10.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 6/1

1.

La Empresa Común Artemis, con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 (1) por un período de diez años.

2.

La misión de la Empresa Común es definir y ejecutar un «programa de investigación» para el desarrollo de tecnologías clave destinadas a sistemas de computación empotrados en diferentes ámbitos de aplicación, con el fin de reforzar la competitividad y la sostenibilidad europeas y propiciar la aparición de nuevos mercados y aplicaciones sociales (2).

3.

Los miembros fundadores de la Empresa Común son la Unión Europea, representada por la Comisión, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovenia, España, Suecia, el Reino Unido, y Artemisia, una asociación que representa empresas u otras organizaciones de investigación activas en el ámbito de los sistemas de computación empotrados en Europa. En 2009, Chipre, la República Checa, Letonia y Noruega se convirtieron también en miembros de la Empresa Común.

4.

La contribución máxima de la UE a la Empresa Común para cubrir los costes de funcionamiento y las actividades de investigación asciende a 420 millones de euros financiados con cargo al presupuesto del Séptimo Programa Marco de Investigación (3). La asociación Artemisia contribuye a sufragar estos costes con un máximo de 30 millones de euros. Los Estados miembros lo hacen en especie (facilitando la ejecución de los proyectos), además de aportar, como mínimo, el equivalente a 1,8 veces la contribución de la UE. Las organizaciones de investigación que participan en los proyectos también tienen que contribuir en especie.

5.

La Empresa Común obtuvo su autonomía financiera el 26 de octubre de 2009.

6.

El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones de la Empresa Común y una evaluación de los controles clave de los sistemas de control y supervisión, complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un análisis de las manifestaciones de la dirección.

7.

De conformidad con las disposiciones del artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (4) de la Empresa Común Artemis que comprenden los «estados financieros» (5) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (6) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

8.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (7).

9.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto, ateniéndose a la normativa financiera de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (8), y es responsable asimismo de la implantación (9) de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (10) estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

10.

El Tribunal presentará, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

11.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (11). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y profesionales y que planifique y ejecute la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

12.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno que incide en la preparación y presentación de las cuentas por la entidad con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

13.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para que sirvan de base a las opiniones que se exponen a continuación.

14.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2011 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado en dicha fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero.

15.

La estrategia de auditoría ex post  (12) de la Empresa Común fue aprobada mediante decisión del Consejo de Administración de 25 de noviembre de 2010 y constituye un control clave (13) para valorar la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Los pagos efectuados en 2011 en relación con los certificados de aceptación de costes emitidos por las autoridades financieras nacionales de los Estados miembros ascendieron a 4,8 millones de euros, lo que representa el 32 % del total de pagos por operaciones. La ejecución de la estrategia de auditoría ex post comenzó en 2011.

16.

La auditoría de las declaraciones de gastos de los proyectos ha sido delegada a las autoridades financieras nacionales de los Estados miembros. Los acuerdos administrativos firmados con dichas autoridades no prevén medidas concretas para las auditorías ex post. Al término de la fiscalización (septiembre de 2012), la Empresa Común no había recibido suficiente información sobre las estrategias de auditoría de ocho autoridades nacionales (14) y no estaba en situación de determinar si la estrategia de auditoría ex post proporciona garantías suficientes de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes (15).

17.

La información disponible sobre la ejecución de la estrategia de auditoría ex post de la Empresa Común no es suficiente para concluir si este contol clave funciona eficazmente.

18.

En opinión del Tribunal, salvo los posibles efectos de la cuestión descrita en la base para una opinión con reservas de los apartados 15 a 17, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

19.

Los comentarios que se exponen en los apartados 20 a 35 no cuestionan las opiniones emitidas por el Tribunal.

20.

Contrariamente a lo dispuesto en el reglamento financiero de Artemis (16), el presupuesto de 2011 de la Empresa Común no refleja los créditos de pago disociados para los gastos operativos.

21.

El presupuesto de 2011 fue aprobado el 25 de noviembre de 2010 e incluía créditos operativos por un importe de 46,6 millones de euros. El 17 de diciembre de 2011 se aprobó un presupuesto rectificativo que reducía estos créditos a 18,6 millones de euros. Aunque el porcentaje de ejecución de los créditos de compromiso operativos fue del 100 % (como consecuencia de la reducción de los créditos operativos a 18,6 millones de euros), el correspondiente a los créditos de pago representó tan solo el 51 %.

22.

Según el jefe del programa, las estimaciones de ejecución presupuestaria para las convocatorias de propuestas de 2008, 2009 y 2010 se cifraban a final de año en el 86 %, el 53 % y el 18 %, respectivamente. Sin embargo, los pagos efectivos de la convocatoria de 2008 representaron tan solo el 50 % y los de la convocatoria de 2009, el 31 %. No se han efectuado pagos en relación con la convocatoria de 2010. La Empresa Común considera que el porcentaje de ejecución relativamente reducido de de los créditos de pago operativos se debe a los retrasos de los Estados miembros en la firma de los acuerdos de subvención nacionales.

23.

Contrariamente a lo dispuesto en los Estatutos de la Empresa Común (17), Grecia está utilizando fondos estructurales europeos para sufragar su contribución nacional a los beneficiarios griegos de los proyectos Artemis (18) en lugar de aportar financiación nacional. La Empresa Común aceptó que continuara la participación de Grecia en proyectos de Artemis pero no facilitó financiación a los beneficiarios de ese país al no estar autorizada la cofinanciación a partir de otra fuente de financiación de la UE (19).

24.

La Empresa Común está recurriendo a prórrogas no automáticas de créditos de pago para el ejercicio siguiente, pero sin que medie una decisión del Consejo de Administración como se establece en el artículo 10, apartado 1, de su reglamento financiero (20). No se distingue además entre los créditos de pago del ejercicio actual y los créditos de pago que han sido prorrogados de otros ejercicios.

25.

El Reglamento del Consejo por el que se crea la Empresa Común preveía un presupuesto máximo de 420 millones de euros para cubrir los gastos operativos. El importe real de ejecución y el valor previsto de las convocatorias de propuestas representan 244 millones de euros, o sea el 58 % del presupuesto total.

26.

En 2011 la Empresa Común intensificó sus esfuerzos para implantar procedimientos eficaces tanto financieros y contables como de gestión. No obstante, hay que seguir trabajando particularmente en el terreno de las normas de control interno (21) y de la verificación financiera de las declaraciones de gastos (22).

27.

El contable validó los sistemas financieros y contables utilizados, pero sigue sin validar los procesos operativos subyacentes que proporcionan información financiera, en particular el que proporciona este tipo de información acerca de la validación y el pago de las declaraciones de gastos transmitidas por las autoridades nacionales.

28.

El artículo 6, apartado 2, del Reglamento por el que se crea la Empresa Común establece la implantación dentro de ella de una función de auditoría interna. Sin embargo al final de 2011, todavía no se había implantado este importante elemento del sistema de control interno.

29.

En 2011, el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión llevó a cabo una evaluación de riesgos y el 25 de enero de 2012 fue presentado al Consejo de Administración, para su adopción, el plan estratégico de auditoría del período 2012-2014.

30.

La carta de competencias del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión fue aprobada por el Consejo de Administración el 25 de noviembre de 2010, pero el reglamento financiero de la Empresa Común todavía no ha sido modificado para incorporar la disposición del Reglamento marco (23) relativa a las atribuciones del auditor interno de la Comisión.

31.

Conforme al artículo 19, apartado 4, de los Estatutos de la Empresa Común y al artículo 40 de su reglamento financiero, el director debe elaborar un informe anual de actividad, en el que expondrá los resultados de las operaciones en relación con los objetivos fijados, los riesgos asociados a tales operaciones y el uso dado a los recursos recibidos, así como la eficiencia y eficacia del sistema de control interno, y confirmará además que los datos del informe son veraces y fidedignos, salvo indicación en contrario de las posibles reservas sobre ámbitos concretos de ingresos y gastos.

32.

El informe anual de actividad expone los resultados de las operaciones de la Empresa Común, pero no contiene una valoración de la eficiencia y eficacia del sistema de control interno y presenta las insuficiencias siguientes:

33.

En 2011 la Empresa Común estableció un plan de continuidad de las operaciones y avanzó en la formalización de las políticas de seguridad informática. Es preciso seguir trabajando para finalizar el plan de recuperación en caso de siniestro.

34.

Contrariamente a lo dispuesto en el reglamento financiero de la Empresa Común (24), las autoridades financieras nacionales aún no han declarado los intereses bancarios devengados por las prefinanciaciones.

35.

El acuerdo de sede (25) sobre oficinas, privilegios, inmunidades y otras formas de apoyo fue firmado por la Empresa Común y las autoridades belgas el 2 de febrero de 2012.

10.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 6/9

1.

La Empresa Común Clean Sky, con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 (1) por un período de diez años.

2.

La misión de la Empresa Común es acelerar el desarrollo, la validación y la demostración de las tecnologías limpias de transporte aéreo en la UE para llevarlas a la práctica lo antes posible (2). Las actividades de investigación coordinadas por la Empresa Común se dividen en seis ámbitos tecnológicos o «demostradores tecnológicos integrados» (DTI).

3.

Los miembros fundadores de la Empresa Común son la Unión Europea, representada por la Comisión, y socios industriales, como los responsables de los DTI, junto con sus miembros asociados.

4.

La contribución máxima de la UE a la Empresa Común para cubrir los costes de funcionamiento y las actividades de investigación asciende a 800 millones de euros financiados con cargo al presupuesto del Séptimo Programa Marco (3). Los demás miembros de la Empresa Común han de aportar unos recursos equivalentes como mínimo a la contribución de la UE, incluidas las contribuciones en especie.

5.

La Empresa Común comenzó a funcionar de manera autónoma el 16 de noviembre de 2009.

6.

El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de auditoría analíticos, verificaciones de las operaciones de la Empresa Común y una evaluación de los controles clave de los sistemas de control y supervisión, complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un análisis de las manifestaciones de la dirección.

7.

De conformidad con las disposiciones del artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (4) de la Empresa Común Clean Sky, que comprenden los «estados financieros» (5) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (6) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

8.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (7).

9.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto, ateniéndose a la normativa financiera de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (8), y es responsable asimismo de la implantación (9) de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (10) estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

10.

El Tribunal presentará, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

11.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos de ética de la IFAC y las ISSAI (11). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias éticas y profesionales y que planifique y ejecute la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

12.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tienen en cuenta los controles internos que inciden en la preparación y presentación de las cuentas por la entidad con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

13.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para que sirvan de base a las opiniones que se exponen a continuación.

14.

A juicio del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común presentan fielmente, en todos sus aspectos materiales, su situación financiera a 31 de diciembre de 2011 y los resultados de sus operaciones y los flujos de tesorería del ejercicio finalizado en dicha fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero.

15.

La estrategia de auditoría ex post de la Empresa Común fue aprobada mediante decisión del Consejo de Administración el 17 de diciembre de 2010, constituyendo un control clave para valorar la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes (12). Las auditorías ex post realizadas a septiembre de 2012 abarcaban 44, 3 millones de euros (el 18,8 % de todas las declaraciones de gastos recibidas por la Empresa Común en 2008, 2009 y 2010 (13)). El porcentaje de error derivado de estas auditorías se eleva al 6,16 % (14).

16.

En opinión del Tribunal, salvo los efectos de las cuestiones descritas en el apartado 15, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

17.

Los comentarios que se exponen en los apartados 18 a 32 no cuestionan las opiniones emitidas por el Tribunal.

18.

El presupuesto rectificativo definitivo de 2011 (15) incluía créditos de compromiso y de pago por un total de 175 millones de euros y 159,8 millones de euros respectivamente. El porcentaje de ejecución de los créditos de compromiso fue del 94 %, mientras que el correspondiente a los créditos de pago alcanzó un 64 %. Este último porcentaje refleja retrasos en la ejecución de las actividades de la Empresa Común. Se produjeron demoras significativas entre la publicación de las convocatorias de propuestas y la firma de los acuerdos de subvención (16). El bajo nivel de ejecución presupuestaria también se refleja en los saldos de tesorería, que ascendían a 51 millones de euros al final del ejercicio (un 32 % de los créditos de pago disponibles en 2011) (17).

19.

La Empresa Común, contrariamente a lo dispuesto en su reglamento financiero, prorrogó 68 millones de euros de créditos de pago a 2012, sin una decisión del Consejo de Administración al respecto (18).

20.

La Empresa Común recibió con un retraso significativo las declaraciones de gastos de 2011 derivadas de los acuerdos de subvención con los miembros. Debido a esta demora, no fue posible finalizar para las cuentas definitivas de 2011 la validación de gran número de declaraciones. Las contribuciones en especie correspondientes (52 millones de euros) no fueron aprobadas por el Consejo de Administración dentro de plazo por lo que no pudieron registrarse en los activos netos sino incluirse en el pasivo como «contribuciones pendientes de validación». A raíz de ello, la Empresa Común comunicó un activo neto negativo de 18,5 millones de euros. Las cuentas definitivas reflejan adecuadamente esta situación transitoria que no constituye un riesgo para la solvencia de la Empresa Común.

21.

Pese a los avances efectuados en 2011, la Empresa Común todavía no ha implantado plenamente sistemas de control interno y de información financiera fiables. En particular, es necesario seguir trabajando en los procedimientos de control ex ante aplicados en la validación de las declaraciones de gastos.

22.

En 2011 la Empresa Común todavía no había implantado el nuevo instrumento (19) de gestión de datos relativos a las declaraciones de gastos presentadas por los miembros y beneficiarios.

23.

El Tribunal examinó los procedimientos de control ex ante aplicados a las declaraciones de gastos presentadas con arreglo a los tres acuerdos de subvención con miembros de Clean Sky (20), observándose las insuficiencias siguientes:

24.

El contable finalizó en marzo de 2012 la validación de los procesos operativos subyacentes como prevén las normas financieras de la Empresa Común (23). En el informe de validación del contable se formularon varias recomendaciones, en particular las de mejorar el sistema de validación de las declaraciones de gastos y de aplicar un instrumento que permita comunicar adecuadamente a la dirección cuestiones presupuestarias y contables.

25.

Durante 2011, dadas las limitaciones de recursos de la organización, el auditor interno tuvo que examinar los principales procesos de la Empresa Común, incluida la elaboración de las cuentas de 2010 y 2011 y la validación de las declaraciones de gastos transmitidas por sus miembros.

26.

En 2011, el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión llevó a cabo una evaluación de riesgos. Sobre la base de sus resultados, el 14 de diciembre de 2011 se presentó al Consejo de Administración para su adopción el plan estratégico de auditoría del período 2012-2014.

27.

La carta de competencias del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión fue aprobada por el Consejo de Administración el 31 de marzo de 2011, pero el reglamento financiero de la Empresa Común todavía no ha sido modificado para incorporar la disposición del Reglamento marco (24) relativa a las atribuciones del auditor interno de la Comisión.

28.

El procedimiento de emisión de las órdenes de ingreso vinculadas a los costes de explotación de la Empresa Común no se aplicó correctamente. La solicitud de pago de sus contribuciones de 2011 dirigida a los miembros no estaba acompañada de la previsión de tesorería contemplada en el convenio de financiación.

29.

Al final de 2011, la Empresa Común todavía no había completado los procedimientos internos de supervisión de la aplicación de las disposiciones sobre la protección, uso y difusión de los resultados de la investigación (25).

30.

El Tribunal, en su dictamen de 2011 sobre el reglamento financiero de la Empresa Común, puso de manifiesto varias cuestiones que debían ser objeto de modificación (26). No se ha procedido a una revisión del reglamento financiero a fin de reflejar las cuestiones planteadas en el dictamen del Tribunal.

31.

Durante 2011 la Empresa Común desarrolló un plan de continuidad de las actividades y avanzó en la formalización de las políticas de seguridad informática. Durante 2011 se definieron los elementos esenciales (27) de un plan de recuperación en caso de siniestro, pero es preciso seguir trabajando para finalizarlo y aprobarlo.

32.

El acuerdo de sede (28) sobre oficinas, privilegios, inmunidades y otras formas de apoyo fue firmado por la Empresa Común y las autoridades belgas el 2 de febrero de 2012.

—

el agente encargado de la verificación operativa debe comprobar que los aspectos operativos (técnicos y financieros) del expediente son conformes al marco fijado;

—

el agente encargado de la verificación (jefe de administración) debe comprobar el cumplimiento de los aspectos operativos respecto de las normas vigentes y la regularidad global de la operación;

—

el director ejecutivo debe llevar a cabo el control financiero y operativo global del expediente completo.

10.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 6/18

1.

La Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre nanoelectrónica (Empresa Común ENIAC), con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 (1) por un período de diez años.

2.

La misión de la Empresa Común es definir y ejecutar un «programa de investigación» para el desarrollo de competencias clave para la nanoelectrónica en distintos ámbitos de aplicación, con el fin de reforzar la competitividad europea y propiciar la aparición de nuevos mercados y aplicaciones sociales (2).

3.

Los miembros fundadores de la Empresa Común son la Unión Europea -representada por la Comisión-, los Estados miembros Bélgica, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Reino Unido, y AENEAS (Asociación de Actividades Europeas de Nanoelectrónica). Podrán ser miembros de la Empresa Común otros Estados miembros y países asociados, así como cualquier otro país o entidad jurídica capaz de aportar una contribución financiera sustancial a la consecución de los objetivos de la Empresa Común.

4.

La contribución máxima de la UE a la Empresa Común para cubrir los costes de funcionamiento y las actividades de investigación asciende a 450 millones de euros, financiados con cargo al presupuesto del Séptimo Programa Marco de Investigación (3). AENEAS contribuirá a sufragar los gastos de explotación de la Empresa Común con un máximo de 30 millones de euros. y los Estados miembros de ENIAC contribuirán en especie (facilitando la ejecución de los proyectos), además de aportar, como mínimo, el equivalente a 1,8 veces la contribución de la UE. Las organizaciones de investigación que participan en los proyectos también tienen que contribuir en especie. Las organizaciones que participen en proyectos de investigación realizarán contribuciones en especie al menos equivalentes a la contribución de la Comisión y de los Estados miembros.

5.

La Empresa Común obtuvo su autonomía financiera el 26 de julio de 2010.

6.

El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones de la Empresa Común y una evaluación de los controles clave de los sistemas de control y supervisión, complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un análisis de las manifestaciones de la dirección.

7.

De conformidad con el artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (4) de la Empresa Común ENIAC, que comprenden los «estados financieros» (5) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (6) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

8.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (7).

9.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto ateniéndose a la normativa financiera de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (8), y es responsable asimismo de la implantación (9) de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (10) estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

10.

El Tribunal presentará, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

11.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (11). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y profesionales y que planifique y lleve a cabo la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

12.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno que incide en la preparación y presentación de las cuentas por la entidad con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

13.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para emitir las opiniones que se exponen a continuación.

14.

A juicio del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2011 y los resultados de las operaciones y de los flujos de tesorería del ejercicio finalizado en dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero.

15.

La estrategia de auditoría ex post  (12) de la Empresa Común fue adoptada por decisión del Consejo de Administración de 18 de noviembre de 2010 y constituye un control clave (13) para valorar la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Los pagos efectuados en 2011 en relación con los certificados de aceptación de los costes emitidos por las autoridades financieras nacionales de los Estados miembros ascendieron a 6,8 millones de euros, lo que representa el 45 % del total de pagos por operaciones. La ejecución de la estrategia de auditoría ex post comenzó en 2011.

16.

La auditoría de las declaraciones de gastos de los proyectos se delegó en las autoridades financieras nacionales de los Estados miembros. Los acuerdos administrativos firmados con dichas autoridades no prevén medidas concretas para las auditorías ex post. Al final de la fiscalización (septiembre de 2012), la Empresa Común no había recibido suficiente información acerca de las estrategias de auditoría de las autoridades financieras nacionales (14) y no podía valorar si la estrategia de auditoría ex post proporcionaba garantías suficientes sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes (15). Además, las autoridades financieras nacionales tampoco habían realizado auditorías ex post de las subvenciones pagadas hasta el final de 2011.

17.

La información disponible sobre la ejecución de la estrategia de auditoría ex post de la Empresa Común no es suficiente para concluir que este control clave funciona eficazmente.

18.

En opinión del Tribunal, salvo los posibles efectos de la cuestión descrita en la base para una opinión con reservas de los apartados 15 a 17, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

19.

Los comentarios que se exponen en los apartados 20 a 33 no cuestionan las opiniones emitidas por el Tribunal.

20.

El presupuesto definitivo de 2011 incluía créditos de compromiso y de pago por un total de 66 millones de euros y de 35 millones de euros respectivamente. Los porcentajes de ejecución para cada tipo de crédito se situaron en el 97 % y en el 48 % (16) respectivamente. De los 63,6 millones de euros en créditos de compromiso disponibles para actividades operativas, se ejecutaron como compromiso global 20,1 millones de euros para la primera convocatoria de propuestas de 2011 y 42,2 millones de euros para la segunda.

21.

En la liberación de los créditos no utilizados se detectó una ausencia de procedimientos adecuados e insuficiencias en el control. En enero de 2012 se liberaron algunos créditos que deberían haber sido ejecutados al final de 2010 y otros que deberían haberlo sido al final de 2011, pero no se liberó el compromiso global no utilizado de 2,8 millones de euros de la línea presupuestaria de actividades operativas de 2010 con fecha final de ejecución a 31 de diciembre de 2011.

22.

Las convocatorias de propuestas organizadas en 2008, 2009 y 2010 se tradujeron en acuerdos de subvención por un importe total de 107,9 millones de euros, lo cual representa el 25 % de la contribución máxima de la UE a la Empresa Común a actividades de investigación (17). En 2012 se organizaron dos convocatorias de propuestas por valor de 62,3 millones de euros, pero la conclusión de los acuerdos de subvención estaba en curso. En 2012 se organizaron otras dos convocatorias de propuestas por un importe de 84,5 millones de euros. Durante 2013, deberían organizarse convocatorias de propuestas con un presupuesto de 185,3 millones de euros (42 %) para utilizar plenamente la contribución disponible de la UE de 440 millones de euros.

23.

La Empresa Común todavía no ha aplicado plenamente sistemas de control interno y de información financiera eficientes y eficaces; en consecuencia, se registraron importantes errores y retrasos en la información financiera que fueron corregidos antes de la aprobación de las cuentas definitivas.

24.

El contable de la Empresa Común validó los sistemas financieros y contables (ABAC y SAP) el 20 de diciembre de 2010. Sin embargo, en 2011 no fueron validados los procesos operativos subyacentes que permiten obtener información financiera, en particular el que proporciona información financiera sobre la validación y el pago de las declaraciones de gastos recibidas de las autoridades financieras nacionales.

25.

El artículo 6, apartado 2, del Reglamento del Consejo por el que se crea la Empresa Común establece la implantación dentro de ella de una función de auditoría interna. Sin embargo, al final de 2011, todavía no se había implantado este importante elemento del sistema de control interno.

26.

En 2011, el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión llevó a cabo una evaluación de riesgos. Sobre la base de sus resultados, fue presentado el plan estratégico de auditoría del período 2012-2014 al Consejo de Administración, para su adopción, el 22 de noviembre de 2011.

27.

La carta de competencias del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión fue aprobada por el Consejo de Administración el 18 de noviembre de 2010, pero el reglamento financiero de la Empresa Común todavía no ha sido modificado para incorporar la disposición del Reglamento marco (18) relativa a las atribuciones del auditor interno de la Comisión.

28.

Los Estatutos de la Empresa Común disponen que los Estados miembros han de aportar, como mínimo, el equivalente a 1,8 veces (19) la contribución de la UE, mientras que las subvenciones de la Empresa Común pueden ascender, como máximo, al 16,7 % de los costes subvencionables totales de los proyectos. En las cinco primeras convocatorias de propuestas, la contribución financiera de los Estados miembros de ENIAC alcanzó el equivalente a 1,55 veces la contribución financiera de la UE.

29.

Contrariamente a lo dispuesto en los Estatutos de la Empresa Común (20), Grecia está utilizando fondos estructurales europeos para sufragar su contribución nacional a los beneficiarios griegos de los proyectos ENIAC (21) en lugar de aportar financiación nacional. La Empresa Común aceptó que continuara la participación de Grecia en proyectos de Artemis pero no facilitó financiación a los beneficiarios de ese país al no estar autorizada la cofinanciación a partir de otra fuente de financiación de la UE (22).

30.

Conforme al artículo 19, apartado 4, de los Estatutos de la Empresa Común, y al artículo 40, apartado 2, de su reglamento financiero, el director debe elaborar un informe anual de actividad, en el que expondrá los resultados de las operaciones en relación con los objetivos fijados, los riesgos asociados a tales operaciones y el uso dado a la utilización de los recursos recibidos, así como la eficiencia y eficacia del sistema de control interno, y confirmará además que los datos del informe son veraces y fidedignos, salvo indicación en contrario de las posibles reservas sobre ámbitos concretos de ingresos y gastos.

31.

El informe anual de actividad no contiene una valoración de la eficiencia y eficacia del sistema de control interno, y presenta las insuficiencias siguientes:

32.

En 2011, la Empresa Común estableció un plan de continuidad de las operaciones y avanzó en la formalización de las políticas de seguridad informática. Es preciso seguir trabajando para finalizar el plan de recuperación en caso de siniestro.

33.

El acuerdo de sede (23) sobre oficinas, privilegios, inmunidades y otras formas de apoyo fue firmado por la Empresa Común y las autoridades belgas el 2 de febrero de 2012.

10.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 6/27

1.

La Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores (Empresa Común IMI), con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 (1) por un período de diez años.

2.

La misión de la Empresa Común consiste en mejorar de forma significativa la eficiencia y la eficacia del proceso de elaboración de medicamentos, con la finalidad a largo plazo de que el sector farmacéutico fabrique medicamentos innovadores más eficaces y seguros (2).

3.

Los miembros fundadores de la Empresa Común son la Unión Europea, representada por la Comisión, y la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (EFPIA). Toda entidad jurídica que respalde directa o indirectamente la investigación y el desarrollo en un Estado miembro o en un país asociado al Séptimo Programa Marco (3) puede solicitar su adhesión como miembro de la Empresa Común.

4.

La contribución máxima de la UE a la Empresa Común para cubrir sus gastos corrientes y sus actividades de investigación asciende a mil millones de euros financiados con cargo al presupuesto del Séptimo Programa Marco. La UE y la EFPIA, como miembros fundadores, contribuirán a partes iguales a los costes de funcionamiento, cada uno con un importe que no superará el 4 % del total de la contribución de la UE. Los demás miembros contribuirán a los costes de funcionamiento en proporción de su contribución a las actividades de investigación. Las empresas de investigación que forman parte de la EFPIA participarán en la financiación de las actividades de investigación mediante contribuciones en especie (4) al menos equivalentes a la contribución financiera de la UE (5).

5.

La Empresa Común comenzó a funcionar de manera autónoma el 16 de noviembre de 2009.

6.

El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de auditoría analíticos, verificaciones de las operaciones de la Empresa Común y una evaluación de los controles clave de los sistemas de control y supervisión, complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un análisis de las manifestaciones de la dirección.

7.

De conformidad con las disposiciones del artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (6) de la Empresa Común para la iniciativa sobre medicamentos innovadores que comprenden los «estados financieros» (7) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (8) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

8.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (9).

9.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto, ateniéndose a la normativa financiera de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (10), y es responsable asimismo de la implantación (11) de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (12) estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

10.

El Tribunal presentará, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

11.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (13). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y profesionales y que planifique y lleve a cabo la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

12.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno que incide en la preparación y presentación de las cuentas por la entidad con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

13.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para que sirvan de base a las opiniones que se exponen a continuación.

14.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2011 y los resultados de las operaciones y de los flujos de tesorería del ejercicio finalizado en dicha fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero.

15.

La estrategia de auditoría ex post de la Empresa Común fue aprobada por decisión del Consejo de Administración el 14 de diciembre de 2010, constituyendo un control clave para valorar la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes (14). Las auditorías finalizadas en septiembre de 2012 abarcaban 2,2 millones de euros (el 18,8 de la contribución aceptada de la Empresa Común para la primera convocatoria validada por ella en junio de 2012). El porcentaje de error detectado en estas auditorías asciende al 6,842 % (15).

16.

En opinión del Tribunal, salvo los efectos de las cuestiones descritas en el apartado 15, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2012, son en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

17.

Los comentarios que se exponen en los apartados 18 a 32 no cuestionan las opiniones emitidas por el Tribunal.

18.

El presupuesto anual y el plan de ejecución de 2011 fueron aprobados por el Consejo de Administración el 4 de abril de 2011 (16) debido al tiempo que tardaron en establecerse y acordarse las prioridades científicas en el plan de ejecución anual. Ello retrasó la publicación de la convocatoria de propuestas. Durante el ejercicio, la Empresa Común publicó la cuarta convocatoria de propuestas, y firmó cinco y ocho acuerdos de subvención para la tercera y la segunda convocatoria, respectivamente.

19.

El porcentaje de ejecución de los 159 millones de euros de créditos de compromiso disponibles para las actividades de investigación se situó en el 66 % y se materializó a través de un compromiso global que abarcó la cuarta convocatoria de propuestas. El elevado porcentaje de créditos sin utilizar del presupuesto administrativo (44 %) denota que no se basó en estimaciones realistas.

20.

Se prorrogaron a 2011 créditos de compromiso por valor de 117 millones de euros y créditos de compromiso por valor de 62 millones de euros que no fueron utilizados en el ejercicio 2010, y se prorrogaron a 2012 créditos de compromiso por valor de 60 millones de euros y créditos de pago por valor de 11 millones de euros que no fueron utilizados en el ejercicio 2011.

21.

Las convocatorias organizadas en 2008, 2009 y 2010 tuvieron como resultado la firma de acuerdos de subvención que al final de 2011 representaban 269 millones de euros. En 2011 se publicó una cuarta convocatoria con una contribución de la UE indicativa de 105 millones de euros y en 2012 una quinta con una contribución de la UE indicativa de 80 millones de euros. De ello se deduce que si las convocatorias de propuestas siguen al mismo nivel, es muy probable que no se agote el total de la contribución de la UE.

22.

En el informe de gestión presupuestaria y financiera, el importe total del capítulo 30-C2 dedicado a la programación de la investigación (117 millones de euros) es inferior al inscrito en la línea presupuestaria B03000-C2 (141 millones de euros) que forma parte de dicho capítulo. Además, la decisión del Consejo de Administración de 28 de enero de 2011 tan solo autoriza la prórroga de 115 millones de euros de créditos de compromiso, mientras que el informe de gestión presupuestaria y financiera revela prórrogas por un importe de 117 millones de euros.

23.

En 2011 se registraron notables avances en los sistemas de control interno, pero es necesario seguir trabajando para establecer y documentar los procedimientos presupuestarios y contables, así como los controles consiguientes. Además en 2011 no se procedió a una evaluación oficial del sistema de control interno.

24.

El contable informó de la validación del sistema contable el 27 de septiembre de 2012 y puso de manifiesto la existencia de insuficiencias significativas que deben resolverse (17).

25.

La metodología de evaluación de las contribuciones en especie (18) fue aprobada por el Consejo de Administración el 11 de noviembre de 2011. Las contribuciones en especie se validan mediante una certificación ex ante y auditorías ex post. En 2011 no tuvo lugar ninguna certificación ex ante ni ninguna auditoría ex post.

26.

En 2011 el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión y la función de auditoría interna de la Empresa Común llevaron a cabo una evaluación de riesgos y el 3 de noviembre de 2011 fue aprobado por el Consejo de Administración el plan estratégico de auditoría del período 2012-2014.

27.

La carta de competencias del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión fue aprobada por el Consejo de Administración el 8 de marzo de 2011, pero el reglamento financiero de la Empresa Común todavía no ha sido modificado para incorporar la disposición del Reglamento marco (19).

28.

La Empresa Común obtuvo su autonomía en noviembre de 2009, pero hasta marzo de 2012, no se desarrolló ningún trabajo de auditoría de garantía interna ni a cargo del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión ni del responsable del control interno, el cual ha participado directamente en actividades operativas (ejecución de la estrategia ex post, marco de los indicadores clave de resultados, revisión de la certificación ex ante de las contribuciones en especie) y otras tareas de asesoramiento.

29.

Las disposiciones del acuerdo de subvención no reconocen las prerrogativas del Tribunal de Cuentas Europeo de fiscalizar las contribuciones de las empresas que forman parte de la EFPIA pese a figurar inscritas en los estados financieros de la Empresa Común. Se estima que esas contribuciones representarán aproximadamente mil millones de euros a lo largo de la entera duración de la Empresa Común.

30.

El acuerdo de sede sobre oficinas, privilegios, inmunidades y otras formas de apoyo fue firmado por la Empresa Común y las autoridades belgas el 2 de febrero de 2012.

31.

En 2011 la Empresa Común avanzó en la formalización de las políticas de seguridad informática, pero no se completaron el plan de continuidad de las operaciones ni el plan de recuperación en caso de siniestro.

32.

Conforme al artículo 6, apartado 4, de los Estatutos de la Empresa Común y al artículo 41 del reglamento financiero de la Empresa Común, el director debe elaborar un informe anual de actividad con una declaración de fiabilidad que declare que la información contenida en el mismo es fiel reflejo de la realidad salvo reserva en contrario. La declaración de fiabilidad fue emitida en febrero de 2012 sin ninguna reserva pese a la falta de referencia a la eficacia de la estrategia de auditoría ex post, que constituye un control clave de los gastos de operaciones.

10.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 6/36

1.

La Empresa Común Europea para el ITER (1) y el desarrollo de la energía de fusión se estableció en marzo de 2007 (2) por un período de 35 años. Mientras que las principales instalaciones de fusión se implantarán en Cadarache en Francia, la sede de la Empresa Común se halla en Barcelona.

2.

La misión de la Empresa Común consiste en lo siguiente (3):

3.

Los miembros de la Empresa Común son la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), representada por la Comisión Europea, los Estados miembros de Euratom y los terceros países que hayan celebrado un acuerdo de cooperación con Euratom en el campo de la fusión nuclear controlada y que hayan manifestado su deseo de convertirse en miembros (a 31 de diciembre de 2011, Suiza).

4.

El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de auditoría analíticos, verificaciones de las operaciones de la Empresa Común y una evaluación de los controles clave de los sistemas de control y supervisión, complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un análisis de las manifestaciones de la dirección.

5.

De conformidad con el artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (5) de la Empresa Común para el ITER, que comprenden los «estados financieros» (6) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (7) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

6.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (8).

7.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto, ateniéndose a la normativa financiera de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (9), y es responsable asimismo de la implantación (10) de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (11) estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

8.

El Tribunal presentará, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

9.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (12). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y profesionales que planifique y lleve a cabo la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

10.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno que incide en la preparación y presentación de las cuentas por la entidad con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

11.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para que sirvan de base a las opiniones que se exponen a continuación.

12.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2011 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado en dicha fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero.

13.

En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común ITER correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

14.

Los comentarios que se exponen en los apartados 15 a 32 no cuestionan las opiniones emitidas por el Tribunal.

15.

Los porcentajes de ejecución de los créditos de compromiso y de pago, se situaron en un 99,7 % y en un 85,7 % respectivamente. De los 661 millones de euros de créditos de compromiso disponibles para las actividades operativas, el 42 % se ejecutó mediante compromisos individuales y el 58 % restante mediante compromisos globales.

16.

El Tribunal señaló en el pasado que los sistemas de control interno de la Empresa Común no habían sido implantados y aplicados plenamente, como dispone su reglamento financiero (13). El 31 de mayo de 2010, el auditor interno de la Empresa Común emitió un informe en el que expresaba su preocupación sobre los circuitos financieros y la separación de funciones.

17.

En respuesta a esta preocupación, el Consejo de Administración aprobó en junio de 2010 un plan de mejora de la gestión y una propuesta para cambiar la estructura organizativa y reforzar los circuitos financieros. Aunque se han registrado avances significativos (14) siguen siendo necesarios los elementos siguientes:

18.

Como ya se señaló en el Informe de 2010 (17) la Empresa Común tiene que intensificar esfuerzos para aumentar la competencia. El número de ofertas recibidas en los procedimientos de adjudicación operativos firmados en 2011 siguió siendo bajo (18) y representó un promedio de dos; en cuanto a las subvenciones, el promedio de propuestas recibidas fue de una sola por convocatoria.

19.

En un caso la decisión de anular un procedimiento abierto y de recurrir a un procedimiento negociado no estaba debidamente justificada. En otro caso, la Empresa Común decidió negociar con dos empresas que presentaron una oferta dentro del procedimiento abierto (aunque una de ellas no tenía la competencia técnica requerida). En otro caso no estaban debidamente justificados el recurso al procedimiento negociado ni tampoco las cantidades y el precio del contrato.

20.

La fiscalización del Tribunal ha confirmado las conclusiones de una auditoría interna realizada en 2011 sobre contratación, en particular las siguientes:

21.

La fiscalización también reveló que no están suficientemente documentados (20) los procedimientos de control ex ante aplicados a los pagos abonados en virtud de contratos y acuerdos de subvención.

22.

La Empresa Común cuenta con un sistema para practicar auditorías (21) de contratistas con el fin de controlar la conformidad con los requisitos de garantía de calidad (22), pero su alcance no se extiende a los aspectos financieros de la ejecución de los contratos.

23.

En 2011 la Empresa Común inició controles ex post para evaluar la legalidad y regularidad de la ejecución de las subvenciones adjudicadas. Pese a los avances registrados (23), la Empresa Común carece de una estrategia de control ex post de carácter general que abarque la ejecución de los contratos y subvenciones adjudicados.

24.

El Consejo de Administración adoptó el 28 de marzo de 2012 la política de la Empresa Común sobre derechos de propiedad intelectual y difusión de información, pero en el momento de realizarse la fiscalización (abril de 2012) no se habían elaborado las normas detalladas para su aplicación exigidas en los Estatutos (24).

25.

El Consejo de Administración aún no ha adoptado la política política industrial exigida en los Estatutos (25).

26.

Las contribuciones de doce miembros se pagaron con retraso en 2011.

27.

La carta de competencias del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión fue aprobada por el Consejo de Administración el 25 de noviembre de 2010, junto con un plan estratégico de auditoría de naturaleza coordinada para el período 2012-2014. El reglamento financiero de la Empresa Común ha sido modificado para incorporar la disposición del Reglamento marco (26) relativa a las atribuciones del auditor interno de la Comisión.

28.

El 9 de octubre de 2008 el Tribunal emitió el Dictamen no 4/2008 sobre el reglamento financiero para el Desarrollo de la Energía de Fusión que contenía 50 recomendaciones. En su reunión de 1 de junio de 2011 el Consejo de Administración de la Empresa Común decidió aceptar en buena medida las observaciones del Tribunal (37 recomendaciones fueron totalmente aceptadas, mientras que once lo fueron con reservas, y solo dos fueron rechazadas), modificando en consecuencia su reglamento financiero (27).

29.

Pese a lo anterior, el Tribunal estima que algunas disposiciones de las normas de desarrollo de la Empresa Común (28) se apartan de las normas de desarrollo del Reglamento Financiero general de la UE sin justificación suficiente.

30.

En julio de 2010 (29) el Consejo autorizó la modificación del presupuesto estimativo de la contribución de la Empresa Común a la fase de construcción por un total de 6600 millones de euros (valores de 2008), lo que representaba el doble del presupuesto inicial. Como ya ha indicado el auditor interno (30), la Empresa Común carece todavía de una herramienta para controlar con periodicidad la validez de los presupuestos e informar de posibles desviaciones.

31.

El 1 de diciembre de 2011 se logró un acuerdo entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión sobre la financiación de los 1 300 millones de euros de costes adicionales para el proyecto ITER en 2012-2013 (31).

32.

De acuerdo con el acuerdo de sede firmado con el Reino de España el 28 de junio de 2007, tendrían que haberse cedido a la Empresa Común los locales permanentes en junio de 2010. Sin embargo, esta cesión no había tenido lugar en el momento de realizarse la fiscalización (abril de 2012).

10.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 6/46

1.

La Empresa Común SESAR se creó en febrero de 2007 (1), con sede en Bruselas, con la misión de gestionar las actividades del programa SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research) de Investigación sobre gestión de tránsito aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo.

2.

El programa SESAR tiene como misión modernizar la gestión del tránsito aéreo en Europa y consta de tres fases:

3.

La Empresa Común está concebida como una asociación entre los sectores público y privado. Los miembros fundadores son la Unión Europea, representada por la Comisión Europea, y Eurocontrol, representado por su agencia. En respuesta a una convocatoria de manifestaciones de interés, son miembros de la Empresa Común quince empresas públicas y privadas, entre las que figuran proveedores de servicios de navegación aérea, industrias de fabricación de material terrestre y aeroespacial, constructores aeronáuticos, autoridades aeroportuarias y fabricantes de equipos de a bordo.

4.

El presupuesto de la fase de desarrollo del programa SESAR se eleva a 2 100 millones de euros que han de aportar a partes iguales la Unión Europea, Eurocontrol y los socios públicos y privados. La contribución de la UE procede del séptimo programa marco de investigación y del programa de la red transeuropea de transporte. Alrededor de un 90 % de la financiación procedente de Eurocontrol y de las demás partes interesadas consistirá en contribuciones en especie.

5.

La Empresa Común SESAR obtuvo su autonomía el 10 de agosto de 2007.

6.

El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones de la Empresa Común y una evaluación de los controles clave de los sistemas de control y supervisión, complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un análisis de las manifestaciones de la dirección.

7.

De conformidad con las disposiciones del artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (2) de la Empresa Común SESAR que comprenden los «estados financieros» (3) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (4) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

8.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto, ateniéndose a la normativa financiera (5) de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (6), y es responsable asimismo de la implantación de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (7) estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

9.

El Tribunal presentará, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

10.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y el código de ética de la IFAC y las normas internacionales INTOSAI de las entidades fiscalizadoras superiores. Estas normas exigen que el Tribunal planifique y ejecute la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas de la Empresa Común estén exentas de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

11.

Una auditoría implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. Del criterio profesional del auditor depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales en las cuentas e incumplimientos significativos de las exigencias del marco legal de la Unión Europea en las operaciones subyacentes, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, el auditor tiene en cuenta los controles internos que inciden en la preparación y la presentación fiel de las cuentas, así como los sistemas de control y supervisión aplicados para garantizar la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. Una auditoría implica asimismo la evaluación de la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables, y la presentación general de las cuentas.

12.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para emitir las opiniones que se exponen a continuación.

13.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales la Empresa Común SESAR presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2011 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión (8).

14.

En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común SESAR correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

15.

Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan las opiniones emitidas por el Tribunal.

16.

El presupuesto definitivo aprobado por el Consejo de Administración para el ejercicio 2011 incluía créditos de compromiso por valor de 148 millones de euros y créditos de pago por valor de 91,7 millones de euros. Así lo ilustran los porcentajes de ejecución de los créditos de compromiso y de pago, situados en un 99,4 % y un 82,4 % respectivamente.

17.

En 2011, las contribuciones de los miembros (34 millones de euros) junto con el resultado del ejercicio anterior (57 millones de euros) y otras fuentes de ingresos (0,2 millones de euros) ascendieron a 91,2 millones de euros, frente a un total de pagos de 75,6 millones de euros. Esta diferencia generó un resultado presupuestario positivo de 15,6 millones de euros y depósitos en cuentas bancarias que al final del ejercicio sumaban un total de 15,3 millones de euros, lo cual contraviene el principio presupuestario de equilibrio.

18.

El Tribunal señala que el examen de los procesos operativos de la Empresa Común, realizado por un auditor externo independiente en 2011, había revelado que los sistemas de control interno funcionaban eficazmente. En abril de 2012, el contable validó formalmente los procesos operativos subyacentes, conforme a lo dispuesto en el reglamento financiero de la Empresa Común.

19.

El Tribunal señaló anteriormente que la Comisión y la Empresa Común han adoptado medidas para definir claramente las respectivas funciones operativas del Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Comisión y la función de auditoría interna de la Empresa Común (9).

20.

El Tribunal hace constar que el Consejo de Administración de la Empresa Común adoptó en noviembre de 2011 un plan de auditoría estratégico y coordinado con el SAI para el período 2012-2014.

21.

No se respetó el plazo del 1 de julio de 2011 para el pago a la Empresa Común de las contribuciones en efectivo de sus miembros correspondientes al ejercicio y a finales de agosto quedaban pendientes 17 órdenes de ingreso por un total de 3,7 millones de euros. Al término del año, uno de los miembros no había abonado todavía su contribución.

10.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 6/56

1.

La Empresa Común de Pilas de Combustible e Hidrógeno (denominada en lo sucesivo «la Empresa Común FCH»), con sede en Bruselas, se creó en mayo de 2008 (1) por el período que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2017.

2.

Los objetivos de la Empresa Común consisten en apoyar las actividades de investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración en los Estados miembros y países asociados al Séptimo Programa Marco (2) de forma coordinada con el sector y las organizaciones de investigación para centrarse en el desarrollo de aplicaciones comerciales facilitando así los esfuerzos del sector por desplegar lo antes posible las tecnologías de las pilas de combustible y el hidrógeno (3).

3.

Los miembros de la Empresa Común son la Unión Europea, representada por la Comisión, la New Energy World Industry Grouping o NEW-IG, (agrupación industrial mundial de nuevas energías) y la Research community o N.ERGHY (agrupación de investigadores.

4.

La contribución de la UE a la Empresa Común para cubrir los costes de funcionamiento y las actividades de investigación asciende a 470 millones de euros financiados con cargo al presupuesto del Séptimo Programa Marco, de los cuales no podrán destinarse más de 20 millones de euros a los costes de funcionamiento. La New-IG debe contribuir en un 50 % a dichos costes y la N.ERGHY, en un 1/12, y participar en los costes operativos a través de contribuciones en especie (4) que deberán ser iguales como mínimo a la contribución financiera de la Unión.

5.

La Empresa Común obtuvo su autonomía financiera el 15 de noviembre de 2010.

6.

El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de auditoría analíticos, verificaciones de las operaciones de la Empresa Común y una evaluación de los controles clave de los sistemas de control y supervisión, complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un análisis de las manifestaciones de la dirección.

7.

De conformidad con las disposiciones del artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (5) de la Empresa Común de Pilas de Combustible e Hidrógeno que comprenden los «estados financieros» (6) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (7) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

8.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (8).

9.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto, ateniéndose a la normativa financiera de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (9), y es responsable asimismo de la implantación (10) de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (11) estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

10.

El Tribunal presentará, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

11.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (12). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y profesionales y que planifique y ejecute la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

12.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno que incide en la preparación y presentación de las cuentas por la entidad con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

13.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para que sirvan de base a las opiniones que se exponen a continuación.

14.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2011 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado en dicha fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero.

15.

La estrategia de auditoría ex post, fue aprobada por el Consejo de Administración en enero de 2011 constituyendo un control clave de la Empresa Común para valorar la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes (13). Tan solo se habían realizado en septiembre de 2012 ocho de las doce auditorías ex post que abarcaban 4,8 millones de euros (el 27 % de todas las declaraciones de gastos recibidas por la Empresa Común en 2011). Seis de estas auditorías no revelaron errores materiales, pero las dos restantes pusieron de manifiesto errores significativos (14), el mayor de los cuales (764 000 euros) fue corregido en el ejercicio siguiente.

16.

En opinión del Tribunal, salvo los efectos de las cuestiones descritas en el apartado 15, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

17.

Los comentarios que se exponen en los apartados 18 a 27 no cuestionan las opiniones emitidas por el Tribunal.

18.

El presupuesto definitivo de 2011 incluía créditos de compromiso y pago por un total de 117 y 60 millones de euros respectivamente. Los porcentajes de ejecución para cada tipo de crédito se situaron en el 99,8 % y el 87,9 %. Un total de 112 millones de euros que representaba créditos de compromiso disponibles para actividades operativas (título III del presupuesto) fue ejecutado mediante un compromiso global, referente a la convocatoria de propuestas de 2011.

19.

No se siguió el procedimiento presupuestario previsto en el reglamento financiero de la Empresa Común (15) y se interpretó erróneamente la facultad concedida por la Comisión excepcionalmente de inscribir créditos anulados en las estimaciones de ingresos y gastos de los tres ejercicios siguientes. La Empresa Común optó por utilizar créditos de pago por un importe de 3,3 millones de euros (16) (que constituían créditos de pago prorrogados de 2010 a 2011) aun cuando todavía se disponía de 6,3 millones de euros de créditos de pago correspondientes al ejercicio en curso (17). Como consecuencia de la interpretación dada por la Empresa Común al procedimiento presupuestario, el resultado del ejercicio es incorrecto ya que no se incluyó en el cálculo un importe de 6,3 millones de euros (18) correspondiente a créditos de pago prorrogados de 2011 a 2012. Además, la cuenta de resultado presupuestario de 2010 no refleja los 3,3 millones de euros correspondientes a los créditos de pago prorrogados de 2010 a 2011.

20.

Los compromisos globales no utilizados de 2010 con un importe de 10,4 millones de euros y fecha final de ejecución a 31 de diciembre de 2011 no fueron liberados al final de 2011, sino en enero de 2012.

21.

Las convocatorias de propuestas organizadas en 2008, 2009 y 2010 se tradujeron en acuerdos de subvención que sumaron un total de 183,4 millones de euros (19), y en 2011 se publicó una cuarta convocatoria por un importe de 111,6 millones de euros, que representan el 41 % y el 25 %, respectivamente, de la contribución máxima de la UE a la Empresa Común con destino a actividades de investigación (20). La evaluación de la convocatoria finalizó en 2011 y los proyectos seleccionados están actualmente en fase de negociación. En enero de 2012 se publicó una quinta convocatoria de propuestas por un importe de 79 millones de euros, lo que representa un 18 % adicional respecto de la contribución máxima de la UE. Todo ello refleja un progreso satisfactorio en lo referente a la ejecución presupuestaria.

22.

Al final de 2011, los procesos operativos subyacentes habían sido validados por el contable (21) según se establece en el reglamento financiero de la Empresa Común. En su informe se hacían constar diversas insuficiencias (22) de cuyo seguimiento se iba a ocupar en 2012.

23.

El método de evaluación del nivel de contribuciones en especie (23) fue finalizado (24) y evaluado conjuntamente por el Servicio de Auditoría Interna (SAI) y la función de auditoría interna en abril de 2012 (25). El nivel agregado de contribuciones en especies validado por el ordenador de pagos a 8 de febrero de 2012 (la fecha de cierre aplicada para la elaboración de las cuentas provisionales de 2011) era de 347,6 millones de euros. El informe de evaluación llegaba a la conclusión de que ese importe debía reducirse en 0,93 millones de euros (26) (o sea, el 0,3 %).

24.

Al final de diciembre de 2011 el saldo de la cuenta bancaria de la Empresa Común se elevaba a 9,2 millones de euros (27). Entre los meses de agosto y diciembre de 2011, la Empresa Común tenía un saldo de efectivo que oscilaba aproximadamente entre 30 y 60 millones de euros, por lo que debería adoptar las medidas necesarias para reducir sus saldos bancarios al nivel requerido.

25.

En 2011 la Empresa Común estableció un plan de continuidad de las operaciones y avanzó en la formalización de las políticas de seguridad informática. El plan de continuidad de las operaciones con el plan de recuperación en caso de siniestro fue aprobado por la Empresa Común el 12 de junio de 2012.

26.

El reglamento financiero de la Empresa Común todavía no se ha modificado para incluir una disposición que haga referencia a las competencias del auditor interno de la Comisión (28).

27.

El acuerdo de sede (29) sobre oficinas, privilegios, inmunidades y otras formas de apoyo fue firmado por la Empresa Común y las autoridades belgas el 3 de febrero de 2012.