—

Reunida en Bruselas del 17 al 19 de junio de 2013,

—

Visto el artículo 18, apartado 1, de su Reglamento,

—

Visto el Tratado de la Unión Europea,

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Visto el Acuerdo de Cotonú,

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Vista su Resolución, de 29 de noviembre de 2012, sobre la situación en Mali,

—

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo de 13 de junio de 2012 sobre el golpe militar en Guinea-Bisáu (2012/2660 (RSP)), de 20 de abril de 2012 sobre la situación en Mali (2012/2603 (RSP)), de 9 de junio de 2011 sobre la situación en Madagascar (2011/2712 (RSP)), y de 4 de septiembre de 2008 sobre el golpe de Estado en Mauritania (2008/2623 (RSP)),

—

Vista la Declaración Universal de Derechos humanos de 1948,

—

Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989,

—

Vista la Estrategia de la UE para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel, adoptada en marzo de 2011,

—

Vista la Declaración de Lomé de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana (OUA), de 12 de julio de 2000,

—

Vista el Acta Constitutiva de la Unión Africana (UA), adoptada en 2000 en la Cumbre de Lomé (Togo), que entró en vigor en 2001,

—

Vistos el Comunicado de los Jefes de Estado de la Unión Africana, de 14 de julio de 2012, sobre la situación en Mali (PSC/AHG/COMM/1), la Decisión de la Asamblea de la UA, de 1 de julio de 2011, sobre la situación en Madagascar (Assembly/AU/369), la Decisión del Consejo de Paz y Seguridad de la UA, de 17 de abril de 2012, sobre la situación en Guinea-Bisáu y la Resolución del Consejo de Paz y Seguridad de la UA, de 6 de febrero de 2009, sobre la situación en Mauritania,

—

Vista la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad (Carta Democrática) adoptada por la Unión Africana el 30 de enero de 2007, en Adís Abeba, Etiopía, y que entró en vigor el 15 de febrero de 2012,

—

Visto el Protocolo CEDEAO A/SP1/12/01 sobre Democracia y Buena Gobernanza, aprobado en Dakar el 21 de diciembre de 2001,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Políticos (ACP-UE 101.355),

A.

Considerando que la democracia se caracteriza por la celebración de elecciones libres y transparentes en las que el poder se transfiere por un período determinado a las personas a las que el pueblo ha conferido legitimidad a través de las urnas; que la democracia se caracteriza por el respeto del Estado de Derecho, el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y por la libertad de prensa; que la alternancia democrática constituye un avance esencial hacia su consolidación;

B.

Considerando que la adopción de instrumentos jurídicos contra los cambios inconstitucionales de gobierno a escala de la Unión Africana y de la CEDEAO no ha sido suficiente para evitar la creciente incidencia de golpes militares;

C.

Considerando que los cambios inconstitucionales de gobierno constituyen decididamente un importante obstáculo y un desafío para asegurar la paz, la seguridad y el desarrollo de las sociedades de los Estados y las naciones que los sufren;

D.

Considerando que en un Estado democrático, en el que rige el Estado de Derecho, los sistemas policiales y judiciales garantizan la aplicación de la legislación dentro de las fronteras nacionales y las fuerzas armadas militares garantizan la seguridad exterior del Estado;

E.

Considerando que la fuerte interdependencia de los Estados, la porosidad de las fronteras, especialmente en lo que respecta al tráfico de armas, y la acción transnacional de los grupos terroristas requieren la puesta en marcha de respuestas regionales para evitar que se reproduzcan en los Estados vecinos;

F.

Considerando que la reestructuración de los ejércitos nacionales en los Estados ACP que han salido de un conflicto mediante la inclusión de rebeldes y su «integración» o «mezcla» en las fuerzas regulares, sin tener en cuenta criterios objetivos de reclutamiento del ejército ni los recursos reales a disposición de los Estados en cuestión para el mantenimiento de las tropas, socava gravemente la profesionalidad y el carácter elitista de los cuerpos militares republicanos, lo que crea condiciones favorables para el amotinamiento, la rebelión y los golpes militares, que obstaculizan los procesos democráticos en los Estados ACP;

G.

Considerando que los golpes de Estado y las tensiones interiores proporcionan a los grupos terroristas interiores o exteriores la oportunidad de aumentar su influencia y amenazar de forma duradera la estabilidad a escala regional o incluso a una escala más amplia;

H.

Considerando que factores internos y locales, tales como la influencia del poder militar en la vida pública, la corrupción, la falta de gestión de los recursos naturales, la politización e instrumentalización de las tensiones étnicas o religiosas, las rivalidades entre los militares y las fuerzas de seguridad, así como la interferencia externa, constituyen factores importantes de fragilidad del Estado y contribuyen a la propagación de las crisis y los conflictos, agravando los problemas sociales, políticos y de seguridad;

I.

Considerando que los golpes militares y los cambios inconstitucionales de gobierno representan una amenaza para la población local y para la capacidad de garantizar las libertades civiles y los derechos humanos;

J.

Considerando que un gran crecimiento demográfico en un contexto de pobreza constituye otro factor importante de fragilidad del Estado que puede verse intensificado por la aceleración del proceso de urbanización y, por tanto, aumentar el desempleo endémico y poner en peligro la seguridad alimentaria, lo que resultaría en conflictos sociales y podría desencadenar un levantamiento o un golpe de Estado;

K.

Considerando que, en contextos de extrema violencia de los grupos armados o militares rebeldes hacia las poblaciones, los Estados en cuestión deben afrontar desplazamientos a gran escala de personas que, en su mayoría, permanecen en el interior del país o huyen al país vecino más cercano solo porque no pueden darse el lujo de seguir avanzando;

L.

Considerando que los desplazamientos de personas, tanto en el interior como en el exterior de los Estados en situaciones de conflicto, afectan especialmente a las mujeres, a los ancianos y a los niños y les sitúan en una situación de vulnerabilidad extrema;

M.

Considerando que la corrupción agrava la fragilidad de la democracia, lo que favorece el resurgimiento de golpes militares, pone en peligro la consolidación de unas instituciones democráticas estables y socava los esfuerzos para promover unas relaciones saludables entre los militares y los civiles;

N.

Considerando que es esencial un compromiso activo de toda la comunidad internacional con respecto a la prevención y la erradicación de los golpes militares, y los cambios inconstitucionales de gobierno en general, para el triunfo de los valores democráticos, la estabilización de los Estados en desarrollo y la consolidación de la paz en todo el mundo;

1.

Pide a todos los actores políticos y militares que respeten el Derecho internacional, en particular, los derechos humanos, la gobernanza democrática, el Estado de Derecho y la igualdad de género;

2.

Opina que se debe aprender de los últimos golpes de Estado, a fin de abordar el papel del ejército en la construcción de un Estado democrático, atenerse al Estado de Derecho y proporcionar orden y defensa públicos, creando y permitiendo así un entorno adecuado para el desarrollo sostenible;

3.

Pide a todos los actores políticos que establezcan y garanticen un gobierno democrático basado en el pluralismo político y en la participación de los ciudadanos, la separación clara entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y también el pluralismo político, la rendición de cuentas y la transparencia y el respeto de los derechos humanos;

4.

Opina que construir una sociedad democrática y garantizar la estabilidad política requieren, ante todo, una firme voluntad política y una visión ambiciosa por parte de los dirigentes políticos, tanto en el gobierno como en la oposición, con el fin de crear unas instituciones políticas destinadas a garantizar los derechos humanos, sociales, económicos y medioambientales de la población;

5.

Insiste en la adopción y en la aplicación efectivas de la doctrina sobre cambios inconstitucionales de gobierno, estipulada por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y por la Comisión de la Unión Africana mediante su Acta Constitutiva, el Protocolo del Consejo de Paz y Seguridad, la Declaración de Lomé y la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernanza, que establece el marco de definición, las sanciones y el retorno a la constitucionalidad;

6.

Subraya la función que cumple la aplicación de sanciones políticas y económicas dirigidas y coordinadas a nivel internacional y regional contra los autores de los cambios inconstitucionales de gobierno y los golpes de Estado militares, así como la promoción del retorno inmediato a la constitucionalidad y al Estado de Derecho;

7.

Hace hincapié en la necesidad de asegurar la reintegración de los rebeldes y los miembros de las milicias, mediante su inclusión en las fuerzas armadas regulares o a través del desarme y gestión de su vuelta a la vida civil, lo que también implica el pago de un salario regular y el acuartelamiento; destaca la necesidad de fomentar la profesionalidad de las fuerzas armadas en el marco nacional del Estado de Derecho, a través de misiones de formación que promuevan la deontología militar de la protección civil y los valores patrióticos, y afirma que la representación de la diversidad del país en el ejército y en la policía aumenta la cohesión nacional;

8.

Recomienda que, durante el proceso de reforma del ejército en los Estados que han salido de un conflicto, se preste especial atención al perfil de las personas que vayan a reclutarse o incluirse, teniendo en cuenta las exigencias específicas del trabajo de soldado, los recursos disponibles y las necesidades reales de cada Estado en cuestión;

9.

Pide a los países ACP que incluyan medidas de reforma del sector de la seguridad en todos los planes de acción destinados a establecer y fortalecer las instituciones democráticas de rendición de cuentas;

10.

Pide que se refuerce la cooperación política a escala regional para gestionar y prevenir los riesgos de golpe de Estado y terrorismo;

11.

Recuerda que para garantizar la estabilidad política es necesario desarmar a los rebeldes, así como regular y controlar el comercio de armas, dado que este tráfico alimenta también económicamente a las mafias, las fuerzas rebeldes y los grupos terroristas; pide a las organizaciones internacionales y regionales que pongan en marcha programas adecuados de control de armas;

12.

Pide a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que otorguen la prioridad y el seguimiento adecuados al apoyo de la celebración de elecciones libres, que permitan el establecimiento de instituciones que representen a la población;

13.

Pide a la Comisión Europea y al SEAE que den la debida prioridad a la reforma y la formación continua del sector de la seguridad, al fortalecimiento de las estructuras e instituciones del Estado y a las consecuencias de la reconstrucción posterior a un conflicto, a fin de reforzar la capacidad de recuperación y la sostenibilidad del funcionamiento democrático de los países ACP;

14.

Opina que para garantizar la estabilidad democrática en los países ACP, la política de desarrollo debe ocupar un lugar primordial en la estrategia de prevención de conflictos, y considera asimismo que los dirigentes políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los representantes religiosos y las asociaciones de mujeres deben alcanzar un consenso nacional sobre las instituciones adecuadas y pertinentes y sobre los procedimientos establecidos y acordados por medio de los cuales puede llevarse a cabo la práctica democrática;

15.

Solicita a la Comisión Europea y al SEAE que velen por el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones formuladas por las misiones de observación electoral de la UE desplegadas en Estados en proceso de transición, prestando especial atención a las disposiciones relativas a la reforma del sector de la seguridad;

16.

Pide a la Comisión Europea, al SEAE y a los socios regionales e internacionales que se comprometan en pos de una mejor coordinación de la acción exterior y de una intervención internacional acelerada respecto a los países que sufren un cambio inconstitucional de gobierno o un golpe militar, centrándose en la construcción y la consolidación del Estado de Derecho y la nación, así como en la reconciliación nacional;

17.

Condena el uso de la violación como arma de guerra en numerosas zonas en conflicto y solicita que esta se reconozca como crimen de lesa humanidad; pide que se proporcione un apoyo específico a las víctimas de violaciones;

18.

Condena la utilización de niños soldado y solicita el inicio de procedimientos penales contra los jefes rebeldes que recurran a ellos; destaca que la reinserción de los niños soldado constituye una prioridad para garantizar la estabilidad política a largo plazo y la cohesión social; recuerda, en este contexto, que es necesario garantizar el acceso a la educación de los antiguos niños soldado;

19.

Señala la función positiva y proactiva que puede desempeñar la mujer en los procesos de pacificación, reconstrucción, estabilización, democratización y de reconciliación nacional en general; pide a la Comisión Europea, al SEAE, a los países ACP y a los socios regionales e internacionales que alienten la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas y económicas, el principio de igualdad de género y los derechos de la mujer;

20.

Anima a las autoridades públicas de los Estados ACP, así como a sus socios regionales e internacionales, a elaborar y poner en marcha estrategias legislativas y programas para luchar contra el desempleo juvenil y fomentar la inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones políticas y económicas;

21.

Pide a los Estados en cuestión y a sus socios técnicos y financieros que emprendan una reforma del sector judicial, haciendo hincapié en la formación del personal judicial;

22.

Recuerda la importancia de la reconstrucción a largo plazo posterior a un conflicto y reconoce, en este contexto, que deben realizarse esfuerzos para apoyar una mejor urbanización sostenible en los países ACP y contribuir así a reducir el desempleo endémico y la inseguridad alimentaria, así como los riesgos de tensiones sociales;

23.

Recomienda a los donantes internacionales, a los países ACP y a sus socios regionales que adopten todas las medidas necesarias con el fin de promover la educación, especialmente la educación para la ciudadanía, desde los primeros años, y que sensibilicen a toda la población sobre una cultura de paz, derechos humanos, democracia, Estado de Derecho y libertades civiles;

24.

Solicita a la Comisión Europea y al SEAE que continúen promoviendo activamente programas de asistencia en el marco de la situación posterior a los conflictos, a fin de mejorar la coordinación de las acciones urgentes y de aquellas relacionadas con el desarrollo a largo plazo;

25.

Pide que se lleve ante la justicia a los autores y cómplices de golpes de Estado y cambios inconstitucionales de poder;

26.

Defiende una acción más firme de la Corte Penal Internacional para luchar contra la impunidad de forma eficaz;

27.

Recomienda que las organizaciones continentales como la Unión Africana y las comunidades económicas regionales promuevan aún más una interrelación reforzada, tanto en materia política como económica, entre sus Estados miembros, con el fin de hacer frente a problemas comunes tales como el terrorismo, el contrabando, la delincuencia organizada y el fundamentalismo religioso;

28.

Recomienda que las organizaciones regionales y sus Estados miembros promuevan la prevención de los golpes militares mediante la identificación y la definición clara de las funciones y responsabilidades de los militares y las elites políticas, con el fin de fomentar la toma de decisiones políticas responsables y la elaboración de políticas de defensa responsables;

29.

Recomienda que las organizaciones continentales como la Unión Africana y las organizaciones regionales como la CEDEAO utilicen sus sistemas de alerta temprana para prevenir y neutralizar, en una fase inicial, no solo los posibles conflictos entre sus Estados miembros, sino también dentro de sus fronteras;

30.

Pide a la comunidad internacional de donantes que presten asistencia a las poblaciones civiles afectadas por las consecuencias de los golpes militares y otros cambios inconstitucionales de gobierno, y que presten particular atención a los grupos de población vulnerables, como los desplazados, las mujeres, los ancianos y los niños;

31.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente resolución a las instituciones de la Unión Africana y de la Unión Europea, al Consejo ACP, a la CEDEAO, a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), a la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, a la Francofonía, a la Commonwealth y al Secretario General de las Naciones Unidas.

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Reunida en Bruselas del 17 al 19 de junio de 2013,

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Visto el artículo 21, apartados 1 y 3, del Título V del Tratado de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 18, apartado 1, de su Reglamento,

—

Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de Cotonú) (3), y en particular sus artículos 36 y 37, así como las revisiones del Acuerdo de Cotonú de 2005 y de 2010 (4),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de septiembre de 2002, sobre las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión con respecto a la negociación de acuerdos de asociación económica con los países y las regiones ACP (5); la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de marzo de 2006, sobre el impacto en el desarrollo de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) (6); la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de mayo de 2007, sobre los Acuerdos de Asociación Económica (7); la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2007, sobre los Acuerdos de Asociación Económica (8); y la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de febrero de 2009, sobre el impacto de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) sobre el desarrollo (9),

—

Vistos el Reglamento (UE) no 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) no 732/2008 del Consejo (10), y la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2012, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas (11),

—

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2012 (12) y de 16 de abril de 2013 (13), sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) no 1528/2007 del Consejo a efectos de la supresión de varios países de la lista de regiones o Estados que han finalizado negociaciones,

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2010 (14), sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales,

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Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2011 (15),

—

Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 19 de febrero de 2004, sobre los Acuerdos de Asociación Económica (AAE): dificultades y perspectivas (16), y la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 23 de noviembre de 2006, sobre la revisión de las negociaciones sobre los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) (17),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2009, sobre el Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (18); la Resolución de 25 de marzo de 2009 sobre el Acuerdo de Asociación Económica interino entre los Estados del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea, por otra (19); la Resolución de 25 de marzo de 2009 sobre el Acuerdo de Asociación Económica preliminar entre Costa de Marfil, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (20); la Resolución de 25 de marzo de 2009 sobre el Acuerdo de Asociación Económica interino entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Ghana, por otra (21); la Resolución de 25 de marzo de 2009 sobre el Acuerdo de Asociación Económica interino entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Parte África Central, por otra (22); la Resolución de 25 de marzo de 2009 sobre el Acuerdo provisional por el que se establece un marco para un acuerdo de asociación económica entre los Estados del África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (23); la Resolución de 25 de marzo de 2009 sobre un Acuerdo de Asociación Económica interino entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados del AAE de la SADC, por otra (24); la Resolución de 25 de marzo de 2009 sobre el Acuerdo por el que se establece un marco para un acuerdo de asociación económica entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados socios de la Comunidad del África Oriental, por otra (25); y la Resolución de 19 de enero de 2011 sobre el Acuerdo de Asociación interino entre la CE y los Estados del Pacífico (26);

—

Vista la primera reunión del Consejo Conjunto Cariforum-UE, de 17 de mayo de 2010 en Madrid (España), y su segunda reunión, de 26 de octubre de 2012 en Bruselas,

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Vista la Resolución de la 95a reunión del Consejo de Ministros ACP celebrada en Port Vila (Vanuatu), los días 10 a 15 de junio de 2012, sobre los Acuerdos de Asociación Económica (27),

—

Vista la Declaración de Sipopo, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno ACP en el marco de su séptima cumbre, celebrada en Guinea Ecuatorial los días 13 y 14 de diciembre de 2012 (28),

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Vistos el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y en particular su artículo XXIV, y las declaraciones ministeriales aprobadas, respectivamente, en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, el 14 de noviembre de 2001 en Doha, y en la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC, el 18 de diciembre de 2005 en Hong Kong,

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Vista la Comunicación de la Comisión Europea, de 28 de noviembre de 2006, para modificar las Directivas relativas a las negociaciones de acuerdos de asociación económica con los Estados y regiones ACP (COM(2006)0673) y la Comunicación de la Comisión Europea, de 23 de octubre de 2007, sobre los Acuerdos de Asociación Económica (COM(2007)0635),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de abril y octubre de 2006, de mayo, octubre y noviembre de 2007, y de mayo y junio de 2008,

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Visto el comunicado emitido tras la conclusión de la 33a reunión ordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe, celebrada en Gros Islet (Santa Lucía), los días 4 a 6 de julio de 2012,

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Vistos los resultados de la reunión de dirigentes ACP del Pacífico, celebrada en Rarotonga (Islas Cook), el 28 de agosto de 2012,

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Vista la Decisión sobre la intensificación del comercio interafricano y la aceleración de la creación de la zona continental de libre comercio (documento Assembly/AU/11(XIX)) de la decimonovena sesión ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, celebrada en Adís Abeba (Etiopía), los días 15 y 16 de julio de 2012,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de enero de 2012, al Parlamento Europeo y al Consejo, titulada «Comercio, crecimiento y desarrollo — Una política de comercio e inversión a medida para los países más necesitados» (COM(2012) 0022 final),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2013 (29), sobre la promoción del desarrollo a través del comercio,

—

Vista la Resolución sobre los Acuerdos de Asociación Económica y otras cuestiones comerciales de la 97a sesión del Consejo de Ministros ACP celebrada en Bruselas los días 3 a 5 de junio de 2013,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales (AP101.293/13/A/fin.),

A.

Considerando que el capítulo de cooperación comercial del Acuerdo de Cotonú, en virtud del cual la UE amplió las preferencias comerciales no recíprocas a los países ACP, expiró el 31 de diciembre de 2007, y que los países ACP y la UE previeron la negociación de Acuerdos de Asociación Económica (AAE) concebidos como instrumentos de comercio y desarrollo para los Estados ACP, que pertenecen en su mayoría a la categoría de países menos desarrollados;

B.

Considerando que, con arreglo al Acuerdo de Cotonú, las negociaciones de los AAE deben llevarse a cabo en los niveles considerados oportunos por los Estados ACP y de conformidad con los procedimientos aceptados por el Grupo ACP; que estas negociaciones también deben tener en cuenta los prometedores procesos de integración regional en curso entre los países ACP, y las decisiones políticas y las prioridades de desarrollo a las que se orientan estos procesos;

C.

Considerando que el objetivo fundamental de las relaciones de cooperación ACP-UE para el desarrollo económico, social y cultural de los Estados ACP consagradas en el Acuerdo de Asociación de Cotonú es contribuir a reducir, y en última instancia erradicar, la pobreza y favorecer la paz, la seguridad y la estabilidad política y democrática de los países ACP, con el fin de alcanzar de manera progresiva los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); que el vínculo entre la liberalización del comercio y la reducción de la pobreza no es automático; que, sin embargo, las medidas comerciales a medida pueden ser un sólido motor de crecimiento y desarrollo y potenciar al mismo tiempo las pequeñas empresas locales;

D.

Considerando que el Acuerdo de Cotonú está basado en la igualdad de los socios y en la apropiación de las estrategias de desarrollo;

E.

Considerando que los AAE deben ser acuerdos cuya finalidad sea apoyar la integración regional mediante el desarrollo del comercio, el crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza, a la vez que promover la integración gradual de las economías ACP en la economía mundial;

F.

Considerando que cabe señalar que la Comisión Europea pretende alcanzar acuerdos de integración amplios y completos que impliquen no solo la liberalización del comercio de bienes sino también de las inversiones, los contratos públicos y el comercio de servicios, junto con el compromiso sobre derechos de propiedad intelectual, y la facilitación del comercio; que, en cambio, las directrices para la negociación de los países ACP se centran sobre todo en mejorar la cooperación para fortalecer la capacidad económica y comercial de los países ACP con el fin de ayudarles a fomentar el desarrollo sostenible y erradicar la pobreza al tiempo que aumentan su participación en el comercio mundial;

G.

Considerando que, hasta la fecha, tan solo la región del Cariforum ha suscrito y está aplicando un AAE pleno, mientras que otras regiones han aplicado o están aplicando acuerdos interinos, si bien se han comprometido a concluir las negociaciones en los ámbitos pendientes;

H.

Considerando que los AAE se conciben como acuerdos regionales, que podrían apoyar la integración de los mercados ACP pequeños y fragmentados en economías regionales más sólidas, pero que, debido a la presión para firmar acuerdos individuales a la que se sintieron sometidos varios Estados ACP, se han creado regímenes comerciales con la UE distintos de los de sus vecinos y que, por tanto, socavan la integración regional;

I.

Considerando que la Comisión ha propuesto revisar los AAE interinos en el contexto de las actuales negociaciones de los AAE definitivos;

J.

Considerando que la séptima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la ACP, celebrada en diciembre de 2012, declaró que, tras 10 años de negociaciones, los AAE no han producido el resultado deseado, las regiones que habían firmado o rubricado los AAE a finales de 2007 se han dedicado principalmente a evitar el riesgo de perturbación del comercio, y las cuestiones polémicas continúan y limitan seriamente el margen político o inclinan la balanza de derechos y obligaciones de los países ACP;

K.

Considerando que la eliminación de aranceles podría crear un vacío importante en los presupuestos de muchos Estados ACP que dependen de los derechos de importación y de los impuestos a la exportación para una parte importante de los ingresos de sus gobiernos;

L.

Considerando que los Estados ACP podrían necesitar más recursos para cubrir los costes de ajuste de los AAE, como la disminución de los ingresos y el aumento de la competencia, y para contribuir a sus capacidades de producción e infraestructura, apoyar los esfuerzos de diversificación y aumentar la competitividad a fin de beneficiarse del acceso a los mercados de la UE, intrarregionales, regionales y mundiales;

M.

Considerando que el Reglamento (CE) no 1528/2007 se ha modificado para suprimir de su ámbito de aplicación (en relación con un acceso al mercado libre de derechos y de contingentes) a aquellos países que no han adoptado las medidas necesarias para ratificar sus AAE antes del 1 de octubre de 2014;

N.

Considerando que las regiones ACP han expresado su preocupación por una serie de cuestiones controvertidas que consideran que limitan en gran medida el margen político e inclinan la balanza de los derechos y obligaciones en el marco de los AAE;

O.

Considerando que el Grupo ACP ha reiterado su total compromiso con la conclusión de las negociaciones siempre que el resultado aborde sus preocupaciones y objetivos de desarrollo;

P.

Considerando que las recientes reformas de la UE con respecto al sistema de preferencias generalizadas (SPG) van a poner fin a las preferencias comerciales unilaterales de algunos países ACP;

1.

Hace hincapié en que la conclusión y la correcta aplicación de unos AAE globales y equilibrados debe contribuir al desarrollo sostenible de los Estados ACP y también debe prestar la debida atención a sus decisiones políticas, a sus prioridades de desarrollo y al refuerzo de la integración regional; considera que la creación de capacidades a escala estatal también debe seguir siendo un objetivo conjunto y común de la ACP y la UE;

2.

Pide a la Unión Europea que cumpla en la práctica su compromiso de coherencia de las políticas para el desarrollo, con el fin de mejorar la coherencia entre sus políticas de comercio, agricultura, fiscalidad, cambio climático, inversiones, acceso a las materias primas y desarrollo, aumentando así la transformación de los Estados ACP en economías autosuficientes;

3.

Considera que los AAE deben negociarse teniendo en cuenta las diferentes crisis y evolución económicas de los últimos diez años.

4.

Recuerda la necesidad de recuperar la confianza y el diálogo constructivo en todos los debates con las regiones ACP; insta, por tanto, a todas las partes involucradas en la negociación de AAE a que mantengan la voluntad política y cierto grado de flexibilidad y pragmatismo a fin de cerrar las brechas existentes en las cuestiones pendientes, y a que logren una conclusión rápida de las negociaciones de AAE globales en curso de forma satisfactoria para todas las partes;

5.

Recuerda que la integración regional de los países ACP es uno de los objetivos expresos de las negociaciones de los AAE;

6.

Insiste en que los AAE y otros acuerdos comerciales deben elaborarse a partir del acervo de las relaciones comerciales ACP-UE y, por tanto, reitera que, al final del proceso de los AAE, ningún Estado ACP debe mantenerse o quedar en peor situación que bajo los anteriores acuerdos comerciales ACP-UE; pide acuerdos comerciales y de inversión transparentes, equitativos y justos con los países ACP que contribuyan a sus objetivos de desarrollo mediante un conjunto de criterios sociales y medioambientales;

7.

Recuerda la posición inicial del Parlamento Europeo sobre el Reglamento (CE) no 1528/2007 de acceso al mercado, que permite ampliar el plazo para que se concluyan, firmen y apliquen los AEE, con vistas a ofrecer un acceso estable, previsible y mejorado al mercado de las exportaciones ACP contempladas en los AAE;

8.

Respalda los debates en curso acerca del establecimiento de fondos regionales de los AAE, que facilitarían la canalización de recursos por parte de los donantes de la UE y proporcionarían asistencia financiera, especialmente para dar respuesta a los problemas de abastecimiento y las capacidades productivas, aumentar la competitividad y apoyar las iniciativas de diversificación de ingresos, las reformas fiscales y la aplicación de los principios de buena gobernanza;

9.

Respalda el llamamiento de los Jefes de Estado ACP en pro de una mayor coherencia en la agenda de integración regional, en los AAE y en los compromisos de la Ronda de Doha, mediante una mayor coordinación entre los negociadores de estas tres vías para garantizar la coherencia;

10.

Respalda la propuesta de la Comisión de adoptar un enfoque más basado en las necesidades en su estrategia de ayuda al comercio, centrándose especialmente en los países menos desarrollados y en los países de renta media y baja; pide que se ponga más énfasis en desarrollar las capacidades de esos países en lo referente a infraestructuras y a conocimientos especializados, con el fin de promover unas herramientas adecuadas para el comercio;

11.

Pide a la Comisión Europea que dé muestras de flexibilidad en todas las cuestiones controvertidas pendientes, con vistas a resolverlas y ofrecer así a los Estados y regiones ACP la oportunidad de fomentar la industrialización, el desarrollo de su industria incipiente, la adición de valor, la mejora de la recaudación de impuestos, en particular en el contexto del comercio Sur-Sur, y el mayor uso posible del margen político con fines de desarrollo;

12.

Hace un llamamiento a las partes negociadoras para que se aseguren de que durante la fase de negociaciones y muy especialmente durante la fase de aplicación, los compromisos adquiridos en el marco de un AAE y las políticas resultantes contribuyan eficazmente a la reducción de la pobreza, al desarrollo económico de los Estados ACP y a la sostenibilidad del medio ambiente;

13.

Subraya la importancia del comercio ACP-UE, del comercio Sur-Sur, del comercio intrarregional y de la integración regional entre los países ACP, y entre los países ACP y los PTU de la UE, como factores esenciales para un desarrollo social y económico sostenible, que debe contar con el apoyo activo de los AAE individuales, subregionales o regionales;

14.

Pide a la UE y a los Estados ACP que desarrollen conjuntamente una estrategia destinada a aumentar la competitividad agrícola de los países ACP, más allá del acceso al mercado, abordando los problemas de desarrollo rural, las limitaciones en el suministro, y el acceso a la microfinanciación con vistas a proteger los medios de subsistencia de los pequeños agricultores y a garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria;

15.

Destaca que, en los AAE, es preciso fomentar y alentar el acceso a la microfinanciación, que es un instrumento de crédito, seguro y ahorro que apoya a los emprendedores y facilita la inversión sostenible y el desarrollo de la economía local;

16.

Acoge con satisfacción el compromiso de los Jefes de Estado y de Gobierno ACP de seguir acelerando las negociaciones para suscribir AAE que favorezcan el desarrollo económico y social de los Estados ACP, así como la integración regional en el grupo ACP;

17.

Subraya que para que los AAE adquieran una verdadera dimensión de desarrollo sostenible, es fundamental que sean objeto de un seguimiento minucioso, tanto en lo que respecta a las negociaciones como a su aplicación;

18.

Invita a las partes negociadoras a que aborden la creación conjunta de un mecanismo de seguimiento de los AAE cuyo objetivo sea evaluar los progresos realizados pero también los obstáculos que deben superarse en las negociaciones y en la aplicación de los AAE;

19.

Alienta a las autoridades públicas de los países ACP a que procuren que los compromisos comerciales incluidos en los AAE estén de acuerdo con las estrategias nacionales de desarrollo, así como con los programas indicativos regionales (PIR), con el fin de reforzar la dimensión regional;

20.

Anima a la UE y a los socios ACP a que garanticen una adecuación entre el calendario de compromisos de liberalización y el de ayuda al desarrollo;

21.

Alienta a los Estados ACP a incluir a todas las partes interesadas en los procesos de negociación de AAE y de toma de decisiones, a fin de asegurar la apropiación local del proceso, así como la coherencia y seguimiento de las consiguientes políticas;

22.

Subraya la importancia de la función de los Parlamentos y de los agentes no estatales en la supervisión de la aplicación y las negociaciones de los AAE; pide su participación sistemática en los procesos de negociación en curso, atendiendo a un planteamiento participativo y en aras de la máxima transparencia en el marco del funcionamiento de las instituciones conjuntas creadas por los AAE;

23.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la Presidencia del Consejo de la UE, a la Unión Africana, al Parlamento Panafricano, a los Parlamentos nacionales y regionales, y a las organizaciones regionales de los países ACP.

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Reunida en Bruselas del 17 al 19 de junio de 2013,

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Visto el artículo 18, apartado 1, de su Reglamento,

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Visto el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce que la salud es un derecho fundamental,

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Visto el Acuerdo de Asociación ACP-CE («Acuerdo de Cotonú»), y, en particular, su artículo 25, apartado 1, letras b), c), d) y g), sobre el desarrollo del sector social, su artículo 29, apartado 3, letra c), sobre la cooperación ACP-UE en apoyo de la cooperación y la integración regionales, y su artículo 31, letra b), inciso iii), sobre las cuestiones de género,

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Vistas las prioridades de la Unión Europea establecidas en diciembre de 2005 en el «Consenso europeo sobre la política de desarrollo»,

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Vistos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de 2000 de las Naciones Unidas, relativos en particular al desarrollo humano (salud y educación),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo sobre los sistemas de cuidados sanitarios en el África subsahariana y la sanidad en el mundo (31),

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Vista la Estrategia de acción de la UE relativa a la escasez de recursos humanos en el sector sanitario en los países en desarrollo (COM(2005)0642),

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Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 21 de diciembre de 2006, titulada «Programa de acción europeo para hacer frente a la grave escasez de personal sanitario en los países en desarrollo (2007–2013)» (COM(2006)0870 final),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, sobre el papel de la UE en la salud mundial (COM(2010)0128),

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Visto el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) titulado «Colaboremos por la salud: Informe sobre la salud en el mundo 2006»,

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Visto el Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud (WHA63.16), aprobado en mayo de 2010 por la sexagésimo tercera Asamblea Mundial de la Salud,

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Visto el informe de la OCDE sobre políticas de 2010 titulado «La migración internacional de los trabajadores de la salud: mejorar la cooperación internacional para luchar contra la crisis mundial de personal sanitario»,

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Visto el informe de la OMS de C. Dolea et al., (2010), titulado «Aumentar el acceso al personal sanitario en zonas remotas o rurales mejorando la retención»,

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Visto el informe de la OMS titulado «Task shifting: rational redistribution of tasks among health workforce teams, Global recommendations and guidelines»,Ginebra, 2008,

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Vista la Declaración de Kampala, Primer Foro Mundial sobre Recursos Humanos para la Salud, celebrado del 2 al 7 de marzo de 2008,

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Vista la estrategia común Unión Africana-Unión Europea en materia de sanidad, definida en Lisboa en diciembre de 2007,

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Vistos los compromisos de la Declaración de Abuya, de 27 de abril de 2001, sobre el VIH/SIDA, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente (ACP-UE/101.294/13/fin.),

A.

Considerando que se necesitan 4 millones de médicos, enfermeras, matronas y otro tipo de personal sanitario para llevar a cabo intervenciones sanitarias esenciales y cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y que estos no pueden abordarse adecuadamente sin un personal sanitario con una formación, un apoyo y un empleo apropiados y con un salario adecuado, habida cuenta de las condiciones de trabajo difíciles;

B.

Considerando que 38 países ACP se enfrentan a una grave escasez de personal sanitario, con el resultado de que África asume casi el 25 % de la carga mundial de enfermedades, pero solo cuenta con el 3 % del personal sanitario mundial; considerando asimismo que una alta carga administrativa o una aplicación de métodos y procesos obsoletos compromete excesivamente las capacidades del personal;

C.

Considerando que el derecho a la salud es un derecho fundamental, consagrado por el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

D.

Considerando que hay que retener al personal sanitario en las zonas rurales y remotas creando y mejorando los entornos de vida, de trabajo y de educación, y ofreciendo incentivos financieros y apoyo personal y profesional;

E.

Considerando que el envejecimiento de la población en los países de renta alta exige un incremento de servicios sanitarios; que muchos países en desarrollo se enfrentan a una dramática escasez de personal sanitario; que los requisitos para la reducción del gasto público en el marco de los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional agravan este problema en muchos países;

F.

Considerando que los esfuerzos de contratación específica y los incentivos financieros y de otro tipo por parte de Estados de destino ricos, junto con unos salarios bajos, unos entornos de trabajo pobres e inestables y unos sistemas de salud frágiles en muchos países en desarrollo contribuyen a la migración internacional del personal sanitario;

G.

Considerando que la delegación de responsabilidades relacionadas con servicios médicos y sanitarios del personal superior al inferior, en algunos casos incluso a no profesionales («task shifting» y «task sharing»), de planificarse y aplicarse de manera cuidadosa, pueden mejorar el acceso a servicios sanitarios de calidad y reducir los costes;

H.

Considerando que la integración no discriminatoria en los sistemas sanitarios de los trabajadores comunitarios de la salud y los profesionales sanitarios tradicionales formados en las necesidades específicas de los grupos destinatarios, como las personas que viven con el VIH/SIDA, los trabajadores sexuales, los jóvenes y las mujeres embarazadas, es fundamental para llegar las poblaciones marginadas de difícil acceso, así como para presentar una solución a la escasez de trabajadores sanitarios; que el uso de trabajadores comunitarios de la salud en programas sanitarios a escala comunitaria ha demostrado tener éxito y ser rentable;

I.

Considerando que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen el potencial de convertirse en herramientas que potencien el acceso equitativo a la asistencia sanitaria, en particular en lo que se refiere al diagnóstico y el tratamiento con medicina a distancia, a una mayor difusión de la información en materia de salud pública y a la facilitación de un discurso y un diálogo públicos sobre las principales amenazas para la salud pública en los países ACP;

1.

Considera que la enseñanza, la formación y la investigación médica de calidad en los sistemas sanitarios de los países ACP carecen actualmente de una financiación suficiente;

2.

Pide a los países ACP, incluso a aquellos con presupuestos públicos limitados, que desarrollen unas estrategias y unos sistemas de salud más sólidos dirigidos a:

3.

Señala que la OMS ha subrayado que los sistemas públicos de salud de los países ACP no forman ni contratan personal suficiente; asimismo, toma nota de la importante migración interior hacia el sector privado y de las ONG;

4.

Reafirma que la crisis de recursos humanos para la salud es una cuestión de importancia fundamental que debe abordarse sin demora y especialmente en el marco del diálogo político ACP-UE; reconoce que una de las principales razones de esta difícil situación en los países en desarrollo es la migración de trabajadores de la salud que son contratados por países desarrollados; acoge favorablemente, como primer paso, el Código de prácticas mundial sobre contratación internacional de personal de salud elaborado por la OMS, y pide a los Estados miembros de la UE y otros países desarrollados que lo respeten; opina que los países desarrollados deben invertir en la formación de su propio personal sanitario;

5.

Reitera que tanto los países ACP como los países desarrollados deben abordar sin tardanza la escasez de recursos humanos en el sector sanitario de acuerdo con las necesidades de los primeros, con la participación de todas las partes interesadas y con la ayuda de inversión financiera y de asistencia técnica de los donantes;

6.

Pide a los países ACP que cumplan el objetivo de Abuya 2001 de destinar el 15 % de sus presupuestos nacionales a la sanidad; insta a que, en aquellos países en los que se haya cumplido este compromiso, se tomen otras medidas concretas para una estrategia de recursos humanos en el sector sanitario justa y a largo plazo, en particular si no se ha obtenido un efecto positivo sobre la morbilidad y la mortalidad;

7.

Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que ayuden a los países ACP a alcanzar el gasto sanitario per cápita recomendado por la OMS mediante asistencia técnica, y, en el caso de los países más frágiles y menos desarrollados, mediante la ayuda oficial al desarrollo;

8.

Recuerda que la carga de la deuda de los países ACP es un grave obstáculo, que se lleva recursos muy necesarios para financiar sectores vitales, como la sanidad, y para promover el desarrollo económico de forma más general; pide el alivio de la deuda, al menos la de los países menos desarrollados, ya que son deudas odiosas contraídas por los Gobiernos en contra del interés de la población;

9.

Considera que los servicios públicos, que adolecen de una financiación y una dotación de personal crónicamente insuficientes deben consolidarse y desarrollarse a fin de atender a la gran mayoría de la población; asimismo, observa que el segmento más rico de la población utiliza el sistema privado y está mejor atendido;

10.

Pide a los países ACP que impliquen a todas las partes interesadas en la elaboración de planes de personal sanitario que constituyen una parte fundamental de los planes de salud nacionales;

11.

Pide a los países ACP que aumenten la financiación del personal sanitario invirtiendo en contratación, enseñanza y formación del personal sanitario de manera no discriminatoria, y que creen un entorno de trabajo favorable y seguro para retener efectivamente a los trabajadores sanitarios, especialmente en las zonas rurales, y garantizar una distribución equitativa del personal sanitario; pide, a este respecto, que el sector sanitario quede excluido de los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional;

12.

Pide a los países ACP que incluyan en los planes nacionales de personal sanitario el principio de la delegación de responsabilidades relacionadas con servicios médicos y sanitarios desde el personal superior al inferior; pide a los países ACP que, a la hora de planificar sus servicios sanitarios, estudien las posibilidades de mejora de la eficiencia y la calidad de la asistencia a fin de aliviar la situación del personal actual;

13.

Pide a los países en desarrollo que desarrollen o restauren sus sistemas y servicios sanitarios públicos y básicos y pide a la UE que apoye este proceso concediendo ayuda para reforzar las capacidades e infraestructuras humanas e institucionales, incluida la mejora de las condiciones de trabajo para el personal médico, el suministro de equipos médicos adecuados y la transferencia de tecnología;

14.

Pide a las autoridades sanitarias de los países ACP que integren a los trabajadores comunitarios de la salud y a los practicantes de la medicina tradicional en los sistemas sanitarios oficiales, y que aumenten la ayuda financiera y política a los trabajadores comunitarios de la salud y a las soluciones adaptadas a la comunidad local proporcionando formación, supervisión, incentivos y apoyo permanente;

15.

Insiste en la importancia de las campañas de sensibilización y de prevención sanitarias en la lucha contra las epidemias y las pandemias; cree que es esencial que los trabajadores comunitarios de la salud y los practicantes de la medicina tradicional participen plenamente en estas campañas;

16.

Reconoce el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la prestación de servicios de atención de la salud; insta, por tanto, a los países ACP a que establezcan los marcos políticos y normativos adecuados para la utilización de las TIC en los sistemas de salud;

17.

Reconoce el importante papel que desempeñan la sociedad civil, las autoridades locales, las comunidades, las organizaciones de salud públicas sin ánimo de lucro y las organizaciones de voluntarios en la complementación de los sistemas de salud pública; pide, por tanto, a los países ACP que incluyan activamente a todas las partes interesadas pertinentes en el proceso de mejora de los servicios sanitarios;

18.

Cree que los Estados miembros de la UE deben aumentar el apoyo financiero y técnico prestado a los países ACP para que elaboren planes y estrategias nacionales de salud que se centren en ajustar las competencias de los trabajadores de la salud a las necesidades locales, impartir educación superior y mejorar la formación de estos últimos; considera que estos planes deben centrarse en garantizar la formación continua y la retención de los trabajadores comunitarios de la salud, sobre todo en las comunidades rurales, y en promover el conocimiento y el respeto de su trabajo para mejorar su posición en la comunidad;

19.

Propone a los Estados ACP que, con el apoyo de la UE, realicen una evaluación exhaustiva de las necesidades de formación para determinar las necesidades de los países en cuanto a recursos humanos en el sector sanitario;

20.

Recuerda que el personal sanitario debe poder ejercer en condiciones laborales adecuadas y por consiguiente pide a la UE y a los países ACP que hagan hincapié en el desarrollo de infraestructuras médicas y hospitalarias de calidad sobre todo en las zonas rurales y apartadas; alienta a los Estados miembros de la UE y a los países ACP a crear asociaciones entre hospitales europeos y hospitales de los países ACP;

21.

Constata que los países ACP no siempre tienen acceso a tratamientos de última generación; pide a la UE y a los demás donantes que mejoren las condiciones de acceso de los países ACP a los medicamentos de última generación, sobre todo los que les permiten tratar las epidemias y las pandemias;

22.

Pide a los Estados miembros de la UE que lleven a cabo la aplicación y seguimiento de las acciones resumidas en la Comunicación de la Comisión Europea titulada «Estrategia de acción de la UE relativa a la escasez de recursos humanos en el sector sanitario en los países en desarrollo» COM(2005)0642, en particular en lo que respecta al apoyo y la financiación de planes nacionales de recursos humanos;

23.

Pide a los Estados miembros de la UE y a la Comisión Europea, así como a los gobiernos ACP, que apoyen unos servicios de salud integrados, como los programas de VIH/SIDA y los programas de salud sexual y reproductiva, a fin de incrementar la eficacia y eficiencia también en el ámbito de los recursos humanos;

24.

Reitera el llamamiento a los Estados miembros de la UE para que lleven a cabo la aplicación y el seguimiento de las medidas contempladas en la Comunicación de la Comisión Europea titulada «Programa de acción europeo para hacer frente a la grave escasez de personal sanitario en los países en desarrollo (2007-2013)» (COM(2006)0870), especialmente para desarrollar un plan de aplicación común y un marco para observar la acción nacional y de la UE en su conjunto con respecto a los recursos humanos;

25.

Pide a los Estados miembros de la UE que lleven a cabo una aplicación y un seguimiento adecuados del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud, facilitando la migración circular como forma de mitigar la fuga de cerebros en los países que experimentan estas dificultades;

26.

Pide a los Estados miembros de la UE que velen por que sus políticas en materia de migración, en particular las que provocan la fuga de cerebros, no reduzcan la disponibilidad de profesionales de la salud en terceros países, respetando al mismo tiempo la libre circulación de personas y las aspiraciones personales y profesionales de cada uno;

27.

Invita a los Estados miembros de la UE y a los Estados ACP a promover misiones temporales de los profesionales sanitarios ACP que viven en los países de la UE y acuerdos de visado de entrada múltiple para los profesionales de la salud que les permitan cursar su formación en Europa, seguir estando afincados en sus países de origen y crear redes en consecuencia;

28.

Pide a la UE que intensifique los esfuerzos para respetar los compromisos acordados con arreglo a la Estrategia de acción de la UE relativa a la escasez de recursos humanos en el sector sanitario en los países en desarrollo;

29.

Pide a la UE que fije como prioridad, en su futura política de desarrollo, la educación y formación de los trabajadores de la salud, garantizando que al menos un 20 % de la ayuda de la UE se destine a la enseñanza básica y la salud;

30.

Insiste en que la estrategia de recursos humanos para la salud se integre en la agenda para el desarrollo posterior a 2015;

31.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, a la Unión Africana, al Parlamento Panafricano y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

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Reunida en Bruselas (Bélgica) del 17 al 19 de junio de 2013,

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Visto el artículo 18, apartado 2, de su Reglamento,

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979,

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Vistos el artículo 3 y el Protocolo II de la Convención de Ginebra de 1949, ratificada por la República Centroafricana, que prohíbe las ejecuciones sumarias, la violación, el reclutamiento forzoso y otros abusos,

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Visto el Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional (CPI), ratificado por la República Centroafricana en 2001, modificado en Kampala en 2010, que define los delitos internacionales más graves, como los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, entre ellos el asesinato, los ataques contra poblaciones civiles, la tortura, el saqueo, la violencia sexual, el reclutamiento y uso de niños en las fuerzas armadas y la desaparición forzosa, y que establece la obligación principal de todas las jurisdicciones nacionales de investigar y castigar, y así prevenir, la perpetración de dichos delitos,

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Visto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que ha sido firmado por la República Centroafricana,

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Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos, ratificada por la República Centroafricana en 1986,

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Visto el Acuerdo de Asociación 2000/483/CE entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú (Benín) el 23 de junio de 2000 y revisado en 2005 y en 2010 sucesivamente,

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Visto el Acuerdo General de Paz de Libreville entre el Gobierno de la República Centroafricana y los movimientos político-militares centroafricanos del Ejército Popular para la Restauración de la Democracia (APRD), el Frente Democrático del Pueblo Centroafricano (FDPC) y la Unión de Fuerzas Democráticas para la Unidad (UFDR) de 21 de junio de 2008,

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Visto el comunicado final de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC), celebrada en Yamena (Chad) el 21 de diciembre de 2012,

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Vista la declaración de 21 de diciembre de 2012 de la Comisaria Europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis, Kristalina Georgieva, sobre el nuevo estallido de un conflicto en la República Centroafricana,

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Visto el Acuerdo de Libreville (Gabón) de 11 de enero de 2013 sobre la resolución de la crisis político-militar en la República Centroafricana, firmado bajo la égida de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC), que establece las condiciones para poner fin a la crisis en la República Centroafricana,

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Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2013, sobre la situación en la República Centroafricana (33),

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Vista la resolución 2088(2013) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 24 de enero de 2013 y sus declaraciones sobre la República Centroafricana,

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Vistas las declaraciones del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, el portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas y el enviado de las Naciones Unidas a la República Centroafricana sobre la situación en la República Centroafricana y el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad,

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Vistas las declaraciones y decisiones de la Unión Africana (UA) sobre la situación en la República Centroafricana,

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Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre la situación en la República Centroafricana,

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Vista la declaración de 16 de abril de 2013 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, en la que pidió el fin de la violencia y el restablecimiento del Estado de Derecho en el país,

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Vistas las cumbres extraordinarias de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC), celebradas en Yamena (Chad) el 3 de abril de 2013 y el 18 de abril de 2013, y sus decisiones de establecer un Consejo Nacional de Transición (CNT) con poderes legislativos y constituyentes y adoptar una hoja de ruta para el proceso de transición en la República Centroafricana,

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Vista la resolución sobre el golpe de Estado en la República Centroafricana aprobada por el Congreso Nacional de la República Dominicana el 25 de abril de 2013, que condena el golpe, se niega a reconocer las acciones llevadas a cabo por la coalición rebelde Seleka y pide a la CPI y a todos los Estados pertinentes, entre ellos la República Centroafricana, que investiguen y juzguen los delitos internacionales que siguen cometiéndose en el contexto del golpe de Estado,

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Vista la reunión del Grupo de Contacto Internacional celebrada el 3 de mayo de 2013 en Brazzaville (República del Congo), que validó la hoja de ruta para la transición y estableció un Fondo Especial para asistir a la República Centroafricana,

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Vistas las diversas facciones que componen la coalición Seleka: la Convención de Patriotas para la Justicia y la Paz (CPJP), la Unión de Fuerzas Democráticas para la Unidad (UFDR), el Frente Democrático del Pueblo Centroafricano (FDPC), la Convención Patriótica Kodro Salute (CPSK) y la Alianza para el Renacimiento y la Refundación (ARR),

A.

Considerando que entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 se produjeron enfrentamientos entre el movimiento rebelde Seleka y al Gobierno debido a que el presidente François Bozizé no cumplió los compromisos asumidos en 2008 en el Acuerdo General de Paz de Libreville,

B.

Considerando que, el 11 de enero de 2013, el Gobierno del Presidente Bozizé, los rebeldes y otros protagonistas firmaron un acuerdo en Libreville (Gabón), que preveía un alto el fuego y el establecimiento de un Gobierno de Unidad Nacional de transición en el que se asignaron puestos clave a personalidades de la oposición;

C.

Considerando que, a finales de marzo de 2013, los rebeldes se quejaron de que el Gobierno no estaba cumpliendo sus obligaciones con arreglo al Acuerdo de Libreville de enero de 2013, y que el 24 de marzo tomaron el control de la capital, Bangui, y del resto del país, obligando al Presidente Bozizé a huir de este;

D.

Considerando que, el 24 de marzo de 2013, el líder rebelde Michel Djotodia tomó el poder y que el 26 de marzo se autoproclamó Presidente de la República, suspendió la constitución nacional, disolvió la Asamblea Nacional, declaró un periodo de tres años de régimen de transición y juró dirigir la República Centroafricana hasta las elecciones de 2016;

E.

Considerando que la cumbre de la CEEAC de 3 de abril de 2013 estableció un Consejo Nacional de Transición (CNT), que representa a todas las fuerzas activas del país y cuyo objetivo es ejercer poderes legislativos y constituyentes; que la cumbre también encargó al CNT que eligiese, de entre sus miembros, un presidente interino y dos vicepresidentes, el primero de los cuales ocuparía la presidencia del CNT;

F.

Considerando que al término del periodo de transición de 18 meses se van a celebrar elecciones libres, democráticas, transparentes y lícitas, pero que el Jefe de Estado, el Primer Ministro, los miembros del gobierno de transición y los miembros de la Mesa del CNT no podrán presentarse;

G.

Considerando que la cumbre de la CEEAC celebrada el 18 de abril de 2013 en Yamena (Chad) aprobó una hoja de ruta para la composición y el funcionamiento del CNT, y aumentó su número de miembros hasta 135 para mejorar la representación de la oposición y la sociedad civil;

H.

Considerando que la CEEAC decidió en su cumbre celebrada el 18 de abril de 2013 en Yamena (Chad) cuadruplicar el tamaño de la Fuerza Multinacional Centroafricana (FOMAC), aumentando de 500 a 2 000 su número de efectivos;

I.

Considerando que el Primer Ministro Nicolas Tiangaye goza del apoyo y el reconocimiento de la comunidad internacional por haber ayudado a establecer un marco que es probable que sea aceptado por todos y un entorno conducente a la paz y la estabilidad en la República Centroafricana; y que pide que se respete la hoja de ruta para la composición y el funcionamiento del CNT, acordada en la cumbre de la CEEAC celebrada los días 18 y 19 de abril de 2013;

J.

Considerando que el CNT ha nombrado a Michel Djotodia Presidente en funciones;

K.

Considerando que la reunión del Grupo de Contacto Internacional celebrada el 3 de mayo de 2013 en Brazzaville (República del Congo) aprobó la hoja de ruta para la transición y estableció un Fondo Especial para asistir a la República Centroafricana;

L.

Considerando que la situación en la República Centroafricana sigue siendo extremadamente preocupante, puesto que los grupos armados cometen graves violaciones de los derechos humanos y delitos internacionales, entre ellos asesinatos, violaciones —incluida la violación de niñas menores de edad— detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas, abusos y uso y reclutamiento forzoso o voluntario de niños en grupos armados; que la violencia sexual y el uso frecuente de la violación como arma de guerra tienen consecuencias trágicas y deben considerarse crímenes de guerra; que el Primer Ministro Tiangaye ha condenado públicamente la violencia y el saqueo; que se ha creado una comisión de investigación de los delitos; y que la CPI ha decidido iniciar una investigación de las acusaciones de delitos que recaen bajo su jurisdicción;

M.

Considerando que, a pesar de la aplicación gradual de las medidas de seguridad acordadas en Yamena, la situación sigue siendo frágil;

N.

Considerando que la República Centroafricana se enfrenta a un problema social y económico, puesto que los sectores público y privado han sido saqueados y destruidos, lo que mina gravemente la administración del país y su tejido económico y provoca agitación social;

O.

Considerando que también se han saqueado hospitales de forma masiva, lo que ha creado una situación sanitaria desastrosa en el país;

P.

Considerando que, como consecuencia de la crisis alimentaria y la violencia pasada y presente, decenas de miles de centroafricanos han buscado refugio en países vecinos o se han desplazado dentro del país; que las Naciones Unidas calculan que hay 1,5 millones de nacionales centroafricanos que necesitan ayuda humanitaria, además de 17 000 congoleños y sudaneses que se han refugiado en la República Centroafricana para escapar de los conflictos de sus propios países;

Q.

Considerando que la mayoría de estas personas se encuentran en zonas donde no tienen acceso a servicios básicos, y que la inseguridad en el país y el riesgo de ataques dificultan a las organizaciones humanitarias la prestación de ayuda eficaz;

R.

Considerando que, tras la toma de poder por los rebeldes en el país, la UA suspendió a la República Centroafricana el 25 de marzo de 2013 e impuso prohibiciones de viaje y congelación de activos a los líderes insurgentes;

S.

Considerando que el Consejo Permanente de la Francofonía decidió suspender a la República Centroafricana con carácter temporal el 8 de abril de 2013, a la espera de una evaluación de los compromisos asumidos por todas las partes en la República Centroafricana;

T.

Considerando que la Unión Europea mantiene un diálogo político periódico con la República Centroafricana con arreglo al Acuerdo de Cotonú y es el principal donante del país, al que ha aportado una ayuda para el desarrollo por valor de 137 millones de euros hasta 2013 en el marco del Décimo Fondo Europeo Regional (FED 2008-2013), además de los 14,3 millones de euros que le concedió en 2012 con arreglo al Mecanismo para la Paz en África para la misión de consolidación de la paz MICOPAX;

U.

Considerando que la Comisión Europea, a través de su departamento de ayuda humanitaria y protección civil (ECHO), también aportó 8 millones de euros en 2012 para ayudar a las personas afectadas por el conflicto y los desplazamientos en la República Centroafricana, mediante el suministro de servicios sanitarios de emergencia, alimentos y provisiones no alimentarias, agua potable y saneamiento;

V.

Considerando que los recientes ataques del LRA, en particular en la región de Bria al noreste del país y cerca de las minas de diamantes, han provocado más de una docena de muertos;

1.

Lamenta la toma del poder por medio de un golpe de Estado; pide que se restaure el orden constitucional y solicita a todas las partes que se abstengan de cometer actos de violencia, que respeten plenamente los derechos humanos y que restablezcan el orden y la seguridad públicos y la estabilidad en el país;

2.

Reafirma su apoyo a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de la República Centroafricana;

3.

Observa con satisfacción que la República Centroafricana se sumó a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) en 2008; cree que la gestión de los abundantes recursos naturales de África central debe estar sujeta a controles transparentes, en particular con respecto a los pagos efectuados por empresas mineras y de exportación a los gobiernos y a la proporción de estos ingresos que se utilizan en programas de desarrollo;

4.

Constata la creación del Consejo Nacional de Transición, su elección de un Jefe de Estado y el establecimiento de un gobierno de transición; observa que la transición durará 18 meses, al término de los cuales debe restablecerse plenamente la legalidad y el orden constitucional;

5.

Pide al gobierno de transición y el CNT que velen por el respeto del Estado de Derecho y que protejan a la población civil; acoge favorablemente los esfuerzos realizados hasta ahora por las autoridades de transición, y en particular por el Primer Ministro Nicolas Tiangaye, e insta a toda la comunidad internacional a apoyarlo a él y a sus medidas a través de todos los medios oportunos;

6.

Acoge con satisfacción los esfuerzos de mediación del Presidente de la República del Congo y el papel activo de las Naciones Unidas, la UA, la UE, la CEEAC, la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), Sudáfrica, Benín, Francia y los Estados Unidos, que contribuyeron a la firma de los Acuerdos de Libreville;

7.

Pide a la VP/AR, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Consejo de Paz y Seguridad de la UA que apoyen activamente la aplicación de la hoja de ruta, y acoge favorablemente las medidas de seguridad (agrupamiento y acantonamiento, patrullas conjuntas, etc.) que ya ha adoptado el Gobierno de Unidad Nacional;

8.

Apoya al Gobierno de Unidad Nacional en su deseo de llevar ante la justicia a todos los autores de delitos; felicita al Gobierno de Unidad Nacional por haber creado una comisión para investigar los delitos;

9.

Pide que los autores de violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, violencia sexual contra las mujeres y reclutamiento de niños soldado sean denunciados, identificados, juzgados y condenados de conformidad con el Derecho penal nacional e internacional; señala, en este sentido, que la situación de la República Centroafricana ya se ha llevado ante la CPI y que, con arreglo al Estatuto de Roma, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra no prescriben;

10.

Muestra su preocupación por la situación humanitaria en el país, en particular por los nacionales centroafricanos que se han desplazado o se han refugiado en países vecinos; insta a todas las partes a respetar el Derecho humanitario internacional y el trabajo de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas;

11.

Acoge favorablemente la ayuda humanitaria prestada, en particular, por la UE, la UA y las Naciones Unidas a las personas afectadas por el conflicto y los desplazamientos en la República Centroafricana, y pide a estas instituciones y a otros socios internacionales y regionales que apoyen activamente el proceso de reconstrucción y consolidación de la paz de la República Centroafricana;

12.

Acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Gobierno de Unidad Nacional en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para proporcionar suministros y protección y distribuir alimentos a las poblaciones desplazadas dentro del país; apela urgentemente a la comunidad internacional a aportar una gran ayuda financiera que permita a las autoridades restablecer los servicios del Estado;

13.

Condena el crimen de guerra consistente en el uso y el reclutamiento, forzoso o no, de niños soldado en contravención del Derecho internacional; acoge con satisfacción el deseo del Gobierno de emprender, como parte de la reforma del sector de la seguridad, un proceso para restablecer las fuerzas de defensa y seguridad; respalda la disposición del Gobierno a seleccionar combatientes de Seleka y formarlos con vistas a reintegrarlos en las fuerzas armadas de la República Centroafricana y las fuerzas policiales; apoya las medidas de desarme, desmovilización, reintegración y repatriación de combatientes con el fin de garantizar la seguridad durante la transición; pide al Gobierno que adopte medidas similares para prestar apoyo y resarcir a las víctimas de la violencia y delitos internacionales;

14.

Acoge favorablemente la decisión de la CEEAC de aumentar el número de tropas de la Fuerza Multinacional Centroafricana (FOMAC) de 700 a 2 000 efectivos, y pide que el mandato de la FOMAC se ejerza bajo los auspicios de las Naciones Unidas;

15.

Pide que se reanuden y se intensifiquen las operaciones internacionales y regionales para detener a miembros del LRA, con el consentimiento de la República Centroafricana, con objeto de poner fin a los estragos que ha causado este grupo delictivo entre el pueblo de la República Centroafricana;

16.

Señala que la República Centroafricana posee numerosos recursos naturales (uranio, crudo, oro, diamantes, etc.); hace hincapié en que la transparencia y el control democrático en el sector minero son más esenciales que nunca para el desarrollo del país;

17.

Considera necesario, asimismo, abordar las consecuencias de los conflictos, en particular mediante la reforma de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, la desmilitarización, la desmovilización y la reintegración de excombatientes, la repatriación de refugiados, el regreso de los desplazados internos a sus hogares, y la ejecución de programas de desarrollo viables;

18.

Pide a todos los partidos políticos y partes interesadas que aborden las causas estructurales de esta crisis recurrente, y cree que las decisiones relativas al futuro político, económico y social de la República Centroafricana, basadas en una transición pacífica y democrática fundada en el respeto del Estado de Derecho, la separación de poderes y el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el acceso justo a los recursos y la redistribución de ingresos, a través del presupuesto nacional, corresponden al pueblo de la República Centroafricana y a todos aquellos que lo representan;

19.

Celebra que desde el 10 de junio de 2013 cerca de 40 líderes religiosos hayan mantenido debates en Bangui con el fin de prevenir la tensión;

20.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente resolución al Consejo ACP-UE, al Consejo de la UE, a la Comisión Europea, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la UA, al Presidente de la Comunidad Económica de los Estados del África Central y la Organización Internacional de la Francofonía, al Presidente del Consejo Nacional de Transición y al Gobierno de la República Centroafricana.

—

Reunida en Bruselas (Bélgica) del 17 al 19 de junio de 2013,

—

Visto el artículo 18, apartado 2, de su Reglamento,

—

Vistas sus anteriores resoluciones,

—

Visto el artículo 11, apartado 7, del Acuerdo de Cotonú revisado, que reafirma el compromiso de los Estados parte con el fortalecimiento de la paz y la justicia internacional,

A.

Considerando que el profesor Alpha Condé, Jefe del Estado, es el primer Presidente de la República de Guinea elegido democráticamente desde que el país obtuvo su independencia el 2 de octubre de 1958;

B.

Considerando que Guinea ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 14 de julio de 2003;

C.

Considerando que el procedimiento de elección fue aprobado por la misión electoral de la UE, la CEDEAO, la Unión Africana y la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), y que los resultados fueron respaldados por toda la esfera política de Guinea y por la comunidad internacional;

D.

Considerando que las autoridades guineanas, a fin de respetar plenamente el proceso democrático, han decidido, en colaboración con la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), celebrar elecciones legislativas en una fecha fijada de común acuerdo entre todas las partes implicadas, tras varios aplazamientos solicitados por los partidos políticos de la oposición;

E.

Considerando que, el 29 de marzo de 2013, el CENI decidió vigilar de cerca la situación mediante la creación, con ayuda de sus socios financieros —la Unión Europea, los Estados Unidos, la OIF, el PNUD y Francia— de un «comité de seguimiento técnico», compuesto por miembros nombrados por el CENI, en el que la oposición y la mayoría presidencial tendrán igual representación;

F.

Considerando que la reorganización del CENI para garantizar una representación igualitaria, junto con la composición de su ejecutivo, fue acordada en respuesta a una solicitud de la oposición y aceptada por todo el arco político;

G.

Considerando que se ha establecido un «marco de diálogo político» tripartito, compuesto por varios facilitadores, entre ellos un representante de las Naciones Unidas;

H.

Considerando que el Representante Especial de las Naciones Unidas para África Occidental, Said Djinnit, ha sido designado «facilitador internacional» por las Naciones Unidas a raíz de las objeciones de los miembros de la oposición respecto a Lamine Cissé, que fue designado sin una consulta formal;

I.

Considerando que la oposición pidió el boicot de las elecciones programadas por el Presidente de la República para el 30 de junio de 2013, sobre la base de una propuesta del CENI;

J.

Considerando que del 3 al 9 de junio se celebró un «foro de consulta» centrado en:

K.

Considerando que, durante esa consulta, la OIF, la Unión Europea, el PNUD, la CEDEAO, los Estados Unidos y Francia garantizaron que se había asegurado el proceso de elaboración del censo electoral por el operador técnico, y declararon su disposición a adoptar las medidas adicionales necesarias para asegurar aún más el proceso y movilizar recursos excepcionales para apoyar cualquier decisión tomada por las partes guineanas;

L.

Considerando que el operador técnico que participe en la elaboración de la lista electoral no participará en otras actividades del proceso electoral;

M.

Considerando que el facilitador internacional, en nombre de todos los facilitadores y de la comunidad internacional a la que representa, ha apelado a la oposición, en vista de todas estas garantías y seguridades, para que acepte participar en las elecciones;

N.

Considerando que la participación de los guineanos residentes en el extranjero en las elecciones ha sido aceptada en las mismas condiciones que las aplicadas a las elecciones presidenciales de 2010, y sobre la base de las listas elaboradas en ese momento;

O.

Considerando el acuerdo sobre las medidas que van a adoptarse para abordar las deficiencias del CENI;

P.

Considerando que la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidenta de la Comisión felicitó al Presidente Condé por los importantes avances logrados en el diálogo político con la oposición, y declaró que en el Consejo se halla en curso un procedimiento para garantizar el mantenimiento de los fondos asignados a Guinea con arreglo al Décimo FED, siempre que se celebren elecciones libres y transparentes antes del 31 de octubre de 2013;

Q.

Considerando que el Secretario General de las Naciones Unidas afirmó el 12 de junio de 2013 que se sentía alentado por los avances realizados por las partes del diálogo político interguineano, y que el clima positivo crearía las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas y transparentes;

R.

Considerando que la incertidumbre política es perjudicial para la economía del país;

S.

Considerando la violencia ocurrida a finales de febrero y principios de marzo de 2013 y el resurgimiento de la violencia en abril y de nuevo en mayo, que se produjeron a raíz de los llamamientos a las manifestaciones por parte de la oposición y dejaron varios muertos y cientos de heridos;

T.

Considerando que el Estado de Derecho implica el cumplimiento por parte de todas las instituciones, la separación de poderes y el libre ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la rendición penal de cuentas, el resarcimiento de las víctimas y la igualdad de todos ante la ley;

U.

Considerando que el establecimiento del Ministerio de Derechos Humanos y Libertades Civiles y la Comisión de Verdad y Reconciliación, los primeros en la historia del país, constituye un paso en la dirección correcta para solucionar los problemas del país de manera pacífica y democrática;

V.

Considerando que la división entre facciones políticas representa una grave amenaza para la estabilidad en Guinea;

W.

Considerando que el Presidente de la República ha iniciado una reforma de los servicios de seguridad;

1.

Acoge favorablemente la perspectiva del fin de la transición a la democracia, gracias a la decisión de las autoridades guineanas, con el acuerdo del CENI y la sociedad civil guineana, de completar el proceso de democratización en un plazo muy corto con elecciones a la Asamblea Nacional libres y transparentes;

2.

Acoge con satisfacción los avances logrados en el diálogo y el acuerdo alcanzado entre los partidos políticos el 9 de junio de 2013, bajo la dirección del Gobierno y los tres facilitadores, respecto al operador técnico y el censo electoral, el voto de los guineanos residentes en el extranjero, el funcionamiento interno del CENI y el principio de reapertura y revisión de la lista electoral; pide que este acuerdo se respete y se aplique;

3.

Acoge favorablemente la declaración de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidenta de la Comisión, de 12 de junio de 2013 sobre los avances en el diálogo político interguineano y el mantenimiento de los fondos asignados a Guinea con arreglo al Décimo FED, siempre que se celebren elecciones libres y transparentes antes del 31 de octubre de 2013;

4.

Acoge con satisfacción la asistencia técnica prestada por la UE y otros socios bilaterales y multilaterales para salvaguardar y garantizar la transparencia y la credibilidad de las elecciones;

5.

Pide a la Unión Europea, a la Unión Africana, a la OIF, a la CEDEAO y a las Naciones Unidas que sigan participando estrechamente en el proceso electoral;

6.

Pide a los políticos de Guinea que se centren en el diálogo y la consulta con el fin de resolver sus diferencias y proceder a la celebración de elecciones con vistas a reforzar el proceso de democratización en Guinea;

7.

Pide a las fuerzas políticas que continúen la transición democrática que está en marcha desde la elección de Alpha Condé como Presidente, y que respeten la democracia, las instituciones y los derechos de la oposición; cree que, para que las próximas elecciones tengan pleno protagonismo en este proceso de democratización, deben ser libres y transparentes;

8.

Destaca la importancia de una oposición libre con derechos y obligaciones establecidos y respetados, incluido el derecho a manifestarse pacíficamente; señala que este tipo de oposición constituye uno de los poderes compensatorios necesarios para el correcto funcionamiento de la democracia;

9.

Expresa su preocupación por el riesgo de violencia intercomunal y pide a los líderes políticos que, en aras de la estabilidad, la cohesión y la armonía social en el país, dejen de jugar la carta de la división entre facciones;

10.

Pide a las fuerzas políticas que asuman sus responsabilidades realizando los esfuerzos necesarios para evitar poner en peligro la paz civil y pidiendo el fin de las provocaciones y la violencia; pide asimismo a las fuerzas de seguridad del país que respeten el derecho a la manifestación pacífica y que mantengan la seguridad de los grupos de la población civil, y que respeten al mismo tiempo los derechos humanos y el Estado de Derecho;

11.

Acoge favorablemente el establecimiento de un marco de diálogo con tres facilitadores, entre ellos un representante de las Naciones Unidas, sobre la celebración de elecciones legislativas y la consolidación del Estado de Derecho y los principios democráticos en Guinea;

12.

Acoge con satisfacción el compromiso del Jefe del Estado de garantizar la transparencia y fiabilidad del proceso electoral, y su decisión de conceder la amnistía a los detenidos durante las protestas de los partidos políticos;

13.

Acoge favorablemente el compromiso asumido el 24 de abril de 2013 por el Gobierno, los partidos de la mayoría presidencial y la oposición para solucionar sus diferencias únicamente por medios pacíficos; lamenta que esto no se haya hecho hasta ahora; expresa sus condolencias a las familias de las víctimas; espera que este compromiso se respete en el futuro;

14.

Insiste en que las autoridades judiciales investiguen y tramiten de manera imparcial y diligente todos los casos de violaciones de derechos humanos;

15.

Señala la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas de 25 de abril de 2013, en la que celebra los avances de Guinea en la reanudación del diálogo político, y en particular el compromiso del Jefe del Estado con la transparencia y fiabilidad de las elecciones con el apoyo de los socios internacionales, y su declaración de 12 de junio de 2013 en la que destaca los avances en la creación de las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas y pacíficas;

16.

Acoge favorablemente el compromiso del Presidente de la República de Guinea de respetar los resultados de las elecciones, sean cuales sean, y espera que los líderes de la oposición asuman el mismo compromiso;

17.

Acoge favorablemente la creación del Ministerio de Derechos Humanos y Libertades Civiles y la Comisión de Verdad y Reconciliación; hace hincapié en que debe ofrecerse a estas dos instituciones todo el apoyo necesario para que puedan desempeñar su labor; insiste en la necesidad de que la Comisión de Verdad y Reconciliación sea independiente, para que los problemas de los ciudadanos puedan resolverse de manera pacífica y democrática;

18.

Considera que un sistema judicial y unos medios de comunicación independientes son esenciales para configurar y regular la aplicación de prácticas democráticas, con el objetivo de reforzar el Estado de Derecho, crear instituciones democráticas, incluido un parlamento operativo con pluralismo político, y fortalecer el papel de la sociedad civil; pide a los donantes que presten apoyo al refuerzo del sistema judicial en Guinea;

19.

Opina que la gestión prudente de los abundantes recursos naturales de Guinea, que debe conllevar el establecimiento de un mecanismo de control transparente para hacer públicas las cantidades pagadas por las empresas mineras y de exportación al Gobierno y la proporción de esos ingresos que se utiliza en programas de desarrollo, debería ayudar a sacar a la población de Guinea de la pobreza persistente y allanar el camino hacia el desarrollo sostenible;

20.

Acoge favorablemente los esfuerzos de las autoridades guineanas para mejorar la gestión macroeconómica de Guinea, que han hecho posible la renovación de las relaciones con todos los donantes bilaterales y multilaterales, incluidas las instituciones de Bretton Woods, y el logro del punto de culminación de la Iniciativa PPME;

21.

Pide también a las autoridades políticas que no pierdan de vista otras prioridades que son esenciales para el desarrollo sostenible del país;

22.

Pide al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros de la UE, a los países ACP, a las Naciones Unidas, a la CEDEAO, a la OIF, a los Estados Unidos, a Francia y a la Secretaría ACP que mantengan su apoyo a las autoridades guineanas con vistas a la celebración de elecciones legislativas justas y transparentes;

23.

Expresa su solidaridad con el pueblo de la República de Guinea y apoya su deseo de ver el fin del periodo de transición y el establecimiento de la democracia;

24.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente resolución a las instituciones de la UE, a la Unión Africana, al Grupo ACP, a la CEDEAO, a la OIF, a los Estados Unidos, a Francia, al Secretario General de las Naciones Unidas y a las autoridades guineanas.

a)

Los Estados que se encuentren en el proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación;

b)

Los Estados que son miembros del Grupo ACP.

i)

los informes presentados por las comisiones permanentes; su número se limitará a tres por sesión plenaria. La longitud de las propuestas de resolución contenidas en los informes se determina en el anexo II;

ii)

los asuntos de carácter urgente, propuestos por una comisión permanente o presentados por la propia Mesa; la inscripción de estos asuntos tendrá carácter excepcional y su número no podrá ser superior a dos por sesión plenaria. El resto de asuntos se remitirá a la comisión permanente competente;

iii)

un asunto destacado para un debate de alto nivel.

—

fomento de los procesos democráticos mediante el diálogo y la concertación;

—

cuestiones económicas, financieras y sobre intercambios y cuestiones relativas a la ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo;

—

cuestiones sociales y medioambientales.

I.

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

Esta comisión coordinará el trabajo de las misiones de información y estudio, incluidas las misiones destinadas a la observación de elecciones, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de la Asamblea.

II.

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, ASUNTOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

III.

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y MEDIO AMBIENTE

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

—

Exposiciones de motivos, documentos de trabajo preparatorios y actas de las misiones de información y estudio: seis páginas;

—

Propuestas de resolución contenidas en los informes y los asuntos de urgencia: cuatro páginas, incluidos los considerandos, pero excluidos los vistos.

a)

Para las reuniones organizadas en los lugares de trabajo habituales del Parlamento Europeo:

b)

Para las reuniones organizadas fuera de los lugares de trabajo habituales del Parlamento Europeo:

—

respetar la soberanía y las normas internacionales de derechos humanos,

—

respetar las leyes del país y la autoridad de los órganos electorales,

—

mantener en todo momento una estricta imparcialidad política,

—

respetar la integridad de la misión de observación internacional de las elecciones,

—

no obstruir los procesos electorales,

—

presentar una identificación adecuada,

—

mantener la exactitud de las observaciones y el profesionalismo al extraer conclusiones,

—

abstenerse de formular comentarios al público o a los medios de comunicación antes de que se exprese la misión,

—

cooperar con los otros observadores de elecciones,

—

mantener un adecuado comportamiento personal.

1.

Los miembros mantendrán una estricta imparcialidad política durante todo el trabajo de la delegación.

2.

Los miembros participarán plenamente en la totalidad del trabajo de la delegación, desde la primera sesión informativa hasta la conferencia de prensa final.

3.

Solamente los miembros tendrán derecho a participar en una delegación de observación de elecciones, acompañados por el personal de las secretarías del Parlamento Europeo y del Grupo de Estados ACP. Ninguna otra persona podrá ser miembro de una delegación o acompañar a la misma.

4.

Los miembros que participen por primera vez en una delegación de observación de elecciones deberán asistir a una sesión informativa sobre las delegaciones de observación de elecciones.

5.

Los miembros de la delegación desempeñarán un papel activo en el día mismo de las elecciones, estando presentes en los colegios electorales y observando la apertura y el cierre de dichos colegios, los procedimientos de votación y el recuento de votos.

6.

Los miembros de la delegación podrán explicar la naturaleza de la delegación de observación de elecciones y sus actividades. En todos los demás asuntos relacionados con la observación de las elecciones, se abstendrán de hacer comentarios dirigidos al público o a los medios de comunicación antes de la conferencia de prensa conjunta, y remitirán a los medios de comunicación o a otras personas interesadas:

—

los copresidentes de la delegación de la APP estarán autorizados para excluir de la delegación al miembro en cuestión;

—

la delegación, decidiendo por mayoría de votos y votando por separado en cada grupo de representantes, podrá destituir a uno u otro presidente de la delegación si considera que su comportamiento constituye una falta grave;

—

se informará al respecto a los Copresidentes de la APP, quienes a su vez informarán, respectivamente, a la presidencia del correspondiente grupo político (o a la Mesa, en el caso de los diputados no inscritos) si el miembro en cuestión es diputado o diputada al Parlamento Europeo, o bien al Presidente del Parlamento del Estado ACP de origen si el miembro en cuestión es un representante del Parlamento de un Estado ACP;

—

el miembro en cuestión podrá quedar excluido de las delegaciones de observación de elecciones por un periodo de cuatro años.