el sistema informático de información y, al no oponerse a la aplicación de dicha restricción de los descuentos, manifestaron su consentimiento tácito a la misma, motivo por el que se les podría considerar responsables de participar en unas prácticas concertadas con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 1?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿qué factores deben tomarse en consideración para determinar si los operadores económicos que participan en un sistema informático común de información, en circunstancias como las del procedimiento principal, han participado en unas prácticas concertadas en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/17

1)

¿Debe interpretarse el artículo 7 del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, (1) en el sentido de que también está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento un «adelanto» no comunicado de un vuelo que tiene como consecuencia que los pasajeros no puedan tomar dicho vuelo?

2)

¿Debe interpretarse el Reglamento en el sentido de que, con excepción de lo dispuesto en el artículo 5, es irrelevante la causa del retraso?

3)

¿Concierne al objetivo del Reglamento, que es indemnizar los daños causados por la pérdida de tiempo, también el hecho de que el pasajero llegue antes de tiempo a su destino, lo cual afecta a su disponibilidad de tiempo antes del vuelo?

4)

¿Determina la falta de comunicación del adelanto del vuelo, motivo por el cual se llegó con retraso al lugar de vacaciones, la aplicación del Reglamento?

5)

¿Debe ser objetivo del Reglamento proporcionar un elevado nivel de protección, con la consecuencia de que se protege la limitación de la disponibilidad de tiempo del pasajero? ¿También cuando se produce un adelanto?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/17

1)

¿Se desprende del anexo II B de la Directiva 1999/13/CE (1) (Directiva del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de las emisiones de disolventes debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones) que al operador de instalaciones en que pueda aceptarse y utilizarse para decidir el punto de referencia de las reducciones de emisión un contenido constante del producto en sólidos, cuando aún se hallen en fase de desarrollo sustitutos que contengan una baja concentración de disolventes o estén exentos de éstos, deberá concedérsele un tiempo suplementario para aplicar sus planes de reducción de emisión apartándose del calendario establecido en dicho anexo?

2)

¿Se exige, para obtener tiempo suplementario para aplicar el plan de reducción de emisiones en el sentido del anexo II B de la Directiva 1999/13/CE, una actuación determinada del operador de la instalación o el consentimiento de una autoridad competente?

3)

¿Con arreglo a qué criterios puede determinarse la duración del tiempo suplementario en el sentido del anexo II B de la Directiva 1999/13/CE?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/18

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/18

1)

¿Debe interpretarse el concepto de «origen étnico» utilizado en la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, (1) relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que comprende a un grupo compacto de población de nacionales búlgaros de origen gitano como los habitantes del barrio de «Gizdova mahala» de la ciudad de Dupnitsa?

2)

¿Puede aplicarse el concepto de «situación comparable» utilizado por el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/43 al presente caso, en que los contadores comerciales se instalan en los barrios gitanos a una altura de entre seis y siete metros, mientras que en otros barrios sin gran densidad de población gitana normalmente se instalan a una altura inferior a dos metros?

3)

¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/43 en el sentido de que la instalación de los instrumentos de medición comercial en los barrios gitanos a una altura de entre seis y siete metros constituye un trato menos favorable a la población de origen gitano en comparación con una población de otro origen étnico?

4)

En caso de constituir un trato menos favorable, ¿debe interpretarse la citada disposición en el sentido de que dicho trato, en el caso del procedimiento principal, se basa total o parcialmente en el hecho de que afecta al grupo étnico gitano?

5)

¿Es compatible con la Directiva 2000/43 una disposición nacional como el artículo 1, número 7, de las disposiciones adicionales a la Zakon za zashtita ot diskriminatsia (Ley de protección contra la discriminación; en lo sucesivo, «ZZD»), con arreglo al cual es «trato desfavorable» todo acto, acción u omisión que cause un perjuicio directo o indirecto a derechos o intereses legítimos?

6)

¿Puede aplicarse el concepto de «práctica aparentemente neutra» del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/43 a la práctica de CEZ Razpredelenie Bulgaria AD de instalar los contadores comerciales a una altura de entre seis y siete metros? ¿Cómo debe interpretarse el concepto de «aparentemente»: en el sentido de que la práctica es manifiestamente neutra o en el sentido de que sólo parece neutra a primera vista, es decir, que la neutralidad es sólo aparente?

7)

¿Es necesario, para que exista una discriminación indirecta en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/43, que la práctica neutra coloque en una situación particularmente desfavorable a las personas por motivos de su origen racial o étnico, o basta con que dicha práctica cause un perjuicio sólo a las personas de un determinado origen étnico? ¿Es compatible, a este respecto, con el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/43 una disposición nacional como el artículo 4, apartado 3, de la ZZD, con arreglo al cual existe una discriminación indirecta cuando se coloca a una persona en una situación más desfavorable debido a las características descritas en el apartado 1 (incluido el origen étnico)?

8)

¿Cómo se ha de interpretar el concepto de «en desventaja particular» del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/43? ¿Se corresponde con el concepto de «trato menos favorable» del artículo 2, apartado 2, letra a), o sólo comprende los casos especialmente relevantes, evidentes y graves de diferencia de trato? ¿Constituye la práctica descrita en este caso una situación particularmente desfavorable? Si no se trata de un caso especialmente relevante, evidente y grave en que se coloca a una persona en una situación desfavorable, ¿basta eso para negar una discriminación indirecta (sin analizar si la práctica en cuestión está justificada, es adecuada y es necesaria para la consecución de una finalidad legítima)?

9)

¿Son compatibles con el artículo 2, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2000/43 disposiciones nacionales como el artículo 4, apartados 2 y 3, de la ZZD, que, para la existencia de una discriminación directa, exigen un «trato desfavorable» y, para la existencia de una discriminación indirecta, el hecho de «colocar en una situación más desfavorable», sin diferenciar, como hace la Directiva, en función de la gravedad del trato desfavorable?

10)

¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/43 en el sentido de que la práctica controvertida de CEZ Razpredelenie Bulgaria AD está objetivamente justificada en aras de garantizar la seguridad de la red eléctrica y el correcto registro de la electricidad consumida? ¿Es adecuada esta práctica, asimismo, teniendo en cuenta la obligación de la demandada de facilitar a los consumidores el libre acceso a los indicadores de los contadores eléctricos? ¿Es necesaria dicha práctica cuando, según publicaciones en los medios de información, se conocen otros medios técnica y económicamente accesibles para garantizar la seguridad de los instrumentos de medición comercial?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/20

1)

¿El trabajador indefinido no fijo tal y como está configurado legal y jurisprudencialmente, es conforme a la definición de la Directiva 1999/70/CE (1) un trabajador con contrato de duración determinada?

2)

¿Es compatible con el Derecho comunitario una interpretación y aplicación del Derecho nacional por parte del juez nacional, según la cual cuando se trata de contratos de trabajo de duración determinada fraudulentos en el sector público transformados en indefinidos no fijos, la Administración puede cubrir o amortizar la plaza unilateralmente sin abono de ninguna indemnización al trabajador y sin que estén previstas otras medidas que limiten el uso abusivo de la contratación temporal?

3)

¿Sería compatible con el Derecho comunitario la misma actuación de la Administración si al acordar la cobertura o amortización procediera al abono de la indemnización prevista para la extinción de los contratos temporales regularmente celebrados?

4)

¿Sería compatible con el Derecho comunitario la misma actuación de la Administración si para acordar la cobertura o amortización debiera acudir a los procedimientos y causas previstos para los despidos por causas objetivas con abono de la misma indemnización?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/20

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/21

1)

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (1) y la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (2) ¿son también aplicables a un contrato de préstamo celebrado el 5 de octubre de 2006, antes de la adhesión de Rumanía a la Unión Europea, pero que continúa produciendo efectos en la actualidad por estar ahora sujetas a ejecución sus disposiciones, a raíz de las sucesivas cesiones del crédito indicado en él?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial ¿pueden considerarse abusivas, en el sentido de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, cláusulas como las relativas al «servicio de la deuda del prestatario» en relación con la morosidad del deudor, así como [al] incremento del interés transcurrido un año, conforme a las cuales el interés está formado, a partir de ese momento, por el interés variable de referencia de la Bănca Comercială Româna, expuesto en las sucursales del banco, más 1,90 [puntos porcentuales]?

3)

El principio de la tutela judicial efectiva de los derechos conferidos a los justiciables por el Derecho de la Unión, garantizado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ¿se opone a una disposición nacional como el artículo 120 del Decreto ley con carácter de urgencia no 99, de diciembre de 2006, sobre las instituciones de crédito y la adecuación del capital, que reconoce la condición de título ejecutivo a un contrato de préstamo bancario formalizado en documento privado y sin que el deudor tenga la posibilidad de negociar sus cláusulas, en virtud de la cual, con una comprobación sumaria y una vez autorizada la ejecución forzosa en un procedimiento no contencioso en el que el juez tiene limitadas sus posibilidades de apreciar la magnitud del crédito, pueda el agente judicial proceder a la ejecución forzosa sobre los bienes del deudor?

4)

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas [en los contratos] celebrados con consumidores ¿debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una normativa de un Estado miembro como el artículo 372 y siguientes del antiguo Código de Procedimiento Civil permita al acreedor exigir el cumplimiento de una prestación derivada de cláusulas contractuales abusivas procediendo a la ejecución sobre el bien gravado con la garantía mediante la venta del bien inmueble pese a la oposición del consumidor, sin que un juez independiente examine las cláusulas contractuales?

5)

La existencia en la normativa nacional de una disposición como el artículo 120 del Decreto ley con carácter de urgencia no 99, de diciembre de 2006, sobre las entidades de crédito y la adecuación del capital, que reconoce la condición de título ejecutivo a un contrato de préstamo bancario ¿puede violar el derecho a la libertad de establecimiento, previsto en el artículo 49, así como a la libre prestación de servicios, previsto en el artículo 45 del TFUE, al disuadir a los ciudadanos de la Unión de establecerse en un Estado en que se reconoce a un contrato bancario concluido por una entidad privada el mismo valor que a un título ejecutivo, como es una sentencia judicial?

6)

En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones prejudiciales anteriores ¿tiene el juez nacional la posibilidad de hacer valer de oficio el carácter no ejecutivo de tal título, por el que se procede a la ejecución forzosa de un crédito indicado en un contrato de ese tipo?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/22

1)

¿Puede reclamarse la indemnización reconocida en el artículo 19 del Convenio de Montreal en un proceso monitorio europeo?

2)

En lo que se refiere a la indemnización reconocida en el artículo 19 del Convenio de Montreal, ¿la competencia del notario habilitado para expedir un requerimiento europeo de pago —equiparado a un órgano jurisdiccional nacional— y la competencia judicial, una vez incoado el procedimiento contencioso tras la oposición del demandado, se determinan conforme a las disposiciones sobre competencia del Reglamento (CE) no 1896/2006 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (en lo sucesivo, «Reglamento no 1896/2006»), del Reglamento (CE) no 44/2001 (2) del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Reglamento no 44/2001»), y/o conforme a las disposiciones del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999 (en lo sucesivo, «Convenio de Montreal»)? ¿De qué modo se relacionan estas normas de competencia?

3)

En el caso de que se apliquen las normas de competencia del Convenio de Montreal, ¿puede el demandante, incluso a falta de cualquier otro elemento de conexión, ejercitar su derecho a indemnización, a su elección, ante un tribunal de uno de los Estados parte o el tribunal ante el que se ha ejercitado dicho derecho debe ser territorialmente competente conforme a las normas procesales de su Estado miembro?

Por otro lado, ¿cómo debe interpretarse la norma de competencia opcional prevista en el Convenio de Montreal que se remite al tribunal del lugar en que el transportista tiene una oficina por cuyo conducto se haya celebrado el contrato?

4)

En el caso de que la expedición de un requerimiento europeo de pago resulte contraria al objeto del Reglamento o sea atribuible a una autoridad que no disponga de competencia material, ¿puede revisarse de oficio? ¿O debe archivarse de oficio o a instancia de parte, por falta de competencia, el procedimiento contencioso iniciado a raíz de una oposición?

5)

En el caso de que algún tribunal húngaro sea competente para conocer del procedimiento, ¿deben interpretarse las normas procesales nacionales, de conformidad con el Derecho de la Unión y del Convenio de Montreal, en el sentido de que designan necesariamente al menos un tribunal que, incluso a falta de otros elementos de conexión, tiene la obligación de pronunciarse sobre el fondo del procedimiento contencioso iniciado a raíz de la oposición?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/23

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/23

1)

¿Puede interpretarse el artículo 55 de la Directiva sobre el IVA (1) en vigor hasta el 1 de enero de 2010 en el sentido de que este artículo únicamente se refiere a aquellos sujetos pasivos destinatarios de una prestación de servicios que no tengan o no estén obligados a tener un número de identificación a efectos del IVA en el Estado miembro del lugar donde se presten materialmente los servicios?

2)

En caso de que se responda de manera afirmativa a la primera cuestión, para la determinación del lugar de ejecución de los servicios, ¿es exclusivamente aplicable el artículo 52 de la Directiva sobre el IVA?

3)

En caso de que se responda negativamente a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 55 de la Directiva sobre el IVA en vigor hasta el 1 de enero de 2010 en el sentido de que, cuando el sujeto pasivo destinatario de servicios objeto de contrata dispone, o debería disponer, de un número de identificación a efectos del IVA en más de un Estado miembro, es exclusivamente decisión de dicho destinatario la determinación del número de identificación fiscal con el que recibe la prestación de servicios (incluyendo también el caso de que el sujeto pasivo destinatario de la prestación se repute establecido en el Estado miembro del lugar de ejecución material de los servicios, pero disponga también de un número de identificación a efectos del IVA en otro Estado miembro)?

4)

Para el supuesto de que la respuesta a la tercera cuestión sea que la facultad de decisión del destinatario de la prestación de servicios es ilimitada, ¿debe interpretarse el artículo 55 de la Directiva sobre el IVA en el sentido de que:

5)

Si la facultad de decisión del destinatario de la prestación de servicios no es ilimitada, ¿influyen en la aplicabilidad del artículo 55 de la Directiva sobre el IVA en vigor hasta el 1 de enero de 2010:

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/24

1.

¿Es compatible con el artículo 56 TFUE una normativa no discriminatoria de un Estado miembro que, mediante un acto único y sin período de adaptación, quintuplica la anterior cuota del impuesto directo que ha de abonarse por las máquinas tragaperras explotadas en salas de juego, denominado impuesto sobre el juego, y, además, instaura un impuesto sobre el juego con un tipo porcentual, de tal modo que se restringe la actividad de los operadores de juegos de azar que explotan salas de juego?

2.

¿Puede interpretarse el artículo 34 TFUE en el sentido de que está incluida en su ámbito de aplicación una normativa no discriminatoria de un Estado miembro que, mediante un acto único y sin período de adaptación, quintuplica la anterior cuota del impuesto directo que ha de abonarse por las máquinas tragaperras explotadas en salas de juego, denominado impuesto sobre el juego, y, además, instaura un impuesto sobre el juego con un tipo porcentual, de manera que se restringe la importación de máquinas tragaperras a Hungría desde el territorio de la Unión Europea?

3.

En caso de respuesta afirmativa a la primera y/o segunda cuestión, ¿puede un Estado miembro invocar exclusivamente la regularización de la situación presupuestaria en [el marco de la] aplicación de los artículos 36 TFUE, 52 TFUE, apartado 1, y 61 TFUE o de [la existencia de] razones imperiosas?

4.

En caso de respuesta afirmativa a la primera y/o segunda cuestión, ¿procede tener en cuenta los principios generales del Derecho, atendiendo al artículo 6 TUE, apartado 3, en relación con las restricciones establecidas por un Estado miembro y con la concesión de un período de adaptación a la norma tributaria?

5.

En caso de respuesta afirmativa a la primera y/o segunda cuestión, ¿cabe interpretar la sentencia dictada en el asunto Brasserie du Pêcheur [sentencia de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93] en el sentido de que la infracción de los artículos 34 TFUE y/o 56 TFUE puede fundamentar la responsabilidad indemnizatoria del Estado miembro por el motivo de que dichas disposiciones –debido a su efecto directo– confieren derechos a favor de los particulares de los Estados miembros?

6.

¿Puede interpretarse la Directiva 98/34/CE (1) en el sentido de que constituye un «reglamento técnico de facto» una norma tributaria de un Estado miembro que quintuplica de una vez la cuota de un impuesto directo, el impuesto sobre el juego que ha de abonarse por las máquinas tragaperras explotadas en salas de juego, y, además, instaura un impuesto con un tipo porcentual?

7.

En caso de respuesta afirmativa a la sexta cuestión, ¿pueden alegar los particulares de un Estado miembro frente a este último la infracción por el Estado miembro de los artículos 8, apartado 1, y/o 9, apartado 1, de la Directiva 98/34/CE, en tanto que omisión del Estado miembro que fundamenta una responsabilidad indemnizatoria, [es decir], tiene dicha Directiva por objeto conferir derechos individuales? ¿Qué aspectos debe ponderar el juez nacional para resolver acerca de si el demandado ha cometido una violación suficientemente caracterizada, y qué tipo de reclamación indemnizatoria puede fundamentar tal violación?

1.

¿Es compatible con el artículo 56 TFUE una normativa no discriminatoria de un Estado miembro que prohíbe con efectos inmediatos la explotación de máquinas tragaperras en salas de juego, sin conceder a los operadores de juegos de azar afectados un período transitorio o de adaptación ni ofrecerles una indemnización adecuada, y, simultáneamente, establece a favor de los casinos de juego un monopolio de explotación de las máquinas tragaperras?

2.

¿Puede interpretarse el artículo 34 TFUE en el sentido de que este precepto también ha de ser determinante y aplicable en el supuesto de que un Estado miembro adopte un normativa no discriminatoria que, si bien no prohíbe directamente la importación de máquinas tragaperras desde el territorio de la Unión Europea, restringe o prohíbe el uso y la explotación efectivos de dichas máquinas a través de la organización de juegos de azar, sin conceder a los operadores de juegos de azar afectados que realizan esa actividad un período transitorio o de adaptación ni una indemnización?

3.

En caso de respuesta afirmativa a la primera y segunda cuestión, ¿qué criterios debe tener en cuenta el juez nacional para resolver acerca de si la restricción era necesaria, adecuada y proporcionada en [el marco de la] aplicación de los artículos 36 TFUE, 52 TFUE, apartado 1, y 61 TFUE o de [la existencia de] razones imperiosas?

4.

En caso de respuesta afirmativa a la primera y/o segunda cuestión, ¿procede tener en cuenta los principios generales del Derecho, atendiendo al artículo 6 TUE, apartado 3, en relación con las prohibiciones establecidas por un Estado miembro y con la concesión de un período de adaptación? ¿Han de tomarse en consideración los derechos fundamentales –como el derecho a la propiedad y la prohibición de privar de la propiedad sin indemnización– en relación con la restricción que se lleva a cabo en el caso de autos y, en caso afirmativo, de qué modo?

5.

En caso de respuesta afirmativa a la primera y/o segunda cuestión, ¿cabe interpretar la sentencia dictada en el asunto Brasserie du Pêcheur [sentencia de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93] en el sentido de que la infracción de los artículos 34 TFUE y/o 56 TFUE puede fundamentar la responsabilidad indemnizatoria del Estado miembro por el motivo de que dichas disposiciones –debido a su efecto directo– confieren derechos a favor de los particulares de los Estados miembros?

6.

¿Puede interpretarse la Directiva 98/34/CE en el sentido de que constituye «otro requisito» una norma de un Estado miembro que, al limitar a los casinos de juego la explotación de máquinas tragaperras, prohíbe su explotación en salas de juego?

7.

En caso de respuesta afirmativa a la sexta cuestión, ¿pueden alegar los particulares de un Estado miembro frente a este último la infracción por el Estado miembro de los artículos 8, apartado 1, y/o 9, apartado 1, de la Directiva 98/34/CE, en tanto que omisión del Estado miembro que fundamenta una responsabilidad indemnizatoria? ¿Qué aspectos debe ponderar el juez nacional para resolver acerca de si el demandado ha cometido una violación suficientemente caracterizada, y qué tipo de reclamación indemnizatoria puede fundamentar tal violación?

8.

¿Resulta aplicable el principio del Derecho comunitario según el cual los Estados miembros están obligados a abonar a los particulares una indemnización por los perjuicios derivados de las infracciones del Derecho comunitario imputables a los Estados miembros también en caso de que el Estado miembro tenga soberanía en el ámbito al que se refiere la norma adoptada? ¿Sirven de directriz también en este supuesto los derechos fundamentales y los principios generales de Derecho que se desprenden de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/26

1.

A efectos de la determinación, conforme al artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 73/2009, (1) en relación con sus artículos 7 y 121, del nivel de los pagos directos en los antiguos y en los nuevos Estados miembros de la Unión:

2.

En relación con la incompatibilidad con el Acta de Adhesión y los principios de la Unión Europea del artículo 10, apartado 1, y del artículo 132, apartado 2, inciso final del último párrafo, del Reglamento no 73/2009 y de las disposiciones del Derecho de la Unión adoptadas de acuerdo con ellos:

3.

¿Debe considerarse que la Decisión de Ejecución de la Comisión y el documento de trabajo de la Comisión DS/2011/14/REV 2, que no se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea ni contienen una motivación suficiente (se adoptaron basándose únicamente en la presunción de que en 2012 se había igualado el nivel de los pagos directos en los nuevos y los antiguos Estados miembros de la Unión), son contrarios al Acta de Adhesión e infringen principios del Derecho de la Unión, entre ellos los de seguridad jurídica, protección de la confianza legítima y buena administración? En caso afirmativo, ¿debe declararse nulo el artículo 1, apartado 4, de la Decisión de Ejecución de la Comisión por ser contrario al Reglamento no 73/2009 y al Acta de Adhesión?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/28

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/28

1)

¿Debe interpretarse el artículo 193 de la Directiva 2006/112/CE (1) en el sentido de que sólo será deudor del IVA el sujeto pasivo que efectúe una entrega de bienes o una prestación de servicios gravada o la persona que adquiera los bienes o sea destinataria de los servicios cuando la entrega de bienes o la prestación de servicios gravada sea realizada por un sujeto pasivo que no está establecido en el Estado miembro en el que se devenga el IVA, si así lo dispone dicho Estado miembro, pero no serán deudores ambas personas a la vez?

2)

Si se considera que sólo es deudor del IVA una de las dos personas (bien el proveedor de los bienes o el prestador de los servicios, bien el adquirente o el destinatario, si así lo dispone el Estado miembro), ¿debe observarse la regla del artículo 194 de la Directiva también en los casos en los que el destinatario de los servicios haya aplicado incorrectamente el procedimiento de inversión de la carga, en la creencia de que el prestador de los servicios no había constituido en el territorio de la República de Bulgaria ningún establecimiento permanente a efectos del IVA, pero en realidad el prestador de los servicios sí había constituido un establecimiento permanente para prestar dichos servicios?

3)

¿Debe interpretarse el principio de neutralidad fiscal, de importancia fundamental para la creación y el funcionamiento del sistema común del IVA, en el sentido de que permite una práctica de inspección tributaria, como la del procedimiento principal, conforme a la cual el IVA fue liquidado nuevamente al prestador de servicios a pesar de que la destinataria había aplicado el procedimiento de inversión de la carga, teniendo en cuenta que la destinataria ya había liquidado el impuesto aplicable al servicio, no existe riesgo de pérdida de ingresos fiscales y no es aplicable la normativa correctora de los documentos fiscales prevista en la ley nacional?

4)

¿Debe interpretarse el principio de neutralidad del IVA en el sentido de que no permite que la Administración tributaria, invocando una disposición nacional, deniegue al prestador de un servicio, por el que el destinatario liquidó el IVA conforme al artículo 82, apartado 2, de la ZDDS, la devolución del IVA liquidado reiteradamente, cuando la Administración tributaria denegó al destinatario el derecho a deducir el IVA liquidado reiteradamente por carecer del correspondiente documento fiscal y cuando ya no es aplicable la normativa correctora prevista en la ley nacional debido a la existencia de una resolución de la inspección fiscal definitiva?

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/30

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Faci SpA.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/30

1)

Anular la Decisión Gestdem 2009/5145 de la Comisión, de 23 de febrero de 2010, por la que se deniega a Reagens SpA el acceso a determinados documentos del expediente del procedimiento COMP/38589 — Termoestabilizadores, en aplicación del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, en la medida en que no permite el acceso a las versiones no confidenciales de las peticiones de las empresas y al primer cuestionario de la Comisión Europea.

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

Condenar a Reagens SpA a cargar con la mitad de sus propias costas y con la mitad de las costas de la Comisión.

4)

Condenar a la Comisión a cargar con la mitad de sus propias costas y con la mitad de las costas de Reagens.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/31

1)

La Comisión Europea ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado FUE y del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo, al no haber subsanado los vicios de procedimiento y las irregularidades de fondo de que adolece la congelación de fondos del Sr. Hani El Sayyed Elsebai Yusef.

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

La Comisión cargará con sus propias costas y con las del Sr. Yusef, así como con las cantidades anticipadas por la caja del Tribunal General en concepto de justicia gratuita.

4)

El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/32

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Deutsche Bank AG.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/33

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Deutsche Bank AG.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/33

1)

Desestimar los recursos.

2)

Condenar en costas a Still GmbH.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/34

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a FTI Touristik GmbH.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/34

1)

Sobreseimiento del recurso.

2)

Condenar en costas a Chrysamed Vertrieb GmbH.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/35

1)

Sobreseer el recurso.

2)

Cada parte cargará con sus propias costas.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/35

—

Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 22 de noviembre de 2013 dictada en el asunto R 1091/2012-4.

—

Imponga a la demandada las costas del presente procedimiento.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/36

—

Anule, en la medida en que impone una multa a Société Générale, el artículo 2, letra c), de la Decisión C(2013) 8512 final de la Comisión Europea, de 4 de diciembre de 2013, adoptada en el asunto EIRD;

—

Reduzca a un importe adecuado el importe de la multa impuesta a Société Générale mediante dicha Decisión;

—

Condene a la Comisión Europea, en todo caso, a cargar con las costas íntegras.

1.

Primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación cometido por la Comisión al fijar el método de cálculo del valor de las ventas respectivas, por entender que el valor adoptado en la Decisión impugnada, basándose en ese método, no refleja la posición respectiva de cada uno de los bancos que son objeto de dicha Decisión en el mercado al que afecta la infracción y durante la duración de ésta (primera parte del motivo). La parte demandante alega que, con ello, la Comisión incumplió su deber de diligencia (segunda parte) y violó los principios de igualdad de trato (tercera parte) y confianza legítima (cuarta parte).

2.

Segundo motivo, basado en la falta de motivación de la elección del método aplicado por la Comisión para calcular el valor de las ventas de los bancos objeto de la Decisión.

3.

Tercer motivo, basado en que el Tribunal General debe ejercer su competencia jurisdiccional plena reduciendo la multa de la parte demandante a un importe adecuado que refleje la posición respectiva de cada uno de los bancos que son objeto de la Decisión en el mercado en cuestión.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/37

—

Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 13 de diciembre de 2013 en el asunto R 1658/2013-4.

—

Con carácter subsidiario, anule la resolución impugnada en la medida en que ha confirmado la denegación del registro para los servicios de las clases 35 y 39 referidos en la solicitud.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la resolución impugnada en la medida en que ha confirmado la denegación del registro para los servicios de la clase 35 referidos en la solicitud.

—

Condene a la OAMI a pagar las costas del procedimiento incluidos los gastos atendidos durante el procedimiento ante la Sala de Recurso.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/37

—

Dicte sentencia por la que se declare que la Unión Europea ha de indemnizar a los demandantes por los perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Comisión Europea de la obligación de supervisar la ejecución del Tratado de Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, que le incumbe en virtud del artículo 36 del Acta de adhesión (anexo VII, punto 1), en la parte referente a la introducción del servicio de los agentes públicos de ejecución en el ordenamiento jurídico de la República de Croacia.

—

Suspenda las deliberaciones sobre la cuantía de la pretensión hasta que adquiera firmeza la sentencia que recaiga en el presente asunto.

—

Reserve la decisión sobre las costas para la ulterior sentencia.

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión Europea ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 36 del Acta de adhesión (anexo VII, punto 1), que forma parte integrante del Tratado de Adhesión a la Unión Europea celebrado entre la República de Croacia y los Estados miembros de la Unión Europea [Narodne novine — Međunarodni ugovori no 2/12 (Diario Oficial — Tratados internacionales)], al no haber impedido la derogación de la normativa por la que se crea y regula la profesión de los agentes públicos de ejecución, que la República de Croacia había adoptado durante las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. El artículo 36 del Acta de adhesión encomienda a la Comisión la supervisión (monitoring) de todos los compromisos adquiridos por la República de Croacia durante las negociaciones de adhesión a la Unión Europea y, por lo tanto, de las obligaciones jurídicas asumidas por la República de Croacia de establecer un servicio de agentes públicos de ejecución y crear todas las condiciones necesarias para la plena implantación de dicho servicio en el ordenamiento jurídico croata como muy tarde el 1 de enero de 2012. No obstante, la Comisión Europea no es competente para admitir cualquier modificación unilateral de la obligación así contraída por la República de Croacia.

2.

Segundo motivo, basado en que, mediante la infracción señalada, la Comisión Europea ha causado directamente un daño a los demandantes, que habían sido nombrados para cubrir los puestos de agentes públicos de ejecución y que tenían expectativas legítimas de entrar en funciones el 1 de enero de 2012.

3.

Tercer motivo, basado en que, al haber incumplido sus obligaciones, la Comisión ha excedido manifiesta y gravemente los límites de la facultad discrecional de que dispone y, al haber frustrado las expectativas legítimas de los demandantes (nombrados agentes públicos de ejecución), ha causado a éstos daños materiales y morales considerables que la Unión Europea debe indemnizar de conformidad con el artículo 340 TFUE, apartado 2.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/38

—

Dicte sentencia por la que se declare que la Unión Europea ha de indemnizar a los demandantes por los perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Comisión Europea de la obligación de supervisar la ejecución del Tratado de Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, que le incumbe en virtud del artículo 36 del Acta de adhesión (anexo VII, punto 1), en la parte referente a la introducción del servicio de los agentes públicos de ejecución en el ordenamiento jurídico de la República de Croacia.

—

Suspenda las deliberaciones sobre la cuantía de la pretensión hasta que adquiera firmeza la sentencia que recaiga en el presente asunto.

—

Reserve la decisión sobre las costas para la ulterior sentencia.

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión Europea ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 36 del Acta de adhesión (anexo VII, punto 1), que forma parte integrante del Tratado de Adhesión a la Unión Europea celebrado entre la República de Croacia y los Estados miembros de la Unión Europea [Narodne novine — Međunarodni ugovori no 2/12 (Diario Oficial — Tratados internacionales)], al no haber impedido la derogación de la normativa por la que se crea y regula la profesión de los agentes públicos de ejecución, que la República de Croacia había adoptado durante las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. El artículo 36 del Acta de adhesión encomienda a la Comisión la supervisión (monitoring) de todos los compromisos adquiridos por la República de Croacia durante las negociaciones de adhesión a la Unión Europea y, por lo tanto, de las obligaciones jurídicas asumidas por la República de Croacia de establecer un servicio de agentes públicos de ejecución y crear todas las condiciones necesarias para la plena implantación de dicho servicio en el ordenamiento jurídico croata como muy tarde el 1 de enero de 2012. No obstante, la Comisión Europea no es competente para admitir cualquier modificación unilateral de la obligación así contraída por la República de Croacia.

2.

Segundo motivo, basado en que, mediante la infracción señalada, la Comisión Europea ha causado directamente un daño a los demandantes, que habían sido nombrados para cubrir los puestos de agentes públicos de ejecución y que tenían expectativas legítimas de entrar en funciones el 1 de enero de 2012.

3.

Tercer motivo, basado en que, al haber incumplido sus obligaciones, la Comisión ha excedido manifiesta y gravemente los límites de la facultad discrecional de que dispone y, al haber frustrado las expectativas legítimas de los demandantes (nombrados agentes públicos de ejecución), ha causado a éstos daños materiales y morales considerables que la Unión Europea debe indemnizar de conformidad con el artículo 340 TFUE, apartado 2.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/39

—

Anule la Decisión de ejecución C(2013) 8743 final de la Comisión, de 12 de diciembre de 2013, por la que se excluye de la financiación de la Unión Europea determinados gastos realizados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), sección «Garantía», al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DOUE L 338, de 17.12.2013, p. 81), en la medida en que reclama, en lo tocante a la República de Finlandia, un reembolso de financiación de la cantidad de 927 827,58 euros por inobservancia del artículo 55 del Reglamento (CE) no 1974/2006.

—

Condene a la Comisión al pago de las costas causadas por Finlandia.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/40

—

Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) en el asunto R 686/2013-1 el 2 de diciembre de 2013.

—

Condene en costas a la parte demandada.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/40

—

Anule la Decisión C(2013) 4424 final de la Comisión Europea, de 18 de diciembre de 2013, adoptada en el procedimiento Ayuda estatal SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Alemania, Apoyo a la electricidad de fuentes renovables y recargo EEG reducido para grandes consumidores de energía, de conformidad con el artículo 264 TFUE.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartados 3 y 4, del Reglamento (CE) no 659/1999 (1) y del artículo 108 TFUE, apartado 2

Mediante este motivo la demandante alega que la demandada inició el procedimiento de investigación formal sin cumplir su especial deber de diligencia al apreciar los hechos. Si la Comisión hubiese apreciado debidamente los hechos, no habría existido motivo alguno para iniciar el procedimiento de investigación formal.

2.

Segundo motivo, basado en un error manifiesto en la apreciación de los hechos

La demandante alega en el marco del segundo motivo que la Comisión apreció erróneamente los hechos pertinentes, a saber, el funcionamiento de la Ley sobre prioridad de energías renovables, especialmente el sistema de transferencias financieras que prevé dicha Ley. Arguye que la Comisión también apreció erróneamente el papel «del Estado» como legislador y supervisor y dedujo de manera equivocada una situación de control.

3.

Tercer motivo, basado en que las empresas que consumen mucha energía no se ven favorecidas por el régimen de compensación especial

La demandante sostiene que la Comisión incurrió en error de Derecho al aplicar el artículo 107 TFUE, apartado 1, por considerar, contrariamente a la jurisprudencia del Tribunal General, que las empresas que consumen mucha energía se verían favorecidas.

4.

Cuarto motivo, basado en que no se favorece con fondos estatales

Mediante este motivo se aduce que la Comisión también aplicó erróneamente el artículo 107 TFUE, apartado 1, al estimar que organismos estatales controlaban los activos de empresas del sector privado que participan en el sistema de la Ley sobre prioridad de energías renovables.

5.

Quinto motivo, basado en la interpretación y aplicación erróneas de los artículos 30 TFUE y 110 TFUE

La demandante alega en el marco del quinto motivo que la Comisión infringió el principio del procedimiento administrativo regular y el principio de protección de la confianza legítima al examinar la Ley sobre prioridad de energías renovables a la luz de los artículos 30 TFUE y 110 TFUE, aunque dicha institución conocía el funcionamiento de la citada Ley desde hacía más de diez años. Asimismo, la Comisión aplicó erróneamente los artículos 30 TFUE y 110 TFUE porque no existe gravamen en el sentido de estas disposiciones ni situación discriminatoria.

12.5.2014   

ES

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C 142/41

—

Admita el recurso y lo declare fundado.

—

Anule el artículo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) no 1238/2013 (1) del Consejo.

—

Acumule este asunto con el asunto T-507/13.

—

Condene al demandado a abonar las costas de los demandantes.

1.

Primer motivo, basado en que el artículo 3 del Reglamento impugnado incurre en un manifiesto error de valoración e infringe el artículo 8 del Reglamento antidumping de base (2) por cuanto exime de las medidas adoptadas a productores chinos de los que la Comisión aceptó un compromiso conjunto, violando el derecho de los demandantes a un procedimiento legal justo y el principio de buena administración, vulnerando el derecho de defensa de los demandantes e infringiendo los artículos 8, párrafo 4, y 19, párrafo 2, del Reglamento antidumping de base.

2.

Segundo motivo, basado en que el artículo 3 del Reglamento impugnado incurre en un manifiesto error de valoración e infringe el artículo 8 del Reglamento antidumping de base por cuanto exime de las medidas adoptadas a determinados productores chinos de los que la Comisión aceptó un compromiso conjunto contrario a Derecho.

3.

Tercer motivo, basado en que el artículo 3 del Reglamento impugnado infringe el artículo 101 TFUE, apartado 1, por cuanto concede a determinados productores chinos una exención de las medidas en cuestión sobre la base de una proposición de compromiso, aceptada y confirmada por la Decisión 2013/707/UE (3) de ejecución de la Comisión y por la Decisión 2013/423/UE (4) de la Comisión, lo que constituye un acuerdo horizontal de fijación de precios.

12.5.2014   

ES

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C 142/42

—

Admita el recurso y lo declare fundado.

—

Anule el artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2013 (1) del Consejo.

—

Acumule el presente asunto con el asunto T-507/13.

—

Condene al demandado a abonar las costas de los demandantes.

1.

Primer motivo, basado en que el artículo 2 del Reglamento impugnado incurre en un manifiesto error de valoración e infringe el artículo 13 del Reglamento antisubvenciones de base (2) por cuanto exime de las medidas adoptadas a productores chinos de los que la Comisión aceptó un compromiso conjunto, violando el derecho de los demandantes a un procedimiento legal justo y el principio de buena administración, vulnerando el derecho de defensa de los demandantes e infringiendo los artículos 13, párrafo 4, y 29, párrafo 2, del Reglamento antisubvenciones de base.

2.

Segundo motivo, basado en que el artículo 2 del Reglamento impugnado incurre en un manifiesto error de valoración e infringe el artículo 13 del Reglamento antisubvenciones de base por cuanto exime de las medidas adoptadas a determinados productores chinos de los que la Comisión aceptó un compromiso conjunto contrario a Derecho.

3.

Tercer motivo, basado en que el artículo 3 del Reglamento impugnado infringe el artículo 101 TFUE, apartado 1, por cuanto concede a determinados productores chinos una exención de las medidas en cuestión sobre la base de una proposición de compromiso, aceptada y confirmada por la Decisión de ejecución de la Comisión 2013/707/UE (3) y por la Decisión 2013/423/UE (4) de la Comisión, lo que constituye un acuerdo horizontal de fijación de precios.

12.5.2014   

ES

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C 142/43

—

Admita el recurso.

—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1238/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se impone un derecho antidumping definitivo a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China (DO 2013, L 325, p. 1), en lo que afecta a los demandantes.

—

Condene en costas al demandado.

1.

Primer motivo, basado en que, al imponer medidas antidumping sobre los módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave procedentes de la República Popular China mientras que el anuncio de inicio del procedimiento mencionaba sólo módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave originarios de la República Popular China, las instituciones infringieron el artículo 5, apartados 10 y 11, del Reglamento (CE) no 1225/2009 (1) del Consejo.

2.

Segundo motivo, basado en que, al imponer medidas antidumping sobre los módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave que no habían sido objeto de una investigación antidumping, las instituciones infringieron los artículos 1 y 17 del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo.

3.

Tercer motivo, basado en que, al aplicar una metodología de una economía sin mercado para calcular los márgenes de dumping de productos procedentes de una economía de mercado, las instituciones infringieron el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo.

4.

Cuarto motivo, basado en que, al realizar una única investigación para dos productos distintos (a saber, módulos y células fotovoltaicas de silicio cristalino), las instituciones infringieron el artículo 1, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo.

5.

Quinto motivo, basado en que, al llevar a cabo la determinación de las condiciones de economía de mercado de los demandantes más de tres meses después del inicio de la investigación y después de haber recibido toda la información necesaria para calcular los márgenes de dumping, las instituciones infringieron el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo.

6.

Sexto motivo, basado en que, las instituciones infringieron los artículos 3 y 9, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, al no cuantificar de forma separada el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y que fue causado tanto por los productos importados objeto de dumping como por otros factores conocidos y como consecuencia de ello imponer un tipo de derecho excesivo con respecto al que hubiera sido necesario para reparar el perjuicio causado a la industria de la Unión por los productos importados objeto de dumping.

7.

Séptimo motivo, basado en que, al no revelar las consideraciones y hechos esenciales sobre cuya base las instituciones tenían intención de imponer las medidas antidumping definitivas, las instituciones infringieron el artículo 20, apartado 2, del Reglamento del Consejo (CE) no 1225/2009.

12.5.2014   

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C 142/44

—

Admita el recurso.

—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China (DO 2013, L 325, p. 66), en lo que afecta a los demandantes.

—

Condene en costas al demandado.

1.

Primer motivo, basado en que, al imponer medidas compensatorias sobre los módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave procedentes de la República Popular China mientras que el anuncio de inicio del procedimiento mencionaba sólo módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave originarios de la República Popular China, las instituciones infringieron los artículos 10, apartados 12 y 13, del Reglamento (CE) no 597/2009 (1) del Consejo.

2.

Segundo motivo, basado en que, al imponer medidas compensatorias sobre los módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave que no habían sido objeto de una investigación antisubvención, las instituciones infringieron los artículos 1 y 27 del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo.

3.

Tercer motivo, basado en que, al realizar una única investigación para dos productos distintos (a saber, módulos y células fotovoltaicas de silicio cristalino), las instituciones infringieron el artículo 2, letra c), del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo.

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/45

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Anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 28 de noviembre de 2013 dictada en los asuntos acumulados R 889/2012-2 y R 635/2012-2.

—

Condene a la demandada al pago de las costas del procedimiento.

12.5.2014   

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C 142/46

—

Anule la decisión de la demandada de incoar el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, en el asunto de la ayuda estatal SA.33995 (2013/C) — Alemania, apoyo a la electricidad de fuentes renovables y recargo EEG reducido para grandes consumidores de energía, decisión que fue notificada mediante la invitación a presentar observaciones (DO 2014, C 37, p. 73).

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los Tratados

3.

Tercer motivo, basado en la compatibilidad con el mercado común

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/47

—

Anule la decisión de la demandada de incoar el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, en el asunto de la ayuda estatal SA.33995 (2013/C) — Alemania, apoyo a la electricidad de fuentes renovables y recargo EEG reducido para grandes consumidores de energía, decisión que fue notificada mediante la invitación a presentar observaciones (DO 2014, C 37, p. 73).

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los Tratados

3.

Tercer motivo, basado en la compatibilidad con el mercado común

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/47

—

Anule la decisión de la demandada de incoar el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, en el asunto de la ayuda estatal SA.33995 (2013/C) — Alemania, apoyo a la electricidad de fuentes renovables y recargo EEG reducido para grandes consumidores de energía, decisión que fue notificada mediante la invitación a presentar observaciones (DO 2014, C 37, p. 73).

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los Tratados

3.

Tercer motivo, basado en la compatibilidad con el mercado común

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/48

—

Anule la decisión de la demandada de incoar el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, en el asunto de la ayuda estatal SA.33995 (2013/C) — Alemania, apoyo a la electricidad de fuentes renovables y recargo EEG reducido para grandes consumidores de energía, decisión que fue notificada mediante la invitación a presentar observaciones (DO 2014, C 37, p. 73).

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los Tratados

3.

Tercer motivo, basado en la compatibilidad con el mercado común

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/49

—

Anule la decisión de la demandada de incoar el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, en el asunto de la ayuda estatal SA.33995 (2013/C) — Alemania, apoyo a la electricidad de fuentes renovables y recargo EEG reducido para grandes consumidores de energía, decisión que fue notificada mediante la invitación a presentar observaciones (DO 2014, C 37, p. 73).

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los Tratados

3.

Tercer motivo, basado en la compatibilidad con el mercado común

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/50

—

Anule la decisión de la demandada de incoar el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, en el asunto de la ayuda estatal SA.33995 (2013/C) — Alemania, apoyo a la electricidad de fuentes renovables y recargo EEG reducido para grandes consumidores de energía, decisión que fue notificada mediante la invitación a presentar observaciones (DO 2014, C 37, p. 73).

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los Tratados

3.

Tercer motivo, basado en la compatibilidad con el mercado común

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/51

—

Anule la decisión de la demandada de incoar el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, en el asunto de la ayuda estatal SA.33995 (2013/C) — Alemania, apoyo a la electricidad de fuentes renovables y recargo EEG reducido para grandes consumidores de energía, decisión que fue notificada mediante la invitación a presentar observaciones (DO 2014, C 37, p. 73).

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los Tratados

3.

Tercer motivo, basado en la compatibilidad con el mercado común

12.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/52

—

Anule la decisión de la demandada de incoar el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, en el asunto de la ayuda estatal SA.33995 (2013/C) — Alemania, apoyo a la electricidad de fuentes renovables y recargo EEG reducido para grandes consumidores de energía, decisión que fue notificada mediante la invitación a presentar observaciones (DO 2014, C 37, p. 73).

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los Tratados

3.

Tercer motivo, basado en la compatibilidad con el mercado común

12.5.2014   

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C 142/53

—

Anule la decisión de la demandada de incoar el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, en el asunto de la ayuda estatal SA.33995 (2013/C) — Alemania, apoyo a la electricidad de fuentes renovables y recargo EEG reducido para grandes consumidores de energía, decisión que fue notificada mediante la invitación a presentar observaciones (DO 2014, C 37, p. 73).

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los Tratados

3.

Tercer motivo, basado en la compatibilidad con el mercado común

12.5.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/53

—

Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 29 de enero de 2014 en el asunto R 764/2013-4.

—

Anule la resolución de la División de anulación de 12 de abril de 2013 (no de referencia 6333C).

—

Condene a la parte coadyuvante en costas, incluidas las ocasionadas con motivo del procedimiento de recurso.

—

Infracción del artículo 57, apartados 2 y 3, en relación con el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b, del Reglamento no 207/2009.

12.5.2014   

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C 142/54

12.5.2014   

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C 142/54

12.5.2014   

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C 142/55

12.5.2014   

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C 142/55

12.5.2014   

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C 142/55

12.5.2014   

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C 142/55

12.5.2014   

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C 142/56

1)

Anular la decisión de 23 de marzo de 2012 por la que el Parlamento Europeo no confirmó a CP en sus funciones de Jefe de Unidad y lo trasladó con su puesto de trabajo a la Dirección General «Políticas Internas de la Unión».

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

El Parlamento Europeo cargará con sus propias costas y con las de CP.

12.5.2014   

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C 142/56

1)

Declarar el recurso manifiestamente inadmisible.

2)

El Sr. Walton cargará con sus propias costas y con las costas en que incurrió la Comisión Europea.