31.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 251/1

—

Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, segundo párrafo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979,

—

Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (1),

—

Visto el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 1949,

—

Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los posteriores documentos finales aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas sobre Beijing +5 (2000), Beijing +10 (2005) y Beijing +15 (2010),

—

Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), aprobado por el Consejo Europeo en marzo de 2011 (2),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2010, titulada «Un compromiso reforzado a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Una carta de la Mujer» (COM(2010)0078),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 11 de febrero de 2011, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea - 2010 (SEC(2011)0193),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),

—

Visto el Informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales sobre homofobia, transfobia y discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género (2010),

—

Visto el paquete de medidas de la UE para protección de las víctimas, formado por la Comunicación de la Comisión, de 18 de mayo de 2011, titulada «Refuerzo de los derechos de las víctimas en la UE» (COM(2011)0274), la propuesta de la Comisión de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (COM(2011)0275) y la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil (COM(2011)0276),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020 - Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Visto el Informe de la Comisión de 3 de octubre de 2008, titulado «Consecución de los objetivos de Barcelona sobre las estructuras de cuidado de los niños en edad preescolar» (COM(2008)0638),

—

Vista la Directiva del Consejo 2004/113/CE por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro y la sentencia dictada sobre esta materia en el asunto «Test Achat» (C-236/09) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 1 de marzo de 2011 (3),

—

Vista su Resolución, de 13 de octubre de 2005, sobre mujeres y pobreza en la Unión Europea (4),

—

Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2009, sobre la no discriminación basada en el sexo y la solidaridad entre las generaciones (5),

—

Vistas su Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009 (6), y su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea – 2010 (7),

—

Vista su Resolución, de 6 de julio de 2011, sobre las mujeres y la dirección de las empresas (8),

—

Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres (9),

—

Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre el rostro de la pobreza femenina en la Unión Europea (10),

—

Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género de la recesión económica y la crisis financiera (11),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el Informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0041/2012),

A.

Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la Unión Europea, consagrado en el Tratado de la Unión Europea; que la Unión ha asumido como propia la tarea específica de integrar el principio de la igualdad entre hombres y mujeres en todas sus actividades; y que, pese a los avances graduales realizados en este ámbito, son muchas las desigualdades que persisten entre hombres y mujeres;

B.

Considerando que, en época de crisis económica, el refuerzo de la posición de las mujeres en el mercado laboral y de su independencia económica no es solo un imperativo moral sino, también, una necesidad económica; que la Estrategia Europa 2020 incluye como objetivo principal alcanzar una tasa de empleo del 75 % para mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años;

C.

Considerando que la futura competitividad y prosperidad económicas de Europa dependen fundamentalmente de su capacidad de utilizar plenamente sus recursos de mano de obra, lo que incluye una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral; que una de las prioridades de la Estrategia Europa 2020 reside en conseguir que aumente el número de mujeres que trabajan, a fin de poder alcanzar una tasa de empleo femenino del 75 % antes de 2020; que, comparativamente, hay más mujeres que hombres con empleos a tiempo parcial o con contratos de duración determinada y que, por lo tanto, es más fácil que pierdan sus empleos en períodos de crisis, así como que se corre el riesgo de que la recesión actual retrase o, incluso, invierta los avances realizados hacia la igualdad de género; así como que, no obstante, las oportunidades laborales a tiempo parcial en algunos casos y durante determinados periodos pueden tener repercusiones favorables sobre los hombres y las mujeres y ayudarles a conciliar la vida laboral con la vida familiar y privada;

D.

Considerando que el objetivo de igualdad de género implica una mejor representación política de las mujeres; que la representación de las mujeres en la toma de decisiones políticas no ha experimentado ninguna mejora lineal en los últimos años pues el equilibrio de género en los Parlamentos nacionales en la UE no ha cambiado, ya que las mujeres ocupan el 24 % y los hombres el 76 % de los escaños; que el porcentaje de escaños ocupados por mujeres en los Parlamentos de algunos de los Estados miembros no supera el 15 %; y que las mujeres no ocupan más que el 23 % del total de puestos ministeriales; así como que en la segunda mitad de la legislatura 2009-2014 ha disminuido el número de vicepresidentas del Parlamento Europeo;

E.

Considerando que, en un principio, la crisis económica ha afectado, en particular, al empleo masculino, pero que se espera que los recortes del gasto público tengan un impacto desproporcionado en el empleo y en el diferencial salarial de las mujeres, ya que hay muchas más mujeres que hombres trabajando en el sector público; que los sectores particularmente críticos en los que predominan las mujeres son el sanitario, la enseñanza y el de los cuidados sociales; que es importante prestar atención no sólo a las tasas de empleo sino, también, a que se garanticen la igualdad en el marco de las condiciones y de la calidad de empleo, incluidas las oportunidades profesionales y salariales;

F.

Considerando que la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sicológica, representa una traba de primer orden a la igualdad entre mujeres y hombres, supone una violación de los derechos fundamentales de las mujeres, y sigue siendo el tipo de violación más extendida de los derechos humanos en la UE a pesar de las medidas adoptadas por los dirigentes políticos para luchar contra ella; que la recesión económica favorece el aumento de la violencia en el marco de las relaciones íntimas, y que las medidas de austeridad que afectan a los servicios de apoyo dejan a las mujeres víctimas de la violencia en una situación más vulnerable de lo habitual;

G.

Considerando que demógrafos y economistas (Banco Mundial, OCDE, FMI) utilizan modelos económicos y matemáticos para poner de manifiesto el valor económico de las tareas domésticas –desempeñadas principalmente por mujeres – y que la contribución de las mujeres al PIB sería incluso mayor si se tuviera en cuenta el trabajo no remunerado, lo que demuestra la discriminación de la que es objeto el trabajo de las mujeres;

H.

Considerando que los recortes presupuestarios en servicios sociales, como los de atención infantil, dificultan en mayor medida la participación de la mujer en el mercado laboral;

I.

Considerando que el acceso a los servicios de atención infantil y de asistencia a las personas mayores y a las personas dependientes es esencial para lograr una participación en igualdad de condiciones de las mujeres y de los hombres en el mercado laboral, la educación y la formación; considerando que las personas que dispensan cuidados a domicilio siguen siendo objeto de discriminaciones dado que sus años de trabajo siguen sin tenerse en cuenta para el cálculo de las pensiones de jubilación y otros beneficios;

J.

Considerando que 2012 es el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Entre Generaciones y que hay que poner de relieve que en los últimos años de sus vidas más mujeres que hombres viven en hogares unipersonales debido a que su esperanza de vida es mayor;

K.

Considerando que el Parlamento Europeo adoptó en octubre de 2011 su posición con respecto a la propuesta de una nueva Directiva relativa al permiso de maternidad, por la que amplía dicho permiso a 20 semanas con salario completo y establece, asimismo, un permiso de paternidad remunerado de un mínimo de dos semanas;

L.

Considerando que la crisis bancaria limita de manera importante el acceso al capital, problema que probablemente afecte de modo desproporcionado a las mujeres empresarias, ya que las mujeres trabajan cada vez más frecuentemente por cuenta propia para conciliar mejor su actividad profesional y la vida familiar;

M.

Considerando que la recogida y análisis de datos desglosados por género resulta primordial para la materialización de la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea;

N.

Considerando que los avances hacia el logro de la igualdad de género han sido terriblemente lentos, en particular en lo que se refiere a la igualdad económica; y que los dirigentes políticos deben dejar de limitarse a hacer declaraciones biensonantes sobre la igualdad y convertirla en una de sus prioridades de sus estrategias económicas;

O.

Considerando que las diferencias salariales entre mujeres y hombres siguen siendo muy importantes (en algunos casos superan el 25 %) y que, pese a los esfuerzos y los avances, la brecha salarial no se está reduciendo sino que, por el contrario, se encuentra en una fase de estancamiento;

P.

Considerando que las tasas de empleo son inferiores en las zonas rurales y, que, además, una gran cantidad de mujeres no figura en el mercado laboral oficial y, por lo tanto, no están registradas como desempleadas ni incluidas en las estadísticas de desempleo lo que ocasiona problemas financieros y jurídicos específicos en relación con el derecho al permiso por maternidad y a las bajas por enfermedad, la adquisición de derechos de pensión y el acceso a la seguridad social, así como problemas en caso de divorcio; considerando que las zonas rurales resultan perjudicadas por la falta de oportunidades de empleo de alta calidad;

Q.

Considerando que, por término medio, en la Unión Europea tres de cada diez hogares albergan a una sola persona, y que en la mayoría de los casos se trata de mujeres, en particular ancianas, y que este porcentaje está en aumento; considerando que estos hogares son los más vulnerables y los que corren más riesgo de pobreza, en particular en períodos de situación económica adversa; que en la mayoría de los Estados miembros los hogares unipersonales reciben un trato desfavorable, tanto en términos absolutos como en términos relativos, en los ámbitos de la fiscalidad, la seguridad social, la vivienda, la atención sanitaria, los seguros y las pensiones; así como que las políticas aplicadas por los organismos públicos no deben penalizar a quienes viven solos, de forma voluntaria o involuntaria;

R.

Considerando que el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer son derechos humanos y deberían garantizarse a todas las mujeres, con independencia de su estatus social, edad, orientación sexual u origen étnico;

S.

Considerando que muchas mujeres, como las mujeres con discapacidad, las mujeres con hijos y con personas de edad avanzada y discapacitadas a cargo, las mujeres de minorías étnicas y, en particular, las mujeres romaníes y las inmigrantes, sufren una discriminación múltiple y multisectorial y que son más vulnerables a la exclusión social, a la pobreza y a violaciones extremas de los derechos humanos;

T.

Considerando que las familias de la Unión Europea tienen distintas estructuras y se componen de progenitores casados, no casados y de parejas de hecho, progenitores de igual o distinto sexo, familias monoparentales y adoptivas que merecen la misma protección de conformidad con la legislación nacional y la legislación de la Unión;

U.

Considerando que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el asunto «Test Achat» demuestra la necesidad de que se adopten disposiciones legislativas claras, precisas e inequívocas en materia de igualdad de género;

V.

Considerando que la brecha de género es menor antes de la constitución de las familias y que aumenta cuando se forman las parejas; que se registra una caída en la tasa de empleo de las mujeres con el nacimiento del primer hijo y que las desventajas en el mercado laboral se acumulan en las fases más tempranas del ciclo vital de los menores, y que se asocian al cuidado de los niños, lo que se transforma, en una fase más tardía, en el cuidado de personas de edad avanzada, lo que a menudo desemboca en la pobreza, a pesar de tener un empleo;

W.

Considerando que las acciones positivas hacia las mujeres han demostrado ser fundamentales para su plena incorporación al mercado laboral y a la sociedad en general;

X.

Considerando que las mujeres de las zonas rurales son víctimas de un mayor grado de discriminación y de estereotipos de género que las mujeres de las zonas urbanas, y que la tasa de empleo de estas mujeres es mucho más baja que la de las mujeres que residen en las ciudades;

Y.

Considerando que las mujeres y las niñas son las principales víctimas del tráfico de personas;

1.

Solicita a los Estados miembros que velen por que sus leyes de matrimonio, divorcio y regímenes matrimoniales no presenten ni directa ni indirectamente «trampas» económicas para los cónyuges, en particular para las mujeres, y que se aseguren de que las parejas que deseen contraer matrimonio dispongan de toda la información, dentro de un plazo adecuado, sobre las consecuencias legales y económicas del matrimonio y el divorcio;

2.

Solicita a los Estados miembros que inviertan en instalaciones asequibles desde el punto de vista económico y de alta calidad para el cuidado de los niños, de las personas enfermas, de las personas con discapacidad, de edad avanzada y de las demás personas dependientes, y que velen por que tengan horarios flexibles y sean accesibles de modo que el mayor número de personas posible pueda combinar la vida profesional y la vida privada; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los hombres y las mujeres que estén a cargo del cuidado de niños o de personas de edad avanzada reciban reconocimiento mediante la concesión a estas personas de derechos individuales en relación con la seguridad social y las pensiones; pide a los interlocutores sociales que presenten iniciativas concretas para validar las competencias adquiridas durante los permisos de ausencia debido a la prestación de cuidados;

3.

Pide a los Estados miembros que adopten medidas para establecer sistemas de seguridad social personalizados con el propósito de aumentar la autonomía personal de la mujer y su posición en la sociedad;

4.

Pone de relieve la importancia que reviste desarrollar el concepto jurídico de propiedad compartida con el fin de garantizar el pleno reconocimiento de los derechos de la mujer en el sector agrícola, una protección adecuada en el ámbito de la seguridad social y el reconocimiento del trabajo de las mujeres, así como la necesidad de modificar el Reglamento del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para, tal y como ocurre en el marco del Fondo Social Europeo (FSE), poder llevar a cabo acciones positivas en favor de las mujeres en el futuro periodo de programación 2014-2020, teniendo en cuenta que esto era posible en periodos anteriores pero que no es posible en el presente, y que estas medidas tendrán efectos muy beneficiosos sobre el empleo femenino en el medio rural;

5.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren propuestas para el reconocimiento mutuo de las uniones civiles de personas y de las familias formadas por personas del mismo sexo en toda Europa entre los países que ya disponen de la necesaria legislación en la materia, a fin de garantizar la igualdad de trato en los ámbitos del trabajo, la libre circulación, la fiscalidad y la seguridad social, así como la protección de la renta de las familias y de los niños;

6.

Acoge favorablemente la adopción de la Directiva 2010/41/UE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma y pide a los Estados miembros que garanticen su plena y oportuna aplicación;

7.

Lamenta la aplicación de definiciones restrictivas del término «familia» por parte de algunos Estados miembros con el objeto de negar una protección jurídica a las parejas del mismo sexo y a sus hijos; recuerda que el Derecho de la UE se aplica sin discriminación alguna basada en el género o la orientación sexual, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

8.

Subraya que una consolidación fiscal que no tenga en cuenta la igualdad de género puede provocar un aumento de la segregación de género en el mercado laboral, un aumento del trabajo precario entre las mujeres, un diferencial retributivo todavía mayor entre hombres y mujeres, un aumento en la feminización de la pobreza y más dificultades para combinar el trabajo y la prestación de cuidados;

9.

Solicita al Consejo que respalde la posición del Parlamento Europeo con respecto a la modificación de la Directiva sobre el permiso de maternidad, en particular en lo que respecta a la retribución de las mujeres que han dado a luz recientemente, con el fin de asegurar la continuidad de la independencia económica de la mujer durante este periodo;

10.

Pide a los Estados miembros que promuevan activamente y que vigilen estrechamente la aplicación del Acuerdo marco de los agentes sociales en materia de permiso por paternidad, en particular en lo que respecta al periodo no transferible, y que se aseguren de eliminar todas las barreras para aumentar la tasa de participación de los hombres;

11.

Subraya que los ingresos y el empleo remunerado y de calidad de las mujeres constituyen la clave para su autonomía económica y para una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el conjunto de la sociedad;

12.

Solicita a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que incluyan a las trabajadoras, en particular, en las medidas de formación y de formación profesional en relación con los «puestos de trabajo ecológicos», considerados por la Comisión Europea como un «segmento clave de crecimiento» del mercado laboral europeo;

13.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen y eliminen las barreras que impiden la (re)inserción en el mercado laboral y en los empleos por cuenta propia de las mujeres de etnia romaní y, además, que haga debidamente hincapié en el papel que desempeña la mujer en la emancipación económica de las comunidades romaníes marginadas y en la creación de empresas;

14.

Pide que se emprendan acciones a nivel nacional y europeo para fomentar el espíritu empresarial de las mujeres mediante la creación de estructuras de formación y de asesoramiento profesional y jurídico y facilitando el acceso a la financiación pública y privada;

15.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen las repercusiones de la crisis económica y financiera desde la perspectiva de la dimensión del género por medio de evaluaciones de impacto sobre la igualdad de género y medidas presupuestarias posteriores que tengan en cuenta esta dimensión de género;

16.

Pide a los Estados miembros que inviertan las actuales asignaciones de los Fondos Estructurales del periodo 2007-2013 en el desarrollo de servicios asistenciales que permitan tanto a hombres como a mujeres conciliar la vida profesional con la privada;

17.

Toma nota de que, a pesar de las innumerables campañas, objetivos y medidas de los últimos años, el diferencial retributivo entre hombres y mujeres sigue siendo muy importante y que las mujeres en la UE tienen unos ingresos que son, por término medio, inferiores en un 17,5 % a los de los hombres, así como que no se ha registrado sino una reducción marginal del diferencial retributivo entre los géneros en los últimos años; solicita a los Estados miembros que multipliquen sus esfuerzos para aplicar la normativa europea en vigor con el fin de reducir este diferencial;

18.

Aboga por una estrategia diversificada por parte de las instituciones europeas, los Estados miembros y los interlocutores sociales que aborde todas las causas de la desigualdad salarial persistente entre hombres y mujeres, que incluya un objetivo europeo en materia de igualdad de remuneración para reducir en un 10 % el diferencial retributivo en cada Estado miembro para garantizar el mismo salario a las mujeres y a los hombres por el mismo trabajo y con las mismas cualificaciones, y acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea de celebrar un Día Europeo de la Igualdad Salarial; lamenta que la Comisión no haya presentado ninguna propuesta legislativa desde la aprobación de la Resolución del Parlamento Europeo del 18 de noviembre de 2008 y de sus recomendaciones;

19.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que adopten medidas adecuadas para reducir las diferencias entre las pensiones de los hombres y de las mujeres como consecuencia directa de las diferencias de retribución entre hombres y mujeres, y que evalúen el impacto de los nuevos sistemas de pensiones en las diferentes categorías de mujeres, prestando particular atención a los contratos a tiempo parcial y atípicos;

20.

Insta a los Estados miembros a que adopten medidas específicas que garanticen que las personas que ocupan puestos de trabajo de carácter social reciban una mejor consideración y una evaluación financiera más equitativa; considera que el trabajo en los sectores de la educación y de los cuidados debe ser equiparado en términos económicos a otras ocupaciones profesionales y que no debería derivarse ninguna desventaja financiera del hecho de que hombres y mujeres opten por ejercer actividades en el sector social;

21.

Expresa su preocupación por que la crisis económica y los recortes presupuestarios puedan exacerbar el problema, ya que las mujeres se verán afectadas de forma desproporcionada, y solicita a los Gobiernos de los Estados miembros y a los interlocutores sociales que preparen un plan de acción y objetivos concretos y ambiciosos;

22.

Pide a los Estados miembros que aprovechen mejor las capacidades de las mujeres inmigrantes altamente cualificadas y que les proporcionen acceso a la educación y a la formación, incluyendo cursos de idiomas, a fin de evitar que pierdan cualificaciones y garantizar la igualdad de oportunidades en materia de empleo y la promoción de la integración de la población inmigrante; solicita a los Estados miembros que presten atención a la adopción de medidas destinadas a las mujeres migrantes y anima a que se consulte a las ONG y a las organizaciones de mujeres inmigrantes sobre las políticas y medidas orientadas hacia su integración social;

23.

Manifiesta su preocupación por las normativas vigentes en algunos Estados miembros que no prohíben expresamente la posibilidad de que las mujeres presenten dimisiones firmadas con antelación a los empleadores en el momento de la contratación con objeto de eludir la legislación relativa a la protección de la maternidad;

24.

Considera que la participación activa y la plena inclusión de las mujeres en el mercado laboral europeo no solamente resultan positivas para las empresas, sino que también benefician a la economía y la sociedad en su conjunto, además de tratarse de una cuestión de derechos fundamentales y democracia: señala que las mujeres representan el 60 % de los nuevos titulados universitarios, pero que siguen infrarrepresentadas en los puestos decisorios de la economía;

25.

Critica el hecho de que los proyectos de recuperación económica se sigan centrando principalmente en los sectores laborales con presencia mayoritaria masculina; solicita a los Estados miembros y a la Comisión Europea que aborden la cuestión relativa a la igualdad de género de forma coherente cuando apliquen la Estrategia Europa 2020 y los programas nacionales de reforma, y que concedan la máxima prioridad al examen de las barreras que impiden la participación de las mujeres en el mercado laboral, haciendo especial hincapié en las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes y las pertenecientes a las minorías étnicas, las mujeres con edades comprendidas entre los 54 y los 65 años y las mujeres de etnia romaní; señala que las mujeres y los hombres deben poder acceder a formas flexibles de empleo, como el teletrabajo, para poder conciliar con éxito la vida laboral y la familiar y para alcanzar la independencia económica; observa que las mujeres se encuentran infrarrepresentadas en los sectores de probable expansión, como el de las energías renovables, y en los puestos de trabajo de carácter científico y en aquellos con un uso elevado de tecnología, y solicita, por consiguiente, al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren políticas en materia de creación de empleo que aborden la representación equilibrada de los hombres y de las mujeres en estos sectores nuevos;

26.

Insta a que se apoyen las campañas e iniciativas que rompan los estereotipos relativos a la escasa eficacia de las mujeres en el trabajo y a su incapacidad para el mando; exhorta a apoyar a las mujeres que se encuentren en su desarrollo profesional y en sus esfuerzos para ocupar puestos directivos;

27.

Lamenta la falta de progresos con relación al incremento del número de mujeres en los consejos de administración de las empresas, como se demuestra en el Informe de 2012 de la Comisión Europea sobre las mujeres en la toma de decisiones económicas; toma nota de que, en la UE, por término medio, solo hay un 13 % de mujeres entre los directivos de las principales empresas cotizadas en Bolsa y que solamente un 3 % de los puestos de dirección están ocupados por mujeres;

28.

Pide a la Comisión que presente en el plazo más breve posible datos globales actuales sobre la representación femenina en todos los tipos de empresas de la UE y sobre las medidas vinculantes y no vinculantes adoptadas por el sector empresarial y las adoptadas recientemente por los Estados miembros con miras a incrementar dicha representación; constata que, según el Informe de la Comisión sobre las mujeres en la toma de decisiones económicas, las medidas adoptadas por las empresas y por los Estados miembros son inadecuadas; acoge con satisfacción la anunciada consulta sobre medidas destinadas a mejorar el equilibrio de género en la toma de decisiones económicas; manifiesta, no obstante, su decepción por que la Comisión Europea no esté adoptando medidas legislativas urgentes, como se había comprometido a hacer en caso de que no se cumplieran los objetivos; considera que, debido a los escasos progresos realizados en 2011, se deben adoptar medidas más concretas que una mera consulta; reitera, por lo tanto, su llamamiento de 2011 para que se presenten en 2012 propuestas legislativas que incluyan la introducción de cuotas con el fin de aumentar la representación femenina en los órganos de gestión de las empresas hasta el 30 % en 2015 y el 40 % en 2020, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las responsabilidades de los Estados miembros y sus peculiaridades económicas, estructurales (es decir, relacionadas con el tamaño de las empresas), jurídicas y regionales;

29.

Insiste en la necesidad de que los Estados miembros adopten medidas, en particular por la vía legislativa, que fijen objetivos vinculantes para garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad de las empresas, la administración pública y los órganos políticos; remite a los éxitos registrados en Noruega, España, Alemania, Italia y Francia;

30.

Recuerda que las elecciones europeas de 2014, seguidas del nombramiento de la próxima Comisión Europea y de las designaciones de los altos cargos administrativos en el seno de las instituciones europeas, constituyen una oportunidad para avanzar hacia una democracia paritaria a escala de la UE;

31.

Solicita a los Estados miembros que respalden la paridad proponiendo a un hombre y a una mujer como sus candidatos para el cargo de Comisario; pide al Presidente designado de la Comisión que tenga en cuenta el objetivo de la paridad al formar la Comisión; solicita a la Comisión que apoye públicamente este procedimiento;

32.

Señala que la utilización de cuotas electorales tiene efectos positivos para la representación de las mujeres y acoge favorablemente los sistemas de paridad y cuotas de género integrados en la legislación de Francia, España, Bélgica, Eslovenia, Portugal y Polonia; solicita a los Estados miembros con una representación especialmente baja de mujeres en las asambleas de carácter político que se planteen la adopción de medidas equivalentes;

33.

Acoge favorablemente el significativo aumento del número mujeres que presiden comisiones parlamentarias y del número de diputadas al Parlamento Europeo en la legislatura 2009-2014, pero lamenta que haya descendido el número de vicepresidentas del PE durante la segunda mitad de la legislatura; propone, por consiguiente, la adopción de medidas para alcanzar un equilibrio de género absoluto en lo que respecta al cargo de vicepresidente;

34.

Solicita a los Estados miembros que promuevan la capacidad emprendedora de las mujeres y que proporcionen apoyo financiero, orientación profesional y formación con el fin de alentar a las mujeres a crear sus propias empresas;

35.

Insta a la Comisión a que incluya la violencia y el acoso de carácter homofóbico y transfóbico en sus programas de acción contra la violencia por motivos de género;

36.

Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados tanto a nivel comunitario como a nivel nacional para luchar contra la violencia de la que son objeto las mujeres, los hombres y los niños, como la Orden Europea de Detención, la Directiva relativa a la prevención y a la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, y el paquete legislativo destinado a reforzar los derechos de las víctimas en la UE, si bien pone de relieve que este fenómeno sigue constituyendo un importante problema pendiente de solución; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que adopten y apliquen políticas de lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidos todos los tipos de abuso sexual, físico y sicológico, la violencia doméstica, el acoso y la necesidad de incluir la lucha contra la violencia por razón de género en las políticas exterior y de cooperación al desarrollo de la UE; destaca la necesidad de evaluar el alcance real del problema de la violencia por razón de género en la UE; toma nota de todo el trabajo que deberá realizar en este ámbito el Observatorio Europeo contra la Violencia de Género y solicita, en este contexto, que dicho Observatorio sea operativo en el plazo más breve posible;

37.

Reitera la necesidad de que la Comisión presente una estrategia de la UE para poner fin a la violencia contra la mujer, que incluya un instrumento jurídico de Derecho penal para luchar contra la violencia por razón de género tal y como ha solicitado el Parlamento en distintas resoluciones; solicita a la Comisión que declare el año 2015 como Año Europeo para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;

38.

Invita a los Estados miembros a que establezcan programas informativos sobre el acoso y la violencia sicológica en el lugar de trabajo de modo que las mujeres que son objeto de estos fenómenos puedan adoptar medidas eficaces para luchar contra ellos;

39.

Define la violencia doméstica como aquella que incluye cualquier tipo de abuso sexual, físico y psicológico; señala que la violencia de género cada año causa numerosas víctimas mortales en la UE; solicita, en este contexto, que se adopten medidas adecuadas de modo que la violencia de género se aborde como un asunto de seguridad pública no como una cuestión doméstica de índole privada, y como una violación de los derechos humanos fundamentales, garantizando, entre otras cosas, el acceso a formas de prevención, a la protección jurídica y a la asistencia, también con respecto al acoso insistente;

40.

Expresa su satisfacción por la reciente aprobación de la Directiva sobre la orden europea de protección, cuyo objetivo es proteger, entre otros, a las víctimas de la violencia de género, e invita a los Estados miembros a acometer su pronta incorporación al Derecho nacional a fin de permitir el funcionamiento adecuado de la orden europea de protección;

41.

Hace referencia, en este contexto, al paquete de medidas de la UE para protección de las víctimas; solicita a los Estados miembros que incluyan en este paquete medidas y recursos específicos para luchar contra toda forma de violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, la violencia sexual, el acoso, los denominados asesinatos de honor, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y otras formas de violencia y violación de los derechos de la persona;

42.

Insta a los Estados miembros a que desarrollen programas psicológicos y de rehabilitación destinados a los autores de abusos físicos, lo que disminuiría el índice de estos abusos; hace referencia, además, a un incremento de los comportamientos agresivos entre las jóvenes;

43.

Solicita a la Comisión que cumpla su compromiso de integrar la igualdad de género en el Sistema Europeo Común de Asilo;

44.

Hace hincapié en la importancia de que los Estados miembros y las autoridades regionales y locales adopten medidas destinadas a ayudar, a través de instrumentos como el FSE o el Programa PROGRESS, a la reinserción en el mercado laboral de las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género;

45.

Destaca que la mejora de la independencia social y económica, así como la autonomía en materia de salud sexual y reproductiva y la libertad de elegir pareja, son requisitos importantes para luchar contra la violencia;

46.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan la dimensión de género en el ámbito de la salud como elemento fundamental de las políticas sanitarias de la UE, y que redoblen sus esfuerzos para adoptar una estrategia dual que integre los factores relacionados con la edad y el género y medidas específicas en relación con el género en las políticas sanitarias nacionales y comunitarias;

47.

Reitera su posición sobre los derechos en materia de salud sexual y reproductiva expuesta en sus Resoluciones de 10 de febrero de 2010 y 8 de marzo de 2011 sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea – 2009 y 2010; expresa su preocupación, en este contexto, con respecto a los recientes recortes en los fondos destinados a la planificación familiar y a la educación sexual así como en lo que se refiere a las restricciones al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en algunos Estados miembros, en particular en relación con la protección del embarazo y de la maternidad y al aborto seguro y legal; pone de relieve que todas las mujeres deben tener el control sobre sus derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso a métodos anticonceptivos asequibles y de calidad;

48.

Expresa su preocupación ante la incidencia creciente del VIH/sida y de otras enfermedades de transmisión sexual, en particular entre las mujeres; señala que el 45 % de los nuevos casos de contagio por el VIH corresponde a mujeres jóvenes y niñas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años; insta, por ello, a la Comisión a que en su estrategia de lucha contra el VIH/sida ponga más énfasis en la prevención y a que, con la inclusión de la educación sexual, el acceso gratuito a preservativos y a pruebas de VIH, aumente la concienciación general del peligro que suponen las enfermedades de transmisión sexual y reduzca el número de nuevos casos de infecciones por VIH;

49.

Solicita que se celebre un debate a nivel europeo y de los Estados miembros sobre como luchar contra los estereotipos relacionados con los papeles respectivos de las mujeres y de los hombres; destaca, a este respecto, la importancia de promover la representación de la imagen femenina de modo que respete la dignidad de las mujeres así como de luchar contra los estereotipos de género persistentes, en particular el predominio de imágenes degradantes, respetando la libertad de expresión y de prensa;

50.

Pide a la UE y a sus Estados miembros que, como elemento del requisito en materia de incorporación de la dimensión de género en todas sus políticas, presten una atención especial a las mujeres con necesidades específicas;

51.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que presten especial atención a los grupos de mujeres vulnerables: las mujeres con discapacidad, de edad avanzada, con escasa o ninguna formación, con personas dependientes a su cargo, inmigrantes o pertenecientes a minorías, ya que todos ellos constituyen grupos específicos en cuyo nombre deben adoptarse medidas adaptadas a sus condiciones;

52.

Pide a los organismos nacionales, regionales y locales competentes en materia de igualdad que introduzcan enfoques integrados para mejorar su respuesta frente a los casos de discriminación múltiple y la gestión de los mismos; insiste, también, en que estos organismos ofrezcan a los jueces, juristas y al personal en general una formación que les permita identificar, prevenir y gestionar las situaciones de discriminación múltiple;

53.

Pide que los derechos humanos de las mujeres y la capacidad para ejercitarlos eficazmente reciban la máxima prioridad en las políticas exteriores de la UE; pide, asimismo, que se aplique la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas;

54.

Si bien celebra los avances hacia una mayor democracia y más libertad en los países de la orilla sur del Mediterráneo, expresa su preocupación ante la posibilidad de que los derechos de las mujeres resulten menoscabados como consecuencia de la Primavera árabe; solicita a la Comisión que elabore medidas específicas en favor de la igualdad de género en esos países;

55.

Lamenta que en algunas partes del mundo se utilice aún la violación como arma bélica; pide a la Unión Europea que, a través del Servicio Europeo de Acción Exterior, incluya este fenómeno como una prioridad en su programa político;

56.

Señala que la población mundial ha llegado este año a los 7 000 millones de personas; expresa su convicción de que la planificación familiar debe tener la máxima prioridad del programa político;

57.

Expresa su preocupación ante la lentitud de los avances hacia la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en particular el ODM 5: «Mejorar la salud materna», y ante el grado de retraso registrado en relación con la realización del objetivo relativo a la reducción en tres cuartos de la mortalidad infantil, así como que falta mucho para alcanzar el objetivo relativo a un acceso universal a la salud reproductiva en el año 2015; observa que aproximadamente 1 000 mujeres siguen muriendo cada día por complicaciones durante el embarazo o el parto que son totalmente evitables;

58.

Insta a los dirigentes políticos y religiosos a que hagan pesar públicamente toda su influencia en favor del ODM 5 y a que apoyen los servicios modernos de salud sexual y reproductiva;

59.

Pide a los Estados miembros que mantengan su apoyo político y financiero a los ODM y asimismo que redoblen sus esfuerzos por lograr el ODM 5, a pesar de la actual crisis económica;

60.

Acoge con satisfacción la reciente decisión de las Naciones Unidas de declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña por considerar que se trate de una forma decidida que destaca las particulares necesidades y derechos de las niñas y aboga por más acciones e inversiones que permitan a las niñas alcanzar su máximo potencial en consonancia con las normas y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

61.

Recuerda a la Comisión Europea y a los Estados miembros su compromiso de aplicar la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 sobre la mujer, la paz y la seguridad, e insta a que la prestación de ayuda humanitaria por parte de la UE sea realmente independiente de las restricciones en materia de ayuda humanitaria impuestas por los EE. UU., garantizando, en concreto, el acceso al aborto a las mujeres y niñas víctimas de violaciones en los conflictos armados;

62.

Pide a la próxima presidencia del Consejo que desbloquee la Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, con miras a su aprobación durante la Presidencia danesa;

63.

Solicita a la Comisión Europea que cumpla con la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Plan de Acción de Estocolmo;

64.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta las implicaciones de la sentencia en el asunto «Test Achat» en la futura legislación a fin de mejorar la seguridad jurídica, en concreto y con carácter urgente en relación con la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro;

65.

Solicita al Consejo que, en el marco de las negociaciones en curso sobre el marco financiero plurianual 2014-2020 de la UE, introduzca iniciativas presupuestarias específicas en relación con las cuestiones de género en el proceso presupuestario de la UE, que garantice la predictibilidad y que no se produzca ninguna reducción del nivel de financiación de la UE destinado a actividades relacionadas con los derechos de la mujer y la igualdad de género, incluida la lucha contra la violencia hacia la mujer, relacionadas tanto con políticas internas como externas;

66.

Lamenta la falta de avances por parte de los Estados miembros en relación con la elaboración de planes de modernización de la legislación relativa al permiso por maternidad y el permiso por paternidad y pide que se alcance un compromiso equilibrado con la próxima Presidencia danesa de la UE con miras a su adopción en el primer semestre de 2012 para atender a las necesidades de las familias europeas y de la economía europea; solicita a la Comisión que presente propuestas de disposiciones en materia de licencia para el cuidado de familiares de edad avanzada o enfermos;

67.

Pide a la Comisión que presente una comunicación exhaustiva sobre la situación de los hogares unipersonales en la UE, que incluya propuestas políticas para alcanzar la igualdad de trato en ámbitos como la fiscalidad, la seguridad social, la vivienda, la asistencia sanitaria, los seguros y las pensiones, sobre la base del principio de neutralidad respecto de la composición del hogar;

68.

Solicita a la Comisión y los Estados miembros que recaben, analicen y publiquen datos estadísticos fidedignos desglosados por sexo e indicadores cualitativos de género a fin de poder evaluar y actualizar debidamente la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015) de la Comisión, así como que examinen el carácter transversal de la igualdad de género en todas las políticas;

69.

Reitera su petición a la Comisión de que elabore un programa de trabajo en materia de igualdad para las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) análogo al programa de trabajo sobre la igualdad de género;

70.

Expresa su profunda preocupación ante las noticias recogidas en los medios de comunicación sobre víctimas del tráfico de seres humanos que son tratadas como delincuentes en lugar de recibir apoyo y solicita a la Comisión que investigue el trato dado en los Estados miembros a las víctimas del tráfico de seres humanos, de la esclavitud sexual y de la prostitución forzada;

71.

Pide que se preste atención a la situación de los mecanismos institucionales relacionados con la igualdad de género en los Estados miembros, de manera que la crisis económica, las reformas en curso y otras medidas de reestructuración no tengan un impacto particularmente negativo en esos mecanismos, sin los cuales es poco probable que la prioridad horizontal de la igualdad entre hombres y mujeres resulte eficaz dada la especificidad de su gestión;

72.

Pone de relieve la necesidad de mejorar los tipos de colaboración y de participación de las organizaciones de mujeres, y de la sociedad civil en su conjunto, en los procesos de integración de la perspectiva de género;

73.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

31.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 251/11

—

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 2 y su artículo 3, apartado 3,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 21 y 23,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas, de 1979, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

—

Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los posteriores documentos finales aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas sobre Beijing+5 (2000), Beijing +10 (2005) y Beijing +15 (2010),

—

Vistas las conclusiones acordadas por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 2006 sobre la igualdad de la participación de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles,

—

Vistas las Conclusiones 1997/2 sobre las esferas de especial preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing 1996-1999, aprobadas por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,

—

Vista la Resolución A/RES/58/142 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación de la mujer en la política, y la Resolución A/C.3/66/L.20/Rev.1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas III sobre la participación de la mujer en la política, aprobada el 18 de noviembre de 2011,

—

Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), aprobado por el Consejo Europeo en marzo de 2011 (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),

—

Vista la Decisión de la Comisión, de 19 de junio de 2000, relativa al equilibrio entre hombres y mujeres en los comités y los grupos de expertos creados por la Comisión (2),

—

Vista la Recomendación no 96/694/CE del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión (3),

—

Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y públicas, adoptada el 12 de marzo de 2003, y los resultados de las dos rondas de seguimiento de los avances realizados en la aplicación de esta Recomendación Rec (2002)3, que se basaron en un cuestionario sobre datos desglosados por género relativo a la participación de mujeres y hombres en los procesos decisorios políticos y públicos, cumplimentado en 2005 y 2008, respectivamente,

—

Vista la Resolución (PACE) 1079 (1996) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el aumento de la representación de las mujeres en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, su Recomendación 1413 (1999) sobre la igualdad de representación en la vida política, su Resolución 1348 (2003) sobre la representación equilibrada entre hombres y mujeres en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, así como su Recomendación 1665 (2004) sobre la participación de las mujeres en las elecciones y su Resolución 303 (2010) sobre la consecución de igualdad de género sostenible en la vida política a nivel local y regional,

—

Vista la Resolución 85 (1999) del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, su Recomendación 68 (1999) sobre la participación de las mujeres en la vida política de las regiones de Europa y su Recomendación 111 (2002) sobre los distintos derechos de voto y obligaciones democráticas de las mujeres,

—

Vista la Declaración sobre la participación de las mujeres en las elecciones, aprobada por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho («Comisión de Venecia»),

—

Visto el manual preparado por la Dirección General de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa (abril de 2009) sobre la aplicación práctica de una perspectiva de género en el procedimiento presupuestario,

—

Vista la Recomendación 1899(2010) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el aumento de la representación de las mujeres en la política por medio del sistema electoral, adoptada el 27 de enero de 2010,

—

Vista su Resolución, de 2 de marzo de 2000, sobre las mujeres y la toma de decisiones (4),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el Informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0029/2012),

A.

Considerando que existe un desequilibrio en la participación de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones en los ámbitos político y público, así como una clara insuficiencia en la representación de las mujeres en los cargos políticos, tanto electivos como designados a escala de la Unión Europea y de sus Estados miembros; considerando alarmante la infrarrepresentación de las mujeres en las elecciones al Parlamento Europeo a mitad de mandato;

B.

Considerando que la participación de las mujeres en los procesos decisorios políticos y los métodos, las estrategias, así como las actitudes y los instrumentos culturales para luchar contra las discrepancias varían considerablemente en el plano nacional dentro de la UE y entre sus Estados miembros, partidos políticos e interlocutores sociales;

C.

Considerando que la representación de las mujeres en el Parlamento Europeo ha aumentado al 35 %, pero no ha alcanzado aún la paridad; considerando que las mujeres tienen aún menos representación en los puestos directivos de las comisiones parlamentarias y los grupos políticos; considerando que la representación de las mujeres en la Comisión Europea se ha estancado en una tercera parte y que la Comisión nunca ha estado presidida por una mujer;

D.

Considerando que, según las estadísticas y a pesar de la gran cantidad de medidas adoptadas, prevalece la falta de paridad; que en los últimos años se ha estancado la representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas, en lugar de experimentar una mejora lineal; que no se han modificado las cuotas de representación en los Parlamentos nacionales de la UE, en los que las mujeres ocupan el 24 % y los hombres el 76 % de los escaños, y que las mujeres representan solo el 23 % en el número total de ministros (5);

E.

Considerando que actualmente se aplica de hecho un sistema informal de cuotas, que favorece a los hombres en detrimento de las mujeres y en el que los hombres eligen hombres para puestos de toma de decisiones, lo que no constituye un sistema oficializado, pero sí una cultura sistemática y muy arraigada en la realidad de conceder un trato positivo a los hombres;

F.

Considerando que la representación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas es una cuestión de derechos humanos y justicia social, y un requisito crucial para el funcionamiento de una sociedad democrática; considerando que la persistente subrepresentación de la mujer constituye un déficit democrático que socava la legitimidad de los procesos decisorios a nivel tanto nacional como de la UE;

G.

Considerando que los procesos decisorios se basan en procedimientos administrativos y que, por tanto, el número de mujeres en puestos administrativos, en particular puestos directivos, es una cuestión de igualdad y garantiza que se tenga en cuenta la perspectiva de género a la hora de preparar todas las políticas;

H.

Considerando que las elecciones europeas que se celebrarán en 2014, seguidas por la próxima Comisión Europea y los nombramientos a los «principales puestos» de la UE, constituyen una oportunidad para avanzar hacia la democracia basada en la paridad en la UE y para que la UE sea un modelo en este ámbito;

I.

Considerando que en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se afirma, entre otras cosas, que los Estados Partes deben adoptar todas las medidas apropiadas, incluidas medidas positivas, para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública;

J.

Considerando que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomienda:

K.

Considerando que la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing sobre las mujeres en el poder y en la toma de decisiones ponen de relieve que la participación equitativa es una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de las mujeres y que se requiere para consolidar la democracia y promover su correcto funcionamiento; considerando que reafirman igualmente que la participación activa de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres en todos los niveles de los procesos decisorios es esencial para alcanzar la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia;

L.

Considerando que, debido a los persistentes estereotipos de género, se mantiene una grave segregación en posiciones clave de toma de decisiones políticas, con una mayor asignación a las mujeres de tareas en ámbitos relacionados con la atención y la distribución tales como la sanidad, la protección social y el medio ambiente, mientras que a los hombres se encomiendan tareas con poder y vinculadas a los recursos como son los asuntos económicos y monetarios, el comercio, el presupuesto, la defensa y los asuntos exteriores, lo que distorsiona la estructura de poder y la asignación de recursos;

M.

Considerando que los partidos políticos, a los que incumbe la responsabilidad de seleccionar, clasificar y nombrar a candidatos para puestos directivos, desempeñan un papel central a la hora de garantizar la igualdad de representación entre mujeres y hombres en la política y que, por consiguiente, deben respaldar buenas prácticas, como las cuotas voluntarias de partido para las elecciones, como las que han introducido algunos partidos políticos en trece Estados miembros de la UE;

N.

Considerando que el estudio elaborado por el Banco Mundial en 1999 sobre corrupción y mujeres en el gobierno concluye que hay niveles más bajos de corrupción gubernamental cuando existen niveles más altos de participación femenina porque, de acuerdo con las conclusiones de esta investigación, las mujeres cuentan con estándares más altos de comportamiento ético y demuestran estar más preocupadas por el «bien común»;

O.

Considerando que se requieren estrategias globales y diversificadas, consistentes en medidas no vinculantes, como los objetivos y las cuotas voluntarias de partido, medidas de facilitación, como la educación en materia de género, las tutorías y las campañas de sensibilización, así como medidas jurídicamente vinculantes, como las cuotas electorales de género, teniendo en cuenta que las medidas que han demostrado la mayor eficacia para lograr el equilibrio de género en la política son las medidas jurídicamente vinculantes, compatibles con el sistema institucional y electoral y que impliquen normas de orden de clasificación, seguimiento y sanciones eficaces en caso de incumplimiento;

P.

Considerando que el acceso de las mujeres a la financiación de las campañas electorales a menudo es más restringido, debido a la discriminación dentro de los partidos políticos, a la exclusión de las mujeres de las redes que cuentan con recursos de financiación y a que sus ingresos y ahorros son más bajos;

Q.

Considerando que los procedimientos de los sistemas electorales, e instituciones y partidos políticos desempeñan un papel decisivo y tienen graves repercusiones en la eficacia de las estrategias aplicadas y en el grado de equilibrio de género logrado en la política;

R.

Considerando que la participación y el liderazgo de la mujer en los procesos de toma de decisiones políticas siguen afrontando distintos obstáculos como la falta de condiciones favorables y de apoyo en las instituciones políticas y en las estructuras de protección social, la persistencia de estereotipos de género, así como las consecuencias de la reciente crisis económica y sus repercusiones negativas en las cuestiones relacionadas con la igualdad de género;

S.

Considerando que el bajo nivel de participación de las mujeres en los procesos decisorios y la gobernanza puede atribuirse en gran medida a los problemas para conciliar la vida laboral con la familiar, al reparto desigual de las responsabilidades familiares que incumben en gran medida a las mujeres, y a la persistente discriminación en el trabajo y la formación profesional;

1.

Insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que elaboren y apliquen políticas eficaces en materia de igualdad de género y estrategias múltiples para alcanzar la paridad en la participación en los procesos de toma de decisiones políticas y el liderazgo en todos los niveles, especialmente en los ámbitos de las políticas macroeconómica, comercial, laboral, presupuestaria, de defensa y de relaciones exteriores, a que evalúen su impacto y lo difundan al público por medio de los indicadores de igualdad adecuados, a que establezcan objetivos cuantificados, planes de acción claros y mecanismos de supervisión periódica, seguidos de acciones legales correctivas vinculantes cuando no se alcancen los objetivos en el plazo establecido;

2.

Acoge con satisfacción los sistemas de paridad y cuotas de género adoptados para los procesos electorales en algunos Estados miembros; pide a los Estados miembros que estudien la posibilidad de introducir medidas legislativas, tales como medidas de acción positiva, que favorezcan la paridad y garanticen la eficiencia de estas medidas, cuando sean compatibles con el sistema electoral y cuando los partidos políticos estén a cargo de la composición de las listas electorales, mediante sistemas de «cremallera», seguimiento y sanciones eficaces, con el fin de facilitar una participación más equilibrada de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones políticas;

3.

Insta asimismo al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen la paridad a todos los niveles difundiendo claros mensajes en contra de la discriminación, empleando recursos adecuados, utilizando instrumentos específicos y promoviendo la formación necesaria de los funcionarios públicos encargados de introducir la perspectiva de género en los presupuestos;

4.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que presten especial atención a los programas educativos en materia de género destinados a la sociedad civil y a los jóvenes en particular, comenzando desde una edad temprana, y reconocer que los derechos de las mujeres son derechos humanos y la paridad es esencial en la vida política;

5.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un compromiso al que se adhieran todos los partidos políticos, tanto a escala europea como nacional y regional, para adoptar medidas destinadas a promover la participación e implicación activa de las mujeres en la vida política y en las elecciones, a alcanzar la paridad real en los procesos internos de toma de decisiones, en sus designaciones para cargos electivos y en las listas electorales de los partidos mediante la introducción de cuotas, cuando ello sea compatible con el sistema electoral y cuando los partidos políticos estén a cargo de la composición de las listas electorales, y para prestar atención a la posición de las mujeres en dichas listas;

6.

Reconoce el papel de los partidos políticos como factores clave en el fomento de la paridad de género; pide, por tanto, a los Estados miembros que, cuando ello sea compatible con el sistema electoral y cuando los partidos políticos estén a cargo de la composición de las listas electorales, exijan que los partidos nacionales introduzcan y apliquen sistemas de cuotas y otros tipos de acción positiva, que apliquen normas en el orden de rango de las listas de candidatos en las elecciones regionales, nacionales y de la Unión Europea y que impongan sanciones efectivas en caso de no observancia; pide a los Estados miembros que establezcan y vinculen objetivos basados en la paridad entre los sexos para los partidos políticos como una condición previa para la financiación;

7.

Pide a los partidos políticos de toda Europa que introduzcan un sistema de cuotas para las listas de candidatos a los órganos de los partidos y las elecciones, cuando ello sea compatible con el sistema electoral y cuando los partidos políticos estén a cargo de la composición de las listas electorales, especialmente en lo que se refiere a las elecciones europeas de 2014; considera que el procedimiento para elaborar las listas electorales mediante el cual las candidatas alternan con los candidatos en el primer puesto de las listas es el mejor medio para mejorar la participación de las mujeres en la política;

8.

Destaca la necesidad de adoptar medidas concretas destinadas a lograr la paridad en los cargos electivos en los Parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo (como los de presidente, vicepresidentes y presidentes y vicepresidentes de comisión), por ejemplo estableciendo un objetivo del 50 % en la representación de hombres y las mujeres en cada uno de estos cargos;

9.

Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de fomentar la participación de las mujeres en las próximas elecciones europeas mediante los programas financieros «Derechos fundamentales y ciudadanía» y «Europa con los ciudadanos»; pide a la Comisión que garantice en sus programas de trabajo anuales pertinentes que se dispone de suficientes fondos en el período 2013-2014 para financiar, entre otras cosas, campañas de sensibilización adecuadas en los medios de comunicación que fomenten la elección de mujeres y garanticen que los partidos y organizaciones de la sociedad civil nacionales puedan acceder fácilmente a esta financiación para iniciativas de proyectos destinados a aumentar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones;

10.

Pide a la Comisión que fomente y financie las acciones relacionadas con el fomento de la paridad en los cargos y las actividades políticas relativos a la toma de decisiones en la programación del próximo período de financiación (2014-2020) para los programas mencionados o sus sucesores, así como en la planificación de las acciones previstas para el Año Europeo de los Ciudadanos 2013;

11.

Pide a la Comisión que emprenda campañas dirigidas a fomentar la paridad en las listas electorales para el Parlamento Europeo al menos dos años antes de cada convocatoria electoral y que anime a los Estados miembros a ejecutar acciones análogas en sus elecciones locales y regionales;

12.

Pide a los Estados miembros que apoyen la paridad proponiendo a una mujer y a un hombre como candidatos para el cargo de comisario de la Unión Europea; pide al Presidente de la Comisión que tome medidas para lograr la paridad en la formación del Colegio de Comisarios; pide a la Comisión que apoye públicamente este procedimiento; recuerda que el Parlamento debe prestar particular atención al equilibrio de género en este procedimiento y reitera la importancia de tener en cuenta la igualdad de la representación entre hombres y mujeres a la hora de aprobar la formación de la nueva Comisión, de conformidad con el artículo 106 del Reglamento;

13.

Pide a la Comisión y al Consejo que se comprometan a cumplir el objetivo de la paridad en todos sus órganos de decisión, mediante el establecimiento y aplicación de sistemas de cuotas y otros tipos de medidas positivas, en la contratación de funcionarios de alto nivel; pide a los gobiernos nacionales que nombren a mujeres y a hombres en los altos cargos de la Unión Europea;

14.

Toma nota del compromiso de la Comisión, manifestado en su Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, de supervisar el progreso hacia el objetivo del 40 % de miembros de un determinado sexo en sus comités y grupos de expertos, y pide a las instituciones, los organismos y las agencias de la UE que emprendan acciones concretas y establezcan estrategias dirigidas a lograr una participación equilibrada en los procesos de toma de decisiones;

15.

Pide a los Estados miembros que promuevan las medidas de acción positiva, incluidas las medidas legislativas vinculantes, con el fin de garantizar la paridad en todos los órganos de gobierno y nombramientos públicos, y que desarrollen instrumentos de seguimiento de género de los nombramientos y las elecciones;

16.

Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen medidas de acción positiva, como el trato preferencial, cuando uno de los sexos esté infrarrepresentado;

17.

Pide a los Estados miembros que aporten transparencia a los procedimientos de selección para el nombramiento de hombres y mujeres en los órganos de toma de decisiones, incluso mediante solicitudes públicas de currículos y de una selección basada en los méritos, las competencias y la representatividad;

18.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las medidas de apoyo a las organizaciones de mujeres, entre otras cosas brindándoles una financiación adecuada y creando plataformas para la cooperación y la organización de campañas de género en los procesos electorales;

19.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan las redes de mujeres y fomenten la tutoría, la formación adecuada y el intercambio de buenas prácticas y programas, haciendo especial hincapié en la responsabilización política de las mujeres en el inicio de sus carreras;

20.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aseguren el acceso de las mujeres —si fuera necesario, mediante un trato preferencial— a la formación sobre el liderazgo y a los puestos directivos como parte de la promoción en la carrera, con el fin de mejorar las habilidades y la experiencia de las mujeres en estos cargos;

21.

Reconoce a los demás agentes como una parte importante del amplio proceso democrático y por ello pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan y apoyen los esfuerzos de las organizaciones empresariales y los sindicatos, del sector privado, las organizaciones no gubernamentales y todas las organizaciones que forman parte normalmente de los consejos asesores relacionados con los gobiernos, con el fin de lograr la igualdad de las mujeres y los hombres en sus escalafones, incluyendo una participación igual en la toma de decisiones;

22.

Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten la participación activa de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones políticas mediante la promoción de la conciliación y del equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral, adoptando medidas como el reparto equitativo de los costes de la paternidad entre los empresarios de ambos progenitores y garantizando servicios accesibles y adecuados, por ejemplo atención a la infancia y las personas mayores, y pide a la Comisión que apoye el acceso equitativo a los servicios, la renta mínima y la eliminación de la violencia de género elaborando las propuestas legislativas correspondientes en forma de directivas;

23.

Recuerda la importancia que revisten el trato preferente y las medidas especiales en la promoción de la representación en la toma de decisiones de personas de diferentes orígenes y de grupos desfavorecidos, como las personas con discapacidad, las mujeres migrantes y los miembros de minorías étnicas y sexuales;

24.

Toma nota de la importancia que tienen los medios de comunicación y de educación para fomentar la participación de las mujeres en política y para reformar actitudes sociales; subraya la importancia de incrementar la sensibilización de los medios de comunicación, en particular de las emisoras públicas, de la necesidad de garantizar una cobertura equitativa y equilibrada de los candidatos y las candidatas durante las elecciones y de hacer un seguimiento de los medios de comunicación para identificar sesgos de género y medios para corregirlos y, de este modo, promover los esfuerzos para eliminar los estereotipos y estimular la presentación de imágenes positivas de las mujeres que ocupan puestos directivos, incluidas las mujeres en la política como modelos de comportamiento, en los niveles nacional, regional y europeo;

25.

Insta a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión a que fomenten las buenas prácticas y su intercambio, con el fin de contribuir al equilibrio de género en los cargos relacionados con la toma de decisiones, reforzando el cometido y aumentando los recursos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) y facilitando la cooperación con las organizaciones no gubernamentales de mujeres;

26.

Solicita a los Estados miembros y a la Comisión que recopilen, analicen y difundan datos desglosados por sexos para fines de seguimiento de la igualdad de género en los procesos de toma de decisiones en todos los sectores (público y privado) y a todos los niveles jerárquicos, y como base para adoptar nuevas medidas si no se cumplen los objetivos, contando especialmente, si procede, con la participación del EIGE; insta a la Comisión a proseguir la recopilación y la difusión de datos comparables a nivel de la Unión Europea por medio de su base de datos sobre las mujeres y los hombres en cargos relevantes para la toma de decisiones, y le pide que haga evolucionar este observatorio hacia un mapa europeo sobre equilibrio de género que recoja las variaciones anuales experimentadas a nivel de la UE, estatal y regional en materia de equilibrio de género sobre la base de indicadores comunes; considera que este mapa debería al menos recoger:

27.

Pide a la Comisión que presente un informe anual a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento Europeo sobre los avances de la igualdad de género en los procesos decisorios de la Unión Europea;

28.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen el impacto que tienen los diversos sistemas electorales de escala nacional, local y europea en el equilibrio de la representación de las mujeres, así como las medidas y buenas prácticas aplicadas a distintos niveles;

29.

Recuerda su solicitud en favor de la paridad de género en todos los niveles en el nombramiento de los miembros del personal del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE); pide al SEAE que fomente la participación de las mujeres en la toma de decisiones en las relaciones exteriores de la Unión Europea y que vele por que todas las delegaciones que representen a la UE respeten el principio de paridad de género en su composición, y por que exista un equilibro en los turnos de palabra asignados a las mujeres y los hombres en estos contextos; señala que es necesario aumentar el número de mujeres que actúan como mediadoras y principales negociadoras en procesos destinados a la observación de situaciones respecto de los derechos humanos y prevención de la corrupción, así como en otros procesos de negociación, como las negociaciones relativas al comercio internacional y al medio ambiente;

30.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que brinden una asistencia financiera y técnica adecuada a los programas especiales dirigidos a mejorar la participación de las mujeres en los procesos electorales mediante la formación, la educación cívica y la movilización de los medios de comunicación, así como la participación de las ONG locales, además de la financiación de programas de educación general que promuevan la concienciación cívica de género, la eliminación de los estereotipos de género y los sesgos «integrados» contra las mujeres;

31.

Pide a la Comisión y al SEAE que adopten medidas dirigidas a promover la representación equilibrada de las mujeres en todos los niveles de la vida política de organizaciones multinacionales, como las Naciones Unidas, los gobiernos y los parlamentos nacionales, así como a nivel regional y local y en las autoridades locales, y a que aumenten su cooperación con otros actores a escala internacional, como ONU-Mujeres y la Unión Interparlamentaria con el fin de fomentar estos objetivos;

32.

Pide a sus departamentos políticos que velen por que las notas informativas destinadas a las delegaciones siempre incluyan una perspectiva de género y destaquen los temas de importancia para la igualdad de género;

33.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

31.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 251/18

—

Vistos los artículos 4, 54, 151 a 154 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista la Recomendación 193 de la OIT, de 3 de junio de 2002, sobre el apoyo a las cooperativas,

—

Visto el Reglamento del Consejo (CE) no 2157/2001, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (1),

—

Visto el Reglamento del Consejo (CE) no 1435/2003, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) (2),

—

Vista la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (3),

—

Vista la Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2004, sobre el fomento de las cooperativas en Europa (COM(2004)0018),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de octubre de 2010, «Hacia un Acta del Mercado Único – Por una economía social de mercado altamente competitiva – cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos» (COM(2010)0608),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010, titulada «Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado Único – Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza - 'Juntos por un nuevo crecimiento'» (COM(2011)0206,

—

Visto el informe de síntesis sobre la Directiva 2003/72/CE por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (5),

—

Visto el estudio sobre la aplicación del Reglamento del Consejo (CE) no 1435/2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) (6),

—

Visto el Año Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas (7),

—

Visto el informe de la OIT titulado «Capacidad de recuperación del modelo empresarial cooperativo en tiempos de crisis» (8),

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Distintos tipos de empresa» (9),

—

Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social (10),

—

Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre la aplicación de la Directiva 2002/14/CE por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (11),

—

Vista su Resolución, de 5 de junio de 2003, relativa a un marco para la participación financiera de los trabajadores (12),

—

Visto el informe de la Comisión, de 16 de septiembre de 2010, sobre la revisión de la Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (COM(2010)0481),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0432/2011),

A.

Considerando que las empresas cooperativas promueven los intereses de sus miembros y usuarios y aportan soluciones a los retos de la sociedad, a la vez que intentan aumentar los beneficios para sus miembros y asegurar su existencia a través de una política empresarial sostenible a largo plazo, así como orientar su estrategia empresarial de acuerdo con el bienestar de sus clientes, trabajadores y miembros en toda la región;

B.

Considerando que las empresas cooperativas, por su propia naturaleza, están estructuralmente vinculadas a la zona en la que radican, y, por tanto, tienen un importante papel para acelerar el desarrollo local, que es un factor decisivo para generar una verdadera cohesión social, económica y territorial; considerando que en las empresas cooperativas tiene fundamental importancia la financiación de la formación permanente en los ámbitos de la responsabilidad social y el espíritu emprendedor, aspectos que no están plenamente cubiertos por otros instrumentos de participación social;

C.

Considerando que en las empresas cooperativas debe prevalecer la participación de los socios, y que este hecho debe reflejarse en la gobernanza y en la estructura de propiedad de la cooperativa;

D.

Considerando que las cooperativas son un pilar importante de la economía europea y un factor clave para la innovación social, y que, en particular, mantienen las infraestructuras y los servicios de proximidad en las zonas rurales y en las aglomeraciones urbanas; y que en Europa hay 160 000 cooperativas, cuya propiedad está en manos de una cuarta parte de los ciudadanos europeos, que dan trabajo a unos 5,4 millones de trabajadores;

E.

Considerando que las cooperativas compiten con empresas impulsadas por los inversores en muchos ámbitos económicos, que las cooperativas tienen un poder económico considerable en los mercados mundializados, y que es frecuente que incluso las cooperativas multinacionales sigan vinculadas a las necesidades locales;

F.

Considerando que los bancos cooperativos han demostrado un gran nivel de sostenibilidad y resistencia durante la crisis financiera, gracias a su modelo de empresa cooperativa; que, gracias a su modelo empresarial, las cooperativas aumentaron el volumen de negocios y el crecimiento durante la crisis, con menos quiebras y despidos; que las empresas cooperativas también ofrecen empleo de alta calidad, incluyente y resistente a la crisis, a menudo con tasas elevadas de empleo femenino y migrante, y que contribuyen al desarrollo económico y social sostenible de los territorios, al ofrecer empleo local y no deslocalizable; que las cooperativas pueden considerarse como un enfoque de éxito y moderno de la economía social y que pueden contribuir a crear perspectivas profesionales en forma de empleos seguros, y permitir que los trabajadores organicen su vida de forma flexible en su lugar de origen, en particular en el medio rural;

G.

Considerando que la crisis económica y financiera ha demostrado que no puede responderse a la cuestión del atractivo de una forma jurídica desde el único punto de vista de los accionistas; que hay que señalar que las empresas, en tanto que organizaciones sociales, tienen responsabilidades con respecto a los accionistas, los trabajadores, los acreedores y la sociedad, y que ello debe tenerse en cuenta en estas evaluaciones;

H.

Considerando que la legislación relativa a las cooperativas y la participación de los empleados varía sustancialmente en el seno de la UE;

I.

Considerando que el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE) es hasta ahora la única forma legal de economía social disponible en la UE, tras la retirada de las propuestas de la Comisión de una Asociación Europea y de una Sociedad Mutual Europea en 2003 y dado que el Estatuto de la Fundación Europea está todavía en fase de desarrollo;

J.

Considerando que la adopción de un Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea tiene el objetivo de alentar el desarrollo del mercado interior, al facilitar la actividad de este tipo de empresas a escala de la UE;

K.

Considerando que el Estatuto de la SCE es un hito en el reconocimiento del modelo empresarial cooperativo a escala de la UE, también en aquellos Estados miembros en los que el concepto de cooperativas estaba desacreditado por razones históricas;

L.

Considerando que en las SCE la participación transnacional de los trabajadores, en particular en lo que se refiere al derecho de participación en los consejos de administración, es una baza importante;

M.

Considerando que la Estrategia UE 2020 se dirige hacia una economía basada en un elevado nivel de empleo y que proporcione cohesión económica, social y territorial, y que ello incluye una sólida economía social;

N.

Considerando que la declaración por parte de las Naciones Unidas de 2012 como Año Internacional de las Cooperativas ofrece una excelente oportunidad para promover el modelo empresarial cooperativo;

1.

Recuerda que las cooperativas y otras empresas de economía social son parte del modelo social europeo y del mercado único y, por lo tanto, merecen reconocimiento y apoyo, según lo previsto en las constituciones de algunos Estados miembros y en diversos documentos clave de la UE;

2.

Recuerda que las cooperativas podrían constituir un paso más en la consecución del mercado interior de la UE, dirigiéndose a reducir los obstáculos transfronterizos y reforzar su competividad;

3.

Señala que el Reglamento (CE) no 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) (en adelante el Estatuto) y la Directiva 2003/72/CE del Consejo por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (en adelante la Directiva) están estrechamente relacionados entre sí;

4.

Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión COM(2012)0072; celebra la intención de la Comisión de simplificar el Estatuto de la SCE, reforzando a la vez los elementos específicos de las cooperativas, así como que esta simplificación vaya a ir acompañada de una consulta a las partes interesadas; pide que en este proceso se tenga en cuenta la posición del Parlamento sobre la SCE;

5.

Observa con pesar que la SCE aún no ha tenido éxito debido a su escasa utilización - hasta el año 2010 sólo se habían establecido 17 SCE, con un total de 32 empleados (13); subraya que estas reducidas cifras demuestran que el Estatuto no es adecuado para las circunstancias específicas de las empresas cooperativas en Europa, a pesar de que muchos emprendedores habían manifestado su interés por crear una SCE; acoge con satisfacción que se haya realizado una evaluación en profundidad del Estatuto, con el fin de determinar las causas de su falta de atractivo y de que su impacto haya sido tan limitado, y qué puede hacerse para superar la falta de experiencia en su aplicación y otros obstáculos;

6.

Señala que la utilización de la SCE se limita a menudo a las cooperativas de segundo grado integradas solamente por personas jurídicas, es decir, mutualidades, que carecen de un estatuto europeo pero que desean utilizar un estatuto jurídico asociado a la economía social, y grandes empresa; señala que el acceso a la SCE sigue siendo difícil para las pequeñas empresas cooperativas, que siguen constituyendo la mayor parte del movimiento cooperativo en Europa;

7.

Acoge con satisfacción el hecho de que las disposiciones sobre la participación de los trabajadores se consideren un elemento fundamental de la SCE; no obstante, señala que dichas disposiciones deberían satisfacer los requisitos relacionados con la naturaleza específica de las cooperativas;

8.

Señala que algunos Estados miembros no han transpuesto algunos artículos de la Directiva relativa a los derechos de participación de los trabajadores, incluidas disposiciones específicas en materia de género, y que esto ha ocasionado una serie de deficiencias en relación con el control y la aplicación de los procedimientos para la participación de los trabajadores, y subraya la necesidad de solucionar esto para impedir que pueda abusarse de la SCE; lamenta que las normas de referencia sobre la participación de los trabajadores en los órganos de administración no consideren obligatoria la participación de los trabajadores;

9.

Expresa, no obstante, su satisfacción por el hecho de que algunos Estados miembros no sólo han transpuesto correctamente la Directiva sino que han ido más allá de las exigencias de la misma;

10.

Pide, no obstante, a la Comisión que haga un estrecho seguimiento de la aplicación de la Directiva 2003/72/CE con el fin de evitar su utilización abusiva para privar a los trabajadores de sus derechos; insta a la Comisión a adoptar las medidas necesarias para asegurar la correcta transposición del artículo 13 de la Directiva;

11.

Señala que el artículo 17 de la Directiva requiere que la Comisión evalúe su aplicación, y si procede, la revise; señala que la escasa utilización del Estatuto impide una evaluación adecuada de la Directiva;

12.

Señala que la Directiva no debe revisarse antes del Estatuto; pide que se examine la posibilidad de incluir las disposiciones sobre la participación de los trabajadores directamente en el Estatuto, en aras de la simplificación y de una reglamentación más inteligente;

13.

Subraya que la revisión de la Directiva debe abordar las necesidades específicas de los empleados de las cooperativas, incluyendo la opción de ser propietario y a la vez empleado de la misma empresa; pide a la Comisión que desarrolle instrumentos para facilitar la identificación de los usuarios y los empleados de las cooperativas; aspira a que la participación de los trabajadores en las empresas se dé por supuesta en todos los Estados miembros de la Unión Europea; aboga por una mayor participación de los trabajadores en los tipos de empresa transfronterizos, en vez de mantenerla en el mínimo común denominador;

14.

Acoge con satisfacción las conclusiones del estudio sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 1435/2003 relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) (14), particularmente en lo que respecta a las medidas propuestas para promocionar la SCE mediante el aumento de la información acerca de la misma a través de programas educativos dirigidos a asesores en Derecho cooperativo y a agentes sociales y a través del fomento de la cooperación entre sociedades cooperativas a escala transfronteriza;

15.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que alienten a las cooperativas a aumentar la participación de las mujeres en las comisiones negociadoras y que pongan en práctica políticas de diversidad que permitan garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en la vida profesional y en la vida privada, y subraya, en particular, que aumenten la representación de las mujeres en los puestos de alta dirección; pide a la Comisión que tenga en cuenta la perspectiva de género en el seguimiento de la correcta aplicación de la Directiva y en la futura revisión del Reglamento de la SCE;

16.

Pide a la Comisión que, en caso de que las empresas no consigan voluntariamente alcanzar los objetivos del 30 % en 2015 y del 40 % en 2020, incluya a las SCE en una posible reglamentación europea para asegurar una mejor representación de las mujeres en puestos de alta dirección y en los consejos de administración de las empresas públicas o con cotización en bolsa;

17.

Subraya que, debido a su complejidad, el Estatuto solo satisface parcialmente las necesidades de las cooperativas y que debe simplificarse y hacerse más inteligible para todos para facilitar su utilización, hacerlo más comprensible y más fácilmente aplicable, asegurando así el derecho de información, consulta y participación de todos los trabajadores sin merma de su calidad;

18.

Señala la diversidad de tradiciones y legislaciones sobre cooperativas que existe en la UE; destaca que el Estatuto debe establecer un marco jurídico autónomo para las SCE que coexista con la legislación nacional existente en materia de cooperativas, y que, por tanto, no se realice una armonización directa;

19.

Insiste enérgicamente en que no debe intentarse hacer más atractivo el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea rebajando las normas; opina que la revisión del Estatuto debe permitir ampliar el reconocimiento de esta forma de empresa en el seno de la UE; subraya que el peso económico de las cooperativas, su resistencia a la crisis y los valores en que se basan, son una prueba clara de la pertinencia de este tipo de empresas en la UE de nuestros días y justifican una revisión del Estatuto; subraya que las futuras iniciativas y medidas en materia de SCE deben centrarse en la transparencia, la protección de los derechos de las partes interesadas y el respeto de la cultura y las tradiciones nacionales; señala que los incentivos para que algunas cooperativas nacionales apliquen el Estatuto es, por desgracia, limitado, debido a su actual estructura de tipo holding; subraya que debe reforzarse la posibilidad de fusión de cooperativas nacionales de distintos Estados miembros;

20.

Insiste en la plena participación de todos los interesados en el proceso de revisión, en particular de los interlocutores sociales presentes en el movimiento cooperativo y en el movimiento sindical, y destaca la necesidad de completar rápidamente dicho proceso;

21.

Espera que la Comisión tome las medidas adecuadas para asegurar la plena aplicación de la Directiva;

22.

Lamenta que las recomendaciones del Parlamento sobre las cooperativas hayan sido ignoradas por la Comisión; recuerda que en su Resolución (15) pedía:

23.

Recuerda que, en su Comunicación COM(2004)0018, la Comisión se comprometió a doce acciones, entre ellas:

24.

Lamenta que, de esta lista de compromisos, sólo se han puesto en práctica tres, sin resultados significativos; subraya que estas deficiencias limitan el potencial de desarrollo de las cooperativas;

25.

Señala que la falta de recursos lleva a una falta de resultados; subraya la necesidad de mejoras urgentes en el seno de la Comisión en términos de organización y de recursos destinados a la economía social, dada la dispersión actual de las competencias y el personal que trabajan en la economía social en el seno de la Comisión;

26.

Subraya la necesidad de que las políticas de la UE en todos los sectores reconozcan la especificidad y el valor añadido de las empresas de economía social, entre ellas las cooperativas, mediante la adecuada adaptación de la legislación en materia de contratación pública, ayudas estatales y regulación financiera;

27.

Pide a los Estados miembros que establezcan condiciones más favorables para las cooperativas, como el acceso a los créditos y los incentivos fiscales;

28.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta la estructura financiera de las cooperativas en relación con la legislación relativa a los fondos propios y las normas de contabilidad e información; señala que todas las cooperativas, y en particular las cooperativas de crédito, se ven afectadas por la legislación relativa al rescate de las acciones cooperativas y las reservas indivisibles;

29.

Señala los retos específicos que plantea la revolución digital para el sector de los medios de comunicación, y en particular a las editoriales que funcionan como cooperativas;

30.

Insta a la Comisión a que establezca un método abierto de coordinación para la economía social, incluidas las empresas cooperativas, que son un actor clave del sector, que involucre a los Estados miembros y a las partes interesadas, con el fin de favorecer el intercambio de mejores prácticas y lograr una mejora gradual en los Estados miembros, teniendo en cuenta la naturaleza de las cooperativas, en particular en los ámbitos de los impuestos, préstamos, cargas administrativas y medidas de apoyo a las empresas;

31.

Acoge con satisfacción el hecho de que el Acta del Mercado Único reconozca la necesidad de fomentar la economía social, y pide a la Comisión que inicie la tantas veces anunciada «Iniciativa social de las empresas», que se basa en los principios cooperativos (16);

32.

Pide a la Comisión que examine la posibilidad de declarar un Año Europeo de la economía social;

33.

Apoya las medidas de apoyo a las empresas, en particular a las empresas de consultoría y de capacitación de los empleados, y el acceso a la financiación para las cooperativas, especialmente para la participación mayoritaria de los empleados o los clientes, ya que son una herramienta inestimable para salvar a las empresas en tiempos de crisis y para la transferencia de empresas familiares;

34.

Destaca la creciente importancia de las cooperativas en el ámbito de los servicios sociales y los bienes públicos; subraya la necesidad de garantizar condiciones de trabajo dignas y de abordar las cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad en este sector con independencia del estatuto del empleador;

35.

Subraya la necesidad de asegurar la aportación de las cooperativas al diálogo social a escala de la UE;

36.

Destaca el potencial de la SCE a la hora de promover la igualdad de género a través de la ejecución de políticas y programas a diferentes niveles, concediendo especial atención a la educación, a la formación profesional, al fomento del espíritu empresarial y a los programas de formación continua; señala que la igualdad de género en la toma de decisiones a diferentes niveles es beneficiosa desde el punto de vista económico y también crea condiciones favorables para que las personas con talento y competentes puedan ejercer funciones de gestión y supervisión; señala asimismo que algunos aspectos del trabajo cooperativo permiten una flexibilidad que favorece la conciliación de la vida familiar y profesional; pide a la Comisión que elabore un mecanismo para el intercambio de buenas prácticas en materia de igualdad de género entre los Estados miembros;

37.

Hace hincapié en que la SCE puede satisfacer las necesidades de las mujeres, mejorando su nivel de vida mediante el acceso a ofertas de empleo decente, a las entidades de ahorro y crédito, a la vivienda y los servicios sociales, a la educación y a la formación;

38.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

31.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 251/24

—

Visto el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su artículo 26,

—

Vista la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y su artículo 14,

—

Vista la Declaración conjunta de La Sorbona, firmada el 25 de mayo de 1998 en París, para la armonización del diseño del Sistema de Educación Superior Europeo (a cargo de los cuatros ministros representantes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido) (Declaración de La Sorbona) (1),

—

Vista la Declaración conjunta firmada el 19 de junio de 1999 en Bolonia por los Ministros de Educación de 29 países europeos (Declaración de Bolonia) (2),

—

Visto el Comunicado de la Conferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior, de los días 28 y 29 de abril de 2009, en Lovaina/Lovaina la Nueva (3),

—

Vista la Declaración de Budapest-Viena, de 12 de marzo de 2010, aprobada por los Ministros de Educación de 47 países, con la que se puso oficialmente en marcha el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (4),

—

Vista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (5),

—

Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de septiembre de 2005, con miras a facilitar la concesión por los Estados miembros de visados uniformes para estancias cortas a los investigadores nacionales de terceros países que se desplacen en la Comunidad con fines de investigación científica (6),

—

Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, sobre una mayor cooperación europea en la garantía de la calidad de la enseñanza superior (7),

—

Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (8),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020») (9),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, sobre el desarrollo del papel de la educación en un «triángulo del conocimiento» que funcione plenamente (10),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 11 de mayo de 2010, sobre la internacionalización de la educación superior (11),

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 28 de junio de 2011, relativa a las políticas para reducir el abandono escolar prematuro (12),

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 28 de junio de 2011, tituladas «Juventud en Movimiento — Promover la movilidad en la formación de los jóvenes» (13),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de mayo de 2006, titulada «Cumplir la agenda de modernización para las universidades: educación, investigación e innovación» (COM(2006)0208),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2010, titulada «Una agenda digital para Europa» (COM(2010)0245),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Apoyar el crecimiento y el empleo – una agenda para la modernización de los sistemas de educación superior en Europa» (COM(2011)0567),

—

Visto el informe titulado «La educación superior en Europa 2009: Progresos en el Proceso de Bolonia» (Eurydice, Comisión Europea, 2009) (14),

—

Visto el informe titulado «La educación superior en Europa 2010: el impacto del Proceso de Bolonia» (Eurydice, Comisión Europea, 2010) (15),

—

Vista la encuesta realizada por Eurobarómetro en 2007 sobre la reforma de la educación superior entre los profesionales de la enseñanza (16),

—

Vista la encuesta realizada por Eurobarómetro en 2009 sobre la reforma de la educación superior entre los estudiantes (17),

—

Vista la publicación de Eurostat, de 16 de abril de 2009, titulada «El Proceso de Bolonia en la educación superior en Europa: Indicadores clave sobre la dimensión social y la movilidad» (18),

—

Visto el Informe final de la Conferencia Internacional sobre Financiación de la Educación Superior, celebrada en Yerevan, Armenia, los días 8 y 9 de septiembre de 2011 (19),

—

Vista su Resolución, de 23 de septiembre de 2008, sobre el Proceso de Bolonia y la movilidad de los estudiantes (20),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0035/2012),

A.

Considerando que los objetivos del Proceso de Bolonia, a saber, garantizar la compatibilidad entre los sistemas de educación superior en Europa y eliminar los obstáculos que todavía existen para desplazarse a otro país con el objeto de estudiar o trabajar y lograr que la educación superior europea resulte atractiva para el mayor número de personas, incluidos los jóvenes de terceros países, siguen siendo válidos, y que la continuación del proceso a través de un diálogo entre los distintos niveles del sistema educativo para elaborar planes de estudio basados en los niveles preliminares contribuye al objetivo del crecimiento basado en el conocimiento y la innovación en el marco de la Estrategia Europa 2020, en particular en el contexto de la crisis económica actual; que es necesario realizar una evaluación para determinar la evolución del proceso y tener en cuenta los logros, los problemas, la falta de comprensión o la oposición que se hayan producido;

B.

Considerando que la función de la educación superior consiste en ofrecer un entorno de aprendizaje accesible para todos sin ningún tipo de discriminación, que propicie la autonomía, la creatividad, el acceso a una educación de calidad y la ampliación de los conocimientos, y que para ello es esencial garantizar la participación de la comunidad académica en su conjunto, y en particular la de los estudiantes, docentes e investigadores para el desarrollo de las diversas fases de la educación universitaria;

C.

Considerando que las universidades, teniendo en cuenta su triple función (educación, investigación e innovación), desempeñan un papel esencial para el futuro de la Unión y para la formación de sus ciudadanos;

D.

Considerando que la universidad es un importante aspecto del patrimonio europeo, ya prácticamente milenario, cuya importancia para el progreso de la sociedad no debería limitarse a su aportación a la economía y cuya evolución no debería depender únicamente de las necesidades económicas;

E.

Considerando que, pese a las dificultades registradas, en la mayoría de los países que participan en el Proceso de Bolonia se está aplicando, en algunos casos con éxito, la estructura de tres ciclos;

F.

Considerando que el compromiso de llevar adelante la reforma no debe cumplirse mediante medidas fragmentadas y sin disponer de un apoyo financiero suficiente, y que los recortes que algunos Estados miembros están aplicando en los gastos estatales en educación no contribuyen a promover las reformas necesarias;

G.

Considerando que la movilidad debe estar al alcance de todos y constituye la piedra angular de la reforma de la educación superior; considerando que la movilidad de los estudiantes puede contribuir a impulsar, a largo plazo, la movilidad profesional; considerando, no obstante que también debe tenerse presente en todo el proceso la necesidad de la accesibilidad para todos;

H.

Considerando que los Estados Miembros deben realizar esfuerzos adicionales para garantizar el reconocimiento recíproco de títulos, condición indispensable para el éxito del Proceso;

I.

Considerando que el refuerzo de la dimensión social es una condición necesaria para el desarrollo del Proceso de Bolonia, con el objetivo de que todos los estudiantes, en particular los procedentes de grupos vulnerables, puedan acceder en términos económicos al derecho al estudio, con el fin de establecer el acceso justo para todos y crear mejores oportunidades de empleo;

J.

Considerando que las universidades, las administraciones públicas y las empresas deben dar prioridad a la cuestión de la empleabilidad; que la universidad debe dotar a las personas de las herramientas y capacidades necesarias para asegurar el pleno desarrollo de su potencial humano; que el aprendizaje académico también debe tener en cuenta las necesidades del mercado de trabajo, con el fin de dotar a los estudiantes de las capacidades necesarias para encontrar un empleo estable y bien remunerado;

K.

Considerando que el derecho a la educación (uno de los valores fundamentales de la Unión) es una responsabilidad pública de los Estados miembros, las instituciones de la UE y otros actores clave, y que la Unión Europea debe desempeñar un papel esencial en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior apoyando los esfuerzos y la cooperación de los Estados miembros en este ámbito; que la mayor coordinación de la educación y de los títulos, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, es una condición indispensable para lograr los objetivos de empleabilidad y crecimiento en Europa;

L.

Considerando que el Proceso de Bolonia no debe tener efectos retroactivos en los estudiantes que ya han iniciado sus estudios de acuerdo con un plan anterior a dicho Proceso;

1.

Destaca la importancia de la educación como un ámbito fundamental de la cooperación con los Estados miembros para alcanzar los objetivos fundamentales de la Estrategia Europa 2020 de empleo y crecimiento y la tan necesaria recuperación económica;

2.

Pide que se refuerce a escala de la UE el apoyo al Proceso de Bolonia, en particular en lo referente al reconocimiento de los títulos académicos, la armonización de las normas académicas, la promoción de la movilidad, la dimensión social y la empleabilidad, la participación democrática activa, el análisis de la aplicación de los principios de Bolonia y la eliminación de obstáculos administrativos; pide a los Estados miembros que reafirmen su compromiso con el Proceso reforzando el sistema de financiación a fin de alcanzar los objetivos de crecimiento establecidos en la estrategia Europa 2020;

3.

Observa que el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un logro importante para la creación y el desarrollo de una auténtica ciudadanía europea; considera que ello debe reflejarse en un refuerzo del EEES recurriendo a los instrumentos y procedimientos pertinentes;

4.

Subraya que el Proceso de Bolonia y el EEES tienen un papel clave en la Estrategia Europa 2020 y resalta la función esencial desempeñada por la conjunción entre enseñanza e investigación como rasgo distintivo de la educación superior europea;

5.

Hace hincapié en que las prioridades definidas en el marco del Proceso de Bolonia - movilidad, reconocimiento, empleabilidad - constituyen las condiciones necesarias para garantizar que todo estudiante matriculado en una universidad europea tenga derecho a recibir una educación de calidad, a obtener un título y a que su título sea reconocido en cualquier país de la UE;

6.

Pide que se adopte un enfoque ascendente efectivo en el que se involucre plenamente a todos los agentes clave, como las universidades, los sindicatos, las organizaciones profesionales, los establecimientos de investigación, el sector empresarial y, ante todo, los profesores, los estudiantes, las organizaciones de estudiante y el personal universitario;

7.

Señala que algunas universidades europeas se muestran renuentes a hacer esfuerzos suficientes para lograr un EEES, cuando formar parte de dicho Espacio es la única vía para que algunas de ellas mejoren la competitividad y calidad de los conocimientos que generan;

8.

Pide que las universidades se comprometan a adoptar nuevas estrategias de enseñanza, profesionales y de aprendizaje permanente, (haciendo un uso óptimo de las nuevas tecnologías y reconociendo la importancia de las formas complementarias de aprendizaje, como la educación informal) que den la máxima prioridad a los pilares de un sistema universitario centrado en el aprendizaje, en los estudiantes y en la investigación, y que sea capaz de ofrecer un pensamiento crítico, capacidades creativas, desarrollo profesional continuo, así como los conocimientos teóricos y prácticos que los estudiantes van a necesitar en su vida laboral; pide a los Estados miembros y a la UE que faciliten apoyo financiero a las universidades en sus esfuerzos por cambiar y desarrollar sus prácticas educativas;

9.

Insta a que se refuercen y amplíen los programas para la formación del profesorado, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el aprendizaje permanente y las nuevas tecnologías;

10.

Recalca que la apertura de las universidades europeas a las necesidades de la economía mundial y la consolidación del EEES deberían considerarse como una contribución de las universidades europeas para que Europa a supere este período de inseguridad económica generalizada y llevarla de regreso a la senda del desarrollo y crecimiento sostenibles;

11.

Pide que se desarrolle la «tercera misión» de las universidades para con la sociedad, que debe considerarse también en el contexto de la elaboración de los criterios multidimensionales de clasificación y en el reconocimiento de la excelencia;

12.

Pide un aumento de la inversión pública en la educación superior, en particular para contrarrestar la crisis económica con un crecimiento basado en la mejora de las capacidades y conocimientos, y para responder al aumento de la demanda de los estudiantes de una mayor calidad de la y un acceso más amplio a la educación y a los servicios, en particular a las becas; considera que los recortes presupuestarios influyen negativamente en los esfuerzos por reforzar la dimensión social de la educación, principio en el que se basa el Proceso de Bolonia; pide, por tanto, a los Estados miembros y a las instituciones de la UE que establezcan nuevos mecanismos de financiación específicos y flexibles, y que promuevan las becas a nivel europeo, con objeto de respaldar el crecimiento, la excelencia y las vocaciones específicas y diversas de las universidades; subraya la necesidad de desarrollar un enfoque basado en diversos fondos, definido con normas claras y eficaces, para adaptarse al futuro modelo de financiación de la UE y garantizar la independencia de las universidades;

13.

Señala que el Proceso de Bolonia y el programa Erasmus han impulsado la movilidad de los estudiantes y pueden contribuir a mejorar la movilidad laboral; lamenta, no obstante, que las tasas de movilidad sigan siendo relativamente bajas;

14.

Insta a la Unión, a los Estados miembros y a las universidades a que establezcan mecanismos de información y de apoyo financiero y administrativo para todos los estudiantes, el sector académico y el personal con objeto de fomentar flujos de movilidad estructurados; celebra la introducción del programa Erasmus para los estudiantes de postgrado, y pide que se refuercen los servicios de Erasmus en su conjunto, así como la nueva generación de programas educativos mediante una mejor financiación, basada en criterios sociales, la apertura del programa a un mayor número de estudiantes, un auténtico y eficaz reconocimiento de créditos, más posibilidades de incluir periodos de estudios en el extranjero como parte del currículo y una mayor flexibilidad en lo relativo a los plazos autorizados; insiste, no obstante, en que la movilidad no debe generar, bajo ninguna circunstancia, discriminación hacia los estudiantes que dispongan de menos recursos financieros;

15.

Opina que la movilidad de los profesores universitarios proporciona nuevos conocimientos y experiencias no solo a los propios profesores, sino también, indirectamente, a sus estudiantes, y, al mismo tiempo, les permite colaborar en la preparación del material pedagógico;

16.

Pide a los Estados miembros que cumplan su compromiso de establecer la plena transferibilidad de los préstamos y becas, y que mejoren de forma sustancial el apoyo financiero para los estudiantes móviles a fin de que se corresponda con los aumentos en los nuevos programas de la UE; insta a la UE a que examine la legislación vigente para ver cómo puede mejorarse el derecho a la libertad de circulación mediante la garantía de la transferibilidad de préstamos y becas;

17.

Pide a la UE que tenga más en cuenta el fenómeno de la inmigración procedente de África, Asia y América Latina a fin de establecer una normativa encaminada al reconocimiento de los títulos académicos obtenidos en los países de origen;

18.

Pide a la UE que, con miras a garantizar la confianza mutua y facilitar el reconocimiento de títulos académicos a través de la aplicación del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), consolide un sistema de garantía de la calidad a nivel tanto de la UE como de los Estados miembros; pide a los Estados miembros que apliquen sus propios sistemas nacionales de garantía de calidad de acuerdo con las Normas y Directrices Europeas en materia de Garantía de la Calidad, respetando a la vez la diversidad de cursos y enfoques de las distintas universidades en lo referente a los contenidos y las formas de aprendizaje; alienta a los organismos encargados de la garantía de la calidad a que soliciten su ingreso al Registro Europeo de Garantía de la Calidad y apoyen la cooperación europea y el intercambio de buenas prácticas, también a través de la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior (AEGCES);

19.

Llama la atención sobre la diferente escala de calificaciones en los Estados miembros y sobre la necesidad de una conversión adecuada de los créditos ECTS a calificaciones;

20.

Insta a todos los países que participan en el Proceso de Bolonia a que apliquen los marcos nacionales de cualificaciones vinculados al Marco de Cualificaciones del EEES y desarrollen y apoyen financieramente el reconocimiento mutuo;

21.

Solicita un sólido apoyo financiero para los acuerdos sobre los troncos comunes de formación, que garantizan unos resultados del aprendizaje bien definidos, explorando, por ejemplo, el enfoque metodológico desarrollado por el proyecto «Tuning» y por la experiencia de la «Tuning Academy»; pide que se preste especial atención a las características específicas de los planes de estudios de humanidades, que tienen crucial importancia para la democracia y son un vehículo para la consecución de la cohesión europea, a fin de identificar los conocimientos y las competencias específicas de los cursos de licenciatura, de modo que se favorezca un aprendizaje que conjugue las competencias generales mensurables (en términos de capacidad para utilizar los conocimientos), la enseñanza y la investigación como análisis crítico y original; sostiene que todos los programas de todas las disciplinas, paralelamente al conocimiento de la materia básica, deberían aportar competencias clave transversales, como el pensamiento crítico, la comunicación y las capacidades empresariales;

22.

Solicita un mayor apoyo para las medidas nacionales y europeas destinadas a garantizar una integración equitativa y un acceso justo al estudio (en términos, por ejemplo, de alojamiento, gastos de transporte, etc.) para todos los estudiantes, así como un apoyo específico destinado los pertenecientes a grupos infrarrepresentados, a quienes proceden de un entorno social desfavorecido y a quienes se encuentran en dificultades económicas, a fin de reducir la tasa de abandono y garantizar que la educación y la formación sean independientes de factores socioeconómicos que causan desventajas, y que la enseñanza represente una respuesta a las necesidades de aprendizaje de cada cual; recomienda intensificar la creación de centros de asesoramiento y orientación en materia de carreras que ofrezcan servicios gratuitos a los estudiantes;

23.

Subraya la importancia del comunicado de Londres de 2007 (21), que hizo de la dimensión social de la educación uno de los objetivos del Proceso de Bolonia y cuyo objetivo es garantizar un acceso equitativo a la educación, independientemente del origen; lamenta que no se haya avanzado lo suficiente para lograr este objetivo, y alienta a la Comisión a que facilite dicho progreso;

24.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a estimular el reconocimiento mutuo mediante la eliminación de las barreras administrativas;

25.

Hace hincapié en las necesidades específicas de la licenciatura, sus planes de estudios, el acceso a los programas de master y la empleabilidad; destaca, a este respecto, la necesidad de adoptar medidas específicas, como la creación de programas de estudios que combinen la teoría y la práctica, y de establecer una cooperación más eficaz entre las universidades, los Estados miembros, los agentes económicos y los interlocutores sociales con objeto de mejorar las posibilidades de que los futuros licenciados encuentren un empleo estable y bien remunerado, acorde con su nivel de cualificaciones; insta, a este respecto, a las universidades a ampliar su oferta de formación en régimen de prácticas, así como a mejorar la integración de las prácticas laborales en los planes de estudios universitarios;

26.

Destaca que las medidas de fomento de la aptitud para el empleo, como la formación permanente, y el desarrollo de una gama más amplia de competencias adaptadas al mercado laboral deben ser prioridades absolutas para alcanzar los objetivos de crecimiento sostenible y prosperidad; a este respecto, apoya firmemente los intercambios universitarios de profesores y estudiantes, el diálogo entre las universidades y las empresas, los periodos de prácticas y el pasaporte de cualificaciones;

27.

Considera que la modernización de la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (2005/36/CE) contribuirá a la movilidad de los profesionales en Europa y facilitará la movilidad de los estudiantes al ofrecer garantías de que las cualificaciones obtenidas en otro Estado miembro se reconocerán en toda la UE;

28.

Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la UE que apoyen la transición del enfoque metodológico «unidisciplinario» de la ciencia que aún predomina en las universidades europeas a enfoques «interdisciplinarios» y «transdisciplinarios»;

29.

Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la UE que promuevan el diálogo y la cooperación entre universidades y empresas como meta común del EEES consolidado a fin de mejorar la empleabilidad de los licenciados de universidades europeas;

30.

Resalta, a este respecto. la necesidad de adoptar acciones específicas y desarrollar una cooperación más eficaz entre las universidades y el mercado de trabajo, a fin de desarrollar planes de estudios más adecuados, dar mayor homogeneidad al itinerario educativo y mejorar la empleabilidad, fijando criterios similares para el acceso a las profesiones;

31.

Hace hincapié en la importancia de garantizar un número suficiente de plazas para que los estudiantes realicen prácticas, a fin de facilitar su posterior integración en el mercado laboral;

32.

Pide a los Gobiernos de los Estados miembros y a la Comisión que desarrollen un sistema de cooperación estructurada que permita otorgar, dentro de los distintos grupos temáticos, titulaciones comunes que sean reconocidas en toda la UE, mejorando los resultados y el apoyo financiero de Erasmus Mundus y del futuro programa de educación y formación, promoviendo además la creación de un sistema europeo de acreditación de programas conjuntos;

33.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión relativa a un programa de movilidad en el marco de Erasmus para obtener un título de master;

34.

Considera que los doctorados, incluidos los llevados a cabo en colaboración con empresas, constituyen un vínculo esencial entre la educación superior y la investigación, y recuerda su potencial como componente clave del logro de una innovación y un crecimiento económico basados en el conocimiento; reconoce la importancia de los doctorados realizados en las empresas para la integración de las personas con altas titulaciones en el mercado laboral; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de desarrollar un Programa Europeo de Doctorados Industriales en el marco de las acciones del programa Marie Curie;

35.

Considera que una mejor cooperación entre el EEES y el Espacio Europeo de Investigación constituirá una fuente potencial para la mejora de la innovación y el desarrollo en Europa;

36.

Destaca la contribución del 7o Programa Marco de Investigación, del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad y del Espacio Europeo de Investigación para facilitar la movilidad de los investigadores de la UE y liberar el potencial de innovación y competitividad de la UE;

37.

Pide que se establezca una estrategia eficaz destinada a apoyar los programas de formación permanente en Europa y las iniciativas sostenibles que se integren plenamente en la institución y promuevan una cultura de aprendizaje permanente; pide, asimismo, que se estimule el aprendizaje a lo largo de toda la vida en el seno de las empresas para que los trabajadores tengan la oportunidad de ampliar su formación y sus capacidades; pide a los establecimientos de educación superior y a las universidades una mayor flexibilidad en los programas sobre la base de los resultados del aprendizaje, que reconozcan el aprendizaje no formal e informal, y que ofrezcan servicios para apoyar sus itinerarios de aprendizaje mediante la promoción de la colaboración entre las universidades, las empresas y las instituciones superiores de formación profesional con el fin de mejorar y colmar lagunas en las capacidades científicas, en humanidades y técnicas;

38.

Llama la atención sobre la necesidad de reglamentar la situación de los estudiantes anteriores a Bolonia en los países en los que se encuentran en desventaja para matricularse en programas de master;

39.

Señala que el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) debe ser más transparente y ofrecer comparaciones más precisas entre las cualificaciones y los títulos; invita a la Comisión y a los Estados miembros a que utilicen una herramienta mejorada basada en el ECTS para facilitar la movilidad de los estudiantes y los profesionales;

40.

Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión para incrementar considerablemente los fondos destinados a los programas europeos de educación y formación; pide a la Comisión que dedique un porcentaje importante de esos fondos a apoyar la modernización de la educación superior y de las infraestructuras universitarias con arreglo a los objetivos del Proceso de Bolonia y el programa de modernización de la UE; insta a la Comisión a encontrar soluciones a fin de posibilitar el acceso a estos programas a estudiantes con problemas económicos;

41.

Pide a los Estados miembros y a la UE que examinen la posibilidad de que los programas de estudios incluyan un período de formación obligatorio en una universidad de un Estado miembro distinto del de pertenencia del estudiante;

42.

Llama la atención sobre el estrecho vínculo existente entre el Proceso de Bolonia y la Directiva relativa a las cualificaciones profesionales, y destaca la necesidad de una coordinación por parte de la Comisión totalmente coherente con el Proceso de Bolonia; considera que este vínculo se debe reforzar aún más proporcionando a los estudiantes toda la información práctica pertinente sobre el reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero y sobre las perspectivas de trabajo a que da acceso la formación en el extranjero;

43.

Pide, como parte de la revisión de la Directiva sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales y con el fin de avanzar hacia un verdadero Espacio Europeo de Educación Superior, que se lleve a cabo una comparación de los requisitos mínimos nacionales de formación y se proceda a intercambios más periódicos entre los Estados miembros, las autoridades competentes y la organizaciones profesionales;

44.

Propone que el reconocimiento por parte de las Universidades asociadas de los créditos obtenidos en el marco del programa Erasmus sea un elemento obligatorio en todas las instituciones que participan en los intercambios de estudiantes que se benefician de financiación de la UE, con el fin de reforzar el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS);

45.

Hace hincapié en la importancia de una aplicación coherente del sistema ECTS; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las instituciones de educación superior que elaboren un cuadro comparativo en el que se indique el número de créditos ECTS concedidos para los cursos, con el fin de mejorar la coherencia y facilitar la movilidad de los estudiantes y la profesional; toma nota de los obstáculos a que se enfrentan los estudiantes al transferir los créditos entre las universidades, y considera que esos obstáculos pueden disuadir a los estudiantes de participar en intercambios académicos;

46.

Pide que se establezca una estrategia eficaz para la plena armonización de los títulos académicos en toda la Unión Europea con la posibilidad de un reconocimiento inverso (que incluya títulos académicos anteriores) desde la creación del Proceso de Bolonia;

47.

Pide a los Estados miembros de la UE que adopten una decisión definitiva y clara sobre el pleno reconocimiento recíproco de las cualificaciones y títulos, o que establezcan un programa de trabajo para determinar cuándo se podrá tomar finalmente esta decisión;

48.

Reclama una mayor estructuración y refuerzo de la cooperación entre universidades, a fin de mejorar su repercusión en las instituciones y los sistemas de educación superior en beneficio de los estudiantes y del personal;

49.

Propone el reconocimiento por parte de las Universidades de los Estados signatarios de los períodos de prácticas efectuados en el marco de los programas de movilidad apoyados por la Comisión Europea;

50.

Pide que la información que se proporciona a los estudiantes antes del inicio de un intercambio sea más transparente en relación con el número de créditos reconocidos, y pide a los Estados miembros y a las instituciones de educación superior que cooperen para determinar el número de créditos que se les reconocerá; alienta el desarrollo de plataformas comunes para facilitar un núcleo de conocimientos y competencias definidos por profesionales e instituciones de enseñanza superior, que puedan servir para la armonización de ciertos títulos, preservando a la vez las especificidades nacionales y tomando como ejemplo el régimen de reconocimiento automático de cualificaciones profesionales en la UE (22);

51.

Pide una mejora de la puesta en red, la comunicación y la coordinación entre las universidades de la UE para acelerar el reconocimiento de nuevos títulos, facilitar la transferencia de créditos, mejorar el conocimiento y la comprensión de los diferentes sistemas educativos y de formación y permitir que los estudiantes comprendan mejor la diversidad de los programas europeos;

52.

Pide a la Comisión Europea que, en el marco del nuevo programa de educación y formación, fomente la cooperación, también mediante incentivos financieros, en materia de planes de estudios transnacionales, dobles titulaciones y reconocimiento mutuo; insta a multiplicar el número de asociaciones Erasmus para la realización de prácticas;

53.

Destaca que en Europa existen numerosas instituciones dedicadas a la educación superior y a la investigación; pide a la Unión Europea que promueva vías para que cooperen en un marco común;

54.

Considera que deberían crearse iniciativas para facilitar que los estudiantes transfieran sus expedientes de una universidad a otra durante sus estudios;

55.

Pide a los Estados miembros y a la UE que faciliten datos actualizados y comparables (como, por ejemplo, la proporción de la representación de los grupos vulnerables) en los que se pueda basar la supervisión de la aplicación del EEES, con el fin de destacar los obstáculos y problemas asociados a la aplicación del Proceso y no penalizar a las instituciones que todavía no hayan llevado a cabo las reformas previstas; considera que estos datos deberían hacerse públicos cada año, Estado por Estado, y universidad por universidad, para comprender más fácilmente los ámbitos en los que es necesario realizar avances;

56.

Alienta a las universidades a que armonicen sus normas académicas a través de la creación de asociaciones para el intercambio de buenas prácticas;

57.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen los programas de cooperación e investigación y a que creen nuevos programas basados en intereses comunes con las universidades de terceros países, en particular las situadas en zonas en conflicto, con el fin de permitir el acceso a la educación superior y a la formación a los estudiantes procedentes de dichos países, lo cual debe realizarse sin ningún tipo de discriminación;

58.

Considera que el Espacio de Europeo de Enseñanza Superior (EEES) a que ha dado lugar el Proceso de Bolonia representa un avance; pide, por tanto, que se incorpore un Espacio Euromediterráneo de Educación Superior a las estructuras existentes, y que se avance hacia la creación de un auténtico espacio de educación superior con los países que participan en la cooperación en el marco de la Vecindad Oriental, así como en otros ámbitos interestatales en el seno de la UE; pide a la Comisión que elimine los obstáculos a la circulación de estudiantes y profesores, que apoye la creación de redes de universidades euromediterráneas, como EMUNI, y que mantenga las buenas prácticas de los programas Tempus y Erasmus Mundus;

59.

Destaca la necesidad de mejorar la información sobre el Proceso de Bolonia y sobre el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) a través de una política europea de comunicación amplia y eficaz, a fin de aumentar el atractivo de las universidades dentro y fuera de Europa;

60.

Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que garanticen la transferibilidad de los préstamos y becas, en particular de las becas basadas en méritos y necesidades, entre todos los países europeos a fin de ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades de movilidad;

61.

Promueve la creación de marcas unificadas para las universidades a nivel regional a fin de reforzar el prestigio de sus universidades a nivel internacional de acuerdo con los objetivos del Proceso de Bolonia;

62.

Pide a las instituciones de la UE que establezcan mecanismos para ayudar a los Estados miembros y a las instituciones de educación superior a conseguir los objetivos de Bolonia, cosa que puede conseguirse a través del uso focalizado de los programas de la UE, incluidos los que implican la cooperación de terceros países en el EEES;

63.

Pide a la UE que apoye el cumplimiento de sus compromisos con el Programa de Bolonia en su política de cooperación con los países pertinentes; pide a la Comisión y al Parlamento Europeo que tomen la delantera en estas iniciativas;

64.

Confía en que el análisis que se llevará a cabo en la reunión ministerial que se celebrará el año próximo en Bucarest permitirá establecer una hoja de ruta clara para crear un Espacio Europeo de Educación Superior completamente operativo antes de que finalice el plazo de 2020; insiste en que se formulen propuestas intersectoriales por lo que se refiere a la formación en materia de TIC, a la formación profesional y permanente y a las prácticas en empresas, y en que estas propuestas se debe promover activamente tanto la inclusión como el crecimiento inteligente y sostenible, con objeto de que la UE pueda disfrutar de una ventaja competitiva en el mundo posterior a la crisis en términos de creación de empleo, capital humano, investigación, innovación, espíritu empresarial y economía del conocimiento en su conjunto;

65.

Pide a la Comisión y a los Ministros de Educación de la UE que aprovechen plenamente las posibilidades que ofrece su participación conjunta en el EEES para desempeñar una función de liderazgo en la consecución de los objetivos de Bolonia, y a los Ministros que consoliden los compromisos adquiridos en el marco del Proceso de Bolonia a través de compromisos conjuntos a nivel de la UE en el Consejo, con el apoyo de la Comisión, de forma que este proceso de mutuo apoyo continúe en el marco de una aplicación armoniosa;

66.

Señala que en la reunión ministerial bianual sobre el Proceso de Bolonia que se celebrará en Bucarest en 2012 se debe tener en cuenta que la creación del EEES permite a la UE y a los Estados miembros realizar una contribución sólida y profunda al Proceso de Bolonia sobre la base de sus responsabilidades compartidas en materia de educación superior, de su participación conjunta en el Proceso y de su compromiso compartido para actuar, con el apoyo de las declaraciones políticas de las instituciones de la UE;

67.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

31.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 251/33

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una gestión sólida de la calidad de las estadísticas europeas» (COM(2011)0211),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0037/2012),

A.

Considerando que Eurostat ha existido desde 1953 y que la necesidad de proteger su independencia es ampliamente reconocida;

B.

Considerando que las estadísticas fiables y precisas son esenciales para hacer posible la adopción de una política económica y presupuestaria eficaz por los Estados miembros y a nivel de la Unión;

C.

Considerando que el éxito de la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo y el paquete de gobernanza económica, incluyendo el semestre europeo, requiere estadísticas independientes de alta calidad;

D.

Considerando que se deben suministrar a los usuarios de las estadísticas datos pertinentes, oportunos y precisos, recopilados y elaborados por los organismos nacionales de conformidad con los principios de imparcialidad, objetividad e independencia profesional;

E.

Considerando que las estadísticas deberían ser de acceso público, de fácil comprensión tanto para los responsables políticos como para los ciudadanos y adecuados para su comparación sobre una base anual;

F.

Considerando que la calidad de las estadísticas europeas depende de la integridad de todo el proceso de elaboración; que la modernización en curso de los métodos de elaboración de estadísticas representa una inversión pública de vital importancia para optimizar la totalidad del proceso de elaboración y precisa de un compromiso constante tanto a escala de la UE como nacional;

G.

Considerando que la crisis de deuda en la zona del euro ha puesto de relieve los peligros de la inexactitud y el fraude estadísticos derivados de las deficiencias en la calidad de los datos previos de la contabilidad pública y las disposiciones actuales en materia de gobernanza estadística;

H.

Considerando que las oficinas de estadística no solo deben ser estatutariamente independientes, sino que deben contar también con mecanismos y «cortafuegos» para asegurar que las oficinas de estadística estén separadas del proceso político y así evitar deficiencias sistémicas; que, no obstante, debe destacarse al mismo tiempo que el Estado es responsable de la exactitud y autenticidad de los datos estadísticos;

I.

Considerando que la relación entre Eurostat y los tribunales de cuentas nacionales ha de reforzarse;

J.

Considerando que los Institutos Nacionales de Estadística de los Estados miembros deben reformarse, a fin de cumplir con la nueva legislación europea lo antes posible;

K.

Considerando que los aproximadamente 350 reglamentos estadísticos que se aplican a todos los Estados miembros imponen una carga de conformidad estadística proporcionalmente más elevada para los Estados miembros más pequeños;

L.

Considerando que Eurostat proporcionará los indicadores económicos necesarios para la vigilancia de las políticas fiscales y para el cuadro de indicadores de los desequilibrios macroeconómicos, junto con nuevos mecanismos de aplicación; que las recientes reformas jurídicas, sobre todo el «paquete de los seis» sobre gobernanza económica, han situado unas estadísticas sólidas y fiables en el centro de la gobernanza económica a escala de la UE;

1.

Opina que es necesario adoptar un enfoque sistémico respecto de la calidad, que puede precisar una reforma del método de elaboración de estadísticas europeas y una transición gradual desde un enfoque correctivo a un enfoque preventivo en lo que respecta a la gestión de la calidad de las estadísticas europeas en general, y de las estadísticas de la hacienda pública en particular; acoge con satisfacción el carácter vinculante de las normas relativas a la elaboración y a la verificación de la precisión de las estadísticas europeas; considera que contar con organismos independientes encargados de las estadísticas es fundamental para preservar la credibilidad de los datos estadísticos;

2.

Pide a la Comisión que ofrezca asistencia y conocimientos a los Estados miembros para ayudarles a superar las limitaciones en materia de investigación y los obstáculos metodológicos importantes, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos y la presentación de datos de alta calidad;

3.

Apoya la intención de la Comisión de proponer modificaciones al Reglamento (CE) no 223/2009 (reglamento sobre las estadísticas) con objeto de establecer un enfoque proactivo para supervisar y evaluar los datos financieros públicos en una etapa anterior, a fin de poder emprender acciones correctivas lo antes posible; apoya la propuesta de establecer un marco jurídico destinado a reforzar el marco de gobernanza, en particular en lo referente a la independencia profesional de las autoridades estadísticas nacionales y de Eurostat, y exigir a todos los Estados miembros que asuman oficialmente el compromiso de adoptar todas las medidas necesarias a escala nacional para preservar la confidencialidad de las estadísticas y que permitan una aplicación más rigurosa del código de buenas prácticas de las estadísticas europeas;

4.

Insta a la Comisión a que presente al Parlamento Europeo y al Consejo propuestas legislativas destinadas a incorporar elementos del Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas revisado a la legislación de la UE, con el fin de distinguir claramente entre las responsabilidades y las competencias de los institutos nacionales de estadística y las de los Gobiernos de los Estados miembros y a fin de garantizar una responsabilidad más transparente y coordinada en relación con la calidad de los datos;

5.

Insta a Eurostat a que prosiga, en conexión con los principales proveedores y usuarios de datos, sus esfuerzos para modernizar los métodos de elaboración de las estadísticas europeas, a fin de mantener la rentabilidad;

6.

Pide a Eurostat que asegure que en todos los Estados miembros se establezcan de manera normalizada sistemas de contabilidad pública y que dichos sistemas se refuercen con mecanismos de auditoría interna y externa, incluyendo la aplicación del marco jurídico del Reglamento (CE) no 479/2009 recientemente revisado, así como nuevas propuestas legislativas si se considera oportuno; acoge con satisfacción la intención de la Comisión Europea de conceder a Eurostat más competencias en materia de investigación;

7.

Destaca que todos los Estados miembros deben asegurarse de que todas las estadísticas sean precisas a todos los niveles de gobierno; anima a Eurostat a que haga públicas todas las dudas acerca de si se ofrece tal nivel de precisión en todos los tipos de estadísticas;

8.

Considera que el paquete de gobernanza económica adoptado recientemente precisa de normas respecto de los datos detallados acerca de las exposiciones del sector público relativas a las garantías y los pasivos contingentes, por ejemplo mediante garantías y exposiciones a asociaciones público-privadas (APP) del sector público; que estas deben ser desarrolladas de inmediato y divulgadas por Eurostat, teniendo en cuenta todos los niveles de gobierno;

9.

Acoge con satisfacción la acción del Comité consultivo de la gobernanza estadística europea (CCGEE), que ejerce un control independiente de Eurostat y del sistema estadístico europeo, y pide a Eurostat y a otras oficinas de estadística que apliquen las recomendaciones presentadas por la CCGEE en su informe anual de 2011;

10.

Subraya la necesidad de que Eurostat garantice la transparencia en lo que respecta a su propio personal, publicando información relativa a sus funcionarios (que son funcionarios públicos) y agentes contractuales, y facilite información sobre las modalidades de empleo de los expertos nacionales;

11.

Señala que la independencia de los servicios estadísticos, en lo que se refiere a posibles intervenciones políticas, debe estar garantizada tanto a nivel nacional como a nivel europeo;

12.

Observa que el sistema de gestión de calidad requerirá una estrecha coordinación entre Eurostat y los organismos nacionales responsables de verificar los datos previos sobre las finanzas públicas, y pide a la Comisión que presente propuestas por las que se garantice mayor independencia y coherencia en las competencias de los tribunales de cuentas nacionales en la verificación de la calidad de las fuentes utilizadas para establecer la deuda nacional y las cifras de déficit, y por las que se fortalezca la función de coordinación del Tribunal de Cuentas Europeo;

13.

Destaca que la gestión de calidad de las estadísticas financieras de los gobiernos y de otros datos estadísticos nacionales, así como la precisión y la presentación puntual de los datos, son requisitos previos para el correcto funcionamiento del semestre europeo;

14.

Reconoce que la presentación de estadísticas precisas puede implicar, en muchos casos, la recopilación y el cotejo de datos de numerosas fuentes; observa, por tanto, que reducir los plazos para la publicación de estadísticas puede, en algunos casos, reducir la fiabilidad o la precisión de las estadísticas o aumentar el coste que supone la recopilación de estos datos; recomienda que, al examinar las mejores prácticas en este ámbito, se tenga muy en cuenta el equilibrio entre puntualidad, fiabilidad y costes de elaboración;

15.

Insta a Eurostat a que busque formas de hacer que sus publicaciones, sobre todo las que se ofrecen en línea, sean más fáciles de interpretar para el ciudadano medio y para aquellos que no sean expertos en la materia, en particular en lo referente al uso de los gráficos; considera que el sitio Web de Eurostat debe permitir un acceso más fácil a series completas de datos a largo plazo e incluir gráficos intuitivos y comparativos para ofrecer un mayor valor añadido a los ciudadanos; considera asimismo que sus actualizaciones periódicas deben facilitar, cuando sea posible, información sobre cada Estado miembro y ofrecer series anuales y mensuales y, cuando resulte útil y posible, series de datos a largo plazo;

16.

Hace hincapié en que el suministro de estadísticas precisas, pertinentes y de alta calidad es de vital importancia para un desarrollo regional sostenible y equilibrado; señala que los datos exactos y precisos constituyen la base para obtener información detallada sobre ámbitos concretos como la demografía, la economía y el medio ambiente y, por lo tanto, desempeñan un papel fundamental en el proceso de toma de decisiones sobre el desarrollo regional, particularmente en el marco de la aplicación de la Estrategia Europa 2020;

17.

Pide a la Comisión que siga abordando la necesidad de una información estadística fiable que permita una mejor respuesta de las políticas europeas a las realidades económicas, sociales y territoriales a escala regional;

18.

Respalda la intención de Eurostat de establecer un marco jurídico para los «Compromisos sobre la confianza en las estadísticas»; hace hincapié en que el cumplimiento de la norma relativa a la confidencialidad de datos en el SEE (Sistema Estadístico Europeo), así como del principio de subsidiariedad, contribuirá a aumentar la confianza en los organismos de estadística;

19.

Señala que es esencial mejorar el funcionamiento de los sistemas de contabilidad pública; pide a la Comisión, no obstante, que aclare si es necesaria y posible una normalización de los sistemas de contabilidad pública en todos los Estados miembros; solicita a la Comisión que elabore una metodología común y aplique soluciones eficaces, adecuadas y comprobadas;

20.

Destaca la necesidad de desarrollar un sistema coherente para la investigación de los procesos socioeconómicos en las zonas transfronterizas, incluidas las de las regiones situadas en las fronteras exteriores de la Unión Europea, junto con estadísticas para las macrorregiones, con el fin de obtener una visión completa, fiable y precisa de la economía en términos de desarrollo regional y macrorregional, que abarque tanto la dimensión urbana como las zonas rurales; considera que deben mejorarse los mecanismos de investigación relacionados con la balanza de pagos; señala, además, que deben supervisarse de cerca las cuentas regionales y nacionales, como parte de un sistema sólido de gestión de la calidad de las estadísticas europeas;

21.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

31.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 251/37

—

Vistos los artículos 313 y 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (1),

—

Vista la programación financiera actualizada 2007-2013 de la Comisión remitida de conformidad con el punto 46 del citado AI de 17 de mayo de 2006,

—

Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2012 (2),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre las orientaciones presupuestarias para 2013,

—

Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0040/2012),

1.

Reconoce los esfuerzos de consolidación fiscal realizados por la mayoría de los Estados miembros debido a la crisis financiera y presupuestaria; subraya, no obstante, que la UE nunca podrá responder adecuadamente a la actual crisis económica y social ni prevenir futuras crisis sin una mayor integración política, instrumentos comunes, como las sanciones automáticas y el derecho de la Comisión a emprender acciones legales en el marco de un procedimiento de déficit, así como programas comunes financiados por la UE, y los recursos para hacerlos funcionar; insiste en que la recuperación económica exige medidas que refuercen la solidaridad y estimulen el crecimiento sostenible y el empleo; celebra que el Consejo Europeo así lo haya reconocido en su declaración de 30 de enero de 2012 y en sus Conclusiones tras la Cumbre de los días 1 y 2 de marzo de 2012, pero insiste en la necesidad de adoptar medidas concretas, especialmente mediante el recurso al presupuesto de la UE como instrumento común; subraya que las prioridades destacadas en dichas declaraciones son precisamente las que ha defendido el Parlamento Europeo en procedimientos presupuestarios anteriores;

2.

Continúa preocupado por la crisis global sin precedentes que ha afectado gravemente al crecimiento económico y la estabilidad financiera y que ha provocado un fuerte deterioro del déficit público y de la posición de deuda de los Estados miembros; comprende la preocupación del Consejo por las limitaciones económicas y presupuestarias a escala nacional e insiste en que 2013 será un año crucial para la recuperación económica;

3.

Recuerda que el presupuesto de la Unión Europea es uno de los instrumentos más importantes en los que se demuestra la solidaridad entre Estados miembros y entre generaciones, y que proporciona un claro valor añadido, teniendo en cuenta su extraordinario impacto sobre la economía real y la vida cotidiana de los ciudadanos europeos; recuerda que si las políticas de la Unión tuvieran que ser financiadas exclusivamente por los Estados miembros, sus costes se dispararían y que, en este sentido y si se emplea de modo sinérgico, el presupuesto europeo representa intrínsecamente un claro ahorro común en beneficio de todos; considera que las medidas de austeridad adoptadas a escala nacional no deben implicar un recorte equivalente a escala de la UE, puesto que cada euro gastado en este ámbito puede traducirse en ahorros para los 27 Estados miembros;

4.

Subraya que, más que nunca, en tiempos de crisis, los esfuerzos colectivos realizados a escala de la UE deben intensificarse para asegurar que nuestras acciones produzcan resultados; destaca que el presupuesto anual de la Unión, con su efecto de palanca, las prioridades de los presupuestos nacionales y todos los demás instrumentos europeos, deben apoyar las políticas de recuperación de los Estados miembros alinearse con la Estrategia Europa 2020 para el Crecimiento y el Empleo, y que eso es esencial para el éxito de la Estrategia y para mantener la confianza en las políticas de la UE, en especial entre los ciudadanos; subraya que, teniendo en cuenta su papel de catalizador de las inversiones, reducir el volumen del presupuesto de la UE tendría un impacto negativo sobre el crecimiento y la creación de empleo en la Unión;

5.

Opina que la promoción del crecimiento y del empleo requiere medidas específicas y un esfuerzo presupuestario mayor para apoyar una política industrial sostenible y a largo plazo, la competitividad, la innovación y a las pequeñas y medianas empresas (PYME), ya que la mayor parte del potencial económico de la UE reside en estas últimas que, según los estudios más recientes, han creado el 85 % de los nuevos puestos de trabajo netos en la UE entre 2002 y 2010 y son la columna vertebral de nuestro crecimiento económico; considera, por tanto, que el fomento del espíritu empresarial y la creación de empresas a través de medidas concretas revisten la máxima importancia, por lo que deben preverse recursos adecuados a tal fin; reconoce, por tanto, que es necesario hacer esfuerzos para reforzar aún más la financiación de la UE destinada a las medidas de crecimiento;

6.

Subraya que este apoyo deberá contribuir a evitar que las PYME reduzcan sus inversiones, en particular en investigación y desarrollo, promoviendo al mismo tiempo el empleo y la formación profesional, especialmente para los ciudadanos más jóvenes, asegurando que se mantengan las capacidades; considera que el refuerzo de las ayudas del BEI para las PYME y las infraestructuras se ha de considerar como una prioridad clave, lo que ayudará a desencadenar la liberación del potencial innovador, esencial para la prosperidad de la UE y la creación de una sociedad basada en el conocimiento; subraya, en este contexto, la necesidad de simplificar el procedimiento de solicitud para participar en los programas financiados por la UE;

7.

Opina que una mayor inversión en una economía sostenible mediante el presupuesto de la UE podría resultar en un mayor aumento de la tasa de creación de empleo que con el presupuesto actual; considera, por tanto, que esta inversión podría ayudar en gran medida a volver a encarrilar a la UE por la senda del crecimiento;

8.

Subraya el hecho de que los resultados de la Estrategia Europa 2020 dependen en gran medida de la juventud de hoy, que es la más cualificada, la más avanzada desde el punto de vista técnico y la que disfruta de mayor movilidad hasta ahora, por lo que es y será el mayor valor positivo para el crecimiento y el empleo en la UE; manifiesta su preocupación por el alto nivel de desempleo juvenil de los Estados miembros; subraya, por tanto, que es necesario realizar todos los esfuerzos posibles tanto a escala de la UE como nacional para asegurar que el crecimiento y la creación de empleo sean una realidad, en particular para los jóvenes, que representan el futuro común de la UE; asimismo, subraya la necesidad de abordar de forma urgente los desafíos del desempleo y del creciente nivel de pobreza en la Unión Europea en el espíritu de la iniciativa emblemática «Plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social»;

9.

Toma nota de la propuesta de la Comisión de reasignar 82 000 millones EUR de los créditos que todavía deben programarse con cargo a todos los fondos estructurales de la UE (el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo) para ayudar a las PYME y combatir el desempleo juvenil; pide que se le mantenga debidamente informado acerca de esta iniciativa, su aplicación y su posible repercusión en el presupuesto de 2013;

10.

Subraya que todas las medidas adoptadas hasta la fecha para combatir la crisis deben ayudar a volver al camino del crecimiento; subraya, a este respecto, que las medidas de austeridad específicas ya adoptadas deben ir acompañadas de inversiones bien orientadas que generen un desarrollo económico sostenible; señala que el presupuesto de la UE desempeña un papel decisivo en este contexto como instrumento para asegurar acciones rápidas y bien coordinadas en todos los ámbitos para mitigar los efectos de la crisis en la economía real y actuar como catalizador para impulsar la inversión, el crecimiento y la creación de empleo en Europa;

11.

Subraya que la aplicación bien coordinada, coherente y oportuna de las prioridades y los compromisos políticos compartidos a escala nacional y de la UE requiere que las instituciones nacionales y europeas trabajen conjuntamente para priorizar el gasto público en ámbitos de crecimiento, evaluar ex ante los efectos de las acciones programadas, aumentar las sinergias entre estas últimas y garantizar que tengan un impacto positivo eliminando obstáculos y aprovechando el potencial infrautilizado; subraya, a este respecto, la importancia de seguir organizando, antes de la Cumbre de Primavera, la presentación por parte de la Comisión de su proyecto de presupuesto y el inicio de los procedimientos presupuestarios en los Estados miembro, debates interparlamentarios sobre las orientaciones económicas y presupuestarias comunes de los Estados miembros y de la Unión con el fin de asegurar una coordinación entre los presupuestos nacionales y de la UE en el marco general de las actividades reforzadas del Parlamento en el semestre europeo, con el fin de mejorar su legitimidad democrática, tal y como se pide en la Resolución de 1 de diciembre de 2011 sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas;

12.

Pide la adopción de un presupuesto responsable y orientado a los resultados, basado en la buena calidad de los gastos y la utilización óptima y oportuna de la financiación existente de la UE; hace hincapié, de acuerdo con el espíritu de la declaración de los miembros del Consejo Europeo, de 30 de enero de 2012, en la necesidad de invertir en crecimiento y creación de empleo, en particular con respecto a las PYME y a los jóvenes; subraya su intención de emprender, junto con las comisiones parlamentarias especializadas, no solo la identificación de ámbitos concretos en los que es necesario intensificar las acciones, sino también la identificación de posibles prioridades negativas;

13.

Señala que el presupuesto de la UE representa una inversión exclusivamente orientada a las políticas y las acciones que demuestren un valor añadido de la UE; llama la atención sobre el hecho de que el presupuesto de la UE —que no puede entrar en déficit— tiene un efecto de palanca sobre el crecimiento y la creación de empleo muy superior al del gasto nacional, al igual que su capacidad para aumentar la inversión, proporcionar estabilidad en Europa y ayudar a la UE a salir de la actual crisis económica y financiera; subraya, no obstante, la necesidad de apalancar mayores inversiones con el fin de no poner en peligro proyectos clave para la recuperación económica y la competitividad; destaca, en este contexto, que el desarrollo de nuevos y mejores instrumentos financieros podría reforzar aún más el efecto de palanca de la contribución de los gastos de la UE al crecimiento, atrayendo a la inversión privada y compensando así las limitaciones a nivel nacional y optimizando el gasto público;

14.

Recuerda que, entre 2000 y 2011, los presupuestos nacionales de la UE aumentaron un 62 % por término medio, mientras que los pagos con cargo al presupuesto de la UE aumentaron algo menos del 42 % pese a la ampliación de la UE de 15 a 27 Estados miembros;

15.

Prestará especial atención, en el contexto del procedimiento presupuestario 2013, a la aplicación de las prioridades presupuestarias del PE relativas a los ejercicios anteriores y, en particular, seguirá de cerca la financiación y la aplicación de la Estrategia Europa 2020, que cuenta con el pleno respaldo de los Estados miembros en términos de promoción de la competitividad y del empleo, así como sus otras prioridades sectoriales;

16.

Celebra que en la última versión de la programación financiera para el periodo 2012-2013, la Comisión respete las prioridades presupuestarias del PE para 2012, como ya hizo en 2011, al no anular los aumentos del pasado; pide que el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013 siga esta misma orientación;

17.

Recuerda que los límites máximos de algunas rúbricas, y en particular la rúbrica 1 a (competitividad para el crecimiento y el empleo) y la rúbrica 4 (la UE como actor global) en el marco financiero actual es insuficiente para aplicar las políticas aprobadas como prioridades por el Parlamento, el Consejo y la Comisión; recuerda asimismo que los créditos asignados a algunas políticas se han tenido que revisar varias veces para hacer frente a nuevos objetivos y cometidos, lo que ha obligado a utilizar el instrumento de flexibilidad en prácticamente todos los presupuestos anuales; destaca que no aceptará que se pongan en peligro antiguos compromisos políticos de la UE; recuerda, en particular, que los compromisos financieros asumidos en los acuerdos internacionales y/o los acuerdos entre la UE y diversas organizaciones internacionales se deben respetar e incluir debidamente en el proyecto de presupuesto;

18.

Recuerda que el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2007-2013 se concibió para mejorar la prosperidad y la calidad de vida de nuestros ciudadanos y para explotar todo el potencial de la ampliación, puesto que, desde 2008, la UE ha experimentado una crisis sin precedentes, que ha repercutido también en cada uno de los presupuestos anuales; subraya, en este contexto, que no se ha revisado el Marco Financiero Plurianual 2007-2013 parra adaptarse a las necesidades de financiación adicional como consecuencia de la actual crisis, sino que, por el contrario, se han dejado márgenes globales importantes por debajo de los importes máximos totales en todos los presupuestos desde 2007, y que, en esta medida, todos los presupuestos anuales han sido ajustados y austeros; subraya que, por consiguiente, los pagos correspondientes deberán, al menos, ejecutarse de acuerdo con el ciclo presupuestario normal; recuerda que los pagos se disocian de los créditos de compromiso solo debido al desfase en el tiempo, que en el caso de los programas plurianuales, transcurre antes del desembolso efectivo de los fondos;

19.

Subraya que, al ser 2013 el último ejercicio del actual periodo de programación, será necesario ponerse al día en términos de pagos, como sucede siempre al final de las perspectivas financieras, debido al inicio del proceso de conclusión de los programas 2007-2013 y, en términos de compromisos, para respetar los importes de la programación plurianual, que rondan los 152 000 millones EUR para 2013; reitera que cualquier reducción artificial del nivel de pagos retrasará el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la UE y de sus compromisos anteriores, y también podría dar lugar a demandas de intereses de demora y a una pérdida de confianza en las políticas europeas y de credibilidad de las instituciones de la UE; subraya, por consiguiente, que las deudas contractuales deben pagarse cuanto antes en aras de la disciplina presupuestaria;

20.

Toma nota de que el nivel de pagos que, al ser el simple resultado de los compromisos anteriores, debe determinarse sobre la base de criterios técnicos como los datos de ejecución, las previsiones de absorción o el nivel de compromisos pendientes de liquidación (RAL), se ha convertido en la principal cuestión política en el seno del Consejo durante los procedimientos presupuestarios más recientes; destaca el creciente nivel de RAL a finales de 2011, que ascendía a 207 000 millones EUR, lo que representa casi un 7 % más que el nivel a finales de 2010; decide entablar, a la vista de la inminente reunión interinstitucional sobre la diferencia entre los créditos de compromiso y los créditos de pago, un diálogo con la Comisión para aclarar debidamente la composición de los RAL; insiste en que el Consejo se abstenga de decidir a priori el nivel de pagos sin tener en cuenta las necesidades reales ni las obligaciones jurídicas; observa, por otra parte, que el aumento de los RAL va en realidad en detrimento de un presupuesto de la UE transparente en el que pueda verse claramente la relación entre los compromisos y los pagos en un ejercicio presupuestario específico;

21.

Subraya el hecho de que un simple enfoque «contribuyente neto al presupuesto de la UE/beneficiario neto del presupuesto de la UE» no tiene debidamente en cuenta los grandes efectos indirectos positivos que produce el presupuesto de la UE entre sus Estados miembros en beneficio de los objetivos políticos comunes de la UE; manifiesta su profunda preocupación por los muchos aumentos moderados de las dotaciones para pagos en los dos últimos presupuestos que, en el caso del presupuesto para 2012, fueron incluso inferiores al nivel de inflación, en un momento crucial en el que todos los programas de inversión se deberían estar ejecutando a velocidad máxima y desplegando su pleno potencial;

22.

Subraya que debe evitarse un presupuesto inferior al necesario en aras de la buena gestión financiera, y que los créditos tienen que ir adaptados a unas estimaciones realistas de la capacidad de absorción; señala que una reducción artificial del nivel de créditos con respecto a las previsiones realistas de la Comisión puede, por el contrario, impedir que el nivel final de la ejecución presupuestaria alcance su pleno potencial; recuerda que el nivel de créditos de pago propuesto por la Comisión en su proyecto de presupuesto viene determinado en su mayor parte por las previsiones de los propios Estados miembros y su capacidad de ejecución, dado que los Estados miembros gestionan junto con la Comisión más del 80 % de la financiación de la UE;

23.

Lamenta el hecho de que, si bien el Consejo se negó en diciembre de 2011 a financiar las necesidades adicionales identificadas, algunas solicitudes de pago por valor de más de 10 000 millones EUR no pudieron realizarse a finales de 2011, lo que ahora está teniendo un impacto directo sobre los pagos disponibles para 2012; manifiesta su preocupación por el hecho de que esta situación es resultado de las dudas del Consejo con respecto a los datos de ejecución y las evaluaciones de las necesidades presentados por la Comisión sin proponer ningún dato o recurso alternativo;

24.

Manifiesta, por lo tanto, su enorme preocupación por la situación de los pagos en 2012 y pide una propuesta de la Comisión que permita encontrar una solución lo más rápidamente posible durante este año, para no tener que posponer una vez más el problema a 2013; considera, además, que esa utilización de los créditos previstos para el próximo ejercicio para financiar necesidades actuales constituye una mala gestión financiera y es contraria al principio de la anualidad presupuestaria; manifiesta su profunda preocupación ante la posibilidad de que esta práctica socave el principio de no endeudamiento de la Unión;

25.

Reitera su petición al Consejo de que se abstenga de efectuar reducciones artificiales de los pagos durante el procedimiento presupuestario, y subraya que este proceder podría conducir a un nivel de pagos insostenible; pide al Consejo, en caso de que se hagan propuestas en este sentido, que indique y justifique clara y públicamente los programas o los proyectos de la UE que, en su opinión, podrían posponerse o abandonarse por completo;

26.

Pide al Consejo, en este contexto, que adapte su posición a un presupuesto realista y responsable y se compromete a seguir controlando constantemente la ejecución de los créditos de 2012 y, en particular, los de pago; pide al Consejo que haga lo mismo, de modo que la Autoridad Presupuestaria pueda trabajar sobre la base de datos comunes actualizados relativos a la ejecución y realizar estimaciones de gastos fiables; invita a tal fin al Consejo y a la Comisión a una reunión interinstitucional a celebrar durante el primer semestre de 2012 a un nivel político adecuado, con vistas a disipar posibles malentendidos relativos a las cifras de ejecución y a las estimaciones de las necesidades de pagos, y de hacer conjuntamente balance de la situación de los pagos para los ejercicios 2012 y 2013;

27.

Destaca la importancia de la financiación de las Autoridades Europeas de Supervisión (ABE, AESPJ y AEVM) para permitir el pleno cumplimiento de la agenda de regulación financiera y las estructuras de supervisión para prevenir crisis futuras; subraya que el presupuesto debería dar prioridad a la financiación de las Autoridades Europeas de Supervisión y de servicios jurídicos independientes para las mismas;

28.

Se felicita por el acuerdo alcanzado, en diciembre de 2011, sobre la financiación de los costes adicionales del proyecto ITER; insta a la Comisión a que respete íntegramente las conclusiones conjuntas de ese acuerdo y a que formule propuestas concretas sobre el importe de 360 millones EUR en el proyecto de presupuesto 2013, haciendo pleno uso de las disposiciones del Reglamento financiero y del AI de 17 de mayo de 2006, excluyendo cualquier nueva revisión del MFP en relación con el proyecto ITER; reitera su firme convicción de que garantizar el importe de 360 millones EUR en el presupuesto para 2013 no debe impedir la ejecución con éxito de otras políticas de la UE, especialmente las que contribuyen al logro de los objetivos de la Estrategia UE 2020 durante este último año del periodo de programación, y se opone específicamente a todas las reasignaciones que atenten contra esta prioridad presupuestaria; subraya que, en su programación financiera, la Comisión prevé un margen de 47 millones EUR en la rúbrica 1a, que cubre parcialmente las necesidades del proyecto ITER;

29.

Espera, en la perspectiva de la próxima adhesión de Croacia el 1 de julio de 2013, que la revisión del MFP se adopte rápidamente, de conformidad con el punto 29 del AI («Adaptación del marco financiero en caso de ampliación») y pide a la Comisión que presente su propuesta de dotaciones adicionales correspondientes en cuanto los Estados miembros hayan ratificado el Acto de Adhesión; reitera que la ampliación a Croacia debe ir acompañada de una financiación adicional apropiada consistente en fondos nuevos, y no en reasignaciones para la segunda mitad de 2013;

30.

Toma nota de la carta de 23 de enero de 2012 enviada por el Comisario de Programación Financiera y Presupuesto en la que manifiesta la voluntad de la Comisión de reducir el número de puestos en su organigrama en un 1 % ya a partir de 2013, teniendo debidamente en cuenta los efectos diferentes que ello tendrá en las direcciones generales grandes, medianas y pequeñas; planea examinar cuidadosamente la intención de la Comisión de reducir para 2018 en un 5 % la dotación de personal de las instituciones y los órganos de la UE con relación a 2013, y recuerda que se trata de un objetivo general; recuerda que cualquier cambio que se efectúe en el organigrama repercute directamente en el presupuesto, y que tales cambios no deben comprometer en modo alguno las prerrogativas presupuestarias de la Comisión de Presupuestos y del Parlamento Europeo; considera que cualquier reducción a corto o largo plazo del personal debe basarse en una evaluación de impacto previa y tener plenamente en cuenta, entre otras, las obligaciones jurídicas de la Unión y las nuevas competencias y tareas adicionales de las instituciones que se derivan de los Tratados;

31.

Recuerda la importancia de una cooperación interinstitucional estrecha y constructiva a lo largo del procedimiento y reitera su voluntad de contribuir plenamente a dicha cooperación en el pleno respeto de las disposiciones del TFUE; espera que las presentes orientaciones se tengan plenamente en cuenta en el marco del procedimiento presupuestario y de la elaboración del proyecto de presupuesto;

32.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.

31.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 251/42

—

Vistos los artículos 81 y 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los que se contempla la adopción, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, de medidas para garantizar «el apoyo a la formación de magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia»,

—

Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 1991, sobre la creación de una Academia Europea de Derecho (1), su Resolución, de 24 de septiembre de 2002, sobre la adopción de una Decisión del Consejo por la que se crea una red europea de formación judicial (2), su Resolución, de 9 de julio de 2008, sobre el papel del juez nacional en el sistema judicial europeo (3), y su Recomendación al Consejo, de 7 de mayo de 2009, sobre el desarrollo de un espacio de justicia penal en la UE (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre el Plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo (COM(2010)0171),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2009, sobre el Programa de Estocolmo (5),

—

Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre la formación judicial (6),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de septiembre de 2011, titulada «Crear confianza en una justicia europea – nueva dimensión de la formación judicial europea» (COM(2011)0551),

—

Visto el proyecto piloto sobre formación judicial propuesto por el Parlamento en 2011,

—

Visto el estudio comparativo sobre formación judicial en los Estados miembros, encargado por el Parlamento a la Academia de Derecho Europeo (ERA), en colaboración con la Red Europea de Formación Judicial (7),

—

Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que el citado estudio hace un balance de las actividades llevadas a cabo en este ámbito por las escuelas judiciales nacionales, incluido el tipo de formación, las condiciones pertinentes y los recursos presupuestarios, con vistas a identificar asimismo las necesidades, las propuestas de mejora y las mejores prácticas, y que, por otra parte, contiene los resultados de una encuesta exhaustiva, en la que fueron consultados más de 6 000 jueces y fiscales de los Estados miembros, sobre su experiencia en cuanto a la formación en el Derecho de la UE y sus propuestas de mejora;

B.

Considerando que la formación judicial debería denominarse, para mayor corrección, «estudios judiciales», con objeto de reflejar la naturaleza especial de la formación intelectual continua que deben seguir los miembros de la judicatura y el hecho de que las personas más adecuadas para impartir estudios judiciales son los propios jueces;

C.

Considerando que, hoy por hoy, la oferta de formación dista mucho de haber alcanzado el objetivo de la Comisión, a saber, que la mitad de los profesionales de la justicia de la Unión Europea tenga acceso a la misma;

D.

Considerando que, según indica el estudio, las barreras lingüísticas, la falta de información (en un plazo oportuno) sobre los programas existentes, el hecho de que los programas no siempre estén adaptados a las necesidades de los jueces, así como la elevada carga de trabajo de los jueces y la falta de fondos adecuados, son algunas de las razones que explican el número relativamente bajo de encuestados que han seguido una formación en el Derecho de la UE (un 53 %, de los cuales tan solo un tercio en los últimos tres años);

E.

Considerando que, en el actual periodo de austeridad financiera, es aconsejable, desde un punto de vista presupuestario, sacar partido de las instituciones existentes, en particular de las escuelas de formación judicial nacionales, así como de las universidades y las organizaciones profesionales, para aquellos aspectos de la construcción de una cultura judicial europea que atañen a la «legislación nacional»; que, de este modo, pueden identificarse las mejores prácticas existentes en los Estados miembros, y velar por su promoción y divulgación en toda la Unión; que, por lo que respecta a la formación en el Derecho de la UE, la Academia de Derecho Europeo debe seguir desempeñando su función;

F.

Considerando que, como ya ha señalado el Parlamento, el espacio judicial europeo debe basarse en una cultura judicial europea compartida por los profesionales del Derecho, la judicatura y los fiscales, que no se asiente únicamente en el Derecho de la UE, sino que se desarrolle mediante el conocimiento y la comprensión mutuos de los sistemas judiciales nacionales, la remodelación completa de los estudios universitarios, los intercambios, los viajes de estudios y la formación común con el apoyo activo de la Academia de Derecho Europeo, la Red Europea de Formación Judicial y el Instituto de Derecho Europeo;

G.

Considerando que la formación judicial debe vincularse a un debate sobre el papel tradicional de la judicatura y su modernización y sobre la manera de abrirla y ampliar sus horizontes; que ello también implica una formación en idiomas y un fomento del estudio del Derecho comparado y el Derecho internacional;

H.

Considerando que también es necesario crear una cultura judicial común entre los miembros de la judicatura a través de la Carta de los Derechos Fundamentales y el trabajo de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, entre otros, con el fin de promover los valores fundamentales de la profesión judicial mediante el debate y la promulgación de los criterios comunes de ética profesional, el Estado de Derecho y los principios relativos a la selección y el nombramiento de los jueces, así como evitar la politización de la judicatura, favoreciendo de ese modo la confianza mutua necesaria para hacer realidad el espacio judicial común;

I.

Considerando que es necesario crear redes entre los jueces de diferentes culturas y mejorar la coordinación de las redes existentes para establecer «círculos de coherencia»; que, para tal fin, la comunicación electrónica no es suficiente y deben constituirse foros en los que los jueces puedan establecer contactos, con la participación esencial de los jueces de los Tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo;

J.

Considerando que los estudios judiciales no pueden limitarse al Derecho material y procesal y que los jueces necesitan una formación relacionada con su ámbito judicial y con la adquisición de aptitudes específicas;

1.

Considera, aunque reconoce que los contactos directos son la mejor opción, que a la vista de las restricciones presupuestarias, así como de la respuesta de los jueces al estudio, esta formación y asesoramiento también podrían ofrecerse a través de Internet (videoconferencias, cursos en línea, webstreaming) así como por medio de intercambios; señala que los jueces piden una mayor evaluación y adaptación de los programas de formación a sus necesidades, aunque parecen preferir la formación interactiva en la que pueden intercambiar experiencias y examinar casos concretos en vez de las fórmulas «clásicas» (desde arriba);

2.

Considera que otro objetivo podría ser la coordinación de la formación que ofrecen las escuelas judiciales existentes, así como facilitar y promover el diálogo y los contactos profesionales;

3.

Señala que la formación multilingüe es importante, pues el estudio muestra que solo un número relativamente pequeño de jueces habla un idioma extranjero lo suficientemente bien como para participar activamente en la formación judicial en otros Estados miembros;

4.

Opina que una forma de resolver los problemas (costes, formación en idiomas, eficacia con respecto al coste) sería utilizar la tecnología moderna y financiar la creación de aplicaciones («apps») en la línea del ITunes U de Apple; estas aplicaciones, preparadas por las escuelas nacionales, ERA, las universidades y otros formadores, consistirían en cursos de formación con material de vídeo, incluida la formación en idiomas (prestando especial atención a la terminología jurídica) y la instrucción acerca de los sistemas jurídicos nacionales, los procedimientos jurídicos específicos, etc. y sería gratuita para los miembros de la judicatura;

5.

Considera que la participación con éxito en este tipo de cursos abriría la puerta a un Erasmus para los jueces y a la participación en cursos de formación en el extranjero;

6.

Propone que estas aplicaciones también se pongan a disposición de los profesionales del Derecho, las organizaciones profesionales, los profesores universitarios y los estudiantes de Derecho por un precio módico, y señala que su desarrollo y producción supondría un pequeño impulso para la economía y el empleo a cambio de una aportación económica relativamente escasa;

7.

Considera que el proyecto piloto, presentado por Luigi Berlinguer y Erminia Mazzoni y que debe ponerse en marcha en 2012, debe tener el objetivo, en primer lugar, de identificar y difundir las mejores prácticas, organizando el acceso al Derecho de la UE y a la formación pertinente en el seno de los sistemas y escuelas judiciales nacionales; opina, por ejemplo, que la UE debe alentar a los Estados miembros a emular instituciones de éxito, como, por ejemplo, los coordinadores de Derecho de la UE que ya existen en Italia y los Países Bajos, en el seno de la estructura judicial nacional, y a promover la formación de estos coordinadores y facilitar también por otros medios su trabajo a nivel de la UE;

8.

Opina que el proyecto piloto también debe incluir la creación de un grupo de trabajo en el que participen formadores judiciales nacionales y europeos, así como actores extrajudiciales, con el fin de identificar una serie de «agrupaciones temáticas» de cuestiones del Derecho de la UE que sean las más relevantes para la práctica judicial cotidiana, tanto en asuntos «prácticos» (cómo presentar una solicitud de decisión prejudicial, cómo tener acceso a las bases de datos de la UE, etc.) como en materias sustantivas;

9.

Propone que el proyecto piloto coordine: a) el intercambio de asesoramiento y conocimientos sobre cada uno de los sistemas jurídicos entre las distintas escuelas judiciales, sobre la base de las redes y recursos existentes, y b) la formación formal y la familiarización con sistemas jurídicos extranjeros;

10.

Propone, por último, que la Comisión celebre un foro anual en el que jueces de todas las categorías en ámbitos del Derecho en los que se plantean frecuentemente cuestiones nacionales y transfronterizas puedan debatir sobre uno o varios ámbitos recientes en los que se haya planteado controversia o sean de gran dificultad, con el fin de alentar el debate, establecer contactos, crear canales de comunicación y crear confianza y comprensión mutuas; considera que este foro también ofrecería la posibilidad a las autoridades competentes, a los formadores y a los expertos, incluidas las universidades y las organizaciones profesionales, de examinar la política de formación judicial y el futuro de la educación en el ámbito jurídico en Europa;

11.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.

31.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 251/45

—

Vistos los artículos 3, 6 y 21 del Tratado de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 206 y 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la prohibición y la acción inmediata para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

—

Vista la conclusión del Convenio Internacional del Cacao de 2010, en particular sus artículos 42 y 43,

—

Recordando sus anteriores resoluciones sobre la trata de niños y sobre la explotación infantil en los países en desarrollo,

—

Recordando sus resoluciones de 25 de noviembre de 2010 sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales (1), y sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional (2),

—

Visto el apartado 2 del artículo 110 del Reglamento,

A.

Considerando que la OIT estima que más de 215 millones de niños en todo el mundo son trabajadores infantiles y desempeñan actividades que deben abolirse; que, de estos niños, 152 millones son menores de 15 años, y 115 millones realizan actividades peligrosas;

B.

Considerando que, a efectos de la presente Resolución, «trabajo infantil» es el definido por la OIT en su Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y en su Convenio 182 sobre la prohibición y la acción inmediata para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil;

C.

Considerando que el Parlamento Europeo debe conceder su aprobación a la celebración del Convenio Internacional del Cacao de 2010; considerando que las partes interesadas han formulado serias preocupaciones por el trabajo infantil en el cultivo y recolección de las habas de cacao;

D.

Considerando que el 70 % de la producción de cacao se cultiva en el África occidental y aproximadamente 7,5 millones de personas trabajan en la producción de cacao en dicha región, casi exclusivamente en pequeñas explotaciones familiares, y que entre 1,5 y 2 millones de familias gestionan explotaciones en el conjunto del África occidental; que el cultivo del cacao requiere una elevada cantidad de mano de obra durante los cinco meses de recolección y que los productores se ven sometidos a fuertes presiones de los agentes del mercado nacional e internacional para limitar los costes laborales; que, en los momentos de máximo trabajo, todos los miembros de la familia, incluidos los niños, participan en las tareas; que el trabajo infantil supone riesgos inaceptables;

E.

Considerando que, de acuerdo con la OIT, no todos los trabajos efectuados por niños pueden considerarse trabajo infantil que debe erradicarse y debe establecerse una clara distinción entre ambas formas; que la participación de niños o adolescentes en trabajos que no afecten a su salud y desarrollo personal ni interfieran en su escolarización generalmente se considera positiva a menos que las tareas sean peligrosas o les impidan asistir a la escuela;

F.

Considerando que diversos estudios llevados a cabo en Ghana y Costa de Marfil indican que los niños que trabajan en explotaciones de cacao están expuestos a distintos tipos de peligros; que, además, algunos niños pueden haber sido objeto de trata y forzados a desplazarse desde otras regiones del país o desde países vecinos; que debe seguir investigándose sobre la incidencia del trabajo infantil y del tráfico de niños en la región, puesto que no hay datos comprobados al respecto;

G.

Considerando que el uso de las peores formas de trabajo infantil en el cultivo y la recolección de las semillas de cacao es inaceptable;

H.

Considerando que en los últimos años las iniciativas y programas dirigidos a luchar contras las peores formas de trabajo infantil en las explotaciones de cacao del África Occidental habían logrado avances significativos, si bien aun quedaba mucho por hacer debido a la envergadura del sector; que el renacimiento de los conflictos en la región en particular en Costa de Marfil, ha hecho que vuelva a empeorar la situación de los niños;

I.

Considerando que la pobreza y la falta de alternativas de generación de ingresos, la escasez o la ausencia total de oportunidades extraescolares para la juventud, las estructuras rígidas y las actitudes dominantes de la comunidad, la ausencia de una protección jurídica adecuada de los derechos de los niños y la incapacidad de instaurar una educación pública obligatoria para todos los niños independientemente de su sexo, por no hablar de la corrupción y el mal gobierno, constituyen factores socioeconómicos y políticos que contribuyen al abuso recurrente de los menores en algunas partes del mundo;

J.

Recordando la principal responsabilidad de los Gobiernos de todos los países afectados en relación con la plena aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y los Convenios 138 y 182 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo y sobre la prohibición y la acción inmediata para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, respectivamente;

K.

Recordando la Estrategia de la UE para la Responsabilidad Social de las Empresas (2011-2014), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y en particular su Principio 5 sobre la abolición del trabajo infantil, y el Protocolo Harkin-Engel, que brindan un marco útil para la responsabilidad social de las empresas en el sector del cacao;

1.

Insta a los Estados que aún no hayan ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y los Convenios 138 y 182 de la OIT a que los ratifiquen y apliquen en breve; considera, asimismo, que los Estados deben aplicar todas las políticas adecuadas para fomentar la sensibilización ante los abusos contra los niños en el mercado laboral y ante la necesidad de cumplir con la legislación nacional e internacional vigente;

2.

Condena enérgicamente el uso del trabajo infantil en los campos de cacao;

3.

Pide a todas las partes interesadas en el cultivo y la transformación de las habas de cacao y sus productos derivados —a saber, los gobiernos, la industria mundial, los productores de cacao, las organizaciones sindicales, las organizaciones no gubernamentales y los consumidores— que estén a la altura de sus respectivas responsabilidades en la lucha contra todas las formas de trata y trabajo infantil forzoso, a fin de compartir conocimientos técnicos y colaborar en la consecución de una cadena de suministro del cacao que sea sostenible y no incluya trabajo infantil;

4.

Considera que solo un marco holístico y coordinado que resuelva las causas profundas del trabajo infantil, aplicado a largo plazo por los gobiernos, la sociedad civil, la industria, los comerciantes y los productores puede producir cambios significativos;

5.

Pide a la Comisión que vele por la coherencia entre las medidas en todas sus iniciativas, en particular, las relacionadas con el comercio, el desarrollo (especialmente en materia de acceso de los niños a la educación), los derechos humanos, la contratación pública y la responsabilidad social corporativa y que estimule adicionalmente el intercambio de mejores prácticas entre los distintos sectores en que se da el trabajo infantil:

6.

Insta a la Comisión a velar por que todos los acuerdos comerciales contengan disposiciones efectivas en el ámbito de la reducción de la pobreza y la promoción del trabajo digno y la seguridad en las condiciones de trabajo, junto con cláusulas jurídicamente vinculantes en materia de derechos humanos internacionalmente aceptados, normas sociales y ambientales y su cumplimiento, acompañado todo ello de medidas aplicables en caso de infracción;

7.

Recuerda que el principal instrumento de la UE en materia de política comercial destinado a promover las normas fundamentales del trabajo, el sistema de preferencias generalizadas (SPG), está en revisión y que las preferencias comerciales concedidas a los países beneficiarios dentro de este sistema pueden retirarse en determinadas circunstancias, en particular en caso de incumplimiento grave y sistemático de los principios establecidos en varios convenios fundamentales de la OIT, incluidos los Convenios 138 y 182;

8.

Recuerda que, el 15 de diciembre de 2011, el Parlamento Europeo decidió denegar la aprobación de un Protocolo relacionado con el comercio de productos textiles del Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y Uzbekistán debido a cuestiones relacionadas con la utilización de trabajo infantil forzoso en los campos de algodón de Uzbekistán, y recomendó que la UE investigara la posibilidad de retirar temporalmente las ventajas concedidas a Uzbekistán en el marco del SPG si los órganos de supervisión de la OIT constatan la existencia de un incumplimiento grave y sistemático de las obligaciones que incumben a Uzbekistán (3);

9.

Celebra las iniciativas emprendidas por varias partes interesadas, con la participación de los gobiernos, la industria, los productores y la sociedad civil, destinadas a erradicar el trabajo infantil, mejorar las vidas de los niños y los adultos que trabajan en las explotaciones de cacao y a velar por que el cacao se cultive de forma responsable, como la reciente iniciativa regional de la OCDE, la Secretaría del Club del Sahel y del África Occidental y la International Cocoa Initiative para promover las mejores prácticas en la lucha contra las peores formas de trabajo infantil en las explotaciones de cacao del África Occidental; señala que estas iniciativas requieren un seguimiento apropiado para garantizar que se obtengan verdaderos progresos; insta a los gobiernos a incrementar su apoyo a las redes de comercio justo en el sector del cacao y a las cooperativas rurales, permitiéndoles enviar sus productos directamente a los mercado nacional e internacional, con lo que evitarán los intermediarios y podrán obtener precios justos; pide a la Comisión que apoye dichas iniciativas;

10.

Apoya los objetivos del Protocolo sobre cultivo y elaboración de habas de cacao y sus productos derivados en cumplimiento del Convenio 182 de la OIT en relación con la prohibición y la acción inmediata para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil (conocido como «Protocolo Harkin-Engel») y pide su plena aplicación;

11.

Recuerda que el CEN (Comité Europeo de Normalización) ha decidido recientemente constituir un nuevo comité de proyecto para elaborar una norma europea en dos partes para las vertientes de la trazabilidad y la sostenibilidad del cacao; pide a la Comisión que otorgue consideración a un mecanismo de trazabilidad efectiva para los productos elaborados con participación de trabajo infantil forzado y, si procede, presente una propuesta legislativa al respecto; pide a las partes en el Convenio Internacional del Cacao que apoyen las mejoras de la cadena de suministro y de la organizaciones de los agricultores para posibilitar la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro del sector;

12.

Pide a las partes en el Convenio Internacional del Cacao que estudien la posibilidad de introducir una trazabilidad de la cadena de suministro del cacao que se haya sometido a una auditoría acreditada realizada por terceros;

13.

Pide a la Comisión, al Programa internacional para la eliminación del trabajo infantil de la OIT y a los otros agentes que sigan procurando comprender mejor la complejidad económica, social y cultural de las comunidades agrícolas;

14.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a UNICEF, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a la Unión Africana y a la Organización Internacional del Trabajo.

31.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 251/47

—

Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista la Declaración de San Vicente sobre el tratamiento y la investigación de la diabetes en Europa, aprobada en la primera reunión del programa de acción de la Declaración de San Vicente contra la diabetes, celebrada en San Vicente los días 10 a 12 de octubre de 1989 (1),

—

Vista la creación por la Comisión, el 15 de marzo de 2005, de una Plataforma europea de acción sobre alimentación, actividad física y salud (2),

—

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 8 de diciembre de 2005, titulado «Fomentar una alimentación sana y la actividad física: una dimensión europea para la prevención del exceso de peso, la obesidad y las enfermedades crónicas», que aborda los factores determinantes de la aparición de la diabetes de tipo 2 (COM(2005)0637),

—

Vistas las conclusiones de la Conferencia sobre la prevención de la diabetes de tipo 2 organizada por la Presidencia austriaca en Viena, los días 15 y 16 de febrero de 2006 (3),

—

Vista su Declaración sobre la diabetes, de 27 de abril de 2006 (4),

—

Vistas las conclusiones del Consejo sobre la promoción de formas de vida sanas y la prevención de la diabetes de tipo 2 (5),

—

Vista la Resolución del Comité Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, de 11 de septiembre de 2006, titulada «Prevención y control de enfermedades no transmisibles en la región de Europa de la OMS» (6),

—

Vista la Resolución 61/225 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 2006, sobre el Día Mundial de la Diabetes,

—

Vistas la Decisión no 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, por la que se establece el segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013) (7), y la posterior Decisión de la Comisión, de 22 de febrero de 2011, relativa a la adopción de una decisión de financiación para 2011 en el marco del segundo programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013) y a los criterios de selección, adjudicación y de otro tipo que se aplican a las contribuciones financieras para las acciones de este programa (8),

—

Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 23 de octubre de 2007, titulado «Juntos por la salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013)» (COM(2007)0630),

—

Vistos el Séptimo Programa Marco de Investigación (2007-2013) (9) y el Programa Marco de Investigación e Innovación (COM(2011)0808)»,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de octubre de 2009, titulada «Solidaridad en materia de salud: reducción de las desigualdades en salud de la UE (COM(2009)0567)»,

—

Vista la Resolución 64/265 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 13 de mayo de 2010, sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles,

—

Vistos los importantes resultados y recomendaciones del proyecto DIAMAP – Hoja de Ruta sobre la investigación de la diabetes en Europa, del programa Salud 200701 del Séptimo Programa Marco de Investigación (10),

—

Vistas la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada «Iniciativa emblemática de Europa 2020: Unión por la innovación» (COM(2010)0546), y su cooperación piloto en el campo del envejecimiento activo y saludable,

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 2010, sobre «Planteamientos innovadores para las enfermedades crónicas en los sistemas de salud pública y de atención sanitaria»,

—

Vista la Resolución 65/238 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 24 de diciembre de 2010, titulada «Alcance, modalidades, formato y organización de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles»,

—

Vista la Declaración de Moscú, aprobada durante la primera Conferencia ministerial mundial de las Naciones Unidas sobre modos de vida sanos y lucha contra las enfermedades no transmisibles, celebrada en Moscú los días 28 y 29 de abril de 2011 (11),

—

Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2011, sobre la posición y el compromiso de la UE con miras a la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (12),

—

Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que la diabetes es una de las enfermedades no transmisibles más comunes, que se estima que afecta a más de 32 millones de ciudadanos de la UE, es decir, a casi el 10 % de la población total de la UE, y que otros 32 millones de ciudadanos sufren de trastornos de tolerancia a la glucosa, con una probabilidad muy elevada de que esta derive en diabetes clínicamente manifiesta (13);

B.

Considerando que se calcula que el número de personas que padecen diabetes en Europa habrá aumentado en un 16,6 % en 2030, debido a la epidemia de obesidad, el envejecimiento de la población europea y otros factores todavía por determinar;

C.

Considerando que la diabetes de tipo 2 reduce la esperanza de vida entre 5 y 10 años (14), y la diabetes de tipo 1 en unos 20 años (15), y que se atribuyen a la diabetes 325 000 muertes al año en la UE (16), es decir, el fallecimiento de un ciudadano cada dos minutos;

D.

Considerando que se confirma cada vez más que la reducción de los factores de riesgo reconocidos, en particular los relativos a los hábitos de vida, es una estrategia de prevención fundamental para reducir la incidencia, la prevalencia y las complicaciones de la diabetes tanto de tipo 1 como de tipo 2;

E.

Considerando que todavía es necesario seguir investigando para identificar claramente los factores de riesgo de la diabetes de tipo 1, que la predisposición genética es objeto de investigación y que la diabetes de tipo 1 se contrae a una edad cada vez más temprana;

F.

Considerando que la diabetes de tipo 2 es una enfermedad que se puede prevenir y cuyos factores de riesgo, como una alimentación pobre y desequilibrada, la obesidad, la falta de actividad física y el consumo de alcohol, están claramente identificados y pueden abordarse mediante estrategias de prevención eficaces;

G.

Considerando que actualmente la diabetes no tiene cura;

H.

Considerando que las complicaciones de la diabetes de tipo 2 se pueden prevenir con el fomento de un estilo de vida saludable y un diagnóstico precoz; que, no obstante, esta enfermedad se diagnostica a menudo demasiado tarde, de manera que actualmente hasta un 50 % de las personas que la padecen lo ignoran (17);

I.

Considerando que hasta un 75 % de todas las personas que padecen diabetes no controlan adecuadamente su enfermedad, lo que aumenta el riesgo de complicaciones, pérdida de productividad y costes para la sociedad (18), como ha demostrado un estudio reciente (19);

J.

Considerando que en la mayor parte de los Estados miembros se atribuye a la diabetes más del 10 % de los gastos en atención sanitaria, porcentaje que en ocasiones se eleva hasta el 18,5 % (20), y que el coste general de la atención sanitaria de un ciudadano de la UE con diabetes alcanza un promedio de 2 100 euros al año (21); que estos costes aumentarán inevitablemente, dado el aumento del número de diabéticos, el envejecimiento de la población y el riesgo de múltiples enfermedades asociadas;

K.

Considerando que, si no se controla adecuadamente o si se diagnostica demasiado tarde, la diabetes es una causa primordial de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, ceguera, amputaciones y fallos renales;

L.

Considerando que el fomento de estilos de vida saludables y la lucha contra los cuatro riesgos sanitarios más importantes, a saber, el tabaco, una dieta desequilibrada, la falta de actividad física y el alcohol, en todos los ámbitos políticos pueden contribuir considerablemente a la prevención de la diabetes, sus complicaciones y sus costes económicos y sociales;

M.

Considerando que las personas que padecen diabetes deben hacerse cargo ellas mismas de su atención en un 95 % (22), que la carga que supone la diabetes para las personas y sus familias no es solo financiera, sino que también comporta aspectos psicosociales y una reducción de la calidad de vida;

N.

Considerando que solo 16 de los 27 Estados miembros cuentan con un marco o programa nacional en vigor para afrontar la diabetes, y que no existen criterios claros de lo que constituye un buen programa o para determinar cuáles son los países con mejores prácticas (23); que hay grandes diferencias y desigualdades en la calidad del tratamiento de la diabetes dentro de la UE;

O.

Considerando que no existe un marco jurídico europeo para abordar la discriminación contra las personas que padecen diabetes u otras enfermedades crónicas, y que los prejuicios contra los pacientes siguen siendo generalizados en las escuelas, en la contratación, en el lugar de trabajo, en las pólizas de seguros y en los exámenes para obtener el permiso de conducción en toda la UE;

P.

Considerando que la falta de financiación y de infraestructuras para coordinar la investigación sobre la diabetes en la UE repercute negativamente en la competitividad de la investigación sobre la diabetes en la UE e impide que las personas que padecen diabetes se beneficien plenamente de la investigación en Europa;

Q.

Considerando que no existe actualmente una estrategia europea para luchar contra la diabetes, a pesar de las conclusiones del Consejo bajo la Presidencia austriaca sobre la promoción de formas de vida sanas y la prevención de la diabetes de tipo 2 (24), de una extensa lista de resoluciones de las Naciones Unidas, y de la Declaración por escrito del Parlamento Europeo sobre la diabetes;

1.

Se felicita de las conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 2010, sobre «Planteamientos innovadores para las enfermedades crónicas en los sistemas de salud pública y de atención sanitaria» (25), así como su llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión para que inicien un proceso de reflexión destinado a encontrar maneras de optimizar la respuesta a los retos que plantean las enfermedades crónicas;

2.

Toma nota de su mencionada Resolución, de 15 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo sobre la posición y el compromiso de la Unión Europea con miras a la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, que se centra en la diabetes como una de las cuatro enfermedades no transmisibles más importantes;

3.

Pide a la Comisión que desarrolle y aplique una estrategia específica sobre la diabetes en la UE, en forma de una recomendación del Consejo de la UE sobre la prevención, el diagnóstico, la gestión, la educación y la investigación sobre la diabetes;

4.

Pide a la Comisión que elabore unos criterios y métodos comunes y normalizados para la recogida de datos sobre la diabetes, y que, en colaboración con los Estados miembros, coordine, recoja, registre, supervise y gestione datos epidemiológicos generales sobre la diabetes, y datos económicos basados en los costes directos e indirectos de la prevención y gestión de la diabetes;

5.

Pide a los Estados miembros que desarrollen, apliquen y supervisen programas nacionales sobre la diabetes, destinados a fomentar la salud, la reducción de los factores de riesgo, y la predicción, la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de la diabetes tanto de la población general como de los grupos de alto riesgo en particular, y encaminados a reducir las desigualdades y optimizar los recursos sanitarios;

6.

Pide a los Estados miembros que fomenten la prevención de la diabetes de tipo 2 y de la obesidad (recomendando que las estrategias se apliquen desde una edad temprana mediante la enseñanza en la escuela de hábitos saludables en materia de alimentación y de actividad física) y estrategias de estilo de vida saludables, incluidos la dieta y el ejercicio; subraya a este respecto la necesidad de armonizar las políticas alimentarias con el objetivo de fomentar una dieta sana, permitiendo que los consumidores tomen decisiones saludables y basadas en una buena información, y la importancia del diagnóstico precoz como ámbitos de acción esenciales en sus programas nacionales sobre la diabetes;

7.

Pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros fomentando el intercambio de las mejores prácticas en materia de buenos programas nacionales sobre la diabetes; subraya la necesidad de que la Comisión supervise permanentemente los progresos de los Estados miembros en lo que respecta a la ejecución de los programas nacionales sobre la diabetes, y de que presente regularmente los resultados en un informe;

8.

Pide a los Estados miembros que desarrollen programas de gestión de la enfermedad a partir de las mejores prácticas y de orientaciones terapéuticas basadas en pruebas;

9.

Pide a los Estados miembros que garanticen el acceso permanente de los pacientes, en la atención primaria y secundaria, a equipos interdisciplinarios, tratamientos de la diabetes y tecnologías relativas a esta enfermedad, incluidas las tecnologías electrónicas en el ámbito sanitario (e-health), de elevada calidad, y que les ayuden a obtener y mantener las capacidades y los conocimientos necesarios para hacer posible una gestión de la enfermedad competente, permanente y autónoma;

10.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la coordinación de la investigación europea sobre la diabetes impulsando la colaboración entre las diferentes ramas de la investigación, y creando infraestructuras generales compartidas para facilitar los esfuerzos de investigación sobre la diabetes en Europa, incluidos los ámbitos de la identificación y la prevención de los factores de riesgo;

11.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten un apoyo permanente a la financiación de la investigación sobre la diabetes en virtud de los programas marco de investigación de la UE actual y futuro, considerando a la diabetes de tipo 1 y a la diabetes de tipo 2 enfermedades distintas;

12.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un seguimiento apropiado y adecuado de los resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre enfermedades no transmisibles celebrada en septiembre de 2011;

13.

Recuerda la importancia que reviste para la UE y los Estados miembros, con miras a alcanzar los objetivos relacionados con las enfermedades no transmisibles y abordar los retos sanitarios, sociales y económicos, una mayor integración de la prevención y de la reducción de los factores de riesgo en todos los ámbitos legislativos y políticos pertinentes, especialmente en sus respectivas políticas ambientales, alimentarias y de consumo;

14.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos de los Estados miembros.

31.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 251/52

—

Vistas la Decisión del Consejo Europeo de 16 de diciembre de 2005 de conceder al país el estatuto de candidato a la adhesión a la UE y las Conclusiones de la Presidencia de los Consejos Europeos de los días 15 y 16 de junio de 2006 y 14 y 15 de diciembre de 2006,

—

Vistas las Resoluciones 845 (1993) y 817 (1993) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como la Resolución 47/225 (1993) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Acuerdo Provisional de 1995,

—

Vista la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación del Acuerdo Provisional de 13 de septiembre de 1995 (Antigua República Yugoslava de Macedonia versus Grecia),

—

Vistos el Informe de situación 2010 de la Comisión (SEC(2011)1203) y la Comunicación de la Comisión, de 12 octubre 2011, titulada «Estrategia de ampliación y principales retos 2011-2012» (COM(2011)0666),

—

Vistas sus Resoluciones anteriores,

—

Vistas las recomendaciones del Comité Parlamentario Mixto de 4 de noviembre de 2011,

—

Visto el Informe final de la misión de observación electoral de la OSCE/ODHIR de las elecciones parlamentarias anticipadas del 5 de junio de 2011,

—

Vista la Decisión 2008/212/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2008, sobre los principios, las prioridades y las condiciones que figuran en la Asociación para la adhesión con el país,

—

Vistas las Conclusiones de los Consejos de Asuntos Generales y de Asuntos Exteriores de los días 13 y 14 de diciembre de 2010 y de 5 de diciembre de 2011,

—

Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que en el Consejo Europeo de Salónica de los días 19 y 20 de junio de 2003 se asumió el compromiso ante todos los países de los Balcanes Occidentales de que se adherirían a la Unión Europea, compromiso que se reiteró en la reunión de alto nivel sobre los Balcanes Occidentales celebrada en Sarajevo el 2 de junio de 2010,

B.

Considerando que, en su Informe de situación 2011, la Comisión mantiene su recomendación de 2009 de iniciar las negociaciones de adhesión con el país;

C.

Considerando que en su Estrategia de ampliación de 2011 la Comisión confirmó que «la política de ampliación ha demostrado ser una poderosa herramienta para la transformación social» y que «el compromiso, la condicionalidad y la credibilidad se consideran parte esencial del proceso de adhesión y su éxito»;

D.

Considerando que en la Asociación para la Adhesión se pedía que se intensificasen los esfuerzos, basándose en un ánimo constructivo, por encontrar con Grecia una solución negociada y mutuamente aceptable para el problema de la designación del país, en el marco de las Resoluciones 817 (1993) y 845 (1993) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que se evitasen acciones que puedan repercutir negativamente sobre dichos esfuerzos; que tanto la Comisión como el Consejo han insistido reiteradamente en que es fundamental mantener unas buenas relaciones de vecindad, incluida la adopción de medidas con miras a una solución negociada y mutuamente aceptada para la cuestión del nombre del país, bajo los auspicios de las Naciones Unidas;

E.

Considerando que las cuestiones bilaterales no deben representar un obstáculo en el proceso de adhesión ni utilizarse como tal sino que deben abordarse con espíritu constructivo, lo antes posible, teniendo en cuenta los intereses y valores generales de la UE;

F.

Considerando que la cooperación regional y unas buenas relaciones de vecindad siguen siendo elementos fundamentales del proceso de adhesión y que el establecimiento de compromisos sobre cuestiones litigiosas es la mejor manera de potenciar la cooperación regional en aras del mantenimiento de la paz y de las buenas relaciones de vecindad en los Balcanes Occidentales; que la continuación del proceso de adhesión contribuiría a la estabilidad del país y reforzaría en mayor medida las relaciones interétnicas;

G.

Considerando que cada país candidato tiene un nivel específico de progreso y su propia dinámica de adhesión; que la UE tiene la responsabilidad de no dejar que ningún país quede rezagado, así como que la credibilidad del proceso de adhesión a la UE puede verse comprometida por continuos retrasos en la apertura de las negociaciones de adhesión;

H.

Considerando que éste fue uno de los primeros países de la región a los que se les concedió el estatuto de país candidato; que es el país en el que se registra el apoyo más sólido a la adhesión a la UE por parte de la opinión pública; y que ya ha sido objeto en tres años consecutivos de una recomendación positiva de la Comisión Europea para que se fije la fecha de inicio de las negociaciones de adhesión a la UE;

I.

Considerando que todos los países candidatos y los países candidatos potenciales deben recibir en el proceso de integración un trato conforme a sus méritos respectivos;

1.

Reitera su petición al Consejo de que fije sin más demora la fecha de inicio de las negociaciones de adhesión con el país;

2.

Comparte el análisis de la Comisión recogido en su Informe de situación 2011 en lo que se refiere al cumplimiento continuado de los criterios políticos por parte de este país; lamenta que el Consejo haya decidido en su última reunión de 9 de diciembre de 2011, por tercer año consecutivo, no seguir la recomendación de la Comisión Europea y que no haya iniciado las negociaciones de adhesión con el país;

3.

Destaca la importancia del proceso de integración europea del país y la de todos los esfuerzos en esta dirección como, en particular, el inicio del examen previo de la armonización de la legislación con el acervo y la aplicación de la segunda fase del Acuerdo de Estabilización y Asociación;

4.

Manifiesta su preocupación, aunque no desea obstaculizar los positivos avances realizados por otros países de los Balcanes Occidentales hacia la adhesión a la UE, por que el hecho de que haya la impresión de que el país se ha quedado atrás, lo que podría obstaculizar la mejora de las relaciones interétnicas en el país, y de que la falta de progresos firmes hacia la adhesión a la UE por parte de cualquier país de la región pueda, en última instancia, suponer una amenaza a la estabilidad y a la seguridad para todos ellos;

5.

Señala que aunque cada país candidato tenga un nivel específico de progreso y su propia dinámica de adhesión, la UE tiene la responsabilidad de no dejar que el país quede rezagado;

6.

Toma nota del comentario del Comisario de Ampliación y Política Europea de Vecindad del 5 de septiembre de 2011 en el sentido de que la recomendación positiva de la Comisión Europea no está grabada en piedra; señala, no obstante, que la decisión del Consejo de no seguir la recomendación de la Comisión ha suscitado una frustración y una insatisfacción legítimas en la opinión pública del país y toma nota de que la Unión Europea y sus Estados miembros no deben, en ningún caso, dar por garantizada la perspectiva europea de ningún país candidato y deben dar muestra de los mismos esfuerzos por acelerar el proceso de adhesión en un verdadero espíritu de asociación;

7.

Celebra el nombramiento de nuevo Jefe de la Delegación de la Unión Europea y espera que este nombramiento refuerce las relaciones entre la UE y el país;

8.

Aplaude el inicio del Diálogo de alto nivel sobre la adhesión con la Comisión Europea, el 15 de marzo de 2012, como un avance en el proceso de adhesión a la UE, con el que se pretende aplicar el programa de reformas a través de un importante intercambio de impresiones y unas consultas técnicas regulares en cinco ámbitos políticos claves: la libertad de expresión, el Estado de Derecho, la reforma de la administración pública, la reforma electoral y los criterios económicos; comparte el parecer de la Comisión y de las autoridades gubernamentales de que es preciso centrar el diálogo en los capítulos 23 (poder judicial y derechos fundamentales) y 24 (justicia, libertad y seguridad), que harán avanzar aún más el grado de aplicación de los criterios y normas de adhesión a la UE; confía en que esta modalidad avanzada de diálogo continuará en otros ámbitos de crucial importancia para el proceso de adhesión a la UE; considera que este diálogo propiciará un nuevo compromiso con las reformas y reforzará nuestra relación a través de las reuniones bianuales a nivel político;

9.

Reconoce que la adhesión a la OTAN y a la Unión Europea son, ambas, esenciales para la orientación euroatlántica adoptada por el país, y toma nota de que la Cumbre de la OTAN que se celebrará en Chicago en mayo de 2012 así como el inicio del Diálogo de alto nivel sobre la adhesión y el Consejo Europeo de junio de 2012 ofrecen oportunidades importantes adicionales para realizar nuevos progresos; recuerda la reciente declaración del Secretario General de la OTAN de que se formularía una invitación a la Antigua República Yugoslava de Macedonia tan pronto como se llegue a una solución aceptable en relación con el nombre del país;

10.

Reitera su petición a las autoridades y a los medios de comunicación del país para que trabajen con miras a la creación de una atmósfera favorable a la profundización de las relaciones con los países vecinos y a no incitar a la propagación del odio;

11.

Toma nota de la decisión del nuevo Gobierno formado en julio de 2011 de aplicar la Ley de amnistía a cuatro casos relacionados con crímenes de guerra devueltos a la jurisdicción nacional por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en 2008; pide al Gobierno que investigue opciones alternativas para garantizar a las víctimas de estos crímenes y a sus familiares un acceso a la justicia y una indemnización que sea compatible con las obligaciones derivadas del Derecho internacional humanitario;

12.

Toma nota de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de 5 de diciembre de 2011 relativa a la disputa acerca del nombre del país; opina que esta decisión debe imprimir un nuevo impulso para velar por que se realicen todos los esfuerzos posibles para resolver el litigio sobre el nombre bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y pide a las partes que respeten la sentencia de buena fe y la utilicen como medio para intensificar el diálogo haciendo hincapié, asimismo, en la necesidad de encontrar una solución aceptable para ambas partes; acoge con satisfacción, en este contexto, las declaraciones del mediador de las Naciones Unidas y su llamamiento a las partes en el sentido de que consideren este acto como una oportunidad para reflexionar sobre su relación mutua y examinar la posibilidad de una iniciativa renovada con vistas a encontrar una solución definitiva a esta cuestión;

13.

Lamenta profundamente que la disputa por el nombre continúe bloqueando la vía de este país hacia la adhesión a la UE y, por tanto, obstaculice el propio proceso de ampliación; subraya que las relaciones de buena vecindad son un criterio determinante en el proceso de ampliación de la UE y pide a los Gobiernos afectados que eviten acciones y gestos controvertidos y declaraciones que pudieran tener efectos negativos;

14.

Reitera su petición a la Vicepresidenta/Alta Representante y al Comisario de Ampliación de que allanen el camino hacia un acuerdo sobre la cuestión del nombre y que proporcionen orientaciones a nivel político; opina, además, que los dirigentes del país y la Unión Europea deben explicar de manera coherente a la sociedad los beneficios de la solución que se adopte, antes de la celebración del referéndum al respecto;

15.

Lamenta la omisión del término «macedonio» en el Informe de situación de la Comisión Europea correspondiente a 2011 y desde 2009, a pesar de ser esta la norma en las referencias a la lengua, la cultura y la identidad del país en los textos de las Naciones Unidas; llama la atención sobre las reacciones negativas que este aspecto ha provocado este año en la opinión pública y pide a la Comisión que tenga este dato en consideración al elaborar futuros informes; recuerda que el Acuerdo Marco de Ohrid se basa en el principio del respeto de la identidad étnica de todas las comunidades;

16.

Destaca la importancia de mantener el impulso del proceso de adhesión; en este contexto, celebra la propuesta del Gobierno del país en el sentido de fijar un plazo para la resolución de la disputa relativa al nombre que vencería, a más tardar, antes de que finalice el proceso de examen analítico del acervo que deberá emprender la Comisión una vez iniciadas las negociaciones; opina que los esfuerzos genuinos del Gobierno y la realización de las reformas impulsadas por la UE en la totalidad de las cuestiones relevantes puede contribuir a crear un clima político que conduzca a la solución de asuntos bilaterales, como ha quedado demostrado en otros procesos de ampliación; señala que el proceso paralelo consistente en encontrar una solución a una cuestión bilateral y la continuación de las negociaciones de adhesión, sobre la misma base del modelo Eslovenia-Croacia, resultará beneficioso tanto para el país como para la UE;

17.

Reitera su llamamiento a la Comisión y al Consejo para que empiecen a desarrollar, de conformidad con los Tratados de la UE, un mecanismo de arbitraje de aplicación general cuyo objetivo sea la resolución de cuestiones bilaterales entre países en proceso de adhesión y los Estados miembros;

18.

Celebra la elección del nuevo Parlamento y la rápida creación del Gobierno de coalición, resultado de las elecciones parlamentarias anticipadas; pide que se intensifique el diálogo político y destaca que el Parlamento es una institución democrática clave para el debate y la resolución de cuestiones derivadas de diferencias políticas; constata que, en su resolución, aprobada por consenso, la Asamblea Nacional acogía con satisfacción las recomendaciones del Informe de situación para el año en curso; pide a todos los responsables políticos del país que redoblen sus esfuerzos para llevar a cabo las reformas necesarias y la aplicación y el seguimiento eficaces de las recomendaciones de la Comisión;

19.

Felicita al país por el modo en que transcurrieron las elecciones parlamentarias anticipadas celebradas el 5 de junio de 2011 y celebra la evaluación de la OSCE/OIDDH, que las calificó de competitivas, transparentes y bien gestionadas en todo el país; atrae la atención, no obstante, sobre algunas deficiencias y pide a las autoridades que sigan las recomendaciones de la comunidad internacional y, en particular, las conclusiones y recomendaciones de la misión de observación electoral de la OSCE/OIDDH y de los observadores nacionales de la asociación Most, como la actualización de los censos electorales, la garantía de una cobertura equilibrada por parte de los medios de comunicación, incluidos los entes públicos de radiodifusión, tanto de los partidos gubernamentales como de la oposición, la protección de los funcionarios públicos frente a las presiones políticas, la garantía de un control efectivo de la financiación de los partidos y la transparencia de la financiación pública, la elaboración de disposiciones relativas al ejercicio del voto fuera del país, así como el escrupuloso respeto de la separación entre las estructuras estatales y de partido; solicita a las autoridades competentes que aborden estas cuestiones en un futuro inmediato;

20.

Celebra el fin del boicoteo del Parlamento y considera que la única manera de poder fortalecer la democracia en mayor medida el país es a través de un espíritu reforzado de diálogo político en el seno de instituciones democráticas establecidas que incluya a todos los partidos políticos; solicita que se siga reforzando la función de supervisión del Parlamento respecto del Gobierno y sus órganos; pide la puesta a disposición de los recursos financieros necesarios y el nombramiento del personal adicional necesario para permitir la instauración plena del Instituto Parlamentario; apoya los progresos realizados con la introducción de las audiciones parlamentarias de supervisión y apoya que la Unión Europea despliegue esfuerzos adicionales tendentes a prestar asistencia técnica a la Asamblea Nacional para desarrollar sus prácticas; anima a que se continúe el trabajo de la Comisión Parlamentaria Mixta con el Parlamento Europeo;

21.

Felicita al país por sus buenos resultados económicos y por mantener la estabilidad macroeconómica; felicita al Gobierno por haber sido, según el informe «Doing Business» del Banco Mundial, el tercer país en el mundo que ha tenido más éxito con sus reformas legislativas en los últimos cinco años; lamenta que la recesión económica mundial haya afectado a la inversión extranjera directa, que sigue en un nivel muy bajo; opina que el potencial en materia de inversión, comercio y desarrollo económico sigue siendo un argumento decisivo del país para continuar en la vía de la adhesión a la UE;

22.

Señala que la previsibilidad jurídica y la aplicación eficaz de la legislación son aspectos esenciales para continuar mejorando el entorno empresarial de las empresas nacionales y de los inversores extranjeros; pide, por consiguiente, al Gobierno que redoble sus esfuerzos por garantizar la existencia de un poder judicial eficaz e independiente y la profesionalidad, competencia e imparcialidad de la administración, incluida la adopción de medidas para reforzar la independencia y las capacidades de las agencias reguladoras y de supervisión;

23.

Reconoce los desafíos que representan una tasa elevada de desempleo y de pobreza, que siguen siendo una carga muy importante para el país; acoge con satisfacción el debate sobre un salario mínimo que se está celebrando en la actualidad en el Parlamento; recuerda el puesto mediocre ocupado por el país en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas y acoge con satisfacción la adopción de la Estrategia contra la pobreza y la exclusión social; insta al Gobierno a realizar más esfuerzos por abordar el desempleo estructural y proteger a los grupos vulnerables, subrayando, al mismo tiempo, que el crecimiento económico sostenible mediante el establecimiento de un entorno que aliente a las empresas a invertir es la única solución al serio problema que suponen las persistentes y elevada tasas de desempleo que se registran en el país; insta, en este contexto, al Gobierno a que apoye a las PYME facilitándoles el acceso a la financiación y lo anima a que siga consultando a representantes de la comunidad empresarial, lo que constituye una práctica positiva;

24.

Celebra el hecho de que el país, a lo largo de los últimos cinco años, haya avanzado 40 puestos en el índice contra la corrupción del organismo Transparency International; acoge con gran satisfacción las modificaciones introducidas en el marco jurídico de las medidas contra la corrupción de acuerdo con las recomendaciones del GRECO; comparte la opinión de la Comisión de que la corrupción «sigue siendo motivo de preocupación»; insta a que se sigan realizando esfuerzos por elaborar una lista para conseguir la condena, de modo imparcial, de los casos de corrupción, en particular de alto nivel y en ámbitos clave de preocupación como, por ejemplo, la contratación pública; subraya la necesidad de mejorar la transparencia en relación con el gasto público y la financiación de los partidos políticos; pide a los inversores y a las empresas de la Unión Europea que operan con el país que asuman un papel de mayor liderazgo y denuncien los casos de corrupción ante sus socios locales;

25.

Toma nota de las conclusiones del Informe de situación en el sentido de que la independencia y la imparcialidad de la Comisión Estatal de Prevención de la Corrupción siguen siendo frágiles; pide que se refuerce la protección jurídica e institucional de los denunciantes de irregularidades; celebra la adopción del nuevo Código de procedimiento penal en el marco de la reforma más amplia de la justicia penal, lo que debería mejorar los procedimientos de investigación aplicables a asuntos complejos de delincuencia organizada y de corrupción; celebra la designación, a partir del próximo año, de un equipo de investigación adscrito directamente al Fiscal del Estado y espera que esto permita lograr que una mayor cantidad de casos señalados por la Comisión conduzcan a condenas efectivas; pide al Gobierno que provea la financiación y el personal necesarios para la Comisión Estatal de Prevención de la Corrupción; hace hincapié en que la voluntad política es crucial para abordar la corrupción sistémica;

26.

Toma nota de la adopción de un paquete legislativo de amplio alcance cuyo objetivo sea continuar consolidando la eficiencia y la independencia del poder judicial; celebra, en este respecto, la eficiente labor de la Academia de Jueces y Fiscales, la constitución del Tribunal Superior Administrativo, que ya es operativo, y la introducción de la distribución aleatoria de asuntos; anima a las autoridades competentes a que sigan aplicando la legislación para luchar contra la corrupción y mejorando la independencia, la eficiencia y los recursos del poder judicial; recuerda la importancia de que el poder judicial funcione sin injerencias políticas; acoge favorablemente los esfuerzos encaminados a aumentar la eficiencia y transparencia del sistema judicial; destaca la necesidad de que se establezca un registro sobre las acciones judiciales y las condenas que sirva de baremo para medir los progresos realizados; pide que se unifique la jurisprudencia para garantizar un sistema judicial predecible y obtener la confianza de la opinión pública;

27.

Felicita al país por el 20o aniversario de su independencia y por el 10o aniversario del Acuerdo Marco de Ohrid celebrado en 2011; subraya que el Acuerdo puede ser un modelo de una resolución pacífica de conflictos interétnicos que preserve, al mismo tiempo, la integridad territorial y reformando las estructuras de Estado; destaca, no obstante, que son necesarios más esfuerzos y aún más intensos para llegar a la reconciliación plena entre las partes y sentar las bases de la consolidación de unas instituciones democráticas no partidistas e interétnicas;

28.

Celebra el discurso pronunciado por el Primer Ministro el 5 de septiembre de 2011 en el que acogía con satisfacción el multiculturalismo como modelo social y político del país, subrayaba la necesidad de aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid, y establecía el objetivo de «integración sin asimilación»; apoya los compromisos contraídos con vistas a la aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid durante una segunda década;

29.

Reconoce la reciente adopción de diversos actos legislativos, en particular las modificaciones de la Ley de las lenguas y el uso de símbolos; pide un apoyo activo a la creación de comisiones para las relaciones intercomunitarias en todos los municipios;

30.

Observa con preocupación el uso de argumentos históricos en el debate actual, incluido el reciente fenómeno de la llamada «antiguación», que puede agudizar las tensiones con los países vecinos y crear nuevas divisiones internas;

31.

Hace hincapié en la necesidad de una adecuada preparación y organización operativa de un censo que sea conforme a la ley y las normas de Eurostat; solicita al Gobierno que presente un plan digno de crédito para la realización del proceso; toma nota de la importancia del umbral del 20 % para lanzar determinados derechos en el contexto del Acuerdo Marco de Ohrid, pero insiste en que no se puede nunca justificar ningún tipo de discriminación contra la población albanesa u otras comunidades étnicas minoritarias sobre la base de su peso en términos de población;

32.

Pide un aumento significativo de los esfuerzos por luchar contra la separación de los niños de diferentes grupos étnicos en el sistema educativo y apoya el derecho a la educación de todas las personas en su lengua materna; subraya, a tal fin, la importancia de elaborar nuevos libros de texto para mejorar la comprensión mutua y poner fin a la práctica nociva de los turnos étnicos que todavía persiste en algunas escuelas; solicita, teniendo en cuenta la importancia decisiva que reviste la educación en el país, que se le preste un mayor apoyo sobre la base del Instrumento de Ayuda Preadhesión, con la condición de que se ataje efectivamente la segregación en la educación;

33.

Apoya los pasos decisivos hacia la descentralización política del país, que han sido definidos por el Gobierno como el «principal pilar» del Acuerdo Marco de Ohrid, que redunda en interés de la buena administración pública; celebra la aprobación de los planes de acción con este fin;

34.

Respalda la recomendación de la Comisión de que se imprima un mayor impulso al proceso de descentralización; pide que se proceda a un reequilibrio significativo entre el presupuesto central y los presupuestos locales para lograr esta descentralización; destaca la importancia de la transparencia, la objetividad y la imparcialidad en la distribución de recursos a las autoridades municipales; expresa su preocupación ante la posibilidad de que algunos municipios experimenten problemas económicos por falta de capacidad de gestión financiera, e insta al Gobierno a que les facilite una asistencia técnica adecuada, en caso necesario, con el apoyo de la Comisión;

35.

Se felicita por el éxito del programa de cooperación entre municipios, fomentado por el PNUD, y pide a la propia Unión Europea su apoyo a esta práctica;

36.

Expresa su profunda preocupación por los hechos registrados recientemente en el ámbito de los medios de comunicación y por que la cuestión relativa a la propiedad de estos medios siga siendo opaca y ésta siga estando muy concentrada; insta al país a demostrar un compromiso absoluto en favor del pluralismo de los medios inclusive que incluya un debate informado y diverso sobre las cuestiones recogidas en el propio Informe de situación; acoge con satisfacción la invitación a la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la OSCE a participar en una nueva mesa redonda sobre la libertad de prensa y respalda su declaración de que, si bien todos los medios de comunicación están obligados a cumplir las normas jurídicas y financieras en el marco de su actividad, los medios que se manifiesten críticos con un partido no deben ser blanco del sistema jurídico; insta a las autoridades a que velen por el respeto del Estado de Derecho y de la libertad de medios de comunicación en el país, de manera que se aseguren una evaluación positiva por parte de la Comisión en el futuro;

37.

Pide una distribución equitativa y transparente de los ingresos del Gobierno procedentes de la publicidad entre todos los entes de radiodifusión, independientemente de su línea editorial o de su inclinación política; respalda la recomendación de la Comisión de que se adopten las medidas necesarias para asegurar que el canal de televisión estatal desempeñe realmente el papel de servicio público de radiodifusión objetivo e imparcial; pide a las autoridades que adopten los cambios necesarios para adaptar la Ley de radiodifusión a la legislación de la UE;

38.

Solicita que se realicen esfuerzos para evitar el recurso abusivo a los procedimientos penales por difamación contra periodistas por motivos políticos; acoge con satisfacción el anuncio reciente del Gobierno de que se eliminará del Código Penal la legislación en materia de difamación y que se suspenderán las causas pendientes contra periodistas; subraya que la libertad de los medios constituye la piedra angular de la democracia y es un imperativo para cualquier país que aspire a adherirse a la UE; comparte la opinión de que el sector de los medios de comunicación debe elaborar y aplicar unas normas profesionales estrictas relativas a los periodistas y adherirse a las normas deontológicas del periodismo; pide a las autoridades que elaboren medidas legislativas antimonopolio en el ámbito de los medios de comunicación y medidas para evitar la influencia política en el sector de los medios de comunicación;

39.

Se felicita de que las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión están aseguradas en términos generales; insta al Gobierno a que continúe sus esfuerzos en relación con el refuerzo de las políticas de lucha contra la discriminación, y pone de relieve la importancia que reviste la prevención de la discriminación por motivos de origen étnico, incluida la discriminación contra los ciudadanos que expresan abiertamente su identidad búlgara y/o su origen étnico búlgaro;

40.

Se felicita por la creación este año de una Comisión de Lucha contra la Discriminación y pide que, tanto la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la red Equinet de agencias europeas independientes de lucha contra la discriminación le brinden su apoyo y cooperación plenos en su trabajo; celebra que la Comisión esté investigando tres quejas por presunta discriminación por razones de orientación sexual presentadas por la Coalición para los derechos sexuales y de salud;

41.

Pide que se refuercen las políticas de lucha contra la discriminación y su aplicación efectiva, incluida la protección de los derechos de las mujeres y de los niños, así como los derechos de las personas con discapacidad; se felicita por el papel activo y eficaz del Club Parlamentario de Mujeres, pero expresa su preocupación por el nivel aún reducido de participación de las mujeres en la vida política a escala local, y considera que deben reforzarse y ejecutarse programas educativos para aumentar la participación de las mujeres en la vida civil y la vida política; pide que se realicen más esfuerzos con vistas a que las personas con discapacidad puedan abandonar los centros de acogida en los que están recluidos; celebra la ratificación parlamentaria de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad el 7 de diciembre de 2011;