5.2.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 33/1

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Vista la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (1),

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Visto el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores (2),

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Vista la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (3),

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Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (4),

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Vista la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (5),

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Vista la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (6),

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Vista la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (7),

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Visto el Reglamento (CE) no 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Oficina (8),

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Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (9),

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Vista la consulta pública iniciada el 2 de marzo de 2010 por la Comisión sobre los principios futuros del servicio universal en el ámbito de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2010, titulada «Banda ancha europea: inversión en crecimiento impulsado por la tecnología digital» (COM(2010)0472),

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Vista la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un primer programa de política del espectro radioeléctrico (COM(2010)0471),

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Vista la Recomendación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2010, relativa al acceso regulado a las redes de acceso de nueva generación (NGA),

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Visto el documento de trabajo del Comité de comunicaciones de la Comisión «Acceso a la banda ancha en la UE: situación a 1 de julio de 2010»,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de agosto de 2010, titulada «Informe sobre el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas 2009 (decimoquinto informe) SEC(2010)0630» (COM(2010)0253),

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Vista la 4a edición del «Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo – Asegurar el buen funcionamiento de los mercados en interés de los consumidores», publicada en octubre de 2010,

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Vista la Decisión 91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa a la creación de un número de llamada de urgencia único europeo (10),

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Vista la Recomendación de la Comisión relativa al tratamiento de la información sobre la ubicación de las personas que efectúan llamadas en redes de comunicaciones electrónicas para su uso en servicios de llamadas de urgencia con capacidad de localización,

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Visto el Reglamento (CE) no 717/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2007 relativo a la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad y por el que se modifica la Directiva 2002/21/CE (11),

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad ratificada por la UE el 23 de diciembre de 2010,

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en especial el artículo 2 (Derecho a la vida), el artículo 3 (Derecho a la integridad de la persona), el artículo 6 (Derecho a la libertad y a la seguridad), el artículo 26 (Integración de las personas discapacitadas) y el artículo 35 (Protección de la salud),

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Visto el sondeo «El número europeo de urgencia 112» (Flash Eurobarómetro no 314),

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Visto el documento de trabajo del Comité de comunicaciones de la Comisión «Aplicación del número europeo de urgencia 112 – Resultados de la cuarta ronda de recopilación de datos» (10 de febrero de 2011),

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Vista su Declaración de 25 de septiembre de 2007 sobre el número telefónico europeo de llamadas de urgencia 112 (12),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0220/2011),

A.

Considerando que la Directiva servicio universal (DSU) evita la exclusión social, garantizando que los ciudadanos de las zonas rurales y remotas o los hogares de renta reducida dispongan de un acceso asequible a los servicios de telecomunicaciones básicos y esenciales,

B.

Considerando que debe prestarse especial atención a velar por que los grupos vulnerables no queden abandonados, y que deben tomarse en todo momento medidas eficaces específicas para garantizar su inclusión social y su acceso a los servicios en condiciones semejantes a las de los otros ciudadanos,

C.

Considerando que la evolución de la tecnología, especialmente en forma de una telefonía móvil asequible, contribuye a ofrecer a la mayoría de los ciudadanos un acceso básico a los servicios de telecomunicaciones,

D.

Considerando que el servicio universal se define como el «conjunto mínimo de servicios de calidad especificada al que todos los usuarios finales tienen acceso habida cuenta de condiciones nacionales específicas, a un precio asequible, sin distorsión de la competencia»,

E.

Considerando que el servicio universal debe facilitar a todos los ciudadanos acceso a los servicios esenciales para su participación en la sociedad, en caso de que las fuerzas del mercado no sean capaces de hacerlo,

F.

Considerando que uno de los objetivos fundamentales de la Agenda Digital consiste en asegurar una cobertura básica de banda ancha para el 100 % de los ciudadanos de la UE antes de 2013; considerando, no obstante, que allí donde se dispone de conexiones de banda ancha sólo las han contratado cerca del 50 % de los hogares,

G.

Considerando que aún no es posible evaluar la aplicación de la Directiva relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios revisada, ya que el plazo de transposición expira el 25 de mayo de 2011 y el período de tres años previo a la evaluación de una aplicación correcta y exhaustiva de todas las disposiciones de la Directiva acaba de comenzar,

H.

Considerando que aún cuando la legislación vigente aporta resultados positivos para los ciudadanos no es un fin en sí misma y que también es necesario maximizar los beneficios resultantes de las nuevas medidas mediante un seguimiento de los Estados miembros y los esfuerzos por mejorar la calidad, integridad y visibilidad de la información,

I.

Considerando que nunca se puede considerar el mercado único como una labor terminada y que siempre ha de reevaluarse en función de las garantías de protección social, las necesidades sociales, los avances tecnológicos y la emergencia de soluciones innovadoras; considerando asimismo que las medidas de promoción del crecimiento y el empleo son esenciales para velar por la facilitación y realización inmediata del mercado único y del mercado único digital, en beneficio de los ciudadanos, los consumidores y las empresas europeos,

J.

Considerando que la aspiración de progreso es fuerza motriz y vector de la visión y los objetivos establecidos por los legisladores europeos; que las propuestas de nueva legislación o de legislación modificativa deben tener en cuenta la experiencia adquirida en la práctica y las capacidades de aplicación; que las adaptaciones legislativas deben contar con un claro apoyo político, respaldado, además, por un evaluación objetiva socioeconómica y de rentabilidad como factor decisivo,

K.

Considerando que el número europeo de urgencia 112, creado en 1991 mediante decisión del Consejo para que los ciudadanos puedan tener acceso a todos los servicios de urgencia (como bomberos, policía y urgencias médicas) es el único número de urgencia al que se puede acceder en todos los Estados miembros de la UE, y que una gran mayoría de los ciudadanos no es consciente de ello, sin haberse registrado progresos al respecto desde 2000,

L.

Considerando que 432 diputados al Parlamento Europeo firmaron la «Declaración, de 11 de marzo de 2008, sobre Alerta rápida de los ciudadanos en casos de emergencias graves (13)»,

M.

Considerando que todavía deben realizarse esfuerzos para evaluar y garantizar la calidad del servicio del número 112 tanto con respecto al rendimiento como a la coordinación de las telecomunicaciones de los servicios de urgencia, que dependen de numerosos factores, y que no se ha efectuado ninguna evaluación completa y detallada de la aplicación real del servicio 112 en la UE tal como la experimentan los ciudadanos, en especial una evaluación de la accesibilidad, la interoperabilidad y los tiempos de intervención,

N.

Considerando que varias catástrofes recientes han demostrado la necesidad de alertar con suficiente antelación a los ciudadanos en caso de emergencia y desastre grave o inminente, con objeto de reducir el sufrimiento y la pérdida de vidas,

1.

Destaca la importancia de las obligaciones de servicio universal (OSU) como red de seguridad para la integración social cuando las fuerzas del mercado no han sabido proporcionar por sí solas servicios básicos a los ciudadanos y a las empresas;

2.

Expresa su apoyo a la reevaluación periódica, en el marco de la Directiva relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios, de la adecuación de las disposiciones de la UE en vigor en materia de servicio universal, a la luz de los avances sociales, económicos y tecnológicos, con vistas a identificar e introducir definiciones adecuadas, que reflejen las verdaderas nuevas necesidades y las demandas de los ciudadanos, y mejorar la calidad de los servicios;

3.

Pide a la Comisión que proporcione directrices sobre la mejor manera de aplicar y hacer cumplir mejor la DSU, evitando las distorsiones del mercado y, al mismo tiempo, permitiendo a los Estados miembros adoptar las disposiciones que mejor se adapten a sus circunstancias nacionales;

4.

Respalda los objetivos de «Acceso de banda ancha para todos» de la Agenda Digital y tiene el convencimiento de que el acceso a la banda ancha ayuda a los ciudadanos y a las empresas a sacar el máximo provecho del mercado único digital, en especial al mejorar la integración social, crear nuevas oportunidades para las empresas innovadoras desde los puntos de vista ambiental y social, impulsando el empleo y el crecimiento y aumentando las oportunidades de comercio transfronterizo; aboga, a tal fin, por el fomento de la formación digital;

5.

Pide a la Comisión que ofrezca mayor apoyo financiero a los proyectos locales que proporcionan acceso digital y a todas las comunidades que ayudan a grupos con discapacidad a acceder a instrumentos tecnológicos, proporcionando conexiones en edificios públicos con acceso a Internet gratuito;

6.

Destaca que una combinación de políticas y tecnologías (redes alámbricas, por cable, fibra, móvil y satélite) puede fomentar el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones en línea por parte de las empresas y los organismos públicos, como la e-educación, la e-sanidad y la e-administración, impulsando la demanda de conexiones de Internet más rápidas, haciendo más rentables las inversiones en redes abiertas de banda ancha, alentando así las asociaciones entre los sectores público y privado y desarrollando el mercado único digital, al tiempo que se mejora la inclusión de los ciudadanos marginados;

7.

Subraya la importancia de las normas de contratación pública de la UE y considera de suma importancia, en el contexto de una amplia revisión de estas normas, que las autoridades locales y regionales puedan aplicar medidas para fomentar su participación en las inversiones en tecnologías de la comunicación y en la contratación precomercial (como modo de llevar los logros de la investigación al mercado), y que se utilice ampliamente la e-contratación;

8.

Pide una transposición efectiva del marco de telecomunicaciones, en particular sus disposiciones sobre la neutralidad de la red, de tal manera que los usuarios finales puedan acceder a los servicios y contenidos y ejecutar las aplicaciones de su elección a través de Internet;

9.

Destaca que el servicio universal no es el único motor fundamental del «acceso de banda ancha para todos», dados los altos costes de inversión que requiere, sin que pueda proporcionar necesariamente servicios considerablemente mejores a los consumidores; indica, no obstante, que en el artículo 15 de la DSU se prevé la revisión periódica del alcance de las obligaciones de servicio universal y destaca que en esa revisión deben tenerse en cuenta la evaluación de la aplicación de las disposiciones de la Directiva y los resultados de la evaluación de impacto en curso, en particular con respecto al despliegue actual de las redes de banda ancha y su verdadera presencia en los hogares;

10.

Considera que hacer obligatoria la disponibilidad de banda ancha no conllevará automáticamente un mayor uso de ésta; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las medidas para impulsar la demanda y estimular su uso, en vez de garantizar una mera conexión; considera además que las obligaciones de servicio universal podrían llegar a ser, si procede como objetivo a medio plazo, un nuevo incentivo para el desarrollo de la banda ancha, pero que los objetivos de una banda ancha universal deberían conseguirse mediante unos programas nacionales adecuadamente elaborados;

11.

Considera que una eficaz política del espectro, que hace posible la utilización armoniosa del «dividendo digital», y una reglamentación favorable a las inversiones, son asimismo instrumentos importantes para aumentar la cobertura de la banda ancha;

12.

Pide a la Comisión que complete la evaluación de impacto en curso y presente a los legisladores datos fiables sobre el grado actual de utilización, la demanda prevista y la mejora de las OSU mediante la banda ancha, y, por último, un análisis del mecanismo de financiación más eficaz para desarrollar las OSU desde el punto de vista los Estados miembros, los consumidores y las empresas, evitándose costes ineficientes y cargas excesivas;

13.

Pide a la Comisión que, de forma paralela y en colaboración con las autoridades nacionales de reglamentación (ANR), haga un minucioso seguimiento de los mercados para garantizar que los Estados miembros que tengan la posibilidad o la voluntad de prestar OSU en toda la gama de tecnología y velocidades de banda ancha puedan hacerlo cuando el mercado no lo consiga, sin causar realmente distorsiones en el mercado;

14.

Saluda la decisión de la Comisión de realizar un estudio pormenorizado de la prestación de servicios de Internet tras la publicación del Cuarto Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo;

15.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros, con la contribución de las ANR, que sopesen las opciones de una aplicación uniforme de las OSU y de las disposiciones relativas a los derechos de los usuarios que garantice la accesibilidad para los grupos vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, no sólo mediante la introducción de terminales y tarifas asequibles especiales, sino también mediante la disponibilidad de información adecuada y una verdadera capacidad de elección por parte de los consumidores entre los prestadores y servicios postventa disponibles;

16.

Considera, no obstante, que la financiación básica del servicio universal, siempre que se aplique de manera no discriminatoria y transparente, debe mantenerse en la legislación de la UE y debería ampliarse hasta abarcar tanto los datos como la voz;

17.

Destaca que el número europeo de urgencia 112 puede salvar vidas y aumenta la protección de los ciudadanos de la UE, sirviendo como un sistema de apoyo importante para los ciudadanos y consumidores del mercado interior; subraya la importancia de asegurar un funcionamiento correcto del número 112 en toda la Unión; considera que la Comisión debería garantizar que todos los segmentos de la sociedad tengan acceso a este servicio, incluidas las personas con discapacidad (problemas de audición, trastornos del habla, etc.) y otros grupos vulnerables;

18.

Lamenta, sin embargo, que el número europeo de urgencia 112 aún esté lejos de desarrollar todo su potencial; considera, por tanto, que aún deben tomarse medidas básicas para que los ciudadanos lo conozcan, así como para abordar otros problemas tecnológicos y de coordinación;

19.

Señala que, según una encuesta de Eurobarómetro publicada en febrero de 2011, solo el 26 % de los ciudadanos de la UE puede indicar espontáneamente el número 112 como número de los servicios de urgencia en la UE, y que el 58 % de los ciudadanos de la UE sigue discrepando de la afirmación según la cual los habitantes de su país están debidamente informados sobre la existencia del número de urgencia 112 (14);

20.

Insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que redoblen conjuntamente sus esfuerzos por aumentar el conocimiento público de la existencia y el uso del número 112, concretamente mediante el desarrollo de una estrategia de información amplia y focalizada que aborde las preocupaciones y dudas de los ciudadanos sobre la funcionalidad del sistema;

21.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan intensificando su labor informativa, a través de los medios de comunicación, en particular la prensa y los medios audiovisuales, mediante campañas de información, de tal modo que el número de urgencia 112 llegue a todos los ciudadanos y viajeros de la UE como número de urgencia para toda la UE, y que organicen y apoyen acciones de promoción, particularmente en los centros escolares, así como actos que se celebren cada año el 11 de febrero, que se ha declarado Día Europeo del 112; opina que debe prestarse especial atención a la información práctica, por ejemplo a la hora de insistir en que el 112 es el número de urgencia europeo, al que se puede acceder sin coste y en toda la UE desde los teléfonos fijos y móviles;

22.

Toma nota de las considerables disparidades existentes entre los Estados miembros en lo que respecta al grado de conocimiento del 112 como número de urgencia, y pide a los Estados miembros que compartan sus experiencias e intercambien buenas prácticas con el fin de que para 2020 al menos el 80 % de los ciudadanos de la UE identifique espontáneamente el 112 como el número de urgencia que sirve para llamar a los servicios de emergencia en cualquier lugar de la Unión Europea;

23.

Pide a los Estados miembros que utilicen para difundir información sobre el número de urgencia 112, los sitios más adecuados para informar fácilmente a un gran número de familias, en especial las consultas médicas, las farmacias, los hospitales y las clínicas, los centros educativos como escuelas y universidades, los aeropuertos y las estaciones de tren, dado que el «112» es especialmente útil para los viajeros, así como en los portales de información de los servicios de emergencia nacionales;

24.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan también el número 112 como número de urgencia para toda la UE a través de Internet y la radio, dos de los medios de comunicación más habituales para los jóvenes y las personas que viajan con frecuencia; destaca que solo el 16 % de las personas familiarizadas con el número 112 se enteraron del mismo a través de la radio, y solo el 11 %, a través de Internet;

25.

Pide a todos los Estados miembros que garanticen que el número 112 figure de forma destacada en todos los vehículos de emergencia, incluidos los de la policía, las ambulancias, los vehículos de extinción de incendios y los vehículos de otros servicios;

26.

Indica, no obstante, que los Estados miembros disponen asimismo de otros números de emergencia desde hace tiempo, y subraya que, cuando prevean mantener esos números nacionales, conviene que procuren no sembrar dudas o confusiones sobre qué número hay que marcar;

27.

Lamenta que los Estados miembros no prevean todavía para los servicios del 112 una función oportuna, precisa y fiable de localización de las llamadas; pide, por consiguiente, a la Comisión que, en estrecha cooperación con los Estados miembros, mejore significativamente y con la mayor premura la precisión y fiabilidad de las funciones de localización de las llamadas con arreglo a las nuevas normas de la UE sobre telecomunicaciones y que actualicen su tecnología para asegurar una localización automática obligatoria de todas las llamadas al 112 en pocos segundos, incluidas las realizadas en itinerancia, con objeto de proporcionar esta información esencial, precisa y fiable a quienes deban tomar las primeras medidas, y ofrecer, de este modo, un servicio inestimable a los ciudadanos; pide a la Comisión que se plantee la adopción de medidas contra los Estados miembros que no cumplan sus obligaciones a este respecto;

28.

Solicita que los Estados miembros y la Comisión tomen medidas para mejorar la financiación y el apoyo a los proyectos de investigación para garantizar el desarrollo de las mejores tecnologías posibles para la localización de las llamadas, incluidas las realizadas mediante VoIP, y respalda, consecuentemente, el desarrollo de normas y regulaciones de próxima generación; pide que los recursos de los programas de apoyo a la política en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación consignados en los presupuestos de la UE relativos a 2009, 2010 y 2011 se destinen a apoyar el ensayo y la aplicación de servicios innovadores (basados en VoIP y acceso al 112 por medio de un protocolo de Internet), que podrían iniciarse mediante aplicaciones independientes de la red como adelanto al establecimiento del sistema de nueva generación del 112 en la UE; pide también a la Comisión que examine asimismo la puesta en práctica de aplicaciones de nueva generación para el 112, tales como los mensajes de texto, el vídeo y las redes sociales y la manera en que estas aplicaciones, de las que ya disponen los ciudadanos, pueden utilizarse para las comunicaciones de emergencia con objeto de mejorar el acceso al 112, así como para reforzar la respuesta que reciben las llamadas de urgencia de los ciudadanos;

29.

Considera que se debe establecer, mediante regulación, la obligatoriedad del servicio de llamada de emergencia (eCall);

30.

Destaca la importancia de una mejor coordinación entre los organismos de emergencia tanto a escala nacional, transfronteriza o de la Unión Europea para lograr el mayor nivel de eficacia y pide a la Comisión, a tal efecto, que, en coordinación con las administraciones nacionales de los Estados miembros, examine la manera de mejorar la interoperatividad entre sus sistemas;

31.

Pide a la Comisión que, en estrecha cooperación con los Estados miembros, establezca con la mayor prontitud requisitos de fiabilidad y calidad para toda la cadena del servicio «112» y establezca indicadores de eficacia y orientaciones relativas a la calidad del servicio 112 desde la perspectiva de los ciudadanos, teniendo en cuenta la necesidad de acceso, de interoperatividad entre los servicios de emergencia, de multilingüismo y de intervenciones rápidas y de calidad por parte de los servicios de emergencia;

32.

Recomienda, con vistas a mejorar la eficiencia del servicio de emergencia 112 en la UE, el establecimiento de un programa de acción para apoyar la puesta en común de experiencias y el intercambio de mejores prácticas entre las ANR, los servicios de emergencia y las organizaciones de la sociedad civil en los Estados miembros, ampliando este intercambio a organizaciones de los países candidatos a la UE y de los países vecinos; sugiere el establecimiento de una red de expertos a tal efecto; recomienda especialmente el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros por lo que respecta al funcionamiento de las llamadas al 112, en particular sobre la formación de los operadores, el uso de un único operador para tratar las llamadas y el uso de servicios de interpretación y en línea que ayuden a quienes no hablen la lengua del país en el que utilizan los servicios de emergencia;

33.

Pide a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para reducir el número de llamadas de emergencia infructuosas, el tiempo de establecimiento de la comunicación y de respuesta, el número de llamadas por falsa alarma y las llamadas falsas; pide a los Estados miembros que intercambien las mejores prácticas en materia de bloqueo de llamadas efectuadas desde teléfonos móviles desprovistos de tarjetas SIM;

34.

Destaca la necesidad de garantizar la accesibilidad del número 112 a personas con diferentes tipos de discapacidad y a los grupos vulnerables e insta, en particular, a la normalización de la accesibilidad de estas personas al número 112, en su caso mediante la entrega de terminales especiales a los usuarios con dificultades visuales o auditivas, mediante servicios de texto o de signos lingüísticos u otros aparatos específicos; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos por aumentar la concienciación entre dichas personas acerca del número 112, utilizando medios de comunicación especialmente adaptados a sus necesidades;

35.

Pide a la Comisión que realice un estudio sobre los resultados de los servicios del número 112 hasta el momento y sobre la cooperación entre los organismos pertinentes con el objetivo de mejorar el servicio, así como sobre las medidas concretas tomadas hasta ahora por los Estados miembros; pide también a la Comisión que examine la posibilidad de ampliar el servicio del 112 de las llamadas vocales a los SMS, de manera que el envío del texto «112» desencadene una respuesta de emergencia;

36.

Pide a la Comisión que vele por que, antes de finales de 2012, expertos independientes evalúen el funcionamiento real del número 112 en la UE desde la perspectiva de los ciudadanos, evaluando en particular la accesibilidad, la interoperabilidad y la rapidez de las intervenciones; pide, a este respecto, a la Comisión que, para la misma fecha, facilite una relación de los plazos de intervención jurídicamente vinculantes y aplicados en la práctica en la UE y que amplíe el estudio de impacto preparado en el marco de eCall a las repercusiones humanas y financieras del funcionamiento del número 112;

37.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión, dado que ya se cuenta con la tecnología para ello, que promuevan el establecimiento de un «sistema 112 a la inversa», es decir, un sistema a nivel de la UE, universal, multilingüe, accesible, simplificado e interconectado de manera eficiente para alertar a los ciudadanos en caso de emergencias y desastres de todo tipo graves, inminentes o en gestación, tanto de carácter natural como provocados por el hombre; considera que este sistema debe ser aplicado sin afectar a la intimidad y en combinación con una información adecuada y campañas de formación para los ciudadanos;

38.

Pide a la Comisión que estudie la viabilidad de un servicio futuro 116 similar al servicio 112 para los ciudadanos que sufran problemas emocionales, depresiones u otros problemas de salud mental;

39.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

5.2.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 33/9

—

Vistos el informe de la Comisión, de 5 de julio de 2010, titulado «Ejercicio de supervisión del mercado del comercio y de la distribución – Hacia un mercado interior del comercio y de la distribución más justo y eficaz en la perspectiva de 2020» (COM(2010)0355), así como el documento de trabajo de la Comisión que lo acompaña sobre un mercado interior del comercio y de la distribución (SEC(2010)0807),

—

Vistas las respuestas a la consulta pública de la Comisión sobre el ejercicio de supervisión del mercado del comercio y de la distribución (realizada del 5 de julio al 10 de septiembre de 2010),

—

Vista la mesa redonda del 25 de enero de 2011 organizada por su Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor sobre un mercado interior del comercio y de la distribución más justo y eficaz,

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 20 de enero de 2011, titulado «Ejercicio de supervisión del mercado del comercio y de la distribución – Hacia un mercado interior del comercio y de la distribución más justo y eficaz en la perspectiva de 2020»,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado Único – Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza ‧Juntos por un nuevo crecimiento‧ » (COM(2011)0206),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de octubre de 2010, titulada «Hacia un Acta del Mercado Único – Por una economía social de mercado altamente competitiva: Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos» (COM(2010)0608),

—

Visto el informe de Mario Monti, de 9 de mayo de 2010, titulado «Una nueva estrategia para el mercado único»,

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Vistas las conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, sobre el Acta del Mercado Único,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de octubre de 2010, titulada «Normativa inteligente en la Unión Europea» (COM(2010)0543),

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Vistas la cuarta edición del «Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo – Unos mercados que funcionen para el consumidor» (edición de otoño – octubre de 2010) y la quinta edición del «Marcador de condiciones del consumidor – Los consumidores en casa en el mercado único» (edición de primavera – marzo de 2011),

—

Vista la 21a edición del Marcador del mercado único, publicada el 23 de septiembre de 2010,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, titulada «Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa» (COM(2009)0591),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de junio de 2008, titulada « "Pensar primero a pequeña escala" – "Small Business Act" para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas» (COM(2008)0394),

—

Vista la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (1),

—

Visto el Reglamento (CE) no 764/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen procedimientos relativos a la aplicación de determinadas normas técnicas nacionales a los productos comercializados legalmente en otro Estado miembro y se deroga la Decisión no 3052/95/CE (2),

—

Visto el Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 339/93 (3),

—

Vista la Decisión no 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo (4),

—

Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (5),

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Vista su Posición, de 23 de junio de 2011, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores (6),

—

Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre gobernanza y asociación en el mercado único (7),

—

Vista su Resolución, de 6 abril 2011, sobre un mercado único para las empresas y el crecimiento (8),

—

Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre un mercado único para los europeos (9),

—

Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2010, sobre el futuro de la normalización europea (10),

—

Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la realización del mercado interior de comercio electrónico (11),

—

Vista su Resolución, de 7 de septiembre de 2010, sobre unos ingresos justos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa (12),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los consumidores y los ciudadanos (13),

—

Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre la protección de los consumidores (14),

—

Vista su Resolución, de 9 marzo de 2010, sobre el Cuadro de Indicadores del Mercado Interior (15),

—

Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre SOLVIT (16),

—

Vista su Declaración, de 19 de febrero de 2008, sobre la necesidad de investigar sobre los posibles abusos de poder de los grandes supermercados establecidos en la Unión Europea y de poner remedio a esta situación (17),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0217/2011),

A.

Considerando que el viento del proteccionismo que sopla en Europa es alarmante,

B.

Considerando que la economía real debe situarse de nuevo en el centro de la agenda política para desatar todo el potencial del mercado único,

C.

Considerando que el mercado minorista es un componente fundamental de nuestro compromiso para reactivar el mercado único,

D.

Considerando que el mercado minorista, en cuanto importante consumidor de energía y generador de residuos, puede realizar una contribución clave a la sostenibilidad, incluidos los objetivos 20-20-20 de la UE,

E.

Considerando que no se aprovecha adecuadamente el potencial empresarial en el comercio transfronterizo en línea debido a diferentes obstáculos como las barreras lingüísticas, la inseguridad del sistema, una información inadecuada e insuficiente y la falta de coordinación y cooperación administrativas, lo que hace que los consumidores sean reacios a comprar en línea a minoristas de otros Estados miembros y que los minoristas sean reacios a vender en línea al otro lado de sus fronteras,

1.

Subraya que el sector minorista es un motor de crecimiento, competitividad y empleo en Europa y desempeña un papel clave en la consecución de los objetivos de la estrategia UE 2020;

2.

Destaca que los minoristas ofrecen diversas y modernas formas de compra y de venta de bienes y servicios y contribuyen a proporcionar mayores posibilidades de elección de los consumidores, así como oportunidades de empleo flexible y digno, en particular para los jóvenes;

3.

Pide a las instituciones de la UE que den la máxima importancia política al sector minorista como pilar del Acta del Mercado Único y como vector de la recuperación de la confianza de los europeos en el mercado interior;

4.

Pide a la Comisión que refuerce la coordinación entre las políticas y adopte un enfoque holístico, a largo plazo para el sector minorista;

5.

Lamenta que siga habiendo obstáculos graves que impiden que el sector minorista alcance todo su potencial en línea y fuera de línea; hace hincapié en la necesidad de abordarlos sin demora;

6.

Subraya que los minoristas y los proveedores tienen una responsabilidad compartida en la consecución de un mercado minorista más eficaz, más transparente y más justo;

7.

Considera que hay que centrarse en primer lugar en la aplicación efectiva de los principios del Tratado, las normas e instrumentos actuales del mercado interior y la autorregulación, antes de considerar, cuando proceda, un enfoque normativo;

8.

Manifiesta su preocupación ante las normas nacionales restrictivas, las interpretaciones divergentes y una aplicación inadecuada que impiden la libre circulación de bienes y servicios en la UE; destaca que los requisitos para pruebas y registros adicionales, el no reconocimiento de certificados y normas, las limitaciones territoriales de suministro y unas medidas similares generan costos adicionales para los consumidores y los minoristas, en particular las PYME, limitando de este modo la posible utilidad del mercado interior para los ciudadanos y empresas;

9.

Reconoce la necesidad de que la Comisión analice más a fondo las razones de las diferencias de precios en la UE, sirviéndose de instrumentos estadísticos adecuados, con el fin de garantizar una mayor transparencia y comparabilidad de los precios para los consumidores, sin perjuicio de las normas europeas y nacionales en materia fiscal y de mercado laboral, lo cual fomenta una elección más fundada y una mayor confianza en el comercio transfronterizo; recuerda la necesidad de una colaboración activa de los institutos nacionales de estadística a este efecto;

10.

Insta a los Estados miembros a que apliquen plena y correctamente las normas y la legislación del mercado interior, en particular el paquete sobre mercancías, la Directiva de Servicios, la Directiva sobre morosidad, la Directiva sobre comercio electrónico, la Ley de la Pequeña Empresa y la Directiva relativa a las prácticas desleales; pide asimismo a los Estados miembros que eliminen duplicaciones y reduzcan las cargas administrativas y las barreras reglamentarias que pueden limitar el crecimiento y la creación de empleo;

11.

Pide a la Comisión que supervise a los Estados miembros más de cerca con el fin de reducir el déficit de transposición y de garantizar el reconocimiento mutuo de bienes y servicios; pide a la Comisión que garantice también la simplificación de las normas existentes;

12.

Señala las dificultades que afrontan los minoristas independientes de Europa, y considera que la legislación del mercado minorista debería basarse más consecuentemente en los hechos, en particular en lo relativo a la necesidad de examinar y comprender adecuadamente el impacto de la legislación en las pequeñas empresas;

13.

Alienta a las federaciones empresariales y a las asociaciones de consumidores, con el apoyo de la Comisión, a que proporcionen más información, formación y asesoramiento jurídico a los interesados sobre sus derechos y los instrumentos de resolución de problemas a su disposición, tales como SOLVIT, y a que apoyen el intercambio de las mejores prácticas;

14.

Subraya que un sistema de pago fragmentado constituye un obstáculo al comercio; pide a la Comisión que mejore el sistema SEPA a fin de desarrollar un servicio básico de pagos disponible para todas las tarjetas, estimular la competencia entre medios de pago eliminando los obstáculos, incrementar la transparencia en cuanto a los costes de las transacciones y suprimir las tasas injustificadas de intercambio; pide a la Comisión que garantice unas transferencias bancarias más rápidas dentro de la UE; indica, por otra parte, que el sistema SEPA puede considerarse como una herramienta eficaz para luchar contra la economía sumergida;

15.

Llama la atención sobre la preocupación expresada por determinadas partes de la sociedad civil y de las PYME ante el aumento de los centros comerciales y la disminución de tiendas y mercados en zonas remotas y en los centros de las ciudades;

16.

Subraya que la planificación minorista debe ofrecer un marco estructural que posibilite la competencia de las empresas, mejore la libertad de elección del consumidor y permita el acceso a los bienes y servicios, principalmente en las regiones menos accesibles y con baja densidad de población o para los consumidores con movilidad reducida; insiste asimismo en el cometido social, cultural y medioambiental que desempeñan los comercios y los mercados locales en la revitalización de las zonas rurales y urbanas; insta por consiguiente a los Estados miembros a que fomenten las comunidades locales sostenibles, promoviendo la innovación y el crecimiento de las PYME;

17.

Destaca que las PYME son la espina dorsal de la economía europea y que les corresponde desempeñar un cometido único en la creación de empleo, en particular en las zonas rurales, así como en el estímulo de la innovación y el empleo en el sector minorista en las comunidades locales en el conjunto de la UE;

18.

Considera que la accesibilidad se debe abordar respetando plenamente la subsidiariedad;

19.

Reconoce que corresponde a los Estados miembros decidir sobre la ubicación del comercio, y que la sostenibilidad, la movilidad, la ordenación del territorio y el refuerzo de los centros urbanos son los principales factores que deben tenerse en cuenta para decidir la autorización de nuevos comercios;

20.

Considera que los incentivos para renovar el parque de edificios urbanos, incluso mediante la utilización de los Fondos Estructurales, podrían permitir una reducción de los alquileres (asociación público-privada) y podrían facilitar el regreso de las empresas, especialmente las de comercio de barrio, que son fundamentales para el desarrollo económico y social;

21.

Pide a la Comisión que elabore, en cooperación con los Estados miembros, un estudio sobre el impacto y las posibles consecuencias de la creación de hipermercados o centros comerciales por lo que respecta al mercado de trabajo, a las PYME y a los consumidores;

22.

Toma nota de la gran preocupación expresada por los vendedores ambulantes que operan en zonas públicas sobre la posibilidad de que la Directiva 2006/123/CE pueda aplicarse en los Estados miembros de manera que el concepto de «recursos naturales» incluya el suelo público, produciendo limitaciones temporales en las concesiones para el ejercicio del comercio en zonas públicas, lo cual sería muy perjudicial para el empleo, la libertad de elección del consumidor y la propia existencia de los tradicionales mercados de barrio;

23.

Hace hincapié en que el comercio electrónico es un complemento importante para el comercio autónomo y que se han de adoptar las medidas adecuadas para desarrollar todo su potencial, así como para mejorar el acceso a Internet en las zonas más remotas de la UE; pide a la Comisión que, en la próxima Comunicación sobre el comercio electrónico, incluya medidas para aumentar la confianza, en particular, mediante la simplificación del registro de dominios a través de las fronteras, la mejora de los pagos seguros en línea, la facilitación del cobro de deudas transfronterizas y la mejora de la información que reciben los consumidores acerca de sus derechos, especialmente sobre la retractación y las posibilidades de recurso;

24.

Lamenta el importante número de obstáculos a la libertad de los minoristas para establecerse en toda la UE; le inquietan, en particular, determinadas leyes nacionales en materia de comercio e impuestos, que surten un efecto discriminatorio de facto contra los minoristas extranjeros;

25.

Pide a la Comisión que actúe con mayor firmeza en lo que respecta a cualquier Estado miembro que infrinja los principios del mercado interior, para acelerar los procedimientos de infracción a través de un «enfoque de vía rápida» y que informe al Parlamento Europeo anualmente sobre los casos resueltos en el ámbito del comercio minorista;

26.

Reafirma que una competencia libre y justa, la libertad de contratación y una aplicación correcta y efectiva de la legislación pertinente son la clave para un buen funcionamiento del mercado minorista;

27.

Reconoce que las empresas tienen un poder de mercado diferente, que tienen que actuar de una manera económicamente viable y que la UE necesita campeones económicos para competir a nivel mundial;

28.

Destaca, sin embargo, que hay una preocupación generalizada ante el dominio del mercado por grandes actores, cuya actuación es percibida a menudo como una imposición de cláusulas abusivas a los proveedores y minoristas más débiles, por ejemplo, a través de injustificados mecanismos de distribución selectiva, segmentación geográfica, control de precios, exclusión de la lista sin previo aviso y otras prácticas restrictivas, lo cual distorsiona la competencia; subraya que toda la cadena de suministro al por menor se ve afectada por estas prácticas; denuncia las prácticas que abusan del desequilibrio de poder entre actores económicos y afectan a la verdadera libertad de contratación; destaca que incrementando la sensibilidad de todos los actores sobre sus derechos contractuales, en particular de las PYME, se contribuiría a evitar esas prácticas;

29.

Reconoce que la franquicia es una buena fórmula para que los minoristas sobrevivan en un entorno muy competitivo; toma nota con preocupación de que los contratos para que los minoristas se integren en una franquicia son cada vez más rigurosos;

30.

Subraya que las marcas propias se deberían seguir desarrollando de modo que permita mejorar la elección del consumidor, principal en términos de transparencia, calidad de la información y diversidad, y ofrecer claras oportunidades de innovación y expansión a las PYME;

31.

Considera que la «copia parasitaria», que puede resultar, en particular, de la doble función del minorista como cliente y competidor de los fabricantes de marcas, es una práctica inaceptable que debe abordarse sin demora; acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión esté realizando un estudio para aclarar más los marcos jurídicos y las prácticas en materia de secreto comercial y «copia parasitaria» en los 27 Estados miembros de la UE;

32.

Reconoce la necesidad de relaciones más equilibradas y de transparencia en la cadena de suministro al por menor; hace hincapié en la necesidad de pasar de la confrontación al diálogo basado en hechos, con el fin de restablecer la confianza y permitir unas negociaciones más justas y la igualdad de condiciones para todos, de manera que todos los actores económicos en la cadena de suministro se beneficien del valor añadido de sus productos y aprovechen plenamente las ventajas del mercado único;

33.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen plenamente y de manera coherente la legislación sobre competencia y, donde proceda a nivel nacional, las normas sobre competencia desleal y las leyes antimonopolio;

34.

Subraya que, para garantizar una correcta aplicación de las normas de competencia y evitar abusos de posición dominante, ante todo es necesario reforzar las autoridades locales de vigilancia de la competencia y asegurar una comunicación y una cooperación constantes entre ellas y la Dirección General de Competencia;

35.

Apoya el buen trabajo de la Plataforma de Expertos sobre Prácticas Contractuales B2B (empresa a empresa) del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, en particular, para definir, enumerar y evaluar lo que constituye una práctica comercial manifiestamente desleal, sobre la base de datos y ejemplos concretos; pide que se preste un apoyo firme a las iniciativas para el dialogo entre las partes en esta cuestión; le preocupa que el Parlamento Europeo no esté formalmente implicado en los trabajos de la Plataforma y el Foro de Alto Nivel; considera que el Parlamento debe abordar urgentemente esta cuestión y participar activamente en los trabajos del Foro;

36.

Respalda la necesidad expresada por las partes interesadas de adoptar un enfoque más amplio y horizontal, extendiendo el alcance más allá de la industria agroalimentaria; pide a la Comisión y a las federaciones empresariales, sobre la base de los trabajos en curso en la Plataforma de Expertos, que analicen las posibilidades de crear un nuevo foro, de composición abierta, centrado en el comercio minorista en su conjunto;

37.

Apoya firmemente, al mismo tiempo, el intenso trabajo en curso por parte de las federaciones de minoristas y proveedores para establecer mecanismos de diálogo informal y de consulta regular en materia de Derecho de la competencia; acoge con satisfacción su iniciativa de carácter voluntario destinada a lograr una declaración sobre los principios comunes de buenas prácticas comerciales en toda la cadena de suministro al por menor;

38.

Se congratula igualmente del instrumento europeo de la Comisión para la supervisión de los precios de los alimentos y de las iniciativas similares adoptadas por los Estados miembros para posibilitar unos ingresos justos a lo largo de la cadena alimentaria mediante un análisis de los costes, los procesos, el valor añadido, los volúmenes, los precios y los márgenes en todas las secciones de la cadena alimentaria;

39.

Toma nota con preocupación de que los instrumentos jurídicos existentes no se están utilizando plenamente, en especial por parte de las PYME, para defender sus derechos, debido a la dependencia económica y a la preocupación por ver su actividad económica reducida; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las federaciones empresariales que señalen maneras de restaurar la confianza y que faciliten el acceso a los sistemas judiciales, incluidas la posibilidad de denuncias anónimas y la creación de un mediador de la UE en este ámbito; está convencido además de que es necesario seguir desarrollando el marco conceptual con el fin de garantizar una competencia leal en las relaciones B2B, tanto vertical como horizontalmente, lo que allanaría el camino para lograr una auténtica igualdad de condiciones para las empresas;

40.

Pide a la Comisión que publique, para finales de 2011, una comunicación que cartografíe las normas y los instrumentos nacionales existentes para abordar las prácticas comerciales y las relaciones contractuales, así como que evalúe a fondo si estas normas se aplican correctamente y si se necesitan otras medidas;

41.

Considera que se han de examinar mecanismos alternativos e informales de resolución de litigios y de reparación colectiva, y que debe evaluarse su eficacia, ya que podrían ser un medio resolución de conflictos para los minoristas; pide a la Comisión que proponga medidas para la resolución alternativa de litigios antes de finales de 2011, a fin de reforzar la confianza de las empresas y de los consumidores;

42.

Pide a la Comisión y a los agentes de la cadena de suministro al por menor que informen anualmente al Parlamento acerca de los progresos realizados en las plataformas existentes y en los mecanismos de diálogo informal; sugiere que los resultados se debatan en una mesa redonda anual sobre el mercado minorista, organizada por su Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor;

43.

Destaca la responsabilidad del sector minorista con respecto a la sostenibilidad; acoge con satisfacción el hecho de que los minoristas y los proveedores hayan estado a la vanguardia de la responsabilidad ecológica, en particular por lo que respecta a los residuos, el consumo de energía, el transporte y la reducción de CO2; apoya los compromisos que ya han asumido los minoristas en pro de un consumo sostenible, pero considera que conviene redoblar los esfuerzos; considera que la responsabilidad empresarial debe prestar mayor atención a los problemas sociales y medioambientales;

44.

Hace hincapié en que los minoristas y los proveedores son los impulsores de la innovación, de la investigación y del desarrollo; destaca que todo el sector necesita seguir elevando el nivel de inversión en tecnologías y prácticas innovadoras para seguir mejorando la competitividad en toda la cadena de suministro, incluidos la logística y el transporte, la eficiencia energética, el envasado, la eliminación de residuos y el reciclado de productos e intercambiar las mejores prácticas;

45.

Pide a la Comisión que desarrolle un sistema común de evaluación y etiquetado, como indicaba en su Resolución sobre un mercado único para las empresas y el crecimiento, sobre la base del ciclo de vida total del producto, en particular con vistas simplificar, armonizar y superar el coste de la fragmentación para las empresas y los consumidores;

46.

Pide a las partes interesadas que desarrollen nuevas iniciativas para luchar contra el despilfarro de alimentos;

47.

Acoge con satisfacción el acuerdo conjunto alcanzado por EuroCommerce y UNI-Europa, lo que demuestra que el diálogo social está funcionando bien en el comercio; reconoce que queda mucho por hacer para aumentar la información al consumidor sobre la responsabilidad social de los minoristas, para que coincidan las inversiones en nuevas tecnologías con el capital humano, en particular mediante el desarrollo de competencias, y para luchar contra la economía informal;

48.

Reitera la importancia de una correcta aplicación de la legislación vigente en materia social y laboral; lamenta la existencia de un alto grado de empleo no declarado, lo que implica un alto nivel de evasión fiscal e impide la igualdad de condiciones de trato entre los comerciantes en el mercado interior;

49.

Recuerda que, entre los principales retos del sector, se encuentran la mejora de las condiciones de trabajo, la lucha contra la economía sumergida y el mantenimiento de los niveles de empleo y de competitividad mediante una mejor adecuación entre las necesidades de los minoristas y la cualificación de sus empleados; destaca, a tal fin, la necesidad de invertir en la formación y en el desarrollo de competencias, lo que contribuirá a que el sector se adapte con rapidez a las nuevas tecnologías;

50.

Pide a la Comisión que, en consulta con el sector minorista, prepare un plan de acción europeo global para el sector minorista con el fin de establecer una estrategia, basada en los logros y destinada a abordar las cuestiones pendientes, con recomendaciones sectoriales específicas; celebra que el Parlamento haya respaldado esta iniciativa en su Resolución sobre un mercado único para las empresas y el crecimiento;

51.

Destaca que ese Plan de Acción debe tener en cuenta las iniciativas ya elaboradas por la Comisión, como el Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, las iniciativas sobre la sostenibilidad y el cambio climático y las correspondientes propuestas del Acta del Mercado Único;

52.

Propone que el seguimiento de las medidas recomendadas en el Plan de Acción, incluidos los progresos realizados en el diálogo entre las partes interesadas, se examinen y debatan en la primera mesa redonda sobre el mercado minorista;

53.

Confía en que una mayor optimización de los procedimientos de compra y de venta en la cadena de suministro minorista, desde la prospección de mercados y la comercialización de productos a las relaciones con los proveedores, la logística y la gestión de las existencias, así como el tratamiento de los productos defectuosos, las quejas de los consumidores y la asistencia a los clientes, mejorarán la competitividad del sector minorista, abaratarán los precios para los consumidores y mejorarán la calidad del servicio;

54.

Anima a los minoristas y proveedores a que participen activamente en un diálogo abierto, constructivo y continuo para lograr soluciones pragmáticas; pide a los Estados miembros y a las instituciones de la UE que respalden activamente dicho proceso;

55.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

5.2.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 33/17

—

Vistos los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea (Tratado UE), los artículos 49, 56, 114, 167 y 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado FUE), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que hacen referencia al respeto y la promoción y la protección de los derechos fundamentales,

—

Vista la Ley Fundamental de Hungría, aprobada el 18 de abril de 2011 por la Asamblea Nacional de la República de Hungría y que entrará en vigor el 1 de enero de 2012 (en lo sucesivo «la nueva Constitución»),

—

Vistos los dictámenes no CDL(2011)016 y CDL(2011)001 de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia) sobre la nueva Constitución Húngara y las tres cuestiones jurídicas que suscita el proceso de elaboración de la nueva Constitución Húngara,

—

Vista la Propuesta de Resolución no 12490 sobre los graves retrocesos que se han registrado en los ámbitos del Estado de Derecho y los derechos humanos en Hungría, presentada el 25 de enero de 2011 en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,

—

Vista la Sentencia no 30141/04 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Schalk y Kopf versus Austria), y, en particular, su obiter dicta,

—

Vistas las preguntas orales presentadas en el Parlamento Europeo sobre la nueva Constitución Húngara y las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la Constitución Húngara revisada y el posterior debate celebrado el 8 de junio de 2011,

—

Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que la Unión Europea se basa en los valores de la democracia y del Estado de Derecho, establecidos en el artículo 2 del Tratado UE, en el respeto inequívoco de los derechos y las libertades fundamentales, consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), así como en el reconocimiento del valor jurídico de los denominados derechos, libertades y principios, lo que queda demostrado además en la próxima adhesión de la UE al CEDH,

B.

Considerando que Hungría ha firmado el CEDH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos jurídicos internacionales que le obligan a respetar y aplicar principios relacionados con la separación de poderes, la aplicación de un sistema de control y equilibrio institucional y la promoción de la democracia y los derechos humanos,

C.

Considerando que, aunque la elaboración y la aprobación de una nueva Constitución entra dentro de las competencias de los Estados miembros, tanto los Estados miembros actuales como los adherentes, así como la UE, están obligados a garantizar que los contenidos y los procedimientos respeten los valores de la UE, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el CEDH, así como que la letra y el espíritu de las Constituciones aprobadas no estén en contradicción con estos valores e instrumentos; y considerando que esto queda claramente demostrado en el hecho de que algunos de los actuales Estados miembros de la UE han tenido que revisar y modificar sus Constituciones para garantizar su adhesión a la UE o han tenido que adaptar sus Constituciones para conformarse a los requisitos de los posteriores Tratados de la UE, en particular a instancias de la Comisión,

D.

Considerando la falta de transparencia que ha caracterizado al proceso de elaboración de la Constitución, que la elaboración y la aprobación de la nueva Constitución se ha llevado a cabo en un plazo excepcionalmente breve, sin tiempo suficiente para la celebración de un debate público completo y de peso sobre el proyecto de texto, y que una Constitución fructífera y legítima debe basase en el máximo consenso posible,

E.

Considerando que la Constitución ha sido objeto de múltiples críticas por parte de ONG y organizaciones nacionales, europeas e internacionales, la Comisión de Venecia y representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, y que se ha aprobado exclusivamente con los votos de los diputados de los partidos en el poder, es decir, sin ningún tipo de consenso político o social,

F.

Considerando que el Parlamento Europeo comparte las preocupaciones expresadas por la Comisión de Venecia, en particular las que se refieren a la transparencia, la apertura y la inclusividad del proceso de aprobación y al margen de tiempo en que se llevó a cabo este último, así como sobre las deficiencias del sistema de control y equilibrio institucional, en particular las disposiciones relativas al nuevo Tribunal Constitucional y a los tribunales y jueces, que podrían poner en peligro la independencia del sistema judicial de este país,

G.

Considerando que la nueva Constitución no proclama de manera explícita una serie de principios que Hungría, con arreglo a las obligaciones jurídicamente vinculantes que ha contraído a nivel internacional, está obligada a respetar y promover, como por ejemplo la prohibición de la pena de muerte y de la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la prohibición de cualquier tipo de discriminación basada en la orientación sexual y la suspensión o restricción de derechos fundamentales mediante ordenamientos jurídicos especiales,

H.

Considerando que la nueva Constitución, debido a los valores que consagra y a la definición imprecisa de nociones básicas como «familia» y el derecho a la vida desde el momento de la concepción, podría dar lugar a discriminaciones contra determinados grupos de la sociedad, en especial las minorías étnicas, religiosas y sexuales, las familias monoparentales, las personas que viven en unión civil y las mujeres,

I.

Considerando que la poca claridad con la que está redactado el preámbulo, en especial las partes relativas a las obligaciones del Estado húngaro con respecto a los ciudadanos de etnia húngara que residen en el extranjero, podría crear una base jurídica para acciones que los países vecinos considerarían una injerencia en sus asuntos internos, lo que podría provocar tensiones en la región,

J.

Considerando que la nueva Constitución establece que su preámbulo tiene valor jurídico, lo que podría tener repercusiones legales y políticas y provocar inseguridad jurídica,

K.

Considerando que la incorporación de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la nueva Constitución podría dar lugar a una duplicación de competencias entre los tribunales húngaros y los internacionales, tal y como se indica en el dictamen de la Comisión de Venecia,

L.

Considerando que la nueva Constitución prevé el recurso exhaustivo a leyes «cardinales», cuya aprobación está también sujeta a una mayoría de dos tercios, y que cubrirán un gran número de cuestiones relacionadas con el sistema institucional húngaro, el ejercicio de los derechos fundamentales e importantes acuerdos en la sociedad; considerando asimismo que, en la práctica, ello hace que su aprobación forme parte del nuevo proceso constitucional húngaro,

M.

Considerando que con la nueva Constitución una serie de cuestiones, como algunos aspectos específicos de la ley de familia y los sistemas fiscal y de pensiones, que son normalmente competencia del Gobierno o están cubiertos por las competencias decisorias normales de la asamblea legislativa, tendrán también que reglamentarse mediante leyes «cardinales», lo que significa que en el futuro las elecciones tendrán menos importancia y habrá más margen para que un gobierno con una mayoría de dos tercios concretice sus preferencias políticas; considerando asimismo que el proceso de adopción de disposiciones específicas y pormenorizadas mediante leyes «cardinales» puede poner, así pues, en peligro el principio de democracia,

N.

Considerando que, tal y como ha destacado la Comisión de Venecia, las políticas culturales, religiosas, socioeconómicas y financieras no deberían concretizarse mediante leyes «cardinales»,

O.

Considerando que un órgano no parlamentario, el Consejo de Presupuesto, cuya legitimidad democrática es limitada, tendrá competencias para vetar la aprobación del presupuesto general, en cuyo caso el Jefe de Estado podrá disolver la Asamblea Nacional, limitando así seriamente el ámbito de actuación de la asamblea legislativa elegida democráticamente,

P.

Considerando que el efectivo sistema compuesto por cuatro comisarios parlamentarios se reducirá a un defensor del pueblo general y dos adjuntos, lo que puede no ofrecer el mismo nivel de protección de los derechos, y que no incluirá entre sus competencias las del anterior Comisario de datos personales y libertad de información; considerando asimismo que las competencias de este último se transferirán a una autoridad cuyo modus operandi no se ha especificado,

Q.

Considerando que, junto con la aprobación de la nueva Constitución, el Gobierno de Hungría y los partidos en el poder han efectuado nuevos nombramientos para algunos puestos clave, como el nuevo procurador general, el presidente de la Oficina de Auditoría del Estado y el Presidente del Consejo de Presupuesto; que el Parlamento húngaro ha elegido hace poco a los jueces que formarán parte del nuevo Tribunal Constitucional húngaro, como exige la nueva Constitución; y que el procedimiento de nombramiento y la elección no se han basado en el consenso político,

R.

Considerando que la nueva Constitución establece normas muy generales que rigen el sistema judicial, sin aclarar si el Tribunal Supremo, con su nueva denominación, seguirá teniendo a su presidente actual,

S.

Considerando que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha decidido elaborar un informe sobre la nueva Constitución, basándose en el dictamen de la Comisión de Venecia,

T.

Considerando que en el manifiesto electoral de los partidos en el poder no se mencionaba la redacción y aprobación de una nueva Constitución,

U.

Considerando que el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, ha declarado que agradecería que el Gobierno húngaro solicitara consejos y recomendaciones dentro de su país, al Consejo de Europa y a las Naciones Unidas, y que opina que Hungría, como Estado miembro de la Unión Europea, debe solicitar a las instituciones europeas que le asesoren y procedan a una revisión de la Constitución,

1.

Pide a las autoridades húngaras que aborden las cuestiones y preocupaciones mencionadas por la Comisión de Venecia y que apliquen sus recomendaciones mediante modificaciones en la nueva Constitución o futuras leyes «cardinales» y ordinarias, y en particular que:

2.

Pide a la Comisión que lleve a cabo una revisión y un análisis en profundidad de la nueva Constitución y de las leyes «cardinales» que habrá que aprobar en el futuro, con el fin de verificar su coherencia con el acervo comunitario y, en particular, con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con la letra y el espíritu de los Tratados;

3.

Encarga a sus comisiones competentes que realicen un seguimiento de este tema, en colaboración con la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa, y que evalúen si se han aplicado las recomendaciones y de qué manera;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Consejo de Europa, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la Agencia de los Derechos Fundamentales, a la OSCE y al Secretario General de las Naciones Unidas.

5.2.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 33/21

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, titulada «Conclusiones del V Informe sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión» (COM(2010)0642) (denominado en adelante «las Conclusiones»),

—

Visto el V Informe de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, sobre cohesión económica, social y territorial titulado «Invertir en el futuro de Europa» (denominado en adelante «V Informe de cohesión»),

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su título XVIII de la parte III,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1783/1999 (1),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1784/1999 (2),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT) (3),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (4),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1084/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se crea el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1164/94 (5),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1085/2006 del Consejo, de 17 de julio de 2006, por el que se establece un Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) (6),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1906/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establecen las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades en las acciones del Séptimo Programa Marco, y las normas de difusión de los resultados de la investigación (7),

—

Vista su Resolución, de 24 de abril de 2007, sobre las repercusiones de las futuras ampliaciones sobre la eficacia de la política de cohesión (8),

—

Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el Libro Verde sobre la cohesión territorial y el estado del debate sobre la futura reforma de la política de cohesión (9),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 2020 (10),

—

Vista su Resolución, de 22 de septiembre de 2010, sobre la estrategia europea para el desarrollo económico y social de las zonas montañosas, las islas y las zonas poco pobladas (11),

—

Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre la política regional y de cohesión de la Unión Europea después de 2013 (12),

—

Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre el futuro del Fondo Social Europeo (13),

—

Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre la situación y las futuras sinergias para una mayor eficacia entre el FEDER y otros fondos estructurales (14),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de mayo de 2004, titulada «Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas» (COM (2004)0343), y la Comunicación de la Comisión, de 17 de octubre de 2008, titulada «Las regiones ultraperiféricas: una ventaja para Europa» (COM(2008)0642),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada «Contribución de la Política Regional al crecimiento inteligente en el marco de Europa 2020» (COM(2010)0553),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de enero de 2011, titulada «Contribución de la Política Regional al crecimiento sostenible en el marco de Europa 2020» (COM(2011)0017),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales, de 21 de febrero de 2011, relativas al V Informe sobre cohesión económica, social y territorial (06762/2011),

—

Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 1 de abril de 2011, sobre el Quinto informe sobre la cohesión (15),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0222/2011),

A.

Considerando que la política de cohesión de la UE ha contribuido considerablemente, tanto en el pasado como en el período de referencia, al aumento de la productividad en todas las regiones son de la Unión; que, por otra parte, las evaluaciones ex post muestran una notable reducción de las disparidades económicas, sociales y regionales, y que esta evolución está teniendo efectos positivos tanto en la seguridad social como en las inversiones en la protección del medio ambiente,

B.

Considerando que la política de cohesión se estableció para complementar el mercado único y fomentar el desarrollo de una Europa innovadora y protectora basada en la solidaridad para afrontar los desafíos de la globalización, el cambio demográfico y la conservación de los recursos, y que es preciso aprovechar los potenciales endógenos de todas las regiones para promover la cohesión regional y social,

C.

Considerando que la política de cohesión reviste una importancia crucial para los ciudadanos, dado que introduce Europa en su vida cotidiana y le confiere una dimensión concreta y visible en todo el territorio de la Unión,

D.

Considerando que la política estructural y de cohesión ha dado prueba de flexibilidad en situaciones de crisis y ha prestado una contribución fundamental a los diferentes programas de estímulo económico y de cualificación nacionales, y que es importante mantener esta flexibilidad,

E.

Considerando que la política estructural europea contribuye en gran medida a superar la crisis económica y financiera, dado que su orientación hacia la innovación y la supresión de las disparidades ofrece a las regiones europeas impulsos decisivos para revalorizar las infraestructuras, reforzar el potencial innovador regional y fomentar un desarrollo sostenible en el plano ambiental,

F.

Considerando que la orientación de los Fondos Estructurales hacia los objetivos de la Estrategia de Lisboa ha demostrado su eficacia, lo cual se refleja en los impresionantes porcentajes de los compromisos con respecto a los objetivos de convergencia y de competitividad regional y empleo, y que el 20 % de los proyectos relativos al objetivo de cooperación regional presentan una orientación acorde con la Estrategia de Lisboa,

G.

Considerando que la cooperación territorial tiene por objeto alentar a los territorios y las regiones a cooperar para responder juntos a sus retos comunes, reducir los obstáculos físicos, administrativos y reglamentarios que frenan dicha cooperación y mitigar el «efecto frontera»,

H.

Considerando que el fracaso parcial de la Estrategia de Lisboa no tiene su origen en una aplicación insuficiente de la política de cohesión, sino más bien en la falta de gobernanza multinivel y de responsabilidad con respecto a esta estrategia en los niveles regional y local, en los efectos de la crisis financiera y en las carencias en la aplicación del mercado interior, así como en la falta de disciplina presupuestaria y en las insuficiencias en las condiciones macroeconómicas generales de los diferentes Estados miembros;

I.

Considerando que en los últimos períodos de referencia se han reducido considerablemente los porcentajes de error y la utilización abusiva de los subsidios; que, lamentablemente, la política estructural sigue siendo no obstante un ámbito que presenta un elevado nivel de irregularidades; que algunos Estados miembros siguen sin disponer de mecanismos efectivos para combatir la utilización abusiva de los subsidios y recuperar las cantidades percibidas indebidamente; que es posible que algunas irregularidades no se notifiquen, bien sea por negligencia o de forma deliberada, y que debe señalarse que una parte importante de los errores en la política de cohesión puede atribuirse a requisitos legislativos externos a la política de cohesión en ámbitos como la contratación pública, el medio ambiente y las ayudas públicas,

J.

Considerando que, con el principio de gobernanza multinivel, la formulación de objetivos transversales y la seguridad en la planificación, sobre la base de la fiabilidad de la dotación financiera y de un calendario de planificación acordado de siete años, el actual sistema de objetivos de la política estructural y de cohesión (esto es, convergencia, competitividad regional y empleo, y cooperación transfronteriza) ha demostrado globalmente su validez; señalando, no obstante, que se han producido considerables retrasos en la programación debido a las negociaciones financieras y legislativas excesivamente lentas en el proceso de toma de decisiones de la UE y a la introducción de cambios importantes en las normas aplicables a la política de cohesión,

K.

Considerando que el apoyo sostenido y el desarrollo de las regiones beneficiarias de los programas de convergencia tienen efectos positivos en su demanda de bienes y servicios, y que está demostrado que ello redunda también en beneficio de los Estados miembros más ricos de la UE,

L.

Considerando que los desequilibrios económicos y sociales a nivel regional, las desventajas asociadas a la situación geográfica de determinadas regiones (en particular las regiones ultraperiféricas), así como los problemas estructurales específicos o incluso la adaptación a nuevos retos siguen reclamando la aplicación de una política de cohesión ambiciosa y económicamente bien dotada en todas las regiones europeas, y que ello responde también a las exigencias del Tratado de Lisboa

M.

Considerando que, dada su importancia estratégica para el futuro, la política de cohesión no debe convertirse en una variable de ajuste de las próximas negociaciones presupuestarias,

1.

Reclama que los programas de la política estructural y de cohesión destaquen en mayor medida el valor añadido europeo; considera que existe este valor añadido cuando los proyectos de la UE mejoran de forma sostenible, a nivel económico, infraestructural, social y/o ecológico, la situación de regiones menos desarrolladas y desfavorecidas, cuando esta mejora no puede alcanzarse sin un estímulo europeo;

2.

Considera, asimismo, que un subsidio europeo tiene valor añadido cuando los proyectos promovidos a nivel nacional, regional y local contribuyen a alcanzar los objetivos a escala europea en términos de integración europea, crecimiento económico, desarrollo de la investigación, protección ambiental, cultura, ahorro de recursos, deporte, evolución demográfica, sostenibilidad del abastecimiento energético, cohesión social o desarrollo transfronterizo, si dichos objetivos no pueden alcanzarse sin un estímulo europeo;

3.

Considera que la consecución de los objetivos europeos mediante un enfoque descentralizado y el principio de gobernanza multinivel y gestión compartida representa una gran ventaja de la política de cohesión y constituye en sí misma un valor añadido; considera que el principio de gobernanza multinivel con estructuras y responsabilidades claramente definidas encarna el principio de subsidiariedad y el reconocimiento debido a la importancia de las autoridades regionales en la aplicación de la política de cohesión; pide que se refuerce este principio de asociación y el sentido de responsabilidad de los agentes implicados, introduciendo disposiciones vinculantes detalladas en un Pacto Territorial que deberá decidirse en cada Estado miembro, a fin de garantizar una planificación más orientada hacia los resultados y la aplicación práctica;

4.

Considera que la transparencia con respecto a la política de cohesión y su ciclo de programación, asignación de gasto y acceso a la información para posibles beneficiarios de los Fondos Estructurales son requisitos previos fundamentales para alcanzar los objetivos globales de la política de cohesión, y que la transparencia debe introducirse, por tanto, como principio de orientación intersectorial en la programación de la cohesión y los procesos de toma de decisiones en el próximo período de financiación; destaca que la publicación de la lista de beneficiarios debe continuar, preferentemente en línea, ya que constituye un medio eficaz para mejorar la transparencia;

5.

Considera que las especificaciones en cuanto a transparencia (obligación de publicación de los beneficiarios) constituyen un instrumento necesario para los expertos, la opinión pública y los responsables políticos, con el fin de evaluar si los fondos estructurales se han utilizado de conformidad con los objetivos establecidos y la legislación vigente en la materia; solicita la publicación de la descripción no solo en la lengua nacional pertinente, sino también en una de las tres lenguas de trabajo (inglés, francés o alemán), y recomienda que se armonice en mayor medida la información;

6.

Destaca que, si bien se han reducido tendencialmente las disparidades regionales, siguen existiendo grandes desequilibrios que incluso están aumentando en algunos Estados miembros, entre otros motivos como consecuencia de la crisis económica y financiera, y que, por consiguiente, la política de cohesión debe seguir centrándose en la disminución de las disparidades y en la consecución de un desarrollo armonioso y sostenible en todas las regiones de la Unión, independientemente del Estado miembro donde se ubiquen;

7.

Reconoce la existencia de necesidades especiales derivadas de la situación y las características geográficas de regiones especialmente desfavorecidas; reitera su petición a los Estados miembros y a la Comisión de que se mantengan las preferencias especiales —siempre y cuando sean efectivas y aporten valor añadido europeo— con respecto a los tipos de regiones especialmente desfavorecidas a que se refiere el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (regiones ultraperiféricas, regiones más septentrionales con una densidad de población especialmente reducida y regiones insulares, montañosas y fronterizas);

8.

Reconoce el estatuto y las necesidades especiales de determinadas regiones como consecuencia de la situación geográfica, el cambio demográfico o los condicionantes específicos, por ejemplo el entorno natural, así como la conveniencia de prestar una atención especial a sus potencialidades; reitera su llamamiento para que se sigan aplicando a este tipo de regiones modalidades especiales en cuanto a las preferencias, la flexibilidad y una financiación presupuestaria específica, especialmente en el caso de las regiones desfavorecidas a que se refieren los artículos 349 y 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (como las regiones ultraperiféricas, incluidas las zonas rurales ultraperiféricas, las regiones septentrionales con una densidad de población especialmente reducida, que sufren, entre otras cosas, de largas distancias y condiciones ambientales nórdicas, y las regiones insulares, montañosas y transfronterizas), de forma que se prevean condiciones más favorables para las inversiones en dichas regiones, bien sea mediante ayudas directas o exenciones fiscales; pide, asimismo, que se lleven a cabo estudios sobre el mantenimiento o la creación de determinadas preferencias para este tipo de regiones, con el objeto de asegurar que los instrumentos de la política de cohesión se adapten a sus economías teniendo debidamente en cuenta la relevancia de sus pequeñas y medianas empresas y la necesidad de competitividad e igualdad de oportunidades, a fin de conseguir que formen parte integrante del mercado interior de la UE;

9.

Destaca que, en un contexto de competencia global, la Unión únicamente podrá ser competitiva si su política de cohesión puede aprovechar plenamente el potencial de desarrollo de todas las regiones, áreas urbanas y ciudades y permite una respuesta regional suficientemente flexible a los retos y carencias identificados por la Estrategia Europea 2020; subraya, en este mismo contexto, que el empleo selectivo de los Fondos Estructurales con un planteamiento territorial amplio debe servir también para compensar las debilidades estructurales en las regiones más fuertes; destaca, no obstante, que la política de cohesión no es un simple instrumento de aplicación de la Estrategia Europa 2020, y que una atención continuada a los principios fundamentales de la política de cohesión tendrá el valor añadido de mantener los logros de dicha Estrategia incluso después de su conclusión;

10.

Destaca que la política de cohesión debe seguir dedicando sus esfuerzos a la cohesión territorial, y señala que el Tratado de Lisboa ha añadido el objetivo de la cohesión territorial a los objetivos de la cohesión económica y la cohesión social; constata que este nuevo objetivo sigue siendo inseparable de los desafíos que representa la cohesión económica y social y refuerza el valor añadido europeo de la política de cohesión; destaca, por último, que en adelante la «cohesión territorial» debe contemplar también el nivel subregional, en especial los espacios urbanos (barrios con dificultades, fenómeno de expansión urbana mal controlada), incluso en regiones consideradas ricas;

11.

Considera que las estrategias macrorregionales —siempre y cuando las autoridades regionales estén involucradas en su gestión— brindan una excelente oportunidad para aprovechar el potencial de los modelos supranacionales, mejorar la cooperación entre los diferentes niveles de gobernanza y adoptar un planteamiento común frente a desafíos compartidos, como la protección del medio ambiente o la utilización de recursos y capacidades de desarrollo, lo que permite un desarrollo más eficiente, equilibrado y sostenible; destaca la necesidad de vincular de forma más eficaz los programas de cooperación territorial con las estrategias territoriales (como los planes de desarrollo regional, las estrategias locales de desarrollo y los planes de desarrollo local); considera que existe la posibilidad de orientar mejor los Fondos Estructurales de la UE a los objetivos pertinentes mediante una mejor coordinación de las actuales posibilidades de ayuda, sin que ello implique ningún aumento de la dotación de recursos destinados a estos ámbitos de cooperación entre las regiones; considera, por otra parte, que no existe la necesidad de crear nuevos instrumentos, recursos financieros o estructuras de aplicación para estas estrategias, y que no debe verse afectado el apoyo financiero que se presta a las regiones para proyectos de desarrollo a menor escala; considera que el enfoque macrorregional podría utilizarse con miras a intensificar los vínculos entre la política de cohesión y la política de vecindad; alienta a la Comisión y a los Estados miembros, en este mismo contexto, a que presten mayor atención a la dimensión territorial del Fondo Social Europeo, particularmente en materia de acceso al empleo;

12.

Duda de que los programas operativos diseñados específicamente para unidades geográficas funcionales, como las agrupaciones de entidades, incluidas las áreas locales, o las cuencas marítimas o fluviales, aporten beneficios suplementarios, especialmente en aquellos casos en que no existen autoridades políticas —en particular con carácter democrático— con competencias suficientes para ejecutar los programas; reclama, en su lugar, una coordinación más estrecha entre las estrategias microrregionales, metropolitanas-regionales o ambientales-geográficas a nivel intergubernamental, y pide que se tengan debidamente en cuenta estas entidades geográficas funcionales en los programas operativos nacionales, a fin de facilitar el uso de la financiación de la UE para proyectos de desarrollo interregionales; considera que los programas operativos específicos deberían ser una opción para aquellas regiones donde las prestaciones a nivel subregional ofrecen un valor añadido frente a los programas nacionales y regionales y en las que entidades políticas han creado asociaciones a efectos de aplicación de los programas; solicita que, sobre la base del Reglamento relativo a la AECT, se cuente con la participación de las agrupaciones transfronterizas para definir los programas operativos en el marco de los programas transfronterizos;

13.

Destaca el cometido fundamental de las zonas urbanas y las regiones —incluidas las capitales y sus regiones— para alcanzar los objetivos económicos, ambientales y sociales de la Estrategia Europa 2020; apoya la dinámica iniciada en la programación anterior a favor de los programas urbanos integrados, al tiempo que destaca el interés de las experiencias que se están desarrollando actualmente; pide que se apoyen las ideas y los proyectos que pueden servir como modelos, sobre la base de planes de desarrollo integrados con base local, y que se valoricen las relaciones mutuamente beneficiosas entre los centros urbanos y los espacios rurales relacionados funcionalmente con ellos; considera que una cohesión reforzada entre esta zonas reviste especial importancia para abordar los problemas de las zonas con comunidades desfavorecidas; destaca, en este mismo contexto, que las principales diferencias socioeconómicas suelen presentarse dentro de las ciudades y que en las regiones ricas también se encuentran ciudades con zonas desfavorecidas y bolsas de pobreza;

14.

Destaca que las ciudades pueden realizar un aporte fundamental, convirtiéndose en centros o motores del crecimiento para una zona determinada; señala, al mismo tiempo, que es necesario que los centros rurales puedan participar en las decisiones integradas de una determinada entidad geográfica funcional mediante la promoción de asociaciones y redes; destaca los retos concretos de los centros urbanos más grandes en vista de la complejidad de sus obligaciones sociales, económicas y ambientales; considera, en este mismo contexto, el potencial endógeno de las zonas rurales y periurbanas como una oportunidad de desarrollo, si bien no solo en torno a las aglomeraciones y las grandes ciudades; señala, por otra parte, la oportunidad de desarrollo de la economía de las regiones especialmente desfavorecidas mediante el aprovechamiento apropiado y el apoyo del potencial endógeno de las zonas rurales, incluidos sus valores ambientales y culturales; considera asimismo, en el contexto de la política estructural y de cohesión, las asociaciones de zonas rurales y urbanas más bien en la perspectiva de asegurar en los espacios rurales las mismas condiciones de desarrollo y de calidad de vida con respecto a factores sociales y económicos; pide a los Estados miembros que, teniendo en cuenta la influencia dinámica que ejercen actualmente las ciudades en el proceso de desarrollo económico de las regiones y en el apoyo del desarrollo económico de los espacios rurales circundantes, garanticen los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos urbanos y suburbanos necesarios;

15.

Rechaza las cuotas obligatorias, especialmente por lo que se refiere a los componentes nacionales de los programas (FSE/FEDER), el desarrollo local y urbano, las zonas rurales y otras categorías de aglomeraciones espaciales o espacios funcionales, en la medida en que podrían producir una mayor masa crítica de intervenciones; considera que la exigencia de establecer, ya en los programas operativos, las ciudades y los espacios elegibles es una opción a la que debe darse prioridad cuando este método asegure un valor añadido y la concentración de intensidad de la ayuda, y que debe negociarse sobre la base de los principios de la gobernanza multinivel; considera asimismo, en este mismo contexto, que deberían asignarse mayores responsabilidades a los Estados miembros y a las regiones para organizar procedimientos de selección competitivos y orientados a los resultados;

16.

Destaca que, en la política estructural y de cohesión, no pueden darse situaciones que permitan favorecer de forma unilateral a un determinado tipo de regiones; pide que las asociaciones de regiones rurales y de zonas urbanas se consideren en mayor medida en la perspectiva de agrupaciones de espacios sociales, económicos y ecológicos;

17.

Destaca que la financiación estructural y de cohesión debería tener también en cuenta los desafíos educativos, culturales y sociopolíticos de la Estrategia Europa 2020, alineándose al mismo tiempo con los objetivos globales de la cohesión económica, social y territorial establecidos en el Tratado y respetando el principio de subsidiariedad; considera, no obstante, que una «europeización» transversal de los ámbitos políticos correspondientes estaría condenada al fracaso por motivos financieros; pide, por tanto, que se aliente la introducción de planteamientos locales de desarrollo que puedan utilizarse como modelo, al tiempo que se mantienen las actuales competencias nacionales y regionales;

18.

Destaca, asimismo, que la política de cohesión no puede convertirse en un vehículo o un instrumento al servicio de cuestiones sectoriales como las políticas de investigación y desarrollo, la innovación industrial y la lucha contra el cambio climático, puesto que de lo contrario existe el riesgo de que se diluya su principal objetivo y se limite su utilización como instrumento para impulsar el potencial de desarrollo de las regiones, lo cual es esencial para aproximar las más desfavorecidas a las más desarrolladas;

19.

Reclama, especialmente en el contexto de la necesaria transición hacia energías renovables y del debate sobre el clima, una contribución más importante de la política de cohesión al rápido desarrollo de las tecnologías ambientales y las energías renovables; considera que esta debería ser una de las prioridades si los programas disponen de los fonos suficientes y un enfoque centrado en las energías renovables ofrece valor añadido europeo, sobre la base de planes para el desarrollo de conceptos de energía descentralizada que incluyan tecnologías eficaces de almacenamiento de energía en las regiones consideradas; aboga por el aprovechamiento del potencial de la economía regional en este ámbito;

20.

Contempla las posibilidades de financiación que ofrecen los Fondos Estructurales para el apoyo de inversiones en infraestructuras energéticas específicas, si bien dichas inversiones deben estar únicamente disponibles en aquellas regiones en las que, por motivos políticos y geográficos, se ven fuertemente restringidas las soluciones propias de la economía de mercado para garantizar el abastecimiento energético; pide, por tanto, que el apoyo de los Fondos Estructurales se vincule siempre al refuerzo del mercado interior de la energía y la seguridad del suministro, así como al principio de gobernanza multinivel en la gestión de los recursos;

21.

Considera asimismo necesario colmar los huecos y solucionar las carencias en una red básica de RTE de importantes ejes de transporte europeos, sobre todo en regiones fronterizas hasta ahora muy abandonadas, una responsabilidad de la política de cohesión;

22.

Destaca que las redes transeuropeas de transporte desempeñan un papel decisivo en la cohesión de las regiones europeas y considera, por tanto, que debe mejorarse el desarrollo de las infraestructuras RTE, las autopistas del mar y de las carreteras europeas clasificadas, así como el acceso a las mismas, especialmente en las regiones fronterizas y ultraperiféricas; pide que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar una financiación suficiente y una aplicación oportuna de los proyectos prioritarios de la RTE-T; propone que determinadas infraestructuras transfronterizas se consideren proyectos prioritarios susceptibles de recibir fondos de los objetivos 1, 2 y 3, y pide que exista un derecho obligatorio a formular la primera propuesta para este tipo de acciones a nivel regional y a una participación igualitaria de las regiones fronterizas y las autoridades locales en la planificación;

23.

Alienta la aplicación de recursos nacionales, dado el valor añadido que aportan estas medidas para reforzar la convergencia regional, la cohesión territorial y el desarrollo de actividades como el turismo, que son de gran importancia para las regiones periféricas, como son las insulares;

24.

Apoya el desarrollo económico y el empleo en las PYME y microempresas; pide, por tanto, que los principios fundamentales de la Ley de la pequeña empresa para Europa —esto es, «pensar primero a pequeña escala» y «solo una vez»— se consideren como una de las bases de la política de cohesión, y considera que los Estados miembros y las regiones deberían aplicar estos principios en la definición de sus programas operativos;

25.

Destaca que los elementos fundamentales de la Estrategia Europa 2020 —esto es, innovación, formación, energía, medio ambiente, empleo, competitividad, cualificación y lucha contra la pobreza— forman ya parte integrante de la política estructural y de cohesión; considera que los retos que plantea a la Estrategia Europa 2020 pueden integrarse perfectamente en el sistema de tres objetivos (convergencia, crecimiento y empleo, y desarrollo transfronterizo),que ya han dado prueba de su validez;

26.

Destaca que las inversiones en innovación y educación pueden fomentar el crecimiento; señala, no obstante, que deben contar con el apoyo efectivo de la infraestructura correspondiente (transporte, Internet de banda ancha, energía) y de las instituciones apropiadas (una relación equilibrada de inversiones públicas y una consolidación de la política fiscal con medidas macroeconómicas, servicios de administración electrónica y formación transnacional);

27.

Opina que el desarrollo de las infraestructuras básicas debe considerarse también compatible con la Estrategia Europa 2020, en la medida en que las regiones que son objeto de las medidas de convergencia únicamente podrán contribuir a alcanzar los objetivos de dicha Estrategia si disponen de redes de transporte, energía y comunicaciones, así como de estructuras de gestión de residuos competitivas; considera, por tanto, que los objetivos de la Estrategia Europa 2020 deben poder interpretarse con una cierta flexibilidad a favor de las regiones más desfavorecidas y necesitadas;

28.

Destaca que el Fondo Social Europeo es el instrumento más importante para la aplicación de la dimensión social en la Estrategia Europa 2020, y que dicho Fondo puede contribuir de forma significativa al logro de las prioridades fundamentales de dicha Estrategia, a saber, el empleo, la transformación en una economía sostenible, la reducción del abandono escolar, la lucha contra la pobreza, la discriminación y la exclusión social y la búsqueda de respuestas a las diferentes situaciones sociales de los individuos; destaca, en este mismo contexto, que, además del PIB, otros indicadores sociales tendrían utilidad en el análisis SWOT;

29.

Considera que el Fondo Social Europeo es de vital importancia para la política de cohesión y puede mejorar su contribución a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, también en el ámbito del crecimiento sostenible, prestando apoyo a las PYME para la creación de empleos ecológicos;

30.

Considera que la lucha contra la discriminación en el mercado laboral por razones de género, orientación sexual, origen étnico, edad, discapacidad o lugar de residencia es fundamental para la promoción de una verdadera igualdad de oportunidades; señala que para alcanzar el objetivo de la Estrategia Europa 2020 en materia de empleo es fundamental incrementar la tasa de empleo femenino, y que, por consiguiente, es necesario abordar plenamente los obstáculos a la participación de la mujer en el mercado laboral;

31.

Considera que el PIB debe seguir siendo el criterio para la definición de las zonas que pueden acogerse a la máxima ayuda (PIB per cápita inferior al 75 % de la media de la UE) y, en su caso, de los países objeto de las medidas de cohesión (RNB per cápita inferior al 90 % de la media de la UE); considera que debería ofrecerse a las autoridades nacionales y regionales competentes un margen de actuación suficiente para el uso de indicadores adicionales —al nivel de toma de decisiones apropiado, para cada objetivo y de una forma que reflejara las concentraciones geográficas— que deberían acordarse en los contratos de asociación para el desarrollo y las inversiones, con el objeto de que puedan evaluar los desafíos sociales, económicas, ambientales, demográficos y geográficos que deberán afrontar;

32.

Pide que la política de cohesión continúe centrándose de forma prioritaria, de conformidad con las disposiciones del Tratado de Lisboa, en aquellas regiones que sufren un retraso mayor en su desarrollo; destaca que las regiones más necesitadas deben recibir un porcentaje apropiado —en relación proporcional con sus respectivos problemas de desarrollo— de la financiación disponible en el objetivo 1 (convergencia);

33.

Pide una limitación de los períodos de financiación para las regiones que, incluso con la máxima financiación, se han mostrado incapaces de conseguir, al cabo de varios períodos de programación, una mejora notable de su situación económica, social o ecológica;

34.

Pide a la Comisión que presente una propuesta para el próximo periodo de programación que garantice la prestación de ayuda transitoria adaptable, sólida y proporcionada a las regiones que ya no estén cubiertas por el objetivo de convergencia, a fin de abordar su situación específica, así como a las regiones cuyo PIB per cápita se sitúe entre el 75 % y el 90 % de la media de la UE, en forma de categoría intermedia, con el fin de evitar un trato desigual entre regiones que se encuentren en situaciones análogas; considera que esta disposición específica debe sustituir al actual sistema de «phasing-out» y «phasing-in» y crear un sistema equitativo que permita abordar mejor los impactos negativos de la crisis económica y financiera en las regiones, fortaleciendo al mismo tiempo la justicia y la solidaridad, que representan valores fundamentales de la política de cohesión; destaca que estas medidas transitorias para el próximo período de programación no deberían establecerse a expensas de las regiones de los objetivos de convergencia (objetivo 1) y competitividad (objetivo 2) o del Objetivo de Cooperación Territorial Europea (objetivo 3);

35.

Pide que se refuerce el objetivo 2 relativo a la competitividad regional y el empleo adoptando un enfoque transversal para lograr resultados en un número limitado de prioridades de la UE, como el apoyo a las PYME, la innovación ecológica, las economías locales, la educación y la formación, las infraestructuras, la movilidad sostenible, las energías renovables y el suministro energético, la eficiencia de recursos y la inclusión social; destaca que debe mantenerse y desarrollarse el sistema, que ha dado prueba de su validez, de asegurar que las regiones más desarrolladas sean capaces de suprimir las deficiencias estructurales regionales, reducir las disparidades territoriales, contribuir a los objetivos europeos comunes y afrontar los retos del futuro, sirviéndose de estructuras que puedan responder de forma flexible a las circunstancias cambiantes, incluidos, entre otros factores, los polos de innovación y la competición para la financiación en dichas regiones; pide que se adopten medidas adicionales para las zonas altamente afectadas por el cambio estructural que puedan contribuir a la mejora de la situación socioeconómica y de las infraestructuras; señala, en este mismo contexto, que las estrategias deben diseñarse con la suficiente flexibilidad para poder atender las problemáticas y singularidades de cada una de las regiones;

36.

Pide que se tomen medidas que garanticen que las regiones más desarrolladas puedan modernizar su capital social y económico y abordar las bolsas específicas de pobreza y de falta de desarrollo económico;

37.

Considera sin ambages que debe reforzarse en todas las fronteras internas de la UE y en sus tres dimensiones (transfronteriza, interregional y transnacional) el objetivo 3 relativo a la cooperación territorial, y pide que se incremente el porcentaje de los Fondos Estructurales al 7 %; pide que la asignación de los fondos para cada programa de cooperación territorial se realice sobre la base de criterios armonizados, a fin de responder de forma estratégica e integrada a las necesidades y características específicas de cada territorio y zona geográfica afectados; destaca la importancia que revisten las regiones transfronterizas para la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020; considera necesario reforzar la coordinación entre las redes transeuropeas, en particular de transporte y energía, y las infraestructuras transfronterizas, así como incrementar las ayudas destinadas a dichas redes de conformidad con las prioridades europeas, y aboga, por tanto, a favor de un aumento en consecuencia de los recursos destinados a todas las regiones fronterizas; pide que se simplifiquen las normas de ejecución que rigen los programas del objetivo 3, sobre la base del principio de proporcionalidad, y que se desarrolle una serie de normas de elegibilidad comunes, todo lo cual son condiciones imprescindibles para que estos programas adquieran mayor eficacia y visibilidad; destaca la necesidad de contar con la estrecha colaboración de los responsables de la toma de decisiones a nivel local, ya que solo así podrá darse vida a los programas;

38.

Considera que las AECT representan un instrumento único y altamente valioso de gobernanza territorial que responde a las necesidades de cooperación estructurada y que debe promoverse como un medio para crear sistemas de gobernanza transfronteriza que garanticen la asunción de las diferentes políticas a nivel regional y local;

39.

Rechaza firmemente cualquier propuesta de nacionalización o sectorización de la política de cohesión; considera que la introducción de nuevos fondos temáticos como el clima, la energía o el transporte socavaría el principio ya comprobado de gestión compartida e integración de los programas desarrollo y pondría en tela de juicio la creación de sinergias y la efectividad de las intervenciones y, con ello, la contribución de las regiones al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

40.

Reitera que el Fondo Social Europeo debe seguir siendo un componente de la política de cohesión, ya que solo así se podrán desarrollar y aplicar estrategias integradas para resolver problemas económicos y sociales;

41.

Apoya a la Comisión en su objetivo de conseguir que el Fondo Social Europeo sea más fuerte, eficaz y visible; insta, con este fin, a la Comisión y a los Estados miembros a que alcancen un acuerdo en sus negociaciones sobre la contribución necesaria correspondiente al Fondo Social Europeo en el marco de los Fondos Estructurales;

42.

Considera que las medidas destinadas a mejorar la eficacia del Fondo Social Europeo deberían basarse ante todo en incentivos, y no en sanciones;

43.

Destaca que la crisis económica ha hecho que sean más urgentes si cabe las intervenciones en los sectores en que opera el Fondo Social Europeo, en particular las intervenciones de apoyo al empleo, al reciclaje profesional, a la inclusión social y a la reducción de la pobreza;

44.

Destaca que el Fondo Social Europeo presta una ayuda fundamental a las políticas del mercado laboral, en particular las de carácter preventivo y local, así como en el ámbito de las ayudas para la inserción de los jóvenes y para combatir el desempleo; destaca que los Estados miembros deberían utilizar el Fondo Social Europeo para invertir en el desarrollo de nuevas competencias, en el empleo (incluida la educación a temprana edad), en la formación permanente y en las actividades de reciclaje y recolocación, y reitera que el Fondo desempeña un importante papel en la consolidación de todas las dimensiones de la inclusión social, incluidas las medidas destinadas a los grupos sociales más desfavorecidos y vulnerables;

45.

Pide a la Comisión que refuerce las intervenciones del Fondo Social Europeo dirigidas a la integración en el mercado laboral; alienta a los Estados miembros a invertir en los niños desde una edad muy temprana por medio de la educación, y más tarde a establecer, en el marco escolar, un dispositivo de orientación basado en las oportunidades de empleo local y regional y la formación permanente, con miras a ayudar a los trabajadores a adaptar sus conocimientos y habilidades a las necesidades del mercado laboral, aplicando al mismo tiempo medidas para luchar contra el desempleo juvenil y abordar el fenómeno de los «trabajadores pobres» y estableciendo programas a medida para ayudar a los grupos sociales desfavorecidos y vulnerables, como la población romaní, los inmigrantes, las personas con discapacidad y los jóvenes que abandonan prematuramente el sistema educativo, con el fin de promover en Europa un crecimiento efectivo e inclusivo y una economía basada en el conocimiento;

46.

Pide medidas más específicas y ayuda técnica adicional para aquellas entidades que se ven afectadas por una profunda pobreza y a menudo sufren una coexistencia tensa entre culturas de mayorías y minorías a niveles subregionales; considera que dichas entidades subregionales pueden fácilmente seguir constituyendo bolsas de pobreza extrema que se enfrentan a la segregación incluso en regiones que no están necesariamente retrasadas con respecto a las medias estadísticas; observa que es necesario realizar mayores esfuerzos en favor del desarrollo de estas entidades subregionales;

47.

Acoge con satisfacción que, para el período de financiación 2007-2013, en algunos Estados miembros se establecieran por primera vez, también para el Fondo Social Europeo, programas operativos que cubren todos los objetivos;

48.

Subraya que la inestimable experiencia de la iniciativa EQUAL de la UE sigue siendo pertinente en la actualidad, especialmente con respecto a la combinación de medidas locales y regionales y al intercambio de mejores prácticas a escala de la UE;

49.

Señala las sinergias que pueden obtenerse mediante planteamientos de desarrollo local y regional integrados, especialmente vinculando el Fondo Social Europeo y el FEDER, y pide, especialmente con miras a una planificación integrada del desarrollo de base local, que se introduzcan normas comunes de elegibilidad y que se utilice en mayor medida y se facilite la financiación cruzada de ambos fondos; apoya la introducción de una opción para programas operativos multifondo que contribuirían a facilitar los planteamientos integrados; pide, por otra parte, que se establezcan mejores sinergias entre el FED y el FEDER;

50.

Pide, con miras a facilitar las sinergias, una mayor integración de las políticas sectoriales (transporte, energía, investigación, medio ambiente, educación) en las políticas estructurales y de cohesión, con el fin de conseguir una mayor efectividad y mejorar la coordinación entre los Fondos Estructurales, los programas de iniciativa comunitaria y los programas marco de investigación y desarrollo; estima que la programación multifondo podría contribuir a un enfoque más integrado y aumentaría la eficacia de la interacción entre los diferentes fondos; considera que las asociaciones de desarrollo nacional o regional constituyen un instrumento adecuado para aunar las distintas políticas; destaca, a este respecto, la necesidad de fijar objetivos claros y de evaluar si éstos se han alcanzado en los Estados miembros;

51.

Propone disponer territorialmente las políticas de investigación y desarrollo; en consecuencia, subraya la importancia de adaptar la política de cohesión y las políticas de investigación e innovación a las necesidades específicas de los territorios, dado que una mayor implicación de las autoridades regionales y locales en el diseño y la ejecución de los fondos de desarrollo regional y los programas de investigación e innovación reviste una importancia fundamental, a la vista de la imposibilidad de aplicar la misma estrategia para el desarrollo a todas las regiones;

52.

Pide que se elabore un marco común estratégico para el FEDER, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, los programas marco, el FEADER y el FES para el período posterior a 2013; considera conveniente reforzar el enfoque regulador armonizado (con respecto a la gestión, la admisibilidad, la auditoría y las disposiciones en materia de información) por medio de un reglamento marco común; hace hincapié, a este respecto, en la importancia que reviste que diferentes fondos puedan actuar conjuntamente sin problemas con miras a conseguir resultados; pide a la Comisión que realice los ajustes apropiados para que los fondos pertinentes puedan completarse entre sí siempre que sea posible;

53.

Pide que el Consejo y el Parlamento aprueben un nuevo marco estratégico común conforme al procedimiento legislativo ordinario sobre la base del artículo 177 del TFUE;

54.

Considera necesario incluir el Fondo Social Europeo en el marco estratégico común, aunque sin alterar sus propias normas y disposiciones de funcionamiento y garantizando la asignación de recursos suficientes; pide a la Comisión que refuerce el papel del Fondo Social Europeo, eleve su perfil y simplifique su régimen de control presupuestario mediante el establecimiento de procedimientos de cooperación simples y eficaces entre las autoridades de gestión y los servicios de control presupuestario;

55.

Propone que se examine, en este mismo contexto, la reintegración de los programas FEADER dirigidos a las regiones (esto es, los actuales ejes de intervención 3 y 4); se opone, no obstante, a que esta operación se traduzca en una disminución de las dotaciones asignadas al FEDER y al FEADER; pide que se fijen objetivos vinculantes para los Estados miembros y las regiones, con el fin de establecer estructuras administrativas armonizadas para la gestión de los Fondos Estructurales de la UE y los programas regionales relativos al desarrollo rural;

56.

Pide que se revise la normativa referente a la cooperación transfronteriza en las fronteras exteriores y a la actual IEVA, integrando los fondos correspondientes en el objetivo 3 de cooperación territorial;

57.

Acoge favorablemente los objetivos propuestos por la Comisión con respecto a los contratos de asociación para el desarrollo y las inversiones (en sustitución de los marcos estratégicos nacionales de referencia) entre la UE y los Estados miembros; pide que se definan una serie de prioridades de inversión con el fin de aplicar la Estrategia Europa 2020, así como otros objetivos en materia de cohesión; considera necesario clarificar cuanto antes la distribución concreta de competencias entre los niveles pertinentes, y pide que se respeten, de conformidad con el principio de subsidiariedad, las competencias nacionales y/o regionales y locales; solicita un compromiso claro con respecto a la adecuada participación de socios en los contratos de asociación para el desarrollo y la inversión;

58.

Aboga por el mantenimiento de los programas operativos como un importante instrumento para la traducción de los documentos estratégicos en prioridades concretas de inversión; pide que se establezcan objetivos claros y cuantificables en este sentido;

59.

Pide la participación obligatoria de las autoridades regionales y locales y sus asociaciones, de acuerdo con los sistemas constitucionales e institucionales de los Estados miembros, en todas las fases de ejecución la política de cohesión (planificación estratégica, elaboración y negociación de acuerdos de asociación para el desarrollo y la inversión y programas operativos, seguimiento y evaluación), de forma estructurada y sistemática; considera indispensable introducir la formulación correspondiente en los reglamentos relativos a los Fondos Estructurales;

60.

Opina que toda futura estrategia de utilización del Fondo Social Europeo será más eficaz si en ella participan los niveles regionales y locales de gobernanza, que pueden orientar los objetivos estratégicos en función de las especificidades territoriales mediante un diálogo estructurado con todas las partes interesadas;

61.

Apoya el sistema de prioridades temáticas propuesto por la Comisión; considera que, cuanto menor es el nivel de desarrollo en un Estado miembro o una región, más amplia debe ser la lista de prioridades, al tiempo que deben tenerse en cuenta las exigencias específicas de desarrollo de las regiones y debe garantizarse que este enfoque temático para la programación de los Fondos Estructurales y de Cohesión no se aplique en detrimento del planteamiento integrado de base local;

62.

Pide que, en el caso de que se establezcan determinadas prioridades vinculantes para todos los Estados miembros, estos incluyan entre sus prioridades la innovación, las infraestructuras, el transporte y la gestión de los recursos, si bien considera que debería preverse un cierto margen de maniobra para tener en cuenta la dimensión de los programas, la situación de partida de cada región y los resultados que deban alcanzarse, con el objeto de que dichas prioridades se definan en función de las necesidades específicas de cada región; destaca, en este mismo contexto, que la innovación debe entenderse en el sentido de la iniciativa emblemática «Unión por la innovación»; señala que las PYME son la principal fuente de empleo en la UE y un vivero de ideas empresariales; destaca que debe proseguirse y reforzarse el apoyo a las PYME, teniendo en cuenta el cometido fundamental que pueden desempeñar para la ejecución de la Estrategia Europa 2020; destaca que, en relación con la iniciativa emblemática «Unión para la innovación», es necesario aplicar un concepto amplio de «innovación», al tiempo que debe continuar facilitándose el acceso de las PYME a la financiación; destaca la necesidad de proponer y aplicar otras prioridades sobre una base voluntaria y respetando el principio de subsidiariedad; pide que las prioridades propuestas incluyan la energía, la educación y la formación y las actuaciones para luchar contra la pobreza;

63.

Pide que, como una cuestión de principio, se eviten los retrasos en la aplicación de los programas y se agilicen los procesos de toma de decisiones y de evaluación; subraya que estas medidas revisten gran importancia sobre todo para las pequeñas y medianas empresas; pide, asimismo, que se mejoren los equipamientos técnicos a disposición de las autoridades administrativas pertinentes, que dichas autoridades estén interconectadas de forma más estrecha, que se limiten las obligaciones de publicidad y que se reduzcan notablemente los plazos de los procedimientos de contratación pública y presentación de solicitudes; pide a la Comisión que evalúe si se pueden establecer zonas piloto en las que puedan ensayarse las nuevas normas a escala reducida antes de su aplicación al resto de las regiones, con el propósito de detectar posibles problemas en la ejecución;

64.

Pide que se subordinen los pagos correspondientes a las asociaciones para el desarrollo y las inversiones a determinados compromisos establecidos ex ante en el marco de un diálogo entre la Comisión y los Estados miembros; considera que las condiciones predeterminadas deben exigir a los Estados miembros que lleven a cabo reformas que garanticen que los fondos se utilizarán de forma eficiente en ámbitos directamente relacionados con la política de cohesión; que, en caso necesario, los Estados miembros deben ser llamados a cumplir esta exigencia, y que la provisión de los fondos debe estar sometida a dichas condiciones; pide que se contemple la posibilidad de que los agentes que participen en la gestión de los programas operativos puedan influir en las condicionalidades; considera oportuno establecer un vínculo, en particular, con la correcta aplicación de la legislación de la UE en vigor (relativa, por ejemplo, a la regulación de precios, los procedimientos de contratación pública, el transporte, el medio ambiente y la salud), con el fin de evitar las irregularidades y garantizar la eficacia; rechaza, no obstante, las propuestas que reclaman a los Estados miembros reformas sociales y económicas radicales; considera que todas las condiciones deben respetar plenamente los principios de subsidiariedad y asociación;

65.

Opina que toda nueva condicionalidad no puede traducirse en cargas administrativas adicionales para los agentes implicados; alienta el desarrollo de sistemas de condicionalidad normalizados y coherentes, tanto para el FEDER como para el Fondo Social Europeo, que puedan evaluarse de forma objetiva;

66.

Considera que la Comisión es responsable del establecimiento y la supervisión de la aplicación de condicionalidades, y propone que se definan los planes de acción correspondientes para los Estados miembros y las regiones;

67.

Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de que la política de cohesión se oriente en mayor medida a los resultados mediante el establecimiento ex ante de objetivos e indicadores adecuados; destaca que estos indicadores deben ser limitados, claramente definidos y cuantificables, y que deben estar relacionados directamente con las ayudas y establecerse de forma concertada con la regiones y/o los Estados miembros; considera, no obstante, que todos los instrumentos y criterios propuestos para medir la eficiencia deberían seguir basándose en un enfoque cualitativo de los programas;

68.

Considera que los indicadores que determinan la financiación de las regiones mediante recursos de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión deben basarse en los últimos datos estadísticos de Eurostat, con objeto de tener plenamente en cuenta la situación económica y social que deben afrontar las regiones como resultado de la crisis;

69.

Pide que se incremente la eficacia y la transparencia del Fondo Social Europeo por medio de actuaciones orientadas en mayor medida a los resultados, y pide que se definan ex ante objetivos e indicadores de resultados claros y mensurables, vinculados directamente a la finalidad de la financiación; que midan en particular los resultados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y la integración en empleos de calidad; considera que los interesados en todos los niveles de gobierno deben participar en el establecimiento de estos objetivos e indicadores, y que estos últimos deberían definirse claramente con la suficiente antelación antes de la provisión de fondos, de modo que tanto los Estados miembros como la Comisión pudieran evaluar la resultados obtenidos y utilizar la experiencia adquirida en la fase siguiente de planificación; apoya la propuesta de la Comisión de supeditar la asignación de fondos del Fondo Social Europeo a una condicionalidad ex ante, incluida una condición relativa a la transposición de la legislación y los objetivos de la UE, lo cual es indispensable para asegurar el éxito de las medidas del Fondo, así como la introducción de reformas estructurales y la existencia de capacidades administrativas adecuadas; destaca que la orientación a los resultados no debe suponer una discriminación para los pequeños beneficiarios y que no deben surgir nuevos riesgos u obstáculos al acceso para ellos;

70.

Considera que la cofinanciación pública y privada constituye uno de los principios fundamentales de la política de cohesión; pide que se verifique la cuota máxima de participación de la UE, que debería adaptarse en mayor medida al nivel de desarrollo regional, al valor añadido europeo y a los tipos de intervención, y que se proceda a su consiguiente aumento o reducción;

71.

Pide a los Estados miembros y a las regiones que planifiquen de forma previsora los medios para la cofinanciación y que los refuercen mediante prácticas financieras;

72.

Pide que se tenga en cuenta, por lo que se refiere a las subvenciones directas a las empresas, especialmente en el caso de las empresas de gran tamaño, que la política de cohesión financia más bien los efectos de inercia en lugar de incidir en la orientación del emplazamiento, y pide, por tanto, que el apoyo mediante subvenciones a las grandes empresas privadas se centre en las inversiones en el ámbito de la investigación y el desarrollo, o que se ofrezca en mayor medida que actualmente un apoyo indirecto a las infraestructuras; pide, por otra parte, que se introduzca una norma clara en el Reglamento marco relativo a los Fondos Estructurales que excluya cualquier financiación por la UE de la deslocalización en el seno de la Unión, y que se reduzca claramente el umbral de verificación de este tipo de inversiones, de forma que las grandes empresas queden excluidas de las ayudas directas y se imponga un límite de diez años a la duración de las operaciones;

73.

Reconoce el efecto palanca y el potencial de movilización de los nuevos instrumentos de ingeniería financiera; aboga, en términos generales, por un incremento de la financiación en préstamos, y pide que se amplíen los instrumentos financieros renovables a aquellos sectores de las ayudas que resulten ser adecuados; pide, a tal fin, que se introduzcan procedimientos simplificados y una mayor seguridad jurídica a lo largo de todo el período de financiación, y que se cree un registro de la UE que muestre qué proyectos se benefician de préstamos y cuáles de subsidios; pide que los instrumentos sean adaptables a fin de garantizar que sean viables y factibles para todas las regiones y ciudades; considera que la responsabilidad por la utilización de los recursos debería transferirse a nivel nacional o del proyecto, como más tarde al término de un período de ayudas; señala que en el período actual no todos los Estados miembros han adoptado un enfoque descentralizado para manejar instrumentos financieros como JESSICA; subraya la necesidad del acceso directo para las ciudades;

74.

Destaca que el fomento de las ayudas debe seguir siendo un instrumento privilegiado, y que incumbe a los agentes sobre el terreno la obligación de aplicar el modelo de financiación más adecuado teniendo en cuenta las condiciones regionales;

75.

Considera que el BEI debe asumir un papel más relevante en la financiación de infraestructuras RTE; pide que se emprendan iniciativas de cooperación público-privada (CPP) capaces de autofinanciarse; estima que, por norma general, incumbe al Parlamento Europeo una importante responsabilidad en lo que se refiere a la transparencia y a los procesos decisorios y de control;

76.

Acoge con satisfacción la efectiva cooperación entre el BEI y la Comisión en la realización de tres iniciativas conjuntas sobre la base de la política de cohesión: JESSICA, JEREMIE y JASMINE, a fin de incrementar la eficacia y la eficiencia de la política de cohesión y reforzar el impacto de los Fondos Estructurales; pide a la Comisión que continúe presentando iniciativas conjuntas con el BEI, en particular en materia de política de cohesión y para garantizar apoyo financiero a las PYME;

77.

Considera que las subvenciones globales en el nivel inferior a las regiones representan un instrumento adecuado para el desarrollo de estrategias innovadoras autónomas, de conformidad con los objetivos de la política regional europea;

78.

Rechaza no obstante las cuotas u obligaciones para las subvenciones globales, ya que podrían obstaculizar la fijación de prioridades de orden superior ajustadas a las necesidades de las regiones;

79.

Considera que el establecimiento de periodos de programación de siete años para la política de cohesión ha arrojado un resultado positivo, y que es oportuno mantener esta perspectiva temporal al menos hasta el final del próximo período de planificación (2020); pide, por tanto, que se introduzca un sistema que permita una reevaluación estratégica más rápida de las condiciones iniciales, con el fin de reaccionar de forma más flexible y rápida frente a acontecimientos especiales (por ejemplo, en caso de crisis financieras, crisis energéticas o catástrofes naturales);

80.

Destaca, no obstante, que el presupuesto de la UE en su estructura actual y sus mecanismos de asignación, sobre la base de los Reglamentos que regulan los diferentes fondos, han demostrado su validez como instrumentos de aplicación de la política estructural y de cohesión en particular; señala, por tanto, que solo deberían introducirse modificaciones en aquellos aspectos en los que hayan fallado los procedimientos o se hayan observado contradicciones con respecto al Reglamento financiero; apoya, en este mismo contexto, las propuestas de la Comisión de armonizar las normas para todos los fondos disponibles para el desarrollo regional; insta, no obstante, a que se actúe con la máxima prudencia a la hora de introducir las más mínimas modificaciones en estructuras consolidadas que han demostrado su validez, a fin de evitar disfunciones e incertidumbre a los organismos nacionales y regionales responsables de la gestión y mayores cargas a los beneficiarios, especialmente aquellos dotados de estructuras reducidas y capacidades limitadas;

81.

Considera factible integrar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en el actual sistema de objetivos y fondos; rechaza la división del presupuesto de la UE de acuerdo con las ideas teóricas de crecimiento en torno a los conceptos «inteligente», «inclusivo» o «sostenible», así como toda fragmentación de la política de cohesión en varias partidas presupuestarias; considera que esta política debe disponer de su propia partida en el presupuesto de la UE;

82.

Considera que la política de cohesión después de 2013 puede realizar una contribución si cabe más importante a un mayor desarrollo sostenible de las regiones de la UE, y que puede convertirse en una política determinante para la aplicación transversal de la Estrategia Europa 2020 en diferentes sectores; pide, por tanto, que se le asignen como mínimo los mismos créditos presupuestarios;

83.

Recuerda que el Tribunal de Cuentas Europeo lleva años señalando que los pagos en el ámbito de la cohesión están afectados por una tasa de error superior al 5 %, si bien señala que esta tasa ha disminuido con respecto al 11 % registrado en el último procedimiento de aprobación de la gestión, como demuestra el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo, y que los sistemas de supervisión y control son solo parcialmente eficaces; pide, además, que se aclare el método para el cálculo de errores, puesto que las discrepancias entre los datos facilitados por el Tribunal de Cuentas Europeo y la Comisión constituyen una fuente de confusión y de desconfianza con respecto a las cifras oficiales;

84.

Pide que se adopten normas más estrictas para el control de las irregularidades en el uso de los Fondos Estructurales en aquellos Estados miembros que registren un elevado número de anomalías en la utilización de dinero procedente de dichos Fondos, y que se elabore un procedimiento de interrupción y suspensión sistemática de los pagos tan pronto existan indicios que denoten alguna deficiencia importante en el funcionamiento de las autoridades acreditadas; pide, a la inversa, que se supriman los controles redundantes en los Estados miembros que dispongan de un sistema adecuado de gestión de los Fondos; considera que deberían aplicarse en la medida de lo posible los principios de «contrato de confianza» y «auditoría única»;

85.

Insta a los Estados miembros y a las autoridades de la administración pública a que designen autoridades o entidades a las que incumba la responsabilidad exclusiva de la gestión regular y conforme de los Fondos Estructurales;

86.

Considera que las declaraciones anuales auditadas a nivel de las autoridades administrativas que gestionan los medios (contaduría/organismo administrativo) constituyen un medio adecuado para el fortalecimiento de la cadena de información y control, al tiempo que destaca la necesidad ineludible de la exactitud del contenido de tales declaraciones; pide, en consecuencia, un sistema de sanciones de las declaraciones falsas; reitera su apoyo al objetivo de la declaraciones nacionales de fiabilidad;

87.

Pide que la Comisión asuma ya, desde el inicio del próximo período de programación, una mayor responsabilidad en la mejora de los procesos de gestión a nivel nacional; considera, en este mismo contexto, que existe una necesidad urgente de simplificar y clarificar la gestión de los programas de apoyo, especialmente en el ámbito de la ejecución y el control financieros; aboga, por tanto, por que se responsabilice a la Comisión en la aplicación de los procesos de acreditación de las administraciones y los organismos de revisión nacionales o federales; considera que el derecho a la presentación de informes simplificados y menos frecuentes debe vincularse a la acreditación con éxito y a una reducción en la tasa de errores;

88.

Pide, por otra parte, que se refuerce el papel supervisor de la Comisión introduciendo una interrupción sistemática y una suspensión de pagos en cuanto existan datos justificados de deficiencias importantes en el funcionamiento de las autoridades acreditadas; pide, asimismo, a la Comisión que ponga en marcha planes más sólidos para mejorar la tasa de recuperación de pagos indebidos;

89.

Exige la simplificación del sistema de control, la reducción de los niveles de control y la aclaración de las respectivas responsabilidades de la Comisión y los Estados miembros; pide que se use un procedimiento de control de un solo nivel cuando los Estados miembros controlen los proyectos y la Comisión controle los sistemas de control de los Estados miembros;

90.

Considera que, con el fin de mejorar los programas operativos, debería hacerse un mayor uso de procedimientos competitivos para la selección de proyectos en las regiones;

91.

Pide que, con el fin de simplificar la gestión administrativa, se amplíen los métodos normalizados mediante la introducción de costes unitarios normalizados más elevados y pagos globales de los costes generales cuando este sistema resulte adecuado; pide que se tenga más en cuenta el principio de proporcionalidad, lo cual implica reducir claramente las exigencias relativas a las obligaciones de información y auditoría en la aplicación de los programas de menores dimensiones;

92.

Pide a la Comisión que mantenga un cuadro público anual de incumplimientos relativo al cumplimiento insuficiente o tardío de obligaciones de información y publicación, así como de irregularidades, usos indebidos o fraudes en el uso de los Fondos Estructurales; pide que esta información se desglose por Estados miembros y fondos;

93.

Expresa su preocupación por los pesados trámites administrativos que impiden a las pequeñas empresas y las organizaciones de pequeñas dimensiones beneficiarse de los Fondos Estructurales; pide que la normativa y los documentos técnicos pertinentes se presenten de la forma más clara posible;

94.

Solicita para el próximo período de programación procedimientos de cierre contable anual también para los programas plurianuales;

95.

Considera necesarias soluciones de administración electrónica más eficaces (formularios homogéneos) para todo el sistema de desarrollo y control; solicita que se lleven a cabo intercambios de experiencias entre los Estados miembros, coordinadas por la Comisión, así como acuerdos coordinados de ejecución para las autoridades administrativas y los organismos de auditoría;

96.

Respalda la propuesta de la Comisión de no proceder al reembolso de los gastos a las autoridades nacionales hasta que se haya abonado a los beneficiarios el pago correspondiente a la financiación de la UE; considera que este planteamiento redundará en una agilización del procedimiento de abono de las ayudas y será un incentivo determinante para llevar a cabo controles nacionales rigurosos; señala, no obstante, que los Estados miembros y las regiones podrían verse confrontados con eventuales problemas de liquidez, y que deberán contemplarse por tanto posibles soluciones de cobertura;

97.

Considera ilógica la propuesta de la Comisión de que los pagos se orienten en mayor medida a los resultados, dado que los resultados no podrán alcanzarse si no se financian antes los proyectos; expresa su preocupación por el hecho de que es probable que los controles sean extremadamente burocráticos, si bien considera concebible establecer condiciones que vinculen los pagos a la coherencia demostrable entre los proyectos y, por ejemplo, la Estrategia Europa 2020;

98.

Considera que, si bien los reembolsos deben producirse después de haberse abonado las subvenciones de la UE en los proyectos, no deben imponerse cargas adicionales a los beneficiarios en forma de tipos de interés que no reflejen el reducido factor de riesgo de tales préstamos, por parte de bancos u otras instituciones financieras;

99.

Solicita una diversificación de los mecanismos sancionadores, entre otros, en forma de un sistema de bonificaciones para los Estados miembros que realicen una ejecución correcta, en especial mediante ayudas administrativas;

100.

Recuerda que, a diferencia de otros Fondos Estructurales, la especificidad del Fondo Social Europeo radica en que está estrechamente ligado a los grupos objetivo a los que apoya y que es necesario definirlo de un modo tal que permita la existencia de diversos proyectos de pequeña escala y de base local; pide que se exija a los Estados miembros que transfieran de inmediato los fondos a los proyectos, con el fin de evitar problemas a los pequeños beneficiarios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la flexibilidad en la ejecución financiera de los programas, que apliquen el principio de proporcionalidad con respecto al tiempo, el esfuerzo y la contribución financiera cuando establezcan las obligaciones de control y auditoría y que simplifiquen los procedimientos y reduzcan las cargas administrativas excesivas y los obstáculos de todo tipo en beneficio de los proyectos y los beneficiarios potenciales, con miras a una mayor contribución del Fondo Social Europeo a la consecución de los objetivos de la UE en materia de crecimiento y creación de empleo; pide a la Comisión que amplíe el abanico de opciones de financiación para las autoridades gestoras y los beneficiarios, y que proponga la posibilidad de establecer opciones de costes normalizadas junto con las contabilidad tradicional;

101.

Apoya la propuesta de la Comisión de que, en determinadas situaciones y en aras de una mayor flexibilidad, se apliquen sistemáticamente las normas n+2 y n+3, posiblemente al nivel de las asignaciones de los Estados miembros, excepto en el primer año de financiación y salvo en el caso de los programas transfronterizos, y de que cualesquiera otras excepciones a la norma de liberación automática solo debería reflejar una adaptación a las cargas administrativas impuestas por las nuevas disposiciones relacionadas con la programación estratégica, la orientación basada en los resultados y la condicionalidad ex ante; respalda, en el caso de programas transfronterizos, incluso la norma n+3, a fin de tener en cuenta los procesos administrativos más lentos debidos a los problemas lingüísticos y culturales; considera que este planteamiento garantiza una relación equilibrada entre las inversiones de elevada calidad y una aplicación rápida y correcta de los programas;

102.

Destaca la importancia que reviste el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) para la política de cohesión en el ámbito de la cooperación transfronteriza con los Estados miembros que no pertenecen a la UE; toma nota de los actuales problemas en la ejecución del programa; está convencido de que finalmente será necesario reintegrar los programas de cooperación transfronteriza IEVA en la política de cohesión; destaca los efectos particularmente positivos para las regiones fronterizas europeas de la vinculación de las infraestructuras con los países vecinos (transporte, energía y medio ambiente); pide que los fondos del IEVA se centren en mayor medida en las exigencias de carácter estratégico del sector energético y de las infraestructuras de transporte; subraya el papel que las macrorregiones pueden desempeñar en este contexto; pide a la Comisión que considere la posibilidad de crear sinergias más eficaces entre las iniciativas dependientes del FEDER, el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA), el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED); pide a la Comisión, por otra parte, que evalúe si las estructuras ya utilizadas en el ámbito de la política regional también podrían aplicarse a la gestión del IEVA;

103.

Destaca, por otra parte, la relevancia del proceso de ampliación de la UE para la cohesión, cuyo instrumento IPA presta asistencia a los países candidatos en la tarea de preparar la aplicación de la política de cohesión en los planos material y organizativo; llama la atención sobre los problemas de ejecución en los Estados miembros; recuerda la finalidad original del instrumento IPA, sobre todo en lo que se refiere a la creación de capacidades institucionales y de financiación y al apoyo a la preparación de los países candidatos para la ejecución de la política de cohesión de la Comunidad, a fin de preparar a dichos países a la aplicación cabal del acervo comunitario en el momento de la adhesión; pide a la Comisión que identifique los problemas en el funcionamiento actual del instrumento IPA;

104.

Reitera su petición de que, en el futuro, la Comisión de Desarrollo Regional participe de forma responsable en la elaboración de instrumentos;

105.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Presidentes de las regiones y los Estados federados de la UE.

5.2.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 33/38

—

Vistos los compromisos adquiridos por el G8 sobre el volumen de las ayudas, las ayudas al África subsahariana y la calidad de las ayudas, en la cumbre de Gleneagles de 2005 y en todas las reuniones posteriores del G8 y del G20,

—

Vista la Declaración del Milenio adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 8 de septiembre de 2000,

—

Vistos el Consenso europeo sobre desarrollo (1) y el Código de conducta de la Unión Europea sobre complementariedad y división del trabajo en la política de desarrollo (2),

—

Vistos la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda y el Programa de Acción de Accra,

—

Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que establece que «la Unión tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo»,

—

Visto el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (3) (el «Instrumento de Cooperación al Desarrollo» (ICD)),

—

Visto el artículo 61, apartado 2, del Acuerdo de Cotonú,

—

Vista su Resolución, de 6 de abril de 2006, sobre la eficacia de la ayuda y la corrupción en los países en desarrollo (4),

—

Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto de los séptimo, octavo, noveno y décimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2008 (5),

—

Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2011, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (6),

—

Visto el Informe Especial no 11/2010 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «La gestión por la Comisión del apoyo presupuestario general en los países ACP, de América Latina y de Asia»,

—

Visto el Libro Verde de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones sobre «El futuro del apoyo presupuestario de la UE a terceros países» (COM(2010)0586),

—

Visto el documento de la Comisión de 2007 titulado «Guidelines on the Programming, Design & Management of General Budget Support»,

—

Visto el informe de la Comisión de 2008 titulado «Budget support. The effective way to finance development?»,

—

Visto el Informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales, de la Asamblea ACP-UE, sobre el apoyo presupuestario como medio de proporcionar ayuda oficial al desarrollo (AOD) en los países ACP,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0206/2011),

A.

Considerando que la reducción de la pobreza y, a largo plazo, su erradicación, constituye el objetivo principal de la política de desarrollo de la Unión Europea de conformidad con el Tratado de Lisboa,

B.

Considerando que el Apoyo Presupuestario, se ha convertido en una de las más importantes modalidades de ayuda,

C.

Considerando que numerosos proveedores de fondos ven el apoyo presupuestario (AP) general y sectorial como un medio para fomentar la responsabilización por parte de los países socios de las políticas de desarrollo y los procesos de reforma sostenibles, reforzar las instituciones y sistemas nacionales de rendición de cuentas y facilitar el crecimiento, la lucha contra la pobreza y la consecución de los objetivos de desarrollo,

D.

Considerando que es preciso disponer de un desarrollo de las capacidades operativas antes de poder crear las condiciones necesarias para la ejecución de acciones basadas en programas, incluido el apoyo presupuestario u otro tipo modelos,

E.

Considerando que el AP permite superar ciertas deficiencias de los planteamientos tradicionales por proyectos (costes elevados de las transacciones, sistemas paralelos fragmentados) y, por tanto, reforzar la coherencia y la eficacia, subrayadas por el Tratado de Lisboa, en las medidas tomadas por la UE,

F.

Considerando que el Apoyo Presupuestario debe contribuir a mejorar la calidad y eficacia de la ayuda, y en particular los principios de apropiación y armonización, puesto que a través del diálogo político entre donantes y beneficiarios es posible ajustar las contribuciones a las prioridades establecidas por los países en sus estrategias nacionales de reducción de la pobreza,

G.

Considerando que, a pesar de los riesgos mencionados por el Tribunal de Cuentas Europeo en sus informes sobre el AP, «el enfoque dinámico» en la condicionalidad general del AP sigue siendo un instrumento muy importante de diálogo político, y que, no obstante, el AP no puede considerarse en ningún caso como un «cheque en blanco»,

H.

Considerando que el conjunto de compromisos asumidos por los países beneficiarios frente a todos sus socios puede hacer difícil su utilización de vez en cuando, teniendo en cuenta que las condicionalidades de los proveedores de fondos son a veces contradictorias,

I.

Considerando que, hasta ahora, la Unión Europea ha invocado en mayor medida la violación de los derechos humanos (llamados de primera generación) en el marco de los acuerdos de asociación que la de los derechos sociales, económicos y culturales (llamados de segunda generación),

J.

Considerando que el conjunto de proveedores de fondos debería consultarse mutuamente con el fin de evitar incoherencias en lo relativo a la condicionalidad,

K.

Considerando que, en virtud del artículo 2, apartado 3, del Tratado de Lisboa, uno de los objetivos de la Unión consiste en promover una economía social de mercado sostenible, y que este enfoque debe aplicarse también en la elaboración de la política de desarrollo y de la Política de Vecindad,

L.

Considerando que la rendición de cuentas del gobierno socio ante sus ciudadanos con respecto a la gestión presupuestaria constituye un factor esencial de su capacidad de desarrollo gracias al control que ejerce su parlamento, así como a la información de su sociedad civil, en el ámbito de las finanzas públicas,

1.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión definida a través del Libro Verde sobre el AP, que tiene como principal objetivo fomentar el desarrollo endógeno de los países socios, y pide que se precisen los criterios de elegibilidad del AP de forma que se evite el riesgo de eventuales deficiencias o de mala utilización de este tipo de ayuda teniendo en cuenta elementos tales como los índices de corrupción de los países;

2.

Se congratula del proceso de consultas a escala europea; espera que la práctica de concesión de apoyo presupuestario sea objeto de un análisis objetivo y mejorado para aumentar su eficacia;

3.

Reitera que, de conformidad con el Tratado de Lisboa, la reducción y la erradicación de la pobreza constituyen el objetivo principal de la política de desarrollo de la UE; destaca que la pobreza tiene múltiples dimensiones –humana, económica, sociocultural, de género, medioambiental y política– y que todas ellas deben abordarse en el marco de la política de desarrollo de la UE;

4.

Considera que la ayuda de la UE debe generar un cambio cualitativo real en los países socios y reconoce que, para alcanzar dicho objetivo, el apoyo presupuestario constituye una herramienta eficaz, siempre que se acompañe de un diálogo político y sobre las políticas efectivo, así como de la condicionalidad de dicho apoyo;

5.

Destaca el carácter crucial y obligatorio de la coherencia de las políticas en la aplicación de una política de desarrollo de gran repercusión; pide asimismo que la política exterior y de seguridad de la UE se centre en la promoción de la democracia y los derechos humanos, la paz y la seguridad, ya que todos estos elementos son requisitos indispensables para un desarrollo sostenible; pide esfuerzos más sistemáticos para incorporar las medidas relativas a la adaptación al cambio climático y a la reducción del riesgo de catástrofes;

6.

Considera que la tributación garantiza una fuente independiente de financiación para el desarrollo sostenible y representa un vínculo importante entre los gobiernos y los ciudadanos de los países en desarrollo; pide que se desarrolle, como una de las principales prioridades de la ayuda presupuestaria, una administración financiera viable y una infraestructura tributaria exhaustiva; recomienda que la política de apoyo presupuestario incorpore medidas de lucha contra los paraísos fiscales, la evasión fiscal y la fuga ilegal de capitales;

7.

Subraya la necesidad de recurrir, si procede, a la fórmula del AP sectorial para centrarse más en los sectores sociales básicos, que incluyen sobre todo la salud, la educación, el apoyo a las personas más vulnerables y, especialmente, a las personas con discapacidad;

8.

Subraya que el AP no debe utilizarse para promover determinados intereses económicos y estratégicos de la Unión Europea, sino para alcanzar objetivos de desarrollo de los países en desarrollo y ayudar a estos a alcanzarlos, especialmente en lo que se refiere a la erradicación de la pobreza y del hambre;

9.

Recuerda el papel innovador desempeñado por la Unión Europea en el ámbito del AP, así como el valor añadido que aporta la Comisión Europea gracias a su experiencia en la materia;

10.

Indica que el AP puede reforzar no sólo la obligación de los gobiernos a rendir cuentas, sino también la coordinación entre los donantes a través de un diálogo exigente en materia presupuestaria; considera que puede ser un medio para mejorar la coordinación con los nuevos donantes;

11.

Subraya así la intención de la UE de aportar su experiencia, sobre todo del Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda de Busan, en beneficio de los demás actores institucionales;

12.

Señala que el enfoque dinámico, adoptado por la Comisión así como por la mayoría de los prestatarios de AP, conlleva una serie de riesgos que se deben tener en cuenta debidamente; solicita a la Comisión que realice evaluaciones, a nivel nacional, de los posibles riesgos y beneficios del AP en los países socios;

13.

Solicita a la UE que gestione el AP con el objetivo de explotar la complementariedad de éste con otras modalidades de ayuda;

14.

Hace hincapié en la necesidad de reforzar tanto los mecanismos de control de la Comisión como el control parlamentario, y la información de la sociedad civil, en los países beneficiarios del AP; hace hincapié asimismo en que, como condición previa a cualquier desembolso de fondos, se debe establecer un control óptimo de las finanzas públicas de los países beneficiarios;

15.

Recuerda que es fundamental disponer de unos indicadores que estén claramente definidos, cuenten con un amplio apoyo y sean objeto de un estrecho seguimiento para mostrar los efectos concretos del apoyo presupuestario en terceros países, y que debe informarse regularmente a las autoridades presupuestarias pertinentes sobre los indicadores y las directrices que determinan el proceso de toma de decisiones en relación con el apoyo presupuestario; hace hincapié en que estos indicadores deben estar mejor adaptados a las necesidades específicas de los países socios a fin de evitar el enfoque de «talla única» adoptado por la Comisión, que es potencialmente contraproducente;

16.

Pide que el apoyo presupuestario se supedite a un control parlamentario democrático del presupuesto en los países receptores insta a una amplia participación de los parlamentos y a la celebración de consultas a la sociedad civil en los países socios a fin de garantizar que las decisiones sobre el uso de los recursos del apoyo presupuestario se adopten democráticamente;

17.

Solicita a la Comisión que, antes de conceder el apoyo presupuestario, garantice que los objetivos de la intervención son parte de programas nacionales del país beneficiario y que se respetan los principios de coordinación, complementariedad y coherencia respecto de otros donantes, así como el carácter adicional respecto de los recursos asignados por el país beneficiario;

18.

Pide a la Comisión que, con vistas a garantizar la pertinencia del apoyo presupuestario de la UE, racionalice su proceso de programación y concepción mejorando al efecto la preparación y documentación de las decisiones de lanzamiento de operaciones de apoyo presupuestario, y que, dadas las restricciones en materia de recursos de las delegaciones, factor que con frecuencia limita su capacidad para realizar determinadas actividades, prevea suficiente personal cualificado para el procedimiento de ejecución, habida cuenta de que el AP requiere capacidades de análisis diferentes de las relativas a la financiación de proyectos y programas;

19.

Insiste en la función de vanguardia que deben desempeñar los parlamentos nacionales de los países beneficiarios, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales, dado que están en mejores condiciones para detectar los sectores prioritarios, preparar los documentos de estrategia por país y controlar la asignación de recursos presupuestarios; pide que los parlamentos nacionales aprueben los documentos de estrategia por país y el presupuesto plurianual tras consultar con la sociedad civil, previo diálogo político con los donantes en materia de apoyo presupuestario, para reforzar el control parlamentario;

20.

Destaca la importancia de la eficacia de la ayuda al desarrollo de la UE; pide que se desarrollen sistemas independientes de evaluación a escala de la UE y un mecanismo de reclamaciones abierto a los afectados por la ayuda de la UE, así como que se apoyen los mecanismos internos de responsabilidad;

21.

Pide a la Comisión que presente un balance global desglosado del apoyo presupuestario general y sectorial prestado a la gobernanza local, y que examine las oportunidades y riesgos asociados con la descentralización de una parte del apoyo presupuestario con el fin de lograr una verdadera apropiación por parte de los agentes de la gobernanza local;

22.

Pide a la UE que respete y fomente una verdadera apropiación nacional, por parte de los países en desarrollo, de sus propias estrategias de desarrollo, y que evite utilizar el diálogo político que rodea al apoyo presupuestario para condicionar a los responsables políticos nacionales, ya que así se socava la responsabilidad democrática y se contribuye a despolitizar las realidades políticas nacionales;

23.

Cree que el AP debe dar prioridad a aquellos sectores gubernamentales con mayor incidencia en la reducción de la pobreza, fundamentalmente los ministerios de salud y educación;

24.

También cree que la perspectiva de género debe introducirse en el AP, incluyéndola en todas las fases del proceso presupuestario, fomentando el diálogo con asociaciones de mujeres y estableciendo indicadores desglosados por sexo;

25.

Subraya que, para fortalecer la responsabilidad mutua, la Comisión debería reforzar su papel como mediadora entre los gobiernos, los parlamentarios y la sociedad civil y, para ello, considera que un porcentaje del AP, reservado a la asistencia técnica destinada a reforzar los ministerios sectoriales, también podría utilizarse para reforzar la capacidad de los parlamentos y la sociedad civil, con objeto de poder desempeñar plenamente su papel de control en materia de AP;

26.

Subraya el papel fundamental que desempeñan las organizaciones de donantes en materia de ayuda a los países socios para el refuerzo de sus capacidades, y el efecto positivo del apoyo dado a proyectos locales para la reducción de la pobreza, el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible en los países socios;

27.

Se preocupa por los efectos de desestabilización macroeconómica y por las repercusiones para la población más vulnerable que podría tener una interrupción repentina del AP; propone la implantación de un mecanismo de progresividad en la reducción de los desembolsos del AP, en el marco de una acción concertada entre los proveedores de fondos tras consultar a la sociedad civil y al Parlamento del país socio, que podría atenuar estas repercusiones, favorecer el diálogo político y permitir encontrar soluciones conjuntas frente a las dificultades;

28.

Considera que el apoyo presupuestario, al igual que la ayuda programada, debe tratarse como un instrumento transitorio y no debe obstaculizar los esfuerzos destinados a reforzar la capacidad de los países para recaudar sus recursos propios, como los impuestos, con el fin de no depender de las donaciones de terceros países;

29.

Solicita a los donantes que aumenten la coordinación y previsibilidad del AP, y destaca que deben estar preparados para adquirir un compromiso a largo plazo con los países socios;

30.

Pide a la UE que adopte todas las medidas necesarias para que los países se comprometan a invertir en un mecanismo que promueva su estabilidad financiera;

31.

Hace hincapié, a este respecto, en el cumplimiento efectivo del requisito contemplado en artículo 25, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo, en el que se establece que «la Comisión utilizará sistemáticamente un enfoque basado en los resultados y en indicadores de actuación, definirá claramente sus condiciones y vigilará su cumplimiento, apoyará el esfuerzo de los Estados socios por desarrollar e instaurar el control y la capacidad de fiscalización parlamentarios y por incrementar la transparencia y el acceso del público a la información», e insta a la Comisión a ampliar el ámbito de lo dispuesto en este sentido con el fin de incluir el apoyo presupuestario a los países beneficiarios del Fondo Europeo de Desarrollo (los países ACP), a los cuales solo se aplican por el momento los criterios más técnicos contemplados en el artículo 61, apartado 2, del Acuerdo de Cotonú.

32.

Estima que, dado que el recurso al apoyo presupuestario supone una decisión estratégica importante en la relación de la Unión con sus países socios, se debe aplicar el artículo 290 del TFUE (actos delegados) a la definición de los criterios de admisibilidad para esta modalidad de apoyo, otorgando al Consejo y al Parlamento, en su calidad de colegisladores, competencias plenas de codecisión sobre su aprobación, incluido —en caso necesario— el derecho de revocación del acto delegado;

33.

Recuerda que las importantes lagunas de capacidad, y en concreto la gobernanza débil, privan a numerosos países en desarrollo del AP;

34.

Opina que la financiación de decisiones sobre apoyo presupuestario debe guiarse no solo por los beneficios esperados sino también por los riesgos a corto y largo plazo para países donantes y países socios; señala que el Tribunal de Cuentas, en su Informe Especial (7), se muestra totalmente de acuerdo con esta evaluación, subrayando el hecho de que aún debe elaborarse y aplicarse un marco de gestión del riesgo apropiado;

35.

Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en su Informe anual sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno y décimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) para el ejercicio 2009, el Tribunal de Cuentas estimaba que los pagos de apoyo presupuestario se hallaban afectados por un elevado nivel de errores no cuantificables ocasionado por la falta de una demostración formalizada y estructurada del cumplimiento de las condiciones de pago; toma nota y se congratula al mismo tiempo de la mejora sustancial observada por el Tribunal en la demostración de la subvencionabilidad en el décimo FED, gracias a la mayor claridad de los marcos de evaluación que se usan en la actualidad de forma rutinaria;

36.

Recuerda que la inversión pública en bienes públicos como la educación, la seguridad social, las infraestructuras y la capacidad de producción, particularmente en el caso de los pequeños agricultores y del apoyo a los mercados locales, son esenciales para el éxito de las estrategias desarrollo;

37.

Pide a la Comisión que vele por que las condiciones específicas de los tramos variables basados en las realizaciones sean suficientemente precisas respecto de los indicadores, los valores, los métodos de cálculo y las fuentes de verificación, y por que los informes de las delegaciones demuestren de forma estructurada y formalizada los progresos logrados en materia de gestión de las finanzas públicas mediante la definición clara de criterios conforme a los cuales evaluar los logros, los progresos realizados y las razones por las que el programa de reforma puede no haberse ejecutado respetando la planificación;

38.

Pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para combatir la corrupción en los países beneficiarios, inclusive la suspensión de los desembolsos caso de ser necesario; pide a la Comisión, en este contexto, que mantenga un diálogo intenso y periódico con los gobiernos de los países socios sobre asuntos relacionados con la corrupción y preste la suficiente atención a las necesidades en materia de desarrollo de la capacidad de los países beneficiarios en términos de responsabilidad y mecanismos anticorrupción;

39.

Considera la predictibilidad de los flujos de ayuda como uno de los factores más importantes a la hora de garantizar la calidad del gasto, ya que permite a los países socios establecer una planificación a largo plazo del gasto y apoyar las acciones de mejora de las políticas sectoriales; aboga por que dicho enfoque se refuerce a través de la política fiscal de los países socios y la movilización de los ingresos nacionales, lo que debe conducir, a largo plazo, a una menor dependencia de la ayuda;

40.

Recuerda que la falta de progresos en la gestión de las finanzas públicas todavía excluye del AP a un gran número de países;

41.

Considera que el Apoyo Presupuestario debería realizarse de manera gradual en los países en desarrollo, comenzando con una cantidad limitada e irla aumentando en la medida que las capacidades de los países socios vayan mejorando;

42.

Reitera que el apoyo presupuestario debe destinarse a la reducción de la pobreza, incluida la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y a principios tales como la asociación, la eficacia de la ayuda y la coherencia de las políticas en favor del desarrollo; expresa su apoyo a los incentivos basados en resultados, pero destaca que las variaciones de reembolso deben ser predecibles en la medida de lo posible para que no influyan negativamente en la planificación presupuestaria; reitera que solo debe concederse apoyo presupuestario a los países que cumplan y defiendan unas normas mínimas en materia de gobernanza y respeto de los derechos humanos; subraya que las condiciones relativas a las reformas macroeconómicas deben ser compatibles con el desarrollo humano y social;

43.

Alienta a los países en desarrollo y a la Comisión a fomentar el desarrollo participativo con arreglo a las disposiciones pertinentes del Acuerdo de Cotonú, y de los artículos 19 y 20 del Reglamento (CE) no. 1905/2006, en particular en relación con la promoción y consulta de la sociedad civil y de las autoridades regionales y locales;

44.

Señala que, durante la concesión del AP a los países ACP proveedores de plátanos que se benefician de las medidas complementarias para el sector, es importante incluir en los tramos variables basados en los indicadores de gobernanza las condiciones específicas propuestas en el nuevo artículo 17 bis que el Parlamento propone incluir en el Reglamento (CE) no 1905/2006, de conformidad con su posición mencionada anteriormente, de 3 de febrero de 2011;

45.

Exige que la Comisión haga públicos los acuerdos celebrados con los países en desarrollo en materia de AP, así como los contratos ODM;

46.

Destaca que el apoyo presupuestario sectorial puede constituir, en determinadas circunstancias, una opción intermedia útil para ofrecer a los gobiernos y parlamentos interesados una mayor apropiación respecto de los fondos destinados a la ayuda, reservándolos para los ODM;

47.

Opina que los países ricos en recursos de petróleo y minerales tienen la posibilidad de financiar su propio desarrollo y su lucha contra la pobreza mediante unos regímenes fiscales transparentes y una redistribución equitativa de la riqueza;

48.

Considera que los contratos ODM representan en principio un ejemplo de AP de buena calidad (larga duración, previsibles, centrados en los sectores sociales, etc.) y dependientes de los resultados; pide, por tanto, a la Comisión que publique en 2011 una evaluación de los contratos ODM y que evalúe la posibilidad de extenderlos a un mayor número de países;

49.

Pide a la Comisión que publique asimismo las condicionalidades y los indicadores de resultados en el marco de los «documentos estratégicos nacionales» con motivo de la evaluación intermedia; considera que los indicadores de resultados del Apoyo Presupuestario deben establecerse en función del logro de objetivos de reducción de la pobreza y la consecución de los ODM;

50.

Pide de nuevo a la Comisión que sustituya el control de las entradas por un control de los resultados sobre la base de unos indicadores, mejorando su sistema de información de modo que se concentre en la eficacia de los programas;

51.

Afirma que la eficacia de las medidas de la política de desarrollo en los países socios debe tener plenamente en cuenta las condiciones locales y respetar los valores de la UE enunciados en el Tratado, en particular el principio del Estado de Derecho y la democracia; hace hincapié en que la necesidad debe continuar siendo el criterio esencial para la asignación de la ayuda al desarrollo de la UE;

52.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen un registro público en el que se incluyan de forma transparente los acuerdos, procedimientos e indicadores de desarrollo relativos al apoyo presupuestario, con el fin de reforzar las instituciones democráticas nacionales y garantizar la responsabilidad recíproca;

53.

Invita a los Estados miembros que demuestren más coherencia a nivel nacional y de la UE en materia de política de ayuda al desarrollo; pide a los Estados miembros que recurran al Servicio Europeo de Acción Exterior para reforzar su coordinación con la Comisión en lo relativo al AP, con el fin de evitar coincidencias e incoherencias;

54.

Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que deben armonizar su cooperación para el desarrollo y mejorar la correspondiente obligación recíproca de rendir cuentas, que vincula a todas las partes;

55.

Está firmemente convencido de que un análisis exhaustivo del futuro del apoyo presupuestario de la UE a terceros países debe abordar la cuestión de la inclusión en el presupuesto del Fondo Europeo de Desarrollo; es consciente de los antecedentes históricos y el contexto institucional de la situación actual, pero considera que ha llegado el momento de que el Consejo, los Estados miembros y los países ACP reconozcan que esta situación va en detrimento de la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas del AP de la UE; subraya, no obstante, que dicha inclusión en el presupuesto no debe implicar una reducción de la dotación financiera global para las políticas de desarrollo;

56.

Pide a los Estados miembros, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que, en consonancia con la práctica establecida en otros ámbitos políticos, mejoren la coordinación de sus respectivos AP a terceros países a fin de evitar o eliminar los solapamientos, las inconsistencias y las incoherencias; lamenta las evaluaciones que demuestran que, a escala sectorial, la debilidad de las políticas, instituciones y sistemas de prestación de servicios ha conducido a los donantes a poner en marcha proyectos con ayuda de sus propios sistemas y a actuar de manera bilateral y no coordinada, una situación que es absolutamente inaceptable en un contexto de escasez de financiación y que además prácticamente impide a la Unión Europea cumplir sus promesas en relación con una mayor predictibilidad de la ayuda; sostiene que, a la hora de prestar apoyo presupuestario en todas las fases de preparación y ejecución, debería ponerse el énfasis en los ámbitos específicos que ofrezcan el mayor valor añadido;

57.

Invita a la Comisión a sensibilizar a la opinión pública sobre los riesgos inherentes al AP, poniendo de relieve los efectos positivos de este para la emancipación de los socios;

58.

Pide a la UE y a sus Estados miembros que sigan fomentando con seguridad su apoyo financiero, y que simultáneamente presten apoyo consultivo para la gestión tecnocrática de las finanzas públicas;

59.

Subraya que la mejora de la coordinación tiene por objeto optimizar la asignación de recursos, intensificar el intercambio de las mejores prácticas y elevar la eficacia del apoyo presupuestario;

60.

Considera que la Unión debería reconocer y aprovechar el valor añadido resultante de su enorme peso político y del alcance, potencialmente amplio, de su acción, de manera que su influencia política sea proporcional al apoyo financiero prestado;

61.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

5.2.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 33/46

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Vista la Comunicación de la Comisión «Las prioridades de la infraestructura energética a partir de 2020 – Esquema para una red de energía europea integrada» (COM(2010)0677),

—

Visto documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación de impacto de «Las prioridades de la infraestructura energética a partir de 2020 – Esquema para una red de energía europea integrada» (SEC(2010)1395),

—

Vista la Comunicación de la Comisión «Energía 2020 – Estrategia para una energía competitiva, sostenible y segura» (COM(2010)0639),

—

Vista la Comunicación de la Comisión «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vista la Comunicación de la Comisión «Energías renovables: En marcha hacia el objetivo de 2020» (COM(2011)0031),

—

Vista la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión «Análisis de las opciones para rebasar el objetivo del 20 % de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y evaluación del riesgo de fugas de carbono» (COM(2010)0265),

—

Vista la Comunicación de la Comisión «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112),

—

Visto el tercer paquete legislativo relativo al mercado interior en el ámbito de la energía titulado «Dar energía a Europa: un verdadero mercado con un abastecimiento seguro» (2);

—

Visto el Reglamento (UE) no 994/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas (3),

—

Vista la Comunicación de la Comisión «Una Europa que utilice eficazmente los recursos – Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia Europa 2020» (COM(2011)0021),

—

Vista la Decisión no 1364/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, por la que se establecen orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía y por la que se derogan la Decisión no 96/391/CE y la Decisión no 1229/2003/CE (4),

—

Visto el Reglamento (CE) no 663/2009 de 13 de julio de 2009 por el que se establece un programa de ayuda a la recuperación económica mediante la concesión de asistencia financiera comunitaria a proyectos del ámbito de la energía (5),

—

Visto el informe de la Comisión sobre la aplicación de las redes transeuropeas de energía en el período 2007-2009 (COM(2010)0203),

—

Vista su resolución de 6 de mayo de 2010 sobre movilización de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la transición a una economía de alta eficiencia energética y bajo nivel de emisión de carbono (6),

—

Vista la comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo: Una política energética para Europa (COM(2007)0001),

—

Vista la comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo: Plan prioritario de interconexión (COM(2006)0846),

—

Vista la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (7),

—

Vista la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (8),

—

Vista su resolución de 25 de noviembre de 2010 sobre una nueva estrategia energética para Europa 2011-2020 (9),

—

Vista su Resolución de 15 de diciembre de 2010 sobre el Plan de acción para la eficiencia energética (10),

—

Vista sus Resolución de 17 febrero 2011 (11) sobre Europa 2020,

—

Visto el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 170, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según el cual la Unión contribuirá al establecimiento y al desarrollo de redes transeuropeas en los sectores de las infraestructuras de transportes, de las telecomunicaciones y de la energía,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0226/2011),

A.

Considerando que nuestros principales retos en materia de energía son la lucha contra el cambio climático, el afianzamiento de la autonomía y la seguridad energéticas y la reducción del consumo global de energía, de las importaciones de combustibles fósiles y de la dependencia, diversificando las fuentes y los proveedores de energía, para conseguir un mercado interior de la energía competitivo y garantizando el acceso universal a unas energías sostenibles, asequibles y seguras,

B.

Considerando que la política energética común a escala de la UE se ha formado en torno al objetivo común de garantizar la disponibilidad física ininterrumpida de los productos y servicios energéticos en el mercado, a precios asequibles para todos los consumidores (domésticos e industriales),

C.

Considerando que es necesario garantizar la seguridad de los suministros y consolidar la solidaridad entre los Estados miembros en caso de que alguno de ellos afronte una crisis energética,

D.

Considerando que el Tratado de Lisboa ofrece una base jurídica específica para desarrollar una política energética de la UE que promueva una interconexión eficiente de las redes de la energía entre los Estados miembros por encima de las fronteras nacionales y regionales, necesaria para conseguir los demás objetivos de solidaridad de la política energética de la UE (funcionamiento del mercado de la energía, eficiencia energética y energías renovables, seguridad del abastecimiento, diversidad de las fuentes de energía y de las posibilidades de abastecimiento),

E.

Considerando que si la infraestructura energética de la Unión no se moderniza, actualizando sus interconexiones, y se adapta con rapidez a un modelo de producción, transmisión y consumo más sostenible y eficiente, se podría poner en peligro la capacidad de alcanzar los objetivos en materia de energía y clima para 2020 —sobre todo los de la integración de fuentes de energía renovables— y afectar al objetivo a largo plazo de la UE de reducir los gases de efecto invernadero entre un 80 y un 95 % en 2050,

F.

Considerando que la planificación de las inversiones en infraestructuras y las decisiones que deben adoptarse al respecto tienen que apoyarse en previsiones a largo plazo que tengan en cuenta los logros esperados y las necesidades adicionales en materia de desarrollo técnico,

G.

Considerando que la integración ulterior de las fuentes de energía renovables va a exigir determinadas adaptaciones de las infraestructuras energéticas europeas, tanto de transmisión como de distribución,

H.

Considerando que es necesario que la UE cuente con un mercado energético abierto, transparente, integrado y competitivo para lograr precios competitivos, la seguridad del suministro y la sostenibilidad y el despliegue eficiente a gran escala de las energías renovables y que la realización de ese mercado sigue siendo un reto importante para todos los Estados miembros,

I.

Teniendo en cuenta la importancia crucial de la pronta y completa aplicación de la legislación vigente, incluido el trabajo de regulación exigido por el tercer paquete legislativo relativo al mercado de la energía y la debida notificación de inversiones en infraestructuras energéticas, en espera de la sentencia del Tribunal de Justicia (12), con el fin de disponer de una visión general de posibles carencias en la demanda y el suministro, así como de obstáculos a las inversiones;

J.

Considerando que la capacidad de interconexión entre los Estados miembros aún sigue siendo insuficiente en una tercera parte de la Unión según el objetivo de interconexión del 10 % fijado en el Consejo Europeo de 2002, y que determinados Estados miembros y regiones siguen aislados y dependientes de un sólo suministrador, lo que impide la integración real de los mercados y los flujos de energía,

K.

Considerando que las necesidades especiales de las islas naturales y las regiones ultraperiféricas, como las islas Canarias, Madeira, las Azores y las regiones ultraperiféricas francesas, deberían tenerse en cuenta en relación con las infraestructuras energéticas,

L.

Considerando que la red de transporte de energía en Europa Sudoriental es menos densa que la red del resto del continente,

M.

Considerando la importancia de establecer rutas alternativas de aprovisionamiento y tránsito y nuevas interconexiones para garantizar que la solidaridad entre los Estados miembros sea efectiva,

N.

Considerando que debería prestarse especial atención a proyectos que, sin estar finalizados, han sido calificados de prioritarios por la UE en virtud de la Decisión no 1364/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, por la que se establecen orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía y por la que se derogan la Decisión no 96/391/CE y la Decisión no 1229/2003/CE,

O.

Considerando que el tercer paquete sobre energía ha creado un marco jurídico que debería mejorar la competitividad en el mercado de la energía,

P.

Considerando que las infraestructuras energéticas que se planifiquen ahora deben ser acordes con las necesidades del mercado y los objetivos de la UE a largo plazo en materia de energía y clima y con su aplicación dentro de las diversas políticas energéticas nacionales, dando prioridad a aquellas fuentes de energía que no suponen ningún coste para la sociedad ni el medio ambiente,

Q.

Considerando que, por lo que respecta al gas y la electricidad, es necesario reforzar la inversión en capacidad de transmisión, teniendo presentes los objetivos en materia de energía 20-20-20 de la UE y el nuevo entorno energético en gran medida libre de carbono para después de 2020,

R.

Vista la importancia estratégica de la realización de las infraestructuras energéticas para alcanzar los objetivos del SET Plan (Plan Estratégico en Tecnologías Energéticas),

S.

Considerando que la eficiencia energética es un poderoso instrumento para lograr un futuro energético sostenible, y que mediante la reducción de la demanda de energía, también se puede reducir la dependencia de las importaciones y la deslocalización de plantas en respuesta al incremento de los costes y, a través de inversiones inteligentes en la infraestructura existente y de nueva construcción, se puede reducir la necesidad de inversión pública y privada en infraestructura de energía,

T.

Considerando que las redes inteligentes ofrecen una importante oportunidad para establecer una relación eficiente entre la producción, transporte y distribución de energía y los usuarios, permitiendo así un consumo racional de energía e incrementando la eficiencia energética,

U.

Considerando que el refuerzo de la capacidad de interconexión entre los sistemas de gas a lo largo del eje sur-oeste en el pasillo norte-sur permitirá que tanto la capacidad de importación de GNL como la de almacenamiento subterráneo de la Península Ibérica contribuyan a asegurar el suministro de la UE, al tiempo que constituyen un paso importante hacia un mercado energético interior verdaderamente integrado,

V.

Considerando que la larga duración de los procedimientos de autorización y la falta de coordinación entre los organismos administrativos pueden dar lugar a grandes retrasos y costes adicionales, especialmente en los proyectos transfronterizos,

W.

Considerando que la dilatada tramitación de permisos y la ausencia de metodologías de asignación de costes y de instrumentos para repartir los costes y beneficios de los proyectos de inversiones transfronterizas constituye un impedimento importante para su desarrollo,

X.

Considerando que hay que llevar a cabo un debate público de gran calidad y que se debe tener debidamente en cuenta la legislación medioambiental europea,

Y.

Considerando que los reguladores desempeñan una función importante en la creación de un mercado interior de la energía orientado al consumidor, integrado y competitivo,

Z.

Considerando que, según la Comunicación de la Comisión «Las prioridades de la infraestructura energética a partir de 2020 – Esquema para una red de energía europea integrada», serán necesarios 200 000 millones de euros durante el próximo decenio para financiar las necesidades de infraestructuras energéticas; y considerando que la mitad de este importe deberá proceder de los Estados miembros,

AA.

Considerando que los instrumentos de mercado y el principio de «quien usa paga» deben seguir siendo la base para financiar la infraestructura energética y que, de forma transparente y puntual, determinados proyectos que no sean viables desde un punto de vista estrictamente comercial podrían requerir financiación pública limitada, sin dejar de defender la igualdad de condiciones en el mercado europeo de la energía, garantizando la seguridad del abastecimiento y evitando distorsiones de la competencia entre proyectos y fomentando la integración eficiente de la energía renovable,

AB.

Considerando la necesidad de efectuar, lo antes posible, inversiones de gran envergadura,

AC.

Considerando el papel crucial que desempeñan las entidades territoriales como agentes importantes en materia de energía, dadas sus responsabilidades en numerosas actividades relacionadas con la planificación y la gestión del territorio, la concesión de permisos, la concesión de autorizaciones para los grandes proyectos de infraestructuras, las inversiones, los contratos públicos y la producción, y dada su proximidad a los consumidores,

1.

Subraya el hecho de que las autoridades públicas tienen la responsabilidad primordial de servir al interés público cumpliendo los objetivos sociales y ambientales, pero que la responsabilidad principal para el desarrollo de la infraestructura energética debe recaer en un mercado adecuadamente regulado;

2.

Destaca la importancia crucial de la pronta y completa aplicación de la legislación vigente, incluido el trabajo de regulación exigido por el tercer paquete legislativo relativo al mercado de la energía, a fin de lograr un mercado interior europeo integrado y competitivo para 2014, a más tardar;

3.

Subraya la necesidad de aplicar las políticas y reglamentaciones actuales para que se utilicen mejor las infraestructuras existentes en beneficio de los consumidores europeos; pide a la Comisión y a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) que controlen más estrictamente la aplicación nacional de normas como las relativas al principio de «se usa o se pierde»;

4.

Considera que es necesario un enfoque a escala de la UE, desarrollado en colaboración con todas las partes interesadas, para aprovechar plenamente los beneficios de la nueva infraestructura, y hace hincapié en la necesidad de desarrollar un método complementario armonizado, de acuerdo con las reglas del mercado interior, para la selección de proyectos de infraestructura; considera que este método debe tener en cuenta las perspectivas europeas y regionales con el fin de eliminar las disparidades y optimizar los efectos socioeconómicos y ambientales;

5.

Subraya que la planificación de los proyectos de infraestructura energética debe cumplir plenamente el principio de cautela, y que los planes de acción deben estar sujetos a estrictas evaluaciones de impacto ambiental caso por caso, teniendo en cuenta las condiciones ambientales locales y regionales;

6.

Hace hincapié en la necesidad de que se garantice un nivel adecuado de seguridad de abastecimiento energético en la UE, así como el desarrollo de relaciones favorables con los países terceros proveedores de energía y con los países de tránsito, mediante la cooperación en sistemas regionales y mundiales de transporte de energía;

7.

Subraya que la hipótesis de referencia utilizada para evaluar la infraestructura energética para 2020 debe ser transparente y coherente con los objetivos generales de la política energética establecidos en el artículo 194 del Tratado de la Unión Europea y la hoja de ruta de la UE para 2050, así como con otras políticas de la Unión (como el transporte, los edificios y el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE)), con las políticas de eficiencia energética necesarias para alcanzar el objetivo del 20 % de ahorro energético (en especial el plan de eficiencia energética), con el impacto potencial de los avances tecnológicos, en particular para las energías renovables y la creciente importancia de los vehículos eléctricos, y con el despliegue de redes inteligentes y las iniciativas de «ciudades y regiones inteligentes»;

8.

Apoya la puesta en marcha inmediata de la cooperación de innovación «Ciudades inteligentes» y pide a los socios que participan en los procesos de planificación de un desarrollo urbano sostenible que promuevan y aprovechen mejor los beneficios que las iniciativas JESSICA y ELENA pueden ofrecer para las inversiones en energía sostenible a nivel local, con vistas a ayudar a las ciudades y las regiones a poner en marcha proyectos de inversión viables en el ámbito de la eficiencia energética, las fuentes de energía de combustión limpias y renovables y el transporte urbano sostenible; señala además el potencial de la financiación transfronteriza con los países vecinos en el marco del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación IEVA;

9.

Destaca la necesidad de determinar, por orden de importancia y en interés de la eficiencia de los costes, cuándo se podría minimizar la infraestructura mediante políticas de eficiencia energética, cuándo se pueden mejorar o modernizar las infraestructuras existentes y cuándo se requieren nuevas infraestructuras y se puedan construir junto a las ya existentes;

10.

Considera que la reducción del consumo de energía y de emisiones contaminantes y el incremento de la eficiencia energética pueden lograrse mediante la implementación de programas destinados a incrementar la eficiencia energética en el sector de los edificios y en el sector de los transportes;

11.

Pone de relieve la importancia de identificar posibles carencias futuras de la demanda y el suministro de energía, así como posibles deficiencias venideras en las infraestructuras de producción y transporte;

12.

Subraya la importancia de armonizar la configuración del mercado de la UE y el desarrollo de planes de infraestructuras comunes europeos con objeto de garantizar la gestión de las interconexiones europeas internas y las interconexiones con terceros países;

13.

Considera que el desarrollo de infraestructura eléctrica entre la UE y terceros países y, en algunos casos, la infraestructura ya existente, pueden generar un riesgo de fugas de carbono o aumentar ese riesgo cuando ya existe; pide a la Comisión que evalúe esta posibilidad y en caso necesario, proponga medidas en virtud de las cuales la UE pueda abordar de manera eficaz esta cuestión, como la exigencia de conformidad con la Directiva 2009/28/CE sobre la energía renovable;

14.

Pide a los operadores de redes, a las autoridades reguladoras, incluida la ACER, y a la Comisión que creen, en colaboración con los operadores de redes y las autoridades de terceros países, las condiciones necesarias para asegurar la compatibilidad y la estabilidad entre la infraestructura de electricidad de la UE y la de terceros países, con el fin de mejorar la seguridad energética de los Estados miembros;

15.

Subraya que no solo debe ponerse énfasis en los proyectos transfronterizos, sino también en los sistemas de transmisión interna, que son cruciales para la integración de los mercados energéticos, la integración de la generación renovable y la seguridad del sistema, el fin de las islas de energía y el alivio de los estrangulamientos internos que tienen un impacto en el conjunto del sistema eléctrico europeo; destaca la importancia de garantizar que las regiones remotas y las necesidades locales se tengan debidamente en cuenta;

16.

Subraya la necesidad de nuevas infraestructuras que pongan fin a las islas energéticas y a la dependencia de un proveedor único e incrementen la seguridad del suministro;

17.

Subraya que ninguna región de los Estados miembros, incluidas las insulares, debe quedar aislada de las redes europeas de gas y electricidad a partir de 2015 o ver su seguridad energética en peligro por la falta de conexiones adecuadas;

18.

Acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión por promover la cooperación regional y pide que se den más orientaciones sobre estas iniciativas regionales;

19.

Señala las oportunidades que ofrecen los acuerdos de cooperación eurorregionales para el desarrollo y la intensificación de proyectos transfronterizos de infraestructura energética, sobre todo en materia de energías renovables, e insta a que se utilicen a estos efectos los instrumentos de cooperación regional (eurorregiones, AECT);

20.

Opina que las iniciativas regionales deben ser reforzadas y desarrolladas en mayor medida, ya que reflejan mejor las condiciones específicas de trabajo del sistema energético en cada región (por ejemplo, la estructura de fuentes generadoras regionales, la energía eólica, la reducción de redes y la disponibilidad de fuentes de energía);

21.

Hace hincapié en que la cooperación entre municipios y regiones a nivel nacional y europeo contribuye a eliminar las islas energéticas, a completar el mercado interior de la energía y a la ejecución de los proyectos de infraestructuras energéticas; opina que el objetivo de cooperación territorial europea de la política de cohesión y las estrategias macrorregionales pueden incrementar las oportunidades de cooperación para proyectos transfronterizos con vistas a lograr interconexiones eficaces e inteligentes entre las fuentes de energía no convencionales locales y regionales y las grandes redes energéticas; subraya que una coordinación adecuada de los proyectos de infraestructuras puede garantizar la mejor relación coste-beneficio y la máxima eficiencia de los fondos de la UE; considera, en este contexto, que debe mejorarse la cooperación regional, en particular con el fin de garantizar una conexión adecuada entre las prioridades establecidas y las regiones europeas;

22.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan medidas que garanticen que los operadores de sistemas de transmisión (OST) estén debidamente incentivados para estudiar posibles interconectores desde una perspectiva regional o europea y que sus planes de inversión estén basados en los efectos socioeconómicos de los interconectores de energía y no en una mera economía de proyecto, evitando así una inversión insuficiente en capacidad de transmisión;

23.

Pide a la Comisión que presente antes de finales de 2011 propuestas de solución de los conflictos de objetivos descritos por el coordinador europeo Georg Wilhelm Adamowitsch en su tercer Informe anual, de 15 de noviembre de 2010, por ejemplo entre la urgente necesidad de nuevas infraestructuras y las rígidas normas de protección medioambiental;

24.

Pide que se adopten medidas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales, como el Convenio de Espoo, antes de poner en marcha o seguir desarrollando proyectos transfronterizos, y llama la atención, en el contexto de la expansión de las redes energéticas, sobre la necesidad de impulsar una colaboración más estrecha, en particular entre Rusia, Belarús y los Estados bálticos, y de fomentar, en este sentido, el diálogo energético entre la UE y Rusia, en particular con vistas a alcanzar el objetivo de seguridad energética para los Estados miembros y las regiones de la UE;

25.

Aplaude la decisión de la Comisión de introducir «pruebas de resistencia» para las centrales nucleares europeas; considera que resultan esenciales las iniciativas legislativas futuras para crear un marco comunitario para la seguridad nuclear con el fin de mejorar de manera continua las normas de seguridad en Europa;

26.

Observa que son significativos los riesgos vinculados a la infraestructura energética, incluyendo los riesgos operativos (por ejemplo, congestión, discontinuidad del suministro), los naturales (terremotos, inundaciones), los medioambientales (contaminación, pérdida de hábitats y de biodiversidad) y los antropogénicos y políticos (seguridad y terrorismo); por ello pide que se apliquen las decisiones sobre el desarrollo de redes inteligentes, según lo dispuesto en la Directiva 2008/114/CE sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas; sugiere a los Estados miembros que establezcan una cartografía de los riesgos como herramienta para la toma de decisiones y el seguimiento de los resultados de la implementación de redes inteligentes a fin de mejorar la interconexión de las redes;

27.

Insta a la Comisión a evaluar la posibilidad de incluir en las infraestructuras de energía proyectos prioritarios que mejoren la seguridad y la garantía de las principales infraestructuras energéticas existentes en Europa (gaseoductos y oleoductos, redes eléctricas, centrales nucleares, terminales de GNL, etc.) frente a accidentes y catástrofes naturales o de origen humano;

28.

Considera que el plan decenal de desarrollo de la red (PDDR) identifica proyectos de infraestructura eléctrica y de gas relevantes y debería contribuir a establecer las prioridades para la selección de proyectos de interés europeo que se han de desarrollar para alcanzar los objetivos de la UE en materia de energía y clima, sin interferir con el funcionamiento del mercado interior; opina, a este respecto, que se debería considerar la capacidad de interconexión al mismo nivel que los objetivos 20-20-20 y que, en consecuencia, el PDDR se debe entender como el instrumento para controlar el cumplimiento del objetivo de interconexión del 10 %;

29.

Pide a la Comisión que, con vistas a garantizar una mejor gobernanza de la planificación de la futura infraestructura para la electricidad y el gas en la UE, presente propuestas concretas para mejorar la transparencia y la participación pública a la hora de establecer las prioridades de la UE en el marco de un proceso más amplio de participación de las partes interesadas (incluyendo, por ejemplo, al sector energético, a expertos independientes, a las organizaciones de consumidores y a las ONG); considera esencial la publicación de los datos de planificación técnica para garantizar dicha participación;

30.

Considera que hay que prestar atención a la propiedad de las infraestructuras energéticas de la UE por parte de empresas extranjeras, o sus filiales, sin una estructura de gestión transparente y con una influencia excesiva de gobiernos extranjeros; pide a la Comisión que presente propuestas para establecer las oportunas salvaguardias jurídicas e institucionales a este respecto, sobre todo en lo concerniente al acceso a la financiación pública de la UE;

31.

Considera que el plan decenal de desarrollo de la red contribuye al programa permanente de desarrollo de la infraestructura europea de transporte de energía eléctrica y de gas dentro de una perspectiva de planificación europea a largo plazo y con la supervisión de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y de la Comisión, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones pertinentes del tercer paquete relativo al mercado interior;

32.

subraya que este enfoque ascendente ha de complementarse con una visión descendente bien estructurada desde una perspectiva europea;

33.

Subraya que el fomento de la construcción de infraestructura de transmisión y distribución para una integración eficiente e inteligente de las energías renovables y los nuevos usos de la electricidad (por ejemplo, vehículos eléctricos o vehículos híbridos que se conectan a la red) es fundamental para lograr con éxito los objetivos generales en materia de energía; acoge con satisfacción la prioridad dada a la futura superred europea y los proyectos pilotos aprobados por el Foro de Florencia; pide a la Comisión que consulte a todas las partes interesadas con el fin de acelerar la identificación de las autopistas eléctricas como una infraestructura integrada de red de centros de intercambio con el fin de optimizar la conectividad, la resistencia del sistema y la flexibilidad operativa y reducir los costes, sin excluir un territorio geográfico europeo más amplio, y pide a la Comisión que presente un esbozo al Parlamento a mediados de 2014, que aborde lo más completamente posible las necesidades específicas derivadas de la transmisión de las energías renovables;

34.

Recuerda que los obstáculos geográficos inherentes a la situación de los territorios insulares y de montaña hacen muy difícil su integración en la red energética de la Unión; pide, por lo tanto, a la Comisión que tenga en cuenta la diversidad de las circunstancias de las regiones y que preste expresamente atención a las regiones con características geográficas y demográficas específicas, como es el caso de las islas, las regiones de montaña y las de baja densidad de población, con vistas a lograr una mayor diversificación de las fuentes energéticas y el fomento de las energías renovables para reducir su dependencia de la energía importada; insta a la Comisión a que incluya entre sus prioridades en materia de infraestructuras energéticas para 2020 la situación especial de los sistemas energéticos en las islas;

35.

Recalca que es necesaria una coherencia transversal entre las políticas en lo que respecta a las infraestructuras energéticas y su relación con el marco de ordenamiento territorial marino y que esto podría ser útil igualmente para integrar amplios proyectos de parques eólicos en una estrategia general;

36.

Recuerda, no obstante, a la Comisión que todos los Estados miembros deben recibir ayuda para producir y consumir energías sostenibles por motivos tanto de seguridad como económicos;

37.

Mantiene que el desarrollo de la generación regional de energía constituye un importante medio para garantizar la autosuficiencia energética en las diversas partes de Europa, en particular en la región báltica, que sigue estando aislada y todavía depende de una única fuente de suministro; señala que las regiones cuentan con una gran variedad de recursos que pueden aprovechar, incluidas las posibilidades que ofrecen los recursos naturales, y que el objetivo futuro debería centrarse en explotarlos al máximo con el fin de diversificar la producción de energía;

38.

Respalda la importancia de las infraestructuras de gas eficientes para mejorar la diversificación y la seguridad del suministro, contribuyendo a un mejor funcionamiento del mercado interior de la energía, reduciendo así la dependencia energética, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de reducir drásticamente las emisiones del sector energético de aquí a 2050; pone de relieve la necesidad de nuevas exigencias de flexibilidad en las infraestructuras gasísticas, y de la correcta aplicación de las mismas, en especial para asegurar el contraflujo y las interconexiones, y subraya que debe desarrollarse la infraestructura gasística, teniendo plenamente en cuenta la contribución de las terminales, buques de transporte y depósitos de almacenamiento de GNL/GNC, así como el desarrollo de la biomasa gasificada y el biogás;

39.

Acoge con satisfacción la declaración de la Comisión según la cual el gas natural asumirá un importante papel como combustible de reserva; subraya, no obstante, que otras fuentes de energía y dispositivos de almacenamiento de electricidad deben asumir este papel a fin de garantizar la seguridad de suministro; hace hincapié en que una combinación de energías más amplia seguirá siendo el fundamento para un suministro de energía seguro y a bajo coste;

40.

Señala que, a diferencia de todas las demás inversiones en infraestructuras que la UE prevé incentivar, las interconexiones y depósitos de gas contemplados en el Reglamento sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas de 2009 son infraestructuras obligatorias; pide a la Comisión que compruebe si se requiere financiación de la UE para la mejora de las infraestructuras previstas en dicho Reglamento;

41.

Insta a la Comisión a evaluar las fuentes de gas no convencionales, teniendo en cuenta los aspectos legales, la evaluación del ciclo de vida, las reservas disponibles, el impacto ambiental y la viabilidad económica; pide a la Comisión que, sobre la base del principio de igualdad de trato de las fuentes de energía primaria, lleve a cabo una evaluación exhaustiva de los posibles beneficios y riesgos del uso de fuentes no convencionales de gas en la UE;

42.

Considera que, aunque la descarbonización de la economía dará lugar a un descenso progresivo del consumo de energías fósiles, el petróleo seguirá siendo una parte importante del abastecimiento energético de la UE durante muchos años y, por consiguiente, habrá que mantener una infraestructura europea competitiva de transporte y refino de petróleo durante la transición a fin de garantizar un suministro seguro de productos asequibles para los consumidores de la UE;

43.

Insiste en la importancia de la planificación de infraestructuras energéticas integradas para las fuentes de energía rurales de tipo agrícola y a pequeña escala, para favorecer la producción descentralizada de energía, la participación en el mercado y el desarrollo rural; hace hincapié en la importancia de un acceso prioritario a la red para las energías renovables, como se indica en la Directiva 2009/28/CE;

44.

Señala la necesidad de preparar y adaptar la red para la producción de formas de energía, como la electricidad y el biogás procedentes de fuentes agrícolas y forestales, como resultado de una PAC reformada;

45.

Estima que debería prestarse atención a las nuevas soluciones tecnológicas para el uso de la energía residual de la industria, es decir, el gas quemado, el calor residual, etc.;

46.

Subraya la importancia de la infraestructura para la distribución así como la función destacada de los productores-consumidores y de los operadores de sistemas de distribución a la hora de incorporar al sistema la producción descentralizada de energía y medidas de eficiencia de la demanda; señala que el conceder mayor prioridad a la gestión y a la generación de energía desde el punto de vista de la demanda reforzaría considerablemente la integración de las fuentes descentralizadas de energía, y permitiría avanzar en la consecución de los objetivos generales de la política energética; considera que esto también se aplica a proyectos de infraestructura nacionales que tienen un impacto positivo más allá de las fronteras nacionales en términos de abastecimiento o interconexión del mercado interno de la energía;

47.

Insta a la Comisión a presentar antes de 2012 iniciativas concretas para promover el desarrollo de capacidades de almacenamiento de energía (incluyendo instalaciones multiuso de gas/hidrógeno, baterías inteligentes con inversión del flujo para vehículos eléctricos, estaciones de almacenamiento con sistema hidroeléctrico de bombeo, almacenamiento descentralizado de biogas, instalaciones solares de alta temperatura, instalaciones de almacenamiento de aire comprimido y otras tecnologías innovadoras); sugiere que la Comisión evalúe nuevas iniciativas para el almacenamiento de energía con el fin de maximizar la integración de las energías renovables;

48.

Considera que la modernización y la mejora de la eficiencia de las redes urbanas de calefacción y de refrigeración debe ser una prioridad para la UE y que debe estar debidamente reflejada y apoyada tanto en la revisión del marco financiero vigente como en la futura perspectiva financiera;

49.

Acoge con satisfacción los proyectos de captura, transporte y almacenamiento de CO2 desarrollados hasta la fecha y pide a la Comisión que, con carácter de urgencia, elabore un informe a medio plazo, también desde un punto de vista que evalúe los resultados de la utilización de tecnologías experimentales de captura y almacenamiento de carbono (CAC) para centrales eléctricas alimentadas por carbón financiadas por la UE;

50.

Insta a la Comisión a que, en cooperación con todas las partes interesadas, incluyendo la red pertinente y los operadores del mercado, evalúe de manera crítica y revise, cuando sea necesario, las cifras correspondientes a las necesidades de inversión que figuran en la comunicación sobre las prioridades de la infraestructura energética, especialmente en relación con la reducción de la demanda mediante medidas de eficiencia energética, y le pide que informe al Consejo y al Parlamento sobre las inversiones que probablemente se necesiten;

51.

Observa que, aparte de los costes de capital y de explotación, la construcción, operación y desmantelamiento de los proyectos de infraestructura energética generan notables costes medioambientales; subraya la importancia de tener en cuenta estos costes medioambientales en los análisis coste-beneficio, utilizando el enfoque de análisis de costes del ciclo de vida;

52.

Considera que los concesionarios de redes de transmisión (CRT) deben poner todas las líneas de transmisión a la plena disposición del mercado, evitando así que se reserven capacidades de transmisión para el equilibrio transfronterizo, etc., y que este requisito debe establecerse en actos legislativos vinculantes basados en las actuales directrices de buenas prácticas del Grupo de organismos reguladores europeos de la electricidad y el gas (ERGEG);

53.

Apoya una mayor cooperación entre los Estados miembros para crear autoridades regionales de regulación para varios Estados miembros; acoge con beneplácito iniciativas similares para la creación de CRT regionales únicos;

54.

Pide a la Comisión y a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACRE) que se dediquen a la tarea de crear un mercado común europeo intradiario de aquí a 2014, ya que este permitiría el libre intercambio de energía en todos los interconectores de transmisión entre países y diferentes zonas de precio;

55.

Considera que las infraestructuras energéticas deben estar más orientadas al usuario final, prestando mayor atención a la interacción entre las capacidades del sistema de distribución y el consumo, y subraya la necesidad de flujos bidireccionales de energía y de información en tiempo real; señala los beneficios de un nuevo sistema de gas y electricidad que incorpore tecnologías equipos y servicios eficientes, como redes inteligentes, contadores inteligentes y servicios interoperables de gestión de la energía operados mediante TIC desde el punto de vista de la carga y de la demanda, incluyendo el desarrollo de fórmulas innovadoras y dinámicas de fijación de precios y sistemas de respuesta a la demanda para beneficio de los consumidores;

56.

Hace hincapié en la necesidad de promover el desarrollo de tecnologías de fácil uso y gestión de la demanda a fin de garantizar el despliegue de tecnologías de redes inteligentes y sistemas de respuesta a la demanda y lograr el máximo beneficio de las redes inteligentes para todas las partes interesadas;

57.

Hace hincapié en que el despliegue de redes inteligentes debe ser una de las prioridades de infraestructura energética con vistas a lograr los objetivos energéticos y climáticos de la UE, ya que ayudará a la integración de los vehículos de generación renovable y eléctricos, a la reducción de la dependencia energética, a la mejora de la eficiencia energética y al desarrollo de la flexibilidad y la capacidad del sistema eléctrico; Considera que las redes inteligentes ofrecen una oportunidad única para aumentar la innovación, la creación de empleo y la competitividad de la industria europea, con particular referencia a las PYME;

58.

Pide a la Comisión que facilite la urgente ejecución de proyectos de demostración de grandes redes inteligentes como mejor medio para medir los costes y beneficios para la sociedad europea; señala que, a fin de repartir los riesgos de las inversiones necesarias para estos proyectos, se necesitarán fondos públicos en un marco de asociación público-privada, ofrecido por la Iniciativa europea sobre la red eléctrica (IERE);

59.

Observa que las redes inteligentes son el resultado de la convergencia entre la electricidad y las tecnologías de información y comunicación, y que, por consiguiente, debe prestarse especial atención a la cooperación entre ambos sectores, por ejemplo en lo que concierne al uso eficiente del espectro radioeléctrico en Europa y a la comprensión de las funciones de la energía inteligente en la planificación de la futura «Internet de los objetos»; pide a la Comisión que establezca un plan de cooperación entre las distintas unidades implicadas (DG Investigación, DG Energía, DG INFSO, etc.) con el fin de asegurar la manera más coherente y eficaz en general de contribuir al despliegue y al funcionamiento de las redes inteligentes, como base fundamental de las actividades de la política energética;

60.

Pide a la Comisión que examine si son necesarias nuevas iniciativas legislativas para la implantación de las redes inteligentes con arreglo a las normas del tercer paquete sobre el mercado interior de la energía; considera que este examen debe tomar en consideración los siguientes objetivos: i) garantizar un acceso abierto adecuado y el intercambio de información operativa entre los actores y sus interfaces físicos; ii) crear un mercado de servicios de energía eficiente, y iii) ofrecer incentivos adecuados a los operadores de redes para que inviertan en tecnologías inteligentes para dichas redes;

61.

Pide que se preste más atención a la interacción entre las capacidades de los sistemas de distribución y el consumo, por medio de una estrategia común europea para las redes inteligentes, y señala que, como se pone de relieve en las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, habría que adoptar normas técnicas para las redes inteligentes a más tardar para finales de 2012;

62.

Insiste en que las redes deberían adaptarse a los nuevos operadores del mercado a fin de facilitar nuevas fuentes de producción a pequeña escala, como los hogares y las PYME;

63.

Considera que en el Séptimo y Octavo Programa marco de I+D es preciso dar prioridad a la tecnología de redes inteligentes en relación con la infraestructura de carga privada para los coches eléctricos, con vistas al rápido desarrollo de una red energética descentralizada de dos vías en este sector;

64.

Observa que es necesario crear un marco normativo estable a fin de promover las ingentes inversiones que requiere Europa para la construcción de redes inteligentes;

65.

Destaca que la normalización y la interoperabilidad de las redes inteligentes deben ser una prioridad; Insta a los Estados miembros a que, en cooperación con la industria y los organismos de normalización europeos, aceleren el trabajo sobre las normas técnicas para los vehículos eléctricos, las infraestructuras de carga y las redes y contadores inteligentes, con vistas a que estén finalizadas a más tardar a finales de 2012; insiste en que las tecnologías deberían basarse en normas internacionales abiertas a fin de garantizar su rentabilidad, lo que aumentará la interoperabilidad de los sistemas y brindará a los consumidores más opciones en materia de soluciones;

66.

Reconoce que el trabajo de normalización de los contadores inteligentes avanza con el mandato de normalización M/441 emitido por la Comisión Europea a las organizaciones europeas de normalización (CEN, CENELEC y ETSI),y subraya que las normas técnicas para los contadores inteligentes deberían tener en cuenta las funciones adicionales mencionadas en el Informe final del Grupo de coordinación sobre contadores inteligentes (SM-CG) del CEN/CENELEC/ETSI, a saber:

67.

Acoge con satisfacción los trabajos realizados por la Iniciativa europea sobre la red eléctrica (EEGI) y el Grupo de trabajo sobre redes inteligentes de la Comisión; pide a la Comisión que tome muy en cuenta sus conclusiones sobre la legislación específica para las redes inteligentes prevista para el primer semestre de 2011;

68.

Subraya que el objetivo de los contadores inteligentes es permitir a los consumidores supervisar y controlar de forma eficaz su consumo de energía;

69.

Señala que los Estados miembros ya están obligados, sujeto a una evaluación positiva, a que al menos el 80 % de los consumidores finales dispongan de contadores inteligentes en 2020, y recuerda el objetivo provisional de se hayan instalado contadores inteligentes en el 50 % de los hogares para 2015, acordado en la nueva Agenda Digital para Europa;

70.

Hace hincapié en que los Estados miembros deben prestar su apoyo a un número suficiente de proyectos piloto para consumidores domésticos con el fin de aumentar la aceptación del público y fomentar el proceso de innovación, como se dispone en el tercer paquete sobre el mercado de la energía; pide a la Comisión que presente, sobre la base de las evaluaciones requeridas en el tercer paquete energético, nuevas medidas para garantizar el despliegue de contadores inteligentes para todos los clientes no residenciales para 2014, excluyendo temporalmente a las microempresas; pide que se establezcan normas claras sobre seguridad, protección de la intimidad y de los datos de conformidad con la legislación vigente de la UE;

71.

Hace hincapié en que el despliegue de dispositivos de gestión de la energía, especialmente al instalar contadores inteligentes para uso de los consumidores nacionales, debe, en primer lugar y por encima de todo, constituir un beneficio claramente tangible para el consumidor final, subraya la necesidad de mantener a los consumidores informados sobre su consumo de energía, con el fin de que participen activamente en el esfuerzo de ahorro energético, y requiere un interés especial en la creación de campañas de sensibilización, la capacitación, la facturación clara, la eficacia del coste y la promoción del desarrollo de tecnologías fáciles de usar;

72.

Subraya a este respecto la importancia primordial del apoyo a la investigación y la innovación, que deben estar respaldados por una política activa de financiación, incluyendo el recurso a instrumentos innovadores aún por desarrollar, como un Fondo europeo para la financiación de la innovación o un Fondo europeo para las patentes;

73.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que seleccionen una banda normalizada del espectro radiofónico bajo licencia para los contadores y redes inteligentes;

74.

Insta a la Comisión a que, en estrecha cooperación con el Supervisor Europeo de Protección de Datos, examine si son necesarias medidas adicionales de protección de datos, los cometidos y las responsabilidades de los distintos actores en lo relativo al acceso, posesión y tratamiento de datos y derechos de lectura y modificación, y, si es necesario, que presente propuestas reglamentarias o directrices adecuadas;

75.

Acoge favorablemente los corredores prioritarios definidos por la Comisión y está de acuerdo en que es necesario optimizar los fondos limitados de que se dispone; reitera que, aunque la responsabilidad de la planificación y desarrollo de proyectos de infraestructura reside principalmente en el mercado, la UE tiene un papel en la promoción de algunos proyectos otorgándoles el estatus de «proyecto de interés europeo» y facilitando financiación pública a algunos de ellos;

76.

Pide una metodología clara y transparente que lleve a la selección de proyectos prioritarios que respondan a necesidades europeas urgentes; insiste en que la selección de proyectos de interés europeo debe realizarse con arreglo a criterios objetivos y transparentes y con la participación de todas las partes interesadas;

77.

Subraya que todos los PEI deben contribuir al logro de los objetivos de política energética de la UE - realizar el mercado interno, promover la eficiencia energética y las energías renovables y mejorar la seguridad del suministro - y deben ser capaces de contribuir sustancialmente a:

78.

Considera que, para justificar que se conceda prioridad a los proyectos, se deben tener en cuenta los criterios siguientes:

79.

Considera que, para poder establecer nuevas prioridades de los proyectos, se deben tener en cuenta los criterios de elegibilidad siguientes:

80.

Hace hincapié en la importancia de la cooperación regional en la planificación, ejecución y supervisión de las prioridades establecidas y en la preparación de planes de inversión y proyectos concretos. Considera que algunas estrategias macro-regionales actuales, como las del Báltico y el Danubio, podrían utilizarse también como ejemplos de plataformas para la cooperación al negociar y ejecutar proyectos en el sector energético;

81.

Indica que es necesario seguir adelante con la integración del mercado interior de la energía promoviendo, en particular, de proyectos encaminados a garantizar que los países vecinos cuenten con una combinación energética nacional equilibrada;

82.

Subraya que deben eliminarse los obstáculos a la competición y el desarrollo impulsado por las fuerzas del mercado de todas las infraestructuras energéticas, incluyendo las redes de calefacción y refrigeración;

83.

Reitera que los obstáculos geográficos inherentes a la situación de los territorios insulares dificultan considerablemente su integración en la red energética de la Unión y que se les deberían dar facilidades especiales para reducir su dependencia energética, bien desarrollando su potencial endógeno en materia de energías renovables, o promoviendo la eficiencia energética y el ahorro de energía;

84.

Destaca que debe aumentarse la transparencia, informando claramente al público sobre los objetivos y los datos de planificación técnica de cada proyecto; pide que el cumplimiento de los criterios se verifique en el contexto de consultas públicas;

85.

Considera que no deberían apoyarse solo los grandes proyectos de infraestructuras sino también proyectos más pequeños que podrían tener un elevado valor añadido y completarse más rápidamente;

86.

Pide a la Comisión que se asegure de que los proyectos considerados de interés europeo siguen cumpliendo los criterios después de su aprobación; opina que si se producen grandes cambios en un proyecto debe revisarse su condición de proyecto de interés europeo;

87.

Está de acuerdo en que es necesario velar por la pronta aplicación de los proyectos de interés europeo y acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de racionalizar los procedimientos de autorización, aumentar la coordinación de estos y mejorarlos, siempre que se respeten el principio de subsidiariedad y las competencias nacionales en relación con la autorización, a fin de garantizar que los plazos existentes en estos ámbitos no frenen la voluntad de innovación de los inversores privados;

88.

Acoge con satisfacción el establecimiento de una autoridad nacional de contacto para cada proyecto de interés europeo (ventanilla única) que sirva de interlocutor administrativo único entre los promotores y las diferentes autoridades que intervienen en el procedimiento de autorización; considera que, en el caso de los proyectos transfronterizos, se debe velar por una mayor coordinación entre las ventanillas únicas nacionales y una mayor participación de la Comisión en esa coordinación; estima que, antes de crear nuevas ventanillas únicas, la Comisión y las autoridades nacionales deben utilizar al máximo las instituciones existentes;

89.

Hace hincapié en que toda autoridad nacional de contacto debe ser independiente y libre de cualquier influencia política o económica; considera que los proyectos de interés europeo deben tratarse en orden de llegada y dentro de los límites temporales que se definirán en la futura propuesta de la Comisión;

90.

Destaca la importancia de la finalización oportuna de los proyectos y el diálogo de alta calidad entre las partes interesadas; anima a la Comisión a establecer un sistema de advertencias, de leves a severas, en el caso de que un Estado miembro no procese una solicitud de permiso en un plazo razonable de tiempo, y a controlar atentamente si los procedimientos administrativos nacionales garantizan la aplicación correcta y rápida de los PEI; se muestra favorable, si se presentan dificultades, al establecimiento de plazos indicativos dentro de los cuales las autoridades ejecutivas deben adoptar una decisión definitiva; insta a la Comisión a que, a falta de dicha decisión, investigue si tal retraso puede entenderse como un impedimento por parte de un Estado miembro que impide la correcta y rápida puesta en marcha del mercado interior de la energía de la UE;

91.

Pide a la Comisión que determine, teniendo en cuenta la diversidad de las especificidades del proyecto y las características territoriales de los proyectos, si se podrían establecer procedimientos conjuntos o coordinados que establezcan medidas esenciales concretas ad hoc y mejores prácticas (intercambio regular de información, comunicación oportuna de decisiones, mecanismos de solución conjunta de problemas, etc.), y que evalúe la conveniencia de utilizar procedimientos de arbitraje como instrumento final para la toma de decisiones;

92.

Hace hincapié en la necesidad de un enfoque más participativo y reconoce que lograr una mayor aceptación de los proyectos de infraestructura energética por la población local depende de que se le facilite información adecuada sobre el objetivo de los proyectos y de su participación en el desarrollo de los mismos en la fase más temprana posible; pide que la sociedad civil, en todos sus niveles (ONG, industria, interlocutores sociales y organizaciones de consumidores), participe en los procesos de consultas relativos a proyectos de interés europeo; pide a la Comisión que establezca un sistema de consultas y evaluación a fin de identificar y divulgar las mejores prácticas y el conocimiento en relación con la aceptación pública de la infraestructura;

93.

Subraya la necesidad, dada la importancia de las estrategias energéticas sostenibles de las regiones para su desarrollo potencial, de crear una plataforma para el intercambio de mejores prácticas adquiridas en las regiones, teniendo en cuenta los ejemplos positivos de los municipios y regiones que se han especializado en energías renovables, ahorro de energía y eficiencia energética; pide, a este respecto, un sistema de consultas y evaluación a fin de, cuando sea posible, identificar, compartir y copiar las mejores prácticas y conocer la aceptación pública de las infraestructuras;

94.

Hace hincapié en que el mayor desafío radica en garantizar la aceptación pública local de los proyectos de infraestructuras energéticas; está convencido de que solo puede ganarse la aceptación y la confianza de la población y de los responsables de la toma de decisiones mediante la organización de debates abiertos y transparentes durante el periodo previo a la adopción de decisiones sobre los proyectos de infraestructuras energéticas;

95.

Pide a la Comisión que evalúe si la modernización y la mejora de los corredores energéticos existentes es preferible a la creación de nuevos corredores desde el punto de vista de la rentabilidad y de la aceptación pública;

96.

Aboga por una mayor información sobre la importancia de las redes de energía en la Unión Europea; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de realizar una campaña europea de información sobre las redes de energía hecha a medida para las audiencias nacionales y locales;

97.

Observa que las inversiones en las redes son cíclicas y deben contemplarse con una perspectiva histórica; señala que gran parte de la infraestructura construida en las últimas décadas para interconectar plantas centralizadas de energía está envejeciendo; señala que la sociedad espera que el coste de mantener operativa la infraestructura existente y de desplegar nuevas infraestructuras se optimice mediante asociaciones entre el sector público y el privado y el desarrollo de instrumentos innovadores de financiación; subraya la necesidad de averiguar con precisión los requisitos de infraestructura y evitar la dependencia del exceso de capacidad teniendo plenamente en cuenta el potencial de eficiencia energética rentable;

98.

Subraya que el funcionamiento efectivo del mercado debe proporcionar una gran parte del coste de la inversión en infraestructura necesaria, sobre la base de los principios de una adecuada asignación de costes, transparencia, no discriminación y rentabilidad y en línea con el principio de «quien utiliza paga»; pide a la Comisión que evalúe si los incentivos reglamentarios existentes son suficientes para enviar las señales necesarias al mercado, y qué medidas complementarias se necesitan, incluidas las que mejoran las reglas de asignación de costes;

99.

Considera que, cuando no hay otra alternativa de regulación y el mercado por sí solo no puede cubrir las inversiones necesarias, puede ser necesario recurrir a la financiación de la UE para financiar algunos PEI, cuyas características específicas los hacen comercialmente inviables, pero cuyo desarrollo es necesario para lograr los objetivos de política energética de la UE; considera que la financiación pública se puede utilizar para impulsar la inversión privada mediante la creación de una innovadora mezcla de instrumentos financieros, siempre que no distorsione la competencia;

100.

Observa que el FEDER realiza una contribución masiva a la financiación de proyectos de infraestructuras energéticas y de otra clase y señala la importante función que desempeña la política de cohesión a nivel local y regional para mejorar la eficiencia energética y alcanzar los objetivos de la Unión en materia de energías renovables;

101.

Subraya que los Fondos de cohesión y estructurales deben seguir siendo esenciales para nuestros proyectos de infraestructuras; considera equivocado cualquier intento de crear nuevos fondos sectoriales a partir de los fondos de la política de cohesión;

102.

Pide a la Comisión que se asegure de que la financiación de la inversión en infraestructuras se basa en el mercado, con el fin de prevenir distorsiones de la competencia y la creación de falsos incentivos para la inversión, y de evitar fluctuaciones injustificadas entre los Estados miembros siempre que, no obstante, se proteja también el interés público (en especial a escala local y regional y en territorios con características geográficas especiales, como las islas, las regiones montañosas y las regiones con una densidad de población muy baja), mediante una cantidad limitada de financiación pública, que debe dar lugar a una combinación innovadora de instrumentos financieros que impulse las inversiones privadas;

103.

Considera que la Unión Europea debe financiar proyectos sin atractivo comercial, que no consiguen atraer a los inversores privados, pero que son esenciales para interconectar las regiones aisladas de la UE a las redes europeas de electricidad y gas, como parte integrante de la creación de un mercado unificado de la energía en la Unión Europea;

104.

Pide a la Comisión que solo permita la financiación pública a aquellos Estados miembros que hayan aplicado plena y correctamente la legislación de la UE en vigor, incluidas las disposiciones reguladoras establecidas en el tercer paquete sobre mercado interior;

105.

Pide a la Comisión que revise las normas sobre ayudas estatales en lo relativo a las infraestructuras energéticas y, si es necesario, que presente propuestas para modificar dichas normas para permitir a los Estados fomentar la modernización de las infraestructuras; pide a la Comisión, al mismo tiempo, que presente un nuevo documento de directrices sobre la financiación pública de proyectos y sobre la legislación actual en materia de ayudas estatales, que establezca criterios claros en cuanto a la financiación pública de la infraestructura energética; hace hincapié en que tal documento deben desarrollarlo conjuntamente la DG Energía, la DG Competencia y la DG Desarrollo Regional con objeto de evitar cualquier incoherencia en las normas de la Comisión;

106.

Pide, basándose en los objetivos estratégicos, que se tenga en cuenta el principio geográfico en relación con futuras subvenciones a la energía en los ámbitos de la infraestructura y la I+D; insiste asimismo en que las regiones desarrolladas solo deben recibir más subvenciones para I+D si la actividad subvencionada se lleva a cabo en conjunción con regiones menos desarrolladas;

107.

Hace hincapié en que un marco normativo estable, predecible y adecuado, que incluya una tasa de rendimiento adecuada e incentivos para los proyectos, es crucial para promover la inversión en transmisión y distribución; subraya que los reguladores deben fomentar la aplicación de las nuevas tecnologías a través de incentivos de mercado y proyectos piloto;

108.

Considera que la financiación privada puede facilitar la construcción en el momento oportuno de las infraestructuras energéticas necesarias, ya que la magnitud del desafío que suponen las infraestructuras es tan grande que es necesario desbloquear correctamente los medios privados; opina que, a medida que los inversores privados asuman el reto de las infraestructuras, la Comisión debería establecer orientaciones claras para la participación de los actores del mercado y de los inversores privados en las denominadas «líneas de comercio»; considera que es posible superar las preocupaciones acerca de los posibles efectos sobre el funcionamiento del mercado si se obliga a las líneas comerciales a entregar toda su capacidad al mercado;

109.

Subraya que se debe hacer el mayor uso posible de las herramientas de mercado, incluyendo las mejoras a las normas sobre asignación de costes, los bonos del proyecto, los fondos rotatorios, los fondos de capital riesgo de la energía renovable, las garantías de préstamos, los mecanismos no comerciales de riesgo compartido, los incentivos para financiar asociaciones público-privadas, las asociaciones con el BEI - mediante la mejora de su capacidad de intervención y los recursos disponibles - y la utilización de los ingresos de la subasta de ETS para proyectos relacionados con las fuentes de energía renovables y la eficiencia energética, así como, cuando proceda, otros instrumentos de financiación innovadores; pide a la Comisión que tenga en cuenta la capacidad financiera y las condiciones del mercado de los Estados miembros menos desarrollados;

110.

Subraya la importancia de una colaboración más estrecha y efectiva con el sector privado y las instituciones financieras, en especial el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, para fomentar la financiación necesaria, en particular de proyectos transfronterizos prioritarios; pide a la Comisión que analice otros instrumentos financieros innovadores y que ayude a promover la creación de asociaciones público-privadas, a las que las autoridades locales, regionales y nacionales proporcionen incentivos y el apoyo político y el marco legislativo necesarios; destaca en este contexto la necesidad de desarrollar la asistencia técnica y la ingeniería financiera a nivel de autoridades locales y regionales, con el fin de ayudar a los actores locales en la creación de proyectos de eficiencia energética, por ejemplo aprovechando el mecanismo de asistencia técnica ELENA del BEI y la experiencia de las empresas de servicios energéticos en lo que se refiere a las infraestructuras de eficiencia energética;

111.

Apoya la idea de emitir bonos de proyecto europeos comunes para financiar las importantes necesidades de infraestructuras y proyectos estructurales europeos en el marco de la Estrategia Europa 2020, incluida la nueva estrategia de desarrollo de la infraestructura energética; considera que los bonos de proyecto europeos garantizarían las inversiones necesarias y generarían la confianza suficiente para que los grandes proyectos de inversión atrajeran el apoyo necesario, convirtiéndose así en un mecanismo importante para el máximo impulso de las ayudas públicas; señala que, con el fin de situar a Europa sobre una base sostenible, estos proyectos también deben contribuir a la transformación ecológica de nuestras economías;

112.

Considera, en particular, que los bonos de proyecto de la UE pueden convertirse en un instrumento financiero clave para las necesarias inversiones en infraestructura energética en Europa, ayudando a las empresas de proyectos privadas a atraer financiación de los mercados de capital de los inversores; pide a la Comisión que presente rápidamente una propuesta legislativa sobre los bonos de proyecto de la UE;

113.

Subraya la importancia de que los reguladores desarrollen una metodología común para la asignación de costes en proyectos transfronterizos de infraestructuras, ya que tales incentivos de infraestructuras de red se caracterizan por múltiples fallos del mercado, debidos principalmente al monopolio natural y a la falta de competencia;

114.

Pone de relieve a importancia de que las tarifas sean transparentes, proporcionadas, equitativas y no discriminatorias, con vistas a garantizar la correcta asignación de los costes de la inversión en infraestructuras de transmisión transfronterizas e internas que contribuyan significativamente a conseguir los objetivos políticos de la UE, precios justos para los consumidores y una mayor competitividad; insta a los Estado miembros a abstenerse de aplicar tarifas reguladas excesivamente bajas; acoge favorablemente la propuesta REMIT de la Comisión;

115.

Recuerda que el tercer paquete establece la obligación para los reguladores, al fijar las tarifas, de evaluar las inversiones no solo sobre la base de las ventajas para el Estado miembro interesado, sino también de las ventajas a escala de la UE; insta a la ACER a que se asegure de que sus miembros cumplen esta obligación; pide a la Comisión que evalúe más a fondo, cuando los costes y beneficios no puedan ser asignados equitativamente a través de la fijación de tarifas, si los mecanismos de compensación basados en la transparencia estricta podría resultar útiles en relación a la aprobación de los proyectos transfronterizos o de los pertinentes proyectos internos necesarios para el logro de los objetivos energéticos de la UE;

116.

Señala la importancia de aumentar la capacidad de interconexión de las redes de energía a nivel transfronterizo y de proporcionar la financiación requerida para cumplir los objetivos establecidos, incluida la cohesión territorial;

117.

Pide la creación de instrumentos financieros de la UE mejorados para apoyar los esfuerzos de las entidades territoriales en materia de inversión en la producción sostenible de energía;

118.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de presentar en 2011 una propuesta para abordar la imputación de los costes de proyectos transfronterizos tecnológicamente complejos, que se considera una de las principales barreras para el desarrollo de una infraestructura transfronteriza, y un nuevo instrumento financiero para apoyar proyectos prioritarios en el periodo 2014-2020;

119.

Considera importante que, en el futuro, la negociación de las garantías financieras para las inversiones sea objeto de mayor atención y que el marco financiero previsto se establezca en conjunción con la planificación del periodo presupuestario 2014-2020;

120.

Considera que todos los conductos externos y otras redes de energía que entran en el territorio de la Unión Europea deben regirse por acuerdos intergubernamentales transparentes y estar sujetos a las normas del mercado interior, incluidas normas sobre el acceso de terceros, las cláusulas de destino, la supervisión de la asignación y la gestión de las congestiones, la duración de los contratos y las cláusulas de compra garantizada; pide a la Comisión que se asegure de que los conductos y acuerdos comerciales actuales y futuros respeten el acervo energético europeo y que tome medidas en caso necesario;

121.

Pide a la Comisión que limite aún más la concesión de exenciones de acceso de terceros a la infraestructura energética y, para las ya concedidas, que las revise para comprobar si siguen siendo necesarias; observa que el aporte de financiación o apoyo público para proyectos a través de instrumentos como los bonos de proyecto con respaldo del BEI, etc. debería reducir o eliminar la necesidad de exenciones de acceso de terceros;

122.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.