14.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 168/1

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Visto el Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio (Acuerdo OTC) adoptado en 1994 como parte de la Ronda Uruguay de negociaciones de la OMC (1),

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Visto el Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (2), (Reglamento sobre los obstáculos al comercio (ROC)),

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Vistas sus Resoluciones anteriores, en particular la Resolución de 13 de octubre de 2005 sobre las perspectivas de las relaciones comerciales entre la UE y China (3), la Resolución de 1 de junio de 2006 sobre las relaciones económicas transatlánticas UE-Estados Unidos (4), la Resolución de 28 de septiembre de 2006 sobre las relaciones económicas y comerciales de la UE con la India (5), la Resolución de 12 de octubre de 2006 sobre las relaciones económicas y comerciales entre la UE y Mercosur de cara a la conclusión de un Acuerdo de Asociación Interregional (6), la Resolución de 22 de mayo de 2007 sobre una Europa global - Aspectos externos de la competitividad (7), la Resolución de 19 de junio de 2007 sobre las relaciones económicas y comerciales con Rusia (8), la Resolución de 19 de febrero de 2008 sobre la Estrategia de la UE para facilitar a las empresas europeas el acceso a los mercados exteriores (9), la Resolución de 24 de abril de 2008 sobre la reforma de la Organización Mundial del Comercio (10), la Resolución de 5 de febrero de 2009 sobre las relaciones comerciales y económicas con China (11), la Resolución de 26 de marzo de 2009 sobre el Acuerdo de libre comercio entre la India y la UE (12), la Resolución de 21 de octubre de 2010 sobre las relaciones comerciales UE-América Latina (13), la Resolución de 17 de febrero de 2011 relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Corea (14), la Resolución de 6 de abril de 2011 sobre la futura política europea en materia de inversiones extranjeras (15), su Posición de 10 de mayo de 2011, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países (16), la Resolución de 11 de mayo de 2011 sobre la situación de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio UE-India (17), la Resolución de 11 de mayo de 2011 sobre las relaciones comerciales UE-Japón (18), la Resolución de 8 de junio de 2011 sobre las relaciones comerciales UE-Canadá (19), la Resolución de 13 de septiembre de 2011 sobre una estrategia eficaz para Europa en relación con las materias primas (20), la Resolución de 27 de septiembre de 2011 sobre una nueva política comercial para Europa en el marco de la Estrategia Europa 2020 (21) y la Resolución de 25 de octubre de 2011 sobre la modernización de la contratación pública (22),

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Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Una Europa global: Competir en el mundo – Una contribución a la Estrategia de crecimiento y empleo de la UE» (COM(2006)0567),

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Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Comercio, crecimiento y asuntos mundiales – La política comercial como elemento fundamental de la Estrategia 2020 de la UE» (COM(2010)0612),

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Visto el Informe de la Comisión al Consejo Europeo titulado «Informe de 2011 sobre los obstáculos al comercio y la inversión. Comprometer a nuestros socios económicos estratégicos en la mejora del acceso a los mercados: Prioridades de actuación para eliminar los obstáculos al comercio» (COM(2011)0114),

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Visto el informe de la Agencia Copenhagen Economics titulado «Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan» (Evaluación de los obstáculos al comercio y la inversión entre la UE y Japón), de 30 de noviembre de 2009,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0365/2011),

A.

Considerando que el sistema multilateral de comercio regulado que se estableció bajo la égida de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es el marco más adecuado para regular y favorecer un comercio abierto y justo y garantizar el desarrollo de unas normas comerciales mundiales justas y equitativas; considerando que todavía deben realizarse esfuerzos para reformar la OMC con vistas a hacerla más democrática y eficaz y a clarificar sus relaciones con otras organizaciones internacionales clave;

B.

Considerando que la UE debería seguir dando prioridad al logro de un resultado equilibrado del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD), que facilitaría la integración de los países en desarrollo —y en particular de los países menos adelantados— en el sistema internacional de comercio y contribuiría a establecer una normativa multilateral de comercio más justa y equitativa entre todos sus miembros;

C.

Considerando que las estadísticas del comercio internacional de la OMC correspondientes al período 2000-2009 muestran un importante incremento de los intercambios comerciales en las regiones que han abierto sus mercados levantando o atenuando notablemente las barreras al comercio (23); considerando, al mismo tiempo, que un informe conjunto OIT-OMC ha demostrado que, durante la crisis financiera, algunos países —tanto industrializados como en desarrollo— que estaban más abiertos al comercio han sufrido en mayor medida los efectos comerciales externos, y que en esos países estos efectos se han traducido en importantes pérdidas de empleo (24);

D.

Considerando que el informe de 2011 de la Comisión sobre los obstáculos al comercio y la inversión presenta ejemplos donde el acceso del mercado de la UE a distintos países del mundo —incluidos algunos países industrializados y grandes países emergentes y miembros de la OMC— está más limitado por diversos obstáculos no arancelarios (ONA) que por los aranceles sobre el comercio, que se están dejando de aplicar en gran medida con el avance de la globalización;

E.

Considerando que los procedimientos de contratación pública en los países socios estratégicos de la UE tienden a excluir a los candidatos extranjeros y siguen relativamente al abrigo de los compromisos internacionales, mientras que la UE es mucho más abierta que otros países en este sentido;

F.

Considerando que los productores de la UE han tenido dificultades prolongadas para registrar y defender sus indicaciones geográficas (IG) en los Estados Unidos; considerando que los Estados Unidos tratan algunas denominaciones de vinos europeos (como «Champagne») como «semigenéricas», a pesar de los perjuicios que ello puede acarrear para la reputación y la cuota de mercado de la IG de la UE en cuestión;

G.

Considerando que los fabricantes europeos tienen dificultades para penetrar en el mercado japonés, especialmente en los sectores de la automoción, la aviación y la aeronáutica, y en particular en lo que se refiere a los procedimientos de contratación pública; considerando que, en el mercado japonés de automóviles, estas dificultades se deben ante todo a la lentitud con que Japón adopta las normas internacionales pertinentes (resulta decepcionante que Japón solo haya adoptado 40 de los 127 Reglamentos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas en virtud del Acuerdo de 1958); reconoce, no obstante, que entre estos se incluyen 30 de los 47 que tienen que ver con los turismos (M1), el sector del mercado japonés más relevante para los fabricantes de automóviles europeos, y que la lentitud con que Japón adopta las normas internacionales limita las ventajas de las disposiciones del Acuerdo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas de 1958 relativas al reconocimiento mutuo; considerando que el diálogo UE-Japón sobre la reforma de la regulación (RRD), emprendido en 1994, no ha redundado todavía en ningún avance significativo en materia de armonización y reconocimiento mutuo de las respectivas normativas regulatorias, lo que demuestra, en especial a la luz del actual clima económico, la importancia de abordar y eliminar obstáculos no arancelarios innecesarios, posiblemente iniciando negociaciones de un AIE/ALC entre la UE y Japón, siempre y cuando el ejercicio exploratorio muestre que se cumplen las condiciones necesarias, como las mencionadas más arriba aunque no limitándose a ellas, incluidos los 17 temas del sector M1, y toma nota de que el ciclo de pruebas que utiliza Japón para medir las emisiones y la eficiencia del combustible de los vehículos ligeros reduce las probabilidades de que los europeos puedan optar a los incentivos fiscales japoneses basados en las prestaciones medioambientales;

H.

Considerando que el aumento por parte de Rusia del 0 % al 10 % de los derechos de exportación del cobre y del 5 % al 10 % de los derechos de exportación del níquel desde diciembre de 2010, junto con los elevados derechos impuestos sobre la exportación de madera, han restringido la exportación de materias primas vitales para las industrias europeas, principalmente el sector siderúrgico (25) y la industria forestal;

I.

Considerando que la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI) debería ser un instrumento eficaz para garantizar la transparencia y combatir la especulación en los mercados de materias primas;

J.

Considerando que, desde hace algunos años, los ONA se hacen cada vez más numerosos en China, y que pueden limitar el desarrollo de las empresas, especialmente de las PYME establecidas en el territorio chino;

K.

Considerando que durante más de un año ha sido casi imposible registrar productos cosméticos europeos en China, especialmente los que contienen nuevos ingredientes, porque China carecía de una definición jurídica adecuada de estos últimos y de directrices claras sobre el propio procedimiento (26);

L.

Considerando que desde finales de 2010 ha surgido inquietud por las recomendaciones de la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones de India (TRAI) relativas a una «política de fabricación de equipos de telecomunicaciones» que otorgue acceso preferente al mercado a los equipos de telecomunicaciones/productos de fabricación nacional, principalmente por medio de subvenciones y de medidas fiscales y aplicables a la contratación pública (27);

M.

Considerando que Brasil y Argentina adoptan regularmente medidas arancelarias y no arancelarias desfavorables para las empresas europeas, a pesar de que ambos países participan, como miembros del Mercosur, en la negociación de un acuerdo de libre comercio con la UE; que, por otra parte, empresas de la UE constatan deficiencias en la protección y el respeto de los derechos sobre la propiedad intelectual (DPI) y una considerable lista de espera de solicitudes de registro de patentes y marcas que afecta a varios productos —con requisitos discriminatorios adicionales para los productos farmacéuticos— en el acceso al mercado brasileño; considerando que Brasil todavía no ha ratificado el Protocolo de Madrid ni se ha adherido a los Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Internet, lo que compromete la protección efectiva de los DPI en ese país; y considerando que las sanciones no tienen un efecto lo suficientemente disuasorio para combatir las violaciones de la propiedad intelectual;

N.

Considerando que los exportadores de la UE encuentran muchos tipos de restricciones en otros mercados, como por ejemplo los limitados puntos de acceso a Vietnam y la exigencia de documentación adicional para las importaciones de vinos y bebidas alcohólicas, cosméticos y teléfonos móviles (28), y la onerosa tasación aduanera de Ucrania, su arbitraria reclasificación de productos y el incremento del tipo de IVA aplicable a los productos agroalimentarios, vinos y bebidas alcohólicas, prendas de vestir y maquinaria;

O.

Considerando que, en países como China, India, Ucrania, Brasil y Nigeria, el sector tecnológico de las energías limpias y renovables se ve confrontado cada vez más con obstáculos no arancelarios, como por ejemplo criterios de participación nacional, discriminaciones en los procesos de contratación pública, favoritismo hacia las empresas de propiedad estatal, restricciones al movimiento del personal extranjero, obligaciones de abastecimiento local y exigencias en materia de propiedad;

P.

Considerando que la UE debería defender activamente sus industrias, siempre que sea necesario, contra la violación de las reglas establecidas y de las normas y principios de la OMC por parte de sus socios comerciales, por todas las vías que estén a su alcance, incluidos los mecanismos multilaterales y bilaterales de resolución de conflictos y los instrumentos de defensa comercial compatibles con la OMC;

Q.

Considerando que la legislación de la Unión Europea permite a las empresas extranjeras participar sin discriminación en los procedimientos europeos de contratación pública, y que los socios de la Unión deberían hacer todo lo posible para que las empresas europeas puedan participar en las licitaciones públicas en terceros países en condiciones de reciprocidad justas y equitativas;

1.

Opina que la supresión o la reducción de los ONA no justificados y de otros obstáculos reglamentarios que aplican los principales países socios estratégicos de la UE mediante un diálogo sobre regulación debería ser una de las prioridades clave de la nueva política comercial de la UE conforme a la Estrategia Europa 2020; considera injustificadas todas las barreras resultantes de la aplicación incoherente de normas comerciales bilaterales o multilaterales; subraya, no obstante, que el diálogo regulatorio debería respetar el derecho de todos los Estados de promover los derechos humanos, las normas ambientales y sociales y la salud pública;

2.

Insta a la Comisión a incluir sistemáticamente la gran variedad, complejidad técnica y sensibilidad política de los ONA en una estrategia global que incluya el refuerzo del diálogo sobre regulación y que comprenda a todos los socios comerciales de la UE, especialmente a los de importancia estratégica; considera, en particular, que los comités encargados de examinar la aplicación de los acuerdos bilaterales de libre comercio, los comités competentes de la OMC y los organismos encargados de la elaboración de normas en el seno de las Naciones Unidas son los foros adecuados para debatir estos cambios regulatorios;

3.

Pide a la Comisión que establezca una distinción clara entre los ONA que dan lugar a distorsiones injustas de la competencia y las barreras que reflejan objetivos legítimos de las políticas públicas, en particular en materia de salud pública y protección del medio ambiente; destaca, por ejemplo, que la legislación europea sobre los OGM y las normas sanitarias y fitosanitarias en el ámbito de la agricultura no pueden considerarse ONA injustos, sino que, por el contrario, deben defenderse en el marco de las relaciones comerciales internacionales;

4.

Destaca que los diálogos estructurados sobre regulación previstos en los ALC bilaterales deben respetar plenamente el proceso democrático para la adopción de normas, tanto por parte de la UE como de sus socios comerciales;

5.

Destaca que la cuestión de los ONA es una tarea interservicios que interesa a diferentes direcciones generales de la Comisión, y que esta debería considerarla una prioridad en su programa de regulación, especialmente en lo que se refiere a la armonización de normas técnicas basadas en las normas internacionales;

6.

Insta a la Comisión a que utilice sistemáticamente los canales de cooperación oportunos con sus socios afines para abordar los ONA y otros obstáculos reglamentarios en terceros países, con miras a elaborar estrategias conjuntas para la supresión de dichos obstáculos;

7.

Opina que la exigencia de reciprocidad en el acceso a los mercados, tanto para los países industrializados como para los países emergentes, debería formar parte integrante de la estrategia comercial de la UE, junto con la supresión o la reducción de los ONA;

8.

Insta a la Comisión a abordar estos problemas generalizados y persistentes en todos los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales, especialmente en los Acuerdos de Libre Comercio (ALC), y a velar por que se preste a los ONA al menos la misma atención que se dedica actualmente a la eliminación de aranceles en todos los foros sobre regulación apropiados, sobre todo en el marco de sus negociaciones comerciales con los países industrializados y emergentes; destaca que, en materia de cooperación con los países en desarrollo, en especial los Países Menos Adelantados (PMA) y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), debe darse prioridad a la ayuda para el comercio y a la asistencia técnica y financiera de dichos países, para mejorar el marco normativo, teniendo en cuenta sus necesidades específicas en lo que se refiere al desarrollo de los mercados internos y a la protección de las industrias embrionarias y las estructuras agrarias, a menudo frágiles;

9.

Considera que en el futuro el Parlamento Europeo debería prestar mayor atención al modo en que se han abordado los ONA, en particular los ONA injustificados, en la evaluación de los acuerdos comerciales para garantizar el acceso de los exportadores e inversores europeos —especialmente de las PYME— a los mercados de terceros países, al tiempo que se respetan las exigencias de un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo tal como prevén la disciplinas de la OMC;

10.

Alienta a la Comisión a que prosiga sus esfuerzos para mantener un inventario actualizado de los principales obstáculos que deben afrontar los exportadores y los inversores de la UE en importantes mercados de terceros países, en particular los países socios del ALC, de forma que se incluya el número y la naturaleza de los problemas detectados por los Estados miembros y las empresas, y que convierta dicho inventario en un instrumento para evaluar la situación en los terceros países;

11.

Recuerda a la Comisión que la política europea en materia de derechos de propiedad intelectual con respecto a los países en desarrollo debe mantenerse en el marco de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC y respetar plenamente la Declaración de Doha de 2001 sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, especialmente en lo que se refiere a los medicamentos genéricos y la salud pública, con el fin de dejar a los países en desarrollo el margen de maniobra necesario para afrontar los problemas de interés público;

12.

Opina que, si bien no es posible establecer en este momento una relación directa entre determinados ONA y otros obstáculos reglamentarios que encuentran las empresas de la UE que intentan acceder a los mercados exteriores, por una parte, y el incremento del desempleo en los Estados miembros, por la otra, la Comisión debería investigar, consultando con otros organismos internacionales competentes, si existe una correlación entre determinados ONA en la UE y terceros países y la actual creación o pérdida de empleos en la UE;

13.

Señala que la Comisión debería estudiar la posibilidad de desarrollar y establecer un mecanismo de alerta temprana que detecte los ONA y reforzar las herramientas analíticas de las que dispone para realizar una evaluación cualitativa de las mismas y encontrar una definición más clara de ONA injustificados; propone que este mecanismo cuente con el apoyo de las delegaciones de la UE en terceros países, en colaboración con los organismos ya creados por los Estados miembros;

14.

Insta a la Comisión a mejorar, en particular en las instancias multilaterales, la cooperación internacional en materia de regulación y la convergencia de los requisitos regulatorios conforme a las normas internacionales y, siempre que sea posible, a entablar un diálogo sobre regulación en el que se aborden los obstáculos al comercio actuales o futuros, con miras a limitar los conflictos y los consiguientes costes comerciales;

15.

Insta a la Comisión a promover entre las partes del Acuerdo sobre Contratación Pública, la difusión de disciplinas de contratación pública basadas en las normas internacionales desarrolladas en dicho Acuerdo y a utilizar o ampliar los diálogos sobre regulación ya existentes para potenciar la cooperación sobre el marco regulador y la reestructuración y, si procede, la eliminación de prácticas discriminatorias directas e indirectas existentes en las relaciones de la UE con sus países socios industrializados;

16.

Considera que una de las claves para reducir los ONA al comercio y la inversión es la reforma del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC, teniendo debidamente en cuenta el carácter multifuncional de las políticas de contratación pública; pide a las principales economías emergentes que participen en este proceso y que firmen y ratifiquen sin demora el futuro acuerdo;

17.

Pide a la Comisión que mantenga una posición firme en las negociaciones sobre la firma del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) por China, a fin de lograr una apertura recíproca equivalente de los procedimientos de contratación pública chinos y unas condiciones predecibles para los licitadores;

18.

Recomienda examinar las posibilidades reglamentarias de velar por que los contratos públicos para proyectos financiados con ayudas de la UE no se adjudiquen a empresas públicas de terceros países que no hayan firmado el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) ni acuerdos bilaterales de apertura recíproca de mercados o que, alternativamente, en esos casos la UE pueda reclamar el reembolso de las ayudas;

19.

Recuerda la importancia de las inversiones extranjeras directas para la economía europea y la necesidad de instaurar un entorno estable y atractivo para los inversores europeos en el extranjero y promover un clima abierto de inversión en toda Europa; sugiere, no obstante, que en interés de ambas partes sería conveniente plantearse a escala europea la realización de una evaluación de impacto de esas inversiones en el mercado interior para anticipar eventuales repercusiones negativas en la innovación y las pericias europeas en ciertos sectores estratégicos;

20.

Anima a las empresas y a los exportadores de la UE a utilizar los canales existentes, incluyendo las reclamaciones conforme al ROC o el registro de reclamaciones de la Base de Datos de Acceso al Mercado, para notificar a la Comisión los perjuicios graves ocasionados por todo tipo de obstáculos al comercio, para que esta los evalúe y utilice todas las medidas necesarias para hacer frente a los ONA injustificados;

21.

Considera que, en lo que respecta a las materias primas, la Comisión debería seguir una estrategia sostenible, integral e intersectorial, reconociendo al mismo tiempo que las restricciones y los impuestos a la exportación pueden considerarse un factor importante de apoyo a los objetivos de desarrollo, protección del medio ambiente y explotación sostenible de los recursos naturales en los PMA y los PEID y otros países en desarrollo excluidos los países BRIC; toma nota de que la mayoría de los miembros de la OMC que utilizan los impuestos a la exportación son países en desarrollo y países menos adelantados; insta a la UE a que no trate de prohibir el uso de los impuestos a la exportación de los PMA y los PEID y otros países en desarrollo, a excepción de los países BRIC, en la OMC y en los acuerdos comerciales bilaterales y los acuerdos de asociación económica (AAE), ya que ello reduciría el espacio político para utilizar dicho instrumento de cara al valor añadido, la diversificación, la protección de las industrias incipientes, la seguridad alimentaria y las consideraciones salariales y medioambientales mientras no hayan alcanzado el estatuto de países en desarrollo más avanzado;

22.

Concluye que, con el fin de que aprecien al máximo las ventajas que tendrá la liberalización del comercio para los países que abran sus mercados y levanten sus aranceles y ONA, los socios comerciales deberían acordar períodos de transición para dar acceso a los mercados en determinados sectores sensibles o bien, en casos excepcionales, excluirlos por completo;

23.

De acuerdo con los principios comerciales relativos a los servicios de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) suscritos por la UE y los Estados Unidos en el marco de la cooperación económica transatlántica (CET), insta a la Comisión a que revise por completo y aborde la cuestión del uso de normas discriminatorias o desproporcionadas, las normas sobre responsabilidad y otros métodos legislativos utilizados contra las redes y los servicios TIC con el fin de restringir la libre circulación de información y el acceso a los mercados de servicios y a ampliar la brecha digital;

24.

Considera que se debe ofrecer la debida prioridad a los obstáculos al comercio y a las inversiones que afectan a los sectores europeos de servicios, incluidos los servicios TIC y de telecomunicaciones, los servicios profesionales y de negocios, los servicios financieros, de construcción, minoristas y de distribución; estima que este tipo de medidas no arancelarias, incluidas las regulaciones nacionales, las restricciones a la propiedad y varias medidas anticrisis (incluidas las disposiciones discriminatorias en los procedimientos de contratación pública), revisten una importancia particular, dado el alto valor comercial agregado de los servicios y la posición de la UE como mayor exportador en este sector;

25.

Opina que debería crearse un mecanismo de mediación en la OMC que facilite la eliminación de los ONA de forma constructiva, eficaz, rápida y no conflictiva, inspirado en el sistema SOLVIT, de acuerdo con propuestas anteriores similares formuladas por la UE y la India;

26.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

14.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 168/8

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Visto el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos (Reglamento (CE) no 764/2006 del Consejo, de 22 de mayo de 2006 (1)),

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Visto el actual proyecto de Protocolo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos (11225/2011),

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Visto el procedimiento de aprobación de conformidad con el artículo 43, apartado 2, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0201/2011),

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Vistas las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Presupuestos adjunta a la recomendación de la Comisión de Pesca (A7-0394/2011),

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Vista la exposición de motivos que forma parte de la recomendación de la Comisión de Pesca (A7-0394/2011), la cual expone las deficiencias del actual Protocolo de un año,

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Vistos el artículo 115, apartado 5 y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que, según la evaluación externa ex post efectuada por la Comisión, el actual Protocolo presenta una relación coste-beneficio claramente insatisfactoria como consecuencia del bajo índice de aprovechamiento de las posibilidades de pesca negociadas, la sobrepesca y los problemas ecológicos y sociales no abordados;

B.

Considerando que cualquier futuro Protocolo que haya de negociar la Comisión deberá abordar los graves problemas relacionados con los anteriores y actuales Protocolos;

C.

Considerando que los Acuerdos de colaboración en el sector pesquero deben intentar alcanzar objetivos económicos y sociales, sobre la base de una estrecha cooperación científica y técnica, con vistas a garantizar la explotación sostenible de los recursos pesqueros;

1.

Pide a la Comisión que avance en las negociaciones de un nuevo Protocolo para descartar cualquier posible situación en que tenga que aplicarse dicho Protocolo de manera provisional por no haber otorgado aún el Parlamento su aprobación;

2.

Pide a la Comisión que garantice que cualquier futuro Protocolo sea económica, ecológica y socialmente sostenible y mutuamente beneficioso;

3.

Pide a la Comisión que garantice la inclusión en todos los futuros Protocolos del principio de que los buques de la UE puedan acceder únicamente a los recursos excedentarios; destaca, en particular, que todos los recursos deben evaluarse con el máximo rigor;

4.

Pide a la Comisión que garantice que en el futuro Protocolo se definan las posibilidades de pesca en consonancia con los conocimientos científicos, las evaluaciones de poblaciones y las necesidades del sector pesquero; insiste además en que las decisiones sobre medidas técnicas y las posibilidades de pesca se adopten sobre la base de los conocimientos científicos, debiendo consultarse a tal efecto a los pescadores;

5.

Pide a la Comisión que garantice que cualquier futuro Protocolo contribuya al desarrollo del sistema de gestión de los recursos pesqueros marroquíes, incluidos su control y vigilancia, la investigación científica, el desarrollo de las flotas locales, la formación y otros conceptos;

6.

Pide a la Comisión que garantice un uso más eficaz del apoyo al sector y un seguimiento más eficaz; considera necesario que el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero incluya mecanismos eficaces de vigilancia, con el fin de garantizar que los fondos destinados al desarrollo, y en particular a la construcción de infraestructuras en el sector pesquero, se utilicen correctamente;

7.

Pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para obtener los datos necesarios sobre la aplicación del Protocolo y con ello conferir mayor transparencia al procedimiento legislativo;

8.

Recuerda a la Comisión que debe introducir en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero la cláusula sobre el respeto de los derechos humanos, a la que también se hace referencia en la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales (2)

9.

Pide a la Comisión que garantice que el futuro Protocolo respeta plenamente el Derecho internacional y beneficia a todos los grupos de población locales afectados;

10.

Pide a la Comisión que facilite al Parlamento un informe escrito detallado sobre el grado en que los deseos del Parlamento se han tomado en consideración en el futuro Protocolo;

11.

Pide asimismo a la Comisión que respete el acuerdo del marco interinstitucional y el papel del Parlamento Europeo, de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado de Lisboa;

12.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, a los Estados miembros y al Gobierno de Marruecos.

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Diario Oficial de la Unión Europea

CE 168/9

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Visto el título V del Tratado de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 21, 42, 45 y 46, así como el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su Protocolo no 10,

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Vistos la Estrategia Europea de Seguridad (EES) titulada «Una Europa segura en un mundo mejor», adoptada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003, y el informe sobre su aplicación titulado «Ofrecer seguridad en un mundo en evolución», elaborado bajo la responsabilidad de la Alta Representante de la UE y aprobado por el Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre de 2008,

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Vistos los objetivos establecidos por el Consejo Europeo en diciembre de 2008 para reforzar la capacidad militar europea,

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Vistas las Conclusiones del Consejo de 1 de diciembre de 2011, 23 de mayo de 2011, 31 de enero de 2011 y 9 de diciembre de 2010, sobre la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), sobre la necesidad de poner en común y compartir las capacidades militares, sobre la PESD, y sobre el desarrollo de la capacidad militar, respectivamente,

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Vista la Decisión 2011/411/PESC del Consejo, de 12 de julio de 2011, por la que se determinan el estatuto, la sede y la forma de funcionamiento de la Agencia Europea de Defensa y por la que se deroga la Acción Común 2004/551/PESC (1),

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Visto el informe de la Alta Representante sobre la PCSD, presentado en el Consejo de Asuntos Exteriores del 18 de julio de 2011,

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Vista la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad (2),

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Vista la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (3),

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Vistas sus Resoluciones, de 11 de mayo de 2011, sobre el desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (4), de 23 de noviembre de 2010, sobre la cooperación civil y militar y el desarrollo de capacidades civiles y militares (5), y de 10 de marzo de 2010, sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad y la Política Común de Seguridad y Defensa (6), así como las resoluciones anteriores sobre la política europea de seguridad y defensa,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0428/2011).

1.

Toma nota con preocupación de la culminación de una tendencia de los últimos años consistente en efectuar recortes en los presupuestos de defensa de la mayoría de los Estados miembros de la UE a raíz de la crisis financiera, económica y de la deuda, y del posible impacto negativo de estas medidas en sus capacidades militares y, por consiguiente, en la capacidad de la UE para asumir de forma eficaz sus responsabilidades en materia de mantenimiento de la paz, prevención de conflictos y refuerzo de la seguridad internacional, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en caso de que los Estados miembros no consigan compensar esas pérdidas mediante un incremento de la cooperación y coordinación europeas; subraya a este respecto que la defensa constituye un bien público que repercute en la seguridad de todos los ciudadanos europeos y al que todos los Estados miembros deben contribuir en un espíritu de cooperación, reparto de las cargas y eficacia;

2.

Advierte de que la falta de coordinación de los recortes presupuestarios en defensa podría provocar la pérdida completa de determinadas capacidades militares en Europa; celebra y apoya por ello que el Consejo aliente a los Estados miembros a intercambiar información, cuando así convenga, y a aumentar la transparencia de los actuales y futuros recortes del presupuesto de defensa, y pide una evaluación del impacto que tendrán estos recortes presupuestarios en el desarrollo de las capacidades de apoyo para la PCSD; recuerda que la intervención en Libia ha demostrado claramente que incluso una coalición de países europeos es incapaz de llevar a cabo una operación de este tipo sin la ayuda de los Estados Unidos;

3.

Toma nota de la continua y desproporcionada dependencia de los Estados Unidos en materia de defensa, en vista de que la participación de los Estados Unidos en los gastos totales de defensa de la Alianza del Atlántico Norte ha aumentado hasta el 75 %, y de la consiguiente necesidad de que los aliados europeos aumenten su parte en la carga de defensa; señala con preocupación que los recientes recortes presupuestarios vienen a añadirse a una pauta de inversión y gasto insuficientes de los Estados miembros en los ámbitos de la seguridad y la defensa durante más de una década;

4.

Insta a todos los Estados miembros de la UE a que cooperen más estrechamente y coordinen sus acciones contra las amenazas comunes identificadas en la Estrategia Europea de Seguridad (EES), en un entorno de seguridad cada vez más complejo e imprevisible, y asuman plenamente su parte de responsabilidad en el ámbito de la paz y la seguridad en Europa, en sus países vecinos y en el resto del mundo; si bien reconoce que todas las amenazas no son de carácter militar y que la UE tiene a su disposición un abanico de instrumentos para la prevención y gestión de crisis, como sus capacidades civiles y sus instrumentos de asistencia técnica, recuerda a los Estados miembros sus reiterados compromisos, incluidos los recogidos en el Tratado y en las conclusiones del Consejo Europeo, de mejorar sus capacidades militares, y les pide que garanticen el cumplimiento de dichos compromisos;

5.

Reitera su punto de vista de que el refuerzo de la capacidad de defensa europea aumentará la autonomía estratégica de la UE y hará una importante contribución a la seguridad colectiva en el contexto de la OTAN y otras alianzas; recuerda el potencial que encierran las disposiciones del Tratado de Lisboa en la materia, e insta a los Estados miembros a poner en práctica una cooperación estructurada permanente, definir las condiciones para la aplicación de las cláusulas de solidaridad y defensa mutua, y utilizar plenamente la Agencia Europea de Defensa;

6.

Señala, teniendo presente los diferentes niveles de ambición, que los Estados miembros gastan en total alrededor de 200 000 millones de euros al año en defensa, lo que representa apenas una tercera parte del presupuesto de defensa de los Estados Unidos pese a ser una cantidad considerable que demuestra el coste que tendría la defensa sin la coordinación europea;

7.

Lamenta la forma en que se gasta la mayor parte de esos fondos, en virtud de decisiones nacionales de planificación de defensa no coordinadas, lo que conduce no solo a persistentes lagunas en materia de capacidad, sino también frecuentemente a un despilfarro y duplicaciones de capacidades, así como a una industria y mercados fragmentados, lo que hace que la UE no cuente con la visibilidad, los recursos o el alcance que cabría esperar con un gasto de 200 000 millones de euros;

8.

Considera que la crisis económica y financiera puede ser una oportunidad para integrar las políticas de defensa de la UE, pues puede ofrecer el impulso para crear y aplicar por fin las ambiciosas reformas cuya elaboración ha durado tanto;

9.

Pide, a la vista de lo anterior, a los Estados miembros que acepten la idea de que una mayor cooperación es la mejor forma de avanzar y de que, en particular a través de (A) una mejor coordinación de los planes de defensa, lo que incluye la armonización de las necesidades militares y medidas para aumentar la interoperabilidad, (B) la puesta en común y el reparto de determinadas capacidades y estructuras de apoyo, (C) una mayor cooperación en investigación y desarrollo tecnológico, (D) la facilitación de la colaboración y la consolidación industriales, y (E) la optimización de los procedimientos de contratación pública y la eliminación de los obstáculos que dificultan el acceso al mercado, los Estados miembros podrán desarrollar capacidades de forma más rentable y sin efectos adversos para su soberanía;

10.

Subraya que la UE dispone de instrumentos y mecanismos que pueden ayudar a los Estados miembros a lograr este objetivo, como se expone a continuación, incluso determinando en qué ámbitos se podrían prever más fondos a escala europea (F);

11.

Reconoce, independientemente de lo que precede, que el mantenimiento de una base industrial y tecnológica adecuada y la garantía de la seguridad en el suministro son elementos esenciales de la defensa nacional que no deben regirse únicamente por objetivos económicos;

12.

Considera que todos los esfuerzos en materia de defensa de la UE como reacción ante la crisis financiera deberían concentrarse en la Agencia Europea de Defensa (AED), que podría encargarse de un amplio ámbito de revisión y planificación de políticas, pero no puede hacerlo en su configuración actual; pide que se mejore la configuración de la AED, en vista de que un aumento de su presupuesto, personal, ámbitos de responsabilidad y competencias generales resultaría rentable a largo plazo, pues le permitiría trabajar mejor para optimizar el sector de la defensa de la UE y dedicarse específicamente a evitar costosas duplicaciones y políticas de defensa insostenibles desde el punto de vista financiero;

13.

Reitera su llamamiento a los Estados miembros para que realicen revisiones sistemáticas de seguridad y defensa de acuerdo con criterios comunes y un calendario armonizado; sugiere que esto podría llegar a convertirse en un ejercicio regular relacionado con los procedimientos presupuestarios, una especie de «semestre europeo» de revisiones de la seguridad y la defensa;

14.

Subraya que el sentido de estas revisiones coordinadas sería acabar con la cultura de aislamiento en la planificación de la defensa nacional y crear una plataforma de debate estructurado que permitiría a los Estados miembros considerar un escenario más general —la perspectiva europea—, antes de adoptar decisiones estratégicas clave para sus capacidades de defensa; subraya que esta iniciativa debería complementar, en el caso de los Estados miembros interesados, su coordinación dentro del proceso de planificación de defensa de la OTAN;

15.

Reitera su petición de un Libro Blanco de la UE sobre seguridad y defensa que desarrolle y aplique la Estrategia Europea de Seguridad, defina mejor los objetivos, los intereses y las necesidades de seguridad y defensa de la UE en relación con los medios y los recursos disponibles, y tenga en cuenta al mismo tiempo los aspectos no tradicionales de la seguridad; subraya que este debería elaborarse y actualizarse periódicamente sobre la base de las revisiones nacionales, y servirles a su vez de marco de referencia, vinculando la planificación de la defensa nacional a una perspectiva común de seguridad y de evaluación de amenazas; destaca que, al establecer una visión común de retos y soluciones, dicho Libro Blanco generará confianza y ofrecerá una orientación estratégica centrada en la forma que deberían tomar las fuerzas de la UE;

16.

Recuerda que el Tratado de Lisboa ha reforzado el papel de la Agencia Europea de Defensa (AED) para apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos para mejorar las capacidades militares para la Política Común de Seguridad y Defensa; propone por ello que los Estados miembros pidan a la Agencia que examine la manera de mejorar la coordinación de los planes de defensa en Europa; recuerda igualmente que el Tratado encomienda a la AED la tarea de evaluar el respeto de los compromisos en materia de capacidades y de fomentar la armonización de las necesidades operativas, y pide una mejor ejecución de esas tareas; recomienda que, como primer paso en el ejercicio del «semestre europeo», los Estados miembros presenten a la AED sus proyectos de revisión de la seguridad y defensa nacionales para obtener su asesoramiento y para que esta pueda evaluarlos a la luz de las prioridades en materia de capacidad establecidas por la Junta Directiva de la AED en el Plan de desarrollo de capacidades, así como de los planes de los demás Estados miembros y del Proceso de planificación de defensa de la OTAN; opina que, en un plazo muy corto, la AED también debería desempeñar un papel importante a la hora de definir las capacidades y la política de armamento europeas;

17.

Opina que, como paso siguiente, los Estados miembros deberían pasar por un proceso de consultas mutuas para armonizar sus necesidades militares y examinar todas las opciones para aumentar la rentabilidad a través de acuerdos a escala de la UE, regionales, bilaterales o de otro tipo;

18.

Insta a los Estados miembros a que, en el marco de este proceso, aborden también el exceso de capacidades existente, en especial en lo que respecta a los equipos y el personal menos prioritarios en las operaciones;

19.

Está firmemente convencido de que la puesta en común y el reparto de capacidades ya no es una opción, sino una necesidad; apoya a los Estados miembros en sus esfuerzos por determinar cuáles son los proyectos más prometedores, como parte del proceso iniciado en la reunión ministerial celebrada en Gante en septiembre de 2010 y de acuerdo con la iniciativa germano-sueca de noviembre de 2010, si bien reconoce que la puesta en común y el reparto no pueden sustituir el desarrollo real de capacidades, pero lo ampliarán y mejorarán; toma nota del primer paquete de proyectos facilitado por la AED y adoptado por el Consejo el 1 de diciembre de 2011, y pide a los Estados miembros y a la AED que expongan detalladamente los progresos realizados para obtener resultados concretos, y definan nuevas oportunidades para la primavera de 2012 a más tardar; insta a los Estados miembros, en particular al Triángulo de Weimar y también a la Formación Weimar Plus, a hacer que la puesta en común y el reparto culminen con éxito actuando como vectores políticos;

20.

Subraya que, en particular en algunos ámbitos como el transporte estratégico y táctico, el apoyo logístico, el mantenimiento, las capacidades espaciales, la defensa cibernética, el apoyo médico, la educación y la formación, así como determinadas capacidades específicas, los Estados miembros pueden beneficiarse enormemente de la puesta en común y el reparto de algunas funciones y activos sin crear dependencias importantes que pudieran limitar su toma de decisión soberana; alienta enérgicamente las iniciativas para hacer frente a las deficiencias de capacidad en ámbitos como los helicópteros de transporte, el reabastecimiento de combustible en vuelo, la vigilancia marítima, los vehículos no tripulados, la protección contra ataques químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, la lucha contra los artefactos explosivos improvisados, la comunicación vía satélite, los sistemas de mando y control, y los sensores y las plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, incluidas las alternativas a los sistemas de satélites, como los vehículos no tripulados de gran altitud y larga distancia, y las tecnologías ecológicas necesarias para lograr una gran autonomía operativa y alta rentabilidad;

21.

Subraya que la puesta en común de los recursos debe ir acompañada de una mayor especialización, de forma que los Estados miembros que cedan ciertas capacidades puedan confiar en que otros las aporten, y reconoce que para ello será necesario un compromiso político serio por parte de los Gobiernos nacionales;

22.

Pide a los Estados miembros que hagan un uso creativo de los diferentes modelos de puesta en común y reparto que puedan configurarse, como, por ejemplo, (1) la puesta en común en régimen de propiedad conjunta, (2) la puesta en común de activos de propiedad nacional, (3) la puesta en común de las adquisiciones, o (4) el reparto de papeles y tareas, y sus combinaciones cuando proceda, y pide un rápido progreso particularmente en los ámbitos mencionados;

23.

Pide, en primer lugar en lo que respecta a la «propiedad conjunta», a los Estados miembros que exploren la posibilidad de que consorcios de países participantes o la propia UE adquieran conjuntamente determinados equipos, inspirándose en iniciativas como la Capacidad de Transporte Aéreo Estratégico aplicada en la OTAN, el programa AWACS de la OTAN o el programa Galileo de la UE, o que busquen posibilidades de financiación de la UE o de cofinanciación del equipo adquirido por consorcios de Estados miembros; subraya el potencial de la propiedad conjunta para los equipos más caros, como las capacidades espaciales, los vehículos aéreos no tripulados o las aeronaves de transporte estratégico;

24.

Considera, en segundo lugar con respecto a la «puesta en común de activos nacionales», que la iniciativa Mando Europeo del Transporte Aéreo de cuatro Estados miembros es un ejemplo particularmente útil, en el que el uso de capacidades existentes se optimiza mediante la transferencia de determinadas competencias a una estructura común, manteniendo al mismo tiempo la plena propiedad nacional de los activos; considera que este modelo de puesta en común de capacidades (separables) también se adapta bien a otros ámbitos de apoyo operativo, como los helicópteros de transporte, las aeronaves de patrulla marítima y los activos militares de transporte marítimo; cree que cualquier delegación de competencias a una estructura integrada debe ser flexible y no requerir que todos los participantes deleguen las mismas competencias, para evitar el riesgo de conformarse con el mínimo común denominador; considera conveniente, sin embargo, que los Estados miembros faciliten capacidades nacionales en toda la gama de las tareas del Mando Europeo del Transporte Aéreo;

25.

Destaca, en tercer lugar con respecto a la «puesta en común de adquisiciones», como en el programa A400M, los beneficios que se pueden derivar de las adquisiciones conjuntas en términos de economías de escala, de creación de una base industrial viable, de interoperabilidad y de subsiguientes posibilidades de poner en común y compartir el apoyo en servicio, el mantenimiento y la formación; lamenta el hecho de que esos beneficios se pierden con frecuencia debido a las diferencias en el nivel de exigencias y de acuerdos sobre el reparto del trabajo como en el caso del programa Eurofighter; destaca que, para realizar plenamente el potencial de ahorro, es importante mantener una configuración común de los equipos adquiridos conjuntamente durante todo su ciclo de vida, con el fin de facilitar el apoyo en servicio conjunto; pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de poner en común los servicios externalizados;

26.

Considera, en cuarto lugar con respecto a «la puesta en común de determinadas funciones y activos», que existen ejemplos positivos en iniciativas como la cooperación franco-belga en la formación de pilotos de combate, el acuerdo entre el Reino Unido y Francia sobre la puesta en común de portaviones, la iniciativa franco-alemana sobre formación de pilotos de helicóptero, o la cooperación naval belgo-neerlandesa, en las que se comparte con el país socio una serie de estructuras de apoyo nacionales; destaca en especial las oportunidades en el ámbito de la educación, la formación y las prácticas, y en particular la posibilidad de compartir academias militares e instalaciones para ensayos y evaluaciones y para el entrenamiento de pilotos; considera que, en el caso de algunas capacidades especializadas, el reparto de papeles y de tareas es la única manera viable de que la mayoría de los Estados miembros puedan asegurar el acceso a algunas capacidades poco extendidas, como las unidades de actuación ante situaciones de riesgo químico, biológico, radiológico y nuclear o los aviones hospital;

27.

Recuerda el importante papel que desempeña la AED, tal como se define en el Tratado, a la hora de proponer proyectos multilaterales, coordinar programas de los Estados miembros y gestionar los programas de cooperación de I+T; destaca los proyectos de la AED que ya son operativos, como el Programa de instrucción táctica sobre helicópteros y el laboratorio forense móvil para luchar contra los dispositivos explosivos improvisados y su aplicación en Afganistán, y pide que se hagan más progresos en otras iniciativas como la flota europea de transporte aéreo; insta a los Estados miembros a que utilicen el potencial que ofrece la Agencia en términos de apoyo administrativo y jurídico y le confíen la gestión de sus iniciativas de cooperación, y subraya la necesidad de que la AED reciba los medios necesarios para gestionar un aumento de sus responsabilidades;

28.

Reconoce que las iniciativas bilaterales y regionales como los acuerdos en materia de defensa entre el Reino Unido y Francia de 2010, la cooperación nórdica en materia de defensa y la cooperación báltica en materia de defensa son esfuerzos importantes para racionalizar el uso de recursos y remediar deficiencias de capacidad a corto plazo; toma nota de las propuestas de colaboración similares que se están dando en otras regiones, como entre los países del Grupo de Visegrado; opina, sin embargo, que siguen existiendo deficiencias estructurales que han de abordarse de forma coordinada a escala de la UE, y que, en consecuencia, estos marcos bilaterales o regionales han de integrarse en cierta medida en una perspectiva europea más amplia, asegurándose de que contribuyen al desarrollo de la PESD y no la obstaculizan en modo alguno; cree que, en este contexto, se debería encomendar a la AED la tarea de garantizar la coherencia global de los esfuerzos, y anima a que se siga reflexionando sobre cómo podrían utilizarse las disposiciones del Tratado sobre la cooperación estructurada permanente para contar con un marco de coordinación general;

29.

Considera que el cuartel general operativo civil-militar de la UE, cuya creación ha pedido en reiteradas ocasiones, no solo mejoraría sustancialmente la capacidad de la UE de apoyo a la paz y la seguridad internacionales, sino que, a largo plazo, también generaría un ahorro para los presupuestos nacionales en la lógica de la puesta en común y el reparto; subraya que se requiere la orientación política de la Vicepresidenta/Alta Representante, y le pide que siga trabajando sobre la base de la «iniciativa de Weimar» e investigue las opciones jurídicas existentes para la creación de una capacidad autónoma de planificación operativa y dirección con dos cadenas de mando separadas (civil y militar), en consonancia con el modelo presentado al Consejo en julio de 2011, lo antes posible;

30.

Acoge con satisfacción la iniciativa «Defensa Inteligente» en el marco de la OTAN y reafirma la importancia de una coordinación continua y una supresión de conflictos entre la UE y la OTAN a todos los niveles con vistas a evitar toda duplicación innecesaria; subraya que es imprescindible intensificar la cooperación práctica entre la UE y la OTAN, sobre todo en lo que respecta a las respuestas a los retos planteados por la crisis financiera; solicita en concreto a la AED y al Mando Aliado de Transformación que cooperen estrechamente para asegurarse de que los proyectos de puesta en común y reparto de las dos organizaciones sean complementarios y se apliquen siempre en el marco del máximo de valor añadido;

31.

Observa que existe un potencial para la puesta en común de los activos de defensa cibernética, dada la integración de los sistemas cibernéticos europeos, y la necesidad de una mayor coordinación de la UE en este ámbito;

32.

Recuerda la importancia que revisten la investigación y la innovación en el sector de la seguridad y la defensa como base de la competitividad y la resiliencia de la industria europea de la defensa, así como para la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de crecimiento sostenible; señala que los actuales esfuerzos en materia de investigación y tecnología (I+T) serán determinantes para el dominio de los avances tecnológicos futuros; lamenta el hecho de que solo alrededor del 1 % del gasto general de los países de la UE en defensa se destine a la I+T, mientras que más del 50 % sigue destinándose a personal, y en particular en la mayoría de los Estados miembros está muy por debajo del 1 %; insta a los Estados miembros a que excluyan la I+T del recorte de gastos con carácter prioritario;

33.

Lamenta el hecho de que el potencial de economías de escala de los proyectos de colaboración siga estando en gran medida sin utilizar, efectuándose alrededor del 85 % del gasto en I+T a nivel nacional y el grueso de la parte restante a escala bilateral y no multinacional, lo que genera fragmentación entre los Estados miembros; recuerda que los Ministros europeos de Defensa acordaron en noviembre de 2007 unos niveles de referencia colectivos para aumentar el gasto en investigación y tecnología en el ámbito de la defensa al 2 % de todos los gastos en defensa, además de elevar el gasto en investigación y tecnología cooperativa europea en materia de defensa al 20 %;

34.

Destaca el papel fundamental que desempeña la AED en la coordinación y la planificación de las actividades conjuntas de investigación en materia de defensa; subraya los beneficios de la cooperación en investigación en términos de mejora de la interoperabilidad y una posible mayor homogeneidad entre los equipos y las capacidades de las fuerzas armadas nacionales, ya que la investigación constituye la primera fase de todo programa de equipamiento;

35.

Recuerda el número cada vez mayor de tecnologías con aplicaciones de doble uso y, por consiguiente, la importancia de aumentar las complementariedades y las sinergias entre los programas europeos de investigación en materia de defensa y de seguridad civil; anima a la AED y a la Comisión a continuar su coordinación dentro del marco de cooperación europea, con el fin de maximizar las sinergias con el tema «seguridad» del Programa marco de investigación y desarrollo tecnológico, en particular en ámbitos como la protección contra ataques QBRN, la lucha contra los dispositivos explosivos improvisados, los sistemas aéreos no tripulados, la vigilancia marítima, la gestión y el tratamiento de la información y la defensa cibernética;

36.

Subraya, en particular, que debe mantenerse la investigación en seguridad como un componente independiente en el próximo Programa Horizonte 2020; opina que el ámbito del componente «seguridad» debe ampliarse para reflejar la necesidad de transferencias de innovación y tecnología entre los sectores civil y de la defensa, pero insiste en que, al tiempo que en los programas y proyectos se tienen debidamente en cuenta los requisitos relacionados con la defensa que sean relevantes, ese componente debe mantener su enfoque civil;

37.

Señala que, al igual que los resultados de la investigación civil a menudo tienen aplicaciones en la defensa, los resultados de la investigación en materia de defensa con frecuencia benefician también al conjunto de la sociedad; recuerda en particular los ejemplos de Internet y el GPS; opina que, a largo plazo, los próximos programas marco deberían estar centrados más específicamente en la investigación relacionada con la defensa, con el fin de estimular la colaboración europea en investigación y contribuir a la agrupación de los fondos nacionales dispersos;

38.

Subraya, no obstante, que no se deben transferir recursos de la investigación civil y que cualquier actividad de investigación en defensa financiada por la UE debe ante todo perseguir el objetivo del desarrollo de las capacidades de gestión de crisis de la UE y centrarse en la investigación con aplicaciones de doble uso;

39.

Recuerda que, tal y como se especifica en el fundamento jurídico del 7o Programa marco (7PM), las actividades de investigación que cuenten con el apoyo del mismo deben respetar principios éticos fundamentales, incluidos los que se reflejan en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; pide a la Comisión Europea que mejore la forma en que aplica los principios éticos a la hora de evaluar los criterios de aptitud para participar en los programas de investigación del 7PM en el ámbito de la «seguridad»; pide, además, a la Comisión que la evaluación del impacto ético y social sea un elemento estándar de cada proyecto que se vaya a financiar con cargo al 7PM y los futuros programas de investigación;

40.

Destaca lo dispuesto en el artículo 185 del Tratado FUE, que permite una contribución de la UE a los programas existentes de investigación y desarrollo que emprenda un grupo de Estados miembros; considera que se podría explorar la posibilidad de recurrir a dicho artículo para acelerar el desarrollo de las capacidades necesarias para las misiones y las operaciones de la PCSD;

41.

Recuerda, asimismo, las sinergias igualmente importantes que hay que buscar con los programas espaciales europeos, y anima a una mayor coordinación entre la AED, la Comisión y la Agencia Espacial Europea en el marco de la cooperación europea, en particular en la observación de la tierra desde el espacio y la vigilancia de la situación espacial; pide una coordinación más estrecha de los programas MUSIS, GMES y EDRS para la observación de la tierra y la armonización de las normas relativas a las infraestructuras de datos espaciales civiles y militares; solicita que el proyecto GMES siga financiándose con cargo al presupuesto de la UE en el próximo Marco Financiero Plurianual (2014-2020);

42.

Recuerda la necesidad de progresar en la consolidación de una base tecnológica e industrial de defensa europea, ya que, a la vista de la creciente sofisticación de las tecnologías, un aumento de la competencia a nivel internacional, y la disminución de los presupuestos para defensa, la industria de defensa no podrá seguir siendo sostenible sobre una base estrictamente nacional en ninguno de los Estados miembros de la UE; lamenta que, si bien se ha logrado un determinado nivel de concentración en las industrias aeroespaciales europeas, los sectores de equipamiento terrestre y naval siguen estando extremadamente fragmentados a nivel nacional; advierte a los Estados miembros de que las reducciones en la investigación en materia de defensa pueden exponer a las industrias de defensa y la innovación tecnológica de Europa al riesgo de ser adelantadas por el control de terceros con intereses estratégicos distintos;

43.

Considera que una armonización de las necesidades militares, mediante un proceso de revisiones coordinadas de la seguridad y la defensa como se describe en el epígrafe (A), debe conducir a una armonización de la adquisición de equipos entre los Estados miembros de la UE, lo que constituye el primer requisito para crear las condiciones en la parte de la demanda de una exitosa reestructuración transnacional de la industria europea de defensa;

44.

Aunque reconoce que una de las consecuencias probables de la reestructuración será el abandono de algunas capacidades industriales nacionales no viables, subraya que todo plan a medio y largo plazo para dicha reestructuración debe ir encaminado a causar el mínimo impacto sobre el empleo; recomienda, por lo tanto, un mayor grado de sinergias y reorientación, sobre la base de una mayor especialización, interoperabilidad y complementariedad; pide que se haga mayor uso de los instrumentos de financiación de la UE, como el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, para apoyar la previsión del cambio y la adaptación al mismo;

45.

Subraya que el fomento de una base industrial y tecnológica europea en material de defensa puede crear puestos de trabajo sostenibles para los ciudadanos europeos en el sector industrial de la defensa de la UE;

46.

En el contexto de la reestructuración industrial, destaca la importancia de asegurar que no se pone en riesgo la seguridad del suministro; pide a los Estados miembros y a la Comisión que desarrollen con rapidez un régimen amplio y ambicioso de seguridad del suministro a escala de la UE basado en un sistema de garantías mutuas; insta a los Estados miembros, como primer paso hacia la consecución de este objetivo, a que exploten plenamente el potencial de la Directiva relativa a la las transferencias y la aceleración de los trabajos para hacer operativo el Acuerdo marco de seguridad del suministro en circunstancias de urgencia operativa de 2006;

47.

Anima a la AED a que desarrolle una estrategia común europea sobre las principales capacidades industriales que deben conservarse o desarrollarse en Europa; pide a la Agencia, como parte de este esfuerzo, que analice las dependencias de tecnologías y fuentes de suministro no europeas en relación con la autonomía estratégica europea, y que haga recomendaciones concretas a los Estados miembros con arreglo al trabajo de la Comisión Europea, que también tiene diversos programas dirigidos a reducir la dependencia del suministro y la dependencia energética de Europa;

48.

Opina que los programas de colaboración armamentista, como los iniciados por la AED y administrados por la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR), son una herramienta esencial para reducir los costes de desarrollo, apoyar la consolidación del sector, fomentar la normalización y la interoperabilidad, e impulsar la competitividad global; destaca el papel que desempeña la AED en la facilitación de la traducción de las necesidades de capacidad en programas cooperativos y en la determinación temprana de las oportunidades de cooperación; pide a la AED que continúe el trabajo en la base de datos colaborativa con vistas a integrar los proyectos nacionales como oportunidades de cooperación, y anima a los Estados miembros a que alimenten esta base de datos; pide a la AED que presente una guía sobre las buenas prácticas de cooperación en materia de armamento, como la prevista en su Estrategia europea de cooperación en materia de armamento;

49.

Insta a los Estados miembros a que eviten los acuerdos rígidos de reparto de trabajo en los programas conjuntos de armamento, teniendo en cuenta los efectos negativos del principio de «justo retorno» en términos de distribución ineficaz del trabajo, con los consiguientes retrasos en la ejecución y costes más elevados; pide que el principio de «justo retorno» sea sustituido por el concepto mucho más flexible de «equilibrio global», que permite una competencia efectiva a escala de la UE en la selección de contratistas, siempre que se alcance un nivel de equilibrio adecuado para garantizar que las empresas medianas pueden competir en igualdad de condiciones con las grandes; celebra el hecho de que el «equilibrio global» se utilice en el programa conjunto de inversión en materia de protección de fuerzas de la AED, y pide a la Agencia que lo aplique a todas sus actividades, con el objetivo final de garantizar unas condiciones de competencia equitativas dentro del mercado europeo de equipamiento de defensa, y tener en cuenta los intereses de las pequeñas y medianas empresas;

50.

Pide a los Estados miembros que hagan uso de la experiencia de gestión de la OCCAR en materia de ejecución de programas conjuntos elaborados por la AED, e insta a la AED y a la OCCAR a que concluyan acuerdos de cooperación administrativa; recuerda que cualquier Estado miembro de la UE puede ser miembro de la OCCAR si así lo desea y si cumple los criterios establecidos al efecto;

51.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen para garantizar la seguridad cibernética como parte integrante del sector de la defensa;

52.

Observa que el concepto de base tecnológica e industrial de la defensa europea (BTIDE) todavía no se ha definido jurídicamente a escala europea, y pide a la Comisión y a la AED que analicen los criterios posibles para una definición de ese tipo y su impacto; resalta a este respecto la importancia de un criterio relativo al valor añadido tecnológico generado por la ubicación de oficinas de estudios en el territorio de los Estados miembros de la UE; anima a los Estados miembros a considerar la posibilidad de fijar un objetivo de la industria de la defensa para contar con una visión clara a largo plazo respecto del desarrollo de la BTIDE;

53.

Toma nota de la importancia que reviste, para una industria europea de la defensa competitiva, la cooperación industrial transatlántica, que puede facilitar el acceso a nuevas tecnologías, promover el desarrollo de productos avanzados y aportar incentivos para reducir los costes y acortar el ciclo de producción; toma nota asimismo del potencial existente en materia de cooperación con otros socios exteriores;

54.

Recuerda que, con el fin de aumentar la competitividad de la industria europea de defensa, y de garantizar que los intereses de los contribuyentes se respetan adecuadamente, los Estados miembros necesitan urgentemente aumentar la transparencia y la apertura de sus mercados de defensa; considera que la Directiva 2009/81/CE relativa a los procedimientos de adjudicación en ámbitos de defensa y seguridad refuerza el mercado interior al reducir la diversidad de las normativas en materia de procedimientos de adjudicación en el sector de la defensa y al abrir los mercados nacionales a una mayor competencia, y recuerda que el plazo para la transposición de dicha Directiva expiró el 21 de agosto de 2011; pide a la Comisión que informe a su debido tiempo de las medidas de transposición adoptadas por los Estados miembros y que adopte todas las medidas necesarias para asegurar su transposición puntual y coherente y su correcta aplicación;

55.

Subraya que la Directiva se ajusta a las características específicas de los contratos de adquisición en el sector de la defensa y la seguridad, y que, por consiguiente, las exenciones de los contratos de la legislación de la UE sobre la base del artículo 346 del Tratado FUE solo se puede considerar legal en casos excepcionales y debidamente justificados, con el fin de salvaguardar los intereses esenciales de la seguridad nacional; pide a la Comisión que garantice la correcta aplicación de la Directiva, así como de la exención prevista en el artículo 346 del Tratado FUE; subraya que para ello sería beneficioso contar con una evaluación de la Comisión relativa a las buenas prácticas y a casos de aplicación indebida de las nuevas normas;

56.

Subraya que, en consonancia con los actuales esfuerzos de modernización y racionalización del marco europeo global de adjudicación de contratos públicos, los objetivos de simplificación administrativa y reducción de la carga deberían reflejarse en la aplicación práctica de la Directiva, y que, con el fin de facilitar la licitación transfronteriza, es necesario revisar los requisitos técnicos incompatibles o desproporcionados que son obstáculos al mercado interior; recuerda, además, que los posibles subcontratistas no deben ser objeto de discriminación por motivos de nacionalidad;

57.

Recuerda que el régimen establecido por el código de conducta sobre contratos públicos de defensa de la AED y el código de buenas prácticas en la cadena de suministros solo es aplicable a los contratos cubiertos por la exención prevista en el artículo 346 del Tratado FUE; pide a la AED y a la Comisión que vuelvan a evaluar la importancia de este régimen después de la entrada en vigor de la Directiva sobre la contratación en materia de defensa;

58.

Insta a los Estados miembros a que establezcan como máxima prioridad la lucha contra la corrupción en la contratación en materia de defensa, concretamente a través de la aplicación adecuada de la Directiva, y deplora los efectos devastadores de la corrupción especialmente en términos de inflación de costes, adquisición de equipos innecesarios, inadecuados o de calidad inferior, y obstrucción a la contratación conjunta y a programas de colaboración, que obstaculizan la apertura de mercados y generan una pesada carga para los presupuestos nacionales; aconseja vivamente, además de la generalización de procedimientos de adjudicación de contratos públicos transparentes y competitivos, que se sigan las recomendaciones contenidas en el compendio de mejores prácticas de la OTAN y del Control Democrático de las Fuerzas Armadas de Ginebra (DCAF) titulado Building Integrity and Reducing Corruption in Defence (Fomentar la integridad y reducir la corrupción en defensa); destaca los ejemplos positivos, como la celebración de «pactos por la integridad en la defensa» entre el gobierno y los licitadores con la participación de monitores independientes, o la supervisión parlamentaria sistemática de todas las fases de los procedimientos de licitación de valor superior a un determinado límite en vigor en algunos Estados miembros;

59.

Subraya que las prácticas compensatorias solo pueden estar justificadas, en principio, si son necesarias para la protección de intereses esenciales en materia de seguridad conforme al artículo 346 del Tratado FUE, y que deben ser coherentes con el principio de transparencia y, en particular, no deben implicar riesgos de corrupción o distorsión del funcionamiento del mercado europeo de equipamiento de defensa;

60.

Pide a los Estados miembros, a la AED y a la Comisión que colaboren con vistas a la eliminación gradual de los requisitos compensatorios, al tiempo que fomentan la integración de las industrias de los Estados miembros más pequeños en la base tecnológica e industrial de defensa europea a través de medios distintos de la compensación;

61.

Pide a la Comisión y a la AED que estudien la manera de abordar también otras prácticas que distorsionan el mercado, como las ayudas estatales y de apoyo a la exportación, sobre la base de la iniciativa de Condiciones Competitivas Equitativas de la AED;

62.

Considera que, en el contexto presupuestario actual, el principio de la preferencia europea en materia de adquisición de equipos de defensa puede entenderse como una forma de solidaridad europea; pide a la Comisión y a la AED que presenten un análisis coste-beneficio de un procedimiento de preferencia europea para determinados tipos de equipamiento de defensa respecto de los cuales sea importante conservar una independencia estratégica y cuando no exista reciprocidad de acceso a los mercados de terceros países; hace hincapié en la importancia de garantizar un mayor acceso de los productos del sector de la defensa europeo a los mercados de terceros países;

63.

Recuerda que la carga administrativa derivada de las obligaciones vinculadas a la concesión de licencias en el comercio intracomunitario para el material de defensa ha tenido un efecto inhibidor de la consolidación de la industria y ha sido un gran obstáculo al desarrollo de programas de colaboración transnacionales de armamento; recuerda que el plazo para la transposición de la Directiva 2009/43/CE sobre transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la UE expiró el 30 de junio de 2011, y que los Estados miembros tienen que aplicar las nuevas normas a partir del 30 de junio de 2012; pide a la Comisión que informe a su debido tiempo de las medidas de transposición adoptadas por los Estados miembros y que adopte todas las medidas necesarias para asegurar su correcta aplicación;

64.

Insta a los Estados miembros a que hagan el mejor uso posible de las nuevas licencias generales de suministro a las fuerzas armadas de otros Estados miembros como un instrumento importante para mejorar la seguridad de suministro a escala de la UE;

65.

Subraya que el éxito de la Directiva, en particular en lo relativo a las licencias de transferencias entre empresas, depende en gran medida de la confianza mutua que los Estados miembros tengan en sus controles respectivos de las exportaciones; insta a los Estados miembros a que cumplan con rigor sus obligaciones establecidas en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, y a que se aseguren de examinar rigurosamente todas las solicitudes de licencia de exportación a la luz de los ocho criterios establecidos; pide a la Vicepresidenta/Alta Representante que evalúe el cumplimiento por parte de los Estados miembros en el contexto de la revisión de la Posición Común, a la luz de las consideraciones tanto comerciales como de política exterior, incluido el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos en los países importadores;

66.

Reitera la importancia fundamental que reviste la normalización de los equipos de defensa para el establecimiento de un mercado único europeo de la defensa, así como para asegurar la interoperabilidad y facilitar la cooperación en programas de armamento, en proyectos de puesta en común y reparto, y en operaciones; anima a la AED, a la Comisión y a los organismos europeos de normalización (CEN, CENELEC, ETSI), a que, en cooperación con la industria y la Agencia de Normalización de la OTAN, en particular, aceleren el trabajo de aproximación de las normas en las industrias de defensa y seguridad, y entre los equipamientos civiles y militares; promueve la utilización y el desarrollo posterior del Sistema Europeo de Información sobre Normas de Defensa y del Manual Europeo sobre la Adjudicación de Contratos Públicos en el Sector de la Defensa;

67.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que introduzcan una certificación paneuropea para material de seguridad y defensa con objeto de poner fin a la situación insostenible en la que se requieren ensayos separados en cada uno de los Estados miembros; señala que este proceso lento y pesado aumenta significativamente los costes de los fabricantes, lo que perjudica a su competitividad hasta tal punto que es prohibitivo para las pequeñas empresas en particular; apoya el trabajo de la AED en el ámbito de la aeronavegabilidad militar, y anima a los Estados miembros a que aceleren los trabajos con vistas a la creación de una organización europea conjunta sobre la aeronavegabilidad militar, como contrapartida militar de la Agencia Europea de Seguridad Aérea;

68.

Subraya que la normalización y la consolidación anteriormente citadas deberían formar parte de un proceso dirigido por la UE —no por la industria—, en beneficio de los intereses europeos y las necesidades reales de la sociedad, y que la participación en los programas y las sinergias comunes de la UE deberían, en principio, estar abiertos a todos los Estados miembros;

69.

Está convencido de que, especialmente en el contexto de la adopción del nuevo Marco Financiero Plurianual, es necesario reflexionar sobre las posibilidades de que el presupuesto de la UE ayude a los Estados miembros a alcanzar los objetivos de la Política Común de Seguridad y Defensa de una forma más rentable;

70.

Pide, como se establece en el epígrafe (C), la consolidación y la ampliación de la investigación en materia de seguridad en el marco del programa marco de investigación, el uso del artículo 185 del Tratado FUE para cofinanciar los actuales programas de investigación y desarrollo, así como la preparación de un nuevo tema de investigación militar con aplicaciones civiles y militares con el fin de estimular la colaboración en la investigación de defensa;

71.

Considera que los fondos de la UE deberían utilizarse para fomentar la cooperación en educación y formación, fomentando la creación de redes entre la industria de defensa, los institutos de investigación y el sector académico; pide que se adopten las disposiciones necesarias para permitir el pago de estipendios a cadetes que participen en el programa «Erasmus militar» con cargo al presupuesto de la UE, con el fin de darles un trato igual que a los estudiantes de instituciones civiles de estudios superiores y, por tanto, de facilitar el desarrollo de una cultura y un enfoque comunes en materia de seguridad;

72.

Recomienda la financiación de las actividades de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa centradas en la formación de expertos civiles y militares en la gestión de crisis y la PCSC, y en promover una cultura de seguridad común en la UE, a través del Instrumento de Estabilidad;

73.

Alienta a un mayor desarrollo del papel de la Escuela como foro para la cooperación entre las academias militares nacionales y las instituciones civiles de formación en materia de seguridad, también para determinar y desarrollar proyectos de puesta en común y de reparto entre ellas que permitan un ahorro de los costes; pide a los Estados miembros que la conviertan en una verdadera institución académica y, dado su marcado enfoque cívico-militar, sugiere que sea financiada por la UE dentro del próximo Marco Financiero Plurianual;

74.

Pide a todos los actores pertinentes que evalúen si la adquisición de activos por la propia UE, en la línea del modelo seguido por el proyecto Galileo, como se describe en el epígrafe (B), podría ser una opción viable y rentable, en particular en ámbitos como el transporte estratégico y táctico o la vigilancia;

75.

Insta a los Estados miembros a que aumenten el presupuesto de la AED como carácter prioritario, reconociendo el valor añadido de la Agencia para compensar, a través de la cooperación, los recortes decididos a escala nacional; lamenta el hecho de que la Decisión del Consejo sobre la AED no haya proporcionado a la Agencia un marco presupuestario plurianual comparable al presupuesto general de la UE;

76.

Señala que el Centro de Satélites de la UE, que dispone de un reducido presupuesto, ha demostrado su eficacia y valor añadido en el transcurso de diversas operaciones de seguridad y defensa; recuerda la creciente demanda de imágenes de satélite, también tras los recientes acontecimientos en África del Norte; pide a los Estados miembros que asignen a este Centro un presupuesto mayor y, dados sus usos civiles y militares, opina que debería recibir financiación de la UE;

77.

Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Presidencia polaca del Consejo a la hora de revisar el mecanismo ATHENA; anima a los Estados miembros a intensificar sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre una financiación común; invita a los Estados miembros a que, como parte de la revisión del mecanismo ATHENA, consideren la posibilidad de ampliar este mecanismo para proporcionar también una financiación común para las acciones o las adquisiciones que apoyen el objetivo de aumentar la rentabilidad de la defensa europea, pero que no pueden financiarse con cargo al presupuesto de la UE, sobre todo una financiación común del equipo suministrado;

78.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta/Alta Representante, al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos de los Estados miembros de la UE, a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y al Secretario General de la OTAN.

14.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 168/21

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Rusia, en particular sus Resoluciones, de 9 de junio de 2011, sobre la Cumbre UE-Rusia, de 9 y 10 de junio de 2011 (1), y de 17 de junio de 2010 (2), sobre la Cumbre UE-Rusia,

—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre las relaciones entre la UE y Rusia, incluidas su Resolución, de 7 de julio de 2011 (3), sobre los preparativos para las elecciones de diciembre de 2011 a la Duma Estatal rusa, así como su Resolución, de 16 de diciembre de 2010, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo (2009) y la política de la Unión Europea al respecto (4),

—

Vistos el Acuerdo de colaboración y cooperación (ACC) entre la UE y la Federación de Rusia (5), y las negociaciones iniciadas en 2008 sobre un nuevo acuerdo UE-Rusia, así como la Asociación para la Modernización, iniciada en 2010,

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Visto el objetivo compartido de la UE y de Rusia, establecido en la declaración conjunta emitida tras la 11a Cumbre UE-Rusia celebrada el 31 de mayo de 2003 en San Petersburgo, de crear un espacio económico común, un espacio común de libertad, seguridad y justicia, un espacio común de cooperación en el ámbito de la seguridad exterior y un espacio común de investigación y educación, incluidos los aspectos culturales (los «cuatro espacios comunes»),

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Vistas la Declaración Final y la Recomendación conjuntas de la reunión de la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia, celebrada los días 19 y 20 de septiembre de 2011 en Varsovia,

—

Vista la Declaración conjunta en materia de Libertad, Seguridad y Justicia del Consejo Permanente de Asociación UE-Rusia, reunido el 11 de octubre de 2011 en Varsovia,

—

Vistas las observaciones hechas por la VP/AR, Catherine Ashton, en la 8a reunión del Consejo Permanente de Asociación UE-Rusia celebrada el 17 de noviembre de 2011 en Moscú,

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Visto el último Diálogo UE-Rusia sobre derechos humanos, de 29 de noviembre de 2011,

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Vista la declaración realizada por la VP/AR, Catherine Ashton, los días 6 y 7 de diciembre de 2011 sobre las elecciones a la Duma de la Federación de Rusia,

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Vistas las conclusiones preliminares de 5 de diciembre presentadas por la Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH), por la Asamblea Parlamentaria de la OSCE (AP OSCE) y por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (AP CE) tras la misión de observación electoral internacional en las elecciones a la Duma Estatal rusa celebradas el 4 de diciembre de 2011,

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Visto el orden del día del la Cumbre UE-Rusia que se celebrará el 15 de diciembre de 2011 en Bruselas,

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Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que la UE y Rusia son mutuamente dependientes, tanto en términos económicos como políticos; que, por tanto, una mejor cooperación y unas buenas relaciones de vecindad entre la UE y Rusia revisten una importancia crucial para la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en Europa y fuera de esta; que la Unión Europea mantiene su compromiso de profundizar y desarrollar aún más las relaciones entre ella misma y Rusia, sobre la base de un arraigado compromiso con los principios democráticos, y que la celebración de un Acuerdo de colaboración estratégica entre la UE y la Federación de Rusia sigue revistiendo la máxima importancia para establecer una auténtica colaboración estratégica;

B.

Considerando que la seguridad del suministro energético es uno de los principales retos a los que se enfrenta la UE y uno de los principales ámbitos de cooperación con Rusia, y que es sumamente importante que la UE hable con una sola voz y haga gala de una firme solidaridad interna;

C.

Considerando que Rusia, en su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene la responsabilidad compartida con los demás miembros de mantener la estabilidad global; considerando asimismo que muchos retos a nivel internacional —en particular en lo que se refiere a la zona de vecindad común (Cáucaso Meridional y República de Moldova), el Norte de África, Siria, Oriente Próximo e Irán, al terrorismo, a la seguridad energética, al cambio climático y a las crisis financieras— no se podrán resolver sin un enfoque coordinado que incluya a Rusia;

D.

Considerando que la Federación de Rusia es miembro de pleno derecho del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y que se ha comprometido en consecuencia a regirse por los principios de democracia y respeto de los derechos fundamentales; considerando asimismo que sigue siendo preocupante la situación relativa a los derechos humanos, al Estado de Derecho, a la independencia del poder judicial y a las medidas represivas adoptadas contra los periodistas y la oposición;

E.

Considerando que en 2011 se celebra el 20o aniversario de la disolución de la URSS, que fue un evento decisivo para la historia de Europa, y que debe reconocerse la aportación que a esos acontecimientos realizaron quienes lucharon activamente contra el totalitarismo, contribuyendo de ese modo a liberarse del mismo;

F.

Considerando que el 12 de abril de 2011 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos criticó los tortuosos procedimientos para el registro de partidos políticos en Rusia, que no cumplen las normas electorales establecidas por el Consejo de Europa y la OSCE; considerando asimismo que siguen siendo motivo de preocupación las dificultades a las que se enfrentan los partidos políticos para participar en las elecciones, que en la práctica limitan la competencia y el pluralismo políticos en Rusia y socavan la legitimidad de las elecciones;

G.

Considerando que se han tenido noticias de numerosas irregularidades en la jornada electoral, entre las que se cuentan las votaciones múltiples (que consisten en llevar a los electores de un colegio electoral a otro en autobús), la obstaculización de la labor de los observadores de los partidos y el llenado de urnas con votos fraudulentos; considerando asimismo que la policía detuvo a cientos de activistas de la oposición que intentaban manifestarse el 4 de diciembre de 2011 y los días sucesivos en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades rusas para protestar contra el desarrollo de las elecciones;

H.

Considerando que, el 10 de diciembre de 2011, al menos 50 000 personas se manifestaron en la Plaza Bolotnaya de Moscú para pedir la anulación de los resultados de las elecciones del 4 de diciembre de 2011, nuevas elecciones, la dimisión del presidente de la Comisión Electoral, una investigación del presunto fraude electoral y la inmediata liberación de los manifestantes detenidos, y que manifestaciones similares tuvieron lugar en otras ciudades de Rusia;

I.

Considerando que ha transcurrido un año desde que el Parlamento Europeo pidiera al Consejo que, «en caso de que las autoridades rusas no den muestras de voluntad de cooperar e investigar el caso de Serguéi Magnitski, insista ante dichas autoridades para que se enjuicie a los responsables, así como que considere la posibilidad de vetar la entrada en la UE», alentando asimismo «a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de la UE a que cooperen para congelar las cuentas bancarias y demás activos de [los funcionarios rusos implicados en este asunto] en todos los Estados miembros de la UE» (6);

1.

Se reafirma en su convicción de que Rusia sigue siendo uno de los socios más importantes de la Unión Europea para el desarrollo de la cooperación estratégica, ya que ambas comparten no solo intereses económicos y comerciales, sino también el objetivo de cooperar estrechamente a nivel mundial;

2.

Pide a la UE y a Rusia que aprovechen la oportunidad de la próxima Cumbre para acelerar las negociaciones sobre un nuevo Acuerdo de colaboración y cooperación; reitera su apoyo a un acuerdo global y jurídicamente vinculante que abarque cuestiones políticas, económicas y sociales y que incluya todos los aspectos relacionados con la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos; reitera su punto de vista de que la democracia y los derechos humanos deben ser parte integrante de este acuerdo, en particular por lo que respecta a la definición e inclusión de una cláusula eficaz y operativa en materia de derechos humanos;

3.

Pide que se haga un mayor esfuerzo para lograr avances en la Asociación para la Modernización UE-Rusia; subraya su confianza en que la Asociación para la Modernización promoverá las reformas, dará un impulso renovado a la relación UE-Rusia y desarrollará una cooperación mutuamente beneficiosa en los ámbitos del comercio, la economía y la seguridad energética, contribuyendo al mismo tiempo a la recuperación económica mundial; opina que la Asociación para la Modernización debe ir de la mano de un ambicioso proceso de reformas nacionales que incluya la consolidación de las instituciones democráticas y de un sistema jurídico fiable; pide en este contexto a la UE y al Gobierno ruso que definan los pasos necesarios que se deben dar para alcanzar estos objetivos;

4.

Celebra la conclusión de las negociaciones para la adhesión de Rusia a la OMC, que contribuirá a establecer la igualdad de condiciones para las comunidades empresariales de ambas partes y facilitará y liberalizará el comercio en la economía mundial; subraya que, con la adhesión, Rusia contrae la obligación jurídica de cumplir todas las normas de la OMC, incluida la renuncia a las medidas proteccionistas; manifiesta en este contexto su preocupación por la unión aduanera Rusia-Kazajstán-Belarús, que ha dado lugar a unos aranceles consolidados más elevados; expresa su convicción de que la pertenencia de Rusia a la OMC constituirá asimismo un punto de partida importante para la profundización de la integración económica bilateral, también a través de la conclusión de las negociaciones en curso sobre el nuevo acuerdo;

5.

Destaca la importancia de que se intensifique la colaboración energética con Rusia; reitera que el suministro de recursos naturales no debe utilizarse como un instrumento político; subraya la importancia mutua de la colaboración en materia energética, que representa una oportunidad de desarrollar el comercio y la cooperación económica en un mercado abierto y transparente, con la debida consideración hacia la necesidad de la UE de diversificar los canales de transporte y los proveedores de energía; destaca que los principios de interdependencia y transparencia deben constituir la base de dicha cooperación, junto con la igualdad de acceso a los mercados, las infraestructuras y las inversiones y un marco energético jurídicamente vinculante que garantice un suministro de energía fiable y seguro, basado en unas normas idénticas para todos los Estados miembros de la UE;

6.

Pide al Consejo y a la Comisión que garanticen la inclusión de los principios establecidos en el Tratado sobre la Carta de la Energía y el Protocolo sobre el tránsito anexo al mismo en un nuevo Acuerdo de colaboración entre la UE y Rusia; celebra que en febrero de 2011 se firmara un mecanismo de alerta temprana actualizado, con objeto de continuar mejorando la coordinación en caso de que se produzcan situaciones de emergencia en relación con el abastecimiento o la demanda;

7.

Subraya que la UE debería ampliar su cooperación con Rusia en materia energética a ámbitos como la eficiencia energética y la investigación en materia de tecnologías de las energías renovables; reitera que los acuerdos comerciales e intergubernamentales en el ámbito de la energía entre Rusia y las entidades de la UE deben ser conformes a las obligaciones jurídicas de ambas partes;

8.

Insta a la Federación de Rusia a que refuerce su contribución a la lucha contra el cambio climático mediante la reducción de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero y su participación en las negociaciones internacionales con miras a un marco global de política climática para el periodo posterior a 2012 al amparo de la CMNUCC y del Protocolo de Kyoto; destaca, en este contexto, que, para lograr las reducciones necesarias de aquí a 2020 en comparación con las emisiones de 1990 de los países contemplados en el anexo I, todos los países industrializados han de comprometerse a cumplir unos objetivos que representen importantes reducciones con respecto a los niveles actuales de emisión y a incrementar la captura de carbono en los bosques;

9.

Invita, en este sentido, a Rusia a que ratifique y aplique de inmediato el Convenio de Espoo de la CEPE, y recuerda el compromiso ruso de desarrollar normas unificadas para las evaluaciones del impacto ambiental de los proyectos transfronterizos;

10.

Toma nota de las conclusiones conjuntas de 11 de octubre de 2011 en las que se anuncia la conclusión de la lista de pasos comunes hacia un régimen libre de visados, y apoya su aprobación oficial y su consiguiente aplicación; recuerda la importancia de asegurar la coherencia regional en el enfoque adoptado de cara a la liberalización de los visados con Rusia y los países de la Asociación Oriental; acoge con satisfacción la finalización de las negociaciones sobre las modificaciones del actual acuerdo de facilitación de visados entre Rusia y la UE de 2006, así como el establecimiento del Diálogo sobre Migración UE-Rusia; subraya la importancia de una aplicación efectiva del acuerdo de readmisión entre Rusia y la UE, y pide una mayor cooperación en materia de inmigración ilegal y la introducción de mejoras en los controles en los puestos fronterizos y en los intercambios de información sobre terrorismo y delincuencia organizada;

11.

Celebra la propuesta de simplificar el tráfico fronterizo menor en el enclave de la región de Kaliningrado y señala que ello contribuirá a seguir promoviendo la colaboración estratégica entre la UE y Rusia, en consonancia con las prioridades establecidas en la Hoja de Ruta del Espacio Común de Libertad, Seguridad y Justicia;

12.

Toma nota de los resultados de las elecciones a la Duma celebradas el 4 de diciembre de 2011; subraya que el desarrollo de las elecciones demostró que Rusia no cumple las normas electorales definidas por la OSCE; manifiesta su profunda preocupación con respecto a las denuncias de fraude y a las conclusiones preliminares del informe de la OSCE/OIDDH referentes a violaciones de procedimiento, falta de imparcialidad de los medios, acoso a supervisores independientes y falta de separación entre partido y Estado;

13.

Reitera que los tortuosos procedimientos de registro tuvieron como consecuencia la exclusión de varios partidos de la oposición y han socavado gravemente desde el principio la libertad de asociación, la competencia política y el pluralismo;

14.

Condena las medidas tomadas por las autoridades rusas contra Golos, un grupo ruso de observación de las elecciones, después de que este crease un sitio web especial para registrar el fraude y las irregularidades electorales;

15.

Celebra las manifestaciones en Rusia como expresión del deseo del pueblo ruso de una mayor democracia; condena la represión por parte de la policía de manifestaciones pacíficas en protesta por las irregularidades y fraudes electorales que han sido denunciados por los observadores internacionales; insta a las autoridades rusas a que respeten la libertad de reunión y de expresión, a que velen por la integridad física de los manifestantes pacíficos y a que liberen de forma inmediata e incondicional a aquellos manifestantes pacíficos que hayan sido detenidos en el contexto de las elecciones; pide que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva de todas las denuncias de fraude e intimidación y que se sancione a los responsables, y confía en que la orden del Presidente Medvédev para que se investigue este asunto sea sustancial y transparente;

16.

Toma nota de las recientes peticiones de anulación de las elecciones a la Duma Estatal celebradas el 4 de diciembre de 2011; pide a las autoridades rusas que aborden en profundidad todos los casos de mala conducta electoral con miras a sancionar a los funcionarios implicados y vuelvan a celebrar la votación allí donde se hayan cometido irregularidades;

17.

Pide que se celebren nuevas elecciones libres y justas una vez sean inscritos todos los partidos de la oposición;

18.

Invita al Presidente del Consejo Europeo, al Presidente de la Comisión y a la VP/AR a que planteen la cuestión de las elecciones del 4 de diciembre de 2011 en la Cumbre, instando a Rusia a que respete sus obligaciones internacionales derivadas, en particular, de su pertenencia al Consejo de Europa y a la OSCE; pide al Consejo de Europa y a la OSCE que hagan una valoración del cumplimiento por parte de Rusia de las obligaciones derivadas de su pertenencia a estas organizaciones;

19.

Insta a las autoridades rusas a que examinen las conclusiones del informe de observación de la OSCE/OIDDH, a que reformen las leyes electorales conforme a las normas de la OSCE y del Consejo de Europa en cooperación con la Comisión Venecia y a que respeten dichas normas en la práctica, con el fin de velar por que las elecciones presidenciales de 2012 se desarrollen libre y democráticamente garantizando la igualdad de oportunidades para los candidatos de la oposición; pide a Rusia que haga posible que se lleve a cabo una misión de observación de las elecciones suficiente y efectiva, de conformidad con las normas de la OSCE/OIDDH y del Consejo de Europa;

20.

Reitera su preocupación por la situación de los derechos humanos en Rusia, así como por la insuficiencia del Estado de Derecho y la ausencia de un poder judicial independiente; manifiesta su grave preocupación especialmente con respecto al caso de Serguéi Magnitski, incluido el hecho de que no se haya castigado a las personas culpables de su muerte; toma nota del informe publicado en julio de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos del Presidente Medvédev, que aportó pruebas de que la detención de Serguéi Magnitski fue ilegal y de que su reclusión estuvo marcada por palizas y torturas encaminadas a extraerle una confesión de culpabilidad; señala que el Departamento de Estado estadounidense, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y el Parlamento neerlandés decidieron en 2011 imponer una prohibición de visado a unos sesenta funcionarios rusos sospechosos de estar relacionados con la muerte de Serguéi Magnitski como consecuencia de la falta de acción de las autoridades rusas;

21.

Pide a la comisión de investigación que ponga en marcha una investigación exhaustiva y detallada sin tabúes, que presente cuanto antes conclusiones concretas y que adopte todas las medidas necesarias para que los culpables sean llevados ante la justicia; pide que, en caso de que las autoridades rusas sigan sin actuar, el Consejo tome en consideración medidas tales como una prohibición de viajar en toda la UE y la congelación de los activos financieros de los culpables de la tortura y el asesinato de Serguéi Magnitski, así como del encubrimiento del caso;

22.

Destaca la importancia que reviste el continuo intercambio de puntos de vista sobre los derechos humanos con Rusia como parte de las consultas UE-Rusia sobre derechos humanos, como forma de consolidar la interoperabilidad de las partes en todos los ámbitos de la cooperación, y exige que se mejore el formato de dichas reuniones con el fin de aumentar su eficacia, prestando especial atención a la acción común contra el racismo y la xenofobia, y que este proceso se abra a una aportación efectiva del Parlamento Europeo, la Duma Estatal y las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, independientemente de que el diálogo se celebre en Rusia o en un Estado miembro de la UE;

23.

Condena las recientes propuestas de criminalización de la información pública sobre orientación sexual e identidad de género en algunas regiones rusas así como a escala federal;

24.

Pide a la Vicepresidenta / Alta Representante y a la Comisión que persigan iniciativas conjuntas con el Gobierno ruso destinadas a reforzar la seguridad y la estabilidad en la zona de vecindad común; pide a Rusia que contribuya activamente a la resolución de los «conflictos enquistados» en su vecindad y respete la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados implicados en «conflictos enquistados»;

25.

Reitera la obligación de Rusia de aplicar plenamente el acuerdo de alto el fuego de seis puntos, incluido el respeto de la soberanía y la integridad territorial de Georgia; celebra que Rusia esté dispuesta a avanzar hacia un acuerdo marco en materia de operaciones de gestión de crisis; invita a este respecto a las autoridades rusas a que sean coherentes y permitan, por lo tanto, que la Misión de Observación de la UE en Georgia tenga acceso a los territorios ocupados de Abjasia y Osetia del Sur, en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego de 2008;

26.

Apoya al Grupo de Minsk de al OSCE y a su copresidente en sus esfuerzos por lo que se refiere a la resolución del conflicto en Nagorno-Karabaj;

27.

Se congratula por el reinicio de las negociaciones en la configuración 5+2 con respecto al conflicto del Trans-Dniéster y toma nota de la primera reunión oficial celebrada el 1 de diciembre de 2011, de la que se espera que suponga el inicio de una solución al conflicto;

28.

Considera que Rusia, que dispone de un derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe asumir sus responsabilidades en las crisis internacionales; subraya que los retos a escala internacional, en particular en lo que respecta a Siria e Irán, no pueden resolverse sin un enfoque coordinado que incluya a Rusia; pide a Rusia que adopte un enfoque más constructivo, en particular en lo que respecta a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; invita a Rusia a sumarse a los esfuerzos globales para bloquear los intentos de Irán de enriquecer uranio y llevar a cabo otras actividades nucleares dirigidas a la fabricación de armas nucleares; pide a las autoridades rusas que respalden las sanciones internacionales contra entidades iraníes en respuesta al asalto a la Embajada británica;

29.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

14.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 168/26

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Vistas las Comunicaciones conjuntas de la Comisión y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 de mayo y de 8 de marzo de 2011, tituladas respectivamente «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» (COM(2011)0303) y «Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con los países del Mediterráneo meridional» (COM(2011)0200),

—

Vistas las Comunicaciones de la Comisión, de 11 de marzo de 2003, «Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa» (COM(2003)0104); de 12 de mayo de 2004, «Política europea de vecindad – Documento de estrategia» (COM(2004)0373); de 4 de diciembre de 2006, relativa a la consolidación de la Política Europea de Vecindad (COM(2006)0726); de 5 de diciembre de 2007, «Una Sólida Política Europea de Vecindad» (COM(2007)0774); de 3 de diciembre de 2008, «Asociación Oriental» (COM(2008)0823); de 20 de mayo de 2008, «El Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo» (COM(2008)0319); de 12 de mayo de 2010, «Balance de la Política Europea de Vecindad» (COM(2010)0207), y de 24 de mayo de 2011, «Un diálogo para la migración, la movilidad y la seguridad con los países del Mediterráneo Meridional» (COM(2011)0292),

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Vista la evolución de la Política Europea de Vecindad (PEV) desde 2004 y, en particular, los informes de la Comisión sobre los avances en su aplicación,

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Vistos los Planes de Acción adoptados conjuntamente con Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Marruecos, la Autoridad Palestina y Túnez, y con Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Moldavia, así como el Programa de Asociación con Ucrania,

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Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 26 de julio de 2010 y 20 de junio de 2011, sobre la PEV y las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores/Comercio de 26 de septiembre de 2011,

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Vistas las conclusiones de la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación Oriental, de 13 de diciembre de 2010,

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Vista las Declaraciones Conjuntas de la Cumbre de Praga de la Asociación Oriental, de 7 de mayo de 2009 y de la Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Varsovia los días 29 y 30 de septiembre de 2011,

—

Vista la Declaración de Barcelona por la que se establece una Asociación Euromediterránea, adoptada en la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada los días 27 y 28 de noviembre de 1995,

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Vista la aprobación del Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo (UpM) por el Consejo Europeo de Bruselas los días 13 y 14 de marzo de 2008,

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Vista la Declaración Conjunta de la Cumbre de París para el Mediterráneo, celebrada en París el 13 de julio de 2008,

—

Vistas las conclusiones del Consejo de Asociación UE-Marruecos de 13 de octubre de 2008, que concedían a Marruecos el «estatuto avanzado»,

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Vistas las conclusiones del Consejo de Asociación UE-Jordania de 26 de octubre de 2010, que concedían a Jordania el «estatuto avanzado»,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1638/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (1),

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Vista su Declaración, de 27 de septiembre de 2011, sobre la creación de programas «Erasmus» y «Leonardo da Vinci» euromediterráneos (2);

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Visto el Informe Especial no 13/2010 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «¿Se ha iniciado con éxito el nuevo Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación en el Cáucaso Sur (Armenia, Azerbaiyán y Georgia) y está obteniendo resultados?»,

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Vista la Decisión 2011/424/PESC del Consejo, de 18 de julio de 2011, por la que se nombra un Representante Especial de la Unión Europea para la región del Mediterráneo Meridional (3) y la Decisión 2011/518/PESC del Consejo, de 25 de agosto de 2011, por la que se nombra al Representante Especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia (4),

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Vistas sus Resoluciones, de 7 de abril de 2011, sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad – Dimensión oriental (5) y sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad – Dimensión meridional (6),

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Vistas sus Resoluciones, de 19 de enero de 2006, sobre la política europea de vecindad (7); de 15 de noviembre de 2007, sobre la consolidación de la Política Europea de Vecindad (8); de 6 de julio de 2006, sobre la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (9); de 5 de junio de 2008, sobre el Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 2006 (10); de 19 de febrero de 2009, sobre la revisión del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (11); de 19 de febrero de 2009, sobre el Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo (12); de 17 de enero de 2008, sobre un planteamiento de política regional para el Mar Negro (13); de 20 de enero de 2011, sobre una estrategia de la UE para la región del Mar Negro (14); de 20 de mayo de 2010, sobre la Unión para el Mediterráneo (15); de 20 de mayo de 2010, sobre la necesidad de una estrategia de la UE para el Cáucaso Meridional (16); de 9 de septiembre de 2010, sobre la situación del río Jordán, especialmente en la región baja del río (17); de 3 de febrero de 2011, sobre la situación en Túnez (18); de 17 de febrero de 2011, sobre la situación en Egipto (19); de 10 de marzo de 2011, sobre los países vecinos meridionales, y Libia en particular (20); de 7 de julio de 2011, sobre Siria, Yemen y Bahréin en el contexto de la situación que se registra en el mundo árabe y el África septentrional; de 15 de septiembre de 2011 y de 20 de enero de 2011 sobre la situación en Belarús y todas sus resoluciones anteriores sobre Belarús, y de 15 de septiembre de 2011 sobre la situación en Libia (21) y sobre la situación en Siria (22),

—

Vistas las recomendaciones de las comisiones de la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo (AP-UpM) adoptadas en su séptima sesión plenaria, celebrada en Roma los días 3 y 4 marzo de 2011,

—

Visto el Acto Constitutivo de la Asamblea Parlamentaria UE-Países vecinos del Este (Euronest) de 3 de mayo de 2011,

—

vistas las conclusiones de la sesión inaugural de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (Arlem), celebrada en Barcelona el 21 de enero de 2010,

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Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre las dimensiones culturales de las acciones exteriores de la UE (23),

—

Vista la Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de Globalización (COM(2007)0242),

—

Vistos los artículos 8 y 21 del Tratado de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0400/2011),

A.

Considerando que el respeto y la promoción de la democracia y los derechos humanos —en particular los derechos de la mujer, de los niños y de las minorías—, la justicia y el Estado de Derecho, las libertades fundamentales —incluidas las libertades de expresión, de conciencia, de religión o creencia, de orientación sexual, de asociación y de prensa, incluido el acceso sin restricciones a la información, la comunicación e Internet—, el fortalecimiento de la sociedad civil, la seguridad —incluidas la resolución pacífica de conflictos y las relaciones de buena vecindad—, la estabilidad democrática, la prosperidad, una distribución equitativa de la renta, la riqueza y las oportunidades, la cohesión social, la lucha contra la corrupción y la promoción de la buena gobernanza y el desarrollo sostenible son principios y objetivos fundamentales de la Unión Europea, que deben constituir valores comunes del eje central de la revisión de la PEV;

B.

Considerando que es de sumo interés para la Unión Europea mostrarse ambiciosa en la cooperación económica y adoptar una estrategia responsable y flexible, mutuamente provechosa y basada en el apoyo a las transiciones democráticas y la defensa de los derechos humanos, aprendiendo de los fracasos y errores de las políticas de la UE y los Estados miembros en relación, en particular, con el complaciente enfoque adoptado ante los regímenes autoritarios de nuestros vecinos meridionales, de los que se ha extraído la lección de que la PEV de la UE en su conjunto debe basarse en valores;

C.

Considerando que, en este nuevo escenario, la relación con dichos países debe entrar en una nueva dinámica centrada en una cooperación que priorice la democracia y la prosperidad en ambas orillas del Mediterráneo, y no sólo la seguridad y el control migratorio;

D.

Considerando que la UpM nació con el objetivo ambicioso de servir como instrumento permanente para reforzar las relaciones con los países de la vecindad meridional, sustituyendo al antiguo Proceso de Barcelona con el propósito de reforzarlo y hacerlo más visible;

E.

Considerando que la cooperación en el marco de la Asamblea Parlamentaria Euronest pretende generar efectos positivos al servir de plataforma para intercambiar puntos de vista, encontrar posiciones comunes sobre los retos mundiales de nuestra época en relación con la democracia, la política, la economía, la seguridad energética y los asuntos sociales, así como reforzar los lazos entre los países de la región y con la UE;

F.

Considerando que en el artículo 49 del Tratado UE se señala que cualquier Estado europeo que respete los valores en los que se basa la UE, es decir, la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que se comprometa a promoverlos, podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión,

G.

Considerando que unas relaciones reforzadas requieren un compromiso claro e incuestionable con el proceso de reformas en aras de un progreso visible en el cumplimiento de indicadores de referencia previamente definidos;

H.

Considerando que la Unión debe dotarse de instrumentos flexibles y debidamente financiados que estén a la altura de sus ambiciones y de los acontecimientos en las regiones, dando prioridad a la utilización óptima de los instrumentos financieros existentes;

I.

Considerando que los efectos de la crisis económica y financiera se han venido a sumar a los retos políticos y sociales existentes en los países socios, en particular los relacionados con el problema del desempleo; considerando que corresponde al interés común de estos países y de la UE reducir las tasas de desempleo en la región y ofrecer a sus habitantes, en particular las mujeres, los jóvenes y la población rural, una esperanza para el futuro;

J.

Considerando el respaldo otorgado por el Parlamento Europeo a la creación de programas «Erasmus» y «Leonardo da Vinci» euromediterráneos mediante su Declaración de 27 de septiembre de 2011;

1.

Acoge con satisfacción las Comunicaciones conjuntas de la Comisión y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad tituladas «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» y «Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con los países del Mediterráneo meridional», así como el enfoque que se presenta en las mismas, en particular por lo que se refiere a los principios de responsabilidad mutua y compromiso compartido respecto a los valores universales que son los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, así como la condicionalidad y la adaptación a las necesidades de los países socios, la promoción de la cooperación multilateral y subregional, y el principio de hacer que las sociedades participen aún más en la PEV;

2.

Reconoce las aspiraciones europeas y la opción europea de algunos socios y su compromiso para edificar una democracia sólida y sostenible, y subraya la necesidad de establecer relaciones nuevas y distintas entre la UE y los países de la Asociación Oriental, que apoyen sus esfuerzos por consolidar una democracia sostenible y la economía de mercado;

3.

Insiste, no obstante, en que deben ofrecerse incentivos tangibles y creíbles a los países vecinos que persiguen el objetivo común de construir una democracia sólida, así como en que la diferenciación basada en las realidades políticas, económicas y sociales de cada país, en los resultados y en los logros debe apoyarse en criterios claramente definidos y en indicadores verificables y sometidos a un seguimiento regular para cada país socio; pide a este respecto a la Comisión y al SEAE que consideren los indicadores establecidos en la Comunicación conjunta como objetivos por alcanzar y que tengan en cuenta que, para evaluar los avances realizados, estos objetivos requieren indicadores temporales más específicos, mesurables y alcanzables, cuyo punto de partida para los vecinos orientales y meridionales sea distinto; estima que una política basada en resultados necesita una metodología de indicadores más clara e insiste, en este contexto, en la importancia de crear mecanismos de seguimiento adecuados para evaluar los avances de los países de la PEV; destaca que este enfoque debe reflejarse en la estructura de los planes de acción de la PEV y en los informes anuales correspondientes;

4.

Considera que la revisión de la PEV brinda a la UE una oportunidad para cumplir efectivamente sus objetivos y respetar sus valores establecidos en los artículos 2, 3, 6, 8 y 21 del Tratado UE;

5.

Subraya que, si bien la política de la Unión en el ámbito de la cooperación para el desarrollo se lleva a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión y, por tanto, en este caso, en el marco de la PEV, la Unión tiene sin embargo la obligación constitucional, consagrada en el artículo 208, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de tener en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo; insta por tanto a la Comisión y al SEAE a no perder de vista en ningún momento estos objetivos, que consisten en la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza, cuando apliquen la PEV, tanto en los países socios de la vecindad oriental como en los de la vecindad meridional;

6.

Apoya la consolidación, en la PEV, de los aspectos anteriormente separados de la política exterior y de ayuda; espera que se establezca una red reforzada de acuerdos institucionales que sea estable y económica y esté resueltamente dedicada al desarrollo de una mayor integración económica y una asociación política entre todas las partes implicadas, incluyendo el alineamiento de valores en todos los foros internacionales —en particular las Naciones Unidas— con los valores de la Unión Europea;

7.

Subraya que, pese a que la UE no busca imponer un modelo o fórmula predefinida a las reformas políticas, la PEV se basa en valores comunes, en la responsabilidad conjunta, en la rendición de cuentas recíproca y en el respeto y compromiso con la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción, la economía de mercado y la buena gobernanza;

8.

Subraya la importancia que revisten, para la democracia, las organizaciones activas e independientes de la sociedad civil, incluidos los interlocutores sociales; destaca la importancia del diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y de una financiación adecuada del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) para dichas organizaciones, y subraya que es necesario reforzar la asociación entre la UE y los países de la PEV y sus respectivas sociedades a fin de ayudarles a construir una democracia que funcione y promover las reformas y un crecimiento económico sostenible; hace hincapié en que estas asociaciones con la sociedad civil deben ser integradoras, e incluir en particular a representantes de las organizaciones de mujeres y grupos minoritarios; pide al SEAE y a la Comisión que apoyen a los parlamentos, las autoridades locales y regionales y la sociedad civil en sus esfuerzos por desempeñar el papel que les corresponde a la hora de definir las estrategias de la PEV, pedir cuentas a los gobiernos, y seguir y evaluar el rendimiento anterior y los resultados alcanzados;

9.

Subraya la importancia de construir una asociación con la sociedad civil como medio para promover el cambio y la democratización; en ese contexto, toma nota de la asignación de 22 millones de euros al Mecanismo de la Sociedad Civil para el período 2011-2013, y espera que este mecanismo reciba más fondos en el próximo marco financiero plurianual (MFP); pide al SEAE y a la Comisión que expliquen mejor el alcance y los objetivos de un posible Mecanismo de la Sociedad Civil y pide que se defina con mayor claridad la complementariedad de este mecanismo con el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) y el IEVA; observa que también deben identificarse instrumentos para apoyar concretamente a las minorías religiosas y étnicas en las regiones incluidas en esta iniciativa; recomienda que este mecanismo se utilice para mejorar la labor del Foro de la Sociedad Civil dentro de la Asociación Oriental y se estudie la posibilidad de constituir un foro como este para los socios meridionales;

10.

Aplaude la propuesta de una Dotación Europea para la Democracia, que constituye una respuesta oportuna al clamor en pro de la democracia de los pueblos de nuestros países vecinos; insiste en que dicha dotación debe ser un mecanismo flexible, rápido y selectivo de apoyo y debe complementar los instrumentos que la Unión ya posee, así como la labor ejemplar que desde hace años desarrollan fundaciones europeas políticas y no políticas y organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta que un objetivo de esta iniciativa debería ser obtener resultados tangibles; insiste en que dicha dotación no debe obstaculizar ni solaparse con las acciones ya iniciadas por estas fundaciones o en el marco de programas europeos existentes, como el IEDDH; subraya que su ámbito de aplicación y organización deben estar claramente definidos y que sus estructuras y procedimientos han de ser ágiles y simples; pide al SEAE, a la Comisión y a la Presidencia (polaca) que presenten una demarcación clara de las competencias de una futura Dotación Europea para la Democracia en relación con estos instrumentos y estructuras; hace hincapié en el derecho de control que el Parlamento Europeo debería tener en la estructura de gobernanza de este mecanismo y en su participación en dicha estructura, a fin de ayudar a determinar en grandes líneas los objetivos anuales, las prioridades, los resultados previstos y las asignaciones financieras, y a tomar parte en el seguimiento de actividades; expresa cierta preocupación por que este futuro fondo sea financiado, total o parcialmente, al margen del presupuesto de la UE y reafirma el derecho de la Autoridad presupuestaria de supervisar y controlar su aplicación; solicita, por tanto, a la Comisión y al Consejo aclaraciones sobre esta cuestión;

11.

Pide al SEAE y a la Comisión que, en el marco de su nuevo enfoque «más por más» basado en los resultados, sigan alentando cualquier reforma política, teniendo en cuenta las necesidades y el nivel de desarrollo económico y social de cada país socio; les pide asimismo que definan una metodología clara y adecuada y unos criterios de referencia detallados para evaluar la trayectoria de los países de la PEV en lo referente al respeto y promoción de la democracia y los derechos humanos (incluida en particular la libertad de expresión, de conciencia, de religión, de asociación y de prensa) y que presenten regularmente informes suficientemente precisos, en los que deberá fundamentarse el reparto de fondos con arreglo al nuevo enfoque «más por más» basado en los resultados; pide que estas evaluaciones se incluyan en los informes anuales sobre la PEV y se presenten anualmente a su Comisión de Asuntos Exteriores; insiste en la necesidad de asociar sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil a todas las fases del proceso de revisión; considera que este enfoque basado en el rendimiento significa igualmente «menos por menos» y vuelve a pedir una aplicación eficaz de la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la UE con terceros países;

12.

Invita al SEAE y a la Comisión a que suministren más información acerca del modo en que ha de aplicarse el principio de responsabilidad mutua;

13.

Considera que la situación de los derechos humanos —en particular de los derechos de los niños, las mujeres y las minorías— debe ser objeto de una supervisión permanente, que debe entablarse un diálogo sobre derechos humanos con todos los países socios y que en el anexo del informe anual sobre los progresos realizados por cada país socio debe incluirse una evaluación anual de dicha situación, así como de los resultados de estos diálogos, junto con un mecanismo claro que permita reconsiderar y limitar progresivamente la cooperación bilateral si se confirman casos de violaciones de los derechos humanos; subraya que el enfoque adoptado respecto a la situación de los derechos humanos en los distintos países socios debe ser creíble;

14.

Pide a la UE y a los Estados miembros que concentren su cooperación en el marco de la PEV en el hermanamiento de actores democráticos de la UE, como sindicatos, ONG, organizaciones pertinentes de empresarios, agricultores, mujeres, partes implicadas en el diálogo religioso, consumidores, jóvenes, periodistas, profesores, organismos de gobierno local, universidades, estudiantes o actores del cambio climático, con los homólogos correspondientes que surjan en los países de la PEV;

15.

Subraya que la libertad de expresión y el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación son las piedras angulares de una democracia sólida y sostenible, así como de los valores comunes; destaca la importancia de unos medios de comunicación públicos, independientes, sostenibles y responsables para ofrecer contenido de calidad, pluralista y diverso, y recuerda que los medios de comunicación libres e independientes siempre desempeñan un papel crucial a la hora de consolidar la democracia, potenciar al máximo la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos y capacitar a los ciudadanos en el camino hacia la democracia;

16.

Apoya enérgicamente y solicita la libre circulación de información, la garantía de unas condiciones que permitan a los periodistas trabajar eficaz y libremente sin presiones políticas, económicas o de otra índole, y la construcción de infraestructuras que favorezcan el desarrollo de tecnologías electrónicas modernas; acoge con satisfacción la declaración de las Naciones Unidas de 6 de junio de 2011 que consagra el acceso a Internet como derecho humano; insta, en este sentido, al SEAE y a la Comisión a que creen herramientas especiales para asistir a las organizaciones de la sociedad civil y a los particulares de los países de la PEV a tener acceso sin restricciones a Internet y otras formas de tecnologías electrónicas de comunicaciones;

17.

Subraya que la participación de las mujeres, los jóvenes y la sociedad civil, y el funcionamiento de unos medios de comunicación libres e independientes serán cruciales en los procesos de transición democrática en curso en los países de la «Primavera árabe», e insta a la UE a que aumente su ayuda para formar y organizar a estos actores, incluso invitándolos a observar elecciones y el funcionamiento de las instituciones democráticas dentro de la UE;

18.

Apoya que el pleno y efectivo respeto del derecho a la libertad religiosa (en su dimensión individual, colectiva, pública e institucional) sea identificado como una prioridad, en particular para todas las minorías religiosas presentes en la región, con la consiguiente necesidad de prestar una ayuda concreta a dichos grupos;

19.

Recalca en particular la importancia de promover los derechos de los niños y de garantizar su protección, como se contempla en el Tratado de Lisboa;

20.

Insta a que se apoye el desarrollo de partidos políticos democráticos en aquellos países vecinos que aún luchan por la democracia, así como a que se creen ONG y organizaciones de la sociedad civil;

21.

Subraya la importancia de que las mujeres cuenten con una representación adecuada en el parlamento, los ministerios y los principales puestos del gobierno, así como en puestos de responsabilidad en la administración pública y local, y en la gestión de empresas públicas; invita a los países socios de la PEV a adoptar e integrar políticas favorables a la igualdad de género y a adoptar planes de acción para alcanzar esta igualdad;

22.

Acoge con beneplácito la labor del Grupo Consultivo de Alto Nivel de la UE en la República de Armenia y la creación de un grupo similar en Moldavia; recomienda a la VP/AR y a la Comisión que ofrezcan dicha asistencia a todos los países de la Asociación Oriental y se aseguren, al igual que en el caso de Armenia, de que incluya la dimensión parlamentaria; pide que se actualice este instrumento de la UE y recomienda que el SEAE se encargue directamente de la contratación y gestión de los asesores a fin de garantizar la transferencia más adecuada de conocimientos de la UE a los países de la Asociación Oriental;

23.

Pide a la Comisión que aumente la visibilidad de los proyectos de la Asociación Oriental y de la UpM en los países socios y que haga que resulten más comprensibles para sus ciudadanos al demostrar el valor añadido de la cooperación con la UE;

24.

Recuerda que el compromiso de la UE para con sus vecinos debe supeditarse a sus avances democráticos y al respeto de los derechos humanos; pide por ello a la comunidad internacional que congele su asistencia financiera, así como la asistencia prestada por las instituciones financieras internacionales a las que pertenecen sus miembros, en favor del régimen belaruso, y ello hasta que todos los dirigentes de la oposición, periodistas, candidatos presidenciales y partidarios de estos que hayan sido detenidos sean liberados, se retiren los cargos contra ellos y sean rehabilitados;

25.

Apoya el actual planteamiento oficial de la UE consistente en sancionar a las autoridades belarusas, a la vez que se intentan reforzar los lazos con la sociedad civil y el pueblo de Belarús; insta a este respecto a la Unión Europea a que se reoriente hacia la sociedad y aumente su asistencia a Belarús a fin de satisfacer las necesidades de la población, reforzar la ayuda financiera y técnica a la oposición democrática, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, incluso las no registradas, así como a los estudiantes y los medios de comunicación libres;

26.

Subraya que una democracia sostenible, unas instituciones eficaces y sin burocracia, el Estado de Derecho y la educación de calidad no solo redundan en beneficio de la estabilidad política, el bienestar social y la cohesión, sino que también estimulan el crecimiento económico al mejorar el entorno empresarial y atraer las inversiones, lo que permite crear nuevas PYME y favorece el comercio, la economía ecológica y el turismo, generando así nuevos empleos y oportunidades; recuerda la necesidad de crear un marco propicio para las inversiones en el que ocupen un lugar fundamental la estabilidad y la seguridad jurídica, así como la lucha contra la corrupción; insta en este sentido a la Unión Europea a impulsar, en el marco de su acompañamiento de las transiciones democráticas, la aplicación de reformas estructurales en los ámbitos económico, social y jurídico, constatando expresamente la estrecha interrelación existente entre desarrollo democrático y socioeconómico; se congratula de las iniciativas emblemáticas de la Comisión sobre las PYME, los mercados regionales de energía y la eficiencia energética; considera que estos esfuerzos deberían reflejarse en el MFP;

27.

Insiste en que, para aliviar la situación de los países que atraviesan en la actualidad graves crisis socioeconómicas, es necesario adoptar medidas inmediatas, como la cofinanciación de proyectos emblemáticos o piloto ya definidos o de otros proyectos económicos concretos de importancia estratégica, que puedan ponerse rápidamente en marcha en la práctica y ofrecer resultados tangibles incuestionables, en particular en los países socios en los que la transición democrática agrave las dificultades económicas; subraya que tales medidas financiadas por la UE solamente podrán adoptarse con la condición de que todas las partes afectadas se comprometan en cada caso concreto a cumplir de modo verificable las normas sociales, medioambientales y laborales vigentes a escala internacional y en la UE, y que dichas medidas sirvan para la mejora inmediata de la situación social de los ciudadanos en los países de la PEV;

28.

Apoya enérgicamente el fomento de la cooperación subregional y de proyectos transfronterizos, y subraya la importancia de entablar una cooperación económica multilateral y bilateral complementaria entre los socios, lo que aportará beneficios manifiestos para los ciudadanos y mejorará el clima político en la región; subraya que dicha cooperación económica subregional debe inscribirse en un proyecto de integración más amplio a favor de la puesta en marcha de proyectos subregionales relativos a la movilidad, la protección social y medioambiental, la cultura y la educación; insiste especialmente en la importancia de impulsar el desarrollo de una integración económica y comercial «Sur-Sur» y «Este-Este» entre los países afectados; considera que la mejora de dicha cooperación entre los socios indicaría un compromiso con los valores europeos de buenas relaciones de vecindad y asociaciones en beneficio mutuo;

29.

Insta a la Comisión a que apoye el desarrollo de las capacidades administrativas en lo que se refiere al empleo y a los asuntos sociales, prestando particular atención al refuerzo de las capacidades de los servicios jurídicos, lo que garantizará una mejor preparación para llevar a cabo las reformas;

30.

Hace hincapié en la importancia que revisten los sindicatos y el diálogo social como parte del desarrollo democrático de los países de la PEV; anima a estos a reforzar los derechos laborales y sindicales; señala el importante papel que puede desempeñar el diálogo social para hacer frente a los retos socioeconómicos de las regiones;

31.

Recuerda la necesidad de velar por que el salario mínimo fijado de acuerdo con las prácticas nacionales garantice un nivel de vida adecuado a los trabajadores y a sus familias y que las deducciones salariales no deberían privar a los trabajadores ni a las personas que de ellos dependen de sus propios medios de subsistencia;

32.

Toma nota de que conviene prever plazos adecuados para la comunicación del despido, teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador en el empleo;

33.

Señala que la Unión debe otorgar especial importancia a la cooperación descentralizada, a nivel local, consistente en pequeños proyectos que mejoren de forma inmediata y tangible la calidad de vida de los ciudadanos de los países vecinos, facilitando asimismo la consolidación de los avances democráticos en todo el territorio de dichos países;

34.

Pide a la Comisión que convierta sus Estrategias de Reducción de la Pobreza en el marco político rector del crecimiento económico a medio plazo en favor de los pobres y de una distribución equitativa de la riqueza con arreglo a las necesidades del país en cuestión;

35.

Destaca la oportunidad que ofrecen las negociaciones de los acuerdos de asociación para impulsar el proceso de reformas; subraya que todos los componentes deben estar conectados entre sí para que la Unión pueda profundizar sus relaciones de manera exhaustiva y coherente; considera que, a tal fin, estos acuerdos han de incluir condiciones, calendarios e indicadores de resultados concretos sujetos a una supervisión regular; recalca la necesidad de incluir en estos acuerdos incentivos reales y tangibles destinados a hacer más atractivo el camino hacia las reformas para los países socios;

36.

Señala que el principio de diferenciación debe aplicarse al comercio de bienes y servicios, invita a los países socios de la PEV a avanzar para crear las condiciones necesarias para el establecimiento de zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) y pide a la Unión que les ayude en sus esfuerzos de reforma y abra su mercado interior en consecuencia, a condición de que se apliquen los estándares exigidos en materia de seguridad y calidad de acuerdo con la normas europeas, y que efectúe junto a ellos un proceso de apertura gradual y equilibrada de sus mercados que redunde en beneficio mutuo; subraya que la Unión también debe evaluar las circunstancias políticas, sociales y medioambientales de cada país con vistas a su participación en la futura ZLCAP y definir, en su caso, pasos graduales para su aplicación, velando por el seguimiento de las convenciones internacionales sobre Derecho laboral y trabajo infantil; destaca que los lazos comerciales, en particular las ZLCAP, deben considerarse, por sus requisitos, como un medio para mejorar el compromiso con los valores democráticos de los países de la PEV, como parte del principio de condicionalidad; apoya paralelamente la pertenencia plena a la OMC de todos los Estados de la Asociación Oriental;

37.

Señala que la perspectiva europea, incluido el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea y las perspectivas de ingreso en la Unión de los países de la Asociación Oriental conforme al artículo 49 de dicho Tratado, constituye la fuerza motriz para impulsar las reformas en estos países y reforzar aún más su compromiso con los valores y principios comunes, como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la buena gobernanza; considera que la celebración de acuerdos de asociación puede constituir un paso importante hacia un futuro compromiso político y una relación más sólida con Europa, a través del intercambio de buenas prácticas y de un diálogo político y económico consolidado;

38.

Reafirma que el objetivo de la asociación con la vecindad meridional es acercar las dos orillas del Mediterráneo para construir un espacio de paz, democracia, seguridad y prosperidad para sus 800 millones de habitantes, y ofrecer un marco bilateral y multilateral eficaz a la UE y a sus socios para superar los desafíos democráticos, sociales y económicos, fomentar la integración regional, sobre todo comercial, y garantizar su codesarrollo en beneficio de todos, así como ayudar a los socios a construir Estados democráticos, pluralistas y laicos, en particular mediante programas de desarrollo de capacidades institucionales, y desarrollar acuerdos comerciales de bienes y servicios, ambiciosos, equilibrados y mutuamente beneficiosos, precedidos de los correspondientes estudios de impacto, que puedan conducir a ZLCAP, lo que representarían sin duda un primer paso hacia un gran «Espacio Económico Euromediterráneo» y contribuiría a su vez a mitigar los problemas económicos de nuestros países vecinos meridionales, facilitando la integración «Sur-Sur»; pide a la Comisión y al Consejo que faciliten la aplicación de los seis paquetes de medidas presentados en el documento de la Comisión sobre el seguimiento de las iniciativas en materia de comercio e inversión a favor de los socios del Sur del Mediterráneo, de 30 de marzo de 2011;

39.

Desea que se definan unos criterios objetivos y vinculantes que permitan la concesión del régimen de «estatuto avanzado»; subraya la necesidad de aclarar los derechos y las obligaciones que se derivan de ese compromiso bilateral tanto para los países socios como para la Unión Europea;

40.

Hace hincapié en que las relaciones contractuales con todos los países de la PEV incluyan disposiciones sobre un foro regular para abordar las cuestiones de derechos humanos, que adopte la forma de un subcomité de derechos humanos; solicita al SEAE que aproveche al máximo estas disposiciones y que haga partícipes a los subcomités existentes en cualquier negociación;

41.

Subraya que la Unión debe fomentar las sinergias entre las políticas europeas internas y externas, en particular a través de la aproximación de las legislaciones que tienen por objeto la creación de empleo, la reducción de la pobreza, la modernización de las políticas de empleo, la seguridad y la eficiencia energética, el desarrollo de fuentes renovables y la sostenibilidad medioambiental, la mejora de la protección social, la creación de riqueza, la justicia y la simplificación de los intercambios comerciales sobre la base del principio de diversificación;

42.

Considera que el hecho de compartir un espacio común implica un reparto equitativo de las responsabilidades y solicita una cooperación más satisfactoria, especialmente para todas las políticas y problemáticas que tienen una dimensión transfronteriza; insta en ese sentido a reforzar las dimensiones regionales y transfronterizas de la cooperación sectorial;

43.

Acoge con beneplácito el aumento de la interacción de los países socios en las agencias de la UE en varios ámbitos; pide a la Comisión que presente una lista clara y exhaustiva de las agencias y programas pertinentes en que podrían participar los países vecinos, acompañada de una descripción de la forma, la contribución financiera y el método que podría adoptar esta participación diferenciada;

44.

Es partidario de que se refuerce la cooperación en sectores como la industria, las PYME, la investigación, el desarrollo y la innovación, las TIC, incluida la seguridad de los sistemas informáticos, el espacio y el turismo, y destaca los beneficios de las iniciativas de programación conjunta en materia de investigación entre la UE y sus países vecinos; acoge favorablemente las propuestas de la Comisión relativas al desarrollo de un espacio común de conocimientos e innovación y de una economía digital basada en las TIC, y hace un llamamiento a los Estados miembros y a los países vecinos para que reafirmen su compromiso con la realización de avances en este contexto; reitera la importancia que reviste disponer de mecanismos eficaces que faciliten el comercio y las inversiones entre la UE y sus países vecinos para reforzar las asociaciones comerciales y permitir que los operadores económicos, en particular las PYME, puedan acceder a información adecuada y fiable sobre el comercio y las condiciones de inversión en los países socios;

45.

Acoge favorablemente el refuerzo de la dimensión de cooperación energética de la PEV; subraya la importancia de compartir las experiencias adquiridas por la UE en el ámbito de las reformas en el sector energético con los países vecinos; considera necesario intensificar la eficiencia energética y la promoción de las energías renovables; aboga por la seguridad del abastecimiento de energía gracias a la diversificación de las fuentes y la gestión de la demanda, un mayor compromiso con los principales proveedores y los países de tránsito, y la coordinación en materia de seguridad nuclear, en particular en las regiones en las que tienda a registrarse un grado elevado de actividad sísmica, junto con una mayor transparencia, con objeto de garantizar que la plena aplicación de los acuerdos medioambientales y de los acuerdos internacionales sobre seguridad nuclear siga siendo una prioridad de la política energética de la UE, y que la política exterior coordinada de la UE en materia de energía siga centrándose en los vecinos orientales y meridionales; pide que se adopten medidas eficaces para garantizar la aplicación del principio de solidaridad en el ámbito de la energía;

46.

Acoge con satisfacción la propuesta de creación de una Comunidad Europea de la Energía y considera que podría desempeñar un importante papel en relación con la cooperación con los países vecinos; subraya la importancia del papel que los países vecinos meridionales desempeñan en el aprovisionamiento energético de varios Estados Miembros; señala la necesidad de fomentar las interconexiones euromediterráneas en los sectores del gas y la electricidad; insiste en la importancia estratégica del proyecto Nabucco y su rápida ejecución, así como del transporte de gas natural licuado (GNL) en el marco del proyecto AGRI; pide a la Comisión que fomente, mediante inversiones, la construcción, la modernización y el desarrollo de redes de energía inteligentes e interconexiones de infraestructuras con los países vecinos de la UE;

47.

Señala asimismo el papel de apoyo que podría desempeñar la UE para hacer frente a los problemas medioambientales en nuestros países vecinos, en especial en la recogida de grandes reservas de «pesticidas obsoletos», que pueden provocar contaminación química a gran escala;

48.

Apoya una mayor cooperación en el sector del transporte, incluida una unión más estrecha entre la red de infraestructuras de la UE y la de los países socios a fin de facilitar los intercambios de personas y mercancías, lo que puede lograrse mediante una integración más estrecha de los mercados y la mejora de los enlaces entre infraestructuras;

49.

Considera fundamental una cooperación cultural internacional, regional e interregional basada en un auténtico diálogo entre las culturas y en la que participen todos los actores sociales (autoridades, instituciones, organizaciones y asociaciones culturales); pide al SEAE y a la Comisión que coordinen el despliegue estratégico de los aspectos culturales de la política exterior, buscando la complementariedad con las políticas culturales exteriores de los Estados miembros;

50.

Confirma rotundamente el vínculo existente entre los intercambios y la cooperación en los ámbitos de la cultura, la educación y el deporte entre la Unión Europea y los países de la PEV, por un lado, y la creación y consolidación de una sociedad civil abierta, de la democracia y del Estado de Derecho, y la difusión de las libertades y de los derechos fundamentales de la persona, por otro; destaca que la cooperación en estos ámbitos constituye un valor añadido tanto para la Unión Europea como para los países de la PEV;

51.

Considera que fomentar la participación en los programas culturales de la UE puede favorecer el desarrollo material y no material en los países de la PEV, y destaca, por consiguiente, la importancia de programas como Media Mundus y los proyectos auspiciados por la UpM y el Programa Cultural de la Asociación Oriental; señala asimismo que los programas culturales y de fomento de la movilidad deberían centrarse también en la movilidad de los artistas y las personas que llevan a cabo estudios artísticos; propugna la creación de un visado cultural para los artistas y otros profesionales de la cultura de los países de la PEV; pide asimismo a la Comisión que proponga una iniciativa en materia de visados a corto plazo, con el fin de eliminar los obstáculos a la movilidad en el sector cultural;

52.

Destaca la importancia de reforzar, en el marco de la PEV, la cooperación para el desarrollo del deporte en los países interesados, dado el valor educativo de las actividades deportivas; pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros que actúen en favor de la libre circulación de los atletas en el mundo, empezando por los de los países de la PEV;

53.

Insta a que se proceda a una evaluación de los programas existentes para garantizar una utilización eficiente de los recursos, con vistas a alcanzar los objetivos de la UE; apoya una racionalización de las actividades internas de la Comisión en el ámbito de los distintos programas y proyectos existentes relacionados con la cultura y la educación;

54.

Subraya el valor añadido que aporta el programa Tempus IV a la promoción de la cooperación y a los esfuerzos de modernización de los sistemas educativos de los países vecinos de la UE y pide a la Comisión que refuerce el programa en cuestión, con vistas al próximo MFP;

55.

Espera que los países socios participen más intensamente en los trabajos de la Fundación Europea de Formación y de la Agencia ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural;

56.

Señala que el refuerzo de la dimensión juvenil de la Asociación Oriental y de la UpM representa una importante inversión para el futuro de las relaciones entre la UE y los países de la PEV, que reviste un gran potencial para los años venideros, así como para la democratización de esos países y la armonización de su legislación con la normativa europea; reitera que los fondos adicionales asignados a los programas Erasmus Mundus y La juventud en acción para 2012, en el marco del presupuesto de la UE para ese ejercicio, deberían fomentar la cooperación entre los establecimientos de enseñanza superior, mejorar los intercambios de personal académico y estudiantes, y desarrollar redes que mejoren la capacidad de las ONG en el ámbito de la juventud en Europa y los países de la PEV;

57.

Considera que la Universidad Euromediterránea (EMUNI) brinda una plataforma y una oportunidad únicas para reforzar la cooperación en el ámbito de la educación superior y la movilidad estudiantil con nuestros vecinos meridionales, en un momento en que es de suma importancia intensificar las relaciones con los socios meridionales, especialmente con las generaciones más jóvenes; subraya a este respecto que es necesario desarrollar plenamente el potencial de la EMUNI;

58.

Pide a la Comisión que haga suya la propuesta del Parlamento Europeo, elaborada tras la Primavera árabe, consistente en crear un programa Erasmus euromediterráneo, iniciativa que, en caso de tener éxito, podría muy bien ampliarse al conjunto de la vecindad; lamenta en esta fase la debilidad de las propuestas de la Comisión, que, a pesar de lo declarado el 27 de septiembre de 2011, solo prevén en realidad un incremento muy modesto del número de becas Erasmus Mundus;

59.

Pide a la Comisión que haga suya la propuesta del Parlamento Europeo, elaborada a raíz de la Primavera árabe, consistente en crear un programa Leonardo da Vinci euromediterráneo con vistas a favorecer la movilidad de los jóvenes aprendices que deseen adquirir una formación profesional en el extranjero, a fin de contribuir a la lucha contra el desempleo juvenil endémico que se da en el sur del Mediterráneo;

60.

Reitera su firme apoyo al proyecto de becas PEV financiadas por la UE para graduados universitarios de los países de la PEV y la UE en el Colegio de Europa; considera que este proyecto permitirá preparar, de cara a tareas relacionadas con la UE y la PEV, a futuros interlocutores europeos y de los países vecinos que estén totalmente familiarizados, desde el punto de vista profesional, con el contenido y el espíritu de las políticas, la legislación y las instituciones de la UE; pide a los países socios cuyos ciudadanos hayan recibido una de esas becas que empleen sus conocimientos y experiencia contratándoles para trabajar en la administración nacional y ofreciéndoles unas condiciones de trabajo adecuadas;

61.

Destaca el importante papel desempeñado por las autoridades locales en la evolución democrática de nuestros países socios; pide, por ello, a la Comisión que refuerce y amplíe los programas TAIEX (Instrumento de Asistencia Técnica e Intercambio de Información) y de hermanamiento con las autoridades locales en la UE y en los países socios;

62.

Recuerda que la Unión debe mejorar la gestión y maximizar los beneficios mutuos de las migraciones para el desarrollo, ofreciendo por ejemplo mejores condiciones para el establecimiento en la UE de los migrantes legales y haciendo frente a las causas fundamentales de la inmigración ilegal en los países socios; considera que la Unión ha de favorecer la migración laboral legal a través de la creación de asociaciones para la movilidad teniendo en cuenta los equilibrios demográficos, sociológicos y profesionales de ambas partes y fomentando el intercambio de especialistas entre la UE y terceros países; pide a los Estados miembros que consideren el debate sobre la movilidad como un elemento importante de la política de vecindad que no debe basarse primordialmente en consideraciones de seguridad; subraya la importancia de luchar contra la inmigración ilegal y de perseguir a las organizaciones responsables del tráfico de emigrantes ilegales;

63.

Cree que la Unión debe proseguir su labor en relación con los acuerdos de facilitación de la expedición de visados así como, paralelamente a ello, con los acuerdos de readmisión, con la mayor transparencia posible, con vistas a la adopción gradual y caso por caso, una vez que se reúnan todas las condiciones, de un régimen exento de visados; solicita también el establecimiento de unas condiciones materiales de concesión y de renovación de los visados más respetuosas con los derechos humanos; destaca a este respecto que la movilidad de los jóvenes y estudiantes debería considerarse prioritaria; destaca asimismo que los países de la Asociación Oriental deben beneficiarse de una oferta privilegiada de la UE sobre liberalización de visados en lo que a un calendario y al contenido se refiere; subraya que las disposiciones relativas al asilo deben respetar plenamente las obligaciones y compromisos internacionales, así como las normas de la UE, especialmente en materia de derechos humanos;

64.

Recuerda, en este sentido, que los Estados miembros tienen que respetar el principio de no devolución y poner todos los medios para permitir la construcción de un sistema de asilo europeo accesible, equilibrado y protector;

65.

Pide a los Estados miembros y a la UE que ratifiquen el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; considera que la revisión de la PEV debe facilitar la adopción de medidas específicas en estos ámbitos; está de acuerdo con las observaciones de la Comisión sobre la situación de la migración por motivos familiares y celebra su propósito de presentar un Libro Verde al respecto;

66.

Subraya la importancia de prestar especial atención a los jóvenes y hace hincapié en la necesidad de mejorar las sinergias entre Juventud en Movimiento y la PEV; destaca que la Unión debe incrementar la cooperación en materia de formación académica y profesional, ampliando sin demora los programas de becas y aumentando su número, así como fomentando la movilidad de los estudiantes, graduados, profesores y personal académico a través de la promoción de intercambios entre centros de enseñanza superior y de formación, sin olvidar las asociaciones público-privadas en el ámbito de la investigación y las empresas; considera indispensable la definición de procedimientos más flexibles y acelerados para la concesión de visados a los beneficiarios de dichos programas; insiste en que es necesario avanzar en el reconocimiento mutuo de las cualificaciones y sistemas educativos con los países socios de la PEV, en particular en la aproximación de los títulos y normas de enseñanza superior a los del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior; recalca que resulta indispensable adoptar una política de información estructurada destinada a los ciudadanos de los países socios de la PEV acerca de la posibilidad de participar en los programas de la UE;

67.

Pide al Consejo y a la Comisión que entablen un diálogo estructurado con las autoridades de terceros países con miras a desarrollar un enfoque de la movilidad beneficioso para todas las partes, que flexibilicen las formalidades de concesión de visados, y que aprovechen más las posibilidades que ofrece el código de visados de la Unión, a la vez que mejoran y armonizan su aplicación a fin de garantizar unas condiciones equitativas y justas para los solicitantes en todos los Estados miembros, centrándose en particular en la interdependencia entre la ayuda al desarrollo, la seguridad, la migración legal y la migración irregular, con arreglo a la definición del Enfoque Global de la Migración; pide que se vele en especial por que los países socios no sufran una «fuga de cerebros»;

68.

Pide a la UE que aumente la accesibilidad y la canalización de fondos de la UE a proyectos orientados a informar a los migrantes de sus derechos y responsabilidades y a proteger sus derechos, sobre todo los de los menores no acompañados, las mujeres y otros grupos vulnerables; pide, por consiguiente, a la Comisión que le presente un informe exhaustivo sobre el uso de los fondos de la UE destinados a los países vecinos, incluidos los del programa temático de la Comisión de cooperación con terceros países en los ámbitos de migración y asilo;

69.

Reitera su firme convicción de que la PEV no será plenamente eficiente a menos que se establezca una sinergia entre sus dimensiones bilateral y multilateral; considera, por tanto, indispensable reforzar la vertiente multilateral en el seno de la PEV y consagrarle una parte más sustancial de fondos del IEVA;

70.

Acoge con beneplácito la propuesta de utilizar el marco multilateral de forma más estratégica a fin de hacer avanzar las relaciones bilaterales entre los socios y espera que se adopten medidas concretas destinadas a poner en práctica esta propuesta; queda a la espera a este respecto, con gran interés, de la hoja de ruta con los objetivos, instrumentos y acciones que anunciaron la VP/AR y la Comisión para antes de finales de año;

71.

Considera que debe seguir fortaleciéndose y desarrollándose la dimensión multilateral de la Asociación Oriental, incluido el Foro de la Sociedad Civil; señala la importancia de entablar un diálogo constructivo con Turquía y Rusia sobre temas regionales de interés común y en particular sobre cuestiones de seguridad;

72.

Señala que el cometido de las regiones es crucial para asegurar el éxito de las reformas económicas y sociales a largo plazo y garantizar un desarrollo sostenible; subraya que la PEV debe considerarse en su conjunto, a fin de estimular el desarrollo económico de las zonas fronterizas; considera que los principios de cooperación territorial son asimismo aplicables a las fronteras exteriores y constituyen un instrumento clave para mejorar el desarrollo económico de la UE y alcanzar los objetivos políticos generales de la PEV de la UE; opina que el nuevo enfoque de la PEV debe permitir estrategias macrorregionales y que debe aprovecharse plenamente el potencial de las macrorregiones de la UE que incluyen a países vecinos de la UE con el fin de lograr una mejor coordinación de las prioridades y los proyectos de interés común para la UE y los países de la PEV, con vistas a obtener resultados positivos mutuos y optimizar los recursos invertidos;

73.

Destaca el preeminente cometido que desempeñan las eurorregiones para la consecución de los objetivos de la política de cohesión y encarece a la Comisión que promueva y sustente su desarrollo, en particular en las regiones fronterizas, para impulsar el cometido de las eurorregiones en el seno de la PEV;

74.

Hace hincapié en el gran potencial de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) que incluyen regiones situadas fuera de las fronteras exteriores; alienta la celebración de acuerdos específicos con terceros países vecinos con respecto a la promulgación de leyes nacionales que permitan la existencia de estructuras AECT con arreglo a la legislación nacional y acuerdos interestatales que posibiliten la participación de las autoridades locales y regionales de terceros países en las AECT;

75.

Considera que la futura PEV debe tener en cuenta el cometido de las regiones ultraperiféricas en la política de relaciones exteriores de la UE; toma nota de que representan una oportunidad real de influir en la política exterior de la UE, pues, por una parte, permiten a la UE mantener relaciones más estrechas con un gran numero de terceros países y abordar, por otra, cuestiones complejas como la migración irregular; pide a la Comisión que flexibilice las posibilidades de financiación innovadora para los proyectos seleccionados en el marco de la política de cohesión a fin de posibilitar su establecimiento y de que beneficien a la vez a las regiones europeas y de terceros países;

76.

Insiste en la importancia de adoptar un enfoque geográfico y estratégico más amplio para abordar el futuro de la PEV, y recuerda que, tras la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de enero de 2006 sobre la PEV, la UE adoptó en noviembre de 2007 políticas específicas para los Estados insulares del Atlántico vecinos de las regiones ultraperiféricas de la UE cercanas al continente europeo, en las que se consideraron pertinentes cuestiones especiales de proximidad geográfica, afinidad cultural e histórica y seguridad mutua; acoge con satisfacción los excelentes resultados obtenidos y el dinamismo de las políticas específicas ya aplicadas, en concreto, la Asociación especial UE-Cabo Verde; pide a la UE que refuerce aún más su diálogo y convergencia de políticas con estos países y que apoye sus esfuerzos para consolidar sus reformas políticas, sociales y económicas;

77.

Es consciente de que la DG de Política Regional de la Comisión posee una vasta experiencia en la gestión del FEDER y expresa su convicción de que para alcanzar los objetivos del IEVA convendría recurrir a la asesoría de la DG de Política Regional en la gestión de fondos; considera, por consiguiente, que la gestión de esos instrumentos financieros en el marco de los programas de cooperación transfronteriza debería devolverse a la DG de Política Regional, que ya fue responsable de ellos en el pasado;

78.

Acoge con satisfacción la Declaración Conjunta de la Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Varsovia el 30 de septiembre de 2011, así como la Declaración sobre la situación en Belarús, en particular en lo referente a los principios de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, el compromiso de entablar un diálogo bilateral más intenso, tanto económico como político, incluida la voluntad de avanzar en la negociación de los acuerdos de asociación, así como la facilitación de la movilidad y el compromiso para intensificar su realización, que ofrece beneficios evidentes a las sociedades de los países socios;

79.

Considera que el fortalecimiento de la Asociación Oriental será esencial para el desarrollo de las regiones fronterizas de la UE; hace hincapié en que la Asociación Oriental y el desarrollo regional deben trabajar codo con codo y fomentar la cooperación bilateral y multilateral, por ejemplo mediante acuerdos de libre comercio y proyectos conjuntos financiados de forma adecuada, como intercambios culturales y entre la sociedad civil;

80.

Destaca la importancia de seguir promoviendo la cooperación regional en el espacio del Mar Negro y de seguir desarrollando la Estrategia de la UE para el Mar Negro; destaca la complementariedad de las políticas de la UE para el Mar Negro y la Asociación Oriental; pide a la Comisión y al SEAE que hagan un uso positivo de los distintos enfoques de estas dos iniciativas y que aclaren, a todos los niveles, la forma en que puede aprovecharse este importante grado de complementariedad;

81.

Subraya la importancia de la UpM como foro permanente de diálogo y cooperación e instrumento de promoción democrática; insta a la (próxima) copresidencia de la UpM a que mantenga su compromiso con los ambiciosos objetivos para los que fue inicialmente creada y contribuya al desarrollo eficaz de la PEV en su vertiente mediterránea; opina que la UpM debe fomentar un desarrollo económico, social y democrático saludable y crear una base común sólida para una cooperación regional estrecha entre la UE y sus vecinos del Sur; aplaude la oportunidad que ofrece la UpM de reforzar la complementariedad entre las políticas bilaterales y regionales, con miras a alcanzar con mayor eficacia los objetivos de la cooperación euromediterránea, basados en el reconocimiento mutuo de valores comunes y la creación de un espacio de paz, seguridad y prosperidad; celebra en particular el compromiso del nuevo Secretario General de la Unión de trabajar y presentar proyectos para la UpM en los ámbitos de la democracia y la sociedad civil; aplaude, por lo que respecta a la situación actual, el incremento del presupuesto global del Instrumento de Inversión de la Política de Vecindad;

82.

Recuerda la importancia de que la PEV, en su vertiente multilateral, respalde la puesta en marcha efectiva y rápida de proyectos concretos de la UpM destinados a permitir un proceso compartido de desarrollo e integración, sobre todo a través de la cofinanciación de estudios de viabilidad y del apoyo al aumento de los créditos concesionales;

83.

Pide a la Comisión y al SEAE que estudien las oportunidades de establecer un vínculo interinstitucional entre la PEV y las políticas de vecindad de los principales actores regionales, ante todo Turquía; recuerda la ambición de Ankara de inspirar y ayudar a la transición democrática y las reformas socioeconómicos en los países vecinos meridionales; señala que la participación de las instituciones y organizaciones no gubernamentales turcas en los instrumentos de la PEV generaría sinergias únicas, en particular en ámbitos tales como la construcción de instituciones y el desarrollo de la sociedad civil; considera que la cooperación práctica debe complementarse con un diálogo estructurado entre la UE y Turquía con el fin de coordinar sus respectivas políticas de vecindad; recomienda en principio que, en el marco de la PEV, se extienda una oferta de cooperación similar a Rusia y otras partes interesadas destacadas;

84.

Recuerda que la resolución pacífica de conflictos militares regionales, incluidos los denominados «conflictos latentes», es una condición esencial para la consolidación de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la prosperidad y el crecimiento económico, por lo que debe revestir el mayor interés para la UE;

85.

Reitera que la Unión debe participar más y de forma más activa, coherente y constructiva en la resolución de conflictos regionales, entre otros a través del SEAE, mediante la adopción de medidas de consolidación de la confianza, la reconciliación y la mediación, la valoración de nuevos enfoques pragmáticos e innovadores, incluido el lanzamiento de estrategias de comunicación pública, la promoción de un cuerpo de paz civil europeo y acciones de mediación a nivel local, el apoyo a la cultura cívica —en particular la formación, educación y participación de los niños y los jóvenes— y el diálogo intra e intercomunitario, así como la participación de las organizaciones de la sociedad civil, el desarrollo de proyectos transfronterizos y el fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad; recuerda la importancia estratégica de reforzar las cooperaciones políticas en materia de seguridad y de lucha contra el terrorismo y los extremismos;

86.

Considera que el diálogo entre las culturas y las religiones es crucial para mejorar el entendimiento mutuo, el respeto, la solidaridad y la tolerancia con los países vecinos y entre ellos; pide que los nuevos instrumentos propuestos para la PEV presten especial atención a la promoción de dicho diálogo;

87.

Destaca la importancia de prestar apoyo a la justicia transitoria e insta a todos los países socios a cooperar con la justicia internacional, y en concreto con la CPI, en el contexto posterior a las revoluciones del Norte de África;

88.

Insiste en la necesidad de mantener un enfoque regional y se congratula de la decisión de nombrar tanto un representante especial de la UE para el Cáucaso meridional, como para el Mediterráneo meridional, así como de establecer un grupo especial para el Mediterráneo meridional; opina que se debería estudiar la posibilidad de crear un grupo de trabajo similar para el Cáucaso meridional; recalca la necesidad de que el activo papel que desempeña la UE en las conversaciones 5+2 sobre la región del Transdniéster cuente con fondos suficientes, en particular en vista de la finalización del mandato del Representante Especial de la UE;

89.

Destaca que los conflictos regionales no pueden abordarse sin tener en cuenta su contexto cultural; pide la aplicación de una estrategia coherente, siguiendo el ejemplo de la instaurada por el Escudo Azul, que concede a la cultura un papel en la prevención de conflictos y el restablecimiento de la paz;

90.

Aplaude la labor que las organizaciones internacionales, en especial la OSCE y las agencias de las Naciones Unidas, llevan a cabo sobre el terreno durante los conflictos y con posterioridad a los mismos, así como a la hora de promover un desarrollo sostenible en los países vecinos, particularmente el dilatado compromiso del OOPS con los refugiados palestinos;

91.

Apoya la acción humanitaria y a favor del desarrollo y la paz que la Unión lleva a cabo en los países socios de la vecindad oriental y, en particular, la importante contribución de la Unión al OOPS; lamenta sin embargo que esta acción no vaya aparejada de un mayor protagonismo de la Unión como actor político de primer orden en Oriente Próximo; insta al SEAE y a la Comisión a que hagan todo lo que esté en su mano para dar a la presencia y acción de la Unión en la región un peso político que esté a la altura de su compromiso decisivo en los ámbitos de la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo;

92.

Subraya que, a través de sus delegaciones parlamentarias y sus delegaciones en asambleas parlamentarias, el Parlamento Europeo desempeña un importante papel a la hora de reforzar el diálogo político y promover libertades plenas, reformas democráticas y el Estado de Derecho en los países socios vecinos, y hace hincapié en que estos contactos también podrían servir para evaluar el cumplimiento de los criterios que se fijen y adaptar las cooperaciones bilaterales y multilaterales a la luz de los acontecimientos y de los avances realizados;

93.

Reafirma que las asambleas parlamentarias multilaterales, como Euronest y la AP-UpM, constituyen vectores fundamentales para la construcción de confianza y coherencia entre la UE y sus países socios, y entre los propios países socios, y por ello contribuyen notablemente al logro de los objetivos de la Asociación Oriental y de la UpM; pide al SEAE y a la Comisión que asocien a los miembros de Euronest a las estructuras y plataformas multilaterales de la Asociación Oriental en la mayor medida posible; insiste en la necesidad de reconocer la AP-UpM como el órgano parlamentario legítimo de la UpM; recalca que una secretaría de pleno derecho aportaría mayor coherencia a la labor de Euronest y la AP-UpM, también respecto de los programas de la PEV previstos para la dimensión regional oriental y meridional;

94.

Pide a la Comisión que preste una mayor asistencia financiera, técnica y pericial a las administraciones de los parlamentos nacionales de los países de la Asociación Oriental en el marco del programa de desarrollo institucional global con el fin de reforzar su eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, lo que resulta crucial para que los parlamentos desempeñen el papel que les corresponde en los procesos decisorios democráticos;

95.

Confirma su disposición a acoger a representantes del Parlamento belaruso en Euronest tan pronto como la comunidad internacional, incluida la OSCE, considere que las elecciones parlamentarias son democráticas;

96.

Acoge con satisfacción la propuesta de un nuevo Instrumento Europeo de Vecindad, así como el aumento de la financiación destinada a la PEV, tal como solicitó en anteriores resoluciones; considera que la distribución de los fondos ha de ser flexible y apropiada para ambas regiones, a la vez que se mantiene el equilibrio regional, con un enfoque orientado a los resultados y basado en los compromisos y los avances en materia de reformas de los países socios, pero también en sus necesidades y capacidades; señala que una mayor flexibilidad y simplificación ha de respetar el derecho al control democrático y acompañarse de una supervisión reforzada de los gastos;

97.

Considera que conviene mantener un equilibrio razonable entre los componentes oriental y meridional, máxime si se tiene en cuenta que los países vecinos del Este están en pleno proceso de ejecución de programas y reformas vinculados a la Asociación Oriental y tienen la perspectiva de adherirse a la UE; estima, sin embargo, que no cabe considerar que este equilibrio esté fijado con carácter permanente; apoya totalmente el principio de que la asistencia financiera ha de ser flexible y diferenciada y estar orientada a los resultados, basándose en las necesidades reales, la capacidad de absorción y los objetivos alcanzados;

98.

Considera que la revisión del IEVA debe realizarse en el marco de la actual evaluación del MFP 2007-2013 y de las negociaciones para el período a partir de 2013 y ser coherente con ellas, para que no resulte necesario volver a entablar negociaciones sobre la financiación de la Política de Vecindad en 2012 y 2013;

99.

Solicita un aumento considerable del límite de la rúbrica 4 del presupuesto de la UE para el IEVA, dado que en los últimos años, a pesar de los avances logrados en la promoción de una mejor cooperación y de una progresiva integración económica entre la Unión Europea y los países socios, han surgido nuevas necesidades como consecuencia de nuevos retos y ámbitos de cooperación;

100.

Destaca que la reasignación de créditos que se necesita para aumentar la financiación para la PEV debe basarse en prioridades claras y, por consiguiente, no debe ir en detrimento de la única herramienta de la Unión para responder a las crisis y consolidar la paz, a saber, el Instrumento de Estabilidad, como propone la Comisión; recalca que la financiación de la PEV no debe verse afectada por la actual crisis de las deudas soberanas;

101.

Lamenta que un alto porcentaje de los fondos disponibles para la PEV se dediquen a consultoría en lugar de destinarse a proyectos y programas, y pide a este respecto que se reequilibre sin demora el uso de estos fondos en el nuevo instrumento;

102.

Destaca la importancia de velar, en los casos en los que la Unión ha movilizado recursos en concepto de ayuda humanitaria, por una adecuada transición entre la rehabilitación, la reconstrucción y el desarrollo para paliar algunas de las consecuencias destructivas de las revoluciones;

103.

Considera que el Mecanismo de la Sociedad Civil podría entenderse como parte integral del IEVA; sugiere que se valore la posibilidad de transferir la gestión de los fondos del IEVA al Mecanismo de la Sociedad Civil en caso de que los Estados no logren satisfacer las condiciones de financiación como consecuencia de unos resultados insuficientes;

104.

Pone de relieve el papel crucial del IEVA a la hora de apoyar las estrategias macrorregionales de la UE, como la Estrategia de la UE para la región del mar Báltico y la Estrategia de la UE para la región del Danubio, al facilitar fondos para la dimensión externa de estas estrategias, sobre todo para actividades en las que participan países vecinos;

105.

Destaca que la distribución de los recursos ha de basarse en un número limitado de prioridades claramente definidas y objetivos mensurables, de común acuerdo con los países socios, teniendo en cuenta las necesidades de estos últimos y con arreglo a una clara condicionalidad y a los progresos ya realizados; subraya que el apoyo presupuestario solo debe usarse cuando esté garantizada una gestión presupuestaria adecuada y que ha de utilizarse toda la gama de instrumentos disponibles para reflejar mejor las prioridades; señala en este contexto la necesidad de mejorar la legislación en materia de contratación pública y la gestión de las finanzas públicas en los países de la PEV;

106.

Insiste en la necesidad de desarrollar un enfoque coherente respecto de la ayuda suministrada a los países socios por parte de cada Estado miembro de la UE y de la UE en su conjunto en el marco de la PEV; se muestra favorable a todo mecanismo que contribuya a coordinar y simplificar la acción de los diferentes donantes europeos en los países de la PEV, sin que se añadan trámites burocráticos innecesarios;

107.

Señala que, si bien la ayuda puede actuar como acicate para los países de la PEV, resulta insuficiente para garantizar el desarrollo sostenible y duradero; pide por ello a los países de la PEV que refuercen y movilicen sus recursos internos, establezcan sistemas fiscales transparentes, hagan participar efectivamente al sector privado, los gobiernos locales y la sociedad civil en el programa de la PEV y se responsabilicen en mayor medida de los proyectos de esta política;

108.

Celebra la decisión de los países miembros del G-8 de incrementar las facilidades de crédito en beneficio de los países de la asociación meridional que hayan iniciado una transición democrática; considera que los compromisos contraídos en el marco de la «Asociación de Deauville» el 27 de mayo de 2011 pueden impulsar la movilización financiera a favor de la democracia y del desarrollo en los países socios de la Unión Europea;

109.

Pide, teniendo presente la Primavera árabe así como el retroceso de la democracia en algunos de los países socios orientales, una evaluación autocrítica del funcionamiento de los instrumentos financieros que se empleaban anteriormente en el IEVA en los ámbitos de la democracia, los derechos humanos, la gobernanza, la lucha contra la corrupción, la consolidación institucional y el apoyo a la sociedad civil; considera que la UE debe asumir un planteamiento renovado poniendo el énfasis en la cooperación para la prevención de conflictos;

110.

Tiene la firme convicción de que la asistencia financiera a la Autoridad Palestina y al OOPS también debe examinarse en el contexto de esta revisión y que debe ser objeto de una programación a largo plazo, como parte integrante de la Política de Vecindad; no le parece válido el argumento de que la inestabilidad política de la región y las características propias del proceso de paz no permiten más que una programación provisional con refuerzos caso por caso;

111.

Propugna, en vista de las imperiosas necesidades actuales, especialmente por lo que respecta a los países vecinos del Sur, un rápido acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de reforzar el Instrumento de Vecindad en el período 2012-2013; pide asimismo a los Estados miembros que cumplan sin dilación sus compromisos bilaterales con el Mediterráneo meridional y la Asociación Oriental;

112.

Insiste en que el Consejo ha de adoptar sin más demora la propuesta legislativa de modificación del artículo 23 del Reglamento IEVA presentada por la Comisión en mayo de 2008 y aprobada por el Parlamento el 8 de julio de 2008, que permitiría reinvertir los fondos recuperados de operaciones anteriores; recuerda que esta medida ya se considera una realidad y se refleja en la propuesta de financiación de la revisión de la PEV en el presupuesto 2011-2013; pide a la Comisión que examine otras formas de facilitar de inmediato fondos de capital de riesgo a través del BEI, tanto para la dimensión meridional como para la oriental;

113.

Aplaude la labor realizada por el Banco Europeo de Inversiones, especialmente a través del Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Cooperación, y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), y destaca la importancia y la necesidad de establecer más sinergias con otras instituciones financieras nacionales e internacionales que también operen en estos países; apoya la modificación de los estatutos del BERD para que los países vecinos meridionales también puedan optar a sus ayudas velando por que se establezca entre el BEI y el BERD, ambos de capital mayoritariamente europeo, una relación fructífera de cooperación, y no de competición;

114.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Servicio Europeo de Acción Exterior, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países de la PEV, y al Secretario General de la Unión para el Mediterráneo.

14.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 168/45

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Vistos la Carta de los Derechos Fundamentales, los artículos 2, 3 y 6 del Tratado de la Unión Europea y los artículos pertinentes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Estrategia Europea de Seguridad de 2003 (1) y su informe de ejecución de 2008 (2),

—

Vistos la Decisión marco 2002/475/JAI, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (3), modificada por la Decisión marco 2008/919/JAI (4), y en particular su artículo 10 sobre protección y asistencia a las víctimas,

—

Vista la Estrategia de la Unión Europea de lucha contra el terrorismo de 2005 (5),

—

Vista la Estrategia de la Unión Europea para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas (6),

—

Vistos el Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (7), y la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 20 de abril de 2010, titulada «Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos: Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo» (COM(2010)0171),

—

Visto el informe de Europol sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la UE en 2011 (TE-SAT 2011),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 20 julio de 2010, sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros (COM(2010)0386),

—

Vista la opinión del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 24 de noviembre de 2010, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros (8),

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros (9),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la Estrategia de seguridad interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más segura (COM(2010)0673),

—

Vistos el Convenio del Consejo de Europa de 1983 sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos (Convenio no 116 del Consejo de Europa), el Convenio del Consejo de Europa de 2005 para la prevención del terrorismo (Convenio no 196 del Consejo de Europa), los principios rectores del Consejo de Europa de 2005 relativos a la protección de las víctimas de los actos de terrorismo, las recomendaciones del Consejo de Europa de 2006 relativas a la asistencia a las víctimas de delitos, y la propuesta de la Comisión de 2011 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (COM(2011)0275),

—

Vista la revisión intermedia del Séptimo Programa marco de investigación y el Libro verde titulado «Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común para la financiación de la investigación y la innovación por la UE»,

—

Vistas sus diversas resoluciones relativas a la lucha contra el terrorismo,

—

Vistos el Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (10) y la Posición común 2001/931/CFSP, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (11),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores así como de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0286/2011),

A.

Considerando que, tras los atroces atentados del 11 de septiembre de 2001, la primera década del siglo XXI ha estado marcada por la «guerra contra el terrorismo», especialmente en lo que concierne al enfoque de los EE.UU., y que, aunque esos atentados y otros atentados de magnitud similar no tuvieron lugar en suelo europeo, su planificación y preparativos sí se llevaron a cabo parcialmente en Europa, por lo que muchos europeos los sintieron como un ataque a sus valores y su forma de vida;

B.

Considerando que en el siglo XXI la Unión Europea se ha convertido de forma cada vez más clara en objetivo y víctima del terrorismo y que se enfrenta a una amenaza permanente;

C.

Considerando que varios atentados terroristas graves en la UE desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, incluidos los atentados terroristas de Madrid en 2004 y los atentados de Londres en 2005, han tenido un impacto significativo en el sentimiento de seguridad común de los ciudadanos de la UE;

D.

Considerando que el Informe de Europol sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la UE en 2011 (TE-SAT 2011) indica que la amenaza de atentados terroristas en la UE sigue siendo seria y que parecen incrementarse los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada y señala que se observa una tendencia a la baja de los atentados terroristas reivindicados o atribuidos a organizaciones terroristas separatistas, en comparación con 2006, aunque estos siguen representando la mayoría de los atentados terroristas que se registran en Europa;

E.

Considerando que el Programa de Estocolmo define dos amenazas para la seguridad interior —el terrorismo internacional y la delincuencia organizada— que, en muchos casos, se dedican a las mismas actividades, como, por ejemplo, el tráfico de armas y de drogas;

F.

Considerando que el terrorismo no es un fenómeno reciente; considerando que en los últimos decenios el terrorismo ha adoptado nuevas formas tales como el ciberterrorismo y que las redes terroristas se han hecho con unas estructuras, medios y financiación más complejos, lo que complica la amenaza terrorista en mayor medida; considerando que la lucha contra el terrorismo ha formado siempre parte del ámbito de competencias de los Estados miembros y de las medidas ordinarias de aplicación de la ley; considerando que los atentados del 11 de septiembre de 2001, de Madrid y de Londres produjeron un cambio fundamental en la percepción del fenómeno terrorista y en los métodos e instrumentos utilizados para combatir el terrorismo; y considerando que, como resultado de aquellos atentados, el terrorismo se convirtió en una cuestión de seguridad de la Unión Europea en su conjunto y no sólo en una cuestión de seguridad nacional de los Estados miembros, con un marco jurídico muy diferente;

G.

Considerando que, a pesar de la inexistencia de una definición internacional inequívoca del terrorismo, la UE ha definido lo que entiende por delitos de terrorismo en la Decisión marco 2002/475/JAI;

H.

Considerando que la cooperación internacional es imprescindible para privar al terrorismo de sus bases financieras, logísticas y operativas;

I.

Considerando que, si bien la experiencia recabada en materia de terrorismo y los niveles de alerta en los distintos Estados miembros de la UE son divergentes, es necesario un enfoque común a escala de la UE, ya que frecuentemente las operaciones terroristas tienen carácter paneuropeo y los terroristas se aprovechan de las diferencias existentes en Europa en materia legislativa y de capacidades de lucha contra el terrorismo, así como de la abolición de los controles fronterizos, cuando cometen los atentados;

J.

Considerando que los ciudadanos de la UE y otras personas también desean que su seguridad esté garantizada en la UE y fuera de ella y que a la UE le corresponde desempeñar un importante papel en este ámbito;

K.

Considerando que los actos terroristas ponen seriamente en peligro los derechos humanos, constituyen una amenaza para la democracia, persiguen la desestabilización de gobiernos legítimamente constituidos, minan a las sociedades plurales y amenazan el ideal de todo individuo de poder vivir sin miedo;

L.

Considerando que las políticas antiterroristas deben ir encaminadas a combatir los objetivos del terrorismo y la ejecución de actos terroristas, que tienen como objetivo destruir las bases de las sociedades libres, abiertas y democráticas; considerando que los objetivos primordiales de la lucha contra el terrorismo deben ser proteger y fortalecer las bases de las sociedades democráticas, reforzando las libertades civiles y el control democrático, garantizando la seguridad y la protección de los ciudadanos europeos, identificando a las partes responsables de perpetrar actos de terrorismo y persiguiéndolas, y respondiendo a las consecuencias de un atentado terrorista mediante políticas de inclusión, la cooperación judicial y policial transfronteriza y una estrategia eficaz y coordinada a nivel de la UE; considerando que la efectividad de las políticas antiterroristas se debe medir en relación con estos objetivos; y considerando que el enfoque antiterrorista que mejores resultados puede dar es el de centrarse en la prevención del extremismo y de la escalada de la violencia;

M.

Considerando que la estrategia antiterrorista de la Unión Europea debe incidir, por consiguiente, no sólo en las consecuencias del terrorismo, sino también en sus causas;

N.

Considerando que la lucha contra el extremismo violento resulta esencial en la prevención y la represión del terrorismo;

O.

Considerando que la lucha contra el terrorismo es la lucha contra toda forma de terrorismo, incluidos el ciberterrorismo, el narcoterrorismo y la interconexión de grupos terroristas con múltiples actividades delictivas o dentro de ellas, así como las tácticas que utiliza para ser operativo, tales como la financiación ilegal, la extorsión financiera, el lavado de dinero y la ocultación de operaciones de grupos terroristas bajo entidades o instituciones supuestamente legales;

P.

Considerando que el terrorismo es un problema de Estado y que corresponde a las instituciones democráticas elaborar y preservar las líneas esenciales de la política antiterrorista en la búsqueda del máximo consenso político y social posible; considerando que el combate democrático contra el terrorismo, necesariamente dentro de los límites del Estado constitucional y de Derecho, incumbe a todos los partidos políticos con representación en las instituciones democráticas, sea en funciones de gobierno, sea en las de oposición; considerando que, por ello, es aconsejable preservar la definición de la política antiterrorista —que en toda sociedad democrática corresponde a los gobiernos— de la confrontación legítima entre partidos y, consiguientemente, de la competición electoral;

Q.

Considerando que es razonable evaluar los costes y beneficios de las políticas antiterroristas, ya que los responsables políticos deberían saber si sus decisiones tienen el efecto deseado y los ciudadanos tienen el derecho a pedir cuentas a sus representantes electos;

R.

Considerando que, diez años después de los atentados que conmocionaron al mundo, ha llegado el momento de hacer balance de los logros alcanzados en la lucha antiterrorista; considerando que la evaluación permite desarrollar una política más eficiente y eficaz y que en toda democracia moderna las decisiones políticas deben ser objeto de evaluaciones y revisiones frecuentes;

S.

Considerando que se ha hecho muy poco por evaluar la medida en que las políticas antiterroristas de la UE han alcanzado sus objetivos; considerando que el Parlamento ha solicitado en repetidas ocasiones que se lleve a cabo una evaluación en profundidad de las políticas antiterroristas de la UE, ya que la evaluación y el examen son condiciones previas para la transparencia y la obligación de rendir cuentas de los responsables políticos; considerando que la ausencia de una evaluación adecuada de las políticas antiterroristas de la UE responde, en particular, a que gran parte de la misma se realiza en el ámbito de las políticas de seguridad e inteligencia, donde existe una tradición de secretismo;

T.

Considerando que los atentados terroristas han tenido repetidamente como objetivo causar el mayor número de víctimas posible, lo que supone un desafío para las capacidades institucionales disponibles;

U.

Considerando que los terroristas apuntan a civiles inocentes para alcanzar su objetivo de destruir la democracia; considerando que los que han sufrido lesiones, daños o la pérdida de sus seres queridos en los atentados terroristas tienen derecho a nuestro apoyo y a nuestra solidaridad, y a obtener reparación, compensación y asistencia;

V.

Considerando que es esencial que se haga justicia, que los culpables sean llevados ante los tribunales y que los crímenes terroristas no queden impunes, mereciendo la posición de las víctimas y testigos en los procesos judiciales una atención especial;

W.

Considerando que la obligación de rendir cuentas y la responsabilidad son factores esenciales para la legitimidad democrática de las políticas de lucha contra el terrorismo, y que los errores, las acciones ilegales y las violaciones del Derecho internacional y de la legislación en materia de derechos humanos deben ser investigadas y corregidas, y procesarse judicialmente;

X.

Considerando que las medidas antiterroristas deben respetar los derechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que toda medida adoptada en este ámbito influye recíprocamente en la esfera de las libertades civiles;

Y.

Considerando que la vigilancia masiva se ha convertido en una característica esencial de las políticas antiterroristas, y que la recopilación a gran escala de datos personales, las tecnologías de detección e identificación, el seguimiento y la localización, la exploración de datos y la elaboración de perfiles, la evaluación de riesgos y el análisis del comportamiento se utilizan todos con el objetivo de prevenir el terrorismo; considerando que estos instrumentos entrañan el riesgo de hacer recaer la carga de la prueba sobre el ciudadano; considerando que las tasas de efectividad y éxito logradas por estos instrumentos para la prevención del terrorismo son discutibles; considerando que el intercambio de información entre agencias es inadecuado;

Z.

Considerando que las autoridades públicas utilizan cada vez más los datos recogidos con fines comerciales o privados; considerando que se obliga a empresas de diversos sectores a conservar y facilitar datos personales de sus bases de datos de clientes; considerando que los costes relacionados con el almacenamiento y la recuperación de datos (tanto inversiones en infraestructuras como costes operativos) son considerables;

AA.

Considerando que se necesita urgentemente una definición legal uniforme del concepto de «elaboración de perfiles» basada en los derechos fundamentales y los estándares de protección de datos relevantes con el fin de reducir la incertidumbre sobre qué actividades están prohibidas y cuáles no;

1.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión y recuerda que esta debe estar ligada a la futura Estrategia de Seguridad Interior de la UE; lamenta, sin embargo, que su alcance sea más bien reducido, limitado a la aplicación de las medidas adoptadas, y no incluya las políticas antiterroristas nacionales ni las medidas nacionales que transponen políticas aprobadas a nivel europeo o internacional, así como que no se haya realizado un examen más detallado sobre las posibles lagunas jurídicas o el posible solapamiento o duplicidad de acciones e instrumentos de la lucha contraterrorista adoptados a nivel de la UE; destaca la importancia de mantener la coherencia, a escala de la UE y de los Estados miembros, de las iniciativas adoptadas en el ámbito de la seguridad interior, prestando especial atención al terrorismo y a la delincuencia organizada;

2.

Lamenta también que la Comunicación no cubra suficientemente ni desarrolle con mayor detalle las medidas tomadas por otras DG que JLS (como TRAN, ENTER o MARKT) y que no de una idea clara de cómo interactúan las medidas y cuándo existen solapamientos o carencias; opina que todos los niveles precedentes deben tomarse en consideración, ya que las medidas europeas, nacionales e internacionales son complementarias y la evaluación de medidas individuales no proporciona una idea completa del impacto de las políticas antiterroristas en Europa;

3.

Lamenta que se haya perdido la oportunidad de explicar cómo ciertos instrumentos antiterroristas de la UE, como la conservación de datos, el acuerdo PNR y el acuerdo Swift se inscriben en la estrategia antiterrorista de la UE;

4.

Considera que la Carta de los Derechos Fundamentales debe ser siempre el norte para las políticas de la UE en este ámbito y para los Estados miembros en la aplicación de las mismas, así como en la cooperación con terceras partes y terceros países;

5.

Subraya la necesidad de que la Unión Europea, sus Estados miembros y los países socios fundamenten su estrategia de lucha contra el terrorismo internacional en el Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales; insiste, además, en que la acción exterior de la Unión en materia de lucha contra el terrorismo internacional debe dirigirse en primer lugar a la prevención, y resalta la necesidad de fomentar el diálogo, la tolerancia y el entendimiento entre las diferentes culturas, civilizaciones y religiones;

6.

Recuerda que las políticas de lucha contra el terrorismo deben cumplir con las normas establecidas en lo que respecta a su necesidad, eficacia y proporcionalidad, las libertades cívicas, el Estado de Derecho y la responsabilidad y el control democrático, que la Unión se ha comprometido a respetar y desarrollar, y que la evaluación de todos los esfuerzos antiterroristas de la UE debe determinar también si se respetan esas normas; considera que esas políticas deben desarrollarse de conformidad con las disposiciones del Derecho primario de la UE y, en especial, priorizar el respeto de los derechos reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

7.

Reafirma que las medidas restrictivas para embargar, confiscar o inmovilizar los activos y fondos vinculados a personas físicas o jurídicas u organizaciones que cometen actos terroristas o están implicadas en ellos pueden resultar útiles como herramienta antiterrorista, pero que deben respetar plenamente el artículo 75 del TFUE y la Carta de los Derechos Fundamentales;

8.

Considera que la prevención, el seguimiento y la persecución de actividades terroristas son políticas críticas a nivel de la UE y deben formar parte de un planteamiento sistemático, basado no en normas de emergencia sino en una estrategia coherente fundada en la necesidad, deben ser útiles y eficaces en cuanto a los costes, y deben evitar la duplicación de medidas y funciones por parte de instituciones, agencias y organismos competentes;

9.

Subraya que la evaluación de diez años de políticas antiterroristas de la UE debe resultar en objetivos políticos claramente definidos;

10.

Opina que el terrorismo es un fenómeno en constante cambio que debe ser combatido mediante una política de lucha antiterrorista que responda a la misma evolución;

11.

Considera un acierto profundizar y desarrollar los cuatro aspectos esenciales de la estrategia de lucha contra el terrorismo: prevenir, proteger, perseguir y responder;

12.

Considera que la prevención, la investigación y la persecución de actividades terroristas debe basarse en el refuerzo de la cooperación judicial y policial a nivel de la UE, junto con el pleno control parlamentario y la plena y oportuna finalización de la hoja de ruta para el establecimiento de un conjunto de alto nivel de garantías procesales uniformes;

13.

Considera que, entre las autoridades judiciales y policiales, la formación y la sensibilización han de gozar de carácter prioritario con el fin de mejorar el grado de preparación para la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea;

14.

Señala, a ese respecto, la importancia de la cooperación de los Estados miembros con la OLAF, así como con otras agencias de la UE tales como Europol, Eurojust y CEPOL;

15.

Pide, a ese respecto, a la Comisión que evalúe plenamente el conjunto de las políticas y medidas antiterroristas adoptadas y se centre en los retos futuros, entre los cuales se incluyen la reforma de Europol y Eurojust a la luz de las nuevas potencialidades ofrecidas por el Tratado de Lisboa, la necesidad de estándares uniformes para obtener pruebas y realizar investigaciones, la plena implementación de equipos de investigación conjuntos, un marco comunitario más fuerte para la formación judicial y policial y políticas adecuadas de inclusión e integración;

16.

Considera que las medidas antiterroristas deben ser acordes con el nivel de amenaza y que se debe ajustar en respuesta tanto al aumento como a la disminución del nivel de amenaza; señala que las medidas antiterroristas, en términos de nuevas competencias gubernamentales y agencias, deben estar diseñadas de manera que se pueden ampliar, así como reducir, en función de la situación;

17.

Recuerda que la radicalización y el reclutamiento constituyen la amenaza continua más significativa a largo plazo, tal como se subraya en la Comunicación de la Comisión, y forman el eje en el que la UE debe centrar sus estrategias de prevención en la lucha contra el terrorismo al principio de la cadena; subraya que la inversión en políticas de lucha contra el racismo y la discriminación constituye un instrumento crucial con el que abordar e impedir la radicalización y el reclutamiento de potenciales terroristas;

18.

Recuerda la importante contribución de muchas ONG y de la sociedad civil, a menudo cofinanciada por la UE y sus Estados miembros, al desarrollo socioeconómico, la consolidación de la paz, la consolidación de las instituciones del Estado y la democratización, todos ellos esenciales en la lucha contra la radicalización y el reclutamiento;

19.

Pide el establecimiento de una estrategia global sobre la interconexión entre la delincuencia organizada internacional, el tráfico de drogas y el terrorismo, y alienta el análisis continuo de las nuevas tendencias y características relativas a la diversificación, la radicalización y el reclutamiento, y al papel que desempeñan algunas organizaciones no gubernamentales internacionales en la financiación del terrorismo;

20.

Pide, en ese contexto, a la Comisión y a los Estados miembros que impidan el surgimiento del extremismo;

21.

Llama la atención sobre la necesidad de ampliar las asociaciones estratégicas existentes en materia de lucha contra el terrorismo con países no europeos y de establecer otras nuevas, con la condición de que estas asociaciones respeten los derechos humanos; hace hincapié en la cooperación estratégica entre la Unión Europea y los EE.UU., y destaca la necesidad de cooperar con otros socios, reiterando la importancia que la Unión concede a la protección de los datos personales de los ciudadanos y de sus derechos humanos y civiles;

22.

Subraya que la lucha contra el terrorismo es parte integrante de las relaciones de la Unión con terceros países; pide que se incremente la financiación de las medidas de lucha contra el terrorismo en el próximo Instrumento de Estabilidad para evitar la desestructuración de Estados; está de acuerdo, a ese respecto, en que las zonas prioritarias son el sur de Asia, en particular Pakistán y Afganistán, la región del Sahel (Mauritania, Malí, Níger), Somalia y Yemen; celebra la presentación de la Estrategia de la Unión Europea para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel, de 21 de marzo de 2011, y pide al Consejo que la adopte, previa consulta al Parlamento Europeo; expresa su satisfacción por la inclusión de cláusulas sobre la lucha contra el terrorismo en los acuerdos internacionales;

23.

Pide a la Comisión, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Consejo que apliquen rápidamente disposiciones en relación con la cláusula de solidaridad que introduce el Tratado de Lisboa;

24.

Insiste en la importancia de definir un conjunto uniforme de normas para la protección específica y el apoyo a las víctimas del terrorismo, incluidos los testigos, también en el marco de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (COM(2011)0275);

25.

Subraya que una evaluación adecuada de diez años de políticas antiterroristas debe centrarse en el examen de si las medidas adoptadas para evitar y combatir el terrorismo en la UE se han basado en datos probados (y no en suposiciones), han respondido a las necesidades, y han sido coherentes y parte de una estrategia global de la UE en materia antiterrorista, basada en una evaluación en profundidad y completa realizada con arreglo al artículo 70 del TFUE, debiendo informar la Comisión en una reunión parlamentaria conjunta del Parlamento Europeo y de las comisiones parlamentarias nacionales responsables de la supervisión de las actividades de lucha contra el terrorismo, a realizarse seis meses después de que se encargue ese estudio, que debe basarse en los informes que recabe de las organizaciones y agencias relevantes, como Europol, Eurojust, la Agencia de los Derechos Fundamentales, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas;

26.

Aboga por un enfoque global y exhaustivo de la política antiterrorista, en forma de un alineamiento de la Estrategia Europea de Seguridad y de la Estrategia de Seguridad Interior, así como de un refuerzo de los mecanismos de coordinación existentes entre las estructuras de los Consejos de Justicia y Asuntos de Interior, las agencias y el Servicio Europeo de Acción Exterior; subraya que una buena información de inteligencia es crucial para luchar contra el terrorismo y que la UE ocupa una posición única para facilitar el intercambio de dicha información entre los Estados miembros, siempre que tal cooperación tenga un fundamento jurídico adecuado y se inscriba en procedimientos ordinarios de decisión, pero que todo ello debe estar sujeto a los mismos estándares de responsabilidad aplicados en los Estados miembros; afirma, en consecuencia, que la información de inteligencia obtenida por personas, por encima de todos los medios técnicos disponibles, sigue siendo indispensable a la hora de enfrentarse a las redes terroristas y de evitar atentados a tiempo;

27.

Pide a la Comisión que elabore una evaluación completa y detallada, basada en la información pública disponible y en la facilitada por los Estados miembros en aplicación del artículo 70 del TFUE y que incluya, por lo menos, los elementos siguientes:

28.

Pide a la Comisión que indique qué medidas tienen objetivos distintos a la lucha contra el terrorismo, o cuándo se han agregado objetivos nuevos al objetivo inicial de lucha antiterrorista (ampliación de la misión y desviación del uso), como la aplicación de la ley, las políticas de inmigración, la sanidad pública o el orden público;

29.

Pide a la Comisión que elabore un «mapa» completo y detallado de todas las políticas antiterroristas existentes en Europa, prestando especial atención al Derecho de la UE y a la forma en que se ha transpuesto y aplicado a nivel de la UE; pide al mismo tiempo a los Estados miembros que procedan a una evaluación completa de sus políticas de lucha contra el terrorismo, prestando una atención particular a la interacción con las políticas de la UE, las superposiciones y las carencias, para cooperar mejor en la evaluación de las políticas de la Unión, incluida la presentación de cuadros de correlación, en los que se identifiquen las disposiciones de las leyes de los Estados miembros por las que se transponen las disposiciones de los actos de la UE, y de sus contribuciones en los plazos establecidos, como en el caso de la Directiva sobre conservación de datos;

30.

Pide a la Comisión que presente un informe completo y detallado, basado en la información pública disponible y en la facilitada por los Estados miembros en aplicación del artículo 70 del TFUE, sobre todos los recursos invertidos directa o indirectamente por la Unión Europea, los Estados miembros de la UE y las empresas privadas en medidas al servicio de objetivos de lucha contra el terrorismo, incluidas las medidas orientadas hacia objetivos específicos de actividad antiterrorista, hacia el desarrollo de sistemas, bases de datos y dotaciones de personal informático relacionados con la lucha contra el terrorismo, hacia la protección de los derechos humanos y la de los datos, hacia el fomento de la democracia y del Estado de Derecho, hacia la financiación de la investigación relacionada con la lucha contra el terrorismo y hacia el desarrollo de las líneas pertinentes del presupuesto de la UE desde 2011, especificando también los recursos destinados a este ámbito por terceros países;

31.

Pide a la Comisión que verifique si las medidas de lucha contra el terrorismo se están aplicando correctamente y que informe con regularidad al Parlamento y al Consejo a este respecto;

32.

Pide a la Comisión que realice un estudio de los costes de las políticas antiterroristas asumidos por el sector privado, así como un resumen general de los sectores que se benefician de las políticas antiterroristas;

33.

Pide a la Comisión que elabore un estudio para determinar si las políticas antiterroristas están sometidas a un control democrático efectivo, basándose en la información pública disponible y en la facilitada por los Estados miembros en aplicación del artículo 70 del TFUE e incluyendo en dicho estudio, por lo menos, los elementos siguientes:

34.

Solicita además que en las medidas adoptadas en la lucha contra el terrorismo se atienda al principio de proporcionalidad y se observen los derechos fundamentales de los ciudadanos, teniendo en cuenta que todas estas medidas tienen que ajustarse a la ley y al Estado de Derecho;

35.

Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades competentes que investiguen los actos ilícitos o las violaciones de los derechos humanos, del Derecho internacional y del ordenamiento jurídico en caso de que haya alguna prueba o sospecha de tal presunta acción o violación, y pide a los Estados miembros que aseguren su rectificación;

36.

Espera con interés las conclusiones contenidas en el informe de seguimiento de la Comisión Temporal sobre la Supuesta Utilización de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos y pide que se apliquen todas las recomendaciones pertinentes formuladas por el PE;

37.

Subraya que la UE debe ayudar a los EE.UU. a hallar soluciones adecuadas para las cuestiones relacionadas con el cierre de Guantánamo y a garantizar que los reclusos tengan un juicio justo;

38.

En este contexto, insta al Consejo y a la Comisión a que, al revisar las medidas relativas a las listas negras y la congelación de activos, tengan especialmente en cuenta la posición de las ONG y de la sociedad civil, a fin de garantizar que no se incluya a ONG en las listas «por asociación» ni se obstaculice indebidamente su labor con sus organizaciones asociadas;

39.

Tiene conocimiento del recurso interpuesto por la Comisión contra la reciente sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Kadi contra Comisión; invita a todos los afectados a revisar en profundidad el régimen de sanciones y a asegurarse de que este respeta plenamente las normas internacionales en materia de derechos humanos y los principios del Estado de Derecho, con arreglo a toda la jurisprudencia relevante en la materia; considera que quienes sean objeto de sanciones deben recibir información que sustancie por qué lo son y tener derecho a vías de recurso judicial efectivas;

40.

Pide a la Comisión y al Consejo que, en el caso de que se haya producido, investiguen la posible recopilación de datos personales con fines represivos sin que exista una base jurídica adecuada o aplicando procedimientos irregulares e incluso ilegales;

41.

Insta a la Comisión a proceder a una verificación obligatoria de la proporcionalidad y a una evaluación de impacto completa para toda propuesta que implique la recopilación de datos personales a gran escala, la utilización de tecnologías de detección e identificación, la localización y el seguimiento, la exploración de datos y la elaboración de perfiles, la evaluación de riesgos y el análisis del comportamiento o técnicas similares;

42.

Subraya la necesidad de mejorar el uso de los datos: la recopilación de datos solo debería autorizarse una vez que se haya demostrado de forma explícita el principio de necesidad y la no existencia de un posible solapamiento con otras medidas existentes, la no existencia de posibles medidas menos intrusivas, y solo sobre la base de una limitación estricta de la finalidad y de la minimización de los datos y cuando se mejore de forma drástica el intercambio y el procesamiento de datos;

43.

Pide al Supervisor Europeo de Protección de Datos y a la Agencia de los Derechos Fundamentales que informen sobre el nivel de protección de los derechos fundamentales y de los datos de carácter personal en el ámbito de la política antiterrorista de la Unión Europea;

44.

Insta a la Comisión y al Consejo a que aclaren completamente la división del trabajo entre el Coordinador de la lucha contra el terrorismo y el Alto Representante;

45.

Pide al Coordinador de la lucha contra el terrorismo que elabore un informe sobre el uso de los servicios de información humana y su cooperación con los servicios de inteligencia extranjeros en las políticas antiterroristas de la UE;

46.

Pide a la Comisión que lance propuestas para reforzar la protección de las libertades civiles, la transparencia y el control democrático en el contexto de las políticas antiterroristas, por ejemplo mejorando el acceso a los documentos mediante una ley de libertad de información de la UE y reforzando la Agencia de los Derechos Fundamentales, el SEPD y del Grupo de Trabajo del Artículo 29;

47.

Pide a la Comisión que proponga enmiendas a la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo, modificada por última vez en 2008, a fin de elevar el nivel de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas mediante la actualización de la definición de los delitos de terrorismo, y de enlazar mejor con los instrumentos de derechos humanos ya existentes a nivel de la UE, en particular la Carta de los Derechos Fundamentales;

48.

Pide a la Comisión que incorpore una definición jurídica uniforme del concepto de «elaboración de perfiles»;

49.

Invita a la Comisión a que presente una propuesta de marco legislativo para la protección de datos, incluida la Política Exterior y de Seguridad Común, sobre la base del artículo 16 del TFUE, sin perjuicio de las normas específicas establecidas en el artículo 39 del TUE;

50.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los parlamentos nacionales.

14.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 168/55

—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre Afganistán, en particular, su Resolución, de 8 de julio de 2008, sobre la estabilización de Afganistán: retos para la UE y para la comunidad internacional (1), de 15 de enero de 2009, sobre el control presupuestario de los fondos de la UE en Afganistán (2), de 24 de abril de 2009, sobre los derechos de las mujeres en Afganistán (3), y de 16 de diciembre de 2010, sobre una nueva estrategia en Afganistán (4),

—

Vistas su Resolución, de 23 de abril de 2009, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2007 (5), así como su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008 (6),

—

Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre el futuro del apoyo presupuestario de la UE a países en desarrollo (7),

—

Vistas la Conferencia de Kabul de 20 de julio de 2010, en la que los donantes decidieron ajustar mejor sus programas y se comprometieron con los principios de eficacia de la ayuda, así como la Conferencia de Londres de 28 de enero de 2010, en la que los donantes acordaron la creación de una Alta Oficina de Supervisión independiente y canalizar la ayuda al desarrollo en mayor medida a través del Gobierno de la República Islámica de Afganistán, sobre la base de reformas en las estructuras y los presupuestos,

—

Vistas las respuestas de la Comisión a las preguntas presentadas por la Comisión de Control Presupuestario del 7 de septiembre de 2010 y del 22 de junio de 2011,

—

Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas no 3/2011 sobre la eficiencia y la eficacia de las contribuciones de la UE canalizadas a través de las organizaciones de las Naciones Unidas en países afectados por conflictos,

—

Vistos los informes de auditoría del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR),

—

Vistos los informes de auditoría de la Oficina General de Contabilidad (GAO) del Gobierno de los Estados Unidos en Afganistán,

—

Vistos los informes de auditoría del Inspector General de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) en Afganistán,

—

Visto el informe final destinado al Congreso de los Estados Unidos titulado «Transforming Wartime Contracting» (Transformar la contratación en tiempos de guerra) de la Comisión de Contratación en Tiempos de Guerra en Iraq y Afganistán,

—

Visto el proyecto de Ley afgana sobre la oficina fiscalizadora superior,

—

Vista la Declaración de México de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) sobre la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores, adoptada en 2007,

—

Vistos el Plan de Acción de la UE para Afganistán y Pakistán, adoptado por el Consejo el 27 de octubre de 2009, así como sus informes de aplicación de carácter bianual,

—

Vista la Decisión 2011/23 del Consejo Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP) y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), adoptada en sus sesiones anuales de 2011 (6 a 17 de junio de 2011),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo (A7-0388/2011),

A.

Considerando que en su Resolución, de 16 de diciembre de 2010, sobre una nueva estrategia en Afganistán el Parlamento mencionaba varias cuestiones que suscitaban preocupación en relación con el control presupuestario de la ayuda financiera de la UE a Afganistán;

B.

Considerando que la organización Integrity Watch informa de que en 2009 se pagaron en Afganistán más de mil millones de dólares en sobornos;

C.

Considerando que la Comisión de Control Presupuestario es la responsable de controlar la rentabilidad de la ejecución del presupuesto general de la UE;

D.

Considerando que los principios de responsabilidad y transparencia en la utilización del dinero público son fundamentales para la democracia;

E.

Considerando que Afganistán es uno de los países que recibe más ayuda civil del presupuesto general de la UE;

F.

Considerando que la Comisión Europea ha comprometido más de 2 000 millones de euros y ha desembolsado más de 1 800 millones de euros en ayuda al desarrollo y humanitaria para Afganistán desde 2002;

1.

Reitera que la Comisión puede tomar en consideración el recurso a diferentes canales de financiación para la utilización de fondos de la UE en Afganistán; recuerda que el Gobierno de la República Islámica de Afganistán no recibe apoyo presupuestario (sectorial) directo del presupuesto general de la UE;

2.

Observa que cada canal de financiación tiene pros y contras propios y específicos en lo que se refiere a los objetivos de gasto específicos, tal y como se expone en el cuadro que figura en la exposición de motivos;

3.

Opina que no se debe excluir ningún canal de financiación, ya que todos ellos tienen sus pros y sus contras específicos; considera que es necesario diversificar la ayuda para abordar las necesidades individuales a través de los canales de financiación adecuados;

4.

Pide a la Comisión que examine la introducción de apoyo presupuestario directo en Afganistán en unas condiciones estrictas y bien definidas, en cuanto que se haya demostrado la existencia de la necesaria estabilidad macroeconómica y de una gestión financiera suficientemente fiable, ya que se trata del mejor instrumento para el fomento de la capacitación en la administración afgana; opina que ello podría tener unos resultados sostenibles y con una orientación a largo plazo;

5.

Opina que la Comisión debería evaluar la capacidad de los ministerios del Gobierno de la República Islámica de Afganistán, y considera que el apoyo presupuestario podría comenzar con unas sumas limitadas ejecutadas en unas condiciones estrictas y bien definidas; toma nota del ejemplo dado por otros países donantes con la introducción de apoyo presupuestario sectorial para los ministerios afganos en los que se cumplen los parámetros sobre responsabilidad y transparencia; pide a la Comisión que examine la introducción de apoyo presupuestario en unas condiciones estrictas y bien definidas no solo a nivel central, sino también a nivel provincial y local, en cuanto que se hayan cumplido las condiciones y los criterios necesarios, ya que ello aumentaría la creación de capacidad en todos los niveles de gobierno; estima que una diversificación coordinada del apoyo presupuestario para los diferentes niveles administrativos también reforzaría la posición de la Comisión con respecto a dichas entidades y reduciría su dependencia de una entidad única; observa que esta diversificación no debe ir en detrimento de la función y responsabilidad del Gobierno central, y que, por lo tanto, requiere la aprobación de este último;

6.

Pide, al mismo tiempo, a la Comisión que supedite la posible ayuda presupuestaria futura a unas condiciones estrictas y bien definidas que sean claras y mensurables; considera que el fin de estos objetivos debe ser conseguir resultados que puedan evaluarse mediante indicadores y parámetros predefinidos sobre responsabilidad y transparencia; destaca que se han de definir desde el principio líneas de referencia para evaluar los progresos que se realicen en el futuro; opina que, en este contexto, los mecanismos para luchar contra la corrupción y el fraude revisten la máxima importancia; afirma que la eficacia de las medidas de la política de desarrollo en los países socios también debe comprobarse en función de criterios locales; insiste en este sentido en la máxima importancia que reviste la formación de la administración pública y esencialmente de las fuerzas de seguridad y policía;

7.

Reitera la función de supervisión del Parlamento y pide, por consiguiente, a la Comisión que introduzca las siguientes medidas y que las haga públicas:

8.

Toma nota del reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) sobre los fondos de la UE canalizados a través de organizaciones de las Naciones Unidas en países en conflicto, que incluye también a Afganistán; lamenta las deficiencias que ha constatado el TCE en la gestión del proyecto administrado en Afganistán, a saber:

9.

Está preocupado por los informes de otras entidades de auditoría, como el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán de los Estados Unidos (SIGAR), la Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos (GAO), la Comisión de Contratación en Tiempos de Guerra y el Inspector General de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), que han constatado las siguientes deficiencias:

10.

Opina que la Comisión debería tener asimismo en cuenta las deficiencias constatadas por los Estados Unidos y otras entidades fiscalizadoras no europeas que indican también factores de riesgo para los proyectos financiados por la UE, ya que muchos son iguales o al menos de naturaleza similar;

11.

Reconoce las difíciles condiciones en que la Comisión tiene que suministrar ayuda a un país que ha sido víctima de guerras durante décadas; señala que los controles sobre el terreno también se tienen que efectuar en unas condiciones de seguridad difíciles; pide a la Comisión que aplique ejercicios de control y auditoría alternativos que se puedan seguir efectuando sobre el terreno en las actuales condiciones de seguridad; pide, además, a la Comisión que aborde las deficiencias constatadas y financie proyectos, siempre y cuando cumplan los siguientes criterios:

12.

Pide a la Comisión que identifique los factores de riesgo relacionados con la corrupción, el fraude, la sostenibilidad de los proyectos, la subcontratación en cascada y otras fuentes de despilfarro y malversación de fondos; pide asimismo a la Comisión que siga teniendo en cuenta estos factores de manera adecuada en los convenios de subvención y en los contratos comerciales y que controle atentamente la aplicación de estas normas;

13.

Destaca la importancia crucial que reviste para la democracia el hecho de contar con una institución de auditoría superior que sea totalmente independiente del poder ejecutivo desde el punto de vista financiero y operativo y que disponga de capacidad y fondos suficientes para llevar a cabo auditorias financieras, de conformidad y resultados con arreglo a las normas internacionales de auditoría;

14.

Está preocupado por informaciones procedentes de varias fuentes fiables e independientes según las cuales autoridades afganas situadas al más alto nivel obstaculizan las investigaciones anticorrupción efectuadas por fiscales afganos a autoridades tales como los gobernadores;

15.

Lamenta que el nuevo proyecto de Ley sobre la Oficina de Auditoría y Control no consagre todavía la plena independencia, ya que, por ejemplo, el auditor general y su adjunto serán designados por el poder ejecutivo en vez de por el poder legislativo; señala que ello está en desacuerdo con la Declaración de México sobre la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores; pide, por consiguiente, a la Comisión que insista en que en la legislación se consagre la plena independencia financiera y operativa de la Oficina de Auditoría y Control de Afganistán y se refuerce la capacidad; recuerda a la Comisión que la plena independencia y un nivel suficiente de capacidad y de financiación de esta entidad deben considerarse condiciones esenciales para la concesión de apoyo presupuestario directo;

16.

Pide a la Comisión que considere la idea de llevar a cabo visitas de control y vigilancia conjuntamente con la Oficina de Auditoría y Control de Afganistán; sugiere, en este sentido, que se intensifique el intercambio mutuo de conocimiento y de competencias de aprendizaje en materia de auditoría entre los organismos responsables; considera que esta constituye una oportunidad de mejorar la comprensión mutua y fomentar la capacitación;

17.

Recuerda que algunos de los proyectos más importantes que financia el presupuesto general de la UE son gestionados y ejecutados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);

18.

Recuerda que, de conformidad con el artículo 287, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribual de Cuentas tiene derecho, en caso de necesidad, a efectuar su auditoría en las dependencias de cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión;

19.

Recuerda, además, que el Parlamento ha pedido reiteradamente a la Comisión que mejore la transparencia y responsabilidad de los proyectos administrados por las Naciones Unidas, en especial los fondos fiduciarios de múltiples donantes, por ejemplo mediante la introducción de una declaración de fiabilidad;

20.

Toma nota de la decisión reciente del Consejo Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP) y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), adoptada en sus sesiones anuales de 2011 (del 6 al 17 de junio de 2011), de otorgar a las organizaciones de donantes intergubernamentales tales como las instituciones de la Unión Europea los mismos derechos de acceso a los informes de auditoría interna que los concedidos a los países miembros de las Naciones Unidas; opina, no obstante, que se han de realizar más progresos para evitar la carga burocrática derivada del acceso a los informes de auditoría interna y mejorar la información sobre la utilización de los fondos de la UE proporcionando información sobre los resultados más que sobre las acciones; insta asimismo a la Comisión a que pida a las otras agencias de las Naciones Unidas que adopten la misma política que el PNUD, el FNUAP y la UNOPS;

21.

Opina, además, que en el futuro se necesita un enfoque de mayor alcance para cumplir plenamente las reiteradas peticiones del Parlamento en favor de un refuerzo de la transparencia y la responsabilidad que vaya acompañado de eficacia y eficiencia; pide al TCE que intente llegar a un acuerdo con las agencias de las Naciones Unidas en cuanto a unas normas comunes de auditoría que respeten totalmente las normas internacionales de auditoría y que conduzcan a una declaración de fiabilidad;

22.

Hace hincapié en los esfuerzos que está realizando en la actualidad el Grupo de Trabajo sobre responsabilidad y auditoría de la ayuda vinculada a las catástrofes, creado en el marco de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y dirigido por un miembro del Tribunal de Cuentas Europeo (8); apoya sus dos objetivos principales:

23.

Se felicita de los esfuerzos realizados por el Grupo de Trabajo de la INTOSAI, y le pide que cumpla su mandato dentro del calendario fijado; opina que los resultados se pueden aplicar también en un contexto más general, ya que muchos de los retos a los que se enfrenta la ayuda vinculada a las catástrofes son los mismos que los de la ayuda para el desarrollo en zonas afectadas por conflictos;

24.

Considera que se trata de una manera apropiada de hacer frente a retos en materia de responsabilidad como aquellos a los que se enfrentan las agencias de las Naciones Unidas;

25.

Pide por lo tanto al TCE y a las correspondientes oficinas de las Naciones Unidas que entablen un diálogo que les permita encontrar una solución para las cuestiones pendientes; destaca los beneficios de un sistema de auditoría único en este contexto, puesto que aumentaría la eficiencia de las labores de auditoría; opina que el trabajo llevado a cabo por el Grupo de Trabajo de INTOSAI es sumamente importante en este contexto, y pide al TCE que llegue a un acuerdo con las oficinas de las Naciones Unidas sobre esta base;

26.

Recuerda en este sentido que el Parlamento viene pidiendo desde hace mucho tiempo la creación de un fondo fiduciario de múltiples donantes, y hace hincapié en la propuesta de la Comisión según la cual el Reglamento financiero revisado (COM(2010)0815) debería prever un fundamento jurídico que sirva de base para la creación de sus propios fondos fiduciarios de múltiples donantes; opina que esta es una manera de garantizar la mayor responsabilidad posible, teniendo en cuenta que no todas las agencias de las Naciones Unidas que gestionan fondos fiduciarios de múltiples donantes cumplen los estándares de la UE en materia de transparencia y responsabilidad;

27.

Observa que el hecho de que numerosos donantes tengan tendencia a buscar resultados a corto plazo sin tener debidamente en cuenta las necesidades del Gobierno de la República Islámica de Afganistán y de la población del país va en detrimento de la eficacia de la ayuda y de la coordinación de las acciones de los donantes; toma nota de que la preferencia estrictamente geográfica relacionada con la presencia de tropas y la segmentación regional por parte de los países donantes no favorece la coordinación de los donantes y aumenta el riesgo de que se produzcan duplicaciones y se haga un uso ineficiente de la ayuda financiera;

28.

Toma nota de las Conclusiones del Consejo sobre el «Plan de refuerzo de la acción de la Unión Europea en Afganistán y Pakistán», la correspondiente información bianual, el Libro Azul 2009 de la Comisión, que incluye toda la ayuda procedente del presupuesto general de la UE y de los presupuestos nacionales de los Estados miembros, así como del reciente nombramiento del Jefe de la Delegación de la UE/Representante Especial de la UE con un doble mandato; considera que se trata de medidas positivas para mejorar la coordinación de las acciones llevadas a cabo por la UE y sus Estados miembros;

29.

Espera que la creación del SEAE (Servicio Europeo de Acción Exterior) dé lugar a una mejora de la coordinación y la interacción, aumente la transparencia en la ejecución de los proyectos de la UE y permita hacer un uso más sostenible y eficiente de la financiación de la UE en Afganistán; espera asimismo que se definan claramente las responsabilidades de la delegación de la UE;

30.

Pide a la Comisión que siga esforzándose por coordinar la ayuda no solo con los Estados miembros, sino también con otros donantes internacionales, por ejemplo mediante la adopción de enfoques comunes para todo el sector que complementen el enfoque geográfico; destaca la importante función que desempeñan en este contexto la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) y el Ministerio de Finanzas afgano;

31.

Destaca que las inversiones de la comunidad internacional en Afganistán se deben ajustar a las necesidades del Gobierno de la República Islámica de Afganistán y de la población afgana;

32.

Recuerda a la Comisión que el Parlamento le ha pedido (9) que le presente un informe anual sobre Afganistán que contenga una evaluación pormenorizada de la eficacia y el impacto de la ayuda, así como una declaración de fiabilidad en la que se mencione claramente el porcentaje de la ayuda controlada, las deficiencias detectadas y las medidas adoptadas; reitera su llamamiento y pide a la Comisión que aplique en su totalidad la recomendación del Parlamento de que le presente un informe anual sobre la ejecución de la ayuda y su control en Afganistán;

33.

Considera necesario aumentar la transparencia y la responsabilidad en el uso de los fondos de la UE y de ayudar a los Estados miembros de la UE y a otros donantes a evitar peligros comunes; pide, por consiguiente, a la Comisión que haga públicos los resultados de sus misiones de control orientadas a los resultados, las misiones de verificación efectuadas con fondos de la UE canalizados a través de agencias de las Naciones Unidas y otros informes de auditoría y evaluación;

34.

Toma nota de que el Presidente de los Estados Unidos de América ha anunciado recientemente la retirada de cerca de una tercera parte de las tropas estadounidenses para el verano de 2012 y el traspaso de la responsabilidad a las fuerzas de seguridad afganas a más tardar en 2014; destaca la importancia de una situación de seguridad estable para un control adecuado de los fondos de la UE, ya que el deterioro de la situación de seguridad en Afganistán ha hecho que cada vez sea más difícil que la Comisión y otras organizaciones realicen visitas de control sobre el terreno en el país;

35.

Señala que la retirada de las tropas podría repercutir negativamente en la economía de Afganistán; recuerda que la mayor parte del presupuesto afgano y del producto interior bruto de Afganistán procede de la ayuda exterior; observa que la recuperación económica es esencial para el desarrollo global de Afganistán; considera que la ayuda civil a Afganistán ganará en importancia gracias a la disminución de la ayuda militar;

36.

Opina que ello podría asimismo brindar una oportunidad para asignar los escasos recursos disponibles a aquellos proyectos que tienen las mayores probabilidades de dar resultados a largo plazo; reitera la necesidad de una mayor sostenibilidad económica de los proyectos, y opina que ello evitaría las presiones sobre los donantes para que desembolsen los fondos disponibles en el momento actual y sobre los receptores para que lleven a cabo proyectos que no tienen perspectivas a largo plazo;

37.

Opina que la sociedad civil y los diputados deben participar en todas las fases de aplicación, control y evaluación de los resultados, y que este requisito debe ser un criterio de selección decisivo para el apoyo presupuestario;

38.

Considera que para el futuro de Afganistán es esencial un esfuerzo continuo y cada vez mayor de la comunidad internacional que permita mejorar la capacidad y la independencia del poder judicial; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten sus esfuerzos en este sentido y entablen un dialogo constructivo y firme con el Gobierno de la República Islámica de Afganistán con vistas a garantizar que todos los actores que participan en el desarrollo de este país comparten el objetivo de conseguir un poder judicial eficiente e independiente;

39.

Insiste en que la lucha contra la corrupción debe tener una carácter central en el proceso de establecimiento de la paz en Afganistán, pues la corrupción provoca una mala asignación de recursos, opone obstáculos al acceso a servicios públicos básicos, como la sanidad o la educación y representa un enorme impedimento para el desarrollo socioeconómico del país; insiste igualmente en que la corrupción mina la confianza en el sector público y en el Gobierno, por lo que constituye una gravísima amenaza para la estabilidad nacional; insta, por consiguiente, a la UE a que dedique una atención especial a la lucha contra la corrupción al prestar asistencia al país;

40.

Lamenta el hecho de que se pierda una proporción importante de la ayuda europea e internacional a lo largo de la cadena de distribución (Banco de Kabul) y señala las cuatro maneras en que esto ocurre: derroche, costes intermedios de seguridad demasiado elevados, sobrefacturación y corrupción; pide en consecuencia a la UE que establezca una base de datos centralizada sobre los costes y el impacto de todas las ayudas de la UE a Afganistán para mejorar la eficacia de la ayuda;

41.

Considera que la mejora de la situación de seguridad en Afganistán es uno de los principales retos para la reconstrucción del país, y pide a la Comisión que desarrolle, en colaboración con la comunidad internacional, una estrategia sobre la manera de garantizar la seguridad para Afganistán y fomentar una economía autosostenible, en particular con objeto de poder ejercer un control adecuado de la ayuda;

42.

Insiste en recordar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres se consideran cuestiones cruciales tanto en la estrategia nacional de desarrollo del Gobierno afgano como en el documento nacional de estrategia para 2007-2013, según el cual la dimensión de género será parte integrante de la programación;

43.

Reitera el compromiso de la UE con el mantenimiento del apoyo a Afganistán; hace hincapié en que el objetivo global de la ayuda al desarrollo prestada por la UE a Afganistán debe centrarse en la ayuda al desarrollo sostenible a largo plazo del país, en particular, en la mejora de las normas socioeconómicas, facilitando la creación de empleo y un aumento del número de PYME, reforzando el sector educativo y garantizando la igualdad de género; subraya que la ayuda debe facilitar aún más el desarrollo de capacidades en la administración pública, fortalecer el Estado de Derecho y reducir la corrupción, lo que facilitaría las transferencias en materia de seguridad al Gobierno de la República Islámica de Afganistán; recomienda que parte de la ayuda financiera a Afganistán se asigne al plan quinquenal destinado a eliminar gradualmente el cultivo de opio y sustituirlo por producciones alternativas; destaca la necesidad de facilitar la cooperación subregional mediante la prestación de asistencia en asuntos de carácter transfronterizo;

44.

Reitera la urgente necesidad de aumentar la eficacia de la ayuda, dado que numerosos indicadores de desarrollo siguen sin presentar mejoras significativas, y que la corrupción y la larga cadena de distribución de la ayuda internacional siguen siendo obstáculos importantes para la provisión de servicios esenciales a la población; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que empleen las medidas financieras disponibles, incluidos los futuros fondos fiduciarios de la UE cuando se constituyan, de manera eficaz de modo que se garantice la provisión de servicios esenciales a la población;

45.

Observa que la mayoría de los recursos para el desarrollo socioeconómico de Afganistán se canalizan a través de mecanismos internacionales, pero una proporción notable de la ayuda no llega a sus beneficiarios previstos, el pueblo de Afganistán; subraya que la UE y en particular la Comisión y el SEAE deben asumir el liderazgo para mejorar la coordinación entre donantes, en estrecha cooperación con otros donantes clave como los EE.UU. y Japón, y pide evaluaciones exhaustivas sobre la eficacia de la ayuda, con el fin de mejorar la transparencia y la asunción de responsabilidades por los donantes en materia de ayuda;

46.

Considera que la Unión Europea, al ser uno de los mayores donantes de ayuda oficial al desarrollo y de asistencia humanitaria a Afganistán (más de 2 000 millones de euros entre 2002 y finales de 2010), tiene una responsabilidad particular a la hora de evaluar si estos fondos llegan a los destinatarios previstos y mejoran sus condiciones de vida;

47.

Hace hincapié en que, cuando se recurra a organizaciones internacionales para la entrega de la ayuda, el SEAE y la Comisión presten particular atención a combatir el derroche, los costes excesivos de intermediarios, la ineficiencia, la sobrefacturación y la corrupción, e insistan en la necesidad de presentar información oportuna y adecuada sobre los resultados y el uso de los fondos;

48.

Reitera su petición a la UE para que establezca una base de datos centralizada sobre toda la ayuda prestada por la UE a Afganistán y analice los costes y el impacto de dicha ayuda, ya que la falta de datos actualizados y fiables menoscaba la eficacia y la transparencia de la ayuda;

49.

Opina que la Comisión debe analizar la posibilidad de introducir ayuda presupuestaria sectorial; subraya, no obstante, que una ayuda de este tipo debe estar sujeta a condiciones estrictas, con indicadores de impacto mensurables, y solo se podrá utilizar junto con medidas de desarrollo de capacidades y en administraciones cuyas estructuras organizativas y capacidades de gestión financiera hayan sido evaluadas adecuadamente y consideradas apropiadas y transparentes;

50.

Hace hincapié en que dirigir ayudas hacia países afectados por conflictos supone aceptar un nivel muy considerable de riesgo inherente en relación con los resultados; subraya que la cooperación con las Naciones Unidas ha hecho posible obtener resultados de desarrollo en un entorno operativo extremadamente difícil; destaca, sin embargo, que se requieren mayores progresos en forma de niveles más elevados de responsabilidad y transparencia frente a la UE, uno de los principales donantes para el sistema de las Naciones Unidas;

51.

Subraya que la eficacia de la ayuda a Afganistán únicamente mejorará si se cambia radicalmente de enfoque con respecto al problema de la corrupción que ha gangrenado al país desde el año 2001, desde la cúspide del Estado hasta el nivel más bajo de la administración; insiste en que la corrupción en la cúspide, aceptada implícitamente durante los primeros años después de 2001, socava a los ojos de los ciudadanos afganos de manera ya casi irreversible la legitimidad de las instituciones creadas por la Constitución afgana; hace hincapié, por lo tanto, en que reviste carácter urgente la ruptura con la aceptación implícita de la corrupción y en que debe asegurarse que la justicia afgana y el Tribunal de Cuentas del país puedan abordar con firmeza este importante problema y encuentren en la Unión Europea un aliado fuerte, creíble y constante que asuma el liderazgo en este reto fundamental para el futuro del país;

52.

Pide al SEAE y a la Comisión que definan una estrategia clara para la prestación de ayuda en un contexto tan frágil y que encierra niveles tan elevados de riesgo; señala que el principio rector de la política de desarrollo de la UE es la eficacia de la ayuda; hace hincapié en que es esencial una gestión adecuada de los riesgos y que esto significa garantizar que se dispone de recursos financieros y humanos suficientes para asegurar un seguimiento exhaustivo de los flujos de ayuda y una evaluación detallada de los resultados;

53.

Toma nota del compromiso de los donantes de canalizar a través del presupuesto central del Gobierno afgano, en un plazo de dos años, el 50 %, por lo menos, de la ayuda para el desarrollo; hace hincapié, no obstante, en que la ayuda presupuestaria debe acompañarse de mejoras tangibles de la situación de gobernanza en el país, de un mayor grado de confianza de los donantes en la gestión financiera pública (GFP) y en que se requieren medidas urgentes de reforma y de creación de capacidades para fortalecer los sistemas de GFP, reducir la corrupción y mejorar la ejecución de los presupuestos; pide a la Comisión que examine –tomando en consideración la capacidad financiera de las instituciones afganas y el paso al que progresen las reformas clave de la GFP– si determinados ministerios u otras instituciones afganas, incluso en niveles descentralizados, podrían acreditarse en el futuro como receptores de ayudas presupuestarias sectoriales y, en tal caso, bajo qué condiciones;

54.

Pone de relieve la responsabilidad de las autoridades afganas en lo relativo al desarrollo estructural a largo plazo; insta al Gobierno a que participe más activamente en los esfuerzos de reconstrucción, democratización y mitigación de la pobreza y en la lucha contra la corrupción; insta a los donantes de la UE a prestar especial atención a la sostenibilidad a largo plazo de sus intervenciones, fomentando la responsabilización de la parte afgana, invirtiendo de manera sistemática en la creación de capacidades y evitando la puesta en marcha de proyectos no coordinados con otros y orientados exclusivamente hacia los resultados a corto plazo; hace hincapié, en este contexto, en la función fundamental que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil a la hora de garantizar la responsabilización en el proceso de reconstrucción y estar alerta frente al riesgo de corrupción;

55.

Pide al Gobierno afgano, en particular, que centre su acción en el desarrollo de capacidades institucionales en el sector público y que desarrolle un programa nacional único de reforma de la administración pública (RAP); pide a la Comisión y a los Estados miembros que aboguen colectivamente por la RAP en su diálogo político con el Gobierno y que apoyen de manera coordinada los objetivos de este en relación con la RAP;

56.

Insta a la UE a que se mantenga fiel a su compromiso en favor de un desarrollo sostenible a largo plazo de Afganistán y a que siga poniendo a disposición recursos adecuados después de 2014, cuando las autoridades afganas sean plenamente responsables de la seguridad y otros donantes podrían empezar a recortar fondos; aboga, en este contexto, por una oferta decidida de la UE que haga hincapié en su compromiso con el desarrollo de una asociación a largo plazo con Afganistán en vista de la conferencia internacional sobre este país de 5 de diciembre de 2011 en Bonn; pide a la UE que busque nuevos socios de la sociedad civil y donantes extranjeros;

57.

Pone de manifiesto el ligero descenso de las muertes de civiles desde 2010; considera que, sin una mayor seguridad interior, regional y civil, se seguirá frenando el desarrollo y se seguirán perdiendo vidas humanas; pide a los Estados miembros que reconozcan una mayor seguridad como requisito previo para el desarrollo y que formulen sus políticas de ayuda a partir de esta premisa;

58.

Hace hincapié en que la ayuda al desarrollo prestada por la Unión Europea ha contribuido a la emancipación de las mujeres en Afganistán; señala que una mayor participación política y económica de las mujeres mejorará sus vidas y contribuirá a reducir el riesgo de que Afganistán siga viéndose inmerso en un conflicto;

59.

Señala que la actual fragmentación de la asistencia de los donantes tiene un impacto negativo en la eficacia de la ayuda y se refleja en un solapamiento de estrategias; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a la comunidad internacional que coordinen mejor sus esfuerzos en materia de ayuda;

60.

Considera que uno de los problemas más importantes con que se enfrenta Afganistán es la reforma de su ejército y de su policía nacionales; subraya que la evaluación de las prestaciones tanto del ejército como de la policía no satisface los objetivos acordados; pide a los Estados miembros que mejoren su asistencia en este ámbito proporcionando responsables de formación e intercambiando mejores prácticas;

61.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas Europeo y al Gobierno y al Parlamento de la República Islámica de Afganistán.

14.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 168/65

—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre Siria, en particular las de 27 de octubre de 2011 sobre la situación en Egipto y Siria, en particular por lo que se refiere a las comunidades cristianas (1), de 15 de septiembre de 2011 sobre la situación en Siria (2), de 27 de octubre de 2011 sobre el caso de Rafah Nached en Siria (3), y de 7 de julio de 2011 sobre la situación en Siria, Yemen y Bahrein en el contexto de la situación en el mundo árabe y el África Septentrional (4),

—

Vistas las Conclusiones sobre Siria del Consejo de Asuntos Exteriores de los días 10 de octubre de 2011, 14 de noviembre de 2011 y 1 de diciembre de 2011, así como las Conclusiones del Consejo Europeo de 23 de octubre y 9 de diciembre de 2011,

—

Vista la Decisión 2011/782/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria y por la que se deroga la Decisión 2011/273/PESC (5),

—

Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre Siria, de los días 8 de octubre de 2011, 3 y 28 de noviembre de 2011 y 2 de diciembre de 2011, así como la de su portavoz, de 23 de noviembre de 2011,

—

Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Siria, de 22 de noviembre de 2011,

—

Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 2 de diciembre de 2011, sobre la situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria,

—

Vista la Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en la 18a Sesión Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para examinar la situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria, de 2 de diciembre de 2011,

—

Visto el informe de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la República Árabe Siria de 23 de noviembre de 2011,

—

Vista la Resolución del Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 22 de noviembre de 2011, sobre la situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

—

Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo Referente a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de los que Siria es parte,

—

Vistas las declaraciones de la Liga Árabe sobre la situación en Siria, de los días 27 de agosto de 2011, 16 de octubre de 2011 y 12, 16 y 24 de noviembre de 2011, su Plan de Acción de 2 de noviembre de 2011, así como las sanciones de la Liga Árabe contra Siria, adoptadas el 27 de noviembre de 2011,

—

Vista la Decisión del Gobierno de la República de Turquía, de 30 de noviembre de 2011, de imponer sanciones económicas a Siria,

—

Vista la Declaración de la Organización de Cooperación Islámica, de 30 de noviembre de 2011, en la que ésta hacía un llamamiento al Gobierno sirio para que pusiera fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los ciudadanos y para que respetara los derechos humanos,

—

Vista la Comunicación conjunta titulada «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» de la Comisión y de la VP/AR al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de mayo de 2011,

—

Vista la Declaración Final de la Conferencia ministerial euromediterránea de Barcelona de 27 y 28 de noviembre de 1995 (Declaración de Barcelona) y la Declaración Conjunta de la Cumbre de París por el Mediterráneo de 13 de julio de 2008, de la que Siria es signatario,

—

Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que, según estimaciones de las Naciones Unidas, en Siria, desde marzo de 2011, más de 5 000 personas, incluyendo a más de 300 niños, han perdido la vida, muchos más han resultado heridos, más de 14 000 se dice que están detenidos, y decenas de miles han buscado refugio en países vecinos o han sido desplazados internamente como consecuencia de la brutal represión por el régimen contra su población; considerando que, a pesar de la condena internacional generalizada, la población civil pacífica continúa sufriendo con creciente intensidad una violenta represión y graves violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades, el ejército y las fuerzas de seguridad sirias; considerando las informaciones que indican que diferentes pueblos y ciudades están siendo sitiados por tropas gubernamentales en Siria y que no reciben alimentos ni medicinas ni tienen acceso a las comunicaciones; y que muchos sirios se enfrentan a un deterioro de la situación humanitaria a consecuencia de la violencia y los desplazamientos;

B.

Considerando que nunca se han llevado a la práctica las reformas y amnistías anunciadas y prometidas por el Presidente Bachar el Asad y que el régimen ha perdido toda credibilidad; considerando que el Gobierno sirio se sirve del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, un tribunal especial que está al margen del sistema judicial penal ordinario, para juzgar a los activistas políticos y a los defensores de los derechos humanos; considerando que la violencia va acompañada de acciones del régimen y de sus partidarios para aumentar las tensiones sectarias e incitar al conflicto interétnico e interconfesional en el país;

C.

Considerando que el 20 de noviembre de 2011, en una entrevista publicada por el diario Sunday Times, y el 7 de diciembre de 2011, en una entrevista con la cadena estadounidense ABC, el Presidente sirio, Bachar el Asad, negó que su Gobierno tuviera como política tratar con dureza a la población y afirmó que no sentía culpa alguna por la represión por su parte de un levantamiento que llevaba 10 meses, a pesar de las denuncias de brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad;

D.

Considerando que la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2 de diciembre de 2011 condenó enérgicamente la violación generalizada, sistemática y grave de los derechos humanos y las libertades fundamentales (como el asesinato, las ejecuciones arbitrarias, la persecución, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y los malos tratos, y la violación y otros actos de violencia sexual contra civiles, incluidos niños, así como la denegación y la obstrucción de la asistencia médica a los heridos) por las autoridades, el ejército y las fuerzas de seguridad sirias, y propuso establecer el mandato de un relator especial para la situación de los derechos humanos en el país;

E.

Considerando que en el informe de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la República Árabe Siria se documentan violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por parte del ejército y las fuerzas de seguridad sirias y de milicias progubernamentales; que la Comisión de Investigación muestra su profunda preocupación por el hecho de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad en distintos lugares de Siria; que el Gobierno sirio se negó a cooperar con la Comisión de Investigación; que, de acuerdo con el informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas, desde el inicio de la represión se han producido numerosas deserciones del ejército y las fuerzas de seguridad, un fenómeno que ha aumentado en los últimos meses;

F.

Considerando que, en su declaración de 2 de diciembre de 2011, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, advirtió que la continua y brutal represión del régimen sirio contra su población podía conducir al país a una guerra civil, y alentaba al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a remitir la situación en Siria a la Corte Penal Internacional;

G.

Considerando que las autoridades sirias siguen denegando el acceso al país a los periodistas y observadores internacionales; y que las informaciones de refugiados y de defensores de los derechos humanos sirios y las imágenes descargadas de los teléfonos móviles constituyen la principal fuente de información y documentación acerca de las violaciones sistemáticas y generalizadas perpetradas por el ejército y las fuerzas armadas de Siria contra la población civil, y acerca de la situación en Siria en general;

H.

Considerando que, el 1 de diciembre de 2011, la Unión Europea reforzó sus medidas restrictivas contra Siria, que incluían prohibiciones comerciales adicionales para las empresas e instituciones financieras con sede en la UE con respecto al sector sirio del petróleo y las finanzas, nuevas inmovilizaciones de activos y prohibiciones de viajar para 11 personas y 12 entidades, un embargo de armas, y, como aspecto más destacado, una prohibición de las exportaciones desde la UE a Siria de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de las que puede servirse el Gobierno para violar los derechos humanos de los ciudadanos;

I.

Considerando que, hasta la fecha, el Consejo/SEAE no ha acordado ni publicado los pormenores solicitados de la prohibición anunciada de las exportaciones de TIC; que se han difundido ampliamente noticias según las cuales determinadas empresas de la UE (o con sede en la misma) han facilitado al Gobierno sirio tecnologías (a medida) para interceptar, controlar y catalogar todo el tráfico de Internet y de comunicaciones móviles en Siria, tanto de ámbito nacional como internacional; y que empresas de la UE (o con sede en la misma) han construido y puesto en funcionamiento centros de control sobre el terreno en Siria y facilitado al Gobierno sirio la asistencia técnica correspondiente;

J.

Considerando que tanto el Embajador francés en Siria, Eric Chevallier, como el Embajador estadounidense en Siria, Robert Ford, han regresado a Damasco, demostrando con este gesto el pleno apoyo a la lucha y las exigencias de la población siria; y que ambos embajadores fueron retirados en octubre por problemas de seguridad y a raíz de violentos ataques contra los intereses franceses;

K.

Considerando que, en sus conclusiones de 1 de diciembre de 2011, el Consejo alentó una vez más a la oposición siria a establecer una plataforma unitaria, confirmó que la UE seguirá trabajando con los miembros representativos de la oposición siria que se adhieren a la no-violencia, y acogió favorablemente el compromiso del Consejo Nacional Sirio a este respecto;

L.

Considerando que, el 22 de noviembre de 2011, la VP/AR, Catherine Ashton, se reunió con representantes del Consejo Nacional Sirio y destacó la importancia de una plataforma de oposición política integradora;

M.

Considerando que los diputados al Parlamento Europeo han establecido un diálogo y un intercambio de opiniones con varios representantes de la oposición siria en el exilio y en el país durante los últimos meses;

N.

Considerando que la crisis en Siria constituye una amenaza para la estabilidad y seguridad del conjunto de la región del Oriente Próximo;

O.

Considerando que, el 16 de noviembre de 2011, la Liga Árabe suspendió la pertenencia de Siria a la organización regional por no haber cumplido con los términos de un plan de paz de la Liga Árabe que preveía que Siria retirase los tanques de las ciudades descontentas, detuviese los ataques contra los manifestantes, iniciase un diálogo con la oposición y permitiese a 500 supervisores de la Liga Árabe entrar en el país para evaluar la situación sobre el terreno; considerando que, tras numerosos ultimátum, el 27 de noviembre de 2011 la Liga Árabe aprobó sanciones contra Siria, incluida la congelación de activos y un embargo de las inversiones;

P.

Considerando que, el 30 de noviembre de 2011, el Gobierno turco impuso sanciones económicas a Siria, junto con un embargo de armas, incluido el embargo del suministro de armas y equipos militares, y la suspensión de un acuerdo de cooperación con Siria hasta que entre en funciones un nuevo Gobierno; que, el 22 de noviembre de 2011, el Primer Ministro turco le había pedido al Presidente el Asad que renunciara al cargo; y que decenas de miles de refugiados sirios han buscado refugio en Turquía desde marzo de 2011;

Q.

Preocupado por la noticia, recogida por numerosas fuentes, de que las autoridades sirias han ordenado la expulsión del Padre Paolo Dall'Oglio, Abad del Monasterio de Mar Musa, en Siria, ganador en 2006 del primer Premio de la Fundación Euro-Mediterránea para el diálogo entre Culturas Anna Lindh y persona ampliamente conocida por su trabajo en aras de la armonía interreligiosa en el país durante las tres últimas décadas y por su implicación en los esfuerzos con miras a la reconciliación interna basada en la negociación y la libertad de expresión; pidiendo a las autoridades sirias que no lleven a cabo un acto como este, que podría debilitar el diálogo en curso entre cristianos y musulmanes;

R.

Considerando que, el 4 de diciembre de 2011, las autoridades sirias detuvieron a la bloguera Razan Gazzawi en la frontera sirio-jordana cuando supuestamente se dirigía a la capital jordana, Ammán, para participar en un seminario sobre la libertad de prensa organizado por su empleador, el Centro Sirio de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión;

1.

Condena de nuevo con la máxima firmeza la brutal represión ejercida por el régimen sirio contra su población, incluidos los niños; hace extensivas sus condolencias a las familias de las víctimas; reitera su solidaridad con el pueblo sirio no violento que lucha por la libertad, la dignidad y la democracia y aplaude su valentía y determinación, en especial en lo que concierne a las mujeres, que desempeñan un papel crucial en esta lucha;

2.

Toma nota del incumplimiento por parte del régimen sirio -y en particular del Presidente Bachar el Asad que, en su condición de Jefe de Estado constitucional de Siria, es el responsable último- de sus obligaciones dimanantes de la legislación internacional sobre derechos humanos, y pide una vez más el fin inmediato de la represión violenta contra manifestantes pacíficos y del acoso a sus familiares, la liberación de todos los manifestantes detenidos, de los presos políticos, de los defensores de los derechos humanos y los periodistas, así como el pleno acceso al país para las organizaciones internacionales humanitarias y de defensa de los derechos humanos, así como para los medios de comunicación internacionales;

3.

Pide una vez más al Presidente Bachar el Asad y a su régimen que entreguen el poder de inmediato para que pueda producirse una transición democrática en el país;

4.

Pide una investigación pronta, independiente y transparente sobre la violación generalizada, sistemática y grave de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las autoridades, el ejército y las fuerzas de seguridad sirias con el objetivo de garantizar que todos los responsables de estos actos, que pueden constituir crímenes contra la humanidad, rindan cuentas ante la comunidad internacional;

5.

Subraya que opositores y manifestantes sirios han pedido el envío de observadores internacionales para impedir los ataques contra los civiles, y el pleno acceso al país para las organizaciones internacionales humanitarias y de defensa de los derechos humanos, así como para los medios de comunicación internacionales;

6.

Pide una transición pacífica y genuina a la democracia, que responda a las demandas legítimas del pueblo sirio y se base en un proceso integrador de diálogo político nacional con la participación de todas las fuerzas democráticas y la sociedad civil del país; insta a las fuerzas de la oposición a evitar la trampa de la escalada de la violencia y la militarización de la situación al defender a la población; expresa su profunda preocupación por la posibilidad de que la intimidación ejercida por las autoridades sirias se extienda a los activistas de la oposición en el exilio y pide a los Estados miembros de la UE que estudien la posibilidad de expulsar o tomar otras medidas adecuadas contra diplomáticos sirios destinados en la UE involucrados en casos de este tipo;

7.

Celebra y alienta los esfuerzos que realiza, tanto dentro como fuera del país, la oposición siria con miras a establecer una plataforma unitaria, continuar colaborando con la comunidad internacional, en particular con la Liga Árabe, y trabajar en pro de una visión compartida del futuro de Siria y de la transición hacia un régimen democrático; reitera su apoyo al Consejo Nacional Sirio y subraya la importancia de que la oposición siria y el Ejército Libre Sirio se comprometan a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales y mantengan un claro compromiso para con un enfoque pacífico e integrador; apoya las conclusiones del Consejo de 1 de diciembre de 2011 e insta a la UE y a sus Estados miembros a que las apliquen con rapidez y a que encuentren formas de reforzar la asistencia de carácter no militar prestada a esas fuerzas de la oposición;

8.

Subraya una vez más que el Gobierno sirio ha faltado a su responsabilidad de proteger a su población, poner fin de inmediato a todas las violaciones de los derechos humanos y frenar los ataques contra la población civil; considera que, en vista de su incapacidad, la comunidad internacional debe tomar medidas urgentes y oportunas;

9.

Celebra el compromiso de la UE de continuar presionando en favor de un aumento de la presión internacional sobre el régimen sirio; apoya firmemente las decisiones del Consejo, de 14 de noviembre y de 1 de diciembre de 2011, de imponer nuevas medidas restrictivas contra el régimen sirio, y pide una ampliación de la inmovilización de activos y de las prohibiciones de viajar a las familias y empresas que constituyen su principal fuente de financiación; subraya la necesidad de que la UE esté lista para adoptar más medidas para asistir a los ciudadanos sirios que luchan por un futuro democrático por medios pacíficos; pide, en este contexto y mientras continúe la represión, más sanciones de la UE, dirigidas contra el régimen sirio pero que minimicen el impacto negativo sobre la población, así como el establecimiento de mecanismos adecuados para hacer frente a las emergencias humanitarias actuales y futuras en el país; celebra y apoya las conclusiones del Consejo sobre Siria de 1 de diciembre de 2011, en las que se declara también que la UE está dispuesta a desarrollar una nueva y ambiciosa asociación con Siria en todas las áreas de interés mutuo, incluida la movilización de la ayuda y el fortalecimiento de los vínculos comerciales y económicos, tan pronto como el Presidente Bachar el Asad abandone el poder y comience una verdadera transición democrática;

10.

Acoge con satisfacción y apoya las resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Siria, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de noviembre de 2011, por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 2011 y por el Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de noviembre de 2011, así como el informe de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre Siria, de 23 de noviembre de 2011; pide la inmediata suspensión de Siria como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la UNESCO;

11.

Lamenta el hecho de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya sido hasta la fecha capaz de dar una respuesta adecuada a los brutales acontecimientos que se están produciendo en Siria; reitera su llamamiento a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y a Rusia y China en particular, para que cumplan sus responsabilidades de velar por el respeto de las normas internacionales en materia de derechos humanos en Siria; sigue apoyando los esfuerzos de la UE y sus Estados miembros en este ámbito; alienta al mismo tiempo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a remitir los crímenes perpetrados por el régimen sirio contra su población a la Corte Penal Internacional;

12.

Apoya decididamente los esfuerzos de la Liga Árabe para poner fin a la violencia y promover una solución política en Siria; celebra la propuesta de la Liga de enviar una misión de observación para brindar protección a la población civil; expresa su preocupación por la falta de compromiso de las autoridades sirias con la puesta en marcha del Plan de Acción; acoge con satisfacción la decisión de la Liga Árabe de imponer sanciones contra el régimen sirio; pide al régimen sirio que se abstenga de intentar desestabilizar directa o indirectamente a los países vecinos;

13.

Pide una mayor cooperación entre la UE y Turquía en lo relativo a la situación en Siria; celebra la condena de Turquía al régimen sirio, sus sanciones económicas contra ese régimen y su política de mantener las fronteras abiertas a los refugiados;

14.

Insta a la VP/AR a que haga todo lo posible para iniciar conversaciones con Turquía, la Liga Árabe y la oposición siria sobre las modalidades de la creación de corredores humanitarios en la frontera sirio-turca con miras a proteger a los refugiados y civiles sirios que intentan huir del país escapando de la actual represión militar;

15.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de la República Popular China, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, al Gobierno y al Parlamento de la República Árabe Siria, y al Gobierno y al Parlamento de la República de Turquía.