COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

8.8.2013

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/1

PROYECTO DE REGLAMENTO (UE) No …/… DE LA COMISIÓN

de 17 de julio de 2013

relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2013/C 229/02

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 108, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales (1),

Previa publicación del proyecto del presente Reglamento (2),

Previa consulta al Comité Consultivo sobre Ayudas Estatales,

Considerando lo siguiente:

(1)

La financiación estatal que cumple los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tratado») constituye ayuda estatal y debe notificarse a la Comisión en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado. No obstante, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, el Consejo puede determinar las categorías de ayuda que quedan exentas de esta obligación de notificación. De conformidad con el artículo 108, apartado 4, del Tratado, la Comisión podrá adoptar reglamentos relativos a estas categorías de ayudas estatales. En virtud del Reglamento (CE) no 994/98, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, que la ayuda de minimis podía constituir una de estas categorías. Sobre esta base, por tratarse de ayudas concedidas a la misma empresa a lo largo de un período determinado que no exceden de un cierto importe fijo, se considera que las ayudas de minimis no reúnen todos los criterios establecidos en el artículo 107, apartado 1, del Tratado y quedan, por lo tanto, exentas del procedimiento de notificación.

(2)

En numerosas decisiones, la Comisión ha aclarado el concepto de «ayuda» a efectos de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado. Asimismo, la Comisión ha expuesto su política por lo que se refiere a un límite máximo de minimis, por debajo del cual se puede considerar que no se aplica el artículo 107, apartado 1, inicialmente en su Comunicación relativa a las ayudas de minimis (3) primero y, posteriormente, en el Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión (4) y el Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión (5). A la luz de la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento (CE) no 1998/2006, resulta oportuno revisar algunas de las condiciones que en él se establecen y sustituirlo por un nuevo texto.

(3)

Procede mantener el límite máximo de 200 000 EUR para el importe de la ayuda de minimis que una única empresa puede recibir por Estado miembro a lo largo de un período de tres años. Este límite máximo sigue siendo necesario para garantizar que ninguna de las medidas a las que se aplica el presente Reglamento tiene efectos sobre el comercio entre los Estados miembros o efectos de falseamiento efectivo o potencial de la competencia.

(4)

A efectos de las normas en materia de competencia establecidas en el Tratado, debe entenderse por «empresa» cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de financiación (6). El Tribunal de Justicia ha dictaminado que todas las entidades que estén controladas (de hecho o de Derecho) por la misma entidad deben considerarse una única empresa (7). En aras de la seguridad jurídica y con el fin de reducir la carga administrativa, el presente Reglamento debe establecer una lista exhaustiva de criterios claros para determinar cuándo dos o más entidades serán consideradas una única empresa. De los criterios perfectamente consolidados para determinar qué se entiende por «empresas asociadas» en el contexto de la definición de PYME que figura en el anexo del Reglamento (CE) no 800/2008 (8), la Comisión ha seleccionado aquellos que son apropiados a los efectos del presente Reglamento. Tales criterios ya resultan familiares para las autoridades públicas y deben ser aplicables, dado el ámbito de aplicación del Reglamento, tanto a las PYME como a las grandes empresas.

(5)

A fin de tener en cuenta el reducido tamaño medio de las empresas del sector del transporte de mercancías por carretera, procede fijar el límite máximo en 100 000 EUR para las empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera. La prestación de un servicio integrado en el que la operación de transporte solo sea un elemento, como los servicios de mudanza, los servicios de correo postal o de mensajería, o los servicios de recogida y transformación de residuos, no debe considerarse un servicio de transporte. Ante el exceso de capacidad existente en el sector del transporte de mercancías por carretera, y dados los objetivos de la política de transporte por lo que se refiere a la congestión de las carreteras y al transporte de mercancías, así como el reducido tamaño medio de las empresas de dicho sector, las ayudas para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera por parte de las empresas que realizan por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Dada la evolución registrada en el sector del transporte de viajeros por carretera, ya no procede seguir aplicando a dicho sector un límite máximo más bajo.

(6)

Habida cuenta de las normas especiales que se aplican a los sectores de la producción primaria de productos agrícolas, la pesca y la acuicultura y del riesgo de que ayudas de importes inferiores al límite máximo establecido en el presente Reglamento pudieran, no obstante, cumplir en estos sectores los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado, el presente Reglamento no debe aplicarse a dichos sectores.

(7)

Considerando las semejanzas entre la transformación y la comercialización de productos agrícolas y de productos no agrícolas, el presente Reglamento debe aplicarse a la transformación y a la comercialización de productos agrícolas, siempre que se cumplan ciertas condiciones. No deben considerarse como transformación o comercialización a este respecto las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un producto para la primera venta, tales como el cosechado, cortado y trillado de cereales o el envasado de huevos, ni la primera venta a revendedores o transformadores. El Tribunal de Justicia ha dictaminado (9) que, desde el momento en que la Unión adopta una normativa por la que se establece una organización común de mercado en un determinado sector agrícola, los Estados miembros están obligados a abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda establecer excepciones o infringir dicha normativa. Por esta razón, el presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas cuyo importe se determine en función del precio o de la cantidad de productos comprados o comercializados. Tampoco debe aplicarse a las ayudas que estén vinculadas a una obligación de compartir la ayuda con productores primarios.

(8)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas a la exportación ni a las ayudas destinadas a favorecer el consumo de productos nacionales en lugar de importados. No debe aplicarse, en particular, a las ayudas destinadas a financiar el establecimiento y la explotación de redes de distribución en otros Estados miembros o terceros países. Las ayudas destinadas a sufragar los costes de participación en ferias comerciales, o los costes de estudios o de servicios de consultoría necesarios para lanzar un producto nuevo o ya existente en un nuevo mercado no constituyen normalmente ayudas a la exportación.

(9)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las empresas en crisis, dado que no procede prestar apoyo económico a tales empresas al margen de un plan de reestructuración. Además, resulta difícil determinar el equivalente de subvención bruta de las ayudas concedidas a este tipo de empresas. A fin de aportar seguridad jurídica, conviene establecer criterios claros que no requieran una evaluación de todas las características específicas de la situación de una empresa para determinar si ha de considerarse que está en crisis para los fines del Reglamento.

(10)

El período de tres años que se ha de tener en cuenta a efectos del presente Reglamento debe evaluarse con carácter permanente de tal modo que, para cada nueva subvención con ayuda de minimis, haya que tomar en consideración el importe total de ayuda de minimis concedida en el ejercicio fiscal en cuestión, así como durante los dos ejercicios fiscales anteriores.

(11)

En el caso de las empresas que operen en sectores excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento pero también en otros sectores o actividades, el presente Reglamento debe aplicarse a estos últimos siempre y cuando los Estados miembros garanticen, a través de medios apropiados como la separación de actividades o la distinción de costes, que las actividades de los sectores excluidos no se benefician de las ayudas de minimis. Este principio debe aplicarse asimismo a las empresas que operan en sectores a los que se aplican límites máximos de minimis inferiores. Si no se puede garantizar que las actividades de los sectores a los que se aplican límites máximos de minimis inferiores se beneficien de las ayudas de minimis únicamente hasta dichos límites máximos inferiores, debe aplicarse a todas las actividades de la empresa el límite máximo más bajo.

(12)

Procede establecer en el presente Reglamento normas que garanticen que resulte imposible eludir las intensidades máximas de ayuda fijadas en determinados reglamentos o en determinadas decisiones de la Comisión. El presente Reglamento debe establecer también normas de acumulación claras y de fácil aplicación.

(13)

El presente Reglamento no excluye la posibilidad de que se considere que una medida no es ayuda estatal a efectos del artículo 107, apartado 1, del Tratado por motivos distintos de los previstos en el presente Reglamento, por ejemplo porque cumpla el principio del operador privado en una economía de mercado o porque no lleve aparejada una transferencia de recursos públicos.

(14)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la eficacia del control, el presente Reglamento solo debe aplicarse a las ayudas de minimis cuyo equivalente de subvención bruta pueda calcularse previamente con precisión sin necesidad alguna de efectuar una evaluación del riesgo («ayuda transparente»). Ese cálculo puede realizarse con precisión, por ejemplo, en el caso de las subvenciones, las bonificaciones de intereses, las exenciones fiscales limitadas u otros instrumentos que llevan asociado un tope que garantiza que no se supere el límite máximo aplicable. Llevar asociado tal tope significa que, mientras se desconozca el importe exacto de la ayuda, el Estado miembro interesado ha de asumir que dicho importe es igual al tope, con el fin de evitar que la agregación de varias ayudas dé lugar a que se sobrepase el límite máximo establecido en el presente Reglamento, y ha de aplicar las normas sobre acumulación.

(15)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la correcta aplicación del límite máximo de minimis, todos los Estados miembros deben aplicar el mismo método de cálculo. Para facilitar este cálculo, conviene que los importes de las ayudas que no sean en concepto de subvención en efectivo se conviertan en su equivalente de subvención bruta. Para calcular el equivalente de subvención bruta de las categorías transparentes de ayuda distintas de las subvenciones o de las ayudas pagaderas en varios plazos, deben utilizarse los tipos de interés de mercado vigentes en el momento de la concesión de la ayuda. Con vistas a aplicar de manera uniforme, transparente y sencilla las normas sobre ayudas estatales, debe entenderse que los tipos de mercado aplicables a efectos del presente Reglamento son los tipos de referencia contemplados en la Comunicación de la Comisión relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (10).

(16)

Las ayudas consistentes en préstamos deben considerarse ayudas de minimis transparentes si se ha calculado su equivalente de subvención bruta sobre la base de los tipos de interés de mercado aplicables en el momento de la concesión de la ayuda. A fin de simplificar el trato de los préstamos de pequeña cuantía y corta duración, el presente Reglamento debe establecer una norma clara que sea fácilmente aplicable y tenga en cuenta tanto el importe como la duración del préstamo. Según la experiencia de la Comisión, se puede considerar que los préstamos que estén garantizados por una garantía que abarque, como mínimo, el 50 % del préstamo y que no excedan ya sea de 1 000 000 EUR, con una duración de cinco años, ya sea de 500 000 EUR, con una duración de diez años, tienen un equivalente de subvención bruta igual al límite máximo de minimis.

(17)

Las ayudas consistentes en aportaciones de capital no deben considerarse ayudas de minimis transparentes, salvo si el importe total de la aportación de capitales públicos no sobrepasa el límite máximo de minimis. Las ayudas consistentes en medidas de financiación de riesgos que adopten la forma de inversión de capital o cuasicapital privado, según se establece en (las nuevas directrices sobre financiación de riesgos), no deben considerarse ayudas de minimis transparentes, a menos que la medida en cuestión aporte a cada empresa beneficiaria una cantidad de capital que no sobrepase el límite máximo de minimis.

(18)

Las ayudas consistentes en garantías deben considerarse transparentes si el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base de primas refugio establecidas en una comunicación de la Comisión para el tipo de empresa de que se trate. Por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas, la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (11) indica los niveles de las primas anuales por encima de los cuales una garantía del Estado no se consideraría constitutiva de ayuda. A fin de simplificar el trato de las garantías de corta duración que garanticen hasta el 80 % de préstamos relativamente pequeños, el presente Reglamento debe establecer una norma clara que sea fácilmente aplicable y tenga en cuenta tanto el importe del préstamo subyacente como la duración de la garantía. Esta norma no debe aplicarse a las garantías sobre operaciones subyacentes que no constituyan préstamos, como las garantías relativas a operaciones de capital. Cuando la garantía no exceda del 80 % del préstamo subyacente, el importe garantizado no supere 1 500 000 EUR y la duración de la garantía no exceda de cinco años, puede considerarse que la garantía tiene un equivalente de subvención bruta igual al límite máximo de minimis. Lo mismo sucederá cuando la garantía no exceda del 80 % del préstamo subyacente, el importe garantizado no supere 750 000 EUR y la duración de la garantía no exceda de diez años.

(19)

En caso de que el préstamo o la garantía sean de un importe o una duración inferior a los especificados en los considerandos 16 y 18, el equivalente de subvención bruta debe calcularse multiplicando la ratio entre el importe real y el importe máximo indicado en los considerandos 16 y 18 por la ratio entre la duración real y cinco años por 200 000 EUR. Así, por ejemplo, se consideraría que un préstamo de 500 000 EUR con una duración de 2,5 años tiene un equivalente de subvención bruta de 50 000 EUR.

(20)

Previa notificación de un Estado miembro, la Comisión puede examinar si una medida que no consiste en una subvención, préstamo, garantía, aportación de capital o medida de financiación de riesgos que adopte la forma de inversión de capital o cuasicapital privado da lugar a un equivalente de subvención bruta que no excede del límite máximo de minimis y, por lo tanto, puede entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(21)

La Comisión tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales y, de conformidad con el principio de cooperación establecido en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, los Estados miembros deben facilitar el cumplimiento de esta tarea dotándose de los instrumentos necesarios para garantizar que el importe total de las distintas ayudas de minimis concedidas a una única empresa al amparo de la norma de minimis no sea superior al máximo total permisible.

(22)	Antes de conceder cualquier ayuda de minimis, cada Estado miembro debe verificar que, por lo que a ellos respecta, la nueva ayuda no dará lugar a que se sobrepase el límite máximo de minimis y que se cumplen las demás condiciones del presente Reglamento.

(23)

Para que los Estados miembros dispongan de datos exactos, fiables y completos que les permitan asegurarse de que, cuando conceden una nueva ayuda de minimis, no se sobrepasa el límite máximo aplicable a la empresa de que se trate, hay que exigir que cada Estado miembro establezca un registro central de ayudas de minimis que contenga información sobre todas las ayudas de minimis concedidas de conformidad con el presente Reglamento por cualquiera de sus autoridades. La concepción del registro nacional y la decisión sobre el mecanismo adecuado para establecerlo de conformidad con la estructura constitucional y administrativa nacional debe ser competencia de cada Estado miembro, siempre y cuando este garantice que el registro permite a todas las autoridades públicas del país comprobar el importe de las ayudas de minimis recibidas por cada empresa. Se debe dar a los Estados miembros tiempo suficiente para la creación de dicho registro.

(24)

Hasta que un Estado miembro no haya establecido un registro central que cubra un período de tres años, dicho Estado miembro debe informar a la empresa beneficiaria de la cuantía de la ayuda de minimis concedida y de su carácter de minimis, y debe hacer referencia expresa al presente Reglamento. Además, antes de conceder ayudas de este tipo, el Estado miembro debe obtener de la empresa una declaración relativa a las demás ayudas de minimis cubiertas por el presente Reglamento y por otros reglamentos de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente y los dos ejercicios precedentes.

(25)

Para que la Comisión pueda controlar la aplicación del presente Reglamento y detectar cualquier posible falseamiento de la competencia, hay que exigir que los Estados miembros le faciliten todos los años información básica sobre el importe de las ayudas concedidas de conformidad con el presente Reglamento. Si el Estado miembro ha informado a la Comisión de dónde se publican todos los datos que deben figurar en los informes, no debe estar obligado a presentar un informe a la Comisión.

(26)

Habida cuenta de la experiencia de la Comisión y, en particular, de la frecuencia con la que hay que revisar generalmente la política relativa a las ayudas estatales, el presente Reglamento debe tener un período de vigencia limitado. En caso de que el presente Reglamento expirase sin ser prorrogado, los Estados miembros deben disponer de un período de adaptación de seis meses por lo que se refiere a las ayudas de minimis cubiertas por el presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a las ayudas concedidas a las empresas de todos los sectores, con excepción de:

a)	las ayudas concedidas a las empresas que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura, regulados por el Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo (12);

b)	las ayudas concedidas a las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas;

las ayudas concedidas a las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los casos siguientes:

i)	cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas,

ii)	cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se repercuta a los productores primarios;

d)	las ayudas a actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, es decir, las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora;

e)	las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados;

f)	las ayudas concedidas a empresas en crisis tal como se definen en el artículo 2, letra e).

2. Si una empresa opera en los sectores contemplados en el apartado 1, letras a), b) o c), y en sectores incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, este se aplicará a las ayudas concedidas a estos últimos sectores o actividades, siempre que los Estados miembros garanticen, a través de medios apropiados como la separación de actividades o la distinción de costes, que las actividades de los sectores excluidos no se benefician de las ayudas de minimis concedidas con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

«productos agrícolas», los productos enumerados en el anexo I del Tratado, con excepción de los productos de la pesca y la acuicultura enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) no [pendiente de adopción: véase la propuesta COM(2011) 416 de la Comisión] por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura;

b)	«transformación de productos agrícolas», toda operación efectuada sobre un producto agrícola cuyo resultado sea también un producto agrícola, salvo las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un producto animal o vegetal para la primera venta;

«comercialización de productos agrícolas», la tenencia o exposición con destino a la venta, la oferta para la venta, la entrega o cualquier otra forma de presentación en el mercado, con excepción de la primera venta por parte de un productor primario a intermediarios o transformadores y de toda actividad de preparación de un producto para dicha primera venta; la venta de productos por el productor primario a consumidores finales solo se considerará comercialización si se lleva a cabo en instalaciones independientes reservadas a tal fin;

«una única empresa», todas las entidades que tengan al menos uno de los siguientes vínculos entre sí:

i)	una entidad tiene la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o asociados de otra empresa,

ii)	una entidad tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra entidad,

iii)	una entidad tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la segunda entidad,

iv)	una entidad, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda entidad, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas o asociados,

asimismo se consideran una única empresa las entidades que mantengan cualquiera de las relaciones antes descritas a través de una o más entidades distintas;

«empresa en crisis», una empresa que cumpla todas las condiciones siguientes:

tratándose de una sociedad de responsabilidad limitada, ha desaparecido más de la mitad de su capital en acciones suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propias de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital en acciones suscrito,

ii)	tratándose de una sociedad en la que al menos algunos socios gozan de responsabilidad ilimitada por las deudas de la sociedad, más de la mitad del capital que figura en su contabilidad ha desaparecido por las pérdidas acumuladas,

iii)	la empresa se encuentra inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúne los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser declarada en quiebra o insolvencia a instancias de sus acreedores,

iv)	la ratio deuda/capital de la empresa es superior a 7,5,

v)	la ratio entre beneficios antes de impuestos e intereses (EBIT) y cobertura de intereses de la empresa se ha situado por debajo de 1,0 durante los dos años anteriores,

vi)	la empresa ha recibido una calificación equivalente a la de CCC+ («capacidad de pago dependiente de condiciones favorables sostenidas») o inferior por parte de al menos una agencia de calificación crediticia registrada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1060/2009 (13).

A los fines de la letra e), primer párrafo, no se considerará que una PYME que haya estado operativa durante un período inferior a tres años se encuentra en crisis, salvo que reúna la condición contemplada en el punto iii) de dicha letra.

Artículo 3

Ayudas de minimis

1. Se considerará que las medidas de ayuda que cumplan las condiciones establecidas en los apartados 2 a 8 del presente artículo y en los artículos 4 y 5 no reúnen todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado, y, por consiguiente, estarán exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado.

2. La cuantía total de las ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa, tal como se define en el artículo 2, letra d), no podrá ser superior a 200 000 EUR durante un período de tres ejercicios fiscales.

La cuantía total de las ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa, tal como se define en el artículo 2, letra d), que realice por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera no podrá ser superior a 100 000 EUR durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Las ayudas de minimis no podrán utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera.

3. Si una empresa realiza por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera y otras actividades a las que se aplica el límite máximo de 200 000 EUR, la empresa quedará sujeta a dicho límite máximo siempre y cuando los Estados miembros garanticen, a través de medios adecuados como la separación de actividades o la distinción de costes, que la parte de las ayudas que beneficia a la actividad de transporte de mercancías por carretera no excede de 100 000 EUR y que ninguna ayuda de minimis se utiliza para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera.

4. Las ayudas de minimis se considerarán concedidas en el momento en que se reconozca a la empresa el derecho legal a recibir la ayuda en virtud del régimen jurídico nacional aplicable.

5. Los límites máximos establecidos en el apartado 2 se aplicarán cualquiera que sea la forma de la ayuda de minimis o el objetivo perseguido y con independencia de que la ayuda concedida por el Estado miembro esté financiada total o parcialmente mediante recursos de la Unión. El período de tres ejercicios fiscales se determinará tomando como referencia los ejercicios fiscales utilizados por la empresa en el Estado miembro de que se trate.

6. Los límites máximos establecidos en el apartado 2 se expresarán en forma de subvención en efectivo. Todas las cifras empleadas serán brutas, es decir, antes de deducción de impuestos u otras cargas. Cuando la ayuda se conceda en una forma que no sea una subvención, el importe de la ayuda será su equivalente de subvención bruta.

Las ayudas que se abonen en varios plazos se actualizarán a su valor en el momento de la concesión de la ayuda. El tipo de interés que se habrá de emplear a efectos de actualización será el tipo de referencia aplicable en el momento de la concesión.

7. En caso de que se supere el límite máximo establecido en el apartado 2 por la concesión de nuevas ayudas de minimis, ninguna de esas nuevas ayudas podrá acogerse al presente Reglamento.

8. En caso de fusiones o adquisiciones de empresas, se tendrán en cuenta todas las ayudas de minimis concedidas anteriormente a cualquiera de las empresas que se fusionen para determinar si la concesión de una nueva ayuda de minimis a la nueva empresa o a la empresa adquiriente supera el límite máximo aplicable, sin poner en cuestión las ayudas de minimis concedidas legalmente con anterioridad a la fusión o adquisición.

En caso de que una empresa se separe en dos o más empresas independientes, las ayudas de minimis concedidas antes de la separación se asignarán a la empresa que se benefició de ellas, que es en principio la empresa que asume las actividades para las que se concedieron las ayudas de minimis. Si dicha asignación no fuera posible, las ayudas de minimis se asignarán proporcionalmente sobre la base del valor contable del capital social de las nuevas empresas.

Artículo 4

Cálculo del equivalente de subvención bruta

1. El presente Reglamento solamente se aplicará a las ayudas cuyo equivalente de subvención bruta pueda calcularse previamente con precisión sin necesidad de efectuar una evaluación del riesgo (es decir, a las «ayudas transparentes»). Se considerarán ayudas transparentes, en particular, las medidas de ayuda que se enumeran en los apartados 2 a 6.

2. Las ayudas consistentes en préstamos se considerarán ayudas de minimis transparentes si:

el préstamo está garantizado por una garantía que abarque al menos el 50 % del mismo y no excede bien de 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR en el caso de las empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera) y cinco años de duración, bien de 500 000 EUR (o 250 000 EUR en el caso de empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera) y diez años de duración; si el préstamo concedido es de cuantías inferiores a las indicadas o tiene una duración inferior a cinco años o diez años, respectivamente, su equivalente de subvención bruta se calculará como una parte proporcional del límite máximo aplicable establecido en el artículo 3, apartado 2; o

b)	el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base del tipo de referencia aplicable en el momento de la concesión.

3. Las ayudas consistentes en aportaciones de capital solo se considerarán ayudas de minimis transparentes si la cuantía total de la aportación pública no supera el límite máximo de minimis.

4. Las ayudas consistentes en medidas de financiación de riesgos que adopten la forma de inversión de capital o cuasicapital privado solo se considerarán, por lo que respecta a la empresa beneficiaria, ayudas de minimis transparentes si el capital aportado por la medida en cuestión no sobrepasa el límite máximo de minimis para cada empresa beneficiaria.

5. Las ayudas consistentes en garantías se tratarán como ayudas de minimis transparentes si:

la garantía no excede del 80 % del préstamo subyacente y bien el importe garantizado no excede de 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR en el caso de las empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera), y la duración de la garantía no excede de cinco años, bien el importe garantizado no excede de 750 000 EUR (o 375 000 EUR en el caso de las empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera) y la duración de la garantía no excede de diez años. Si el importe garantizado es inferior a estos importes y/o la garantía tiene una duración inferior a cinco o diez años, respectivamente, el equivalente de subvención bruta de la garantía se calculará como una parte proporcional del límite máximo aplicable establecido en el artículo 3, apartado 2; o

b)	el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base de primas refugio establecidas en una comunicación de la Comisión (14); o

antes de la ejecución de la garantía, el método de cálculo del equivalente de subvención bruta de la garantía ha sido notificado a la Comisión y aceptado por esta en virtud de cualquier reglamento de la Comisión en el ámbito de las ayudas estatales aplicable en ese momento, y el método aprobado se refiere expresamente al tipo de garantía y al tipo de operación subyacente en cuestión en el contexto de la aplicación del presente Reglamento.

6. Las ayudas consistentes en otros instrumentos se considerarán ayudas de minimis transparentes si el instrumento lleva asociado un tope que garantiza que no se supere el límite máximo aplicable.

Artículo 5

Acumulación

1. Las ayudas de minimis concedidas con arreglo al presente Reglamento podrán acumularse con ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) no 360/2012 de la Comisión (15) hasta los límites máximos establecidos en este último Reglamento. Podrán acumularse con ayudas de minimis concedidas con arreglo a otros reglamentos de minimis hasta el límite máximo que se establece en el artículo 3, apartado 2.

2. Las ayudas de minimis no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación con los mismos gastos subvencionables o con ayuda estatal para la misma medida de financiación de riesgo, si dicha acumulación excediera de la intensidad de ayuda o del importe de ayudas superior fijado en las circunstancias concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías adoptado por la Comisión.

Artículo 6

Control y presentación de informes

1. Cada Estado miembro creará un registro central de ayudas de minimis a más tardar el 31 de diciembre de 2015. El registro central contendrá información sobre todos los beneficiarios [incluyendo tanto si se trata de empresas pequeñas, medianas y grandes, como el sector económico [código NACE a nivel de división (16)] de su actividad principal], la fecha de concesión y el equivalente de subvención bruta de cada una de las medidas de ayuda de minimis concedidas de conformidad con el presente Reglamento por cualquier autoridad de dicho Estado miembro. El registro incluirá todas las medidas de minimis otorgadas de conformidad con el presente Reglamento a partir del 1 de enero de 2016.

2. El apartado 3 se aplicará hasta que el Estado miembro haya establecido un registro central y el registro abarque un período de tres años.

3. Cuando un Estado miembro se proponga conceder una ayuda de minimis a una empresa de conformidad con el presente Reglamento, deberá informarla por escrito del importe previsto de la ayuda (expresado como su equivalente de subvención bruta) y de su carácter de minimis, haciendo referencia expresa al presente Reglamento y citando su título y la referencia de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cuando de conformidad con el presente Reglamento se conceda a distintas empresas ayudas de minimis con arreglo a un régimen en el marco del cual dichas empresas reciban distintos importes de ayuda individual, el Estado miembro interesado podrá optar por cumplir esta obligación comunicando a las empresas una suma fija correspondiente al importe máximo de ayuda que se concederá a tenor de dicho régimen. En este caso, la suma fija se utilizará para determinar si se alcanza o no el límite máximo establecido en el artículo 3, apartado 2. Antes de conceder la ayuda, el Estado miembro deberá obtener de la empresa de que se trate una declaración, escrita o en soporte electrónico, referente a todas las demás ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso que estén sujetas al presente Reglamento o a otros reglamentos de minimis.

4. Un Estado miembro solo podrá conceder nuevas ayudas de minimis con arreglo al presente Reglamento tras haber comprobado que ello no da lugar a que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a la empresa de que se trate sobrepase los límites máximos establecidos en el artículo 3, apartado 2, y que se cumplen todas las condiciones establecidas en los artículos 1 a 5.

5. Los Estados miembros registrarán y recopilarán toda la información relativa a la aplicación del presente Reglamento. Tales registros deberán incluir toda la información necesaria para demostrar que se han cumplido las condiciones del presente Reglamento. Los registros relativos a las ayudas de minimis individuales deberán mantenerse durante diez ejercicios fiscales a partir de la fecha de concesión de la ayuda. Los registros relativos a los regímenes de ayudas de minimis deberán mantenerse durante un período de diez años a partir de la fecha de concesión de la última ayuda individual en el marco del régimen en cuestión. Previa solicitud por escrito, el Estado miembro de que se trate deberá facilitar a la Comisión, en un plazo de veinte días hábiles o en el plazo superior que se establezca en la solicitud, toda la información que aquella considere necesaria para determinar si se han cumplido las condiciones establecidas en el presente Reglamento y, especialmente, para determinar el importe total de la ayuda de minimis recibida por cualquier empresa de conformidad con el presente Reglamento y otros reglamentos de minimis.

6. Los Estados miembros presentarán a la Comisión informes anuales sobre la aplicación del presente Reglamento. Los informes incluirán:

a)	el importe total de las ayudas de minimis concedidas con arreglo al presente Reglamento en el Estado miembro de que se trate durante el año natural anterior, desglosadas por sector económico y tamaño (empresa pequeña, mediana o grande) de los beneficiarios;

b)	el número total de beneficiarios de las ayudas de minimis concedidas con arreglo al presente Reglamento en el Estado miembro de que se trate durante el año natural anterior, desglosadas por sector económico y tamaño (empresa pequeña, mediana o grande) de los beneficiarios;

c)	cualquier otra información relativa a la aplicación del presente Reglamento que requiera la Comisión y se especifique a su debido tiempo antes de que se remita el informe.

El primer informe se presentará el 30 de junio de 2017 a más tardar, y cubrirá el año natural 2016. Los Estados miembros que hagan públicos todos los datos que han de comunicarse no estarán obligados a presentar un informe a la Comisión. La Comisión publicará cada año una síntesis de la información contenida en los informes anuales, donde se mencionará el importe total de las ayudas de minimis concedidas por cada Estado miembro con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 7

Disposiciones transitorias

1. Se considerará que cualquier ayuda de minimis individual que se haya concedido entre el 2 de febrero de 2001 y el 30 de junio de 2007 y que cumpla las condiciones del Reglamento (CE) no 69/2001 no cumple todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado y, por lo tanto, estará exenta del requisito de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado.

2. Se considerará que cualquier ayuda de minimis individual que se conceda entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2014 y que cumpla las condiciones del Reglamento (CE) no 1998/2006 no cumple todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado y, por lo tanto, estará exenta del requisito de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado.

3. Al final del período de validez del presente Reglamento, cualquier ayuda de minimis que cumpla las condiciones del presente Reglamento podrá seguir ejecutándose válidamente durante otros seis meses.

Artículo 8

Entrada en vigor y período de validez

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2014 y se aplicará desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 17 de julio de 2013.

Por la Comisión

El Presidente

[…] […]

(1) DO L 142 de 14.5.1998, p. 1.

(2) DO C 229 de 8.8.2013, p. 1.

(3) DO C 68 de 6.3.1996, p. 9.

(4) Reglamento (CE) no 69/2001, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 10 de 13.1.2001, p. 30).

(5) Reglamento (CE) no 1998/2006, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006, p. 5).

(6) Asunto C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA y otros, Rec. 2006, p. I-289.

(7) Asunto C-382/99, Reino de los Países Bajos/Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. 2002, p. I-5163.

(8) Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (DO L 214 de 9.8.2008, p. 3).

(9) Asunto C-456/00, República Francesa/Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. 2002, p. I-11949.

(10) DO C 14 de 19.1.2008, p. 6.

(11) DO C 155 de 20.6.2008, p. 10.

(12) Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura (DO L 17 de 21.1.2000, p. 22).

(13) Reglamento (CE) no 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 302 de 17.11.2009, p. 1).

(14) La comunicación actualmente aplicable es la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (DO C 155 de 20.6.2008, p. 10).

(15) Reglamento (UE) no 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general (DO L 114 de 26.4.2012, p. 8).

(16) De conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra b), y el anexo I del Reglamento (CE) no 1893/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos. Texto pertinente a efectos del EEE (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

8.8.2013

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/12

Información comunicada por los Estados de la AELC relativa a las ayudas estatales concedidas con arreglo a la norma a la que se refiere el apartado 1, letra j), del anexo XV del Acuerdo EEE [Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías)]

2013/C 229/06

PARTE I

Ayuda no

GBER 8/13/REG

Estado de la AELC

Noruega

Región

Todas las regiones de Rumanía

Carácter de ayuda regional

Autoridad que concede la ayuda

Nombre

Innovation Norway

Dirección

PO Box 448 Sentrum

0104 Oslo

NORWAY

Página web

http://www.innovationnorway.no

Título de la medida de ayuda

Mecanismo financiero noruego para el período 2009-2014

Programa de innovación ecológica industrial para RUMANÍA

Base jurídica nacional (referencia a la publicación oficial nacional pertinente)

Prop. 1 S (2012-2013) «Ministerio de Asuntos Exteriores», páginas 85-95

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-1-s-20122013.html?id=703276

Enlace web al texto completo de la medida de ayuda

http://www.norwaygrants-greeninnovation.no

Tipo de medida

Régimen

Sí

Ayuda ad hoc

n. d.

Duración

Régimen

12.3.2013 a 30.4.2016

Sector(es) económico(s) afectado(s)

Todos los sectores económicos susceptibles de recibir ayudas

Todos los sectores

Tipo de beneficiario

PYME

Sí

Grandes empresas

Sí

Microempresas

Sí

ONGs

Sí

Presupuesto

Importe total anual del presupuesto previsto con arreglo al régimen

Importe total (2013-2016) 21 768 200 EUR

Instrumento de ayuda (art. 5)

Subvención

Sí

PARTE II

Objetivos generales (lista)	Objetivos (lista)		Intensidad máxima de la ayuda en % o importe máximo de la ayuda en NOK	Bonificaciones PYME en %
Ayudas regionales a la inversión y al empleo (art. 13)	Régimen		La intensidad de la ayuda en equivalente de subvención bruta actual no deberá superar el umbral para las ayudas regionales vigente en el momento en que se conceda la ayuda en la región asistida de Rumanía de que se trate	20 % para las pequeñas empresas 10 % para las medianas empresas
Ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME (art. 15)			20 % para las pequeñas empresas 10 % para las medianas empresas
Ayudas a la protección del medio ambiente (arts. 17-25)	Ayudas a la inversión para que las empresas puedan superar las normas comunitarias sobre la protección del medio ambiente o aumentar el nivel de protección del medio ambiente en ausencia de normas comunitarias (art. 18) Indíquese una referencia específica a la norma correspondiente		35 %	20 % para las pequeñas empresas 10 % para las medianas empresas
	Ayuda para la adquisición de nuevos vehículos de transporte que superen las normas comunitarias o que incrementen el nivel de protección del medio ambiente a falta de normas comunitarias (art. 19)		35 %	20 % para las pequeñas empresas 10 % para las medianas empresas
	Ayudas a la pronta adaptación de las PYME a las futuras normas comunitarias (art. 20)		15 % para las pequeñas empresas y 10 % para las medianas empresas si el proyecto se realiza y finaliza más de tres años antes de la fecha de entrada en vigor de la norma (10 % para las pequeñas empresas si es menos de tres años antes)
	Ayudas a la inversión en medidas de ahorro energético (art. 21)		60 %	20 % para las pequeñas empresas 10 % para las medianas empresas
	Ayudas a la inversión para la protección del medio ambiente destinadas a la cogeneración de alta eficiencia (art. 22)		45 %	20 % para las pequeñas empresas 10 % para las medianas empresas
	Ayudas a la inversión para la protección del medio ambiente destinadas a la promoción de energía procedente de fuentes de energía renovables (art. 23)		45 %	20 % para las pequeñas empresas 10 % para las medianas empresas
	Ayudas para estudios medioambientales (art. 24)		50 %	20 % para las pequeñas empresas 10 % para las medianas empresas
Ayudas a las PYME para servicios de consultoría y para su participación en ferias comerciales (arts. 26-27)	Ayudas a las PYME para servicios de consultoría (art. 26)		50 %
	Ayudas a las PYME para su participación en ferias comerciales (art. 27)		50 %
Ayudas de investigación, desarrollo e innovación (arts. 30-37)	Ayudas a proyectos de investigación y desarrollo (art. 31)	Investigación fundamental [art. 31.2.a)]	100 %
		Investigación industrial [art. 31.2.b)]	50 %	10 % para las medianas empresas 20 % para las pequeñas empresas Podrá añadirse una bonificación del 15 %, hasta una intensidad máxima de ayuda del 80 %, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 31, apartado 4, letra b)
		Desarrollo experimental [art. 31.2.c)]	25 %	10 % para las medianas empresas 20 % para las pequeñas empresas Podrá añadirse una bonificación del 15 %, hasta una intensidad máxima de ayuda del 80 %, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 31, apartado 4, letra b)
	Ayudas a estudios de viabilidad técnica (art. 32)		75 % (investigación industrial) y 50 % desarrollo experimental) para las PYME 65 % (investigación industrial) y 40 % (desarrollo experimental) para las grandes empresas
	Ayudas a las PYME para financiar los costes de derechos de propiedad industrial (art. 33)		La intensidad de ayuda no deberá ser superior a la intensidad de las ayudas para proyectos de investigación y desarrollo (art. 31, apdos. 3 y 4)
	Ayudas a empresas jóvenes e innovadoras (art. 35)		1 millón EUR
	Ayudas para servicios de asesoramiento en innovación y de apoyo a la innovación (art. 36)		200 000 EUR por beneficiario en un período de tres años
	Ayudas para la cesión de personal altamente cualificado (art. 37)
Ayudas a la formación (arts. 38-39)	Formación específica (art. 38.1)		25 %	10 % para las medianas empresas 20 % para las pequeñas empresas
	Formación general (art. 38.2)		60 %	10 % para las medianas empresas 20 % para las pequeñas empresas

8.8.2013

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/18

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 1, apartado 2, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia sobre ayudas estatales en relación con la financiación del Auditorio de Música y Centro de Conferencias Harpa

2013/C 229/09

Mediante Decisión no 128/13/COL, de 20 de marzo de 2013, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, el Órgano de Vigilancia de la AELC incoó el procedimiento establecido en el artículo 1, apartado 2, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia. Las autoridades islandesas fueron informadas mediante una copia de la Decisión.

Mediante el presente anuncio, el Órgano de Vigilancia de la AELC invita a los Estados de la AELC, a los Estados miembros de la UE y a las partes interesadas a que presenten sus observaciones sobre dicha medida en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente comunicación, enviándolas a:

EFTA Surveillance Authority

Registry

Rue Belliard/Belliardstraat 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dichas observaciones se comunicarán a las autoridades islandesas. Podrá preservarse la identidad de las partes interesadas que presenten observaciones, siempre y cuando se solicite previamente por escrito aduciendo las razones para ello.

RESUMEN

Procedimiento

En septiembre de 2011, el Órgano de Vigilancia de la AELC (el Órgano) recibió una denuncia sobre la presunta subvención por el Estado islandés y el Ayuntamiento de Reikiavik de servicios de conferencias, de restaurante y de catering en el Auditorio de Música y Centro de Conferencias Harpa (Harpa). A raíz de ello, el Órgano envió dos solicitudes de información a las que las autoridades islandesas han respondido.

Descripción de la medida

En 2004, el Estado islandés y el Ayuntamiento de Reikiavik constituyeron una asociación público-privada para contratar mediante licitación la construcción, el diseño y la explotación de un auditorio de música y centro de conferencias de 28 000 metros cuadrados. El 12 de enero de 2007, tras haberse determinado cuál era la oferta más ventajosa, se inició la construcción del Auditorio de Música y Centro de Conferencias Harpa. Debido al derrumbe financiero de Islandia, la construcción de Harpa se interrumpió en 2008. Poco después, el Alcalde de Reikiavik y el Ministro de Educación llegaron a un acuerdo en virtud del cual el Estado y el Ayuntamiento proseguirían con la construcción del proyecto sin el socio privado. El edificio se inauguró oficialmente el 20 de agosto de 2011.

Harpa está destinado a acoger diversos servicios y actividades. Tanto la Orquesta Sinfónica de Islandia como la Ópera de Islandia han celebrado contratos de larga duración para la utilización de algunas de sus instalaciones. Además, Harpa dispone de cuatro salas de conferencias de diferentes tamaños para la celebración de este tipo de actos. Harpa da cabida asimismo a otras manifestaciones artísticas, como conciertos de pop y rock de artistas tanto islandeses como extranjeros. Otras actividades que se desarrollan en Harpa, como los servicios de catering y restaurante, una tienda de música y otra de muebles, son explotadas por empresas privadas que alquilan allí instalaciones. Estas instalaciones, que se arriendan a operadores privados en condiciones de mercado, fueron objeto de licitaciones públicas en las que se seleccionaron las ofertas más ventajosas.

Harpa es en su totalidad propiedad del Estado de Islandia (54 %) y del Ayuntamiento de Reikiavik (46 %), que aportan contribuciones anuales sustanciales con arreglo a su participación en el proyecto. Desde su inauguración y entrada en funcionamiento, Harpa ha registrado anualmente un déficit considerable que se ha cubierto con cargo a los presupuestos del Estado de Islandia y del Ayuntamiento de Reikiavik.

Comentarios de las autoridades islandesas

Según las autoridades islandesas, la financiación de Harpa no implica ayuda estatal, puesto que se ha asegurado debidamente que existan cuentas separadas para las diferentes actividades del auditorio de música y el centro de conferencias. En apoyo de esta alegación, las autoridades islandesas presentaron informes de dos empresas de contabilidad relativos a la separación contable de las empresas participantes en la explotación de Harpa. Las autoridades islandesas presentaron también un análisis de precios en el que comparaban las tarifas de centros de conferencias similares en Reikiavik, basándose en su tamaño y en su capacidad. Además, las autoridades islandesas sostienen que la actividad ligada a las conferencias contribuye positivamente al desarrollo de otras actividades en Harpa y que, sin el centro de conferencias, los costes que otras actividades tendrían que soportar serían considerablemente más elevados.

La existencia de ayuda estatal

Ventajas consistentes en la concesión de recursos estatales a una empresa

Puesto que el Estado islandés y el Ayuntamiento de Reikiavik cubren juntos el déficit anual del funcionamiento de Harpa aportando anualmente una determinada cantidad de sus presupuestos, sí que existe implicación de recursos estatales a efectos de lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo EEE.

El Órgano opina que tanto la construcción como la explotación de una infraestructura constituyen en sí mismas una actividad económica si esa infraestructura se utiliza, o se va a utilizar, para suministrar bienes o prestar servicios en el mercado (1). Algunas de las actividades que se celebran en Harpa, en concreto las conferencias, representaciones teatrales, conciertos de música popular, etc., pueden atraer a un considerable número de clientes, lo que le permite competir con otros centros de conferencias, teatros o locales musicales privados. Por consiguiente, el Órgano opina con carácter preliminar que los titulares de la explotación de Harpa, en la medida en que se dedican a actividades comerciales, pueden denominarse empresas.

Por otra parte, el Órgano considera que la financiación pública de la construcción de Harpa constituiría una ventaja económica y, por consiguiente, una ayuda, ya que es preciso reconocer que el proyecto no se habría realizado en ausencia de esa financiación. Además, al no exigir una contrapartida por su inversión en el auditorio de música y centro de conferencias, el Estado y el Ayuntamiento confieren una ventaja en forma de renuncia a beneficios a las empresas participantes en la explotación de Harpa, en la medida en que esas empresas se dedican a actividades comerciales, como la celebración de conferencias u otras manifestaciones artísticas. Por lo tanto, la evaluación preliminar del Órgano muestra que no puede excluirse a ningún nivel (construcción, explotación y uso) una ventaja económica selectiva.

Falseamiento de la competencia e incidencia en el comercio entre las Partes Contratantes

Puesto que el mercado de la organización de actos internacionales, como conferencias y otros eventos, está abierto a la competencia entre los proveedores de locales y los organizadores, que en general se dedican a actividades que son objeto de intercambios comerciales entre los Estados del EEE, cabe suponer la incidencia en el comercio. En el presente caso, la repercusión en el comercio entre determinados Estados del EEE vecinos es incluso más probable por las propias características del sector de las conferencias (2). Por consiguiente, la opinión preliminar del Órgano es que la medida amenaza con falsear la competencia y afectar al comercio dentro del EEE.

Compatibilidad de la ayuda

Según el artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE, según lo interpretó el Órgano y lo desarrolló la Comisión Europea en el antiguo artículo 87, apartado 3, letra d) del TCE y actual artículo 107, apartado 3, letra d) del TFUE, las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio pueden considerarse compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE, siempre que esas ayudas no alteren las condiciones de los intercambios comerciales ni la competencia en el EEE en forma contraria al interés común. Las autoridades islandesas declararon que el objetivo principal de la medida en cuestión era promover la cultura mediante la construcción de un auditorio de música que pudiera acoger tanto la Orquesta Sinfónica de Islandia como la Ópera de Islandia. El Órgano ha aceptado que, teniendo en cuenta la finalidad cultural de la construcción y la explotación de un centro capaz de acoger una orquesta sinfónica y una ópera, la ayuda concedida podría calificarse de ayuda destinada a promover la cultura.

El Órgano acepta que una infraestructura como el Harpa se pueda utilizar también para albergar diversas actividades comerciales, como restaurantes, cafeterías, tiendas, congresos y conciertos de música popular. Ahora bien, para no falsear la competencia, deben aplicarse salvaguardias que garanticen que no haya subvenciones cruzadas entre las actividades comerciales y las actividades culturales subvencionadas. El Órgano no considera que las autoridades islandesas hayan aplicado las salvaguardias necesarias para garantizar que esas subvenciones cruzadas no se produzcan. Por consiguiente, tras su valoración preliminar, el Órgano tiene dudas acerca de si la construcción y la explotación de Harpa pueden considerarse compatibles de conformidad con el artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE.

Conclusión

A la luz de las anteriores consideraciones, el Órgano ha decidido incoar el procedimiento formal de investigación previsto en el artículo 1, apartado 2, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia en relación con la financiación del Auditorio de Música y Centro de Conferencias Harpa. Se invita a las partes interesadas a presentar sus observaciones en el plazo de un mes a partir de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

De conformidad con el artículo 14 del Protocolo 3, toda ayuda concedida ilegalmente podrá ser recuperada de sus beneficiarios.

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 128/13/COL

of 20 March 2013

to initiate the formal investigation procedure into potential State aid involved in the financing of the Harpa Concert Hall and Conference Centre

(Iceland)

THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY (‘THE AUTHORITY’),

HAVING REGARD to:

The Agreement on the European Economic Area (‘the EEA Agreement’), in particular to Article 61 and Protocol 26,

The Agreement between the EFTA States on the establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (‘the Surveillance and Court Agreement’), in particular to Article 24,

Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement (‘Protocol 3’), in particular to Article 1 of Part I and Article 4(4) and Articles 6 and 13 of Part II,

Whereas:

I. FACTS

1. Procedure

(1)

On 19 September 2011, the Authority received a complaint, dated 13 September 2011 (Event No 608967), concerning the alleged subsidising by the Icelandic State and the City of Reykjavík (‘the City’) of conference services and restaurant/catering services in the Harpa Concert Hall and Conference Centre (‘Harpa’) (3).

(2)	By letter dated 14 October 2011, the Authority requested additional information from the Icelandic authorities (Event No 609736). By a letter dated 30 November 2011 (Event No 617042), the Icelandic authorities replied to the request and provided the Authority with the relevant information.

(3)

The case was the subject of discussions between the Authority and the Icelandic authorities as well as the lawyer representing the holding company responsible for Harpa’s operations, at the package meeting in Reykjavík on 5 June 2012. Shortly after the meeting, the Authority sent a follow up letter, dated 9 July 2012 (Event No 637627), to the Icelandic authorities inviting them to provide information on certain outstanding issues.

(4)

By letter dated 21 August 2012 (Event No 644771), the Icelandic authorities submitted additional information. By letter dated 27 September 2012 (Event No 648320), the Icelandic authorities submitted a memorandum concerning the separation of accounts as well as a statement from the accounting firm PWC.

(5)	Finally, the Icelandic authorities submitted information by e-mail dated 11 February 2013 (Event No 662444) and by letter dated 7 March 2013 (Event No 665434).

2. The complaint

(6)

The complainant has alleged that unlawful State aid is being provided by the Icelandic State and the City to the companies involved in the operation of Harpa. The complainant referred to the State budget for the year 2011 where the Ministry of Finance allocated ISK 419 400 000 to the operation of Harpa and additional ISK 44 200 000 for building costs and maintenance. The Municipality’s budget foresaw a substantial allocation of funds to the Harpa project for the year 2011 amounting to a total of ISK 391 526 000. Furthermore, the Municipality contributed a substantial amount to the project in the years 2009-2010.

(7)

The complainant claims that the contribution from both the Icelandic Government and the City is partly being used to subsidise the conference service and the restaurant/catering services in the music hall and conference centre. The contributions in question are fairly high and according to the complainant, there is no transparency in how they are being used. The complainant maintains that this State aid affects the market for the conference business in the European Economic Area (‘EEA’) as a whole and is not limited to competitors on the Icelandic market. It therefore constitutes an infringement of Article 61 of the EEA Agreement.

(8)

The complainant provided the Authority with extracts from the Icelandic State budget for the year 2011 as well as an extract from the City’s budget for the same year. Furthermore, the complainant provided a purchase agreement for Harpa and general information on the conference market in Iceland. However, the complainant noted that due to the lack of transparency it was difficult to gather detailed information on the obligations of the Icelandic State and the City to contribute funds to the companies involved in the operation of Harpa as well as information on Harpa’s business model and on the separation of accounts.

3. Harpa Concert Hall and Conference Centre

3.1. Background

(9)

In 1999, the Mayor of Reykjavík along with representatives of the Icelandic Government announced that a concert and conference centre would be constructed in the centre of Reykjavík. In late 2002, the Icelandic State and the City signed an agreement regarding the project and the following year the company Austurhöfn-TR ehf. was founded with the purpose of overseeing the project.

(10)

In 2004, the Icelandic State and the City initiated a public-private partnership (‘PPP’) bid concerning the construction, design and operation of the concert hall and conference centre. There were four companies that bid for the contract. In 2005, the evaluation committee of Austurhöfn-TR ehf. concluded that the offer from Portus ehf. was the most favourable one and subsequently the Icelandic State and the City entered into a contract with Portus ehf. for the construction and operation of a concert and conference centre (4). The construction of Harpa began on 12 January 2007.

(11)

Due to the financial collapse in Iceland in October 2008, the construction of Harpa was put on hold. However, shortly after the collapse, the Mayor of Reykjavík and the Minister for Education reached an agreement which entailed that the State and the City would continue with the construction of Harpa without the private partner. After an amended and restated project agreement was concluded, the construction project continued (hereinafter referred to as ‘the project agreement’) (5). On 20 August 2011, Harpa was formally opened. The building is 28 000 square meters and is located at Austurbakki 2, 101 Reykjavík.

(12)

Harpa is meant to accommodate various services and operations. Both the Icelandic Symphony Orchestra and the Icelandic Opera have entered into long-term contracts for the use of certain facilities within Harpa. Moreover, Harpa accommodates conferences and there are four conference halls of different sizes. Harpa also houses various other events such as pop and rock concerts with both Icelandic and foreign artists.

(13)

Other activities in Harpa such as catering, restaurants, a music shop and a furniture shop are operated by private companies who rent the facilities. According to the Icelandic authorities, these facilities are leased on market terms and were subject to public tenders, where the most favourable offers were accepted.

3.2. The ownership and corporate structure of Harpa

(14)

Harpa Concert Hall and Conference Centre is owned by the Icelandic State (54 %) and Reykjavík City (46 %) and therefore constitutes a public undertaking. The entire Harpa project has been overseen by Austurhöfn-TR ehf. which is a limited liability company, established by the Ministry of Finance on behalf of the Icelandic State and the City in order to take over the construction and running of the Harpa project (6).

(15)

Until recently there were several limited liability companies involved in Harpa's operations, namely: Portus ehf., which was responsible for Harpa real estate and operations, and Situs ehf., which was responsible for other buildings planned in the same area. Portus had two subsidiaries: Totus ehf., which owned the real estate itself, and Ago ehf., which was responsible for all operations in Harpa and leased the property from Totus. Situs also had two subsidies: Hospes ehf., which would have owned and operated a hotel which is to be constructed in the area, and Custos ehf., which was to own and operate any other buildings in the area.

(16)

However, in order to minimise operational costs and increase efficiency, the board of Austurhöfn-TR ehf. decided in December 2012 to simplify the operational structure of Harpa by merging most of the limited liability companies involved in its operations into one company. The State and the City therefore founded the company Harpa — tónlistar- og ráðstefnuhús ehf. which is to oversee all of Harpa's operations. Simplifying the infrastructure of Harpa is a part of a long-term plan to make Harpa’s operations sustainable.

(17)	The following chart explains in broad terms the organisational structure of Harpa after the changes to its corporate structure entered into effect (7):

3.3. The financing of Harpa’s operations

(18)

As previously noted, Harpa is fully owned by the Icelandic State and the City through Austurhöfn-TR ehf. The obligations of the State and the City are regulated by Article 13 of the project agreement from 2006 (8). The annual payments of the State and the City are covered by their respective budgets. According to the State budget for 2011, the annual State contribution was expected to amount to ISK 424,4 million. For the year 2012, the expected amount to be contributed by the State was ISK 553,6 million. In the year 2013, there is expected to be an increase in the public funding of Harpa as the City and the State have approved an additional ISK 160 million contribution. All public contributions to Harpa are borne in accordance with the participation in the project, i.e. the State pays 54 % and the City 46 %. The contributions are also indexed with the consumer price index.

(19)

In addition to the contribution provided for in the State and the City’s budgets, the Government and the City have undertaken an obligation to grant a short-term loan for the operation of Harpa until long-term financing necessary to fully cover the cost of the project is completed. As from 2013, the total amount of the loan was ISK 794 million with an interest rate of 5 % and a 200 bp premium. The Icelandic authorities have however announced their intention to convert the loan into share capital in the companies operating Harpa (9).

(20)

The State and the City allocate funds on a monthly basis in order pay off loan obligations in connection with Harpa. Since the project is meant to be self-sustainable, the profits must cover all operational costs. The funds from the owners are therefore, according to the Icelandic authorities, only meant to cover outstanding loans (10).

(21)	According to the project agreement, there is to be a financial separation between the different companies involved in the operation of Harpa and between the different operations and activities:

(22)

13.11.1

The private partner will at all times ensure that there is financial separation between the real estate company, the operation company, Hringur and the private partner. Each entity shall be managed and operated separately with regards to finances.

(23)

13.11.2

The private partner will at all times ensure that there is sufficient financial separation, i.e. separation in book-keeping, between the paid for work and other operations and activities within the CC. The private partner shall at all times during the term be able to demonstrate, upon request from the client, that such financial separation exists.

(24)

The operations of Harpa are divided into several categories: 1. the Icelandic Symphony Orchestra; 2. the Icelandic Opera; 3. other art events; 4. conference department; 5. operations; 6. ticket sales; 7. operating of facilities; 8. management cost. All these cost categories now fall under Harpa — tónlistar- og ráðstefnuhús ehf. and the revenue and costs attributed to each of these categories are included in the budget under the relevant category. Common operational costs such as salary, housing (heating and electricity) and administrative costs are divided among the categories according to a cost allocation model (11).

(25)

According to the projected annual account of Austurhöfn-TR ehf. for the year 2012, the company was expected to sustain a significant operating loss corresponding to a total negative EBITDA of ISK 406,5 million. The conference part of Harpa's operation was run at a negative EBITDA of ISK 120 million in 2012 and the same goes for ‘other art events’ (negative EBITDA of ISK 131 million). The projected annual accounts and earning analysis for the year 2013 also foresee a considerable operating loss, a total negative EBITDA of around ISK 348 million, with both the conference activities and ‘other art events’ operating at a loss (12).

(26)

As previously noted, the operation in Harpa is now overseen by a single company, Harpa — tónlistar- og ráðstefnuhús ehf., which is devoted to making the Harpa project as profitable as possible. According to the Icelandic authorities, the overall aim is to make the operations gradually sustainable. Nevertheless, Harpa has since its opening been operated with an annual deficit that has been covered over the budgets of the Icelandic State and Reykjavík City (13). According to projections submitted by the Icelandic authorities, the conference activities in Harpa are expected to become gradually sustainable and by the year 2016 the authorities project that Harpa’s conference operations will run at a positive EBITDA of ISK 3,5 million (14). However, by the year 2016 the ‘other art events’ are still expected to run at a negative EBITDA of around ISK 93 million.

4. Comments by the Icelandic authorities

(27)	The Icelandic authorities argue that the financing of the companies involved in the operation of Harpa does not involve State aid since they have properly ensured that the companies keep separate accounts for the different activities within the concert hall and the conference centre.

(28)

The Icelandic authorities have claimed that revenues from conference and concert activities have been accounted for separately from other activities, while costs had not been accounted for separately up until now. The Icelandic authorities have acknowledged the need for accounting for conference activities separately from concert activities, as well as costs associated with these activities, and they aimed at having such a separation functional in January 2012.

(29)

Furthermore, the Icelandic authorities claim that there is now a sufficient separation of accounts. In order to validate this claim, they have put forward statements from two accounting firms, PWC and KPMG. According to PWC, the separation of accounts for the companies involved in the operation of Harpa is sufficient. The profits are attributed to the relevant operational category and the common operational costs are divided between all operational categories. According to the report from KPMG, the property management team of Harpa has divided the building’s square meters based on function and usage and the related costs are allocated accordingly.

(30)

With regard to the conference operations, according to the Icelandic authorities, Harpa — tónlistar- og ráðstefnuhús ehf. is not itself active on the conference market. The company however leases conference rooms either to one-off conference organisers or to specialised conference businesses. Furthermore, the Icelandic authorities have noted that that there are no competing conference centres in Iceland capable of hosting large-scale conferences like Harpa. According to the Icelandic authorities, the conference business positively contributes to other activities in Harpa. If Harpa — tónlistar- og ráðstefnuhús ehf. would not operate the conference business, the costs other activities would have to carry would be considerably higher. In order to show that the conference aspect of Harpa is not being subsidised, the Icelandic authorities submitted a pricing analysis from KPMG where they compared the prices of comparable conference facilities, based on size and capacity. According to KPMG’s analysis, the price for a full day, the price per guest and the price per square meter are on average much higher for the facilities in Harpa than for comparable facilities offered in competing conference facilities.

(31)	Lastly, the Icelandic authorities maintain that the financial contributions from the State and the City are fully allocated for payment of outstanding loans and are not used in order to subsidise the conference hosting aspect.

II. ASSESSMENT

1. The presence of State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement

(32)	Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

(33)

‘Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between contracting parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.’

(34)	In the following chapters the financing of the companies involved in the operation of Harpa Concert Hall and Conference Centre will be assessed with respect to these criteria.

1.1. State resources

(35)	According to Article 61(1) of the EEA Agreement, a measure must be granted by the State or through State resources in order to constitute State aid.

(36)

At the outset, the Authority notes that both local and regional authorities are considered to be equivalent to the State (15). Consequently, the state for the purpose of Article 61(1) covers all bodies of the State administration, from the central government to the City level or the lowest administrative level as well as public undertakings and bodies. Furthermore, municipal resources are considered to be State resources within the meaning of Article 61 of the EEA Agreement (16).

(37)

Since the Icelandic State and the City of Reykjavík cover jointly the annual deficit of the companies involved in the operation of Harpa by annually contributing a certain amount from their budgets, State resources are involved. Furthermore, the converting of loans into share capital also entails a transfer of State resources since the State and the City would forgo their entitlement to receive a full repayment of the outstanding loans. Therefore, the first criterion of Article 61(1) of the EEA Agreement is fulfilled.

1.2. Undertaking

(38)

In order to constitute State aid within the meaning of Article 61 of the EEA Agreement, the measure must confer an advantage upon an undertaking. Undertakings are entities engaged in an economic activity, regardless of their legal status and the way in which they are financed (17). Economic activities are activities consisting of offering goods or services on a market (18). Conversely, entities that are not commercially active in the sense that they are not offering goods and services on a given market do not constitute undertakings.

(39)

The Authority is of the opinion that both the construction and operation of an infrastructure constitute an economic activity in itself (and are thus subject to State aid rules) if that infrastructure is, or will be used, to provide goods or services on the market (19). In this case, the conference hall and concert centre is intended for e.g. hosting conferences as well as music, culture and ‘other art events’ on a commercial basis, i.e. for the provision of services on the market. This view has been confirmed by the Court of Justice of the European Union in the Leipzig/Halle case (20). Consequently, in infrastructure cases, aid may be granted at several levels: construction, operation and use of the facilities (21).

(40)

As previously noted, Harpa Concert Hall and Conference Centre hosts concerts by the Icelandic Symphony Orchestra, the Icelandic Opera, various other art events as well as conferences. In the view of the Icelandic authorities, only the conference aspect of Harpa’s operation constitutes an economic activity. All other activities should therefore be classified as non-economic. However, the Authority has certain doubts in this regard.

(41)

Some of the activities taking place in Harpa, notably conferences, theatre performances, popular music concerts etc., can attract significant numbers of customers while they are in competition with private conference centres, theatres or other music venues. Therefore, the Authority takes the view that the Harpa Concert Hall and Conference Centre and the companies involved in its operation, in so far as they engage in commercial activities, qualify as an undertaking (22). The companies involved in the operation of Harpa must be regarded as vehicles for pursuing the common interest of its owners, that is to support cultural activities in Iceland.

1.3. Advantage

(42)	In order to constitute State aid within the meaning of Article 6l of the EEA Agreement, the measure must confer an economic advantage on the recipient.

(43)

Regarding the financing of the construction of Harpa, State aid can only be excluded if it is in conformity with the market economy investor principle (‘MEIP’) (23). According to the Icelandic authorities, the State and the City had initially hoped that a private investor would finance the realisation of the project. However, due to the financial crisis, it became impossible to carry out the project without public funding. The direct grant by the State and the City is thus claimed to be necessary, as without it there were not enough funds to finance the project. The Authority therefore considers, at this stage, that the public financing of the construction of Harpa would constitute an economic advantage and thus aid, since the project would admittedly not have been realised in the absence of public funding and the participation by the State and the City was essential to the Harpa project as a whole.

(44)

It follows from the Authority’s decisional practice that when an entity carries out both commercial and non-commercial activities, a cost-accounting system that ensures that the commercial activities are not financed through State resources allocated to the non-profit making activities must be in place (24). This principle is also laid down in the Transparency Directive (25). The Directive does not apply directly to the case at hand. However, the Authority is of the opinion that the principles of operating economic activities on commercial terms with separate accounts, and a clear establishment of the cost accounting principles according to which separate accounts are maintained, still apply.

(45)

As described in Section I.3 above, the operations of Harpa are divided into several categories, e.g. hosting the Icelandic Symphony Orchestra and the Icelandic Opera as well as other art events and conferences, which can be divided into economic and non-economic activities (i.e. cultural activities). The Icelandic authorities have however not properly ensured, through either amending the organisational structure of Harpa or by other administrative action, that there is a clear and consistent separation of the accounts for the different activities of the concert hall and conference centre. Simply dividing the losses associated with the operation of the building and common administrative costs between the different activities of Harpa, both the economic and non-economic, based on estimated usage and other criteria cannot be seen as a clear separation of accounts under EEA law. This situation therefore may lead to cross-subsidisation between non-economic and economic activities.

(46)

Additionally, an advantage is conferred on the companies involved in the operation of Harpa in the form of foregone profits when the State and the City do not require a return on their investment in the concert hall and conference centre, in so far as those companies engage in commercial activities, such as the hosting of conferences or ‘other art events’. Any business owner or investor will normally require a return on its investment in a commercial undertaking. Such a requirement effectively represents an expense for the undertaking. If a State- and municipally-owned undertaking is not required to generate a normal rate of return for its owner this effectively means that the undertaking benefits from an advantage whenever the owner foregoes that profit (26).

(47)

The Authority considers that the announced conversion of loans, in the amount of ISK 904 million, could also constitute an advantage, should the conversion not be concluded on market terms. However, since the Authority has not received a detailed description of the loan conversion agreement it is not in the position to assess whether an advantage is present or not.

(48)	The preliminary assessment of the Authority thus shows that an economic advantage cannot be excluded at any level (construction, operation and use).

1.4. Selectivity

(49)	In order to constitute State aid within the meaning of Article 6l of the EEA Agreement, the measure must be selective.

(50)

The Icelandic authorities provide funding to the companies involved in the operation of Harpa. The funding is used to cover the losses stemming from the different activities within Harpa, including economic activities such as the hosting of conferences. This system of compensation, under which cross-subsidisation may occur, is not available to other companies that are active on the conference market in Iceland or elsewhere.

(51)	In light of the above, it is the Authority’s preliminary view that the companies involved in the operation of Harpa receive a selective economic advantage compared to their competitors on the market.

1.5. Distortion of competition and effect on trade between contracting parties

(52)	The measure must be liable to distort competition and affect trade between the contracting parties to the EEA Agreement to be considered State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

(53)

According to settled case law, the mere fact that a measure strengthens the position of an undertaking compared with other undertakings competing in intra-EEA trade is considered to be sufficient in order to conclude that the measure is likely to affect trade between contracting parties and distort competition between undertakings established in other EEA States (27). The State resources allocated to the companies involved in the operation of Harpa, in order to cover their losses, constitute an advantage that strengthens Harpa’s position compared to that of other undertakings competing in the same market.

(54)

As the market for organising international events is open to competition between venue providers and event organisers, which generally engage in activities which are subject to trade between EEA States, the effect on trade can be assumed. In this case, the effect on trade between certain neighbouring EEA States is even more likely due to the nature of the conference industry. Moreover, the General Court has recently, in its Order concerning the Ahoy complex in the Netherlands, held that there was no reason to limit the market to the territory of that Member State (28).

(55)	Therefore, in the preliminary view of the Authority, the measure threatens to distort competition and affect trade within the EEA.

1.6. Conclusion with regard to the presence of State aid

(56)

With reference to the above considerations the Authority cannot, at this stage and based on its preliminary assessment, exclude that the measure under assessment includes elements of State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Under the conditions referred to above, it is thus necessary to consider whether the measure can be found to be compatible with the internal market.

2. Compatibility assessment

(57)	The Icelandic authorities have not put forward any arguments demonstrating that the State aid involved in the financing of the companies involved in the operation of Harpa could be considered as compatible State aid.

(58)

Support measures caught by Article 61(1) of the EEA Agreement are generally incompatible with the functioning of the EEA Agreement, unless they qualify for a derogation under Article 61(2) or (3) or Article 59(2) of the EEA Agreement and are necessary, proportional and do not cause undue distortion of competition.

(59)

The derogation in Article 61(2) is not applicable to the aid in question, which is not designed to achieve any of the aims listed in this provision. Further, the aid under assessment in this case cannot be considered to qualify as public service compensation within the meaning of Article 59(2) of the EEA Agreement.

(60)	The EEA Agreement does not include a provision corresponding to Article 107(3)(d) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The Authority nevertheless acknowledges that State aid measures may be approved on cultural grounds on the basis of Article 61(3)(c) of the EEA Agreement (29).

(61)

On the basis of Article 61(3)(c) of the EEA Agreement, aid to promote culture and heritage conservation may be considered compatible with the functioning of the EEA Agreement, where such aid does not affect trading conditions and competition in the EEA to the extent that is considered to be contrary to the common interest. The Authority must therefore assess whether granting aid to the various activities in Harpa can be justified as aid to promote culture on the grounds of Article 61(3)(c) of the EEA Agreement.

(62)

It should be noted that the principles laid down in Article 61(3)(c) of the EEA Agreement have been applied to cases somewhat similar to the case at stake (30). The Icelandic authorities have stated that the primary objective of the measure in question was to promote culture through the construction of a concert hall that could house both the Icelandic Symphony Orchestra and the Icelandic Opera. Similar multipurpose cultural centres already exist in most other European cities. Harpa is to be Iceland’s national concert hall, providing a necessary cultural infrastructure that was missing in Iceland and it will act as the focal point for the development and advancement of those performance arts in Iceland. The concert centre will therefore contribute to the development of cultural knowledge and bring access to cultural educational and recreational values to the public (31).

(63)

In view of the above, the Authority considers that, given its cultural purpose, the construction and operation of a Symphony and Opera facility would qualify as aid to promote culture within the meaning of Article 61(3)(c) of the EEA Agreement. However, the Authority has doubts as to whether aid granted to subsidise conference and other art events, on a commercial basis, can be justified under Article 61(3)(c) and this aid must therefore be assessed separately.

(64)

Concerning necessity, proportionality and whether the measure is likely to distort competition, the Authority has the following observations. As previously noted the main reason for constructing Harpa was the apparent need for a suitable concert hall to accommodate both the Icelandic Symphony Orchestra and the Icelandic Opera. Given the scale of the project it is understandable that an infrastructure such as Harpa would also be used to house various commercial activities such as restaurants, coffee shops, stores, conferences and popular concerts. However, in order not to distort competition, safeguards must be put in place to ensure that there is no cross subsidisation between the commercial activities and the heavily subsidised cultural activities. This can be achieved by either tendering out facilities for the commercial activities, thereby ensuring that the economic operator pays market price for the facilities and does not benefit from cross subsidisation, or by sufficiently separating the economic activities from the non-commercial activities by establishing a separate legal entity or a sufficient system of cost allocation and separate accounts that ensures a reasonable return on investment. The Icelandic authorities have already taken the former approach with regard to the restaurants, catering services and shops within Harpa. The same approach has however not been taken with regard to the hosting of conference and ‘other art events’ which are currently overseen by a company owned by the State and the City, Harpa — tónlistar- og ráðstefnuhús ehf., and run at a considerable negative EBITDA. The Authority therefore cannot see that the Icelandic authorities have put the necessary safeguards in place to ensure that cross subsidisation does not occur between the cultural and the purely commercial activities within Harpa.

(65)	Consequently, following its preliminary assessment, the Authority has doubts whether the proposed project could be deemed compatible under Article 61(3)(c) of the EEA Agreement, at this stage at all three levels of possible aid (construction, operation and use) in accordance with the above.

(66)	At this stage, the Authority has not carried out an assessment with respect to other possible derogations, under which the measure could be found compatible with the functioning of the EEA Agreement. In this respect, the Icelandic authorities have not brought forward any further specific arguments.

3. Procedural requirements

(67)

Pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3, ‘[t]he EFTA Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid. […] The State concerned shall not put its proposed measures into effect until th[e] procedure has resulted in a final decision.’

(68)

The Icelandic authorities did not notify the aid measures to the Authority. Moreover, the Icelandic authorities have, by constructing and operating Harpa, put those measures into effect before the Authority has adopted a final decision. The Authority therefore concludes that the Icelandic authorities have not respected their obligations pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3. The granting of any aid involved is therefore unlawful.

4. Opening of the formal investigation procedure

(69)

Based on the information submitted by the complainant and the Icelandic authorities, the Authority, after carrying out the preliminarily assessment, is of the opinion that the financing of the companies involved in the operation of the Harpa Concert Hall and Conference Centre — within the context of the project as outlined above — might constitute State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Furthermore, as outlined above, the Authority has doubts as regards the compatibility of the potential State aid with the functioning of the EEA Agreement.

(70)	Given these doubts and the impact of potential State aid on the investments of private operators it appears necessary that the Authority opens the formal investigation procedure.

(71)

Consequently, and in accordance with Article 4(4) of Part II of Protocol 3, the Authority is obliged to initiate the formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3. The decision to open a formal investigation procedure is without prejudice to the final decision of the Authority, which may conclude that the measures in question are compatible with the functioning of the EEA Agreement or that they do not constitute aid.

(72)	The opening of the procedure will also enable interested third parties to comment on the questions raised and on the impact of the Harpa project on relevant markets.

(73)

In light of the foregoing considerations, the Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) of Part I of Protocol 3, hereby invites the Icelandic authorities to submit their comments and to provide all documents, information and data needed for the assessment of the compatibility of the measures within one month from the date of receipt of this Decision.

(74)	The Authority must remind the Icelandic authorities that, according to Article 14 of Part II of Protocol 3, any incompatible aid unlawfully granted already to the beneficiaries will have to be recovered, unless (exceptionally) this recovery would be contrary to a general principle of EEA law.

(75)

Attention is drawn to the fact that the Authority will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European. All interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The financing and operation of the Harpa Concert Hall and Conference Centre constitutes State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. The Authority has doubts as regards the compatibility of the State aid with the functioning of the EEA Agreement.

Article 2

The formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3 is initiated regarding the aid referred to in Article 1.

Article 3

The Icelandic authorities are invited, pursuant to Article 6(1) of Part II of Protocol 3, to submit their comments on the opening of the formal investigation procedure within one month from the notification of this Decision.

Article 4

The Icelandic authorities are requested to provide, within one month from notification of this Decision, all documents, information and data needed for assessment of the measures under the State aid rules of the EEA Agreement.

Article 5

This Decision is addressed to Iceland.

Article 6

Only the English language version of this Decision is authentic.

Done at Brussels, 20 March 2013.

For the EFTA Surveillance Authority

Oda Helen SLETNES

President

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

College Member

(1) Véase la Decisión de la Comisión en el asunto SA.33618 (Suecia) Financiación del centro para acontecimientos deportivos y sociales de Uppsala (DO C 152 de 30.5.2012, p. 18), apartado 19.

(2) Véase el asunto T-90/09 Mojo Concerts y Amsterdam Music Dome Exploitatie/Comisión, Auto del Tribunal General de 26 de enero de 2012, apartado 45, publicado en el DO C 89 de 24.3.2012, p. 22.

(3) For the purposes of this Decision, ‘Harpa’ will refer to the building itself and its facilities.

(4) Project agreement between Austurhofn-TR ehf. and Eignarhaldsfelagid Portus ehf, signed on 9 March 2006.

(5) Amended and restated project agreement between Austurhofn-TR ehf. and Eignarhaldsfelagid Portus ehf, signed on 19 January 2010.

(6) Further information on Austurhöfn-TR ehf. can be found on their website: http://www.austurhofn.is/

(7) Information available online at: http://en.harpa.is/media/english/skipur-1.jpg

(8) As amended and restated in 2010.

(9) The Icelandic authorities have not yet outlined the particulars of this arrangement.

(10) See memorandum issued by the Director of Harpa, dated 24 September 2012 (Event No 648320).

(11) See report by KPMG, dated 7 February 2013 (Event No 662444).

(12) Ibid.

(13) According to the Icelandic authorities, Harpa’s losses mostly stem from high real estate taxes.

(14) The key factor in this revenue growth is the expected increase in the conference business.

(15) See Article 2 of Commission Directive 2006/111/EC on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings (OJ L 318, 17.11.2006, p. 17), incorporated at point 1a of Annex XV to the EEA Agreement.

(16) See the Authority’s Decision No 55/05/COL, Section II.3, p. 19 with further references, published in OJ L 324, 23.11.2006, p. 11 and EEA Supplement No 56, 23.11.2006, p. 1.

(17) Case C-41/90 Höfner and Elser v Macroton [1991] ECR I-1979, paragraphs 21-23 and Case E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund v EFTA Surveillance Authority [2008] Ct. Rep. 61, paragraph 78.

(18) Case C-222/04 Ministero dell’Economica e delle Finanze v Cassa di Risparmio di Firenze SpA [2006] ECR I-289, paragraph 108.

(19) See the Commission Decision in Case SA.33618 (Sweden) Financing of the Uppsala arena (OJ C 152, 30.5.2012, p. 18), paragraph 19.

(20) Case C-288/11 P Mitteldeutsche Flughafen and Flughafen Leipzig-Halle v The European Commission, 19 December 2012, paragraphs 40-43, not yet published.

(21) See the Commission Decision in Case SA.33728 (Denmark) Financing of a new multiarena in Copenhagen (OJ C 152, 30.5.2012, p. 6), paragraph 24.

(22) See the Commission Decision in Case N 293/08 (Hungary) Cultural aid for multifunctional community cultural centres, museums, public libraries (OJ C 66, 20.3.2009, p. 22), paragraph 19.

(23) See the Commission Decision in Case SA.33728 (Denmark) Financing of a new multiarena in Copenhagen (OJ C 152, 30.5.2012, p. 6), paragraph 25.

(24) ESA Decision No 142/03/COL regarding reorganisation and transfer of public funds to the Work Research Institute (OJ C 248, 16.10.2003, p. 6, EEA Supplement No 52, 16.10.2003, p. 3), ESA Decision No 343/09/COL on the property transactions engaged in by the Municipality of Time concerning property numbers 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70, 2/32 (OJ L 123, 12.5.2011, p. 72, EEA Supplement No 27, 12.5.2011, p. 1).

(25) Commission Directive 2006/111/EC of 16 November 2006 on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings as well as on financial transparency within certain undertakings (OJ L 318, 17.11.2006, p. 17), incorporated at point 1a of Annex XV to the EEA Agreement.

(26) Case C-234/84 Belgium v Commission [1986] ECR I-2263, paragraph 14.

(27) Case E-6/98 The Government of Norway v EFTA Surveillance Authority [1999] Report of the EFTA Court p. 76, paragraph 59; Case 730/79 Philip Morris v Commission [1980] ECR 2671, paragraph 11.

(28) Case T-90/09 Mojo Concerts BV and Amsterdam Music Dome Exploitatie BV v The European Commission, Order of the General Court of 26 January 2012, paragraph 45, published in OJ C 89, 24.3.2012, p. 36.

(29) See for example paragraph 7 (with further references) of the Authority’s Guidelines on State aid to cinematographic and other audiovisual work, available at the Authority’s webpage at: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(30) See Commission Decision in Case N 122/10 (Hungary) State aid to Danube Cultural Palace (OJ C 147, 18.5.2011, p. 3) and Commission Decision in Case N 293/08 (Hungary) Cultural aid for multifunctional community cultural centres, museums, public libraries (OJ C 66, 20.3.2009, p. 22).

(31) See Commission Decision in Case SA.33241 (Cyprus) State support to the Cyprus Cultural Centre (OJ C 377, 23.12.2011, p. 11), paragraphs 36-39.

8.8.2013

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/31

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 1, apartado 2, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, respecto a la posible ayuda estatal al Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

2013/C 229/10

Mediante Decisión no 136/13/COL, de 27 de marzo de 2013, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, el Órgano de Vigilancia de la AELC incoó el procedimiento establecido en el artículo 1, apartado 2, de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia. Las autoridades noruegas fueron informadas mediante una copia de la Decisión.

A través del presente anuncio, el Órgano de Vigilancia de la AELC invita a los Estados de la AELC, a los Estados miembros de la UE y a las terceras partes interesadas a que presenten sus observaciones sobre dicha medida en el plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación de la presente comunicación, enviándolas a:

Órgano de Vigilancia de la AELC

Registro

Rue Belliard/Belliardstraat 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dichas observaciones serán comunicadas a las autoridades noruegas. La identidad de las partes interesadas que presentan observaciones podrá preservarse, siempre y cuando exista previa solicitud por escrito aduciendo las razones para ello.

RESUMEN

Antecedentes

La educación en Noruega es obligatoria para todos los niños de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años y se proporciona a través de una red de escuelas públicas gratuitas. En 2006 las autoridades noruegas decidieron, en el marco de la «Iniciativa de promoción de los conocimientos» (Kunnskapsløftet), que todas las escuelas noruegas debían hacer hincapié en la capacidad de aprender una asignatura determinada mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. En este contexto, las autoridades noruegas modificaron la Ley de Educación y obligaron a los municipios de los condados a proporcionar a los alumnos el material didáctico digital e impreso necesario de forma gratuita.

En mayo de 2006 el Gobierno noruego destinó 50 millones NOK al desarrollo y utilización de tales recursos de aprendizaje digital. En junio de 2006, el Ministerio de Educación invitó a los municipios de los condados a que solicitaran conjuntamente los fondos disponibles. En agosto de 2006 los responsables de educación de 18 de los 19 municipios de los condados decidieron colaborar entre ellos y crear un organismo de cooperación entre condados, el NDLA, con arreglo al artículo 27 de la Ley de Gobierno Local.

Los municipios de los condados participantes presentaron una solicitud de fondos al Ministerio de Educación. Este último concedió 30,5 millones NOK para el proyecto, a condición de que la entidad jurídica responsable velara por que los condados cumplieran la obligación establecida en el marco de la iniciativa, que no ejerciera una actividad económica y que la adquisición del material de aprendizaje digital y de los servicios de desarrollo se hiciera de acuerdo con la normativa en materia de contratación pública.

Los municipios de los condados asignaron sucesivamente 21,1 millones NOK (2008), 34,7 millones NOK (2009), 58,8 millones NOK (2010) y 57,7 millones NOK (2011) al proyecto. Estos importes se financiaron en parte a través de los presupuestos municipales habituales para actividades escolares y en parte mediante los citados fondos adicionales que el Ministerio de Educación puso a disposición de los municipios de los condados para este proyecto específico.

Decisión y sentencia del Tribunal

El 12 de octubre de 2011, el Órgano de Vigilancia adoptó la Decisión no 311/11/COL por la que se establecía que la medida no constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE (en lo sucesivo la Decisión). El 9 de enero de 2012, el demandante interpuso un recurso contra la Decisión y, mediante sentencia de 11 de diciembre de 2012, el Tribunal de la AELC declaró nula la misma (1).

Evaluación de la medida

Existencia de ayuda estatal

A partir de esta sentencia, el Órgano de Vigilancia se plantea la cuestión de saber si el NDLA ejerce una actividad económica. En particular, el Órgano desea obtener más información sobre la transición de la iniciativa desde la fase de proyecto hasta el establecimiento oficial del órgano de cooperación entre condados, NDLA, en virtud del artículo 27 de la Ley de Gobierno Local.

Además, el Órgano requiere más información sobre en qué medida la modificación del estatuto jurídico afecta al proceso de toma de decisiones. En concreto, el Órgano debe establecer hasta qué punto el NDLA puede ampliar el alcance de sus actividades sin el consentimiento de los municipios participantes o incluso contra su voluntad, y si la situación actual difiere de la situación previa a la creación oficial.

Por otra parte, el Órgano examinará con más detalle la financiación del NDLA, tanto durante la fase de proyecto como después de su creación oficial.

Asimismo, el Órgano necesita estudiar con más detenimiento la definición de los parámetros de los procedimientos de contratación pública que utiliza el NDLA para la adquisición de material y la contratación de personal.

Por último, el Órgano exige más información sobre los efectos de la medida en la competencia y el comercio.

Compatibilidad de la ayuda

Basándose en la información disponible, el Órgano de Vigilancia no puede pronunciarse sobre la compatibilidad de la medida. Por lo tanto, el Órgano requiere más información al respecto.

Conclusión

A la vista de las anteriores consideraciones, el Órgano de Vigilancia ha decidido incoar el procedimiento de investigación formal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, apartado 2, de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia. Se invita a las partes interesadas a que presenten sus observaciones en el plazo de un mes a partir de la publicación de la presente Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 136/13/COL

of 27 March 2013

opening the formal investigation procedure into potential aid to the Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

(Norway)

THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY (‘THE AUTHORITY’)

HAVING REGARD to:

The Agreement on the European Economic Area (‘the EEA Agreement’), in particular to Articles 61 to 63 and Protocol 26,

The Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (‘SCA’), in particular to Article 24,

Protocol 3 to the SCA (‘Protocol 3’), in particular to Article 1 of Part I and Articles 4(4) and 6 of Part II,

Whereas:

I. FACTS

1. Procedure

(1)

By letter dated 15 April 2010 Den Norske Forleggerforening, the Norwegian Publishers Association (‘NPA’), sent a complaint alleging that illegal State aid has been granted to the Nasjonal digital læringsarena (‘NDLA’). The letter was received and registered by the Authority on 16 April 2010 (Event No 553723). Following a telephone conference on 15 July 2011 the complainant provided additional information by email on the same day (Event No 608593).

(2)

By letter dated 2 July 2010 (Event No 558201), the Authority requested additional information from the Norwegian authorities. By letter dated 9 August 2010 (Event No 566179), the Norwegian authorities requested an extension of the time limit for sending a response. The request for an extension was granted by the Authority by letter dated 12 August 2010 (Event No 566397). By letter dated 9 September 2010 (Event No 568942), the Norwegian authorities replied to the information request. In addition, discussions between the Authority and the Norwegian authorities regarding the case took place at a meeting in Norway on 13-14 October 2010. Additional information from the Norwegian authorities was sent to the Authority by letter dated 1 December 2010 (Event No 579405).

(3)

The Authority considered that further information was necessary and sent another request for information by letter dated 4 February 2011 (Event No 574762). The Norwegian authorities replied to the information request by letter dated 7 March 2011 (Event No 589528). Upon request the Norwegian authorities provided further clarifications by emails 2 May 2011 (Event No 596402) and 12 August 2011 (Event No 608596).

(4)

On 12 October 2011 the Authority adopted Decision No 311/11/COL deciding that the measure did not constitute State aid within the meaning of Article 61(1) EEA (hereafter: the Decision). On 9 January 2012 the applicant brought an action against the decision and by its judgment dated 11 December 2012 the EFTA Court annulled the decision (hereafter: the Judgment) (2).

2. The complaint

(5)

The complainant is the Norwegian Publishers Association, which represents i.a. companies which are or could be active in the development and distribution of digital learning material. The complaint concerns the Norwegian government’s and the county municipalities granting of funds as well as the transfer of a content management system to the NDLA. The NDLA is an entity which has been founded as an inter-county cooperation body by 18 Norwegian municipalities (3) in order to develop or purchase digital learning material with a view to publishing the material on the internet free of charge.

(6)

The complainant submits that the NDLA has four main areas of activity: firstly, the NDLA develops and supplies learning resources for the upper secondary school; secondly, the NDLA procures learning resources from third party suppliers; thirdly, the NDLA ensures the quality of learning resources; and fourthly, the NDLA develops and manages the content management system which operates the website through which the digital learning material is published (these activities are hereafter also referred to as ‘purchase, development and supply of digital learning materials’).

(7)

The complainant submits that the granting of funds to the NDLA for the purchase, development and supply of digital learning material constitutes illegal State aid to the NDLA. In that regard the complainant emphasises that — in his view — the NDLA is not an integrated part of the public administration but rather an undertaking within the meaning of State aid rules. The complainant recalls that according to established case law an undertaking is an entity which is engaged in economic activities. The complainant suggests that according to the ECJ case law an economic activity is an activity, which could, at least in principle, be carried out by a private undertaking in order to make profits. Then, the complainant argues that any entity, which carries out an activity which could be carried out to make profits, is engaged in an economic activity. The complainant further submits that there was a market for digital learning material prior to the activities of the NDLA and that the NDLA competes at present with private undertakings offering digital learning resources. The complainant claims that on this basis the development and supply of digital learning resources constitutes an economic activity. The complainant further suggests that the other activities of the NDLA are closely linked to the development and supply of digital learning resources and are therefore also to be considered as economic in nature.

(8)

Furthermore, the complainant argues that the funds offered by the Ministry of Education and from the county municipalities to the NDLA for the purchase of digital learning material from third party suppliers also constitute State aid. Finally, the complainant submits that the fact that the State also made its content management system available to the NDLA free of charge — according to the complainant — also amounts to State aid.

(9)	The complainant notes that the measure has not been notified. He continues to argue that Article 59(2) EEA is not applicable and concludes that — in the absence of a notification — the Norwegian State has granted State aid contrary to State aid rules.

3. Background

3.1. The educational system in Norway

(10)	Education in Norway is mandatory for all children aged from 6 to 16 and is provided through a system of free public schools. This system is divided into a compulsory elementary school (age 6 to 13), a compulsory lower secondary school (age 13 to 16), and the upper secondary school (age 16 to 19).

(11)

In 2006 the Norwegian authorities decided in the course of the ‘Knowledge Promotion Initiative’ (Kunnskapsløftet) that all Norwegian schools were to emphasise certain basic skills in all subjects. One of these skills is the ability to learn a given subject by using information and communication technology. This requirement was introduced in the national curricula for pupils in the 10-year compulsory school (i.e. school for grades 1 to 9) and for pupils in the first year of upper secondary education (i.e. school for grades 10 to 12) and apprenticeships. Under the Norwegian Education Act (4) the county municipalities are responsible for meeting these requirements. Furthermore, in 2007 the Norwegian authorities amended the Education Act and obliged the county municipalities to provide the pupils with the necessary printed and digital learning materials free of charge.

(12)

It should be noted that until that time, pupils in Norwegian upper secondary school (grades 10 to 12) had to purchase their learning material themselves based on the choice of learning material designated by the schools in compliance with the national curricula (5). Under the new Education Act, county municipalities are obliged to provide all learning material, i.e. digital learning material as well as physical learning material such as books, to pupils free of charge (6).

(13)

The obligation of providing digital and physical learning material for free constitutes a considerable financial burden for the Norwegian county municipalities. In view of these additional costs, the Norwegian government decided already in 2006 to provide additional funds. The provision of these funds is laid down in a revised State budget which was adopted in May 2006:

‘The Government aims to introduce free teaching material for secondary education. At the same time, it is desirable to encourage the use of digital learning materials in secondary education. As part of the efforts to bring down the cost for each student through increased access to and use of digital teaching aids, the Government proposes to allocate NOK 50 million as a commitment to the development and use of digital learning resources.

Counties are invited to apply for funding for the development and use of digital learning resources. Applications from counties may include one, several, or all secondary schools in the county, and may include one or more subjects. The objective of the grant is to encourage the development and use of digital learning resources, and to help reduce students' expenses for teaching aids.

The funds can be used for the provision or for local development of digital learning resources. The funds shall not be used for the preparation of digital infrastructure for learning. The intention is to give priority to applications that involve inter-county cooperation.’ (7)

(14)

In June 2006 the Ministry of Education submitted an invitation to the county municipalities to jointly apply for the available funds of NOK 50 million. The letter describes the objectives and the concept of the initiative as follows:

‘The Ministry of Education has the following objectives for the initiative:

—	To increase access to and use of digital learning materials in secondary education.

—	To develop secondary schools and school owners’ competence as developers and/or purchasers of digital learning materials.

—	To Increase the volume and diversity of digital teaching materials aimed at secondary schools.

—	Over time to reduce students' expenses for teaching aids.

[…]

The funds can be used to purchase digital learning resources and to locally develop digital learning resources.’ (8)

(15)

In August 2006 the heads of education of the 19 Norwegian county municipalities met to discuss the possibility of a joint application for the funds in question based on the requested inter-county cooperation. While the municipality of Oslo decided not to participate in a cooperative project, the other 18 municipalities decided to enter into the inter-county cooperation and to set up the NDLA to manage the process. Each of these municipalities subsequently adopted the following resolution:

‘The County Council passes a resolution for the following counties, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Nordland, Nord-Trondelag, More og Romsdal, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sor-Trondelag, Telemark, Troms, Vest-College, Vesold and Østfold, to establish an inter-county cooperation body, the NDLA, with its own Board in accordance with §27 of the Local Government Act. The purpose of this collaboration is to facilitate the purchase, development, deployment and organisation of digital learning resources for all subjects in upper secondary education. The result shall be free digital learning material that facilitates active learning and sharing…’ (9)

(16)

Subsequently, an application for the State funds was submitted to the Ministry of Education, which in April 2007 granted the funds under a number of conditions:

‘The Ministry requests further that the counties jointly identify a responsible legal entity that will take care of the counties’ responsibility for digital learning resources under this initiative. Such an entity can be e.g. a corporation, an inter (county) municipal corporation or a host (county) municipality but it cannot itself engage in economic activity.

[…]

The Ministry expects that the purchase of digital learning materials and development services are performed in accordance with the regulations for public procurement. The development of digital learning resources by county employees is to be regarded as an activity for its own account, provided that the counties do not gain any profits from this activity. The development by people who are not county employees must be regarded as the purchase of services and should be evaluated based on the rules and regulations for public procurement in the usual way.’ (10)

(17)	Following the approval of the funds the Ministry of Education transferred over a period of three years NOK 30,5 million (NOK 17 million in 2007, NOK 9 million in 2008 and NOK 4,5 million in 2009) to the participating municipalities for the NDLA project.

(18)

Besides, following the amendment of the Education Act in 2007, the county municipalities were compensated for the obligations to provide (physical and digital) learning material through an increase in the county municipal grant scheme. This compensation was based on the estimated costs of providing learning materials in all subjects. The compensation amounted to NOK 287 million in 2007, NOK 211 million in 2008, NOK 347 million in 2009 and NOK 308 million in 2010.

(19)	The participating municipalities decided to use part of these funds for the NDLA project. The county municipalities allocated NOK 21,1 million (2008), NOK 34,7 million (2009), NOK 58,8 million (2010) and NOK 57,7 million (2011) to the project.

(20)	The EFTA Court emphasised that it is apparent from the case file that the NDLA was active as an ad hoc cooperation before it was formally established as an inter-county cooperation body pursuant Article 27 of the Norwegian Local Government Act (11).

(21)	There are currently two other projects concerning digital learning in Norway. Firstly, the municipality of Oslo has applied for a similar grant for its own project (Real Digital). Secondly, the Ministry of Education itself is working on a similar project (Utdanning).

(22)

The municipality of Oslo does not participate in the NDLA project and has submitted an application for funding for its own project called Real Digital. The Norwegian government accepted the application from Oslo and granted NOK 13,5 million to the municipality of Oslo over a period of two years (NOK 8 million in 2007 and NOK 5,5 million in 2008). It should be noted that the funds provided to the municipality of Oslo are not subject to the complaint at hand.

(23)

The Ministry of Education has decided to provide its own system for access to digital learning material. In that regard the Ministry can both develop digital learning material and/or acquire such learning material from third party suppliers. The Ministry acknowledges that there might be areas where the activities of the Ministry of Education might overlap with the activities of the NDLA. In its letter stating the conditions of the grant the Ministry of Education reserved itself the right to reallocate funds originally earmarked for the NDLA to the Ministry’s own project. The relevant funds provided to the Ministry of Education are not subject to the complaint at hand.

3.2. National legal basis for the measure

(24)

The legal basis for the funds paid by the Ministry of Education to the NDLA is the State budget resolution of the Stortinget in combination with the delegation of competence to the Ministry of Education to approve applications for grants. The legal basis for the grants from the county municipalities to the NDLA is budget resolution of the participating county municipalities.

3.3. Recipient

(25)

The NDLA is organised as an inter-county cooperation body under Article 27 of the Local Government Act. This provision stipulates that municipalities or county municipalities may join forces to solve mutual tasks. The cooperation should take place through a board appointed by the relevant municipal or county municipal boards. The board may be empowered to adopt decisions concerning the operation and organisation of the inter municipal cooperation. Moreover, the provision stipulates that the articles of association of such cooperation shall determine the appointment and representation in the board, the area of activities, whether the participating municipalities shall make financial contributions, whether the board may enter into loan agreements or in other ways make the participating municipalities liable for financial obligations and, finally, how such cooperation shall be abolished.

(26)

Participation in such cooperation is only open for municipalities and county municipalities. Neither the State nor other State entities or private parties can participate. The cooperation must be sincere in the sense that the law prohibits that the competence to govern the cooperation is delegated to one municipality. This is so since municipal tasks and obligations shall remain the responsibility of each municipality (12).

3.4. Amount

(27)	As indicated above, so far the county municipalities have transferred NOK 21,1 million in 2008, NOK 34,7 million in 2009 and NOK 61,6 million in 2010 to the NDLA project. In 2010 the county municipalities allocated NOK 58,8 million to the project and in 2011 this amount was NOK 56,9 million.

3.5. Duration

(28)	The NDLA project is not subject to a limited duration.

4. The Decision

(29)	On 12 October 2011 the Authority adopted Decision No 311/11/COL holding that the measure did not constitute State aid within the meaning of Article 61(1) EEA. The Authority found that the NDLA was not to be considered as an undertaking because it did not carry out an economic activity.

(30)

In that regard the Authority, firstly, noted that, according to established case law and decision practice, in setting up and maintaining the national education system the State fulfils its duties towards its own population in the social, cultural and educational fields (13). The Authority observed that the purchase, development and supply of learning material is inextricably linked to the provision of teaching content and is thus an inherent part of the actual teaching itself. In that regard it noted that the learning material forms both the basis and the framework for teaching and that the development of learning material is closely linked to the curriculum which is also established by the public authorities.

(31)

Secondly, the Authority pointed out that, for a service to be considered as non-economic, it must be provided based on the principle of national solidarity, which means that the activity must be funded by the public purse and not through remuneration. In other words, there should be no connection between the actual costs of the service provided and the fee paid by those benefiting from the activity (14). In that regard the Authority concluded that this requirement was fulfilled because the NDLA is entirely funded by the State and distributes the developed or purchased learning material free of any charge.

(32)

Thirdly, the Authority noted that in cases in which the activity in question is carried out by entities other than the State itself, the recipient of the funds (public or private) must be subject to the control of the State to the extent that the recipient merely applies the law and cannot influence the statutory conditions of the service (i.e. the amount of the contributions, the use of assets and the fixing of the level of benefits) (15). In that regard the Authority noted that the participating municipalities have established the NDLA as an inter-county cooperation body in accordance with Article 27 of the local government act, referred to above. In view of the above, the Authority concluded in its Decision that the NDLA did not carry out an economic activity. Consequently, the NDLA did not act as an undertaking and the funds which the county municipalities transferred to it did not constitute State aid.

5. Judgment in Case E-1/12

(33)	On 11 December 2012 the EFTA Court annulled Decision No 311/11/COL. The EFTA Court concluded that the Authority did not carry out a sufficient examination into several issues and should have opened the formal investigation procedure.

(34)

Firstly, the EFTA Court noted that the NDLA was active as an ad hoc cooperation before it was formally established as an inter-county cooperation body pursuant to Article 27 of the Norwegian Local Government Act. According to the EFTA Court it remains unclear how this change in the legal and organisational status may have changed the decision-making process and the source of funding (16).

(35)

Secondly, the EFTA Court stated that it remains unclear whether the legislation imposes the obligation to provide the services free of charge on the counties or on the NDLA (17). According to the EFTA Court this circumstance raises serious difficulties with regard to the application of the principle of solidarity.

(36)

Thirdly, the EFTA Court stated that there are aspects related to the autonomy of the NDLA which remain unclear. First, the EFTA Court noted that it is unclear, how the decisions to expand the NDLA’s activities were taken and by whom (18). Furthermore, the EFTA Court pointed out that Article 8 of the Articles of Association of the NDLA states that ‘the board (of the NDLA) has the competence to impose financial obligations on the participants (19).’ Moreover, it follows from the judgment that the annulled decision lacked information as regards the autonomy of the the NDLA to set the parameters for the public procurement procedure through which it purchases goods on the market and hires staff (20).

II. ASSESSMENT

1. The presence of State aid

(37)

According to Article 61(1) EEA ‘[s]ave as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.’

1.1. State resources

(38)

A measure is financed by the State or through State resources, if it results in a burden on the budget of a public authority or on a public or private undertaking provided that the measure is imputable to the State (21). In the case at hand the financing of the project results in a burden on the budget of the counties and of the Ministry of Education and Research. Consequently, the measure is financed by the State within the meaning of Article 61(1) of the EEA.

1.2. Advantage to an undertaking

(39)

As mentioned above, the Authority concluded in its previous decision that the county municipalities’ provision of free, and in this case digital learning material for pupils in the national elementary and secondary school system to be a part of the State's fulfilment of its duty in the educational field and hence a non-economic activity provided under the principle of solidarity as such material is fully funded by the State.

(40)	However, in its judgment the EFTA Court addressed several aspects relating not to the nature of the activity as such but rather to organisational aspects of the NDLA, its financing and autonomy, which should have led the Authority to open a formal investigation procedure.

(41)

The EFTA Court noted that the Articles of Association of the NDLA foresaw that the formalised cooperation would enter into force on 1 July 2009 (22). At the same time, the EFTA Court noted that the county municipalities resolutions of August 2006 foresaw that the inter-county cooperation would enter into force on 1 January 2010 (23). In view of the above and taking into account that the NDLA was already active as an ad hoc cooperation before it was formally established, the EFTA Court found that the Authority should have investigated the effects of the organisational changes and legal status of the NDLA may have affected its decision making process and the sources of its funding and how it may have changed over time (24).

(42)

The Authority’s Decision described the project phase of the NDLA; the Authority thus acknowledges that the information in the case file does indeed suggest that the NDLA entered into force on 1 July 2009 and thus six months earlier than originally foreseen in the resolutions which the county-municipalities had adopted several years earlier.

(43)

The complainant has not alleged that the NDLA in its project phase, i.e. before its entry into force as a inter municipal cooperation under Article 27 of the local government act, did engage in any other activities than what it has done after its formal establishment Nevertheless, the EFTA Court points out that the lack of information about how the county municipalities organised their cooperation to comply with their obligations to provide learning material in the NDLA project phase may have an impact on the classification of the activities as non-economic. For that reason the Court emphasised that the Authority should have carried out an investigation on the effects of the change in legal status on the decision making process in the NDLA (25).

(44)	In that regard it is the Authority’s understanding that prior to the formal establishment the project was managed by the ‘forum for the county municipalities Heads of Education’ (hereafter: FFU) (26), which appointed board members to carry out delegated tasks in the project phase.

(45)

After the NDLA had been formally established and according to §7(2) of the Articles of Association the forum of the counties’ Heads of Education became the Supervisory Board which remains responsible for the overall management. The forum of the counties’ Heads of Education appoints the Management Board management board. According to §7(1) of the Articles of Association the Management Board is composed of five members with one member of the FFU and at least one representative of the training regions (i.e. Northern Region, South Western Region and Eastern Region. According to §8 of the Articles of Association, the task of the Management Board is to ensure that the NDLA is able to perform its duties under §2 of the Articles of Association, namely to ensure that (1) that digital educational materials are available to users free of charge, (2) that secondary school is characterised by collaboration and sharing (3) that students and teacher actively participate in teaching and learning, (4) that academic institutions and networks across the country are a driving force in the development of excellent digital learning material and (5) that the market provides content and services for students and teachers needs. Furthermore, the Management Board has the authority to incur financial obligations on the participants in that regard. However, §7(2) of the Articles of Association explicitly states that the Management Board only exercises its authority on the basis of delegation decisions of the Supervisory Board and that the Supervisory Board may instruct the Management Board and overrule its decisions.

(46)

The Authority requests the Norwegian government and any interested third parties to explain whether they consider the NDLA to be an undertaking within the meaning of Article 61(1) EEA. In particular they are asked to explain in more detail how the counties cooperated in the NDLA project phase and, in particular, to clarify at what time the NDLA entered into force and whether this entry into force of the municipal cooperation affected the decision making process and the sources of the NDLA’s funding. Moreover, the Norwegian authorities are invited to elaborate on the nature, practice and use of inter municipal cooperation under Article 27 of the local government act, including whether such cooperation is considered separate legal entities or not under Norwegian law.

(47)

The Authority moreover requests the Norwegian authorities to explain to what extent the change in legal status effected the decision making process, in particular, to what extent the NDLA can expand the scope of its activities without the consent of the participating municipalities or even against their will, and if the present situation differs from the situation prior to the formal establishment of the NDLA on 1 July 2009 (27). The Authority also invites the Norwegian authorities to explain in more detail the funding of the NDLA, both in its project phase and after the formal entry into force up to and including 2012 (28).

(48)

The EFTA Court also found that it was unclear from the Decision whether the obligation to provide digital learning material free of charge falls upon the county municipalities or upon the NDLA (29). The EFTA Court noted that in the annulled Decision, the Authority ‘refers to the Norwegian legislation and states that it obliged the counties to provide the pupils with the necessary printed and digital learning materials free of charge’ (emphasis added) (30). The EFTA Court further noted that in the assessment on the autonomy of the NDLA, the annulled decision states that the NDLA cannot decide on charging fees to the end consumer ‘… since the legal framework obliges the NDLA to provide its services free of charge’ (emphasis added) (31). The judgment also refers to that the Authority at the oral hearing explained that it is the counties which bear the statutory obligation to offer this service free of charge and that they had decided to offer this service jointly through the NDLA (32).

(49)

In the view of that the EFTA Court considered the above mentioned statements in the decision to represent an implicit contradiction (as it was not clear who was the client of the NDLA), the Authority notes that the notion of ‘legal framework’ is wider than that of ‘legislation’. The reference to the legal framework encompasses not only the statutory obligation in national law (such as the Education Act), but also resolutions (such as the resolutions passed by the county municipalities in August 2006), as well as administrative acts (such as the April 2007 award of funding by the Ministry of Education) and the Articles of Association of the NDLA. The Authority does therefore not consider the above mentioned statements to contain any implicit contradiction.

(50)

However, based on the EFTA Court’s judgment the Authority invites the Norwegian authorities to explain in more details how the obligation to provide free learning material has been imposed on the county municipalities in the Public Education Act, and how the county municipalities involved in the NDLA have fulfilled this obligation through the NDLA cooperation as set out in the Articles of Association.

(51)	Finally, the Court found that the decision did not contain sufficient information on the possibility of the NDLA to set the parameters for the public procurement procedures through which it purchases goods and hires staff (33).

(52)	The Authority therefore invites the Norwegian authorities to provide more detail on how the parameters for the public procurement procedures through which the NDLA purchases goods and hires staff are set.

(53)	Consequently the Authority expresses doubts as to whether the NDLA, wholly or partly, before or after its formal entry into force, may be considered as an undertaking under the EEA State aid rules.

1.3. Selectivity

(54)

It is established case law that a measure is selective if it derogates from the common regime inasmuch as it differentiates between economic operators who are otherwise in the same legal and factual situation (34). In that regard the Authority notes that if the NDLA were to be considered as an undertaking, the funding of it would be selective since other operators would not benefit from a similar funding.

1.4. Effect on competition and trade

(55)

It is established case law that a measure distorts or threatens to distort competition in a way that affects trade between Contracting Parties if it strengthens the position of the recipient compared with other companies (35) and if the recipient is active in a sector, in which trade between Contracting Parties takes place (36). In that regard the Norwegian authorities noted that the relevant geographic market for provision of learning materials made to fit the national Norwegian curricula should to a great extent be limited to Norway, so that the effects on cross-border trade are not significant. The Authority cannot at this stage and based on the information at hand conclude on the effects of the measure on competition and trade. The Authority therefore invites Norway to provide further information in that regard.

2. Compatibility

(56)

The Norwegian authorities submitted that if one were to view the funding of the NDLA as State aid, then it would qualify as a compensation for a service of general economic interest under Article 59(2) EEA. However, based on the information at hand the Authority cannot at this stage conclude on the compatibility of the measure. The Authority therefore invites Norway to provide further information in that regard.

3. Conclusion

(57)

Based on the information submitted by the complainant and by the Norwegian authorities, and taking into account the judgment of the EFTA Court, the Authority has doubts as to whether the grants to the NDLA constitute State aid within the meaning of Article 61(1) EEA. Furthermore, the Authority has doubts regarding the compatibility of the measure with the functioning of the EEA Agreement.

(58)

Given these doubts and the impact of potential State aid on the investments of private operators it appears necessary that the Authority opens the formal investigation procedure. Consequently, and in accordance with Article 4(4) of Part II of Protocol 3, the Authority is obliged to initiate the formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3.

(59)	The decision to open a formal investigation procedure is without prejudice to the final decision of the Authority, which may conclude that the measures in question are compatible with the functioning of the EEA Agreement or that they do not constitute State aid.

(60)	The opening of the procedure will also enable interested third parties to comment on the questions raised and on the impact of the measure on the relevant markets.

(61)

In light of the foregoing considerations, the Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) of Part I of Protocol 3, hereby invites the Norwegian authorities to submit their comments and to provide all documents, information and data needed for the assessment of the compatibility of the measures within one month from the date of receipt of this Decision.

(62)	Further, the Authority invites the Norwegian authorities to forward a copy of this Decision to the potential recipients of the aid immediately.

(63)

The Authority would like to remind the Norwegian authorities that, according to Article 14 of Part II of Protocol 3, any incompatible aid unlawfully put at the disposal of the beneficiaries will have to be recovered, unless this recovery would be contrary to a general principle of EEA law. Moreover, according to Article 15 Part II of Protocol 3, the powers of the Authority to order the recovery of aid are subject to a limitation period of 10 years. This period begins on the day on which the unlawful aid is awarded. Any action taken by the Authority with regard to this unlawful aid shall interrupt the limitation period.

(64)

Attention is drawn to the fact that the Authority will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the EEA Supplement of the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European. All interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The formal investigation procedure, provided for in Article 1(2) of part I of Protocol 3 is initiated regarding the potential State aid to the NDLA.

Article 2

The Norwegian authorities are invited, pursuant to Article 6(1) of Part II of Protocol 3, to submit their comments on the opening of the formal investigation procedure within one month of the notification of this Decision.

Article 3

The Norwegian authorities are requested to provide within one month from notification of this Decision, all documents, information and data needed for assessment of the nature and compatibility of the aid measure.

Article 4

This Decision is addressed to the Kingdom of Norway.

Article 5

Only the English version of this Decision is authentic.

Done at Brussels, 27 March 2013.

For the EFTA Surveillance Authority

Oda Helen SLETNES

President

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

College Member

(1) Asunto E-1/12 Den norske Forleggerforening (todavía no publicado).

(2) See footnote 1.

(3) Norway is divided into 19 municipalities, all of which participate in the NDLA project with the exception of the county municipality of Oslo. Participants are therefore the municipalities of Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold and Østfold.

(4) Act of 17 July 1998 No 61 relating to Primary and Secondary Education and Training (The Education Act).

(5) As the national curricula set out the objectives for the learning outcome of all classes, the content of the learning material must respect the objectives of the national curricula.

(6) Sections 3-l and 4A-3 of the Education Act states that the county municipality is responsible for providing pupils with the necessary printed and digital teaching material as well as digital equipment free of charge.

(7) Translation made by the Authority.

(8) See footnote 7.

(9) See footnote 7.

(10) See footnote 7.

(11) Case E-1/12 Den norske Forleggerforening, para. 117 (not yet published).

(12) NOU 1996:5 pkt. 8.1.2.

(13) Case 263/86 Humbel [1988] ECR 5383, para. 18; Case E-05/7 Private Barnehagers Landsforbund [2008] EFTA Ct. Rep. 64, para. 82; Commission decision No 118/2000 France — Aide aux clubs sportifs professionels, OJ C 333, 28.11.2001, p. 6.

(14) Joined Cases C-264/01, C-306/01 and C-355/01 AOK Bundesverband and Others [2004] ECR I-2493, para. 47; Case C-160/91 Poucet [1993] ECR I-637, paras. 11 and 12.

(15) Case C-160/91 Poucet [1993] ECR I-637, para. 15 and 18; Joined Cases C-264/01, C-306/01 and C-355/01 AOK Bundesverband and Others [2004] ECR I-2493, paras. 46-57; Case C-218/00 Cisal die Battistello Venanzi [2002] ECR I-691, para. 31-46. These cases concern health and social insurances. However, the fact that the Commission explicitly refers to these cases in the context of professional services indicates that the assessment can be generally applied (see Commission Communication ‘Report on Competition in Professional Services’ of 9.2.2004 (COM(2004) 83 final, Fn. 22).

(16) See footnote 11.

(17) Case E-1/12 Den norske Forleggerforening, para. 123 (not yet published).

(18) Case E-1/12 Den norske Forleggerforening, para. 127 (not yet published).

(19) Case E-1/12 Den norske Forleggerforening, paras. 128-130 (not yet published).

(20) Case E-1/12 Den norske Forleggerforening, para. 131 (not yet published).

(21) Case C-482/99 France v Commission (Stardust) [2002] ECR I-4397, para. 52.

(22) Case E-1/12 Den norske Forleggerforening, para. 115 (not yet published).

(23) The EFTA Court refers to the submission from Norway dated 9 September 2010, p. 3.

(24) See footnote 11.

(25) See footnote 11.

(26) The Norwegian wording is: ‘Forum for fylkesutdanningssjefer’.

(27) See footnote 11.

(28) See footnote 11.

(29) Case E-1/12 Den norske Forleggerforening, paras. 121-123 (not yet published).

(30) The EFTA Court seems to refer to para. 12 and footnote 4 of the annulled decision according to which ‘Section 3-1 and 4A-3 of the Education Act states that the county municipality is responsible for providing pupils with the necessary printed and digital teaching material as well as digital equipment free of charge.’

(31) The EFTA Court refers to para. 45 of the annulled decision in para. 121 of the Judgment.

(32) See footnote 17.

(33) See footnote 20.

(34) Case C-143/99 Adria-Wien Pipeline [2001] ECR I-8365, para. 41; Cases C-106/09 P and C-107/09 P Commission and Spain v Gibraltar and UK (Gibraltar corporate tax) [2011] not yet published, para. 36.

(35) Case 730/79 Philip Morris Holland BV v Commission, [2005] ECR, 2671, para. 11.

(36) Case 102/87, France v Commission (SEB), [1988], 4067, Case C-310/99, Italian Republic v Commission, [2002] EC R I-289, para. 85, Case C-280/00, Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark), [2003] ECR, I-7747, para. 77; Case T-55/99, Confederación Espanola de Tranporte de Mercancias (CETM) v Commission, [2000] ECR II-3207, para. 86.

8.8.2013

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/43

Publicación de una solicitud con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios

2013/C 229/11

La presente publicación otorga el derecho a oponerse a la solicitud, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

DOCUMENTO ÚNICO

REGLAMENTO (CE) No 510/2006 DEL CONSEJO

sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (2)

«ANTEP BAKLAVASI»/«GAZİANTEP BAKLAVASI»

No CE: TR-PGI-0005-0781-10.07.2009

IGP ( X ) DOP ( )

1. Denominación

«Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası»

2. Estado Miembro o Tercer País

Turquía

3. Descripción del producto agrícola o alimenticio

3.1. Tipo de producto

Clase 2.4.

Productos de panadería, pastelería, repostería o galletería.

3.2. Descripción del producto que se designa con la denominación indicada en el punto 1

«Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası» es un dulce a base de capas de pasta filo relleno de crema de sémola y pistachos de Antep y endulzado con almíbar.

En función del tipo comercial (seco o fresco), el porcentaje medio de materias primas básicas deberá ser el siguiente (con ± 3 % de margen de tolerancia):

	Normal (fresco)	Seco
Masa	25 %	30 %
Pistacho de Antep (Antep fıstığı)	10-11 %	10-11 %
Crema de sémola	12-13 %	—
Mantequilla	15-20 %	20-25 %
Almíbar	35-36 %	35-36 %

La diferencia entre «baklava» seco y fresco es que el primero no incluye crema de sémola.

Características del «Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası»:

Aroma: procede del pistacho de Antep (Antep fıstığı) y de la mantequilla.

Color: la superficie es de color amarillo dorado y la parte inferior de color verde oscuro a causa de los pistachos de Antep (Antep fıstığı).

Textura: la parte superior es semicrujiente por las capas de la pasta. La parte inferior es almibarada.

Forma: el producto debe cortarse antes de la cocción. Las piezas pueden adoptar diferentes formas, pero en su mayor parte tienen formas similares, pequeños rectángulos, lanzadera (diamante), amuleto (triangular), formas cuadradas o de zanahoria (largas rebanadas triangulares desde el centro hacia el exterior de una bandeja circular).

3.3. Materias primas (únicamente en el caso de los productos transformados)

Ingredientes del «Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası»:

—

pistacho de Antep (Antep fıstığı): el uso de estos pistachos es obligatorio. Originario de la provincia de Gaziantep, el pistacho de Antep es un producto agrícola registrado en Turquía, de color verde oscuro con un aroma penetrante. Según el pliego de condiciones, existen cinco tipos con forma alargada, oval o circular y color verde oscuro. Tiene un índice de proteínas del 21,77 % al 23,77 % y un porcentaje de materia grasa del 56,27 % al 59,89 %. Los pistachos de Antep puede ser triturados en trozos grandes o menudos,

—	mantequilla: 99,9 % de mantequilla pura elaborada a partir de leche sin sal ni aditivos,

—	crema de sémola [utilizada únicamente en el producto «normal» (fresco)]: la leche se hierve a 105-108 °C y se añade la sémola (100 g de sémola por kilo de leche). La mezcla se calienta a 100 °C hasta su solidificación y se deja reposar para que se enfríe,

—	harina: de trigo duro,

—	almidón: almidón de trigo,

—	almíbar: elaborado con azúcar o edulcorante (para diabéticos). Se añaden casi 350-360 g de almíbar a 1 kilo de la mezcla de baklava. No debe utilizarse miel,

—	huevos: Tres huevos por kilo de harina (para la preparación de la masa),

—	sal: 10 g de sal gema por kilo de harina (para la preparación de la masa).

3.4. Piensos (únicamente en el caso de los productos de origen animal)

—

3.5. Fases específicas de la producción que deben llevarse a cabo en la zona geográfica definida

Preparación de la masa, elaboración del baklava y cocción.

3.6. Normas especiales sobre el corte en lonchas, el rallado, el envasado, etc.

El «Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası» puede comercializarse al peso o en porciones en bandejas o envases. Si está envasado, pueden utilizarse cajas de cartón pero estas deben estar forradas con papel de aluminio o un material impermeable similar. En la caja puede incluirse una nota con la sugerencia de presentación «Isıtarak servis yapınız» («calentar antes de servir»).

3.7. Normas especiales sobre el etiquetado

Si el «Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası» se vende en forma seca, el término kuru (seco) debe aparecer en el envase.

Las etiquetas con los términos «PGI» y «Antep Baklavası» o «Gaziantep Baklavası» deben colocarse en el lado visible del envase, así como el siguiente logotipo:

4. Descripción sucinta de la zona geográfica

La zona de producción abarca la totalidad de la provincia de Gaziantep, en el sudeste de Anatolia. La provincia tiene fronteras con Siria al sur, con Birecik y Halfeti al este, con Adiyaman al noroeste, con Kahramanmaras al norte, con Osmaniye al oeste y con Hatay al suroeste.

5. Vínculo con la zona geográfica

5.1. Carácter específico de la zona geográfica

La provincia de Gaziantep es el centro turco del cultivo de pistachos. En Turquía los pistachos se denominan antep fıstığı («pistachos de Antep») ya que la ciudad de Gaziantep ha prestado su nombre a la palabra turca para «pistacho».

Los productos elaborados con pistachos de Antep se han preparado y consumido en Gaziantep durante siglos.

Experiencia de los artesanos:

Preparar la masa para el baklava, estirarla y hacerla menos espesa, rociar almidón entre las capas, colocar las capas en la bandeja, extender la crema y los pistachos de Antep, cortar el baklava en porciones iguales, untarlo con mantequilla, cocerlo y añadir el almíbar son operaciones que requieren una gran habilidad. El «Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası» debe ser elaborado y cocido por artesanos que hayan adquirido estas cualificaciones en la zona de Gaziantep.

5.2. Carácter específico del producto

El «Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası» puede distinguirse de otros baklava por su color amarillo dorado brillante, su textura, su estructura y su parte inferior verde oscura. La principal diferencia, sin embargo, es el sabor y el aroma de los pistachos de Antep y la mantequilla.

La preparación del «Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası» requiere una gran pericia.

La reputación del «Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası» proviene de la combinación de la riqueza de ingredientes y el método de cocción hecho a mano utilizado por experimentados artesanos. Antes de comerlo, predomina el olor de la mantequilla. Un baklava bien preparado se deshace inmediatamente en la boca. Estas son las características peculiares más importantes del «Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası».

5.3. Relación causal entre la zona geográfica y la calidad o las características del producto (en el caso de las DOP) o una cualidad específica, la reputación u otras características del producto (en el caso de las IGP)

El «Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası» de Gaziantep ha sido sumamente apreciado desde el siglo XIX por su peculiar estilo de producción, las características especiales de los ingredientes y el método de cocción manual de los expertos artesanos. Varias familias famosas han producido tradicionalmente el «Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası» a través de varias generaciones desde 1870.

La materia prima más importante es el pistacho de Antep (antep fıstığı), un producto agrícola registrado en Turquía. Su intenso sabor y aroma se conservan en el producto final y le confiere su color verde oscuro a la parte inferior del mismo.

El «Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası» aparece mencionado en libros sobre Gaziantep y sobre la cocina turca y en folletos del Ministerio de Cultura y Turismo sobre Gaziantep.

En Gaziantep Folklorundan Notlar (Notas del folclore de Gaziantep), un libro escrito en 1959 por Cemil Cahit Güzelbey, un investigador especializado de Gaziantep, puede leerse (p. 86) que «los pistachos son utilizadas por los fabricantes de baklava». El libro también narra la historia (p. 87) de un viaje a Gaziantep del Ministro de Sanidad turco. En la cena, tras haber degustado sopa con pistachos, arroz con pistachos, baklava con pistachos y, por último, helado con pistachos, preguntó en tono de broma, «¿Por favor, me pueden traer un vaso de agua sin pistachos?».

Una edición de 2001 de la guía de viaje Frommer’s Turkey (Lynn A. Levine, 2001; John Wiley & Sons) afirma que «el motivo principal de la fama de Gaziantep es su magnífico baklava. Con más de 500 tiendas de baklava en la ciudad, es casi obligatorio hacer un «baklava tour», especialmente en septiembre durante la cosecha de pistachos».

Asimismo, el libro Cooking the Turkish Way (Kari Cornell, 2004) menciona (p. 14) que «la ciudad de Gaziantep, en la Anatolia Oriental, es conocida por sus pistachos y por sus baklavas dulces almibarados».

Referencia a la publicación del pliego de condiciones

[Artículo 5, apartado 7, del Reglamento (CE) no 510/2006 (3)]

El Gobierno turco inició el procedimiento nacional de oposición mediante la publicación de la solicitud de registro para el reconocimiento del «Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası» como IGP en el Boletín Oficial de la República Turca no 26505 de 27 de abril de 2007.

El texto completo del pliego de condiciones puede consultarse en la página web del Instituto de patentes turco:

http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=172 (pulsar en «Antep Baklavası»/«Gaziantep Baklavası»).

(1) DO L 343 de 14.12.2012, p. 1.

(2) Sustituido por el Reglamento (UE) no 1151/2012.

(3) Véase la nota a pie de página 2.

		ISSN 1977-0928 doi:10.3000/19770928.C_2013.229.spa
Diario Oficial de la Unión Europea		C 229

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	56o año 8 de agosto de 2013

Número de información	Sumario	Página
	II Comunicaciones
	COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
	Comisión Europea
2013/C 229/01	Invitación a presentar observaciones sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis	1

2013/C 229/02	Proyecto de Reglamento (UE) no …/… de la Comisión, de 17 de julio de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis ( 1 )	1

	Moneda	Tipo de cambio
USD	dólar estadounidense	1,3305
JPY	yen japonés	129,21
DKK	corona danesa	7,4571
GBP	libra esterlina	0,85955
SEK	corona sueca	8,7261
CHF	franco suizo	1,2321
ISK	corona islandesa
NOK	corona noruega	7,8995
BGN	lev búlgaro	1,9558
CZK	corona checa	25,978
HUF	forint húngaro	299,52
LTL	litas lituana	3,4528
LVL	lats letón	0,7025
PLN	zloty polaco	4,2170
RON	leu rumano	4,4330
TRY	lira turca	2,5713
AUD	dólar australiano	1,4878
CAD	dólar canadiense	1,3868
HKD	dólar de Hong Kong	10,3197
NZD	dólar neozelandés	1,6826
SGD	dólar de Singapur	1,6868
KRW	won de Corea del Sur	1 486,17
ZAR	rand sudafricano	13,2109
CNY	yuan renminbi	8,1416
HRK	kuna croata	7,4975
IDR	rupia indonesia	13 683,68
MYR	ringgit malayo	4,3301
PHP	peso filipino	58,258
RUB	rublo ruso	43,9480
THB	baht tailandés	41,831
BRL	real brasileño	3,0641
MXN	peso mexicano	16,8685
INR	rupia india	81,4960

Fecha y hora del cierre	4.7.2013
Duración	4.7.2013-31.12.2013
Estado miembro	Portugal
Población o grupo de poblaciones	BFT/AE45WM
Especie	Atún rojo (Thunnus thynnus)
Zona	Océano Atlántico al este del meridiano 45° O y mar Mediterráneo
Tipos de buques pesqueros	—
Número de referencia	16/TQ40

Fecha y hora del cierre	4.7.2013
Duración	4.7.2013-31.12.2013
Estado miembro	Reino Unido
Población o grupo de poblaciones	SAN/2A3A4. y zonas de gestión SAN/123_1, _2, _3, _4, _6
Especie	Lanzón y capturas accesorias asociadas (Ammodytes spp.)
Zona	Aguas de la UE de las zonas IIa, IIIa y IV y en aguas de la UE de las zonas de gestión de lanzón 1, 2, 3, 4 y 6, (excluidas las aguas situadas a menos de 6 millas náuticas de distancia de las líneas de base británicas en las islas Shetland, Fair Isle y Foula)
Tipos de buques pesqueros	—
Número de referencia	17/TQ40

	IV Información
	INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
	Comisión Europea
2013/C 229/03	Tipo de cambio del euro	10

	INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS
2013/C 229/04	Información comunicada por los Estados miembros en relación con el cierre de pesquerías	11

2013/C 229/05	Información comunicada por los Estados miembros en relación con el cierre de pesquerías	11

	INFORMACIONES RELATIVAS AL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
	Órgano de Vigilancia de la AELC
2013/C 229/06	Información comunicada por los Estados de la AELC relativa a las ayudas estatales concedidas con arreglo a la norma a la que se refiere el apartado 1, letra j), del anexo XV del Acuerdo EEE [Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías)]	12

2013/C 229/07	No constituye ayuda estatal con arreglo al artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE	16

2013/C 229/08	No constituye ayuda estatal con arreglo al artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE	17

2013/C 229/09	Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 1, apartado 2, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia sobre ayudas estatales en relación con la financiación del Auditorio de Música y Centro de Conferencias Harpa	18

2013/C 229/10	Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 1, apartado 2, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, respecto a la posible ayuda estatal al Nasjonal digital læringsarena (NDLA)	31

	V Anuncios
	OTROS ACTOS
	Comisión Europea
2013/C 229/11	Publicación de una solicitud con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios	43

Fecha de adopción de la decisión	:	10 de abril de 2013
Asunto no	:	70521
Número de la decisión	:	145/13/COL
Estado de la AELC	:	Islandia
Denominación (o nombre del beneficiario)	:	Supuesta ayuda estatal concedida a Landsbankinn mediante la renuncia a una remuneración de fondos públicos ya prevista
Base legal	:	Artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.
Tipo de medida	:	Ninguna ayuda
Sector económico	:	Servicios financieros