19.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 271/1

1.1

La Unión Económica, Social y Política Europea está aún por realizarse. La Unión Monetaria se puso en marcha con unas dimensiones económicas y sociales insuficientes, pero ha tenido unas consecuencias económicas y sociales considerables. Se han puesto en marcha una serie de iniciativas hacia la unión financiera, fiscal y bancaria, pero sin los correspondientes medios presupuestarios de la UE para una política de acompañamiento que apoye el crecimiento económico y la cohesión social. Al mismo tiempo, el avance hacia la unión social y política sigue bloqueado. Sin embargo, la unión económica, la unión monetaria y la unión social son interdependientes; cada una sostiene y amplifica a las demás. Juntas, deben ofrecer una Europa más tangible enraizada en la vida real, con la que los ciudadanos puedan relacionarse y a la que puedan adherirse y en la que puedan tener confianza los inversores, productores, trabajadores y consumidores, una Europa más dinámica para impulsar la competitividad, un crecimiento inteligente e integrador, las oportunidades económicas, el empleo y el ejercicio efectivo de todos los derechos sociales. Sin este equilibrio no habrá ningún futuro para una unión política.

1.2

La tasa de desempleo de la UE-27 pasó entre 2008 y febrero de 2013 del 7 % al 10,9 %, alcanzando un total de 26,4 millones de desempleados, mientras que la tasa de desempleo de la zona euro ha alcanzado un máximo del 12 %, la tasa de desempleo ha aumentado en 19 países y disminuido en 8, y 5,7 millones de jóvenes están actualmente desempleados en la UE-27 (23,5 %), mientras que, a comienzos de 2013, la tasa de desempleo global era del 7,7 % en Estados Unidos y del 4,2 % (1) en Japón. Estos datos contradicen totalmente los objetivos de la Estrategia Europa 2020, por lo que el CESE considera que es de máxima prioridad abordar el declive de nuestra competitividad, generar más crecimiento, crear nuevos empleos y reducir la pobreza. Es fundamental poner en marcha un mecanismo de vigilancia reforzada de los efectos de las políticas económicas y monetarias sobre la situación social y sobre el mercado laboral de los Estados miembros, y añadir las políticas sociales y de empleo a las disposiciones que establecen la vigilancia de las políticas económicas nacionales en el marco del Semestre Europeo. El CESE considera que este enfoque no solo constituye una respuesta urgente a las dramáticas cifras que acabamos de indicar, sino que además es estrictamente conforme con lo establecido en el artículo 9 del TFUE sobre los objetivos de desarrollo social y sostenible de la Unión. La dimensión social de la UEM necesita unos instrumentos, indicadores y objetivos cualitativos y cuantitativos claros, que sean tan eficaces como las obligaciones económicas y financieras de la UEM. Será sobre todo por ese medio como los dirigentes de la UE volverán a acercar el ideal europeo a sus ciudadanos.

1.3

Debería ponerse en marcha un nuevo Programa europeo de acción social para acompañar los movimientos hacia una unión fiscal bancaria y financiera más cercana. El programa debería establecer objetivos tangibles y claros, tanto cualitativos como cuantitativos, sobre la base de mejorar los ya establecidos para Europa 2020, especialmente para respaldar los esfuerzos para reindustrializar Europa, reducir y erradicar el desempleo masivo, garantizar los derechos sociales fundamentales, fomentar el espíritu empresarial y la creación de empleo, combatir la pobreza, apoyar la inclusión social, facilitar la inversión social, promover la educación superior y la formación y desarrollar la gobernanza social y la adhesión participativa al proyecto europeo. El nuevo Programa europeo de acción social debería activarse tanto por acciones no legislativas como legislativas, lo que funcione mejor, en toda la UE o por medio de la cooperación reforzada. Se debe abarcar conjuntamente el plan europeo de medidas de estímulo, el paquete europeo de inversión social, las evaluaciones de impacto social europeo, la garantía juvenil europea y el pasaporte europeo de capacidades único, y garantizar el respeto de la cláusula social horizontal, los derechos sociales fundamentales y la participación cívica. El programa también debe explorar y promover el derecho de los ciudadanos europeos a unos ingresos mínimos garantizados.

1.4

El CESE propone dos nuevas iniciativas exploratorias: 1) la emisión de Bonos Sociales Europeos para proyectos de inversión social económicamente viables, que se canalizarían a través de un Fondo de Acción Social Europeo, facilitado por las autoridades competentes de la UE, pero financiado, propiedad de, gestionado y supervisado de forma transparente por partes interesadas de la sociedad civil (privadas, corporativas y públicas); y 2) la creación de una Red europea de educación para trabajadores en paro, que ofrezca oportunidades educativas eficaces y de calidad a largo plazo que respondan a las necesidades del mercado laboral, mediante la emisión de cheques transfronterizos de educación y sistemas de intercambio de créditos curriculares de tipo ERASMUS para ayudar a los trabajadores en paro que buscan nuevos horizontes educativos, desarrollar nuevas capacidades cognitivas y profesionales y abrir nuevas posibilidades de carrera y de reinserción en el mercado laboral europeo. Al mismo tiempo, una Europa de libre circulación exige una base más segura y actualizada para la movilidad (por ejemplo derechos adecuados de información y asistencia de los trabajadores cuando trabajen en otros Estados miembros), con el fin de facilitar el desplazamiento de las poblaciones dentro de las comunidades en busca de trabajo en toda la UE, que garantice la igualdad de condiciones y la competencia leal y el respeto de los derechos sociales básicos y los convenios colectivos.

2.1

Consta que el Comité Económico y Social Europeo está pidiendo que se de un paso adelante hacia una unión económica, social y política.

2.2

Una unión económica debe incluir una unión bancaria y financiera, con un sistema de garantía de depósito común, un fondo de resolución común y una supervisión de ámbito de la UE; y una unión fiscal debe basarse en instrumentos de deuda conjuntos, dentro de un marco de disciplina presupuestaria, consolidación fiscal y un modelo europeo de crecimiento más dinámico, al que los ciudadanos puedan referirse y en el que los inversores, los productores, los trabajadores y los consumidores pueden tener confianza. Se deberían superar las continuas incertidumbres sobre la integridad de la zona del euro, porque menoscaban la fe de los ciudadanos y la confianza de las empresas. La cumbre de junio de 2012, incluyendo el Pacto por el crecimiento y el empleo y el apalancamiento previsto de 180 millones de euros para este propósito, junto con los anuncios del BCE de hacer lo que sea necesario para romper el círculo vicioso entre los bancos débiles, la deuda soberana y los diferenciales insostenibles, son motivos para tener más confianza en el desarrollo de un marco económico europeo. Europa necesita un nuevo programa de inversión (2) para movilizar recursos con el fin de respaldar la reindustrialización, restaurar el crecimiento y solucionar el problema del desempleo.

2.3

Pero esto es sólo la mitad de la imagen. Al mismo tiempo, las consecuencias de las medidas de austeridad han tenido un efecto devastador sobre la cohesión social, la protección social, un mercado de trabajo inclusivo y los niveles de pobreza. Actualmente hay en la UE 26 millones de desempleados y 120 millones de personas afectadas por la pobreza o la exclusión social. Está claro que los objetivos de la reactivación económica, la estabilidad monetaria, el crecimiento sostenible y la competitividad no podrán alcanzarse sin una dimensión social renovada. En el Consejo Europeo de Primavera celebrado los días 14 y 15 de marzo de 2013 se reconoció por fin esta realidad y se instó a los Estados miembros a incluir las políticas sociales como motores de la gobernanza económica, principalmente cambiando el enfoque del Semestre Europeo para apoyar el empleo, las inversiones sociales, la inclusión social y la integración de los objetivos sociales en las demás políticas (3). El Comité Económico y Social Europeo toma nota de este nuevo énfasis en la política social a nivel nacional, pero considera que también es necesario un papel impulsor por parte de la UE en lo que se refiere a la acción social, las inversiones sociales y la evaluación comparativa social.

2.4

Es hora, por tanto, de construir el pilar social de la UEM en el marco de una Europa social, sin la cual la adhesión de los ciudadanos al proyecto europeo en su conjunto seguirá estando en peligro. De hecho, los actuales «diferenciales de deuda» en los desequilibrios sociales europeos no solo socavan las soluciones sostenibles para el crecimiento económico y la cohesión social, sino que además plantean un reto fundamental ante las próximas elecciones europeas de 2014 entre quienes confían en una dimensión europea para la recuperación y quienes se refugian en alternativas nacionales. Las elecciones europeas concentrarán las mentes y los votos; es esencial que esas elecciones actúen como un catalizador, y no como un freno, para más Europa, para una Europa más cercana a sus ciudadanos, familias y empresas, en una Europa más social.

2.5

Los derechos sociales fundamentales son «indisociables» de los derechos civiles y políticos y existe una obligación en el Tratado de respaldarlos y promoverlos. La Comisión y el BCE, como miembros de la Troika, tienen que cumplir sus obligaciones respecto de los derechos sociales fundamentales en todas sus actividades. En el marco de la dimensión social de la UEM, la Comisión debería supervisar, evaluar y garantizar eficazmente el cumplimiento pleno de estas obligaciones relativas a los derechos sociales fundamentales.

3.1

En 2008, el Comité Económico y Social Europeo aprobó un dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia francesa de la UE, en el que trataba de la necesidad de poner en marcha un nuevo Programa europeo de acción social. El dictamen se refería al trabajo pionero del Comité para ayudar a lanzar la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, el Programa europeo de acción social de 1989 y el acervo social resultante en relación con el mercado único, el Tratado y la actividad de la UE en general. El dictamen señalaba que «para que el desarrollo social en la UE esté a la altura de los cambios económicos y del mercado» es preciso un nuevo Programa europeo de acción social (PEAS). Lamentablemente, a pesar del apoyo registrado en la reunión informal de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales durante la Presidencia francesa de la UE, la propuesta del Comité fue pronto eclipsada por la crisis económica y cinco años frenéticos para tratar de salvar la UEM y forjar una cohesión económica más estrecha en la zona del euro. Ha llegado sin duda el momento de revisar la idea de un nuevo Programa europeo de acción social, con el fin de acercarse a y sostener las nuevas formas de gobernanza económica con unas acciones de cohesión social y de política social equivalentes.

3.2

En su dictamen de 2008, el Comité pidió «gobernanza multinivel» respecto de un nuevo Programa europeo de acción social, basado en la acción legislativa, el diálogo social, el diálogo civil, la corregulación y la autorregulación, la coordinación abierta, la incorporación de la política social, la mejora de la cooperación y el derecho de iniciativa de los ciudadanos. No estableció ninguna jerarquía respecto de la forma de acción, sólo en el sentido de lo que funcionase mejor, manteniendo el método comunitario y respetando la nueva cláusula social horizontal (artículo 9 del TFUE). También pedía compromiso financiero, por ejemplo a través del uso más centrado y accesible del Fondo Social Europeo, un posible Fondo Europeo de Innovación Social para apoyar nuevas iniciativas sociales de carácter experimental, y la idea de «una línea de crédito de ámbito europeo para el desarrollo de infraestructuras sociales».

3.3

Durante el período intermedio, el Comité intensificó sus llamadas a aplicar el método comunitario y a respetar el carácter vinculante de la cláusula social horizontal. También propuso concretamente la elaboración de un Pacto europeo de inversión social que garantizase que las medidas de austeridad y las sanciones semiautomáticas en el marco de la gobernanza económica y la aplicación del Semestre Europeo fuesen compensadas por evaluaciones de impacto social, el respeto de los derechos sociales fundamentales, el compromiso real de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para combatir la pobreza y el desarrollo general de la «gobernanza social» europea.

3.4

El Comité se felicita de que el Parlamento Europeo haya subrayado recientemente la necesidad de un «pacto social para Europa», de establecer «parámetros comparativos en materia social y de empleo» en «el control obligatorio de la disciplina presupuestaria», de que la Encuesta Anual sobre el Crecimiento tenga en cuenta «la sostenibilidad del modelo social» y de disponer de «un marco político social y laboral integrado» como «quinto pilar» en la hoja de ruta de la UEM  (4). También acoge con satisfacción el objetivo del Consejo Europeo de presentar medidas y una hoja de ruta con plazos respecto de «la dimensión social de la UEM» en su reunión de junio de 2013 (5). El Comisario Andor también ha destacado recientemente la necesidad de una «unión monetaria de rostro humano», y que en su opinión «la dimensión social de la UEM debe ser entendida como la capacidad de las normas, los mecanismos de gobernanza, la capacidad fiscal y demás instrumentos políticos de la UEM para asegurar que la eficiencia económica y la equidad social sean perseguidas al mismo tiempo» (6). El Comité se siente también alentado por las conclusiones del Presidente Van Rompuy en la Cumbre Social Tripartita del 14 de marzo en el sentido de que el modelo social europeo «sigue siendo una baza importante y una ventaja competitiva global» y de que «necesitamos encontrar mecanismos para contribuir a reducir las diferencias sociales en nuestra Unión» (7). El «Paquete sobre Inversión Social» publicado por la Comisión, en el que se establecen orientaciones para que los Estados Miembros apoyen la protección social y la inclusión social, va en la dirección de desarrollar indicadores de la dimensión social (8). Sin embargo, el Comité considera que un «marcador» de los desequilibrios laborales y sociales en la UE requiere también un marco más comprometido para la acción por parte de la UE. El Comité reitera por tanto la necesidad de un Programa europeo de acción social que sea integral, proactivo, con gobernanza multinivel, incluidas las autoridades, los organismos y las partes interesadas europeas competentes, con medidas tanto legislativas como no legislativas, y con la misión de al menos alcanzar y preferiblemente mejorar respecto de los objetivos sociales establecidos en la Estrategia Europa 2020.

4.1

El ejercicio del Semestre Europeo debe incluir evaluaciones comparativas del empleo y la inclusión social dentro del mismo marco de vigilancia que rige la coordinación de la política económica y las reformas estructurales. Los objetivos europeos cuantificables en materia de empleo y asuntos sociales deben armonizarse e integrarse con las normas sobre estabilidad y crecimiento que rigen los objetivos en materia de deuda y déficit. Se deben aplicar mecanismos de ajuste coherentes para corregir tanto los desequilibrios macroeconómicos como los desequilibrios sociales, con el objetivo de impulsar un crecimiento inteligente y sostenible, unos empleos de calidad, unos servicios de interés general de alta calidad y accesibles y la reducción de las desigualdades sociales en toda la UE. La eficiencia económica a corto plazo no debe ir en detrimento de la inversión en capital social a largo plazo. Las medidas de consolidación presupuestaria deben evaluarse en función de sus efectos sobre el crecimiento, el empleo y la inclusión social. Los mecanismos europeos de solidaridad deben acompañar las reformas estructurales. Para que los ciudadanos de la UE respalden «una auténtica Unión Económica y Monetaria», los programas nacionales de reforma deben garantizarse con diálogos sociales y civiles adecuados y dentro de una dinámica de dimensión social europea que no desencadene una «carrera hacia el fondo» que tenga como resultado una competencia a la baja, una deflación salarial y una menor demanda agregada. Es preciso garantizar la libertad y la autonomía de la negociación colectiva. El diálogo social europeo debería desempeñar un papel fundamental en el desarrollo y la práctica de la nueva gobernanza económica. Los derechos sociales fundamentales deben supervisarse y respetarse mejor en toda la UE.

4.2

El Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización deben potenciarse para estar a la altura de lo que el Presidente Van Rompuy ha denominado «un drama humano y una urgencia social» (9) al hablar de la situación laboral y social en Europa. Esto requerirá claramente «una revisión obligatoria y exhaustiva del MFP», como pidió la resolución del PE del 13 de marzo (10). En el marco de los mecanismos de flexibilidad que en ella se planteaban, de las negociaciones actuales entre el PE y el Consejo y de la más que previsible revisión estructural del MFP tras la elección del nuevo Parlamento Europeo, se deben restablecer al menos los saldos previstos en la propuesta inicial de la Comisión Europea, también mediante un recurso más adecuado a los recursos propios de la UE previstos, aumentando por otra parte de forma considerable los recursos destinados al Fondo de Cohesión Territorial, al Fondo Social, a la educación y la formación y al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.

4.3

Al mismo tiempo, la UE debería respaldar mejor las inversiones sociales responsables y el papel de apoyo de la economía social, especialmente mediante la reintroducción de un régimen jurídico europeo de las asociaciones y las mutualidades, la inclusión explícita de los programas destinados a poner en marcha y desarrollar empresas sociales en la planificación de la financiación estructural, facilitar el etiquetado social y medidas compensatorias y facilidades de contratación pública para empresas con un valor social acreditado. Asimismo se debería crear un Fondo Europeo de Innovación Social para recuperar los proyectos piloto transnacionales que sean valiosos destinados a frenar la discriminación y las desventajas en el mercado laboral, que quedaron desasistidos cuando la Comisión Europea abandonó el programa Equal.

4.4

Asimismo, es fundamental llevar a cabo todas las acciones y tomar todas las medidas necesarias en materia de empleo para reindustrializar Europa y conseguir que la cuota de la industria llegue al 20 % del PIB en 2020. El CESE subraya la importancia de la competitividad para las empresas, que debe conseguirse mediante un marco europeo coherente.

4.5

La UE debe movilizarse por la juventud si no quiere alienar permanentemente a los jóvenes del proyecto europeo en su conjunto. La dramática escala de la crisis del desempleo juvenil en Europa requiere un presupuesto de la UE más creíble que los insuficientes 6 000 millones de euros propuestos para el Paquete de Medidas sobre Empleo Juvenil y la Garantía Juvenil para garantizar a los jóvenes desempleados un empleo, una formación o una educación, especialmente allí donde más se necesite. Sin una financiación suficiente, la garantía juvenil europea puede llegar a considerarse una farsa. Asimismo se debería potenciar la acción de la UE mediante un pasaporte único europeo de competencias y la ampliación del Marco Europeo de Cualificaciones mediante la combinación de todas las cualificaciones y competencias en educación formal, informal y no formal. Resulta claramente necesario un marco europeo de asociaciones entre centros educativos, empresas e interlocutores sociales, junto con sinergias estratégicas similares que sitúen la enseñanza superior y el aprendizaje permanente en el centro de la creación de empleo, la resolución de los desajustes de las cualificaciones y la promoción de la empleabilidad, la innovación y el espíritu empresarial. El Semestre Europeo debería garantizar que la inversión pública en educación y formación no se ponga en peligro por las medidas destinadas a reducir la deuda soberana y los déficits nacionales.

4.6

En un programa europeo de recuperación sostenible deben ocupar un lugar central los empleos auténticos, el trabajo digno y la portabilidad de los derechos sociales. El modelo social europeo es una baza para atraer la inversión interior y el desarrollo empresarial en Europa; se debería potenciar fomentando el apoyo fiscal a las actividades generadoras de empleo, incluidas la microempresas y el auténtico empleo autónomo. En las políticas de empleo y mercado laboral de la UE se deberían respaldar unas normas sociales garantizadas. La competitividad y la flexibilidad deben ir acompañadas por el trabajo digno y unos salarios cuyo nivel no esté por debajo de los umbrales de pobreza. Los interlocutores sociales europeos tienen la responsabilidad especial de afrontar el problema de los trabajadores pobres en su programa de trabajo.

4.7

La UE debe comprometerse de forma más decidida y concreta con la reducción y erradicación de la pobreza. De hecho, los beneficios económicos y sociales para Europa de reducir activamente la pobreza resultan más rentables que los perjuicios económicos y sociales duraderos causados por la inacción o por medidas que en realidad agravan la pobreza. Como mínimo, en el marco del Semestre Europeo, se debe perseguir activamente el cumplimiento de los compromisos «emblemáticos» de la Estrategia Europa 2020 de sacar a 20 millones de personas de la pobreza, en lugar de socavarlos con medidas destinadas a reducir el déficit. Esto requiere ante todo un conjunto mejor de indicadores a escala de la UE para evaluar el impacto de la pobreza y garantizar un seguimiento adecuado y una posible corrección de los Planes Nacionales de Reforma y de las medidas de austeridad que pueden realmente exacerbar la pobreza y socavar la recuperación. El CESE también está llevando a cabo una revisión de los sistemas de renta mínima garantizada en los Estados miembros con el fin de identificar y promover las buenas prácticas en toda la UE. Asimismo ha respaldado el llamamiento del PE a estudiar y preparar una propuesta legislativa para introducir una renta mínima garantizada de, al menos, el 60 % de la mediana de la renta nacional en cada Estado miembro (11). Se podría crear un Fondo Europeo de Solidaridad Contra la Pobreza destinado a facilitar estas medidas de apoyo a la renta, como mecanismo de ajuste estabilizador social del Semestre Europeo. El Comité reitera asimismo su propuesta de reservar el 20 % de los recursos totales del FSE para afrontar la inclusión social y la pobreza.

4.8

Es esencial que una Ley Europea de Accesibilidad garantice a las personas con discapacidad sus derechos de libertad de circulación y de acceso a los bienes y servicios y al entorno edificado. Para ello serviría de instrumento concreto y efectivo una Carta Europea de Movilidad. La Comisión debería asimismo desarrollar un instrumento de evaluación de impacto sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad e integrarlo en el proceso del Semestre Europeo.

4.9

Del mismo modo se debería elaborar una metodología y un marco UE de indicadores comparables y cuantificables sobre protección de la salud y reducción de desigualdades en materia de salud, con el fin de evaluar la situación en los Estados miembros como parte del Semestre Europeo.

4.10

En la dimensión social del Semestre Europeo se deberían integrar también evaluaciones comparativas sociales a escala de la UE y directrices de buenas prácticas sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, el acceso a los servicios de cuidado de niños, el envejecimiento activo, el voluntariado, el derecho a la vivienda y la lucha contra la falta de viviendas.

4.11

Los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes están contribuyendo de manera positiva al desarrollo económico y al bienestar de Europa. Los procedimientos de la UE para la inmigración laboral deberán ser legales y transparentes. La legislación de inmigración debe respetar los derechos humanos y garantizar la igualdad de trato. El CESE considera que la UE debe reforzar las políticas de integración así como la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación hacia los inmigrantes y las minorías.

4.12

La recuperación sostenible requiere una mayor simetría económica y monetaria y una mayor cohesión social en toda la UE. Un Programa europeo de acción social que incluya los objetivos específicos indicados más arriba contribuiría a establecer una base social más coherente para acercar y volver a conectar a la UE con sus ciudadanos. Por tanto es preferible un doble reequilibrio social de la UE y la UEM que respete la subsidiariedad en su sentido dinámico. Sin embargo, si no hay suficiente consenso o voluntad política para acometer esta revitalización de la dimensión social de la UE, el CESE propondría la opción de una cooperación reforzada dentro de la UEM, con recursos financieros propios, un Fondo Social adicional, un Pacto de Progreso Social para Europa basado en los mismos acuerdos contractuales rigurosos y democráticamente controlados que regulan la convergencia económica y monetaria y en normas, objetivos y mecanismos de estabilización sociales (debería establecerse un debate con los interlocutores sociales y la sociedad civil sobre si puede ser útil un seguro de desempleo o un sistema de prestaciones por desempleo a escala de la UEM como el que propuso recientemente el Comisario Andor) que se compaginen con los mecanismos de estabilización fiscal, presupuestaria y monetaria de una Unión Económica y Monetaria más estrecha; es decir, una UEM con una correspondiente dimensión social.

4.13

Las «obligaciones contractuales para la competitividad y el crecimiento» que se debatieron en la cumbre europea de diciembre tienen que tener un control democrático y no deberían socavar la economía social de mercado europea tal como se define en el artículo 3.3 del TUE. También es necesario definir y precisar en mayor medida los «mecanismos de solidaridad de acompañamiento» de los esfuerzos de los Estados, que puedan configurarse progresivamente como auténticas transferencias financieras con un presupuesto inicial específico de entre 50 000 y 100 000 millones de euros, que se financiaría con medios similares a los del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

4.14

Para conseguir esta perspectiva de mayor equilibrio y correspondencia con la economía social de mercado prevista en el Tratado es necesario que el aumento de funciones del Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios en el seno de la Comisión se complemente con un refuerzo del papel del Comisario de Empleo y Asuntos Sociales. Del mismo modo es necesario que el papel creciente del Consejo ECOFIN se compense con un refuerzo análogo del Consejo EPSCO.

4.15

Asimismo es necesario que en este marco de gobernanza económica y social europea, con referencia particular al Semestre Europeo y a la Estrategia Europa 2020, se refuercen las funciones tanto del Parlamento Europeo como de los Parlamentos nacionales y se garantice y amplíe la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en todos los niveles de la negociación política.

5.1.1

En paralelo con las perspectivas apuntadas, quizás se podría reflexionar más sobre otras formas de involucrar a los ciudadanos europeos, a la sociedad civil y a las empresas en la nueva puesta en marcha del Programa europeo de acción social, en particular a través de la movilización a favor de los Bonos sociales europeos y de su emisión. Esto serviría también, en una época de recursos públicos escasos, para movilizar recursos añadidos encauzando hacia fines bien definidos parte de los cuantiosos depósitos de ahorro privado no utilizado.

5.1.2

Esta iniciativa sería independiente de los debates en curso sobre la emisión por parte de la UE de bonos de estabilidad (para ayudar a mutualizar la deuda) y de bonos de recuperación y de crecimiento (como parte de un paquete de incentivos económicos de la UE). En su lugar, los Bonos sociales europeos no se pagarían con cargo a las cuentas de los Estados nacionales ni serían cofinanciados por los mecanismos presupuestarios de la UE, sino que serían adquiridos e invertirían en ellos los ciudadanos, las empresas, los sindicatos y los grupos de la sociedad civil que deseen ejercer su responsabilidad social, individual o corporativa, mediante la participación en un Fondo europeo de acción social, financiado por ellos mismos, administrado por ellos mismos, con tasas de interés razonables y sobre una base sin ánimo de lucro, supervisado y regulado de forma transparente y facilitado y asegurado hasta un importe adecuado por parte de las autoridades competentes de la UE.

5.1.3

La emisión de los bonos debería ser facilitada desde un punto de vista logístico por las autoridades competentes de la UE, organizada de forma popular y gestionada en forma de mutualidad por las partes interesadas privadas, corporativas y públicas que decidan participar en el programa y asumir la responsabilidad del Fondo europeo de acción social. Podrían comprar, retirar e invertir los bonos en programas sociales de su elección, prioritariamente en el marco del futuro Programa europeo de acción social, con la ayuda técnica de los órganos institucionales y de asesoramiento competentes de la UE, con el fin de verificar su viabilidad financiera y las posibles repercusiones sociales. Estas inversiones sociales podrían incluir: la vivienda social, las empresas cooperativas y las empresas sociales, el apoyo a grupos de autoayuda, las mutualidades, la comunidad social y los servicios de salud, las redes educativas, de capacitación y de recualificación, la innovación social, la investigación y el desarrollo, los préstamos y las asociaciones para el desarrollo de infraestructuras, el turismo rural, los viajes de intercambio, las actividades culturales, las obras de caridad, etc.

5.1.4

Posteriormente se podrían estudiar planes de desarrollo más articulados de estos Bonos sociales europeos, desarrollando por ejemplo una pluralidad de bonos promovidos y gestionados a nivel local o nacional por los mismos actores mencionados. Estos bonos, adecuándose a los criterios del sistema europeo general previsto, tanto por lo que se refiere a sus obligaciones de finalidad como a sus modalidades de gestión, recibirían una adecuada certificación europea de participación en el sistema general y también, sobre esta base, posibles facilidades fiscales para los suscriptores.

5.1.5

El consejo de administración del Fondo europeo de acción social debería estar compuesto por las partes interesadas que intervienen en el sistema, representadas de forma proporcional según el nivel de sus inversiones en Bonos sociales europeos, y con asesoramiento y apoyo logístico por parte de los órganos competentes de la UE (incluido el CESE ).

5.2.1

El desempleo masivo de Europa no se podrá resolver a corto o medio plazo, y ello aunque las previsiones de crecimiento para el año 2014 mejoren y empiecen a surtir efecto los incentivos a nivel europeo. El mercado laboral europeo debe ser un medio más relevante para que nuestra fuerza de trabajo pueda moverse libremente, para llevar las capacidades allí donde más se necesitan y para aprender a recuperar y desarrollar habilidades. Es esencial que nuestra fuerza de trabajo se mantenga activa, de preferencia en un empleo o posiblemente en un empleo a tiempo parcial, o, si no, en la educación, la formación y la recualificación. Es importante garantizar que la educación sea eficiente, anticipatoria, innovadora y relevante con respecto a las necesidades del mercado laboral. Muchos sistemas educativos y de formación tienden a desarrollarse en el corto plazo, a menudo sin que existan puestos de trabajo sostenibles para después. Los trabajadores de mayor edad que pierden su empleo tienen menos probabilidades de participar en estos programas. Podría explorarse un enfoque a más largo plazo con una perspectiva europea, también basándose en algunas buenas prácticas europeas ya experimentadas, como el programa de educación de adultos desarrollado en Suecia de 1997 a 2002 o el sistema de formación dual establecido en Alemania y en Austria. La UE podría tal vez facilitar la creación de una Red europea de educación para trabajadores en paro dirigida a ofrecer una oportunidad educativa de gran calado, de dos años de duración, para cambiar de trayectoria profesional, participar en el intercambio de experiencias de trabajo, de formación o de educación en otros Estados miembros a través de la emisión de cheques transfronterizos de educación, con la posibilidad de intercambio de créditos curriculares, y para poder obtener al final una cualificación profesional mutuamente reconocida.

5.2.2

Este sistema, si se dota con recursos suficientes y se adopta a gran escala por los Estados miembros, en el marco de disposiciones contractuales precisas con los trabajadores que acepten libremente participar en estos programas, podría permitir mantener en un marco activo de alta calidad a importantes contingentes de desempleados de larga duración que de otra forma no encontrarían ciertamente posibilidades de empleo, lo que tendría efectos sin duda positivos tanto para las personas como para el capital social global de las naciones europeas.

19.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 271/8

1.1

El CESE considera que el nacimiento del euro y de la UEM constituye el hito más importante en el camino recorrido por Europa. Formaba parte de un diseño estratégico de la Unión que se enmarcaba en la visión inspirada por la CECA y el Tratado de Roma. Fue un gran ejercicio de valentía, una apuesta por el futuro que suscitó tantas expectativas que en todos nació la convicción de que, gracias a su fuerza, la moneda única acabaría con la resistencia aún persistente, que había impedido llevar a la práctica una UEM y una unión política completas, tal como habría sido necesario. Con todo, el euro sigue siendo la premisa de estos objetivos.

1.2

Sin embargo, debemos conceder que, tras veinte largos años, esto no se ha cumplido, quizás porque durante este periodo el euro no ha sufrido graves sacudidas, ni internas ni externas, o quizás por la falta de confianza que sigue existiendo en Europa entre los países acreedores y los deudores, que implica, a la postre, una falta de cohesión y de confianza hacia quien nos gobierna. Así las cosas, todos han preferido acomodarse en la calma chicha y el bienestar existente: todo parecía marchar sobre ruedas, pero se trataba de una calma aparente. Efectivamente, la llegada de la crisis económica y financiera internacional, que descargó en la UE, hizo sonar las alarmas y sacar estrepitosamente a la luz los límites y las contradicciones de la estructura de la UEM, quitando al euro su poder de atracción. En un primer momento se creyó que para hacer funcionar la UEM bastarían algunas «reglas contables», como el Pacto de Estabilidad, pero el problema no era técnico, sino económico y político.

1.3

El CESE reconoce la importancia de la estabilidad. No obstante, la estabilidad no debe referirse únicamente a los precios o a las entidades económico-financieras, sino también a la política y las condiciones sociales. Con toda razón, los ciudadanos tienen la impresión de que son ellos quienes están pagando el precio más alto por la crisis, quienes deben reembolsar la deuda, y no los bancos que tuvieron un papel decisivo en la crisis, y lo consideran injusto. El CESE se muestra convencido de que la sostenibilidad política de la austeridad no podrá durar mucho; es más, en algunos países ya se han superado los límites.

1.4

Por todo ello, el CESE considera que la moneda única sólo será sostenible si se alcanza una convergencia de las capacidades económicas de los países de la zona del euro y un incremento de la competitividad en su conjunto, un objetivo que requiere un compromiso económico y político. No basta con un escaso mantenimiento temporal. Hay que realizar un salto cualitativo que permita unir no sólo la moneda y la economía, sino también la política, la soberanía, las personas y la capacidad de diálogo entre los pueblos europeos. Necesitamos más integración política, menos dirigismo y una economía social de mercado para reactivar el crecimiento y el empleo, y para lograr que se perciba nuevamente el euro como una ventaja, y no al contrario.

1.5

Del dictamen se deduce evidentemente que las propuestas del CESE son proactivas, mientras que las respuestas a la crisis por parte de la Comisión y del Consejo han sido en su mayoría reactivas. Por ejemplo, cabe recordar que el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza hace hincapié en la estabilidad, sin proponer instrumentos financieros conjuntos para la recuperación y el empleo, aunque el acuerdo sobre el Mecanismo Único de Supervisión constituye un importante paso adelante, incluso sin un plan de trabajo creíble y concreto en materia de unión política. Por el contrario, Europa debe volver a producir riqueza para poder redistribuirla de manera equitativa. Esta es la mejor manera de reducir las protestas; no se puede imponer solo austeridad.

1.6

Como ya ha intentado señalar reiteradamente, el CESE solicita en cambio que se lleve a cabo una operación VERDAD sobre el euro y Europa para su protección, sobre sus límites políticos y económicos, sobre los beneficios y las pérdidas, y sobre las responsabilidades que nos han llevado a la situación actual; pide igualmente que se actúe con rapidez: no queda tiempo para la retórica, las artimañas ni las patrañas. Esta es la única manera de evitar la disolución de Europa, en declive desde hace ya tiempo. Con esta finalidad, sería mejor evitar las acusaciones de populismo a quienes protestan por los sacrificios impuestos. Europa debe aprender a escuchar sin presunciones; no puede seguir haciendo oídos sordos.

1.7

El CESE considera que la mejor manera de completar la UEM, evitar la recesión, reducir la deuda de los países y estabilizar los presupuestos es invertir el principio actual en el que se basa la cultura económica de la UE (la estabilidad para el crecimiento), partiendo del crecimiento y no de la austeridad, y convirtiéndolo en su objetivo principal, en favor de un nuevo pacto para promover (mutualizar) el crecimiento, el empleo y la estabilidad, también a través de la participación de los interlocutores sociales (el crecimiento para la estabilidad). El Comité se muestra convencido de que:

1.8

Llevar a la práctica políticas simétricas para lograr un euro sostenible y reducir el diferencial entre las economías de los países recurriendo a un plan solidario que asigne recursos a las inversiones hacia aquellos países con las economías más débiles, por medio de proyectos específicos y, si fuera necesario, con reasignaciones fiscales y con la integración del mercado laboral y de la política social. Esto implica, por lo tanto, actuar por medio de ajustes simétricos: fondos comunes para proteger los bancos que quiebran, un seguro europeo sobre los depósitos, bonos de la Unión, eurobonos, políticas comunes para reducir el déficit exterior de la UE, etc. (creación de un fondo común de compensación o ajuste).

1.9

Crear un gobierno económico de la UE, superando el actual método de coordinación de las políticas que no ha dado buenos resultados, transformando el Eurogrupo en un organismo de decisión por mayoría que se convierta en portavoz del euro; ya no es sostenible contar con la unión monetaria y la unión bancaria y mantener separadas las políticas económicas. En cambio, una gobernanza común (como ha ocurrido con el Pacto Presupuestario) a niveles macro y micro (lanzar un pacto industrial) podría dar un giro a la política económica y fiscal en favor del crecimiento, el empleo y la integración social.

1.10

Dotarse de un presupuesto común en la eurozona, obviamente con normas comunes, que unifique la política comercial y la balanza de pagos, que hoy presentan grandes diferencias; llevar a cabo la consolidación fiscal actuando en las estructuras de los multiplicadores para liberar recursos en favor del crecimiento y el empleo, y emprender las reformas que permitan incrementar la productividad de los países más débiles (2).

1.10.1

No obstante, lo que sirve para reducir o mitigar las actuales medidas de austeridad en los países más endeudados es favorecer la expansión de la demanda de los países acreedores. En este orden de cosas, los Estados miembros deben actuar en el ámbito de la deuda y las reformas estructurales, así como del crecimiento, recurriendo a un plan solidario a escala de la UE para aumentar el empleo y la justicia social. A la recesión no se le puede añadir austeridad, como está haciendo la UE: sumar el esfuerzo de reducción de la deuda a la restricción del crédito tiene un efecto letal para la economía.

1.11

Por todo ello, es necesario dotarse de un sistema capaz de reabsorber los errores y los puntos débiles de cada uno de los países, que acompañe el proceso de reforma y que reduzca el diferencial económico y los desequilibrios entre los países de la zona del euro, también por medio de la política monetaria.

1.12

El propio BCE ha sufrido las limitaciones de la UEM. Según el Tratado, ha debido realizar una política monetaria única, casi federal, aun cuando los países presentan economías diversas, con graves desequilibrios entre ellas. Este es el motivo por el que, como ya se ha apuntado, habrían sido y siguen siendo necesarias medidas correctivas por parte de la UE. Así se evitaría la sobreexposición y se imprimiría una mayor eficacia y ecuanimidad a la actuación del BCE, encaminada a garantizar la estabilidad de los precios reduciendo las distorsiones y los desequilibrios existentes, cuya persistencia puede poner en tela de juicio la existencia misma de la moneda única, como se ha demostrado en el episodio más reciente de la crisis de deuda soberana, que únicamente se ha podido evitar gracias a una intervención decidida por parte del presidente del BCE. Existe por lo tanto la necesidad de favorecer la integración económica, que sufre un retraso respecto de la monetaria, al menos hasta que se supere la actual falta de mandato del BCE y el déficit político de la UE.

1.12.1

El BCE tiene en la actualidad un papel sobreexpuesto. Para asumir mejor este papel y operar en igualdad de condiciones, debería contar con las mismas funciones y atribuciones que la Reserva Federal de los Estados Unidos, incluido el de prestamista en última instancia, para reducir el diferencial entre los tipos de interés. Así pues, debe tratarse de un mandato completo que, en caso de necesidad, permita al BCE actuar también como incentivador del crecimiento.

1.12.2

En este período, se ha entablado entre los bancos centrales un gran debate en torno a este argumento: ¿qué estrategias hay que adoptar para reactivar el crecimiento? Se trata de la vieja cuestión de la relación austeridad-crecimiento, es decir, inflación-crecimiento y crecimiento-empleo. Basta con pensar que, para hacer cumplir sus objetivos –un descenso de la tasa de desempleo del 6 %–, la FED inyectó en el mercado 85 000 millones de dólares al mes (el Banco de Inglaterra se estaría preparando para acometer una política similar). Se trata, pues, de una situación que coloca al BCE –huérfano de gobierno y de presupuesto– en posición de debilidad frente a los demás bancos centrales. Además, es una condición que afecta también al control de las relaciones entre las divisas. El BCE debe asumir también una responsabilidad en materia de política cambiaria, con la salvedad, según el Tratado, del derecho del Consejo de alcanzar acuerdos formales para implantar un sistema de tipos de cambio del euro en relación con las divisas de terceros países.

1.12.3

La deuda: otro elemento importante de la UEM. En este orden de cosas, el CESE ya ha formulado una propuesta precisa para retirar del mercado el 60 % de la deuda de los países y, de esa manera, evitar efectos especulativos en el mercado de la zona del euro (3). Resulta evidente que, con una UEM plena y un presupuesto común en la zona del euro, se podrán contemplar también modalidades de emisión de obligaciones comunes (obviamente, dentro de un presupuesto común a la zona del euro).

1.13

Por lo que respecta al conjunto del sistema financiero y bancario, el CESE cree que es preciso completar todos los aspectos de los procedimientos emprendidos por la UE (4) en los plazos que resulten necesarios, que deberán ser breves. Entre los instrumentos más eficaces e importantes para completar la UEM cabe mencionar su estabilidad y el mercado interior.

1.14

El CESE considera que el futuro de la UE y de su ordenación institucional debe abandonar los sistemas relativos al «modelo ideológico», aunque el «federal» parezca el más adecuado, y entrar en los aspectos funcionales y esenciales para lograr que sobreviva la idea misma de Europa. Una Europa que vuelva a colocar a las personas y la solidaridad en el centro de su objetivo primario, en torno al cual debe girar la economía, y no al contrario. Ya ha llegado el momento de iniciar los nuevos trabajos para realizar una unión política, social y económica. Sin embargo, el intento del Consejo, tímido e inadecuado, aunque meritorio, nos parece verdaderamente insuficiente. Hay que poner freno al egoísmo, al utopianismo de los intereses en que parece haber incurrido Europa, en favor de la solidaridad: suspender o diluir las políticas de austeridad para mitigar el sufrimiento y poner nuevamente el foco de las iniciativas en el trabajo y el crecimiento.

1.15

Por lo tanto, para completar la UEM a la luz de las propuestas anteriormente señaladas, se debe converger hacia una unión política y social: hacer más democrático (votación por mayoría) y transparente el proceso de toma de decisiones, al objeto de lograr una integración positiva y menos desequilibrada, con lo que se reducirían las diferencias en el proceso de integración. Todo ello daría una sola voz a la UE también en los organismos internacionales.

1.16

Nuevo tratado: el CESE considera que una gran de las propuestas de naturaleza económica señaladas en el dictamen puede resolverse sin modificar el Tratado. Cuando sea necesario, se puede actuar recurriendo a una cooperación reforzada entre los países que comparten las propuestas (como se ha hecho con el Pacto Presupuestario), también al objeto de actuar con mayor rapidez y evitar el riesgo de una posible disolución de la UE, frente a nuevos ataques externos y al mantenimiento de las políticas de austeridad. Otra hipótesis para profundizar en la integración podría consistir en otorgar un mandato constituyente al próximo Parlamento Europeo, cuya propuesta también podría someterse, de manera simultánea, a referéndum popular en todos los países interesados.

1.17

La situación que se registra en Europa tiene consecuencias a nivel internacional y viceversa. Por lo tanto, es necesario contar con organismos internacionales más eficaces y con mayor capacidad de decisión, para garantizar una mayor gobernanza mundial. En este ámbito, la UE debería dotarse de una única representación, al menos para la zona del euro. En concreto, el G-20 debería poder instituir un «comité económico y social» para el desarrollo mundial y actuar mediante estímulos fiscales.

1.18

Sin embargo, solamente un sistema político diverso, más cohesionado y democrático, podrá dotar a la UE no sólo de una mejor gobernabilidad interna, sino también una gobernabilidad externa más eficaz que le permita expresarse con una sola voz a nivel internacional, especialmente por lo que respecta a la relación entre las monedas, a fin de evitar perjudicar la economía de la UE y la relación entre las economías en el plano mundial, en particular con los países en desarrollo.

1.19

En resumidas cuentas, estas son las cuatro propuestas para completar la casa del euro:

2.1

La UE atraviesa en la actualidad un momento especialmente difícil y peligroso que podría tener consecuencias negativas que vayan más allá de las económicas y sociales ya registradas. El presente dictamen de iniciativa aborda una serie de cuestiones como la necesidad de respetar los compromisos en materia de cohesión económica y social que ya se establecen claramente en el Tratado; promover una nueva política económica y monetaria para el crecimiento y el empleo y políticas de innovación más proactivas; establecer un fondo europeo de capital riesgo para pequeñas y medianas empresas; y, por último, trabajar por el futuro de la UE (5).

2.2

Estamos ante grandes intereses económicos, también en la UE, que, en vez de converger, se oponen. El euro no tiene ninguna responsabilidad de cuanto está ocurriendo (6). Es una moneda que durante mucho tiempo ha debido defenderse sola y que todavía espera a que los «contendientes» (los gobiernos) decidan qué hacer.

2.3

El CESE debe responder a estos retos con un lenguaje sencillo y claro, a la vez que previsor, sabiendo lo que está en juego y el nivel del enfrentamiento, sin ocultar la realidad. Con el presente dictamen quiere ofrecer una contribución activa, sin reticencias, para completar la UEM y para superar la crisis, en interés de los trabajadores, las empresas y los ciudadanos de la UE, especialmente de la zona del euro, que está sufriendo esta crisis en mayor medida.

3.1.1

La adopción de la moneda única habría sido óptima para los países expuestos a crisis simétricas o que disponen de un mecanismo de absorción de crisis asimétricas. Los estudios empíricos demuestran que Europa tiene más probabilidades de padecer crisis asimétricas que Estados Unidos. Es evidente que la política monetaria del BCE no puede reaccionar ante las crisis asimétricas que se inician en los distintos países que participan en el euro, ya que su objetivo principal es defender la estabilidad de los precios en la unión monetaria. Por lo tanto, debe instaurarse otro mecanismo suficientemente eficaz para contrarrestar los efectos de estas crisis. La adaptación de la política monetaria común del BCE a las necesidades de los Estados miembros de la zona euro será menor si se limitan la movilidad de los factores de producción, la apertura de los mercados, la sincronización de los ciclos económicos, la diversificación de la producción, la integración financiera y el alcance de los intercambios comerciales efectuados en la Unión, así como si el mercado laboral es rígido y si existen elevados diferenciales de inflación entre las distintas economías de los miembros. Cuanto más se restrinja la capacidad de los mecanismos de adaptación encargados de atenuar los efectos negativos de las crisis asimétricas (flexibilidad de precios y salarios, movilidad de los trabajadores y los capitales entre los países miembros, federalismo fiscal), más dificultades tendrá un país para compensar la pérdida de su política monetaria.

3.1.2

Es posible que la UEM sea el principal pilar del Tratado de Maastricht, pero no es el único. Además del económico, el motivo de inspiración tras la caída del muro de Berlín fue sobre todo de carácter político. Numerosos países asistían como espectadores sorprendidos e indiferentes ante la nueva situación, al igual que hicieron ante la absorción casi instantánea de la Alemania Oriental y de la paridad entre los dos marcos (1:1), avalada por el Bundesbank. Se prefirió postergar la elección de una UEM plena y generar una expectativa común que más tarde resultaría ser una ilusión: que la unión monetaria acabaría desembocando en la unión política, que el euro se convertiría en el motor de una Europa federal; pero no ha sido así.

3.1.3

La Unión, además de dar cobertura y una voz única al euro, habría debido completar todo aquello de lo que carecía esta moneda. Se pensaba en cambio que, para que todo funcionara, bastaría con algunas «normas», como el Pacto de Estabilidad con parámetros arbitrarios, una autorreferencialidad considerada infalible que, sin embargo, no ha funcionado como se esperaba. Incluso el mandato del BCE es unidireccional, más limitado en comparación con el de otros bancos centrales. Estas contradicciones salieron a la luz con la crisis financiera, advertida con gran retraso por la UE y, posteriormente, de la deuda soberana, que ha quitado al euro el aura y el poder taumatúrgico con el que se presentó al nacer, lo que ha reducido su potencial de atracción hasta el punto de que, en la actualidad, se ve como una amenaza o como un arma insidiosa para justificar las políticas de austeridad.

4.1.1

Hasta 2008 la UEM funcionó bastante bien desde el punto de vista monetario para el conjunto de los Estados miembros de la zona del euro: simplificación del comercio, eliminación del riesgo de cambio, eliminación de las devaluaciones competitivas, estabilidad de precios (inflación media anual del 2,03 %, salvo oscilaciones excesivas en algunos países con el paso del sistema viejo al nuevo), disminución y convergencia de los tipos de interés de la deuda (¡hasta 2009!), crecimiento y empleo (creación de 14,5 millones de nuevos puestos de trabajo (7)), conjunto de las balanzas por cuenta corriente en equilibrio, ratios deuda-PIB por debajo del de Japón y de Estados Unidos y tipo de cambio con el dólar contenido (algo por encima del 30 %), debido a unas economías más débiles.

4.1.2

Este es el marco global. El resultado cambia cuando se examina la situación país por país. Las principales ventajas correspondieron principalmente a los países en cuya economía se basaron los parámetros iniciales del euro, ya que impulsó su crecimiento y productividad e incrementó enormemente sus exportaciones (aproximadamente, 2 billones de dólares desde 2000 hasta la actualidad, sólo por lo que respecta a Alemania) y la balanza de pagos correspondiente (8), mientras que otros países registraron beneficios parciales y/o sufrieron verdaderas desventajas, principalmente como consecuencia de la asimetría del sistema relacionado con la moneda única, hasta el punto de que los países con déficit se ven obligados a correcciones, mientras que los que presentan superávit no lo están. Además, hay que tener en cuenta las distintas reacciones que han suscitado en los distintos países las condiciones establecidas por el euro.

4.2.1

Los costes que deben tenerse en cuenta son los que se derivan de la divergencia de competitividad entre los países, pérdida de soberanía en política macroeconómica, tasa de cambio, devaluaciones competitivas, etc.

4.2.2

Con la crisis, y sin una UE plena y adecuada, han surgido otros costes, la transferencia de los pasivos bancarios a los presupuestos públicos y el aumento de la deuda, con un incremento de las dificultades para los países que ya estaban más endeudados. La Unión se ha dividido por la mitad: en un lado están los países acreedores y en el otro los deudores que, además, se parecen cada vez más a los países del tercer mundo. De hecho, los países acreedores están generando más pobreza en el Sur, y no solo allí, y más riqueza en el Norte. No hay más que pensar en el excedente acumulado por Alemania, no por medio de la contabilidad interna en la eurozona (en este caso, el presupuesto de la UE estaría en equilibrio), sino mediante su superávit con el exterior, que a largo plazo podría exponer a los propios alemanes a un riesgo financiero capaz de dañar su propia economía.

4.3.1

Son varios los problemas estructurales y los puntos débiles del sistema de gobierno de la moneda: límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que algunos países intentaron desmantelar cuando les planteaba problemas (Alemania, Francia e Italia); falta de supervisión de los indicadores de productividad; carencia de instrumentos para gestionar las crisis; costes de permanecer en el euro; riesgo sistémico; desequilibrios económicos entre los países; y mantenimiento de la soberanía fiscal y presupuestaria por los Estados nacionales.

4.3.2

Sin embargo, no se ha acabado con los peligros que plantean los tipos de cambio y las devaluaciones competitivas entre los Estados miembros de dentro y fuera de la zona del euro y, en particular, el Reino Unido, y en un espacio relativamente breve de tiempo podría producirse una considerable depreciación en el tipo de cambio entre la libra esterlina y el euro, lo cual perjudicaría a la igualdad de condiciones que se supone que debe imperar en el mercado único.

4.3.3

Desde el punto de vista económico, el punto más débil se refiere a los desequilibrios económicos, que ya existían antes del año 2000. Esta situación ha penalizado a los países más débiles y ha provocado auténticos «choques asimétricos», favorecidos además por un flujo masivo de capitales hacia Alemania. Son choques asimétricos a los que el BCE no puede hacer frente con los instrumentos de que dispone en la actualidad. Otro punto débil se deriva del contexto internacional, que sólo salió a la luz con la crisis financiera (9).

4.3.4

No obstante, el mayor error fue creer que se podía contar con una moneda única sin ninguna limitación de la soberanía de los Estados miembros, no sólo sobre el presupuesto sino, en especial, sobre la gestión separada de la deuda, con un sistema bancario y financiero que seguía siendo nacional, junto con el sistema de supervisión.

4.3.5

Por último, el punto débil más grave desde el punto de vista político fue haber creado el euro sin una casa común ni una voz única, aparte de los esfuerzos realizados de forma esporádica por el BCE para superar esta carencia; de esta forma, el BCE ha pasado de la autonomía consagrada en el Tratado a la asunción de un papel de sustitución de la política, para evitar perjuicios a la moneda única y a la UE (10), al igual que el crecimiento ha puesto de relieve el papel del país más fuerte.

4.3.6

En todo caso, el CESE considera que el euro será más sostenible si se logra una convergencia de los resultados económicos entre los países de la zona del euro, para favorecer un crecimiento más homogéneo, y si se realiza una unión política que haga aceptables estas diferencias, porque el problema no es contable sino político, incluida la cuestión de la democracia y, por lo tanto, de una ponderación más ecuánime de los votos en los distintos órganos de decisión. Insistir sólo en el aspecto económico y «de contabilidad» es una ilusión y un error que ya no nos podemos permitir.

5.1

La situación que se registra en Europa tiene consecuencias a nivel internacional y viceversa. Existe un vínculo muy fuerte entre la economía, la deuda, las finanzas, el comercio, la relación entre monedas, etc. En concreto, cabe pensar en una conexión aún más estrecha entre las economías de ambas orillas del Atlántico, o al menos así fue hasta 2009. Hoy, en cambio, la economía de Estados Unidos se recupera mientras que la europea está en recesión, en parte como consecuencia de dos escuelas económicas distintas y de los diferentes papeles que desempeñan la Reserva Federal y el BCE.

5.2

No obstante, para el conjunto de la economía mundial, es necesario contar con organismos internacionales más eficaces y con mayor capacidad de decisión, con el fin de garantizar una mayor gobernanza mundial (FMI, Banco Mundial, OIT, OMC). Por su parte, el G-20 necesita una mayor estructuración para adoptar decisiones vinculantes; por ejemplo, debería poder constituir un «comité económico y social» para el desarrollo mundial, actuar mediante estímulos fiscales y regular las relaciones entre las monedas, para reducir las discriminaciones en materia comercial, también por medio de una mayor capacidad de intervención del BCE.

5.3

Excedente de ahorro a nivel mundial. En efecto, el crecimiento también es vital para el resto de la economía mundial. El aviso emitido por el FMI de que Europa debe completar las acciones para reducir la deuda y el déficit con medidas para fomentar el crecimiento es oportuno y está justificado. Existen excedentes de ahorro a nivel mundial que no encuentran salidas de inversión. De hecho, fondos de capital inversión (private equity) con recursos cercanos a dos billones USD han estado buscando salidas de inversión en vano (11). El principal fondo soberano de inversión de Noruega está reduciendo el porcentaje de inversiones europeas de más de la mitad al 20 % (12). En 2011 el principal fondo soberano de inversión asiático, «China Investment Corporation», registró una pérdida de inversiones en instrumentos de capital inversión, redujo de la mitad a un cuarto su cartera de valores privados y está buscando salidas de inversión a más largo plazo en el sector público en vez de en el privado (13).

6.5.1

El objetivo del BCE es «mantener la estabilidad de precios» y, para lograrlo, debe conservar su independencia política, esto es, no puede «solicitar o aceptar instrucciones» de los gobiernos o de la UE. Es un estatuto adecuado, aunque el propio Tratado asigna al Consejo la posibilidad de celebrar acuerdos formales relativos a un sistema de tipos de cambio para el euro en relación con las monedas de terceros Estados (15). Si no existieran tales acuerdos, o en períodos intermedios entre ellos, el BEC debería considerar la política cambiaria como parte de sus responsabilidades. El BCE tiene también objetivos secundarios como, por ejemplo, contribuir a la estabilidad financiera, incluso si sus intervenciones durante la crisis puedan remitir al objetivo primario, en la medida en que se han dictado, en gran parte, por la necesidad de restablecer un mecanismo eficiente de transmisión de la política monetaria, manteniendo así la estabilidad financiera en todos los países de la eurozona.

6.5.2

En cuanto a la evolución de los precios, hay que señalar que se plantea la cuestión de si es correcto que el criterio de inflación de Maastricht se base en la media de la inflación de los tres países con mejores resultados en materia de inflación dentro de la UE y no en la zona euro.

6.5.3

En general, el mandato del BCE es muy limitado en comparación con los demás bancos centrales. En primer lugar, el BCE no tiene mandato para apoyar el crecimiento y el empleo, como es el caso de la Reserva Federal de EE.UU., y ello a pesar de la similitud de sus políticas monetarias. Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre los EE.UU. (un sistema fiscal centralizado) y la UE a la hora de ejecutar la política presupuestaria. Además, el papel que ejerce hoy en día el BCE como prestamista en última instancia (lender of last resort) se limita al sistema bancario y no incluye a los gobiernos (el gobierno de la UE), como queda implícito en los contextos «nacionales», algo que debería posibilitarse en el contexto de una UEM completa. Además, la política monetaria única del BCE se ve dificultada por la existencia de divergencias y desequilibrios económicos entre los distintos países del área, ante la falta de intervenciones correctivas por parte de la UE.

6.5.4

No obstante, es positivo que el principio de «unicidad» de la zona del euro haya llevado al BCE a declarar que el euro es «irreversible» y, como hemos visto, le ha permitido, tras un duro enfrentamiento, adoptar medidas para reducir el diferencial (spread) existente entre los tipos de interés de la deuda de los diversos países mediante la posibilidad de comprar obligaciones en el mercado secundario. Una operación que, para reactivar el crecimiento, requiere un plan «europeo» para salir de la deuda que acompañe al de cada uno de los países (16).

6.5.5

Ello sirve como mínimo para reducir la distorsión de la competencia por medio de los tipos de financiación de la deuda y las inversiones: incluso en la actualidad se trata de un auténtico diferencial financiero, que aumenta los desequilibrios existentes, incluidos los de la balanza de pagos.

6.5.6

Asimismo, el CESE considera necesario volver a plantear la cuestión de la condicionalidad que fijan el BCE y la UE. No es aceptable dar liquidez a los bancos con un tipo de interés muy bajo y sin imponer ninguna condición, por ejemplo por lo que respecta al destino de los fondos De hecho, al menos una parte debería destinarse a las inversiones. Y ello mientras que, por parte del BCE (OMT), se imponen condiciones muy rigurosas a los países para comprar obligaciones de deuda pública, aunque se trata de una cuestión distinta. Estas condiciones se justifican principalmente por la necesidad de responder a la lógica de un «mercado» alterado y sin escrúpulos, anónimo y velocísimo que, en realidad, de mercado tiene bien poco (17). La UE no puede prestarse a este juego: gran austeridad y rigor para ciudadanos y empresas en el momento de la crisis, y neutralidad para los inversores/especuladores que se esconden tras los bancos de negocios y los fondos de inversión internacionales, salvedad hecha de la firmeza que mostró el presidente en defensa del euro en los momentos más críticos del ataque.

6.5.7

En cambio, sería necesario que la labor del BCE pudiera apoyar de manera equitativa la economía de los distintos países, para reducir las distorsiones y los desequilibrios actuales, con los instrumentos ya existentes, hasta que se supere el actual mandato y el déficit político de la UE. Por ejemplo, se podría reanimar el mercado interbancario en algunos países de la zona del euro aplicando tipos negativos a los depósitos a un día en el BCE.

6.5.8

El CESE sigue convencido de que hay que resolver a corto plazo la cuestión de la deuda  (18), según su propuesta, y que es fundamental la intervención del BCE y del Consejo para alcanzar este objetivo.

6.5.9

El Comité piensa que habría que considerar dar más transparencia a las decisiones del BCE. Por ejemplo, se podrían publicar los resultados de las votaciones de las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE para reforzar la responsabilidad de los gobernadores de los bancos centrales nacionales de la zona euro. Ello les motivaría para tomar decisiones a la luz del conjunto de factores económicos propios de la zona euro y no en función de la evolución de la situación económica en sus respectivos países.

6.5.10

Otro asunto que convendría señalar es el del sistema de votación en el Consejo de Gobierno del BCE (19), en particular en lo referente a las diferencias entre el derecho de voto y la contribución financiera de los Estados miembros. Ya se planteó este problema con el sistema de pago dentro del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y podría repetirse en el futuro, por ejemplo, en la unión bancaria.

7.1

El CESE considera necesaria una recuperación impulsada por las inversiones ecológico-sociales  (20), ya que está convencido de que la estabilidad por sí sola no garantizará la recuperación, que depende de la confianza, ya sea de las empresas como por parte de los consumidores. A la vista de las escasas expectativas del sector privado y del alto excedente de capacidad, las empresas no pueden confiar en que las inversiones actuales generen beneficios futuros. A su vez, si los ciudadanos no tienen la seguridad de mantener o de encontrar un puesto de trabajo, prefieren ahorrar o reducir las deudas personales en vez de gastar. Una tasa de desempleo más alta implica un aumento del número de personas que no pueden gastar.

7.2

Por consiguiente, para promover la confianza de las empresas y los ciudadanos, la recuperación debe estar impulsada por las inversiones, a imagen del New Deal estadounidense (21). Con tal fin, los criterios fundamentales son los que adoptó el BEI a partir del Programa de Acción Especial de Ámsterdam (1997), con el mandato de fomentar la cohesión y la convergencia en los sectores de la sanidad, educación, renovación urbana, medio ambiente y redes transeuropeas.

7.3

Es un objetivo que debe perseguirse volviendo a poner en circulación los excedentes de ahorro a nivel mundial, tal como se indica en el punto 5.3. De hecho, algunos fondos de inversión están buscando salidas a largo plazo para los excedentes de ahorro generados en otras partes del mundo. Ello ofrece ventajas recíprocas para los inversores de terceros países y para la economía europea. A este respecto, las «instituciones hermanas» del grupo Banco Europeo de Inversiones, esto es, el BEI y el FEI (Fondo Europeo de Inversiones), pueden desempeñar un papel clave entre ambos.

7.4

Por ello, se acoge con satisfacción el aumento del capital suscrito por el BEI. Las obligaciones para la financiación de proyectos también pueden desempeñar un papel importante en la recuperación. Es una buena idea llamar eurobonos (Eurobond) a la utilización de los excedentes a nivel mundial para las inversiones de la UE, aunque es probable que los mercados utilicen la forma abreviada «€ bond». Es pública la resistencia de algunos gobiernos a los eurobonos, pero ello se debe a una suposición equivocada, dado que se confunden los eurobonos, necesarios para apoyar el crecimiento, con los bonos de la Unión o «Union bonds», destinados a la deuda (22).

7.5

El FEI siempre ha defendido que podría emitir obligaciones europeas para financiar inversiones sociales a largo plazo (23) mediante un aumento del capital propio suscrito respecto del nivel actual –más bien bajo– de 3 000 millones de euros, sin que sea necesario recurrir a una revisión de los Tratados (24). Ninguno de los principales Estados miembros, como los demás de la zona del euro, incluye en su deuda nacional la financiación concedida por el Banco Europeo de Inversiones, y lo mismo debería valer para la financiación del FEI. Las obligaciones que emite el FEI, al igual que las del BEI, pueden garantizarse mediante los ingresos de la financiación de los proyectos.

7.6

Innovación de los productos y creación de los mercados. Consideramos asimismo que la Unión debe realizar una política de innovación menos neutral. En los años setenta, las políticas industriales pasaron de moda debido a que los gobiernos no podían «favorecer a determinados operadores» o «campeones nacionales». No obstante, entendemos que existen motivos válidos para reconsiderar este planteamiento (25).

7.7

Además, en primer lugar, no hay que dar por sentado que las políticas no intervencionistas sean las mejores. En el pasado, de hecho, dieron pie a inversiones equivocadas en el sector financiero. En segundo lugar, deben ponerse en marcha iniciativas aún más firmes para combatir el cambio climático. En tercer lugar, un número excesivo de proyectos tecnológicos que se presentan dentro de los programas marco es rechazado no por cuestiones cualitativas sino por falta de recursos propios, problema que podría resolverse por medio de un fondo europeo de capital riesgo financiado con la emisión de obligaciones. En cuarto lugar, las economías emergentes han sido capaces de promover una serie de «campeones nacionales» con resultados muy satisfactorios (26).

7.8

La financiación de las inversiones mediante la transferencia de los excedentes a los eurobonos debería estar accesible para todos los Estados miembros y aportaría ventajas acumulativas en el plano macroeconómico, social, laboral y político, lo que demostraría la necesidad de promover «más Europa», planteamiento que suscita en la actualidad un escepticismo creciente entre los electores y determinados gobiernos.

7.9

El crecimiento puede contribuir a reforzar la estabilidad. De acuerdo con el principio del BEI de que la financiación por medio de obligaciones no debe contabilizarse necesariamente como deuda nacional, la financiación de los eurobonos destinada a fomentar la recuperación permitiría reducir más fácilmente la deuda nacional y liberar ingresos fiscales nacionales para recortar o mantener en un nivel bajo los déficits, salvaguardando al mismo tiempo las partidas fundamentales del gasto social. Con esta finalidad, sería necesario que los países y Eurostat definieran parámetros y criterios comunes con vistas a una evaluación de los datos más ecuánime y mejor.

7.10

Asimismo, no se ha tenido en cuenta que la «hipótesis del desplazamiento» (crowding out) presupone el pleno empleo. Dado que actualmente en la mayoría de los Estados miembros se registran altos niveles de desempleo, la financiación –separada o conjunta– de las obligaciones BEI-FEI para financiar proyectos podría generar una acumulación (crowding in) de inversiones del sector privado, rentas y puestos de trabajo con un efecto multiplicador de las inversiones por tres, así como multiplicadores fiscales positivos dado que generarían ingresos tributarios directos e indirectos (27).

7.11

A la luz de las dificultades que afrontan algunos países y, en particular, Grecia y Chipre, el CESE propone revisar el ajuste estructural a corto plazo que ha pedido la troika teniendo en cuenta las perspectivas a más largo plazo para estos países tras el descubrimiento de enormes reservas de petróleo y gas, no explotadas sustancialmente, en el Mediterráneo oriental (28).

8.1

El CESE se muestra convencido, por lo tanto, de que la UE necesita algo más que una sencilla operación de «mantenimiento» realizada de forma esporádica. No puede seguir prolongando el vacío que dura desde Maastricht sin afrontar el reto que plantea el euro, que ha explotado con la crisis, sacando a la luz los grandes déficits, el primero de ellos el democrático (29), dotando nuevamente de un objetivo al proceso europeo para evitar que muera la idea de Europa.

8.2

El CESE considera que la moneda única sólo será sostenible si se alcanza una convergencia de las capacidades económicas de los países de la zona del euro, lo que requiere un compromiso económico y político. Con tal fin, es necesaria una unión política que haga aceptables las diferencias y permita, en caso necesario, transferir una parte de la riqueza de las zonas fuertes a las débiles, por medio de un proceso decisorio transparente y democrático y una nueva forma de solidaridad entre países (30).

8.3

Esta crisis hace que vuelvan a aparecer las «viejas diferencias» entre los europeos. Se ha recuperado el defecto de mirar hacia atrás, desenterrando fantasmas o lugares comunes que creíamos superados, como si la austeridad o la deuda fueran fruto de una culpa y no más bien errores de los gobiernos en ambos frentes. Por ello, ni los países con dificultades pueden atribuir a la UE (o a Alemania) responsabilidades que son exclusivamente suyas, ni los países más ricos pueden ignorar que han obtenido mayores beneficios con el euro, en parte, a costa de los demás debido a los desequilibrios económicos existentes. En consecuencia, necesitamos una nueva capacidad política, cultural y de diálogo entre los pueblos europeos, con indudables ventajas recíprocas, tal como sugirió ya hace tiempo el poeta alemán Hölderlin (31) inspirándose en la cultura griega.

8.4

Es imprescindible un salto de calidad. Hay que poner en común no sólo la economía, sino también la política y la SOBERANÍA de cada uno. No debe debatirse qué «modelo» europeo se requiere sino más bien los instrumentos necesarios: instrumentos eficaces, democráticos y transparentes para adoptar decisiones; alcanzar el bien común; y para unir al pueblo europeo, no para dividir.

8.5

Por los mismos motivos, el CESE considera que está mal planteada la cuestión sobre si modificar o no el Tratado. Resulta obvio que ello depende de lo que sea necesario hacer para completar la UEM. Sin embargo, la mayor parte de nuestras propuestas pueden llevarse a cabo sin modificar el Tratado (crecimiento, deuda etc.), mientras que para las demás puede bastar con la cooperación reforzada. En cualquier caso, lo importante es el objetivo que hay que lograr en aras de la economía, el euro y los ciudadanos de la UE. El Tratado no es más que el instrumento. Esto debe explicarse a los ciudadanos de la manera más correcta, implicándolos en las decisiones directamente o a través del Parlamento Europeo o los parlamentos nacionales.

8.6

El CESE considera que la zona del euro tiene recursos suficientes para proyectar su propio futuro: más integración política, menos dirigismo y una economía social de mercado para realizar una unión política, económica y social.

9.1

Sin dar este paso adicional, la crisis, tal como se ha afrontado hasta ahora, podría llevar a una desintegración de la zona del euro y, por lo tanto, de la UE. No se puede aplicar únicamente la política de austeridad y de los recortes, como los de la deuda, incluso aunque resulten oportunos. Hay que actuar también recurriendo a otros instrumentos (el aumento de la demanda de los países acreedores) y dentro de un marco de solidaridad. Hay que hacer comprender a los ciudadanos de los países interesados que sus excedentes presupuestarios se derivan de la deuda de los demás, y que los ataques al euro no dependen del nivel de deuda (32), aunque este deba reducirse. Mientras tanto, los ciudadanos de los países meridionales deben presionar a sus gobiernos para que realicen una consolidación de la deuda, una gestión más prudente de los presupuestos nacionales; eliminen los derroches y la evasión fiscal; reduzcan los tipos y aumenten el crecimiento, el empleo, la productividad y la competitividad de sus sistemas, no sólo con algunas reformas, sino mediante una mayor solidaridad y una política económica diferente de la UE y del BCE (33).

9.2

De lo contrario, ningún país podrá reducir su deuda y lograr un saneamiento presupuestario. Por ello, es necesario relajar la austeridad y cambiar de política económica. Si no se lleva a cabo, podrían aumentar los riesgos. A este respecto, la historia puede servirnos de ayuda (34). Debe alcanzarse una nueva perspectiva de integración, que sea positiva, no negativa, dañina y forzada.

9.3

Hay que pensar que en la actualidad nadie en Europa está seguro, fuera de peligro, aunque se haya creado una situación anómala. De hecho, el crecimiento económico de algunos países, favorecido por el euro, y la debilidad de los órganos de la UE han llevado a Alemania, el país más fuerte, a asumir un papel central en Europa, a menudo en oposición a la «periferia», especialmente, pero no únicamente, del Sur. «Esto fomenta la inquietud de los demás» (H. Schmidt), especialmente por la manera en que se percibe este papel. Por lo tanto, serían necesarias medidas para desmentir esta percepción (35).

9.4

En opinión del CESE, hoy día en Europa parece que prevalecen los egoísmos y los intereses nacionales y personales, como si estuviésemos ante un «utopianismo de los intereses». El planteamiento economicista se ha impuesto y ha relegado a un segundo plano los valores sobre los que se fundó Europa y en los que basa su existencia; surge una Europa egoísta y carente de solidaridad. Las recientes tensiones conllevan el riesgo de una peligrosa «disolución psicológica» de la UE, que afecta a ciudadanos y gobiernos, que se debe remediar escuchando sin presunciones y con respuestas concretas.

9.5

Estamos en una encrucijada. En efecto, el CESE se pregunta cómo es posible que las demoras y las dudas de Europa, la primera economía mundial, puedan dejar morir a Grecia, la madre de sus principios, una entidad minúscula desde el punto de vista económico (36), imponiendo sacrificios a los ciudadanos y a las empresas, sin acompañarlos de un plan de ayuda para el crecimiento, el único modo de devolver la deuda, ni de un plan para aliviar los graves sufrimientos sociales de una parte de la población griega y europea. Cabe preguntarse, ¿qué Europa es esta?

19.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 271/18

1.1

El CESE considera que desarrollar la economía verde integradora será el principal desafío al que Europa se verá confrontada en los próximos años si quiere seguir siendo una potencia económica mundial. En la Conferencia Río+20 la UE apostó por una economía verde como una forma de desarrollo sostenible. Ahora es cuando la UE debe actuar. Para ello, es necesario un modelo de desarrollo económico que priorice las inversiones públicas, y defina adecuadamente los incentivos para las privadas, en infraestructuras e I+D+i «verde», con la doble finalidad de incentivar la actividad productiva para salir rápidamente de la actual situación recesiva y de afrontar, desde posiciones de liderazgo, económico y social, la transición de esta tercera revolución industrial.

1.2

El CESE considera que los profundos y necesarios cambios en la forma de producción y consumo requieren como requisito fundamental asociar a la sociedad civil en todo este proceso de transición hacia una economía verde integradora y hacerlo a todos los niveles, muy especialmente a nivel sectorial y territorial (europeo, nacional y regional). Es necesaria una gestión participativa para paliar al máximo la resistencia y los efectos negativos que toda transformación conlleva. Esta participación es la que permitirá avanzar en los aspectos económicos, sociales y medioambientales de forma sostenible.

1.3

El CESE constata con preocupación que las políticas de estímulo fiscal verde han sufrido un profundo recorte en los últimos años debido a las políticas de «austeridad fiscal», que están teniendo unos dramáticos efectos de contracción de la actividad económica y destrucción de empleo. El IMF ha reconocido que los efectos contractivos reales de estas políticas sobre la actividad productiva han sido mucho mayores que las estimaciones realizadas hasta ahora.

1.4

El CESE subraya que con el desarrollo de la economía verde integradora las posibilidades de creación de empleo se incrementarán. Entendiendo como empleos verdes no sólo los relacionados con algunos de los nuevos sectores emergentes, sino todos aquellos derivados del «enverdecimiento» de procesos de producción y productos en todos los sectores. Una transición justa hacía una economía verde requiere políticas activas de empleo que aseguren la creación de puestos de trabajo decentes, incluyendo la formación profesional y la formación continua para los trabajadores en activo. El empleo de las mujeres y de los jóvenes en estos sectores serán la clave para este crecimiento.

1.5

El CESE considera que una política industrial consensuada entre los agentes sociales es imprescindible para coordinar los esfuerzos en innovación tecnológica, y para impulsar los cambios en las infraestructuras de producción de muchos sectores europeos afectados por el establecimiento de una economía baja en carbono y eficiente en el uso de recursos. Ello exigirá también un notable esfuerzo inversor a las empresas.

1.6

Para el CESE, la UE debe integrar los objetivos de la estrategia del desarrollo sostenible en todas sus políticas, fundamentalmente en la EE 2020 y en las siete iniciativas emblemáticas. Es necesaria una coherencia entre las diferentes estrategias de la UE y los comisarios deben hablar con una sola voz en este tema. Concretamente, cuando se lleve a cabo la revisión intermedia de la EE 2020, la Comisión debería aprovechar la ocasión para reforzar los aspectos relacionados con la sostenibilidad y fusionarla completamente con la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible. Serán necesarios la definición y utilización de indicadores que se refieran a la calidad del crecimiento y que permitan su seguimiento y evaluación.

1.7

El CESE subraya el importante papel que el semestre europeo y el examen anual del crecimiento puede y debe jugar para garantizar el seguimiento de las políticas de desarrollo sostenible. El CESE considera necesaria la supresión de subvenciones nocivas para el medio ambiente y las recomendaciones específicas a los Estados miembros para incrementar la fiscalidad medioambiental, así como las recomendaciones para la gestión de residuos y aguas, y la mejora del reciclaje. En estos ámbitos los Estados miembros deberían demostrar una ambición y objetivos más amplios.

1.8

El CESE manifiesta su preocupación por el hecho de que la realidad del marco financiero plurianual de la Unión para 2014-2020 presenta una importante contradicción: los sectores económicos que emiten más CO2 (residencial, energético, industrial y de transporte) no son los que reciben un mayor volumen de fondos comunitarios para facilitar su proceso de transición hacia una economía verde, por lo que resulta imprescindible incrementarlos sustancialmente y garantizar la eficacia y eficiencia en su aplicación.

1.9

El CESE considera especialmente relevante avanzar en la fiscalidad ecológica, incluidos incentivos fiscales para las empresas que establezcan Fondos de Reinversión Contra el Cambio Climático, siempre que su gestión se haga de forma compartida con los trabajadores.

1.10

En relación con la política comercial de la UE el CESE considera que, para evitar los riesgos de deslocalización industrial, se debería considerar el establecimiento de aranceles equivalentes a la fiscalidad sobre CO2, para aquellos países que no acepten compromisos internacionales de reducción de las emisiones.

2.1

En 2011 la OCDE y el PNUMA elaboraron sendos informes completos sobre la economía verde; la OIT inició el Programa «Empleos verdes»; y uno de los temas principales de la Conferencia Río+20 en 2012 fue «Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza».

2.2

En la UE, en 2006 se renovó la Estrategia de Desarrollo Sostenible y en 2009 se lanzó el paquete de medidas sobre la energía y el cambio climático orientado a reducir un 20 % los gases de efecto invernadero, aumentar al 20 % el porcentaje de energías renovables y mejorar un 20 % la eficiencia energética para 2020 (1). La UE debe avanzar en mayores reducciones para 2025 y 2030. En 2011 la Comisión adoptó la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» (2), la «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (3), la «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020» y la «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos» (4).

2.3

El CESE siempre ha apoyado el concepto de ecologizar la economía como una contribución al desarrollo sostenible, y que hay que poner en primer plano de la política europea y nacional las propuestas de la sociedad civil para la transición hacia una economía verde integradora, subrayando especialmente la necesidad de una estrecha colaboración entre todos los actores sociales. Por ello varios de sus dictámenes se han referido a sus diversos aspectos y a las sucesivas propuestas de la Comisión: el CESE ha subrayado que mejorar la economía ecológica y la gobernanza no puede ir separado del fomento de la producción, el empleo y el consumo sostenibles, ni de la estrategia por la igualdad entre hombres y mujeres, ni del paquete de medidas de la UE sobre el cambio climático.

3.1

La economía verde integradora debe encontrar un equilibrio entre la prosperidad económica, una mayor cohesión social y una mayor conservación y uso racional de los recursos naturales, que mantienen nuestro bienestar y el de futuras generaciones. Su objetivo es la desmaterialización de la producción, es decir, desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos naturales y de la generación de contaminación y residuos.

3.2

Según la OIT los empleos verdes son los que reducen el impacto medioambiental de empresas y sectores económicos hasta alcanzar niveles sostenibles, contribuyen a reducir el consumo de energía, materias primas y agua, a descarbonizar la economía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El concepto de «empleo verde» es relativamente dinámico, ya que la línea que separa a los «empleos verdes» y a los «empleos no verdes» depende de los procesos de innovación tecnológica. Por tanto, no son sólo los relacionados con algunos de los nuevos sectores emergentes, sino todos aquellos derivados del «enverdecimiento» de procesos de producción y productos en todos los sectores.

3.3

El desarrollo de la economía verde viene determinado por dos vectores principales: uno impulsado por las políticas contra el cambio climático, y otro derivado de la creciente competencia de los países emergentes por la obtención de recursos que serán cada vez más escasos y caros.

3.4

La economía verde no es un mero ajuste sectorial entre sectores emergentes y otros más tradicionales (derivado del vector tecnológico hacía una economía baja en carbono). Incluye una modernización ecológica de la forma de producir y de consumir para integrar los objetivos de incremento del valor añadido de las empresas y de su sostenibilidad medioambiental, en términos de ahorro de materiales, de eficiencia energética, de organización del trabajo, y también de la propia relación de trabajadores y trabajadoras con la empresa en la mejora de la productividad de todos los factores.

3.5

En los últimos años, se han evidenciado los límites a la capacidad de la tierra, tanto desde el punto de vista de los recursos naturales disponibles para una demanda creciente, como de la capacidad de absorción de residuos y contaminación por parte del planeta.

3.6

No hay que olvidar los impactos del cambio climático en la salud: la mayor proliferación de sucesos meteorológicos extremos, el aumento de los niveles de ozono y de partículas en suspensión en la atmósfera, y de su toxicidad debido a temperaturas más elevadas, y la extensión al continente europeo de enfermedades infecciosas ya erradicadas.

3.7

Las transformaciones de la estructura energética, productiva y de transporte de las principales economías desarrolladas, y de gran parte de las emergentes, en los próximos años se concentrarán en el paso de una economía alta en carbono a otra nueva economía baja en carbono donde el peso relevante en la generación de energía lo tendrán las fuentes de energía renovables y limpias, es decir, aquellas que no emitan gases de efecto invernadero ni otros residuos peligrosos.

3.8

Esta profunda transformación productiva, que algunos denominan tercera revolución industrial, no será neutral en términos de competitividad internacional, sobre todo para aquellos países, como la mayor parte de los que conforman la UE, que son importadores netos de fuentes energéticas y materias primas. Por ello, ya desde 2009, muchos gobiernos de los países de la OCDE pusieron en marcha ambiciosos Planes de Estímulo en los que las inversiones en infraestructuras e I+D+i verde tenían un papel fundamental, con la doble finalidad de incentivar la actividad productiva para salir rápidamente de la actual situación recesiva y de afrontar, desde posiciones de liderazgo, la actual reestructuración productiva.

3.9

Sin embargo el desarrollo financiero de esos planes en muchos países de la UE, al igual que el presupuesto comunitario, han sufrido un profundo recorte derivado, entre otras razones, de las políticas de «austeridad fiscal». El economista jefe del IMF ha reconocido que los efectos contractivos de estas políticas sobre la actividad productiva son mucho mayores que los estimados hasta ahora, según un estudio realizado en 28 países el multiplicador fiscal desde la crisis iniciada en 2008 está entre 0,8 y 1,7 (5).

3.10

Esta ralentización del impulso a la economía verde puede generar enormes problemas para muchos países de la UE, ya que en la actualidad el diferencial tecnológico entre países desarrollados y emergentes es mucho más estrecho y dinámico. Europa en su conjunto no tiene garantizado formar parte del pelotón de cabeza de las naciones desarrolladas con economías bajas en carbono, lo que a largo plazo puede producir fuertes tensiones en la UE, ya que pondría en cuestión la capacidad de seguir construyendo una sociedad más avanzada económicamente, más cohesionada socialmente y más sostenible medioambientalmente. Sin embargo, hay que subrayar que la UE tiene una fuerte posición de liderazgo tecnológico y productivo en varios de los sectores industriales que tendrán clara vocación de futuro.

3.11

Al desarrollar la economía verde, con las inversiones e incentivos necesarios, las posibilidades de creación de empleo en Europa se incrementarán. No podemos olvidar las actuales actividades productivas que conforman actualmente la base económica de los países de la UE. Serán empleos verdes muchos de los puestos de trabajo que actualmente se consideran de industrias muy contaminantes, en la medida que afronten procesos que les permitan ganar eficiencia energética y reduzcan el consumo de materias primas y la contaminación que generan. Algunos ejemplos: en el sector del transporte por carretera las empresas que desarrollen y construyan vehículos eléctricos e híbridos, así como los dedicados al transporte público; los sectores de obra civil dedicados a la construcción de las líneas del tren de alta velocidad, ya que supone un importante ahorro energético por pasajero sobre el avión y sobre el tren convencional; los de la construcción dedicada a la rehabilitación energética de viviendas que son muy poco eficientes en términos de consumo energético. Esto debe hacerse en un marco de desarrollo y fortalecimiento del diálogo y la concertación social, así como de la negociación colectiva, de forma que el saldo final sea positivo en términos de empleo (en cantidad y calidad), y de equidad, (en condiciones de trabajo y salarios). Sin embargo, sólo ocho países de la UE tienen una definición oficial de empleos verdes. Ello da lugar a diferentes estimaciones fruto de definiciones y metodologías diversas.

4.1

Una característica absolutamente nueva de esta tercera revolución industrial es el grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas y la enorme sensibilidad y presión de la sociedad civil en torno a los temas de sostenibilidad y medio ambiente. En Europa, el fuerte desarrollo de las organizaciones ecologistas, de las asociaciones de consumidores, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales y de otros agentes de la sociedad civil es lo que permite que los cambios que vayan a producirse generen una economía que esté al servicio de un desarrollo más gobernable y sostenible, social y medioambientalmente, algo impensable en los anteriores procesos, donde eran las decisiones microempresariales las que determinaban absolutamente el cambio tecnológico y productivo.

4.2

La OIT en el Pacto Mundial para el Empleo aprobado en junio de 2009 resalta expresamente que «el diálogo social es un mecanismo de incalculable valor para el diseño de políticas adaptadas a las prioridades nacionales. Es una base sólida para suscitar la adhesión de los empleadores y de los trabajadores a una acción conjunta con los gobiernos, la cual es indispensable para superar la crisis y llevar adelante una recuperación sostenible». Una política industrial consensuada entre los agentes sociales es imprescindible para coordinar los esfuerzos en innovación tecnológica e impulsar los cambios en las infraestructuras de producción de muchos sectores europeos afectados por la transición hacía una economía europea baja en carbono y más eficiente en el uso de los recursos.

4.3

La innovación tecnológica es algo consustancial a la economía verde. Por ello, aquellos sectores, empresas y tecnologías que impulsen el enverdecimiento de la economía recibirán un mayor impulso financiero, público y privado, ya que incrementarán la competitividad global de la economía europea. En este sentido el Deutsche Bank ha definido, con el objetivo de orientar las inversiones privadas, los siguientes sectores como prioritarios en relación con el cambio climático:

4.4

Con especial atención debería tratarse las dificultades que tienen las PYME europeas para obtener financiación suficiente para las necesarias inversiones que deben realizar en eco innovación.

4.5

Para que la innovación sea un valor competitivo el modelo de organización empresarial debe tener en cuenta prácticas que incentiven la implicación de sus trabajadores. Aprovechar que la participación de la fuerza de trabajo en la organización del trabajo y en la planificación de la empresa es un factor que claramente desarrolla la innovación y permite obtener ganancias de productividad. Esto supone un reto para modernizar el sistema de relaciones laborales y de negociación colectiva y su relación con la gestión empresarial.

4.6

La participación de los trabajadores en las empresas es uno de los principales elementos que favorece el liderazgo tecnológico europeo en muchos sectores y hace que se mantenga su capacidad exportadora. No puede verse sólo desde el prisma de reparto de la riqueza generada, ya que en sí mismo es un elemento determinante en la generación de riqueza, como reconocen las propias empresas (6). En gran medida, las dificultades de innovación tienen que ver fundamentalmente con estructuras organizativas rígidas que conciben al trabajador como una mera herramienta.

5.1

En la Conferencia Río+20 la UE defendió una economía verde integradora que permitiera el progreso hacia el desarrollo sostenible. El objetivo de la Comisión es promover el crecimiento sostenible e integrador, incluyendo la ecologización de la economía en el centro de sus actividades de seguimiento para Río+20. Para la imprescindible implicación de la sociedad civil en este proceso, los gobiernos deben desarrollar el diálogo social.

5.2

Para ayudar a aplicar la iniciativa emblemática de la Comisión y la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos, la Comisión ha establecido en 2012 una Plataforma europea, que presentará un informe intermedio en 2013 y un informe final en 2014, sobre la eficiencia en el uso de los recursos, que trabaja sobre propuestas concretas para una transición hacia una economía verde en los siguientes campos: «Condiciones marco para invertir en energías renovables», «Fijar objetivos y medir los progresos», en este sentido debe construirse un robusto sistema de indicadores más allá del PIB que indique los resultados de esas políticas en los sectores implicados y la sociedad en su conjunto (ganancia de competitividad, mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, porcentaje de reciclado, eficiencia energética y de uso de recursos, porcentaje de energías renovables, reducción de contaminación) y «Economía circular/ecologizar la economía».

5.3

Es especialmente relevante avanzar en la fiscalidad ecológica, y en la reducción de los elevados subsidios a los combustibles fósiles que hay en muchos países de la UE, ya que los precios de muchos productos y servicios no indican correctamente la totalidad de los costes de producción al externalizarse los costes de contaminar. Las políticas voluntarias de eco etiquetado se han demostrado insuficientes, aún más en un entorno de crisis como el actual, en el que aumenta el número de consumidores para quienes lo relevante es el precio del producto, no su calidad medioambiental. Para que una política fiscal ecológica alcance un alto grado de consenso social debe tener en cuenta cuáles son sus efectos en la capacidad competitiva de las empresas y sus repercusiones sociales en los ciudadanos, lo que se ha venido a denominar «empobrecimiento energético», y desarrollar políticas complementarias (industriales, comerciales y de ayudas a los grupos sociales más desfavorecidos) que los mitiguen. Asimismo, deberían impulsarse incentivos fiscales para la reinversión de los beneficios empresariales en la reducción de emisiones de CO2 (a través de Fondos de Reinversión Contra el Cambio Climático) y otros impactos medioambientales adversos, siempre que su gestión en las empresas se haga de forma compartida con los trabajadores.

5.4

La Comisión aprobó su propuesta para el Séptimo Programa de Acción Medioambiental, que establece la contribución de la política medioambiental a la transición hacia una economía verde. El Parlamento y el Consejo deben aprobar este programa y el CESE ha contribuido con la elaboración de un dictamen específico (7). Sin embargo la realidad del marco financiero plurianual de la Unión para 2014-2020 presenta una importante contradicción: los sectores económicos que emiten más CO2 (residencial, energético, industrial y de transporte) no son a los que se destina un mayor volumen de inversión de los fondos comunitarios.

5.5

En relación con la política comercial de la UE, hay que tener en cuenta que el incremento de la fiscalidad sobre el carbono debería obligar, para reducir el riesgo de deslocalización, al establecimiento de aranceles equivalentes para aquellos países que no acepten compromisos internacionales de reducción de las emisiones. Un arancel sobre el carbono es una restricción al libre comercio, pero esto ya ha sido aceptado por la comunidad internacional en otros casos, el Protocolo de Montreal establecido para proteger la capa de ozono recogía la posibilidad de establecer restricciones comerciales para reforzar su cumplimiento, en la medida que el libre comercio no es un fin en sí mismo sino el medio para generar riqueza de una forma sostenible. Es indudable que evitar una catástrofe planetaria generada por el cambio climático es más importante que mantener los mercados mundiales abiertos a productos intensivos en la emisión de gases de efecto invernadero.

19.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 271/23

1.1

La Comunicación de la Comisión representa una importante contribución a la apertura de un debate sobre la UE, más que necesario, y un importante paso adelante, tanto en lo que respecta a los métodos como al contenido, en relación con la Unión Económica y Monetaria (UEM). Además, proporciona por primera vez indicaciones sobre el papel internacional y el futuro político de la Unión. Por lo tanto, el CESE acoge favorablemente la propuesta, que puede suponer un punto de inflexión histórico, siempre y cuando el Consejo, tras 20 años de espera, tenga el valor necesario y la voluntad para adoptar y poner en práctica los elementos útiles que permitan alcanzar los objetivos fijados y para aplicarla cuanto antes.

1.2

En realidad, con las decisiones tomadas en 2011 y 2012 el Consejo Europeo puso en marcha una reforma importante y pluridimensional de la gobernanza europea en el ámbito de la supervisión de los desequilibrios macroeconómicos excesivos, el refuerzo de las normas presupuestarias y la coordinación de las políticas económicas de los países de la zona del euro. Las intervenciones no convencionales de adquisición «condicionada pero ilimitada» de obligaciones públicas de Estados con dificultades, decididas recientemente por el Banco Central Europeo (BCE), la instauración del mecanismo único de supervisión, dirigido a garantizar una supervisión prudencial rigurosa e imparcial y a romper el vínculo entre los Estados y los bancos, junto a las normas relativas a la liquidación de bancos, constituyen instrumentos necesarios para garantizar la estabilidad de la UEM.

1.3

El CESE apoya la estrategia presentada por la Comisión en su Comunicación, reiterada recientemente por el presidente del Consejo Van Rompuy («Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria»), al objeto de reforzar la zona del euro. Sin embargo, considera que es insuficiente para garantizar que los Estados miembros, los ciudadanos y las empresas aprovechen plenamente las ventajas de la UEM, como han demostrado los hechos en los diez últimos años. El Consejo asume responsabilidades políticas al respecto, derivadas del Tratado de Maastricht, que limitaron gravemente el alcance de la UEM que se creó en esta ocasión. Por esta razón, la Comisión presenta ahora un Plan director para una UEM profunda y auténtica.

1.4

Para dar mayor estabilidad a la UEM y garantizar el crecimiento económico y el empleo en los países del euro es preciso realizar ya –no a medio o largo plazo–, simultáneamente, intervenciones más decididas, como un plan de crecimiento y unos mecanismos de integración más fuertes, que el Consejo deberá poner en práctica. Se necesita, pues, una combinación de medidas macroeconómicas y microeconómicas, un compromiso coherente, un espíritu de solidaridad y confianza, así como un sentimiento de pertenencia de los Estados miembros a la UE y de confianza mutua, sin olvidar que el objetivo principal de las disposiciones debatidas debe ser el bienestar de todas las personas.

1.5

El CESE valora positivamente la comunicación pero señala que, incluso si se pusiera en práctica íntegramente, difícilmente podría tener efectos sustanciales, especialmente en cuanto al método decisorio, ya que se echa en falta una propuesta concreta sobre la unión política en la que pueda integrarse el euro. Lo mismo ocurre con la deuda, la superación de los choques asimétricos, el crecimiento, la competitividad, el empleo (para el que convendría realizar un estudio de impacto sistemático). Todas ellas son limitaciones impuestas por la situación actual.

1.6

El CESE recuerda que ya ha elaborado dictámenes y ha propuesto soluciones respecto de la mayoría de las actuales propuestas de la Comisión Europea (CE), en particular, las relativas a los límites de la UEM y del BCE, y las cuestiones de crecimiento y deuda soberana (1). Los progresos realizados por la Comisión y el Consejo hasta la fecha constituyen una buena base para continuar los trabajos en este ámbito. Por ello, el CESE considera positivo que la CE haya decidido formular indicaciones futuras sobre estas cuestiones, y espera que ello brinde al Consejo la ocasión de adoptar cuanto antes medidas concretas sobre la deuda y el crecimiento, lo que supondría un verdadero salto cualitativo.

1.7

De hecho, si bien las últimas decisiones de la Unión Europea (UE) recogidas en la Comunicación satisfacen, aunque solo sea parcialmente, el marco macroeconómico, resultan insuficientes las propuestas de carácter microeconómico sobre los sectores productivos, que son los únicos capaces de reactivar el crecimiento. Lo que pretende la Comisión en su documento es abrir un debate sobre la UEM, un tema que va mucho más allá del saneamiento presupuestario y de las políticas macroeconómicas. Se necesitarían también políticas microeconómicas como, por ejemplo, un auténtico pacto en favor de la industria (industrial compact).

1.8

Por otra parte, la propuesta de la Comisión podría recabar un mayor apoyo si en los distintos periodos de adopción de las medidas necesarias para mejorar la estabilidad y el funcionamiento de la UEM se destacara de manera más explícita la necesidad de llevar a cabo unas políticas europeas dirigidas a este objetivo, definiendo los ámbitos de intervención y las novedades que vayan a introducirse para que el gasto europeo sea más racional y eficaz.

1.9

La Comisión puede y debe contribuir a la aplicación de unas reformas indispensables para aumentar la competitividad de los sistemas productivos y administrativos nacionales, adoptando a tal fin unos métodos y criterios innovadores de intervención respecto del mercado único, la gestión de los Fondos Estructurales y las principales políticas comunes. También debería inspirarse en las innovaciones introducidas por el BCE y proponer modificaciones de igual magnitud, como ha defendido ya el CESE en varias ocasiones, en lo tocante a la aplicación de las políticas europeas que más afectan a las zonas, regiones y sectores más vulnerables de la UE.

1.10

En cuanto al BCE, es preciso aplicar plenamente su dispositivo en favor del crecimiento y el empleo y su función de prestamista de última instancia. La decisión de los países de la zona del euro de avanzar en esta dirección contribuiría a consolidar la confianza en el BCE y en el euro y a contrarrestar los ataques especulativos, especialmente los que van dirigidos a los países con mayores dificultades presupuestarias.

1.11

La estabilidad del euro no puede confiarse únicamente al BCE y a la política monetaria común, dejando total libertad a los Estados miembros a la hora de aplicar sus políticas fiscales y presupuestarias. El CESE considera que la unión fiscal, en la perspectiva de un presupuesto único de la zona del euro, no puede, como se indica en la Comunicación, ser un objetivo a largo plazo, sino que debe convertirse, junto a la moneda única y a la supervisión bancaria única, en el segundo pilar que permitirá sostener a corto y medio plazo la estabilidad de la UEM, tranquilizando así a los mercados sobre la coherencia del proyecto europeo.

1.12

En lo que respecta a las propuestas institucionales, la CE ha realizado un esfuerzo significativo. El CESE considera útil incluir en la agenda, finalmente, la cuestión institucional, incluida la de la unión política, que fundamenta las propuestas innovadoras de la Comisión. Es ésta una propuesta completamente nueva. Considera, sin embargo, que la mayor parte de dichas propuestas giran en torno al marco actual, con progresos muy limitados, por lo que no solucionarán la situación si el Consejo no va más allá, considerándolas como un estímulo para actuar.

1.13

Podrían constituir una etapa intermedia, pero el CESE, que debería formar parte de dicho proceso, considera, de acuerdo con lo que se ha propuesto y aprobado, que ya no es hora de dar pasos intermedios, sino que lo que se necesita es dar un salto cualitativo, tanto en lo que se refiere al contenido de las propuestas como al proceso decisorio empleado para ponerlas en práctica, y acabar con los simulacros, para que no sigamos luego repitiendo que se necesitan «verdaderas» políticas, una «auténtica» UEM, una «verdadera» unión política, etc. Es preciso actuar ahora con mayor determinación y rapidez, por un lado, para poner coto a la recesión que castiga a gran parte de la UE y, por otro, para colmar las lagunas que se han dejado en suspenso desde hace tiempo y en las que la crisis financiera internacional solo ha actuado como detonante.

1.14

El CESE pide al Consejo que, basándose en las propuestas de la Comisión, actúe con más valor y claridad en lo que respecta al cumplimiento de los acuerdos alcanzados y la responsabilidad de presentar propuestas que se deben aprobar y aplicar, en particular, apoyando la extensión del voto por mayoría a todos los ámbitos, empezando por las políticas económicas y de empleo, en la perspectiva de una modificación del Tratado.

1.15

Resumen de las propuestas del CESE

1.15.1

Para realizar una auténtica UEM, el CESE considera que es necesario, con carácter inmediato (sin modificar el Tratado):

1.15.2

A medio o largo plazo, será preciso, procediendo en su caso a modificaciones del Tratado:

2.1

El Comité es conciente de que se está debatiendo una de las cuestiones actuales más complicadas. Europa está entrando en una nueva fase de mayor integración, lo que requiere dar una serie de pasos valientes. El CESE acoge muy favorablemente la apertura de un debate sobre el futuro de la UEM como primera etapa en esta dirección, y añade que la situación macroeconómica de la UEM es el resultado de decisiones microeconómicas. Convendría, por lo tanto, alinear las políticas macroeconómicas y microeconómicas en pos de los mismos objetivos globales.

2.2

El artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, completado por los artículos 151 y 153, dispone esencialmente que en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión deberá tener en cuenta la promoción de un nivel de empleo elevado, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo y la lucha contra la exclusión. El Comité observa con sorpresa que la Comunicación no considera ninguno de estos parámetros como objetivos de una «Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica». El CESE pide, por tanto, que estos objetivos se enuncien explícitamente, y considera necesario que se instaure una mayor vigilancia (estudios de impacto) de los efectos de las políticas económicas y monetarias sobre la situación social y el mercado laboral, y que se elaboren medidas dirigidas a eliminar las consecuencias económicas y sociales negativas que podrían inducir estas políticas.

2.3

Ninguna de las propuestas presentadas por la Comisión en aras de una UEM más estable y creíble podrá llevarse efectivamente a la práctica (ni a corto, ni a medio o largo plazo) si los Estados miembros, y en particular los países más azotados por la crisis económica y financiera, no recuperan la senda del crecimiento ni solucionan los problemas de trabajo, desempleo –en fuerte crecimiento entre los jóvenes– y reducen las divergencias que siguen existiendo entre los Estados miembros. También es cierto que nada podrá hacerse si el Consejo y el Eurogrupo no tienen en cuenta las sugerencias de la CE para hacer avanzar las reformas necesarias y completar la UEM, que está en espera desde hace veinte años, y si los Estados miembros no se comprometen decididamente en esta dirección, para gestionar juntos la parte de sus atribuciones soberanas que debe ponerse en común a tal fin.

2.4

La principal preocupación de la Comisión sigue siendo asegurar la coordinación de las políticas económicas de los países miembros (desde hace ya tiempo, aunque con escasos resultados) mediante un conjunto articulado de medidas e instrumentos de refuerzo de la convergencia de las políticas presupuestarias y los sistemas de supervisión, lo cual sería útil para aliviar las dificultades de los países más endeudados a la hora de financiar la deuda pública y cumplir los estrictos planes de sostenibilidad de la deuda propuestos por la Comisión y recientemente aprobados por los países miembros (fiscal compact). Sin embargo, para recuperar la confianza de los ciudadanos y los mercados, las medidas adoptadas a nivel nacional deberán enmarcarse en una lógica común, europea, y producir efectos concretos y positivos para los ciudadanos y las empresas. Se necesita a tal fin una mayor coherencia entre las políticas macroeconómicas y microeconómicas (juventud, mercado laboral, seguridad social, etc.), que deberá lograrse a escala nacional.

2.5

Muchos de los países de la zona del euro han entrado en el quinto año de crecimiento negativo, y las previsiones para los próximos años indican que las mejoras en las principales variables macroeconómicas serán muy limitadas. Para que las propuestas de la Comisión dirigidas a reforzar la UEM sean creíbles y objeto de un debate amplio y consensuado sobre el futuro de la UEM, en el que no solo participen los expertos sino el conjunto de la sociedad civil europea, es preciso acompañarlas de observaciones o medidas complementarias.

2.6

De conformidad con los compromisos contraídos respecto de la UE, los países de la zona del euro deben proseguir en los próximos años unas estrictas políticas presupuestarias que, en primer lugar, podrían desarrollarse a través de reformas encaminadas a racionalizar la estructura de los presupuestos nacionales, tanto del lado de los gastos como de los ingresos públicos, teniendo debidamente en cuenta el imperativo de una justicia distributiva y los efectos multiplicadores de la fiscalidad. Ello permitiría obtener aumentos de eficiencia con efectos neutros en los saldos presupuestarios, y sin comprimir los gastos esenciales para el crecimiento económico y el bienestar social como la sanidad, los sistemas de seguridad social, la educación, la investigación e innovación o las infraestructuras (2).

2.7

Sin embargo, estas medidas de carácter nacional deberán acompañarse de disposiciones de alcance europeo, necesarias para asegurar el crecimiento económico, el empleo y la recuperación de las inversiones. Podría pensarse, por ejemplo, en mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo nacionales, con vistas a su incorporación en la zona del euro, en particular, a través del diálogo macroeconómico (3); en mutualizar parcialmente la deuda pública, para poner coto a la especulación; en la emisión de obligaciones europeas por el BEI y el FEI, al objeto de financiar el crecimiento y atraer los excedentes de ahorro globales (4); en la posibilidad de excluir de la deuda pública determinadas inversiones estructurales, necesarias para originar un ciclo virtuoso de crecimiento y, por último, en prestar mayor atención a la política industrial, tanto del lado de los gobiernos nacionales como de los responsables políticos europeos.

2.8

Aunque la responsabilidad de aplicar estas políticas incumbe a los gobiernos de los países miembros, la Comisión debe garantizar su aplicación, en el marco de sus prerrogativas institucionales y de los recursos presupuestarios de la UE que gestiona, contribuyendo, de este modo, a contrarrestar los desequilibrios y las divergencias territoriales que siguen existiendo.

2.9

Además, el CESE considera que el análisis de la Comisión sobre los aspectos históricos de la UEM no plantea las limitaciones económicas y políticas inherentes a la creación del euro, que son la principal causa de la crisis del euro y de la UE. No deja de sorprender que un análisis sobre la UEM no incluya referencia ni evaluación alguna de los criterios de Maastricht, la unicidad de la política monetaria ni las asimetrías económicas entre países. Tampoco es sostenible la idea de que la única causa de la crisis de 2008 sea la deuda, y no la debilidad política de la UE y de los gobiernos nacionales, considerando, en particular, que desde el origen de la UEM los Estados miembros se han negado sistemáticamente a mantener un debate sobre la coordinación de las políticas fiscales y presupuestarias.

2.10

Sería urgente realizar una unión económica, un gobierno económico de la UE (antes de la unión bancaria o en paralelo), y la Comunicación de la Comisión sienta las bases para ello.

3.1

A corto plazo se presentan y describen siete propuestas, algunas de las cuales ya son conocidas puesto que se refieren a medidas aprobadas recientemente por la UE: el semestre europeo, la legislación relacionada con el paquete de seis propuestas legislativas (conocido como el six-pack) y el two-pack, y la supervisión bancaria confiada al BCE. Son todos ellos pasos importantes, a los que se debe dar plena aplicación, con arreglo a la correspondiente normativa europea y a las recomendaciones específicas por país aprobadas por el Consejo. Las propuestas de la Comisión que el CESE considera más interesantes son las que se presentan a continuación.

3.1.1

La primera es la introducción, a raíz del mecanismo único de supervisión (MUS), de un mecanismo único de liquidación (MUL) para resolver los problemas de los bancos con dificultades. El aspecto más innovador de esta medida es que los costes de resolución serán sufragados por los accionistas y acreedores; «cualquier recurso adicional necesario para financiar el proceso de reestructuración» deberá proceder del propio sector bancario, y no ya de los contribuyentes (5).

3.1.2

La segunda es la introducción de un «instrumento de convergencia y competitividad» dirigido a respaldar las reformas estructurales en los países de la zona del euro. La propuesta describe de manera muy detallada (véase el anexo 1 de la Comunicación) el procedimiento que debe seguirse para adoptar y respetar los acuerdos que darán vida a este instrumento. No se especifica el grado de participación ni el alcance del apoyo financiero del que podrían beneficiarse los Estados miembros, que son dos elementos decisivos para garantizar la sostenibilidad del instrumento, aunque la Comisión se reserva la posibilidad de presentar una propuesta más detallada sobre sus modalidades de aplicación (p. 25 de la Comunicación). En opinión del CESE, este instrumento debería preceder o, al menos, acompañar las reformas estructurales, para atenuar sus efectos negativos. Por otra parte, el CESE subraya que el instrumento de convergencia y competitividad solo podrá ser eficaz, de forma gradual, si se utiliza en coordinación con las acciones y medidas emprendidas a nivel nacional.

3.1.3

Además, parece que la propuesta sobre el marco financiero plurianual se perciba como un castigo destinado a sancionar a quienes no respeten el «pacto entre los Estados miembros y la CE», en vez de como un incentivo destinado a estimular la aplicación de las políticas definidas a escala europea. Las estrictas condiciones macroeconómicas impuestas a los Estados miembros deberían acompañarse de un plan de crecimiento y desarrollo de nuevas oportunidades de empleo, especialmente para los jóvenes, elaborado con la participación activa de los interlocutores sociales y de la sociedad civil.

3.1.4

El papel más activo de la UE y del euro en la gobernanza de los organismos monetarios internacionales y el refuerzo de la capacidad de representación exterior del euro es uno de los aspectos más importantes planteados por la Comisión, así como por el CESE en un gran número de dictámenes, para dar más peso y fuerza decisoria a la UE y a la moneda única en la gobernanza monetaria internacional. Sin embargo, la Comisión no explica las dificultades que plantea esta propuesta, tanto dentro como fuera de la zona del euro, debido a la actitud desfavorable de la administración norteamericana (pero también británica) respecto del aumento del peso del euro (y la correspondiente reducción del peso del dólar) y de las diferencias que siguen existiendo entre los países de la zona del euro en cuanto a la defensa de intereses económicos y políticos específicos en muchos países en desarrollo que se benefician de la ayuda del FMI.

3.2

A medio plazo , las propuestas se refieren esencialmente a la creación de un fondo de amortización de la deuda (FAD), sometido a estrictas condiciones para limitar el riesgo moral, así como la creación de un nuevo instrumento de la deuda soberana para la zona del euro (Eurobills). Hace ya tiempo que estas propuestas son objeto de debate en las principales instituciones de la UE y en los Estados miembros. El CESE también ha destacado ya en varias ocasiones en sus dictámenes la necesidad de recurrir a las obligaciones europeas (Union Bonds) para mutualizar parcialmente la deuda, como instrumento adicional para facilitar en la zona del euro la financiación de la deuda soberana por los países más endeudados, así como para reducir el coste del servicio de la deuda (6).

3.2.1

Sin embargo, el CESE hubiera preferido que la Comisión presentara una propuesta propia o que se refiriera a las propuestas formuladas anteriormente por el CESE, por los ministros de economía de la UE, etc., aunque reconoce los méritos de la propuesta del Consejo alemán de expertos económicos, que se recoge en el documento de la Comisión.

3.2.2

Sin embargo, el énfasis puesto en el FAD no tiene en cuenta que gran parte del éxito de la política de reducción de la deuda soberana, en esta óptica, no solo depende de los progresos realizados en la reducción del gasto público, sino, sobre todo, del crecimiento de la renta. Ésta es la dirección que hay que seguir, aunque no la única, y durante un periodo de tiempo mucho más largo que el medio plazo, para lograr que la proporción entre la deuda y el PIB se mantenga por debajo del umbral requerido por Maastricht. La mejor propuesta quizá siga siendo la de los Union bonds, como ya ha expuesto detalladamente el Comité (7). Naturalmente, el problema no estriba en el instrumento técnico que se debe usar, sino más bien en la solución que se debe aportar.

3.2.3

Además, la propuesta en su conjunto sigue la lógica del pacto de estabilidad en lo que se refiere a las obligaciones de los Estados miembros, y no introduce ninguna innovación que suponga un cambio de orientación de dichas políticas, que no pueden seguir en la misma dirección.

3.3

A largo plazo , que es la parte menos desarrollada del documento de la Comisión, se prevé que la UEM evolucione hacia la culminación de la unión bancaria, fiscal y económica. El CESE aprueba claramente dichos objetivos, siempre y cuando se definan las modalidades necesarias para su realización. El CESE está de acuerdo en que se llegue a la completa integración de las políticas económicas de los Estados miembros, sobre todo en el ámbito fiscal y económico, y a un presupuesto único de la UE dotado de recursos financieros propios y de una capacidad tributaria autónoma.

3.3.1

En cuanto a los aspectos institucionales, la Comunicación se limita a describirlos, indicando la base para construir una unión económica y monetaria reforzada en su arquitectura jurídica y el gobierno de las principales políticas económicas, pero no dice nada de las condiciones macro y microeconómicas necesarias para garantizar la viabilidad de las propuestas a largo plazo.

3.3.2

El CESE considera que un objetivo tan ambicioso podría logarse si se entablara una cooperación reforzada dirigida hacia una Unión política. Este proceso podría facilitarse si en el contexto macroeconómico internacional se llevaran a cabo las reformas que, hasta ahora, solo se han realizado parcialmente, en relación con las normas de funcionamiento de los mercados crediticios y financieros, los mecanismos de supervisión macroprudencial y microprudencial y la reducción de los desequilibrios macroeconómicos (a partir de los déficit de los Estados Unidos y de los excedentes chinos) que han alimentado la crisis financiera. Si no se realizan progresos significativos en esta dirección, resultará difícil evitar la repetición de otras crisis económicas y financieras.

4.1.1

El CESE valora positivamente el intento de la CE de paliar el actual «déficit democrático» de que adolece la UE. También coincide en que el principal problema es el de la transferencia de soberanía. Se trata, pues, de iniciar un proceso de unión política integrador, que permita gestionar en común algunas de las políticas «soberanas» que siguen siendo competencia nacional, a través de un proceso decisorio más transparente y democrático, al objeto de dar una voz única y un «gobierno» europeo al euro, que es el segundo pilar de la UEM que aún falta.

4.1.2

A este respecto, el CESE considera que:

4.1.3

El problema no reside tanto en las dificultades de asociar al PE, sino más bien en la creación de un proceso decisorio común entre los países de la zona del euro y la posterior participación del PE. Lo que ya no se puede aceptar es que se mantengan políticas económicas e industriales independientes para cada Estado y una política monetaria común, una situación que penaliza la economía de los países más débiles, a falta de instrumentos de compensación.

4.2.1

El CESE considera positivo que el PE se asocie al debate sobre las propuestas relativas al crecimiento y que también participen los parlamentos nacionales. Lo mismo debería ocurrir para los programas de ajuste, en vez de limitarse a una simple «información». Sin embargo, se permanece en el nivel de los procedimientos formales, muy lejos de lo que debería hacerse en el proceso decisorio de la UE.

4.2.2

En cambio, las propuestas relativas a los partidos políticos sí son innovadoras, al afirmar que los partidos no solo deberían ser europeos en teoría sino también en la práctica, y actuar como una estructura europea única y no como la suma de órganos nacionales, como siguen haciendo los Estados miembros u otras asociaciones (sindicatos, asociaciones de empresarios, etc.).

4.2.3

Convendría que no solo los partidos, como propone la CE, sino también las otras grandes organizaciones europeas (por ejemplo, los sindicatos, las asociaciones de empresarios, etc.), al menos en la zona del euro, se organizaran y actuaran con un enfoque común, europeo, no nacional, de cara a las elecciones de 2014.Se daría así un extraordinario paso adelante, aunque no sería suficiente. Sería en cualquier caso un buen ejemplo para todos.

4.2.4

Con motivo de las elecciones, convendría dar al Parlamento Europeo un poder constituyente que le permita (junto al Consejo), dentro de un plazo fijado previamente, mostrar el camino hacia una Unión política, extendiendo el voto por mayoría a todos los ámbitos y el derecho de voto del Parlamento Europeo también a los ámbitos del crecimiento y el empleo.

4.3.1

El CESE es partidario de agrupar y unificar las políticas económicas y de empleo, ya que son las dos caras de una misma moneda, aunque se trate de un problema económico, y no jurídico. Sin embargo, se necesita un proceso decisorio común para todas las políticas económicas, que ponga en común la Estrategia Europa 2020, la coordinación de los presupuestos nacionales, las políticas macroeconómicas y microeconómicas, el mercado laboral de la zona del euro, etc. para ir más allá del actual sistema decisorio. No cabe imaginarse que para cambiar la UEM sea suficiente que el PE cree una comisión ad hoc.

4.3.2

Igualmente, parece confuso sugerir que la situación actual mejorará otorgando al vicepresidente encargado de las políticas económicas un poder de coordinación de la UEM, incluso en colaboración con el PE. Sirva de ejemplo, a este respecto, el caso de la política exterior. Para ello se necesitaría dar un verdadero poder al comisario o, en su caso, a un ministro.

4.3.3

Una cuestión tan importante no puede resolverse con maniobras jurídicas o parlamentarias formales. Sería necesario, en primer lugar, aceptar una transferencia de la soberanía en cuestiones de política económica, monetaria y de empleo del nivel nacional al nivel europeo, como ha propuesto ya el CESE en varias ocasiones. Debería instaurarse un «gobierno económico» de la zona del euro, a cargo del Eurogrupo, que dispusiera de poder de decisión y voto por mayoría, junto al PE, procediendo a las oportunas modificaciones del Tratado. Esto debería realizarse sin demora, con la misma urgencia con la que se adoptó el pacto presupuestario, la unión bancaria, etc., y permitiría realizar un mercado único para las políticas económicas, industriales, el crecimiento y el empleo, con una visión común y decisiones solidarias entre países, en interés de los ciudadanos de la UE.

4.4.1

El CESE valora positivamente todas las propuestas relativas a la representación exterior de la zona del euro. Se trata de un punto clave de la Comunicación, dadas las repercusiones internacionales de la crisis y la relación entre las monedas. Actualmente, el euro es como la «olla de barro frente a las ollas de hierro». La estrategia elaborada por la CE para consolidar la presencia de la zona del euro en el FMI consiste, en una primera fase, en concederle un estatuto de observador y, solo en una segunda fase, en solicitar un escaño único. Se trata de planteamientos a largo plazo, que debilitan la zona del euro, que sin embargo debería hablar cuanto antes con una sola voz en los distintos organismos, como ha señalado ya el CESE en repetidas ocasiones. Por ello, pese a ser realistas, las propuestas de la Comisión son aún tímidas e insuficientes a corto y medio plazo. Aquí también, todo dependerá de lo que haga el Consejo.

4.5.1

El planteamiento adoptado en relación con el BCE resulta insuficiente. Además, el CESE no está de acuerdo con la afirmación según la cual el Tratado tenga que abordar «el refuerzo de la responsabilidad democrática en el BCE», puesto que el BCE es un organismo en el que las decisiones se toman por mayoría (no es así en el Consejo). Por otra parte, los problemas y el papel del BCE son de otra naturaleza, y no se puede tratar únicamente la supervisión, como parece hacer la Comunicación de la Comisión. Se refieren a la duración de su mandato, al crecimiento y al empleo, así como a la estabilidad y la inflación.

4.5.2

Con esta perspectiva, es necesario asegurarse del buen funcionamiento de los mecanismos que permiten a las políticas del BCE trasladarse a la economía real. Las intervenciones no convencionales realizadas recientemente por el BCE para dar mayor eficacia a estos mecanismos, consistentes bien en proporcionar liquidez al sistema bancario (programas de adquisiciones de bonos garantizados (CPBB) y de refinanciación a largo plazo (LTRO)) o en adquirir títulos del Estado en el mercado secundario (programas para mercados de valores (SMP) y operaciones monetarias de compraventa (OMT)), pueden considerarse como un primer paso en la buena dirección, pero no permiten aún al BCE actuar como prestamista de última instancia capaz de tomar sus propias decisiones de manera autónoma cuando sea necesario, una función que, como es sabido, requiere modificar los Tratados.

4.5.3

Es preciso reforzar la autonomía decisoria y los instrumentos de intervención del BCE en relación con su función de prestamista de última instancia, no para aumentar la deuda de los Estados o de la UE sino para dar mayor credibilidad al euro y para contrarrestar los ataques especulativos que arremeten contra la deuda soberana de los países más endeudados. En lo que respecta, en particular, a los efectos producidos por las intervenciones del BCE en la sostenibilidad de la deuda soberana, el CESE recuerda que el anuncio de esta actuación por sí solo contribuyó a apaciguar las tensiones, tanto en el mercado de los títulos de la deuda pública de los países de la zona del euro como en los mercados financieros y crediticios.

4.6.1

El CESE considera positivo reforzar el papel del Tribunal de Justicia, pero no en el ámbito propuesto en la Comunicación (procedimiento de infracción de los Estados miembros). En efecto, esto equivale a perpetuar la convicción de que los problemas económicos, deuda incluida, son problemas técnicos o jurídicos, y no problemas políticos que deben tratarse en el contexto de un proceso decisorio democrático y transparente de la UE, cuya soberanía pertenece a los ciudadanos.

19.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 271/31

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) celebra las propuestas de la Comisión que tienen por objetivo adaptar el marco normativo europeo a la luz de las modificaciones de las normas internacionales de prevención de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los delincuentes que abusan del sistema financiero y de las facilidades que ofrece el mercado interno ponen efectivamente en peligro los fundamentos mismos de nuestra sociedad. En opinión del CESE, es esencial dotar a la Unión Europea y a los Estados miembros de medios eficaces para reforzar la integridad y la transparencia de las operaciones financieras. A este respecto, las propuestas de la Comisión van ciertamente en la dirección correcta.

1.2

El CESE acoge favorablemente las aclaraciones sobre la obligación de diligencia que los profesionales deben aplicar, por un lado, respecto de los beneficiarios finales de las empresas, lo que permite ganar transparencia acerca de los individuos que actúan detrás de la pantalla que puede constituir una persona jurídica, así como, por otra parte, respecto de las personas políticamente expuestas que pueden suponer un mayor riesgo de corrupción en razón de sus funciones. El CESE aprueba también la inclusión de los proveedores de servicios de juegos de azar en la lista de profesionales sujetos a las obligaciones, ya que este sector puede utilizarse para el blanqueo de capitales.

1.3

El CESE acoge positivamente el objetivo de la Comisión de situar a la Unión Europea en la vanguardia mundial de la lucha contra el blanqueo de dinero y el terrorismo. El CESE considera que una de las maneras de garantizar la eficacia del nuevo marco normativo europeo, permitiendo así asumir a la UE el liderazgo en la lucha contra el blanqueo de capitales, es el esfuerzo colectivo de todas las partes interesadas. El CESE acoge favorablemente las aclaraciones que se han añadido a lo largo de la propuesta para asegurar la proporcionalidad en relación con las pymes. El CESE considera apropiado facilitar a las «pequeñas entidades» asistencia técnica y profesional a través de organismos intermedios, tales como las cámaras, asociaciones y federaciones profesionales, para que puedan cumplir las obligaciones establecidas en la propuesta.

1.4

El CESE celebra que la Comisión haya intentado lograr un delicado acto de equilibrio entre intereses que parecen a priori difícilmente conciliables, como son la protección de datos personales y la lucha contra el blanqueo de capitales. La finalidad de la recogida y análisis de información, incluidos los datos personales, por un amplio espectro de profesionales tiene como único objetivo detectar las actividades delictivas. Los profesionales deben, por tanto, velar por preservar, en la medida de lo posible, la privacidad de sus clientes, priorizando al mismo tiempo la ayuda a las autoridades nacionales en la lucha contra la delincuencia.

1.5

El CESE acoge favorablemente la propuesta de armonización europea de las sanciones aplicables al sector financiero. La prevención de la delincuencia debe ser lo más eficaz posible debiendo imponerse a los profesionales sanciones disuasorias que sean proporcionales a las sumas de dinero objeto de blanqueo. El CESE pide por tanto a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación coherente y correcta de las sanciones y multas administrativas.

2.1

El blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva constituyen amenazas para la seguridad mundial y la integridad del sistema financiero. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es el organismo encargado en el plano internacional de elaborar medidas, que se denominan recomendaciones, de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, desde hace poco, también contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

2.2

Durante casi tres años, se han revisado las recomendaciones del GAFI a fin de reforzar las medidas de prevención y proteger en mayor grado el sistema financiero, al dotar a los gobiernos de instrumentos más robustos para sancionar las infracciones graves. Por ello, en febrero de 2012 el GAFI adoptó nuevas recomendaciones (1).

2.3

Las nuevas recomendaciones del GAFI introdujeron las siguientes modificaciones esenciales:

2.4

El GAFI iniciará una nueva ronda de evaluaciones mutuas de sus miembros a partir de 2014 y se centrará específicamente en la eficacia de la aplicación de sus nuevas recomendaciones.

3.1

Las propuestas (i) de la cuarta Directiva de lucha contra el BC/FT y (ii) del segundo Reglamento relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos son parte de la actualización del marco normativo europeo y su objetivo es reflejar los cambios que han aportado las recomendaciones del GAFI.

3.2

Los principales cambios que las propuestas realizan en el marco normativo europeo son los siguientes:

3.3

Los cambios propuestos se basan en particular en el estudio (3) sobre la aplicación de la tercera Directiva relativa a la lucha contra el BC/FT elaborado por una empresa auditora independiente, así como en documentos de posición recibidos por la Comisión durante su consulta pública.

3.4

Las propuestas de Directiva y de Reglamento tienen por objeto, respectivamente, sustituir la Directiva y el Reglamento actuales, que serán derogados.

4.1

El CESE respalda la necesidad de adaptar el actual marco normativo de la UE en la lucha contra el BC/FT a la luz de los cambios que se han producido en el plano internacional. El CESE es consciente de que el fenómeno del BC/FT afecta a todos los sectores de la economía y de que se debe prestar atención muy especial a la eficacia del marco normativo para prevenir el uso del sistema financiero con fines delictivos.

4.2

El CESE acoge positivamente el objetivo de la Comisión de situar a la Unión Europea en la vanguardia mundial de la lucha contra el blanqueo de dinero y el terrorismo. Se remite a su posicionamiento, expuesto en un dictamen previo, en el que acogían favorablemente «los progresos realizados en el terreno de las normas destinadas a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como símbolo de una Unión Europea que garantiza altos niveles de probidad y buena conducta en los comportamientos públicos y privados. [La] Directiva representa tanto un avance concreto en la gestión de los asuntos financieros como un medio para reforzar la Unión Europea» (4).

4.3

El CESE estima que la reducción de 15 000 EUR a 7 500 EUR del umbral a partir del cual los comerciantes deben poner en práctica las obligaciones derivadas de la propuesta de Directiva representa un paso más en la dirección correcta para promover los pagos no realizados en efectivo. El CESE señaló ya en un dictamen anterior (5) que el dinero en efectivo se considera un factor que facilita la economía sumergida y que los pagos no realizados en efectivo son más transparentes en el plano fiscal y económico, y menos onerosos para la sociedad en su conjunto, así como prácticos, seguros e innovadores.

4.4.1

El CESE acoge favorablemente la inclusión de las agencias de alquiler y los proveedores de servicios de juegos de azar entre los obligados a luchar contra el BC/FT, a pesar de que estas entidades no son objeto de las recomendaciones del GAFI.

4.4.2

El CESE acoge favorablemente las clarificaciones que se han introducido a lo largo de la propuesta para garantizar la proporcionalidad en lo que respecta a las pymes. Para garantizar que las pequeñas entidades puedan cumplir las obligaciones establecidas en la propuesta de Directiva, el CESE propone que se haga participar formalmente a organismos intermedios, como las cámaras profesionales, las asociaciones y las federaciones que representan a las pequeñas entidades a escala nacional, y se les dote de competencias de orientación, apoyo e intermediación. Es imperativo que las pequeñas entidades reciban apoyo para evitar que se conviertan en destinatarios prioritarios de los blanqueadores.

4.5.1

La obligación de identificar a las personas debe realizarse mediante su presencia física. En su defecto, los profesionales deben aplicar unas medidas de diligencia debida reforzadas por razón del riesgo que implica la transacción celebrada a distancia. El CESE se pregunta si este nivel de exigencia es coherente con la corriente principal de nuestra sociedad que se dirige hacia una era completamente digital.

4.5.2

El CESE pide a la Comisión que estudie medidas para conciliar los requisitos de identificación del cliente con el uso cada vez más extendido de pagos y comunicaciones por vía electrónica.

4.6.1

El CESE destaca la importancia de conciliar los intereses relativos a la protección de datos personales, por un lado, con la salvaguarda de la integridad del sistema financiero a través de la lucha contra el BC/FT, por el otro.

4.6.2

En la medida en que la lucha contra el BC/FT se basa en la recopilación y el análisis de información, incluidos los datos personales, por parte de un amplio espectro de profesionales, el CESE considera que las propuestas cumplen ampliamente las exigencias formuladas tanto con respecto a los Estados miembros como a los profesionales, a fin de lograr un mejor equilibrio entre cuestiones difícilmente conciliables a priori.

4.6.3

En cuanto a la obligación recogida en el artículo 39 de la propuesta de Directiva –consistente en la destrucción obligatoria de los documentos y la información recogidos al final del periodo de conservación de cinco o diez años–, el CESE insta a los Estados miembros a que garanticen que su legislación prevea situaciones (tales como procedimientos penales, quiebras o sucesiones) en las que tal obligación no sea aplicable a fin de impedir que vaya en contra del interés general.

4.6.4

El CESE propone que la Directiva establezca expresamente la obligación de mantener la estricta confidencialidad de la identidad de las personas que hacen declaraciones de operaciones sospechosas, a menos que hayan dado su consentimiento para que se revele su identidad, o si su divulgación resulta esencial para garantizar un procedimiento jurisdiccional equitativo en el marco de una acción penal.

4.7.1

El CESE señala que las autoridades europeas de supervisión estarán involucradas, en el plano europeo, en el análisis de los riesgos del BC/FT y que podrán emitir orientaciones y normas reguladoras dirigidas a los Estados miembros y a las entidades financieras. Aunque el CESE destaca la importancia de la consulta y cooperación con las autoridades europeas de supervisión en materia de lucha europea contra el BC/FT, señala sin embargo que la competencia de representación y regulación de esas autoridades está limitada al sector financiero es limitada. No obstante, muchos profesionales sujetos a las obligaciones no se encuadran en el sector financiero y por tanto no están representados en el nivel europeo. El CESE propone por ello que la Comisión actúe como parte interesada en este nivel en lo que se refiere al análisis de riesgos y a la formulación de orientaciones en nombre de los profesionales no financieros sujetos a las obligaciones en materia de lucha contra el BC/FT.

4.7.2

El CESE está convencido de la necesidad de disponer de recomendaciones y normas interpretativas armonizadas de ámbito europeo con el fin de garantizar una aplicación más uniforme de las normas de lucha contra el BC/FT en los Estados miembros.

4.8.1

Las propuestas establecen una lista de sanciones administrativas que se ajusta a la Comunicación de la Comisión de 8 de diciembre de 2010«Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros», que fue objeto de un dictamen del CESE (6) y que reaparece en otras propuestas recientes de la Comisión (7).

4.8.2

El CESE insta a la armonización europea de las sanciones aplicables en el sector financiero. Está claro que la represión de la delincuencia no acaba con ella. Por tanto, es esencial que la prevención del delito sea lo más efectiva posible y que se impongan sanciones disuasorias y proporcionales a las cantidades objeto de blanqueo a aquellos profesionales que no respetan sus obligaciones de lucha contra el BC/FT.

4.8.3

Sin embargo, el CESE alberga dudas sobre el carácter puramente «administrativo» de las sanciones propuestas y teme una posible impugnación de la severidad de las sanciones administrativas propuestas por razón de la jerarquía de las normas jurídicas y de la proporcionalidad de las sanciones penales. Si bien es cierto que las sanciones administrativas propuestas tienen un efecto disuasorio y que persiguen un objetivo de armonización europea, no lo es menos que las sanciones penales previstas para el delito de blanqueo varían de un país a otro. El CESE pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación coherente y correcta de las sanciones impuestas a los profesionales que han incumplido sus obligaciones de lucha contra el BC/FT y las sanciones penales en que incurrirían en caso de delito de blanqueo.

4.8.4

El CESE teme que la adecuación de las sanciones administrativas al artículo 6, apartado 1, y al artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos pueda ser cuestionada por el riesgo de que ciertas sanciones administrativas se vean reclasificadas como «delitos» que no pueden ser declarados más que por un tribunal independiente tras un juicio equitativo, requisitos que no cumplen las autoridades administrativas. El CESE insta a la Comisión a que encuentre soluciones jurídicas adecuadas para garantizar que el régimen de sanciones propuesto no pueda cuestionarse en modo alguno.

4.8.5

El CESE considera que la propuesta de introducir normas mínimas basadas en principios para la aplicación de las medidas y sanciones administrativas constituye un enfoque que refuerza la respuesta de la UE en su conjunto.

5.1

El CESE recomienda ampliar la definición de la financiación del terrorismo recogida en el apartado 4 del artículo 1 de la propuesta de Directiva, a fin de contemplar «cualquier otro acto», además de las infracciones previstas, conforme al tenor literal de la recomendación 5 del GAFI.

5.2

El CESE señala que los anexos de la propuesta de Directiva establecen una lista de factores y elementos de riesgo que los profesionales deben verificar como parte de sus obligaciones de lucha contra el BC/FT. El CESE considera que las listas que figuran en los anexos no son exhaustivas y que los profesionales deberían tener también en cuenta, en el contexto del enfoque basado en el riesgo, otros factores que se hallan estrechamente relacionados con las Estados miembros y con las diversas circunstancias de las transacciones que llevan a cabo.

5.3

El CESE opina que la clave para resolver el problema de la piratería reside en rastrear y tomar medidas enérgicas contra los flujos financieros relacionados con ella. En la UE debería establecerse una lista negra de las entidades financieras implicadas en el blanqueo de capitales procedentes de la piratería. El Banco Mundial, Interpol y Europol pueden prestar asistencia en la lucha para rastrear los rescates, que deberían localizarse y confiscarse, de modo que la piratería deje de ser un negocio atractivo (8).

19.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 271/36

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), de acuerdo con las posiciones manifestadas por el Parlamento Europeo (1) y el Comité de las Regiones (2) y en coherencia con los anteriores dictámenes emitidos (3), acoge favorablemente la propuesta presentada por la Comisión de instaurar el primer impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) regional del mundo.

1.2

Si bien el CESE es consciente de haber preconizado la aplicación de un ITF a nivel mundial, considera que su aplicación a nivel regional (Zona UE 11+), con la participación de once Estados miembros de la Unión Europea (UE) (4), puede brindar una oportunidad de importancia excepcional para favorecer en el futuro su aplicación a escala mundial.

1.3

El CESE subraya la importancia del método de las cooperaciones reforzadas como instrumento que permite a los Estados miembros llegar, en algunos ámbitos previstos en los tratados (5), a un acuerdo lo más amplio posible, neutralizando el bloqueo que supone el principio de la unanimidad y que frecuentemente ha conducido a un punto muerto político y económico de la UE.

1.4

El CESE considera que uno de los puntos fuertes del ITF propuesto es que se trata de un impuesto con una amplia base imponible y con dos tipos poco elevados, reduciendo así los efectos negativos de distorsión. Asimismo, estima que la introducción del impuesto en la zona UE 11+ favorecerá la constitución de un mercado financiero único, por lo que considera oportuno que el impuesto se aplique efectivamente a partir del 1 de enero de 2014, pues considera inadecuadas las modalidades de introducción gradual del impuesto.

1.5

El CESE considera que, para maximizar el impacto del impuesto en el crecimiento económico, es oportuno destinar los ingresos generados por el impuesto a la financiación de un programa de inversiones de carácter nacional y europeo que pueda asegurar la recuperación de la economía y del empleo a corto plazo.

1.6

El CESE acoge favorablemente que, para neutralizar o, al menos, reducir al mínimo el riesgo de deslocalización de las actividades financieras, la Comisión, en la nueva propuesta del ITF, haya asociado el principio de residencia o territorialidad (propuesto en la versión original) al principio de emisión (issuance principle) propuesto por el Parlamento Europeo y apoyado decididamente por el CESE en su dictamen anterior (6). El CESE subraya que la aplicación acumulada de estos principios podría implicar que, en algunos casos, las entidades financieras de los Estados miembros no participantes también se vean sometidas al impuesto. Por este motivo, el CESE estima conveniente –en consonancia con lo propuesto por el Parlamento Europeo– iniciar negociaciones profundas y oportunas con los terceros países para facilitar la recaudación del ITF.

1.7

Coincidiendo con el Parlamento Europeo, el CESE considera oportuno asociar los principios de residencia y emisión al de «transferencia de la titularidad jurídica». En efecto, gracias a este último principio la elusión del ITF se convertirá en una operación arriesgada y costosa, y se garantizará una mejor aplicación.

1.8

El CESE valora positivamente las modificaciones introducidas por la Comisión para mejorar la gestión del impuesto, a fin de evitar el fraude y la evasión. Asimismo, está de acuerdo con la introducción de la exención del mercado primario de las transacciones relativas a las participaciones o acciones de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y fondos alternativos (FIA), a fin de favorecer la financiación de las empresas.

1.9

Si bien lamenta que la evaluación de las consecuencias micro y macroeconómicas de la aplicación del ITF se prevea que tenga lugar solo tres años después de la entrada en vigor de la normativa sometida a examen, el CESE solicita que la Comisión lleve a cabo una actividad de control y verificación permanente (supervisión anual). Así será posible llegar a una evaluación inmediata del ITF, lo que permitirá proponer a su debido tiempo las eventuales medidas correctivas en la aplicación del ITF.

1.10

Al haber emitido ciertas críticas por la insuficiente documentación de evaluación que acompañaba a la propuesta inicial del ITF, el CESE acoge favorablemente que la Comisión Europea haya procedido a remediar parcialmente esa deficiencia. El CESE subraya que, en la evaluación cuantitativa de los efectos de las propuestas, es necesario que la Comisión mejore los modelos actualmente disponibles, adecuándolos a las evaluaciones de hipótesis de políticas alternativas. En particular se insta a los servicios de la Comisión a que presenten, en la medida de lo posible, estimaciones vinculadas a las características efectivas de las propuestas concretas presentadas.

1.11

El CESE lamenta que la inaplicabilidad del ITF –para el conjunto de los 27 Estados miembros de la UE- prive al presupuesto de la UE de un pilar fundamental del sistema de los recursos propios. Un sistema que deberá permitir garantizar de nuevo la necesaria autonomía financiera de la UE, como se había indicado originalmente en el artículo 201 del Tratado de Roma.

1.12

El CESE subraya que, en la aplicación del ITF, los organismos gestores, a través de la necesaria coordinación entre los Estados miembros, deben minimizar los riesgos de fraude y evasión, así como reducir los costes administrativos de gestión.

1.13

Si bien reitera la necesidad de proceder a un detenido seguimiento de los efectos del impuesto en los fondos de pensiones y los futuros pensionistas beneficiarios, el CESE no preconiza que queden excluidos de la aplicación del ITF.

1.14

En el marco de sus funciones de organismo consultivo de la Comisión, del Parlamento Europeo y del Consejo, el CESE se compromete a proceder a un constante seguimiento del proceso a través del cual la propuesta de la Comisión se traducirá en términos legislativos.

2.1

La Directiva propuesta por la Comisión Europea (7) se hace eco de la anterior propuesta presentada en septiembre de 2011 (8). Una propuesta que, a pesar de no encontrar el acuerdo unánime del Consejo, ha llevado a once Estados miembros de la UE a presentar a la Comisión, el 28 de septiembre de 2012, una solicitud oficial de proceder a una cooperación reforzada para la aplicación de un ITF.

2.2

La Comisión, tras evaluar la viabilidad de tal solicitud y disponer que una cooperación reforzada sobre un ITF no tendría un impacto negativo en el mercado interior ni en las obligaciones, derechos y competencias de los Estados miembros no participantes, adoptó, en octubre de 2012, una decisión de autorización comunicada al Parlamento Europeo en diciembre de 2012 que fue objeto de consenso en el Consejo Ecofin en enero de 2013.

2.3

La propuesta de la Comisión se hace eco esencialmente de la propuesta inicial, con algunos cambios introducidos para: i) llegar a una mejor claridad normativa; ii) reforzar la normativa contra los abusos y fraudes, tal como habían solicitado los once Estados miembros.

2.3.1

Se confirman y ratifican los tres objetivos iniciales: i) reforzar el mercado único a través de la neutralización de fiscalidades nacionales divergentes; ii) garantizar, al igual que en los otros sectores, una contribución equitativa del sector financiero a la financiación de los ingresos públicos; iii) promover las inversiones del sistema financiero en la economía real.

2.3.2

Al igual que en la propuesta inicial, la base imponible es amplia y los tipos mínimos son bajos: el 0,1 % para las transacciones financieras relativas a acciones, obligaciones, participaciones en valores de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario, contratos de pensiones y acuerdos de préstamo de títulos; y el 0,01 % para las transacciones financieras relativas a contratos derivados.

2.3.3

Para no obstaculizar el normal desarrollo de la economía real, el impuesto no se aplicará: i) a las actividades financieras cotidianas de los ciudadanos y empresas (préstamos, pagos, seguros, depósitos, etc.); ii) a las tradicionales actividades bancarias de inversión en el marco de la recaudación de capitales o a las operaciones financieras efectuadas en el ámbito de reestructuraciones; iii) a las actividades de refinanciación, de la política monetaria y a la gestión de la deuda pública; iv) a las transacciones del mercado primario de participaciones en OIC y FIA. Por lo tanto, estarán exentas las actividades del Banco Central Europeo con los bancos centrales, con la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (European Financial Stability Facility) y con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (European Stability Mechanism), así como las transacciones con la UE.

2.3.4

En la propuesta se confirma el principio de residencia o territorialidad, en virtud del cual, si la institución financiera que participa en una transacción reside en la zona de aplicación del ITF u opera por cuenta de un organismo sito en esa zona, la transacción se someterá al impuesto, independientemente de la zona geográfica en que se produzca la transacción.

2.3.5

Para prevenir los intentos de deslocalización fuera de la zona de aplicación del ITF, se ha introducido el principio de emisión, de acuerdo con la solicitud del Parlamento Europeo apoyada por el CESE. Un principio en virtud del cual la transacción está sujeta al ITF cuando el producto financiero objeto de la transacción está emitido por uno de los once Estados miembros participantes en la cooperación reforzada, independientemente de que los sujetos de la transacción residan fuera de la zona de aplicación del ITF o del lugar en el que se desarrolla la transacción.

2.3.6

La acción conjunta de ambos principios (el principio de residencia y el principio de emisión) neutraliza o, al menos, reduce significativamente la propensión a la deslocalización fuera de la zona del ITF para eludir el impuesto. En efecto, para sustraerse al impuesto, el organismo financiero debería renunciar a sus clientes residentes en la zona del ITF y a operar con todos los productos financieros emitidos en esa zona. Cabe recordar que esa zona constituye 2/3 del PIB de la Unión Europea y el 90 % del PIB de la zona euro. Este factor no aconseja seguir estrategias de no interacción con este mercado, en el que la uniformidad fiscal de los mercados financieros será un importante elemento de la realización del mercado único.

2.3.7

De acuerdo con los cálculos efectuados por la Comisión, los ingresos recaudados con dicho impuesto deberían elevarse a un montante comprendido entre 30 000 y 35 000 millones de euros anuales. Ello corresponde a cerca del 60,0 % de los ingresos que anteriormente se habían estimado en la hipótesis de que el impuesto se hubiera aplicado en todos los Estados miembros de la UE (que, recordemos, era de 57 000 millones de euros). Los ingresos se repartirían de la siguiente manera: 13 000 millones de euros procedentes de acciones y títulos, y 21 000 millones de euros procedentes de productos derivados.

3.1

En el curso de los últimos años, diversos Estados miembros de la UE han aprobado la aplicación de formas variadas del ITF, aumentando así los peligros de una diversificación fiscal perjudicial para el mercado interior (bases imponibles restringidas, diversas formas de exención), mientras que la introducción de un ITF regional favorecerá la constitución de un mercado financiero efectivamente único sin distorsiones de la competencia provocadas por sistemas de imposición ineficaces.

3.1.1

Por ello el CESE considera que el ITF debe entrar en vigor respetando los plazos previstos por la Comisión: el 1 de enero de 2014 sin prever formas de progresividad que, con arreglo a la normativa vigente a nivel nacional entre los Estados miembros de la UE 11+, podrían dar lugar a retrasos y problemas de carácter técnico.

3.2

La introducción del ITF en los 27 Estados miembros de la UE, aunque es oportuna, no resulta viable, ya que su aplicación a través de la cooperación reforzada –sin efectos negativos para los Estados miembros que no se adhieran– resulta la vía necesaria para garantizar su futura aplicación a nivel europeo y mundial.

3.3

La no aplicación del impuesto en los Estados miembros de la UE puede causar –en algunos casos– un fenómeno de doble imposición en los países que no se adhieran. Esto concierne a una pequeña parte de las transacciones y, en todo caso, se puede remediar con acuerdos bilaterales de compensación.

4.1

El CESE subraya que la estimación inicial de los efectos macroeconómicos a largo plazo (40 años) del ITF para la economía europea se ha visto profundamente modificada por los servicios de la Comisión, pasando de una estimación de signo negativo del orden del – 1,76 % a una estimación positiva de cerca del 1,0 %.

4.1.1

La estimación que había acompañado a la propuesta inicial ha sido modificada, incluyendo en la evaluación tanto los efectos derivados de los tipos reales propuestos como los efectos «mitigadores», lo que ha permitido pasar de – 1,76 % a – 0,53 % del PIB (9).

4.1.2

Posteriormente la Comisión modificó tal evaluación al considerar que esta no tenía en cuenta las características específicas de la propuesta basándose, por otra parte, en hipótesis de trabajo poco realistas (por ejemplo, que todas las nuevas inversiones de las empresas se financiaran con instrumentos sujetos al ITF). A través de esta corrección, el verdadero impacto a largo plazo en el PIB se reducía en mayor medida y se estimaba en – 0,28 %. En el marco de tal análisis, la Comisión efectuó otra evaluación de impacto teniendo también en cuenta los efectos ligados a la utilización de los ingresos generados por el ITF, como alternativa a otras formas de imposición o como posible instrumento de inversiones públicas. A través de esta evaluación, con la previsión de unos ingresos del 0,16 % del PIB, el impacto del ITF en el PIB será positivo y oscilará entre el 0,2 % y el 0,4 % (10).

4.1.3

Sin embargo, cabe considerar que esta última hipótesis es penalizadora, porque en el ámbito de los ingresos totales no tiene en cuenta el componente de los productos derivados que, en cambio, está incluido en la propuesta de la Comisión y que haría que los ingresos totales pasaran del 0,16 % al 0,4 % del PIB con el consiguiente efecto positivo del ITF sobre el PIB del orden del 1 % (11).

4.2

Sobre la base del análisis efectuado por la Comisión, la eficacia de la introducción de un ITF es máxima para la economía de la UE si los ingresos generados por el impuesto –tanto a nivel europeo como nacional- se utilizan para financiar un programa de inversiones públicas que pueda garantizar el refuerzo del crecimiento económico y del empleo.

4.3

En el curso de los últimos cinco años –coincidiendo con la crisis-, el CESE ha emitido una serie de dictámenes en los que recomendaba reequilibrar las políticas macroeconómicas europeas favoreciendo políticas de inversión a favor del crecimiento y del empleo (12). Si se siguiera la indicación del CESE, los ingresos generados por la aplicación de un ITF podrían dar así su máxima eficacia gracias a su utilización para financiar un gran programa de inversiones a nivel nacional y europeo.

4.4

El CESE considera que uno de los puntos fuertes del ITF es que se trata de un impuesto con una amplia base imposible y con dos tipos bajos. Esta característica puede minimizar los efectos negativos de los impuestos que, al restringir el área de imposición y elevar los tipos, provocarían fuertes distorsiones del mercado. Por esta razón, por una parte, el CESE estima necesario restringir al máximo las exclusiones de la base imponible y las exclusiones de los sujetos imponibles y, por otra, anima a los once Estados miembros participantes a poner en marcha un proceso que, aplicando los tipos impositivos propuestos, tienda a realizar un verdadero mercado único.

4.5

El CESE considera oportuno incluir el «principio de transferencia de la titularidad jurídica», con arreglo al cual una transacción financiera que eluda el ITF se considerará jurídicamente no ejecutoria y no desembocará en una transferencia de titularidad jurídica del instrumento financiero en cuestión.

4.6

El CESE está de acuerdo con la hipótesis de excluir de la base imponible las transacciones relativas a participaciones en OIC y FIA, como instrumentos relacionados directamente con la financiación de las empresas, a fin de obedecer a las indicaciones de la Directiva 2008/7/CE. Asimismo, subraya que las previsiones de reducción de los ingresos con esta exclusión se aproximarían a los 4 000 millones de euros.

4.7

El CESE, si bien tiene en cuenta la necesidad de controlar las eventuales presiones sobre los tipos de interés de la deuda pública, está de acuerdo con la propuesta de mantener la exención para los títulos públicos emitidos en el mercado primario y la imposición de las transacciones en títulos públicos intercambiados en el mercado secundario; en este ámbito la exención en el mercado secundario solo se considera oportuna para los institutos delegados por las autoridades públicas para intervenir en operaciones relacionadas con la gestión de la deuda pública.

4.8

En cuanto a los fondos de pensiones, el CESE ya había señalado la necesidad de someter los efectos del ITF sobre los fondos de pensiones a un seguimiento apropiado. La exclusión de la base imponible de las participaciones en OIC y FIA, así como la exclusión del impuesto en el mercado primario de los títulos de la deuda pública, representan un factor muy positivo para los fondos de pensiones, habida cuenta de la estructura de su cartera.

4.9

El CESE, aunque reitera la necesidad de proceder a un atento seguimiento de los efectos del impuesto sobre los fondos de pensiones y los futuros pensionistas beneficiarios, no pide que estos se excluyan de la aplicación del ITF.

4.10

La aplicación de un ITF, sin comprometer la liquidez del sistema, favorece las inversiones de los fondos de pensiones en estrategias a largo plazo, reduciendo los elementos desestabilizadores como las transacciones de alta frecuencia de las actividades financieras (13).

4.11

Al aplicar el nuevo impuesto, hay que prestar especial atención a las modalidades de gestión administrativa para reducir al mínimo tanto los riesgos de fraude y evasión como los costes administrativos a cargo de los Estados miembros y de los sujetos sometidos al pago del impuesto. Por ello es oportuno que tanto los Estados miembros como la Comisión, a la hora de elaborar los actos de ejecución relativos a los método de pago y de verificación del impuesto, procuren minimizar tales costes administrativos, verificando atenuantemente su evolución. Dados los efectos de la propuesta, el CESE también insta a la Comisión a que proponga modalidades de cooperación entre las entidades financieras de los Estados miembros no participantes y los Estados miembros beneficiarios del impuesto.

4.12

Al haber emitido ciertas críticas por la insuficiente documentación de evaluación que acompañaba a la propuesta inicial del ITF, el CESE acoge favorablemente que la Comisión haya procedido a remediar parcialmente esa deficiencia a través de las siete notas explicativas de la evaluación de impacto –que han acompañado a la anterior propuesta (14) - a las que cabe añadir la evaluación de impacto que acompaña a la actual propuesta (15). Con todo, el CESE subraya que sigue faltando documentación analítica de carácter ilustrativo sobre la situación actual de la imposición de los mercados financieros y sobre los ingresos recaudados en los diferentes países y, sobre todo, en los de la UE 11+. En particular, sería oportuna una evaluación más amplia de los posibles efectos para los ahorradores y futuros pensionistas, teniendo en cuenta las diferentes hipótesis de traslación del impuesto.

4.13

El CESE subraya que, en la evaluación cuantitativa de los efectos de las propuestas, es necesario que la Comisión mejore los modelos actualmente disponibles, adecuándolos a la evaluación de hipótesis de políticas alternativas. Por consiguiente, el CESE invita a los servicios de la Comisión a que presenten, en la medida de lo posible, estimaciones vinculadas a las características efectivas de las propuestas formuladas concretamente.

19.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 271/42

1.1

El CESE no está de acuerdo con los argumentos que esgrime la Comisión para justificar esta propuesta. A falta de base científica para respaldar la afirmación de que las divergencias en cuanto a las sanciones aplicables en caso de falsificación de moneda alimentan un fenómeno de búsqueda de un foro de conveniencia por parte de los falsificadores, el CESE no considera en absoluto justificado revisar la Decisión marco del Consejo 2000/383/JAI para introducir en la UE un umbral mínimo de pena, cuyo supuesto «efecto disuasorio» pone en entredicho.

1.2

El CESE observa que, al amparo de unas normas mínimas, en realidad la propuesta de Directiva instaura un arsenal represivo muy completo al servicio de la lucha contra la falsificación, lo que parece ir más allá de lo que autoriza el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), especialmente dado que abarca también aspectos procesales y de jurisdicción.

1.3

Además de albergar dudas sobre la necesidad de tal enfoque represivo, susceptible, por definición, de conculcar derechos y libertades fundamentales, el CESE se interroga sobre su eficacia en la medida en que, pese al establecimiento de un umbral mínimo de pena, ésta darán siempre lugar a interpretaciones divergentes en función de las tradiciones jurídicas de los Estados miembros y en virtud de la potestad discrecional del juez.

1.4

Con carácter general, el CESE reprocha a la propuesta de Directiva que no tenga suficientemente en cuenta, pese a exigirlo el artículo 82, apartado 2, del TFUE, las distintas tradiciones y sistemas jurídicos, en particular respecto del impacto de sus disposiciones sobre los derechos y libertades individuales.

1.5

En tanto que institución que representa a la sociedad civil europea, el CESE llama la atención sobre el hecho de que los infractores pueden ser ciudadanos que, siendo originariamente de buena fe, tras recibir, sin saberlo, moneda falsificada se ven en la necesidad de deshacerse de ella. Señalando el riesgo de imponer medidas desproporcionadas a estas personas que pasan de ser víctimas a ser «delincuentes»«a su pesar», el CESE considera que, además de la conducta, debe tenerse en cuenta como elemento esencial el contenido de la intención, lo cual no se subraya suficientemente en los considerandos de la propuesta de Directiva.

1.6

El CESE expresa su preocupación sobre el hecho de que en materia de procedimiento la propuesta de Directiva no prevea, como hace al definir las sanciones, una graduación de los medios empleados por los servicios responsables de la investigación en función de la gravedad de la infracción. Además, considera que es necesario precisar en la propuesta de Directiva que el recurso a las herramientas de investigación aplicables en materia de lucha contra la delincuencia organizada debe reservarse para los delitos más graves.

2.1

Esta propuesta de Directiva viene a reforzar el marco en vigor para la represión de la falsificación de moneda, ya sea del euro o de otras monedas. La propuesta está llamada a completar, en el territorio de la UE, las disposiciones del Convenio de Ginebra de 1929 –del cual exige sean partes contratantes los Estados miembros– y sustituye la Decisión marco del Consejo 2000/383/JAI, modificada a su vez por la de 2001 (2001/888/JAI), a la que añade algunas disposiciones importantes.

2.2

Prevé, en particular, la lucha contra el fenómeno de búsqueda de un foro de conveniencia («forum shopping») a la que parece responder, según la evaluación de impacto, la estrategia de las redes criminales en busca de la legislación más permisiva. A tal efecto, y basándose en el artículo 83, apartado 1, del TFUE, establece como umbral mínimo común de pena de seis meses de prisión para la fabricación y distribución de moneda falsa (a partir de un valor nominal de 10 000 euros). Paralelamente, la pena máxima de al menos ocho años de prisión ya prevista para la producción se amplía a la distribución (a partir de un valor nominal de 5 000 euros).

2.3

En caso de que estas infracciones sean cometidas en su nombre, las personas jurídicas estarán sujetas a sanciones que pueden variar desde la exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas hasta su disolución.

2.4

En materia de Derecho procesal, esta propuesta endurece también el marco en vigor. Los servicios responsables de la investigación o persecución podrán recurrir a las herramientas de investigación utilizadas en la lucha contra la delincuencia organizada u otros delitos graves. Además, en el curso del procedimiento, las autoridades judiciales tendrán que transmitir muestras de monedas falsificadas incautadas para su análisis técnico con vistas a detectar ulteriores falsificaciones en circulación.

2.5

Por último, la propuesta prevé que cada Estado miembro que tenga el euro como moneda deberá gozar de jurisdicción universal con respecto a los delitos relacionados con el euro cometidos fuera de la Unión Europea tanto si el delincuente se encuentra en su territorio como si los euros falsos relacionados con el delito son detectados en ese Estado miembro.

3.1

Aunque reconoce que la falsificación del euro, que cuenta con medios cada vez más complejos y perfeccionados, es un fenómeno preocupante al que hay que hacer frente eficazmente, el CESE formula serias reservas tanto sobre el contenido como el fundamento mismo de la iniciativa objeto de estudio.

3.2

Respecto a la insuficiencia de datos científicos de que adolece la evaluación de impacto, el CESE no considera convincente el argumento de la búsqueda de un foro de conveniencia, en el que se basa la Comisión para elaborar su propuesta de Directiva. El CESE no está seguro de que las divergencias de nivel de represión en la UE expliquen en modo alguno el incremento en las falsificaciones ni que el Derecho penal nacional deba determinar prioritariamente el lugar en el que los falsificadores realizan sus conductas delictivas. Se han de tener en cuenta otros factores, de carácter material o logístico, para explicar la ubicación de las imprentas clandestinas de moneda falsa.

3.3

De igual modo, a falta de estudios precisos que respalden la afirmación de que las divergencias de nivel de represión en de la UE socavan la cooperación policial y judicial así como la eficacia de la lucha contra la falsificación en terceros países, el CESE alberga dudas sobre la propia motivación de la propuesta de Directiva a examen.

3.4

Por otra parte, el CESE hace hincapié en que las disposiciones basadas en estos argumentos instauran un dispositivo represivo especialmente complejo. Además de tipificar el conjunto de las infracciones de falsificación y de fijar las penas tanto mínimas como máximas para la infracción de distribución, la propuesta de Directiva abarca otros aspectos de jurisdicción y de procedimiento.

3.5

El CESE cuestiona, en particular, la inclusión de estas últimas disposiciones sobre cuestiones de competencia y procedimiento que van más allá de lo anunciado en la exposición de motivos y de lo que autoriza el artículo 83, apartado 1, del TFUE, es decir, el establecimiento de «normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones». En particular, dado que constata que estas disposiciones, que prevén la aplicación de medidas excepcionales, tienen un alcance muy represivo, puesto que desembocan en un supuesto de atribución de competencia universal, derogatorio por definición respecto de las soluciones generales, para los delitos de falsificación relacionados con el euro y en el empleo de las herramientas de investigación aplicables a la delincuencia organizada.

3.6

Este último extremo es el que plantea más dificultades al CESE. En efecto, no se establece distinción alguna en función de la gravedad de las infracciones tipificadas en la propuesta de Directiva para justificar el recurso a las herramientas de investigación aplicables a la lucha contra la delincuencia organizada. Según el CESE, tal disposición entraña el riesgo de infringir gravemente el principio de proporcionalidad y de vulnerar los derechos fundamentales (1).

3.7

En efecto, para evitar ciertas anomalías, el CESE insiste en recordar al legislador europeo la necesidad de tener en cuenta al conjunto de los Estados miembros, con sus tradiciones democráticas más o menos recientes y sus propias sensibilidades respecto de las libertades individuales.

3.8

Con carácter más general, el CESE recuerda que la construcción de un espacio penal europeo requiere reforzar paralelamente los derechos de la defensa, especialmente en el marco de Eurojust y Europol, para cumplir la exigencia de respeto de los derechos fundamentales consagrada en los Tratados (artículo 67, apartado 1, y artículo 83, apartado 3, del TFUE).

3.9

En tanto que institución que representa a la sociedad civil europea, el CESE llama la atención sobre el hecho de que los infractores pueden ser ciudadanos que, siendo originariamente de buena fe, tras recibir, sin saberlo, moneda falsificada se ven en la necesidad de deshacerse de ella. Señalando el riesgo de imponer medidas desproporcionadas a estas personas que pasan de ser víctimas a ser «delincuentes»«a su pesar», el CESE considera que, además de la conducta, debe tenerse en cuenta como elemento esencial el contenido de la intención, lo cual no se subraya suficientemente en los considerandos de la propuesta de Directiva.

3.10

El CESE reconoce que la graduación de las sanciones previstas por la propuesta a examen en función de la cantidad incautada (en particular, en el artículo 5, apartado 2) permite tener en cuenta parcialmente este supuesto. No obstante, el CESE considera que la propuesta de Directiva no protege del riesgo de incurrir en graves violaciones de las libertades individuales. En efecto, no parece tener en cuenta la diversidad de tradiciones y de sistemas jurídicos de la UE y, especialmente, la particularidad de los sistemas acusatorios, en los cuales el acusado, incluso en supuestos de delincuencia menor, puede permanecer detenido por la policía durante un lapso de tiempo nada desdeñable antes de pasar a disposición judicial.

4.1

En cuanto a la disposición por la que se fija un umbral mínimo de pena de seis meses de prisión (artículo 5, apartado 4, de la propuesta) y aunque constituye la medida emblemática de esta propuesta por la que se pretende dar respuesta a la búsqueda de un foro de conveniencia, el CESE alberga dudas sobre su utilidad, ya que una Directiva –que, por definición, está dirigida al legislador y no al juez— no puede imponer el pronunciamiento efectivo de esta pena. A tal respecto, el CESE constata con satisfacción que la exposición de motivos recuerda los principios de necesaria individualización de la pena –consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea– y de la plena libertad de apreciación del juez.

4.2

Por otra parte, el CESE desea añadir que el establecimiento de un umbral mínimo de sanción, aunque no sea vinculante, es contrario a la tradición jurídica de algunos Estados miembros que no prevén penas mínimas, salvo cuando su pronunciamiento es obligatorio.

4.3

Modifíquese el artículo 9 de la propuesta de la manera siguiente: «En cuanto a los delitos de falsificación más graves contemplados en los artículos 3 y 4, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas, unidades o servicios responsables de la investigación o persecución disponen de instrumentos de investigación eficaces, como los que se utilizan en los casos relacionados con la delincuencia organizada u otros delitos graves».

19.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 271/45

1.1

El Comité acoge con reserva las dos Comunicaciones de la Comisión «Hacia una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica»: «Introducción de un instrumento de convergencia y competitividad» (ICC) (1) y «Coordinación ex ante de los planes de grandes reformas de la política económica» (2). En ellas se continúa el debate sobre dos cuestiones planteadas en la Comunicación «Un Plan director para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica: Apertura de un debate europeo» (3), a saber, completar el marco de gobernanza para la coordinación de la política económica.

1.2

El Comité lamenta que estas dos Comunicaciones aporten poca información adicional sobre los conceptos ya presentados en el plan director, lo que dificulta su evaluación.

1.3

El Comité expresa su preocupación por el hecho de que se complique aún más, con escaso valor añadido, la ya sobrecargada panoplia de instrumentos de gobernanza económica, que incluye el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Pacto Presupuestario, el paquete de seis medidas, el paquete de dos medidas, la Estrategia Europa 2020, el Semestre Europeo, el Informe Prospectivo Anual, los informes sobre el mecanismo de alerta, los programas nacionales de reforma, los programas de estabilidad y convergencia, las recomendaciones específicas por país, el procedimiento de déficit excesivo, el procedimiento de desequilibrio macroeconómico, etc.

1.4

Aunque reconoce que estas dos propuestas podrían ayudar a los Estados miembros con dificultades, al Comité le preocupa que se dificulte o retrase la incidencia de las mismas en el relanzamiento del crecimiento y la capacidad en las zonas más necesitadas dado que el objetivo principal es que las medidas que se tomen también beneficien al conjunto de la zona del euro.

1.5

El Comité duda de que los Estados miembros estén dispuestos a introducir un nuevo instrumento financiero para financiar el ICC y no está claro cuál es el valor añadido que aportaría respecto de los actuales Fondos Estructurales.

1.6

El Comité se pregunta qué aportará concretamente la coordinación ex ante al Semestre Europeo y si implicará una carga administrativa adicional.

1.7

El Comité considera preocupante que los filtros utilizados para la coordinación ex ante puedan interferir con un Estado miembro que está aplicando medidas de reforma, ya que alteran la competitividad relativa en otro Estado miembro.

1.8

El Comité considera que en la coordinación ex ante no hay cabida para los efectos indirectos a través de los mercados financieros, sino que todos los esfuerzos deberían ir dirigidos a crear una unión bancaria.

1.9

El Comité considera que las propuestas destinadas a profundizar la UEM son de una importancia capital para el futuro de la Unión Europea; en consecuencia, desea continuar el debate y presentar propuestas en una fecha futura, a medida que vaya evolucionando la situación.

2.1

Contexto: En esta Comunicación, la Comisión propone poner acuerdos contractuales y un mecanismo de solidaridad establecidos de común acuerdo a disposición de los Estados miembros de la zona del euro sometidos a tensiones que necesitan reformas estructurales nacionales en materia de competitividad y crecimiento, cuya falta de aplicación tendría efectos indirectos adversos sobre otros Estados miembros de la zona del euro. Se trataría de un sistema específico de apoyo financiero que, al principio, se financiaría mediante el Marco Financiero Plurianual (MFP) y, más tarde, a través de un nuevo fondo o instrumento de financiación basado en la renta nacional bruta, que aumentaría la capacidad fiscal.

2.2

Al Comité le cuesta valorar las ventajas del ICC propuesto al no disponer ni de información sobre el tamaño propuesto ni de una evaluación del grado de aceptación de un fondo de estas características por parte de los Estados miembros. Según la propuesta, el fondo procederá en primer lugar del MFP, lo que hace pensar que tendrá un tamaño reducido y una repercusión limitada.

2.3

Habida cuenta de las grandes dificultades encontradas en la negociación del MFP 2014-2020, el Comité duda de que los Estados miembros puedan alcanzar un acuerdo sobre el objetivo de introducir un nuevo instrumento financiero que conduzca a una mayor capacidad fiscal basada en la renta nacional bruta para financiar el ICC.

2.4

El Comité coincide en que sería útil un mecanismo que beneficie a todas las partes y que acelere la convergencia, pero cuestiona la necesidad de introducir un nuevo instrumento, el ICC, cuando no está claro que aporte valor añadido a fondos estructurales existentes, como el Fondo de Cohesión o el Fondo Social Europeo.

2.5

La naturaleza contractual del instrumento propuesto parece no diferir mucho de la naturaleza contractual ya existente en el desembolso de fondos estructurales. Se necesitan ejemplos concretos del tipo de proyecto con efectos indirectos que podría beneficiarse de este instrumento y una explicación de cómo difieren de proyectos ya financiados por otros fondos. Al CESE le preocupa que una posible no realización de determinados proyectos relativos al ICC tenga otras consecuencias para la financiación de proyectos acordados en el marco de los programas nacionales de reforma. Es importante que este instrumento propuesto añada valor demostrable y no resulte en más burocracia.

2.6

El ICC está concebido como un instrumento para la zona del euro, donde una mayor convergencia económica es fundamental para el funcionamiento de la zona del euro. Habida cuenta de que probablemente se trate de un fondo de dimensiones reducidas, el Comité sugiere que se destine, en particular, a aquellos Estados miembros de la zona del euro que se encuentren en dificultades, sin excluir la posibilidad de respaldar proyectos con efectos especialmente positivos en las zonas transfronterizas. Tendría que estar particularmente destinado a aquellos países cuyos desequilibrios económicos se consideran especialmente peligrosos para el funcionamiento de la zona del euro. No queda claro por qué los Estados miembros sometidos a un programa de ajuste quedarían excluidos de este instrumento, pues está demostrado que son los que más apoyo financiero necesitan.

2.7

En caso de que el Semestre Europeo funcione según lo previsto y las recomendaciones específicas por país sean objeto de debate en los parlamentos nacionales, deberán tomarse las medidas necesarias para que los gobiernos nacionales firmantes de un acuerdo contractual con arreglo al ICC propuesto sometan dicho acuerdo a debate primero en el parlamento conforme a las prácticas de dicho Estado miembro, del mismo modo que se debatiría cualquier programa de los Fondos Estructurales. Podría invitarse a la Comisión a debatir o dirigirse a los organismos nacionales o locales. Hay que incluir en lo debates a la sociedad civil, en particular los interlocutores sociales, como sucede con otros proyectos conjuntos entre la UE y los gobiernos nacionales. Hay que incluir en lo debates a la sociedad civil, en particular los interlocutores sociales, como sucede con otros proyectos conjuntos entre la UE y los gobiernos nacionales. Debería preverse tiempo suficiente para que puedan participar los parlamentos y la sociedad civil, en particular los interlocutores sociales.

3.1

Contexto: En esta Comunicación la Comisión nos informa de que el concepto de coordinación ex ante de los planes de grandes reformas de la política económica fue introducido por el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria. Aunque incluye un proceso de coordinación de la política económica, el actual marco de supervisión económica de la UE no contempla un debate y coordinación ex ante estructurados de los planes de grandes reformas económicas. Esta Comunicación constituye una contribución al debate entre las principales partes interesadas –en particular el Parlamento Europeo, los Estados miembros y los parlamentos nacionales– sobre las formas de aplicar la coordinación ex ante.

3.2

El Comité considera que cualquier mejora significativa en la coordinación de la política económica es deseable y, en la zona del euro, necesaria. En consecuencia, el Comité acoge favorablemente la Comunicación, aunque reconoce que la coordinación de las políticas individuales de los Estados miembros aún dista considerablemente de una verdadera gobernanza económica. Uno de los problemas a la hora de evaluar las propuestas es que la Comunicación no aporta suficiente información sobre lo que constituye una «gran reforma de la política económica». ¿Qué se entiende por «grande» o por «pequeño»? Las reformas clave que se enumeran para su consideración abarcan casi todos los aspectos del mercado único, incluida la sostenibilidad financiera y fiscal.

3.3

El Comité se pregunta de qué manera se diferenciará sustancialmente esta nueva iniciativa en materia de coordinación de grandes reformas económicas de los componentes del Semestre Europeo de los programas nacionales de reforma y las recomendaciones específicas por país. Esta iniciativa debería aportar un valor añadido demostrable al ya apretado calendario del Semestre Europeo. Desde el punto de vista de la transparencia y la simplicidad, también sería importante no añadir otro nivel de supervisión. El Comité opina que este proceso debe incorporarse al Semestre Europeo y a los programas nacionales de reforma, que habría que reforzar; la coordinación ex ante podría ser una manera tangible de hacerlo.

3.4

El Comité reconoce que, en el marco de esta nueva propuesta, sería beneficioso que, tras llegar a un acuerdo con un determinado Estado miembro sobre sus recomendaciones específicas por país, la Comisión y el Consejo puedan sugerir modificaciones de los planes nacionales de reforma del Estado miembro en cuestión si se considera que su aplicación puede obrar en detrimento de la Unión Económica y Monetaria o de otros Estados miembros. Sin embargo, en aras de la legitimidad democrática, el procedimiento respeta las competencias decisorias nacionales y se deja al propio Estado miembro la decisión sobre el plan de reforma. Debe preverse la posibilidad de incluir en las consultas a los parlamentos nacionales y la sociedad civil, en particular los interlocutores sociales, así como el tiempo necesario para llevar estas consultas a cabo. Asimismo, es necesario velar por que los parlamentos nacionales adopten la decisión final relativa a la realización de las reformas. Al Comité le preocupa que este guiño a la legitimidad democrática sea más aparente que real, pues el procedimiento de desequilibrio excesivo prevé la posibilidad de imponer sanciones si el Consejo concluye que un Estado miembro no ha tomado las medidas correctoras recomendadas.

3.5

El objetivo de la coordinación ex ante es, por un lado, maximizar los efectos indirectos positivos de los planes de grandes reformas económicas de un Estado miembro sobre otros Estados miembros y, por otro, minimizar los negativos. Esta coordinación propone un sistema de tres filtros basado en los principales canales de transmisión de los efectos indirectos. El Comité opina que pueden plantear problemas.

3.6

El primer filtro es el comercio y la competitividad. Si un Estado miembro lleva a cabo reformas que mejoran su propia posición competitiva, no se puede excluir la posibilidad de que esta mejora vaya en detrimento de otros Estados miembros. La Comunicación debe aclarar en qué condiciones intervendría para disuadir a un Estado miembro de aplicar tales medidas. Además, ¿se trata de un enfoque unilateral? ¿La Comisión haría recomendaciones a un Estado miembro que, en el pasado, hubiera tomado medidas para mejorar su competitividad, que actualmente tienen por resultado excedentes considerables que perjudican a la zona del euro?

3.7

El Comité duda de que el segundo filtro, relativo a los efectos indirectos a través de los mercados financieros, se justifique en este contexto. El Comité cree que sería mucho más eficaz destinar todos los recursos disponibles a la puesta en marcha de una unión bancaria operativa según el calendario previsto.

3.8

Es necesario explicar el tercer filtro, relativo a las consideraciones de política económica y la «posible oposición dentro del país». El «aprendizaje mutuo» y el «intercambio de las mejores prácticas» –aunque valiosos de por sí– corren el riesgo de ser tan poco eficaces como la Agenda de Lisboa.

3.9

El Comité considera que hay que argumentar mejor el hecho de que las reformas incluidas en la coordinación ex ante deberían incluir ámbitos que no son de la competencia de la UE. El argumento esgrimido para ello, a saber, que la decisión incumbe únicamente a los Estados miembros, es superficial a la luz del procedimiento de desequilibrio macroeconómico mencionado supra.

3.10

En el marco de la coordinación ex ante, se requiere una dimensión social, especialmente orientada a las repercusiones que las grandes reformas económicas tienen en el desempleo.

19.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 271/48

1.1

El CESE confirma y reitera lo expresado ya en su dictamen (1) relativo al Libro Verde sobre el juego en línea en el mercado interior (2) y se lamenta de que la Comisión no haya asumido sino en parte las conclusiones de dicho documento. En particular señala que la lucha contra el juego ilegal, que constituye la primera amenaza para la protección de los consumidores, no es la prioridad de la Comunicación.

1.2

El CESE pide a la Comisión que considere, entre las prioridades a las que la Comunicación pretende dar respuesta, la creación de nuevos empleos y la defensa de los puestos de trabajo en el sector, así como la calidad de los mismos y la pérdida potencial de puestos de trabajo en los juegos de azar con presencia física en beneficio de los juegos de azar en línea.

1.3

Los juegos de azar contribuyen a aumentar los ingresos fiscales de los Estados miembros. La financiación de buenas causas a través de las loterías nacionales y las casas de juego sostiene actividades benéficas, sociales y deportivas y fomenta el turismo, al tiempo que salvaguarda el patrimonio cultural, artístico y arqueológico. El CESE considera que toda acción a nivel europeo en el juego debe dirigirse a un modelo social europeo que permita a los ciudadanos divertirse de una forma sana y equilibrada.

1.4

El CESE expresa una profunda preocupación por los elevados riesgos para la salud pública que comportan los juegos de azar. A este respecto reitera la solicitud formulada a la Comisión de llevar a cabo una investigación y un seguimiento en todo el territorio de la UE sobre las dependencias y las patologías relacionadas con los juegos de azar en línea, y recomienda a los Estados miembros que utilicen parte de las impuestos recaudados para financiar campañas de sensibilización, medidas preventivas y tratamientos terapéuticos contra las ludopatías.

1.5

El CESE acoge favorablemente la decisión de la Comisión de mejorar la cooperación administrativa y el intercambio de informaciones, experiencias y buenas prácticas entre los Estados miembros y las autoridades reguladoras.

1.6

El CESE coincide con la Comisión en el objetivo de que cada Estado miembro disponga de su propia autoridad reguladora dotada de competencias precisas y que asegure una estrecha cooperación con las autoridades equivalentes de otros Estados.

1.7

El CESE considera indispensable alcanzar un equilibrio entre el carácter altamente tecnológico y, por lo tanto, transfronterizo del sector y los riesgos que conlleva vinculados al orden público y social, la legalidad, la transparencia y la salud de los ciudadanos, por medio de iniciativas más vinculantes que las recomendaciones que propone la Comisión.

1.8

El CESE toma nota de que en la actualidad no se puede pensar en una normativa específica de la UE para el sector de los juegos de azar en línea. Si bien apoya las iniciativas que la Comisión propone para una cooperación eficaz entre los Estados miembros, el Comité desea que en algunas materias en las que las competencias están compartidas se intervenga con instrumentos normativos más eficaces, preferentemente directivas, para proteger a los consumidores y a las capas de la población más vulnerables, y luchar contra los operadores ilegales y contra el blanqueo de capitales.

De esta forma, se establecería un conjunto mínimo de normas sobre protección de los consumidores. Los Estados miembros deben conservar la posibilidad de fijar normas de protección de los consumidores más estrictas para sus mercados nacionales, si así lo desean; o poder seguir aplicando las normas más favorables ya existentes (3).

Por ello, el CESE invita a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo a que intervengan, en el respeto del principio de subsidiariedad, en las siguientes materias:

1.9

Al Comité le complace que la Comisión se haya hecho eco de su solicitud de que el ámbito de aplicación de la directiva contra el blanqueo de capitales se haga extensivo a todas las formas de juegos de azar (4).

1.10

El CESE acoge favorablemente la intención de la Comisión de examinar las posibilidades ofrecidas por el reglamento para el uso del IMI (5) y expresa su deseo de que sirva para mejorar la cooperación administrativa entre los reguladores nacionales y el intercambio de datos entre los organismos nacionales y europeos competentes.

1.11

El CESE considera que la valoración que efectúe la Comisión sobre la posibilidad del intercambio de datos personales entre los Estados miembros será positiva, dado que la gran cantidad de datos que los operadores registran pueden ser compartidos para ser cruzados con otros datos y favorecer los controles por parte de las autoridades competentes.

1.12

El CESE considera esencial que los Estados miembros, de acuerdo con las autoridades reguladoras, organicen campañas de sensibilización y de información para los consumidores a fin de encauzar la demanda hacia los juegos de azar en línea legales. Esta acción deberá completarse con medidas contra los operadores ilegales, así como con la publicación de las listas negras o blancas confeccionadas por las autoridades reguladoras nacionales para que los usuarios puedan identificar mejor los sitios autorizados - a través de la inclusión del logotipo de la autoridad reguladora nacional en la página del sitio de apuestas - y los ilegales.

1.13

Para garantizar la protección de los consumidores, el CESE pide que los programas informáticos que se utilizan para los juegos de azar en línea tengan una certificación mínima común de la UE expedida por entes externos especializados y basada en los mismos parámetros y estándares. Asimismo, invita a la Comisión a que, en colaboración con los Estados miembros, adopte una norma mínima europea para las plataformas informáticas del juego de azar e insta a los Estados miembros a que adopten medidas para proteger los datos de los jugadores y autorizar solo los medios de pago que ofrezcan mejores garantías en términos de seguridad y trazabilidad de las transacciones vinculadas a los juegos en línea.

1.14

El CESE estima muy positiva la decisión adoptada por la Comisión de crear un grupo de expertos en juegos en línea para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de ciberdelincuencia, ya que representa, aunque en estado embrionario, un instrumento útil para iniciar una cooperación eficaz entre Estados miembros. El CESE desea que tal grupo supere su actual carácter informal para transformarse en una instancia con claras atribuciones y cometidos.

1.15

El CESE coincide con la Comisión en la necesidad de que los Estados miembros promuevan una formación adecuada del poder judicial sobre las cuestiones relacionadas con el fraude y el blanqueo de dinero a través de los juegos de azar.

1.16

El CESE invita a la Comisión a que actualice y revise las normas para los ámbitos de intervención contemplados en la Comunicación, considerando las evoluciones respecto a la aplicación de las normas por parte de los Estados miembros, a qué han aplicado los Estados miembros dichas normas y cómo lo han hecho, y a los resultados conseguidos a nivel nacional.

1.17

El CESE pide a los Estados miembros que encarguen a la Comisión que negocie y apoye activamente el proyecto de convención internacional para la protección y promoción de la integridad deportiva, cuyas negociaciones se iniciarán en el marco del Consejo de Europa.

2.1

La Comunicación concilia la necesidad de respetar la normativa europea en materia de libre prestación de servicios y la protección de categorías particulares.

2.2

El uso de equipos telemáticos con acceso directo a la red ha permitido un fuerte incremento de la utilización de los juegos de azar en línea, los cuales se hallan en rápida expansión. En 2011, la recaudación total de los juegos de azar en línea en los 27 países de la UE se elevó a 9 300 millones de euros, lo que equivale al 10,9 % del mercado europeo de los juegos de azar, y para 2015 se prevé un aumento equivalente a 13 000 millones de euros.

2.3

Gracias a la utilización de internet, un ciudadano europeo puede, de hecho, acceder y estar expuesto en su Estado de residencia a servicios ilegales ofrecidos por uno o más operadores titulares de una licencia en otro Estado miembro o en terceros países. Esta situación, que reviste una índole extraterritorial e internacional, no puede ser afrontada por los Estados individualmente, sino que exige una intervención integrada y una mayor colaboración. Es esencial adoptar, en aras de los ciudadanos y los consumidores, una definición común del juego ilegal. El Comité recuerda que la oferta de juego no autorizada en el país de residencia del jugador o la oferta de juego sin poseer la licencia nacional requerida son ilegales, ya provenga de un operador basado o con licencia en un país de la UE, o ya provenga de un tercer país (6). Del mismo modo que es ilegal el operador que no está controlado ni regulado.

2.4

Respecto de la distinción entre «operador no autorizado» y «operador ilegal», se remite a la nota 15 de la Comunicación.

2.5

El CESE considera positiva la voluntad de la Comisión al haber constituido un grupo de expertos en juegos de azar para el intercambio de experiencias y prácticas entre Estados miembros, el estudio de los problemas derivados del uso ilícito e ilegal de los juegos de azar, la formación específica y actualizada de la judicatura, una mejor información de los consumidores y el aumento de la oferta legal.

2.6

Estas intervenciones representan una primera etapa útil para luchar contra los operadores que actúan ilegalmente fomentando el fraude, los delitos de otro tipo y el blanqueo de capitales.

3.1

La Comunicación pone de relieve la diversidad de normativas nacionales y propone acciones que determinan las intervenciones prioritarias a nivel nacional y de la UE y acciones de colaboración y cooperación entre los Estados, indicando posibles intervenciones y recomendaciones, así como la coordinación y la integración administrativa entre los Estados.

3.2

Un objetivo primordial es el de garantizar el respeto y la aplicación de la legislación europea por parte de las normativas nacionales mediante acciones directas y recomendaciones a los Estados miembros. Con este fin, la Comisión:

3.3

La Comisión considera de interés para los Estados miembros que se ponga en marcha una política eficaz de lucha contra el fraude y el blanqueo de dinero y de protección de la integridad en el deporte contra el fenómeno de las competiciones, encuentros y partidos amañados, incluso a través del intercambio de experiencias en materia de delincuencia y redes informáticas.

4.1.1

Ante todo, el CESE manifiesta su gran preocupación por la creciente difusión de los juegos de azar en línea y el aumento exponencial de las ofertas de juego, que llegan a capas cada vez más amplias de la población con graves consecuencias para la renta familiar. Por ello, es necesario poner freno a las diversas formas de publicidad, sobre todo a la televisiva, en línea y a la expuesta en los medios de transporte.

4.1.2

La prestación y el uso de las ofertas transnacionales de juegos de azar son una actividad económica que entra en el marco de la libre circulación prevista en el mercado interior (artículo 56 del TFUE). Sin embargo, el artículo 52, apartado 1, del TFUE admite restricciones a la libre prestación de los servicios garantizada en el artículo 56 por motivos de orden público, de seguridad pública o de salud pública.

4.1.3

El CESE recuerda que compete principalmente a los Estados miembros organizar y regular los juegos de azar en su territorio. Los juegos son una actividad potencialmente muy peligrosa para los consumidores y en igual medida susceptibles de servir a fines criminales, como el blanqueo de dinero, si no está correctamente regulada o si la regulación no se aplica estrictamente. En este contexto, aunque los juegos de azar son objeto de la libre prestación de servicios, en virtud del artículo 49 CE (7), las diferencias entre las normativas nacionales no hacen actualmente viable una normativa de la UE sobre los juegos de azar en línea. El CESE, si bien sostiene las iniciativas que la Comisión propone, sobre todo en materia de cooperación eficaz entre los Estados miembros, desea que en algunas materias (véase punto 1.8) se intervenga con instrumentos más eficaces, preferiblemente directivas, para proteger a los consumidores y a las categorías más vulnerables, y luchar contra los operadores ilegales y contra el blanqueo de dinero.

4.1.4

De acuerdo con la abundante jurisprudencia consolidada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las restricciones a las actividades de juegos de azar pueden justificarse por razones imperativas de interés general, como la protección de los consumidores y la prevención del fraude y de la incitación a los ciudadanos para que incurran en un gasto excesivo vinculado al juego (8). Los Estados miembros pueden restringir o limitar la prestación transfronteriza de la totalidad o de ciertos tipos de servicios de juegos de azar en línea en razón de objetivos de interés público que buscan proteger en relación con el juego (9).

4.1.5

Los servicios de juegos de azar no están sujetos a normas uniformes en la UE: las legislaciones nacionales difieren notablemente por las características culturales, sociales e históricas propias de cada país. Algunos Estados prohíben los juegos de azar en línea, otros permiten solo algunos de ellos y otros poseen un régimen de monopolio gestionado por un operador público o privado en exclusiva. Ante la falta de datos actualizados sobre las diversas situaciones nacionales (10), el CESE pide a la Comisión que efectúe una cartografía (mapping exercise) entre los Estados miembros.

4.1.6

Tal como ha aclarado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los Estados miembros que optan por la liberalización controlada del sector pueden instituir legítimamente un régimen de concesión – previa autorización administrativa – que se base en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios por razón de la nacionalidad (11).

4.1.7

En los juegos de azar en línea no se establece una relación directa entre el consumidor y el operador, lo que incrementa los riesgos de fraude de los operadores en perjuicio de los consumidores (12). La disponibilidad de oferta de juego ilegal y, por consiguiente, incontrolado, es una grave amenaza para los consumidores. En consecuencia, la aplicación rigurosa por los Estados miembros de las medidas dirigidas a combatir a los operadores ilegales proporciona las garantías primarias y el mejor instrumento para la protección de los consumidores.

4.1.8

Los Estados miembros tienen libertad para fijar los objetivos de su política sobre juegos de azar y definir el nivel de protección. Sin embargo, las restricciones que impongan deberán cumplir las condiciones de la jurisprudencia del TJUE y han de ser proporcionadas y no discriminatorias e integrarse en el marco de una política aplicada de manera coherente y sistemática.

4.1.9

Como quiera que los Estados miembros poseen legislaciones diferentes y dado que una regulación de los juegos de azar en línea por la UE es actualmente imposible, se impone aproximar las normativas y ayudar a los Estados miembros a hacer cumplir las disposiciones vigentes para garantizar una mayor seguridad jurídica en el ámbito de la protección de los consumidores, de los menores y de las categorías vulnerables, así como en el ámbito de la publicidad y de la lucha contra el blanqueo de dinero. Habría que invitar a los Estados miembros a intercambiar sus buenas prácticas en la lucha contra los operadores ilegales.

4.1.10

Según el principio de subsidiariedad, la UE debe intervenir cuando su acción supone una mejora y aporta un valor añadido a los sistemas reguladores de los Estados miembros. Dada la especificidad del sector y de los cambios vinculados al uso de Internet, el CESE considera que esta acción de la UE debería concretarse en una cooperación duradera entre los Estados miembros y el fomento de las buenas prácticas en la lucha contra los operadores ilegales, para lo que es necesaria una acción transnacional.

4.2.1

La UE debe reforzar el control, la cooperación administrativa y la aplicación efectiva de la ley sobre los juegos de azar en línea, y los Estados deben colaborar para lograr este resultado.

4.2.2

Es importante poner en común e intercambiar el tratamiento de los datos personales que los operadores registran para favorecer los controles, garantizando así la protección de los datos. Se debe incentivar la cooperación administrativa entre los Estados con el intercambio de información general y el recurso a mejores prácticas, para potenciar los intercambios de conocimientos y experiencias y crear un sentido recíproco de confianza e interés.

4.2.3

La certificación a nivel nacional de las plataformas informáticas de juego a distancia garantiza la supervisión del mercado de los juegos de azar. Es importante establecer una mejor cooperación entre los Estados miembros e instituir en cada Estado unas autoridades reguladoras para los juegos de azar en línea que estén dotadas de claras competencias que garanticen una estrecha coordinación en la UE.

4.2.4

Será necesario evaluar la coherencia de las políticas nacionales con la normativa y la jurisprudencia de la UE y la trasparencia y la no discriminación de los sistemas de licencias; en caso de no idoneidad se deberá intervenir con un procedimiento por infracción.

4.2.5

El CESE considera que las medidas preventivas y represivas que han adoptado hasta ahora los Estados miembros para luchar contra los juegos de azar en línea y facilitados por operadores sin licencia, esto es, ilegales, no han sido suficientes para contrarrestar ese fenómeno. Por consiguiente, sugiere que se defina un marco normativo nacional de principios que garantice la legalidad y trasparencia de los sitios, y que prevea la identificación de los sitios ilegales y su inscripción en una «lista negra», la identificación de los sitios autorizados según la legislación propia de un Estado miembro y su inscripción en una «lista blanca», el bloqueo, el cierre, el secuestro y la supresión de los sitios ilegales (13), el bloqueo de los flujos financieros de y hacia tales sitios, así como la prohibición de las comunicaciones comerciales y de la publicidad de los juegos ilegales.

4.3.1

El CESE lamenta que su solicitud a la Comisión y a los Estados miembros de que adopten medidas incisivas para combatir eficazmente a los operadores ilegales, que son la principal amenaza para los consumidores, se haya dejado sin respuesta en la Comunicación de la Comisión. Por ello, pide que se adopten lo antes posible medidas firmes para la realización de las buenas prácticas en materia de prevención y lucha contra el juego ilegal.

4.3.2

La Comisión, que prevé adoptar en 2013 una recomendación sobre la protección de los consumidores y sobre la publicidad del juego de azar responsable, define cuatro áreas de intervención: apartar a los consumidores de las ofertas no reguladas y potencialmente perjudiciales; proteger a los menores del acceso a los servicios de juegos de azar; salvaguardar a otros grupos vulnerables y prevenir la aparición de problemas de salud asociados a los juegos de azar. Respecto a dicha recomendación, el CESE invita a la Comisión a que incluya las buenas prácticas en materia de lucha y prevención contra los juegos ilegales tras una evaluación llevada a cabo en cada Estado miembro sobre las formas de juego más perjudiciales para los consumidores.

4.3.3

El CESE valora positivamente la atención que la Comunicación dedica a la protección de los consumidores y a los segmentos de personas vulnerables, también en lo que se refiere a la publicidad y la ludopatía. A este respecto insiste en la necesidad de adoptar medidas con un elevado nivel de protección y señala que los instrumentos previstos son demasiado débiles, por lo que sugiere adoptar otros más vinculantes. En efecto, la oferta disponible de juego ilegal, por su propia naturaleza incontrolable y peligrosa, representa la mayor amenaza posible para los consumidores y requiere que en cada Estado miembro se adopten medidas firmes para combatir a los operadores ilegales que no respeten la legislación nacional, que es la primera y mejor garantía para la protección de los consumidores.

4.3.4

La acción de la Comisión debe tener como objetivo fundamental garantizar que los Estados miembros ejerzan sus plenas competencias y responsabilidad estableciendo en toda la UE (para todos los operadores autorizados a prestar este tipo de servicios) un marco normativo que evite los juegos de azar problemáticos y prevea la introducción de límites de edad para acceder a cualquier juego, la prohibición del juego a crédito para las formas más peligrosas de juego y apuestas (casino en línea, spread betting, betting exchange) y formas de publicidad dirigidas a menores y categorías vulnerables.

4.3.5

El CESE solicita a la Comisión y a los Estados miembros que intervengan en su propio territorio eficazmente y con fuerza contra la oferta ilegal de juegos. Pide que los Estados miembros adopten medidas como la «lista negra» y el bloqueo de los sitios ilegales, la definición de formas de pago seguras y trazables, medidas de bloqueo para operaciones financieras, así como la prohibición absoluta de la publicidad ilegal. A este respecto cabe subrayar que la eficacia de estas medidas dependerá en gran medida de su acción conjunta que refuerza de tal modo sus efectos contra los operadores ilegales.

4.3.6

Sería deseable constituir en cada Estado miembro una autoridad reguladora que tenga las competencias específicas para hacer un seguimiento y asegurar la aplicación de las normas europeas y nacionales de protección del consumidor y de lucha contra el juego ilegal. La existencia de autoridades reguladoras nacionales constituye un requisito previo para una eficaz coordinación y cooperación administrativa. Los Estados miembros deben velar por que su sistema de regulación, concebido en función de sus especificidades nacionales y de su marco normativo, pueda asegurar su aplicación. El CESE desea que cada Estado miembro atribuya a su propia autoridad reguladora el cometido de establecer los criterios para la atribución de las concesiones en el ámbito del propio mercado.

4.3.7

Los consumidores de la UE deben estar en condiciones de distinguir, en cada Estado miembro, los sitios ilegales de los sitios legales, incluso para permitir publicidad. A este respecto el CESE recomienda que cada Estado imponga a todos los operadores autorizados para ofrecer juegos en línea que pongan en su propio sitio web en primer plano de forma permanente el número de autorizaciones y una etiqueta de la autoridad reguladora nacional que indique que el operador tiene una licencia en ese Estado miembro.

4.3.8

El CESE pide que se adopte la máxima garantía normativa para la protección de los menores que prevea instrumentos idóneos para determinar la edad y aseguren su control efectivo por parte de los operadores. Los progenitores deberán estar sensibilizados sobre los riesgos del uso de Internet y sobre el filtrado de programas en casa. Para proteger a las personas vulnerables que permanecen mucho tiempo en casa –pensionistas, amas de casa y desempleados– deberán adoptarse las garantías adecuadas.

4.3.9

La actual crisis empuja cada vez a más personas a jugar en línea con la ilusión de resolver los problemas económicos con ganancias fáciles, pero esto comporta mayores riesgos para el equilibrio psíquico, ya que crea dependencia y genera comportamientos obsesivo-compulsivos. Para combatir estas patologías el CESE recomienda que una parte de los impuestos recaudados con el juego se destine a campañas de sensibilización y tratamientos preventivos y terapéuticos contra la ludopatía.

4.3.10

Se valora de manera positiva el propósito de la Comisión de elaborar una recomendación, aunque desea una intervención más incisiva y vinculante sobre la publicidad responsable de los juegos de azar que se integre en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales a fin de permitir una correcta información de los consumidores. El CESE subraya que la acción en este ámbito debe incluir diversas medidas contra los operadores ilegales como la prohibición de la publicidad de los operadores que proporcionan ofertas sin la licencia de la autoridad reguladora nacional del país en el que reside el consumidor.

4.3.11

Es preciso encontrar el justo equilibrio entre la exigencia de una expansión controlada del juego autorizado –que haga atractiva para el público la oferta de juego dentro de los circuitos legales– y la necesidad de reducir en la mayor medida posible la dependencia de tales juegos.

4.3.12

La publicidad debería ser más responsable y reglamentada, sobre todo en lo que respecta a la protección de los menores, no solo porque es altamente perjudicial para la salud, y especialmente la mental, sino también porque engaña y falsea la realidad al inducir a la colectividad a creer que jugar en línea es una conducta «normal» y homologa de ese modo comportamientos sociales que no son sanos.

4.3.13

Pese a la existencia del Proyecto Alice Rap (14), el CESE toma nota de que no se dispone aun de datos fehacientes sobre la entidad y la variedad de las patologías relacionadas con los juegos de azar. El CESE destaca la necesidad de un seguimiento continuo y constante del fenómeno de la dependencia y de las patologías relacionadas a fin de recabar datos satisfactorios que permitan al legislador nacional y a la UE adoptar medidas eficaces y concretas para combatir y prevenir este problema.

4.4.1

Los problemas relacionados con el reconocimiento de los operadores que actúan en el juego a distancia, tanto en situación de graves pérdidas o de grandes ganancias y que, por consiguiente, podrían enmascarar actividades de blanqueo de dinero, se deben afrontar mediante la identificación preventiva de los operadores y la constitución de una cuenta de juego específica para cada jugador.

4.4.2

La usurpación de identidades es un problema extendido que no afecta solo a los juegos de azar en línea, sino a todo el sistema de tratamiento e intercambio de datos que se produce en la esfera telemática y de Internet.

4.4.3

Los random number generators (generadores de números aleatorios) deben estar sometidos a estrictos sistemas de certificación, de modo que respondan al principio de no previsibilidad y al mismo tiempo ofrezcan la seguridad de que el acto verificado sea el único posible y sea imposible una manipulación. Esto permite garantizar la protección del jugador y el cumplimiento de las normas que los Estados deciden en términos de ganancias.

4.4.4

Para incrementar la seguridad de los programas informáticos que se utilizan en los juegos de azar en línea se propone establecer una certificación mínima común de la UE por parte de entes externos especializados que adopten los mismos parámetros y normas, lo que serviría, además, para identificar y obstaculizar el juego ilegal off shore.

4.4.5

Una forma de protección de acceso al juego puede ser la localización de las direcciones IP (internet protocol address). En efecto, si un usuario accede al sistema de juego de un Estado a través de sistemas IP de otros países es técnicamente posible bloquear el juego.

4.4.6

Siendo los juegos de azar en línea vulnerables a los problemas de blanqueo de capitales y de fraudes, parecería deseable que la gran cantidad de flujos y datos que los operadores registran puedan ponerse a disposición de los garantes del orden público, para poder cruzarlos con otros datos y favorecer los controles.

4.5.1

Las apuestas que se realizan sobre competiciones, partidos y encuentros amañados son un fraude específico que redunda en perjuicio de los intereses de las sociedades deportivas, de los aficionados, de los consumidores y de los operadores legales de juegos de azar.

4.5.2

La Comisión está de acuerdo con la sugerencia expresada por el CESE que considera necesario definir un marco de coordinación de los esfuerzos de todas las partes interesadas para afrontar el problema de modo global y evitar duplicación de recursos, y pone de manifiesto la necesidad de estrechar la cooperación entre los operadores de apuestas, los organismos deportivos y las autoridades competentes, incluidas la reglamentación del juego de azar a nivel nacional e internacional.

4.5.3

El CESE reitera la sugerencia de crear un sistema que no se limite simplemente a levantar acta de las declaraciones que denuncian a sospechosos en un determinado acto deportivo, sino que incluya medidas preventivas, educativas y coercitivas capaces de combatir eficazmente el fenómeno.

4.5.4

El CESE acoge positivamente la iniciativa de la Comisión de adoptar antes de 2014 una recomendación sobre buenas prácticas en la prevención y en la lucha contra las apuestas relacionadas con partidos amañados, aunque no considera suficiente el instrumento normativo establecido. Las competiciones amañadas vulneran el principio de equidad de las competiciones deportivas y constituyen un delito en todos los Estados miembros, y a pesar de ello se ha registrado un aumento de las actividades ilegales o sospechosas de serlo. Es preciso, pues, intervenir de manera más decidida en la lucha contra las competiciones amañadas con la ayuda de los instrumentos, competencias y recursos de que disponen los Estados miembros puestos en sinergia entre ellos y con la UE.

4.5.5

El CESE pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que consideren delito (y, por lo tanto, sancionable) la corrupción deportiva, las competiciones amañadas y la manipulación de los resultados deportivos, y solicita a la Comisión que acuerde con los Estados miembros una definición común de esas infracciones penales.

19.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 271/55

1.1.1

Europa está atravesando una grave crisis económica y social, cuyos efectos afectan a todos los estratos de la sociedad.

1.1.2

Facilitar la supervivencia de las empresas figura entre las medidas que la Unión Europea ha identificado para salir del atolladero. Las quiebras tienen, en efecto, repercusiones que van más allá de las consecuencias negativas que recaen sobre las empresas en cuestión, puesto que afectan globalmente a la economía de los Estados miembros y, más particularmente, al ciudadano en tanto que contribuyente, asalariado o empresario.

1.1.3

El CESE comparte los objetivos que figuran en la Comunicación de la Comisión, aunque considera que la «segunda oportunidad» que en ella se evoca debería favorecer a los empresarios que hayan aprendido la lección de un fracaso anterior y sean capaces de restablecerse sobre la base de un proyecto empresarial repensado.

1.1.4

Apoya también la propuesta de Reglamento, lamentando sin embargo su falta de ambición.

1.1.5

En efecto, todavía son necesarias mucha reflexión y muchas acciones concretas para proteger los derechos de los acreedores, garantizando al mismo tiempo un equilibrio entre los intereses de los empresarios y los de los trabajadores, fomentar la reestructuración de las empresas, evitar los foros de conveniencia (forum shopping) y mejorar la coordinación de los procedimientos de insolvencia de los grupos de empresas.

1.2.1

El CESE considera que los elementos de reflexión para una armonización sustancial del Derecho de la insolvencia son interesantes, aunque lamenta la falta de una respuesta eficaz a la crisis económica y social que atraviesan las empresas y los ciudadanos europeos.

1.2.2

Es más favorable al concepto de «Fresh start» (volver a empezar), según el concepto clave del Derecho de la insolvencia estadounidense, que al de «segunda oportunidad» defendido por la Comisión. Invita también a reflexionar sobre la contribución de este concepto al Derecho de la insolvencia europeo.

1.2.3

Considera también que el trabajador debería estar mejor protegido mediante el reconocimiento del rango de acreedor privilegiado.

1.2.4

La cuestión del apoyo inadecuado a las empresas en crisis debe también formar parte de la reflexión, y el Comité subraya a este respecto que esta responsabilidad puede alcanzar a personas distintas de los bancos. Insta así a la Comisión a dar a esos parámetros su justo valor.

1.2.5

Considera que la criminalización del Derecho de la insolvencia no es deseable, puesto que ello no haría más que judicializar aún más los procedimientos de insolvencia y alargaría los plazos de examen.

1.2.6

No considera que recurrir sistemáticamente al juez sea la mejor solución. Insta a la Comisión a reflexionar sobre la idea de crear nuevas instancias, por ejemplo vinculadas al sector de la economía, cuya composición multidisciplinar (económica, financiera, jurídica) sería una ventaja para comprender y actuar rápidamente con el fin de ayudar a las empresas a superar sus dificultades financieras.

1.2.7

Por último, insta a la Comisión a considerar las propuestas relativas a la armonización del régimen jurídico del síndico, tales como resultan de la Resolución del Parlamento Europeo de 11 de octubre de 2011 (1).

1.3.1

El CESE apoya la propuesta de Reglamento, a pesar de no limitarse más que a una serie de normas procesales y de no pretender armonizar las legislaciones nacionales aplicables a los casos de insolvencia empresarial.

1.3.2

Celebra la idea de obligar a los Estados miembros a mejorar las reglas de publicidad mediante la publicación en un registro electrónico de las decisiones judiciales pertinentes sobre asuntos de insolvencia transfronteriza y la interconexión de los registros nacionales de insolvencia.

1.3.3

Insta, sin embargo, a la Comisión a velar por que la carga, el coste y los plazos de traducción, no ralenticen los procedimientos de insolvencia, porque la rapidez es una de las condiciones de su éxito.

1.3.4

Apoya la incorporación de los procedimientos civiles de sobreendeudamiento, pero, no obstante, ello no debería resultar perjudicial para los deudores particulares. En efecto, un Derecho concebido para las empresas, destinado a satisfacer las exigencias del comercio, es por naturaleza menos protector que el Derecho de los consumidores. Recomienda a la Comisión ser particularmente vigilante a este respecto.

1.3.5

Por último, insta a la Comisión a velar por que el recurso al procedimiento de delegación para modificar los anexos del Reglamento tenga en cuenta el artículo 290 del TFUE y la aportación de la jurisprudencia al concepto de «medidas esenciales».

2.1.1

Las iniciativas incluidas en este paquete legislativo forman parte de la respuesta de la UE a la crisis económica y social que atraviesan las empresas y los ciudadanos europeos. Su objetivo es facilitar la supervivencia de las empresas y ofrecer una segunda oportunidad a los emprendedores afectados por una situación de insolvencia.

2.1.2

El método elegido por la Comisión Europea consiste en modificar el Reglamento (CE) no 1346/2000 (2) del Consejo de 29 de mayo de 2000 sobre procedimientos de insolvencia (Reglamento sobre insolvencia), relativo fundamentalmente a las normas de Derecho internacional privado aplicables a los procedimientos de insolvencia transfronterizos, e iniciar una consulta sobre la base de una Comunicación titulada «Nuevo enfoque europeo frente a la insolvencia y el fracaso empresarial».

2.1.3

El CESE ha decidido pronunciarse sobre los dos documentos en un único y mismo dictamen.

2.2.1

Partiendo de la constatación de la obsolescencia del «Reglamento sobre insolvencia» de 29 de mayo de 2000, y de la identificación de sus cinco principales carencias (4), la Comisión propone la revisión de dicho texto.

2.3.1

La Comunicación constata acertadamente que su propuesta de Reglamento de 12 de diciembre de 2012 se limita a poner al día el «Reglamento sobre insolvencia» de 29 de mayo de 2000, contentándose con tratar del reconocimiento y la coordinación de las normas procesales aplicables a los casos de insolvencia nacionales, y ello sin armonizar la legislación nacional aplicable a las situaciones de insolvencia empresarial.

2.3.2

Intenta paliar este defecto proponiendo una serie de elementos de reflexión para una armonización sustancial del Derecho de la insolvencia empresarial, aunque únicamente se tratan los casos de insolvencia transfronteriza.

3.1.1

Se basa en la necesidad de conceder una segunda oportunidad a los emprendedores y de salvaguardar el empleo.

3.1.2

El CESE considera por su parte que el fracaso empresarial, del mismo modo que la creación de empresas de fuera, forma parte del ciclo de la vida económica y de un mercado dinámico. En este sentido, sería por tanto incorrecto considerarlos como males que deben ser evitados a toda costa.

3.1.3

En este orden de ideas, el CESE cree que la «segunda oportunidad» evocada por la Comisión debería favorecer a los empresarios que hayan aprendido la lección de un fracaso anterior y sean capaces de restablecerse sobre la base de un proyecto empresarial repensado.

3.1.4

Indica también que las quiebras de empresas pueden tener causas internas, como una mala gestión, pero también causas externas como consecuencia de regulaciones excesivas o inadaptadas. En este sentido el Estado tiene también una cierta responsabilidad en las quiebras, en su condición de legislador, pero también en su condición de órgano de contratación en el marco de la contratación pública (5).

3.1.5

El CESE es más favorable al concepto de «Fresh start», según el concepto clave del Derecho de la insolvencia estadounidense (6), que al de «segunda oportunidad» defendido por la Comisión. El «Fresh start», concepto en gran medida cultural y no jurídico, supone que el deudor sea, bajo ciertas condiciones, liberado de su responsabilidad personal por sus deudas. De este modo se evita la fase de la decisión judicial de declaración del concurso de la empresa y el deudor puede empezar un nuevo proyecto, sin ser identificado como quebrado.

3.1.6

Por el contrario, la Comunicación permite pensar que la «segunda oportunidad» consiste en una continuación de su actividad. Ahora bien, según el CESE sería contraproducente mantener empresas en cuanto tal dentro del tejido económico de forma artificial, concediéndoles una «segunda oportunidad», cuando la experiencia demuestra que el modelo elegido no era viable.

3.1.7

Semejante planteamiento tendría consecuencias nocivas para la confianza de los acreedores y los proveedores, y al final sería perjudicial para la existencia de una competencia sana entre los operadores económicos.

4.1.1

La heterogeneidad de los ordenamientos jurídicos nacionales en materia de insolvencia es una fuente de desventajas competitivas, especialmente para las empresas que realizan actividades transfronterizas, que podrían impedir la reactivación económica.

4.1.2

Esta heterogeneidad incita a la búsqueda de un foro de conveniencia (forum shopping), y en consecuencia debilita el mercado interior.

4.1.3

El CESE se adhiere también a la propuesta del Parlamento Europeo (7), que había reclamado la armonización de determinadas parcelas del Derecho de la insolvencia.

4.1.4

Pide también a la Comisión que presente, sobre la base del artículo 50, del artículo 81, apartado 2, o del artículo 114 del TFUE, una o varias propuestas legislativas para crear un verdadero marco europeo de la insolvencia empresarial, que no se limite a unas meras normas procesales de Derecho internacional privado.

4.1.5

En efecto, los casos de insolvencia tienen repercusiones que van más allá de las consecuencias negativas que recaen sobre las empresas en cuestión, puesto que afectan globalmente a la economía de los Estados miembros y, más particularmente, al ciudadano en tanto que contribuyente, asalariado o empresario.

4.2.1

Dirigidos en un principio únicamente a dar satisfacción a los créditos de los acreedores, los procedimientos de insolvencia se han ido orientando paulatinamente hacia la conservación de la empresa, el mantenimiento del empleo y la liquidación del pasivo. Más recientemente, la tendencia legislativa en Europa es prevenir los problemas de la empresa antes de llegar a la suspensión de pagos.

4.2.2

La apertura de un procedimiento de insolvencia contra el deudor es un acto temido por el acreedor, que ignora si podrá conseguir el pago de las cantidades que se le adeudan. La primera frustración se produce porque, a menudo, la apertura de un procedimiento de insolvencia impide dirigirse contra el deudor respecto de los créditos nacidos antes de la declaración de apertura del concurso, y paraliza las reclamaciones en curso. Cada acreedor tiene así que comunicar su crédito en el plazo legal (8).

4.2.3

La segunda frustración del acreedor tiene lugar en caso de insuficiencia del activo; en la práctica, es frecuente que en el procedimiento de insolvencia se proponga a los acreedores la elección entre el pago inmediato de su crédito con una quita considerable o el escalonamiento de la deuda durante un determinado período de tiempo.

4.2.4

Por ello lo ideal para el acreedor es prevenir cualquier situación de insolvencia, como por ejemplo asegurando determinadas operaciones durante la celebración del contrato, exigiendo la constitución de garantías por parte de un tercero (9) o bien exigiendo garantías en forma de prendas, pignoraciones o hipotecas sobre los activos de la empresa (10).

4.3.1

Los trabajadores se encuentran en la primera línea de fuego en caso de concurso de su empresa. Sus salarios no siempre han sido abonados antes de la presentación del balance y su situación financiera personal es difícil durante este período de inquietud.

4.3.2

La apertura de un procedimiento de insolvencia conlleva a menudo la elección de un representante de los trabajadores, cuya función es verificar las informaciones relativas a los créditos salariales. Constituye, además de las instancias habituales de representación de los trabajadores en el seno de una empresa, un puente de información entre el personal, el tribunal y los intervinientes en el proceso.

4.3.3

Las cantidades adeudadas a los trabajadores antes de la apertura del procedimiento de insolvencia deben ser incluidas en el pasivo de la empresa. Sin embargo, esta medida de carácter general se encuentra de hecho muy atenuada por las divergencias entre las distintas legislaciones y prácticas nacionales. La falta de armonización relativa al orden de prelación de los créditos hace por tanto que el resultado de los procedimientos de insolvencia sea muy incierto para los trabajadores.

4.3.4

El CESE cree que el trabajador debería estar mejor protegido mediante el reconocimiento del rango de acreedor privilegiado y en este sentido considera que sería útil una armonización europea de su protección.

4.4.1

Las prácticas comerciales de determinadas entidades financieras pueden llevar a sostener empresas cuya situación está irreversiblemente comprometida. Crean así una apariencia de solvencia que perturba la competencia sana en el mercado y enturbia la imagen del sector bancario.

4.4.2

El CESE subraya que la responsabilidad del apoyo abusivo puede también recaer sobre otras personas distintas de los bancos, incluido el Estado. Además, algunos jueces nacionales consideran que determinados proveedores o clientes de la empresa pueden ser tenidos también por responsables cuando, debido a su actitud, apoyan abusivamente la actividad de una empresa que saben está irremediablemente comprometida.

4.4.3

También debería darse a estos parámetros su justo valor a la hora de armonizar el Derecho de la insolvencia empresarial.

4.5.1

La mayoría de las quiebras de empresas se deben a razones objetivas, ajenas a todo comportamiento fraudulento de sus directivos.

4.5.2

Sin embargo no se debe ignorar el fenómeno de las quiebras fraudulentas. La Comisión hace también referencia a ellas en su Comunicación (11), y propone establecer una distinción entre las quiebras «honestas», o no fraudulentas, y las quiebras fraudulentas. Según ella, el incumplimiento voluntario o irresponsable de sus obligaciones legales por parte de un deudor podría acarrear sanciones civiles, o incluso penales. En este sentido, los procedimientos de liquidación de las quiebras no fraudulentas deberían acelerarse.

4.5.3

El CESE está convencido de que sería adecuado armonizar el «período de suspensión de actividad», que debería tener una duración razonablemente breve, especialmente en interés de los trabajadores, pero sigue teniendo dudas respecto de la distinción de los procedimientos en función de la honestidad de los directivos, puesto que ello no haría más que judicializar aún más los procedimientos de insolvencia, les daría un carácter penal y alargaría los plazos de examen.

4.5.4

Esta criminalización del Derecho de la insolvencia no es deseable. Según el CESE, la apreciación del carácter fraudulento de la quiebra debe tener lugar en un procedimiento distinto del procedimiento de insolvencia.

5.1

El CESE celebra la ampliación de ámbito de aplicación del Reglamento para incluir los procedimientos híbridos, las situaciones de preinsolvencia, los procedimientos de condonación de deuda y los procedimientos aplicables a las personas físicas.

5.2

Celebra igualmente la aclaración de las circunstancias en las que es posible desvirtuar la presunción de que el centro de intereses principales de una persona jurídica sea el lugar de su domicilio social.

5.3

Igualmente positiva es la mejora del régimen procesal que determina el ámbito de intervención de la jurisdicción competente para las acciones que se derivan directamente de los procedimientos de insolvencia, o que estén directamente relacionadas con ellos, como es el caso de las acciones revocatorias.

5.4

Forma parte también de la mejora del Reglamento el hecho de que los procedimientos secundarios no sean ya necesariamente procedimientos de liquidación, y que su incoación pueda denegarse cuando no sean necesarios para proteger los intereses de los acreedores locales, así como la ampliación de la cooperación entre el procedimiento principal y el secundario.

5.5

También son ideas interesantes obligar a los Estados miembros a mejorar las reglas de publicidad mediante la publicación de las decisiones judiciales pertinentes sobre asuntos de insolvencia transfronteriza en un registro electrónico de acceso público y la interconexión de los registros nacionales de insolvencia.

5.6

El CESE se pregunta, sin embargo, por la carga, el coste y los plazos de traducción, y recuerda que la rapidez es una condición indispensable para el éxito del procedimiento.

5.7

Por último, celebra que los tribunales y los síndicos estén obligados a cooperar en los procedimientos de insolvencia relativos a los miembros de un mismo grupo de empresas, puesto que ello da a los síndicos los medios para ser más eficaces.

6.1

El CESE se pregunta por la coordinación entre el Reglamento (UE) no 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012 (12), llamado a sustituir al Reglamento (CE) no 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, llamado «Bruselas I». Se pregunta si el sexto considerando de la propuesta de «Reglamento sobre insolvencia» aclara suficientemente el criterio de reparto de competencias que resulta de la jurisprudencia Gourdain (13). En efecto, esta sentencia parece llevar a cabo una interpretación restrictiva, mientras que determinadas acciones regidas por el Reglamento «Bruselas I» son fundamentales para el procedimiento de insolvencia. Por ejemplo, el hecho de que juegue o no la cláusula de reserva de propiedad es fundamental para determinar el alcance del activo del deudor. La cuestión es importante a la vista del objetivo señalado de salvar a las empresas en dificultades, puesto que la reconstitución del activo es la clave del éxito de la recuperación de las empresas en dificultades.

6.2

Respecto de la cooperación entre los síndicos, la Comisión habría podido proponer la modificación del artículo 31, con el fin de estimular más la adopción de acuerdos entre los síndicos. En efecto, las diferencias de los regímenes jurídicos de los síndicos en los Estados miembros son un obstáculo a su cooperación profesional.

6.3

Por lo que se refiere a los intercambios entre los síndicos y los tribunales, éstos deberían referirse fundamentalmente al inventario, al pasivo del deudor, a la declaración y la verificación de los créditos, así como a la resolución colectiva coordinada de los acreedores que figuran en los planes negociados.

6.4

Por último, el CESE subraya que la Comisión pretende recurrir al procedimiento de delegación para modificar los anexos del Reglamento, siendo así que parece tratarse de medidas esenciales, como el concepto de procedimiento concursal o la lista de personas que actúan como síndicos.

7.1

Es necesario armonizar los criterios de insolvencia. En efecto, mientras que en determinados Estados miembros el procedimiento de insolvencia sólo es posible cuando el deudor ha resultado ser insolvente, en otros Estados la insolvencia «probable en un futuro próximo» es un criterio suficiente.

7.2

Estas divergencias favorecen el forum shopping, y deberían por ello ser suprimidas.

7.3

El imperativo de la seguridad jurídica exige también una armonización de las normas relativas a la presentación de los créditos.

8.1

El CESE apoya esta propuesta de la Comisión consistente en un nuevo considerando noveno (14).

8.2

Los considerandos noveno y décimo del «Reglamento sobre insolvencia» de 29 de mayo de 2000 se prestan a ello con facilidad (15).

8.3

No obstante, esta incorporación no debería resultar perjudicial para los deudores particulares. En efecto, un Derecho concebido para las empresas, destinado a satisfacer las exigencias del comercio, es por naturaleza menos protector que el Derecho de los consumidores. El CESE insta así a la Comisión a ser particularmente vigilante a este respecto.

8.4

Insta también a la Comisión a estudiar una armonización del Derecho de la insolvencia de los particulares tomando en consideración de los intereses de los consumidores.

9.1

Las divergencias nacionales respecto de los regímenes jurídicos y las competencias de los síndicos perturban el buen funcionamiento del mercado interior al complicar los procedimientos de insolvencia transfronterizos (16).

9.2

En interés de las empresas, y en el de la recuperación económica, es necesario llevar a cabo lo antes posible una armonización de los aspectos generales relativos tanto a los requisitos como a las competencias y misiones del síndico. El CESE se adhiere igualmente a la recomendación del Parlamento Europeo (17) sobre los elementos de reflexión siguientes:

9.3

La Comisión debería así ir más allá de lo que dispone en el artículo 31 de la propuesta de Reglamento, en el que se limita a respaldar la práctica y a referirse a la cooperación entre el síndico del procedimiento principal y el síndico del procedimiento secundario.

10.1

Favorecer los procedimientos negociados permitiría aumentar la rapidez y la eficacia de los planes de reestructuración de las empresas.

10.2

El plazo medio y la tasa de éxito observados generalmente en la Unión Europea abogan en favor de la adopción de este enfoque.

10.3

Además, el CESE no considera que recurrir sistemáticamente al juez sea necesariamente la mejor solución.

Sostiene por ello la idea de crear nuevas instancias, por ejemplo vinculadas al sector de la economía, cuya composición multidisciplinar (económica, financiera, jurídica) sería una ventaja para actuar rápidamente con el fin de ayudar a las empresas a superar sus dificultades financieras.

10.4

Este sistema ya existe en varios países, y podría generalizarse a otros Estados miembros.

10.5

Por último, sería útil que la Comisión publicase periódicamente estadísticas relativas a los casos de insolvencia sujetas al «Reglamento sobre insolvencia», con el fin de poder evaluar la eficacia del sistema establecido.

—

ámbito de aplicación demasiado restringido,

—

persistencia del foro de conveniencia (forum shopping) debido a una aplicación incoherente del concepto de «centro de intereses principales» del deudor,

—

falta de coordinación entre el procedimiento de insolvencia principal y el procedimiento secundario,

—

vacío jurídico respecto de la insolvencia de los grupos multinacionales,

—

insuficiente publicidad de los procedimientos de insolvencia,

—

la Comisión se apoya en las 134 respuestas dadas a una consulta pública lanzada el 29 de marzo de 2012, en las conclusiones de un estudio de derecho comparado realizado por las universidades de Heidelberg y Viena, así como en una evaluación de impacto que analiza distintos escenarios relativos a las opciones de reforma, para sugerir paliar las cinco carencias antes mencionadas en una propuesta de «Reglamento del Consejo sobre procedimientos de insolvencia».

19.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 271/61

1.1

El CESE considera que la Comunicación objeto del dictamen y los objetivos que persigue merecen una atención y consideración especiales.

1.2

El CESE apoya el propósito de la Comisión de regular de forma más estricta con objeto de introducir una prohibición efectiva y sanciones ejemplares y disuasorias para determinadas prácticas agresivas de venta por parte de las empresas dedicadas a la elaboración de directorios.

1.3

Dado que parece urgente adoptar de inmediato una posición sobre este asunto y habida cuenta de la gravedad e importancia que estas prácticas pueden tener en términos económicos a nivel europeo, el CESE aplaude que la Comisión haya presentado rápidamente una propuesta legislativa centrada exclusivamente en esta cuestión, sobre la base de una evaluación de impacto.

1.4

El CESE considera que en este ámbito debería adoptarse un reglamento marco que pudiera, llegado el caso, desarrollarse mediante actos delegados, ya que de este modo se garantiza una mayor uniformidad y eficacia en su aplicación en los Estados miembros.

1.5

Por su naturaleza, el CESE considera que el fundamento jurídico apropiado no se puede limitar –aunque tampoco las puede excluir– a las disposiciones del Tratado que tienen por objeto la realización del mercado interior y que su ámbito de aplicación no debería circunscribirse a las operaciones transfronterizas.

1.6

Por otro lado, el CESE alerta de la necesidad de tener en cuenta el carácter transeuropeo de muchas de estas prácticas, que requiere una acción coordinada a nivel internacional.

1.7

No obstante, el CESE estima que el mejor método para alcanzar el objetivo de una normativa coherente y sólida en materia de prohibición de prácticas comerciales engañosas sería una revisión conjunta de la Directivas 2006/114/CE y 2005/29/CE, en lo que respecta a las relaciones B2B y B2C, salvaguardando las características específicas de cada tipo de práctica en un molde común; por lo tanto, insta a la Comisión a que emprenda en breve esta revisión.

1.8

El CESE alienta a la Comisión a que desarrolle y haga aplicar las medidas complementarias relativas a la mejora de la información y divulgación, una mayor cooperación entre las autoridades administrativas, las plataformas público-privadas y las organizaciones representativas de las partes interesadas, el perfeccionamiento de los mecanismos de alerta rápida que permitan cortar estas prácticas y la indemnización por los daños y perjuicios causados, en concreto, la creación inmediata de un sistema judicial europeo de acciones colectivas, que lleva anunciándose hace más de treinta años y postergándose una vez tras otra.

1.9

El CESE declara su disponibilidad para que consejeros de los tres grupos de interés que lo componen participen en los trabajos futuros en este ámbito, ya que considera que estos pueden prestar una contribución valiosa con su experiencia como representantes de la sociedad civil organizada especialmente cualificados.

2.1

En el ámbito de las comunicaciones comerciales entre empresas hay reglas fundamentales que deben respetarse imperativamente para no falsear la competencia y que el mercado funcione. Y si no se acatan de manera voluntaria hay que promulgarlas legalmente y obligar a que se apliquen.

2.2

Con esta Comunicación, la Comisión esboza un conjunto de medidas para luchar contra determinadas prácticas comerciales engañosas de empresas publicitarias, en concreto las prácticas engañosas de empresas dedicadas a la elaboración de directorios.

2.3

El objetivo es garantizar una mejor protección para las empresas, especialmente las PYME, sobre todo en relación con la práctica de pedir a una empresa –sin que se haya solicitado ni expresado el deseo de recibir un formulario– que inserte o actualice datos en sus directorios de empresas, en apariencia de forma gratuita, pero por lo que se le cobra posteriormente una suma anual no negociada ni aceptada con anterioridad.

2.4

La Comisión, después de realizar una consulta pública, ha anunciado su intención de reforzar la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, que prohíbe explícitamente prácticas como el hecho de ocultar la intención comercial de una comunicación y, al mismo tiempo, refuerza la aplicación de las normas en situaciones transfronterizas.

2.5

Según la Comunicación, a esto se añaden los siguientes factores:

2.6

La Comisión evalúa que el perjuicio financiero causado por este tipo de prácticas puede estimarse entre 1 000 y 5 000 euros al año por empresa afectada.

3.1.1

El CESE, como ya señaló en un dictamen anterior, reconoce que las comunicaciones comerciales en general y la publicidad en particular, en todas sus formas, desempeñan un papel de gran importancia social y económica, que sintetiza perfectamente la International Advertising Association (IAA), en el que destacan, en particular, la difusión de la innovación, el fomento de la creatividad y el entretenimiento, la promoción de la competencia y el aumento de las posibilidades de elección (1).

3.1.1.1

No obstante, pese a que es cierto que algunas empresa publicitarias abusan en la forma de comercializar sus productos y atraer a los clientes, sería importante que la Comisión destacara que el hecho de que muchas denuncias de prácticas engañosas se refieran a empresas que ejercen esta actividad, ello no significa que la actividad en sí, incluido el caso particular de los directorios, no sea legítima y fundamental para la vida económica de las empresas que los utilizan para hacer publicidad de su negocio.

3.1.2

El CESE reconoce la pertinencia y oportunidad de la Comunicación presentada, pese a que se centra principalmente en los problemas derivados de la captación de clientes para los directorios de la empresa.

3.1.3

Destaca la acertada intención de la Comisión de poner de manifiesto el carácter transfronterizo de este problema y querer garantizar no sólo una reglamentación adecuada, sino también que esta legislación se aplique de forma eficaz y las prácticas puedan ser supervisadas, controladas y sancionadas de forma efectiva.

3.1.4

Lamenta que la Comunicación no haya ido precedida de una auténtica evaluación de impacto que permitiera justificar de forma más sólida las opciones propuestas, cuyos costes y beneficios, además, no se determinan ni evalúan claramente.

3.1.4.1

De hecho, la evaluación de impacto que la Comisión anunció en su reunión con las partes interesadas el 1 de marzo 2013 se antoja una iniciativa tardía y, pese a que aún no se conoce ni su alcance ni su contenido completo, poco concluyente para adoptar una decisión informada.

3.1.5

Por otra parte, desde el punto de vista no sólo de la interpretación jurídica pura, sino también de una protección más eficiente y efectiva de las empresas, el CESE expresa dudas de que el caso que preocupa prioritariamente a la Comisión pueda enmarcarse sin problemas en el ámbito de la directiva que se propone revisar.

3.1.5.1

En efecto, las prácticas analizadas, que constituyen una comunicación comercial en sentido amplio, no son una actividad publicitaria, sino prácticas agresivas y fraudulentas de venta, que deberían clasificarse en un contexto más amplio de prácticas comerciales desleales o abusivas y recaer incluso en la esfera del Derecho penal.

3.1.5.2

En efecto, el concepto de publicidad excluye de su ámbito todo tipo de comunicaciones en las que no exista o no se deduzca el propósito de promover determinados bienes o servicios, o incluso comunicaciones que se producen dentro de una relación comercial y que no estén destinadas a suministrar bienes o servicios nuevos.

3.1.5.3

A su vez, a la luz de la Directiva 2005/29/CE, el concepto de práctica engañosa se define como una práctica comercial desleal si contiene información falsa, carente de veracidad, o que, por cualquier medio, incluida su presentación general, induzca o pueda inducir a error al consumidor medio, aun cuando la información sea objetivamente correcta en relación con uno o más elementos y que, en ambos casos, haga o pueda hacer que el consumidor medio adopte una decisión de transacción que no habría tomado de lo contrario. O sea, la definición de práctica engañosa no se limita a la promoción de productos, sino que pueden incluir situaciones en que no se deduzca el propósito de promocionar un producto o comunicaciones que se producen en el contexto de una relación comercial.

3.1.6

Por otra parte, en el Libro Verde sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario y no alimentario entre empresas en Europa (2), la Comisión advierte, con razón, de los posibles conflictos y de la superposición de una pluralidad de acciones comunitarias, con los mismos destinatarios y regímenes semejantes no articulados, que podrían generar más confusión en la transposición de los actos jurídicos por parte de los Estados miembros (3).

3.1.7

El CESE lamenta que hasta la fecha la Comisión no haya sometido a debate las diversas opciones y que estas apenas hayan sido objeto de consulta pública, habiéndose preferido, en su lugar, elegir una opción que podría resulta menos ventajosa para las empresas, en particular para las PYME. Dado que aparentemente la Comisión ya ha decidido qué opción va a tomar en octubre próximo, tal y como está previsto, parece relativamente inútil la presentación de una evaluación de impacto con cinco opciones cuando la elección ya está hecha desde el principio.

3.1.8

Dado que obviamente es urgente adoptar lo antes posible una posición sobre la cuestión central de los directorios –algo sobre lo que se había insistido en anteriores estudios y resoluciones del PE– y habida cuenta de la gravedad y la importancia estimada de estas prácticas en términos económicos a nivel europeo (4), el CESE acepta que la Comisión presente de inmediato una propuesta legislativa centrada exclusivamente en esta cuestión, sobre todo para evitar que las empresas sean objeto de acoso constante con la amenaza de tener que afrontar una demanda en una jurisdicción extranjera, «costes administrativos» crecientes y llamadas telefónicas continuas por parte de las compañías de cobro de deudas, que asumen casi la forma de amenazas.

3.1.8.1

Sin embargo, su ámbito de aplicación deberá incluir, no sólo a las pymes sino también a los profesionales liberales, las organizaciones no gubernamentales, las bibliotecas, las instituciones educativas privadas e incluso algunos servicios de la administración pública, que han sido objeto de estas prácticas, mediante la ampliación del concepto de «comerciante» para cubrir a todos aquellos que puedan ser objeto de estas prácticas y no estén protegidos por otros instrumentos legislativos.

3.1.9

No obstante, el CESE considera que el enfoque más coherente habría sido ampliar el alcance de las categorías de prácticas comerciales desleales, en su modalidad de acciones agresivas y engañosas, así como la lista negra respectiva que figura en la Directiva 2005/29/CE sobre las relaciones entre las empresas.

3.1.10

Asimismo, la ampliación del ámbito de aplicación de esta Directiva tendría como efecto positivo una mayor garantía de armonización, ya que evitaría que los Estados miembros se vieran obligados a elaborar nuevos textos o actos jurídicos para transponer la Directiva, limitándose únicamente a ampliar el alcance de sus actos internos sobre prácticas comerciales desleales vigentes y asegurando de este modo que la legislación de la UE se aplique de manera correcta (5).

3.1.11

Por otra parte, la simple modificación de la Directiva 2006/114/CE en los términos ambiguos propuestos por la Comisión no garantiza la protección de las pyme en las situaciones a que se refiere la Comunicación. En efecto, además de constituir actos agresivos y engañosos de conformidad con la Directiva 2005/29/CE, estas prácticas se derivan de una relación comercial previamente establecida, por lo que no pueden englobarse bajo el contexto de publicidad.

3.1.12

En este sentido, y sin perjuicio de lo que se afirma en el punto 3.1.8, el CESE aboga por que, en un futuro próximo, la Comisión sopese la posibilidad de recurrir a un enfoque horizontal, que promueva una mayor coherencia en las normas del Derecho de competencia, propiedad intelectual e industrial, a fin de garantizar una protección uniforme de todas las prácticas comerciales tanto en el mercado al por menor como en todas las relaciones contractuales entre profesionales, en línea con la Resolución del Parlamento Europeo sobre un mercado minorista más eficaz y más justo.

3.1.13

Por lo tanto, hace hincapié en la necesidad de una mayor coordinación entre la DG JUST, DG COMP, DG MARKT y DG ENTR como parte de las medidas que deben adoptarse en este ámbito y en futuras propuestas políticas y legislativas, así como en el seguimiento de las prioridades políticas establecidas en la «Small Business Act».

3.1.14

Sin perjuicio de lo anterior, y si la Comisión eligiera otra opción, el CESE subraya la necesidad de que el concepto de prácticas comerciales «más dañinas» se defina en términos concretos y se precise su contenido para entender cuáles son las prácticas comerciales que, a su juicio, merecen una mayor protección en relación con las demás.

3.1.15

Igualmente, el CESE aplaudiría que la Comisión presentara ya una indicación más precisa de la gama de situaciones que deben incluirse en la «lista negra» –cuya existencia aprueba sin reservas– siempre y cuando la descripción de las prácticas que deben considerarse completamente ilegítimas sea lo más precisa y completa posible; para su elaboración la Comisión puede encontrar apoyo suficiente en las respuestas a su encuesta y en las intervenciones de las diversas partes interesadas presentes en la reunión del 1 de marzo 2013 (6).

3.1.16

El CESE considera que en este caso la Comisión debería también considerar la conveniencia de elaborar una lista gris de prácticas que se consideran ilegítimas en ciertas circunstancias específicas, que deberán determinarse caso por caso mediante la intervención de un juez.

3.1.17

Asimismo, el CESE considera que, más allá de meras listas, será necesario reforzar y aclarar los conceptos de las prácticas de publicidad engañosa o de publicidad comparativa ilícita, a fin de lograr un tratamiento sistemático en un marco jurídico amplio que garantice que las nuevas prácticas desleales queden recogidas en la legislación revisada.

3.1.18

El CESE, no obstante lo que se señala en el punto 3.1.8, estima que el marco jurídico de la Directiva 2005/29/CE deberá ampliarse a su debido tiempo, sobre todo en lo que se refiere a la equiparación o extensión –tal y como siempre ha defendido– de la protección de los consumidores existente a determinadas microempresas y pequeñas empresas, en condiciones que deberán definirse con precisión y rigor, cuando su situación sea comparable, como ya sucede en el ordenamiento jurídico de algunos Estados miembros y como reclaman justamente las asociaciones y organizaciones representativas de estas empresas (7).

3.1.19

En efecto, el CESE considera que se trata de dos vertientes de una misma realidad común y que reportaría muchas ventajas que, debido a su interconexión y complementariedad (8), la revisión de la Directiva 2005/29/CE se llevara a cabo de manera simultánea y paralela a la revisión de la Directiva 2006/114/CE, sobre la base de la reciente revisión de la primera Directiva (9).

3.1.20

La naturaleza de estas prácticas y la forma en que operan las empresas transgresoras demuestra la necesidad de un mecanismo judicial de acción colectiva que pueda garantizar una respuesta eficaz y una mayor protección de los profesionales en la resolución de los conflictos que puedan producirse, con objeto no sólo de acabar con estas prácticas (10) sino también de garantizar una indemnización adecuada por los daños causados.

3.2.1

El CESE considera que la Comisión debería aclarar la base jurídica sobre la que pretende fundamentar las medidas, sobre todo, si se trata únicamente de las que sustentan la realización del mercado interior u otras también.

3.2.2

Asimismo, el CESE considera que el instrumento jurídico más adecuado para este propósito es el reglamento, ya que garantiza una mayor seguridad jurídica y una armonización más eficaz.

4.1

En cuanto al calendario propuesto, el CESE acoge favorablemente las etapas definidas por la Comisión, a saber, crear de inmediato una red ad hoc de autoridades para mejorar la aplicación de la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa y establecer un intercambio de información.

4.2

También acoge con satisfacción la creación de un procedimiento de cooperación en materia de aplicación de las normas, de manera similar al previsto en el Reglamento n. o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores, introduciendo de este modo para los Estados miembros una obligación de asistencia recíproca o medidas de identificación de las autoridades encargadas de la aplicación de la legislación, sin excluir por ello las opciones que ofrecen las plataformas público-privadas, como es el caso en Holanda, y la ampliación de la cooperación con organizaciones representativas de las partes interesadas.

4.3

Propone por tanto, y siguiendo el ejemplo de lo que ocurre en el contexto de la protección de los consumidores (11) y la resolución de conflictos, que se cree una red europea de apoyo a las PYME para resolver conflictos transfronterizos, a fin de encaminar a las empresas víctimas del fraude hacia los mecanismos legales más adecuados.

4.4

También cree que deben intensificarse las acciones de formación e información, así como el intercambio de buenas prácticas, que deberán destinarse a todas las empresas a fin de alertarlas sobre los peligros de estas prácticas.

4.5

Por otra parte, y dado que la mayoría de las prácticas engañosas se producen en el contexto digital, el CESE considera necesario impulsar un enfoque más firme y adecuado de protección de las PYME, teniendo en cuenta las prácticas de los proveedores de servicios intermediarios de Internet y las relaciones contractuales derivadas de plataformas como E-Bay o plataformas diseñadas específicamente para las transacciones comerciales entre los profesionales.

4.6

Señala que la Comisión deberá tener en cuenta la dimensión internacional de estas prácticas en el marco de su misión de representación en la OCDE (12). Se anima a la UE y sus Estados miembros a que debatan con la OCDE la extensión del ámbito de aplicación de sus «Directrices para proteger a los consumidores de las prácticas comerciales fraudulentas transfronterizas» con el fin de incluir las relaciones entre empresas.

El CESE propone que Europol ponga en marcha un proyecto de investigación sobre el fraude mediante envíos masivos de mensajes en la UE para determinar la magnitud de los daños económicos y el número de víctimas; el papel que desempeñan los principales agentes transfronterizos y la posible inversión de los beneficios obtenidos de este modo para financiar otras actividades o negocios ilícitos.

4.7

Por último, el CESE llama la atención sobre la necesidad de que la Comisión conceda la dotación financiera indispensable para concretar las medidas propuestas.