ISSN 1977-0928
doi:10.3000/19770928.C_2013.084.spa
Diario Oficial
de la Unión Europea
C 84
Edición en lengua española
Comunicaciones e informaciones
56o año
22 de marzo de 2013
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ISSN 1977-0928 doi:10.3000/19770928.C_2013.084.spa |
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Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84 |
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Edición en lengua española |
Comunicaciones e informaciones |
56o año |
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V Anuncios |
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PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA |
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Comisión Europea |
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2013/C 084/09 |
Ayuda estatal — República Italiana — Ayuda estatal SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) — Italia — Ayuda estatal a las empresas del antiguo grupo Tirrenia y a sus adquirientes — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE ( 1 ) |
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(1) Texto pertinente a efectos del EEE |
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ES |
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IV Información
INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS
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22.3.2013 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84/1 |
Comunicación de la Comisión conforme al artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, que codifica la Directiva 98/27/CE, en la que se da a conocer la lista de entidades habilitadas para ejercitar una acción con arreglo al artículo 2 de dicha Directiva
(Texto pertinente a efectos del EEE)
2013/C 84/01
Las autoridades de los respectivos Estados miembros han reconocido a las entidades que figuran a continuación como habilitadas para ejercitar una acción de cesación con arreglo al artículo 2 de la Directiva 2009/22/CE:
BÉLGICA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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BULGARIA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Principal órgano gubernamental responsable de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores: control de la seguridad general de los productos de consumo, defensa de intereses económicos, resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo y defensa de los intereses colectivos de los consumidores. Facilita información y consejo al consumidor. Resuelve litigios en materia de consumo. Gestiona comités de conciliación, incluso para litigios en materia de pagos. Examina denuncias de los consumidores. Actúa como punto de contacto RAPEX (sistema de alerta rápida de la UE sobre productos de consumo peligrosos). Coordina a todos las demás organismos de vigilancia que controlan la aplicación del Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores. Controla la aplicación de las doce Directivas que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 2006/2004. |
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Informar a los consumidores sobre bienes y servicios disponibles en el mercado; informarles y educarles acerca de los riesgos asociados a los productos y servicios, y modo de limitarlos; informarles y educarles acerca de sus intereses económicos y del modo de defenderlos; informarles de la legislación sobre protección de los consumidores y del medio ambiente en Bulgaria; estudiar los conocimientos técnicos internacionales sobre la protección de los consumidores y del medio ambiente y proponer medidas legislativas, económicas y políticas para la protección de los consumidores y del medio ambiente en Bulgaria. |
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Actúa como un guardián independiente del consumidor, y le informa sobre la situación del mercado, la calidad y la seguridad, la oferta y la demanda, los precios y las características comprables de los bienes y servicios; informa a consumidores y organismos especializados sobre las infracciones de normas nacionales y otras disposiciones legislativas relativas a la producción y el comercio de bienes y servicios; sensibiliza al consumidor informándole de sus derechos y deberes y de la forma de hacer que se defiendan y se cumplan. |
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Defiende los intereses de los titulares de pólizas de seguros búlgaros; informa al consumidor sobre el sector de seguros y sensibiliza al público sobre estas cuestiones. |
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Protección de los consumidores. |
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Informar a los consumidores sobre sus derechos; actuar contra las irregularidades en el mercado de servicios; informar a los consumidores y a los organismos de vigilancia y ayudar a los consumidores a enfrentarse a los problemas. |
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Celebrar seminarios y ofrecer formación sobre temas de consumo; crear centros de información y consejo para los consumidores; promover acciones judiciales en defensa de los intereses de los consumidores; tomar iniciativas para desarrollar la legislación en defensa de los derechos del consumidor; participar en los órganos consultivos públicos que traten de la protección del consumidor; ofrecer servicios de conciliación y participar en los comités de conciliación; probar productos de consumo y participar en las inspecciones llevadas a cabo por los organismos oficiales. |
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Ser activo en investiogación y desarrollo; ofrecer dictámenes periciales y servicios de asesoramiento; desarrollar otras actividades necesarias en el ámbito de la protección de los consumidores; crear y utilizar laboratorios neutrales para la investigación, los dictámenes periciales y las pruebas de productos de consumo; crear centros que ofrezcan asesoramiento jurídico y comercial y traten las reclamaciones y sugerencias de los consumidores; editar material impreso y audiovisual que explique los derechos de los consumidores. |
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Informar y consultar al público sobre asuntos de protección de los consumidores; ayudar a los consumidores en Bulgaria a proteger sus derechos e intereses legítimos ofreciendo consejos y asesoramiento en los litigios, incluso ante los tribunales; controlar que la legislación búlgara sobre consumidores se ajuste a la evolución de la legislación de la UE en la materia; defender los intereses de los consumidores en Bulgaria ante los organismos gubernamentales y las organizaciones internacionales pertinentes; contribuir a mejorar el entorno económico y jurídico de Bulgaria para el suministro de bienes y la prestación de servicios; proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
CHEQUIA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Desarrollar una amplia gama de actividades en el ámbito de la protección de los consumidores, incluyendo información y asesoría en sus litigios. |
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Defender los intereses de los consumidores en aquellos sectores en donde las posibilidades de los particulares no permiten una protección adecuada. |
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Publicar la revista TEST, que realiza ensayos objetivos e independientes, y tratar todos los problemas relativos a la protección de los consumidores. |
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Tratar todos los problemas relativos a la protección de los consumidores. |
DINAMARCA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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En virtud de la ley sobre la comercialización, la tarea principal del Forbrugerombudsmanden es garantizar el cumplimiento de la ley, sobre todo en lo relativo a los derechos de los consumidores. El Defensor del Consumidor está autorizado a iniciar procedimientos con arreglo a las Directivas siguientes:
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El cometido de Lægemiddelstyrelsen es autorizar la comercialización de productos farmacéuticos cuya efectividad y seguridad se haya demostrado, colaborar a que el gasto de la seguridad social pública en tratamientos médicos sea proporcional a los resultados médicos esperados y supervisar el sector farmacéutico y el sector de fabricación de equipo farmacéutico. La Agencia de los Medicamentos está autorizada a iniciar procedimientos en caso de que se infrinja la Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los medicamentos para uso humano. |
ALEMANIA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger y promover los intereses del transporte motorizado; proteger a los automovilistas y a los consumidores; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Berlín facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores de energía facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2, primera frase, de los estatutos). |
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Informar y aconsejar a sus miembros, a otros interesados y a sus familias en todo lo relativo a la protección de los consumidores, incluidas las cuestiones legislativas relativas a la protección contra la discriminación, hasta donde lo permita la ley; autorizar a que se lleven a cabo acciones colectivas en interés de los grupos mencionados [artículo 2, apartado 3, letra p) de los estatutos]. |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría, sobre todo en los sectores de las energías renovables y del uso racional de la energía, centrándose en particular en la energía solar; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los propietarios de casas, pisos y terrenos en el extranjero y de otras personas con intereses en propiedades inmobiliarias extranjeras facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de estas personas (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 1 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Hamm facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Iserlohn facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios del norte de Hesse facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículos 2 y 3 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Schwerin facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Siegerland facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Mecklemburgo-Pomerania Occidental facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Schleswig-Holstein facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Kiel facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 1, apartado 2, de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Velbert facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger, promover y representar los intereses de todos los arrendatarios; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Wiesbaden facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Duisburg facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Hesse facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículos 2 y 5 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Frankfurt del Main facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Leverkusen facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Stuttgart facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 1, apartado 2, de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores mediante la formación y la asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 3 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría sobre la ludopatía; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2, apartado 1, de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Bad Kreuznach facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Hamburgo facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Múnich facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Dortmund facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los derechos e intereses de los arrendatarios de Alta Lusacia y Baja Silesia, facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Baden-Baden facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 1, apartado 2, de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Bochum, Hattingen y su región facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Bremen facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Düsseldorf y su región, facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Flensburgo facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 1, apartado 3, de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Ingolstadt facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Tréveris facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Lüdenscheid facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Hannover facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Heidelberg facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en asuntos relativos al alquiler, el arrendamiento financiero y la propiedad en la ciudad de Karlsruhe y su distrito administrativo facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Colonia facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en Múnich facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la región de Frankfurt del Oder facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los arrendatarios en la zona de Hamburgo facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores de Mecklemburgo y Pomerania Occidental facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los arrendatarios (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores en asuntos relativos a los transportes públicos facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los clientes de los bancos facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los clientes de los servicios financieros facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículos 3 y 4 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría en el sector de la construcción privada; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2, apartado 1, de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2, apartado 1, de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 1, apartado 2, y artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 3, apartado 2, de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (puntos 2.1 y 2.2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
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Proteger los intereses de los consumidores facilitando información y asesoría; iniciar acciones colectivas en interés de los consumidores (artículo 2 de los estatutos). |
ESTONIA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Supervisión de la protección general de los consumidores en relación con la comercialización de productos y la prestación de servicios, y supervisión de los contratos celebrados con consumidores en relación con las garantías de los viajes combinados. |
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Supervisión en relación con la comercialización y publicidad de los medicamentos. |
IRLANDA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Órgano independiente creado por ley responsable de asesorar e informar a los consumidores, regular los intermediarios de crédito, autorizar a los prestamistas y poner en vigor una amplia gama de actos jurídicos de protección del consumidor. |
GRECIA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Proteger los derechos e intereses de los consumidores. |
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Proteger los derechos e intereses de los consumidores. |
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Proteger los derechos e intereses de los consumidores. |
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Proteger los derechos e intereses de los consumidores. |
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Proteger los derechos e intereses de los consumidores. |
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Proteger los derechos e intereses de los consumidores. |
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Proteger los derechos e intereses de los consumidores. |
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Proteger los derechos e intereses de los consumidores. |
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Proteger los derechos e intereses de los consumidores. |
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Proteger los derechos e intereses de los consumidores. |
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Proteger los derechos e intereses de los consumidores. |
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Proteger los derechos e intereses de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
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Proteger y desarrollar el comercio, la industria y la artesanía; formación en política económica. Con arreglo al artículo 10, apartados 9 y 15, de la Ley no 2251/94, las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los intereses colectivos de los consumidores. |
ESPAÑA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Organismo de la Administración General del Estado que, en desarrollo del artículo 51 de la Constitución y del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ejerce las funciones de promoción y fomento de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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|
Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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|
Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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|
Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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|
Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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|
Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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|
Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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|
Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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|
Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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|
Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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|
Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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|
Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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Organismo de la administración pública dedicado al control de mercado y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. |
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Organización de consumidores y usuarios especializada en comunicaciones comerciales. Se dedica, además, a la información y formación de los consumidores y usuarios, así como a su representación en los diferentes órganos de participación de los consumidores. |
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Organización de consumidores y usuarios de carácter generalista. Se dedica a la información y formación de los consumidores y usuarios, así como a su representación en los diferentes órganos de participación de los consumidores. |
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Organización de consumidores y usuarios de carácter generalista. Se dedica a la información y formación de los consumidores y usuarios, así como a su representación en los diferentes órganos de participación de los consumidores. |
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Organización de consumidores y usuarios de carácter generalista. Se dedica a la información y formación de los consumidores y usuarios, así como a su representación en los diferentes órganos de participación de los consumidores. |
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Organización de consumidores y usuarios de carácter generalista. Se dedica a la información y formación de los consumidores y usuarios, así como a su representación en los diferentes órganos de participación de los consumidores. |
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Organización de consumidores y usuarios de carácter generalista. Se dedica a la información y formación de los consumidores y usuarios, así como a su representación en los diferentes órganos de participación de los consumidores. |
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Organización de consumidores y usuarios de carácter generalista. Se dedica a la información y formación de los consumidores y usuarios, así como a su representación en los diferentes órganos de participación de los consumidores. |
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Organización de consumidores y usuarios de carácter generalista. Se dedica a la información y formación de los consumidores y usuarios, así como a su representación en los diferentes órganos de participación de los consumidores. |
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Organización de consumidores y usuarios especializada en servicios financieros. Se dedica a la información y formación de los consumidores y usuarios, así como a su representación en los diferentes órganos de participación de los consumidores. |
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Organización de consumidores y usuarios de carácter generalista. Se dedica a la información y formación de los consumidores y usuarios, así como a su representación en los diferentes órganos de participación de los consumidores. |
FRANCIA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Presidente: Patrick Mercier Secretario General: Christian Huard |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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Presidente: Jean-Claude Mailly Secretario General: Raphaël Manzano |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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Presidente: Marc Lagae Secretario General: Yves Blein |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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|
Presidenta: Yvonne Delemotte Secretario General: René Machabert |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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|
Presidente: Henry de Gaulle Secretario General: Pierre Perio |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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|
Presidenta: Reine-Claude Mader Secretario General: Alain Chosson |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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|
Presidenta: Michèle Fournier-Bernard Secretario General: Eric Comparat |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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|
Presidente: Paul de Viguerie Director: Olivier Braillon |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
||||||||
|
Presidente: Jean-Pierre Giacomo Administrador: Philippe Denizot |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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|
Presidente: Christian Zytynski Secretario General: François Édouard |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
||||||||
|
Presidente: Henri Joyeux Secretario General: Olivier Degauquier |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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|
Presidente: Thierry Damient Director: Jean-Yves Martin |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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Presidente: Jean Sivardière Secretaria General: Simone Bigorgne |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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|
Presidente: Daniel Collet Secretario General: Daniel Tournez |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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|
Presidente: Yves Sirot Secretaria General: Sylvie Martin-Pernot |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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|
Presidente: Alain Bazot Director: Jean-Louis Redon |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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|
Presidenta: Chantal Jannet Secretaria General: Elisabeth Leveque |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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Presidente: Hubert Brin Directora: Monique Sassier |
Proteger los intereses económicos de los consumidores. |
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Protección de los intereses de los consumidores; investigaciones; requerimientos. |
ITALIA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Intenta lograr la solidaridad social protegiendo los derechos de los consumidores y usuarios; tiene prohibido realizar determinadas actividades; su objetivo principal es conseguir beneficios para los consumidores y usuarios perjudicados por razón de sus condiciones físicas, psíquicas, económicas, sociales o familiares (artículo 3 de los estatutos). |
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Intenta proteger los derechos e intereses de los consumidores y usuarios incluyendo: los derechos relativos a la salud, la seguridad y la calidad de productos y servicios; la información apropiada y la publicidad veraz; la equidad, transparencia e igualdad en las relaciones contractuales relativas a bienes y servicios; la prestación de servicios públicos con arreglo a las normas de calidad y eficiencia; la información sobre un consumo responsable, crítico, apropiado y ecológico y la utilización racional de la energía; la información sobre la utilización del dinero para evitar el sobreendeudamiento y la usura; la ayuda y apoyo a las víctimas de la usura o a quienes precisen asistencia (artículo 1 de los estatutos). |
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|
Persigue el objetivo estatutario de proteger a los consumidores y usuarios llevando a cabo acciones que garanticen sus derechos y salvaguarden una mayor calidad de vida (artículo 2 de los estatutos). |
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|
|
Opera en Italia con el objetivo de ayudar, proteger, representar y defender a los usuarios de servicios bancarios, financieros, de fondos comunes de inversión o de cualquier otra actividad directa o indirectamente relacionada con la crediticia (artículo 1 de los estatutos). |
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Promueve y defiende los intereses de los consumidores de bienes y usuarios de servicios y lleva a cabo todas las iniciativas idóneas para garantizar estos intereses, de forma individual y colectiva (artículo 2 de los estatutos). |
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Persigue el objetivo de proteger a los usuarios y consumidores llevando a cabo actividades de solidaridad social y protección de los derechos civiles (artículo 2 de los estatutos). |
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La unión de asociaciones y organizaciones del Alto Adigio opera únicamente en el ámbito de la protección de los consumidores: busca proteger los intereses de consumidores y usuarios mediante sus propias estructuras o con servicios autónomos separados de las demás actividades generales (artículo 1 de los estatutos). |
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|
Movimiento de participación cívica que busca la protección de los derechos humanos promoviendo el ejercicio práctico de los derechos sociales y políticos a escala nacional, europea e internacional. Combate el despilfarro y la corrupción y, participando estrechamente en el amplio movimiento de los consumidores, protege los derechos de consumidores y usuarios y salvaguarda el medio ambiente, el territorio, la salud y la seguridad individual y colectiva (artículo 1 de los estatutos). |
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|
Busca exclusivamente proteger, mediante cualquier medio legítimo y en particular con el recurso a los instrumentos jurídicos, los derechos e intereses de consumidores y usuarios y de inmigrantes y refugiados ante las administraciones públicas, los productores de bienes y los prestadores de servicios a fin de eliminar las distorsiones del mercado determinadas por la comisión de abusos y otros delitos contra la administración pública (artículo 2 de los estatutos). |
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|
|
Ofrece una formación social independiente y democrática, sin ánimo de lucro. Su objetivo es llevar a cabo actividades culturales, sociales, políticas y jurídicas para promover, mantener y proteger los derechos e intereses de consumidores y usuarios, en particular de los más vulnerables (artículo 3 de los estatutos). |
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|
|
Su objetivo es proteger a los consumidores y usuarios, sin ánimo de lucro, con fines de solidaridad social (artículo 2 de los estatutos). |
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|
|
Apoya, forma, informa y protege a todos los consumidores y usuarios, en particular a los que son social y económicamente más vulnerables (artículo 2 de los estatutos). |
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|
|
Su fin es operar a escala comunitaria, nacional, regional y local para informar, promover, asistir, proteger, representar y defender los derechos e intereses individuales y colectivos de los consumidores de bienes y usuarios de servicios, así como sus intereses generales (artículo 1 de los estatutos). |
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Busca promover, organizar y valorizar del modo más pertinente los recursos individuales y colectivos de los asociados en relación con su formación, información y autoprotección a fin de identificar y satisfacer las necesidades de la colectividad; promueve y coordina la creación de organismos económicos basados en la autogestión y la participación directa de los individuos en la defensa del poder adquisitivo de sus salarios y en la elección programada y consciente del consumo; busca un nuevo modelo de desarrollo que tenga en cuenta un nuevo modo de consumir para influir en la forma de producción, transformación y comercialización capitalista y cambiarla; protege la integridad física y moral de los ciudadanos ante las empresas de producción y de servicios, incluyendo el recurso jurídico; contribuye a desarrollar y afirmar los ideales y valores del movimiento obrero y popular favoreciendo formas de colaboración basadas en la experiencia de cooperativas y mutuas (artículo 3 de los estatutos). |
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Protege los derechos e intereses de consumidores y usuarios en general, tal como se definen en el artículo 2 de la Ley no 281 de 30 de julio de 1998, así como de los ahorradores; intenta mejorar la calidad de vida de tales personas; promover el desarrollo de la cultura del consumidor y formar para un consumo sostenible y compatible con el medio ambiente (artículo 2 de los estatutos). |
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Asociación autónoma sin ánimo de lucro que opera en Italia: persigue fines de solidaridad y promoción social y proteger los derechos de los ciudadanos, consumidores y usuarios (artículo 1 de los estatutos). |
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Sus objetivos estatutarios son representar y proteger indistintamente los intereses de todos los consumidores, incluidos los usuarios de servicios públicos y privados, en tanto que personas vulnerables por su posición de debilidad para negociar y por su falta de información en relación con la de los profesionales; defiende sus derechos civiles, en su caso, ante la autoridad judicial ordinaria y administrativa y ante los organismos internacionales, y les asiste en sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios, públicos y privados (artículo 2 de los estatutos). |
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|
En los años inmediatamente posteriores a su creación, Asso-consum fue activa sobre todo en el ámbito parlamentario: entre 2002 y 2007, sus informes generaron un mínimo de seiscientas preguntas parlamentarias. A medida que iba contratando personal fue adquiriendo mayor capacidad de ofrecer asistencia, orientación y formación a los consumidores (fuesen socios o no) y asesoramiento jurídico gratuito en los sectores del crédito y el ahorro, los contratos, las telecomunicaciones, el transporte, la acción popular, la salud, el turismo, el medio ambiente, la alimentación y la protección de la privacidad. Asso-Consum ha participado recientemente en iniciativas de importancia nacional, como negociar con Costa Crociere la compensación a los pasajeros del Concordia, presentar el referéndum sobre la abolición del reembolso de los gastos electorales de los partidos políticos y ejercer la acción popular contra la Banca della Campania en relación con sus comisiones sobre saldos deudores elevados. |
CHIPRE
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Tel. +357 22867153 Fax +357 22375120 E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy |
El objetivo del servicio es proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores. El servicio es responsable de la transposición de las directivas de la UE y de la aplicación de la legislación armonizada. |
||
|
Tel. +357 22 516112/3/4 Fax +357 22516118 E-mail: cyconsas@spidernet.net y cca@spidernet.net www.cyprusconsumers.org.cy |
El objetivo de la asociación es defender los derechos de los consumidores, como establecen las Naciones Unidas y la UE, y formar a los consumidores para que sean plenamente conscientes de sus derechos y obligaciones. |
||
|
Tel. +357 22313111 / 22463003 Fax +357 22463077 E-mail: consumersunion@cytanet.com.cy www.consumersunion.org.cy |
Su objetivo es defender y promover los intereses de todos los consumidores sin distinción y proteger su derecho a una vida confortable y saludable en un entorno sostenible y desarrollado. |
LETONIA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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|
Tel. +371 7338026 Fax +371 7338024 E-mail: tpkc@apollo.lv www.ptac.gov.lv |
Poner en práctica la protección de los derechos e intereses de los consumidores. |
LITUANIA
|
Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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El Servicio Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores es un organismo gubernamental, responsable de llevar a cabo la política de protección de los consumidores y de coordinar la inspección de la seguridad de los productos y la defensa de los derechos de los consumidores. |
LUXEMBURGO
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Informar, formar y proteger a los consumidores; prestar servicios jurídicos, consultas con especialistas, asistencia jurídica, representación ante la administración pública. |
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Proteger y promover los intereses de los automovilistas como consumidores. |
HUNGRÍA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Contacto: Dr.György Baranovszky, Presidente |
Representación y protección de los intereses de los consumidores húngaros. Colabora en preparar y elaborar la política nacional de protección de los consumidores y mantiene relaciones con organizaciones de consumidores nacionales y extranjeras. |
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Representación y protección de intereses de los consumidores en general y puesta en práctica de sus derechos. Colabora en preparar y elaborar la política de protección de los consumidores y en la fijación de precios oficiales; ayuda a obtener asistencia jurídica. |
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Representa, protege y aplica los intereses de los consumidores húngaros de energía. Colabora en la reglamentación de las cuestiones de gestión energética que afecten a los pequeños y grandes consumidores y proporciona asesoramiento jurídico. |
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Representación y protección de intereses de los consumidores en general y puesta en práctica de sus derechos. |
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Protección de los intereses automovilísticos de los miembros de asociación. |
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Representación y protección de los intereses de los consumidores húngaros. Colabora en preparar y elaborar la política nacional de protección de los consumidores y mantiene relaciones con organizaciones de consumidores nacionales y extranjeras. |
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Representante: Dr. Márk Erdélyi, Presidente |
El objetivo de la organización es hacer cumplir los derechos de los consumidores, señalar las infracciones que les afectan, proteger sus intereses, sensibilizarles en relación con sus derechos, apoyar las actividades de protección de los consumidores llevadas a cabo por el Estado y otros organismos, ampliar los derechos de consumidores y tomar medidas para que su protección sea más eficaz. |
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Representante: Dr. Dénes Lázár, Presidente |
Sensibilizar a los consumidores; conocer, comprender y proteger los intereses locales y nacionales de los consumidores; formar y desarrollar una conducta nacional de los consumidores; examinar, presentar e investigar el comportamiento de los consumidores; ofrecer servicios de protección de los consumidores, promover la información de los consumidores y la creación de grupos de presión, ayudar a hacer más eficaz la protección de los consumidores; apoyar a los consumidores en sus litigios con empresas de servicios, de telecomunicaciones, entidades financieras, prestadores de servicios financieros, compañías de seguros, agentes de seguros, empresas de estacionamiento, agencias de viajes, agentes inmobiliarios y todas las demás empresas comerciales. |
MALTA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Godwin Mangion Director General
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Hacer cumplir la legislación nacional correspondiente que transpone las directivas siguientes:
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Marie-Louise Mangion Directora
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Hacer cumplir la legislación nacional correspondiente que transpone las directivas siguientes:
Estas directivas se han transpuesto en virtud de la Malta Travel and Tourism Services Act (capítulo 409). |
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Hacer cumplir la legislación nacional correspondiente que transpone la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (y sus enmiendas subsiguientes). |
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Patricia Vella Bonanno Directora Ejecutiva
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Hacer cumplir la legislación nacional correspondiente que transpone la Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los medicamentos para uso humano. La legislación sobre medicamentos (acciones de cesación en materia de publicidad) de 2008 debe haberse publicado en la Gazzetta tal-Gvern ta' Malta en enero/febrero de 2008. |
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Philip Micallef Presidente
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Hacer cumplir:
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Benny Borg Bonello Presidente E-mail: info@camalta.org.mt bborgbonello@camalta.org.mt |
Hacer cumplir la legislación nacional correspondiente que transpone la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa, y sus modificaciones posteriores; la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia; la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica las Directivas 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE, y el Reglamento (CE) no 2006/2004 (Directiva sobre prácticas comerciales desleales); la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, y sus modificaciones posteriores; la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y la Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales. |
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Stefan Xuereb Presidente Tel. +356 21432661 Móvil +356 79233333 Email: stefan@camalta.org Grace Attard Secretaria General Tel. +356 21488391 Móvil +356 99225445 Email: grace.attard@gmail.com |
Hacer cumplir la legislación nacional correspondiente que transpone la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa, y sus modificaciones posteriores; la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia; la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica las Directivas 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE, y el Reglamento (CE) no 2006/2004 (Directiva sobre prácticas comerciales desleales); la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, y sus modificaciones posteriores; la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y la Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales. |
PAÍSES BAJOS
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Aspira a que los consumidores puedan elegir de modo más sencillo y mejor en una sociedad sostenible y socialmente justa. |
AUSTRIA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Representa y promueve los intereses comunes de sus miembros industriales, comerciantes y particulares (artículo 1 de la Wirtschaftskammergesetz [Ley de Cámaras de Comercio]). Protege los intereses colectivos de los consumidores [artículo 28, apartado 1 y letra a), apartado 1, y artÍculo 29, apartado 1, de la Konsumentenschutzgesetz, y artículo 1; artículo 2, apartado 1, y artículo 14, apartado 1, de la Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb]. |
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Representa y promueve los intereses sociales, económicos, laborales y culturales de los trabajadores; contribuye a mejorar la situación económica y social de los trabajadores y sus familias, toma medidas en educación, cultura, protección del medio ambiente y de los consumidores; organiza el tiempo libre; protege y promueve la salud y la calidad de vida y fomenta el pleno empleo; elabora normas de tarifación y competencia; da asesoramiento y protección jurídica en cuestiones de Derecho laboral y social, incluida la representación. Protege los intereses colectivos de los consumidores (artículo 1; artículo 2, apartado 1, y artículo 14, apartado 1, de la Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb). |
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Fomenta el papel económico nacional de la agricultura, la ganadería y la silvicultura, y representa sus intereses económicos. Protege los intereses colectivos de los consumidores (artículo 1; artículo 2, apartado 1, y artículo 14, apartado 1, de la Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb) |
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Excluye a los autónomos; incluye a trabajadores manuales, administrativos, funcionarios y hasta aprendices y similares, así como a los desempleados, incluso si aún no han tenido oportunidad de trabajar (excepto como autónomos), alumnos y estudiantes que prevean comenzar a trabajar (excepto como autónomos) y otros grupos laborales (como independientes o becarios) siempre que su actividad pueda compararse con la de los asalariados. Protege los intereses colectivos de los consumidores (artículo 1; artículo 2, apartado 1, y artículo 14, apartado 1, de la Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb). |
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Asesora, informa y protege a los consumidores contra la publicidad engañosa y los métodos de venta desleales y en cuestiones jurídicas relativas a la compra de bienes y servicios. Protege los intereses colectivos de los consumidores (artículo 1; artículo 2, apartado 1, y artículo 14, apartado 1, de la Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb). |
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Fomenta la cooperación entre cámaras de trabajadores del campo, asesora sobre las cuestiones comunes que recaen bajo la responsabilidad de estas cámaras (sección de trabajadores por cuenta ajena). Protege los intereses colectivos de los consumidores [artículo 28, apartado 1 y letra a), apartado 1, y artÍculo 29, apartado 1, de la Konsumentenschutzgesetz]. |
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Garantiza que todas los servicios económicos, sociales y culturales sean accesibles a las personas de edad y adecuados a sus necesidades; contribuye a resolver problemas de política social, de la vejez o de salud, y ofrece asesoría, información y asistencia a los ancianos. Protege los intereses colectivos de los consumidores [artículo 28, apartado 1 y letra a), apartado 1, y artÍculo 29, apartado 1, de la Konsumentenschutzgesetz]. |
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Lucha contra la competencia desleal, sobre todo contra la difamación comercial en la actividad económica. Protege los intereses colectivos de los consumidores (artículo 1; artículo 2, apartado 1, y artículo 14, apartado 1, de la Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb). |
POLONIA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Según el artículo 208 de la Constitución de la República de Polonia, el Rzecznik Praw Obywatelskich (comisario de derechos cívicos) debe salvaguardar las libertades y derechos establecidos en la Constitución y demás leyes. Sus responsabilidades específicas están previstas en la Ley de 15 de julio de 1987 sobre el Rzecznik Praw Obywatelskich (texto consolidado: Dziennik Ustaw [Diario Oficial] no 14 de 2001, p. 147). El Rzecznik Praw Obywatelskich toma las medidas apropiadas en virtud de la Ley cuando se le informa de cualquier violación de las libertades o los derechos humanos y civiles. |
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El Rzecznik Ubezpieczonych (defensor del usuario de seguros) actúa con arreglo a la Ley de 22 de mayo de 2003 relativa a la supervisión de seguros y pensiones y al propio defensor. En virtud de esta Ley, el Rzecznik Ubezpieczonych puede solicitar aclaraciones a las compañías de seguros, a la oficina polaca de seguros de automóviles y al fondo de garantía de seguros sobre:
Además, el Rzecznik Ubezpieczonych está autorizado a dirigir al Ministerio de Hacienda las cuestiones referentes al seguro obligatorio o a proponer cambios en la reglamentación sobre el seguro obligatorio. |
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Con arreglo a la Ley de 15 de diciembre de 2000 sobre la competencia y la protección del consumidor (Dziennik Ustaw [Diario Oficial] no 86 de 2003, p. 804, con las enmiendas subsiguientes), el Miejski/Powiatowy Rzecznik Konsumentów (defensor del consumidor municipal/regional) representa a las administraciones locales en el ámbito de la protección de los consumidores. Sus responsabilidades principales son:
En especial, el Rzecznik Konsumentów puede iniciar procedimientos jurídicos en nombre de los consumidores y, con su acuerdo, intervenir en los procedimientos abiertos de protección de los consumidores. |
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Con arreglo al artículo 39 de la Ley de 15 de diciembre de 2000 sobre competencia y protección de los consumidores (Dziennik Ustaw [Diario Oficial] no 86 de 2003, p. 804, con las enmiendas subsiguientes), las organizaciones de consumidores están habilitadas para representar los intereses de los consumidores ante organismos administrativos y administraciones locales, y podrán participar en las decisiones de la política nacional de los consumidores. Las organizaciones mencionadas en la sección 1 tienen derecho a:
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PORTUGAL
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Tel. +351 296629726 Fax +351 296629726 Email:secretariadodeangradoheroismo@acra.pt consumidores@acra.pt www.acra.pt |
Promover acciones públicas dirigidas a informar, sensibilizar y formar a los consumidores; animar a los consumidores y prepararlos para que defiendan sus intereses. Realizar estudios y emitir dictámenes, corregirlos y publicarlos en caso necesario. Crear un servicio de asesoría jurídica para los consumidores con arreglo a los términos establecidos por la secretaría general. Realizar o encargar análisis, pruebas y otros exámenes de la calidad de los productos. Promover varios tipos de reuniones para debatir los problemas que afectan a los consumidores. |
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Tel. +351 239404840 Fax +351 239404738 Email: acop.geral@mail.telepac.pt http://planeta.clix.pt/acop |
Proteger a los consumidores, sean o no miembros de la asociación. Fomentar, difundir y supervisar la aplicación y el respeto de los derechos del consumidor reconocidos por la Constitución y la ley. Estudiar todos los problemas que interesen a los consumidores y buscar soluciones. |
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Tel. +351 265237970 Fax +351 265237970 Email: acset-setubal@iol.pt |
Defender a los consumidores en general. |
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Defender los derechos y los intereses legítimos de los consumidores. |
RUMANÍA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Representar a los consumidores y promover sus intereses, darles información y formación. |
ESLOVENIA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Organización de consumidores no gubernamental. Con arreglo a los artículos 74, 75 y 76 de la ley eslovena de protección del consumidor, «las cámaras de comercio y artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los derechos colectivos de los consumidores». |
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Organización de consumidores no gubernamental. Con arreglo a los artículos 74, 75 y 76 de la ley eslovena de protección del consumidor, «las cámaras de comercio y artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los derechos colectivos de los consumidores». |
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Organización de consumidores no gubernamental. Con arreglo a los artículos 74, 75 y 76 de la ley eslovena de protección del consumidor, «las cámaras de comercio y artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los derechos colectivos de los consumidores». |
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Organización de consumidores no gubernamental. Con arreglo a los artículos 74, 75 y 76 de la ley eslovena de protección del consumidor, «las cámaras de comercio y artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los derechos colectivos de los consumidores». |
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Organización de consumidores no gubernamental. Con arreglo a los artículos 74, 75 y 76 de la ley eslovena de protección del consumidor, «las cámaras de comercio y artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los derechos colectivos de los consumidores». |
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Organización de consumidores no gubernamental. Con arreglo a los artículos 74, 75 y 76 de la ley eslovena de protección del consumidor, «las cámaras de comercio y artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los derechos colectivos de los consumidores». |
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Organización de consumidores no gubernamental. Con arreglo a los artículos 74, 75 y 76 de la ley eslovena de protección del consumidor, «las cámaras de comercio y artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los derechos colectivos de los consumidores». |
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Organización de consumidores no gubernamental. Con arreglo a los artículos 74, 75 y 76 de la ley eslovena de protección del consumidor, «las cámaras de comercio y artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los derechos colectivos de los consumidores». |
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Organización de consumidores no gubernamental. Con arreglo a los artículos 74, 75 y 76 de la ley eslovena de protección del consumidor, «las cámaras de comercio y artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los derechos colectivos de los consumidores». |
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Organización de consumidores no gubernamental. Con arreglo a los artículos 74, 75 y 76 de la ley eslovena de protección del consumidor, «las cámaras de comercio y artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los derechos colectivos de los consumidores». |
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Organización de consumidores no gubernamental. Con arreglo a los artículos 74, 75 y 76 de la ley eslovena de protección del consumidor, «las cámaras de comercio y artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los derechos colectivos de los consumidores». |
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Organización de consumidores no gubernamental. Con arreglo a los artículos 74, 75 y 76 de la ley eslovena de protección del consumidor, «las cámaras de comercio y artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los derechos colectivos de los consumidores». |
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Cámara de comercio de Eslovenia. Con arreglo a los artículos 74, 75 y 76 de la ley eslovena de protección del consumidor, «las cámaras de comercio y artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los derechos colectivos de los consumidores». |
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Cámara de artesanos de Eslovenia. Con arreglo a los artículos 74, 75 y 76 de la ley eslovena de protección del consumidor, «las cámaras de comercio y artesanía podrán iniciar acciones judiciales para proteger los derechos colectivos de los consumidores». |
ESLOVAQUIA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Representar a los consumidores ante los tribunales. Facilitarles la consulta con especialistas. Ejercer de mediador entre consumidores y vendedores. |
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Ejercer de mediador entre consumidores y vendedores. |
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Representar los intereses de los consumidores ante los tribunales. |
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Recurrir a métodos alternativos de resolución de conflictos de los consumidores; representarlos ante los tribunales y los organismos de la administración nacional. |
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Resolver los litigios de los consumidores mediante métodos alternativos de resolución de conflictos; representarlos ante los tribunales. |
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Proteger los derechos de los consumidores en su lugar de residencia; representarlos ante los tribunales. |
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Representar a los consumidores y presentar sus reclamaciones ante los tribunales. |
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Representar a los consumidores en sus litigios, sobre todo los debidos a servicios prestados por monopolios. |
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Prestar servicios de asesoramiento; ayudar a los consumidores ante los tribunales. |
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Prestar servicios de asesoramiento; ayudar a los consumidores ante los tribunales. |
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Protección de los derechos de los consumidores propietarios y arrendatarios de bienes inmuebles. |
FINLANDIA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Tel. +358 977261 Fax +358 977267557 E-mail: posti@kuluttajavirasto.fi www.kuluttajavirasto.fi |
Supervisar la comercialización dirigida a los consumidores y sus condiciones contractuales. Controlar que la publicidad por radio y televisión se ajuste a los principios éticos y a la normativa sobre la protección de menores. |
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Tel. +358 987750120 Fax +358 987750120 E-mail: info@kuluttajat-konsumenterna.fi www.kuluttajat-konsumenterna.fi |
Controlar la eficacia y el progreso de la protección del consumidor |
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Tel. +358 94542210 Fax +358 945422120 E-mail: suomen@kuluttajaliitto.fi www.kuluttajaliitto.fi |
Controlar los intereses del mercado de los consumidores mediante la actuación cívica. |
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Tel. +358 977261 Fax +358 977267557 E-mail: posti@kuluttajavirasto.fi www.kuluttajavirasto.fi |
Controlar los viajes combinados y su seguridad. |
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Tel. +358 1083151 Fax +358 108315328 E-mail: rahoitustarkastus@rahoitustarkastus.fi www.rahoitustarkastus@fi |
Supervisar la comercialización del crédito al consumo y las condiciones contractuales, junto con el kuluttaja-asiamies (defensor del consumidor). |
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Tel. +358 9473341 Fax +358 9714469 E-mail: kirjaamo@nam.fi www.laakelaitos.fi |
Supervisar la publicidad de los medicamentos |
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Tel. +358 93967270 Fax +358 939672797 www.sttv.fi |
Supervisar la publicidad del tabaco y el alcohol. |
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Tel. +358 969661 Fax +358 96966410 E-mail: kirjaamo@ficora.fi www.ficora.fi |
Supervisar la publicidad radiotelevisada, teniendo en cuenta:
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Tel. +358 94155950 Fax +358 941559660 E-mail: kirjaamo@vakuutusvalvonta.fi www.vakuutusvalvonta.fi |
Supervisar la comercialización de los seguros y las condiciones de las compañías aseguradoras. |
SUECIA
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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Tel. + 46 84290500 Fax +46 84298900 E-mail: konsumentverket@konsumentverket.se www.konsumentverket.se |
El Konsumentverket es el organismo administrativo nacional para asuntos de los consumidores, cuyos intereses debe salvaguardar. |
REINO UNIDO
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Nombre de la entidad |
Direcciones de contacto |
Objeto |
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El objetivo del Office of Fair Trading es ayudar a aumentar al máximo el bienestar del consumidor y garantizar el buen funcionamiento de la competencia para que los mercados sean más eficientes y beneficiosos para los consumidores. |
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El Information Commissioner tiene varias misiones específicas con arreglo a las leyes de protección de datos y de libertad de información |
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El CAA tiene varias funciones específicas, que incluyen favorecer los intereses legítimos de los usuarios de los servicios de transporte aéreo y su protección en caso de quiebra de los organizadores de dicho transporte |
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La Office of Gas and Electricity Markets se encarga de regular los mercados del gas y la electricidad en Gran Bretaña y de proteger los intereses de los consumidores de gas y electricidad |
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La Office for the Regulation of Electricity and Gas se encarga de regular los mercados del gas y la electricidad en Irlanda del Norte y de proteger los intereses de los consumidores de gas y electricidad |
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La Office of Communications regula las industrias de comunicaciones del Reino Unido y se encarga de los servicios de televisión, radio, telecomunicaciones y telefonía móvil |
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La Office of Water Services es el regulador económico de la industria privatizada del suministro de agua en Inglaterra y Gales. Protege los intereses de los consumidores en cuanto a tarifación y normas del servicio, y media en los litigios. |
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Se encarga de regular los ferrocarriles de Gran Bretaña. Su cometido incluye proteger los intereses de los usuarios de estos servicios. |
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204 organizaciones. Póngase en contacto con el Office of Fair Trading:
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Los organismos de pesos y medidas forman parte de la administración local en Gran Bretaña: garantizan el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la venta y el suministro de bienes y servicios y asesoran a los consumidores y a las empresas |
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Garantiza el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la venta y el suministro de bienes y servicios en Irlanda del Norte y asesora a los consumidores y a las empresas |
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Organismo independiente que regula la industria de servicios financieros del Reino Unido. Busca mantener la confianza en el sistema financiero del Reino Unido, promover la comprensión del público y garantizar la protección de los consumidores. |
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22.3.2013 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84/46 |
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 70/2001
2013/C 84/02
Ayuda no: SA.36238 (13/XA)
Estado miembro: Francia
Región: CENTRE
Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Aide exceptionnelle d'une avance remboursable pour les pertes subies par les arboriculteurs du Cher suite au gel du 17 avril 2012 en complément de l'indemnisation par le fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)
Base jurídica:
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Article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime |
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— |
Article L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales |
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— |
Arrêté interministériel du 29 décembre 2010 fixant la liste des risques considérés comme assurables pour la gestion du fonds national de gestion des risques en agriculture |
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— |
Arrêté du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF) du 18 septembre 2012 reconnaissant le caractère de calamité agricole |
Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa beneficiaria: Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen: EUR 0,33 (en millones)
Intensidad máxima de la ayuda: 30,00 %
Duración del régimen o de la ayuda individual: 2.3.2013—31.12.2013
Objetivo de la ayuda: Fenómenos climáticos adversos (Artículo 11 del Reglamento (CE) no 1857/2006)
Sector o sectores beneficiarios: AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA
Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:
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Conseil général du Cher |
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Direction de l'aménagement du territoire et du développement durable |
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Service environnement et agriculture |
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Place Marcel Plaisant-18023 BOURGES Cedex |
Dirección web: http://www.cg18.fr/Aide-a-la-filiere-arboricole
Otros datos: —
Ayuda no: SA.36240 (13/XA)
Estado miembro: Irlanda
Región: IRELAND
Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Provision of technical support to SME's active in the primary production of agricultural products
Base jurídica: An Bord Bia Acts 1994 to 2004
Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa beneficiaria: Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen: EUR 0,30 (en millones)
Intensidad máxima de la ayuda: 100,00 %
Duración del régimen o de la ayuda individual: 5.3.2013—31.12.2013
Objetivo de la ayuda: Asistencia técnica (Artículo 15 del Reglamento (CE) no 1857/2006)
Sector o sectores beneficiarios: AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA
Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:
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Bord Bia |
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Clanwilliam Court |
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Lower Mount Street |
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Dublin 2 |
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Ireland |
Dirección web: http://www.bordbia.ie/industryservices/producers/pages/horticulture.aspx
Otros datos: —
Ayuda no: SA.36266 (13/XA)
Estado miembro: España
Región: SALAMANCA
Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Subvenciones a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2013.
Base jurídica: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2013.
Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa beneficiaria: Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen: EUR 0,02 (en millones)
Intensidad máxima de la ayuda: 50,00 %
Duración del régimen o de la ayuda individual: 1.4.2013—31.12.2013
Objetivo de la ayuda: Sector ganadero (Artículo 16 del Reglamento (CE) no 1857/2006)
Sector o sectores beneficiarios: Actividades de apoyo a la ganadería
Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:
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Excma. Diputación Provincial de Salamanca |
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C/ Felipe Espino no 1 |
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37002 Salamanca. SPAIN |
Dirección web: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2013/ControlLechero.pdf
Otros datos: —
Ayuda no: SA.36267 (13/XA)
Estado miembro: España
Región: SALAMANCA
Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones agrarias 2013.
Base jurídica: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones agrarias con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2013.
Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa beneficiaria: Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen: EUR 0,02 (en millones)
Intensidad máxima de la ayuda: 100,00 %
Duración del régimen o de la ayuda individual: 1.4.2013—31.12.2013
Objetivo de la ayuda: Asistencia técnica (Artículo 15 del Reglamento (CE) no 1857/2006)
Sector o sectores beneficiarios: Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha
Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:
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Excma. Diputación Provincial de Salamanca |
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C/ Felipe Espino no 1 |
|
37002 Salamanca. SPAIN |
Dirección web: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2013/Asociaciones.pdf
Otros datos: —
Ayuda no: SA.36269 (13/XA)
Estado miembro: España
Región: SALAMANCA
Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Subvenciones dirigidas a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas 2013.
Base jurídica: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía y a las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento de alguna de estas figuras de calidad, anualidad 2013.
Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa beneficiaria: Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen: EUR 0,03 (en millones)
Intensidad máxima de la ayuda: 70,00 %
Duración del régimen o de la ayuda individual: 1.4.2013—31.12.2013
Objetivo de la ayuda: Asistencia técnica (Artículo 15 del Reglamento (CE) no 1857/2006), Producción de productos agrícolas de calidad (Artículo 14 del Reglamento (CE) no 1857/2006)
Sector o sectores beneficiarios: Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha
Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:
|
Excma. Diputación Provincial de Salamanca |
|
C/ Felipe Espino no 1 |
|
37002 Salamanca |
Dirección web: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2013/Denominaciones.pdf
Otros datos: —
|
22.3.2013 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84/48 |
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
2013/C 84/03
|
Número de referencia de ayuda estatal |
SA.35875 (12/X) |
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|
Estado miembro |
Alemania |
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|
Número de referencia del Estado miembro |
N 790/2006 |
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|
Nombre de la región (NUTS) |
DEUTSCHLAND Artículo 107.3.c |
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|
Autoridad que concede las ayudas |
|
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|
Denominación de la medida de ayuda |
„Betriebliches Kompetenzmanagement im demografischen Wandel“ |
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|
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente) |
Förderrichtlinie auf dem Gebiet des „Betrieblichen Kompetenzmanagements im demografischen Wandel“ vom 22.11.2012 im Bundesanzeiger veröffentlicht am 6.12.2012 (BAnz AT 6.12.2012 B 1) Bundeshaushaltsplan 2012, EP 30, Kap. 3004, Titel 68324 |
|||||
|
Tipo de medida |
Régimen |
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|
Modificación de una medida de ayuda existente |
— |
|||||
|
Duración |
6.12.2012-31.12.2017 |
|||||
|
Sector(es) económico(s) afectado(s) |
Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda |
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|
Tipo de beneficiario |
PYME,gran empresa |
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|
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen |
EUR 15,00 (en millones) |
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|
Para garantías |
— |
|||||
|
Instrumento de ayuda (artículo 5) |
Subvención directa |
|||||
|
Referencia a la decisión de la Comisión |
— |
|||||
|
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios |
2007DE05UPo (Operatives Programm des Bundes für den Europäischen Sozialfomds Förderperiode 2007-2013 und Nachfolgeprogramm — EUR 48,00 (en millones) |
|||||
|
Objetivos |
Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional |
Primas PYME en% |
||||
|
Desarrollo experimental [Art. 31, apdo. 2, letra c)] |
25 % |
10 % |
||||
|
Investigación industrial [Art. 31, apdo. 2, letra b)] |
50 % |
10 % |
||||
|
Investigación fundamental [Art. 31, apdo. 2, letra a)] |
100 % |
— |
||||
Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
http://www.bmbf.de/foerderungen/20779.php
|
Número de referencia de ayuda estatal |
SA.35947 (12/X) |
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|
Estado miembro |
Hungría |
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|
Número de referencia del Estado miembro |
— |
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|
Nombre de la región (NUTS) |
Hungary Artículo 107.3.a,Artículo 107.3.c |
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|
Autoridad que concede las ayudas |
|
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|
Denominación de la medida de ayuda |
Bizottság tájékoztatása a Tiszta növényi olaj üzemanyagként történő felhasználásának támogatásáról |
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|
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente) |
|
|||||
|
Tipo de medida |
Régimen |
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|
Modificación de una medida de ayuda existente |
— |
|||||
|
Duración |
1.1.2013-1.1.2023 |
|||||
|
Sector(es) económico(s) afectado(s) |
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA |
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|
Tipo de beneficiario |
PYME,gran empresa |
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|
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen |
HUF 1 000,00 (en millones) |
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|
Para garantías |
— |
|||||
|
Instrumento de ayuda (artículo 5) |
Otras formas de ventajas fiscales |
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|
Referencia a la decisión de la Comisión |
— |
|||||
|
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios |
— |
|||||
|
Objetivos |
Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional |
Primas PYME en% |
||||
|
Ayudas medioambientales en forma de reducciones fiscales (Art. 25) |
1 000 000 000 HUF |
— |
||||
Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157065.615422
|
Número de referencia de ayuda estatal |
SA.36036 (13/X) |
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|
Estado miembro |
Alemania |
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|
Número de referencia del Estado miembro |
— |
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|
Nombre de la región (NUTS) |
BAYERN Zonas mixtas |
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|
Autoridad que concede las ayudas |
|
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|
Denominación de la medida de ayuda |
Forschungsprogramm „Neue Werkstoffe“ (BayNW) |
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|
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente) |
Richtlinie zum Forschungsprogramm „Neue Werkstoffe“ (BayNW), AllMBl 2012/640 |
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|
Tipo de medida |
Régimen |
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|
Modificación de una medida de ayuda existente |
Modification N 730/2006 |
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|
Duración |
1.1.2013-30.6.2014 |
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|
Sector(es) económico(s) afectado(s) |
Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda |
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|
Tipo de beneficiario |
PYME,gran empresa |
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|
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen |
EUR 4,75 (en millones) |
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|
Para garantías |
— |
|||||
|
Instrumento de ayuda (artículo 5) |
Subvención directa |
|||||
|
Referencia a la decisión de la Comisión |
— |
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|
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios |
EFRE - EUR 1,00 (en millones) |
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|
Objetivos |
Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional |
Primas PYME en% |
||||
|
Ayudas a estudios de viabilidad técnica (Art. 32) |
50 % |
— |
||||
|
Investigación industrial [Art. 31, apdo. 2, letra b)] |
50 % |
0 % |
||||
|
Desarrollo experimental [Art. 31, apdo. 2, letra c)] |
25 % |
0 % |
||||
Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
https://www.verkuendung-bayern.de/allmbl/jahrgang:2012/heftnummer:11/seite:640
|
Número de referencia de ayuda estatal |
SA.36042 (13/X) |
||||||
|
Estado miembro |
Países Bajos |
||||||
|
Número de referencia del Estado miembro |
Aanvullende subsidie Haalbaarheidsstudie |
||||||
|
Nombre de la región (NUTS) |
NEDERLAND Regiones no asistidas |
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|
Autoridad que concede las ayudas |
|
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|
Denominación de la medida de ayuda |
Aanvullende subsidie Green Deal Haalbaarheidsstudie nationaal fonds energiebesparing (NFEB) |
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|
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente) |
Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen Geldend op 23.7.2012 http://wetten.overheid.nl/BWBR0020333/geldigheidsdatum_23-07-2012 Regeling Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen Geldend op 23.7.2012 http://wetten.overheid.nl/BWBR0020311/geldigheidsdatum_23-07-2012 |
||||||
|
Tipo de medida |
ayuda ad hoc |
||||||
|
Modificación de una medida de ayuda existente |
Modification SA.35212 |
||||||
|
Fecha de la concesión |
A partir del 10.12.2012 |
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|
Sector(es) económico(s) afectado(s) |
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal |
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|
Tipo de beneficiario |
gran empresa - Price Waterhouse Coopers Accountants N.V. |
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|
Importe global de la ayuda ad hoc concedida a la empresa |
EUR 0,08 (en millones) |
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|
Para garantías |
— |
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|
Instrumento de ayuda (artículo 5) |
Subvención directa |
||||||
|
Referencia a la decisión de la Comisión |
— |
||||||
|
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios |
— |
||||||
|
Objetivos |
Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional |
Primas PYME en% |
|||||
|
Ayudas para estudios medioambientales (Art. 24) |
50 % |
0 % |
|||||
Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2012/12/10/aanvullende-beschikking-subsidie-onderzoek-haalbaarheidsstudie-green-deal-nationaal-fonds-energiebesparing.html
|
Número de referencia de ayuda estatal |
SA.36043 (13/X) |
||||||
|
Estado miembro |
Países Bajos |
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|
Número de referencia del Estado miembro |
Aanvullende subsidie GEN |
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|
Nombre de la región (NUTS) |
NEDERLAND Regiones no asistidas |
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|
Autoridad que concede las ayudas |
|
||||||
|
Denominación de la medida de ayuda |
Aanvullende subsidie Programma Gebieden Energie Neutraal (GEN) |
||||||
|
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente) |
Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen (Staatsblad 25 september 2006, nr. 455) http://wetten.overheid.nl/BWBR0020333/geldigheidsdatum_19-04-2011 en Regeling Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen (Staatscourant 6 oktober 2006, nummer 195) http://wetten.overheid.nl/BWBR0020311/geldigheidsdatum_19-04-2011 |
||||||
|
Tipo de medida |
ayuda ad hoc |
||||||
|
Modificación de una medida de ayuda existente |
Modification SA.32903 |
||||||
|
Fecha de la concesión |
A partir del 4.12.2012 |
||||||
|
Sector(es) económico(s) afectado(s) |
Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p., Reparación e instalación de maquinaria y equipo, Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS, Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal, Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico, Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades |
||||||
|
Tipo de beneficiario |
PYME - Coöperatie GEN |
||||||
|
Importe global de la ayuda ad hoc concedida a la empresa |
EUR 0,50 (en millones) |
||||||
|
Para garantías |
— |
||||||
|
Instrumento de ayuda (artículo 5) |
Subvención directa |
||||||
|
Referencia a la decisión de la Comisión |
— |
||||||
|
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios |
— |
||||||
|
Objetivos |
Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional |
Primas PYME en% |
|||||
|
Ayudas para estudios medioambientales (Art. 24) |
50 % |
20 % |
|||||
Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2012/12/04/aanvullende-beschikking-gebieden-energie-neutraal-programma-gen.html
|
22.3.2013 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84/53 |
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
2013/C 84/04
|
Número de referencia de ayuda estatal |
SA.22488 (XR13/07) |
||||
|
Estado miembro |
Austria |
||||
|
Número de referencia del Estado miembro |
— |
||||
|
Nombre de la región (NUTS) |
SUEDOESTERREICH, OSTOESTERREICH, WESTOESTERREICH Artículo 107.3.c,Artículo 107.3.a |
||||
|
Autoridad que concede las ayudas |
|
||||
|
Denominación de la medida de ayuda |
Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Übernahme von Haftung für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007 -2013, Punkte 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 und 4.5 |
||||
|
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente) |
— |
||||
|
Tipo de medida |
Régimen |
||||
|
Modificación de una medida de ayuda existente |
— |
||||
|
Duración |
1.1.2007—31.12.2013 |
||||
|
Sector(es) económico(s) afectado(s) |
Servicios de alojamiento |
||||
|
Tipo de beneficiario |
— |
||||
|
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen |
EUR 0,21 (en millones) |
||||
|
Para garantías |
EUR 0,03 (en millones) |
||||
|
Instrumento de ayuda (artículo 5) |
Garantía |
||||
|
Referencia a la decisión de la Comisión |
— |
||||
|
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios |
— |
||||
|
Objetivos |
Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional |
Primas PYME en% |
|||
|
|
0 EUR |
0 % |
|||
Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:
www.oeht.at
|
22.3.2013 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84/54 |
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
2013/C 84/05
|
Número de referencia de ayuda estatal |
SA.22524 (XR28/07) |
||||||||
|
Estado miembro |
Austria |
||||||||
|
Número de referencia del Estado miembro |
— |
||||||||
|
Nombre de la región (NUTS) |
STEIERMARK Artículo 107.3.c |
||||||||
|
Autoridad que concede las ayudas |
|
||||||||
|
Denominación de la medida de ayuda |
Aktionsprogramm Innovative Investitionen |
||||||||
|
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente) |
Steiermärkisches Wirtschaftsförderungsgesetz LGBL. Nr. 14/2002 in der geltenden Fassung Allgemeine Rahmenrichtlinie für die Gewährung von Förderungen nach dem Steiermärkischen Wirtschaftsförderungsgesetz (Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 15.5.2000, GZ LBD-WIP 13 Fo 7-00/46) Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung (eingereicht zur Notifizierung bei der EK am 29.8.2006; N 572/2006) |
||||||||
|
Tipo de medida |
Régimen |
||||||||
|
Modificación de una medida de ayuda existente |
Modification N 572/2006 |
||||||||
|
Duración |
31.1.2007—31.12.2013 |
||||||||
|
Sector(es) económico(s) afectado(s) |
Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda |
||||||||
|
Tipo de beneficiario |
— |
||||||||
|
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen |
EUR 105,00 (en millones) |
||||||||
|
Para garantías |
EUR 15,00 (en millones) |
||||||||
|
Instrumento de ayuda (artículo 5) |
Subvención directa |
||||||||
|
Referencia a la decisión de la Comisión |
— |
||||||||
|
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios |
— |
||||||||
|
Objetivos |
Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional |
Primas PYME en% |
|||||||
|
|
0 EUR |
0 % |
|||||||
Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:
http://www.sfg.at/cms/82/
«Aktionsprogramm — Innovative Investitionen»
|
22.3.2013 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84/55 |
Información resumida comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 736/2008 de la Comisión, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca
2013/C 84/06
Ayuda estatal no: SA.34931 (2012/XF)
Estado miembro: ESPAÑA
Región/Autoridad que concede la ayuda: LA RIOJA
Denominación del régimen de ayudas/nombre de la empresa que recibe la ayuda ad hoc: Régimen de ayudas para el fomento de la acuicultura y de la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura.
Sustituye al régimen registrado con el no SA.32722 (2011/XF).
Base jurídica: Orden no 5/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la acuicultura y de la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, en régimen de concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).
Gasto anual previsto en virtud del régimen o importe de la ayuda ad hoc concedida: 0,55 millones de euros
Intensidad máxima de la ayuda: 40%
Fecha de entrada en vigor:
Duración del régimen o de la ayuda individual concedida (fecha límite 30.6.2014); indíquese:
|
|
X si se trata de un régimen: la fecha límite de concesión de la ayuda: 30.6.2014 |
|
|
si se trata de una ayuda ad hoc: la fecha prevista del último plazo que deba pagarse. |
Objetivo de la ayuda: Fomento de la Acuicultura y de la Transformación y Comercialización de los Productos de la Pesca y la Acuicultura.
Indíquese el artículo o artículos aplicados (artículos 8 a 24): Artículos 11 y 16.
Actividad de que se trata: Acuicultura y Transformación y Comercialización al mayor de los Productos de la Pesca y la Acuicultura.
Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas:
|
AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA (ADER) |
|
Muro de la Mata, 13-14. |
|
26071 Logroño (La Rioja, España) |
Dirección web en la que puede consultarse el texto completo del régimen o los criterios y condiciones en virtud de los cuales se concede la ayuda ad hoc al margen de un régimen de ayudas: http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=18-353374
Justificación: indíquese el motivo por el que se ha establecido un régimen de ayuda estatal en vez de una ayuda en virtud del Fondo Europeo de Pesca: Las subvenciones contempladas en la Orden no 5/2012, de 20 de marzo, forman parte del programa operativo para el sector pesquero español correspondiente al período 2007-2013, cofinanciado por el Fondo Europeo de Pesca.
No obstante, está previsto que las contribuciones financieras de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja excedan de las incluidas en el programa operativo, por lo que entendemos que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo de 27 de julio de 2006 relativo al Fondo Europeo de Pesca, y, en consecuencia son de aplicación de los artículos 87, 88 y 89 del Tratado
|
22.3.2013 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84/56 |
Información resumida comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 736/2008 de la Comisión, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca
2013/C 84/07
Ayuda estatal no: SA.34894 (2012/XF)
Estado miembro: ESPAÑA
Región/Autoridad que concede la ayuda: LA RIOJA / AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA
Denominación del régimen de ayudas/nombre de la empresa que recibe la ayuda ad hoc: PROGRAMA ESTRATÉGICO DE COMERCIO EXTERIOR (Transformación y comercialización de los productos de la pesca)
Base jurídica: Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).
Gasto anual previsto en virtud del régimen o importe de la ayuda ad hoc concedida: 120 000 €
Intensidad máxima de la ayuda: Hasta 50%
Fecha de entrada en vigor:
Duración del régimen o de la ayuda individual concedida (fecha límite 30.6.2014); indíquese:
|
|
X si se trata de un régimen: la fecha límite de concesión de la ayuda: 30.6.2014 |
|
|
si se trata de una ayuda ad hoc: la fecha prevista del último plazo que deba pagarse. |
Objetivo de la ayuda: Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para facilitar su acceso a mercados exteriores.
Indíquese el artículo o artículos aplicados (artículos 8 a 24): Artículo 20
Actividad de que se trata: Desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de productos de la pesca y la acuicultura.
Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas:
|
AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA |
|
Muro de la Mata, 13-14 |
|
26071 Logroño (La Rioja, España) |
Dirección web en la que puede consultarse el texto completo del régimen o los criterios y condiciones en virtud de los cuales se concede la ayuda ad hoc al margen de un régimen de ayudas: http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375
Justificación: indíquese el motivo por el que se ha establecido un régimen de ayuda estatal en vez de una ayuda en virtud del Fondo Europeo de Pesca: Las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de los productos de la pesca se incluyen como beneficiarios dentro del Programa Estratégico de Comercio Exterior. No se han establecido unas ayudas específicas para estas empresas sino que se englobaron dentro de un plan de ayudas ya existente (hasta ahora registradas con el número SA.32720 (2011/XF).
|
22.3.2013 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84/57 |
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 736/2008 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales concedidas a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca
2013/C 84/08
No de la ayuda: SA.35752 (2012/XF)
Estado miembro: Letonia
Región/autoridad que concede la ayuda: Letonia
Denominación del régimen de ayudas/nombre de la empresa que recibe la ayuda ad hoc: Virssaistības pasākumam «Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings» [Compromisos adicionales para la medida «Transformación de los productos de la pesca y de la acuicultura»]
Base jurídica: Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.241 «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam «Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde» [Reglamento gubernamental no 241, de 1 de abril de 2008, por el que se establece el procedimiento para la concesión de ayudas estatales y de la Unión Europea para el desarrollo del sector pesquero mediante la convocatoria de una licitación relativa a la medida «Transformación de los productos de la pesca y de la acuicultura»].
Gasto anual previsto en virtud del régimen o importe de la ayuda ad hoc concedida:
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Financiación pública para el periodo 2007-2013: 25 470 254 LVL |
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Compromisos adicionales: 2 828 196 LVL (11,1 %) |
Intensidad máxima de la ayuda: 60 %
Fecha de entrada en vigor:
Duración del régimen o de la ayuda individual concedida (fecha límite 30.6.2014); indíquese::
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— |
si se trata de un régimen: la fecha límite de concesión de la ayuda, 30 de junio de 2014 |
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— |
si se trata de una ayuda ad hoc: la fecha prevista del último plazo que deba pagarse. |
Objetivo de la ayuda: Ayuda para las empresas dedicadas a la transformación de productos de la pesca y la acuicultura con vistas a la realización de proyectos en el marco de la medida «Inversiones en empresas de acuicultura»
Indíquese el artículo o artículos aplicados (artículos 8 a 24): Artículo 16 del Reglamento (CE) no 736/2008 de la Comisión
Actividad de que se trata: La financiación pública disponible para la medida «Transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura», del Eje prioritario 2 «Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura» del Programa Operativo para el despliegue de la ayuda del Fondo Europeo de Pesca en Letonia (2007-2013) asciende a 25 470 254 LVL. Se desembolsarán unos compromisos adicionales iguales al 11,1 % de la financiación pública disponible para la medida, es decir, 2 828 196 LVL.
El objetivo de la medida «Transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura» es incrementar el valor añadido de estos productos, mejorar la productividad y la seguridad del empleo, reducir los efectos negativos en el medio ambiente, garantizar la calidad, mediante la reducción de la presencia de sustancias dañinas en los productos de la pesca, elaborar nuevos productos y aprovechar los subproductos y residuos de la transformación del pescado.
Dentro de la medida «Transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura», la ayuda correspondiente a los compromisos adicionales únicamente se concederá a las pequeñas y medianas empresas. Los gastos máximos subvencionables para un proyecto único ascienden a 2 millones EUR. Los gastos máximos subvencionables para un beneficiario único ascienden a 1 millón EUR.
Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas:
|
Lauku atbalsta dienests |
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Republikas laukums 2, Riga, LV-1981 |
Dirección web en la que puede consultarse el texto completo del régimen o los criterios y condiciones en virtud de los cuales se concede la ayuda ad hoc al margen de un régimen de ayudas: http://www.zm.gov.lv/?sadala=2231
Justificación: indíquese el motivo por el que se ha establecido un régimen de ayuda estatal en vez de una ayuda en virtud del Fondo Europeo de Pesca: El régimen de ayuda estatal se ha establecido de manera que, cuando se desembolsen los compromisos adicionales al final del periodo de aplicación del Fondo Europeo de Pesca, se utilicen todos los fondos públicos, incluidos aquellos reservados para proyectos no realizados.
V Anuncios
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA
Comisión Europea
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22.3.2013 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84/58 |
AYUDA ESTATAL — REPÚBLICA ITALIANA
Ayuda estatal SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) — Italia
Ayuda estatal a las empresas del antiguo grupo Tirrenia y a sus adquirientes
Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE
(Texto pertinente a efectos del EEE)
2013/C 84/09
Por carta de 19.12.2012, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a la República Italiana su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE en relación con la medida antes citada.
Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:
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Comisión Europea |
|
Dirección General de Competencia |
|
Registro de Ayudas Estatales |
|
Despacho: J-70 3/225 |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BÉLGICA |
|
Fax +32 22 96 12 42 |
Dichas observaciones se comunicarán a la República Italiana. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.
I. PROCEDIMIENTO
El 5 de octubre de 2011 la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal respecto a varias medidas adoptadas por el Estado italiano a favor de las empresas del antiguo grupo Tirrenia.
La Decisión de incoación de 2011 se refería principalmente a:
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a) |
la compensación pagada por el Estado italiano a todas las empresas del antiguo grupo Tirrenia dentro de la prórroga de los primeros convenios durante 2009-2011; |
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b) |
la posible ayuda incluida en la privatización de Tirrenia di Navigazione (Tirrenia) y Siremar, dos de las empresas del grupo; |
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c) |
otras medidas concedidas a las empresas en el contexto de la privatización. |
Tras la adopción de la Decisión de incoación de 2011, la Comisión recibió otras alegaciones sobre supuestas medidas de ayuda estatal a las empresas del antiguo grupo Tirrenia, referidas, en particular, a:
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a) |
ciertas medidas adoptadas por la Región de Cerdeña a favor de Saremar; |
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b) |
supuesta ayuda a Compagnia delle Isole, comprador de la división comercial Siremar (CdI) en el contexto del procedimiento de venta; |
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c) |
la compensación que debía pagarse a Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), comprador seleccionado de Tirrenia, por los 8 años de duración del futuro convenio; |
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d) |
la privatización de Toremar y la compensación que se debía pagar a Moby, su comprador seleccionado, según el nuevo contrato de servicio público concedido por las autoridades regionales a este en la licitación por la privatización de Toremar. |
El 10 de enero de 2012, las autoridades italianas notificaron oficialmente, por razones de seguridad jurídica, la compensación que, de acuerdo con los nuevos convenios, se iba a pagar a los adquirientes de las divisiones comerciales Tirrenia y Siremar. El 24 de enero de 2012, el 4 de febrero de 2012 y el 3 de julio de 2012, la Comisión solicitó información adicional a las autoridades italianas sobre las medidas notificadas. Las autoridades italianas remitieron la información mediante cartas de 9 de febrero de 2012, 11 de mayo de 2012 y 19 de julio de 2012.
El 19 de julio de 2012 las autoridades italianas informaron también a la Comisión de que se había firmado el nuevo convenio entre el Estado italiano y CIN, comprador de Tirrenia. El 30 de julio de 2012 se informó a la Comisión de que el 31 de julio de 2012 estaría firmado el convenio entre el Estado italiano y CdI, comprador de Siremar.
En paralelo, las autoridades italianas han presentado información adicional sobre la privatización de las restantes compañías regionales del antiguo grupo Tirrenia, a saber, Toremar, Caremar, Saremar y Laziomar. Se ha remitido a la Comisión información sobre el procedimiento de venta de la que no disponía cuando se adoptó la Decisión de incoación de 2011.
El 12 de octubre de 2012 las autoridades italianas notificaron, por razones de seguridad jurídica, la concesión a Saremar de una ayuda pública que ascendía a 10 millones EUR en concepto de compensación por la explotación de dos rutas que unían Cerdeña con la península itálica en 2011/2012, a saber, Civitavecchia - Golfo Aranci y PortoTorres - Vado Ligure. Según las autoridades italianas, la medida se ejecutaría el 1 de diciembre de 2012.
II. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS RESPECTO DE LAS CUALES LA COMISIÓN INCOA EL PROCEDIMIENTO
En el procedimiento de incoación de 2011 la evaluación de la compensación concedida al grupo Tirrenia se limitaba a 2009-2011. En la medida en que no todos los procedimientos de venta habían culminado a finales de 2011, conviene que el procedimiento de investigación formal se amplíe respecto a la compensación por servicio público pagada a todas las empresas del antiguo grupo Tirrenia hasta que se complete la privatización, es decir, hasta la adjudicación oficial de los nuevos convenios o contratos de servicio público a los compradores.
Segundo, la Decisión de incoación de 2011 no incluía la evaluación de las medidas adicionales adoptadas por la Región de Cerdeña a favor de Saremar tras la transferencia de las acciones de esta última desde Tirrenia. En el momento de la adopción de la Decisión de incoación de 2011, la Comisión, de hecho, no tenía conocimiento de estas medidas adoptadas a nivel regional.
Tercero, sobre la base de la información de que se dispone en esta fase, la Comisión considera que las autoridades italianas han utilizado de forma incorrecta la ayuda de salvamento concedida previamente a Tirrenia y Siremar por Decisión de 16 de noviembre de 2010 (1).
Cuarto, en su Decisión de incoación de 2011, la Comisión no evaluó con arreglo a las normas sobre ayudas estatales la compensación que se debía pagar por la prestación del servicio público a los compradores de las empresas del antiguo grupo Tirrenia. La Decisión incluía solo una evaluación preliminar del procedimiento de venta de activos de Tirrenia y Siremar, que conducía a la adjudicación de los futuros convenios a los compradores, sin que, sin embargo, se evaluara con arreglo a las normas sobre ayudas estatales la compensación que se iba a pagar posteriormente.
Quinto, una de las denuncias recibidas tras la adopción de la Decisión de incoación de 2011 alega, entre otras cosas, que se seleccionó a CdI en la licitación por la venta de la empresa en funcionamiento Siremar, habilitada para prestar el servicio público sobre la base de una garantía concedida a esta por un banco comercial, a saber, Unicredit S.p.A. Esta garantía está supuestamente condicionada a una contragarantía de la Región de Sicilia. El denunciante arguye que la contragarantía, que no prevé prima alguna para el que la otorga, constituye ayuda a CdI.
El denunciante presentó un recurso ante los tribunales nacionales contra la decisión de las autoridades italianas de adjudicar la licitación a CdI. Sobre la base de la información de que dispone la Comisión en esta fase, el Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Lazio falló el 7 de junio de 2012 que la contragarantía de Sicilia por parte del precio de compra pagado por el licitador seleccionado constituía ayuda estatal, independientemente de que al final se hubiera ejecutado o retirado. Por consiguiente, declaró parcialmente nulo el procedimiento de venta de la división comercial Siremar. Posteriormente, mediante una orden provisional emitida el 18 de julio de 2012, el Consiglio di Stato (CdS) suspendió la sentencia del TAR, descartando temporalmente la renovación del procedimiento.
Si bien el procedimiento de venta de Siremar si había incluido en la Decisión de incoación de 2011, la Comisión no tenía conocimiento en esa fase de que se hubiera otorgado una garantía o contragarantía a cualquiera de los licitadores.
Sexto, en sus observaciones a la Decisión de incoación de 2011, las autoridades italianas detallaron las principales fases del procedimiento de venta de Tirrenia y la selección de la oferta de CIN. El pago del precio de compra por parte de CIN se efectuará a plazos en los ocho años de duración del nuevo convenio. Teniendo en cuenta el valor presente de tales pagos, el precio de compra real de CIN es inferior al precio de mercado fijado por el experto designado por el Ministerio.
Por último, la Comisión tuvo conocimiento de que las autoridades italianas habían impuesto algunas condiciones a los posibles candidatos en los procedimientos para la venta de las empresas regionales encargadas de los nuevos contratos de servicio público.
III. EVALUACIÓN
El proceso de privatización todavía no se he completado respecto a todas las empresas del antiguo grupo Tirrenia. Al margen de la notificación relativa a la compensación concedida a Saremar por la explotación temporal de dos rutas adicionales, las autoridades italianas no habían informado a la Comisión de cambios sustanciales en las condiciones aplicables al servicio público, incluida la compensación concedida a las empresas por la prestación de obligaciones de servicio público. En consecuencia, según la información disponible en esta fase, la Comisión considera que las empresas del antiguo grupo Tirrenia, con excepción de Saremar, siguieron ejecutando el servicio público en las mismas condiciones después de 2011 y hasta la entrada en vigor de los nuevos convenios o contratos de servicio público.
Por consiguiente, las mismas dudas expresadas por la Comisión en su Decisión de incoación se aplican respecto a la compensación concedida a las empresas del antiguo grupo Tirrenia a partir de enero de 2012 y hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos.
En lo que se refiere específicamente a Saremar, la Comisión constata que, tras la cesión de la empresa a las autoridades regionales, se ha encargado a la empresa la explotación de nuevas rutas que unen Cerdeña al continente. En esta fase, la Comisión estima con carácter preliminar que la compensación concedida a Saremar por la explotación de las dos rutas adicionales le otorgaría una ventaja económica que podría falsear la competencia y afectar a los intercambios comerciales, constituyendo, por consiguiente, ayuda estatal. Lo mismo cabría aplicar a las demás medidas de financiación pública concedidas a Saremar.
Además, sobre la base de la información de que se dispone en esta fase, la Comisión considera que las autoridades italianas han utilizado de forma incorrecta la ayuda de salvamento a Tirrenia y Siremar autorizada por la Comisión en 2010.
Además, existen dudas sobre la afirmación de Italia de que la compensación pagada a los compradores de las empresas con arreglo al futuro convenio o contratos de servicio público no constituye ayuda.
Por otra parte, en esta fase, la Comisión considera que la contragarantía de Sicilia por parte del precio de compra puede haber conferido una ventaja económica tanto a Unicredit, como garante de primer nivel, como a Siremar, como prestatario.
Además, el valor real del precio de compra pagado por CIN es inferior al valor fijado por el tasador independiente designado por el Ministerio competente.
Por último, según la información de que se dispone en esta fase, la Comisión considera que las licitaciones organizadas a nivel regional para la venta de las acciones públicas de las empresas regionales no han sido lo suficientemente no discriminatorias o incondicionales como para garantizar que se seleccionara la oferta económicamente más ventajosa basada en el precio más elevado.
Por ello, la actual ampliación del procedimiento de investigación formal se refiere a las siguientes medidas:
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a) |
compensación pagada con arreglo a la prórroga de los convenios iniciales hasta que se haya completado el proceso de privatización (medida 1); |
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b) |
medidas adicionales adoptadas por la Región de Cerdeña a favor de Saremar (medida 2); |
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c) |
utilización de forma incorrecta de la ayuda de rescate (medida 3); |
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d) |
compensación que se pagará por la explotación del servicio público con arreglo al futuro convenio o contratos de servicio público (medida 4); |
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e) |
contragarantía de la región de Sicilia por parte del precio de compra por CdI por la empresa en funcionamiento Siremar, habilitada para prestar el servicio público (medida 5); |
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f) |
pago aplazado del precio de pago de Tirrenia (medida 6); |
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g) |
privatización de las empresas regionales (medida 7). |
En esta fase, la Comisión considera que todas las medidas antes citadas implican una financiación estatal adicional concedida a las empresas del antiguo grupo Tirrenia y/o sus compradores y, por lo tanto, implican una transferencia de recursos estatales. Las medidas confieren una ventaja económica selectiva a los beneficiarios y pueden, por lo tanto, afectar al comercio en la UE y falsear la competencia dentro del mercado interior.
De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, toda ayuda concedida ilegalmente podrá ser recuperada de sus beneficiarios.
TEXTO DE LA CARTA
«La Commissione desidera informare l’Italia che, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane relativamente alla misura in oggetto, ha deciso di estendere il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
1. PROCEDIMENTO E MOTIVI DELL’ESTENSIONE
1.1. Contesto
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(1) |
Il Gruppo Tirrenia è stato proprietà dello Stato italiano attraverso la società Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. (di seguito Fintecna), che comprendeva inizialmente sei società, ossia Tirrenia, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar, che fornivano servizi di trasporto marittimo sulla base di contratti separati di servizio pubblico conclusi con lo Stato italiano nel 1991 e rimasti in vigore per 20 anni, dal gennaio 1989 al dicembre 2008 (di seguito le convenzioni iniziali). |
|
(2) |
Tali contratti di servizio pubblico avevano lo scopo di garantire la regolarità e continuità dei suddetti servizi di trasporto marittimo, che per la maggior parte collegano l’Italia continentale con Sicilia, Sardegna e con altre isole italiane minori. A tal fine, lo Stato italiano concedeva aiuti finanziari sotto forma di sovvenzioni corrisposte direttamente a ciascuna delle società del gruppo. |
|
(3) |
Il decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 14, disponeva la proroga delle convenzioni iniziali fino alla fine del 2009. |
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(4) |
L’articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166 (di seguito, la legge del 2009), ha disposto l’ulteriore proroga delle convenzioni iniziali fino al 30 settembre 2010, data entro la quale l’Italia intendeva concludere il processo di privatizzazione delle società del Gruppo Tirrenia. |
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(5) |
La legge 1o ottobre 2010, n. 163 che convertiva il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (di seguito la legge del 2010) ha disposto infine un’ulteriore proroga delle convenzioni iniziali fino alla fine del processo di privatizzazione. Gli acquirenti delle società verranno incaricati del servizio pubblico attraverso la stipula di nuove convenzioni/nuovi contratti di servizio pubblico. |
1.2. La decisione di avvio del 2011
1.2.1. Procedimento che ha determinato la decisione di avvio del 2011
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(6) |
Mediante notifica elettronica del 29 luglio 2010, le autorità italiane informavano la Commissione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, delle compensazioni pubbliche che lo Stato italiano aveva corrisposto nel 2008, nel 2009 e 2010 a Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.A. (in seguito Caremar), una delle compagnie marittime regionali dell’ex Gruppo Tirrenia. (2) |
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(7) |
Il 1o dicembre 2010 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione la corresponsione di compensazioni da parte dello Stato italiano nel 2009 e 2010 a Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A. (di seguito Saremar) e Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A. (di seguito Toremar), altre due compagnie regionali dell’ex Gruppo Tirrenia. Inoltre, le autorità italiane hanno ripresentato la notifica relativa alle compensazioni pubbliche corrisposte a Caremar nel 2009 e nel 2010. |
|
(8) |
Con lettera del 15 dicembre 2010 le autorità italiane hanno informato la Commissione che l’importo delle compensazioni erogate a Caremar, Saremar e Toremar notificato per il 2010 valeva anche per il 2011 e hanno prorogato di conseguenza le notifiche precedenti. Inoltre, le autorità italiane hanno revocato la prima notifica formale delle compensazioni corrisposte a Caremar, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 [ora articolo 108] del trattato CE. (3) |
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(9) |
Non era stata presentata all’epoca alcuna notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in relazione alle compensazioni corrisposte a Tirrenia di Navigazione S.p.A. (di seguito Tirrenia) e Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A. (di seguito Siremar). |
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(10) |
Il 23 marzo 2009, il 9 dicembre 2009, il 21 dicembre 2009, il 6 gennaio 2010, il 27 settembre 2010 e il 12 ottobre 2010, la Commissione ha ricevuto sei denunce relative a varie misure di sostegno adottate dallo Stato italiano a favore delle società dell’ex Gruppo Tirrenia. Le denunce riguardavano la compensazione di obblighi di servizio pubblico concessa alle imprese dell’ex Gruppo Tirrenia dopo la scadenza delle convenzioni iniziali, le misure supplementari di sostegno previste da alcuni atti legislativi adottati nell’ambito della privatizzazione delle società, nonché alcuni aspetti della procedura di privatizzazione di Tirrenia e Siremar. |
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(11) |
Il 5 ottobre 2011, la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale in merito a una serie di misure adottate dallo Stato italiano a favore delle società dell’ex Gruppo Tirrenia. (4) |
1.2.2. Ambito di applicazione del procedimento di avvio
1.2.2.1.
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(12) |
La Commissione è giunta alla conclusione preliminare secondo cui nel presente caso non si riscontrano cumulativamente le quattro condizioni previste dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa Altmark (5) (di seguito la sentenza Altmark) al fine di valutare se la compensazione per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico corrisposta alle società dal 2009 al 2011 abbia conferito un vantaggio economico ai beneficiari ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione ha quindi concluso che la compensazione corrisposta alle società Caremar, Toremar e Saremar nel periodo 2009-2011 abbia conferito loro un vantaggio economico. Le motivazioni della Commissione sono riassunte di seguito. |
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(13) |
Primo, l’Italia non aveva presentato alla Commissione alcun documento giuridico e/o formale prodotto dalle competenti autorità che fornisse una chiara descrizione degli obblighi di servizio pubblico imposti ai beneficiari. In mancanza di una precisa definizione precedente del livello dei servizi richiesto, la Commissione non è stata in grado di valutare in maniera definitiva se la definizione di missione di servizio pubblico costituisse un errore manifesto. |
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(14) |
In secondo luogo, la Commissione osservava che i parametri sulla base dei quali è stata calcolata la compensazione erano stati definiti in via preliminare e sembravano rispettare i requisiti di trasparenza. Tuttavia, per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico a partire dal 2010, la Commissione aveva altresì osservato che il premio di rischio era stato fissato al 6,5%. La Commissione esprimeva i propri dubbi sul fatto che questo rispecchi un livello adeguato di rischio, tenendo conto del fatto che, da una prima analisi, non risulta che gli operatori assumano rischi che sono normalmente a carico di chi gestisce tali servizi. Conseguentemente, la Commissione aveva ritenuto in via preliminare che gli operatori avessero beneficiato di sovracompensazioni per lo svolgimento dei compiti di servizio pubblico a partire dal 2010. |
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(15) |
Per concludere, la Commissione osservava che i diversi atti giuridici si limitavano a prorogare il sistema già in vigore, autorizzando in tal modo gli operatori già attivi a continuare a ricevere una compensazione per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, senza che fosse indetta alcuna procedura pubblica di selezione. Inoltre, le autorità italiane non avevano trasmesso alla Commissione elementi che indicassero che la compensazione versata alle imprese in questo caso per la fornitura del servizio di interesse economico generale (SIEG) fosse stata determinata sulla base dei costi di un’impresa gestita in modo efficiente. |
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(16) |
Pertanto, la Commissione ha ritenuto che la compensazione corrisposta a Caremar, Saremar e Toremar nel periodo di proroga delle convenzioni iniziali fino al 2011 abbia comportato l’utilizzo di risorse statali che potrebbero aver conferito ai beneficiari un vantaggio economico. Poiché tale vantaggio rischiava di pregiudicare gli scambi nell’UE e di falsare la concorrenza nel mercato interno, può configurarsi come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
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(17) |
Inoltre, poiché con i medesimi atti giuridici sono state prorogate anche le convenzioni iniziali concluse dallo Stato italiano con Tirrenia e Siremar, le altre società dell’ex Gruppo Tirrenia, la Commissione ha ritenuto che la compensazione pubblica corrisposta a tali società nello stesso periodo si configurasse anch’essa come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
1.2.2.2.
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(18) |
Il 23 dicembre 2009, Fintecna ha pubblicato il primo invito a manifestare interesse per la vendita dell’intero capitale azionario di Tirrenia e della sua controllata Siremar. Il 4 agosto 2010, dopo il fallimento delle trattative con l’unico soggetto che avesse presentato un’offerta di acquisto vincolante, Fintecna dichiarava chiusa la procedura. |
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(19) |
Nell’agosto e nel settembre 2010, Tirrenia e Siremar erano state ammesse alla procedura concorsuale prevista dalla legge italiana per le grandi imprese, cioè la procedura di amministrazione straordinaria, ed erano state dichiarate in stato di insolvenza dal tribunale competente. |
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(20) |
Dopo che le due imprese erano state dichiarate in stato di insolvenza, il 16 novembre 2010 la Commissione ha adottato una decisione (6) con cui autorizzava l’aiuto per il salvataggio di Tirrenia e della sua controllata regionale, Siremar (di seguito la decisione sul salvataggio). Conformemente al punto 32 della stessa decisione, le autorità italiane si erano impegnate a comunicare alla Commissione, entro sei mesi dall’autorizzazione della misura di aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione/liquidazione o la prova che il prestito fosse stato rimborsato completamente e/o che la garanzia fosse stata estinta. |
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(21) |
Il secondo tentativo di privatizzazione (successivo al fallito accordo di vendita della partecipazione menzionato al punto 18 di cui sopra) concerneva la dismissione del complesso aziendale preposto all'erogazione del servizio pubblico nonché, per Tirrenia, del servizio erogato su altre tratte operate al di fuori del rapporto convenzionale, conformemente alle disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39 (in seguito, la legge Marzano) e successive modifiche. L’invito a manifestare interesse in merito all’acquisto dei complessi aziendali di Tirrenia e Siremar è stato pubblicato il 15 settembre 2010 per Tirrenia e il 4 ottobre 2011 per Siremar. |
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(22) |
La Commissione ha ritenuto che le norme speciali introdotte dal decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 recante modifica della legge Marzano per quando concerne la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese che forniscono servizi pubblici essenziali, e applicabili nel caso in questione, avessero ridotto considerevolmente i requisiti di trasparenza definiti dal regime generale, segnatamente permettendo trattative private tra il commissario straordinario e i potenziali acquirenti. |
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(23) |
La Commissione osservava inoltre che oltre all’obbligo di assicurare la continuità del servizio, erano state imposte ai potenziali acquirenti alcune condizioni relative ai livelli occupazionali. Al riguardo, la Commissione ha ritenuto che un venditore privato operante in condizioni normali di mercato non avrebbe imposto l’obbligo di mantenere i livelli occupazionali. Fatto salvo il diritto delle autorità pubbliche di esigere che i servizi pubblici rispettino determinati standard di qualità, la Commissione osserva che, con l’imposizione della fornitura di un servizio pubblico soggetto alle medesime condizioni in termini di qualità, frequenza e tariffe, il principale obiettivo dello Stato non era ottenere il miglior prezzo ma piuttosto perseguire un obiettivo pubblico, fondato su considerazioni relative allo sviluppo sociale e regionale. La Commissione ha ritenuto in via preliminare che tali obblighi imposti ai potenziali offerenti possano aver avuto come effetto una riduzione del prezzo di vendita delle attività di Tirrenia e Siremar. |
1.2.2.3.
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(24) |
Per quanto riguarda la priorità nell’assegnazione degli accosti a favore delle società del Gruppo Tirrenia, di cui al paragrafo 21 dell’articolo 19-ter della legge del 2009, la Commissione ha ritenuto che tale misura, dal momento che non era oggetto di una remunerazione ai sensi delle norme nazionali di applicazione, costituisse un vantaggio regolamentare che non comportava alcun trasferimento di risorse statali e non potesse quindi qualificarsi come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Tuttavia, poiché la priorità nell’assegnazione degli accosti aveva comportato una perdita di risorse statali, la misura costituiva un aiuto di Stato. |
1.2.2.4.
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(25) |
La Commissione ha ritenuto che emergessero ulteriori elementi di aiuti di Stato dalle leggi del 2009 e 2010 e segnatamente:
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(26) |
Nella decisione di avvio, la Commissione ha ritenuto che tutte le misure di cui sopra comportassero un trasferimento di risorse statali che conferiva un vantaggio economico selettivo ai beneficiari e che tali misure potessero incidere sugli scambi nell’UE e falsare la concorrenza nel mercato unico. |
1.3. Procedimento successivo all’adozione della decisione di avvio del 2011
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(27) |
Nelle osservazioni formulate a seguito della decisione di avvio del 2011, le autorità italiane, fra le altre cose, hanno descritto in dettaglio le fasi principali della procedura di vendita di Tirrenia e l’offerta di Compagnia Italiana di Navigazione (di seguito CIN), risultata aggiudicataria. Sulla base di tali informazioni, la Commissione è stata informata del fatto che il pagamento del prezzo d’acquisto da parte di CIN è dilazionato su tutta la durata della nuova convenzione con lo Stato italiano. La presente decisione non prende in esame le osservazioni presentate dalle parti interessate, né altre osservazioni o commenti trasmessi dall’Italia nell’ambito del procedimento d’indagine formale di cui ai punti da 11 a 26 di cui sopra. |
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(28) |
Inoltre, a seguito dell’adozione della decisione di avvio del 2011, la Commissione ha ricevuto diverse ulteriori denunce in merito alle asserite misure di aiuti di Stato alle società dell’ex Gruppo Tirrenia, concernenti in particolare (i) talune misure adottate dalla regione Sardegna a favore di Saremar, (ii) un presunto aiuto a Compagnia delle Isole (di seguito CdI), l’acquirente del ramo d’azienda di Siremar nel contesto della procedura di vendita (8), (iii) la compensazione da corrispondere a CIN, acquirente selezionato di Tirrenia, per il periodo di 8 anni della futura convenzione e iv) la privatizzazione di Toremar e la compensazione da corrispondere a Moby S.p.A. (di seguito Moby), il suo acquirente selezionato, ai sensi del nuovo contratto di servizio pubblico aggiudicato dalle autorità regionali a Moby nella procedura di gara per la privatizzazione di Toremar. |
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(29) |
Per quanto concerne gli eventuali nuovi aiuti a Saremar, i denuncianti sostengono che, invece che procedere immediatamente alla vendita della società cui era stato affidato il nuovo contratto di servizio pubblico, come disposto dalla legge del 2009, la regione aveva successivamente affidato a Saremar l’esercizio di nuove rotte marittime di collegamento fra l’Italia continentale e la Sardegna. I denuncianti sostengono che le nuove rotte attivate non possono essere qualificate come SIEG, giacché i concorrenti offrono servizi sostituibili a condizioni di mercato. Inoltre, i denuncianti precisano che le nuove rotte da e verso l’Italia continentale operate da Saremar non sono state affidate al beneficiario in modo appropriato. |
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(30) |
I denuncianti fanno altresì riferimento a varie altre misure adottate dalla regione Sardegna che avrebbero lo scopo di favorire Saremar rispetto ai concorrenti privati, in particolare (i) il presunto rimborso delle spese di viaggio sostenute dai passeggeri Saremar (nel quadro del cosiddetto progetto Bonus Sardo Vacanza); (ii) una sovvenzione di 3 milioni di euro per attività promozionali; (iii) l’emissione di una lettera di patronage relativamente a una linea di credito da 3 milioni di euro; (iv) la ricapitalizzazione della società per 5 773 201,80 euro. |
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(31) |
Inoltre, i denuncianti affermano che successivamente la regione Sardegna ha concesso e/o intende concedere ulteriori aiuti a Saremar. In particolare, con la delibera n. 52/119 del 23 dicembre 2011 le autorità regionali hanno deciso di emettere una nuova lettera di patronage per fornire a detta società una linea di credito per un importo pari a 1 milione di euro. |
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(32) |
Secondo una delle denunce pervenute a seguito dell’adozione della decisione di avvio del 2011, CdI si sarebbe aggiudicata l’appalto per la vendita del complesso aziendale di Siremar sulla base di una fidejussione rilasciata a Siremar da Unicredit S.p.A. Secondo il denunciante, tale fidejussione era a sua volta oggetto di una controgaranzia concessa dalla regione Sicilia. |
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(33) |
Un'altra denuncia fa riferimento esclusivamente alle convenzioni future e sostiene che la compensazione da corrispondere a CIN, l’acquirente del ramo d’azienda di Tirrenia, ai sensi della futura convenzione della durata di 8 anni con lo Stato italiano costituisce aiuto di Stato. Secondo il denunciante, la misura di aiuto sarebbe incompatibile con il mercato interno, giacché i servizi marittimi di cui trattasi non possono essere qualificati come veri SIEG. In particolare, il denunciante afferma che solo uno dei porti insulari servito da Tirrenia/CIN nell’ambito del regime di servizio pubblico, segnatamente quello di Arbatax, non è servito anche da operatori privati a condizioni di mercato. |
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(34) |
Per quanto concerne la privatizzazione di Toremar, uno dei denuncianti sostiene quanto segue: (i) la procedura di vendita ha conferito un vantaggio a Moby, aggiudicatario dell’appalto, (ii) la concentrazione fra Toremar e Moby ha avuto come esito un monopolio sui collegamenti Piombino/isola d’Elba, e (iii) la compensazione concessa a Moby per l’esercizio del servizio pubblico per tutti i 12 anni del nuovo contratto di servizio pubblico è incompatibile con il mercato interno, in quanto servizi analoghi sono già forniti a condizioni di mercato dal denunciante stesso. |
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(35) |
Il 10 gennaio 2012, le autorità italiane hanno notificato formalmente, ai fini della certezza del diritto, le compensazioni da corrispondere nell’ambito delle nuove convenzioni agli acquirenti dei rami d’azienda di Tirrenia e Siremar. Il 24 gennaio 2012, il 4 febbraio 2012 e il 3 luglio 2012, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni sulle misure notificate. Tali informazioni sono state trasmesse dalle autorità italiane con lettere del 9 febbraio 2012, 11 maggio 2012 e 19 luglio 2012. |
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(36) |
Con lettera del 19 luglio 2012, le autorità italiane hanno informato la Commissione dell’avvenuta stipula della nuova convenzione fra lo Stato italiano e CIN. Il 30 luglio 2012, le autorità italiane hanno inoltre confermato che la futura convenzione fra lo Stato italiano e CdI, acquirente di Siremar, sarebbe stata firmata entro il 31 luglio 2012. Ad oggi la Commissione non ha ricevuto le convenzioni stipulate. |
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(37) |
Al contempo, le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni supplementari richieste in merito alla privatizzazione delle restanti compagnie regionali dell’ex Gruppo Tirrenia, e segnatamente Toremar, Caremar, Saremar e Laziomar. (9) Tali informazioni, che comprendono una descrizione dettagliata delle condizioni imposte dalle autorità italiane ai potenziali offerenti, non erano state messe a disposizione della Commissione alla data di adozione della decisione di avvio del 2011. |
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(38) |
Il 12 ottobre 2012 le autorità italiane hanno notificato ai fini della certezza del diritto, un finanziamento pubblico di 10 milioni di euro alla Saremar quale compensazione per l'esercizio di due rotte di collegamento tra la Sardegna e l’Italia continentale nel 2011/2012, in particolare Civitavecchia - Golfo Aranci e Porto Torres - Vado Ligure. Come indicato nella notifica, la misura sembra essere stata implementata il 1 dicembre 2012. |
1.4. Portata dell’estensione
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(39) |
In primo luogo, la notifica trasmessa inizialmente dalle autorità italiane in data 15 dicembre 2010 (cfr. il punto 8 di cui sopra) riguardava unicamente la compensazione corrisposta a Caremar, Toremar e Saremar nell’ambito delle convenzioni iniziali prorogate per il periodo 2009-2011. Poiché le società hanno continuato a ricevere compensazioni per l’esercizio delle rotte dopo la fine del 2009, è opportuno estendere il procedimento d’indagine formale alle compensazioni per oneri di servizio pubblico corrisposte a tutte le società dell’ex Gruppo Tirrenia fino alla conclusione dell’iter di privatizzazione, cioè fino all’aggiudicazione formale delle nuove convenzioni/ nuovi contratti di servizio pubblico agli acquirenti. |
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(40) |
Per alcune società dell’ex Gruppo Tirrenia il processo di privatizzazione non è stato ancora completato. Secondo le informazioni di cui dispone per il momento la Commissione, finora è stata completata solo la privatizzazione di Tirrenia, Siremar and Toremar. (10) Stando alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, le nuove convenzioni fra lo Stato italiano e gli acquirenti di Tirrenia e Siremar sono già state stipulate. Tuttavia in questa fase non è chiaro alla Commissione se il nuovo contratto di servizio pubblico con l’acquirente di Toremar sia già entrato in vigore. |
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(41) |
A eccezione della notifica summenzionata nel paragrafo (38), riguardante la compensazione alla Saremar per l'esercizio temporaneo delle due rotte aggiuntive, le autorità italiane non hanno informato la Commissione di alcuna modifica sostanziale rispetto al 2011 delle condizioni relative al servizio pubblico, ivi inclusa la compensazione erogata alle società per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Di conseguenza, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ritiene che tutte le società dell’ex Gruppo Tirrenia, a eccezione della Saremar, abbiano continuato l'esercizio del servizio pubblico alle medesime condizioni del 2011. |
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(42) |
Di conseguenza, gli stessi dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di avvio si applicano anche alla compensazione concessa alle società dell’ex Gruppo Tirrenia a far data dal gennaio 2012 e fino alla conclusione della privatizzazione e all’entrata in vigore delle nuove convenzioni/dei nuovi contratti di servizio pubblico. |
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(43) |
In secondo luogo, la decisione di avvio del 2011 non comprendeva una valutazione delle ulteriori misure adottate dalla regione Sardegna a favore di Saremar a seguito della cessione della partecipazione azionaria in tale compagnia da parte di Tirrenia. Questo perché all’epoca della decisione di avvio del 2011, la Commissione non era a conoscenza di tali misure adottate a livello regionale. |
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(44) |
In terzo luogo, in base alle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ritiene che le autorità italiane abbiano applicato abusivamente l’aiuto per il salvataggio di cui al punto 20 di cui sopra, in quanto Tirrenia e Siremar non hanno smesso di utilizzare gli aiuti al salvataggio allo scadere dei sei mesi previsti dalla decisione sugli aiuti al salvataggio. |
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(45) |
Quarto, nella decisione di avvio del 2011, la Commissione non aveva valutato alla luce delle norme sugli aiuti di Stato le compensazioni da corrispondere per l’esercizio del servizio pubblico agli acquirenti delle società dell’ex Gruppo Tirrenia. Tale decisione comprendeva soltanto una valutazione preliminare della procedura di vendita delle attività di Tirrenia e Siremar, che avrebbe condotto all’aggiudicazione delle future convenzioni agli acquirenti. Pertanto, la compensazione da versare ai sensi delle nuove convenzioni non è stata inserita nella decisione di avvio del 2011. |
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(46) |
Alla luce delle denunce ricevute recentemente, la Commissione ritiene utile una valutazione più approfondita di tali sovvenzioni per stabilire in quale misura siano qualificabili come aiuti di Stato. |
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(47) |
Quinto, come già osservato, una delle denunce ricevute successivamente all’adozione della decisione di avvio del 2011 sostiene, fra le altre cose, che CdI si sarebbe aggiudicata l’appalto per la vendita del complesso aziendale di Siremar sulla base di una garanzia di pagamento su una parte del prezzo di acquisto prestata a Siremar da una banca commerciale, segnatamente Unicredit S.p.A. Tale garanzia sarebbe stata condizionata a una controgaranzia rilasciata dalla regione Sicilia. Il denunciante afferma che la controgaranzia, che non prevedeva la corresponsione di alcun premio alla regione, costituisce un aiuto a CdI. |
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(48) |
Il denunciante ha presentato ricorso dinnanzi ai tribunali nazionali contro l’aggiudicazione della Siremar a CdI. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione in questa fase, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (di seguito TAR) ha statuito, il 7 giugno 2012 che la controgaranzia prestata dalla regione Sicilia per parte del prezzo d’acquisto offerto dall’aggiudicatario costituiva un aiuto di Stato, a prescindere dal fatto che in ultima analisi la controgaranzia sia stata eseguita o ritirata. Di conseguenza, il TAR ha dichiarato la procedura di vendita del ramo d’azienda Siremar parzialmente nulla. Tramite ordinanza sospensiva pronunciata il 18 luglio 2012, il Consiglio di Stato (di seguito CdS) ha sospeso l’esecuzione della sentenza del TAR, escludendo temporaneamente il rinnovo della procedura. |
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(49) |
Sebbene la procedura di vendita di Siremar fosse inclusa nella decisione di avvio del 2011, all’epoca la Commissione non era al corrente di alcuna garanzia o controgaranzia prestata ad alcuno degli offerenti. |
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(50) |
Sesto, nelle osservazioni formulate a seguito della decisione di avvio del 2011, le autorità italiane avevano descritto dettagliatamente le fasi principali della procedura di vendita di Tirrenia e l’offerta, risultata vincente, di CIN. Il prezzo di acquisto sarà corrisposto da CIN in tranche nell’arco degli otto anni di durata della nuova convenzione. Se si considera il valore attuale di tali pagamenti, l’effettivo prezzo di acquisto accordato a CIN è inferiore al valore di mercato calcolato dal perito nominato dal ministero per lo Sviluppo economico (di seguito il ministero competente). |
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(51) |
Infine, la Commissione è stata informata di talune condizioni che le autorità italiane hanno imposto ai potenziali offerenti nelle procedure di vendita delle compagnie regionali dell'ex Gruppo Tirrenia concessionarie dei nuovi contratti di servizio pubblico. |
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(52) |
Pertanto, nel paragrafo che segue saranno descritte in dettaglio le seguenti misure:
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(53) |
La presente decisione non concerne le osservazioni presentate dalle parti interessate, né l’insieme dei commenti trasmessi dall’Italia nell’ambito del procedimento d’indagine formale di cui ai punti da 11 a 26 di cui sopra, fatta eccezione per le informazioni trasmesse concernenti il prezzo di acquisto del complesso aziendale di Tirrenia. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE
2.1. Compensazione corrisposta nell’ambito della proroga delle convenzioni iniziali fino alla conclusione del processo di privatizzazione (misura 1)
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(54) |
Le convenzioni iniziali erano state concluse per un periodo di vent’anni e scadevano a dicembre 2008. Come ricordato ai punti da 3 a 5, esse erano state successivamente prorogate fino alla conclusione del processo di privatizzazione delle società dell'ex Gruppo Tirrenia, tramite l’adozione dei seguenti atti legislativi:
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(55) |
La decisione di avvio del 2011 ha riguardato unicamente la compensazione pubblica corrisposta a tutte le società dell’ex Gruppo Tirrenia dal 2009 fino alla fine del 2011. La Commissione presume che dette società abbiano continuato a ricevere compensazioni per gli oneri di servizio pubblico dopo tale data alle medesime condizioni del 2011. |
2.2. Ulteriori misure adottate dalla regione Sardegna a favore di Saremar (misura 2)
2.2.1. Estensione dell’ambito di applicazione del servizio pubblico
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(56) |
Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, al momento del trasferimento di Saremar da Tirrenia alla regione Sardegna, conformemente alla legge del 2009, la prima effettuava collegamenti tra la Sardegna e le isole minori a nord-est e sud-ovest della Sardegna (La Maddalena/Palau, Carloforte/Portovesme e Carloforte/Calasetta), nonché un collegamento internazionale tra Sardegna e Corsica. Secondo le informazioni fornite in precedenza dalle autorità italiane, tutti i suddetti servizi facevano tradizionalmente parte del sistema di servizio pubblico. |
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(57) |
Sulla base delle informazioni trasmesse da diversi denuncianti dopo l’adozione della decisione di avvio del 2011, a seguito della delibera regionale 20/57 del 26 aprile 2011, Saremar era stata incaricata dell’esercizio dei nuovi collegamenti di cabotaggio marittimo a partire dal 15 giugno 2011 e fino al 15 settembre 2011, nello specifico di almeno due dei seguenti collegamenti (servizi misti):
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(58) |
Inoltre, ai sensi della delibera regionale di cui sopra, la compagnia marittima era libera di aumentare il numero di collegamenti internazionali. |
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(59) |
Saremar ha quindi avviato le seguenti rotte: Civitavecchia/Golfo Aranci operata giornalmente dal 15 giugno 2011 al 15 settembre 2011 e Porto Torres/Vado Ligure con frequenza tetrasettimanale tra il 22 giugno 2011 e il 15 settembre 2011. |
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(60) |
Le delibere regionali 25/69 del 19 maggio 2011 e 27/4 del 1o giugno 2011 hanno disciplinato il sistema tariffario per i collegamenti fra la Sardegna e l’Italia continentale gestiti da Saremar. In particolare, la delibera 25/69 riguardava l’avvio della rotta Golfo Aranci/Civitavecchia e il relativo sistema tariffario. Con delibera 27/4 è stato istituito il collegamento Porto Torres/Vado Ligure (Savona). La delibera disponeva inoltre l’adozione di uno sconto di non meno del 15% sulla tariffa per residenti e nativi. |
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(61) |
Inoltre, con la delibera regionale n. 36/6 del 1o settembre 2011 la regione Sardegna ha stabilito: (i) che Saremar avrebbe operato dal 30 settembre 2011 al 30 settembre 2012 almeno uno delle seguenti linee miste merci/passeggeri: Olbia - Livorno, Porto Torres-Livorno e Cagliari-Piombino; (ii) che Saremar avrebbe inserito in calendario, dal 15 maggio 2012 al 15 settembre 2012 la riapertura delle seguenti linee turistiche: Golfo Aranci (oppure Olbia) - Civitavecchia, Porto Torres - Vado Ligure (oppure Genova); (iii) che si sarebbe proceduto alla ricapitalizzazione di Saremar per un importo pari al credito vantato dalla stessa nei confronti di Tirrenia in procedura fallimentare. |
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(62) |
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, Saremar ha riattivato la tratta Olbia/Civitavecchia il 16 gennaio 2012. La rotta Porto Torres/Vado Ligure è stata riattivata il 1o giugno 2012. Tutti i servizi sono stati interrotti il 15 settembre 2012. |
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(63) |
Con legge regionale n. 15 del 7 agosto 2012, le autorità regionali hanno autorizzato la spesa di 10 milioni di euro alla Saremar per far fronte alle perdite subite nell'esercizio dei servizi tra la Sardegna e il continente. Conformemente alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, le perdite subite dalla Saremar nell'esercizio delle tratte in questione ammontano a 9 030 690,75 euro. |
2.2.2. Bonus Sardo Vacanza
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(64) |
La delibera regionale n. 20/58 del 26 aprile 2011 stabiliva che l’Agenzia Sardegna Promozione (di seguito l’Agenzia) avrebbe parzialmente finanziato il cosiddetto progetto Bonus “Sardo Vacanza” per 1 milione di euro, contribuendo altresì all’attività promozionale necessaria con 3 milioni di euro. |
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(65) |
Il progetto del Bonus “Sardo Vacanza” era stato approvato nell’intento di promuovere e sostenere il turismo sardo. Il progetto prevedeva il rimborso di parte della spesa di trasporto a tutti i passeggeri (fino a un massimo di 90 euro, applicabile a gruppi di due-tre persone) che effettuavano un viaggio via nave da/verso la Sardegna che comportasse un soggiorno di almeno tre notti in Sardegna nel periodo compreso tra il 2 maggio 2011 e il 3 luglio 2011. |
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(66) |
Con delibera regionale n. 25/53 del 19 maggio 2011, la regione Sardegna ha dato mandato a Saremar di effettuare l’attività promozionale necessaria, che consisteva essenzialmente nell’affiggere il logo e i messaggi promozionali sulle proprie imbarcazioni. A tale scopo, la delibera ha anche dato mandato all’Agenzia di destinare a tal fine a favore di Saremar un importo di 3 milioni di euro, previsti dalla delibera regionale n. 20/58 del 26 aprile 2011, con versamento immediato di un anticipo pari all’80% di detto importo. |
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(67) |
La delibera n. 20/58 prevedeva l’interruzione di tale regime a partire dal luglio 2011. |
2.2.3. Il prestito da 3 milioni di euro e la lettera di patronage
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(68) |
Ai sensi della delibera della giunta regionale n. 23/2 del 12 maggio 2011, essendosi “reso necessario prevedere a favore di Saremar S.p.A. la concessione di un fido” la regione Sardegna ha concesso a quest’ultima un prestito di 3 milioni di euro, ad un interesse pari “al tasso medio di mercato”, avente una durata indicativa di otto mesi. |
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(69) |
Con delibera n. 31/24 del 20 luglio 2011 la regione Sardegna ha deciso di fornire a Saremar una lettera di patronage per la concessione della linea di credito di cui sopra da parte del Banco di Sardegna S.p.A. |
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(70) |
La lettera di patronage approvata dalla regione Sardegna a favore di Saremar dichiara le attuali intenzioni della regione e le sue probabili reazioni al verificarsi di taluni eventi, come la possibile vendita in blocco o parziale della propria partecipazione in Saremar. In particolare, il Presidente della regione Sardegna si impegna a comunicare al mutuante eventuali modifiche della propria partecipazione azionaria nella compagnia marittima e a vegliare affinché la società sia gestita in modo efficiente così da tutelare i rispettivi interessi. |
2.2.4. La ricapitalizzazione
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(71) |
La delibera regionale n. 36/6 del 1o settembre 2011 ha sancito la ricapitalizzazione di Saremar per un importo pari al credito vantato dalla stessa nei confronti di Tirrenia in procedura fallimentare. |
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(72) |
Conformemente alla succitata delibera, Saremar avrebbe dovuto ridurre il credito vantato nei confronti di Tirrenia, pari a 11 546 403,59 euro in sede di procedura di insolvenza, come da sentenza resa dal Tribunale di Roma, Sez. fallimentare e dichiarata eseguibile il 1o aprile 2011. La conseguente riduzione di 5 773 201,80 euro del credito esigibile, pari al 50%, in sede di approvazione del bilancio della società per l’esercizio 2010, ha comportato l’iscrizione di una perdita di 5 253 530,05 e di conseguenza un calo del capitale sociale di Saremar, che si è ridotto a 4 890 950,36 euro (11). |
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(73) |
A norma dell’articolo 2446 del Codice civile italiano, poiché il capitale proprio di Saremar è stato ridotto di oltre un terzo, gli azionisti devono procedere alla ricapitalizzazione della società. |
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(74) |
Pertanto, le autorità regionali hanno deciso di procedere alla ricapitalizzazione di Saremar per un importo pari al credito da essa vantato nei confronti di Tirrenia, come registrato dalla Sez. Fallimentare del Tribunale civile di Roma. |
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(75) |
Dalle informazioni recentemente trasmesse dai denuncianti risulta che con risoluzione della società dell’11 luglio 2012, l’importo della ricapitalizzazione sia stato ridotto a 6 099 961 euro, di cui 824 309,69 già versati. |
2.2.5. Altre misure
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(76) |
Con delibera n. 52/119 del 23 dicembre 2011 le autorità regionali sarde hanno disposto l’approvazione di una nuova lettera di patronage per consentire a Saremar di ottenere una nuova linea di credito per 1 milione di euro. |
2.3. Applicazione abusiva dell’aiuto per il salvataggio (misura 3)
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(77) |
Il 16 novembre 2010 la Commissione ha approvato l’aiuto per il salvataggio concesso a Tirrenia e Siremar. L’aiuto consisteva di una garanzia sulle linee di credito aperte da istituti di credito privati a favore di Tirrenia, per un ammontare di 95 milioni di euro. L’Italia si è impegnata a trasmettere alla Commissione, entro sei mesi dall’autorizzazione della misura di aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione o, in alternativa, le prove del rimborso completo del prestito e/o dell’estinzione della garanzia. |
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(78) |
Con lettera del 16 maggio 2011 le autorità italiane informavano la Commissione che, poiché la prima tranche del prestito garantito era stata erogata al beneficiario solo in data 28 febbraio 2011, il prestito sarebbe stato rimborsato entro il 28 agosto 2011. Non è stato fornito nessun ulteriore chiarimento. |
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(79) |
Non avendo ricevuto alcuna informazione sul rimborso del prestito, con lettere datate 5 ottobre 2011 e 28 novembre 2011 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di confermare il rispetto delle condizioni di cui al punto 25, lettera a) degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (12) (di seguito gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione) e ai punti 32 e 47 della decisione sugli aiuti per il salvataggio. |
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(80) |
Con lettera datata 9 dicembre 2011, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che le istituzioni finanziarie selezionate, e segnatamente la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (di seguito “BIIS”) e Unicredit S.p.A. (di seguito Unicredit) avevano autorizzato l’apertura di una linea di credito dell’importo di 40 milioni di euro a favore di Tirrenia e Siremar (25 milioni per Tirrenia e 15 milioni per Siremar) con scadenza il 30 giugno 2011. Con un decreto del 15 febbraio 2011, lo Stato aveva garantito il prestito. |
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(81) |
Successivamente, il finanziamento è stato erogato come segue:
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(82) |
Poiché Tirrenia non è stata in grado di rimborsare il prestito entro il 30 giugno 2011, l’11 luglio 2011 è stata attivata la garanzia statale, con il risultato che Tirrenia e Siremar risultavano debitori nei confronti dello Stato per 25 203 063,89 euro e 15 121 838,33 euro rispettivamente. |
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(83) |
In base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, il tribunale fallimentare ha successivamente autorizzato l’insinuazione del ministero dell’Economia e delle Finanze fra i creditori preferenziali (“prededucibili”) di Tirrenia e Siremar. Secondo le autorità italiane, come comunicato in precedenza alla Commissione, il commissario straordinario all’epoca aveva ritenuto che fosse possibile recuperare l’aiuto entro il 28 agosto 2011 e, nello specifico, che il finanziamento sarebbe stato rimborsato integralmente dopo la vendita degli attivi della compagnia (cfr. punti da 18 a 23 di cui sopra). |
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(84) |
Il 25 luglio 2011 è stato stipulato il contratto di vendita del complesso aziendale Tirrenia a CIN (13). Ciononostante, la cessione degli attivi è stata ulteriormente procrastinata, asseritamente a causa delle lungaggini burocratiche relative alla procedura di autorizzazione della concentrazione. Tale concentrazione era stata approvata dall’Autorità garante della concorrenza il 21 giugno 2012. |
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(85) |
Il 24 ottobre 2012 le autorità italiane hanno informato la Commissione che le somme dovute da Tirrenia e Siremar, quale risultato dell'escussione della garanzia, sono state restituite allo Stato. In particolare, le autorità italiane hanno fornito la prova che le somme di 25 852 548,93 euro e di 15 511 529,35 euro sono state rispettivamente rimborsate da Tirrenia e Siremar il 18 settembre 2012. |
2.4. Compensazione da corrispondere nell’ambito delle future convenzioni o i futuri contratti di servizio pubblico (misura 4)
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(86) |
L’articolo 19-ter della legge del 2009 ha stabilito che, in vista della privatizzazione delle società del Gruppo Tirrenia, la partecipazione azionaria nelle società regionali (ad eccezione di Siremar) fosse trasferita da Tirrenia nel modo seguente:
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(87) |
La legge del 2009 ha inoltre specificato che sarebbero state concluse nuove convenzioni tra lo Stato italiano e Tirrenia e Siremar entro il 31 dicembre 2009. Allo stesso modo, i servizi regionali sarebbero stati inclusi in contratti di servizio pubblico, da concludere tra Saremar, Toremar e Caremar con le autorità regionali rispettivamente entro il 31 dicembre 2009 (Sardegna e Toscana) e il 28 febbraio 2010 (Campania e Lazio). Le nuove convenzioni o i nuovi contratti di servizio pubblico sarebbero entrati in vigore all’atto del completamento del processo di privatizzazione di ciascuna delle società dell’ex Gruppo Tirrenia. |
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(88) |
Pertanto, il processo di riorganizzazione del Gruppo Tirrenia comporta l’approvazione di nuove convenzioni e nuovi contratti di servizio pubblico con le società dell’ex Gruppo Tirrenia e, successivamente, l’indizione di una gara d’appalto per la privatizzazione delle società, di cui i nuovi contratti costituiscono parte integrante. |
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(89) |
La legge del 2009 stabiliva inoltre chiaramente il massimale della compensazione annua applicabile dal 2010 per la prestazione dei servizi offerti nell’ambito delle convenzioni iniziali prorogate, nonché per tutta la durata delle nuove convenzioni/ nuovi contratti di servizio pubblico, come segue: Tabella 1 – Massimali della compensazione annua nel 2010
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(90) |
Come indicato al punto 35, ad oggi le autorità italiane hanno notificato soltanto le compensazioni da corrispondere nell’ambito delle convenzioni future agli acquirenti dei complessi aziendali di Tirrenia e Siremar. |
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(91) |
Tuttavia, poiché al contempo sono state avviate le procedure di vendita di Caremar, Toremar, Saremar e Laziomar sulla base delle leggi del 2009 e 2010, la presente decisione riguarda altresì la compensazione corrisposta per l’esercizio del servizio pubblico nell’ambito dei futuri contratti di servizio pubblico agli acquirenti di queste compagnie dell’ex Gruppo Tirrenia, sebbene tali misure non siano state formalmente notificate dalle autorità italiane. La Commissione fa altresì osservare che la compensazione da corrispondere nell’ambito del futuro contratto di servizio pubblico a Moby, acquirente di Toremar, è oggetto di una denuncia presentata da un concorrente che aveva formulato la propria offerta nella fase finale della procedura di privatizzazione di Toremar (cfr. punto 34 supra). |
2.4.1. CIN
Beneficiario
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(92) |
CIN, costituita ai fini della gara d’appalto da Onorato Partecipazioni S.r.l. e Clessidra SGR S.p.A si è aggiudicata il complesso aziendale di Tirrenia. |
Rotte
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(93) |
In base al progetto di convenzione fra lo Stato e CIN, quest’ultima avrebbe gestito le seguenti rotte in regime di servizio pubblico: Tabella 2 – Rotte servite da CIN nell’ambito della futura convenzione
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(94) |
In alta stagione le linee Napoli/Palermo, Genova/Porto Torres, Civitavecchia/Olbia saranno servite a prezzi di mercato. |
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(95) |
Le autorità italiane hanno presentato informazioni sui servizi forniti nel 2012 dai concorrenti di Tirrenia sulle linee miste. Non è stata trasmessa alcuna informazione in merito alla situazione della concorrenza per quanto concerne le rotte commerciali servite da Tirrenia nel 2012 in regime di servizio pubblico che saranno rilevate da CIN. La Commissione in questa fase non conosce le eventuali modifiche alle caratteristiche dei servizi forniti dai concorrenti, eventualmente, a seguito dell’entrata in vigore della nuova convenzione fra lo Stato e CIN. |
Bilancio e durata
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(96) |
Secondo le autorità italiane, la nuova convenzione stipulata fra lo Stato italiano e CIN avrà una durata di 8 anni. Tuttavia, il progetto di convenzione trasmesso dalle autorità italiane nel quadro della notifica non prevede alcuna durata specifica. |
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(97) |
La compensazione annua da corrispondere a CIN nell’ambito della nuova convenzione ammonta a 72 685 642 euro. |
Obblighi di servizio pubblico
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(98) |
In base al progetto di convenzione trasmesso dalle autorità italiane, gli obblighi di servizio pubblico imposti a CIN riguardano il tipo e la capacità delle imbarcazioni assegnate al collegamento marittimo fornito in regime di servizio pubblico, la frequenza del servizio e le relative tariffe. |
Compensazione per obblighi di servizio pubblico
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(99) |
La compensazione per l’esercizio del servizio pubblico nell’ambito della nuova convenzione sarà calcolata con il metodo di cui alla delibera CIPE del 9 novembre 2007 (di seguito la delibera CIPE) (15), già utilizzato per il calcolo della compensazione corrisposta alle società dell’ex Gruppo Tirrenia nel 2010 e nel 2011. |
2.4.2. CdI
Beneficiario
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(100) |
CdI è l’aggiudicatario della gara per la vendita del complesso aziendale di Siremar, la società concessionaria del servizio pubblico. CdI è partecipata da Mediterranea Holding di Navigazione S.p.A. (di seguito Mediterranea), per il 65.32% della quota azionaria. Il 43% della partecipazione in Mediterranea è di proprietà della regione Sicilia. |
Rotte
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(101) |
Sulla base della nuova convenzione, CdI fornirà servizi misti su varie rotte nei seguenti settori: Tabella 3 – Settori di rotte servite da CdI nell’ambito della futura convenzione Milazzo - Isole Eolie - Napoli Trapani - Isole Egadi Porto Empedocle - Linosa - Lampedusa (Isole Pelagie) Trapani - Pantelleria Palermo - Ustica |
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(102) |
Le autorità italiane hanno comunicato informazioni in merito ai servizi forniti dai concorrenti di Siremar sulle rotte servite da quest’ultima in regime di servizio pubblico nel 2012, le quali verranno rilevate da CdI. La Commissione in questa fase non è a conoscenza di eventuali modifiche delle caratteristiche dei servizi forniti dai concorrenti a seguito dell’entrata in vigore della nuova convenzione fra la regione Sicilia e CdI. |
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(103) |
Secondo le autorità italiane, i concorrenti di Siremar sulle rotte gestite in base alla convenzione iniziale, poi prorogata, sono operatori selezionati dalla regione Sicilia tramite procedure di gara aperte, che vengono compensate di conseguenza. Questi ultimi offrono servizi nei seguenti settori: Tabella 4 – Servizi forniti dai concorrenti di Siremar nell’ambito della proroga della convenzione iniziale
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Bilancio e durata
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(104) |
Secondo le autorità italiane, la nuova convenzione fra la regione Sicilia e CdI avrà una durata di 12 anni. La durata della nuova convenzione è chiaramente indicata nel progetto di convenzione trasmesso dalle autorità italiane. |
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(105) |
La compensazione annua da corrispondere a CdI nell’ambito della nuova convenzione ammonta a 55 694 895 euro. |
Obblighi di servizio pubblico
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(106) |
In base al progetto di convenzione trasmesso dalle autorità italiane, gli obblighi di servizio pubblico imposti a CdI riguardano il tipo e la capacità delle imbarcazioni assegnate ai collegamenti marittimi forniti in regime di servizio pubblico, la frequenza del servizio e le tariffe praticate. |
Compensazione per obblighi di servizio pubblico
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(107) |
Ai sensi della legge del 2009 e della delibera CIPE (vedi punto 97), la compensazione è calcolata sulla base della stessa metodologia utilizzata per tutte le società dell’ex Gruppo Tirrenia nel 2010. |
2.4.3. Gli acquirenti di Toremar, Caremar, Laziomar e Saremar
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(108) |
Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione nella fase attuale del procedimento in corso di cui ai punti da 11 a 26 supra, ciascun contratto di servizio pubblico sarà stipulato per un periodo di 12 anni. |
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(109) |
La compensazione annua sarà calcolata secondo il metodo di cui alla delibera CIPE. I massimali di compensazione annua nell’ambito dei nuovi contratti di servizio pubblico di cui sopra sono i seguenti: Tabella 5 – Massimali della compensazione annua per le compagnie regionali
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2.5. La controgaranzia della regione Sicilia relativa ai pagamenti dilazionati del prezzo di acquisto di Siremar e l’aumento di capitale di CdI (misura 5)
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(110) |
Di seguito la Commissione descrive, in sequenza, le fasi principali della procedura di vendita di Siremar come illustrate in dettaglio dalle autorità italiane. |
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(111) |
Dopo la pubblicazione del bando di gara in data 4 ottobre 2010, i cinque soggetti che avevano presentato manifestazioni di interesse sono stati ammessi alla fase di due diligence. Il commissario straordinario aveva successivamente inviato la lettera di procedura a detti soggetti, invitandoli a presentare un’offerta irrevocabile entro il 15 marzo 2011. Tali offerte dovevano comprendere un piano industriale e il prezzo di acquisto offerto, comprendente un prezzo minimo non inferiore a quello indicato dal perito indipendente nominato dal ministero competente e un prezzo massimo non superiore al primo di oltre il 10%. |
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(112) |
L’8 marzo 2011 è stata presentata la valutazione del perito indipendente. Il valore stimato di vendita del complesso aziendale Siremar è stato di 55 milioni di euro. |
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(113) |
Solo un’offerta è stata presentata entro il termine previsto da Ustica Lines S.p.A. (di seguito Ustica Lines). Il prezzo minimo offerto era di 60 milioni di euro. L’azienda si impegnava anche ad assumersi i costi necessari per la risoluzione dei contratti di lavoro dei dipendenti. Il commissario straordinario ha deciso di riaprire la procedura, asseritamente in quanto riteneva l’offerta in questione non rispondente ai requisiti indicati nel bando di gara, in particolare per la mancanza di una garanzia sul prezzo d’acquisto da parte di un istituto finanziario e per l’assenza dei dettagli sulle modalità di finanziamento dell’acquisto. |
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(114) |
Alla nuova scadenza del 5 aprile 2011, CdI ha presentato un’offerta vincolante e Ustica Lines una lettera d’intenti con cui chiedeva una proroga del termine di presentazione delle offerte. |
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(115) |
Il prezzo offerto da CdI ammontava a 60,1 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro con pagamento immediato e il resto dilazionato come segue:
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(116) |
Secondo le autorità italiane, il commissario straordinario, considerata in particolare il fatto che l’offerta di CdI rispetto ai risultati economici della società, ha invitato i partecipanti a formulare offerte migliorative rispetto a quella presentata da CdI. L’avvio di questa successiva fase della procedura è stato autorizzato dal ministero competente il 10 maggio 2011. |
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(117) |
Alla nuova scadenza, fissata per il 23 maggio 2011, sono state presentate due offerte:
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(118) |
Il commissario straordinario ha chiesto ulteriori delucidazioni. A seguito di tale richiesta CdI ha presentato un’offerta migliorativa. SNS ha presentato un’integrazione alla sua precedente offerta. |
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(119) |
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, in occasione della riunione del comitato di sorveglianza del 6 luglio 2011, dopo aver proposto di aggiudicare la gara a CdI, il commissario straordinario ha sottolineato di esser venuto a conoscenza di talune difficoltà relativamente alla garanzia concessa da Consorzio Fidi a sostegno dell’offerta di CdI. |
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(120) |
Successivamente, a seguito delle raccomandazioni del comitato di sorveglianza, il commissario ha invitato entrambe le parti a integrare le proprie offerte e a prorogare le rispettive garanzie. Alla scadenza fissata del 18 luglio 2011, entrambe le parti hanno concesso la proroga di dette garanzie al 15 settembre 2011 e presentato ulteriore documentazione in risposta alle delucidazioni richieste. |
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(121) |
L’offerta da parte di CdI era strutturata come segue:
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(122) |
L’offerta di SNS era strutturata come segue:
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(123) |
Il 5 agosto 2011, CdI ha presentato ulteriore documentazione con cui si dichiarava disponibile a sostituire l’impegno assunto da Commercial Fidi con una garanzia di Unicredit, controgarantita dalla regione Sicilia il 3 agosto 2011. Il 7 settembre 2011, l’offerta è stata integrata da una nota del Presidente della regione Sicilia con cui quest’ultimo presentava direttamente al ministero la controgaranzia del Ragioniere generale, insieme alla conferma della titolarità di quest’ultimo a emettere la controgaranzia in questione. |
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(124) |
Nel frattempo, il 1o settembre 2011, dopo aver consultato il comitato di sorveglianza, il commissario straordinario, a seguito della valutazione delle due offerte vincolanti ricevute, aveva deciso di aggiudicare la gara a SNS. L’8 settembre 2011 il ministero competente ha chiesto al commissario di fornire ulteriori informazioni e chiarimenti, in particolare alla luce dell’ulteriore documentazione trasmessa da CdI. |
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(125) |
In data 28 settembre 2011 il commissario straordinario ha chiesto l’autorizzazione per esperire un’ulteriore fase della procedura allo scopo di consentire la presentazione di offerte vincolanti conformi alle istruzioni impartite ai partecipanti. In caso di insuccesso di questa ulteriore fase, il commissario chiedeva l’autorizzazione ad aggiudicare la gara a SNS sulla base dell’offerta già ricevuta. Il 29 settembre 2011 il comitato di sorveglianza ha autorizzato l’avvio di un’ulteriore fase. |
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(126) |
Alla nuova scadenza, fissata al 13 ottobre 2011, l’offerta da parte di CdI era strutturata come segue:
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(127) |
SNS ha confermato l’offerta già presentata il 23 maggio 2011, integrata con le delucidazioni richieste. |
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(128) |
Il 14 ottobre 2011 il comitato di sorveglianza ha autorizzato il commissario ad accettare l’offerta di CdI pervenuta il 13 ottobre 2011. |
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(129) |
Nel ricorso presentato presso le giurisdizioni nazionali, SNS ha sostenuto di essere in possesso di prove documentali dell’esistenza di una controgaranzia concessa dalla regione Sicilia datata 12 ottobre 2011 a fronte del pagamento dilazionato del prezzo d’acquisto da parte di CdI. |
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(130) |
Secondo le autorità italiane, il 3 febbraio 2012 CdI ha trasmesso al ministero competente i) la nota della regione Sicilia datata 31 gennaio 2012 con cui quest’ultima dichiara che una controgaranzia del 12 ottobre 2011 deve ritenersi ritirata e ii) la nota di Unicredit datata 3 febbraio 2012 indirizzata alla regione, con cui l’istituto di credito dichiara che poiché la controgaranzia è stata revocata, la propria garanzia relativa a parte del prezzo d’acquisto è incondizionata. |
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(131) |
I due documenti comprovanti le controgaranzie di cui trattasi (cfr. punti 123 e 129 supra), datati 3 agosto 2011 e 12 ottobre 2011 rispettivamente, sono firmati dal Ragioniere generale della regione Sicilia, che è anche presidente del comitato di sorveglianza di Mediterranea, società madre di CdI. (16) |
2.6. Pagamento dilazionato del prezzo d’acquisto di Tirrenia (misura 6)
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(132) |
Nelle osservazioni formulate a seguito della decisione di avvio del 2011, le autorità italiane hanno fornito tra l’altro alla Commissione informazioni sulle fasi principali della procedura di vendita di Tirrenia e hanno precisato la struttura dell’offerta di CIN, aggiudicataria della gara. |
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(133) |
Sulla base di tali informazioni, sembra che l’offerta di CIN fosse strutturata come segue:
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2.7. Privatizzazione delle società regionali (misura 7)
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(134) |
Le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione informazioni dettagliate relativamente alla privatizzazione delle società regionali dell’ex Gruppo Tirrenia, e segnatamente Toremar, Caremar, Laziomar e Saremar. |
Toremar
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(135) |
La procedura si è conclusa con la selezione di Moby. Il bando di gara riguardava la vendita della totalità del capitale azionario di Toremar e l’affidamento di un nuovo contratto di servizio pubblico della durata di 12 anni. |
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(136) |
Secondo le informazioni presentate dalle autorità italiane, sono stati imposti ai potenziali offerenti taluni cosiddetti requisiti tecnici ed economico-finanziari, relativamente in particolare (i) al volume minimo di servizi di trasporto marittimo operati fra il 2006 e il 2009 (almeno 450 000 miglia marine); (ii) al fatturato totale nei tre anni precedenti, che non doveva essere inferiore ai 150 milioni di euro, di cui almeno 75 milioni di euro per l’esercizio di servizi marittimi di trasporto passeggeri. |
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(137) |
Secondo le autorità italiane, il criterio principale di selezione era l’offerta economicamente più vantaggiosa. |
Caremar
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(138) |
Le autorità italiane hanno precisato che Caremar sarebbe stata privatizzata completamente. Sono stati presentati alla Commissione due successivi progetti di bando di gara per l’acquisto della totalità del capitale azionario di Caremar e l’affidamento di un nuovo contratto di servizio pubblico della durata di 9 anni. |
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(139) |
Sulla base del bando di gara originario, analoghi requisiti tecnici e finanziari minimi erano stati imposti anche per la gara concernente la vendita di Caremar riguardo: (i) al volume minimo di servizi di trasporto marittimo operati fra il 2006 e il 2009 (almeno 300 000 miglia marine); (ii) al fatturato totale nei tre anni precedenti, che non doveva essere inferiore ai 75 milioni di euro per l’esercizio di servizi marittimi di trasporto passeggeri e (iii) un attivo netto di almeno 3 milioni di euro. |
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(140) |
Inoltre, erano stati imposti taluni cosiddetti valori economici e in particolare:
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(141) |
Secondo il progetto originario trasmesso alla Commissione, il criterio principale di selezione era l’offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente alla migliore offerta economica (anche in considerazione della fornitura del servizio pubblico), nonché ai piani industriali presentati dagli offerenti, […] con prevalenza del punteggio massimo dell’offerta tecnica su quello dell’offerta economica. L’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata quella risultante dalla somma dei punteggi ottenuti dagli offerenti per le offerte tecnica ed economica. |
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(142) |
A seguito delle discussioni con la Commissione, le autorità italiane hanno successivamente confermato che il bando di gara era stato modificato così da stabilire come criterio per la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa il prezzo più elevato. In questo caso, il prezzo più elevato sarebbe stato pari alla minore differenza ottenuta sottraendo il prezzo offerto per l’acquisto delle azioni dal valore della compensazione richiesta (ogni successivo riferimento nella presente decisione al bando di gara per la privatizzazione di Caremar si riferisce a quest’ultima versione del bando). |
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(143) |
La formula utilizzata per il calcolo del prezzo netto più elevato include uno specifico tasso di attualizzazione basato sul rendimento offerto dai buoni del Tesoro con scadenza a nove anni, al fine di tener conto della durata del contratto. |
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(144) |
Le autorità italiane hanno altresì confermato che la valutazione dei criteri tecnici era stata eliminata e sostituita da requisiti finanziari relativi alla capacità economica e finanziaria degli offerenti, da soddisfare in una delle due modalità seguenti:
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Laziomar
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(145) |
La cessione del complesso aziendale che effettuava i collegamenti tra l’arcipelago pontino e la regione Lazio è stata formalizzata il 1o giugno 2011. |
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(146) |
Sulla base delle informazioni trasmesse dalla autorità italiane, è stato indetto un bando di gara a livello regionale per la vendita della totalità del capitale azionario di Laziomar e l’affidamento di un nuovo contratto di servizio pubblico per una durata di dieci anni. Le autorità italiane hanno precisato che i requisiti imposti ai potenziali offerenti riguardano in particolare il fatturato totale negli ultimi tre anni, di importo non inferiore ai 60 milioni di euro. |
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(147) |
Le autorità italiane hanno altresì chiarito che sarebbe stata selezionata l’offerta economicamente più vantaggiosa, con la seguente ponderazione delle offerte tecnica ed economica:
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(148) |
La base d’asta è stata la seguente:
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Saremar
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(149) |
Sulla base delle informazioni trasmesse dalla autorità italiane, la regione Sardegna attualmente intende procedere alla vendita della totalità del capitale azionario detenuto in Saremar, nonché all’affidamento di un nuovo contratto di servizio pubblico. Non è pervenuto alla Commissione il progetto dei bandi di gara. |
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(150) |
Tuttavia, conformemente alla delibera della società dell’11 luglio 2012, sembrerebbe che le autorità regionali siano intenzionate a mantenere la quota del 49% di partecipazione nella società. |
3. POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE
3.1. Compensazione corrisposta nell’ambito della proroga delle convenzioni iniziali fino alla conclusione del processo di privatizzazione (misura 1)
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(151) |
Nel quadro del procedimento di indagine formale di cui ai punti da 11 a 26, le autorità italiane hanno affermato che i servizi forniti dalle compagnie marittime costituiscono un autentico servizio d’interesse economico generale in quanto mirano ad assicurare la continuità territoriale e i concorrenti non forniscono alcun servizio analogo sulle rotte in questione. |
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(152) |
Come indicato in precedenza, in questa fase la Commissione non possiede informazioni su eventuali modifiche materiali apportate alle condizioni che regolamentano il regime di servizio pubblico come prorogato nel 2012. Pertanto presuppone che le condizioni che disciplinano gli obblighi di servizio pubblico e la compensazione corrisposta a fronte dell’adempimento di tali oneri siano rimaste invariate. |
3.2. Ulteriori misure adottate dalla regione Sardegna a favore di Saremar (misura 2)
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(153) |
Le autorità italiane ritengono, in particolare, che la compensazione a favore di Saremar per l'esercizio delle due rotte tra la Sardegna e il continente, non costituisca un aiuto. Esse affermano che tali misure sono state adottate dalle autorità regionali solo a seguito del significativo incremento dei prezzi praticati dai concorrenti di Saremar che operano sulle rotte da e verso la Sardegna. Le autorità italiane sottolineano che questo stato di cose è oggetto d’indagine da parte dell’Autorità italiana garante della concorrenza, che l’11 maggio 2011 ha avviato un’indagine approfondita ai sensi dell’articolo 101, del TFUE. |
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(154) |
In particolare, per quanto concerne i 3 milioni di euro di cui al punto 64 concessi dall’Agenzia a Saremar, le autorità italiane sostengono che questo importo rappresenta semplicemente il valore delle attività promozionali realizzate dal beneficiario per conto della regione Sardegna e non conferisce pertanto un indebito vantaggio alla Saremar. |
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(155) |
Rispetto alle presunte garanzie concesse a Saremar, a detta delle autorità italiane è normale pratica commerciale quella per cui l’azionista di maggioranza fornisce garanzie in merito alle linee di credito delle proprie controllate, anche direttamente tramite prestiti degli azionisti. |
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(156) |
Inoltre, le autorità italiane hanno chiarito che la lettera di patronage emessa nel luglio 2011 non ha prodotto alcun effetto, in quanto la linea di credito garantita non è stata e non sarà utilizzata da Saremar. Relativamente alla seconda lettera di patronage, le autorità italiane hanno confermato che, nonostante le espresse disposizioni in tal senso contenute nella delibera regionale, la lettera non è stata di fatto emessa, né la regione Sardegna intende più attuare tale misura in futuro. Di conseguenza, le autorità italiane ritengono che le autorità regionali non abbiano in realtà fornito alcuna garanzia relativamente agli obblighi finanziari di Siremar. |
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(157) |
Le autorità italiane affermano che il progetto “Bonus Sardo-Vacanza” era volto a controbilanciare l’effetto negativo dell’aumento dei prezzi nel comparto dei servizi marittimi come indicato in precedenza, e si basava su criteri di oggettività e trasparenza. |
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(158) |
Infine, in merito alla ricapitalizzazione, le autorità italiane hanno chiarito che essa si è limitata al credito vantato da Saremar nei confronti di Tirrenia e sarebbe giustificata in considerazione della privatizzazione di Saremar, giacché i creditori di Tirrenia in quella fase non erano stati pagati. |
3.3. Applicazione abusiva dell’aiuto per il salvataggio (misura 3)
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(159) |
Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il debito di Tirrenia nei confronti dello Stato sarà rimborsato dopo il completamento della cessione degli attivi, cioè dopo l’autorizzazione formale della concentrazione di Tirrenia e CIN. Allora, nessuna informazione aggiornata è stata fornita relativamente al debito di Siremar. |
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(160) |
Riguardo nello specifico al credito vantato dallo Stato nei confronti di Tirrenia e Siremar a seguito dell’escussione della garanzia, le autorità italiane hanno dichiarato che tale debito è qualificato come “prededucibile”, nel senso che lo Stato gode di un diritto di prelazione nel recupero di quanto dovutogli rispetto ai creditori ordinari. |
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(161) |
Come indicato al punto 82 di cui sopra, la concentrazione è stata approvata dall’Autorità garante della concorrenza il 21 giugno 2012. Il 24 ottobre 2012 le autorità italiane hanno confermato alla Commissione il rimborso del finanziamento pubblico allo Stato italiano. |
3.4. Compensazione da corrispondere nell’ambito delle future convenzioni o i futuri contratti di servizio pubblico (misura 4)
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(162) |
Le autorità italiane sono state ripetutamente ammonite in merito all’obbligo di sospensione loro incombente ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE per quanto riguarda la compensazione da versare agli acquirenti delle società dell’ex Gruppo Tirrenia nell’ambito delle future convenzioni/futuri contratti di servizio pubblico. In svariate occasioni la Commissione ha comunicato all’Italia che i metodi scelti per privatizzare le società, vale a dire la vendita di società già concessionarie di nuovi contratti potrebbe sollevare criticità in merito all’esistenza di aiuti di Stato. |
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(163) |
Le autorità italiane hanno comunicato precedentemente alla Commissione di non ritenere che la compensazione corrisposta nel quadro dei nuovi contratti costituisse un aiuto. Il 10 gennaio 2012 le autorità italiane hanno notificato formalmente, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, per ragioni di certezza del diritto, le compensazioni da corrispondere nell’ambito delle nuove convenzioni agli acquirenti dei rami d’azienda di Tirrenia e Siremar. |
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(164) |
Le autorità italiane hanno formulato le loro osservazioni esclusivamente sulla natura della compensazione da corrispondere all’acquirente del ramo d’azienda di Tirrenia. A tal riguardo, esse hanno sottolineato quanto segue:
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(165) |
Inoltre, le autorità italiane hanno sottolineato che nel quadro della nuova convenzione l’esercizio delle rotte Napoli/Palermo, Civitavecchia/Olbia e Genova/Porto Torres è compensato esclusivamente nella bassa stagione. Ciononostante, a Tirrenia corre sempre l’obbligo di mantenere le frequenze prefissate e i livelli tariffari in alta stagione. |
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(166) |
Le autorità italiane sostengono altresì che le condizioni previste dalla decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (17) (di seguito la decisione SIEG del 2011) sono pienamente rispettate nel caso della nuova convenzione che sarà stipulata fra lo Stato italiano e CIN. |
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(167) |
Per quanto concerne nello specifico la compensazione da corrispondere nel quadro del nuovo contratto di servizio pubblico con Moby, le autorità italiane hanno sostenuto, riguardo alla denuncia al punto 34 di cui sopra, che sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla sentenza Altmark per valutare se la compensazione per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico costituisca o no aiuto di Stato. Le autorità italiane hanno inoltre affermato che le autorità regionali hanno aggiudicato il contratto di servizio pubblico nel pieno rispetto del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (cabotaggio marittimo) (18) (di seguito il regolamento sul cabotaggio marittimo). Esse hanno anche ricordato che la concentrazione era stata già approvata dall’Autorità garante della concorrenza. |
3.5. La controgaranzia della regione Sicilia sui pagamenti dilazionati del prezzo di acquisto di Siremar e aumento del capitale di CdI (misura 5)
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(168) |
Le autorità italiane sostengono che i documenti emessi dalla regione Sicilia e da Unicredit e datati, rispettivamente, 31 gennaio 2011 e 3 febbraio 2012 rendono irrilevanti le affermazioni di SNS in merito all’asserita nuova controgaranzia del 12 ottobre 2011. I documenti dimostrano chiaramente che poiché la controgaranzia era stata ritirata, la garanzia concessa da Unicredit sui pagamenti dilazionati del prezzo d’acquisto era incondizionata. |
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(169) |
Le autorità italiane sostengono altresì che nell’ultima fase della procedura di vendita, con scadenza al 13 ottobre 2011, il commissario straordinario aveva esplicitamente ammonito gli offerenti in merito all’eventuale presentazione di offerte corroborate da garanzie contrarie alle norme sugli aiuti di Stato. |
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(170) |
Le autorità italiane non hanno esplicitamente formulato alcuna osservazione sulla natura dell’aumento di capitale al punto 126 di cui sopra. |
3.6. Pagamenti dilazionati per l’acquisto di Tirrenia da parte di CIN (misura 6)
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(171) |
Le autorità italiane non hanno esplicitamente formulato alcuna osservazione specifica sulla qualifica della misura in questione come aiuto di Stato. |
3.7. Privatizzazione delle società regionali (misura 7)
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(172) |
Le autorità italiane hanno sottolineato che i requisiti tecnici e finanziari minimi imposti dai bandi di gara, in particolare quelli relativi a un volume minimo di servizi marittimi forniti, un giro d’affari minimo e/o introiti minimi derivanti dall’esercizio di servizi marittimi e/o un attivo netto minimo) sono essenziali per la fornitura del servizio pubblico definito dalle autorità pubbliche e pertanto giustificati, trattandosi della vendita delle compagnie marittime titolari dei nuovi contratti di servizio pubblico. |
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(173) |
Le autorità italiane non hanno esplicitamente formulato alcuna osservazione sul punteggio assegnato alle offerte tecniche. |
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(174) |
Per quanto riguarda nello specifico la privatizzazione di Toremar, le autorità italiane hanno dichiarato che la procedura era del tutto conforme alla normativa sugli appalti pubblici e il denunciante era stato giustamente escluso nella fase finale di gara. |
4. VALUTAZIONE
4.1. Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE
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(175) |
L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che “sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. |
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(176) |
I criteri previsti dall’articolo 107, paragrafo 1, sono cumulativi; ne consegue che le misure notificate costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE solamente se sono soddisfatte tutte le condizioni succitate. In particolare, il sostegno finanziario deve:
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4.1.1. Compensazione corrisposta nell’ambito della proroga delle convenzioni iniziali fino alla conclusione del processo di privatizzazione (misura 1)
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(177) |
Per giungere a una conclusione sulla possibilità che la compensazione per la gestione di servizi pubblici costituisca o meno un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Corte di giustizia ha stabilito i seguenti criteri nella propria sentenza nella causa Altmark:
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(178) |
Nella decisione di avvio del 2011 la Commissione ha concluso che la compensazione corrisposta alle società dell’ex gruppo Tirrenia nel corso del periodo 2009-2011 nel quadro della proroga delle convenzioni iniziali costituisce aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, in quanto non sono stati cumulativamente soddisfatti i criteri della sentenza Altmark. |
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(179) |
La Commissione osserva che secondo la legge del 2010 recante disposizioni di proroga delle convenzioni iniziali fino al completamento della privatizzazione delle società, tutte le norme che disciplinano il sistema di servizio pubblico rimangono le stesse, come valutato dalla Commissione nella sua decisione di avvio del 2011. L'unica modifica al regime di servizio pubblico comunicata dalle autorità italiane riguarda l'esercizio da parte della Saremar delle due rotte di collegamento tra la Sardegna e il continente italiano. La qualifica della compensazione alla Saremar come aiuto di stato e analizzata nella Sezione 4.1.2. sotto. A eccezione dell'esercizio temporaneo di queste rotte da parte della Saremar la Commissione ritiene che tutti gli aspetti pertinenti del regime di servizio pubblico permangono nel 2012 e rimarranno invariati fino all’entrata in vigore delle nuove convenzioni/nuovi contratti di servizio pubblico con gli acquirenti delle società. |
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(180) |
Di conseguenza, per ragioni analoghe a quelle di cui ai punti da 183 a 248 della decisione di avvio del 2011, la Commissione ritiene in via preliminare che:
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(181) |
La Commissione pertanto ritiene che, essendo rimaste invariate tutte le condizioni nel 2012 e fino all’entrata in vigore delle nuove convenzioni o dei nuovi contratti di servizio pubblico, la compensazione concessa a tutte le società del Gruppo Tirrenia nell’ambito della proroga delle convenzioni iniziali costituisce un aiuto in favore delle suddette società, nella misura in cui accorda ai beneficiari un vantaggio economico selettivo che potrebbe falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri. La Commissione invita le autorità italiane a precisare ulteriormente lo stato di tali procedure relativamente a tutte le società interessate. |
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(182) |
La Commissione invita altresì le autorità italiane a fornire prove documentali sulle compensazioni versate per linea per l’esercizio del servizio pubblico per ciascuna delle società ex-Tirrenia, e per ciascun anno di proroga delle convenzioni iniziali. |
4.1.2. Ulteriori misure adottate dalla regione Sardegna a favore di Saremar (misura 2)
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(183) |
Risorse statali : le misure illustrate in precedenza ai punti da 56 a 76 implicano un ulteriore finanziamento pubblico concesso in larga misura a Saremar direttamente dalla regione Sardegna. Le misure pertanto comportano l’uso di risorse statali. Per quanto concerne nello specifico le misure adottate dall’Agenzia relativamente al “Bonus Sardo Vacanza”, la Commissione ritiene che tali misure siano imputabili allo Stato, poiché le autorità regionali detengono la totalità della proprietà dell’Agenzia, la cui funzione è quella di attuare le politiche regionali concernenti il turismo e lo sviluppo regionale. |
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(184) |
Vantaggio economico selettivo : le misure di cui ai punti da 56 a 63, da 68 a 70, da 71 a 75 e 76 favoriscono un’impresa. Pertanto, esse sono selettive. Inoltre, considerando che sia destinato esclusivamente al settore marittimo, il progetto “Bonus Sardo-Vacanza” è comunque selettivo a livello settoriale. |
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(185) |
La Commissione fa osservare che l’esercizio di nuove rotte marittime non è stato oggetto di gara d’appalto. La regione Sardegna ha semplicemente affidato a Saremar l’esercizio delle due rotte che collegano la Sardegna con l’Italia continentale. La Commissione osserva che l’atto di incarico non definisce esplicitamente i servizi in questione come SIEG, né fa riferimento ad alcuna compensazione corrisposta a Saremar per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalle autorità italiane, la Commissione osserva che, sulla base delle informazioni allegate alla notifica, la compensazione di 10 milioni di euro autorizzata dalla legge regionale n. 15 del 7 agosto 2012, e maggiore rispetto alle perdite operazionali subite dalla Saremar nell'esercizio delle due rotte in questione. Di conseguenza, a questo stato la Commissione ritiene in via preliminare che i quattro criteri Altmark non siano cumulativamente soddisfatti e pertanto la misura conferisca a Saremar un vantaggio economico. |
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(186) |
Per quanto concerne il prestito di 3 milioni di euro, la Commissione ritiene che, nella misura in cui il finanziamento è stato concesso a Saremar in termini commerciali, questa non ha beneficiato di alcun indebito vantaggio economico. La Commissione invita le autorità italiane a illustrare nel dettaglio le condizioni del finanziamento e a fornire le prove del fatto che il prestito sia stato concesso a condizioni di mercato. Per quanto concerne le lettere di patronage, sulla base delle informazioni disponibili alla Commissione in questa fase, sembrerebbe che tali lettere non abbiano conferito indebiti vantaggi a Saremar, non essendo state utilizzate a garanzia di alcun mutuo o altro obbligo finanziario del beneficiario. |
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(187) |
Infine, la Commissione ritiene in via preliminare che la ricapitalizzazione di Saremar conferisca a questa un vantaggio economico, poiché è improbabile che in simili circostanze un azionista privato, a parte tutte le considerazioni sociali, di politica regionale e settoriali, avrebbe sottoscritto il capitale in questione. |
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(188) |
In particolare, la delibera regionale 36/6 che prevede la ricapitalizzazione sottolinea l’urgenza del provvedimento volto a garantire a Saremar, la sostenibilità economica e finanziaria, contemperando la domanda di trasporto con la sostenibilità economica e finanziaria dell’attività, posta l’esistenza di un presunto cartello sulle rotte da e per la Sardegna, con gravi conseguenze sulla continuità territoriale e quindi sui consumatori. In questa fase, la Commissione dubita che un investitore privato avrebbe attribuito lo stesso significato all’esercizio del servizio pubblico e avrebbe quindi sottoscritto il capitale in parola. La Commissione invita le autorità italiane a confermare l’importo della ricapitalizzazione. La Commissione invita altresì le autorità italiane a illustrare in dettaglio la situazione finanziaria della società al momento della ricapitalizzazione e a chiarire se la decisione di ricapitalizzare la società si sia basata su un piano industriale preparato ex-ante. |
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(189) |
Lo stesso dicasi per le nuove misure di cui al punto 76 supra. |
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(190) |
La Commissione ritiene che anche se parte dei costi coperti dalle risorse pubbliche o la totalità degli stessi fossero di natura tale da poter essere qualificati come costi di servizio pubblico, sulla base delle conclusioni di cui al punto 181 supra, la compensazione concessa a copertura di tali costi accorderebbe un vantaggio economico a favore di Saremar. |
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(191) |
Per quanto concerne nello specifico il progetto “Bonus Sardo-Vacanza”, la Commissione ritiene in via preliminare che, poiché la misura è rivolta a tutti i passeggeri che viaggiano da e verso la Sardegna e devono soggiornarvi, a prescindere dalla compagnia di navigazione utilizzata, e le condizioni applicabili relative al massimale tariffario sono tali per cui la misura non è circoscritta ai passeggeri di Saremar, la misura non favorisca Saremar rispetto alle linee di navigazione concorrenti. Tuttavia, in questa fase la Commissione non dispone di informazioni sufficienti per valutare se tale misura abbia, di fatto, conferito un vantaggio economico a Saremar. Essa invita le autorità italiane a trasmettere un elenco esaustivo delle linee di navigazione che forniscono servizi di trasporto ai beneficiari. La Commissione invita altresì le autorità italiane a chiarire le modalità utilizzate per fissare il prezzo delle attività promozionali e a fornire i giustificativi indicanti che la loro valutazione è conforme al valore di mercato, ad esempio fornendo dei riferimenti reperibili sul mercato. Inoltre, la Commissione invita le autorità italiane a precisare se, in osservanza della delibera regionale n. 25/53, il progetto “Bonus Sardo-Vacanza” sia stato soppresso dal luglio 2011. |
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(192) |
Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi: quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa a scapito di altre imprese concorrenti che operano sul mercato dell’Unione, queste ultime sono da considerarsi influenzate dall’aiuto (19). Per giungere a tale conclusione, è sufficiente che il beneficiario sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza (20). Nel caso in oggetto, i beneficiari operano in concorrenza con altre imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo nell’UE, in particolare da quando sono entrati in vigore il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (21) e il regolamento sul cabotaggio marittimo, che hanno liberalizzato rispettivamente il mercato del trasporto marittimo internazionale e quello del cabotaggio marittimo. Pertanto, la misura in esame è tale da incidere sul commercio dell’UE e falsare la concorrenza nel mercato interno. |
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(193) |
Conclusione : La Commissione ritiene quindi in via preliminare che tutte le misure dettagliate precedentemente, ad eccezione delle lettere di patronage, si configurino come aiuti a Saremar. |
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(194) |
La Commissione invita tuttavia le autorità italiane e altre parti interessate a fornire osservazioni sulle lettere di patronage e sul prestito di 3 milioni di euro concesso dalla regione Sardegna a Saremar. |
4.1.3. Applicazione abusiva dell’aiuto per il salvataggio (misura 3)
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(195) |
Per le ragioni illustrate ai punti da 34 a 40 della decisione sul salvataggio del 2010, la Commissione ritiene che la misura di aiuto per il salvataggio costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
4.1.4. Compensazione da corrispondere nell’ambito delle future convenzioni o i futuri contratti di servizio pubblico (misura 4)
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(196) |
Risorse statali : poiché la misura notificata riguarda compensazioni economiche concesse ai beneficiari dallo Stato italiano, essa comporta l’uso di risorse statali. |
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(197) |
Selettività : le sovvenzioni in questione andranno a beneficio soltanto di alcune imprese, vale a dire degli acquirenti dei complessi aziendali di Tirrenia e Siremar o delle restanti compagnie regionali dell'ex Gruppo Tirrenia. Pertanto, esse sono selettive. |
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(198) |
Vantaggio economico : per giungere a una conclusione sulla possibilità che la compensazione per la gestione del servizio pubblico nell’ambito delle future convenzioni o dei futuri contratti di servizio pubblico costituisca o meno un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione deve valutare l'osservanza dei criteri Altmark. |
Altmark 1
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(199) |
La Commissione fa osservare che gli obblighi di servizio pubblico imposti ai beneficiari sono stati definiti chiaramente nelle future convenzioni o futuri contratti di servizio pubblico. |
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(200) |
Tuttavia, dalle informazioni attualmente disponibili risulta che operatori concorrenti offrano servizi analoghi con frequenze paragonabili perlomeno sulle rotte Napoli/Palermo (bassa stagione), Genova/Olbia, Civitavecchia/Olbia (bassa stagione), Genova/Livorno/Cagliari operate da CIN. Le autorità italiane hanno dichiarato che sulla rotta Genova/Porto Torres le compagnie concorrenti gestiscono solo servizi misti in alta stagione. |
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(201) |
Inoltre, in questa fase sembra che i concorrenti offrano servizi analoghi con frequenze paragonabili perlomeno sulle rotte Milazzo/Isole Eolie (servizio misto), Trapani/Pantelleria (servizio misto) e Palermo/Ustica (servizio misto) operate da CdI. |
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(202) |
Le autorità italiane non hanno fornito ulteriori motivazioni dell’esigenza di imporre obblighi di servizio pubblico a CIN e CdI, a parte l’esigenza generale di garantire la continuità territoriale e la dipendenza delle regioni insulari dalle attività turistiche, dato che i collegamenti marittimi in questione sembrano essere già serviti dai concorrenti. La Commissione invita le autorità italiane e le parti interessate a fornire osservazioni al riguardo. |
Altmark 2
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(203) |
Per quanto concerne la condizione Altmark 2, la Commissione osserva che i parametri sulla base dei quali è stata calcolata la compensazione sono stati previamente definiti e rispettano i requisiti di trasparenza. |
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(204) |
Più specificamente, la compensazione per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico nell’ambito delle nuove convenzioni o nuovi contratti di servizio pubblico è calcolata sulla base della delibera CIPE. Il metodo di calcolo della compensazione, vale a dire gli elementi di spesa tenuti in considerazione e l’utile concesso all’operatore sono spiegati dettagliatamente in tale sede. |
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(205) |
La Commissione ritiene quindi in via preliminare, che la seconda condizione della sentenza Altmark sia stata soddisfatta. |
Altmark 3
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(206) |
La Commissione osserva che le norme per il calcolo della compensazione concessa agli acquirenti delle società del Gruppo Tirrenia per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico in base alle nuove convenzioni/nuovi contratti di servizio pubblico sono rimaste invariate rispetto a quelle applicabili alle società Tirrenia a partire dal 2010. |
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(207) |
Come già indicato al punto 14, nella decisione di avvio del 2011 la Commissione ha ritenuto in via preliminare che il premio di rischio del 6,5% non sembra riflettere un livello di rischio adeguato. Di conseguenza, per le stesse ragioni illustrate ai punti da 242 a 248 della decisione di avvio del 2011, in questa fase la Commissione ritiene che gli acquirenti sarebbero sovracompensati per la durata delle nuove convenzioni o contratti di servizio pubblico. |
Altmark 4
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(208) |
Tale criterio è ritenuto soddisfatto se i destinatari della compensazione sono stati scelti in base a una procedura di gara che consenta la selezione di un offerente capace di fornire i servizi al costo minore per la comunità oppure, ove ciò non fosse possibile, la compensazione è stata calcolata sulla base dei costi di un’impresa gestita in modo efficiente. |
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(209) |
Nel caso in esame, sono state oggetto della gara d’appalto le società concessionarie dei nuovi contratti di servizio pubblico, piuttosto che i contratti stessi. La Commissione deve valutare, sulla base delle specifiche circostanze del caso, se una tale procedura di gara d’appalto, che impone all’operatore interessato a fornire il servizio pubblico l’acquisizione della società stessa, consenta di selezionare l’offerente in grado di fornire i servizi al minor costo possibile per la Comunità. |
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(210) |
Dopo aver analizzato le informazioni a sua disposizione, la Commissione osserva in particolare che, poiché le società offerenti erano già adeguatamente dotate di navi ed equipaggio, esse avrebbero sostenuto minori costi se non fossero state obbligate ad acquisire beni capitali e dipendenti delle società del Gruppo Tirrenia. La Commissione ritiene quindi in via preliminare che, nel caso specifico, l’appalto per l’aggiudicazione dei contratti pubblici senza l’obbligo di rilevare i complessi aziendali o le società stesse che fornivano precedentemente questi servizi avrebbe avuto come esito un costo minore per la comunità. Questo non pregiudica qualsiasi possibile valutazione da parte della Commissione in merito all'osservanza delle regole per gli appalti pubblici. |
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(211) |
Inoltre, le autorità italiane non hanno mai affermato che il livello di compensazione sia stato determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in maniera ottimale e fornita adeguatamente di mezzi di trasporto in modo da essere in grado di soddisfare i necessari requisiti del servizio pubblico, avrebbe dovuto sostenere per l’adempimento di tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un profitto ragionevole per l’adempimento degli obblighi. |
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(212) |
La Commissione ritiene pertanto in via preliminare che nel caso in oggetto il quarto criterio Altmark non risulti soddisfatto. |
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(213) |
Posto che le quattro condizioni enunciate dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark non sono cumulativamente soddisfatte nel caso in oggetto, la Commissione giunge alla conclusione preliminare secondo cui nel presente caso la compensazione concessa agli acquirenti delle società del Gruppo Tirrenia conferisce un vantaggio economico agli stessi. |
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(214) |
Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi : Come illustrato in dettaglio al punto 192, la Commissione ritiene che la misura possa incidere sugli scambi nell’UE e falsare la concorrenza nel mercato interno. |
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(215) |
Conclusione : sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene in via preliminare che le compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico da corrispondere a CIN e CdI in base alle nuove convenzioni con lo Stato italiano possano costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
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(216) |
Poiché i nuovi contratti di servizio pubblico sono stati o saranno stipulati dallo Stato italiano con gli acquirenti delle restanti società dell’ex Gruppo Tirrenia, la Commissione ritiene che la compensazione pubblica corrisposta a tali società per la durata dei nuovi contratti si configuri anch’essa come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
4.1.5. La controgaranzia della regione Sicilia sui pagamenti dilazionati del prezzo di acquisto di Siremar e aumento del capitale di CdI (misura 5)
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(217) |
Risorse statali e imputabilità : la controgaranzia è finanziata dalla regione Sicilia e quindi senz’altro da uno Stato membro e tramite risorse statali. La garanzia da parte di Unicredit dei pagamenti dilazionati per l’acquisto di Siremar non è finanziata con risorse pubbliche. Per i motivi menzionati al punto 221 di cui sotto, la Commissione ritiene in via preliminare che l’aumento di capitale deciso da Mediterranea sia finanziato tramite risorse statali e sia imputabile allo Stato. |
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(218) |
Vantaggio economico selettivo : Poiché l’aumento di capitale favorisce un’impresa, CdI e la controgaranzia favorisce CdI e Unicredit, le misure sono selettive. |
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(219) |
A norma del punto 2.2 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (22) (di seguito la comunicazione sulle garanzie), l’assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata da un adeguato premio. |
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(220) |
Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione in questa fase, sembrerebbe che la controgaranzia non sia stata remunerata. La controgaranzia ha dato a CdI accesso a una garanzia che altrimenti non le sarebbe stata concessa o che le sarebbe stata concessa a condizioni meno vantaggiose. Pertanto, la Commissione ritiene, in linea di principio, di poter considerare che la controgaranzia avrebbe procurato un vantaggio a favore di CdI. |
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(221) |
La Commissione fa osservare che la lettera di CdI non contesta l’iniziale esistenza di una controgaranzia datata 12 ottobre 2011, né il fatto che tale controgaranzia avrebbe procurato un vantaggio a CdI, ma afferma semplicemente che detta controgaranzia, essendo stata alla fine ritirata, non ha influito sulla decisione di Unicredit di garantire le obbligazioni finanziarie di CdI. La Commissione osserva inoltre che anche se si accogliesse tale argomentazione, ciò non significherebbe che Unicredit, piuttosto che CdI, non abbia beneficiato di un vantaggio derivante dalla controgaranzia. |
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(222) |
Inoltre, la Commissione rileva che la posizione del Ragioniere generale sembra essere tale da influire sul processo decisionale a livello regionale. Tenuto conto della sua posizione nella gestione corrente di Mediterranea, e della significativa partecipazione di questa nel capitale azionario di CdI, la Commissione ritiene che sia molto probabile che la controgaranzia sia stata accordata con lo scopo principale di favorire CdI nel processo di vendita, piuttosto che in base alle condizioni di mercato. |
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(223) |
Ciononostante, al fine di concludere se la controgaranzia deliberata il 12 ottobre 2011 e successivamente ritirata dalla regione Sicilia abbia conferito un vantaggio a CdI, la Commissione deve valutare se tale garanzia avesse già prodotto degli effetti al momento in cui è stata revocata. |
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(224) |
In primo luogo, la Commissione ricorda che, come esplicitamente sancito dalla comunicazione sulle garanzie, l’aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. |
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(225) |
Secondo, la Commissione fa osservare che le date dei documenti trasmessi dalle autorità italiane a sostegno di quanto affermato, ovvero che la controgaranzia non avrebbe prodotto degli effetti, essendo stata revocata dalla regione Sicilia, non sono precedenti a quella di aggiudicazione della gara d’appalto a CdI. In effetti, la Commissione fa osservare che entrambi i documenti sono stati emessi in una data successiva, dopo la presentazione della denuncia da parte di SNS alla Commissione. Le autorità italiane hanno trasmesso le proprie osservazioni su quanto asserito da SNS soltanto il 2 marzo 2012, dopo la revoca della controgaranzia. |
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(226) |
Inoltre, la Commissione ritiene in via preliminare che la controgaranzia abbia procurato anche un vantaggio economico a Unicredit, quale primo garante, riducendo il rischio associato alla propria fidejussione, ovvero migliorandone la sicurezza. A meno che la controgaranzia non fosse remunerata con un premio adeguato, avrebbe conferito un vantaggio economico a Unicredit. Comunque attualmente, la Commissione non possiede informazioni sufficienti in merito alle condizioni di concessione di tale controgaranzia da parte della regione Sicilia. Come indicato in precedenza, sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione in questa fase, sembrerebbe che la controgaranzia non sia stata remunerata in alcuna forma. La Commissione invita le autorità italiane e le parti interessate a fornire osservazioni al riguardo. |
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(227) |
La Commissione rileva inoltre che il TAR, in data 7 giugno 2012 (23) ha reso una sentenza secondo cui la controgaranzia prestata dalla regione Sicilia nella procedura Siremar costituisce un aiuto di Stato, a prescindere dal fatto che sia stata alla fine fatta valere o successivamente ritirata. In effetti, il TAR ha ritenuto che il ritiro stesso di tale controgaranzia comprovi il fatto che la stessa era stata originariamente prestata. Inoltre, il Tribunale ha considerato che la controgaranzia fosse tale da falsare la procedura di vendita in modo decisivo. Di conseguenza, ha pronunciato il parziale annullamento della procedura di vendita del ramo d’azienda Siremar. Tramite ordinanza sospensiva pronunciata il 18 luglio 2012, il Consiglio di Stato (di seguito CdS) ha sospeso l’esecuzione della sentenza del TAR, escludendo temporaneamente il rinnovo della procedura. |
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(228) |
Per concludere, la Commissione osserva che l’aumento di capitale di cui al punto 126 supra conferisce anche un vantaggio a CdI nella misura in cui la regione non ha operato come un investitore privato sul mercato. La Commissione ha invitato le autorità italiane a fornire informazioni dettagliate sulle condizioni di tale aumento di capitale. |
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(229) |
Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi : Sulla base di quanto illustrato in dettaglio al punto 192, la Commissione ritiene che la controgaranzia e l’aumento di capitale possano incidere sugli scambi nell’UE e falsare la concorrenza nel mercato interno. |
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(230) |
Sulla base delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene in via preliminare che l’aumento di capitale possa costituire un aiuto a favore di CdI. Anche la controgaranzia può costituire un aiuto a favore di Unicredit e CdI. Invece, la garanzia prestata da Unicredit a CdI non costituisce un aiuto, non essendo finanziata con risorse statali. |
4.1.6. Pagamenti dilazionati per l’acquisto di Tirrenia da parte di CIN (misura 6)
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(231) |
Risorse statali : vendendo beni propri a prezzi inferiori ai prezzi di mercato, lo Stato rinuncia a risorse statali e allo stesso tempo accorda un vantaggio all’acquirente. |
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(232) |
Vantaggio economico selettivo : la dilazione del prezzo d’acquisto va esclusivamente a favore di una impresa. Pertanto, esso è selettivo. |
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(233) |
Inoltre, in questa fase del procedimento non è certo se tutti gli offerenti siano stati al corrente, nelle prime fasi della procedura, della possibilità di corrispondere effettivamente il prezzo d’acquisto nel corso di tutta la durata delle future convenzioni, senza interessi. |
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(234) |
La Commissione osserva che scontando i pagamenti dilazionati al loro valore al momento della vendita, il valore reale del prezzo d’acquisto risulta considerevolmente più basso. In effetti, il valore reale del prezzo d’acquisto offerto da CIN è inferiore al valore di mercato determinato dal perito nominato dal ministero competente. La Commissione ritiene pertanto in via preliminare che CIN possa aver beneficiato di un vantaggio rappresentato, quanto meno, dalla differenza fra il prezzo determinato dal perito indipendente e i pagamenti futuri scontati al loro valore attuale. |
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(235) |
Tale valutazione non pregiudica la valutazione in corso del valore di mercato dell’attività in questione nell’ambito della procedura d’indagine formale di cui al punto 11 di cui sopra. Qualsivoglia potenziale aiuto derivante dalla vendita dei complessi aziendali a un prezzo inferiore al loro valore di mercato a causa dell’imposizione di condizioni di natura pubblica irragionevoli, si va a sommare a ogni aiuto derivante dal pagamento dilazionato del prezzo d’acquisto. |
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(236) |
Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi : Come spiegato al punto 192, la Commissione ritiene che la dilazione del pagamento del prezzo d’acquisto di Tirrenia da parte di CIN possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsare la concorrenza nel mercato interno. |
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(237) |
Sulla base delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene in via preliminare che la misura può costituire un aiuto a favore di CIN. |
4.1.7. Privatizzazione delle società regionali (misura 7)
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(238) |
È considerato aiuto di Stato qualsiasi vantaggio diretto o indiretto, finanziato con risorse pubbliche e concesso direttamente dallo Stato o da organismi intermedi che agiscano nell’esercizio di competenze conferite loro dallo Stato. (24) |
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(239) |
Risorse statali e imputabilità : le procedure di vendita sono condotte dalle autorità regionali. Queste dispongono di una piena discrezionalità nella definizione dei criteri di selezione e nell’aggiudicazione della gara a un offerente specifico. La decisione di privatizzare le società è imputabile allo Stato. |
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(240) |
Vantaggio economico selettivo : quando lo Stato vende i propri attivi a prezzi inferiori a quelli di mercato rinuncia a risorse pubbliche e, al tempo stesso, concede un vantaggio all’acquirente o all’impresa privatizzata che non avrebbero ottenuto a condizioni normali di mercato. Tale vantaggio è necessariamente selettivo dal momento che è concesso solo all’acquirente o all’attività economica in questione. |
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(241) |
Se una società viene privatizzata non tramite una vendita delle quote azionarie in borsa bensì tramite una vendita commerciale (mediante una vendita totale o parziale della società ad altre società), la Commissione ritiene che sia sufficiente tener conto dei seguenti principi per concludere se è stato ottenuto un prezzo equo di mercato e pertanto se non è presente alcun elemento di aiuto di Stato:
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(242) |
Sulla base delle informazioni disponibili in questa fase, la Commissione ritiene che la procedura di vendita non possa essere considerata sufficientemente trasparente, incondizionata e non discriminatoria da permettere di escludere in sé la presenza di aiuti di Stato. |
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(243) |
La Commissione osserva che stando alle autorità italiane, non era stato imposto agli offerenti alcun obbligo di mantenere i livelli occupazionali in nessuna delle procedure di vendita. Tuttavia, sulla base delle motivazioni di cui ai punti da 270 a 273 della decisione di avvio del 2011, la Commissione è del parere che vendere le società in concomitanza con l’affidamento dei nuovi contratti di servizio pubblico potrebbe scoraggiare taluni offerenti (i quali potrebbero prendere in considerazione una diversa strategia d’impresa) dal presentare un’offerta, ostacolando in tal modo il dispiegarsi di un ambiente concorrenziale nel processo di vendita. La Commissione non è pertanto in grado di escludere in via definitiva che le offerte sarebbero state più alte o che altri offerenti si sarebbero presentati se non fossero state stabilite condizioni per l’aggiudicazione. |
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(244) |
Inoltre, la Commissione fa osservare che i cosiddetti requisiti tecnico-finanziari come imposti nella gara d’appalto per la vendita di Toremar hanno effettivamente l’effetto di pregiudicare gravemente la procedura di gara restringendo il numero dei potenziali offerenti alle sole società marittime. Mentre tali criteri qualitativi possono essere perfettamente richiesti per garantire la fornitura del servizio pubblico ai livelli richiesti e pertanto, in linea di principio, essere accettabili nell’ambito dell’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico in generale, nel caso in parola sono le stesse società concessionarie del servizio pubblico ad essere poste in vendita. In tal caso, la Commissione ritiene che le autorità italiane non abbiano bisogno di imporre ulteriori condizioni qualitative agli offerenti. Inoltre, i requisiti qualitativi sono comunque imposti come obblighi di servizio pubblico tramite lo stesso contratto di servizio pubblico, che sarà alla fine attribuito all’acquirente. |
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(245) |
Di più, la Commissione rileva che nel caso specifico di Laziomar, le offerte tecniche ricevono un punteggio ponderato in modo tale da conferire loro un peso notevolmente maggiore rispetto alle offerte economiche, mentre il prezzo delle azioni è fissato dalle autorità pubbliche. La Commissione ritiene che in questo caso la procedura non sia stata concepita per ottenere il miglior prezzo possibile per la vendita delle azioni. |
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(246) |
Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene al momento che il processo di privatizzazione delle compagnie regionali non sia stato concepito in modo da garantire che la cessione delle azioni avvenisse a prezzi di mercato. La Commissione invita le autorità italiane a sottoporle nel dettaglio lo stato di tali procedure di privatizzazione relativamente a ciascuna compagnia regionale. La Commissione invita altresì le autorità italiane a precisare la partecipazione detenuta dalle autorità regionali in Saremar. |
4.2. Legittimità dell’aiuto
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(247) |
Le autorità italiane sono state ripetutamente ammonite in merito all’obbligo di sospensione loro incombente ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE per quanto riguarda la compensazione da versare agli acquirenti delle società dell’ex gruppo Tirrenia nell’ambito delle future convenzioni/futuri contratti di servizio pubblico. In svariate occasioni la Commissione ha comunicato all’Italia che i metodi scelti per privatizzare le società, vale a dire la vendita di società già concessionarie di nuovi contratti potrebbe sollevare criticità in merito all’esistenza di aiuti di Stato. |
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(248) |
Le autorità italiane hanno notificato le compensazioni da versare a CdI e CIN in base alle nuove convenzioni con lo Stato italiano. Il 19 luglio 2012 e il 30 luglio 2012 rispettivamente, le autorità italiane hanno informato la Commissione del fatto che le nuove convenzioni fra lo Stato italiano e CIN e CdI erano già state stipulate. Qualsivoglia aiuto corrisposto sotto forma di compensazione di servizio pubblico a CIN e CdI alla data della stipula delle convenzioni costituisce un aiuto illegale. Lo stesso criterio è valido per le sovvenzioni da versare per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico a Moby, acquirente di Toremar, in quanto il nuovo contratto di servizio pubblico, non ancora notificato alla Commissione, è entrato in vigore. Poiché le disposizioni sono state attuate prima dell’approvazione formale da parte della Commissione, le autorità italiane non hanno adempiuto all’obbligo di sospensione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. |
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(249) |
La Commissione ricorda alle autorità italiane che qualsiasi misura di aiuto deve essere notificata in anticipo alla Commissione e non deve essere attuata prima che la Commissione la dichiari compatibile con il mercato interno. Di conseguenza, qualsivoglia sovvenzione accordata agli acquirenti di una delle restanti società dell’ex Gruppo Tirrenia per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, in quanto aiuto di Stato, avrebbe dovuto essere notificata precedentemente alla Commissione. |
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(250) |
Inoltre, un eventuale aiuto derivante dalla vendita a un prezzo inferiore a quello di mercato della quota azionaria detenuta delle autorità pubbliche in Toremar costituisce un aiuto illegale. Analogamente, a seguito del completamento delle procedure di vendita di Caremar, Saremar e Laziomar come sopra descritte, anche qualsiasi aiuto incluso nella vendita costituisce un aiuto illegale. |
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(251) |
Lo stesso è applicabile alle altre misure che fanno oggetto della presente decisione, inclusa la compensazione alla Saremar per l'esercizio temporaneo delle due rotte di collegamento tra la Sardegna e il continente, nel caso in cui tali misure siano già state implementate previa autorizzazione della Commissione. |
4.3. Compatibilità dell’aiuto
4.3.1. Compensazione corrisposta nell’ambito della proroga delle convenzioni iniziali fino alla conclusione del processo di privatizzazione (misura 1)
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(252) |
Nella misura in cui la Commissione accetta la qualifica dei servizi come SIEG, la compatibilità deve essere valutata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. |
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(253) |
L’articolo 106, paragrafo 2, dispone che “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione”. |
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(254) |
Tale articolo stabilisce una deroga rispetto alla proibizione dell’aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE nella misura in cui tale aiuto sia necessario e proporzionale e la mancanza di tale aiuto impedisca l’erogazione dei servizi di interesse economico generale a condizioni economiche accettabili. Ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del TFUE spetta alla Commissione assicurare l’applicazione di tale articolo, specificando tra l’altro le condizioni da soddisfare rispetto ai criteri di necessità e proporzionalità. |
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(255) |
Il 31 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo pacchetto SIEG, comprendente la disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (26) (di seguito la disciplina SIEG del 2011) e la decisione SIEG del 2011. A partire da questa data, la compatibilità dell’aiuto sotto forma di compensazione di servizio pubblico avrebbe dovuto essere esaminata alla luce della decisione SIEG del 2011 e dei criteri della disciplina SIEG del 2011. |
Applicabilità delle decisioni SIEG del 2005 e del 2011
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(256) |
La decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE [ora articolo 106, paragrafo 2, del TFUE] agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (in seguito, la decisione SIEG del 2005) (27) si applicava solo agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione per obblighi di servizio pubblico concessa alle imprese in relazione ai SIEG che rientravano nel regolamento sul cabotaggio marittimo. Per le ragioni illustrate in dettaglio ai punti da 303 a 305 della decisione di avvio del 2011, la Commissione ritiene che la decisione sui SIEG del 2005 non si potesse sempre applicare alle compensazioni accordate alle società del Gruppo Tirrenia nel quadro della proroga delle convenzioni iniziali. |
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(257) |
Tuttavia, dato che tale requisito di osservanza del regolamento sul cabotaggio marittimo è stato sancito dalla decisione SIEG del 2011, la Commissione ritiene che l’aiuto sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico versato alle società dell’ex Gruppo Tirrenia nel quadro della proroga delle convenzioni iniziali dal 31 gennaio 2012 non possa essere considerato compatibile con il mercato interno, né esonerato dall’obbligo di notifica ai sensi della decisione SIEG del 2011. |
Applicabilità della disciplina SIEG del 2011
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(258) |
La disciplina SIEG del 2011 si applica retroattivamente a qualsivoglia aiuto illegale concesso prima della sua entrata in vigore su cui la Commissione adotta una decisione dopo il 31 gennaio 2012, fatta eccezione per quanto disposto dai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60 della stessa. Ne consegue che la compatibilità della compensazione accordata alle società del Gruppo Tirrenia, e segnatamente Siremar, Saremar, Caremar, Toremar, Laziomar, nel 2009 e fino al completamento della privatizzazione, in linea generale rientra nell’ambito di applicazione della disciplina SIEG del 2011. |
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(259) |
Ciononostante, ai sensi del punto 9, l’aiuto concesso ai fornitori di SIEG in difficoltà deve essere valutato alla luce degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione osserva che nel caso in esame si è data attuazione alla proroga delle convenzioni iniziali dopo la fine del 2008 con i seguenti atti giuridici:
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(260) |
Come precisato in precedenza al punto 19, Tirrenia e Siremar sono state ammesse alla procedura concorsuale per insolvenza nei mesi di agosto e settembre 2010 rispettivamente e pertanto erano già in difficoltà al momento della proroga stabilita dalla legge del 2010. Non vi sono attualmente indicazioni secondo cui, prima di questa data, le imprese si trovassero in difficoltà ai sensi degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione. Dato che Tirrenia e Siremar erano in difficoltà solo al momento dell’adozione dell’ultimo affidamento, la Commissione ritiene che la compensazione ricevuta da queste compagnie al 1o ottobre 2010 e fino al completamento della privatizzazione debba necessariamente essere valutata sulla base degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione. |
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(261) |
Posto che i criteri di compatibilità di cui agli orientamenti citati non sono soddisfatti nel caso in oggetto (cfr. in particolare le motivazioni illustrate ai punti 275 e 276 di cui sopra), la Commissione giunge alla conclusione preliminare secondo cui le compensazioni corrisposte a Tirrenia e Siremar in difficoltà si configurerebbero come aiuto incompatibile alla ristrutturazione. |
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(262) |
La Commissione attualmente non dispone di indicazioni sul fatto che Saremar, Caremar, Toremar e Laziomar fossero mai state imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione. Di conseguenza, la compatibilità della compensazione concessa a queste quattro imprese regionali deve essere valutata sulla base delle disposizioni pertinenti contenute nella disciplina SIEG del 2011:
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(263) |
Sulla base delle motivazioni sviluppate ai punti da 197 a 224 della decisione di avvio del 2011, la Commissione non è in grado in questa fase del procedimento di concludere se la definizione di servizio pubblico contenga un errore manifesto. |
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(264) |
Per quanto concerne la seconda condizione di compatibilità, la Commissione fa osservare che i beneficiari sono stati esplicitamente incaricati della prestazione dei servizi in questione. |
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(265) |
Per quanto concerne la ragionevolezza della compensazione, per le stesse ragioni illustrate ai punti da 242 a 248 della decisione di avvio 2011, in questa fase la Commissione ritiene che i beneficiari potrebbero essere stati compensati in modo eccessivo per la fornitura del servizio pubblico. |
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(266) |
Infine, la Commissione fa osservare che le disposizioni di cui ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60 della disciplina SIEG del 2011 si applicano agli aiuti illegali concessi dopo il 31 gennaio 2012. Di conseguenza, dopo il 31 gennaio 2012 per poter essere considerati compatibili con il mercato interno, i SIEG devono altresì soddisfare le seguenti condizioni:
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(267) |
Poiché allo stato attuale non vi sono indicazioni in merito al fatto che le autorità italiane abbiano realmente effettuato una consultazione pubblica, né pubblicato le informazioni necessarie in merito agli obblighi di servizio pubblico e alla compensazione corrisposta per il loro adempimento, la Commissione ritiene in via preliminare che la compensazione concessa alle società dell’ex Gruppo Tirrenia per l’esercizio dei servizi dopo l’entrata in vigore della disciplina SIEG del 2011 sia incompatibile con il mercato interno. La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere indicazioni dettagliate in merito all’osservanza di tali criteri. |
4.3.2. Ulteriori misure adottate dalla regione Sardegna a favore di Saremar (misura 2)
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(268) |
Dato che in questa fase la Commissione nutre dubbi sia in merito alla legittimità della missione pubblica (affidata alle società dell’ex Gruppo Tirrenia, inclusa Saremar nell’ambito della proroga delle convenzioni iniziali) che alla proporzionalità della compensazione dei costi sostenuti dalle stesse società nell’espletamento del servizio pubblico a partire dal 2010, essa non può ritenere che le ulteriori misure di sostegno fornite dalla regione Sardegna siano necessarie per finanziare gli obblighi di servizio pubblico. In particolare, per quanto riguarda la compensazione alla Saremar per l'esercizio delle due rotte aggiuntive, la Commissione ritiene che, sulla base delle argomentazioni presentate sopra al punto 257, la misura non può essere considerata compatibile sulla base della decisione SIEG del 2011. Inoltre, considerando le argomentazioni di cui sopra, al punto 185, la Commissione non può concludere che la compensazione sia accordata per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro, correttamente affidati all'impresa beneficiaria, e che non ecceda quanto necessario per coprire il costo netto determinato dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché un margine di utile ragionevole. Per queste ragioni, e anche considerando le argomentazioni di cui sopra ai punti 266 - 267, la Commissione ritiene in via preliminare che la misura non può essere giudicata compatibile sulla base della disciplina SIEG del 2011. Pertanto, a questo stato, la Commissione ritiene che l’insieme delle misure a favore della Saremar appare verosimilmente un aiuto al funzionamento volto a ridurre i costi che la società avrebbe dovuto sostenere basandosi sulle proprie risorse ed è quindi da considerarsi incompatibile con il mercato interno. (28) |
4.3.3. Applicazione abusiva dell’aiuto per il salvataggio (misura 3)
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(269) |
Nel novembre 2010 la Commissione ha approvato l’aiuto per il salvataggio di Tirrenia. In base al punto 25, lettera a) degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, l’aiuto per il salvataggio deve cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall’erogazione all’impresa della prima tranche. Nel notificare l’aiuto per il salvataggio, l’Italia si e impegnata a far cessare la garanzia entro sei mesi al massimo dalla sua erogazione. |
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(270) |
Secondo le informazioni presentate dalle autorità italiane, il finanziamento avrebbe dovuto essere rimborsato entro il 28 agosto 2011, sei mesi dopo l’erogazione della prima tranche del prestito ai beneficiari. Come illustrato in dettaglio in precedenza, le autorità italiane hanno confermato che la garanzia oggetto alla decisione sul salvataggio è stata attivata l’11 luglio 2011 e Tirrenia e Siremar erano debitori dello Stato. Come sopra menzionato, il 24 ottobre 2012 le autorità italiane hanno informato la Commissione che le somme di 25 852 548,93 euro per Tirrenia e di 15 511 529,35 euro per Siremar sono state rimborsate allo Stato il 18 settembre 2012. |
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(271) |
La proroga dell’aiuto per il salvataggio oltre i sei mesi deve essere valutata sulla base degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione al fine di appurare se costituisca un aiuto illegale e incompatibile o piuttosto un aiuto alla ristrutturazione compatibile. |
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(272) |
Conformemente al punto 25, lettera c) degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, le autorità italiane si erano impegnate a comunicare alla Commissione, entro sei mesi dall’autorizzazione della misura di aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione/liquidazione o la prova che il prestito fosse stato rimborsato completamente e/o che la garanzia fosse stata estinta. Secondo le informazioni presentate dalle autorità italiane, l’Italia in questo caso ha concesso l’aiuto per il salvataggio tre mesi dopo l’approvazione da parte della Commissione. Pertanto, il termine entro il quale deve cessare la garanzia o si deve presentare un piano di ristrutturazione/liquidazione è scaduto il 28 agosto 2011, come confermato dalle autorità italiane nella lettera datata 16 maggio 2011. |
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(273) |
Tuttavia, l’Italia non ha presentato alcun piano di ristrutturazione (o di liquidazione). Al contrario, un mese prima della scadenza dei sei mesi previsti, la garanzia statale è stata attivata. |
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(274) |
Inoltre, non sono soddisfatte nemmeno le condizioni per una proroga come indicato al punto 26 degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione. Il punto citato prevede che il termine sia prorogato fino al momento dell’adozione da parte della Commissione di una decisione in merito al piano di ristrutturazione solo se tale piano viene trasmesso entro i sei mesi, il che non è avvenuto. |
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(275) |
La Commissione deve altresì valutare se l’aiuto per il salvataggio illegalmente prorogato, possa essere compatibile con il mercato interno su altre basi. Ai sensi del punto 20 degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà sono compatibili solo quando siano rispettate le condizioni fissate negli orientamenti. La proroga di un aiuto per il salvataggio può configurarsi come aiuto per la ristrutturazione compatibile qualora soddisfi le condizioni per l’autorizzazione di cui ai punti da 32 a 51 degli orientamenti. In particolare, l’approvazione di un aiuto per la ristrutturazione è subordinata all’attuazione di un piano di ristrutturazione, da presentare alla Commissione per approvazione, il quale consenta di ripristinare la redditività in un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche. |
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(276) |
In considerazione del fatto che l’Italia non ha presentato tale piano di ristrutturazione la Commissione, in questa fase, ritiene improbabile che la proroga dell’aiuto per il salvataggio possa essere compatibile e configurarsi come aiuto alla ristrutturazione. Sembra pertanto che l’aiuto per il salvataggio sia stato concesso in violazione della decisione di autorizzazione e che non possa peraltro essere considerato un aiuto per la ristrutturazione compatibile, giacché le condizioni indicate dagli orientamenti di cui sopra non sono state osservate. |
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(277) |
Inoltre, poiché il beneficiario ha continuato a usufruire dell’aiuto per il salvataggio dopo la scadenza del periodo di sei mesi, come indicato nella decisione sugli aiuti per il salvataggio, a questo punto la Commissione conclude che la misura di aiuto in questione debba considerarsi illegale e possibilmente attuata in modo abusivo dal 28 agosto 2011 al 18 settembre 2012, poiché è stata utilizzata dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di procedura. |
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(278) |
Conformemente al punto 15 del regolamento di procedura “gli aiuti attuati in modo abusivo possono produrre sul funzionamento del mercato interno effetti simili a quelli degli aiuti illegali e, pertanto, andrebbero loro applicate procedure analoghe”. |
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(279) |
Come illustrato sopra, a questo stadio la Commissione considera che dal 28 agosto 2011 al 18 settembre 2012 Tirrenia e Siremar abbiano beneficiato di un aiuto di stato incompatibile. |
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(280) |
Nel caso in esame, dopo la concessione dell’aiuto per il salvataggio è stata effettuata una vendita di attivi (asset deal). Di conseguenza, la Commissione deve verificare se il vantaggio intrinseco all’aiuto sia stato trasferito agli acquirenti dei complessi aziendali di Tirrenia e Siremar. La Commissione osserva che qualora gli attivi di Tirrenia e Siremar fossero stati venduti a un prezzo inferiore a quello del loro valore di mercato, l’eventuale recupero degli aiuti attuati in modo abusivo sarebbe stato esteso agli acquirenti. |
4.3.4. Compensazione da corrispondere nell’ambito delle future convenzioni o i futuri contratti di servizio pubblico (misura 4)
Compatibilità nell’ambito della decisione SIEG del 2011
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(281) |
La decisione SIEG del 2011 è entrata in vigore il 31 gennaio 2012. Di conseguenza, la compatibilità dell’aiuto sotto forma di compensazione per il servizio pubblico agli acquirenti delle società dell’ex Gruppo Tirrenia dovrebbe innanzitutto essere esaminata alla luce dei criteri della decisione SIEG del 2011. |
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(282) |
A norma dei paragrafi 2 e 4 dell’articolo 2, la decisione SIEG del 2011 si applica esclusivamente qualora il periodo di incarico dei SIEG da parte dell’impresa affidataria ha durata inferiore ai dieci anni e, nel settore dei trasporti marittimi, relativamente agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione per obblighi di servizio pubblico conformi a quanto disposto dal regolamento sul cabotaggio marittimo. La Commissione osserva che in questo caso, per quanto le nuove convenzioni/i nuovi contratti di servizio pubblico non siano stati direttamente oggetto di gara d’appalto, sono state oggetto di gara le stesse società incaricate dell’esercizio dei nuovi contratti. |
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(283) |
Tuttavia, la Commissione rileva inoltre che, a parte la futura convenzione fra lo Stato Italiano e CIN, e i contrati con i acquirenti di Caremar e Laziomar, la restante convenzione e i contratti di servizio pubblico con le altre compagnie regionali risultano avere una durata di 12 anni. La Commissione ritiene che in tali casi la decisione SIEG non sia applicabile. Comunque, dato che i contratti firmati non sono stati trasmessi alla Commissione, a tutt'oggi non può essere verificato che la condizione riguardante la loro durata sia osservata. Per quanto concerne il caso specifico della convenzione CIN, la Commissione osserva che le autorità italiane hanno confermato che in forza della legge del 2009 la sua durata sarebbe stata di otto anni. Ciononostante, la Commissione fa anche osservare che il progetto di convenzione presentatole non prevede una durata specifica. Inoltre, la delibera con cui l’Autorità italiana garante della concorrenza ha avviato il procedimento relativo alla concentrazione di CIN e il ramo d’azienda di Tirrenia (29) precisa che la durata della convenzione sarebbe stata di almeno otto anni. La convenzione stipulata non è stata trasmessa alla Commissione. |
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(284) |
Inoltre, la Commissione fa osservare che secondo questa nuova convenzione, CIN riceverà più di 15 milioni di euro l’anno quale compensazione per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Infine, la Commissione non è in grado di concludere se per taluni dei collegamenti effettuati da CIN nell’ambito del regime di servizio pubblico il numero di passeggeri trasportato nei due anni precedenti a quello dell’affidamento del servizio non supera la soglia indicata dalla decisione SIEG del 2011, e segnatamente le 300 000 unità. |
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(285) |
Primo, la Commissione fa osservare che sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, a parte le rotte Napoli/Palermo, Civitavecchia/Olbia e Genova/Porto Torres, per quanto concerne tutte le rotte passeggeri operate nell’ambito del regime di servizio pubblico, il numero di passeggeri per gli anni 2010 e 2011 sembra attestarsi al di sotto del massimale fissato dalla decisione SIEG del 2011. Le informazioni trasmesse dalle autorità italiane dimostrano che per le tre rotte summenzionate il numero di passeggeri è stato notevolmente superiore (fatta eccezione per la rotta Napoli/Palermo nel 2011) al massimale suindicato. La Commissione tuttavia fa osservare che questa informazione comprendeva i passeggeri trasportati nell’ambito della proroga delle convenzioni iniziali in alta stagione, mentre in base alla nuova convenzione, nel quadro del regime di servizio pubblico, le rotte in questione sono fornite solo in bassa stagione. |
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(286) |
Le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione un prospetto indicante le cifre relative ai passeggeri trasportati da Tirrenia in alta e bassa stagione rispettivamente nel 2010 e 2011. Dalle informazioni si evince che considerando solo i passeggeri trasportati in bassa stagione sulle rotte Napoli/Palermo, Civitavecchia/Olbia e Genova/Porto Torres, il massimale di passeggeri fissato dalla decisione SIEG del 2011 sarebbe stato rispettato su tutte le rotte. |
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(287) |
Tuttavia, la decisione SIEG del 2011 si applica unicamente qualora i servizi in questione si possano legittimamente configurare come SIEG. La Commissione osserva inoltre che le autorità italiane hanno sostenuto che il massimale per i passeggeri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della suddetta decisione non si applica nel caso in esame, poiché le rotte in questione non sono state gestite nei termini di mercato nei due anni precedenti l’affidamento del servizio pubblico a CIN. |
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(288) |
Inoltre, poiché la Commissione nutre dei dubbi sulla proporzionalità della compensazione da erogare in base a convenzioni/contratti di servizio pubblico futuri, essa non reputa siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6 della decisione SIEG del 2011 e pertanto ritiene in via preliminare che le compensazioni non possano essere considerate compatibili ed esenti da notifica su tale base. |
Compatibilità nell’ambito della disciplina SIEG del 2011
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(289) |
Inoltre, la disciplina SIEG del 2011 definisce i criteri di compatibilità delle misure soggette all’obbligo di notifica e, contrariamente alla disciplina del 2005, si applica ai collegamenti marittimi. Tale disciplina definisce le condizioni di compatibilità di seguito illustrate:
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(290) |
Come spiegato ai punti 200 - 202, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ritiene in via preliminare che sembra che su talune delle rotte in questione i concorrenti forniscano servizi analoghi. |
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(291) |
Per quanto concerne la seconda condizione di compatibilità, la Commissione fa osservare che i beneficiari sono stati esplicitamente incaricati della prestazione dei servizi in questione. I parametri della compensazione devono essere preventivamente definiti, in modo obiettivo e trasparente. La Commissione ritiene pertanto che tale missione pubblica sia stata adeguatamente affidata ai beneficiari. |
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(292) |
La compensazione corrisposta alle società dell’ex Gruppo Tirrenia a partire dal 2010 è stata calcolata in base alla nuova metodologia inserita nei progetti delle nuove convenzioni/nuovi contratti di servizio pubblico prima della loro attuazione, e dettagliata nella delibera CIPE. |
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(293) |
Il massimale della compensazione annua è fissato ex ante per legge per ciascuna delle ex società Tirrenia. Nel marzo di ogni anno viene versato un anticipo del 70%. Un secondo versamento del 20% è effettuato a giugno. e il saldo avviene a novembre. In caso di ritardato pagamento oltre i 30 giorni, sono applicabili gli interessi di mora (30). |
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(294) |
Tuttavia, secondo la delibera CIPE, la portata del servizio pubblico, i vincoli tariffari e il livello della compensazione per obblighi di servizio pubblico sono tali da assicurare la copertura dell’operatore del servizio pubblico della totalità dei costi ammissibili. La delibera CIPE stabilisce chiaramente che, qualora la società non raggiungesse la parità economica, verrebbe ridotta la portata delle attività sovvenzionate o, in alternativa, verrebbero rivisti i beni o modificati i vincoli tariffari. In base a quanto disposto dalle nuove convenzioni, il rispetto di queste condizioni sarà soggetto a verifica da parte delle autorità pubbliche insieme con il beneficiario tre volte l’anno. |
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(295) |
Per quanto concerne nello specifico l’utile consentito, sulla base della nuova metodologia, nel calcolo dell’utile il premio di rischio è fissato a 400 punti base. Tuttavia, se un servizio non viene effettuato su base esclusiva, come nel caso in esame, il maggior rischio sostenuto dall’operatore è remunerato tramite l’aggiunta di 250 punti percentuali supplementari al premio di rischio. |
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(296) |
La disciplina SIEG del 2011 conferma che “per margine di utile ragionevole si intende il tasso di remunerazione del capitale che sarebbe richiesto da un’impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l’intera durata dell’atto di incarico, tenendo conto del livello di rischio. Il livello di rischio dipende dal settore interessato, dal tipo di servizio e dalle caratteristiche del meccanismo di compensazione”. |
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(297) |
Posto che in questo caso il costo netto dell’adempimento degli obblighi di servizio pubblico risulta, fondamentalmente, integralmente compensato, la Commissione ritiene che l’esercizio del servizio pubblico non sia collegato a rischi contrattuali sostanziali. Di conseguenza, sulla base della nuova disciplina SIEG, la Commissione ritiene in via preliminare che in questi casi il premio di rischio possa non superare i 100 punti base. |
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(298) |
Analoga metodologia è applicabile per il calcolo della compensazione da concedere agli acquirenti di Caremar, Toremar, Saremar e Laziomar. Alla luce di quanto suesposto, la Commissione nutre in questa fase dubbi in merito alla compatibilità con il mercato interno dell’aiuto corrisposto sotto forma di compensazione di servizio pubblico in base alle future convenzioni/futuri contratti di servizio pubblico. |
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(299) |
Inoltre, la Commissione fa osservare che le disposizioni cui ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60 della disciplina SIEG del 2011 si applicano agli aiuti notificati o concessi dopo il 31 gennaio 2012. Di conseguenza, le compensazioni corrisposte agli acquirenti delle società Tirrenia devono essere valutate anche sulla base delle condizioni di compatibilità menzionate al punto 266. |
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(300) |
Poiché allo stato attuale non vi sono indicazioni in merito al fatto che le autorità italiane abbiano realmente effettuato una consultazione pubblica, né pubblicato le informazioni necessarie in merito agli obblighi di servizio pubblico e alla compensazione corrisposta per il loro adempimento, la Commissione ritiene in via preliminare che la compensazione concessa agli acquirenti delle società Tirrenia nell’ambito delle future convenzioni/dei futuri contratti di servizio pubblico sia incompatibile con il mercato interno. La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere indicazioni dettagliate in merito all’osservanza di tali criteri. La Commissione invita altresì le autorità italiane a trasmettere le convenzioni stipulate con CIN e CdI. |
4.3.5. La controgaranzia della regione Sicilia sui pagamenti dilazionati del prezzo di acquisto che CdI doveva versare per Siremar e l’aumento di capitale di CdI (misura 5)
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(301) |
La Commissione ritiene in via preliminare che la controgaranzia prestata dalla Sicilia nell’ambito della vendita del complesso aziendale di Siremar possa costituire un aiuto a CdI quale mutuatario e a Unicredit quale primo garante. |
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(302) |
Conformemente alla comunicazione sulle garanzie, la compatibilità di tali aiuti deve essere valutata sulla base dei criteri indicati nella disciplina e negli orientamenti relativi agli aiuti orizzontali, regionali e settoriali. L’esame terrà altresì conto, in particolare, dell’intensità degli aiuti, delle caratteristiche dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. |
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(303) |
In questa fase del procedimento, la Commissione ritiene che la controgaranzia possa costituire un aiuto al funzionamento sia a Unicredit, sia a CdI, giacché non sembra si conformi con nessuno degli orientamenti in essere. Questo aiuto è in linea di principio incompatibile con il mercato interno. Lo stesso dicasi per l’aumento di capitale di cui al punto 124. La Commissione invita le autorità italiane a sottoporle i propri chiarimenti al riguardo. |
4.3.6. Pagamenti dilazionati per l’acquisto di Tirrenia da parte di CIN (misura 6)
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(304) |
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ritiene che la vendita del complesso aziendale di Tirrenia ad un prezzo inferiore a quello di mercato possa costituire un aiuto al funzionamento in linea di principio incompatibile con il mercato interno. |
4.3.7. Privatizzazione delle società regionali (misura 7)
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(305) |
Nella fase attuale dell’indagine, la Commissione ritiene che ogni eventuale aiuto che possa essere stato concesso nel corso del processo di privatizzazione delle società regionali tramite la vendita delle azioni a un prezzo inferiore a quello di mercato sia incompatibile in quanto non risulta ricadere nel campo di applicazione di alcuna delle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE né dell’articolo 106, paragrafo 2. |
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(306) |
Inoltre, come indicato al punto 304 della decisione di avvio del 2011, la Commissione ritiene che, mantenendo in vigore le convenzioni iniziali dopo la loro scadenza e quindi oltre la scadenza prevista dal regolamento sul cabotaggio marittimo, l’Italia non abbia rispettato l’obbligo di non discriminazione previsto all’articolo 4 di detto regolamento. Tuttavia, la Commissione ha anche osservato al punto 308 della decisione di avvio del 2011 che l’organizzazione di una gara per l’acquisto delle società dell’ex Gruppo Tirrenia in concomitanza coi nuovi contratti di servizio pubblico può essere interpretata nel senso che tali nuovi contratti di servizio pubblico siano stati assegnati su base non discriminatoria. In particolare, tutti gli operatori eventualmente interessati sono trattati nello stesso modo. In ogni caso, qualora si verificasse un’infrazione, la Commissione dovrebbe valutare se tale eventuale infrazione incida sulla compatibilità degli eventuali aiuti che potrebbero risultare dalla privatizzazione di tali società in quanto necessaria per la realizzazione dell’oggetto o del funzionamento dell’aiuto, aggravando la distorsione prodotta dall’aiuto. |
4.3.8. Conclusioni sulla compatibilità
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(307) |
In questa fase del procedimento, la Commissione conclude in via preliminare che le misure in favore delle società dell’ex Gruppo Tirrenia e/o dei loro acquirenti siano incompatibili con il mercato interno. |
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(308) |
La Commissione ha conseguentemente deciso di estendere la procedura formale d’indagine di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in relazione alle misure 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. |
5. DECISIONE
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(309) |
Alla luce delle precedenti considerazioni la Commissione, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, invita la Repubblica Italiana a presentare le proprie osservazioni e a fornire ogni informazione che possa contribuire a valutare le misure descritte, entro un mese dal ricevimento della presente lettera. Essa richiede inoltre alle autorità italiane di inoltrare immediatamente copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell’aiuto. |
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(310) |
La presente decisione riguarda unicamente gli aspetti relativi agli aiuti di Stato e non pregiudica in alcun modo qualsiasi ulteriore possibile valutazione da parte della Commissione in merito all’osservanza di altre disposizioni del trattato. |
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(311) |
La Commissione avverte la Repubblica Italiana che provvederà a informare le parti interessate mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Essa provvederà, inoltre, a informare le parti interessate nei paesi EFTA, firmatarie dell’accordo SEE, mediante pubblicazione di una nota nel supplemento SEE della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, oltre a informare l’Autorità di sorveglianza EFTA inviando una copia della presente lettera. Tutte le parti interessate citate verranno invitate a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data di tale pubblicazione.» |
(1) Decisión de la Comisión de 16 de noviembre de 2010, asunto de ayuda estatal N 418/2010 - IT – Ayuda de salvamento a Tirrenia di Navigazione en amministrazione straordinaria, OJ C 102 de 2 de abril de 2011.
(2) L’ex Gruppo Tirrenia risultava costituito da Tirrenia di Navigazione S.p.A., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A., Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.A. e Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.A.
(3) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(5) Causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Raccolta 2003, pag. I-7747).
(6) Decisione della Commissione del 16 novembre 2010 relativa all’aiuto di Stato N 418/2010, IT – Aiuti al salvataggio a favore di Tirrenia di Navigazione S.p.A. in amministrazione straordinaria, GU C 102 del 2.4.2011.
(7) Il Fondo aree sottoutilizzate è un fondo nazionale che sostiene l’attuazione della politica regionale italiana. Le risorse di cui dispone sono stanziate principalmente a favore delle regioni in cui vi sono aree ritenute tali dalle autorità italiane.
(8) Cfr. i punti da (18) a (23). La procedura di vendita e ogni eventuale aiuto all’entità venduta, o a CdI, risultante dalla vendita di Siremar a un prezzo di vendita inferiore a quello di mercato è in fase di valutazione nell’ambito del procedimento formale d’indagine.
(9) Il ramo d’azienda incaricato di assicurare i collegamenti con l’arcipelago pontino, trasferito dalla Campania al Lazio.
(10) L’Autorità italiana garante della concorrenza ha autorizzato le concentrazioni con delibere del 23 novembre 2011 (Siremar) e 19 luglio 2011 (Toremar).
(11) Dopo il ricorso alla riserva di legge ammontante a 258 000 euro e ai proventi derivanti dai precedenti esercizi finanziari pari a 104 579,69 euro.
(12) GU C 244 dell'1.10.2004, pagg. 2-17.
(13) Con decisione del 27 aprile 2012 la Commissione ha chiuso l’indagine approfondita avviata nel gennaio 2012 sulla concentrazione in merito alla vendita di Tirrenia a CIN, dopo che le parti avevano abbandonato la transazione notificata. Successivamente, CIN ha cambiato i componenti originari della joint-venture (Grimaldi, Marinvest e Onorato Partecipazioni) e ha notificato all’Autorità italiana garante della concorrenza una nuova transazione.
(14) Già un ramo d’azienda di Caremar, incaricata di operare i collegamenti con l’Arcipelago pontino in base al regime di servizio pubblico.
(15) GURI n. 50 del 28 febbraio 2008.
(16) Secondo lo statuto societario, il comitato di sorveglianza ha diritto di voto relativamente a decisioni strategiche, e segnatamente le decisioni sui piani industriali e strategici proposti dal Consiglio d’amministrazione.
(19) Cfr. in particolare la causa 730/79, Philip Morris/Commissione (Raccolta 1980, pag. 2671, punto 11), causa C-53/00, Ferring (Raccolta 2001, pag. I-9067, punto 21) e causa C-372/97, Italia/Commissione (Raccolta 2004, pag. I-3679, punto 44).
(20) Causa T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Commissione (Raccolta 1998, pag. II-717).
(21) GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1.
(22) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.
(23) TAR del Lazio, sentenza n. 5172 del 7 giugno 2012 nella causa n. 9686/2011.
(24) Causa C-482/99, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-4397).
(25) XXIII relazione sulla politica in materia di concorrenza 1993, punto 402 e segg.
(27) GU L 312 del 29.11.2005, p. 67.
(28) Sentenza del 14 febbraio 1990 nella causa C-301/87, Francia/Commissione (Raccolta 1990, pag. I-307, punto 41).
(29) Cfr. la delibera dell’Autorità garante della concorrenza del 30 maggio 2012 di avvio dell’istruttoria nel caso Tirrenia di Navigazione / Compagnia Italiana di Navigazione CIN (www.agcm.it).
(30) EURIBOR più 200 punti base.