31.5.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 153/1

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Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Visto el Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (denominado, en lo sucesivo, «Reglamento sobre insolvencia») (1),

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Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de mayo de 2006 (2), 10 de septiembre de 2009 (3) y 21 de enero de 2010 (4),

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Vistos los artículos 42 y 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0355/2011),

A.

Considerando que las diferencias entre las legislaciones nacionales sobre insolvencia suponen ventajas o desventajas competitivas o dificultades para las empresas con actividades transfronterizas que pueden convertirse en obstáculos para el éxito de la reestructuración de empresas insolventes; que estas disparidades pueden favorecer la elección de la jurisdicción más ventajosa (forum shopping); que el mercado interior resultaría beneficiado si existiera una igualdad de condiciones;

B.

Considerado que deben adoptarse medidas para prevenir el abuso y la expansión del fenómeno consistente en elegir la jurisdicción más ventajosa y que deben evitarse los procedimientos principales concurrentes;

C.

Considerando que, aunque no sea posible crear un órgano de Derecho material sobre insolvencia a escala de la UE, existen algunos ámbitos de la legislación en materia de insolvencia en los que la armonización es deseable y factible;

D.

Considerando que hay una convergencia cada vez mayor entre las legislaciones nacionales de los Estados miembros sobre insolvencia;

E.

Considerando que el Reglamento sobre insolvencia se aprobó en 2000 y lleva vigente más de nueve años; que la Comisión debería presentar un informe sobre la aplicación del mismo antes del 1 de junio de 2012;

F.

Considerando que el Reglamento sobre insolvencia fue el resultado de un larguísimo proceso de negociación, a consecuencia del cual se dejaron de lado numerosas cuestiones sensibles, y cuyo enfoque de algunos temas ya era obsoleto en la fecha de su aprobación;

G.

Considerando que desde la entrada en vigor del Reglamento sobre insolvencia se han producido numerosos cambios: la Unión cuenta con 12 nuevos Estados miembros y el fenómeno de los grupos de empresas se ha incrementado considerablemente;

H.

Considerando que la insolvencia tiene consecuencias negativas no sólo para las empresas afectadas sino también para las economías de los Estados miembros, y que, en consecuencia, es preciso realizar esfuerzos por proteger a todos los agentes económicos, contribuyentes y empleadores de las repercusiones de la insolvencia;

I.

Considerando que, en la actualidad, el enfoque de los procedimientos de insolvencia se centra en mayor medida en el rescate de empresas como alternativa a la liquidación;

J.

Considerando que la legislación en materia de insolvencia debería ser un instrumento de rescate de las empresas a escala de la Unión; que dicho rescate, siempre que sea posible, debe beneficiar al deudor, a los acreedores y a los empleados;

K.

Considerando que el procedimiento de insolvencia no debe ser objeto de abusos por los acreedores para evitar de este modo la vía de la acción común para el cobro de las deudas, por lo que es necesario prever las salvaguardias procedimentales pertinentes;

L.

Considerando que debería adoptarse un marco jurídico más adaptado a los casos de insolvencia temporal de una sociedad;

M.

Considerando que en su Comunicación de 3 de marzo de 2010 titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020), la Comisión, refiriéndose a la falta de interconexiones y los cuellos de botella que obstaculizan la realización de un mercado único para el siglo XXI, afirma lo siguiente: «El acceso de las PYME al mercado único debe mejorarse. El espíritu emprendedor debe ser desarrollado mediante iniciativas políticas concretas, incluyendo la simplificación de la legislación sobre sociedades (procedimientos de quiebra, estatuto de empresa privada, etc.) e iniciativas que permitan a los emprendedores recuperarse en caso de que falle uno de sus negocios»;

N.

Considerando que la legislación en materia de insolvencia también debe establecer normas sobre la liquidación de una empresa de manera que resulte lo menos perjudicial y lo más beneficiosa posible para todas las partes, tras comprobar que el rescate de la empresa puede fracasar o ha fracasado;

O.

Considerando que en cada caso concreto es preciso realizar un análisis de las causas de la insolvencia de una empresa, es decir, debe determinarse si los problemas económicos de la empresa son tan solo de carácter temporal o si la empresa es totalmente insolvente; que es esencial hacer un inventario de todos los bienes y obligaciones del deudor para poder evaluar su solvencia o insolvencia;

P.

Considerando que los grupos de empresas son un fenómeno corriente pero que su insolvencia aún no ha sido tratada a escala de la Unión; que la insolvencia de un grupo de empresas puede dar pie a la apertura de varios procedimientos de insolvencia por separado en distintas jurisdicciones con respecto a cada empresa perteneciente al grupo insolvente; que, salvo que estos procedimientos puedan coordinarse, es poco probable que el grupo logre reorganizarse en su totalidad, pudiendo resultar necesario desmantelarlo en sus partes constitutivas, con las consiguientes pérdidas para los acreedores, los accionistas y los empleados;

Q.

Considerando que, en caso de insolvencia de grupos de empresas, actualmente resulta muy difícil un saneamiento en la UE debido a las diferentes disposiciones de los Estados miembros en la materia, lo que pone en peligro miles de puestos de trabajo;

R.

Considerando que la interconexión de los registros nacionales de insolvencias, orientada a la creación de una base de datos de la UE completa y de acceso general sobre los procedimientos de insolvencia, permitiría a los acreedores, los socios, los trabajadores y los tribunales saber si se han incoado procedimientos de insolvencia en otro Estado miembro y conocer los plazos y detalles relativos a la presentación de créditos; considerando que de esta manera se favorecería una administración rentable y se reforzaría la transparencia, respetando al mismo tiempo la protección de datos;

S.

Considerando que, en el caso de las entidades financieras, debe poder exigirse por ley el cumplimiento de los «testamentos vitales» transfronterizos, y que estos deben tenerse en cuenta para todas las empresas de importancia sistémica, inclusive si no se trata de entidades financieras, como un paso importante en el proceso del establecimiento de un marco transfronterizo adecuado en el ámbito de la insolvencia;

T.

Considerando que las disposiciones sobre procedimientos de insolvencia deben permitir soluciones específicas para la separación de las unidades viables que presten servicios esenciales, como los sistemas de pago y otros mecanismos definidos en los «testamentos vitales», y que, a este respecto, los Estados miembros deben garantizar asimismo que sus legislaciones en materia de insolvencia incluyen disposiciones adecuadas que permitan soluciones especiales a nivel de la UE por lo que respecta a la separación de los grandes grupos de empresas transfronterizos insolventes en unidades viables;

U.

Considerando que los procedimientos de insolvencia deben tener en cuenta las transferencias entre empresas de un mismo grupo, con el fin de garantizar que, cuando proceda, sea posible la recuperación transfronteriza de activos con miras a conseguir un resultado equitativo;

V.

Considerando que algunas sociedades de inversión, en particular las aseguradoras, no pueden ser disueltas adoptando una visión temporal congelada en un momento concreto, sino que se requiere una distribución equitativa de los activos a lo largo de un período de tiempo; que no debería evitarse la transferencia, liquidación o continuidad de las empresas e incluso podría ser necesario darles prioridad;

W.

Considerando que la decisión de que en los procedimientos de insolvencia intervengan grupos enteros en lugar de personas jurídicas separadas debería basarse en los resultados y tener en cuenta sus posibles repercusiones, como la activación de otras herramientas de resolución o el efecto sobre los sistemas de garantía que incluyen varias marcas de un mismo grupo;

X.

Considerando que sería adecuado analizar la definición de normas y procedimientos de bail-in (recapitalización con capital privado y no público) armonizados para los grandes grupos de empresas transfronterizos, incluida, en particular, la permuta de deuda por capital;

Y.

Considerando que aunque la legislación en materia de empleo es responsabilidad de los Estados miembros, la legislación en materia de insolvencia puede tener un impacto en la legislación sobre el empleo y que, en el contexto de una mayor globalización y también ciertamente de la crisis económica, la cuestión de la insolvencia debe examinarse desde el punto de vista de la legislación sobre el empleo, dado que las diferentes definiciones de «empleo» y «trabajador» en los Estados miembros no deben erosionar los derechos de los trabajadores en caso de insolvencia; considerando, no obstante, que cualquier debate sobre la cuestión específica de la insolvencia no debe ser automáticamente un pretexto para regular la legislación sobre el empleo a nivel de la UE;

Z.

Considerando que la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (5) tiene por objetivo garantizar una protección mínima de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia, a la vez que mantiene un grado adecuado de flexibilidad para los Estados miembros; que existen diferencias entre los Estados miembros en términos de aplicación, y que es necesario examinar dichas diferencias;

AA.

Considerando que la Directiva 2008/94/CE incluye explícitamente en su ámbito de aplicación a los trabajadores a tiempo parcial, los trabajadores con un contrato de duración determinada y los trabajadores con una relación de trabajo temporal; que la protección mayor en caso de insolvencia debe extenderse también a los trabajadores asalariados con contratos atípicos;

AB.

Considerando la ausencia actual de armonización en cuanto a la prelación de acreedores, que reduce la previsibilidad de los resultados de los procedimientos judiciales; que es necesario reforzar el nivel de prioridad de los créditos a favor de los trabajadores asalariados en comparación con los de otros acreedores;

AC.

Considerando que el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/94/CE es excesivamente amplio, en particular por lo que se refiere a la noción de «crédito impagado», ya que varios Estados miembros aplican una definición restrictiva del concepto de remuneración (que excluye, por ejemplo, la indemnización por despido, las bonificaciones, las disposiciones de reembolso, etc.), lo que puede conllevar que no se satisfagan muchos créditos;

AD.

Considerando que los Estados miembros son competentes para definir los conceptos de «remuneración»y «salario», siempre que se atengan a los principios generales de igualdad y no discriminación entre trabajadores, con el resultado de que cualquier situación de insolvencia potencialmente perjudicial para estos últimos debe ser tenida en cuenta con vistas a indemnizarlos de acuerdo con el objetivo social de la Directiva 2008/94/CE y con arreglo a los umbrales de indemnización que se establezcan;

AE.

Considerando que, habida cuenta de los contratos laborales existentes en la UE y de la diversidad de dichos contratos dentro de los Estados miembros, no es posible actualmente intentar definir a escala europea el concepto de «trabajador asalariado»;

AF.

Considerando que deben evitarse en la mayor medida posible las excepciones al ámbito de aplicación de la Directiva 2008/94/CE;

AG.

Considerando que la acción legislativa que se solicita en la presente Resolución debe basarse en evaluaciones de impacto detalladas, tal como ha pedido el Parlamento;

1.

Pide a la Comisión que le someta, basándose en el artículo 50, el artículo 81, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una o varias propuestas relativas a un acto sobre un marco de la UE para la insolvencia de empresas, siguiendo las recomendaciones que se recogen en el anexo, con objeto de garantizar una igualdad de condiciones basándose en un análisis exhaustivo de todas las alternativas viables;

2.

Constata que estas recomendaciones cumplen plenamente con los derechos fundamentales y el principio de subsidiariedad;

3.

Considera que las implicaciones financieras de la propuesta solicitada deben correr a cargo de las dotaciones presupuestarias oportunas;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo.

31.5.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 153/9

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Visto el Quinto informe sobre la cohesión económica, social y territorial de la DG de Política Regional, en particular sus páginas 230-234,

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Vistos las conclusiones del V Informe sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión (COM(2010)0642), y el documento que lo acompaña (SEC(2010)1348),

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Visto el documento de trabajo de la DG de Política Regional sobre Regiones 2000 y la evaluación de los desafíos a lo que se enfrentarán las regiones de la UE, de noviembre de 2008 (documento de referencia para el documento de trabajo de los servicios de la Comisión (SEC(2008)2868),

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Vista su Resolución, de 11 de noviembre de 2010, sobre los retos demográficos y la solidaridad entre las generaciones (1),

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Vista su Resolución, de 21 de febrero de 2008, sobre el futuro demográfico de Europa (2),

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Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 10 de mayo de 2007, titulada «Promover la solidaridad entre las generaciones» (COM(2007)0244),

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Vista su Resolución, de 23 de marzo 2006, sobre los retos demográficos y la solidaridad entre las generaciones (3),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de octubre de 2006, titulada «El futuro demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad (COM(2006)0571),

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Visto el Libro Verde de 16 de marzo de 2005 titulado «Frente a los cambios demográficos, una nueva solidaridad entre generaciones» (COM(2005)0094),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0350/2011),

A.

Considerando que el cambio demográfico en la UE y en el mundo es una realidad y abordarlo es una de las tareas fundamentales del futuro, y que la población de la UE es la más envejecida del mundo;

B.

Considerando que el cambio demográfico se caracteriza por el envejecimiento de la población y por los importantes flujos migratorios tanto desde terceros países hacia la UE como en el interior de la UE, y de este a oeste y de las zonas rurales a las zonas urbanas;

C.

Considerando que el cambio demográfico está generando nuevas tareas para algunas regiones en concreto, pero que debe verse no solamente como una amenaza, sino también como una oportunidad;

D.

Considerando que en el estudio «Regiones 2020» de la DG de Política Regional de la Comisión Europea se califica el cambio demográfico como un desafío crucial;

E.

Considerando que el cambio demográfico afecta por igual a las zonas rurales y a las urbanas, con diversas implicaciones, entre ellas para la oferta de infraestructuras y servicios de calidad,

F.

Considerando que, si bien abordar los múltiples desafíos demográficos es sobre todo una labor que han de realizar los Estados miembros, las regiones han de ser proactivas y, por tanto, necesitan apoyo a escala de la Unión Europea,

G.

Considerando que, en el marco de los programas operativos 2007-2013, los Estados miembros han previsto 30 000 millones de euros en concepto de recursos de los Fondos Estructurales para medidas vinculadas al cambio demográfico, y que las autoridades regionales y locales ocupan una posición central para hacer frente a este cambio, por lo que, de entre los instrumentos de la UE, la política regional será un instrumento decisivo en este ámbito;

1.

Cree que el aumento de la esperanza de vida en Europa es un hecho satisfactorio; opina que, con frecuencia, la opinión pública solamente es consciente de los peligros y no de las oportunidades inherentes al cambio demográfico;

2.

Considera que se deben estudiar detenidamente todas las oportunidades y aprovecharlas de una manera adecuada, inclusive con el apoyo de los instrumentos de la política de cohesión;

3.

Considera que el cambio demográfico se manifiesta de modo muy diverso en las distintas regiones, en función de si se produce con lentitud o celeridad y según se trate de una región de acogida de inmigración o de una región con población en declive, y que, por tanto, requiere estrategias de adaptación distintas y debe ser abordado de forma coordinada por todas las autoridades europeas, nacionales y regionales; señala que la calidad de vida se define de manera diferente en las regiones de población menguante, particularmente las regiones rurales, y en las regiones con población creciente, y considera, por consiguiente, que se precisan estrategias de apoyo diferenciadas; opina que la migración laboral acentúa los efectos del cambio demográfico y que el envejecimiento poblacional es solo un componente de la cuestión;

4.

Considera que el FEDER y el FSE pueden contribuir a hacer frente a los desafíos derivados del cambio demográfico en la UE, en concreto el aumento del número de personas de más edad y la disminución de la población joven; respalda la utilización de fondos del FEDER para apoyar la adaptación de las viviendas a las necesidades de las personas de edad avanzada, a fin de garantizar una calidad de vida elevada de una sociedad que envejece; pide a los Estados miembros y a las regiones que hagan uso de los fondos disponibles en el marco del FEDER y el FSE para apoyar a las familias jóvenes;

5.

Considera que un marco político favorable a la igualdad de género podría ayudarnos a abordar los desafíos demográficos; solicita, por consiguiente, que la cuestión relativa a la igualdad de género se tenga en cuenta en todos los debates sobre las cuestiones demográficas;

6.

Considera que el agravamiento actual de la situación demográfica en al menos algunos de los Estados miembros suscitará debates sobre la reforma de los sistemas de pensiones en un futuro cercano;

7.

Pide a los Estados miembros y a las regiones que tengan en cuenta los niveles divergentes de desarrollo de las regiones y también los indicadores demográficos, por ejemplo la tasa de dependencia, al asignar y distribuir los Fondos Estructurales de la UE y definir los indicadores de impacto; recuerda que la UE tiene la mayor proporción de población de edad avanzada de todo el mundo; considera que la Comisión debería también proponer modos de luchar contra el cambio demográfico a escala europea; considera que es esencial, tanto desde la perspectiva del acceso a las infraestructuras y los servicios como de la protección del medio ambiente, que se analice no solo la migración de mano de obra, sino también la necesidad de asegurar las condiciones necesarias para que los ciudadanos permanezcan en sus regiones, a fin de evitar que la población se concentre en determinadas zonas urbanas;

8.

Considera que mediante la puesta en práctica de las políticas de la UE es posible encontrar soluciones conjuntas y sinergias, también en el ámbito del cambio demográfico; insta a la Comisión a que integre el cambio demográfico como un objetivo horizontal en la futura política de cohesión; pide además a la Comisión que insista en que esta cuestión se tenga en cuenta al celebrar asociaciones de inversión con los Estados miembros;

9.

Anima a los Estados miembros y a las regiones a prestar más atención que en el pasado al cambio demográfico y sus repercusiones, con medidas que lo aborden como objetivo horizontal en la configuración de los programas marco estratégicos nacionales (o cualquier documento correspondiente) y en sus programas operativos; considera, a este respecto, que las medidas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020, incluida la asociación europea para la innovación sobre un envejecimiento activo y saludable, podrían vincularse directamente a las preferencias de los socios en estos programas;

10.

Pide medidas proactivas para prevenir las consecuencias negativas del cambio demográfico y una mayor asistencia técnica a las regiones que más sufren el éxodo y el envejecimiento de la población, con el fin de asegurar su capacidad de absorción y de beneficiarse de los Fondos Estructurales;

11.

Considera que los agentes públicos y privados de Europa tienen la oportunidad de liderar la respuesta a los retos que conllevan el cambio demográfico y el envejecimiento, recurriendo entre otras cosas a medidas de innovación social; señala que, en el futuro, una proporción cada vez mayor de las inversiones tanto del sector privado como del público tendrá que dedicarse a los costes generados por el envejecimiento; observa que el sector tiene un potencial creciente para el mundo empresarial y la innovación;

12.

Destaca que el cambio demográfico, en particular el envejecimiento de la población, incide claramente en las prestaciones de infraestructura social como los regímenes de pensiones y los cuidados de enfermería y asistencia sanitaria, pues las autoridades regionales deben satisfacer la creciente demanda de los diversos grupos de población;

13.

Pide que las normas futuras del FSE sean más sencillas de gestionar y, por consiguiente, permitan a las organizaciones pequeñas aprovechar en mayor medida los fondos y desarrollar y administrar proyectos sociales innovadores; pide a la Comisión que aumente en el futuro FSE los fondos destinados a los proyectos piloto transnacionales a escala de la UE que abordan asuntos sociales y de empleo, para facilitar la cooperación innovadora regional, transfronteriza y macrorregional y hacer así frente a los desafíos comunes resultantes del cambio demográfico;

14.

Anima a las regiones a utilizar los Fondos Estructurales para contribuir a hacer frente a los desafíos demográficos y mejorar el acceso a los servicios sociales y administrativos, también en las ciudades y pueblos pequeños y remotos, promoviendo el potencial específico de cada una de las regiones y reforzando los factores que hacen que las personas quieran permanecer en ellas;

15.

Pide a la Comisión que introduzca condiciones más flexibles para incentivar la financiación combinada por parte del FEDER y el FSE al concebir y aplicar planes o estrategias de desarrollo urbano integrado;

16.

Considera que para evitar el éxodo de estas zonas es necesario desarrollar ciudades favorables a los menores y a las familias, y adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad y con movilidad reducida; estima que una de las características de esta concepción consiste en conseguir, en la medida de lo posible, que las distancias que haya que recorrer para ir al trabajo, al domicilio y a los centros de ocio no sean excesivas; insta a las regiones a que, en el contexto de la ordenación urbana, garanticen la alternancia y el desarrollo de manera equilibrada y armoniosa de las zonas residenciales, las de actividad comercial y las zonas verdes, y la mejora de las conexiones con las zonas suburbanas designadas como nuevas zonas residenciales; pide además que se sigan desarrollando las oportunidades de trabajo a domicilio;

17.

Observa que las ciudades pequeñas en regiones de emigración tienen una función particularmente importante que desempeñar como centros de prestación de servicios; pide que esa función de estabilización se contemple en los futuros Fondos Estructurales, sobre todo mediante una mejor coordinación del FEADER con el FEDER y el FSE; señala que el éxodo rural repercute negativamente sobre las zonas urbanas, y que las zonas rurales dinámicas desde el punto de vista económico y social constituyen un bien público que debe reconocerse a través de un programa de desarrollo rural dotado de los recursos adecuados; pide a los Estados miembros, las regiones y los municipios que ofrezcan una amplia red operativa de servicios a los habitantes de todas las edades, para impedir el éxodo rural y la despoblación;

18.

Señala que los fondos del FEDER también pueden utilizarse para impedir la exclusión social de las personas de edad avanzada, por ejemplo creando infraestructuras y servicios destinados a las mismas y garantizando la accesibilidad de todos;

19.

Considera que en las regiones en las que se registra un descenso de la población deberían apoyarse financieramente las estrategias de adaptación; sostiene que la ordenación urbana y regional debe tener más en cuenta los usos cambiantes de las infraestructuras, inclusive mediante la revitalización y la reestructuración de los centros urbanos, siendo este un ámbito en el que la cooperación con el sector privado también es importante; señala que una de las prioridades de la política urbana debe ser el desarrollo de ciudades adecuadas para las personas de edad avanzada; pide que se reconozca y desarrolle el potencial turístico urbano y los objetivos relativos al patrimonio, dado que ofrecen oportunidades para atraer a nuevos residentes a zonas amenazadas por la despoblación;

20.

Insta a las regiones a que adopten enfoques innovadores en el ámbito del transporte público local que respondan, entre otros, a los desafíos derivados de la reducción del número de pasajeros, en particular en las zonas rurales; pide a la Comisión que apoye financieramente este tipo de proyectos;

21.

Aboga por que se dé prioridad dentro del FEDER a la concesión de créditos con tipos de interés reducidos para poder apoyar la adaptación de las viviendas a las necesidades de las personas de edad avanzada; propone que se permita destinar recursos financieros, bajo determinadas condiciones, a viviendas con servicios de asistencia y a conjuntos residenciales para la convivencia intergeneracional, a fin de evitar el aislamiento de las personas de edad avanzada y aprovechar su potencial creativo, con objeto de garantizar una mejor calidad de vida a una sociedad que envejece;

22.

Anima a los Estados miembros a ajustar las prestaciones sociales y sanitarias a las necesidades de todos, especialmente familias y niños, y a poner a disposición fondos para garantizar a las personas de edad avanzada una prestación de servicios de asistencia a domicilio y una asistencia médica completa, con independencia de sus ingresos, edad o posición social, para evitar la despoblación de las zonas rurales y regiones periféricas;

23.

Considera que las inversiones públicas en los sistemas sanitario y asistencial son importantes para la cohesión social en Europa; insta a los Estados miembros a que garanticen una buena asistencia médica también en las zonas rurales, por ejemplo mediante servicios de salud y clínicas en línea regionales que permitan combatir la «desertización médica», y, en las regiones fronterizas, mediante una mayor cooperación transfronteriza entre clínicas y entre partes interesadas, así como estudiando la posibilidad de utilizar los Fondos Estructurales para promover medidas adicionales en el ámbito de la telemedicina y la asistencia, y apoyar el envejecimiento activo; solicita a la Comisión que determine modos innovadores para prestar ayuda financiera para este tipo de acciones;

24.

Advierte del peligro de problemas regionales específicos en la prestación de servicios de interés general, sobre todo en lo que se refiere a la falta de personal cualificado en el sector de los cuidados sanitarios en ciertas regiones; considera que estas regiones deben desarrollar respuestas regionales específicas para las necesidades y las dificultades de la prestación de servicios y utilizar los fondos del FSE para la formación de personal cualificado en el sector de los cuidados sanitarios para garantizar un nivel elevado de calidad de los cuidados y la creación de nuevos empleos, también a través de programas de reconversión profesional de los desempleados; recalca que de este modo se contribuye directamente al objetivo de Europa 2020 de crear más puestos de trabajo;

25.

Insiste en la importancia de crear condiciones que permitan a las personas equilibrar la vida profesional, familiar y personal y, por ejemplo y a ser posible, de velar por la existencia de una amplia red de centros de atención de menores de todas las edades durante toda la jornada, que sean fiables y de calidad, con medios y posibilidades de aprendizaje preescolar, para impedir la despoblación; reconoce al mismo tiempo la valiosa función que desempeñan las familias ampliadas en el cuidado de los niños;

26.

Entiende que es importante contar con suficientes viviendas asequibles para las familias, de forma que se pueda mejorar la compatibilidad entre la familia y el trabajo, puesto que el apoyo a las familias jóvenes puede ayudar a aumentar la tasa de natalidad en los Estados miembros;

27.

Hace hincapié en que la migración podría causar algunos problemas de integración;

28.

Señala que la migración de mano de obra cualificada de los nuevos Estados miembros a los antiguos Estados miembros es uno de los mayores problemas demográficos para los primeros y está repercutiendo negativamente en la estructura de edad de su población; subraya además que la migración también afecta al personal médico y, por lo tanto, pone en peligro la sostenibilidad del sistema sanitario en las regiones menos desarrolladas;

29.

Reconoce, no obstante, que la migración ofrece también oportunidades, en particular a las regiones de emigración, de detener las repercusiones negativas del cambio demográfico, e insta, por tanto, a los Estados miembros a reconocer la integración de los migrantes como una medida política importante desde el punto de vista estratégico;

30.

Insta a los Estados miembros a que acuerden una estrategia común en materia de migración legal, también porque Europa, especialmente en determinados sectores, depende de la migración de mano de obra cualificada (tanto entre los Estados miembros como de fuera de la UE, especialmente de los países limítrofes de la Unión), por razones de orden demográfico; considera que los Estados miembros deben esforzarse por conservar la mano de obra cualificada para contribuir al desarrollo equilibrado de las regiones y mitigar las consecuencias del cambio demográfico;

31.

Propone que se concedan más fondos para la integración de los inmigrantes a fin de eliminar prejuicios, y que se promuevan los cursos de formación y los actos en comunidad para fomentar los intercambios;

32.

Pide a la Comisión que oriente el FSE de forma que se tengan en cuenta las diferentes fases de la vida de las personas, y que garantice una mayor utilización del potencial profesional y voluntario para asumir los desafíos derivados del cambio demográfico; señala que deberían aprovecharse la experiencia y los conocimientos de las personas de edad avanzada, por ejemplo para ayudar a preparar proyectos, con vistas a facilitar el relevo generacional, para lo que se necesitan soluciones adecuadas; considera que la comunicación intergeneracional ofrece una oportunidad que debería aprovecharse;

33.

Considera que las regiones deberían utilizar de manera decidida los fondos del FSE para luchar contra el desempleo juvenil, con el fin de garantizar la integración social de los jóvenes y brindarles la posibilidad de ejercer una profesión adecuada; señala que esto puede lograrse, por ejemplo, apoyando las medidas de formación para los jóvenes y el espíritu empresarial entre los mismos;

34.

Considera que se debe seguir apoyando el aumento de la tasa de empleo femenino; pide, por consiguiente, que se facilite a más mujeres el acceso a empleos cualificados y a los programas de formación a lo largo de toda la vida, siempre que la cualificación obtenida corresponda a las necesidades del mercado laboral; recomienda a los Estados miembros que desarrollen sistemas que incentiven la participación de los empleados en proyectos especiales que les ayuden a compaginar la vida laboral y la vida familiar;

35.

Hace hincapié en que, en el caso de las regiones europeas que se enfrentan a retos demográficos, la creación del entorno adecuado para un sector privado competitivo e innovador es fundamental para generar nuevas oportunidades de empleo para todas las generaciones;

36.

Considera que la evolución de la estructura demográfica en las regiones debe medirse en términos estadísticos; pide a la Comisión que presente propuestas para se puedan comparar entre sí las bases de datos locales, regionales y nacionales sobre la evolución demográfica, de modo que los datos puedan evaluarse a escala de la UE y se puedan fomentar los intercambios de las mejores prácticas entre Estados, regiones y localidades;

37.

Insta a la Comisión a que perfeccione el «Índice de Vulnerabilidad Demográfica» y a que cada cinco años señale cuáles son las regiones europeas que se encuentran más expuestas al cambio demográfico; pide a la Comisión que establezca prácticas piloto para describir las prácticas que se aplican en las regiones que afrontan mayores retos;

38.

Insta a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a que mejoren el grado de cooperación con los actores locales y regionales en las cuestiones relacionadas con el cambio demográfico; estima que en las regiones fronterizas esa cooperación tiene que responder a los deseos y al margen para iniciativas transfronterizas; sugiere el desarrollo de programas de formación en la materia para lograr un mejor conocimiento y concienciación sobre esta problemática; pide a las regiones que lleven a cabo un intercambio de buenas prácticas en relación con los retos vinculados al envejecimiento;

39.

Propone a la Comisión que, en el marco de la cooperación territorial, promueva la creación de redes europeas en las que las autoridades locales y regionales y los agentes de la sociedad civil puedan aprender unas de otras para resolver los problemas derivados del cambio demográfico;

40.

Solicita a la Comisión que estudie el modo de reformular adecuadamente la idea de un programa ERASMUS destinado a los cargos electos locales y regionales, y que presente con mayor detalle su idea relativa a una Universidad de verano o de invierno, lo que permitiría a representantes de las distintas regiones europeas intercambiar opiniones sobre experiencias positivas y posibles soluciones en cuestiones demográficas;

41.

Pide a la Comisión que recopile las buenas prácticas, las analice y las comparta con los Estados miembros y sus regiones, a fin de que puedan servir de ejemplo a la hora de diseñar políticas para los restos demográficos;

42.

Pide a los Estados miembros y a las regiones que intercambien experiencias, buenas prácticas y nuevos enfoques para prevenir las consecuencias negativas del cambio demográfico;

43.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

31.5.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 153/15

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Vista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (1),

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vista la su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre la creación de una tarjeta profesional europea para los proveedores de servicios (2),

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Vista la sentencia del Tribunal de Justicia, de 19 de enero de 2006, en el Asunto C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Rec. 2006),

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Visto el informe 2010 sobre la Ciudadanía de la UE - La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE (COM(2010)0603),

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Vista la consulta pública puesta en marcha por la Comisión en marzo de 2001 sobre la Directiva 2005/36/CE,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

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Visto el informe de Mario Monti, de 9 de mayo de 2010, titulado «Una nueva estrategia para el mercado único»,

—

Vista la audiencia con los parlamentos nacionales de 26 de octubre de 2010 sobre la transposición y la aplicación de la Directiva 2005/36/CE,

—

Visto el estudio encargado por él mismo sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales (PE 447.514),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de octubre de 2010, titulada «Hacia un Acta del Mercado Único - Por una economía social de mercado altamente competitiva» (COM(2010)0608),

—

Visto el Informe SOLVIT de 2010 sobre el desarrollo y eficacia de la red SOLVIT,

—

Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre un mercado único para los europeos (3),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado Único – Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza ‧Juntos por un nuevo crecimiento‧ » (COM(2011)0206),

—

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 22 de junio de 2011, sobre la modernización de la Directiva de cualificaciones profesionales (COM(2011)0367),

—

Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 5 de julio de 2011, sobre el resumen de las respuestas a la consulta pública sobre la modernización de la Directiva de cualificaciones profesionales (4),

—

Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 5 de julio de 2011, relativo a la evaluación de la Directiva de cualificaciones profesionales (5),

—

Vistos el artículo 48 y el artículo 119, apartado 2, de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, así como las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0373/2011),

A.

Considerando que la movilidad de los profesionales en la Unión Europea será cada vez más importante debido a los cambios demográficos;

B.

Considerando que los cambios en los mercados de trabajo exigen mayor transparencia, simplificación y flexibilidad en las normas de reconocimiento de las cualificaciones profesionales;

C.

Considerando que la movilidad de los profesionales es un factor clave para el desarrollo económico y para lograr una recuperación económica sostenible;

D.

Considerando que, según las conclusiones del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), se espera que la demanda de trabajadores altamente cualificados aumente en más de 16 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea de aquí a 2020;

E.

Considerando que el derecho a obtener empleo o a prestar servicios en otro Estado miembro es un derecho fundamental en virtud de los Tratados y constituye un ejemplo concreto de cómo los ciudadanos pueden beneficiarse del mercado único;

F.

Considerando que la libre circulación de personas dentro de la UE y el derecho al reconocimiento de los méritos y aptitudes profesionales solo serán realidad si se reducen a un mínimo las barreras invisibles actuales y desaparecen algunas normativas nacionales que actualmente dificultan de forma desproporcionada el ejercicio del derecho a acceder a trabajos cualificados;

G.

Considerando que velar por que el sistema de reconocimiento de cualificaciones profesionales esté diseñado de la mejor manera posible es requisito indispensable para que todas las personas gocen plenamente de las ventajas de la libre circulación;

H.

Considerando que el Acta del mercado único pone de relieve que la modernización del régimen de reconocimiento de las cualificaciones profesionales es clave para potenciar el crecimiento económico y reforzar la confianza de profesionales y ciudadanos;

I.

Considerando que uno de los principales motivos de la dificultad para reconocer los títulos académicos o las cualificaciones profesionales es la falta de confianza en los criterios de acreditación y concesión de cualificaciones académicas del país de origen, por lo que es urgentemente necesario implantar medidas para el reconocimiento automático, eliminando prejuicios y obstáculos formales nacionales para el reconocimiento;

J.

Considerando que desde 2007 se han adoptado cerca de 10 000 decisiones en aplicación de la Directiva, haciendo posible la movilidad de 85 000 profesionales (6);

K.

Considerando que los profesionales de la salud son los que tienen una mayor movilidad entre las profesiones reguladas de la UE, y que entre 2007 y 2010 se concedió el reconocimiento a cerca de 57 200 médicos, enfermeros, dentistas, farmacéuticos, matronas y cirujanos veterinarios;

L.

Considerando que sigue existiendo una diferencia entre las expectativas de los ciudadanos y la realidad, de modo que más del 16 % de los casos vistos por SOLVIT en 2010 se referían al reconocimiento de cualificaciones profesionales (7),

M.

Considerando que es difícil determinar la autoridad responsable del reconocimiento de las cualificaciones profesionales, por la complejidad de los procedimientos seguidos;

N.

Considerando que la Directiva relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza establece que el Estado miembro de tratamiento debe garantizar que la información sobre el derecho a la práctica de los profesionales sanitarios que figuran en los registros nacionales o locales establecidos en su territorio se pondrá a disposición de las autoridades de los otros Estados miembros, mediante un intercambio de información a través del Sistema de Información del Mercado Interior;

O.

Considerando que los casos SOLVIT relacionados con las cualificaciones profesionales ascendieron a 220 en 2010, y que dos tercios de los mismos procedían de solo cuatro Estados miembros;

P.

Considerando que la Directiva 2005/36/CE consolida normas establecidas en quince Directivas anteriores adoptadas de 1960 en adelante;

Q.

Considerando que no todos los Estados miembros llevaron a cabo la transposición de la Directiva 2005/36/CE a su debido tiempo y que ésta no llegó a aplicarse del todo hasta pasados tres años del plazo originalmente establecido;

R.

Considerando que la adecuada aplicación de esta Directiva reforzaría la dimensión humana del mercado único;

S.

Considerando que la creación de una tarjeta profesional europea podría facilitar y agilizar el proceso de reconocimiento de las cualificaciones profesionales;

1.

Considera que la libre circulación de un número cada vez mayor de personas y de trabajadores altamente cualificados es uno de los beneficios clave de la cooperación europea y de un mercado interior competitivo, así como un importante factor de desarrollo para las economías de toda la UE y un derecho del que gozan todos los ciudadanos de la UE; está plenamente convencido de que ha de reforzarse la movilidad de los trabajadores para los ciudadanos de la UE y de que deben eliminarse los obstáculos indirectos, siempre que se establezca un equilibrio entre la movilidad y la calidad de las cualificaciones profesionales;

2.

Apoya todas las iniciativas destinadas a facilitar la movilidad transfronteriza como medio para conseguir el funcionamiento eficiente de los mercados laborales y para impulsar el crecimiento económico y la competitividad dentro de la UE; reconoce la necesidad de modernizar la Directiva 2005/36/CE para garantizar un marco jurídico claro y sólido;

3.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan fomentando la movilidad entre los profesionales; señala que el número relativamente bajo de profesionales móviles constituye un motivo de preocupación y sugiere que se ideen estrategias para hacer frente a este problema; destaca el resultado de la reciente encuesta del Eurobarómetro, según la cual más del 50 % de los jóvenes europeos están dispuestos a trabajar en el extranjero o deseosos de hacerlo (8);

4.

Pide a los Estados miembros que difundan el conocimiento de las ventajas de la Directiva entre sus ciudadanos y profesionales;

5.

Considera que el diálogo entre las partes interesadas con miras a una actualización regular de los requisitos de formación inicial, de reconocimiento de la experiencia y de la formación continua es un elemento fundamental para armonizar la formación; considera, además, que superponer un 28o régimen a los sistemas nacionales no es la manera de resolver de manera clara y satisfactoria la cuestión de las diferencias de formación;

6.

Señala que la mayor parte de quienes han respondido a la encuesta organizada por la Comisión consideran que el principio de acceso parcial es desaconsejable, resulta difícil de controlar en la práctica y debe clarificarse; hace hincapié, sin embargo, en que el acceso parcial podría aportar ventajas, pero únicamente a aquellas profesiones en las que se pueden delimitar claramente las tareas; solicita una evaluación detallada del principio y pide que dicha evaluación se aplique caso por caso, pero excluyendo las profesiones reguladas que tienen relevancia para la salud y la seguridad;

7.

Acoge con satisfacción el éxito conseguido en general por el procedimiento de reconocimiento automático; subraya, sin embargo, que el proceso de reconocimiento conforme al régimen general basado en la experiencia profesional es excesivamente lento y complicado para las autoridades competentes y para quienes ejercen determinadas profesiones;

8.

Observa, subrayando al mismo tiempo la importancia del sistema de declaración previa, que en el marco de la consulta pública organizada por la Comisión en 2011 se han señalado numerosos motivos de preocupación y que, por consiguiente, las medidas encaminadas a mejorar la movilidad temporal de los profesionales debe constituir un aspecto clave de la próxima revisión de la Directiva relativa a las cualificaciones profesionales; pide que se clarifique con mayor detalle el concepto de prestación de servicios con carácter temporal u ocasional, teniendo en cuenta que una definición que abarcase todas las profesiones sería imposible de desarrollar y socavaría el principio de subsidiariedad;

9.

Señala que las autoridades competentes encuentran dificultades para aplicar el régimen de declaración previa, ya que no existe un planteamiento coherente para la evaluación del carácter temporal y ocasional de un servicio, y ya que es extremadamente difícil controlar las actividades de los proveedores de servicios sobre el terreno; insta a la Comisión a evaluar las disposiciones actualmente establecidas en el artículo 7 de la Directiva y a aportar explicaciones adicionales respecto a la jurisprudencia existente, en particular la relativa a las profesiones con implicaciones para la salud y la seguridad públicas; pide a la Comisión que presente sus conclusiones al Parlamento;

10.

Pone de relieve que una gran mayoría de los interesados considera esencial el artículo 7, apartado 4, de la Directiva, que permite a los Estados miembros efectuar verificaciones previas de las cualificaciones para las profesiones relacionadas con la salud y la seguridad que no están incluidas en el reconocimiento automático; sostiene, sin embargo, que, para aumentar la transparencia, los Estados miembros deben aclarar qué profesiones consideran que tienen implicaciones para la salud o la seguridad públicas;

11.

Coincide con la Comisión en que la definición de «formación reglada» es demasiado restrictiva y en que ello puede afectar desfavorablemente a la movilidad temporal de los profesionales; opina que este concepto ha de comprender todas las formaciones que permitan el ejercicio de la respectiva profesión en el Estado miembro de origen;

12.

Insta a la Comisión a dejar claro que una declaración a efectos de movilidad temporal debe ser válida, en principio, en todo el territorio de un Estado miembro y a dilucidar si es necesaria una declaración anual;

13.

Pide que los prestadores de servicios que los prestan exclusivamente a consumidores a quienes acompañan a otros Estados miembros y que, por tanto, no entran en contacto con los consumidores locales del Estado miembro al que se desplazan (por ejemplo, los guías turísticos, o los entrenadores o el personal médico que acompañan a deportistas) queden excluidos del deber de notificación previa establecido en el artículo 7; aboga por tal exclusión para el caso de todos los servicios que no afecten a la salud y seguridad públicas;

14.

Insta a la Comisión a coordinar y consolidar las distintas fuentes de información de que se dispone actualmente sobre asuntos relacionados con el reconocimiento de las cualificaciones profesionales –entre ellas, los puntos de contacto nacionales (PCN) y los organismos profesionales– en el portal «Tu Europa», que da acceso a las ventanillas únicas actualmente disponibles en aplicación de la Directiva sobre los servicios; señala que así se facilitará a los profesionales, en sus lenguas respectivas, una interfaz pública en la que podrán cargar documentos, acceder a su tarjeta profesional e imprimirla, y obtener información actualizada sobre el proceso de reconocimiento, así como información administrativa sobre autoridades competentes, organismos profesionales y documentos exigidos;

15.

Afirma que es preciso mejorar el diálogo, los intercambios de información en el interior de cada profesión y la cooperación entre las autoridades competentes y los PCN, tanto a escala nacional como entre Estados miembros; pide a la Comisión que facilite la creación de redes de autoridades competentes y organismos profesionales para las profesiones con mayor movilidad, el intercambio de información general sobre los procesos nacionales y los requisitos educativos, la puesta en común de mejores prácticas y la búsqueda de posibilidades de cooperación más profunda, como las plataformas comunes; considera que las autoridades públicas y los interlocutores sociales deben mantener un diálogo estructurado sobre la manera de elevar el grado de integración profesional de los jóvenes;

16.

Pide a los Estados miembros que, como parte de las medidas de fomento de la movilidad, mejoren la eficacia con la que las autoridades públicas difunden la información relativa tanto a los derechos de los trabajadores como a los procedimientos de reconocimiento de las cualificaciones profesionales, de forma que se limite el efecto disuasorio de la burocracia;

17.

Insta a los Estados miembros, por consiguiente, a utilizar las modernas tecnologías de la comunicación, como las bases de datos y los procedimientos de registro en línea, con miras a garantizar que se cumplen los plazos establecidos conforme al régimen general de reconocimiento y que mejoran significativamente el acceso a la información y el conocimiento de los procedimientos;

18.

Pide que se imponga a las autoridades competentes para una profesión la obligación de facilitar información de contacto actualizada a todas las demás autoridades competentes para la misma;

19.

Pide a la Comisión que establezca directrices relativas al plazo dentro del cual la autoridad competente debe emitir una decisión sobre un expediente completo que una persona le haya presentado, puesto que la reducción de este plazo mediante un mayor uso del IMI y la optimización de los procedimientos también facilitarían la movilidad; pide a los Estados miembros que aporten recursos suficientes para garantizar el reconocimiento profesional en un plazo razonable;

20.

Insta a los Estados Miembros, a las autoridades competentes y a la Comisión a poner en práctica mayor transparencia, de manera que los solicitantes o las personas afectadas puedan recibir una explicación detallada de las razones por las que sus títulos o sus cualificaciones profesionales han sido rechazados;

21.

Sostiene que el procedimiento actual de notificación de nuevos títulos es demasiado complejo; pide a la Comisión que facilite la notificación de nuevos títulos y que actualice el anexo V de la Directiva con mayor puntualidad;

22.

Insta a los Estados Miembros, a las autoridades competentes y a la Comisión a velar por que el reconocimiento de títulos o certificados esté a la par con el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, para crear un verdadero mercado interior europeo e internacional y evitando de este modo regular lo ya regulado;

23.

Destaca que las medidas compensatorias, que permiten a las autoridades competentes exigir una prueba de aptitud o un período de prácticas de hasta tres años y que son fundamentales para garantizar la seguridad de los consumidores y de los pacientes, deben ser revisadas con el fin de evaluar su idoneidad para resolver los problemas existentes; pide que se ofrezcan mejores explicaciones y que se evalúe el Código de conducta con el fin de prestar asistencia a las autoridades competentes;

24.

Pide el establecimiento de directrices no vinculantes de la UE relativas a la aplicación de las medidas compensatorias, que deberán elaborarse en consulta con las autoridades competentes, los organismos profesionales, los Estados miembros y el Parlamento Europeo;

25.

Resalta que el examen del nivel de cualificación con arreglo al artículo 11 resulta especialmente complicado y costoso para las autoridades y difícilmente comprensible para los ciudadanos; señala que los cinco niveles de cualificación previstos en el artículo 11 pueden dar lugar a malentendidos con los ocho niveles del Marco Europeo de Cualificaciones; comparte la valoración de la Comisión de que la supresión del artículo 11 y de los anexos II y III significaría que las autoridades competentes ya no tendrían que decidir con arreglo al nivel de cualificación antes establecido si el solicitante cumple los requisitos de formación, sino que podrían concentrarse en determinar si existen diferencias sustanciales entre las formaciones o se precisan cursos de formación adicionales; considera, por tanto, que la supresión de los niveles de cualificación, incluidos los anexos II y III, simplificaría sustancialmente el procedimiento de reconocimiento;

26.

Destaca que siguen existiendo grandes disparidades entre los sistemas de formación de los Estados miembros; señala por ello que, en lo que se refiere a la duración mínima de la escolaridad requerida para ciertas formaciones, es necesario asimismo contabilizar los períodos realizados generalmente en los centros de formación profesional en el caso de sistema duales de formación;

27.

Insta a los Estados miembros y a las autoridades competentes, con el respaldo de la Comisión Europea, a realizar estudios para establecer una taxonomía europea de las capacidades, competencias y ocupaciones con miras a dilucidar si los títulos y profesiones corresponden a las mismas capacidades y competencias en los distintos Estados miembros, y a desarrollar un instrumento europeo de análisis;

28.

Considera que el Código de conducta debería difundirse de forma más adecuada, para garantizar una aplicación más satisfactoria de la Directiva al promover una interpretación común de las disposiciones;

29.

Pide a la Comisión que reinstaurare los mecanismos de diálogo entre los Estados miembros, las autoridades competentes y los organismos profesionales con miras a actualizar, con la mayor regularidad posible y de acuerdo con los avances científicos y técnicos, los requisitos mínimos de formación para los distintos sectores profesionales, con el fin de reflejar la práctica profesional actual, poner al día la actual clasificación de las actividades económicas basada en la experiencia profesional y establecer un mecanismo sencillo para la actualización permanente de los requisitos mínimos de formación; tomando en consideración el futuro desarrollo de los procesos de Bolonia y de Copenhague, insta a la Comisión a examinar la introducción de un enfoque basado en competencias mediante la definición de los requisitos mínimos de formación, no solo en términos de duración, sino también de resultados del aprendizaje;

30.

Insta a la Comisión a no fragmentar el proceso de modernización del reconocimiento automático, como se sugiere en el Libro Verde, y a garantizar que se atribuyen al Parlamento las adecuadas facultades de control cuando se introduzcan cambios sustanciales en la Directiva;

31.

Acoge con satisfacción las reciente reformas emprendidas como parte del proceso de Bolonia y las ventajas que este proceso ofrece a los estudiantes europeos en cuanto a movilidad y posibilidades de empleo; anima a la Comisión Europea a ayudar a los Estados miembros a hacer más transparente y comparable el sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos (ECTS), con el fin de que se convierta en una herramienta esencial para facilitar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones y, en última instancia, la movilidad;

32.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta la importancia de armonizar los resultados del aprendizaje y las competencias clínicas a la hora de establecer unos requisitos mínimos de formación;

33.

Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de ampliar aún más el alcance del reconocimiento automático en el futuro;

34.

Pide más aclaraciones acerca de la prolongación de la duración de la educación general propuesta como requisito de admisión para la formación en enfermería y obstetricia;

35.

Pide una aclaración complementaria de la propuesta de supresión del artículo 21, apartado 4, de la Directiva relativa a las cualificaciones profesionales;

36.

Pide a los Estados miembros que comparen los requisitos mínimos de formación y organicen intercambios más regulares entre ellos mismos y también entre las autoridades competentes, con miras a la aproximación de los requisitos mínimos de formación;

37.

Señala que para evaluar la aplicación de la Directiva 2005/36/CE es necesario establecer una lista de los certificados o de las pruebas de posesión de cualificaciones oficiales que están reconocidos en uno o más Estados miembros pero no lo están en otros; considera que dicha lista debería incluir los casos en que a ciudadanos que han obtenido un título en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen se les deniega el reconocimiento de dicho título cuando regresan a su Estado miembro propio;

38.

Pone de relieve el elevado número de profesiones reguladas en la Unión Europea e insta a los Estados miembros a reconsiderar la pertinencia de la clasificación de determinadas profesiones, para determinar si las cualificaciones oficiales y las definiciones de las profesiones corresponden a las mismas competencias y cualificaciones en todos los Estados miembros; considera que reducir el número total de profesiones reguladas en la UE aumentaría la movilidad; señala, sin embargo, que dicha clasificación puede estar justificada por consideraciones de protección de los consumidores, especialmente en el caso de las profesiones médicas, jurídicas y técnicas;

39.

Considera que la manera más efectiva de posibilitar la libre circulación de profesionales sería reducir el número de profesiones reguladas en la UE; pide a la Comisión que incluya en una Directiva revisada un mecanismo mediante el cual los Estados miembros puedan comprobar sus disposiciones normativas, excepto las relacionadas con las profesiones sanitarias, y puedan eliminarlas si no son proporcionadas;

40.

Sostiene que la protección de la seguridad de consumidores y pacientes es un objetivo vital en el contexto de la revisión de la Directiva y que el éxito de esta última depende en gran medida de que se asegure la movilidad garantizando al mismo tiempo la seguridad; pone de relieve la situación especial de los profesionales sanitarios;

41.

Destaca que se han producido graves problemas con profesionales que han seguido ejerciendo en la UE a pesar de haber sido suspendidos o inhabilitados;

42.

Pide que se establezca, en el marco del sistema de información del mercado interior (IMI) y para las profesiones que no se rijan por la Directiva de servicios, un mecanismo de alerta proactivo que obligue a emitir una alerta hacia todos los Estados miembros cuando se adopten medidas legales contra el registro de un profesional o contra su derecho a ofrecer servicios, a condición de que dicho mecanismo de alerta no contenga otra información, respete la presunción de inocencia y observe las normas vigentes en materia de protección de los datos;

43.

Señala que el público y los pacientes necesitan mayores garantías de que los profesionales de la salud que se benefician del reconocimiento mantienen al día sus conocimientos y competencias;

44.

Resalta la solicitud de las partes interesadas de que se haga más hincapié en el desarrollo profesional continuo (DPC), incluido el aprendizaje formal, no formal e informal (permanentes), y en la necesidad de evaluarlo; señala que la competencia a escala mundial y la orientación hacia una economía basada en el conocimiento representan nuevos desafíos en el ámbito del desarrollo de capacidades y de la educación; insta a la Comisión, por consiguiente, a explorar métodos para documentar todo el aprendizaje, tal vez mediante los pasaportes europeos de competencias y el Marco Europeo de Cualificaciones o el IMI, y a elaborar una tabla comparativa de los diversos sistemas de DPC existentes en los Estados miembros; pide asimismo a la Comisión que determine si una solución adecuada para los distintos niveles de DPC de los profesionales sanitarios podrían ser las medidas de compensación; anima a las autoridades competentes a proporcionar información sobre el DPC durante el proceso de reconocimiento, a intercambiar buenas prácticas en este ámbito y a intercambiar información sobre el DPC, especialmente en los sectores y Estados miembros en los que este sea obligatorio;

45.

Destaca la importancia de que la formación continua se ajuste específicamente a las necesidades del mercado laboral en cada uno de los Estados Miembros, con miras a obtener un mayor aprovechamiento de los recursos formativos para las personas empleadas;

46.

Pone de relieve que la extensión del procedimiento de reconocimiento a cualificaciones de terceros países podría dar lugar a abusos del sistema, como la «búsqueda del fuero más ventajoso», y sería excesivamente peligrosa para las autoridades competentes del Estado miembro de acogida;

47.

Insiste en que, en el caso de los profesionales de la salud, la capacidad de comunicación con los colegas y los pacientes es fundamental para evitar situaciones peligrosas o que encierren una amenaza para la vida de las personas;

48.

Considera que debe clarificarse el contenido del artículo 53 de la Directiva 2005/36/CE, relativo a los requisitos lingüísticos, puesto que existe una controversia permanente entre la Comisión, el Tribunal de Justicia y los Estados miembros en torno a la interpretación de esta disposición; insta a la Comisión y a los Estados miembros, por consiguiente, a revisar el régimen de requisitos lingüísticos aplicado a los profesionales sanitarios, facilitando a las autoridades competentes la flexibilidad necesaria para conocer y, solo si es necesario, examinar las competencias lingüísticas de los profesionales –en el terreno técnico y en el de la comunicación oral habitual– como parte del proceso de reconocimiento; considera que, sin perjuicio de la capacidad de los empresarios para comprobar personalmente la competencia lingüística de los profesionales cuando seleccionen candidatos a un empleo determinado, debe aplicarse escrupulosamente, a este respecto, el principio de subsidiariedad, para que las pruebas de esta clase no se conviertan en un obstáculo adicional;

49.

Sostiene que la competencia lingüística es crucial para facilitar la integración de un profesional en otro país, garantizar la calidad de los servicios prestados y proteger la seguridad de consumidores y pacientes;

50.

Hace hincapié en que, para proteger a los pacientes, los médicos que prestan servicios de sanidad por vía electrónica deben ofrecer los mismos niveles de calidad y seguridad que en la prestación de servicios sanitarios no electrónicos; por lo tanto, conviene aclarar que los requisitos de esta Directiva y, si procede, otros adicionales deben aplicarse a los proveedores de servicios de sanidad electrónica;

51.

Señala que el desarrollo de la asistencia sanitaria por vía electrónica y de un sistema asistencial a distancia exige que los profesionales de enfermería y los médicos, una vez formados, puedan atender a pacientes de distintas nacionalidades, y que para ello será necesario promover la colaboración entre los centros de formación, los hospitales y las universidades de diferentes países en beneficio de los profesionales y titulados que tienen que atender a los pacientes por medio de aquellos instrumentos;

52.

Acoge con satisfacción los resultados de los proyectos piloto de tarjeta profesional anunciados en el Foro del Mercado Único de Cracovia; insiste en que todo certificado profesional debe ser voluntario, acreditar la experiencia académica y profesional adquirida y estar vinculado al sistema IMI; considera que una tarjeta profesional podría ser un instrumento útil para potenciar la movilidad en algunas profesiones, simplificar los procedimientos administrativos y aumentar la seguridad; insta a la Comisión a aportar –antes de que se introduzca ninguna tarjeta– pruebas del valor añadido que podría tener para el proceso de reconocimiento; subraya que la introducción de una tarjeta de este tipo debe cumplir condiciones concretas de seguridad y protección de datos e insiste en que deben establecerse las salvaguardias necesarias contra el abuso y el fraude;

53.

Reitera que, si la UE va a reducir la desigual aplicación y el control del cumplimiento de la Directiva 2005/36/CE relativa a las cualificaciones profesionales en toda la UE27, todos los Estados miembros deben tener más confianza y fe en los sistemas de los demás;

54.

Apoya la extensión del IMI a las profesiones que todavía no se rigen por este sistema de información tal y como se recoge en la propuesta de Reglamento relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI) (9), así como a las profesiones que no se rigen por la Directiva 2005/36/CE;

55.

Solicita la introducción obligatoria del IMI para las autoridades competentes con el fin de facilitar una cooperación administrativa proactiva y simplificar los procedimientos de reconocimiento; considera que el IMI podría mejorarse más: por ejemplo, ampliando las funcionalidades disponibles con el fin de facilitar el trabajo de las autoridades nacionales; insta a la Comisión a poner en pie estructuras de acompañamiento en materia de formación y de respaldo técnico para conseguir que se aprovechen todas las posibilidades de mejora de la eficiencia del sistema;

56.

Solicita que se potencie la movilidad de los titulados y que se cumpla la sentencia del asunto Morgenbesser (10); considera que los Estados miembros deberían incentivar las prácticas remuneradas en el extranjero para los titulados procedentes de otro Estado miembro, si ofrecen esa posibilidad también a sus propios nacionales; destaca, además, que la experiencia profesional adquirida durante las prácticas supervisadas debe reconocerse en el Estado miembro de origen;

57.

Hace hincapié en que el concepto de plataformas comunes descrito en el artículo 15 de la Directiva no ha tenido éxito, puesto que todavía no existen tales plataformas; considera que tienen el potencial para ser herramientas útiles en la facilitación de la movilidad y que son los propios profesionales quienes deben definirlas y controlarlas; acoge con agrado el deseo expresado por la Comisión de mejorar dicho concepto en un artículo revisado; pide a la Comisión que conceda a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para optar por tomar o no tomar parte en cualquier plataforma común y que baje el mínimo exigido para la participación de los Estados miembros;

58.

Sostiene que la introducción de una plataforma común debería estar sujeta a una prueba hecha en el mercado interior y sometida a supervisión parlamentaria;

59.

Destaca que esta Directiva debe integrar la protección de datos, en consonancia con la Directiva 95/46/CE, y que las revisiones de la misma deben incluir también la evolución de las disposiciones en materia de protección de datos; subraya que debe existir información de contacto actualizada acerca de la autoridad competente responsable de la gestión de datos y que deben existir normas y prácticas claras relativas al almacenamiento y uso de los datos de los profesionales, así como directrices para corregir la información errónea;

60.

Señala que las negociaciones entre la UE y Suiza han llevado a un acuerdo relativo a la modificación del anexo III del Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre la libre circulación de personas para incluir la Directiva 2005/36/CE; señala que el acuerdo prevé una aplicación provisional de la mayor parte de la Directiva, a excepción del título II, que exige adaptaciones en Suiza, y que la Decisión del Consejo relativa al mencionado acuerdo expirará si Suiza no notifica la conclusión de sus procedimientos internos para la aplicación de la Decisión en un plazo de 24 meses a partir de la aprobación de esta última; se compromete a seguir con atención las novedades que surjan a este respecto;

61.

Insta a la Comisión a velar por que la transposición de toda revisión de la Directiva se lleve a cabo debidamente y dentro del plazo establecido; urge a los Estados miembros a dar la debida prioridad a esta Directiva;

62.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

31.5.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 153/25

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal como ha sido incorporada a los Tratados mediante el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (Tratado UE),

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Visto el artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado FUE), según el cual «el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados»,

—

Visto el artículo 3, apartado 3, del Tratado UE, que obliga a la Unión a obrar en pro de «una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y […] un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente»,

—

Visto el artículo 9 del Tratado FUE, que estipula que «en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana»,

—

Visto el artículo 11 del Tratado FUE, que estipula que «las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible»,

—

Visto el artículo 12 del Tratado FUE, que estipula que «al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la Unión se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores»,

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Vistos el artículo 14 del Tratado FUE y su Protocolo no 26 sobre los servicios de interés (económico) general,

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Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

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Vista su Resolución legislativa, de 6 de julio de 2011, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1924/2006 y (CE) no 1925/2006 y se derogan las Directivas 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE y el Reglamento (CE) no 608/2004 (1),

—

Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre derechos de los consumidores (2),

—

Visto el Informe anual 2010 de la Red de Centros Europeos de los Consumidores, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2011,

—

Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 7 de abril de 2011, titulado «Consumer Empowerment in the EU» (Capacitación de los Consumidores en la Unión Europea) (SEC(2011)0469),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2011, titulada «Los consumidores en casa en el mercado único», quinta edición del Marcador de condiciones del consumidor (SEC(2011)0299),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 octubre 2010, titulada «Los consumidores en casa en el mercado único», cuarta edición del Marcador de condiciones del consumidor (SEC(2010)1257),

—

Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre la crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas que deberán adoptarse (informe intermedio) (3),

—

Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la realización del mercado interior del comercio electrónico (4),

—

Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre un mercado minorista más eficaz y más justo (5),

—

Visto el informe de 9 de mayo de 2010 del Profesor Mario Monti para la Comisión sobre la revitalización del mercado único, titulado «Una nueva estrategia para el mercado único»,

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los consumidores y los ciudadanos (6),

—

Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre la protección de los consumidores (7),

—

Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 2 de julio de 2009, sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores («Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores») (COM(2009)0336),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consumidores en la UE (COM(2009)0557),

—

Vistos la Comunicación de la Comisión, de 7 de julio de 2009, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una metodología armonizada para clasificar y notificar las reclamaciones y consultas de los consumidores (COM(2009)0346, y el correspondiente proyecto de Recomendación de la Comisión (SEC(2009)0949),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2009, sobre la aplicación del acervo en materia de consumidores (COM(2009)0330),

—

Vistas la Recomendación de la Comisión, de 29 de junio de 2009, sobre medidas para mejorar el funcionamiento del mercado único (8) y la Recomendación de la Comisión, de 12 de julio de 2004, relativa a la transposición al Derecho nacional de las Directivas que afectan al mercado interior (9),

—

Vista la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes (Directiva sobre seguridad de los juguetes) (10),

—

Visto el Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos (11), que pretende establecer un marco general de normas y principios relacionados con la acreditación y vigilancia del mercado,

—

Vistas la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo titulada «Estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007-2013 – Capacitar a los consumidores, mejorar su bienestar y protegerlos de manera eficaz» (COM(2007)0099), y la Resolución del Parlamento, de 20 de mayo de 2008, sobre la estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007-2013 (12),

—

Visto el informe elaborado por la sección especializada en el mercado único, la producción y el consumo del Comité Económico y Social Europeo sobre los obstáculos al mercado único europeo–2008 (13),

—

Visto el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores (Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores) (14),

—

Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2006, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adoptción de una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitaria en el ámbito de la política de los consumidores (2007-2013) (15),

—

Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales) (16),

—

Vista la Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (17),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0369/2011),

A.

Considerando que los ciudadanos de la UE tienen un importante papel que desempeñar como consumidores en la consecución de los objetivos de Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, ya que el gasto de los consumidores genera más de la mitad del PIB de la UE;

B.

Considerando que, según la tasa de privación material, un 16,3 % de la población de la UE corre riesgo de caer en la pobreza y que este porcentaje se eleva al 17,1 % para las mujeres;

C.

Considerando que, como indica el Eurobarómetro especial 342 de abril de 2011 sobre la capacitación de los consumidores, una gran mayoría de estos tiene confianza y se considera bien informado, mientras que, al mismo tiempo, una parte considerable desconoce la legislación básica de protección de los consumidores;

D.

Considerando que los consumidores no constituyen un único grupo homogéneo, pues existen grandes diferencias entre ellos en lo que se refiere a competencias, conocimiento de la legislación, disposición a hacer valer sus derechos y voluntad de obtener reparación;

E.

Considerando que, como indica el Eurobarómetro especial 342 de abril de 2011 sobre la capacitación de los consumidores, las mujeres dedican a las compras más tiempo (3,7 horas en una semana normal) que los hombres (2,8 horas);

F.

Considerando que, según la quinta edición del Marcador de condiciones del consumidor de marzo de 2011, la situación de los consumidores sigue siendo muy variable en los distintos países de la UE;

G.

Considerando que la insatisfacción de los consumidores con el funcionamiento de los servicios financieros se debe en parte al mal asesoramiento que reciben y al hecho de que, según el Marcador de condiciones del consumidor, la mayoría de los consumidores no conocen sus derechos en el ámbito de los servicios financieros y el 98 % no escoge la opción de inversión más adecuada, lo que conlleva un coste estimado del 0,4 % del PIB de la UE;

H

Considerando que la divulgación de información es necesaria e importante en todos los sectores de servicios financieros para consumidores; que la estrategia debe reconocer que no basta con proporcionar mercados competitivos en los que los consumidores puedan tomar decisiones en su propio interés; y que para hacer la divulgación más eficiente es importante que la información se facilite en las lenguas nacionales y regionales oficiales de la UE;

I.

Considerando que categorías de personas especialmente vulnerables por causa de una deficiencia mental, física o psicológica, por su edad o su credulidad, como, por ejemplo, los niños, los adolescentes o los ancianos, o las personas fragilizadas por su situación social y financiera (personas sobreendeudadas, por ejemplo) necesitan una protección especial;

J.

Considerando que la UE ha establecido objetivos de reducción de las emisiones de CO2, instando para ello a adoptar pautas de consumo más sostenibles;

K.

Considerando que un mercado interior que funcione adecuadamente debería ser capaz de ofrecer al consumidor una gama más amplia de productos y servicios de calidad a precios competitivos y garantizar asimismo un elevado nivel de protección del consumidor y del medio ambiente;

L.

Considerando que el mercado interior debe crecer sin debilitar la protección de los consumidores, garantizando al mismo tiempo la libre circulación de servicios y velando por que se preste la debida atención a la protección de los trabajadores;

M.

Considerando que los consumidores informados pueden identificar los mejores precios, condiciones de venta y calidad, impulsando así la competitividad y la innovación;

N.

Considerando que un mercado interior plenamente integrado crearía múltiples beneficios para los consumidores europeos, como precios más bajos y una selección más amplia de productos y servicios;

O.

Considerando que, como indica el Marcador de condiciones del consumidor de marzo de 2011, los minoristas desconocen los derechos básicos de los consumidores de la UE, lo que puede ir en detrimento de estos y también afectar a la disposición de los comerciantes a efectuar operaciones transfronterizas;

P.

Considerando que todas las partes interesadas (incluyendo la Comisión, las autoridades judiciales, las organizaciones de consumidores y el sector privado) deben intensificar sus esfuerzos para alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores y de refuerzo de sus capacidades, ya que un control eficaz del mercado y de la aplicación de la reglamentación por las autoridades públicas es esencial para garantizar que productos ilegales o peligrosos no entren en el mercado europeo o que sean retirados de este;

Q.

Considerando que, en el contexto actual de declive económico, es más importante que nunca que las normas se apliquen con rigor y coherencia, ya que la crisis reduce las opciones de los consumidores;

R.

Considerando que el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales pueden contribuir a una transposición y aplicación más efectivas de la legislación en materia de protección del consumidor si cooperan estrechamente entre sí;

S.

Considerando que el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales deben proteger la salud y bienestar de sus ciudadanos;

1.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de lanzar una Agenda del consumidor, y destaca la necesidad de que la Comisión proponga una política activa para definir una normativa inteligente con el objetivo de lograr un marco legal coherente; pide, por otra parte, que todas las futuras medidas de política de los consumidores sigan un enfoque global que sitúe al consumidor en el centro del mercado único;

2.

Destaca que las prioridades de las políticas deben estar vinculadas y contar con el apoyo de las estadísticas del Marcador de condiciones del consumidor; pide a la Comisión que tenga en cuenta en su estrategia de política de protección de los consumidores las veinte principales preocupaciones, recientemente publicadas, de los ciudadanos y las empresas respecto al mercado único;

3.

Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión en su Programa de trabajo para 2012 para la revisión de la política de los consumidores y su estrategia legislativa, integrando iniciativas en todos los servicios competentes de la Comisión; señala, en particular, que es necesario velar por que en toda la Unión Europea los consumidores gocen de la plena protección que ofrecen los principales actos legislativos, como las directivas sobre prácticas comerciales desleales y crédito al consumo;

4.

Acoge con satisfacción un enfoque estratégico en materia de protección del consumidor, sobre la base de la experiencia adquirida gracias a la estrategia 2007-2013; subraya la necesidad de una mejor coordinación entre la política de los consumidores y los objetivos sociales y ambientales, como parte de la estrategia Europa 2020;

5.

Señala la necesidad de aplicar convenientemente la legislación existente, en particular la última Directiva sobre derechos de los consumidores, y de divulgar adecuadamente la información pertinente en materia de derechos y obligaciones de cada una de las partes; subraya también la necesidad de examinar el acervo actual tras la adopción de la Directiva sobre derechos de los consumidores y las nuevas iniciativas previstas;

6.

Subraya la necesidad de coherencia en la ejecución de las políticas en materia de protección de los consumidores y, a este respecto, propone que se reabra el debate sobre el reparto de las acciones previstas en el seno de la Comisión;

7.

Pide a la Comisión que vele por una mejor coordinación de sus políticas que afectan a los consumidores;

8.

Pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen la cooperación internacional y el intercambio de información con terceros países en el ámbito de la protección de los consumidores;

9.

Subraya los numerosos desafíos a que se enfrenta la Agenda del consumidor, como la capacitación de los consumidores y la reducción de los niveles de desigualdad, el fomento de un consumo sostenible, la reducción de la exposición de los consumidores a productos peligrosos y la protección de los consumidores, especialmente de los niños, contra la publicidad engañosa; pide que los responsables de las políticas lleven a cabo una profunda reflexión sobre la formulación de políticas más inteligentes que ofrezcan a los consumidores la información que necesitan y puedan realmente usar, sin crear nuevas cargas para las empresas;

10.

Pide a la Comisión que conceda una especial protección a los grupos de consumidores especialmente vulnerables debido a su discapacidad mental, física o psicológica, edad o credulidad, o que se han fragilizado como consecuencia de su situación social y financiera; apoya el trabajo de la Comisión en materia de economía del comportamiento, que considera esencial para garantizar la eficacia en la práctica de las medidas de protección del consumidor;

11.

Insta a la Comisión a mejorar los criterios y las disposiciones para realizar un mayor número de evaluaciones de impacto y revisar, si procede, la legislación de la UE con impacto en la política de los consumidores, y a establecer buenas prácticas que permitan a los Estados miembros aplicar correctamente la legislación en vigor;

12.

Observa el aumento significativo del comercio electrónico, que es ahora muy importante para los consumidores, habida cuenta de que el 40 % de los ciudadanos de la UE efectúan compras en línea; señala que es necesario aumentar la confianza de los consumidores y minoristas, en particular en lo que concierne al comercio transfronterizo en línea, garantizando sus derechos y sus obligaciones en Internet;

13.

Lamenta la gran diferencia entre el nivel de las compras efectuadas en sitios en línea nacionales y las transfronterizas; señala que, según el Marcador de condiciones de consumo, el 44 % de los consumidores afirman que la incertidumbre sobre sus derechos los desanima a comprar bienes en otros Estados miembros, y que la entrega tardía, la falta de entrega y el fraude son los principales factores que impiden las compras transfronterizas; pide, por tanto, que la estrategia de la política de protección de los consumidores de la UE promueva el crecimiento y la innovación en el sector minorista y, en particular, la realización del mercado único digital para ayudar a los consumidores de la UE a hacer compras transfronterizas;

14.

Recuerda el vector económico que representan unos consumidores seguros, tanto para el comercio interior como para el transfronterizo, en línea o fuera de línea;

15.

Subraya la necesidad de informar a los consumidores sobre sus derechos y obligaciones, y de velar por que los derechos de los consumidores sean plenamente respetados en la utilización de Internet, la protección de los derechos de propiedad intelectual, la protección de los datos personales y el respeto de la vida privada;

16.

Subraya que los datos personales de los consumidores tienen un valor económico sustancial, por ejemplo, las bases de datos que contienen perfiles de consumidores que se utilizan para la publicidad direccional; señala que la mayoría de los usuarios desconocen el valor de los datos que facilitan voluntariamente a las empresas; pide a la Comisión que garantice que existe un grado suficiente de competencia en el mercado para la publicidad en línea y los motores de búsqueda, y que controle cómo utilizan los datos las empresas interesadas, de conformidad con el marco actual de protección de datos;

17.

Subraya la necesidad de ofrecer a los consumidores y comerciantes una información más transparente y coherente, por ejemplo mediante la indicación del precio por unidad y unos sitios Internet precisos y transparentes de comparación de precios, así como un etiquetado de los productos que sea informativo y eficaz;

18.

Resalta la importancia del etiquetado y, en este contexto, pide a la Comisión que tenga en cuenta las demandas específicas y crecientes de los consumidores en relación, por ejemplo, con el comercio justo, la huella de carbono, las posibilidades y el tipo de reciclaje, y el marcado de origen;

19.

Subraya la necesidad de garantizar el acceso universal a la red de banda ancha de alta velocidad y de telecomunicaciones, y un amplio acceso a los bienes y servicios en línea, incluso mediante la eliminación de las restricciones a la distribución, la supresión de la segmentación geográfica y el desarrollo de servicios de pago electrónicos;

20.

Subraya la necesidad de que en la Agenda del consumidor se preste atención al mercado de contenidos para los productos digitales, como por ejemplo los libros electrónicos;

21.

Subraya la necesidad de capacitar a los consumidores proporcionándoles información útil, específica y comprensible; insiste en que las autoridades de la UE y nacionales, así como las organizaciones de consumidores y las empresas, necesitan redoblar esfuerzos para mejorar la educación del consumidor; pide a la Comisión que proponga una legislación sobre el mercado único que sea favorable a los consumidores, para garantizar que se tengan plenamente en cuenta los intereses de estos en el funcionamiento del mercado único;

22.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten apoyo adecuado y respalden las capacidades de las organizaciones de consumidores de cada Estado miembro, con vistas a reforzar su función y sus recursos, mejorando así la capacitación de los consumidores;

23.

Insiste en la necesidad de educar a los consumidores desde la más corta edad en la comprensión y la gestión de la información que figura en los productos; pide a la Comisión que haga más identificable e intuitiva la identificación de los logotipos europeos, cuyo índice de reconocimiento es aún poco satisfactorio (véanse en particular el logotipo de marca de conformidad CE, la etiqueta ecológica europea «ecolabel», la banda de Moebius para el reciclado o los logotipos que indican peligro);

24.

Pide a la Comisión que lleve a cabo campañas informativas en todos los Estados miembros sobre la marca comunitaria «CE» y su importancia, aportando una imagen clara a los consumidores de lo que representa (o no) dicha marca, consolidando su información y procurando también aumentar la sensibilización de los profesionales en lo referente a la seguridad de los productos;

25.

Considera que la sociedad civil, junto con las organizaciones de consumidores y las empresas, deben canalizar más soluciones innovadoras para la difusión de información sobre el mercado único, que permitan a los ciudadanos aprovechar plenamente las oportunidades existentes; insiste en la importante función que desempeña la sociedad civil ayudando a las PYME y a los consumidores, en particular aquellos que se encuentran en las posiciones más vulnerables, como los jóvenes o las personas sin acceso a Internet, a superar las barreras y restricciones lingüísticas, tecnológicas y administrativas que existen en los Estados miembros;

26.

Lamenta que el cambio de proveedor o de tarifa siga siendo un trámite engorroso en algunos sectores, lo que impide que los consumidores tengan la libertad de elegir y daña la competencia; pide a la Comisión que vuelva a examinar esta cuestión a fin de que los consumidores aprovechen plenamente las posibilidades del mercado interior;

27.

Pide a la Comisión que examine los obstáculos a la movilidad de los consumidores que aún persisten en lo relativo al cambio de banco, y que examine posibles soluciones para eliminarlos, como el establecimiento de un sistema de portabilidad del número de la cuenta bancaria para toda la UE;

28.

Señala la importancia que tienen para los consumidores unas comisiones bancarias transparentes, la realización de las operaciones en plazos más breves y unos procedimientos más sencillos para cambiar de cuenta bancaria;

29.

Observa que alrededor de 30 millones de ciudadanos de la UE carecen de acceso a servicios bancarios básicos, y pide a la Comisión que presente una propuesta, como anunció que haría en el Acta del Mercado Único y en su Programa de trabajo de 2011;

30.

Destaca la necesidad de formular políticas para la protección de los consumidores que tengan en cuenta las características específicas de los grupos de consumidores vulnerables;

31.

Pide que se establezca una vinculación explícita entre la estrategia y el programa político en materia de competencia, y que se emprendan acciones conjuntas para conseguirlo, de forma que los consumidores se beneficien de ofertas en mejores condiciones;

32.

Subraya la urgente necesidad de aumentar el nivel general de seguridad de los productos de consumo en la UE, especialmente en el marco de la próxima revisión de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos; pide a la Comisión que, en cooperación con organismos competentes de la UE, examine más detenidamente las cuestiones relativas a los efectos de los productos químicos en la salud de los consumidores, la resistencia a los antibióticos y las nanotecnologías, con arreglo a la legislación de la UE existente en esos ámbitos;

33.

Destaca igualmente la necesidad de elevar los niveles de seguridad de los juguetes, e insta a los Estados miembros a que transpongan sin demora y plenamente la nueva Directiva sobre la seguridad de los juguetes;

34.

Pide a la Comisión que desarrolle un sistema común de evaluación y etiquetado, como indicaba en su Resolución sobre un mercado único para las empresas y el crecimiento, sobre la base del ciclo de vida total del producto, en particular con vistas a simplificar y armonizar los sistemas, superar el coste de la fragmentación para las empresas y los consumidores, y evitar la publicidad engañosa;

35.

Pide mayores garantías de seguridad de los productos, en particular para el comercio electrónico en el mercado interior;

36.

Pide que se refuerce el sistema de notificación RAPEX y se haga más eficaz y transparente para los consumidores, a fin de mejorar el conocimiento global de los riesgos que plantean determinados productos destinados al consumo, y para permitir que las empresas y autoridades aduaneras adopten sin demora las medidas adecuadas;

37.

Observa, a este respecto, la importancia de disponer de unos mercados transparentes y fiables, de mejorar los estándares profesionales y de evitar conflictos de intereses en la prestación de servicios financieros a los consumidores, así como el papel crucial de la educación financiera;

38.

Destaca la importancia del acceso a la educación y al asesoramiento financieros, y pide una mejor regulación de los servicios de asesoramiento en este campo;

39.

Señala que las nuevas Autoridades Europeas de Supervisión tienen competencias específicas en cuanto a la protección del consumidor en materia de servicios financieros, y espera que la estrategia las recoja, inspirándose en las mejores prácticas de las autoridades nacionales y garantizando una adecuada participación de las partes interesadas, particularmente los representantes de los consumidores;

40.

Hace un llamamiento en favor de que se establezca un alto nivel de protección del consumidor en toda la UE, de forma que pueda fortalecerse aún más el mercado interior en el ámbito de los servicios financieros y se eviten las prácticas proteccionistas;

41.

Pide que se asignen fondos a proyectos de investigación de los consumidores, en particular en el ámbito del comportamiento de estos y la recopilación de datos, para ayudar a formular políticas que respondan a las necesidades de los consumidores;

42.

Propone desarrollar el apoyo europeo a la investigación en sectores de futuro, como el consumo verde y ético, o el apoyo a la puesta en común de bienes de consumo corriente (coches, bicicletas, electrodomésticos, etc.);

43.

Pide a la Comisión que continúe trabajando en la venta de bienes y las cláusulas contractuales abusivas, la revisión de las normas sobre prácticas comerciales desleales, la Directiva sobre crédito al consumo, la Directiva sobre la publicidad engañosa, así como la cuestión más amplia de si las normas sobre prácticas comerciales desleales deben aplicarse a las relaciones entre empresas; insta a los Estados miembros a que transpongan plena y correctamente las normas y la legislación del mercado interior, en particular la Directiva sobre derechos de los consumidores, la Directiva sobre el comercio electrónico y el Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor;

44.

Insta a la Comisión a que en el marco de la Agenda del consumidor resalte la importancia de la normalización para que la información complicada y los procesos complejos resulten más sencillos de comprender para los consumidores, por ejemplo en el ámbito de los servicios, y a que garantice que en esta importante tarea participan tanto las organizaciones de consumidores como las autoridades nacionales.

45.

Insta a la Comisión a que incluya en la Agenda del consumidor un elemento de accesibilidad a fin de asegurarse de que los grupos vulnerables tengan acceso a los productos y servicios esenciales que necesitan; señala que ello demostrará claramente la dimensión social de las políticas relativas a los consumidores;

46.

Señala que las personas mayores y las personas con discapacidad siguen teniendo problemas de seguridad y acceso en relación con los principales productos y servicios; manifiesta a este respecto que se pueden utilizar normas para que el mayor número de consumidores posible tenga acceso a los productos y servicios, independientemente de su edad o capacidad;

47.

Pide a la Comisión que tome en consideración la perspectiva de género en la Agenda del consumidor al asumir su compromiso de hacer que dicha perspectiva forme parte integrante de la formulación de sus políticas; pide asimismo a la Comisión que vele por que la Agenda del consumidor no contemple discriminación alguna por motivos de sexo en lo que se refiere al acceso a los productos y servicios y al suministro de los mismos;

48.

Pide a la Comisión que aborde la cuestión de cómo el consumo privado puede ser más sostenible para así favorecer la innovación, el crecimiento económico y una economía con bajas emisiones de carbono, en consonancia con el objetivo establecido en la Estrategia Europa 2020; opina que debe prestarse especial atención a los sistemas inteligentes de energía, pues el uso de las nuevas tecnologías debería permitir a todos los usuarios de la red participar en el mercado interior de la energía a fin de ahorrar energía y de reducir o mitigar los costes de esta, garantizando al mismo tiempo el suministro de energía a los consumidores vulnerables;

49.

Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las partes interesadas que coordinen sus esfuerzos para informar mejor a los consumidores sobre formas más eficientes de comprar y consumir alimentos, a fin de prevenir y luchar contra su desperdicio;

50.

Destaca la importancia de evaluar el impacto de la liberalización en la satisfacción del consumidor, y pide, en este sentido, una evaluación del funcionamiento del mercado de la energía;

51.

Alienta a la Comisión a seguir apoyando y destacando el trabajo de la Red de Centros Europeos de Consumidores, que debería desempeñar un papel destacado para informar a los consumidores sobre sus derechos y para ayudarlos si deciden presentar una reclamación; destaca el importante papel que desempeña la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores para aplicar correctamente la legislación en materia de protección de los consumidores y fomentar la cooperación entre las autoridades nacionales competentes;

52.

Pide a la Comisión que utilice todas las competencias que le conceden los Tratados para mejorar la transposición, la aplicación y la observancia de toda la legislación de la UE sobre protección de los consumidores; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para aplicar plena y correctamente dicha legislación;

53.

Pide que se establezcan unos mecanismos de recurso más accesibles y eficaces, como la solución alternativa de conflictos, el recurso colectivo o la solución de litigios en línea, con objeto de mejorar la capacitación de los consumidores; observa con preocupación que la actual falta de indemnización constituye una importante laguna en el ordenamiento jurídico, pues permite que los comerciantes conserven beneficios obtenidos ilegalmente;

54.

Hace un llamamiento en favor de unos mecanismos accesibles y efectivos de reparación para los consumidores europeos, como elementos indispensables para eliminar las barreras en el mercado interior, especialmente en materia de comercio electrónico, y pide a la Comisión que presente una o más propuestas mediante el procedimiento legislativo ordinario, garantizando la adecuada participación del Parlamento;

55.

Celebra los trabajos en curso para desarrollar un sistema europeo de solución alternativa de conflictos recurriendo a los sistemas nacionales y de empresa existentes para combinar un nivel elevado de protección de los consumidores con unas condiciones comerciales equitativas para los empresarios;

56.

Pide a la Comisión que se base en las mejores prácticas de los Estados miembros, tales como el modelo nórdico de Defensor del pueblo, y considere la posibilidad de conferir autoridad jurídica a la Red de Centros Europeos de Consumidores en el área de solución de litigios relacionados con el consumidor;

57.

Considera que este sistema reforzará el mercado interior y ofrecerá a los consumidores un sistema equitativo de recurso para disputas transfronterizas, creando así confianza entre el consumidor y la industria y evitando litigios onerosos para la industria y los consumidores;

58.

Pide a la Comisión que inicie un debate interinstitucional sobre el camino que se debe seguir para mejorar la protección jurídica de los consumidores en sus transacciones de mercado, teniendo en cuenta el enfoque que contempla la Directiva sobre los derechos de los consumidores;

59.

Destaca la necesidad de que el próximo Marco Financiero Plurianual para después de 2013 incluya una línea presupuestaria adecuada para alcanzar los objetivos establecidos en el presente informe y en la futura Agenda del consumidor; señala que las posibilidades de que las organizaciones de consumidores puedan representar a los consumidores en todos los Estados miembros dependen de una financiación adecuada y garantizada por parte de la UE.

60.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

31.5.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 153/35

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de marzo de 2011, titulada «Libro verde. Sobre el juego en línea en el mercado interior» (COM(2011)0128),

—

Vistos los artículos 51, 52 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

—

Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (1),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2010 y los informes de actividad de las Presidencias francesa, sueca, española y húngara del Consejo sobre el marco aplicable a los juegos y apuestas en los Estados miembros de la Unión Europea,

—

Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2009, sobre la integridad de los juegos de azar en línea (2),

—

Vista su Resolución, de 8 de mayo de 2008, sobre el Libro Blanco sobre el deporte (3),

—

Vista la Directiva 2010/13/UE del parlamento europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (4),

—

Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (5),

—

Vista la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (6),

—

Vista la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (7),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de junio de 2011, sobre la lucha contra la corrupción en la UE (COM(2011)0308),

—

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (8),

—

Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (9),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de enero de 2011, sobre el desarrollo de la dimensión europea en el deporte (COM(2011)0012,

—

Vista la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (10),

—

Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (11),

—

Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (12),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0342/2011),

A.

Considerando que el sector de los juegos de azar en línea crece de manera constante, hasta cierto punto fuera del control de los gobiernos nacionales de los ciudadanos a quienes se ofrecen estos servicios de juego de azar que no constituye como sector un mercado como los demás, debido a los riesgos que comporta en relación con la protección de los consumidores y con la lucha contra la delincuencia organizada;

B.

Considerando que, en aplicación del principio de subsidiariedad, no existe una legislación europea específica para la regulación de los juegos de azar en línea,

C.

Considerando que los servicios de juegos de azar están sujetos a varios actos legislativos de la UE, tales como la Directiva de servicios de medios audiovisuales, la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, la Directiva sobre contratos a distancia, la Directiva sobre el blanqueo de capitales, la Directiva sobre protección de datos, la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y la Directiva sobre el sistema común del impuesto sobre el valor añadido,

D.

Considerando que el sector del juego está sometido a diferentes reglamentaciones en los distintos Estados miembro y que esta situación no sólo dificulta que los operadores regulados puedan proporcionar servicios de juego legítimos en el ámbito transfronterizo sino que también hace prácticamente imposible la protección del consumidor y la lucha contra la criminalidad ligada a los juegos de azar a escala de la UE,

E.

Considerando que el valor añadido de un enfoque europeo en materia de lucha contra la delincuencia y el fraude, en particular en lo relativo a la protección de la integridad del deporte, así como a la protección de jugadores y consumidores, posee especial importancia,

F.

Considerando que el artículo 56 del TFUE garantiza la libre prestación de servicios, pero que, como consecuencia de su naturaleza particular, ha sido necesario excluir explícitamente los juegos de azar en línea de las Directivas de comercio electrónico, servicios y derechos de los consumidores,

G.

Considerando que, a pesar de que el TJUE ha aclarado varias cuestiones jurídicas relacionadas con los juegos de azar por Internet en la UE, sigue habiendo inseguridad jurídica en lo que respecta a otras varias cuestiones, que solo pueden resolverse en el ámbito político; y considerando que esta inseguridad jurídica ha provocado un importante aumento en la disponibilidad de ofertas de juegos de azar ilegales y en los elevados riesgos que estos entrañan,

H.

Considerando que los juegos de azar en línea, si no están debidamente regulados, pueden suponer un mayor riesgo de adicción que los tradicionales juegos de azar presenciales, debido, entre otras cosas a la mayor facilidad de acceso y a la total ausencia de control social;

I.

Considerando que es necesario educar a los consumidores sobre los daños que pueden causar los juegos de azar en línea y protegerles frente a los peligros de este sector, sobre todo la adicción, el fraude, el timo y la participación de menores,

J.

Considerando que los juegos de azar representan una importante fuente de ingresos que la mayoría de Estados miembros canalizan para fines benéficos y de utilidad pública, como el deporte,

K.

Considerando que es imprescindible garantizar la integridad del deporte reforzando la lucha contra la corrupción y contra el fenómeno de los partidos trucados,

L.

Considerando que, para alcanzar estos objetivos, resulta indispensable establecer mecanismos de control de las competiciones deportivas y de los flujos financieros, así como mecanismos de supervisión comunes a escala de la Unión Europea,

M.

Considerando que la cooperación a escala internacional entre todas las partes implicadas (instituciones, federaciones deportivas, operadores de apuestas) resulta asimismo primordial para el intercambio de buenas prácticas,

1.

Aplaude que la Comisión Europea haya adoptado la iniciativa de lanzar una consulta pública en el marco del Libro Verde sobre el juego en línea, que permitirá reflexionar de forma pragmática y realista sobre el futuro de este sector en Europa,

2.

Se congratula por la aclaración de la Comisión, precisando que el proceso político iniciado por el Libro Verde no tiene por objeto en modo alguno desregular/liberalizar los juegos de azar en línea;

3.

Recuerda la creciente importancia económica del sector de los juegos de dinero y de azar en línea, cuyos ingresos anuales superaron los 6 000 millones de euros en 2008, lo que representa el 45 % del mercado mundial; coincide con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en que esta es una actividad económica con características específicas; recuerda que este crecimiento también conlleva un mayor coste social derivado del juego compulsivo y de las prácticas ilegales;

4.

Considera que una regulación eficiente del sector de los juegos de azar en línea;

5.

Opina que dicha regulación permitiría mantener el atractivo de las competiciones deportivas entre los consumidores y el público, así como garantizar el mantenimiento de la credibilidad de los resultados deportivos y del prestigio que poseen las competiciones deportivas;

6.

Destaca el punto de vista del TJUE (13), según el que Internet solamente es un canal de oferta de juegos de azar con tecnologías perfeccionadas que pueden utilizarse para proteger a los consumidores y mantener el orden público, aunque no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros decidan su propio enfoque en materia de regulación de los juegos de azar en Internet y les ofrece la opción de limitar o excluir determinados servicios ofrecidos a los consumidores;

7.

Subraya que, teniendo en cuenta de las diferentes tradiciones y culturas de los Estados miembros, cualquier regulación del sector de juegos de azar debe respetar escrupulosamente el principio de subsidiariedad, que debe ser entendida como "subsidiariedad activa", lo que supone la cooperación entre las administraciones nacionales; considera, sin embargo, que este principio implica el cumplimiento de las normas del mercado interior en la medida en que proceda de conformidad con lo dispuesto en la sentencia del TJCE sobre juegos de azar;

8.

Considera que la disponibilidad de una atractiva oferta de servicios de juegos de azar bien regulada, tanto por Internet como por los canales tradicionales presenciales, es indispensable para garantizar que los consumidores no usen a operadores que no cumplan los requisitos nacionales en cuanto a licencias;

9.

Así pues, rechaza un instrumento jurídico europeo sobre la regulación común de todo el sector de los juegos de azar en línea pero, no obstante, considera que, teniendo en cuenta la naturaleza transfronteriza de los juegos de azar en línea, se obtendría un claro valor añadido con un enfoque común europeo en ciertas áreas, además de la regulación nacional;

10.

Reconoce la libertad que se ofrece a los Estados miembros en relación con la organización de los juegos de azar, garantizando al mismo tiempo los principios de base del TUE de no discriminación y proporcionalidad; Respeta la decisión de algunos Estados miembros de prohibir total o parcialmente los juegos de azar en línea o de mantener los monopolios de los gobiernos en este sector, a lo que tienen derecho de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, siempre que adopten un enfoque coherente;

11.

Recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido, en diversas ocasiones, que la concesión de derechos exclusivos a un operador sometido a un exhaustivo control de los poderes públicos puede permitir una mejor protección de los consumidores frente al fraude y una lucha más eficaz contra la delincuencia vinculada al sector de los juegos de azar;

12.

Señala que los juegos en línea constituyen una actividad económica de tipo especial a la que no pueden aplicarse de forma ilimitada las normas del mercado interior, en particular la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios; Reconoce, no obstante, la coherencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cual subraya que habría de promulgar y aplicar controles nacionales de forma coherente, proporcionada y no discriminatoria;

13.

Destaca, por un lado, que los proveedores de juegos de azar en línea deben respetar en todo caso las legislaciones nacionales de los países en los que están operativos esos juegos y, por otro lado, que los Estados miembros deben mantener el derecho de imponer medidas para atajar el juego de azar ilegal en línea, con el fin de aplicar la legislación nacional y de excluir a los proveedores ilegales del acceso al mercado;

14.

Considera que no es aplicable el principio de reconocimiento mutuo automático de licencias nacionales de los juegos de azar en las circunstancias actuales, pero insiste en que, para respetar los principios del mercado interior, los Estados miembros que abren el sector de juegos de azar en línea a la competencia para todos o algunos tipos de juegos deben garantizar la transparencia y hacer posible una competencia no discriminatoria; sugiere, en estos casos, a los Estados miembros que adopten un modelo de concesión de licencias que permita solicitar una licencia a cualquier operador de juegos de azar que cumpla las condiciones impuestas por el Estado miembro de acogida; pueden establecerse procedimientos de solicitud de licencia que reduzcan las cargas administrativas, evitando la duplicación innecesaria de requisitos y controles realizados en otros Estados miembros, en los Estados miembros que han puesto en práctica un sistema de licencias, garantizando el papel preeminente del regulador en el Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud; considera necesario, en consecuencia, reforzar la confianza entre los reguladores nacionales mediante una mayor cooperación administrativa; respeta, además, la decisión de algunos Estados miembros de determinar el número de operadores, tipos y cantidades de juegos en oferta, a fin de proteger a los consumidores y evitar la delincuencia, a condición de que dichas restricciones sean proporcionadas y reflejen una preocupación por limitar las actividades en este sector de manera coherente y sistemática;

15.

Pide a la Comisión que explore - en consonancia con el principio de ‧subsidiariedad activa‧ - todas las herramientas o medidas posibles a escala de la UE destinadas a proteger a consumidores vulnerables, evitar la adicción y combatir a los operadores ilegales en el sector del juego, incluyendo la cooperación formal entre los reguladores nacionales, unos parámetros de acción comunes para los operadores o una directiva marco; considera que un código europeo de conducta para los juegos de azar en línea acordado entre reguladores y operadores podría ser un primer paso;

16.

Es de la opinión de que un código paneuropeo de conducta para los juegos de azar en línea debería incluir los derechos y obligaciones tanto del proveedor de servicios como del consumidor; considera que este código de conducta debe ayudar a garantizar un juego responsable, un alto nivel de protección para los jugadores, sobre todo en el caso de menores y otras personas vulnerables, apoyar mecanismos del ámbito tanto de la UE como nacional que combatan la delincuencia informática, el fraude y la publicidad engañosa y, en última instancia, proporcionar un marco de principios y normas que garantice que los consumidores estén protegidos de igual forma por toda la UE;

17.

Destaca que los Estados miembros debe adoptar más medidas para impedir que los proveedores ilegales de juegos ofrezcan sus servicios en línea, por ejemplo mediante listas negras de proveedores de juegos de azar ilegales; pide a la Comisión que examine la posibilidad de proponer instrumentos jurídicamente vinculante que obliguen a los bancos emisores de tarjetas de crédito y otros participantes del sistema de pagos en la UE a bloquear, basándose en las listas negras nacionales, las transacciones entre sus clientes y los proveedores de juegos de azar que no tengan licencia en su jurisdicción, sin entorpecer las transacciones legítimas;

18.

Respeta el derecho de los Estados miembros a elaborar medidas de represión contra las ofertas ilegales de juegos de azar en línea; apoya, en aras de incrementar la eficacia de la lucha contra las ofertas ilegales de juegos de azar en línea, la introducción de un principio regulador en virtud del cual una empresa de juegos de azar solo puede funcionar (o solicitar la licencia nacional necesaria) en un Estado miembro si su funcionamiento no infringe la legislación de cualquier otro Estado miembro de la UE;

19.

Insta a la Comisión, como garante de los Tratados, y a los Estados miembros a que sigan controlando efectivamente la legislación de la UE y a sancionar las infracciones;

20.

Señala que se podrían haber realizado más avances en cuanto a los casos de infracción pendientes desde 2008 y que no se ha denunciado a ningún Estado miembro ante el Tribunal de Justicia; Insta a la Comisión a proseguir con su investigación sobre las posibles incoherencias de la legislación de los Estados miembros en materia de juegos de azar (físicos y en línea) con respecto al TFUE y, en caso necesario, a continuar con los procedimientos por incumplimiento que están pendientes desde 2008 para garantizar su coherencia; Recuerda a la Comisión, como guardiana de los Tratados, su deber de actuar con prontitud cuando recibe denuncias por violación de las libertades garantizadas por los mismos;

21.

Pide, por consiguiente, la intensificación de la colaboración entre organismos reguladores nacionales que tengan suficientes competencias con la coordinación de la Comisión Europea para desarrollar normas comunes y para actuar conjuntamente contra los operadores de juegos de azar en línea irregulares que funcionan sin las necesarias licencias nacionales; declara que las soluciones nacionales aisladas no son eficaces, en particular para identificar a los jugadores incluidos en listas negras, ni para la lucha contra el blanqueo de dinero, el fraude en las apuestas ni otros tipos de delincuencia, por lo general organizada; en este marco, opina que un organismo regulador con competencias suficientes en cada Estado miembro constituye un paso necesario para una mejor cooperación en materia reglamentaria; afirma que el Sistema de Información del Mercado Interior podría servir de base para una cooperación más eficaz entre los órganos reguladores nacionales; toma nota de iniciativas de los reguladores nacionales para colaborar estrechamente como el Foro europeo de reguladores de juego (GREF) y la «Plataforma Reguladora Europea»; pide una cooperación más estrecha y una mejor coordinación entre los Estados miembros de la UE, Europol y Eurojust en la lucha contra los juegos de azar ilegales, el fraude, el blanqueo de dinero y otros delitos financieros en el ámbito de los juegos de azar por Internet;

22.

Opina que las diversas formas de los juegos de dinero en línea —como rápidos juegos de azar interactivos que hay que jugar con una frecuencia de segundos, apuestas y loterías con un sorteo semanal— difieren entre sí y requieren soluciones diferentes, pues algunas formas de juego con dinero presentan más posibilidades de que se cometan abusos que otras; señala, en particular, que la posibilidad de blanquear dinero depende del grado de la identificación, el tipo de juego y los métodos de pago empleados, lo que hace necesario, en el caso de algunas formas de juego un seguimiento en tiempo real y un control más estricto que respecto de otras;

23.

Hace hincapié en la necesidad de abordar la protección de las cuentas de cliente abiertas en relación con juegos de dinero en línea en caso de insolvencia del prestador del servicio; propone, por consiguiente, que toda la legislación futura contemple la protección de los depósitos en caso de que se impongan multas o se entablen procedimientos judiciales contra estas páginas Web;

24.

Pide a la Comisión que apoye a los consumidores que se hayan visto afectados por prácticas ilícitas y les brinde asistencia jurídica;

25.

Exhorta a que se pongan en marcha unos requisitos mínimos comunes en toda la Unión Europea en relación con la identificación electrónica; el registro debe realizarse de tal manera que se haga patente la identidad del jugador y se garantice a la vez que este tenga como máximo una sola cuenta activa por cada empresa de juego; insiste en que unos sistemas robustos de registro y verificación son instrumentos clave para evitar abusos del juego en línea como el blanqueo de dinero;

26.

Estima que, a fin de proteger eficazmente a los consumidores, especialmente a los jugadores vulnerables y jóvenes, de los aspectos negativos de las apuestas en línea, la UE debe adoptar normas comunes para la protección de los consumidores; subraya, en este contexto, que los procesos de control y protección deben establecerse antes de que se inicie cualquier actividad de juego y que podrían incluir, entre otras cosas, verificación de la edad, restricciones de pagos electrónicos y transferencias de fondos entre cuentas de juegos de azar, así como el requisito de que los operadores muestren avisos relativos a la edad, a los comportamientos de alto riesgo, a las apuestas compulsivas y sobre puntos de contacto nacionales en sitios Web de apuestas en línea;

27.

Exige que se intervenga con medios más eficaces en los problemas del juego, entre otras cosas, mediante prohibiciones de jugar o límites de gasto obligatorios, aunque autoimpuestos por el jugador, en determinados periodos de tiempo; subraya que también debe poderse establecer el periodo que deba transcurrir para poder aumentar el límite de gasto;

28.

Destaca que el juego compulsivo es un trastorno del comportamiento que puede afectar hasta a un 2 % de la población en algunos países; pide, por consiguiente, que se analice la magnitud del problema en los distintos Estados miembros de la Unión Europea para poner las bases de una estrategia integrada de protección del consumidor frente a esta forma de adicción; opina que, en el momento de crear una cuenta de juego, debe facilitarse información exhaustiva y exacta sobre los juegos de dinero, el juego responsable y las oportunidades de recibir tratamiento contra la adicción al juego;

29.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a tomar nota de los estudios ya efectuados en este ámbito, a centrarse en la investigación en materia de aparición, incidencia y tratamiento de la adicción a los juegos de azar, a recopilar y publicar datos estadísticos sobre todos los canales (físicos y en línea) de los sectores de juegos de azar así como sobre la adicción al juego a fin de elaborar información exhaustiva sobre todo el sector de los juegos de azar en la UE; subraya la necesidad de disponer de datos estadísticos procedentes de fuentes independientes, en concreto, relativas a la adicción a los juegos de azar;

30.

Insta a la Comisión a impulsar la formación de una red de organizaciones nacionales que se ocupen de los adictos al juego para hacer posible un intercambio de experiencias y prácticas acreditadas;

31.

Constata que, según un estudio publicado recientemente (14), el sector de los juegos de azar es aquel en el que más a menudo se echa en falta un mecanismo de arbitraje alternativo; por ello, sugiere que los órganos reguladores nacionales establezcan mecanismos de arbitraje alternativo en el sector de los juegos de azar por Internet;

32.

Observa que el riesgo de fraude en las competiciones deportivas, aunque siempre ha existido, ha aumentado a causa de la emergencia del sector de las apuestas deportivas en línea y supone un riesgo para la integridad del deporte; cree, por consiguiente, que se debe elaborar una definición común del fraude y el engaño deportivo y sancionar como delito en toda Europa las apuestas fraudulentas;

33.

Reclama instrumentos que permitan incrementar la cooperación transfronteriza policial y judicial, en la que participen las autoridades competentes de todos los Estados miembros en materia de prevención, detección e investigación de fraudes en relación con las apuestas deportivas; a este respecto, invita a los Estados miembros a considerar la responsabilidad de destinar servicios de instrucción específicos con responsabilidad principal para investigar casos de partidos amañados; Pide que se considere un marco de colaboración con los organizadores de las competiciones deportivas con vistas a facilitar el intercambio de información entre los órganos disciplinarios deportivos y las autoridades públicas de investigación y procesamiento, por ejemplo a través del establecimiento de redes y de puntos de contacto nacionales encargados especialmente de los casos de partidos manipulados, si procede, en colaboración con los operadores de juegos y apuestas;

34.

Considera, por consiguiente, que debería establecerse una definición común para fraude deportivo a escala europea y que esta debería integrarse en el Derecho penal del conjunto de los Estados miembros;

35.

Expresa su preocupación por los vínculos existentes entre organizaciones delictivas y el desarrollo de partidos amañados en relación con las apuestas en línea, cuyos beneficios resultantes financian otras actividades delictivas;

36.

Observa que varios países europeos ya han aprobado una legislación estricta contra el blanqueo de dinero a través de las apuestas deportivas, el fraude deportivo (al clasificarlo como un delito específico) y los conflictos de intereses entre los operadores de apuestas y los clubes deportivos, los equipos o los atletas en activo;

37.

Observa que los operadores en línea que cuentan con licencia en la UE ya están desempeñando un papel en la identificación de posibles casos de corrupción en el deporte;

38.

Destaca la importancia de la educación para proteger la integridad del deporte; Insta por tanto a los Estados miembros, así como a las federaciones deportivas, a educar e informar adecuadamente a los deportistas y aficionados desde una edad temprana y a todos los niveles (tanto de aficionados como de profesionales);

39.

Es consciente del significado especial de la aportación de los ingresos por juegos de azar a la financiación de todos los niveles del deporte aficionado y profesional en los Estados miembros,. siempre que incluya medidas para proteger la integridad de las competiciones deportivas de la manipulación por causa de apuestas; Insta a la Comisión a que busque formas de financiación alternativas, respetando siempre0 las prácticas de los Estados miembros, en las que los beneficios derivados de las apuestas deportivas para protegerse empleen con habitualidad protegiendo la integridad de las competiciones deportivas frente a las manipulaciones de apuestas, al tiempo que considera que ningún mecanismo de financiación puede conducir a una situación de la que únicamente se beneficien muy pocos deportes televisados, profesionales y con amplia cobertura televisiva, mientras que otros, sobre todo los de base, ven disminuir la financiación generada por las apuestas deportivas;

40.

Reafirma su postura, en la que consideraba que las apuestas deportivas constituyen un uso comercial de las competiciones deportivas; recomienda que las competiciones deportivas deben estar protegidas contra cualquier tipo de utilización comercial no autorizada, en particular mediante el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual a los organizadores de eventos deportivos no solo con el objeto de garantizar un rendimiento financiero justo que beneficie a todos los niveles del deporte profesional y aficionado, sino también como un instrumento que permita reforzar la lucha contra el fraude deportivo, en particular contra los partidos manipulados;

41.

Destaca que la celebración de acuerdos jurídicamente vinculantes entre los organizadores de competiciones deportivas y los operadores de juegos de azar en línea permitiría garantizar una relación más equilibrada entre ambas partes;

42.

Destaca la importancia de la transparencia en el sector del los juegos con dinero en línea; contempla, en este contexto, la posibilidad de introducir la obligación de presentar informes anuales, entre otras cosas, sobre las actividades de interés general o manifestaciones deportivas que se financian o patrocinan con los ingresos procedentes del juego; pide a la Comisión Europea que examine la posibilidad de establecer tal obligación de presentación anual de informes;

43.

Señala la necesidad de establecer una alternativa fiable a los servicios de juegos y apuestas ilegales; insiste en la necesidad de soluciones pragmáticas en lo referente a la publicidad y el patrocinio de encuentros deportivos por operadores de juegos de azar por Internet; considera que se deben dictar normas publicitarias comunes que protejan suficientemente a los consumidores más débiles, pero que permitan al mismo tiempo el patrocinio de encuentros internacionales;

44.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren con todas las partes interesadas en los deportes con vistas a identificar los mecanismos adecuados necesarios para proteger la integridad del deporte y la financiación de los deportes de base;

45.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

31.5.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 153/43

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la situación en el sector de la apicultura (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2010, sobre la salud de las abejas melíferas (COM(2010)0714),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de 17 de mayo de 2011 sobre la salud de las abejas melíferas,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de mayo de 2011, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural» (COM(2011)0244),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (2), en el que se establecen disposiciones específicas para el sector apícola en la Unión Europea,

—

Vistos el informe científico de la AESA, de 11 de agosto de 2008, y el informe científico encargado y adoptado por la AESA el 3 de diciembre de 2009, relativos a la mortalidad y vigilancia de las abejas en Europa,

—

Vista la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, en el asunto C-442/09 (3), sobre el etiquetado de miel que contiene material genéticamente modificado,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (4),

—

Vista la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (5),

—

Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre «El déficit de proteínas en la UE: búsqueda de soluciones para un antiguo problema» (6),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0359/2011),

A.

Considerando que la apicultura, como actividad económica y social, desempeña un papel fundamental en el desarrollo sostenible de las zonas rurales, crea puestos de trabajo y presta un importante servicio al ecosistema a través de la polinización, que contribuye a la mejora de la biodiversidad al mantener la diversidad genética de la flora,

B.

Considerando que la apicultura y la biodiversidad son mutuamente dependientes; considerando que, a través de la polinización, las colonias de abejas facilitan importantes bienes públicos medioambientales, económicos y sociales, garantizando con ello la seguridad alimentaria y que, manteniendo la biodiversidad, al ser los apicultores quienes desarrollan con el cuidado de sus colonias de abejas un servicio medioambiental de primer orden, además de asegurar un modelo productivo sostenible en el medio rural; considerando que los «pastos apícolas», las distintas zonas de pecoreo y determinados cultivos (colza, girasol) brindan a las abejas la riqueza nutricional que requieren para mantener sus defensas inmunitarias y permanecer sanas,

C.

Considerando la preocupación suscitada por el hecho de que, debido al alto coste de establecimiento de una empresa apícola, cada vez son menos las personas que se dedican a este sector, lo que se traduce en una insuficiencia de las colmenas necesarias para polinizar cultivos agrícolas vitales,

D.

Considerando que, tanto en la UE como en otras partes del mundo, se ha registrado un retroceso en el número de colonias de abejas; considerando que las especies polinizadoras, que contribuyen a la productividad agraria, están en declive; que, si esta tendencia se hace más pronunciada, los agricultores, tanto de la UE como de otras partes del mundo, quizá deban recurrir a la polinización asistida, lo que comportaría para ellos un gasto adicional; que, en la actualidad, ni la ciencia ni las prácticas veterinarias pueden ofrecer apenas prevención o control eficaces de determinadas plagas y enfermedades, debido a un grado insuficiente de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos para la salud de las abejas en las últimas décadas, a consecuencia de las dimensiones reducidas del mercado y el consiguiente escaso interés de las grandes compañías farmacéuticas; considerando que en muchos casos la cantidad reducida de medicamentos disponible para luchar contra el ácaro Varroa destructor ha dejado de ser eficaz,

E.

Considerando que la salud de las abejas y de las colonias se ve afectada por numerosos factores letales y subletales, muchos de ellos interconectados; que la cantidad reducida de medicamentos comercializados para luchar contra el ácaro Varroa destructor en muchos casos ha dejado de ser suficientemente eficaz debido a la aparición de efectos de resistencia; considerando que el uso de plaguicidas, las condiciones climáticas y medioambientales cambiantes, la pérdida de biodiversidad vegetal, los cambios en el uso del suelo, la mala gestión de las prácticas apícolas y la presencia de especies invasivas debilitan los sistemas inmunitarios de las colonias y favorecen las patologías oportunistas; que las abejas pueden verse expuestas a los productos fitosanitarios, por vías directas o indirectas, como derivas de vientos, aguas superficiales, gutación, néctar y polen

F.

Considerando que los apicultores pueden contribuir y ayudar a mantener la salud y el bienestar de sus abejas, aunque para tener éxito, dependen en gran medida de la calidad del medio ambiente en que desarrollan su actividad.

G.

Considerando que hay razones en favor de un recurso mínimo a los productos veterinarios y las sustancias activas, como también por el mantenimiento de un sistema inmunitario saludable en las colonias pero que aún así persisten problemas de resistencia; que las sustancias activas y los medicamentos no son metabolizados por las abejas y que los productores europeos dependen de una miel limpia, libre de residuos y de gran calidad,

H.

Considerando que un gran número de apicultores europeos son aficionados y no profesionales,

1.

Pide a la Comisión que incremente el nivel de apoyo a la investigación en materia de salud de las abejas melíferas en el contexto del próximo marco financiero (8oPM) y que centre la investigación en la evolución tecnológica, la prevención y el control de las enfermedades, en particular el impacto de los factores medioambientales en los sistemas inmunitarios de las colonias de abejas y sus interacciones con las patologías, la definición de unas prácticas de producción agrícola sostenibles y el fomento de alternativas no químicas (es decir, prácticas preventivas como la rotación de cosechas y el uso de controles biológicos), así como la promoción de nuevas técnicas de gestión integrada de plaguicidas y el desarrollo de medicamentos veterinarios para los actuales agentes patógenos que afectan a las abejas melíferas de la UE, en especial los ácaros Varroa destructor, ya que se trata del principal agente patógeno que exige una mayor variedad de sustancias activas para combatirlo, por su gran capacidad de inducir resistencia, y para combatir los endoparásitos y otras enfermedades oportunistas;

2.

Considera importante que se tomen medidas urgentes para proteger la salud de las abejas, teniendo en cuenta las especificidades de la apicultura, la diversidad de agentes implicados y los principios de proporcionalidad y subsidiariedad;

3.

Expresa nuevamente su preocupación con respecto a que el aumento de la mortalidad de las abejas melíferas y los polinizadores salvajes en Europa tendría, si se pasa por alto, un grave impacto negativo en la agricultura, la producción y la seguridad alimentaria, la sostenibilidad medioambiental y los ecosistemas;

4.

Pide a la Comisión que fomente el establecimiento de unos sistemas de supervisión nacional adecuados, en estrecha colaboración con las asociaciones de apicultores, y que desarrolle unas normas armonizadas a escala de la UE que permitan establecer comparaciones; destaca la necesidad de una identificación y un registro uniformes a escala nacional para las colmenas, con una revisión y actualización anual; insiste en que la financiación para la identificación y el registro no debe proceder de los programas existentes para la mejora de la producción y comercialización de la miel en la Unión Europea (Reglamento (CE) no 1221/97 del Consejo (7));

5.

Pide a la Comisión que apoye la instauración de una red europea de colmenares de referencia para controlar los efectos de las condiciones medioambientales y las prácticas apícolas y agrícolas sobre la salud de las abejas;

6.

Pide a la Comisión la elaboración de programas trienales basados en las indicaciones de parte de todos los Estados miembros del número de colonias de abejas efectivamente censadas y no en datos estimados;

7.

Aplaude la creación del laboratorio de referencia de la UE para la salud de las abejas, que debe centrarse en las actividades no contempladas por las redes de expertos o los laboratorios nacionales existentes, y sintetizar los conocimientos integrados procedentes de sus investigaciones;

8.

Subraya la necesidad de apoyo a los laboratorios de diagnóstico y a los ensayos de campo a escala nacional y destaca la conveniencia de evitar solapamientos en la financiación;

9.

Pide a la Comisión que cree un comité director, junto con representantes del sector apícola, que preste asistencia a la Comisión a la hora de establecer el programa anual de trabajo del laboratorio de referencia de la UE; lamenta que el primer programa de trabajo anual del laboratorio de referencia de la UE se haya presentado sin previa consulta de las partes interesadas;

10.

Pide a la Comisión que siga apoyando la investigación científica sobre la salud de las abejas melíferas, basándose en los buenos ejemplos del proyecto Coloss / COST y las iniciativas BeeDoc y STEP, y que incentive a los Estados miembros a que apoyen la investigación científica en este ámbito; subraya, no obstante, que conviene fomentar las relaciones con los apicultores y las organizaciones de apicultores;

11.

Pide a la Comisión que suprima duplicidades en el uso de los fondos a fin de aumentar su eficacia para garantizar al adquisición de valor añadido en términos económicos y ecológicos para apicultores y agricultores; pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros a elevar su nivel de financiación de la investigación;

12.

Pide a los Estados miembros que promuevan y supervisen el establecimiento de redes nacionales de control fenológico de plantas melíferas;

13.

Pide a la Comisión que propugne activamente un mayor grado de puesta en común de informaciones entre Estados miembros, laboratorios, apicultores, agricultores, industria y científicos sobre estudios ecotoxicológicos relativos a la salud de las abejas melíferas, a fin de posibilitar una evaluación científica informada e independiente; pide a la Comisión que contribuya a este proceso presentando su página web correspondiente en todas las lenguas oficiales de los Estados miembros afectados;

14.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria», pero pide que dicho ejercicio se amplíe más allá de 2011 y se incremente el número de participantes de las autoridades nacionales;

15.

Pide apoyo a los programas de formación para apicultores sobre la prevención y el control de enfermedades y para agricultores sobre conocimientos botánicos, sobre un uso de productos fitosanitarios respetuoso con las abejas y sobre el impacto de los plaguicidas y de las prácticas agrónomas no químicas de prevención de malas hierbas; pide a la Comisión que proponga, en colaboración con las organizaciones de apicultores, líneas directrices para el tratamiento veterinario de las colmenas;

16.

Pide a las autoridades nacionales y las organizaciones representativas en los Estados miembros deben apoyar la difusión entre los apicultores de los conocimientos científicos y técnicos oportunos en materia de salud de las abejas; subraya que se requiere un diálogo permanente entre los apicultores, los agricultores y las autoridades competentes;

17.

Destaca la necesidad de garantizar una formación adecuada para los veterinarios, así como la posibilidad de consulta de veterinarios por parte de los apicultores y la implicación de los especialistas en apicultura en las autoridades veterinarias nacionales;

18.

Reconoce que el desarrollo de tratamientos eficaces e innovadores contra la varroasis, responsable de pérdidas anuales de alrededor del 10 %, reviste gran importancia; considera que es necesario aumentar el apoyo a tratamientos veterinarios autorizados, con el fin de reducir los efectos negativos de las enfermedades y las plagas; pide a la Comisión que establezca directrices comunes para los tratamientos veterinarios en el sector, subrayando la necesidad de su correcta aplicación; pide la introducción de directrices para la utilización de sustancias y/o fórmulas a base de ácidos orgánicos y aceites esenciales así como otras sustancias autorizadas en el control de plagas;

19.

Pide a los Estados miembros que presten ayuda financiera a la investigación, el desarrollo y los ensayos de campo de nuevos medicamentos para la salud de las abejas, especialmente para las PYME, a la luz de la contribución del sector apícola a la biodiversidad y los bienes públicos en forma de polinización, teniendo en cuenta los elevados precios de los tratamientos veterinarios que soportan actualmente los apicultores en relación al coste sanitario de otros sectores ganaderos;

20.

Destaca la necesidad de ofrecer incentivos a la industria farmacéutica para el desarrollo de nuevos medicamentos destinados a combatir las enfermedades de las abejas.

21.

Pide a la Comisión que desarrolle unas normas más flexibles de autorización y disponibilidad de productos veterinarios para las abejas melíferas, entre ellos los medicamentos de origen natural y los que no tienen efectos sobre la salud de los insectos; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de revisión de la Directiva sobre medicamentos veterinarios pero la escasa disponibilidad actual de éstos no debe servir para registrar/comercializar antibióticos para tratar otras patologías oportunistas en las colonias de abejas melíferas, dado su impacto en la calidad de los productos apícolas y su capacidad de generar resistencias;

22.

Se congratula de la intención de la Comisión de introducir límites máximos de residuos para la utilización de medicamentos mediante el procedimiento denominado de «cascada», con el fin de eliminar la inseguridad jurídica que existe en la actualidad y que obstaculiza el tratamiento de las abejas enfermas;

23.

Pide que se modifique el marco reglamentario de tal forma que la Agencia Europea de Medicamentos, en un espíritu de protección de los derechos intelectuales, pueda asegurar la exclusividad en la fabricación y comercialización de sustancias activas novedosas en productos veterinarios innovadores para la salud de las abejas, durante un período de transición determinado;

24.

Pide a la Comisión Europea que estudie la posibilidad de extender la cobertura del Fondo Veterinario de la Unión Europea a las enfermedades de las abejas con motivo de su próxima revisión;

25.

Aplaude la intención de la Comisión de proponer una Ley global de salud animal; pide a la Comisión que defina el ámbito y la financiación de la política veterinaria europea teniendo en cuenta las características específicas de las abejas y de la apicultura a fin de garantizar que las enfermedades de la especie puedan combatirse más eficazmente mediante una disponibilidad suficiente de medicamentos efectivos y normalizados en todos los Estados miembros y una financiación de la protección de la salud de las abejas en el marco de la política veterinaria europea; pide a la Comisión una mayor armonización entre los Estados miembros, centrando sus esfuerzos en la lucha y control de la varroasis en la UE;

26.

Apoya los programas de reproducción que se centran en la tolerancia a las enfermedades y los parásitos, en particular con referencia a la varroasis;

27.

Destaca que la Unión Europea no ha adoptado sino recientemente, con la participación comprometida del Parlamento Europeo, una nueva normativa más estricta sobre la autorización de productos fitosanitarios y su uso sostenible, a fin de garantizar su seguridad para los seres humanos y el medio ambiente; observa que esa normativa incluye criterios adicionales estrictos en materia de seguridad de las abejas; pide a la Comisión que mantenga al Parlamento informado sobre la aplicación fructífera de dicha nueva normativa;

28.

Pide a la Comisión que mejore la metodología de evaluación de riesgos para los plaguicidas a fin de proteger la salud de la colonia y el desarrollo de la población, y que garantice un adecuado acceso a los resultados y metodología de los estudios ecotoxicológicos incluidos en los expedientes de autorización;

29.

Subraya la importancia de la agricultura sostenible y pide a los Estados miembros que transpongan y apliquen plenamente, con la mayor brevedad, la Directiva 2009/128/CE, sobre un uso sostenible de los plaguicidas, en particular su artículo 14, que destaca el hecho de que va a ser obligatorio para todos los agricultores de la UE aplicar una gestión integrada de de plagas antes de 2014, y que preste especial atención al uso de los plaguicidas que puedan tener efectos adversos en las abejas y la salud de las colonias;

30.

Pide a la Comisión que, en base a pruebas fiables y eficaces en condiciones reales, con protocolos armonizados, examine la toxicidad crónica, de las larvas y subletal en la evaluación de los riesgos de los plaguicidas, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1107/2009 sobre la comercialización de productos fitosanitarios, en vigor desde el 14 de junio de 2011; pide asimismo a la Comisión que preste especial atención al uso de plaguicidas específicos que pudieran tener efectos adversos en determinadas circunstancias para las abejas y para la salud de las colonias; pide a la Comisión que consolide la investigación sobre las posibles interacciones sustancia-patógeno y sustancia-sustancia; observa que también deben examinarse los métodos de aplicación;

31.

Acoge con satisfacción que los expertos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria realicen una evaluación independiente de los requisitos exigidos a la industria para su aportación de datos sobre los distintos pesticidas;

32.

Pide, en un espíritu de diálogo entre apicultores, partes interesadas del sector agrícola y autoridades públicas, que se establezca un sistema de notificación previa obligatoria a los apicultores en todos los Estados miembros, con anterioridad a las aplicaciones de plaguicidas, en especial las operaciones de tratamiento con insecticidas por vía aérea (por ejemplo, controles antimosquitos) y un sistema para obtener, previa solicitud, información sobre el emplazamiento de las colmenas en el momento de estas intervenciones; pide, además, una transferencia de información mejorada a través de una base de datos con acceso vía Internet entre apicultores y agricultores, con información, entre otras cosas, sobre la creación de colmenas en las inmediaciones de los campos;

33.

Pide a los Estados miembros que determinen la conveniencia o no de incluir la apicultura y la salud de las abejas en los estudios de agronomía;

34.

Teniendo especialmente en cuenta el proyecto de la AESA de 2009 sobre la mortalidad y vigilancia de las abejas en Europa, pide a la Comisión que lleve a cabo una investigación objetiva sobre los posibles efectos negativos de los cultivos y monocultivos de OMG en la salud de las abejas melíferas;

35.

Pide a la Comisión que controle constantemente la situación de salud animal en los países de origen, que aplique los requisitos más estrictos en materia de salud animal y que establezca un sistema de control adecuado para el material de propagación procedente de países terceros, a fin de evitar la introducción de enfermedades/parásitos exóticos de las abejas, tales como los escarabajos Aethina tumida y los ácaros Tropilaelaps en la UE; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en cooperación con las asociaciones de apicultores, incrementen la transparencia en relación con la frecuencia, el porcentaje, las características y, sobre todo, los resultados de los controles de seguridad efectuados en los puntos de control fronterizos;

36.

Pide que se establezca un umbral provisional (valor de referencia) de 10 ppb para veterinarios autorizados en la Unión Europea, a la vista de los diferentes métodos de análisis que se aplican en los distintos Estados miembros;

37.

Pide a la Comisión que incluya umbrales de no intervención (NALs) o valores de referencia (RPAs o límites máximos de residuos (LMR) en la miel y otros productos apícolas para las sustancias que no puedan ser autorizadas en el sector apícola europeo, y que armonice los controles fronterizos veterinarios y los controles del mercado interior ya que, en el caso de la miel, las importaciones de baja calidad, las adulteraciones y los sucedáneos, son elementos distorsionadores del mercado que ejercen una presión continua sobre los precios y la calidad final en el mercado interior de la UE, debiendo garantizarse las mismas reglas de juego para los productos/productores de la UE y de países terceros; observa que los LMR deben tener en cuenta los residuos procedentes de las prácticas veterinarias correctas;

38.

Pide a la Comisión que establezca o modifique los anexos a la Directiva 2001/110/CE del Consejo (8) (Directiva sobre la miel) a fin de mejorar los niveles de producción de la UE estableciendo unas definiciones jurídicas claras para todos los productos apícolas, incluidas las variedades de miel, y definiendo los parámetros importantes de la calidad de la miel natural, tales como el contenido de prolina y sacarasa, un bajo nivel de HMF o humedad, y adulteración (como el contenido de glicerina, la proporción isotópica de azúcar (C13/C14), el espectro polínico y el aroma y el contenido de azúcar de la miel); pide apoyo para la investigación de métodos eficaces de detección de la adulteración de la miel; insta a la Comisión a que garantice que el control de las características naturales de la miel que se aplica a los productos europeos se aplique también a los productos de los países terceros;

39.

Pide a la Comisión que armonice las normas de etiquetado con las disposiciones del Reglamento sobre los regímenes agrícolas de calidad y que introduzca el etiquetado obligatorio con la indicación del país de origen para los productos apícolas importados y producidos en la UE o, en caso de mezclas de productos con distintos orígenes, el etiquetado obligatorio con la indicación de cada uno de los países de origen;

40.

En el espíritu de la nueva política de calidad de la UE, pide a los apicultores, sus organizaciones representativas y empresas comerciales que hagan mejor uso de los regímenes de denominación de origen de la UE (DOP e IGP) para productos de la colmena, a fin de contribuir a la viabilidad de la actividad apícola, y pide a la Comisión que, en estrecha cooperación con las asociaciones de apicultores, proponga denominaciones de calidad y promueva la venta directa de productos apícolas en los mercados locales;

41.

Pide la adopción de medidas adecuadas para aumentar el consumo de miel y de otros productos de la apicultura procedentes de Europa, por ejemplo, mediante la promoción de tipos de miel con propiedades específicas características de ciertas variedades o de determinados orígenes geográficos;

42.

Hace hincapié en la necesidad de una consulta con los apicultores por las autoridades europeas y nacionales en la elaboración de los programas apícolas y de la legislación correspondiente, con el fin de garantizar la eficacia de estos programas y su aplicación efectiva; Pide a la Comisión que libere unos recursos financieros bastante más cuantiosos, reforzando el actual apoyo a la apicultura en la PAC después de 2013 y garantizando la continuidad y la mejora de los actuales programas de apoyo al sector apícola (Reglamento (CE) no 1221/97), y que fomente el desarrollo de proyectos conjuntos, y a los Estados miembros que presten ayuda técnica al sector apícola; pide a la Comisión que se asegure de que el sistema de cofinanciación es compatible con el establecimiento de ayudas directas en el primer pilar de la PAC (aplicaciones facultativas del actual artículo 68 de la PAC) por parte de aquellos Estados que así lo estimen necesario; Subraya también la necesidad de alentar a los jóvenes apicultores a entrar en el sector; pide a la Comisión que proporcione una red de seguridad o un sistema de seguros común para la apicultura, a fin de atenuar el impacto de las situaciones de crisis en los apicultores;

43.

Insta a la Comisión a que, en el marco de la nueva estrategia de la UE para la biodiversidad, destine prioritariamente y/o a mayor ritmo, recursos financieros para todos los proyectos y acciones relacionados con la apicultura presentados en el marco de la PAC y que traten exclusivamente de las subespecies y ecotipos de Apis mellifera originarios de cada región;

44.

Pide a la Comisión que concrete, en la inminente reforma de la PAC, las medidas de apoyo y las ayudas que destinará al sector de la apicultura europea teniendo en cuenta los bienes públicos medioambientales y sociales que facilitan las colonias de abejas melíferas a través de la polinización y la prestación del servicio medioambiental que garantizan los apicultores con el manejo de sus colonias de abejas;

45.

Constata que, según el informe de la Comisión de 28 de mayo de 2010, el número global de apicultores de la UE ha experimentado un ligero aumento respecto al de 2004; señala que, según el mismo informe, este incremento es únicamente atribuible a la adhesión de Bulgaria y Rumanía la UE y que, sin contar los apicultores de estos países, se habría producido un ligero descenso en el número total de apicultores de la UE; considera este hecho como un indicador de la gravedad de la situación del sector apícola en la UE y de la necesidad de prestarle ayuda y de aplicar medidas concretar para mantener las actividades de los apicultores;

46.

Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de crear un régimen especial de ayudas a los apicultores en el marco del régimen de ayudas directas, como por ejemplo mediante pagos por colonias de abejas, lo que contribuirá a la preservación del sector apícola de la UE y de las actividades de los apicultores, incentivará a los jóvenes a dedicarse a la apicultura, y permitirá a las abejas seguir actuando como polinizadores;

47.

Pide a la Comisión que promueva prácticas agrícolas sostenibles en la PAC, que aliente a todos los agricultores a emplear prácticas agronómicas simples de conformidad con la Directiva 2009/128/CE y adopte medidas agroambientales específicas para el sector de la apicultura, de acuerdo con el espíritu de la nueva Estrategia Europea en materia de Biodiversidad; insta a los Estados miembros a establecer medidas agroambientales orientadas a la apicultura en sus programas de desarrollo rural y a alentar a los agricultores a participar en las medidas agroambientales favorables a los prados «respetuosos de las abejas» en las lindes de los campos, a utilizar un nivel avanzado de producción integrada, adoptando un enfoque holístico de la agricultura y usando los controles biológicos donde sea posible;

48.

Reitera que la Comisión considera que la abeja melífera es una especie doméstica y, por tanto, constituye un sector ganadero, lo que facilita unas medidas mejores en materia de salud, bienestar y protección (9) y permite una información mejor sobre la conservación de polinizadores salvajes; pide por tanto que se establezca una estrategia de protección sanitaria de las abejas y que se tenga en cuenta el sector apícola, con su especificidad, en la legislación agrícola o veterinaria, en particular en lo que se refiere a la indemnización de las pérdidas de poblaciones de abejas de los apicultores;

49.

Pide a todas las partes interesadas del sector apícola que aprovechen las oportunidades que brinda la actual política agrícola común y la inminente reforma de la misma, que tienen debidamente en cuenta a las organizaciones de productores en todo el sector agrícola;

50.

Insta a la Comisión a que, en el marco de la Directiva 92/43/CEE del Consejo (10) (Directiva Hábitats), defina el estatuto de conservación de la especie Apis mellifera y, en su caso, la incluya en los Anexos a la Directiva; pide a la Comisión que, dada la urgente necesidad de conservación de la especie Apis mellifera y de las diversas subespecies presentes en la Unión Europa, estudie la posibilidad de crear un programa o reglamento específico dentro del instrumento de financiación Life+ que posibilite el lanzamiento de un proyecto paneuropeo de recuperación de las poblaciones silvestres de la especie;

51.

Insta a la Comisión a que, dentro del marco de la Directiva 92/65/CEE del Consejo (11), prohíba, al menos temporalmente, la importación de abejas vivas y de especies del género Bombus sp. de países terceros, a fin de evitar la introducción de enfermedades exóticas, tanto más cuanto que la apicultura de la Unión Europea no está falta de recursos genéticos, teniendo presente las principales subespecies que originaron las razas y variedades actualmente utilizadas en la apicultura,

52.

Recuerda que las acciones en favor de la biodiversidad son igualmente indispensables en el sector no agrícola; observa que los espacios verdes junto a las carreteras, los márgenes de las vías férreas, las trincheras forestales para redes energéticas y los jardines públicos y privados representan una superficie total considerable en la que una gestión racional puede incrementar notablemente los recursos de polen y néctar disponibles para las abejas y otros insectos polinizadores; considera que debe trabajarse en esta dirección en el contexto de una gestión armónica del suelo que garantice particularmente la seguridad vial;

53.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

31.5.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 153/51

—

Vistos los artículos 14 y 106 y el Protocolo no 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Véase la Comunicación de la Comisión, de 23 de marzo de 2011, titulada «Reforma de las normas de la UE en materia de ayudas estatales aplicables a los servicios de interés económico general» (COM(2011)0146),

—

Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 23 de marzo de 2011, sobre la aplicación de las normas relativas a las ayudas estatales de la UE a los servicios de interés económico general desde 2005 y el resultado de la consulta pública (SEC(2011)0397),

—

Vista la consulta pública organizada por la Comisión en 2010 sobre las normas relativas a las ayudas estatales y los servicios de interés económico general,

—

Vista la Guía para la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales, contratos públicos y mercado interior a los servicios de interés económico general, de 7 de diciembre de 2010 (SEC(2010)1545),

—

Vista la Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas (1),

—

Vista la Decisión 2005/842/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general (2),

—

Visto el Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (3),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de enero de 2001, titulada «Los servicios de interés general en Europa» (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de septiembre de 1996, titulada «Los servicios de interés general en Europa» (5),

—

Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 1 de julio de 2011, sobre «la reforma de las normas de la UE en materia de ayudas estatales aplicables a los servicios de interés económico general» (6),

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo», de 15 de junio de 2011, sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Reforma de las normas de la UE en materia de ayudas estatales aplicables a los servicios de interés económico general (7),

—

Vista la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 24 de julio de 2003, en el Asunto Altmark Trans Gmbh y Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark Gmbh (8),

—

Vistas sus Resoluciones, de 5 de Julio de 2011, sobre el futuro de los servicios sociales de interés general (9), de 14 de marzo de 2007, sobre los servicios sociales de interés general en la Unión Europea (10), de 27 de septiembre de 2006, sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general (11), de 14 de enero de 2004, sobre el Libro Verde sobre los servicios de interés general (12), de 13 de noviembre de 2001, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Los servicios de interés general en Europa» (13), y, de 17 de diciembre de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Los servicios de interés general en Europa» (14),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0371/2011),

A.

Considerando que los servicios de interés económico general (SIEG) ocupan una posición destacada entre los valores comunes de la Unión y fomentan los derechos fundamentales, la cohesión social, económica y territorial, y son por ello cruciales en la lucha contra las desigualdades de la sociedad y, cada vez más, también en el desarrollo sostenible;

B.

Considerando que los SIEG aportan una contribución esencial a los resultados económicos y la competitividad de los Estados miembros y que, con ello, no solo ayudan a prevenir y superar las crisis económicas, sino que también favorecen el bienestar económico general;

C.

Considerando que la prestación de SIEG impulsa el éxito de la aplicación de la estrategia Europa 2020, y que estos servicios pueden ayudar a alcanzar objetivos de crecimiento, especialmente en los sectores del empleo, la educación y la integración social, de manera que se pueda lograr al final el elevado nivel de productividad, empleo y cohesión social que se ha fijado;

D.

Considerando que las soluciones rentables que ofrecen las empresas privadas competidoras son necesarias en interés del ciudadano y esenciales en el contexto de la situación presupuestaria;

E.

Considerando que los SIEG son servicios que, sin intervención del sector público, no pueden ofrecerse siempre o no pueden prestarse de manera adecuada;

F.

Considerando que los servicios sociales de interés general (SSIG) desempeñan un papel destacado como garantes de los derechos fundamentales y contribuyen de manera decisiva a la igualdad de oportunidades;

G.

Considerando que la legislación actual de la UE exime de notificación a los hospitales y las viviendas sociales, es decir, los SIEG que satisfacen necesidades sociales básicas;

H.

Considerando que los artículos 106 y 107 del TFUE constituyen el fundamento jurídico para la reforma de las normas en materia de ayudas estatales a los SIEG, y que el artículo 14 del TFUE permite al Parlamento Europeo y al Consejo, actuando mediante reglamentos con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, establecer los principios y las condiciones para el funcionamiento de los SIEG, en particular las condiciones económicas y financieras, sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros;

I.

Considerando que el Protocolo no 26 del TFUE establece un alto nivel de los SIEG en lo relativo a «calidad, seguridad y accesibilidad económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso universal y de los derechos de los usuarios», y reconoce expresamente la función esencial de los mismos;

J.

Considerando que los Estados miembros y sus autoridades públicas son los mejor situados para servir a sus ciudadanos y, por ello, son responsables de determinar el alcance exacto y la manera en que se prestan los SIEG, y considerando que el artículo 1 del Protocolo no 26 del Tratado de Lisboa reconoce expresamente «el papel esencial y la amplia capacidad de discreción de las autoridades nacionales, regionales y locales para prestar, encargar y organizar» los SIEG;

K.

Considerando que las compensaciones reúnen todas las ventajas otorgadas por el Estado o mediante recursos estatales, independientemente de su forma;

1.

Observa los objetivos de reforma propuestos por la Comisión, consistentes en lograr mayor claridad para la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los SIEG teniendo en cuenta la diversidad de los mismos;

2.

Pide a la Comisión que aclare la relación entre las normas del mercado interior y la prestación de servicios públicos y la prestación de servicios públicos, y que garantice la aplicación del principio de subsidiariedad en la definición, organización y financiación de los servicios públicos;

3.

Destaca las mejoras en términos de aplicación e inteligibilidad, logradas gracias a las medidas adoptadas en 2005, conocidas con el nombre de «paquete Altmark»; señala, no obstante, que las consultas públicas han puesto de manifiesto que los instrumentos jurídicos deben ser aún más claros, sencillos, proporcionados y eficaces;

4.

Hace hincapié en que los resultados de la consulta pública indican también que, al margen de la carga administrativa, entre los factores que posiblemente contribuyen a que no se apliquen las normas en materia de ayudas estatales a los SIEG figuran las inseguridades y los malentendidos, en particular en relación con conceptos clave de las normas como acto de atribución, beneficio razonable, empresa, servicios económicos y no económicos y pertinencia para el mercado interior;

5.

Se felicita de que la Comisión vaya a ofrecer aclaraciones adicionales sobre la distinción entre las actividades no económicas y económicas en el contexto de los SIEG, con objeto de ofrecer una mayor seguridad jurídica general y de evitar recursos ante el Tribunal de Justicia Europeo y procedimientos por incumplimiento iniciados por la Comisión; pide a la Comisión que aclare mejor el cuarto criterio que estableció el Tribunal de Justicia Europeo en la sentencia Altmark, y que vele por que el método de cálculo del beneficio razonable es suficientemente claro y adecuado teniendo en cuenta la diversidad de los SIEG; pide, por tanto, a la Comisión que evite una lista cerrada; sugiere que la Comisión no se limite simplemente a reiterar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, sino que proporcione criterios pertinentes para ayudar a comprender y aplicar estos los conceptos utilizados; pide a la Comisión que elabore su concepto de unos SIEG genuinos;

6.

Manifiesta su inquietud por los requisitos adicionales que quiere introducir la Comisión con el fin de garantizar que no se vea afectado el desarrollo del comercio en una forma que sea contraria a los intereses de la Unión, y cree que dichos requisitos producirán inseguridad jurídica;

7.

Destaca que el «acto de atribución» es una garantía de transparencia que debe conservarse con el fin de incrementar la visibilidad frente a los ciudadanos, pero que debe reforzarse la posibilidad de otorgar un mandato (acto de atribución), especialmente mediante una aplicación más flexible de las normas; pide que un proyecto acompañado de un «contrato de objetivos» se considere un acto de atribución admisible;

8.

Hace hincapié en que la reforma de las normas de la UE en materia de ayudas estatales debe tener en cuenta la especial función de los SIEG y respetar estrictamente el principio de subsidiariedad, ya que, según el Protocolo no 26 del TFUE, la competencia principal para encargar, prestar, financiar y organizar los SIEG corresponde a los Estados miembros y a sus autoridades nacionales, regionales y locales, que disponen de una amplia capacidad de discreción a este respecto, así como libertad de elección;

9.

Destaca que, a la hora de revisar las normas, se debe velar especialmente por que los conceptos y términos utilizados en la UE se adapten claramente a la naturaleza de los servicios públicos y a la diversidad de las formas de organización y de las partes interesadas implicadas, y por que tengan debidamente en cuenta el riesgo real del impacto en los intercambios comerciales entre los Estados miembros;

10.

Subraya la especificidad de los SIEG a escala regional y local, que no afecta a la competencia del mercado interior, por lo que debe permitirse un procedimiento simplificado y transparente que fomente la innovación y la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME);

11.

Apoya el modelo de valores umbral para la exención del requisito de notificación de compensaciones estatales para los SIEG, con la consiguiente reducción de la carga administrativa; insta, a la luz de los resultados de las consultas celebradas, a elevar los umbrales que determinan la aplicación de la Decisión SIEG;

12.

Hace hincapié en que en el artículo 14 del TFUE y en el Protocolo no 26 anejo al TFUE se reconoce la naturaleza específica de los SIEG, y reconoce la función especial que desempeñan las autoridades nacionales, regionales y locales a este respecto; hace hincapié en que la reforma de las normas de la UE en materia de ayudas estatales a los SIEG solo representa una parte de la aclaración necesaria del régimen jurídico que se aplica a los SIEG mediante un marco jurídico europeo coherente; señala que todo instrumento jurídico habrá de ofrecer una seguridad jurídica satisfactoria; pide a la Comisión que presente, para finales de 2011, una comunicación con medidas de destinadas a garantizar que los SIEG y los SSIG disponen de un marco que les permite cumplir su función, tal como se comprometió a hacer en el Acta del Mercado Único;

13.

Destaca que, de conformidad con el artículo 106, apartado 2, del TFUE, las empresas a las que se atribuye la prestación de servicios de interés general sólo están sujetas a las disposiciones en materia de prohibición y control de las ayudas estatales en la medida en que dichas disposiciones no impidan, de hecho o de derecho, el cumplimiento de las misiones específicas que hayan sido confiadas a dichas empresas por las autoridades nacionales, regionales o locales; subraya, a este respecto, que el artículo 14 del TFUE establece con toda claridad que la Unión y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación de los Tratados, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir su cometido; pide, por tanto, que para la reforma de las normas de la UE en materia de ayudas estatales se tengan en cuenta ambos artículos y se garantice que las compensaciones concedidas por los SIEG no se traduzcan en costes excesivos para las finanzas públicas ni en una calidad mediocre de los servicios prestados;

14.

Considera que la próxima propuesta de la Comisión sobre los bonos para la financiación de proyectos de la UE 2020 podría y debería constituir un vector esencial para el desarrollo de servicios de interés general, tanto en los Estados miembros como a escala de la UE; subraya que los procedimientos creados a ese fin deberían detallarse explícitamente en un marco de admisibilidad de proyectos que debería definirse de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario;

15.

Considera extremadamente importante que las compensaciones a los SIEG no distorsionen la competencia ni perjudiquen a otras empresas no compensadas que operan en los mismos sectores o mercados;

16.

Señala que el acceso a las compensaciones de los costes netos de prestación de servicios públicos es una de las condiciones económicas y financieras necesarias para que las empresas a las que se ha encargado la gestión de servicios públicos realicen de forma adecuada las misiones que les han asignado las autoridades públicas, especialmente en este período de crisis en el que los servicios públicos desempeñan un papel esencial de estabilizador automático y de protección de los ciudadanos europeos más vulnerables, contribuyendo así a limitar el impacto social de la crisis;

17.

Desea subrayar en este contexto que el desarrollo de la cooperación público-público, mediante la puesta en común de recursos, ofrece un enorme potencial para aumentar la eficiencia de los recursos públicos y modernizar los servicios públicos en respuesta a las nuevas necesidades de los ciudadanos en sus territorios; subraya también la importancia de la cooperación transfronteriza;

18.

Hace especial hincapié en que los servicios públicos deben ser de alta calidad y accesibles para todas las capas de población; observa con inquietud, en este sentido, la actitud restrictiva de la Comisión, que clasifica las ayudas estatales a las asociaciones de viviendas sociales como SSIG solo cuando los servicios en cuestión se reservan exclusivamente a los personas o grupos socialmente desfavorecidos, ya que una interpretación tan restrictiva es contraria al objetivo primordial de eliminación de barreras sociales y de acceso universal;

19.

Opina que unos servicios de buena calidad se fundamentan en los derechos humanos de los ciudadanos europeos; considera que debe reforzarse este enfoque basado en los derechos;

20.

Recuerda que es preciso realizar importantes inversiones para mejorar la infraestructura, especialmente en las regiones con mayores carencias y, en particular, en los sectores de la energía, las telecomunicaciones y el transporte público, a fin de permitir la prestación de servicios de energía inteligente o de banda ancha en el futuro;

21.

Insta a la Comisión a incluir en los costes que deben tenerse en cuenta para el cálculo de las compensaciones las inversiones en infraestructura necesarias para el funcionamiento de los SIEG; recuerda a la Comisión que la prestación de SIEG se basa en ocasiones en ayudas a la inversión pública a largo plazo en lugar de en compensaciones anuales;

22.

Pide a la Comisión que, a la hora de negociar acuerdos comerciales bilaterales,acepte la prestación de SIEG y SSIG por el sector público en los países socios;

23.

Celebra el propósito de la Comisión de velar por que, mediante un planteamiento más diversificado de la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales, la carga administrativa que corresponde a las autoridades pública y a los prestadores de servicios sea proporcionada a las posibles repercusiones de la medida en cuestión para la competencia en el mercado interior;

24.

Solicita, por tanto, que las disposiciones se estructuren de forma que se garantice que pueden aplicarse correctamente y que no suponen una carga innecesaria para las autoridades públicas y las empresas a las que se encomienda la gestión de los servicios de interés general, permitiendo que realicen plenamente las misiones específicas que se les han confiado; pide a la Comisión que, en ese contexto, facilite la comprensión de las normas y prevea las obligaciones relativas a las compensaciones públicas por SIEG para lograr así una mayor seguridad jurídica tanto para las autoridades públicas como para los prestadores de servicios;

25.

Pide a la Comisión que, como parte de la simplificación prevista de las normas en materia de ayudas estatales, introduzca una flexibilidad y transparencia mayores en la supervisión de la compensación excesiva con el fin de mejorar las medidas destinadas a evitar dicho exceso; sugiere, con este fin, que, en el caso de los contratos plurianuales, se realicen verificaciones relativas a la compensación excesiva únicamente al final del período contractual y, en cualquier caso, en intervalos no superiores a los tres años, y que se establezcan criterios transparentes para el cálculo de las compensaciones por SIEG, ya que de ello se derivarían importantes ahorros en tiempo y costes tanto para los prestadores de servicios como para las autoridades públicas;

26.

Pide a la Comisión que consulte a las autoridades públicas y a los operadores si la Guía para la aplicación de las normas de la UE en materia de ayudas estatales, contratos públicos y mercado interior a los servicios de interés económico general y, en particular, a los servicios sociales de interés general, de 7 de diciembre de 2010, cumple efectivamente su cometido; solicita a la Comisión que, en caso de que resulte necesario, facilite a las autoridades públicas y a los operadores una herramienta de aprendizaje que les sirva de guía para la aplicación adecuada de esas normas;

27.

Pide a la Comisión que simplifique las normas relativas a la atribución de la prestación de servicios; solicita que se considere una convocatoria de proyectos con un contrato de objetivos como una autorización para prestar el servicio;

28.

Insta a la Comisión a elaborar unas disposiciones especiales mínimas para los SSIG de los que pueda asumirse que no supondrán obstáculos importantes al comercio entre los Estados miembros; sugiere, por lo tanto, que se establezcan valores de umbral más elevados en el caso de esta clase de servicios;

29.

Apoya que se mantenga la exención existente sin umbrales para hospitales y vivienda social; celebra que la Comisión anuncie que desea eximir otras categorías de SSIG del requisito de que la ayuda que se les conceda esté sujeta a notificación; pide a la Comisión que vele por que estén exentas del requisito de notificación las compensaciones a todos los SSIG que respondan a necesidades sociales esenciales como definan los Estados miembros, tales como la atención a las personas mayores o a las personas con discapacidad, la atención y la inclusión social de grupos vulnerables, la asistencia de niños y jóvenes, la atención sanitaria y el acceso al mercado laboral;

30.

Considera que la misión específica y el carácter de los SSIG deben ser protegidos y definidos con claridad; pide, por tanto, a la Comisión que evalúe la manera más eficaz de lograr este objetivo teniendo en cuenta la posibilidad de establecer normas sectoriales;

31.

Celebra el propósito de la Comisión de introducir una norma mínima respecto de las ayudas estatales a las empresas a las que se ha encomendado la gestión de SIEG cuando la escala localmente limitada de su actividad entrañe solo la posibilidad de un impacto muy reducido en el comercio entre los Estados miembros y cuando se garantice que las compensaciones se utilizan exclusivamente para el funcionamiento de los SIEG de que se trate; insta a la Comisión a examinar si los SIEG de los ámbitos de la cultura y la educación también deben someterse a una normativa específica;

32.

Insta a la Comisión a proponer unos valores de umbral adecuados para tal norma mínima relativa a las compensaciones a las empresas a las que se haya encomendado la gestión de SIEG, de manera que estos servicios puedan tratarse con un procedimiento simplificado y se pueda reducir significativamente la considerable carga administrativa que pesa sobre los prestadores de servicios sin provocar repercusiones negativas en el mercado único; sugiere como una posible referencia a este respecto los índices combinados de la cuantía de la compensación y el nivel del volumen de negocio de la empresa encargada de la gestión del servicio por la autoridad local; considera, además, que un umbral para un período de tres ejercicios podría ser más adecuado para garantizar la flexibilidad necesaria;

33.

Recuerda que los prestadores de SIEG tienen una diversidad de estatutos diferentes, como asociaciones, fundaciones, organizaciones de voluntariado y comunitarias, organizaciones sin ánimo de lucro y empresas sociales; recuerda que algunos de ellos operan exclusivamente a escala local, no participan en actividades comerciales y reinvierten a escala local los beneficios obtenidos con los servicios de interés general;

34.

Subraya la especial importancia de la alta calidad de los SIEG y de la necesidad del acceso universal a los mismos; señala a este respecto que la responsabilidad de la Comisión, en virtud de las normas sobre competencia del TFUE, se limita a verificar las ayudas estatales para la prestación de SIEG, y que dichas normas no constituyen un fundamento jurídico para el establecimiento de criterios de calidad y eficiencia a escala europea; considera que la definición de la calidad y la eficiencia para los SIEG debe realizarse observando debidamente el principio de subsidiariedad;

35.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

31.5.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 153/57

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Visto el Tratado de la Unión Europea, en particular su artículo 3, apartado 3, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular sus artículos 9, 148, 160 y 168,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 1, 16, 21, 23, 24, 25, 30, 31 y 34,

—

Vista la Carta Social Europea revisada, en particular sus artículos 30 (derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social), 31 (derecho a la vivienda) y 16 (derecho de la familia a protección social, jurídica y económica),

—

Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (1),

—

Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (2),

—

Vista la Decisión 1098/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa al Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010) (3),

—

Vistas las conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores celebrado del día 8 de junio de 2010, sobre el tema: «La equidad y la salud en todas las políticas: solidaridad en materia de salud» (4),

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Vista la Declaración del Consejo, de 6 de diciembre de 2010, sobre el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social: trabajar juntos para luchar contra la pobreza en 2010 y después (5),

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Vistas las conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) celebrado el día 7 de marzo de 2011 (6),

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Visto el Dictamen del Comité de Protección Social, de 15 de febrero de 2011, sobre la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión social – Iniciativa emblemática de la Estrategia «Europa 2020» (7),

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Visto el informe de 10 de febrero de 2011 del Comité de Protección Social titulado «Assessment of the social dimension of the Europe 2020 Strategy» (8),

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Visto el dictamen del Comité de Protección Social titulado «Solidaridad en materia de salud: Reducción de las desigualdades en el ámbito de la salud en la Unión Europea» (9),

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Visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (10),

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Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (11),

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Vista la Recomendación de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral (12),