29.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 349/1

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Visto el programa operativo MED 2007-2013, adoptado por la Comisión en diciembre de 2007,

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Visto el programa IEVA de cooperación transfronteriza «Cuenca marítima del Mediterráneo» 2007-2013, adoptado por la Comisión el 14 de agosto de 2008,

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Visto el Plan estratégico de Arco Latino 2010-2015 «Un Mediterráneo estructurado e innovador»,

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Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre la Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico y el papel de las macrorregiones en la futura política de cohesión (1),

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Vista su Resolución, de 22 de septiembre de 2010, sobre la estrategia europea para el desarrollo económico y social de las zonas montañosas, las islas y las zonas poco pobladas (2),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, titulada «Conclusiones del V Informe sobre la cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión» (COM(2010)0642),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, sobre la Estrategia de la Unión Europea para la Región del Danubio (COM(2010)0715) y el Plan de Acción indicativo que acompaña la estrategia (SEC(2009)0712),

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Vista su Resolución, de 17 de febrero de 2011, sobre la aplicación de la Estrategia de la UE para la Región del Danubio (3),

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Visto el Informe de la ARLEM, de 29 de enero de 2011, sobre la dimensión territorial de la Unión para el Mediterráneo (recomendaciones para el futuro),

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Vista su Resolución, de 7 de abril de 2011, sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad – Dimensión meridional (4),

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Visto el Informe de la Comisión, de 22 de junio de 2011, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de la Estrategia de la UE para la Región del Mar Báltico (EUSBSR) (COM(2011)0381),

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Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre el Objetivo 3: Un desafío para la cooperación territorial – la futura agenda de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional (5),

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Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 23 y 24 de junio de 2011, en las que se refrenda la Estrategia europea para la Región del Danubio y se invita a los Estados miembros a que prosigan sus trabajos en colaboración con la Comisión sobre posibles estrategias macrorregionales futuras, especialmente para la región de los mares Adriático y Jónico,

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Vista la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2011, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (COM(2011)0611),

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Visto el dictamen de iniciativa «Cooperación territorial en la cuenca del Mediterráneo a través de la macrorregión Adriático-Jónico» aprobada por unanimidad por el Pleno del Comité de las Regiones el 11 de octubre de 2011,

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Vista la Declaración final de la presidencia del Foro Interinstitucional celebrado en Catania el 10 de diciembre de 2011 sobre el tema «Antiguos y nuevos actores en un Mediterráneo en constante cambio: el papel de los pueblos, las regiones y los organismos locales, los gobiernos y las instituciones supranacionales, en una estrategia de unidad intrínseca»,

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Vista su resolución, de 14 de diciembre de 2011, sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad (6),

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Vista su Declaración, de 19 de enero de 2012, sobre la aplicación del Pacto de las Islas como iniciativa oficial europea (7), con arreglo al artículo 174 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de marzo de 2012, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a la Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico (COM(2012)0128),

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Vista la Declaración de Belgrado, aprobada en la 14o reunión del Consejo del Adriático y el Jónico el 30 de abril de 2012,

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Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Fomento de una estrategia marítima para la zona del Océano Atlántico» (COM(2011)0782),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el Informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Cultura y Educación (A7-0219/2012),

A.

Considerando que la estrategia macrorregional para el Mar Báltico se adoptó en 2009 y que la Comisión (Informe de 22 de junio de 2011– COM(2011)0381) ha destacado al respecto «el valor de esta nueva forma de cooperar»;

B.

Considerando que el 13 de abril de 2011 (8) el Consejo invitó a la Comisión «a que desempeñe un papel dirigente en la coordinación estratégica» de la estrategia macrorregional para el Danubio;

C.

Considerando que la estrategia macrorregional desea abrir un nuevo campo para la política de cohesión en Europa, con el objetivo de un desarrollo con base territorial;

D.

Considerando que la línea presupuestaria «Asistencia técnica sobre la Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico», creada por iniciativa del Parlamento Europeo durante la aprobación del presupuesto 2011 de la Unión ha demostrado la utilidad de dichos créditos para el desarrollo satisfactorio de una estrategia macrorregional;

E.

Considerando que la Comisión propone que el aspecto trasnacional de la política de cooperación territorial se refuerce para apoyar nuevas políticas macrorregionales (COM(2010)0642);

F.

Considerando que hay varios proyectos de macrorregiones en una fase avanzada y que la Comisión, en su función de coordinadora, debe ayudar a establecer una gobernanza sostenible y definir criterios comunes e indicadores cuantificables para evaluar su importancia;

G.

Considerando la gran importancia geoestratégica del Mediterráneo en la historia europea;

H.

Considerando la llamada «primavera árabe» ha puesto de manifiesto el potencial estratégico de los vínculos geográficos, políticos y económicos entre las dos orillas del Mediterráneo;

I.

Destacando el éxito de la cooperación dentro del marco del Proceso de Barcelona y la Unión por el Mediterráneo y las iniciativas de cooperación multilateral y bilateral adoptadas al amparo de instrumentos y programas de la UE como el MED y el IEVA en el contexto de la Política de Europea de Vecindad;

J.

Considerando la evolución actual de la Unión por el Mediterráneo y dado que sus potencialidades como catalizadora de la región irán en aumento;

K.

Considerando que un enfoque macrorregional podría permitir definir un proyecto global en este espacio vital para el futuro de la Unión, con el fin de salir de la crisis actual y de dar respuesta a las expectativas de todos sus vecinos, especialmente los del Mediterráneo meridional;

L.

Considerando que el Mediterráneo es un todo coherente, que forma un único ámbito cultural medioambiental y que comparte numerosas características y prioridades comunes del «clima mediterráneo»: las mismas producciones agrícolas, la abundancia de fuentes de energía renovable, especialmente la energía solar, la importancia del turismo, los mismos riesgos en cuanto a catástrofes naturales (incendios, inundaciones, seísmos, escasez de recursos hídricos), y los mismos riesgos debidos a la actividad humana, especialmente la contaminación marítima;

M.

Considerando que el Mediterráneo es una zona muy amplia que se extiende de este a oeste en unos 4 000 km, con numerosos espacios insulares, con territorios con fronteras marítimas y terrestres con el Norte de África, y que es necesario promover una amplia red de rutas marítimas que permitan desarrollar los intercambios reduciendo sus emisiones de CO2;

N.

Considerando que, a pesar de lo dispuesto en el artículo 174 del TFUE, las instituciones europeas todavía no han adoptado una estrategia permanente que tenga en cuenta las necesidades específicas de las islas, y considerando que la mejor manera de garantizar la accesibilidad total de las regiones insulares del Mediterráneo y su mejor integración en el mercado único europeo es la asignación de recursos adecuados y la adopción de un enfoque integrado de la insularidad, tomando conciencia de la desventaja estructural que sufren las poblaciones insulares en los ámbitos del transporte y la energía;

O.

Considerando que la propuesta de una estrategia macrorregional Adriático-Jónico sigue progresando, propuesta que se inscribe en una larga práctica de cooperación y de solidaridad en un territorio contiguo en torno a los mares Adriático y Jónico y que cuenta con el apoyo de los 8 Estados miembros que participan en la Iniciativa Adriático-Jónico, como ha quedado repetidamente de manifiesto en las declaraciones de los 8 Ministros de Asuntos Exteriores que firmaron la Iniciativa en Ancona (2010), Bruselas (2011) y Belgrado (2012);

P.

Considerando que, como parte del proceso de elaboración del presente informe, se han celebrado reuniones con numerosas regiones implicadas, con la Unión por el Mediterráneo y con los diferentes organismos implicados en la política de cooperación territorial de la Unión Europea;

1.

Aprueba el enfoque macrorregional de las políticas de cooperación territorial entre los territorios pertenecientes a un mismo hábitat humano: espacio marítimo, macizo montañoso, cuenca fluvial; cree que las estrategias macrorregionales abrieron un nuevo capítulo en la cooperación territorial europea al aplicarse un método ascendente y extenderse la cooperación entre un número cada vez mayor de áreas a través del mejor uso de los recursos disponibles; recomienda que, en vista de su evidente valor añadido europeo, las estrategias macrorregionales deben recibir mayor atención en el marco de la cooperación territorial europea, que ha de ser reforzada a partir de 2013;

2.

Considera que este tipo de cooperación territorial es útil, especialmente cuando las fronteras han dividido dichos espacios a lo largo de la historia, y puede promover la integración de nuevos Estados miembros y sus regiones;

3.

Considera que los proyectos de cooperación territorial y del instrumento de la AECT serían más provechosos con la visión de conjunto que aporta una estrategia macrorregional, lo que reforzaría las sinergias con las grandes estrategias de la UE, como las redes transeuropeas de transporte o la política marítima integrada; considera que de este modo también se facilitaría la implicación de otros instrumentos de la política europea, como los propuestos por el BEI; considera que estas medidas mejorarían la coordinación de las políticas de la UE a escala transnacional e interregional;

4.

Recomienda que las estrategias macrorregionales se apoyen en una gobernanza a varios niveles, asegurando la implicación de las autoridades locales y regionales y del mayor número posible de socios y partes interesadas, como representantes de la sociedad civil, universidades y centros de investigación, en los procesos de elaboración y aplicación de las estrategias macrorregionales para así asegurar el sentimiento de apropiación a nivel local y regional;

5.

Subraya que las macrorregiones constituyen un marco propicio para la implicación de los actores políticos territoriales y los actores no gubernamentales, ya que estas regiones favorecen el desarrollo de sistemas de coordinación eficaces que facilitan los enfoques ascendentes, con el objeto de garantizar a la sociedad civil una auténtica participación en la toma de decisiones políticas y de aunar las iniciativas existentes a fin de optimizar los recursos y congregar a los actores implicados;

6.

Considera que la estrategia macrorregional pueden llevar a la Política Europea de Vecindad y a la política de preadhesión hacia una mayor eficacia;

7.

Se congratula de que la estrategia macrorregional del Mar Báltico haya demostrado ser de gran utilidad para Europa; esta estrategia ha establecido un programa de acción con prioridades claramente definidas, ha sido refrendada por el Consejo, recibe el apoyo Comisión y es compartida por el conjunto de las partes interesadas nacionales, regionales o locales;

8.

Pide que esta estrategia sea objeto de una evaluación completa sobre la base de criterios objetivos y de indicadores cuantificables para cada uno de los ámbitos prioritarios;

9.

Considera necesario, para el éxito total de esta iniciativa, mantener su estructura de gobernanza a largo plazo, ampliándola a las autoridades locales y regionales, mediante su inclusión en el próximo período de programación 2014-2020;

10.

Pide a la Comisión y al Consejo que apoyen plenamente el planteamiento adoptado para la cuenca del Danubio, que también debe ser objeto de una evaluación y de un seguimiento regular;

11.

Propone a la Comisión que coordine un proceso de consulta y diálogo para las futuras estrategias macrorregionales; considera que la falta de cooperación o la necesidad de reforzar la cooperación existente entre los territorios europeos pertenecientes a distintos Estados miembros, pero que comparten un mismo hábitat humano, deben ser los criterios fundamentales para definir las zonas prioritarias; considera que de este diálogo debe surgir un «mapa proyecto de las macrorregiones europeas», en gran medida concertado con los Estados y las regiones afectadas, que no sería vinculante y que podría evolucionar en función de las dinámicas locales;

12.

Considera que las estrategias macrorregionales necesitan una mejor adaptación de la financiación, una utilización más eficiente de los recursos existentes y una coordinación de los instrumentos; considera que, si bien estas estrategias no requieren más financiación, más instrumentos institucionales o más regulación, está justificada la financiación de su seguimiento a través de créditos de asistencia técnica y créditos para la evaluación previa y recogida de datos y para cualquier nueva iniciativa, y estima asimismo que la estrategia macrorregional debe promover proyectos estructurales, teniendo en cuenta el marco financiero plurianual 2014-2020;

13.

Pide a la Comisión y al Consejo que tomen en consideración las estrategias macrorregionales de la UE a la hora de adoptar decisiones sobre dotaciones presupuestarias como los Fondos Estructurales y de cohesión, la investigación y el desarrollo, y en particular la cooperación regional;

14.

Pide que los programas operativos se ajusten fielmente a las prioridades correspondientes de las estrategias macrorregionales a fin de garantizar la mejor coordinación posible de los objetivos y los medios;

15.

Apoya la aplicación de una estrategia macrorregional para la cuenca mediterránea con el fin de ofrecer un plan de acción que aborde los desafíos comunes y problemáticos a que se enfrentan los países y las regiones mediterráneas y de estructurar este espacio esencial para el desarrollo y la integración de Europa, y pide al Consejo y a la Comisión que actúen con prontitud al respecto;

16.

Considera que una estrategia macrorregional mediterránea en que participen las autoridades europeas, nacionales, regionales y locales de la Unión, las organizaciones regionales, las entidades financieras y las ONG de la parte europea de la cuenca mediterránea y la Unión por el Mediterráneo, y que esté abierta a los países vecinos y/o a los países en fase de preadhesión, mejoraría considerablemente la cooperación territorial en esta zona desde el punto de vista político y operativo; subraya la importancia de que se aproveche la experiencia, los recursos existentes y los logros de las organizaciones regionales existentes;

17.

Hace hincapié en que una macrorregión de ámbito mediterráneo podría asegurar la complementariedad de los diferentes programas de la UE para el Mediterráneo y la mayor eficacia posible de la financiación existente, y podría aportar un verdadero valor añadido a los proyectos concretos de la Unión por el Mediterráneo, así como propiciar la participación de terceros países y regiones pertinentes a la hora de definir la estrategia, utilizando para ello el Instrumento de Vecindad y Asociación, con una observancia rigurosa, en todo momento, del Estado de Derecho, sobre la base del respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, y promoviendo, cuando proceda, el principio de «más por más»;

18.

Pone de relieve la importancia del Mediterráneo como espacio descentralizado de cooperación (algo que va más allá de las fronteras estrictamente geográficas) para reforzar la adopción transregional de decisiones y el intercambio de buenas prácticas, sobre todo en lo que se refiere a la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la ecología, el desarrollo económico y el ecoturismo, así como a las asociaciones culturales, educativas, juveniles, deportivas y de investigación; subraya la importancia específica de la educación como elemento catalizador para la transición democrática;

19.

Considera que la macrorregión mediterránea debe desarrollarse de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales;

20.

Insta al Consejo a que actúe con arreglo a sus conclusiones de 24 de junio de 2011 y tenga en cuenta la voluntad mostrada por los territorios afectados a nivel nacional, regional y local ante la estrategia macrorregional Adriático-Jónico, los vínculos históricos, las tradiciones y las iniciativas emprendidas, adoptando esta estrategia en los próximos meses de modo que se concrete este primer paso hacia la estrategia macrorregional mediterránea;

21.

Subraya que la estrategia macrorregional Adriático-Jónico es un factor significativo para la reconciliación de los territorios de los Balcanes Occidentales, pudiendo contribuir de ese modo a la integración de estos países en la UE;

22.

Desea que en el Mediterráneo occidental y en el Mediterráneo oriental surjan también estrategias macrorregionales que tengan un aspecto marítimo significativo y que tomen en cuenta los numerosos territorios costeros e insulares mediterráneos y las necesidades de su desarrollo; cree que dichas estrategias futuras deben prestar cada vez más atención a la protección del medio ambiente, a la biodiversidad y al turismo sostenible;

23.

Pide a la Comisión aplique realmente el artículo 174 del TFUE por medio de un plan estratégico, con vistas a superar las desventajas estructurales de los territorios insulares y garantizar las condiciones necesarias para el crecimiento económico y una genuina cohesión social y territorial; destaca que se ha de prestar especial atención a lograr la plena accesibilidad y la continuidad territorial de estos territorios con el continente, aportándose la financiación necesaria; insta a la Comisión, asimismo, a adoptar medidas, como un aumento del umbral de la ayuda de minimis para las islas, con un énfasis especial en los sectores agrícola, pesquero y del transporte, que contribuya a que los territorios insulares sean tan competitivos como los territorios continentales, de modo que se reduzcan las diferencias de desarrollo entre las regiones europeas y se consiga su integración real en el mercado único;

24.

Desea que la Comisión se muestre favorable a la dimensión insular de la estrategia macrorregional mediterránea, en especial a la hora de examinar las ayudas de Estado que supongan una compensación legítima de las desventajas de la insularidad y de adaptar la política de cohesión y las políticas de investigación y desarrollo a las necesidades específicas de las islas con miras a profundizar su integración con la Europa continental;

25.

Subraya la importancia de los sectores creativo y cultural como pilar fundamental para el desarrollo y la creación de empleo en las regiones insulares;

26.

Pide a la Comisión que determine cuáles son los instrumentos necesarios para evaluar y poner en marcha nuevas iniciativas macrorregionales en el Mediterráneo occidental y oriental, como por ejemplo proyectos piloto;

27.

Hace hincapié en que los principales ámbitos de intervención para la macrorregión del Mediterráneo deben orientarse a los niveles apropiados de cooperación subregional en lo relativo a proyectos específicos e incluir redes de energía, cooperación científica e innovación, redes de cultura, educación y formación, turismo, comercio, protección medioambiental, transportes marítimos sostenibles, protección y seguridad marítimas y protección del medio marino contra la contaminación, la sobreexplotación y la pesca ilegal a través de la creación de una red integrada de sistemas de información y vigilancia de las actividades marítimas, el fortalecimiento de la buena gobernanza y la eficacia de la administración pública, de modo que se fomente la creación de empleo;

28.

Considera que la coordinación de estas tres estrategias macrorregionales (Mediterráneo occidental, Adriático-Jónico y Mediterráneo oriental) permitirá poner en práctica una política global en toda la cuenca mediterránea, en una relación de sinergia con las prioridades definidas por las organizaciones regionales e internacionales, y, en particular, las definidas por la Unión por el Mediterráneo, y aplicar mejores prácticas que puedan contribuir a alcanzar los objetivos de la Estrategia de la UE para un crecimiento económico inteligente y sostenible;

29.

Considera importante, en particular después de los acontecimientos de la primavera árabe, que la nueva macrorregión contribuya a la definición de una nueva estrategia con terceros países para la correcta gestión de los flujos de inmigrantes, teniendo debidamente en cuenta los beneficios mutuos de una mayor movilidad, sobre la base de la lucha contra la pobreza y el fomento del empleo, lo que contribuiría a la estabilidad en la macroregión;

30.

Considera que, dado que los territorios mediterráneos de la UE comparten fronteras marítimas y terrestres con el Norte de África, la iniciativa de una estrategia macrorregional impulsaría la dimensión meridional de la Política Europea de Vecindad, adquiriendo una dimensión territorial concreta, lo que aseguraría una mejor gestión de los flujos migratorios y tendría efectos positivos para el rendimiento de las economías de los países en cuestión;

31.

Considera que la estrategia macrorregional en el Mediterráneo debería coordinar los fondos existentes de la UE, en particular, los de la política de vecindad, la política de cohesión y la cooperación territorial, con el fin de poner en marcha proyectos que respondan a desafíos comunes, como la protección y la puesta en valor del patrimonio cultural euromediterráneo; recuerda la importancia, para conseguir estos objetivos, de la coordinación y el equilibrio de la política de vecindad para el Sur así como de la subvencionabilidad de los proyectos culturales financiados por el FEDER;

32.

Subraya la importancia de las industrias culturales y creativas y considera que este sector de la economía adquirirá una relevancia cada vez mayor para el crecimiento económico y el empleo en esta región; pide que se preste una especial atención a la aplicación de programas de intercambio cultural y académico y que se refuercen los vínculos entre la cultura y un turismo estable;

33.

Considera que el turismo cultural puede tener un efecto particularmente importante en la región mediterránea, desde el punto de vista económico y como factor de conocimiento mutuo y entendimiento intercultural;

34.

Subraya que la existencia de una macrorregión mediterránea favorecería el diálogo intercultural y el enriquecimiento del patrimonio cultural conjunto de la Unión Europea, movilizaría la sociedad civil y animaría a las ONG y a la población de los países mediterráneos a participar en los programas culturales y educativos de la UE;

35.

Recuerda la contribución fundamental de la educación al desarrollo económico y social, así como la importancia de la formación profesional en la lucha contra el desempleo juvenil;

36.

Subraya, en el marco de la macrorregión mediterránea y teniendo en cuenta la motivación juvenil, en especial en los países meridionales, la importancia de reforzar la cooperación en el ámbito de la juventud mediante el fomento de los programas europeos y la creación de sinergias con la labor de la Oficina Mediterránea de la Juventud;

37.

Subraya la importancia de centrarse especialmente en los jóvenes, que constituirán la base una nueva generación y serán quienes ejerzan más influencia en la manera en que sus respectivos países afronten el futuro;

38.

Recomienda, para promover los programas de intercambio, la investigación dinámica, la innovación y el aprendizaje permanente, que se creen redes con instituciones de enseñanza superior e investigación en la futura macrorregión mediterránea y que se desarrollen infraestructuras educativas en la región, así como que se eliminen los obstáculos a la circulación de los estudiantes, las personas en formación, los jóvenes voluntarios, los profesores, los formadores, los investigadores y el personal administrativo; subraya la necesidad de reforzar la calidad de la enseñanza y la investigación en esas redes mediante financiación y apoyo adecuados de los programas Erasmus Mundus y Tempus, especialmente en vista del bajo número de beneficiarios del programa Erasmus Mundus que hay en la zona mediterránea;

39.

Constata que la movilidad de los artistas y de las artes en el ámbito euromediterráneo se encuentra con numerosos obstáculos, que difieren según los países y las regiones, y que están relacionados con las dificultades para obtener visados y, además, con la inexistencia de un estatuto de los artistas y con las condiciones que deben afrontar como creadores de obras de arte, en particular, en los países meridionales; considera que la existencia de una macrorregión mediterránea permitiría favorecer un reconocimiento mutuo del estatuto de artista, brindar oportunidades que se reflejarían en la movilidad, así como optimizar el uso de los programas de formación, la creación de redes y la libre circulación de los actores culturales, los artistas y las obras;

40.

Insta, para el próximo periodo de programación, a la puesta en marcha de un programa «Erasmus euromediterráneo» con objeto de fomentar la movilidad transnacional de los estudiantes de ambas orillas del Mediterráneo, y de un programa «Leonardo da Vinci euromediterráneo» destinado a los jóvenes que deseen obtener una formación profesional en el extranjero en el marco de una estrategia macrorregional;

41.

Destaca la necesidad de adoptar medidas que contrarresten la creciente tendencia a la «fuga de cerebros» de esta región;

42.

Pide que se aproveche al máximo la diversidad histórica, cultural y lingüística del espacio mediterráneo, que es una fuente de innovación que impulsa los sectores cultural y creativo y el sector turístico; pide que se promueva y apoye la cooperación entre los museos y los establecimientos culturales;

43.

Recuerda que en los países que circundan el Mediterráneo existe un interés especial por el cine y las producciones audiovisuales de Europa, y que este interés sigue teniendo una influencia importante en el diálogo entre las culturas de la región en la actual fase de evolución democrática de esas sociedades;

44.

Propone que haya una mayor cooperación y más intercambios comerciales con terceros países para que la producción europea mejore su posición en el mercado mundial y, en particular, en la región del Mediterráneo, fomentándose de este modo el intercambio cultural y la puesta en marcha de nuevas iniciativas que incentiven el diálogo euromediterráneo y el progreso democrático de toda la región, en particular, en vista de los compromisos asumidos en el ámbito de la Conferencia Euromediterránea de Cine;

45.

Pide a los Estados miembros en cuestión que fomenten el espíritu de cooperación que se puso de manifiesto durante la elaboración del presente informe, y solicita a la futura Presidencia chipriota de la UE que favorezca este proyecto, de modo que la Comisión y el Consejo puedan adoptar con urgencia un plan de acción para la estrategia de la macrorregión mediterránea; resalta, por otra parte, la importancia de la cooperación intergubernamental e interregional para el desarrollo de la estrategia macrorregional;

46.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

29.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 349/9

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Vista la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (1) («la Directiva marco sobre el agua, DMA»,

—

Vista la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (2) («la Directiva de aguas subterráneas»),

—

Vista la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) («Directiva sobre normas de calidad ambiental, DNCA»),

—

Vista la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (4) («Directiva TARU»),

—

Vista la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (5) («Directiva sobre los nitratos»),

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Vista la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (6) («Directiva sobre inundaciones»),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (7),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE (8) de la Comisión («el Reglamento REACH»),

—

Vista la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (9),

—

Vista la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (10), y la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (11),

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Visto el Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y utilización de biocidas (12),

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Visto el próximo «Proyecto para salvaguardar los recursos hídricos de la UE» de la Comisión,

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Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural» (COM(2011)0244),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos» (COM(2011)0571),

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Vista la próxima Asociación Europea para la Innovación en materia de agua,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de julio de 2007, titulada «Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea» (COM(2007)0414),

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Vista su Resolución de 15 de marzo de 2012 (13) sobre el VI Foro Mundial del Agua celebrado en Marsella los días 12 a 17 de marzo de 2012 y la Plataforma de soluciones y los compromisos adoptados en él,

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Vista su Resolución de 9 de octubre de 2008, sobre «Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea» (14),

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Vista su Resolución de 6 de mayo de 2010 sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado «Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación» (15),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Peticiones (A7-0192/2012),

A.

Considerando que la DMA ha establecido un marco para proteger y regenerar el agua limpia en la UE y garantizar su uso sostenible a largo plazo, y que tiene por objetivo lograr un «buen estado ecológico y químico» para 2015, pero considerando que la revisión de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas establecida por los Estados miembros, tal como exige la Directiva, indica que un número significativo de masas de agua de la UE no alcanzará un «buen estado» para 2015 debido tanto a problemas antiguos como nuevos;

B.

Considerando que la biodiversidad de las aguas dulces europeas se encuentra en crisis, pues se estima que el 37 % de las especies de peces de agua dulce de Europa y el 40 % de los moluscos de agua dulce están amenazados de acuerdo con los criterios de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN);

C.

Considerando que el agua es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, que puede traer aparejada una disminución de la cantidad y calidad del agua disponible, en particular del agua potable, así como un aumento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones y las sequías;

D.

Considerando que el agua es un bien público inalienable, esencial para la vida, y que la gestión equitativa del agua desempeña un papel vital en la preservación del capital natural y los servicios ecosistémicos del mundo, así como en todos los aspectos del uso de los recursos y la producción económica; considerando asimismo que el futuro de la industria en Europa depende de que se encuentren respuestas eficaces a los actuales desafíos relacionados con el agua y con la gestión de los recursos hídricos existentes, que afectan directamente a la salud humana, la producción de energía, a la agricultura y a la seguridad alimentaria, todo ello de forma responsable y eficiente;

E.

Considerando que Europa extrae alrededor de un 13 % del total de sus recursos hídricos disponibles, que ya muestran señales de sufrir una presión excesiva, y que en muchos lugares de Europa la extracción de agua supera los niveles disponibles, lo que amenaza la vida silvestre, la seguridad de abastecimiento de la sociedad y los distintos usos económicos; considerando asimismo que en algunas regiones del sur de Europa el índice de explotación hídrica es superior al 40 %, lo que representa niveles elevados de presión sobre estos recursos;

F.

Considerando que los climas semiáridos de grandes extensiones del sur de Europa también se caracterizan por una distribución muy desigual de los recursos hídricos a lo largo del año y de año en año, y que esta distribución muy irregular tiende a acentuarse con el cambio climático;

G.

Considerando que la Estrategia Europa 2020 prevé hacer más eficiente la utilización de los recursos y que, actualmente, los patrones de uso del agua a menudo resultan insostenibles, debido a las prácticas ineficientes que provocan el derroche de agua, y considerando que a menudo los sistemas de infraestructuras hídricas, tanto en los países más desarrollados como en las regiones menos desarrolladas, están anticuados y hay una falta de información sobre rendimientos y pérdidas reales;

H.

Considerando que la transición hacia una economía verde puede llevarse a cabo únicamente tomando en consideración los retos relacionados con el agua;

I.

Considerando que las aguas residuales depuradas incorrectamente siguen causando la misma contaminación de las costas de la UE y que es indispensable acelerar la introducción de infraestructuras para la depuración de aguas residuales en los Estados miembros;

1.

Reconoce que la DMA constituye una base legislativa sólida y ambiciosa para la gestión integrada del agua a largo plazo en la UE; observa con satisfacción la mejora de la calidad del agua y del tratamiento de aguas residuales en Europa durante los últimos años; señala, sin embargo, que el ritmo de ejecución ha sido lento y desigual entre las regiones y los Estados miembros y que debe mejorarse significativamente la aplicación de la DMA para alcanzar el «buen estado» en las aguas europeas para 2015;

2.

Señala que el agua es un recurso compartido por la humanidad y un bien público, y que el acceso al agua debe constituir un derecho fundamental y universal; destaca que el uso sostenible del agua es una necesidad en materia medioambiental y de salud que desempeña un papel fundamental en el ciclo de regulación del clima; Insiste en la necesidad de adaptar la normativa del mercado interior a las características distintivas del sector del agua e insta a los Estados miembros, en el respeto del principio de subsidiariedad, a gestionar el agua y los servicios del agua de conformidad con el artículo 9 de la DMA;

3.

Señala que, pese a los progresos hechos en la aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, todavía existen lagunas con respecto a los índices de cumplimiento de los sistemas de recolección y tratamiento;

4.

Subraya que, aunque el enfoque principal debería situarse en la aplicación de la legislación vigente en el sector del agua, existen lagunas específicas que deben ser cubiertas tanto mediante la adaptación de la legislación vigente a las prioridades en materia de recursos hídricos como a través de la adopción de nueva legislación que permita hacer frente a los efectos de determinados sectores o actividades; subraya asimismo que debería tenerse en cuenta la importancia que la cooperación entre los diferentes actores económicos y otras partes interesadas posee para la gestión sostenible de los recursos hídricos;

5.

Reitera que la Comisión debe presentar una propuesta legislativa, similar a la Directiva relativa a las inundaciones, que favorezca la adopción de una política de la UE en materia de escasez de agua, sequía y adaptación al cambio climático;

6.

Considera que el próximo «Proyecto para salvaguardar los recursos hídricos de la UE» de la Comisión, constituye una respuesta política de la UE a los retos hídricos actuales y futuros, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de agua de buena calidad suficiente para un uso sostenible y equitativo del agua para 2050, sin por ello atentar contra los derechos soberanos nacionales sobre el agua;

7.

Recuerda a los Estados miembros su obligación, establecida en la DMA, de lograr un buen estado de las aguas para 2015; insta a la Comisión a adoptar una acción decidida para poner fin a las infracciones del Derecho comunitario de los Estados miembros en materia de agua; pide al mismo tiempo que se siga prestando asistencia, por ejemplo mediante directrices generales e instrumentos eficaces para fomentar la creación de capacidad, en particular a las autoridades regionales y las confederaciones hidrográficas, con el fin de garantizar igualdad de condiciones y ayudar a los Estados miembros a lograr una mejor implantación de las etapas futuras de la política de aguas de la UE, con miras a cumplir con los compromisos de la política del agua; señala que, en muchos casos, las peticiones han puesto al descubierto problemas relacionados con la transposición y la aplicación adecuada de la legislación de la UE en materia de aguas e insta a la Comisión Europea a actuar con más determinación en sus investigaciones, en particular cuando examine peticiones;

8.

Subraya la importancia de la eficiencia en el uso del agua; pide un uso más eficiente del agua, en particular en sectores como los de la energía y la agricultura, que son los que más agua consumen;

9.

Pone de relieve el nexo entre producción energética, eficiencia energética y seguridad del agua; señala que, a escala comunitaria, deben utilizarse nuevas estrategias y conceptos como, por ejemplo, el uso del agua para almacenar energía, a fin de garantizar que la creciente demanda de energía no pone en peligro la seguridad de agua y que se aprovecha el potencial de reducción del consumo de energía mediante la eficiencia del uso del agua; subraya que debe tenerse en cuenta el uso del agua a la hora de evaluar la sostenibilidad tanto de las fuentes de energía tradicionales como de las fuentes de energía con baja emisión de carbono, incluidos, en particular, la bioenergía y la energía hidroeléctrica, y señala a este respecto los riesgos asociados a la extracción no convencional de gas natural;

10.

Destaca que se puede mejorar la eficiencia y sostenibilidad del uso del agua por parte del sector agrícola mediante la introducción de tecnologías y prácticas innovadoras y la mejora de la información y sensibilización de los agricultores y usuarios finales; recalca a este respecto que la cooperación entre los gestores nacionales y otras partes interesadas resulta útil para alcanzar buenos resultados en materia de protección de los recursos hídricos; subraya igualmente que deberían movilizarse recursos hídricos suficientes para la agricultura en vista de los retos que plantean el cambio climático y la seguridad alimentaria (por ejemplo, desarrollando el almacenamiento de agua); señala que la mayor parte del agua se usa en el sector agrícola y destaca la importancia de la conservación y del uso sostenible del agua en el contexto de la actual reforma de la PAC;

11.

Señala que la creciente demanda de agua requiere inversiones urgentes en regadío y pide a la Comisión Europea que facilite la posibilidad de recurrir a soluciones para hacer frente a la escasez de agua corriente, como la recarga artificial de acuíferos, la recuperación de agua y el desarrollo de técnicas de irrigación alternativas; al mismo tiempo subraya la importancia de la transferencia de conocimientos y tecnologías relacionados con estas técnicas, así como de la conservación del agua, la extracción de agua, las técnicas de riego, la gestión de aguas subterráneas y el tratamiento de las aguas residuales;

12.

Destaca que la formación de nuevos acuíferos bajo tierras agrícolas y forestales es muy alta y que a los agricultores y silvicultores ya les incumbe una responsabilidad particular en lo relativo a mantener la pureza y alta calidad de los acuíferos; aprecia los esfuerzos que vienen haciendo de los agricultores por mejorar la calidad de las aguas subterráneas;

13.

Subraya que un saneamiento del agua y una política en materia de gestión de aguas residuales medioambiental y económicamente sólida debe abordar la contaminación desde su raíz antes de pasar todos los contaminantes a un costoso tratamiento al final del proceso, en particular en lo referente al agua que fluye a través de suelos contaminados; alienta el uso de las aguas residuales y de los subproductos de tratamiento al final del proceso, sobre la base de estrictas exigencias de calidad, como un nuevo recurso; señala que el agua usada constituye una fuente de energía a través de la recuperación del calor o de la revalorización energética de las materias orgánicas que transporta, y que conviene desarrollar este aspecto;

14.

Pide que, cuando resulte adecuado, se actualice la legislación de la UE sobre el agua, a fin de tener adecuadamente en cuenta los avances tecnológicos para la reutilización y el reciclaje de agua, de permitir una reutilización más eficiente de las aguas residuales tratadas para el riego y la industria en cuanto a rentabilidad y energía se refiere, así como la reutilización de aguas residuales domésticas en los hogares; pide medidas para un seguimiento adecuado de la calidad química y biológica del agua reciclada; pide a la Comisión que estudie formulas para crear incentivos para un uso más generalizado de la aguas residuales tratadas, «aguas grises» y aguas pluviales, a fin de ayudar a mitigar el estrés hídrico;

15.

Señala que la reducción del consumo de agua debe constituir una prioridad; subraya la importancia del diseño ecológico y de los dispositivos de ahorro de agua y pide que los medidores de agua sean obligatorios para todos los sectores y usuarios en todos los Estados miembros; pide igualmente a la Comisión que regule la eficiencia de los dispositivos para uso agrícola;

16.

Recuerda que en la UE se pierde alrededor de un 20 % del agua debido a la ineficiencia, por lo que la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos hídricos es clave para la sostenibilidad de la gestión del agua y en particular para afrontar los problemas de escasez de agua y sequía. Hace hincapié en la necesidad urgente de realizar una auditoría del estado de la red hídrica europea en términos de calidad, de antigüedad y de interconectividad, dado que en el suministro a las ciudades europeas puede perderse hasta un 70 % del agua en las fugas de la red, y en la necesidad urgente de alentar las inversiones en infraestructuras;

17.

Toma nota de que el agua es el núcleo de la mayoría de los servicios ecosistémicos y destaca la importancia de una gestión adecuada del agua a la hora de alcanzar las metas de biodiversidad; subraya la necesidad de la reforestación y las medidas de restauración de los humedales en la gestión de los recursos hídricos; pide una mejor adecuación de los objetivos de la DMA con Natura 2000; hace hincapié en que la base de conocimientos debe integrar el concepto de «flujos medioambientales» y tener en cuenta los servicios ecosistémicos que se apoyan en el agua; subraya la necesidad de tener en cuenta que los cambios en el ciclo del agua dependen del hábitat, lo que influye en el porcentaje del agua que es reciclada; señala que el ciclo del agua no es igual en todas partes y existen diferencias entre el ciclo de los trópicos, el del Mediterráneo y el de las latitudes medias o altas;

18.

Subraya que los recursos hídricos y los ecosistemas relacionados son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, que puede traer aparejada una disminución de la cantidad y calidad del agua disponible, en particular de agua potable, así como un aumento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones y las sequías; pide que se aprueben políticas de adaptación y disminución del cambio climático para tener debidamente en cuenta su impacto sobre los recursos hídricos; subraya la importancia de las estrategias de prevención y disminución de los riesgos y de respuesta a los mismos para prevenir fenómenos extremos relacionados con el agua;

19.

Subraya los efectos que el cambio climático puede tener en los ecosistemas hídricos, lo que hace necesarias medidas rigurosas y sistemáticas destinadas a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, y que obligan a establecer normas meticulosas para la gestión de las masas de agua transformadas, en particular en lo que se refiere a la gestión de embalses y de regímenes hídricos transformados, respetando las competencias de los Estados miembros en este ámbito;

20.

Observa que otros países no sufren escasez de agua, sino que tienen dificultades para gestionar el exceso de agua resultante de las precipitaciones regulares o abundantes, las inundaciones, la erosión fluvial y la contaminación que afecta a cuencas fluviales y zonas costeras, así como para aliviar los efectos de estos fenómenos en la población local, como demuestran las numerosas peticiones recibidas; teniendo en cuenta la frecuente amenaza de inundación manifiesta en el territorio de los Estados miembros en los últimos años, insta a la Comisión a analizar debidamente la posibilidad de evitar las consecuencias de estos fenómenos;

21.

Destaca la necesidad de que la Comisión inste a los Estados miembros a promover la reinstalación de actividades agrícolas compatibles con el medio ambiente en las localidades de montaña con el fin de luchar contra el desastre hidrogeológico y de favorecer la erosión de las aguas mediante la reintroducción de buenas prácticas para la construcción de fosos, canales de desagüe y diques, que permiten, en caso de llover excesivamente, disminuir los efectos negativos en los valles, así como, en caso de sequía, garantizar el almacenamiento de recursos hídricos que puedan utilizarse asimismo para apagar incendios forestales;

22.

Reconoce el papel fundamental que desempeñan los acuíferos subterráneos en el ciclo del agua y en toda una serie de temas, como la contaminación del agua, los sistemas de mitigación de las inundaciones, la intrusión salina y el hundimiento del terreno provocados por el agotamiento prolongado de las aguas subterráneas; pide a la Comisión que preste suficiente atención a la importancia de la gestión sostenible de los acuíferos subterráneos;

23.

Vistos los graves riesgos que la prospección y la extracción de gas de esquisto encierran para las aguas de superficie y las subterráneas, pide a la Comisión que garantice que estas actividades se contemplen en la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental; pide igualmente a la Comisión que publique sin demora orientaciones sobre la recogida de los datos de seguimiento del estado del agua que deben obtenerse antes de la fracturación, tanto los datos de prospección como los de explotación, y los criterios que deben utilizarse para evaluar el impacto de la fracturación en diferentes formaciones geológicas, incluida la posibilidad de fugas hacia acuíferos;

24.

Recuerda que la protección del suelo es un elemento fundamental para conservar la calidad del agua; señala que las causas y consecuencias del empeoramiento del suelo tienen ante todo un carácter local y regional, por lo que debe respetarse el principio de subsidiariedad; pide a todos los Estados miembros que cumplan sus obligaciones para garantizar la calidad del suelo y mantener su salud, e insta a los Estados miembros que carecen de disposiciones en materia de protección del suelo a estar a la altura de sus responsabilidades;

25.

Señala que la gestión integrada de los recursos hídricos y la ordenación del territorio a escala de las cuencas fluviales deben tener en cuenta las actividades económicamente dependientes del agua y las necesidades hídricas de todos los usuarios, así como la necesidad de un enfoque holístico de la escasez de agua, y deben garantizar la sostenibilidad de las actividades humanas sobre el agua;

26.

Considera que las aguas residuales procedentes de zonas urbanas representan uno de los factores de contaminación más importantes del entorno acuático, en ríos y costas, y que el éxito de la aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas posee una influencia importante en la calidad del agua de todos los Estados miembros y, por tanto, en el éxito de la aplicación de la DMA;

27.

Señala los graves efectos que puede tener esta contaminación sobre la salud humana, como evidencian las peticiones recibidas desde Irlanda (Galway), Francia (Bretaña) y otros Estados miembros; recuerda su Resolución de 2 de febrero de 2012 sobre las cuestiones planteadas por los autores de peticiones relativas a la aplicación de la Directiva sobre gestión de residuos y directivas afines en los Estados miembros de la Unión Europea, que alertaban sobre los peligrosos niveles de contaminación del agua causados por vertederos y canteras mal gestionados o ilegales, que han dado lugar a infiltraciones y contaminación de las aguas subterráneas y las capas freáticas;

28.

Llama la atención sobre determinados factores perjudiciales denunciados por peticionarios —entre ellos, los vertederos de residuos, la falta de control de la calidad de las aguas por las administraciones competentes, las actividades agrícolas e industriales irregulares o ilegales—, que afectan al medio ambiente y a la salud humana y que son responsables de la baja calidad del agua; pide, por tanto, que se establezcan incentivos más ajustados a los objetivos de una gestión eficiente del agua —en particular para las poblaciones pobres y rurales—, del acceso de todas las personas al agua y de la distribución de agua en zonas que se enfrentan a escasez, en particular en las zonas alejadas de las grandes aglomeraciones urbanas equipadas con infraestructura de suministro de agua;

29.

Considera que el enriquecimiento por nutrientes es uno de los factores responsables de la contaminación de las masas de agua superficiales que afectan a la biodiversidad y reducen valiosos servicios ecosistémicos; reconoce que las condiciones de nutrientes investigadas pueden explicar más de la mitad de los fracasos esperados en el esfuerzo por alcanzar un «buen estado» de las masas de agua superficiales para 2015;

30.

Insta a la Comisión a que refuerce la lucha contra la creciente liberación de contaminantes en el agua, como residuos de antibióticos, medicamentos y hormonas de las píldoras anticonceptivas, dado que estos residuos tienen un efecto perjudicial en la salud humana y el medio ambiente;

31.

Reconoce que el marco político de la UE ha permitido la recopilación de datos menos fragmentados sobre el agua, así como un mejor control; observa sin embargo la falta de datos fiables sobre la cantidad de agua, por ejemplo, en las captaciones y las fugas; señala el potencial de mejor gestión de datos basada en una mejora en la información estadística y en el uso de las estaciones de recogida de datos, del Sistema de Información sobre el Agua para Europa (WISE) y del sistema GMES para vigilar el estado de los recursos hídricos así como las presiones que ejerce la actividad económica sobre dichos recursos; pide a la Comisión que desarrolle, en cooperación con la Agencia Europea de Medio Ambiente, un nuevo conjunto de indicadores fiables para la contabilidad del agua; subraya que es necesario integrar en la base de conocimientos el concepto de «flujos medioambientales» y tener en cuenta los servicios ecosistémicos basados en el agua, así como las relaciones existentes entre el clima, el territorio y los recursos hídricos subterráneos aportados por el ciclo del agua;

32.

Subraya la necesidad de centrarse en los objetivos y actividades específicas del programa Horizonte 2020, orientados hacia una mejor gestión, más sostenible, de los recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos de la UE y sus países vecinos; cree que la política en materia de investigación de la UE debe responder a los crecientes desafíos que entraña la gestión del agua para la agricultura, los edificios, la industria y los hogares, así como las ambiciones de eficiencia hídrica; señala, a este respecto, que el programa BONUS para el mar Báltico podría ser un ejemplo para otras regiones;

33.

Cree que es importante favorecer la investigación y la innovación en lo tocante al tema del agua, y que se debe impulsar el desarrollo de los grupos europeos en este ámbito; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los demás interesados pertinentes que respalden la Asociación Europea para la Innovación en materia de agua como instrumento eficaz para concentrar esfuerzos en una investigación e innovación europeas que sean líderes en el mundo, que eliminen las barreras que impiden la transferencia e integración rápida de conocimientos, mejores técnicas disponibles y avances tecnológicos en el mercado y que promuevan el desarrollo de un mercado interior de la tecnología del agua; recalca la importancia de las innovación ecológica para la conservación de los recursos hídricos, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas; pone de relieve el potencial de creación de «empleos verdes», de puesta en práctica de una política basada en la innovación y el conocimiento en el ámbito del agua, de una mejor gestión del agua y de mayor eficiencia en el uso de este recurso; pide a la Comisión que evalúe y cuantifique el efecto que sus acciones para fomentar el crecimiento de la I+D en el ámbito del agua tengan en el empleo;

34.

Subraya la necesidad de una mayor coherencia y una mejor integración de los objetivos relacionados con el agua y de la agenda de eficiencia del uso de recursos, que contiene objetivos fundamentales de uso eficiente del agua, en la legislación de nivel comunitario, nacional, regional y local; pide una evaluación completa de los efectos sobre los recursos hídricos que deben tenerse en cuenta en el diseño de las políticas generales de gobernanza económica, tales como la estrategia Europa 2020 y las políticas conjuntas de la UE como la política agrícola común y los marcos de política de cohesión, para lograr una concentración temática de la financiación disponible en cuestiones relativas al agua y para incorporar la cuestión del agua en todos los ámbitos políticos, a fin de mejorar la calidad del agua en todas las regiones europeas;

35.

Observa que en la nueva estrategia financiera de la UE relacionada con los fondos de cohesión, es preciso tener en la máxima consideración las inversiones en infraestructuras hidráulicas;

36.

Observa que las normas que se aplican a los agricultores ya son exigentes y están controladas; pide que se refuerce la ecocondicionalidad en la PAC en función de las obligaciones existentes;

37.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación de los principios «quien contamina, paga» y «el usuario paga» por medio de tarifas transparentes y eficaces aplicadas a todos los sectores que utilizan agua, con el objetivo de una recuperación total de los costes de los servicios del agua, incluidos los costes medioambientales y de recursos, con arreglo a lo establecido en la Directiva marco sobre el agua; subraya, sin embargo, que deben tenerse en cuenta los aspectos sociales a la hora de establecer las tarifas del agua y que la sociedad debe disponer de agua limpia a precios asequibles para las necesidades de las personas; pide igualmente a la Comisión y a los Estados miembros que examinen y revisen las subvenciones que son perjudiciales para los recursos hídricos, que elaboren e introduzcan nuevos instrumentos económicos para reducir las actividades perjudiciales para el medio ambiente, y que incentiven un uso más sostenible de dichos recursos; hace hincapié en que los precios del agua deben reflejar el impacto ambiental del tratamiento de aguas residuales; señala que, pese a la existencia de voluntad política, la crisis económica y la restricción del gasto público están dificultando a las autoridades locales y regionales la financiación de proyectos de tratamiento de aguas grises, por lo que pide a la Comisión que garantice la adecuada financiación de plantas de tratamiento de aguas residuales; pide a la Comisión que elabore una estrategia para internalizar los costes externos derivados del consumo y contaminación del agua, así como del tratamiento de aguas residuales;

38.

Considera que las segundas viviendas se benefician del mismo servicio de disponibilidad de los recursos hídricos que las residencias principales, por lo que su contribución a la financiación de la red debe como mínimo ser igual;

39.

Alienta a los Estados miembros a que aprovechen las oportunidades que ofrecen los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión y el Fondo de Desarrollo Rural e inviertan en la mejora o renovación de las infraestructuras y tecnologías existentes con miras a una mayor eficiencia en el uso de los recursos hídricos;

40.

Considera que la gestión de la demanda es clave para resolver la escasez de agua, y pide que los planes de gestión de la demanda, junto con las medidas de suministro, sean un criterio importante para el desembolso de las ayudas de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión de la UE para el sector del agua o para actividades que hagan un uso intensivo de esta, y que los Estados miembros deben exigir evaluaciones de la sostenibilidad de los recursos hídricos como condición para autorizar actividades económicas que hagan un uso intensivo de agua, como el turismo de masas o determinados tipos de agricultura;

41.

Pide a la Comisión Europea que anime a las empresas a utilizar materiales que consuman menos agua, mediante una ayuda al I + D y a través de los fondos estructurales en las zonas con menor disponibilidad de recursos hídricos;

42.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que preparen medidas administrativas y busquen recursos financieros para facilitar el acceso de la población rural a las redes de saneamiento;

43.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten sin demora planes concretos para eliminar gradualmente todas las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente antes de 2020 y que informen sobre los avances logrados a través de los Programas Nacionales de Reforma;

44.

Insta a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales a que estimulen el diálogo intersectorial, así como un diálogo entre los distintos actores económicos y los ciudadanos sobre las cuestiones relacionadas con el agua y entre los ciudadanos y la Comisión de Peticiones cuando esta examine las expresiones de preocupación de los ciudadanos europeos sobre cuestiones relacionadas con el agua, y fomenten la participación plena y transparente de las comunidades locales y de las partes interesadas a todos los niveles en el desarrollo de la política del agua; destaca la importancia de la gobernanza multinivel eficaz en materia de agua, que tenga en cuenta la necesidad de una gestión integrada del agua en el espacio natural que rodea las cuencas hidrográficas y promueva el intercambio de mejores prácticas;

45.

Insiste en que se lleve a cabo una política eficaz de gestión del agua lo más cercana posible a los recursos; pide a la Comisión que tome en consideración las zonas con desventajas naturales, como los territorios de montaña, insulares o ultraperiféricos;

46.

Pide que se refuerce la concienciación y la educación pública sobre cuestiones relativas al agua, a fin de lograr una mejor comprensión, por parte de consumidores, operadores sanitarios y encargados de la política y la toma de decisiones, de la relación entre agua, ecosistemas, saneamiento, higiene, salud, sanidad alimentaria, seguridad del suministro de alimentos y prevención de catástrofes; destaca el cometido preeminente de las autoridades regionales y locales y de las organizaciones de la sociedad civil en la organización de compañas de sensibilización y actividades educativas; insiste en que estos programas de sensibilización deben ir dirigidos a ciudadanos de todas las edades, para que pueda utilizarse de manera más eficaz y eficiente este activo público y esencial;

47.

Destaca que el agua y los ecosistemas hídricos no se detienen en las fronteras administrativas y que, por consiguiente, todas las medidas destinadas a su protección y aprovechamiento, deben ser adoptadas de forma coherente y coordinada, preferentemente por entidades con competencias y jurisdicción sobre toda la cuenca hidrográfica;

48.

Reitera que la DMA prescribe la coordinación entre Estados miembros que compartan una cuenca hidrográfica común donde el uso del agua pueda tener efectos transfronterizos, e insta a los posibles Estados miembros interesados en establecer una comunicación y cooperación transfronteriza regular a fin de apoyar la aplicación de la DMA en relación con las sustancias prioritarias, las sustancias peligrosas prioritarias y la contaminación por nutrientes;

49.

Constata que un agua de calidad para el baño tiene un efecto sobre el turismo; insta a la generalización del sistema de banderas azules en todas las zonas de baño de Europa, como ríos, lagos, estanques, etc.;

50.

Subraya que el concepto de turismo sostenible incluye la conservación del agua; pide que se facilite a los profesionales del turismo formación sobre el ahorro y la utilización sostenible del agua, especialmente en zonas costeras y franjas termales;

51.

Hace hincapié en la importancia de introducir sistemas de agua eficaces en los edificios y las zonas públicas para reducir la necesidad de agua embotellada;

52.

Señala que, desde 1988, de todas las peticiones relativas a denuncias medioambientales dirigidas a la Comisión de Peticiones, 601 de estas peticiones (España 166, Reino Unido 129, Alemania 97, Italia 60, Francia 55, Grecia 34, Países Bajos 16, Portugal 16, Irlanda 12, Polonia 4, Rumanía 4, Finlandia 3, Bulgaria 2, Hungría 2 y Eslovenia 1), a veces suscritas por varios signatarios (véase la petición 0784/2007, firmada por 2036 signatarios), hacen referencia a la calidad y cantidad de agua de los Estados miembros; reconoce que estas peticiones son prueba de que el agua constituye un problema considerablemente grave para los ciudadanos de la Unión Europea;

53.

Toma nota de que, según una encuesta del Eurobarómetro de marzo de 2012, el 68 % de los europeos considera que los problemas de cantidad y calidad del agua son graves, el 80 % cree que la contaminación química supone una amenaza para el medio acuático, el 62 % considera que no está suficientemente informado sobre problemas relativos a las aguas subterráneas, los lagos los ríos y las costas de sus países, mientras que el 67 % opina que la manera más eficaz de abordar los problemas del agua sería concienciar a la población sobre los problemas relacionados con el agua, y el 73 % de los ciudadanos europeos considera que la UE debe proponer medidas adicionales para hacer frente a los problemas del agua en Europa;

54.

Observa con satisfacción el rápido cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas sobre el acceso sostenible al agua potable; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades competentes de todos los niveles que reafirmen su compromiso de desempeñar un papel activo en la consecución del ODM relacionado con el saneamiento básico y que tomen en consideración los resultados pertinentes de la Conferencia de las Naciones Unidas Río+20 sobre desarrollo sostenible, velando por que se garantice el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano fundamental esencial para el pleno disfrute de la vida, en las condiciones aprobadas por la Asamblea General de la Naciones Unidas en 2010;

55.

Celebra la participación activa de la Unión Europea en el Sexto Foro Mundial del agua celebrado en Marsella del 12 al 17 de marzo de 2012; insta a la Unión Europea a que mantenga su compromiso para mejorar el acceso al agua en el mundo, en particular con miras al Séptimo Foro del Agua que tendrá lugar en Corea del Sur en 2015;

56.

Señala que la UE tiene un nivel muy alto de conocimientos técnicos sobre el agua que deberían utilizarse en la práctica para alcanzar el ODM sobre saneamiento básico y otros objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el agua; pide a la Comisión que tenga en cuenta las buenas prácticas que se emplean en países terceros para utilizar las aguas pluviales recogidas y reutilizar las aguas residuales a fin de luchar de este modo contra la escasez de agua, en particular en períodos de sequía; pide que se intensifique la cooperación en estos ámbitos con países terceros que cuenten con tecnologías avanzadas para el uso de los recursos hídricos;

57.

Considera que habría que elevar las ambiciones internacionales para lograr un uso sostenible del agua por medio de la gestión integrada de los recursos hídricos y una mayor eficiencia en el uso de estos recursos;

58.

Anima a las autoridades locales y otras entidades competentes a destinar un porcentaje de las tarifas percibidas de los usuarios en concepto de suministro de servicios de agua y de saneamiento a acciones de cooperación descentralizadas; llama la atención igualmente sobre el principio del «1 %» adoptado por algunos Estados miembros como un ejemplo a promover y aplicar;

59.

Pide a la Comisión que suscriba, en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales de 1997, y promueva asimismo la entrada en vigor de las enmiendas al Convenio de Helsinki de 1992 sobre la protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales, que permitirán extender el alcance de este instrumento más allá de los países miembros de la CEPE de las Naciones Unidas, así como que recomiende la ratificación masiva del Protocolo de Helsinki sobre el agua y la salud de 1992, a fin de promover una gestión coordinada y equitativa del agua en las cuencas nacionales y transnacionales;

60.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

29.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 349/19

—

Vista la Recomendación de la Comisión de 8 de septiembre de 2011 relativa al apoyo de un servicio eCall a escala de la UE en las redes de comunicación electrónica para la transmisión de llamadas de urgencia desde un vehículo, basado en el número 112 («llamada eCall») (1),

—

Vista la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la que se establece el marco para el despliegue de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte (2),

—

Vista la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (3),

—

Vista la Evaluación de impacto del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, que acompaña a la Recomendación de la Comisión relativa al apoyo de un servicio eCall a escala de la UE en las redes de comunicación electrónica para la transmisión de llamadas de urgencia desde un vehículo, basado en el número 112 («llamada eCall») (SEC(2011)1020),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un espacio de seguridad vial: orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020» (COM(2010)0389),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un futuro sostenible para los transportes: hacia un sistema integrado, tecnológico y de fácil uso» (COM(2009)0279),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «eCall: el momento de implantarlo» (COM(2009)0434),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una movilidad más segura, más limpia y más eficiente en Europa: primer informe sobre el vehículo inteligente» (COM(2007)0541),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa del vehículo inteligente – Sensibilización sobre las TIC al servicio de vehículos más inteligentes, seguros y limpios» (COM(2006)0059),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Reconducir la iniciativa eCall – Plan de acción (Tercera Comunicación sobre eSafety)» (COM(2006)0723),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un servicio eCall para todos» (Segunda comunicación sobre eSafety) (COM(2005)0431),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Las tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de vehículos seguros e inteligentes» (COM(2003)0542),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Programa de acción europeo de seguridad vial. Reducir a la mitad el número de víctimas de accidentes de tráfico en la Unión Europea de aquí a 2010: una responsabilidad compartida» (COM(2003)0311),

—

Visto el Documento de trabajo sobre la protección de datos y las consecuencias para la intimidad en la iniciativa eCall (Grupo de protección previsto en el artículo 29 – 1609/06/ES, WP 125),

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la movilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 (4),

—

Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre la seguridad vial en Europa 2011-2020 (5),

—

Vista su declaración, de 17 de noviembre de 2011, sobre la necesidad de unos servicios de urgencia 112 accesibles (6),

—

Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre un futuro sostenible para los transportes (7),

—

Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre el servicio universal y el número de urgencia 112 (8),

—

Vista su Resolución, de 23 de abril de 2009, sobre el Plan de acción relativo a sistemas de transporte inteligentes (9),

—

Vista su Resolución, de 19 de junio de 2008 (10), relativa al Primer informe sobre el vehículo inteligente,

—

Vista su Resolución, de 18 de enero de 2007, sobre el tercer Programa de acción europeo de seguridad vial – balance intermedio (11),

—

Vista su Resolución, de 27 de abril de 2006, sobre la seguridad vial: Un servicio eCall para todos (12),

—

Vista su Resolución, de 29 de septiembre de 2005, titulada «Programa de acción europeo de seguridad vial – Reducir a la mitad el número de víctimas de accidentes de tráfico en la Unión Europea de aquí a 2010: una responsabilidad compartida» (13),

—

Visto el «Informe mundial sobre la prevención de los traumatismos causados por el tránsito», publicado conjuntamente en 2004 por el Banco Mundial y la OMS,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Transportes y Turismo de conformidad con el artículo 51 del Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0205/2012),

A.

Considerando que, según la predicción del Banco Mundial y la OMS, el número de víctimas de accidentes de tráfico aumentará probablemente en todas las regiones del mundo (pasando de ser la novena a la tercera causa de muerte en 2020) y que la menor mortalidad relativa para el grupo de edad de 5 a 14 años representa también un duro golpe para los padres y para la sociedad;

B.

Considerando que, según los datos de la Unión Europea de 2004, más de 40 000 personas mueren cada año en accidentes y 150 000 personas sufren discapacidad permanente;

C.

Considerando que el objetivo del sistema eCall a bordo del vehículo reside en garantizar la notificación automática de los servicios de emergencia en caso de accidente grave, con el fin de reducir las muertes en carretera y paliar la gravedad de las lesiones sufridas en estos accidentes acelerando la llegada de asistencia cualificada y equipada (el principio de la «hora de oro»);

D.

Considerando que la llamada de emergencia eCall se genera automáticamente a través de la activación de los sensores a bordo del vehículo, los cuales, una vez activados, establecen una conexión de voz y datos directamente con los puntos de respuesta de seguridad pública pertinentes (PSAP, Public Safety Answering Point);

E.

Considerando que, conforme a las estadísticas oficiales relativas al sistema eCall, se calcula que una vez integrado plenamente dicho sistema también en los automóviles de los países de la UE se salvarán hasta 2 500 vidas cada año y se reducirá la gravedad de los heridos entre un 10 y un 15 %;

F.

Considerando que la llamada eCall beneficia a los usuarios de la carretera que viajen por su país o por el extranjero y que tal vez no estén familiarizados con las carreteras y con su localización exacta en caso de accidente;

G.

Considerando que el sistema eCall permite que se efectúen llamadas de emergencia sin dificultades de idioma en virtud de los datos digitales incluidos en el formato de mensaje MSD (conjunto mínimo de datos), que probablemente reduzcan los malentendidos y la tensión y ayudan a eliminar las barreras lingüísticas entre los ocupantes del automóvil y el operador del PSAP, lo cual es importante en un entorno europeo en el que conviven multitud de lenguas;

H.

Considerando que la implementación de un servicio eCall a escala de la UE en todos los vehículos y en todos los países ha sido una de las principales prioridades de la Unión en el contexto de la seguridad vial desde 2002 y que forma parte del Programa de acción europeo de seguridad vial 2011-2020 como medio para mejorar la seguridad vial y contribuir a la consecución del objetivo de reducir el número de muertos y heridos en carretera en Europa;

I.

Considerando que la Directiva 2010/40/UE incluye «el suministro armonizado de un número de llamada de emergencia en toda la Unión (eCall)» entre sus acciones prioritarias y obliga a la Comisión a que adopte a más tardar a finales de 2012 las especificaciones comunes para mejorar los PSAP;

J.

Considerando que los Estados miembros siguen siendo responsables del tipo de organización de los PSAP que reciben las llamadas eCall, ya sea una organización pública o una organización privada que actúe por delegación de un organismo público;

K.

Considerando que el Memorando de acuerdo para el desarrollo de un servicio eCall interoperable en Europa ha sido firmado hasta la fecha por 22 Estados miembros, 5 Estados asociados y más de 100 organismos; considerando que otros dos Estados miembros han expresado su apoyo a la implantación obligatoria de la llamada eCall;

L.

Considerando que el Parlamento ha manifestado su apoyo a la introducción del sistema eCall en numerosas ocasiones, incluido el apoyo a su implantación obligatoria, hecho que crearía entre los ciudadanos una sensación de mayor seguridad en sus desplazamientos;

M.

Considerando que la política de la Comisión desde 2003 ha consistido en un enfoque voluntario encaminado a la implantación en la UE, pero que no ha logrado progresos significativos hasta la fecha;

N.

Considerando que, en su Comunicación de 2009 titulada «eCall: el momento de implantarlo», la Comisión indicaba que, si no se habían registrado avances significativos a finales de 2009 en términos tanto de disponibilidad del dispositivo eCall en los vehículos como de las inversiones necesarias en la infraestructura de los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP), propondría medidas reglamentarias;

O.

Considerando que, según los resultados de la consulta pública llevada a cabo por la Comisión en 2010 sobre la aplicación del sistema eCall, más del 80 % de los encuestados considera útil el sistema eCall y desearía que su vehículo lo tuviera instalado;

P.

Considerando que los motociclistas son el grupo de usuarios que mayor dificultad pueden tener en avisar a los servicios de emergencia en caso de verse involucrados en un accidente en carretera;

Q.

Considerando que los vehículos agrícolas e industriales, en particular los tractores agrícolas, suelen operar en zonas remotas y aisladas, por lo que frecuentemente no pueden avisar a los servicios de socorro en caso de accidente;

R.

Considerando que en la actualidad existen servicios privados de llamadas de emergencia a bordo de vehículos, y que su implantación en Europa va en aumento, pero que ninguno de ellos ofrece una cobertura completa a escala de la UE y que su penetración en el mercado abarca menos del 0,4 % de la flota de vehículos, mientras que algunos de los servicios introducidos han quedado desmantelados debido a fallos de mercado, dejando al usuario sin servicio de llamadas de emergencia desde el vehículo durante la vida útil del vehículo;

S.

Considerando que la tecnología está lista y que la industria y las autoridades públicas están perfeccionando y comprobando las normas comunes acordadas a escala de la UE, en proyectos piloto;

T.

Considerando que la Comisión anunció públicamente en 2011 que presentaría, durante el primer trimestre de 2012, un nuevo Reglamento que incluiría el sistema eCall como un requisito adicional en el marco normativo de homologación de los vehículos de motor;

1.

Acoge con satisfacción la recomendación de la Comisión de 8 de septiembre de 2011 e insta a los Estados miembros y a los operadores de redes móviles (ORM) a aplicar sus medidas y mejoras necesarias a más tardar para finales de 2014; lamenta, sin embargo, que solo 18 Estados miembros respondieran a tiempo; insta a los Estados miembros restantes a que hagan lo propio lo antes posible;

2.

Lamenta los retrasos y la falta de progresos en la implantación voluntaria del sistema eCall hasta la fecha y el hecho de que tres Estados miembros no hayan firmado el Memorando de acuerdo de eCall o no hayan manifestado su apoyo a la implantación del sistema eCall; pide, por tanto, a aquellos Estados miembros que aún no lo hayan hecho que firmen el Memorando de acuerdo para el desarrollo de un servicio eCall interoperable a escala europea, e insta a todas las partes implicadas a que actúen simultáneamente a fin de que se implante este servicio;

3.

Subraya la existencia de importantes desajustes en el funcionamiento del número europeo 112 para emergencias sobre el que se basa la llamada eCall; insta a los Estados miembros a que aborden estos desajustes con carácter urgente y, asimismo, insta a la Comisión a que intensifique su actividad de seguimiento de este proceso;

4.

Considera que el sistema eCall debe ser un sistema público de llamadas de emergencia a escala europea, integrado en el vehículo y basado en unos estándares paneuropeos comunes y en los estándares del número 112 para garantizar la neutralidad tecnológica, a fin de asegurar un servicio fiable, de calidad, asequible y de fácil uso que pueda funcionar perfectamente y con interoperabilidad en todos los automóviles con cobertura en toda Europa, independientemente de la marca, el país o la ubicación real del vehículo, maximizando de ese modo los beneficios del sistema eCall para todos los usuarios de la carretera, incluidas las personas discapacitadas con necesidades especiales;

5.

Subraya los efectos positivos del sistema eCall, en términos no solo de mejorar la gestión de incidentes, de reducir la congestión de tráfico producida por los accidentes y de evitar accidentes secundarios, sino también y sobre todo, de acelerar la llegada de los servicios de rescate, reduciendo con ello la mortalidad y la gravedad de las lesiones derivadas de los accidentes en carretera y mejorando la confianza de los europeos que viajan a otros Estados miembros;

6.

Considera que, si la introducción de la llamada eCall se deja a discreción de las fuerzas del mercado, el sistema de llamada eCall solamente beneficiará a aquellas personas que puedan permitirse adquirir vehículos de alta gama, mientras que la implementación obligatoria del sistema integrado en todos los vehículos daría lugar a unos costes menos elevados y a una implementación universal en toda Europa;

7.

Recuerda que la Evaluación de impacto de la Comisión refleja que la adopción de medidas normativas con vistas a la introducción obligatoria del sistema de llamada eCall es la única opción posible en estos momentos para lograr todos los resultados positivos;

8.

Insta a la Comisión a presentar una propuesta en el marco de la Directiva 2007/46/CE a fin de garantizar la implantación obligatoria de un sistema eCall público basado en el número 112 para 2015 en todos los vehículos nuevos homologados y en todos los Estados miembros;

9.

Considera que el sistema público eCall debe ser gratuito y obligatorio y que debe instalarse en todos los vehículos nuevos que se inscriban en el ámbito de aplicación de la presente propuesta;

10.

Considera que el servicio público eCall debe ser sencillo, asequible, operativo y accesible para todos, independientemente del vehículo y de su ubicación en el territorio de la Unión Europea;

11.

Rechaza la idea de que la aplicación de los aspectos del sistema eCall a bordo del vehículo pueda introducirse gradualmente durante un período prolongado de tiempo;

12.

Insta a la Comisión a que proponga cualquier otra medida normativa necesaria para evitar retrasos adicionales, que podrían dar lugar a accidentes evitables;

13.

Considera que, aunque el análisis de coste-beneficios puede desempeñar un papel importante a la hora de generar datos en los que basar decisiones complejas relacionadas con las inversiones y la asimilación de la tecnología, su mérito puede resultar cuestionable si una parte importante del análisis implica la estimación del valor de la vida humana;

14.

Insta a la Comisión a que, a la hora de evaluar el impacto de la implementación del sistema eCall en la UE, no solo tenga en cuenta la inversión y los costes operativos, sino también los beneficios sociales resultantes de la implementación de dicho sistema;

15.

Insta a la Comisión a establecer unas normas claras sobre la responsabilidad de las partes interesadas implicadas en el sistema eCall;

16.

Insta a la Comisión a que valore la posibilidad de que se generen falsas alarmas a través de los sistemas de llamada eCall, la influencia de estas en los servicios de urgencia diarios, la necesidad de determinar la gravedad de los accidentes y de diferenciar las señales de emergencia, así como la información que debe ser transmitida a los servicios de emergencia a fin de garantizar una respuesta eficiente; insta a la Comisión a que proponga soluciones concretas a estos problemas, en caso de que sea necesario;

17.

Acoge con agrado la creación de la Plataforma Europea para la Implantación de eCall y requiere a las partes interesadas pertinentes y a los representantes de los Estados miembros que participen a fin de garantizar una introducción armonizada del sistema eCall;

18.

Pide a la Comisión que considere la posibilidad de ampliar el sistema eCall para incluir otros vehículos en un futuro cercano, tales como vehículos pesados, autobuses y autocares y vehículos de dos ruedas con motor, y que evalúe una posible extensión a los tractores agrícolas y los vehículos industriales;

19.

Considera que el uso de dispositivos de llamada eCall postventa debería permitirse en los vehículos existentes;

20.

Señala que resulta fundamental garantizar que todos los PSAP de todos los Estados miembros estén muy bien equipados para que haya un nivel uniforme de protección de todos los ciudadanos en el territorio de la Unión y, por lo tanto, insta a la Comisión a que proponga una legislación que exija que los Estados miembros modernicen sus infraestructuras de servicios de respuestas de emergencia y formen adecuadamente a los teleoperadores a fin de poder manejar el sistema eCall en 2015 del modo que mejor se adapte a sus estructuras nacionales y que las haga accesible a todos;

21.

Insta a la Comisión a que adopte las especificaciones comunes para los PSAP dentro del marco de la Directiva STI a finales de 2012 y a que proponga una directiva sobre la aplicación del sistema eCall;

22.

Aprecia la buena voluntad de los operadores de redes móviles (ORM) para atender llamadas eCall como cualquier otra llamada al 112 y sugiere que estos, junto con los Estados miembros, informen anualmente a la Comisión de los avances realizados y las dificultades con las que se han encontrado, en concreto en relación con el indicativo eCall;

23.

Acoge con agrado el hecho de que el establecer una conexión de voz entre los ocupantes del vehículo y los operadores del PSAP que atienden a llamadas de emergencia, posibilitando una comunicación mutua, reduce tanto el riesgo de respuestas inapropiadas como el despliegue innecesario de los servicios de emergencia, por ejemplo en caso de accidentes leves;

24.

Subraya que es cada vez más evidente la necesidad de contar con un protocolo común de transferencia de datos para la transmisión de esa información a los centros de llamadas de emergencia y a los servicios de emergencia, con el fin de evitar el peligro de confundir o malinterpretar los datos que se transmiten; señala que la transmisión de información a los centros de llamadas de emergencia a cargo de operadores de redes de telefonía móvil debe determinarse de un modo transparente e imparcial;

25.

Recuerda que el disponer de datos electrónicos en los PSAP puede incluso suponer ventajas adicionales, tales como unas directrices avanzadas para que los miembros de los servicios de emergencia sean informados debidamente sobre los nuevos peligros a los que se pueden enfrentar debido a la implementación de coches eléctricos y de otros nuevos sistemas de propulsión;

26.

Considera que deben promoverse vínculos entre los PSAP y los operadores de carreteras para mejorar la gestión de incidentes, en consonancia con las recomendaciones de la Plataforma Europea para la Implantación de eCall (EeIP, European eCall Implementation Platform);

27.

Apoya el intenso trabajo realizado dentro del proyecto HeERO (proyecto piloto eCall europeo armonizado) sobre la autentificación transfronteriza del servicio piloto de la llamada eCall; pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen la cooperación entre los PSAP nacionales y los servicios de respuesta de emergencia, en particular en los puntos fronterizos en Europa, y que fomenten el desarrollo de actividades de formación conjunta y el intercambio de mejores prácticas, con miras a mejorar la eficacia en toda la cadena de prestación de servicios de emergencia;

28.

Pide a la Comisión Europea que garantice asimismo que el sistema de eCall y los vínculos con los PSAP sean compatibles también con sistemas de interacción con la infraestructura y con los sistemas inteligentes a bordo (como las barreras de protección inteligentes que avisan de la eventualidad accidentes, los sistemas inteligentes de velocidad a bordo, etc.);

29.

Considera que un servicio público de eCall a escala de la UE puede coexistir con servicios de emergencia privados, a condición de que se cumplan todos los estándares de funcionamiento tanto del servicio público como del servicio privado, y que, independientemente de si el comprador del vehículo opta o no por una solución privada, todos los vehículos tengan instalado el servicio eCall público a fin de garantizar la continuidad del servicio en todos los Estados miembros, durante la vida útil del vehículo;

30.

Subraya que el sistema eCall debe ser de fácil uso, y hace hincapié en que debe ofrecerse a los consumidores una descripción realista del sistema, junto con información completa y fiable sobre las funciones adicionales o los servicios vinculados a las aplicaciones privadas de llamadas de emergencia o asistencia a bordo de los vehículos ofrecidas, y en relación con el nivel de servicio que quepa esperar al adquirir estas aplicaciones así como los costes asociados;

31.

Pide que, cuando un consumidor que se abone a un servicio privado de llamada de emergencia opte por no utilizar dicho servicio o esté viajando a un país donde no se ofrezca ese servicio, el servicio público de eCall basado en el número 112 esté automáticamente disponible;

32.

Considera que los proveedores de servicios privados de eCall también tienen la posibilidad de migrar al servicio eCall por toda Europa en cualquier momento, al tiempo que sigan prestando otros servicios de llamada;

33.

Insta a las empresas de la UE a implicarse en el desarrollo de las aplicaciones para los servicios y las infraestructuras necesarias del sistema eCall, a fin de estimular la innovación a escala de la UE;

34.

Subraya el hecho de que el sistema eCall no debe permitir bajo ningún concepto la trazabilidad del recorrido de un vehículo, lo cual significa que debe permanecer inactivo hasta que se active una llamada de emergencia, de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de trabajo de protección de datos previsto en el artículo 29; recuerda que el objetivo prioritario del servicio eCall es mejorar la gestión de los accidentes, y que los datos proporcionados por el servicio eCall no pueden utilizarse en modo alguno para vigilar y estudiar los desplazamientos de un persona o identificar su ubicación cuando esta no haya tenido ningún accidente;

35.

Insiste en que deben incluirse unas normas adecuadas que respeten la transparencia para el tratamiento de los datos personales relativos a las eCalls, no solo por parte de los ORM, sino también por parte de todos los demás agentes involucrados, incluidos los fabricantes de vehículos, los PSAP y los servicios de emergencia, a fin de garantizar el respeto de los principios de privacidad y protección de datos de carácter personal, en virtud de las Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE y de la legislación nacional; subraya que cualquier legislación futura debe aclarar las responsabilidades al amparo de la Directiva 95/46/CE sobre las diferentes partes implicadas en la eCall, así como las distintas formas de proporcionar información a los interesados y de facilitar el ejercicio de sus derechos;

36.

Destaca que los servicios de eCall privados deben respetar los principios de privacidad y protección de datos, previendo, en particular, un consentimiento informado así como la posibilidad de prescindir del servicio, de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de trabajo de protección de datos previsto en el artículo 29; hace hincapié en que el consentimiento informado de los consumidores debe basarse en una información completa sobre el volumen de los datos recopilados y el fin para el que se han recopilado, y en que los consumidores deben poder retirar su consentimiento en cualquier momento;

37.

Subraya que el propietario o el arrendatario de un vehículo debe decidir, como consumidor informado, quién obtiene acceso a los datos sobre los servicios privados de eCall vinculados al vehículo;

38.

Hace hincapié en que el sistema eCall utiliza componentes técnicos (posicionamiento por satélite, capacidades de procesamiento y comunicación) que sirven también de base para varias aplicaciones y servicios a bordo del vehículo;

39.

Considera que, a fin de garantizar la libre elección por parte de los clientes, el sistema eCall a bordo del vehículo debe ser gratuito y aplicable indistintamente a todas las partes interesadas, tales como los proveedores de productos y servicios postventa, proveedores de equipos, talleres y proveedores de servicios independientes, servicios de asistencia en carretera y otros servicios conexos; pide a la Comisión que garantice que el sistema eCall se base en una plataforma interoperable y de acceso abierto para un posible futuro de servicios o aplicaciones a bordo, a fin de fomentar la innovación e impulsar la competitividad de la industria de la tecnología de la información europea en los mercados mundiales; insiste en que dichas aplicaciones y servicios deberán seguir siendo facultativas;

40.

Considera que la libre elección por parte de los clientes y el libre acceso por parte de los proveedores de servicios deben pasar a formar parte de los criterios de diseño de la plataforma del fabricante del equipo original (OEM) a bordo de vehículos y que las interfaces relacionadas a bordo del vehículo deben normalizarse a fin de permitir una competencia justa y fomentar la innovación en el mercado de la telemática europeo;

41.

Subraya que cualquier servicio adicional que vaya a utilizarse a bordo de un vehículo, especialmente mientras se conduce, tendrá que cumplir unas normas claras en materia de seguridad, protección y privacidad de datos, y que el cumplimiento de dichas normas ha de medirse y controlarse;

42.

Recuerda que EGNOS y Galileo pueden contribuir en gran medida a gestionar el tráfico viario y las intervenciones en casos de emergencia, siendo necesaria una campaña de información para aprovechar a mayor escala las oportunidades que ofrece este sistema en relación con la aplicación del eCall;

43.

Considera que debe permitirse que los Estados miembros establezcan sistemas de filtrado eCall para los PSAP, que permitan la rápida identificación de las llamadas urgentes, evitando con ello la congestión de los centros de llamadas al tiempo que se incrementa la eficacia de los servicios de emergencia; considera que la Comisión debe apoyar los esfuerzos desplegados en este sentido;

44.

Pide a los Estados miembros que, en colaboración con la Comisión, desarrollen y ejecuten programas nacionales de aplicación piloto del sistema automático europeo de llamadas de emergencia en los vehículos (eCall), con el fin de evidenciar los posibles problemas que puedan surgir y preparar así el terreno para la aplicación obligatoria del sistema en cuestión en todos los Estados miembros, prevista para 2015;

45.

Solicita que se incluya en todos los vehículos una interfaz eCall normalizada, el llamado «botón eCall», que sea fácilmente identificable por las personas con discapacidades, con el fin de evitar malentendidos y un posible uso erróneo del sistema; insta a la Comisión y a los organismos europeos de normalización a que propongan una norma armonizada para el mecanismo de activación manual;

46.

Insta a la Comisión a que evalúe el posible impacto de la llamada eCall en el gasto de los sistemas de la sanidad pública; en este sentido, insta a los Estados miembros a que convengan en una definición armonizada sobre daños graves;

47.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus actividades en lo que respecta al suministro de una información práctica amplia a través del desarrollo de una estrategia de comunicación dirigida y de largo alcance, a la realización de campañas coordinadas de concienciación sobre el sistema eCall y sobre sus beneficios, su utilización y sus funcionalidades también en términos de seguridad para los ciudadanos europeos, a fin de generalizar el conocimiento y la demanda de este tipo de servicios de emergencia y de minimizar el riesgo de malentendidos o de un uso erróneo de los mismos;

48.

Recomienda que la Comisión se encargue de que el servicio eCall sea interoperable con otros servicios de emergencia instalados a bordo del vehículo similares a los propuestos en regiones vecinas, como es el caso del servicio ERA-GLONASS;

49.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

29.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 349/27

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 3, 4, 49, 50, 119, 219 y 282,

—

Vista la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (COM(2011)0121),

—

Vista la Declaración de la OCDE sobre inversiones internacionales y empresas multinacionales y sus directrices para las empresas multinacionales (en su versión de 25 de mayo de 2011),

—

Visto el Informe Monti titulado «Una nueva estrategia para el mercado único», publicado el 9 de mayo de 2010,

—

Visto el Informe de 2011 sobre las Inversiones del Mundo de la UNCTAD,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una política global europea en materia de inversión internacional» (COM(2010)0343),

—

Visto el Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 (COM(2011)0777),

—

Vistas las conclusiones de la 3133a sesión del Consejo sobre el Foro del Mercado Único,

—

Visto el Reglamento (UE) no 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro (1),

—

Visto el Reglamento (UE) no 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro (2),

—

Visto el Reglamento (UE) no 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (3),

—

Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (4),

—

Visto el Reglamento (UE) no 1177/2011 del Consejo, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (5),

—

Visto el Reglamento (UE) no 1311/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo en lo que se refiere a una serie de disposiciones relativas a la gestión financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con su estabilidad financiera (6),

—

Vista la Directiva 2011/85/UE del Consejo, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (7),

—

Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos de capital riesgo europeos (COM(2011)0860),

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europea y del Consejo relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero (COM(2011)0453),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012» (COM(2011)0815),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Acta del Mercado Único – Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza – Juntos por un nuevo crecimiento» (COM(2011)0206),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un plan de acción para mejorar el acceso a financiación de las PYME» (COM(2011)0870),

—

Visto el Informe de la Comisión al Consejo Europeo sobre los obstáculos al comercio y la inversión – Comprometer a nuestros socios económicos estratégicos en la mejora del acceso a los mercados: Prioridades de actuación para eliminar los obstáculos al comercio (COM(2011)0114),

—

Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2011, sobre las barreras al comercio y a la inversión (8),

—

Vista la propuesta de Directiva del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras y por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE (COM(2011)0594),

—

Visto el Libro Verde de la Comisión sobre la viabilidad de la introducción de bonos de estabilidad (COM(2011)0818),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Un presupuesto para Europa 2020» (COM(2011)0500, partes I y II),

—

Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Los efectos de las medidas temporales de ayuda estatal adoptadas en el contexto de la crisis financiera y económica» (SEC(2011)1126),

—

Visto el informe sobre «la evolución del mercado laboral en Europa, 2011» de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión,

—

Vistos los informes de la OCDE, la OMC y la UNCTAD sobre las medidas en materia de comercio e inversión del G-20 (de mediados de octubre de 2010 a abril de 2011),

—

Vista la encuesta sobre préstamos bancarios en la zona del euro del Banco Central Europeo para enero de 2012,

—

Vistas las previsiones macroeconómicas para la zona del euro del Banco Central Europeo (diciembre de 2011),

—

Visto el informe sobre la integración financiera en Europa del Banco Central Europeo (mayo de 2011),

—

Visto el Marco de las políticas de inversión de la OCDE,

—

Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (2014 - 2020) (COM(2011)0834),

—

Vista su Posición, de 19 de abril de 2012, sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS) (9),

—

Visto el informe de la Comisión titulado «Dinámica empresarial: empresas en fase inicial, traspasos de negocios y quiebra» (enero de 2011),

—

Visto el Informe del Banco Mundial titulado «Hacer negocios 2012: Hacer negocios en un mundo más transparente»,

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Erasmus para todos: el Programa de educación, formación, juventud y deporte de la UE» (COM(2011)0787),

—

Visto el informe de la Comisión titulado «Evaluación intermedia del proyecto piloto/acción preparatoria "Erasmus para Jóvenes Emprendedores" (2011)»,

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública (COM(2011)0896),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0190/2012),

A.

A. Considerando que la crisis económica, financiera y presupuestaria que sufre la UE ha ampliado considerablemente las diferencias económicas y sociales entre los Estados miembros y las regiones, lo que ha tenido por resultado una distribución desigual de las inversiones hacia el interior y hacia el exterior en toda la Unión Europea;

B.

Considerando que es necesario establecer un marco de estabilidad coherente en la política monetaria, presupuestaria y comercial, a fin de facilitar el flujo de inversiones directas en todos los Estados miembros y regiones de la UE, contribuyendo de este modo a corregir los desequilibrios macroeconómicos;

C.

Considerando que la reunión informal de los miembros del Consejo Europeo de 23 de mayo de 2012 destacó la necesidad de movilizar las políticas de la UE para respaldar plenamente el crecimiento, redoblar los esfuerzos dirigidos a financiar la economía mediante inversiones y reforzar la creación de empleo;

D.

Considerando que, de acuerdo con las últimas previsiones intermedias de la Comisión, la UE adolece de un crecimiento débil, y las tasas de crecimiento previstas presentarán diferencias significativas entre los distintos Estados miembros, las cuales se verán afectadas por la continua incertidumbre y la falta de confianza entre los consumidores y los mercados;

E.

Considerando que la Unión debería sacar mayor provecho de sus puntos fuertes, como el alto nivel de consumo, la educación y la calidad de vida, la capacidad de investigación y de innovación, la gran eficiencia y productividad de la mano de obra, así como un entorno económico respetuoso y motivador, a fin de superar la crisis presupuestaria y mejorar el crecimiento y el empleo;

F.

Considerando que la financiación de la deuda pública de los Estados miembros absorbe recursos para la inversión, el crecimiento y el empleo, en tanto que la fuga de capitales de determinados Estados miembros a otros Estados miembros, así como a determinados países terceros puede contribuir a empeorar la situación de la balanza de pagos de la UE;

G.

Considerando que el crédito bancario, que es la fuente de financiación más importante de la zona del euro, la cual representa más que la financiación de renta variable y fija juntas, mientras que en los Estados Unidos y otras regiones del mundo el crédito bancario supone un porcentaje más reducido de la financiación total, se ha visto sumamente afectado por los recientes acontecimientos;

H.

Considerando que el potencial de crecimiento establecido por sectores, como las tecnologías ecológicas, la sanidad y los cuidados, la educación y la economía social pueden generar y estimular las inversiones aumentando la demanda correspondiente, lo cual impulsaría a su vez las inversiones;

I.

Considerando que existe la necesidad de supervisar y revisar el impacto y la aplicación de las regulaciones financieras de la UE para garantizar que no se crean cargas administrativas innecesarias ni se obstaculizan las inversiones extranjeras directas en la UE;

J.

Considerando que el informe más reciente de la UNCTAD muestra que la UE aún tiene una gran capacidad para atraer inversiones extranjeras directas;

K.

Considerando que las inversiones internas en la Unión pueden ampliar de forma significativa los mercados para las inversiones extranjeras directas a través de mejoras en una infraestructura sostenible para los negocios, la educación, la investigación y el desarrollo;

L.

Considerando que las inversiones están compuestas por dos pilares, la inversión pública y la inversión privada, y que esta última está compuesta por inversiones nacionales y extranjeras;

M.

Considerando que, con el fin de contrarrestar la dependencia excesiva de las importaciones de petróleo, gas y otras fuentes no renovables, es preciso realizar grandes inversiones en energía renovable y en la eficiencia de la energía y los recursos;

N.

Considerando que la deuda soberana europea y los riesgos de refinanciación, así como las deficiencias y obstáculos al comercio y a la plena realización del mercado interior, incluidos los obstáculos no arancelarios y la limitación de datos, pueden reducir la capacidad de de la UE para atraer a inversores, tanto europeos como internacionales;

O.

Considerando que, con respecto a la competitividad y al espíritu empresarial, los principales retos que las empresas de la Unión siguen afrontando son las dificultades a la hora de acceder a la financiación para las PYME, un bajo espíritu empresarial (a solo el 45 % de los ciudadanos europeos les gustaría ser autónomos, en comparación con el 55 %, por ejemplo, en Estados Unidos), un entorno empresarial que no conduce a la creación de nuevas empresas y al crecimiento, caracterizado por una persistente fragmentación reguladora y la burocracia, una capacidad limitada por parte de las PYME de adaptarse a una economía eficiente de la energía y los recursos y de expandirse hacia mercados más allá de su país de origen, tanto en el mercado único como fuera del mismo;

P.

Considerando que según el índice «Hacer negocios» más reciente del Banco Mundial, los Estados miembros de la UE representan únicamente el 40 % (y los miembros de la zona del euro solo el 26 %) de los 35 principales países en cuanto al espíritu empresarial a escala mundial;

Q.

Considerando que, como señala el Informe de la Comisión sobre el mecanismo de alerta (COM(2012)0068), las restricciones en los presupuestos nacionales y las elevadas tasas de desempleo destacan la necesidad de introducir reformas estructurales efectivas a fin de mejorar el entorno económico, en particular en lo que se refiere a la balanza por cuenta corriente, las cuotas en los mercados de exportación y la deuda privada y pública, así como de reducir la burocracia y optimizar el valor añadido de los Fondos Estructurales y las actividades del Banco Europeo de Inversiones, también en los países que se benefician de la Política Europea de Vecindad;

R.

Considerando que las inversiones sociales bien dirigidas resultan cruciales para garantizar un elevado nivel de empleo a largo plazo, estabilizar la economía, mejorar el capital humano y aumentar la competitividad de la UE;

S.

H. Considerando que las tendencias de las inversiones extranjeras directas son uno de los indicadores clave que utiliza la Comisión en el cuadro de indicadores para la supervisión de los desequilibrios macroeconómicos;

T.

Considerando que los estudios realizados por el PNUMA y la OIT muestran que la inversión en la formación del capital humano es crucial para atraer las inversiones en los sectores de la economía ecológica y explotar su alto potencial de crecimiento;

U.

Considerando que el flujo de inversiones extranjeras directas en la UE, en especial si está dirigido a reducir las diferencias entre los Estados miembros, tiene efectos positivos en la economía real, la balanza de pagos, la competitividad, el empleo y la cohesión social, al tiempo que estimula también el desarrollo tecnológico, la innovación, las cualificaciones y la movilidad de la población activa;

V.

Considerando que la definición de subobjetivos nacionales anuales para los ámbitos en los que se sustenta un entorno atractivo y competitivo para los inversores internacionales, de acuerdo con los parámetros de la OCDE, ayudarán a poner de relieve las deficiencias y fortalezas nacionales, así como las oportunidades de intervenciones específicas;

W.

Considerando que el objetivo de mantener la tasa de inflación por debajo del 2 % de la zona del euro y del BCE para dicha zona contribuye a establecer un marco de estabilidad que ayuda a atraer inversiones;

X.

Considerando que la evolución de los mercados europeos de la deuda pública depende en gran medida de la ampliación de la base de inversión;

Y.

Considerando que, en su propuesta para una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (CCCTB), la Comisión no extendió la armonización a los tipos del impuesto sobre sociedades, que se pretende que sigan siendo competencia de los Estados miembros, y que deben adoptarse otras medidas para conseguir que el sistema tributario de la Unión sea más transparente y menos complejo para los inversores extranjeros, al tiempo que se coordinan los sistemas tributarios en toda Europa;

Z.

Considerando que el proteccionismo comercial está ganando terreno en todo el mundo, y que, por consiguiente, en su condición de mercado líder en las inversiones extranjeras y locales, la Unión Europea debe proseguir las negociaciones en favor de acuerdos de libre comercio que promuevan una relaciones comerciales abiertas y equitativas plasmadas en una normativa común internacional en materia de protección social y ambiental cuando se trate de proteger sus ventajas comerciales competitivas;

AA.

Considerando que existen todavía en la Unión Europea importantes obstáculos para la prestación de servicios transfronterizos, que impiden el correcto funcionamiento del mercado libre;

AB.

Considerando que, de acuerdo con los Tratados de la UE, la política comercial común, que incluye las inversiones extranjeras directas, es competencia exclusiva de la UE, y que el Parlamento Europeo y el Consejo operan en igualdad de condiciones en este ámbito, ya que se aplica el procedimiento legislativo ordinario;

1.

Destaca que la UE sigue siendo el primer destino de las inversiones extranjeras directas, y que, como tal, debe seguir cumpliendo las expectativas de los Estados inversores y beneficiarios, al tiempo que cumple los objetivos económicos, sociales y ambientales más amplios de la UE, protegiendo de este modo su puesto de liderazgo a nivel europeo y nacional;

2.

Considera que la política de cohesión es clave para corregir los desequilibrios macroeconómicos y regionales a nivel de la UE y debería ser una política clave del mercado interior para aumentar la competitividad, la productividad, el crecimiento y la creación de empleo, lo que a su vez puede incrementar el interés de invertir en la UE; destaca que, gracias a las inversiones de la política de cohesión en infraestructuras y en formación de la mano de obra puede aumentar notablemente el interés de los potenciales inversores;

3.

Insta a la Comisión a que mejore la cooperación reguladora internacional, incluidos los foros multilaterales, y la convergencia de los requisitos reguladores sobre la base de normas internacionales, y, en su caso, a que emprenda un diálogo en materia de regulación para abordar los actuales y los potenciales obstáculos al comercio, a fin de limitar los litigios y los costes comerciales afines;

4.

Considera que la consolidación y la estabilización presupuestarias, así como la plena realización del mercado interior, deberían llevarse a cabo sobre la base de una evaluación del valor añadido que puedan procurar; estima que una cooperación reforzada entre los organismos económicos y una mayor complementariedad de las economías de la UE contribuirían a reducir las diferencias en las inversiones extranjeras directas, a consolidar la base industrial europea y a promover un desarrollo sostenible a largo plazo, lo cual es una condición previa fundamental para alcanzar con éxito una consolidación presupuestaria efectiva;

5.

Destaca que es crucial mantener el interés estratégico de los inversores europeos en el desarrollo de sus actividades dentro de la UE, teniendo en cuenta que, en el contexto de la crisis económica y financiera a escala más amplia, el sentimiento negativo del mercado y la incertidumbre generada por la crisis de la deuda, así como la falta de respuestas rápidas, llevan a los inversores a reducir su exposición al riesgo en la región; señala que la falta de inversiones interiores coordinadas a largo plazo dañará considerablemente el interés futuro por invertir en la UE por parte de dichos inversores; reconoce que un enfoque multinivel de la gobernanza, que implique a las comunidades locales en las fases apropiadas, es fundamental para garantizar que las inversiones se destinen a solucionar las necesidades específicas de cada región y de cada Estado miembro;

6.

Pide a la Comisión que presente una comunicación sobre el interés de invertir en Europa, en comparación con sus principales socios y competidores, en la que identifique las principales ventajas y desventajas del entorno inversor de la UE, y que elabore una estrategia integrada que incluya políticas y recomendaciones concretas, así como, en su caso, propuestas legislativas dirigidas a mejorar dicho entorno;

7.

Estima que la UE debería aprovechar plenamente su condición de mayor mercado único común (con un alto nivel de vida, una elevada productividad laboral, seguridad jurídica y capacidad de investigación e innovación), inversor extranjero y operador comercial a escala mundial para afrontar la crisis de la deuda, al tiempo que destaca la necesidad de contar con instrumentos y métodos más eficaces, nuevos mecanismos de financiación y programas de inversión, como los bonos vinculados a proyectos de la UE, capaces de aprovechar las ventajas competitivas de la Unión y la complementariedad de sus Estados miembros para alcanzar los objetivos de la estrategia para el crecimiento Europa 2020, con el fin de combatir la recesión y afrontar el desafío del bajo crecimiento;

8.

Insta a la UE a que introduzca la inversión como un elemento clave de todas las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020, con el fin de satisfacer la urgente necesidad de crecimiento y empleo y aprovechar su importante contribución para hacer frente a la crisis presupuestaria; pide, en particular, a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen una estrategia industrial ambiciosa, eficiente en el plano ecológico y sostenible que revitalice la capacidad manufacturera en toda la UE y genere puestos de trabajo altamente cualificados;

9.

Destaca, en particular, el enorme potencial para atraer inversiones extranjeras directas mediante la promoción de la educación, la investigación, el desarrollo y la creación de empleo en los sectores de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el desarrollo de fuentes de energía renovables y el aumento de la eficiencia energética, a fin de cumplir los objetivos de 2020 y hacer que la UE se convierta en un líder mundial en la tecnología ecológica;

10.

Recuerda que no aumentar las inversiones públicas con recursos financieros sostenibles, como consecuencia de la crisis presupuestaria, o incluso reducirlas en sectores cruciales como la salud, la educación, la investigación y las infraestructuras podría tener un efecto adverso en la competitividad y el interés de los inversores, en especial si este enfoque se convierte en un patrón a largo plazo; es necesario, por tanto, aumentar las inversiones públicas de forma sostenible;

11.

Apoya el programa «Erasmus para todos», recientemente propuesto, que puede incrementar de forma significativa los fondos asignados a la movilidad y el desarrollo de conocimiento, la formación y las capacidades, a fin de impulsar el desarrollo personal de los jóvenes y las perspectivas de empleo, contribuyendo de este modo a mejorar el potencial humano y abordar el problema de la elevada tasa de desempleo juvenil en Europa; apoya el programa «Erasmus para las empresas» y, en particular, el programa de intercambio «Erasmus para jóvenes emprendedores», que impulsará la creación de nuevas empresas, la transferencia transfronteriza de conocimientos, la cooperación entre pequeñas empresas, la innovación y la creación de empleo;

12.

Propone mejorar y ampliar la base de datos estadísticos sobre inversiones directas, de conformidad con las normas internacionales de la OCDE y del Banco Mundial, así como establecer objetivos e indicadores complementarios de inversión a escala nacional (entorno urbano e infraestructuras sociales), con el fin de destacar los avances hacia un entorno de inversión atractivo, evaluando al mismo tiempo las políticas en materia de inversión y sus consecuencias positivas en la economía real y el empleo de los distintos países y regiones;

13.

Considera que la estrategia para atraer inversiones extranjeras y locales debe vincularse a la plena realización del mercado interior, las inversiones transfronterizas y sus flujos, la apertura de los mercados y la mejora del acceso al mercado y la competencia leal para las profesiones liberales, teniendo en cuenta el gran número y variedad de nuevas oportunidades; considera, a este respecto, que la UE debe promover las redes transeuropeas y la movilidad de los trabajadores, estudiantes e investigadores, así como reforzar la cooperación y la complementariedad de las economías de la UE;

14.

Destaca la urgente necesidad de reducir los obstáculos fiscales para los trabajadores y los empresarios transfronterizos, con el fin de facilitar la movilidad de los ciudadanos y promover las inversiones transfronterizas;

15.

Pide a la UE que negocie a nivel mundial y en el marco de la OMC, el G-20 y el G-8 la introducción de normas comunes que garanticen una competencia leal y en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta los desequilibrios macroeconómicos internacionales en materia de regulación financiera y política fiscal, con el objeto de proteger la competitividad de la UE y garantizar el respeto de los objetivos sociales y ambientales de la Unión; pide a la UE que tenga un papel decisivo en la negociación y celebración de acuerdos mundiales de libre comercio con los principales socios que redunde en la apertura de nuevos mercados de bienes y servicios, aumente las oportunidades de inversión, facilite el comercio abierto y leal y promueva un entorno político más predecible; destaca la importancia que reviste avanzar en la negociación de un impuesto sobre las transacciones financieras a nivel global;

16.

Considera que la creación en el seno de la Comisión Europea de un Observatorio Europeo ad hoc para las inversiones extranjeras directas podría contribuir a reforzar la coordinación de las políticas de los Estados miembros en este ámbito y facilitar al mismo tiempo la supervisión de las políticas aplicadas, incluidos sus efectos macroeconómicos, con el fin de promover Europa como destino de las inversiones;

17.

Pide a la Comisión que refuerce la coordinación de las políticas económicas, fiscales y sociales de los Estados miembros con miras a atraer inversiones extranjeras, y que tenga en cuenta al mismo tiempo las divergencias económicas y sociales entre los miembros de la zona del euro y entre los Estados miembros de la UE;

18.

Considera que la UE y los Estados miembros deben tomar medidas dirigidas, en particular, a mejorar la utilización de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión como catalizadores para atraer financiación adicional del BEI, el BERD, otras instituciones financieras internacionales y el sector privado, así como a estimular las iniciativas basadas en la cooperación público-privada, como los bonos vinculados a proyectos de la UE; señala que las PYME en particular se benefician de las inversiones que refuerzan las capacidades, las infraestructuras y el capital humano; reconoce el potencial de alberga la ampliación del ámbito operativo de los instrumentos financieros innovadores, de tal forma que se utilicen en mayor medida como un instrumento para acceder a la financiación que complemente los métodos de financiación tradicionales; destaca que el carácter revulsivo de los instrumentos financieros y un planteamiento flexible para integrarlos en el plano regional podrían tener un efecto multiplicador en el presupuesto de la UE, fomentar la cooperación público-privada, establecer fuentes alternativas de financiación y brindar una nueva e importante fuente de financiación para inversiones estratégicas, apoyando las inversiones sostenibles a largo plazo en un momento de restricciones presupuestarias;

19.

Acoge favorablemente las operaciones de refinanciación a largo plazo (LTRO) del Banco Central Europeo; pide al BCE que siga actuando de forma decidida para resolver la actual crisis de deuda de la zona del euro manteniendo la estabilidad de precios, y que minimice al mismo tiempo los efectos secundarios negativos en la economía real y en las inversiones que podrían generar los problemas de liquidez del sector bancario; considera que el sector bancario debe emprender las iniciativas necesarias para abordar sus debilidades estructurales con respecto a los riesgos de liquidez a largo plazo, con el objeto de restablecer la confianza de los inversores y, por tanto, evitar en el futuro la intervención masiva del BCE; estima que el marco operativo del banco debería estructurarse de tal forma que una parte de las ayudas se destinara para fines de desarrollo y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas;

20.

Considera que la inminente reforma de la Directiva sobre requisitos de capital debería garantizar que el aumento de las reservas de capital para promover la estabilidad a largo plazo del sector bancario no impida que los bancos inyecten liquidez en la economía real, lo cual es vital para el desarrollo de las inversiones;

21.

Destaca la necesidad de profundizar en los mercados de capital europeos para garantizar el acceso a la financiación de fuentes distintas a las bancarias;

22.

Toma nota de las nuevas propuestas de la Comisión para mejorar la regulación del mercado de las agencias de calificación crediticia, en particular la modificación del Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia, y la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), y la Directiva 2011/61/UE relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos, en relación con una dependencia excesiva de las calificaciones crediticias, al tiempo que hace hincapié en la necesidad de adoptar nuevas medidas que garanticen un entorno empresarial sano y una competencia leal;

23.

Pide a la Comisión que evalúe los numerosos obstáculos que impiden la prestación y recepción de servicios transfronterizos en los distintos Estados miembros;

24.

Señala la importancia de las propuestas de la Comisión de modernizar el mercado europeo de contratación pública; destaca que un mercado paneuropeo de contratación pública dinámico puede brindar importantes oportunidades de negocio para las empresas europeas y contribuir de forma significativa a estimular una industria europea competitiva, así como a atraer inversiones y promover el crecimiento económico;

25.

Expresa su preocupación por la tendencia que muestran los inversores institucionales de la zona del euro a abandonar los valores de la zona para adquirir valores emitidos en otras regiones del mundo, en vista i) del creciente papel que desempeñan en el sector financiero de la zona del euro, y ii) del descenso de la tenencia por los fondos de inversión de acciones y otros valores emitidos por residentes de la zona del euro del 26 % en 2009 al 23 % en 2010;

26.

Destaca el papel de los fondos soberanos de terceros países y señala que es necesario reforzar los principios de transparencia y rendición de cuentas para promover sinergias entre la UE y los fondos soberanos;

27.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que alienten a los inversores institucionales a participar en fondos europeos de capital-riesgo y en fondos europeos de empresariado social, y que supriman las restricciones a la oferta de financiación de capital-riesgo en las pequeñas y medianas empresas;

28.

Considera que el empresariado transfronterizo brinda unos beneficios significativos tanto a las regiones de la UE, al contribuir a su desarrollo económico, como a las empresas individuales, ofreciéndoles oportunidades para acceder a mercados nuevos y mayores fuentes de suministro, así como capital, mano de obra y tecnología;

29.

Manifiesta su preocupación por las elevadas cifras de desempleo juvenil que se registran en varios Estados miembros y por las negativas perspectivas de empleo; observa con inquietud la reducida capacidad de la UE para atraer capital humano altamente cualificado, al tiempo que se producen importantes flujos de capital humano de la UE hacia países del Tercer Mundo; reconoce que la UE tiene un amplio potencial en lo que al capital humano altamente cualificado se refiere, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que actúen de forma más decidida para abordar el desempleo juvenil mediante programas y acciones concretas a nivel europeo y nacional; acoge con satisfacción en este sentido la declaración del Consejo Europeo en la que se pide a los Estados miembros que introduzcan programas nacionales similares a la Garantía Juvenil, e insta a los Estados miembros a que respalden esa petición con acciones rápidas y concretas a escala nacional, con el fin de asegurarse de que los jóvenes accedan a un trabajo digno o bien a programas de educación, formación o reciclaje profesional; considera que la Unión Europea debería redoblar sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de empleo de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, centrándose, entre otros aspectos, en la reducción de los impuestos sobre el trabajo, con el fin de hacer más atractivas las inversiones en los sectores de la economía con una elevada intensidad de mano de obra;

30.

Destaca el reto que debe afrontar la Unión en su conjunto y cada uno de los Estados miembros en particular en relación con el envejecimiento de la población; insta a los Estados miembros a que desarrollen estrategias coherentes que traten el desafío demográfico, contrarrestando los potenciales efectos negativos;

31.

Apoya los objetivos de la iniciativa emblemática «Unión por la innovación»; pide a los Estados miembros que dirijan sus inversiones a la educación, la investigación y la innovación, en vista de los efectos positivos a medio y largo plazo que pueden tener en el crecimiento y el desarrollo; apoya la especialización inteligente por tratarse de un principio y un concepto político importantes para la política de innovación y para reforzar los vínculos entre investigación y espíritu empresarial en ámbitos como la tecnología ecológica;

32.

Señala que la lucha contra la evasión fiscal debería ser una prioridad destacada de la Unión Europea, especialmente en el actual contexto de crisis, en el que la evasión fiscal representa una gran pérdida para los presupuestos nacionales, cuando podrían destinarse ingresos suplementarios a reforzar las inversiones públicas; señala la necesidad de garantizar una buena cooperación y coordinación entre la Comisión y los Estados miembros para luchar contra la doble imposición, la doble no-imposición, el fraude fiscal, la evasión fiscal, el dumping y la utilización de los paraísos fiscales para fines ilícitos; reclama, en términos más generales, una mayor coordinación presupuestaria, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, que incluya una cooperación y una coordinación fluidas entre los sistemas fiscales de los Estados miembros, así como la reducción de las cargas administrativas y de los elevados costes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las empresas europeas, que desincentivan la inversión en la Unión; acoge con satisfacción la Posición del Parlamento sobre una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (CCCTB) al tiempo que espera la adopción de la Directiva por parte del Consejo;

33.

Señala que las dificultades para acceder a la financiación sigue siendo uno de los principales problemas de las PYME; expresa su profunda preocupación por el hecho de que las empresas saneadas no puedan obtener la financiación que necesitan; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten rápidamente acciones y medidas reglamentarias para facilitar la financiación de las PYME, como se propone en el Plan de acción de la UE para mejorar el acceso de las PYME a la financiación; destaca que el crecimiento a escala local suele estar apoyado por las PYME y las empresas sociales, y que la financiación de la política de cohesión que se brinda mediante un enfoque sólido de gobernanza multinivel puede asegurar que las PYME y las empresas sociales desarrollen su potencial y sigan contribuyendo de forma valiosa a la competitividad de la UE;

34.

Hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo una revisión general del impacto económico de la regulación financiera de la UE con el fin de garantizar que su aplicación sea proporcionada y no desincentive las inversiones;

35.

Acoge con satisfacción el «Programa para la Competitividad de las Empresas y las PYME» (COSME) propuesto por la Comisión para el período 2014-2020 como un medio para fomentar la cultura empresarial y promover la creación de PYME, principalmente en nuevos sectores, como los servicios de redes sociales y la economía y el turismo ecológicos;

36.

Reclama una nueva legislación concursal eficiente que incluya herramientas de alerta temprana para fomentar una política de segundas oportunidades diseñada para fomentar el espíritu empresarial y el relanzamiento de empresas, dado que las legislaciones nacionales no reconocen de forma apropiada la «segunda oportunidad»; destaca la importancia de reforzar las relaciones en red entre emprendedores y empresarios que vuelven a relanzar empresas, con objeto de promover la «segunda oportunidad», así como la necesidad de abordar la cuestión de las dificultades de financiación que entraña el relanzamiento empresas;

37.

Pide a la Unión que aproveche plenamente las oportunidades de inversión en la UE y fuera de la misma que derivan de la Política Europea de Vecindad y las estrategias macrorregionales;

38.

Pide a la Comisión que incluya en el marcador todos los indicadores pertinentes para medir los desequilibrios macroeconómicos y los efectos en las regiones de la UE;

39.

Recuerda que es importante promover las asociaciones dirigidas a sectores ambientales, que atraen cada vez más el interés de los inversores, teniendo en cuenta los recursos y capacidades de la UE;

40.

Constata con satisfacción que el número de empresas interesadas en invertir en la UE se incrementó en un 5 % en 2011; pese a ello, lamenta que el promedio de empleos creados por proyecto de inversión haya permanecido inalterado;

41.

Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen el Plan de Acción Europeo de Administración Electrónica, que les permite ofrecer servicios de administración electrónica —asimismo a las empresas— más eficientes y a un menor coste, a escala tanto local como transfronteriza;

42.

Reitera que, para atraer más inversiones, la UE y sus Estados miembros deben:

43.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión relativa a un programa centrado en la competitividad de las empresas y las PYME; aplaude los recientes aumentos del capital procedente de inversores informales y del capital-riesgo en muchos Estados miembros, si bien reitera que la UE debería simplificar aún más las normas y el acceso a financiación por parte de las PYME y otros operadores económicos, fomentando los sistemas eficientes de capital procedente de inversores informales y de capital-riesgo en toda la UE y dando mayor relevancia al papel de las inversiones de capital privado y público para financiar el crecimiento empresarial a largo plazo; pide a la Comisión que coopere de forma más activa con las entidades financieras internacionales con miras a crear mecanismos innovadores para la financiación de las PYME;

44.

Destaca la importancia que reviste la promoción de normas que contribuyan a desarrollar la innovación en nuevos productos y servicios, realizar el mercado interior y atraer inversiones a la UE, así como la armonización de las normas europeas con las internacionales;

45.

Reitera su anterior propuesta de que la Comisión, en cooperación con el BEI —en vista de la calidad de los recursos humanos de que dispone este último y de su experiencia en la financiación de grandes infraestructuras—, inicie un proceso de análisis estratégico de la financiación de las inversiones sin excluir ninguna hipótesis, a saber, subvenciones, liberación de fondos suscritos por los Estados miembros de capital del BEI, suscripciones por parte de la UE de capital del BEI, préstamos, instrumentos innovadores, ingeniería financiera adaptada a proyectos a largo plazo que no sean inmediatamente rentables, desarrollo de sistemas de garantías, creación de una sección de inversión en el seno del presupuesto de la Unión Europea, consorcios financieros entre autoridades europeas, nacionales y locales y cooperación público-privada;

46.

Acoge con satisfacción las iniciativas emblemáticas de Europa 2020 tituladas «Una política industrial integrada para la era de la globalización», «Unión por la innovación» y «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», al tiempo que señala que la Estrategia Europa 2020 contribuirá a aumentar el atractivo de las inversiones en la UE, a crear empleo en la Unión y a preservar su competitividad internacional;

47.

Destaca que, en el actual contexto de bajos niveles de crecimiento y elevados niveles de desempleo, la política de cohesión de la UE aporta una importante contribución a la economía europea, así como a la investigación y la innovación europeas y representa la mayor partida de gasto del presupuesto de la UE para inversiones en la economía real, reforzando la cohesión económica, social y territorial mediante la reducción de las disparidades regionales y aplicando la Estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrado, que ofrece un apalancamiento considerable para inversiones públicas y privadas en los niveles nacional, regional y local de la UE;

48.

Destaca que un enfoque discriminatorio para las grandes empresas podría dificultar la innovación y reducir la competitividad de otras empresas de la UE, en particular las PYME, al privarlas de la posibilidad de formar parte de asociaciones globales vitales para la innovación en colaboración y al limitar su acceso a las tecnologías avanzadas;

49.

Se adhiere al principio económico de una política de desarrollo local/regional de base local y arraigada en la lógica fundamental de que el interés de las regiones menos desarrolladas de la Unión puede aumentar si están en condiciones de ofrecer ventajas comparativas competitivas (infraestructura adecuada, recursos humanos cualificados, etc.), así como incentivos sólidos; pide a la Comisión, en este mismo contexto, que apoye a los Estados miembros y las regiones en la aplicación de sus propias políticas de incentivación de las inversiones, en particular de las inversiones a largo plazo —sin olvidar el nivel transfronterizo—, dedicando un interés especial a los proyectos de infraestructuras; observa con pesar que las regiones menos desarrolladas de la UE están perdiendo su atractivo en beneficio de terceros países; insta a las autoridades competentes a que preparen medidas urgentes para mantener las inversiones actuales y atraer inversiones nuevas;

50.

Destaca que la UE posee una enorme ventaja en sus ciudades, y que los grandes proyectos de infraestructuras urbanas y los parques de actividades empresariales innovadoras suponen el factor más importante para atraer inversiones; insta a los Estados miembros a que realicen grandes inversiones en infraestructuras, nuevas tecnologías e I+D, sin olvidar los sistemas de transporte multimodal, con el objetivo de mejorar la habitabilidad y la competitividad de las ciudades europeas, partiendo de sus ventajas tradicionales y velando al mismo tiempo por que las inversiones no vayan en detrimento de la verdadera cohesión territorial y un desarrollo rural equilibrado;

51.

Destaca que es necesario no solo difundir y poner en práctica la investigación y la enseñanza a nivel local, sino también invertir en ellas; indica que, para ello, será necesario utilizar plenamente el potencial humano disponible —esto es, a los investigadores y las fundaciones universitarias a nivel local—, con el fin de atraer tanto las inversiones internas como las inversiones exteriores directas; añade que, en este mismo contexto, importa también tomar nota de la movilidad del elemento humano, es decir, profesores, investigadores y estudiantes;

52.

Considera que las regiones menos desarrolladas deben continuar beneficiándose de una financiación sustancial de la Unión para que puedan ofrecer a los inversores otras ventajas competitivas a escala local, aparte de unos costes laborales reducidos;

53.

Señala la necesidad de reforzar las infraestructuras para potenciar la cohesión regional y la competitividad de las regiones; hace hincapié, en este mismo contexto, en la importancia que revisten las redes transeuropeas de transporte (RTE-T) y del uso de instrumentos de financiación complementarios, como los bonos vinculados a proyectos y la colaboración público-privada.

54.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

29.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 349/38

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Vistas las negociaciones en curso sobre los Acuerdos de Asociación UE-Ucrania, UE-Moldavia, UE-Georgia, UE-Armenia y UE-Azerbaiyán, que incluirán importantes elementos de carácter comercial,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de enero de 2007, en las que se adoptaron las directrices de negociación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania, que contemplaba una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de mayo de 2010, en las que se adoptaron las directrices de negociación de los Acuerdos de Asociación UE-Armenia y UE-Georgia, cada uno de los cuales contemplaba una zona de libre de alcance amplio y profundo,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de junio de 2009, en las que se adoptaron las directrices de negociación del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia y las directrices de negociación adicionales detalladas sobre la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, adoptadas por el Consejo el 20 de junio de 2011,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de mayo de 2010, en las que se adoptaron las directrices de negociación para el Acuerdo de Asociación UE-Azerbaiyán,

—

Visto el Acuerdo de comercio y cooperación celebrado por la Comunidad Europea con la entonces Unión Soviética en 1989 y adoptado posteriormente por Belarús,

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 de mayo de 2011, titulada «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» (COM(2011)0303),

—

Vista la evolución de la Política Europea de Vecindad (PEV) desde 2004 y, en particular, los informes de la Comisión sobre los avances en su aplicación,

—

Vistas sus recomendaciones para la negociación de los Acuerdos de Asociación con Moldavia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán,

—

Vistos los Planes de Acción adoptados conjuntamente con Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Moldavia y el Programa de Asociación con Ucrania,

—

Vista las Declaraciones Conjuntas de la Cumbre de Praga de la Asociación Oriental, de 7 de mayo de 2009, y de la Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Varsovia los días 29 y 30 de septiembre de 2011,

—

Vista la creación de la Asamblea Parlamentaria EURONEST mediante su Acto Constitutivo, de 3 de mayo de 2011,

—

Vistos el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0183/2012),

A.

Considerando que la celebración y la ejecución de Acuerdos de Asociación que incluyen zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo constituye un objetivo y una ambición prioritarios de la Política Europea de Vecindad revisada con respecto a los socios orientales;

B.

Considerando que cuatro de los seis países de la Asociación Oriental ya son miembros de la OMC, y que los Gobiernos de Azerbaiyán y Belarús gozan únicamente de la condición de observadores;

C.

Considerando que, tras los movimientos revolucionarios que se registraron en 2011 en la zona de vecindad meridional de la UE, actualmente conocidos como «Primavera árabe», el interés de la UE se ha centrado en los vecinos meridionales; que los países que pertenecen a la Asociación Oriental y las relaciones comerciales de la UE con ellos merecen la atención de la UE;

D.

Considerando que la presencia económica de China en los países de la Asociación Oriental sigue aumentando;

E.

Considerando que las negociaciones con Ucrania en torno a una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo concluyeron en octubre de 2011; que la entrada en vigor de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo está supeditada a la celebración del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania, que se encuentra bloqueado actualmente debido al descontento de la UE por los acontecimientos políticos internos que han tenido lugar en Ucrania y el funcionamiento de su sistema judicial;

F.

Considerando que el Consejo respaldó en diciembre de 2011 las negociaciones de una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo con Georgia y Moldavia y que las primeras rondas de negociación deben tener lugar en la primavera de 2012;

G.

Considerando que en 2011 Armenia realizó progresos notables de cara al cumplimiento de las recomendaciones clave y que las negociaciones sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo entre la UE y Armenia fueron respaldadas en febrero de 2012 y comenzaron el 6 de marzo de 2012;

H.

Considerando que la adhesión de Azerbaiyán a la OMC es objeto de negociaciones desde 1997 pero que los avances han sido escasos, lo que constituye uno de los principales obstáculos para iniciar las negociaciones sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo con la UE;

I.

Considerando que, hasta la fecha, la participación de Belarús ha sido limitada en las distintas plataformas de la Asociación Oriental; que esa situación mina el logro del objetivo último de la Asociación Oriental, que es el refuerzo de la democracia, el progreso, la estabilidad y la prosperidad en la vecindad oriental de la UE; considerando el dinamismo económico del nuevo espacio económico formado por Rusia, Kazajstán y Belarús, anima a sus miembros a realizar sus actividades económicas de conformidad con las normas y reglas comerciales adoptadas a nivel internacional, en particular las derivadas de la OMC;

J.

Considerando que todos los socios orientales de la UE, que son antiguas Repúblicas de la URSS, comparten el mismo trasfondo histórico e institucional y se han enfrentado a retos similares en su transición política y socioeconómica durante las dos últimas décadas;

1.

Pone de relieve que la idea de establecer zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo con la UE constituye uno de los incentivos principales para que los países asociados continúen por la vía de la reforma; considera que el establecimiento de zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo es uno de los instrumentos más ambiciosos de la política comercial bilateral de la UE para alcanzar un entorno económico estable, transparente y previsible que respete la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, que vele no solo por una integración económica mayor mediante el desmantelamiento progresivo de los obstáculos comerciales sino, también, por una convergencia normativa en ámbitos que repercuten en los intercambios comerciales de bienes y servicios, en particular mediante el refuerzo de la protección de las inversiones, la racionalización de los procedimientos aduaneros y fronterizos, la reducción de las barreras técnicas y de carácter no comercial a los intercambios comerciales, el refuerzo de la normativa sanitaria y fitosanitaria, la mejora del bienestar animal, el refuerzo del marco jurídico en materia de competencia y de los contratos públicos, y la garantía del desarrollo sostenible; opina que la creación de zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo resulta esencial a la hora de combatir las tendencias que favorecen el proteccionismo a escala mundial;

2.

Reconoce que los acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo representan para la UE un instrumento comercial esencial para el establecimiento de relaciones económicas a largo plazo con terceros países; reconoce la repercusión de estos acuerdos en el funcionamiento global de los socios comerciales de la UE, que va más allá de las cuestiones puramente comerciales e influye, también, en la situación de la democracia, el Estado de Derecho y otras normas comunes;

3.

Hace hincapié en que el proceso de toma de decisiones destinado a evaluar la preparación de los potenciales socios de la UE para entablar negociaciones comerciales no debería depender de prejuicios políticos sino, en mayor medida, de la capacidad real del socio comercial de aplicar de manera efectiva las condiciones del acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo;

4.

Reconoce que los acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo podrían constituir el componente básico de un acuerdo político más amplio (Acuerdo de Asociación); pone de relieve, sin embargo, que en los casos en los que no sea posible o recomendable celebrar un Acuerdo de Asociación con un tercer país en particular, deberán considerarse otras estrategias para alcanzar los objetivos económicos y comerciales de la UE con el país en cuestión de manera eficaz;

5.

Subraya la importancia del Programa de desarrollo institucional global, de la Oficina de Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX) y de los programas de hermanamiento a la hora de ayudar a los socios orientales a cumplir las recomendaciones clave y de mejorar su capacidad de ejecución;

6.

Reconoce que una mayor integración comercial, con los cambios profundos en términos de estructuras económicas que implica, supone unos esfuerzos importantes por parte de nuestros socios orientales a corto y medio plazo, si bien expresa su convencimiento, por el contrario, de que, a largo plazo, las ventajas de una integración de estas características compensarán dichos esfuerzos; hace hincapié en que el apoyo y la participación de la sociedad civil local y de las ONG de carácter internacional en la promoción de los beneficios a largo plazo es un elemento clave para el éxito de sus procesos de reforma;

7.

Se expresa a favor de reforzar la cooperación entre la UE y sus socios orientales en una serie de ámbitos, en particular la industria, las PYME, la investigación, el desarrollo y la innovación, las TIC y el turismo;

8.

Considera que la diferenciación, junto con la aplicación del concepto «más por más» según lo dispuesto en la mencionada Comunicación conjunta titulada «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» constituye un avance en la dirección correcta en las relaciones comerciales con los socios orientales, que reconoce los esfuerzos de aquellos que realizan mayores progresos y motiva al resto para que intensifique sus esfuerzos; considera que los intercambios comerciales deben facilitar el cambio y hace hincapié en la importancia de las cláusulas de condicionalidad y su posterior aplicación;

9.

Está convencido de que la integración económica de los socios orientales con la UE solo puede llevarse a cabo de forma eficaz si no se registran reformas políticas y sociales, una participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones y una integración económica entre los socios orientales; pone de relieve que la integración económica entre estos países debe tener carácter abierto para aprovechar sus beneficios; lamenta, en este contexto, que los conflictos regionales que se encuentran estancados hayan perjudicado durante años la eficacia y el desarrollo de los intercambios comerciales transfronterizos y que continúen provocando pérdidas económicas enormes a algunos de los socios orientales y que conduzcan a su aislamiento económico;

10.

Considera importante que la UE ofrezca a todos los socios con los que se han celebrado acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo la flexibilidad a la que tienen derecho en virtud de las normas de la OMC;

11.

Constata la importancia de la prevención de los conflictos mediante la cohesión económica y social;

12.

Pide a la Comisión que conceda, en particular, una flexibilidad que fomente la creación de industrias incipientes en el país socios que hayan celebrado acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo;

13.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre el marco financiero plurianual 2014-2020, que propone un aumento del 40 % en la financiación de la Política Europea de Vecindad; subraya su postura de que los socios orientales no pueden asumir por si solos la carga de los costes de la aproximación de las legislaciones y las reformas estructurales e institucionales necesarias, y que el apoyo financiero de la UE, que debe complementar sus propios esfuerzos de reforma, es también imprescindible para el éxito; pide, en este contexto, al Consejo que mantenga la financiación propuesta por la Comisión;

14.

Subraya el papel de los Parlamentos nacionales de los socios orientales de la UE a la hora de aproximar la legislación comercial al acervo de la Unión, lo cual constituye un requisito previo para la creación y la correcta aplicación de las futuras zonas de libre comercio de carácter amplio y profundo; pide, en este contexto, a la UE y a sus Estados miembros que les proporcionen más asistencia técnica y solicita, en particular a los nuevos Estados miembros de la UE, que compartan con ellos la experiencia y mejores prácticas que han adquirido en su propio proceso de armonización de la legislación nacional con el acervo comunitario en materia comercial;

15.

Acoge con satisfacción la adhesión de Ucrania y de Moldavia al Tratado por el que establece la Comunidad de la Energía teniendo en cuenta el papel vital que podrían desempeñar para alcanzar los objetivos de la UE en materia de seguridad energética y contribuir a la seguridad de estos países;

16.

Acoge con satisfacción todos los esfuerzos desplegados para reforzar la Asociación Oriental, en particular las iniciativas de carácter emblemático de la Comisión relativas a las PYME, incluido el mecanismo de ayuda a las PYME de la Asociación Oriental, a los mercados regionales de energía y a la eficacia energética;

17.

Pide a la Comisión que continúe desarrollando la Estrategia de la UE para el Mar Negro, ya que es un elemento importante de la estrategia energética exterior de la UE como consecuencia de su papel geoestratégico, que presenta un potencial importante para la seguridad energética y la diversificación de los suministros;

18.

Reconoce la importancia de la Asamblea Parlamentaria EURONEST, y, en especial, de su Comisión de Integración Económica, Aproximación de las Legislaciones y Convergencia con las Políticas de la UE, así como de su Comisión de Seguridad Energética, en el debate de las cuestiones comerciales entre los diputados al Parlamento Europeo y los miembros de los Parlamentos nacionales de los socios orientales de la UE; expresa su esperanza por que las condiciones para que los diputados al Parlamento belaruso se unan a la Asamblea Parlamentaria EURONEST se cumplan en un futuro próximo;

19.

Subraya que una zonas de libre comercio de carácter amplio y profundo no equivalen a proporcionar asistencia a los socios orientales sino que constituyen un acuerdo comercial que ofrece ventajas y obligaciones recíprocas para ambas partes; lamenta que la revisión de la Política Europea de Vecindad todavía no explique cómo puede impulsar el desarrollo de esta política comercial los intereses económicos de la UE mediante la generación de beneficios sustanciales para los consumidores, empresas y trabajadores de la UE; destaca que las zonas de libre comercio de carácter amplio y profundo no solo generan ventajas económicas para los socios orientales sino que también pueden agilizar las reformas institucionales, la modernización y el desarrollo;

20.

Toma nota de la creación, el 18 de octubre de 2011, de una zona de libre comercio entre la mayoría de miembros de la Comunidad de Estados Independientes, que incluye a los socios orientales de la UE a excepción de Georgia y, de momento, Azerbaiyán; cree que la conclusión de acuerdos de libre comercio con terceros países no debería perjudicar a los acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo que la Asociación Oriental celebre con la UE; hace hincapié a este respecto en que es importante que la UE proporcione a los socios orientales una alternativa atractiva y viable;

21.

Insiste en que la estrategia de la UE respecto a Rusia debería integrar de forma adecuada la influencia rusa sobre los socios orientales; señala que Rusia ha concluido una unión aduanera con Kazajstán y con un socio oriental, Belarús; lamenta que Rusia pueda haber socavado las negociaciones comerciales entre la UE y varios socios orientales, en particular Ucrania, al ofrecerles una vía alternativa basada en soluciones a corto plazo, como la reducción de los precios del gas; considera que estas alternativas serán contraproducentes a largo plazo para los socios orientales;

22.

Insiste en que el éxito de las zonas de libre comercio de carácter amplio y profundo dependerá en gran medida del desarrollo institucional y de una correcta aplicación de los compromisos, que solo puede garantizarse en un entorno empresarial abierto, transparente y sin corrupción, lo que constituye un requisito previo para la aplicación eficaz de los acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo;

23.

Observa que la prosperidad y la estabilidad en la vecindad oriental de la Unión redundan en su máximo beneficio, y, en particular, teniendo en cuenta que unas relaciones estables y previsibles entre la UE y sus socios orientales incrementarán sin duda alguna los volúmenes comerciales en ambas direcciones;

24.

Señala, asimismo, que la UE es el principal socio exportador de la mayoría de los países de la Asociación Oriental;

25.

Señala que, además de avanzar suficientemente en el cumplimiento de las recomendaciones clave, como condiciones que permitan el inicio de las negociaciones sobre la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, Georgia y Moldavia todavía deben garantizar el carácter permanente de su compromiso con el proceso de reforma y deben comprometerse a participar en un proceso de reforma duradero durante las negociaciones; hace hincapié en que ambos países todavía deben avanzar significativamente en el ámbito de la reforma normativa, sobre todo en lo relativo a los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los derechos de propiedad intelectual y la legislación en materia de competencia;

26.

Expresa preocupación por la capacidad institucional de los socios orientales implicados con respecto a la aplicación real de una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo; subraya que la creación de una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo no garantiza por si sola el éxito, a menos que se aplique de manera eficaz y vaya acompañada de medidas eficaces que regulen la competencia y luchen contra la corrupción;

27.

Señala que las normas laborales aprobadas a nivel internacional deben respetarse a la hora de establecer acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo; destaca que el respeto de los derechos laborales fundamentales aprobados por la Organización Internacional del Trabajo es un elemento clave del respeto de los derechos humanos;

28.

Pide la adopción de un enfoque ambicioso para integrar las economías de la UE y de los países de la Asociación Oriental a través de acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo mediante la inclusión de otros aspectos relacionados con el comercio libre y justo; recomienda que todos estos acuerdos incluyan un capítulo vinculante relativo al desarrollo sostenible con disposiciones sobre protección medioambiental y derechos laborales a nivel internacional;

29.

Aplaude al Gobierno armenio por intensificar sus esfuerzos para cumplir las recomendaciones clave en 2011, lo que posibilitó el inicio de las negociaciones sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo en febrero de 2012;

30.

Acoge con satisfacción el inicio de las negociaciones sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo entre Armenia y la UE en febrero de 2012 y su comienzo el 6 de marzo de 2012; alienta a Armenia a utilizar el potencial de este acuerdo para impulsar su economía, sus posibilidades de exportación y su acceso al mercado de la UE, acelerar las reformas necesarias y modernizar, en general, las normas de Armenia hasta alcanzar el nivel europeo; hace hincapié en que la integración económica más estrecha con la UE debe contribuir al refuerzo de la estabilidad política y de la seguridad en la región; expresa su confianza en una rápida conclusión de las negociaciones sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo entre la UE y Armenia;

31.

Acoge con satisfacción el comienzo de las negociaciones para crear zonas de libre comercio de carácter amplio y profundo, que brindarán oportunidades para reforzar las relaciones económicas de las dos partes; considera necesario continuar con las reformas para conseguir un entorno económico estable y transparente que atraiga inversiones extranjeras y que estimule el crecimiento y la creación de puestos de trabajo;

32.

Considera que la creación de zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo estimulará la economía de Armenia mediante el impulso de la competencia, entre otros aspectos;

33.

Lamenta que el conflicto de Nagorno-Karabaj todavía perdure en las fronteras cerradas de Armenia con Azerbaiyán y Turquía, lo cual aísla económicamente al país por la falta de rutas de acceso; subraya que la apertura de las fronteras constituye, entre otras cosas, una condición importante para atraer inversión extranjera;

34.

Muestra preocupación por los indicios en relación con los estrechos vínculos que persisten entre los círculos políticos y empresariales y los impedimentos considerables para las empresas, incluida la falta de transparencia del sistema fiscal y la reducida protección para las inversiones; reconoce la necesidad de establecer un marco institucional sólido para la contratación pública y la política de competencia que incluya un mecanismo de aplicación eficaz;

35.

Acoge con satisfacción la decisión de Armenia de adherirse a los Acuerdos Plurilaterales sobre Contratación Pública de la OMC en diciembre de 2011; está convencido de que este paso beneficia a la imagen de Armenia como socio comercial fiable;

36.

Subraya que la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo debe incluir el firme compromiso por parte de Armenia de reformar sus normativas y ajustarlas a las normas de la UE, acompañándolas de medidas efectivas contra la corrupción;

37.

Recomienda, asimismo, que la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo incluya medidas encaminadas a reforzar la aplicación de la legislación en materia de competencia, permitiendo, así, que los inversores y las empresas extranjeros participen, en particular, en los sectores energético y de la construcción de Armenia;

38.

Insta a Armenia a que acelere el proceso de cumplimiento con las medidas sanitarias y fitosanitarias de la UE, lo que permitirían diversificar las exportaciones de Armenia e incluir a los productos agrícolas;

39.

Cree que el debilitamiento de la dependencia de Armenia del apoyo comercial y gubernamental de Rusia a raíz de la apertura de sus fronteras y el refuerzo de la cooperación internacional fomenta su crecimiento económico; cree que es establecimiento de una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo con la UE sería especialmente beneficiosa a este respecto;

40.

Reconoce los esfuerzos y los logros de Azerbaiyán en su aproximación al acervo de la Unión; acoge con satisfacción, en este sentido, la reciente adopción del nuevo Código aduanero y del Código de la construcción;

41.

Hace hincapié en que la adhesión de Azerbaiyán a la OMC constituye la condición previa clave para el inicio de las negociaciones sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, lo que coloca las relaciones comerciales UE-Azerbaiyán en un nivel superior; observa que la estructura de la economía de Azerbaiyán no motiva suficientemente a su Gobierno para lograr la admisión en la OMC y una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo con la UE; destaca, no obstante, que los beneficios de una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo no se limitan al ámbito económico, sino que también podrían desarrollar la economía local más allá de su excesiva dependencia de las exportaciones energéticas; insta, en consecuencia, al Gobierno azerbaiyano a que intensifique sus esfuerzos para lograr la adhesión a la OMC; pide, a este respecto, a la UE que proporcione a Azerbaiyán la ayuda necesaria;

42.

Elogia el notable crecimiento económico que ha experimentado Azerbaiyán en los últimos años; señala, no obstante, que el sector del petróleo representa el 50 % del PIB de Azerbaiyán, el 95 % de sus exportaciones y el 60 % de sus ingresos presupuestarios, lo que hace que la economía azerbaiyana sea vulnerable a la volatilidad de los precios del petróleo y a todos los cambios de la demanda mundial; solicita, en este sentido, en este sentido al Gobierno azerbaiyano que considere la adopción de medidas efectivas y coherentes para diversificar la economía del país;

43.

Recuerda el potencial de Azerbaiyán en relación con el desarrollo de una producción agrícola competitiva y recomienda que el Gobierno azerbaiyano tenga en cuenta este ámbito como un paso que podría ser importante para diversificar su economía y sus exportaciones a la UE, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios y fitosanitarios de la Unión, y a otros países;

44.

Pide al Gobierno azerbaiyano que se comprometa realmente en una verdadera lucha contra la corrupción y las desigualdades sociales que pueden provocar disturbios de carácter social, y que mejore el acceso a la financiación de las empresas, con lo que incrementará la competitividad de la economía del país y la hará más atractiva para la inversión extranjera.

45.

Apoya firmemente la conversión del componente comercial del futuro Acuerdo de Asociación UE-Azerbaiyán en una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo una vez se hayan cumplido todas las condiciones;

46.

Lamenta que Belarús, a pesar de su incuestionable potencial, se esté distanciando cada vez más de la UE en términos de normas políticas y económicas generales y en cuanto a su modelo de economía;

47.

Subraya la importancia de la ubicación estratégica de Belarús como país de tránsito para la energía, en particular en relación con el suministro de gas natural a la UE; solicita a Belarús, en este contexto, que ratifique rápidamente y en la debida forma la Carta de la Energía;

48.

Recuerda que la UE es el segundo mayor socio comercial de Belarús después de Rusia;

49.

Subraya la necesidad de más asistencia de la UE a fin de mejorar el rendimiento de las estructuras administrativas y, en particular, la necesidad de luchar contra la corrupción;

50.

Señala las dificultades encontradas a la hora de evaluar la verdadera situación económica de Belarús, debido a las estadísticas oficiales que, según observadores independientes, ocultan la realidad en la que supuestamente el 20 % de los belarusos viven en la miseria.

51.

Observa que el 80 % de las empresas son estatales, y el desarrollo del sector privado se ve obstaculizado por medidas discriminatorias y arbitrarias, cambios en la legislación y una fuerte presión fiscal, lo que obliga al sector privado a operar parcialmente en una economía sumergida;

52.

Recuerda que, debido al entorno político y económico negativo existente en Belarús, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial congelaron los créditos a Belarús en 1996, y la UE hizo lo propio en 1997; señala que todo esto disuadió y sigue disuadiendo a los inversores extranjeros, y que en la actualidad, la inversión extranjera directa representa tan solo el 1 % del PIB del país;

53.

Cree que la UE debe ayudar a fortalecer la sociedad civil de Belarús reorientando los fondos de la UE en esta dirección;

54.

Está convencido de que deben realizarse profundas reformas institucionales y estructurales para empezar a construir una economía de mercado abierta, transparente y operativa;

55.

Señala que la adhesión a la OMC del país es una condición necesaria para el inicio de negociaciones sobre cualquier tipo de acuerdo de libre comercio con la UE; insta, en este contexto, a Belarús a que se implique realmente en el proceso de adhesión a la OMC; señala que Belarús, en su calidad de miembro de la Unión Aduanera con Rusia y Kazajstán, podría beneficiarse de la experiencia de Rusia en relación con el proceso de adhesión a la OMC;

56.

Cree firmemente que la UE debe realizar todos los esfuerzos que estén en su mano para lograr la participación de Belarús en un verdadero diálogo político y económico y ofrecer incentivos a reformas que resultan indispensables y de enorme importancia para los ciudadanos de Belarús; toma nota, en este contexto, de las medidas económicas de carácter restrictivo y concreto adoptadas por la UE y que están vigentes en la actualidad en contra de Belarús; considera que la UE debe continuar aplicando sus medidas de carácter restrictivo, concreto e individual al mismo tiempo que continúa apoyando a la sociedad civil y a los empresarios con vistas no solo a mejorar las condiciones económicas sino, también, a reforzar el Estado de Derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción;

57.

Señala que, según la evaluación del Banco Mundial, Georgia es una de las economías mundiales que más rápidamente se está reformando, y que ocupa el decimosexto lugar en la lista del Banco Mundial de mejores lugares para hacer negocios en el mundo;

58.

Reconoce las labores de reconstrucción de Georgia tras la guerra de 2008 y la apertura de nuevos mercados;

59.

Reconoce que el Gobierno georgiano está intentando mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual, aunque señala que todo parece indicar que Georgia sigue registrando la tasa más alta de software pirateado de todo el mundo; insta, en este sentido, al Gobierno de Georgia a elaborar leyes para la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, teniendo en cuenta, no obstante, los derechos humanos y la proporcionalidad;

60.

Toma en cuenta que Georgia ha registrado un crecimiento económico y tasas de inversión importantes y pone de relieve que la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo será un factor adicional para apoyar un crecimiento de amplia base y atraer inversiones extranjeras;

61.

Alienta a Georgia a perfeccionar su legislación, mejorar la eficacia de sus instituciones y garantizar elevados niveles de control de calidad de sus productos, con el fin de cumplir los requisitos establecidos por la Comisión Europea;

62.

Acoge con satisfacción el nuevo sistema de contratación de Georgia, que permite la realización de subastas electrónicas para cualquier tipo de contrato, independientemente de su envergadura o naturaleza; señala que Georgia también debe ser un ejemplo para los Estados miembros de la UE en este ámbito;

63.

Insta a Georgia a que se asegure de que, tras la conclusión de las negociaciones sobre la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, solo los productos cuyo origen sea las regiones que reconocen formalmente su adhesión al Estado georgiano puedan optar a las preferencias comerciales;

64.

Reconoce con satisfacción que Moldavia, a pesar de la fragilidad de su economía, en los últimos años ha experimentado un notable proceso de reforma y ha mejorado en gran medida su rendimiento económico; destaca, en este sentido, la importancia vital de la asistencia financiera proporcionada por el Fondo Monetario Internacional y la asistencia macrofinanciera prestada por la UE;

65.

Opina que la futura zona de libre comercio de alcance amplio y profundo debería abarcar todo el territorio de Moldavia que reconoce formalmente su adhesión al Estado moldavo;

66.

Observa que, por el momento, la mayoría de exportaciones de Moldavia son de carácter agrícola y que, por lo tanto, se enfrentan a una competencia agresiva y a requisitos estrictos en el mercado de la UE; opina que una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo contribuiría a diversificar las exportaciones de Moldavia y a hacer la economía del país más competitiva, y que permitiría a Moldavia atraer inversiones extranjeras para poner fin a su dependencia de las remesas y llevar a cabo una transición a una economía de mercado con exportaciones competitivas;

67.

Subraya la importancia de seguir ajustando la infraestructura y los sistemas de reglamentación técnica, normalización, evaluación de la conformidad, realización de pruebas, vigilancia del mercado y metrología de Moldavia a la UE;

68.

Señala que todavía es necesario realizar progresos notables en el ámbito de los servicios y la protección de las inversiones;

69.

Insta a las autoridades de la UE a que se impliquen en mayor medida a la hora de buscar una solución pacífica al problema de la reintegración territorial de Moldavia;

70.

Acoge con agrado la creación de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo entre la UE y Ucrania, como el primer acuerdo de libre comercio celebrado entre la UE y un socio oriental; considera que no cabe duda de que este acuerdo pionero y la experiencia adquirida durante su negociación servirán de ejemplo útil en futuras negociaciones sobre las zonas de libre comercio de carácter amplio y profundo;

71.

Señala que Ucrania es el mayor socio oriental de la UE, y que la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo abre un nuevo mercado de 46 millones de consumidores para la UE; considera que, para la UE, los mayores beneficios de la aplicación de la zona de libre comercio de carácter amplio y profundo se derivarán de un régimen de comercio e inversión más estable y previsible en Ucrania;

72.

Acoge con satisfacción los esfuerzos de las autoridades ucranianas por superar las desigualdades sociales y geográficas, en particular entre la capital y las regiones;

73.

Lamenta el retraso sufrido en la firma del Acuerdo de Asociación, que constituye la condición necesaria para la entrada en vigor de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo; expresa su esperanza de que los obstáculos a la firma se superen pronto;

74.

Toma nota de que la Comisión ha excluido la posibilidad de aplicar la zona de libre comercio de carácter amplio y profundo con carácter provisional antes de la celebración del Acuerdo de Asociación y de que el Parlamento Europeo emita su dictamen favorable; señala que la aplicación del Acuerdo de Asociación y la creación de la zona de libre comercio de carácter amplio y profundo generará reformas estructurales y políticas y expresa su deseo, por lo tanto, de que las dos medidas se apliquen en breve plazo;

75.

Reconoce que, por lo que respecta a la integración en las estructuras europeas, Ucrania ha avanzado en cierta medida y ha empezado a adaptar paulatinamente su sistema jurídico a la UE y a las normas internacionales, y también ha realizado grandes progresos en la adopción de las normas y reglas de la OCDE; toma nota, no obstante, de que, en lo que al clima empresarial en Ucrania se refiere, este país sigue ocupando el puesto 152 en la clasificación elaborada por la publicación «Doing Business» del Banco Mundial, y que se registra un empeoramiento en relación con los problemas relativos a los intercambios comerciales de carácter transfronterizo;

76.

Hace hincapié en que la correcta ejecución de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo dependerá en gran medida de la voluntad política y de la capacidad administrativa de aplicar todas sus disposiciones de manera correcta y puntual; considera que esto supone un reto considerable para Ucrania, que posee un historial de reforma de su economía y de su Estado que no es del todo satisfactorio y que sigue teniendo problemas para cumplir todos sus compromisos en el marco del proceso de adhesión a la OMC, así como sus compromisos frente al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional;

77.

Reitera que las reformas fundamentales económicas, políticas e institucionales, incluida una amplia participación permanente de las organizaciones y redes de la sociedad civil, deben agilizarse y realizarse de modo más coherente y exhaustivo a fin de garantizar una ejecución adecuada de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo y los beneficios derivados de la misma; pide, en particular, la continuación de las reformas económicas en los sectores de la agricultura, la energía y el transporte;

78.

Muestra su preocupación por los indicios negativos en relación con el clima empresarial y de inversión de Ucrania, que se deriva de diversas deficiencias institucionales y sistémicas como las barreras al acceso al mercado, los permisos administrativos, el excesivo número de inspecciones administrativas, la falta de transparencia en los sistemas fiscales y aduaneros y su mala administración, la inestabilidad y la falta de transparencia del sistema jurídico y su mal funcionamiento, una administración pública y un poder judicial débiles y corruptos, una ejecución deficiente de los contratos y una protección insuficiente de los derechos de propiedad, el subdesarrollo y la monopolización de las infraestructuras; insta al Gobierno de Ucrania a que acelere el proceso de reforma a fin de eliminar los obstáculos anteriores a un comercio y una actividad empresarial libres y justos;

79.

Pide al Gobierno de Ucrania que aborde con mayor eficacia la preocupación del sector empresarial en relación con el acceso al crédito y a las tierras, las hipotecas, los créditos preferenciales para el desarrollo de las pequeñas empresas agrícolas, la simplificación y el aumento de la transparencia del sistema de recaudación fiscal, la devolución del impuesto sobre el valor añadido a los exportadores, el despacho de aduanas y los procedimientos de aprobación de las importaciones, la promoción del sector de las PYME, la mejora de la aplicación de la legislación en el ámbito de la protección de activos materiales y la propiedad intelectual, puesto que todos estos factores tienen un efecto inmediato y directo en la cantidad y la calidad de las relaciones comerciales con la UE y su flujo de inversión extranjera directa en Ucrania;

80.

Insta a Ucrania a que adapte su legislación interna para favorecer un tránsito libre y sin interrupciones del gas a los Estados miembros de la UE; señala que este proceso debería incluir la reestructuración del sector del gas y el establecimiento de una regulación justa de las infraestructuras energéticas con vistas a poner en igualdad de condiciones a los proveedores extranjeros, los clientes extranjeros y la demanda local de energía; pide una mayor cooperación entre la UE y Ucrania en el sector energético para integrar el sector energético ucraniano en la esfera energética europea y para iniciar una modernización conjunta y proyectos de desarrollo en el ámbito de la infraestructura energética; pide al Gobierno que aplique el tercer paquete energético;

81.

Expresa su esperanza de que Ucrania encuentre suficiente voluntad política y coraje para crear las condiciones políticas y normativas necesarias para aplicar plena y puntualmente la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, que beneficiaría en gran medida a su población;

82.

Insta a las autoridades comunitarias a prestar más apoyo a la mejora del funcionamiento de las estructuras administrativas de Ucrania y a la promoción de las normas de la UE en el ámbito de la gobernanza;

83.

Insta al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior a que tengan debidamente en cuenta las consideraciones y recomendaciones anteriores en la negociación y la ejecución de las secciones comerciales de los Acuerdos de Asociación con Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania, así como en el desarrollo de las relaciones comerciales de la UE con Belarús;

84.

Pide a la Comisión que informe periódicamente y de forma plena al Parlamento Europeo sobre el progreso de las negociaciones, y después de su entrada en vigor, sobre el progreso en la aplicación de cada zona de libre comercio de alcance amplio y profunda;

85.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al SEAE y a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y de los países pertenecientes a la Asociación Oriental.

29.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 349/48

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Visto el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013 adoptado por la Comisión el 25 de abril de 2012 (COM(2012)0300),

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Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (1),

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Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2012, sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2013 (2),

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre las orientaciones presupuestarias para 2013,

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Vistas las conclusiones de la reunión interinstitucional sobre pagos de 30 de mayo de 2012,

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Visto el título II, capítulo 7, de su Reglamento,

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Vista la carta de la Comisión de Pesca,

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Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0215/2012),

1.

Recuerda que, en su Resolución de 14 de marzo de 2012, el Parlamento Europeo situó la promoción del crecimiento y el empleo en el centro de sus prioridades, de acuerdo con la Estrategia Europa 2020, abogando en particular por la concentración de los recursos en medidas y programas de utilidad demostrada para lograr estos objetivos, como el apoyo a las PYME y a la juventud; celebra el hecho de que el proyecto de presupuesto de la Comisión para 2013 vaya en esta misma dirección por lo que se refiere a las prioridades indicadas que serán reforzadas;

2.

Reconoce la persistencia de limitaciones económicas y presupuestarias a nivel nacional y también la necesidad de consolidación presupuestaria; reitera, no obstante, su convicción de que el presupuesto de la UE ofrece un instrumento común y eficaz de inversión y solidaridad, lo que resulta particularmente necesario en el momento actual para activar el crecimiento económico, la competitividad y la creación de empleo en los 27 Estados miembros; destaca que, a pesar de su limitada magnitud, que no supera el 2 % del gasto público total en la Unión, el presupuesto de la UE tiene un impacto económico real y hasta ahora se complementa fructíferamente con las políticas de recuperación de los Estados miembros;

3.

Tiene la intención, por lo tanto, de defender un nivel adecuado de recursos en el presupuesto del año próximo, conforme al proyecto de presupuesto, y de oponerse a toda tentativa de recortar los recursos, especialmente en el caso de las políticas de crecimiento y empleo; cree que el presupuesto de la UE, que no puede incurrir en déficit, no debe ser víctima de las políticas económicas fallidas a nivel nacional; señala que en 2012 varios Estados miembros han aumentado la magnitud de sus presupuestos nacionales;

4.

Tiene el convencimiento de que la responsabilidad financiera es de la máxima importancia, sobre todo en periodo de crisis; opina, por consiguiente, que deben concentrarse los recursos en aquellos ámbitos en los que el presupuesto de la UE puede proporcionar valor añadido, mientras que podrían reducirse en los sectores en los que se experimentan retrasos injustificados y una baja tasa de absorción e infrautilización, con vistas a obtener ahorros en las líneas en las que han surgido problemas en materia de ejecución; considera que pueden obtenerse ahorros reales detectando solapamientos e ineficiencias dentro de las líneas presupuestarias; tiene la intención de establecer, sobre esta base y junto con sus comisiones especializadas, prioridades positivas y negativas para 2013; pide, a tal fin, a la Comisión que facilite a ambas ramas de la autoridad presupuestaria información rápida, periódica y completa sobre la ejecución —sobre la base de indicadores de objetivos de rendimiento— de los diversos programas e iniciativas, contrastándola con los compromisos políticos de la UE;

5.

Considera que la Unión Europea, especialmente en el contexto de las políticas de austeridad que se están aplicando en los Estados miembros, debe mostrar su responsabilidad y adoptar medidas concretas e inmediatas para establecer una sede única para el Parlamento;

6.

Toma nota de que el proyecto de presupuesto de la UE para 2013 propuesto por la Comisión asciende a 150 931,7 millones de euros en créditos de compromiso (CC) (esto es, + 2 % respecto al presupuesto de 2012) y a 137 924,4 millones de euros en créditos de pago (CP) (esto es, + 6,8 % con respecto al presupuesto de 2012); señala que estos importes representan, respectivamente, el 1,13 % y el 1,03 % de la RNB de la UE prevista para 2013; recuerda que el marco financiero plurianual (MFP) establece unos límites máximos de 152 502 millones de euros para los CC y de 143 911 millones de euros para los CP, a precios corrientes; constata la persistente discrepancia entre el nivel de los créditos de compromiso y el de los créditos de pago, que dará lugar a un nuevo aumento de los compromisos pendientes de pago (RAL);

7.

Entiende que, al final del periodo de programación, la Comisión haga hincapié en los pagos, pues aspira a aportar una solución para el aumento incesante del nivel de los compromisos pendientes de liquidación (RAL); indica que, si bien comparte este enfoque, le preocupa especialmente la propuesta de congelar los créditos de compromiso al nivel de la tasa de inflación estimada para el año próximo; destaca la importancia de los compromisos para determinar las prioridades políticas y, de ese modo, garantizar que finalmente se hagan las inversiones adecuadas para impulsar el crecimiento y el empleo; tiene la intención de estudiar detenidamente si ese nivel de compromisos permite la ejecución adecuada de políticas clave de la UE; cree que, incluso si la Comisión y los Estados miembros pueden presentar la congelación de los créditos de compromiso como una solución parcial al problema de los RAL, no puede considerarse una estrategia aceptable para mantener el nivel de los RAL bajo control;

8.

Opina que el incremento propuesto del 6,8 % para los CP en relación con 2012 es una primera respuesta a la petición del Parlamento de que se elabore un presupuesto responsable y realista; toma nota de que los incrementos en los pagos se concentran en los ámbitos de competitividad y cohesión, debido al mayor nivel de solicitudes de pago esperable de los proyectos en curso en estos ámbitos; apoya plenamente este incremento, que es el resultado no solo de compromisos anteriores a los que hay que hacer frente, sino también de la ejecución efectiva de programas, que según las previsiones alcanzará para el último ejercicio del MFP actual su velocidad de crucero; pide a la Comisión que compruebe con los Estados miembros que sus solicitudes estimadas de aumento de los pagos son exactas y realistas;

9.

Se mantiene escéptico, no obstante, en cuanto a si el nivel de créditos de pagos propuesto para 2013 es adecuado para cubrir las necesidades reales para el año próximo, especialmente en las rúbricas 1b y 2; declara que observará atentamente la situación de los pagos a lo largo de 2012, dedicando una atención particular a todas las propuestas de transferencia y reasignación; advierte también de que el insuficiente nivel de los pagos para 2012 en combinación con el nivel propuesto por la Comisión para 2013 podría no bastar para atender a las solicitudes dirigidas a la Comisión y, por lo tanto, podría traducirse en miles de millones en créditos liberados solo en el marco de la política de cohesión; destaca que la propuesta actual llevaría el nivel global de pagos para el periodo 2007-2013 a 859 400 millones de euros, esto es, aproximadamente 66 000 millones de euros por debajo de los límites acordados para el MFP; pide a la Comisión que, habida cuenta de la reciente solicitud de transferencia (DEC 9/2012) presente, en el marco del presupuesto rectificativo para 2012, información precisa sobre los resultados de la actual aplicación de los programas del Plan Europeo de Recuperación Económica;

10.

Recuerda que ya en 2011 la Comisión se vio ante la imposibilidad de atender un número significativo de solicitudes de pago legítimas, sobre todo en el ámbito de la política de cohesión; señala que estas solicitudes de pago tendrán que estar cubiertas también por el presupuesto 2012, que ya adolece de falta de fondos a causa del limitado incremento de los créditos de pago derivado de la posición adoptada por el Consejo a lo largo del procedimiento presupuestario del pasado año; pide, por consiguiente, a la Comisión que presente lo antes posible un proyecto de presupuesto rectificativo para corregir esta situación y que evite transferir pagos de 2012 al ejercicio siguiente, pues ello daría lugar a un nivel de pagos insostenible en 2013; pide asimismo a la Comisión y al Consejo que trabajen de manera constructiva, junto con el Parlamento, para evitar que se repita esta situación en futuros ciclos presupuestarios mejorando para ello la precisión de las previsiones y acordando unas estimaciones presupuestarias realistas;

11.

Lamenta la renuencia de la Presidencia del Consejo a participar en la reunión política interinstitucional sobre pagos propuesta por el Parlamento a modo de seguimiento de la conciliación presupuestaria del pasado año; considera que esta conducta es una tentativa irresponsable de pasar por alto la cuestión de la falta de pagos y la cuestión de los RAL; considera que esta reunión ofrece la plataforma ideal para que las dos ramas de la autoridad presupuestaria lleguen a un acuerdo común —antes de establecer sus posiciones respectivas sobre el proyecto de presupuesto— en relación con los datos disponibles sobre la capacidad de ejecución y de absorción y para que estimen correctamente las necesidades de pagos para 2012 y 2013; recuerda que los créditos de pago propuestos por la Comisión en su proyecto de presupuesto se basan en las estimaciones hechas por los propios Estados miembros; cree firmemente, por consiguiente, que las dudas o cambios de parecer —como los manifestadas por algunas delegaciones del Consejo— respecto de los importes y los cálculos de la Comisión deben comunicarse, examinarse y aclararse lo antes posible, para que no se conviertan en impedimentos para llegar a un acuerdo en la conciliación de este año;

12.

Destaca que, de acuerdo con los datos recientes presentados por la Comisión en la reunión interinstitucional sobre pagos que se celebró el 30 de mayo de 2012, toda reducción del nivel de créditos de pago por debajo de la propuesta de la Comisión daría lugar también a un nuevo aumento del número de RAL, que a finales de 2011 ya habían alcanzado el nivel sin precedentes de 207 000 millones; reitera, por consiguiente, su petición al Consejo de que actúe con responsabilidad y se abstenga de practicar recortes artificiales mediante una decisión a priori sobre el nivel global de pagos, sin tener en cuenta la evaluación de las necesidades reales para la consecución de los objetivos y compromisos acordados por la UE; solicita, en caso de que esto ocurra, que el Consejo indique con claridad y públicamente cuáles son los programas o proyectos de la UE que sufrirán retrasos o serán abandonados y lo justifique;

13.

Toma nota de que, según las estimaciones de la Comisión, un total del 43,7 % del proyecto de presupuesto 2013 (o sea, 64 500 millones de euros) está asignado a los objetivos de Europa 2020, lo que supone un incremento del 0,2 % con respecto al presupuesto aprobado para 2012; observa que, por primera vez, las líneas presupuestarias y los programas que contribuyen a la consecución de estos objetivos pueden identificarse con claridad en el proyecto de presupuesto;

14.

Toma nota del margen global del 2 400 millones de euros en CC del PP 2013 y expresa su determinación a hacer pleno uso de él —y de los demás mecanismos de flexibilidad previstos por el Acuerdo interinstitucional — siempre que ello resulte necesario para financiar objetivos y prioridades derivados de decisiones y compromisos políticos compartidos, concretamente los recogidos en la Estrategia Europa 2020;

15.

Observa que, aparte de los gastos administrativos, no se han consignado créditos en el proyecto de presupuesto para la adhesión de Croacia en julio de 2013; espera que la revisión del MFP prevista por el punto 29 del Acuerdo Interinstitucional sea aprobada rápidamente y pide a la Comisión que presente, mediante un presupuesto rectificativo, su propuesta de dotaciones adicionales correspondientes en cuanto los Estados miembros hayan ratificado el Acta de Adhesión; recuerda que cualquier nueva necesidad de financiación deberá cubrirse con fondos nuevos y no mediante reasignaciones para la segunda parte de 2013;

16.

Recuerda que el presupuesto anual para 2013 será el último presupuesto del actual MFP, pero reitera que los límites del MFP 2013 acordados en el Acuerdo Internacional seguirán siendo la referencia al menos para los límites del MFP 2014 en caso de que no se llegue a un acuerdo, de conformidad con lo previsto en el punto 30 del Acuerdo Interinstitucional;

17.

Toma nota de la propuesta de la Comisión de incrementar los compromisos de esta rúbrica en un 4,1 % (hasta 16 032 millones de euros) con respecto al presupuesto de 2012; toma nota de que la propuesta de CC inferior a las posibilidades de la programación financiera (a saber, RTE-T, IET, Progress) deja un margen incrementado en 90,9 millones de euros, frente a los 47,7 millones de euros previstos en la programación financiera; le complace observar que los mayores incrementos de los CC se concentran en la rúbrica 1a, en la que se encuentran la mayoría de las políticas y programas que dan lugar a crecimiento, competitividad y empleo, y que reflejan las prioridades destacadas por el Parlamento para 2013;

18.

Celebra particularmente los incrementos para los programas 7PM-CE (+ 6,1 %), PIC (+ 7,3 %) y RTE-T (+ 6,4 %), que están entre los principales de los dedicados a los objetivos de Europa 2020; lamenta, en cambio, que con los importes propuestos por la Comisión, dos programas emblemáticos, como el 7PM y las RTE-T, dediquen efectivamente menos CC de lo previsto en sus fundamentos jurídicos (PM: -258,8 millones de euros y RTE-T: -122,5 millones de euros) para el último año del MPF en curso; lamenta asimismo que la propuesta de la Comisión no prevea la plena aplicación del Programa Energía Inteligente – Europa;

19.

Considera que el incremento sustancial de los pagos en un 17,8 % (hasta 13 552 millones de euros) en relación con el presupuesto de 2012 es una estimación realista de los pagos necesarios en esta rúbrica, en particular, para cubrir las solicitudes de pago del próximo ejercicio en proyectos de investigación resultantes de obligaciones contractuales de la Unión; considera que el nivel de pagos propuesto por la Comisión representa el nivel mínimo necesario en la rúbrica 1a;

20.

Toma nota de la lógica adoptada por la Comisión al proponer reducciones con respecto a la programación financiera, que ha llevado, en su opinión, a hallar ahorros potenciales en líneas infrautilizadas de los programas —entre otros— 7PM, RTE-T, Marco Polo, Progress, programa estadístico, Customs y Fiscalis; está resuelto a analizar atentamente los resultados de cada uno de estos programas a fin de comprobar la adecuación de los recortes propuestos y excluir repercusiones negativas en los programas afectados;

21.

Recuerda la Declaración conjunta de 1 de diciembre de 2011 sobre la financiación de los costes adicionales del programa ITER para 2012-2013, en la que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión acordaron también habilitar 360 millones de euros en CC en el procedimiento presupuestario de 2013 «haciendo pleno uso de las disposiciones que figuran en el Reglamento Financiero y en el Acuerdo Interinstitucional, quedando excluida cualquier nueva revisión del Marco Financiero Plurianual relacionada con ITER»; expresa su preocupación ante la propuesta de la Comisión de que se financie este importe adicional únicamente mediante reasignación a partir de líneas del 7PM, en contra de la posición constante del Parlamento a este respecto; tiene plenamente en cuenta la afirmación de la Comisión de que este importe se deriva de economías realizadas en la ejecución del 7PM y de que estos recortes de las líneas para gastos administrativos no serán perjudiciales para el desarrollo del programa; tiene la intención de examinar más en profundidad esta afirmación y de explorar otros medios disponibles en el marco el Acuerdo Internacional y del Reglamento financiero para este propósito;

22.

Insiste en la necesidad de que Fusión para la energía (F4E), la Empresa Común Europea para el ITER, tenga una dotación de personal adecuada para garantizar una gestión atenta y una utilización correcta de la contribución de la UE al proyecto ITER; expresa su preocupación ante el actual nivel de personal propuesto por la Comisión;

23.

Reconoce el papel fundamental desempeñado por las pequeñas y medianas empresas como motores de la economía de la UE y creadoras del 85 % de los puestos de trabajo en los pasados diez años; recuerda las dificultades con que tradicionalmente tropiezan las PYME para acceder a los mercados de capitales para proyectos de investigación e innovación, exacerbadas ahora por la actual crisis financiera; tiene la firme convicción de que el presupuesto de la UE debe contribuir a superar este fallo del mercado facilitando el acceso de PYME innovadoras a financiación mediante deuda o mediante participación de capital, y aplaude la reciente propuesta de la Comisión de crear una sección especial para las PYME en el Instrumento de Financiación de Riesgos Compartidos ya existente; apoya además el incremento propuesto de los instrumentos de financiación en el marco del programa CIP-EIP (14,7 millones de euros), de acuerdo con los resultados positivos que ha dado hasta ahora y el aumento de la demanda por las PYME;

24.

Lamenta profundamente que, en una época de crisis económica y, especialmente, de elevado desempleo juvenil, los créditos para el programa Progress se hayan reducido en 5,3 millones de euros en relación con la programación financiera, habiendo regresado prácticamente a los niveles de 2012, a pesar de los buenos resultados que ha dado este programa hasta ahora, incluidos sus componentes en materia de igualdad de género y lucha contra la discriminación; reitera su convicción de que los programas sociales de la UE son fundamentales de cara a la realización de los objetivos sociales y de empleo de la Estrategia Europa 2020; deplora que la Comisión no haya aprovechado ni siquiera en el último año del MFP actual la oportunidad de devolver a este programa los 60 millones de euros reasignados al instrumento europeo de microfinanciación Progress, con arreglo al compromiso asumido en 2010;

25.

Aplaude la decisión de la Comisión de incluir en el PP por tercer año consecutivo créditos de pago (por un importe de 50 millones de euros) para el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG); destaca que esta medida no solo da más visibilidad al Fondo, sino que también evita transferencias de otras líneas presupuestarias que tienen objetivos diferentes y cubren necesidades diferentes; destaca además la necesidad de una mayor simplificación de las modalidades prácticas del procedimiento de movilización de dicho fondo, especialmente en el contexto de las negociaciones en curso sobre el nuevo reglamento relativo al FEAG;

26.

Lamenta que la contribución a Youth de la iniciativa emblemática «Juventud en Movimiento» se haya reducido ligeramente en relación con el pasado ejercicio; destaca en este contexto el valor añadido del Programa de Aprendizaje Permanente y de Erasmus y Erasmus Mundus, que, a pesar de su modesto componente financiero, ofrecen un gran rendimiento en términos de ejecución real y de imagen positiva de la Unión entre los ciudadanos; recuerda que en muchos Estados miembros, los jóvenes se ven significativamente afectados por la crisis económica y financiera y que, en este contexto, contar con una financiación y una fijación de objetivos de los sistemas de enseñanza y de movilidad y de los programas de aprendizaje permanente que sean adecuadas es importantes para modernizar el sistema de educación y formación profesional, aumentar los niveles de capacitación, movilidad y adaptabilidad de los jóvenes, contribuyendo con ello a una Europa innovadora, basada en el conocimiento, inteligente e incluyente; apoya firmemente, con este fin, la promoción de la igualdad de oportunidades para que todos los jóvenes, con independencia de la enseñanza que hayan recibido, puedan beneficiarse de los diversos programas y políticas de la UE destinados a la juventud; se opone, por consiguiente, a la reducción propuesta de 10,2 millones de euros en relación con el presupuesto 2012 del Programa de Aprendizaje Permanente y, de acuerdo con su posición constante de los últimos procedimientos presupuestarios y con los excelentes índices de rendimiento de este programa, tiene la intención de reforzar los créditos de compromiso de la línea presupuestaria correspondiente;

27.

Destaca que el programa RTE-T, a través de la inversión en infraestructuras europeas de alto valor añadido, ha de desempeñar un papel central para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020; considera que este programa es fundamental para impulsar la competitividad de la UE en su conjunto al completar las infraestructuras y eliminar puntos de congestión en el mercado interior; destaca que los proyectos de infraestructura también contribuyen directamente al crecimiento al estimular el empleo en la fase de construcción; subraya el papel del programa de RTE-T para realizar los objetivos de adaptación al cambio climático al garantizar la sostenibilidad futura de las redes de transporte de la UE; celebra el incremento propuesto por la Comisión de aproximadamente 85 millones de euros en relación con el presupuesto 2012, pero solicita más aclaraciones sobre la reducción propuesta de 118 millones de euros en relación con la programación financiera; recuerda que el programa principal de RTE-T se ejecutó por completo en 2011 y señala que el juicio definitivo sobre cómo se han aplicado los compromisos y se han efectuado los pagos correspondientes a los proyectos en el marco financiero 2007-2013 solamente podrá formarse en 2017;

28.

Opina que el programa de apoyo para la consolidación de la Política Marítima Integrada necesita una financiación adecuada para 2013; subraya su decepción ante la ausencia de una línea presupuestaria para el turismo, y lamenta la disminución constante de la dotación presupuestaria para la seguridad en carretera;

29.

Destaca que urge encontrar soluciones innovadoras para movilizar en mayor medida fondos privados o públicos y ampliar la gama de instrumentos financieros disponibles para proyectos de infraestructuras; apoya plenamente la fase piloto de la iniciativa de emisión de bonos para la financiación de proyectos como medio para estimular la capacidad de inversión en el ámbito de las redes de la UE en materia de transportes, energía y TIC; celebra que el proyecto de presupuesto contenga créditos para la fase piloto, incluso si se han reasignado dentro de las correspondientes líneas presupuestarias (PIC, RTE-T, RTE-E), con arreglo a lo acordado por la autoridad legislativa;

30.

Deplora profundamente las reducciones propuestas por la Comisión para las Autoridades Europeas de Supervisión respecto de lo previsto originariamente en la programación financiera, reducciones que son contrarias a las reiteradas peticiones del Parlamento Europeo de que se les asigne una financiación adecuada; considera que el nivel actual de los créditos es insuficiente para que esas agencias desempeñen sus cometidos con eficiencia, en particular por lo que se refiere a la contratación de expertos altamente cualificados; estima que los cometidos adicionales encomendados a las autoridades europeas de supervisión (AES) deben completarse con una evaluación de costes; recalca, por consiguiente, su intención de restablecer los créditos como mínimo en el nivel de 2012 para la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), y de aumentar los de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la vista de los nuevos cometidos que se le han encomendado;

31.

Toma nota de que el PP 2013 prevé un incremento de los CC en un 3,3 % (hasta 54 498 millones de euros) en relación con el presupuesto 2012, de los que 42 144 millones se destinan a los Fondos Estructurales (FEDER y FSE) y 12 354 millones, al Fondo de Cohesión; destaca que la reducción del nivel de los compromisos del PP para asistencia técnica en relación con lo previsto originariamente en la programación financiera ha dado lugar a un aumento del margen de 25 millones de euros en relación con la previsión inicial de 0,4 millones de euros;

32.

Lamenta los recortes propuestos para la asistencia técnica a las estrategias macrorregionales; reitera la necesidad de apoyo técnico y administrativo continuo para la ejecución de las estrategias y también la necesidad de capital de puesta en marcha de nuevos proyectos, como muestra la elevada tasa de ejecución de 2011;

33.

Destaca que la política de cohesión ha demostrado durante mucho tiempo su valor añadido como instrumento de inversión necesario para aportar crecimiento y creación de empleo de manera efectiva, al abordar acertadamente las necesidades de inversión de las regiones y contribuir así no solo a la reducción de las disparidades entre ellas, sino también a la recuperación económica y al desarrollo de la Unión en su conjunto; considera además que los Fondos Estructurales, por su volumen financiero y por los objetivos que persiguen, son un instrumento crucial para acelerar la recuperación económica de la UE y para contribuir a los objetivos de crecimiento sostenible y empleo consagrados en la Estrategia Europa 2020; celebra, por lo tanto, la iniciativa de la Comisión de reprogramar siempre que sea posible 82 000 millones de euros de recursos de los fondos estructurales no asignados en algunos Estados miembros en favor de las PYME y el empleo juvenil, de acuerdo con las prioridades del Parlamento para 2013; toma nota de que, según la Comisión, se han destinado en este contexto 7 300 millones de euros de financiación de la UE para liberación acelerada o reasignación; pide que se le mantenga debidamente informado sobre la ejecución de esta iniciativa a nivel nacional, su impacto esperado en el crecimiento y el empleo, y su posible impacto en el presupuesto de 2013;

34.

Expresa su profunda preocupación ante la situación de los pagos de los proyectos de cohesión de esta rúbrica, y toma nota de que el volumen de dos tercios del total de RAL a finales de 2011 (esto es, 135 800 millones de euros) es un reflejo de los proyectos impagados en el marco de la política de cohesión; recuerda que, a finales de 2011, la Comisión no estuvo en condiciones de reembolsar unos 11 000 millones de euros de solicitudes de pago legítimas presentadas por beneficiarios de proyectos, debido al insuficiente nivel de los créditos de pago previstos en el presupuesto; observa que esta situación ha dado lugar a un importante retraso en los pagos al que deberá hacerse frente mediante la disponibilidad de créditos de pago suficientes en 2012; hace firmemente hincapié en que no aceptará que esta situación se reproduzca en 2013;

35.

Recuerda, en este contexto, que 2013 es el último año del MFP actual, en el que la ejecución de proyectos cofinanciados avanza a toda velocidad y se espera que siga acelerándose, previéndose que el grueso de las solicitudes de pago llegue a la Comisión en el segundo semestre; pide al Consejo y a la Comisión que, junto con el Parlamento, analicen y evalúen sin demora los importes y los requisitos en cuestión, de manera que no se obstaculice la ejecución en 2013; señala que una falta de créditos de pago podría hacer peligrar los programas que están funcionando correctamente; destaca, además, que 2013 será un año en el que, a causa de la extinción de la regla N+3, las solicitudes de pago que presenten doce Estados miembros tendrán que referirse a dos tramos anuales de compromisos (los tramos de 2010 y 2011 en virtud de la regla N+3 y de la regla N+2, respectivamente); considera, por consiguiente, como un mínimo el incremento propuesto de los CP en un 11,7 % (hasta 48 975 millones de euros) en relación con el pasado ejercicio, pues, como indica la Comisión, se refiere estrictamente a 2013 y da por cubiertas las necesidades de pagos de ejercicios anteriores;

36.

Considera que este incremento de los pagos no es sino un primer paso para cubrir las necesidades reales de los proyectos en curso, y reitera su preocupación ante la posible escasez de fondos en el ámbito de la política de cohesión; pide al Consejo y a la Comisión que evalúen atentamente las necesidades reales de pagos en 2013 en el marco de la rúbrica 1b, y que no lleven a cabo recortes que no sean realistas ni tomen decisiones que no se ajusten a las previsiones facilitadas por los propios Estados miembros, que se han utilizado como base para el proyecto de presupuesto de la Comisión; se opondrá, por consiguiente, a cualquier posible recorte del nivel de los pagos en relación con la propuesta recogida en el PP 2013;

37.

Pide asimismo a la Comisión y al Consejo que, si los CP resultan insuficientes para cubrir las necesidades reales durante el ejercicio, presenten a su debido tiempo un presupuesto rectificativo y honren así el compromiso conjunto asumido en la Declaración interinstitucional de diciembre de 2011;

38.

Toma nota de que el PP 2013 propone incrementar los CC en un 0,6 % (hasta 60 307 millones de euros) y los CP en un 1,6 % (hasta 57 964 millones de euros) con respecto al presupuesto de 2012; señala que estos niveles siguen siendo inferiores al incremento propuesto por la Comisión para el conjunto del presupuesto; toma nota de que estos incrementos se deben en parte a la introducción progresiva de ayudas directas para los nuevos Estados miembros y a las necesidades adicionales para proyectos de desarrollo rural; subraya que los fondos propuestos para 2013 para intervenciones en el mercado son inferiores en 419 millones de euros con respecto al presupuesto de 2012;

39.

Observa que el margen previsto de 809 millones de euros para los gastos de mercado y los sublímites máximos de las ayudas directas dentro de la rúbrica 2 supone un importante incremento en relación con 2012, incremento que, según la Comisión, se debe principalmente al efecto puntual de la finalización del Fondo de reestructuración del azúcar; manifiesta su satisfacción porque la existencia de este margen supone que en 2013 no se aplicará el mecanismo de disciplina presupuestaria; destaca que es necesario disponer de un margen suficiente en esta rúbrica para paliar las crisis que pudieran producirse en el sector agrícola, como ha ocurrido recientemente con la crisis de la bacteria ECEH;

40.

Destaca que 2013 es el último año del actual periodo de programación, por lo que debe garantizarse en la rúbrica 2 un nivel de créditos de pago adecuado para cubrir en particular las necesidades de los proyectos de desarrollo rural y LIFE+ en curso;

41.

Señala que la rúbrica 2 es fundamental para la consecución de los objetivos estratégicos de crecimiento sostenible y empleo de la Estrategia Europa 2020, en particular a través de sus programas de desarrollo rural; destaca la necesidad de apoyar a las PYME de las zonas rurales, principales creadoras de empleo con un interés particular en la población joven; celebra, a este respecto, el incremento propuesto de los CC en un 1,3 % (hasta 14 808 millones de euros) para el desarrollo rural;

42.

Toma nota de que los créditos de la rúbrica 2 son inferiores a las necesidades estimadas, porque los ingresos afectados al FEAGA se han estimado en un importe superior en 2013 (1 332,8 millones de euros) que en 2012 (1 010 millones de euros); toma nota de que la diferencia se debe al saldo restante del Fondo temporal de reestructuración del azúcar (647,8 millones de euros), mientras que se prevé que los ingresos asignados procedentes de las decisiones de liquidación de cuentas sean inferiores a los de 2012 (400 millones de euros en el proyecto de presupuesto 2013 frente a 600 millones en el presupuesto 2012); recuerda que el ajuste de las estimaciones actuales con arreglo a las necesidades reales se hará en otoño mediante la nota rectificativa sobre agricultura;

43.

Recuerda que la volatilidad de precios en este sector es motivo de seria preocupación, y apoya las medidas para combatir la especulación con productos agrícolas; insta a la Comisión y al Consejo a que observen atentamente la evolución de los mercados agrícolas; recuerda a la Comisión, en este contexto, la petición del Parlamento de que establezca un observatorio de precios y márgenes con el fin de lograr una mejor comparabilidad de los precios y una mayor transparencia de la fijación de los precios de los alimentos, petición que no ha sido atendida hasta ahora;

44.

Toma nota de que el aumento propuesto de las ayudas directas se debe fundamentalmente a la introducción escalonada de los pagos directos en curso en la UE-12, creándose con ello una necesidad presupuestaria adicional de 860 millones de euros en 2013, mientras que se prevé que el gasto en intervenciones en el mercado disminuya debido a un aumento de los ingresos afectados y a la favorable situación del mercado en la mayoría de los sectores;

45.

Observa que los importes asignados a determinadas líneas presupuestarias, incluido el Programa de distribución de leche a centros escolares, han registrado una reducción significativa, y pide a la Comisión que facilite al Parlamento la correspondiente justificación;

46.

Subraya que las políticas de la UE y el presupuesto de la UE son elementos clave para realizar los objetivos de Europa 2020; opina, en este contexto, que los objetivos de la acción en materia climática y medioambiental son de carácter transversal y deben traducirse en acciones concretas que deberán realizarse en el marco de los diferentes programas y políticas de la UE, con el fin de contribuir sustancialmente al crecimiento sostenible y abordar efectivamente los principales desafíos, como la escasez de los recursos y el cambio climático;

47.

toma nota del leve incremento propuesto de los CC en un 3,3 %, hasta 366,6 millones de euros, para LIFE+, pero lamenta que el crédito sea inferior en 10,55 millones de euros a la programación financiera de enero de 2012; explorará, en este contexto, todas las disposiciones financieras con arreglo a lo dispuesto en el punto 37 del Acuerdo interinstitucional;

48.

Acoge positivamente los importes propuestos por la Comisión para el programa de distribución de alimentos para las personas más desfavorecidas; pide al Consejo que respete las decisiones conjuntas tomadas a finales de 2011 sobre el mantenimiento de la financiación de este programa en 2012 y 2013;

49.

Lamenta que se siga subvencionando la producción del tabaco en la UE, en contradicción con los objetivos de la política sanitaria de la UE;

50.

Considera importante mantener el apoyo financiero a la política pesquera común (PPC) con miras a su inminente reforma; destaca, en particular, la necesidad de apoyar a las PYME del sector pesquero y de fomentar el acceso al empleo de los jóvenes en este sector, al tiempo que se garantiza el carácter sostenible de la PPC, así como la necesidad de promover medidas que garanticen la viabilidad social, económica y medioambiental del sector; celebra a este respecto el incremento propuesto para el Fondo Europeo de Pesca en un 2,2 % (hasta 687,2 millones de euros) en CC y en un 7,3 % (hasta 523,5 millones de euros) en CP, respectivamente, en comparación con el presupuesto de 2012; lamenta, no obstante, los recortes propuestos en el ámbito de la gobernanza de la PPC, la conservación, la gestión y la explotación de los recursos pesqueros, y el control y el cumplimiento de la PPC;

51.

Toma nota de que el incremento total de la financiación de las acciones comprendidas en esta rúbrica propuesto en el PP 2013 —1 392,2 y 928,3 millones de euros en compromisos y pagos, respectivamente— en relación con el presupuesto de 2012 es del 1,8 % (24,42 millones de euros) en CC y del 11,1 % en CP; considera que este incremento es acorde con las ambiciones crecientes de la UE en el ámbito de libertad, seguridad y justicia;

52.

Señala la necesidad de reforzar los créditos destinados a ciberseguridad en el sector de las TI, debido al gran daño que la creciente actividad delictiva en este ámbito causa a las economías nacionales de los Estados miembros; reitera que, para impulsar la lucha contra la ciberdelincuencia a nivel de la Unión por medio del futuro Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3), será necesario contar con una financiación adecuada, por lo que deplora los recortes propuestos por la Comisión para Europol, ya que las misiones del EC3 definidas por la Comisión no podrán llevarse a cabo con los actuales recursos humanos y financieros de Europol; toma nota de que, en contra de la programación financiera, está previsto un recorte de 64,4 millones de euros en relación con el presupuesto de 2012 en el Programa «Prevención y lucha contra la delincuencia», aunque este programa se concibió con vistas también a cubrir la ciberdelincuencia y el uso ilegal de Internet;

53.

Pide que se mantenga el apoyo a Frontex y a las diversas agencias creadas recientemente en esta rúbrica (en particular la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y a los sistemas de TI de gran escala); toma nota del recorte del 8,9 % (7,3 millones de euros) de la contribución a la Oficina Europea de Policía (Europol) respecto del presupuesto de 2012, y espera que la Comisión proporcione más detalles sobre el recorte propuesto;

54.

Toma nota de que la reducción de 30 millones de euros para el programa VIS y la terminación de Eurodac (– 0,5 millones de euros) se verán compensadas mediante el traspaso de estos cometidos y de los créditos presupuestarios correspondientes a la nueva Agencia para la gestión operativa de sistemas de TI de gran magnitud;

55.

Toma nota del significativo aumento de los compromisos y del nivel comparativamente bajo de los pagos relativos al SIS II; señala que, con arreglo al calendario general del SIS II, en 2013 debe finalizarse su desarrollo y migración y que la Agencia informática se hará cargo de la gestión del sistema; rechaza, por lo tanto, el significativo incremento presupuestario, muy superior a su planificación financiera inicial, practicado en una fecha tan tardía, justo antes de que SIS II entre en funcionamiento; recomienda que se mantenga en la reserva una parte sustancial del presupuesto del SIS II hasta que se haya demostrado su progreso operativo y el respeto de la planificación financiera establecida;

56.

Alaba el incremento en 9,8 millones de euros respecto del presupuesto de 2012 propuesto por la Comisión para el Fondo Europeo para los Refugiados, en consonancia con la línea adoptada en los años anteriores, y el establecimiento en curso de un sistema europeo común de asilo; toma nota del incremento del 19 % de la dotación presupuestaria del Fondo para las Fronteras Exteriores, hasta 415,5 millones de euros, que se limita a la mitad de lo previsto en la programación financiera; recuerda su firme llamamiento en favor de una respuesta adecuada y equilibrada a estos retos, con miras a mejorar la gestión de la migración legal y frenar la migración ilegal;

57.

Destaca la necesidad de asignar una financiación adecuada a las medidas destinadas a luchar contra la violencia de género; destaca el importante papel que ha desempeñado el Programa Daphne de prevención y lucha contra la violencia en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en la UE, y destaca la importancia de incrementar su financiación en 2013;

58.

Recuerda que, pese a ser la rúbrica más pequeña del MFP en lo que a dotación financiera se refiere, la subrúbrica 3b cubre algunas de las principales preocupaciones de los ciudadanos europeos, como la juventud, los programas educativos y culturales, la salud pública, la protección de los consumidores, el instrumento de protección civil y la política de comunicación; deplora, por consiguiente, que una vez más se vayan a reducir los créditos totales para 2013 en esta rúbrica respecto del presupuesto 2012, con un recorte en los CC del 1,2 % (26,08 millones de euros) y en los CP del 0,4 %, excluido el Fondo de Solidaridad;

59.

Acoge con satisfacción, partiendo del buen índice de ejecución de ejercicios anteriores, el incremento de la financiación en 2013 para el programa «La juventud en acción» (hasta 140,45 millones de euros), lo que supone un incremento de 0,8 millones de euros respecto del presupuesto de 2012 y de 16,5 millones respecto de la programación financiera;

60.

Celebra el incremento de los compromisos en relación con el presupuesto de 2012 por lo que se refiere a los programas Cultura (+ 1,4 %) y Media 2007 (+ 1,1 %), así como al Programa de acción en el ámbito de la salud pública (+ 3,1 %), pero lamenta los recortes de los créditos, respecto del presupuesto 2012, para «Europa con los ciudadanos» —especialmente durante el Año Europeo de los Ciudadanos—, y para el Programa de acción de la Unión Europea en el ámbito de la política de protección de los consumidores y Media Mundus;

61.

Lamenta el reducido volumen de los compromisos para acciones de comunicación respecto del presupuesto de 2012 en un momento en el que la fractura entre la Unión Europea y sus ciudadanos es más evidente que nunca, como muestra la participación cada vez menor en las elecciones europeas; está convencido de la necesidad de redoblar los esfuerzos de comunicación y de una financiación en consonancia con ellos a fin de asegurar la visibilidad de las instituciones de la Unión Europea y de demostrar cómo contribuyen a que se supere la crisis económica y financiera;

62.

Subraya que también este año ha quedado disponible un margen muy limitado (25,6 millones de euros) en esta rúbrica, lo que deja escasas posibilidades de maniobra si resultan necesarias nuevas acciones o decisiones sobre prioridades de financiación que afecten directamente a los ciudadanos;

63.

Toma nota de que los créditos de compromiso y de pago presentados en el PP 2013 representan un incremento del 0,7 % y del 5,1 % respecto del presupuesto 2012, hasta 9 467,2 y 7 311,6 millones de euros, respectivamente; señala que dichos incrementos siguen siendo inferiores al propuesto por la Comisión para todo el presupuesto;

64.

Recuerda la necesidad de una coordinación más estrecha y de coherencia de los esfuerzos de financiación de acciones exteriores por parte de la Unión y los Estados miembros para evitar solapamientos y duplicación de unos recursos escasos; subraya la necesidad de fomentar la cooperación y la sincronización de las acciones con otros donantes internacionales, locales y regionales a fin de optimizar la utilización de los fondos y de crear sinergias; considera que, en tiempos de penuria económica, también es importante potenciar la flexibilidad de la programación y la utilización de los instrumentos y complementar unos recursos escasos mediante instrumentos con efecto de apalancamiento que permitan utilizar y reutilizar los fondos invertidos y generados;

65.

Toma nota del significativo incremento de 272,3 millones de euros del margen propuesto para la rúbrica 4 en relación con la programación financiera para 2013 (de 119,6 a 391,9 millones de euros), que refleja el efecto neto del incremento de los compromisos asignados al IEVA (reforzados en 51,7 millones de euros) y el IPI y el IPI+ (que superan la programación financiera en 0,3 millones de euros) y de la reducción de los compromisos del Fondo de Garantía (– 104,5 millones de euros), el Instrumento de Ayuda Preadhesión (– 99,3 millones de euros), la asistencia macrofinanciera (– 37,4 millones de euros), el Instrumento de Cooperación para el Desarrollo (– 28,6 millones de euros) y el Instrumento de Estabilidad (– 41,4 millones de euros); pide a la Comisión que proporcione explicaciones suficientes de la necesidad de esta significativa reducción de algunos programas en relación con la programación financiera; destaca que, aunque se podría acoger positivamente el principio de reducir los programas infrautilizados si el aumento de eficiencia permite hacer ahorros, no se debe proceder a recortes generalizados de los créditos; advierte de que el uso de un margen artificialmente elevado como instrumento de negociación en el procedimiento presupuestario no puede considerarse una buena práctica presupuestaria;

66.

Lamenta, en particular, la reducción continua de los créditos en el ámbito de la cooperación para el desarrollo; se pregunta cómo puede ser esto compatible con los compromisos internacionales asumidos por la UE de dedicar para 2015 el 0,7 % del PNB a los Objetivos de Desarrollo del Milenio; lamenta que el nivel total de compromisos del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), propuesto en el PP 2013, represente un aumento inferior a la tasa de inflación estimada, y que el nivel de pagos totales del ICD propuesto sea inferior al de 2012; pide a la Comisión que garantice un enfoque de la financiación del ICD más coherente y realista y mejor planificado;

67.

Toma nota de la propuesta de incrementar los créditos del Instrumento Europeo de Vecindad, abordando las necesidades de los países que registran importantes cambios políticos y económicos; se felicita de la importancia concedida a la Asociación Oriental, y reitera su apoyo a los países que conforman su componente meridional, ya que se enfrentan a unos retos de proporciones históricas a raíz de la Primavera Árabe; considera insuficiente la información facilitada por la Comisión sobre la aplicación del principio de «enfoque diferenciado», y le pide que elabore principios claros sobre la manera de aplicar este principio;

68.

Considera que sigue siendo necesario un nivel suficiente de asistencia financiera de la UE a la Autoridad Palestina y al OOPS para dar una respuesta amplia y adecuada a la situación política y humanitaria en Oriente Próximo y al Proceso de Paz; destaca la situación particularmente difícil a la que se enfrenta actualmente el OOPS, sobre todo a raíz de los acontecimientos de Siria; señala que el efecto neto del incremento de los compromisos destinados al IEVA se debe principalmente al apoyo continuado a los territorios ocupados palestinos en el nivel del proyecto de presupuesto para 2012;

69.

Destaca que, gracias al fuerte compromiso del Parlamento, la contribución anual de la UE a la Autoridad Palestina, el OOPS y el proceso de paz en Oriente Próximo ha ascendido en los últimos años a 300 millones de euros, y recuerda que, durante la conciliación presupuestaria, la Autoridad Presupuestaria acordó una dotación de 200 millones de euros para el ejercicio 2012, supeditada a un incremento adicional sine qua non de 100 millones de euros para el ejercicio financiero 2011 procedente de los créditos no utilizados; pide un compromiso en materia de financiación que refleje las necesidades reales desde el comienzo del ejercicio, con objeto de garantizar que la UE puede apoyar con eficacia una pacificación sostenible; insiste en que se han de imponer controles financieros estrictos y se ha de remitir al Parlamento un desglose detallado y una evaluación del gasto;

70.

Reconoce que, con la adhesión de Croacia a la Unión, se reducirán en 67,6 millones de euros las dotaciones del IPA; le preocupa, no obstante, que la Comisión haya propuesto una reducción del apoyo a la formación de capacidad institucional de los países candidatos mayor de lo esperado, con un recorte de la dotación del IAP para Croacia (– 29,14 millones de euros en total respecto de 2012), mientras que a la vez se refuerza esta misma línea para posibles países candidatos (+ 10,5 millones de euros respecto de 2012); recuerda que la capacidad institucional es de máxima importancia para el adecuado uso de los fondos de la Unión y es igualmente importante para países candidatos y para posibles países candidatos; acoge con satisfacción el incremento propuesto del 10,2 % en los CC para el componente de desarrollo rural del IPA respecto del presupuesto de 2012;

71.

Reitera que, especialmente en tiempos de austeridad, los créditos de compromiso deben planificarse cuidadosamente en cada una de las líneas presupuestarias de la PESC, para garantizar que los fondos de la UE se canalizan hacia las medidas para las que son más necesarios, teniendo en cuenta siempre que sea posible la necesaria flexibilidad de las operaciones de la PESC y la imposibilidad de predecirlas; celebra, en este contexto, las peticiones de mayores sinergias, entre otros medios, poniendo en común, compartiendo e integrando las capacidades y a través de la mejora de los resultados, la planificación y la ejecución de las misiones y operaciones; aplaude los esfuerzos hacia un balance más completo y transparente de todas las misiones realizadas en el marco de la PESC; analizará atentamente el incremento del 9,2 % de los CC de la PESC en 2013;

72.

Reconoce la necesidad de reaccionar ante los retos transregionales que plantea la delincuencia organizada, los diferentes tipos de tráfico, la necesidad de proteger las infraestructuras críticas, las amenazas para la salud pública y la lucha contra el terrorismo; pide a la Comisión, no obstante, que aporte pruebas de la necesidad de un incremento del 50 % para estas medidas en 2013;

73.

Toma nota de que el gasto administrativo total para todas las instituciones se estima en 8 544,4 millones, lo que representa un incremento del 3,2 % en relación con 2012, con un margen de 636,6 millones de euros, incluido el gasto adicional derivado de la adhesión de Croacia;

74.

Reconoce que la mayoría de las instituciones, incluido el Parlamento Europeo, han hecho un esfuerzo para limitar sus presupuestos administrativos a un incremento inferior a la tasa de inflación esperada, excluido el coste de la ampliación a Croacia; subraya, en este contexto, la necesidad de racionalizar a largo plazo los recursos administrativos, e insiste en la necesidad de reforzar la cooperación interinstitucional en ámbitos como los recursos humanos, la traducción y la interpretación, los edificios y la tecnología de la información;

75.

Destaca que el incremento del 3,2 % en relación con 2012 se debe principalmente a obligaciones legales o contractuales como las pensiones o los ajustes salariales; toma nota, no obstante, de que la Comisión ha cumplido con creces su compromiso de mantener el incremento nominal de sus créditos administrativos dentro de la rúbrica 5 por debajo de la previsión de inflación del 1,9 % respecto de 2012, como se expone en la carta de 23 de enero de 2012 del Comisario de Programación Financiera y Presupuesto;

76.

Entiende que ello se ha conseguido mediante una reducción del número de puestos del organigrama de la Comisión en más de un 1 % ya para 2013, especialmente en los ámbitos del apoyo administrativo, la gestión presupuestaria y la lucha contra el fraude, y a través de más recortes en otras partidas del gasto administrativo; pide más explicaciones sobre la necesidad real de proceder a tales reducciones de personal congelando con ello gasto administrativo en términos reales, cuando en 2012 la Comisión logró congelar su gasto administrativo en términos nominales sin recurrir a recortes de personal;

77.

Aplaude este esfuerzo de consolidación presupuestaria del gasto administrativo en una época de restricciones económicas y presupuestarias a nivel nacional; reconoce la necesidad de que todas las instituciones de la UE compartan los esfuerzos de consolidación; manifiesta, no obstante, su preocupación ante el impacto negativo que podrían tener esas medidas en la rapidez, la regularidad y la eficacia de la ejecución de las acciones y los programas de la UE por parte de una administración moderna, a la vista particularmente de la necesidad de recompensar los buenos resultados y la calidad del servicio, teniendo en cuenta el equilibrio geográfico, especialmente en un periodo en que las competencias de la UE siguen aumentando y se adhieren a la Unión nuevos Estados miembros; celebra la información facilitada sobre los ámbitos en los que se ha reforzado el personal, como la gobernanza económica europea, el mercado único y la seguridad y la justicia, pero pide que se facilite una información similar sobre los ámbitos políticos y los tipos de puestos en los que se han practicado recortes de personal respecto de 2012;

78.

Reitera en este contexto que cualquier reducción de personal debe basarse en una evaluación de impacto previa y tener plenamente en cuenta, entre otras cosas, las obligaciones legales de la Unión, las prioridades de la UE y las nuevas competencias y tareas adicionales de las instituciones que se derivan de los Tratados; destaca que esta evaluación debe tener en cuenta cuidadosamente los efectos que se derivan para las diferentes direcciones generales y servicios, en particular considerando su tamaño y su carga de trabajo, y asimismo para los diferentes tipos de puestos afectados de acuerdo con el ejercicio anual de análisis de los recursos humanos de la Comisión (concepción de políticas, gestión de programas, apoyo administrativo, gestión presupuestaria y actividades de lucha contra el fraude, servicios lingüísticos, etc.);

79.

Insiste en que, en muchos ámbitos de la acción de la UE, debe garantizarse una dotación de personal suficiente en relación con la fase de ejecución de los programas, las nuevas prioridades y otras cuestiones; observará atentamente, por lo tanto, la evolución general del nivel de personal de las diferentes direcciones generales y servicios, también a la luz de las prioridades expuestas en el presente informe; pide a la Comisión que, además de facilitarle información pormenorizada a este respecto, proceda a evaluar también detalladamente el impacto de los recortes de personal generalizados propuestos, teniendo en cuenta asimismo toda reducción del personal de la Comisión a más largo plazo, y que le informe sobre ello; insiste en que esto ha de ser una condición previa para que la autoridad presupuestaria considere la posibilidad de aceptar, en función de los resultados, una reducción del personal del 1 % para 2013;

80.

Opina que aún quedan cuestiones pendientes sobre el elevado número de cargos de gestión muy costosos en los niveles superiores del personal del Servicio Europeo de Acción Exterior; pide, por consiguiente, al SEAE que facilite información adicional, en particular en lo que se refiere al importante aumento en el número de puestos AD 14 (+ 9,2 %) propuesto en el proyecto de presupuesto; pide asimismo más información sobre los importantes incrementos en los créditos propuestos para la seguridad y la vigilancia de los edificios (+ 57,2 %);

81.

Está convencido de que la prevención y la mediación se encuentran entre los métodos más rentables para gestionar los conflictos, evitando que desemboquen en violencia; celebra, por consiguiente, la propuesta de inclusión en el presupuesto del SEAE de una línea presupuestaria por un importe de 500 000 euros para servicios de apoyo a la mediación y la prevención de conflictos, tras la conclusión con éxito, a finales de este año, de una acción preparatoria propuesta por el Parlamento;

82.

Opina que las Escuelas Europeas deberían recibir una financiación adecuada para poder abordar correctamente la situación específica de los hijos de los empleados de las instituciones de la UE; toma nota de la dotación total propuesta de 180,7 millones, que representa un incremento del 6,8 % respecto de 2012 y supera los importes de la programación financiera; examinará atentamente, no obstante, las líneas presupuestarias para cada una de las Escuelas Europeas y procederá en su lectura a todas las modificaciones que considere apropiadas al respecto;

83.

Destaca la importancia que revisten los proyectos piloto y las acciones preparatorias como instrumentos fundamentales para la determinación de las prioridades políticas y para allanar el camino a nuevas iniciativas a largo plazo a nivel regional y a nivel de la UE que puedan convertirse en actividades y programas de la UE que mejoren la vida de los ciudadanos de la UE; tiene la intención de proseguir con el establecimiento de un paquete equilibrado de proyectos piloto y acciones preparatorias basado en el análisis y las recomendaciones de la Comisión y considerando atentamente la sostenibilidad y la perennidad de los resultados buscados;

84.

Remitirá a la Comisión, de acuerdo con el anexo II, parte D, del ACUERDO INTERINSTITUCIONAL, una primera lista provisional de posibles proyectos piloto y acciones preparatorias para el presupuesto 2013; espera que la Comisión presente un análisis bien razonado de las propuestas indicativas del Parlamento; destaca que esta primera lista provisional no excluye la presentación formal y la aprobación de enmiendas relativas a proyectos piloto y acciones preparatorias durante la lectura del presupuesto por el Parlamento;

85.

Recuerda que, en el marco del presupuesto 2012, se adoptaron 70 proyectos piloto y acciones preparatorias, con un importe de 105,45 millones de euros en CC en todas las rúbricas; destaca que, si para 2013 la autoridad presupuestaria adopta proyectos piloto y acciones preparatorias a un nivel similar y con una distribución similar entre las rúbricas, se utilizaría ya el 54 % del margen de la rúbrica 1a, el 27 % del margen de la rúbrica 3a y el 37 % del margen de la rúbrica 3b;

86.

Toma nota de las propuestas de la Comisión relativas a cuatro acciones preparatorias y dos proyectos piloto con un importe total de 15,5 millones de euros en CC; piensa analizar atentamente los objetivos y los contenidos de estas propuestas y comprobar los importes solicitados;

87.

Toma nota del importe total de 748 millones de euros (esto es, el 0,5 % del presupuesto total de la UE) destinado a las agencias descentralizadas en el PP 2013, que supone un incremento de la contribución total de la UE (incluidos los ingresos afectados) de 24 millones de euros, o sea + 3,2 %, respecto del presupuesto de 2012; es consciente de que este incremento se debe principalmente a las ocho agencias que están entrando progresivamente en funciones, con vistas a dotarlas de la financiación adecuada, y a las siete agencias cuyos cometidos se han ampliado, con vistas a no obstaculizar su labor; toma nota de que la contribución de la UE a las agencias que ya han alcanzado su ritmo normal de trabajo está disminuyendo en términos nominales, si bien con un aumento de la dotación de personal del 1,2 %; toma nota de que las agencias tienen ahora un total de 5 115 puestos de organigrama, lo que supone un aumento de 257 puestos que afecta principalmente a las agencias con nuevos cometidos o que se encuentran en su fase inicial;

88.

Observa que, por primera vez, la Comisión recorta las solicitudes de financiación de casi todas las agencias, que eran acordes con los importes globales de la programación financiera, estando incluidas las agencias cuyos cometidos entran dentro de las prioridades del Parlamento, con un volumen total de unos 44 millones de euros; recuerda que un análisis atento de la metodología, la lógica y el posible impacto de estos recortes es necesario en virtud de varias resoluciones, de las que la más reciente es la relativa a la aprobación de la gestión del presupuesto 2010, que destaca que el examen de las agencias por parte del GTI debe dar lugar a mejoras estructurales del impacto y la rentabilidad de las agencias, gracias, entre otros medios, a la detección de los ámbitos en que se producen duplicaciones y solapamientos entre las agencias existentes; destaca una vez más que las dotaciones presupuestarias de las agencias de la UE distan mucho de consistir únicamente en gastos administrativos, y que más bien contribuyen a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y de los objetivos de la UE en general, tratando al mismo tiempo de generar ahorros a nivel nacional, con arreglo a lo decidido por la autoridad legislativa;

89.

Considera que las siguientes cuestiones revisten un interés específico para el diálogo tripartito que tendrá lugar el 9 de julio de 2012:

90.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo.

29.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 349/62

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de enero de 2012, relativa a una Estrategia de la UE para la protección y el bienestar de los animales 2012-2015 (COM(2012)0006),

—

Vistos los artículos 7 y 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista su Resolución, de 12 de octubre de 2006, sobre un plan de acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales 2006-2010 (1),

—

Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2008, sobre una nueva Estrategia de Salud Animal para la Unión Europea (2007-2013) (2),

—

Vista su Posición, de 6 de mayo de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza (3),

—

Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre la evaluación del Plan de acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales 2006-2010 (4),

—

Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre la resistencia bacteriana (5),

—

Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre la agricultura de la UE y el comercio internacional (6),

—

Vista su Declaración, de 15 de marzo de 2012, sobre el establecimiento de un límite máximo de 8 horas de viaje para los animales transportados en la Unión Europea con el fin de sacrificarlos (7),

—

Vista su Declaración, de 13 de octubre de 2011, sobre la gestión de la población canina en la Unión Europea (8),

—

Vistas las conclusiones del Consejo de Agricultura y Pesca, de 29 de noviembre de 2010, sobre el bienestar de perros y gatos,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2011, relativa a un plan de acción contra la amenaza creciente de las resistencias bacterianas (COM(2011)0748),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de noviembre de 2011, sobre los efectos del Reglamento (CE) no 1/2005 del Consejo sobre la protección de los animales durante su transporte (COM(2011)0700),

—

Visto el Dictamen científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), de 2 de diciembre de 2010, sobre el bienestar de los animales durante su transporte (9),

—

Visto el Dictamen científico de la EFSA, de 13 de diciembre de 2011, sobre orientaciones relativas a la evaluación de riesgos para el bienestar de los animales (10),