18.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 390/1

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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, los artículos 174 a 178 del mismo,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, titulada «Política de cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013» (COM(2010)0110),

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Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, adjunto a la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, titulada «Política de cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013» (SEC(2010)0360),

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Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 25 de octubre de 2010, titulado: Política de cohesión: respuesta a la crisis económica, revisión de la aplicación de las medidas en materia de política de cohesión aprobadas en apoyo del Plan Europeo de Recuperación Económica (SEC(2010)1291),

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Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 14 de noviembre de2008, titulado: Regiones 2020: una evaluación de los retos futuros para las regiones de la UE (SEC(2008)2868),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de enero de 2011, titulada «Contribución de la política regional al crecimiento sostenible en el marco de Europa 2020» (COM(2011)0017),

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Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (1),

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Visto el Reglamento (CE) no 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (2), y, en particular, su artículo 7,

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Visto el Reglamento (CE) no 397/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) no 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las inversiones en eficiencia energética y energía renovables en las viviendas (3),

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Visto el Reglamento (UE) no 437/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) no 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las inversiones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas (4),

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Vista la Decisión del Consejo 2006/702/CE (5), de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión,

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Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre la aplicación del Reglamento de los Fondos Estructurales para el período 2007-2013: resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la política de cohesión (6),

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Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la aplicación de los fondos destinados a las sinergias relacionadas con la investigación y la innovación en el Reglamento (CE) no 1080/2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Séptimo Programa Marco para Investigación y Desarrollo en las ciudades y regiones, así como en los Estados miembros y la Unión Europea (7),

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Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2010, sobre la consecución de una auténtica cohesión económica, social y territorial dentro de la UE: ¿una condición sine qua non para la competitividad global? (8),

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Visto el documento informativo no 1 de la Comisión, de 28 de febrero de 2007, titulado «Earmarking» (COCOF/2007/0012/00),

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Vista la nota informativa de la Comisión, de 18 de mayo de 2009, titulada «Indicative structure for the national strategic reports 2009» (COCOF 09/0018/01),

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Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el Informe estratégico de 2010 de la Comisión sobre la aplicación de los programas de política de cohesión aprobadas el 14 de junio de 2010 por el Consejo de Asuntos Exteriores,

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Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 1 y 2 de diciembre de 2010, titulado «Política de cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013» (CdR 159/2010),

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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de julio de 2010, titulado «Cómo fomentar una colaboración eficaz en la gestión de los programas de la política de cohesión, sobre la base de las buenas prácticas del período de programación 2007-2013» (ECO/258),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Transportes y Turismo (A7–0111/2011),

A.

Considerando que, de conformidad con el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta ha de desarrollar y proseguir su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial y, en particular, ha de procurar reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones y el atraso de las regiones menos favorecidas, como las zonas rurales, las zonas afectadas por una transición industrial y las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes; considerando que se ha de tener en cuenta la Estrategia Europa 2020 para garantizar que la Unión se convierte en una economía inteligente, sostenible e integradora,

B.

Considerando que la política de cohesión desempeña una función fundamental en la vía hacia la plena consecución de los objetivos UE 2020, en particular en el ámbito del empleo y de los asuntos sociales, a todos los niveles de gobernanza y en todas las zonas geográficas,

C.

Considerando que la dimensión estratégica de la política de cohesión que garantiza la coherencia con las prioridades de la Unión Europea —haciendo de Europa y sus regiones lugares más atractivos en los que invertir y trabajar, mejorando el conocimiento y la innovación para el crecimiento y creando más empleo y de mejor calidad— se incluye y se destaca en el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo (en adelante: el Reglamento general), las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión (en adelante: las directrices estratégicas), los marcos estratégicos nacionales de referencia (MENR) y los programas operativos (OP),

D.

Considerando que la elaboración del Informe estratégico constituye un nuevo instrumento de la política de cohesión introducido en el actual período de programación a través del Reglamento general como un instrumento para analizar la aplicación de las directrices estratégicas, con el fin de aumentar el contenido estratégico y fomentar la transparencia y la responsabilidad de la política de cohesión, y considerando que sería necesario aprender de la información y la experiencia obtenidas para planear el próximo período de programación,

E.

Considerando que en la asignación de fondos en el marco de Lisboa se identificaron subconjuntos de los 86 proyectos prioritarios como prioridades específicas en el marco de la Agenda de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo, y que, para el objetivo de convergencia de las regiones, se identificaron 47 cuestiones prioritarias como prioridades señaladas específicamente, mientras que en el objetivo regional de competitividad y empleo solo se identificaron 33 cuestiones prioritarias,

F.

Considerando que, para los informes estratégicos nacionales de 2009, la Comisión y los Estados miembros acordaron intercambiar datos solo sobre las cuestiones prioritarias según los objetivos, con la fecha límite del 30 de septiembre de 2009 para su obtención, fecha en la que los Estados miembros todavía se encontraban bajo el influjo de la crisis económica, y que algunos tuvieron que afrontar dificultades al principio del período de programación; que se espera que el Informe estratégico de 2013 permita extraer datos que faciliten la predicción,

G.

Considerando que en las regiones europeas persisten manifiestas disparidades económicas, sociales y medioambientales, en parte como consecuencia natural de las dos últimas ampliaciones y debido también a los efectos directos de la crisis financiera y económica mundial, a pesar de que dichas disparidades se han reducido en el último decenio gracias a la contribución activa de la política de cohesión, que es determinante para asegurar la competitividad y el crecimiento económico teniendo al mismo tiempo en cuenta la especificidad de las regiones,

H.

Considerando que la política de cohesión ha sido un elemento clave del Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE), lo que demuestra la importancia de los Fondos Estructurales como instrumentos de estímulo, en especial para las pequeñas empresas, la sostenibilidad y la eficiencia energética, y que se solicitó a la Comisión que presentara un informe en 2010 acerca de los efectos de las medidas adoptadas como parte de la respuesta europea a la crisis,

1.

Acoge con satisfacción el Informe estratégico de la Comisión sobre la aplicación de los programas de política de cohesión cofinanciados por los Fondos Estructurales; felicita a los Estados miembros por sus esfuerzos para preparar sus primeros informes estratégicos nacionales, que han demostrado ser una valiosa fuente de información sobre la aplicación;

2.

Señala que, al llevar a cabo análisis comparativos, debería tenerse en cuenta que cinco Estados miembros obtuvieron los datos en una fecha más reciente y uno, en una anterior; considera que resulta más adecuado comparar los avances conseguidos por cada Estado miembro con la media de la UE;

3.

Opina que la transparencia en la asignación de fondos fomenta la aplicación correcta y es una condición clave para conseguir los objetivos generales de la política de cohesión y que, por lo tanto, debe reforzarse en todas las fases de la aplicación; cree que la publicación de la lista de beneficiarios debería mantenerse, especialmente en línea, dado que constituye una herramienta eficaz para mejorar la transparencia; considera que la definición de directrices comunitarias y la introducción de los informes estratégicos como instrumento nuevo han contribuido a aumentar la responsabilidad a la hora de realizar los objetivos de esta política; pide, en este contexto, que se celebren regularmente debates políticos con objeto de mejorar la transparencia, la responsabilidad y la evaluación de los efectos de la política de cohesión;

4.

Observa que, según los datos comunicados, el volumen financiero de los proyectos seleccionados asciende a 93400 millones de euros, que representan el 27,1 % de los recursos disponibles de la UE en el período actual, y que esta tasa media se aplica en los tres objetivos de la política de cohesión, así como a las categorías a las que se destinan fondos en el marco de Lisboa y a los progresos realizados en la aplicación de las directrices estratégicas comunitarias; destaca, sin embargo, que los progresos varían en gran medida entre países y entre temas, con tasas generales de selección superiores al 40 % en el caso de 9 Estados miembros e inferiores al 20 % para otros 4 países;

5.

Reitera su agradecimiento por los esfuerzos nacionales que han asegurado una asignación media del gasto para la consecución de la Agenda de Lisboa del 65 % de los fondos disponibles en las regiones de convergencia, y del 82 % en las regiones de competitividad y empleo regional, lo cual supera los niveles exigidos inicialmente; observa con satisfacción que, según los datos comunicados, se ha asignado un total de 63000 millones de euros a los proyectos a los que se destinan fondos en el marco de Lisboa, y que la selección de proyectos a los que se destinan fondos en el marco de Lisboa presenta el mismo nivel o es ligeramente superior a la selección en el marco de otras acciones, y exhorta por ello a los Estados miembros a seguir destinando también en el futuro recursos a proyectos cuyo objetivo sea reforzar la Estrategia UE 2020;

6.

Señala que el ritmo de progreso en los temas de las directrices estratégicas comunitarias es el más elevado dentro del tema «Dimensión territorial» (30 %) y superior a la media para «Mejorar los conocimientos y la innovación en favor del crecimiento» pero inferior al 27,1 % para las otras dos directrices, y que, por otra parte, las tasas de selección son superiores a la media para los proyectos a los que se destinan fondos en el marco de Lisboa en los objetivos tanto de convergencia como de competitividad regional y empleo, pero que suman solo el 20,5 % en el objetivo de cooperación territorial europea; lamenta que, a falta de indicadores de productos y resultados para todos los Estados miembros, el análisis del rendimiento de la política, tal como se presenta en el Informe estratégico, presente serias limitaciones; insta, por ese motivo, a la Comisión a que valore nuevamente los requisitos administrativos de presentación de información y pide a los Estados miembros, por otro lado, una mayor disciplina al proporcionar datos sobre la aplicación de los programas;

7.

Acoge con satisfacción, habida cuenta de la crisis económica y del creciente número de desempleados, los progresos realizados en la ejecución de proyectos contemplados en la directriz «Más y mejores puestos de trabajo»; recomienda encarecidamente, sin embargo, que la Comisión implante métodos de cooperación con los Estados miembros que faciliten que todos los fondos necesarios se movilicen rápidamente y se asignen eficientemente para lograr una economía competitiva y eficiente por lo que respecta a los recursos, incluidos un crecimiento integrador y una economía con unos elevados niveles de empleo que aporten cohesión social y territorial, así como la reducción de la pobreza, que son fines prioritarios de la Estrategia UE 2020 y sus objetivos, en particular en el ámbito del empleo y de los asuntos sociales, a fin de potenciar el crecimiento y la productividad y mejorar la situación del empleo en Europa;

8.

Celebra que el FSE prestara el apoyo pertinente a la ejecución de las reformas del mercado laboral y que demostrara ser un instrumento eficaz para llevar a cabo la transición de políticas laborales pasivas a políticas laborales activas e, incluso, preventivas; insta a los Estados miembros a que sigan adelante con reformas estructurales que protejan a los mercados laborales frente a nuevas crisis en el futuro;

9.

Pide a los Estados miembros que avancen en la aplicación de medidas y actividades cofinanciadas destinadas, en el plano regional, a apoyar los mercados laborales reduciendo la segregación de género, así como las desigualdades, como la diferencia de retribución y la menor representación en los puestos de responsabilidad, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar y fomentando la conversión del trabajo precario en un trabajo con derechos, dada la notable proporción de mujeres afectadas por regímenes laborales precarios;

10.

Destaca la importancia de mejorar las infraestructuras y los servicios de las microrregiones desfavorecidas que cuentan con una elevada concentración de personas socialmente marginadas (por ejemplo, la comunidad romaní) y de hacerlos asequibles;

11.

Subraya la importancia que revisten los transportes en general para garantizar la cohesión territorial, económica y social; expresa su preocupación por el hecho de que el nivel de inversión en el sector de los ferrocarriles no esté progresando como se esperaba y sea inferior al constatado en el sector del transporte por carretera, lo que implica que no está contribuyendo en la medida suficiente a la reducción del carbono en el sector del transporte; destaca, en este contexto, que el hecho de que las inversiones previstas para transportes sean desequilibradas entre los diferentes modos dificulta la creación de un sistema de transportes europeo intermodal, y observa que los desequilibrios podrían verse exacerbados en caso de nuevos retrasos en la aplicación;

12.

Recuerda que aproximadamente el 23,7 % (82000 millones de euros) de la asignación de los Fondos de Cohesión y los Fondos Estructurales para 2007-2013 está destinado al transporte, pero que solo la mitad se destinará a proyectos de RTE-T (17000 millones de euros en la red prioritaria de la RTE-T y 27200 millones de euros para la parte general), mientras que la otra mitad se destinará a inversiones en proyectos nacionales, regionales y locales que no figuran en los mapas de RTE-T; subraya que los fondos de cohesión y estructurales asignados a los transportes se distribuyen entre los modos y las redes de transporte sin tener suficientemente en cuenta los objetivos de la Unión Europea;

13.

Señala especialmente, en el marco de la cooperación territorial, la tendencia a posponer la puesta en marcha de proyectos transfronterizos y de proyectos ferroviarios en general, y subraya el valor añadido europeo de la RTE-T, que resulta particularmente evidente en los tramos transfronterizos de los proyectos y en su interconexión con proyectos nacionales de las redes viaria, ferroviaria y de vías navegables interiores; propone sistematizar, en este contexto, la implantación de plataformas comunes sobre buenas prácticas organizadas desde un punto de vista socioeconómico, geográfico, demográfico y cultural;

14.

Acoge favorablemente la inclusión de los gastos relacionados con inversiones en eficiencia energética y energías renovables en el ámbito de la construcción de viviendas y de proyectos destinados a grupos de población marginados, que en muchas regiones se está aplicando con éxito y debería continuar en el futuro;

15.

Pide una aplicación más efectiva de los programas en el sector del medio ambiente, especialmente en los ámbitos transversales que aportan un valor añadido europeo, como las acciones dirigidas a combatir y mitigar el cambio climático y facilitar la adaptación al mismo, la inversión en tecnologías más limpias y de bajo contenido de carbono, las acciones para combatir la contaminación del aire y el agua, las acciones en el ámbito de la protección de la biodiversidad, la expansión de las redes ferroviarias y el fomento de la eficiencia energética —especialmente en el sector de la construcción— y de las fuentes de energía renovable, con objeto de alcanzar los objetivos de la Estrategia UE 2020 y promover la creación de empleos verdes y una economía ecológica;

16.

Pide que se utilicen los fondos pertinentes para contribuir a prevenir y/o a reaccionar con rapidez frente a las catástrofes ambientales, e insta a los Estados miembros a que aceleren la inversión en materia de prevención y rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados, habida cuenta del bajo nivel de ejecución;

17.

Lamenta los retrasos registrados en la selección de proyectos en áreas estratégicas tales como el sector del ferrocarril, determinadas inversiones en energía y medio ambiente, la economía digital, la inclusión social, la gobernanza y el desarrollo de capacidades, y solicita un análisis pormenorizado de las causas de tales retrasos, al tiempo que pide a los Estados miembros que involucren a sus regiones a fin de efectuar un mejor seguimiento de las áreas en que deben intensificarse los esfuerzos; subraya, por otra parte, el mayor porcentaje de absorción de los proyectos medioambientales en los programas de cooperación territorial europea, y destaca el claro valor añadido de la cooperación en este contexto; destaca, no obstante, que los Estados miembros pueden haber recuperado el retraso que presentaban en la ejecución de proyectos en algunos ámbitos, y que, por lo tanto, un retraso en esta fase concreta no puede considerarse un indicador de la calidad del período de programación en su conjunto; señala, en este contexto, la aceleración en las capacidades de absorción y ejecución presupuestaria de la política de cohesión durante 2010, lo que se debe, entre otras razones, a los cambios legislativos recientes y a programas operativos que han alcanzado la velocidad de crucero, ahora que la Comisión ha aprobado finalmente los últimos sistemas de gestión y control;

18.

Considera que es necesario adoptar de inmediato medidas correctoras para mejorar el bajo rendimiento en algunos ámbitos prioritarios; recomienda que se lleven a cabo análisis pormenorizados de los problemas de ejecución en los ámbitos que presentan retrasos específicos en la selección de los proyectos, y pide a los Estados miembros, en este contexto, que intensifiquen sus esfuerzos para mejorar la selección de proyectos en los temas retrasados y aceleren la ejecución de todos los proyectos seleccionados con el fin de evitar el riesgo de que no se alcancen los objetivos acordados;

19.

Considera que en algunos casos se requiere una rápida selección y ejecución de los proyectos y una mejora general de la utilización de los fondos asignados, especialmente en el caso de las actividades destinadas a mejorar el capital humano, a promover la salud y la prevención de enfermedades, a garantizar la igualdad de oportunidades, a apoyar los mercados laborales y a reforzar la integración social, con el fin de subsanar los efectos negativos de la crisis económica;

20.

Destaca que varios Estados miembros han confirmado que la disciplina impuesta por el ejercicio de asignación ha mejorado la calidad y el enfoque de la programación; observa, además, que los Estados miembros han considerado de forma unánime que mantener las prioridades fundamentales de sus marcos de referencia estratégicos nacionales y los programas operativos vinculados a la Estrategia de Lisboa constituye el mejor instrumento para superar la crisis, y han refrendado la importancia de los objetivos a medio y largo plazo fijados en estos documentos;

21.

Hace hincapié en que la selección y la aplicación efectivas de proyectos en algunos ámbitos se ven obstaculizadas al no darse las condiciones previas pertinentes, como procedimientos de aplicación más sencillos a escala nacional, prioridades nacionales claras en determinadas áreas de intervención, la transposición puntual de la legislación de la UE y una capacidad institucional y administrativa consolidada, así como por el exceso de burocracia nacional; pide por tanto a los Estados miembros y a las regiones que faciliten la aplicación de la política eliminando estos obstáculos y, en concreto, adaptando el marco jurídico en el ámbito de las ayudas estatales, la contratación pública y las normas medioambientales, y que promuevan reformas institucionales;

22.

Lamenta recordar que el importante retraso en la aplicación de la política se debe principalmente a los factores siguientes: conclusión tardía de las negociaciones del marco financiero plurianual y del paquete legislativo de la política, que se tradujo en retrasos en la elaboración de las estrategias nacionales y los programas operativos, cambios en las normas sobre control financiero y los criterios de evaluación impuestos a escala nacional, solapamiento con el cierre del período 2000-2006 y escasez de recursos públicos disponibles para la cofinanciación en los Estados miembros;

23.

Lamenta que, aunque el Informe estratégico debería destacar la contribución de los programas cofinanciados por los Fondos Estructurales a la realización de los objetivos de la política de cohesión, no incluya datos exhaustivos sobre la situación en materia de disparidades regionales hasta 2009;

24.

Celebra la publicación del documento de trabajo de la Comisión titulado «Política de cohesión: respuesta a la crisis económica, una revisión de la aplicación de las medidas en materia de política de cohesión aprobadas en apoyo del Plan Europeo de Recuperación Económica»; destaca que esta revisión se basa principalmente en la información facilitada por los informes estratégicos nacionales; pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para garantizar que la información facilitada por los Estados miembros sea exacta;

25.

Observa que, en el contexto de la crisis financiera y económica mundial y de la actual ralentización económica, la política de cohesión de la UE contribuye de manera determinante al Plan Europeo de Recuperación Económica, ya que constituye la principal fuente de inversiones de la Unión en la economía real y ha demostrado que permite reaccionar flexible y adecuadamente a un contexto socioeconómico que se degrada rápidamente; subraya que los Estados miembros apreciaron que las medidas contra la crisis pudieran adaptarse a sus necesidades específicas; pide, no obstante, que se incremente la flexibilidad de las normas y se reduzca su complejidad con objeto de poder afrontar situaciones de crisis, y anima a los Estados miembros a utilizar todas las medidas puestas a disposición por la Comisión para garantizar una reacción adecuada y puntual, en función de las necesidades específicas, así como una salida eficaz de la crisis para poder alcanzar un desarrollo sostenible a largo plazo, impulsando la competitividad, el empleo y el atractivo de las regiones europeas;

26.

Destaca la importancia de realizar esfuerzos suplementarios para superar la dificultad de contabilizar el efecto general de las medidas específicas relacionadas con la política de cohesión en el marco del PERE, y lamenta que la revisión solo pueda ofrecer información limitada sobre ejemplos concretos del ámbito nacional; acoge, sin embargo, con satisfacción el análisis de las buenas prácticas y las primeras conclusiones presentadas en el Informe;

27.

Considera que los signos de recuperación de la crisis son tenues y que durante los años venideros Europa tendrá que subsanar sus debilidades estructurales, incluso a través de intervenciones amparadas en la política de cohesión y de inversiones centradas concretamente en investigación y desarrollo, innovación, educación y tecnologías que ayuden a todos los sectores a ser competitivos; subraya, por tanto, la necesidad de llevar a cabo un análisis pormenorizado del impacto de las medidas destinadas a contrarrestar la crisis, así como la necesidad de aportar una financiación estructural accesible, que constituye un poderoso mecanismo para ayudar a la reestructuración económica y social de las regiones y para fomentar la cohesión y la solidaridad económicas, sociales y territoriales;

28.

Comparte el punto de vista del Consejo, expresado en las Conclusiones del Consejo sobre el Informe estratégico de 2010, acerca del valor añadido real que genera un enfoque estratégico e integrado para los Fondos Estructurales; recuerda que cada fondo necesita sus propias normas para que las intervenciones sobre el terreno den resultado en situaciones específicas; destaca asimismo la necesidad, en la época posterior a la crisis, de consolidar los presupuestos públicos y de aumentar las sinergias y los efectos de todas las fuentes de financiación disponibles (UE, fuentes nacionales, instrumentos del BEI) mediante una coordinación eficaz;

29.

Destaca que las sinergias entre los Fondos Estructurales y otros instrumentos de la política sectorial, así como entre estos instrumentos y los recursos nacionales, regionales y locales, son esenciales y crean valiosos vínculos que permiten lograr un refuerzo mutuo, la aplicación sostenible de los programas y la cohesión territorial; reconoce que, gracias a las disposiciones sobre asignación para 2007-2013, la política de cohesión está mejor orientada a la creación de sinergias con las políticas de investigación e innovación; subraya que los Fondos Estructurales podrían utilizarse para mejorar las infraestructuras de investigación, de manera que la investigación pueda alcanzar el nivel de excelencia necesario para el acceso a los fondos de investigación; destaca asimismo las ventajas de las sinergias entre el FEDER, el FSE y el FEADER; señala que la experiencia demuestra claramente que el éxito de los programas financiados mediante el FSE resulta fundamental para maximizar la eficacia de la financiación del FEDER para las acciones económicas; recuerda, en este contexto, el potencial de la financiación cruzada, aún no plenamente explotado; pide a la Comisión que en el próximo Informe estratégico incluya una referencia a la interacción entre los Fondos Estructurales, así como a su interacción con otros instrumentos financieros de la UE;

30.

Subraya que la asistencia técnica, el seguimiento y la evaluación estimulan el aprendizaje de las políticas y, junto con un control financiero eficaz, constituirán un incentivo para mejorar la calidad del rendimiento;

31.

Lamenta que solo 19 Estados miembros informaran acerca de los indicadores clave y que, por lo tanto, en esta fase sea imposible disponer de un primer panorama claro para toda la UE sobre los efectos de la política sobre el terreno; alienta enérgicamente a los Estados miembros a que utilicen los indicadores clave en la próxima ronda de elaboración de informes estratégicos de 2012-2013; pide a la Comisión que intervenga y preste apoyo a los Estados miembros y las regiones para que presenten puntualmente datos coherentes y completos;

32.

Subraya la necesidad de que la Comisión garantice sistemas de seguimiento y control eficaces y constantes para mejorar la gobernanza y la efectividad del sistema de ejecución de los Fondos Estructurales; pide a la Comisión que mejore la coherencia y la calidad del seguimiento de los progresos alcanzados por los Estados miembros mediante la obligatoriedad del uso de un conjunto mínimo de indicadores clave en los informes estratégicos nacionales en el próximo período de programación, con objeto de facilitar la comparación y la orientación a los resultados, mediante la presentación de guías más detalladas;

33.

Considera que es necesario destacar las buenas prácticas y el aprendizaje mutuo en la aplicación de la política y fomentar su intercambio, junto con el refuerzo de las capacidades administrativas, especialmente de las autoridades locales y regionales, con el fin de mejorar la eficacia y la efectividad y evitar la repetición de errores del pasado;

34.

Aboga por la utilización de buenas prácticas en la elaboración de los informes nacionales, por ejemplo, el uso de indicadores clave, informar sobre resultados y productos, informar sobre sinergias entre políticas nacionales y políticas de la UE, organizar debates y consultas públicos con las partes interesadas, remitir a los Parlamentos nacionales, para opinión, los informes, y publicar los informes en sitios web gubernamentales (utilizando en todos los informes una terminología clara y concisa), puesto que tales prácticas mejoran la calidad de los informes y aumentan la participación de las partes interesadas en los Estados miembros; hace hincapié en la necesidad de utilizar buenas prácticas en aquellas regiones donde se constate un menor grado de absorción o eficiencia de los programas de financiación;

35.

Celebra que la Comisión especifique la forma en que las autoridades nacionales, regionales y locales pueden adaptar los actuales programas operativos a los objetivos de crecimiento sostenible de Europa 2020, así como la manera en que se pueden reorientar las prácticas hacia los objetivos de crecimiento inteligente durante este período de programación; pide a los Estados miembros que actúen sin demora, que inviertan más en desarrollo sostenible y crecimiento inteligente, inclusión social e igualdad de género en el mercado laboral, y que utilicen los fondos más eficazmente; pide, además, a la Comisión que impulse un debate con objeto de reflexionar sobre la manera en que la política de cohesión puede, en el período en curso 2007-2013, contribuir a los objetivos de la Estrategia UE 2020;

36.

Subraya el papel que desempeñan las PYME como agentes innovadores de la economía y destaca la necesidad de desarrollar este sector, también mediante la aplicación de la «Small Business Act» (Ley de la pequeña empresa), de facilitar el acceso de las PYME a capital de financiación y de funcionamiento, y de alentar a las PYME a que se impliquen en proyectos innovadores con objeto de aumentar su competitividad y su potencial de creación de empleo; hace hincapié en que se pueden obtener numerosas ventajas sociales y económicas a través de la cooperación, a escala local y regional, entre las autoridades públicas, las PYME, las redes empresariales, los institutos de investigación y las agrupaciones, así como mediante un uso eficaz de todos los recursos existentes, incluidos los instrumentos de ingeniería financiera (Jeremie), como elementos de refuerzo del capital de las PYME; subraya, no obstante, que en lo tocante a la financiación mediante créditos se ha de reforzar la seguridad jurídica para que los intermediarios financieros y los bancos públicos puedan fijar condiciones para los instrumentos financieros innovadores que sigan siendo válidas durante todo el período de programación;

37.

Está firmemente convencido de que la buena gobernanza a escala europea, nacional, regional y local, así como una coordinación eficaz entre los distintos niveles de gobierno, resultan fundamentales para garantizar la calidad del proceso de toma de decisiones, la planificación estratégica, la mejora de la capacidad de absorción de los Fondos Estructurales y de Cohesión y, por ende, una aplicación satisfactoria y eficaz de la política de cohesión; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que refuercen y movilicen la gobernanza de niveles múltiples de conformidad con el Tratado, con el principio de subsidiariedad y con el principio de asociación; destaca la importancia de una verdadera estrategia de asociación, tanto vertical como horizontal, y recomienda que se evalúe la calidad de la participación de los socios, al tiempo que recuerda que la asociación puede traducirse en simplificación, sobre todo durante el proceso de selección de proyectos; pide a los Estados miembros que involucren a los niveles subnacionales, desde la primera fase, en la definición de las prioridades de inversión y en el propio proceso de toma de decisiones, y que integren esos niveles con los agentes de la sociedad civil y los representantes del mundo asociativo en la aplicación de los programas; propone, en este contexto, que se cree un «Pacto territorial de autoridades locales y regionales sobre la Estrategia Europa 2020» en cada Estado miembro;

38.

Considera que la simplificación de las disposiciones y los procedimientos debería contribuir a acelerar la asignación de fondos y pagos, por lo que debería continuar y concretarse en unas normas mejores en el período posterior a 2013, a escala tanto nacional como de la UE, sin crear grandes dificultades para los beneficiarios; considera que la política regional debería adaptarse mejor a las necesidades de los usuarios, y que la simplificación debería reducir las barreras y los costes administrativos innecesarios, así como otros obstáculos que impiden la consecución de objetivos políticos, evitar la confusión y las interpretaciones erróneas de las prácticas administrativas actuales, y garantizar una gestión de proyectos más flexible, controles sincronizados y una política más eficiente; lamenta que, a causa de una burocracia superflua, de normas excesivamente complicadas sometidas a cambios frecuentes y de la inexistencia de procedimientos armonizados, muchos fondos queden sin utilizar; opina que ha de encontrarse el equilibrio entre la simplificación y la estabilidad de las normas y los procedimientos;

39.

Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales que mejoren el desarrollo de capacidades y reduzcan la carga administrativa y, en concreto, que garanticen la cofinanciación de proyectos mediante contribuciones nacionales y, en su caso, recurran al apoyo de la ingeniería financiera a fin de aumentar la absorción de los fondos y de evitar nuevos retrasos de la inversión;

40.

Apoya las ideas de la Comisión destinadas a hacer más hincapié en la ejecución orientada a los resultados del Fondo de Cohesión, y considera que los informes estratégicos, que constituyen una herramienta útil para supervisar el progreso de la aplicación, crean una base para la revisión entre homólogos y el debate estratégico a escala de la UE; anima a los Estados miembros, con miras a mejorar la calidad de los informes estratégicos, basados en datos comparativos y fiables, a que adopten un enfoque más analítico y estratégico para la elaboración de los informes nacionales, más centrado en los objetivos, los resultados y la evolución estratégica, y a que presenten información puntual y precisa sobre los indicadores clave y los objetivos acordados; destaca, por consiguiente, que el Informe estratégico de 2013 debería estar orientado a los resultados y centrarse más en el análisis cualitativo de la eficacia de los programas, los productos, los resultados y los efectos iniciales, en lugar de presentar en exceso datos estadísticos;

41.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aprovechen la oportunidad que ofrece la revisión intermedia de las perspectivas financieras 2007-2013 y de la política de cohesión para velar por una mayor absorción de la financiación europea en el período 2011-2013;

42.

Pide a todas las instituciones de la UE y a los Estados miembros que, en la perspectiva de la próxima ronda de negociaciones sobre la futura política de cohesión, faciliten una conclusión más rápida de los documentos clave, como el marco financiero plurianual y los reglamentos, con objeto de superar las dificultades de puesta en marcha que puedan surgir al principio del próximo período de programación;

43.

Pide a la Comisión que garantice que la futura política de cohesión se beneficie de recursos financieros adecuados; considera que esta política de cohesión no debe ser considerada como un simple instrumento para alcanzar los objetivos de las políticas sectoriales, pues es una política de la Unión de gran valor añadido que tiene su propia razón de ser: la cohesión económica, social y territorial; destaca, por consiguiente, que la política de cohesión debe seguir siendo independiente y que sus fundamentos y principios actuales no deben ser modificados por una dispersión sectorial;

44.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

18.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 390/10

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su título XVIII,

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Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (1),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (2),

—

Vista la Decisión del Consejo 2006/702/CE, de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión (3),

—

Visto el Reglamento (CE) no 397/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) no 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las inversiones en eficiencia energética y energías renovables en las viviendas (4),

—

Visto el Reglamento (UE) no 1233/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) 663/2009, por el que se establece un programa de ayuda a la recuperación económica mediante la concesión de asistencia financiera comunitaria a proyectos del ámbito de la energía (5),

—

Vista su Resolución, de 21 de febrero de 2008, sobre el seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial (6),

—

Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2008, sobre gobernanza y asociación a nivel nacional y regional, y una base para proyectos en el ámbito de la política regional (7),

—

Vista su Resolución, de 24 marzo 2009, sobre la dimensión urbana de la política de cohesión en el nuevo periodo de programación (8),

—

Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el Libro Verde sobre cohesión territorial y el estado del debate sobre la futura reforma de la política de cohesión (9),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 2020 (10),

—

Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre la política regional y de cohesión de la UE después de 2013 (11),

—

Vista su nota ad hoc titulada «El seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial»,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Visto el Quinto informe de la Comisión sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión, de 9 de noviembre de 2010,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, titulada «Conclusiones del V Informe sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión» (COM(2010)0642),

—

Visto el Informe de síntesis de la Comisión de abril de 2010 sobre la «Evaluación ex post de los programas de la política de cohesión 2000-2006 cofinanciados por el FEDER (objetivos 1 y 2)»,

—

Visto el Informe de la Comisión de junio de 2010 sobre la «Evaluación ex post de los programas de la política de cohesión 2000-2006: la Iniciativa Comunitaria URBAN»,

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La necesidad de aplicar un planteamiento integrado a la rehabilitación urbana», de 26 de mayo de 2010 (12),

—

Visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el papel de la regeneración urbana en el futuro del desarrollo urbano en Europa, de 9 de junio de 2010 (13),

—

Vistas la Agenda Territorial de la UE – «Hacia una Europa más competitiva y sostenible de regiones diversas» («Agenda Territorial») y la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles («Carta de Leipzig»), ambas adoptadas en el Consejo informal de Ministros de Ordenación del Territorio y Desarrollo Urbano, celebrado en Leipzig los días 24 y 25 de mayo de 2007,

—

Vista la «Declaración de Toledo» adoptada por el Consejo informal de Ministros responsables de Desarrollo Urbano celebrado en Toledo el 22 de junio de 2010,

—

Vista la posición de los Directores Generales de Desarrollo Urbano sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, titulada «Conclusiones del V Informe sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión» (COM(2010)0642/3),

—

Vistas las conclusiones de la Cumbre Europea de Gobiernos Locales celebrada en Barcelona los días 22 a 24 de febrero de 2010, bajo el título «Los gobiernos locales, protagonistas de la nueva Europa»,

—

Visto el «Pacto entre Alcaldes» promovido y apoyado por la Comisión,

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Visto el informe independiente elaborado en 2009 por Fabrizio Barca a petición de la Comisión, titulado «An Agenda for a Reformed Cohesion Policy» (Agenda de una política de cohesión reformada),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0218/2011),

A.

Considerando que Europa se caracteriza por su desarrollo policéntrico y por una gran variedad de áreas urbanas y ciudades de distintos tamaños con competencias y recursos heterogéneos; considerando que sería problemático adoptar una definición común de «zonas urbanas» y del término «urbano» en general sobre una base meramente estadística, ya que es difícil aglutinar la diversidad de situaciones existentes en los Estados miembros y las regiones, y opina, por lo tanto, que cualquier definición y designación obligatorias de zonas urbanas debe dejarse al criterio de los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad y sobre la base de indicadores comunes europeos; considerando que debería analizarse cómo un enfoque funcional puede llevar a una definición uniforme del concepto de «urbano» y, de ese modo, crear la premisa para definir jurídicamente con claridad la dimensión urbana de las políticas de la Unión; y que una definición de base funcional de la dimensión urbana resultaría útil, en particular en el ámbito de la política de cohesión;

B.

Considerando que, a través de sus políticas, la UE contribuye al desarrollo sostenible de las zonas urbanas, y que ha de tenerse presente que, además de las políticas urbanas nacionales en virtud del principio de subsidiariedad, se debería definir una política urbana europea,

C.

Considerando que las ciudades están contribuyendo activamente a la formulación de políticas de la UE y desempeñan un papel importante para el éxito de la aplicación de la Estrategia Europa 2020; considerando, además, que no tener en cuenta la dimensión urbana de las políticas de la UE, especialmente de la política de cohesión, podría dificultar el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020,

D.

Considerando que las ciudades presentan un potencial arquitectónico y cultural único, poseen unas fuerzas de integración social notables y posibilitan el equilibrio social gracias a la conservación de la diversidad cultural y el mantenimiento de un vínculo permanente entre el centro y la periferia,

E.

Considerando, sobre la base de la experiencia de las iniciativas URBAN, que las acciones urbanas se han incorporado como elementos constitutivos al marco reglamentario para los objetivos de convergencia y competitividad regional y empleo en el periodo de programación 2007-2013; considerando que esta incorporación de la dimensión urbana a las políticas de la UE ha ampliado visiblemente la financiación disponible para las ciudades; considerando que es deseable establecer unos objetivos bien definidos de desarrollo urbano en el marco de los programas operativos para favorecer la concentración de los recursos,

F.

Considerando que la subsidiariedad en su sentido más amplio y reforzado, tal como se define en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como la gobernanza a varios niveles y un principio de asociación mejor definido constituyen elementos fundamentales para la correcta aplicación de todas las políticas de la UE y considerando que la asignación de los recursos y las competencias de las autoridades locales y regionales debería consolidarse en consecuencia,

G.

Considerando que la crisis económica de los últimos años ha agravado las diferencias y el malestar social en zonas metropolitanas periféricas amplias; considerando que, ante la crisis, las autoridades locales deben poder llevar a cabo acciones concretas para luchar contra la pobreza y apoyar la cohesión social y la ocupación,

H.

Considerando que, en buen número de ocasiones, una política de polos de desarrollo basada en el fomento de actividad económica en las ciudades no ha generado el suficiente efecto de arrastre y, por tanto, ha tenido efectos limitados en el área circundante y no ha contribuido a un desarrollo integrado,

I.

Considerando que las ciudades, independientemente de su riqueza o de su poder económico, pueden tener problemas concretos, como la desigualdad social extrema, la pobreza, la exclusión y un alto nivel de paro en algunos barrios, que puedan aliviarse o desaparecer gracias a la ayuda de la política de cohesión,

J.

Considerando que la simplificación de la aplicación práctica de la política, incluida la de los mecanismos de control y auditoría, ayuda a mejorar la eficiencia, a reducir los índices de error, a que la arquitectura política resulte más fácil de manejar para el usuario y a aumentar la visibilidad; y considerando que conviene proseguir los esfuerzos de simplificación y acompañarlos de la simplificación de los procedimientos nacionales y regionales a fin de que los representantes de las zonas urbanas puedan orientar y gestionar mejor la utilización de los fondos europeos,

1.

Señala que la Agenda urbana europea comprende, por un lado, la dimensión urbana de las políticas de la UE, en particular la política de cohesión, y, por otro, la vertiente intergubernamental de esfuerzos a nivel europeo para coordinar las políticas urbanas de los Estados miembros, concretándose esta última mediante reuniones ministeriales informales bajo la coordinación de las Presidencias sucesivas del Consejo y con la contribución activa de la Comisión; opina en este contexto que los gobiernos locales deberían estar mejor informados y más estrechamente implicados por lo que respecta a las actividades de la vertiente intergubernamental; recomienda una mayor coordinación entre los dos niveles y una participación mayor de los gobiernos locales; destaca la necesidad de coordinar de manera más satisfactoria las decisiones y acciones de las autoridades administrativas tanto a escala de la UE como de los distintos países;

2.

Toma nota de la aprobación de la Declaración de Toledo y del Documento de Referencia de Toledo sobre la regeneración urbana; coincide en la necesidad de una mayor continuidad y más coordinación en el camino hacia un programa de trabajo conjunto o «Agenda urbana europea»; celebra que los Ministros subrayen la necesidad de reforzar la cooperación y la coordinación con el Parlamento Europeo, así como el objetivo de fortalecer la dimensión urbana en la política de cohesión y promover el desarrollo urbano sostenible y los enfoques integrados mediante el refuerzo y el desarrollo de instrumentos para poner en práctica la Carta de Leipzig a todos los niveles; felicita a los Estados miembros y a la Comisión por sus esfuerzos en pro de la continuación del Proceso de Marsella y del desarrollo de un marco de referencia de ciudades europeas sostenibles; sigue con interés el lanzamiento de la fase de pruebas del marco de referencia; lamenta, no obstante, que las ciudades no estén participando suficientemente en este proceso; pide por ello a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que exista un mayor flujo de información sobre este proceso dirigida a las ciudades no participantes y que mantengan informado al Parlamento de los avances futuros;

3.

Subraya que, además de la importante contribución de las intervenciones de la política de cohesión para el desarrollo de áreas urbanas, hay una serie de políticas (tales como las de medio ambiente, transporte y energía) y programas de la UE que tienen un fuerte impacto sobre el desarrollo urbano; destaca la necesidad de comprender mejor el impacto territorial de las políticas y pide un fortalecimiento de la Agenda urbana en las políticas de la UE; reitera su petición de que la Comisión evalúe el impacto territorial de las políticas sectoriales y que amplíe los mecanismos de evaluación del impacto ya existentes; acoge favorablemente, en este sentido, las ideas recogidas en el quinto informe sobre la cohesión económica, social y territorial y la labor realizada por el programa ESPON;

4.

Subraya que, en gran medida, son las áreas urbanas las que materializan las políticas europeas sobre el terreno; hace hincapié en que las zonas urbanas —que representan el 73 % de la población europea, generan alrededor del 80 % del PIB de la UE y consumen hasta un 70 % de la energía en la Unión— son los grandes centros de innovación, conocimientos y cultura, gracias, entre otras causas, a la presencia de PYME y, por ello, contribuyen de manera significativa al crecimiento económico; señala que únicamente las ciudades con servicios de alta calidad y dotadas de infraestructuras adecuadas consiguen atraer y fomentar actividades de futuro con un elevado valor añadido; señala que, por otra parte, también soportan los costes de la productividad económica (crecimiento urbano desordenado, concentración, congestión, contaminación, ocupación del suelo, cambio climático, inseguridad energética, crisis de la vivienda, segregación territorial, delincuencia, migración, etc.) y sufren grandes desequilibrios sociales (paro elevado, inseguridad social y exclusión, polarización social, etc.) que ponen en peligro su papel como «motores del crecimiento»; subraya que tanto los avances económicos como los avances sociales y ecológicos producidos en las zonas urbanas repercuten enormemente sobre las zonas colindantes y considera que la agenda urbana debe perseguir el desarrollo de inversiones sostenibles, inteligentes e integradoras a fin de fortalecer el papel de las ciudades; considera, por lo tanto, que existe una justificación clara para un compromiso común con respecto a las zonas urbanas de la UE orientado a reducir los efectos transversales del crecimiento y del desarrollo y a abordar cuestiones relacionadas con la sostenibilidad medioambiental y la cohesión social;

5.

Subraya que el principio de subsidiariedad es de aplicación en los servicios de transporte urbano; destaca, sin embargo, que la cooperación, la coordinación y la financiación a escala europea permitirían a las autoridades locales responder a los retos que afrontan, en particular en el ámbito de los transportes;

6.

Cree que los niveles de gobierno europeo, nacional, regional y local comparten el objetivo de maximizar la contribución de las zonas urbanas al crecimiento económico de la UE al tiempo que sostienen o mejorar los parámetros que las convierten en «lugares donde se vive bien»; subraya que, si bien se trata de un objetivo ampliamente compartido, las medidas específicas para alcanzarlo pueden variar de un lugar a otro; señala que, como consecuencia de la evolución histórica a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, algunas regiones y ciudades tendrán que seguir, en términos generales, un abanico de prioridades más amplio (incluida la de la convergencia) y considera, por tanto, que se debe garantizar una flexibilidad adecuada que permita a las zonas urbanas concretas buscar las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades, a su microentorno y a su macroentorno y a su contexto de desarrollo;

7.

Recomienda que la dimensión urbana de la política de cohesión, con la directriz consistente en el concepto estratégico de velar por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, se centre en un triple objetivo: en primer lugar, ayudar a las áreas urbanas a desarrollar sus infraestructuras materiales básicas como condición necesaria para el crecimiento, con el fin de explotar plenamente su contribución potencial al crecimiento económico de Europa, a la diversificación del entramado económico y a la sostenibilidad energética y medioambiental, especialmente con miras a preservar y mejorar la calidad del aire de los centros urbanos y sin perjudicar lo más mínimo los cursos fluviales; en segundo lugar, ayudar a las áreas urbanas a modernizar sus características económicas, sociales y ambientales a través de inversiones inteligentes en infraestructura y servicios basados en el progreso tecnológico y en estrecha correlación con las necesidades específicas regionales, locales y nacionales; en tercer lugar, regenerar zonas urbanas recuperando zonas industriales y terrenos contaminados, aunque sin olvidar el desarrollo de enlaces entre las áreas urbanas y las zonas rurales con miras a promover el desarrollo integrador, mencionado expresamente en la Estrategia Europa 2020;

8.

Llama la atención sobre el gran potencial de modernización de las inversiones en infraestructura mediante tecnologías inteligentes que deberán resolver problemas que persisten en ámbitos como la gobernanza de las ciudades, la gestión del abastecimiento y el consumo de agua, los transportes, el turismo, la vivienda, la educación, la asistencia social y sanitaria, la seguridad pública, etc., a través del concepto de «desarrollo urbano más inteligente»; considera que estas inversiones en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ser consideradas como una fuerza motriz declarada del crecimiento económico y de la actividad económica basada en la innovación al reunir a los elementos de la inversión pública y privada que pueden generar un nuevo espíritu de empresa, empleo sostenible y crecimiento inteligente, en línea con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y, en concreto, de la asociación para la innovación «Ciudades inteligentes»;

9.

Subraya que la aplicación de sistemas inteligentes puede aportar una contribución importante para mejorar la eficiencia energética y la seguridad del uso y la explotación de energía en el sector público, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un despliegue coordinado y efectivo de sistemas inteligentes en toda la Unión, y en particular, en las áreas urbanas; observa que las propias ciudades pueden contribuir en gran medida a luchar contra el cambio climático, por ejemplo, mediante sistemas inteligentes de transporte público urbano, la rehabilitación energética de los edificios y un urbanismo sostenible que reduzca las distancias al trabajo o servicios e infraestructuras urbanos, entre muchas otras cosas; apoya, en este sentido, la iniciativa Civitas y el «Pacto entre Alcaldes»; destaca la importancia de utilizar los fondos disponibles para poner en práctica programas de acción que fomenten la explotación del potencial local de energía renovable y pide a la Comisión que vele por que ambas iniciativas se mantengan actualizadas en el futuro;

10.

Destaca la idoneidad de la política de cohesión para fomentar la innovación social en las zonas urbanas, especialmente en los barrios desfavorecidos, con miras a impulsar la cohesión interna y el capital humano a través de un enfoque integrador y participativo, ya sea en materia de formación y educación (sobre todo a favor de la juventud), de acceso a microcréditos o para promover la economía social;

11.

Reitera su opinión de que una de las deficiencias de la Estrategia de Lisboa radicaba en la ausencia de una gobernanza a varios niveles que funcionara correctamente, así como en la participación insuficiente de las autoridades locales y regionales y de la sociedad civil en las fases de diseño, aplicación, comunicación y evaluación de la estrategia; subraya la necesidad de que se mejore el sistema de gobernanza de la Estrategia Europa 2020 con una mayor integración de las partes interesadas en todas las fases;

12.

Pide a la Comisión que, en las futuras normativas, obligue a los Estados miembros a asociar formalmente a los líderes políticos de las principales áreas urbanas y a las asociaciones de autoridades locales y regionales a todas las etapas del proceso de toma de decisiones de la política de cohesión (planificación estratégica, formulación y negociación de los «Contratos de Asociación para el Desarrollo y la Inversión» previstos), por ejemplo, mediante la creación de nuevos tipos de asociación, como pactos territoriales concebidos para Estado miembro; insta a la Comisión a que incentive la formación de las administraciones urbanas y locales con miras a facilitar información sobre programas e iniciativas de política urbana, y pide en consecuencia a las autoridades locales que elaboren planes de acción concretos relacionados con sus propias estrategias de desarrollo; opina que es el único modo de reflejar las necesidades locales a la vez que se impide la fragmentación de los objetivos estratégicos y las soluciones;

13.

Opina que se debería reforzar la vinculación existente entre los planes de acción locales y los programas de integración nacionales y regionales; aprueba la propuesta de la Comisión de reforzar la posición del enfoque de desarrollo local en la política de cohesión por medio de grupos de apoyo y planes de acción locales de tipo «Leader»;

14.

Subraya que las zonas urbanas no son elementos aislados dentro de sus respectivas regiones y que su desarrollo, por tanto, debe estar estrechamente vinculado a las áreas funcionales suburbanas o rurales próximas; solicita aclaraciones sobre situaciones específicas como las de zonas metropolitanas, regiones urbanas y aglomeraciones, cuyas funciones están interrelacionadas estrechamente; considera que la gobernanza de varios niveles, la programación regional y el principio de asociación son los instrumentos más eficaces para evitar la sectorialización y la fragmentación de las políticas de desarrollo; recuerda, no obstante, que las sinergias internas no siempre están garantizadas; insta a la Comisión a que solicite a los Estados miembros que fomenten expresamente el contacto y el intercambio de buenas prácticas sobre estrategias urbano-rurales y que analicen las dimensiones urbano-rurales en los documentos de planificación a fin de asegurar unos buenos enlaces urbano-rurales;

15.

Subraya el papel positivo que desempeñan la cooperación transfronteriza, la cooperación transnacional y la iniciativa URBACT con respecto a la creación de redes de ciudades, la puesta en común de mejores prácticas y la generación de soluciones innovadoras; señala que la cooperación entre ciudades europeas se ciñe muy bien al Objetivo 3 (cooperación territorial europea); considera que en el periodo 2014-2020 debe reforzarse la dimensión urbana de la cooperación territorial europea; anima a la participación de las ciudades en redes de cooperación interregional y transfronteriza; cree que las redes que reciban apoyo deberían vincularse a proyectos reales de desarrollo y pide a la Comisión que mejore las plataformas para permitir que se aplique un enfoque experimental a la regeneración y al desarrollo urbanos; opina que la experimentación podría resultar útil sobre todo en el marco del FSE, donde una estrategia territorial global podría completar el enfoque por categorías de población específicas;

16.

Subraya que el proceso de «regeneración urbana» y de «incorporación a las demás políticas» puede dar lugar a la aparición de una nueva «alianza urbana» que aúne a todas las partes interesadas en el proceso de «construcción de la ciudad»; indica que la alianza seguiría basándose en el consenso y se establecería formalmente con nuevas formas de gobernanza en las que las redes sociales y de ciudadanos desempeñarían un papel importante, con el objetivo común de revalorizar, regenerar e incluso reinventar la «ciudad existente», haciendo un uso óptimo del capital humano, social, material, cultural y económico acumulado con el tiempo y canalizando estos elementos hacia la construcción de ciudades gestionadas con arreglo a criterios orientados a la eficiencia, innovadores, inteligentes, más sostenibles y tendentes a la integración social;

17.

Reitera su petición a la Comisión para que cree un programa de intercambio «Erasmus para representantes electos locales y regionales» con vistas a fomentar la transferencia de buenas prácticas en materia de desarrollo urbano y local estratégico;

18.

Subraya que los cargos electos locales tienen responsabilidad política directa en materia de decisiones estratégicas y de inversión de recursos públicos; opina, teniendo esto presente, que los Estados miembros deben garantizarles unos recursos presupuestarios suficientes; considera, por consiguiente, que para alcanzar los objetivos de la política de cohesión y la Estrategia Europa 2020, los cargos electos locales deben estar asociados necesariamente al proceso de toma de decisiones estratégicas y participar estrechamente en la elaboración de programas operativos, así como ejercer ampliamente la opción de desempeñar responsabilidades subdelegadas de aplicación y evaluación de la política de cohesión, sin perjuicio de la responsabilidad financiera de las autoridades de gestión y los Estados miembros; subraya que la prioridad de las entidades locales debe ser asegurar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos, que, junto con todas las partes interesadas, deben participar en las estrategias de desarrollo locales;

19.

Recomienda que, en el próximo período de programación, se utilice una de las siguientes opciones en la puesta en práctica de la dimensión urbana a nivel nacional: programas operativos independientes gestionados por áreas urbanas concretas; programas operativos conjuntos que abarquen áreas urbanas de Estados miembros concretos, y subvenciones globales o asignación específica de medidas y recursos urbanos dentro de programas operativos regionales específicos; reconoce la importancia de elaborar en el futuro programas operativos específicos para determinadas zonas urbanas a fin de mejorar su potencial de desarrollo;

20.

Advierte de que, como la escala y el predominio de la urbanización difieren enormemente en la UE, sobre todo cuando una región es fundamentalmente rural y está poco urbanizada, el porcentaje de recursos asignados a acciones urbanas, al igual que el contenido general y las prioridades de los Programas Operativos, deben dejarse a la discreción de los diseñadores de los programas que operen en representación de la región en cuestión;

21.

Apoya los principios de la planificación estratégica integrada, ya que pueden ayudar a las autoridades locales a salir del pensamiento en términos de «proyectos individuales» para pasar a un pensamiento de carácter intersectorial y más estratégico a fin de utilizar su potencial de desarrollo endógeno; destaca el valor añadido y el carácter innovador -sobre todo para los barrios desfavorecidos- de este enfoque «ascendente» que, al garantizar la participación de todos los agentes locales, permite responder de forma más satisfactoria a las necesidades reales y a los recursos del territorio; lamenta, al mismo tiempo, la vaga definición común, que solamente se plasma en solicitudes oficiales en algunos casos; pide a la Comisión que pida a los Estados miembros garantías de apoyo al desarrollo de las capacidades administrativas a nivel local para fines de planificación estratégica integrada;

22.

Considera que las zonas urbanas tienen un papel fundamental que desempeñar en la aplicación de estrategias macrorregionales y el establecimiento de unidades geográficas funcionales;

23.

Pide a la Comisión que elabore un estudio comparativo sobre la práctica seguida hasta ahora por los distintos Estados miembros en lo referente a la planificación estratégica integrada y, sobre la base de los resultados de este estudio, que elabore directrices específicas de la UE para prácticas de planificación integrada del desarrollo urbano que aclaren también la relación entre estos planes y otros documentos de planificación, y que promuevan asociaciones eficientes y reguladas jurídicamente, incluyendo asociaciones urbanas transfronterizas; pide a la Comisión que la planificación urbana integrada sea jurídicamente vinculante si se utilizan fondos de la UE para cofinanciar proyectos; recomienda a las autoridades locales de los Estados miembros que pongan en marcha nuevas colaboraciones público-privadas y estrategias innovadoras de desarrollo de infraestructuras urbanas que permitan atraer inversiones y estimular a las empresas; recomienda una mejor coordinación entre el ámbito local y regional que permita crear asociaciones tanto entre ciudades y zonas rurales como entre ciudades pequeñas, medianas o grandes a fin de asegurar un desarrollo regional equilibrado; y al mismo tiempo pide a la Comisión que intensifique la asistencia técnica a fin de mejorar la planificación integrada del desarrollo, la formulación participativa de las políticas y el desarrollo urbano estratégico;

24.

Acoge favorablemente la idea de la Comisión relativa al futuro marco estratégico común esbozada en las conclusiones del quinto informe de situación sobre la cohesión, que podría incrementar las sinergias entre los fondos, especialmente para rediseñar los vínculos de las zonas urbanas con las rurales y periurbanas; hace hincapié en el valor añadido europeo del enfoque horizontal e integrado de la política de cohesión y solicita, en ese sentido, más sinergias con las políticas energética, medioambiental y de transportes, que suponen una particular ayuda en las zonas urbanas y periurbanas, donde los desafíos en la materia son destacables;

25.

Reitera su opinión de que la elaboración de planes de desarrollo urbano integrado solo resultará eficiente si se dispone de recursos suficientes para acciones urbanas específicas, y recomienda por lo tanto que los recursos disponibles se concentren en acciones específicas; propone el establecimiento de un nivel mínimo de intensidad de la ayuda por período de programación para barrios desfavorecidos de las áreas urbanas;

26.

Subraya que las inevitables medidas de austeridad introducidas a todos los niveles de gobierno en la Unión Europea ejercen una presión sin precedentes sobre todos los tipos de gasto público, incluidas las inversiones estratégicas en desarrollo económico; opina que, para mejorar la eficacia de la inversión, se requiere una mayor coordinación de todos los recursos públicos disponibles (europeos, nacionales, regionales, locales y privados), y asignarlos de manera más estratégica;

27.

Aboga, en este contexto, por una planificación financiera exhaustiva a escala local como componente indivisible de la planificación integrada del desarrollo y pide a todos los usuarios de recursos públicos, en consonancia con la noción de orientación a los resultados, que apliquen estrictamente el principio de «dinero para realizar proyectos, en lugar de proyectos para obtener dinero»;

28.

Subraya el valor añadido de la UE en lo relativo a la financiación cruzada entre el FEDER y el FSE en materia de flexibilidad para los proyectos de inclusión social y los planes/estrategias locales de desarrollo integrado; pide a la Comisión que establezca condiciones más flexibles para esta financiación cruzada, de modo que se promueva su utilización y que estas normas no creen obstáculos en las fases de diseño y ejecución de planes o estrategias de desarrollo urbano integrado; subraya el carácter complementario de ambos instrumentos; destaca que, especialmente en los entornos urbanos que padecen exclusión social o deterioro medioambiental, se podría ayudar mediante fondos del FSE a proyectos locales conjuntos de las ciudades, el tercer sector y el sector privado destinados a prevenir la exclusión; destaca que la utilización conjunta de los fondos europeos existentes podría incrementar significativamente las posibilidades de financiación;

29.

Considera que el dinamismo de las zonas urbanas puede estimularse gracias a unas sinergias efectivas entre los distintos instrumentos europeos de financiación, en concreto en lo relativo a la investigación y la innovación;

30.

Destaca el papel prometedor de los nuevos instrumentos de ingeniería financiera basados en los principios de «proyectos para obtener dinero» y «dinero para realizar proyectos» establecidos durante el actual período de programación; subraya la necesidad de crear instrumentos graduables de ingeniería financiera que puedan resultar viables para zonas urbanas mucho más reducidas; pide a la Comisión que evalúe la experiencia acumulada con el uso de estos instrumentos y que, en caso necesario, los adapte con el fin de mejorar su posición competitiva en los mercados financieros en relación con productos comerciales comunes, para que sean más fáciles de usar, más prácticos y más atractivos y, por consiguiente, más eficaces; opina que, para este fin, los tipos de interés de los instrumentos financieros del BEI deberían fijarse en un nivel inferior al de los préstamos comerciales; pide a los Estados miembros, en vista de los resultados positivos de la utilización de los instrumentos de ingeniería financiera actuales, que velen en todo momento por que el potencial ofrecido por dichos instrumentos financieros sea aprovechado de la forma más eficaz posible;

31.

Considera que la iniciativa Jessica, en particular, puede alcanzar su mayor eficacia cuando se aplique a nivel de ciudad, por lo que lamenta la tendencia a centralizar su aplicación que observa en algunos Estados miembros;

32.

Pide a la Comisión que vele por que los flujos financieros entre los niveles europeo, nacional y subnacional se organicen de la forma más eficiente y flexible posible en el futuro; manifiesta su preocupación con respecto al reducido nivel actual de prefinanciación de proyectos y opina que en el futuro se debería garantizar por vía legislativa que los Estados miembros estén obligados más claramente a utilizar la prefinanciación para los pagos a beneficiarios públicos, como las autoridades urbanas;

33.

Pide a la Comisión que persiga la mayor armonización posible de las normas aplicables a los distintos fondos y programas de la UE aplicables para decidir qué proyectos de desarrollo local y urbano pueden acogerse a la cofinanciación, a fin de minimizar la burocracia y los errores potenciales durante la ejecución;

34.

Pide al Comité de las Regiones que trabaje sobre ideas acerca de cómo perfilar mejor la dimensión urbana de la futura política de cohesión;

35.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como al Comité de las Regiones.

18.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 390/18

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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su título XVIII,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999 (1),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1082/2006 del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT) (2),

—

Vista la Decisión del Consejo 2006/702/CE (3), de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión,

—

Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre la política regional y de cohesión de la Unión Europea después de 2013 (4),

—

Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre la Estrategia de la Unión Europea para la región del mar Báltico y el papel de las macrorregiones en la futura política de cohesión (5),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la aplicación de los fondos destinados a las sinergias relacionadas con la investigación y la innovación en el Reglamento (CE) no 1080/2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Séptimo Programa Marco para Investigación y Desarrollo en las ciudades y regiones, así como en los Estados miembros y la Unión Europea (6),

—

Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el Libro Verde sobre cohesión territorial y el estado del debate sobre la futura reforma de la política de cohesión (7),

—

Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre la revisión del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (8),

—

Vista su Resolución, de 21 de febrero de 2008, sobre el seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial (9),

—

Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2005, sobre la función de las «eurorregiones» en el desarrollo de la política regional (10),

—

Vista su Resolución, de 28 de septiembre de 2005, sobre la función de la cohesión territorial en el desarrollo regional (11),

—

Vistos la Comunicación de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, sobre la Estrategia de la Unión Europea para la Región del Danubio (COM(2010)0715) y el plan de acción indicativo que acompaña la estrategia (SEC(2010)1489),

—

Visto el V Informe de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión (V Informe sobre cohesión) (COM(2010)0642),

—

Vistos la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2010, titulada «Revisión del presupuesto de la UE» (COM(2010)0700) y sus anexos técnicos (SEC(2010)7000),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada «Contribución de la Política Regional al crecimiento inteligente en el marco de la Europa 2020» (COM(2010)0553),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, titulada «Política de cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013» (COM(2010)0110),

—

Vistos la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2009, acerca de la Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico (COM(2009)0248), así como el plan de acción indicativo que acompaña la estrategia (SEC(2009)0712/2),

—

Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia europea para la región atlántica, en la que se menciona una comunicación de la Comisión prevista para 2011 (12),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2008, titulada: «Libro Verde sobre la cohesión territorial europea: Convertir la diversidad territorial en un punto fuerte» (COM(2008)0616),

—

Visto el Dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones, de 27 de enero de 2011, titulado «Nuevas perspectivas para la revisión del Reglamento AECT»,

—

Visto el informe independiente, preparado a petición de la Comisión, titulado «Evaluación ex post de la iniciativa comunitaria INTERREG III (2000-2006)» (no 2008.CE.16.0.AT,016),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0110/2011),

A.

Considerando que el territorio de la Unión Europea se compone de 27 Estados miembros y 271 regiones,

B.

Considerando que las regiones con zonas fronterizas representan aproximadamente el 37,5 % de la población europea,

C.

Considerando que la cooperación informal, las eurorregiones, los eurodistritos, las AECT, las iniciativas del Consejo de Europa, los sucesivos Tratados y la legislación derivada de la Unión Europea han contribuido a la creación de lazos más sólidos y duraderos entre los territorios,

D.

Considerando que, aunque se han establecido las bases de la cooperación territorial, aún subsisten muchos desafíos y que el carácter de estos desafíos depende de la historia y del grado de maduración de cada tipo de cooperación,

E.

Considerando que tras la «abolición» de las fronteras en los Tratados es preciso reducirlas también en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos,

F.

Considerando que la política regional tiende a fomentar un desarrollo armonioso de las regiones, reforzando la cohesión económica, social y territorial en el seno de la Unión Europea,

G.

Considerando que, en la política de cohesión, el objetivo de «cooperación territorial» participa en la «unión cada vez más estrecha entre los pueblos» ayudando a reducir las barreras entre los territorios y las regiones,

H.

Considerando que, en las fronteras exteriores, el objetivo de cooperación territorial forma parte del proceso de preadhesión y de la aplicación de la política de vecindad, y que, por consiguiente, debe reforzarse la coordinación de los dispositivos comunitarios relevantes,

I.

Considerando que la cooperación territorial, que lleva a las personas de diferentes regiones a cooperar, es un proceso de aprendizaje continuo que genera un sentido de pertenencia común y de futuro compartido,

J.

Considerando que la cooperación territorial debe colocar al ciudadano en el centro de sus prioridades, y que, por tanto, debe preconizarse un enfoque con base local,

K.

Considerando que la profundización de la cooperación territorial depende de los progresos realizados por la integración europea y la coordinación en todos los ámbitos, que contribuye a la integración europea y a la cohesión territorial, y que la cooperación territorial es en sí misma un laboratorio experimental para la integración europea,

L.

Considerando que apenas se realizan inversiones en las redes transeuropeas (TEN) de transporte en las regiones fronterizas, a pesar de que es precisamente en las zonas transfronterizas donde se necesita con más urgencia la modernización; considerando que la eliminación de los obstáculos a las infraestructuras transfronterizas sería un ejemplo típico del valor añadido europeo,

M.

Considerando que el Reglamento general de los Fondos Estructurales y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa han reforzado considerablemente la importancia de la cooperación territorial,

N.

Considerando que la valoración ex-post de los programas INTERREG III durante el periodo de programación 2000-2006 demuestra de manera probada el valor añadido de este objetivo para el proyecto europeo,

1.

Recuerda que la cooperación territorial consiste en alentar la cooperación entre territorios y regiones para que puedan dar una respuesta conjunta a sus desafíos comunes, reducir los obstáculos ya sean físicos, culturales, administrativos o reglamentarios que puedan frenar esta cooperación y atenuar el «efecto frontera»,

2.

Está convencido del valor añadido europeo que representa la cooperación territorial y de su papel esencial para la profundización del mercado interior y de la integración europea en diversas políticas sectoriales, y pide que la cooperación territorial permanezca como uno de los pilares de la política de cohesión;

3.

Subraya que el objetivo de la cooperación territorial, sobre la base del principio de la cohesión económica, social y territorial, afecta a todas las regiones de la UE, ya que contribuye a promover el desarrollo armonioso de la Unión en su conjunto;

4.

Considera que la cooperación territorial ha demostrado su eficacia y que su potencial y su fuente de competitividad no están suficientemente explotados debido al ínfimo importe que tienen asignado; pide que el presupuesto del objetivo «cooperación territorial» aumente del 2,5 % con que cuenta en el actual periodo de programación, hasta al menos el 7 % de presupuesto total de la política de cohesión para el próximo período de programación;

5.

Recomienda que se mantenga el entramado actual del Objetivo 3, dividido en tres componentes (transfronterizo (componente A), transnacional (componente B) e interregional (componente C)), y que el componente transfronterizo conserve su preponderancia sobre los demás componentes al asignarle al menos el 70 % del presupuesto de la cooperación territorial; señala que la distribución de los fondos del programa debe ser justa y equitativa para todas las regiones;

6.

Considera que, si debe mantenerse la distinción entre el componente transfronterizo (componente A), que responde a las necesidades locales de las zonas de vida transfronterizas, y el componente transnacional (componente B), incluida la escala denominada macrorregional, que permite la cooperación en ámbitos estratégicos más amplios, es necesaria una mejor coordinación entre ambos componentes;

7.

Alienta, además, para garantizar la coherencia y la continuidad de la acción territorial, en función del carácter estratégico de los proyectos, una mayor flexibilidad en el uso de las posibilidades que ofrece el artículo 21 del Reglamento del FEDER por lo que se refiere a la localización de las operaciones en el marco de la cooperación transfronteriza y transnacional, incorporando a las regiones marítimas; pide a este respecto una cierta flexibilidad en la aplicación del límite de 150 km para las regiones costeras y marítimas en el marco de la cooperación transfronteriza;

8.

Considera, no obstante, que la integración y apertura de estas regiones a espacios geográficos fuera de la UE no pueden ni deben deducirse simplemente por razón de su apartamiento geográfico; la riqueza de los lazos históricos, lingüísticos y culturales que las unen con diversas partes del mundo les confieren una posición privilegiada para profundizar esas relaciones, lo que beneficiaría a la presencia de la UE en el mundo;

9.

Subraya el papel crucial de la cooperación territorial para alcanzar los objetivos de la estrategia «UE 2020»; pide que se lleve a cabo una reflexión previa a fin de definir las necesidades estratégicas de cada frontera y espacio de cooperación, en el marco de esta estrategia, y, posteriormente, que se integre y materialice la cooperación territorial europea en todos los niveles de planificación estratégica (europeo, nacional, regional y local); insta a la Comisión a que clarifique lo antes posible sus propuestas en lo que se refiere a la concentración temática de los fondos de acuerdo con un «menú temático» UE 2020;

10.

Desea que la asignación de fondos se lleve a cabo para cada programa de cooperación territorial, sobre la base de criterios armonizados, con objeto de satisfacer de manera estratégica e integrada a las necesidades y especificidades de cada territorio y cada espacio de cooperación; pide, a este respecto, a la Comisión y a los Estados miembros que considere otros criterios, estratégicos, mensurables, pertinentes y que reflejen las necesidades de los territorios sin menoscabar el criterio más importante: la demografía;

11.

Reitera la importancia que reviste la cooperación interregional (componente C), pero lamenta la falta de recursos que se le asignan; sugiere, por consiguiente, la revisión del límite de la tasa de cofinanciación de la UE de este componente, teniendo en cuenta también su capacidad de actuar como incentivo para los participantes de las regiones del objetivo «competitividad y empleo» con objeto de aumentar el número de proyectos financiados en el componente C, y solicita que se amplíen los ámbitos temáticos de cooperación no solo en materia de gobernanza y gestión de los programas operativos, sino también de desarrollo regional;

12.

Anima, igualmente, a las regiones a explotar mejor las posibilidades de cooperación interregional que se ofrecen en sus programas operativos por el Reglamento general (13); aboga por esta razón por que el componente «interregional» del Objetivo 3 incluya también la coordinación y animación de estos proyectos, la capitalización de conocimientos y el intercambio de mejores prácticas;

13.

Subraya que es importante que los futuros programas operativos de cooperación territorial cuenten con el apoyo de INTERACT y dispongan de la capacidad de establecer mecanismos de asistencia eficaces, que podrían inspirarse en el modelo del proyecto RC LACE; pide una mayor coordinación de INTERACT con URBACT, ESPON y el Componente C, con el fin de mejorar la realización del Objetivo 3;

14.

Alienta las actividades de ESPON pero sugiere que se faciliten las oportunidades para que las autoridades locales y regionales participen activamente en esta investigación en materia de cooperación territorial, y que se garantice una mayor facilidad para desplegar en la práctica la financiación obtenida;

15.

Acoge con satisfacción el éxito del programa URBACT en materia de desarrollo urbano sostenible y pide su renovación, y ampliación para convertirlo en una iniciativa importante y fácilmente accesible, con el fin de ofrecer oportunidades para el aprendizaje compartido y la transferibilidad con respecto a los retos urbanos locales;

16.

Pide a la Comisión que reflexione sobre una forma de hacer participar a los cargos electos locales y regionales en estas redes europeas de intercambio de experiencias y mejores prácticas, primera etapa en la ejecución del proyecto piloto «Erasmus de los responsables políticos locales y regionales»;

17.

Reitera que para lograr una cohesión territorial efectiva es imprescindible conseguir que los agentes subnacionales colaboren en el cumplimiento de los objetivos de la UE;

18.

Considera necesaria la integración horizontal del objetivo «cooperación territorial», con los objetivos «convergencia» y «competitividad y empleo»; pide una mejor coordinación de la programación que hasta ahora; sugiere que los programas operativos regionales tengan la posibilidad de interesarse y de participar en los proyectos transfronterizos, transnacionales e interregionales que les afectan, mediante la definición de un enfoque territorial para la asignación de los créditos, en beneficio de proyectos, como la conexión a las redes transeuropeas de transporte en las regiones fronterizas, previamente identificados y consultados con los socios de los programas respetando los principios de la gobernanza multinivel y de la asociación, lo que permitirá un mejor aprovechamiento del potencial de la cooperación territorial gracias a las relaciones que desarrollarán los actores privados y públicos fuera de las fronteras;

19.

Alienta a los Estados miembros y a las regiones a establecer programas operativos plurirregionales que correspondan a problemáticas territoriales comunes, como, por ejemplo, la existencia de una cadena montañosa o de una cuenca fluvial que estructuren el territorio;

20.

Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a promover la coordinación de las políticas en las regiones transfronterizas así como el mercado de trabajo, con el fin de evitar problemas de distorsión de la competencia en el marco de la integración económica y territorial;

21.

Considera que los programas de cooperación transfronteriza también son importantes para la eficacia y los resultados de las estrategias de reducción de la pobreza e integración de los grupos desfavorecidos en la sociedad europea; pide que se tenga en cuenta esta cuestión a la hora de diseñar el marco normativo y que se apliquen medidas apropiadas en las zonas desfavorecidas que permitan la participación en programas de la UE para el desarrollo regional;

22.

Señala que los enfoques del tipo de la estrategia para el Mar Báltico pueden reforzar, en parte, la cooperación transfronteriza; considera que las macroestrategias deben tener plenamente en cuenta otros programas de cooperación regional, con el fin de generar sinergias; señala que la lógica de las macrorregiones, a iniciativa del Consejo, es una lógica experimental de coordinación de proyectos comunes que abarca un amplio territorio caracterizado por problemáticas territoriales comunes, con el fin de aprovechar los beneficios de un enfoque integrado, multisectorial y territorial en torno a acciones estratégicas comunes dependientes de fondos ya existentes;

23.

Recuerda que las estrategias existentes o que puedan existir en el futuro deben establecer la base para enfoques más estratégicos y «conjuntados», a realizar a través de los instrumentos relevantes de cooperación territorial, pero que no dan lugar a nueva financiación en el presupuesto de la Unión ni prevén la creación de nuevas instituciones ni tampoco la aplicación de nuevas disposiciones legislativas;

24.

Pide a la Comisión un examen minucioso de los resultados de las primeras estrategias macrorregionales aplicadas; considera que el proceso ha generado un interés que conviene que fructifique, aprovechando las lecciones de la experiencia para la aplicación de nuevas y futuras estrategias macrorregionales;

25.

Señala que el objetivo de cooperación territorial puede incluir la cooperación a escala macrorregional, en particular en el marco de su componente transnacional;

26.

Propugna que los programas transnacionales vengan en apoyo de estas estrategias territoriales mediante la coordinación de la reflexión, la definición y la dirección de las estrategias microrregionales, sin dar lugar, no obstante, a solapamientos innecesarios en las estructuras presupuestarias de la Unión mediante la creación de líneas presupuestarias específicas para las diferentes macrorregiones;

27.

Subraya, al mismo tiempo, que los objetivos de las estrategias macrorregionales complementan los de la cooperación transfronteriza microrregional, y que pueden incluirlos, pero no sustituirlos; subraya, por ello, que el componente transfronterizo de la cooperación territorial debe mantenerse como un elemento diferenciado y legítimo por derecho propio;

28.

Está convencido de que el elemento transnacional del Objetivo 3 puede contribuir a mejorar la cooperación entre estrategias macrorregionales, aumentando la participación de las autoridades regionales y locales y de la sociedad civil en la realización de las iniciativas prácticas;

29.

Opina que cualquier estrategia transnacional debe incorporar en su reflexión las posibles coordinaciones con las directrices de las redes transeuropeas de transporte y las estrategias implementadas en el marco da la política marítima integrada;

30.

Recuerda que la cooperación territorial afecta tanto a las fronteras interiores como a las exteriores de la Unión Europea, también en lo que se refiere a las actuales y futuras estrategias macrorregionales; subraya las dificultades de los terceros países para obtener cofinanciación en el marco de la aplicación de las disposiciones relativas a la cooperación en el reglamento de aplicación del FEDER; pide a la Comisión que reflexione sobre una mejor sinergia entre la intervención del FEDER, la del Instrumento de Preadhesión (IPA), la del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) y la del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), y que le presente a la mayor brevedad una propuesta sobre las posibles formas de una nueva vecindad; pide que se simplifiquen y armonicen las normas por las que se rige el acceso a las distintas fuentes de financiación, con el fin de asegurar su compatibilidad y facilitar su utilización por los beneficiarios;

31.

Pide a la Comisión, a la vista del carácter particular del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), que transfiera la responsabilidad de su gestión a la DG de Desarrollo Regional de la Comisión, sin dejar de tener en cuenta los aspectos de relaciones exteriores; señala que, en su forma actual, el IEVA no constituye una base adecuada para tener en cuenta las características propias de la cooperación transfronteriza; opina que debe examinarse la posibilidad de separarlo de la administración de las relaciones exteriores, al menos en los casos en que terceros países que participen en la cooperación en las fronteras exteriores también financien la cooperación;

32.

Pide que se aplique el Plan de acción en favor de la gran vecindad para las regiones ultraperiféricas de la UE que se anuncia en la Comunicación de la Comisión COM(2004)0343; subraya, por tanto, la necesidad de una acción multisectorial y coherente en las políticas de la Unión que afectan a las regiones ultraperiféricas, en particular una mejor coordinación entre el componente exterior y el interior, adoptando una estrategia de cuenca;

33.

Recuerda que un Libro Blanco sobre cohesión territorial como complemento al Libro Verde sería un instrumento oportuno para aclarar cómo aplicar la cohesión territorial por medio de la gobernanza multinivel en la futura política regional, y proporcionar material para el debate sobre el próximo paquete legislativo;

34.

Señala que las condiciones para la cooperación transfronteriza en el IEVA no son suficientes para su adecuado desarrollo; aboga en este sentido por una coordinación reforzada entre las diferentes direcciones generales afectadas de la Comisión; está convencido de la absoluta necesidad de reintegrar los programas de cooperación transfronteriza del IEVA en el objetivo de cooperación territorial de la política de cohesión;

35.

Considera que la AECT es un instrumento único y valioso de gobernanza territorial que satisface las necesidades de cooperación estructurada en términos financieros, de estatutos jurídicos y de gobernanza de múltiples niveles; recuerda que debería promoverse el instrumento de las agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT) como una herramienta para configurar los sistemas de gobernanza transfronteriza y garantizar la titularidad de las diferentes políticas a nivel regional y local; también subraya su papel clave para contribuir al éxito del desarrollo y la aplicación de un modelo de gobernanza multinivel;

36.

Subraya el hecho de que las AECT pueden contribuir no solo a la cohesión territorial, sino también a la cohesión social; señala que este instrumento tiene la máxima capacidad para acercar a las distintas comunidades culturales y lingüísticas, promover la coexistencia pacífica en una Europa diversa y hacer visible para los ciudadanos el valor añadido europeo;

37.

Recomienda una primera evaluación de las AECT sobre el terreno para aprovechar las lecciones de sus primeras experiencias;

38.

Considera, sin embargo, conveniente facilitar su aplicación e insta a la Comisión a que presente lo antes posible propuestas de modificación del Reglamento (CE) no 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agrupación europea de cooperación territorial, teniendo en cuenta los problemas detectados por las autoridades regionales y locales y las agrupaciones ya creadas, y sobre la base de la labor del Comité de las Regiones, con objeto de:

39.

Alienta la concesión de subvenciones globales para las AECT que presenten proyectos coherentes con los objetivos y las estrategias de los programas de cooperación afectados, sobre la base de estrategias transfronterizas comunes de desarrollo, con objeto de que puedan gestionar directamente fondos estructurales y programas, y pide que en los reglamentos que regulan los demás fondos europeos se tenga más en cuenta la naturaleza multinacional y multilateral de las AECT, a fin de facilitar su acceso a otras fuentes de financiación;

40.

Se congratula por el lanzamiento por parte del Comité de las Regiones de la Plataforma Europea de las AECT, con vistas al intercambio de experiencias, la capitalización de buenas prácticas y el acompañamiento técnico de las AECT;

41.

Considera que las AECT transfronterizas ofrecen una importante oportunidad para construir Europa en los territorios, implicando a los ciudadanos europeos; pide a las AECT transfronterizas que creen y animen cuando sea necesario un «foro transfronterizo de la sociedad civil» y que apoyen las iniciativas ciudadanas transfronterizas;

42.

Considera que sigue siendo muy complicada la aplicación de los programas de cooperación territorial y considera que el Objetivo 3 requiere un reglamento específico que refleje el carácter intrínsecamente internacional de sus actividades; opina que, por ahora, están implicadas en la aplicación de los programas demasiadas autoridades administrativas, y, por tanto, pide una simplificación importante;

43.

Pide a la Comisión que prevea medidas específicas que simplifiquen las normas de auditoría y control, de acuerdo con el principio de «una sola autoridad de gestión por programa», permitan una consideración a tanto alzado más sistemática de los costes y la financiación de pequeños proyectos mediante cuantías fijas, definan un marco más preciso para las normas europeas de elegibilidad de los gastos, proporcionen flexibilidad en la aplicación de las liberaciones de oficio, incrementen la asistencia técnica con objeto de que las autoridades de gestión puedan hacer hincapié en el acompañamiento estratégico de los proyectos y en la obtención de resultados, en lugar de hacerlo únicamente en los aspectos de gestión en la conformidad administrativa de las solicitudes;

44.

Pide a los Estados miembros que simplifiquen su normativa nacional, que a menudo no hace sino añadir cargas administrativas que la legislación comunitaria no contempla;

45.

Pide a la Comisión que clarifique lo antes posible las modalidades del principio de condicionalidad previsto para la cooperación territorial; considera que, para que esta condicionalidad permita crear un entorno favorable a una mejor utilización y a una mayor eficacia de la acción de los fondos, no debe aumentar la complejidad de la ejecución, a costa de los gestores y de los beneficiarios de los programas;

46.

Insiste asimismo en los esfuerzos de simplificación que deben emprenderse para ampliar y simplificar la participación de los agentes privados; recomienda el establecimiento de sistemas de ingeniería financiera, a partir del modelo de JEREMIE y JESSICA, para facilitar los proyectos transfronterizos que son vectores de desarrollo económico, la participación de los agentes privados y el establecimiento de asociaciones público-privadas;

47.

Lamenta que la cooperación territorial adolece de una falta de visibilidad, tanto en las administraciones nacionales y locales como entre los ciudadanos, y, pide, por tanto, una comunicación más eficaz en relación con los proyectos terminados;

48.

Pide a la Comisión que reflexione especialmente sobre las soluciones que puedan permitir una mejor visibilidad de las AECT y sus actividades entre los agentes de la cooperación territorial y los ciudadanos;

49.

Considera que los estrechos lazos culturales y lingüísticos entre regiones fronterizas de distintos Estados miembros, son un patrimonio histórico que debe valorizarse y aprovecharse para impulsar la cooperación transfronteriza;

50.

Considera que el reforzamiento de la cooperación en materia de educación y cultura, participando en la consecución de los objetivos del crecimiento inteligente e incluyente de la Estrategia Europa 2020, aumentaría el nivel de participación de los ciudadanos y las ONG y contribuiría a mejorar la visibilidad a la cooperación territorial, así como a superar las «fronteras mentales» que obstaculizan la aproximación entre los ciudadanos;

51.

Pide una mejor coordinación de la comunicación entre las autoridades de gestión y las instituciones transfronterizas ya existentes, como las eurorregiones, en la aplicación de los programas transfronterizos con el fin de garantizar un alto nivel de calidad, transparencia y proximidad al ciudadano de los proyectos;

52.

Solicita una mejor coordinación de la comunicación entre todos los agentes involucrados en los procesos de aplicación de la cooperación territorial, sugiere que todos los programas sobre el mismo aspecto adopten un mismo logotipo identificable (por ejemplo, restableciendo la «etiqueta Interreg») junto con un logotipo para cada programa (por ejemplo, de un tamaño normalizado) y pide a la Comisión que proponga en las zonas fronterizas una amplia campaña de información en los medios de comunicación sobre las ventajas y logros de la cooperación territorial en el inicio del próximo período de programación;

53.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

18.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 390/27

—

Vistos el artículo 174, párrafo primero, y el artículo 175, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 4,

—

Vista la Decisión 2006/702/CE del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión (2),

—

Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2008, sobre gobernanza y asociación a nivel nacional y regional, y una base para proyectos en el ámbito de la política regional (3),

—

Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2009, sobre Política de cohesión: invertir en la economía real (4) ,

—

Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre la complementariedad y la coordinación de la política de cohesión con las medidas en materia de desarrollo rural (5),

—

Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el Libro Verde sobre la cohesión territorial y el estado del debate sobre la futura reforma de la política de cohesión (6),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la aplicación de las sinergias entre los fondos asignados a la investigación y la innovación en el Reglamento (CE) no 1080/2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo, en las ciudades y regiones, así como en los Estados miembros y en la Unión (7),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 2020 (8),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los consumidores y los ciudadanos (9),

—

Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre la política regional y de cohesión de la UE después de 2013 (10),

—

Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2010, sobre buena gobernanza en el ámbito de la política regional de la UE (11),

—

Visto el Vigésimo informe anual sobre la aplicación de los Fondos Estructurales (2008), de 21 de diciembre de 2009 (COM(2009)0617/2),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, titulada «Política de cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013» (COM(2010)0110),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre 2010, titulada «Contribución de la Política Regional al crecimiento inteligente en el marco de Europa 2020» (COM(2010)0553),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2010, titulada «Revisión del presupuesto de la UE» (COM(2010)0700),

—

Visto el Quinto informe de la Comisión sobre la cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión (el «Quinto informe sobre la cohesión»), de noviembre de 2010,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, titulada «Conclusiones del V Informe sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión» (COM(2010)0642),

—

Vista la carta dirigida al Presidente de la Comisión por los Comisarios de Política Regional, de Asuntos Marítimos y Pesca, de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y de Agricultura y Desarrollo Rural,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0141/2011),

A.

Considerando que el artículo 174 del TFUE establece que, a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial,

B.

Considerando que el Reglamento (CE) no 1083/2006 dispone, en su considerando 40, que la programación debe garantizar la coordinación de los Fondos entre sí y con los demás instrumentos financieros existentes, así como con el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones, y que esta coordinación debe extenderse también a la elaboración de planes financieros complejos y a las asociaciones público-privadas,

C.

Considerando que la Comisión, en la Estrategia Europa 2020, se comprometió a movilizar los instrumentos financieros de la UE —entre otros, los fondos de desarrollo rural y los Fondos Estructurales, los programas de I+D, las redes transeuropeas (RTE), el Programa Marco de Competitividad e Innovación (PCI) y el BEI— como parte de una estrategia de financiación coherente, que reúna fondos de la UE y fondos nacionales, públicos y privados, en el contexto de la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», lo que pone de manifiesto la necesidad de lograr una coherencia entre las políticas y los instrumentos,

D.

Considerando que el Quinto informe sobre la cohesión reconoce claramente que, para lograr un desarrollo rural eficaz, es necesaria una estrecha coordinación entre las políticas públicas a todos los niveles,

E.

Considerando que el Consejo, en sus conclusiones de 14 de junio de 2010 sobre el Informe estratégico de 2010 de la Comisión relativo a la aplicación de los programas de la política de cohesión, subrayó la necesidad de seguir mejorando la coordinación de la política de cohesión y de otras políticas nacionales y de la UE, siempre que sea necesario para incrementar la eficacia en el establecimiento de objetivos comunes de forma coordinada, e hizo hincapié en el valor añadido generado por un planteamiento estratégico único y unas normas de aplicación comunes para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco general de la política de cohesión,

F.

Considerando que, en una carta dirigida al Presidente Barroso, los Comisarios de Política Regional, de Asuntos Marítimos y Pesca, de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y de Agricultura y Desarrollo Rural reconocieron la necesidad de fortalecer la integración de las distintas políticas de la UE para lograr el desarrollo económico sostenible e inclusivo al que la Unión aspira, y propusieron la elaboración de un marco estratégico común a nivel de la UE para el FEDER, el FSE, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP), para el periodo posterior a 2013,

G.

Considerando que la reforma de la política estructural para el periodo de programación 2007-2013 dio lugar a la exclusión del desarrollo rural del marco general de los Fondos Estructurales,

H.

Considerando que la racionalización del gasto requiere políticas más eficaces y eficientes tanto a nivel de la UE como a escala nacional, regional y local, y que una mayor coordinación y complementariedad son fundamentales para la modernización de la política de cohesión en el futuro,

I.

Considerando que, sin un marco político de apoyo, las sinergias reales dependen en gran medida de la capacidad estratégica y organizativa de los beneficiarios para combinar el apoyo de los distintos instrumentos de la Unión,

J.

Considerando que un enfoque basado en el desarrollo local puede contribuir notablemente a la eficiencia y la eficacia de la política de cohesión, y que la política de cohesión sigue siendo el instrumento clave para responder a los retos específicos que se presentan en cualquier territorio; que, no obstante, centrarse en la dimensión urbana de la política de cohesión para reflejar ámbitos funcionales más amplios debe acompañarse de condiciones equilibradas con miras al desarrollo sinérgico de las zonas urbanas, suburbanas y rurales,

K.

Considerando que existe una necesidad acuciante —y una gran presión— de consolidación de los presupuestos públicos, lo que requiere acciones más innovadoras encaminadas a reforzar el impacto de la financiación disponible, y que una coordinación eficaz de las políticas y los instrumentos permitirá ahorrar tiempo y recursos y obtener realmente una mayor grado de eficacia y eficiencia,

L.

Considerando que la coordinación y las sinergias tienen que perseguirse tanto horizontal (mediante la coherencia entre las diferentes políticas) como verticalmente (mediante la cooperación y la coordinación entre los distintos niveles de gobernanza),

M.

Considerando que un enfoque fragmentado puede traducirse en omisiones en las políticas, en políticas que se superponen o están en conflicto, en acciones públicas contradictorias y en la duplicación de recursos, y tener consecuencias tanto en lo que respecta a la eficacia regional de las políticas públicas como en lo relativo a su impacto nacional, y considerando que los últimos documentos de política de la Comisión parecen no insistir suficientemente en el concepto de un enfoque integrado,

N.

Considerando que una política de cohesión más integrada, coherente, eficaz y eficiente requiere mayores esfuerzos para adaptar las políticas de la UE a las necesidades y los activos específicos de los diferentes territorios y regiones de la Unión,

O.

Considerando que las directrices estratégicas, en el contexto de las orientaciones generales para la mejora del acceso a la financiación, requieren una mayor coordinación entre los diferentes fondos,

P.

Considerando que en las directrices estratégicas se pide de forma expresa que se fomente la sinergia entre las políticas estructurales, de empleo y de desarrollo rural, subrayando que, en este contexto, los Estados miembros deben garantizar la sinergia y la coherencia entre las acciones que vayan a ser financiadas por el FEDER, el Fondo de Cohesión, el FSE, el FEP y el FEADER en un territorio y un ámbito de actividad determinados; y considerando que en dichas directrices también se establece que los principios orientadores fundamentales que habrán de regir la demarcación y los mecanismos de coordinación entre las acciones apoyadas por los diferentes fondos se definan en el marco de referencia estratégico nacional o en el plan estratégico nacional,

Q.

Considerando que, en sus Conclusiones de 21 de febrero de 2011 sobre el V Informe sobre cohesión económica, social y territorial, el Consejo pide a la Comisión que examine la posibilidad de crear programas multifondos,

R.

Considerando que algunas regiones de la Unión Europea limitan con terceros países que se benefician del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), y que debe ser posible destacar de forma concreta las sinergias de financiación de algunos proyectos para poder incrementar el potencial de desarrollo de las regiones europeas con estas características,

S.

Considerando que la revisión intermedia reconoce que la flexibilidad presupuestaria es limitada y que existen obstáculos a la redefinición de las prioridades incluso en el interior de los programas, al tiempo que señala que las incoherencias entre los programas y las pesadas cargas administrativas merman su eficacia,

T.

Considerando que, en el contexto actual posterior a la crisis, es más importante que antes entender los procesos de las economías de los Estados miembros, así como los resultados obtenidos a través del uso de los recursos de la UE,

U.

Considerando que se ha de garantizar la visibilidad y el «valor añadido europeo» de la contribución de la UE,

1.

Pide que se proponga un marco estratégico único, disponible para el próximo periodo de programación financiera que se iniciará en 2013, que permita adoptar un enfoque común y capitalizar las sinergias entre todas las acciones que, sobre el terreno, están destinadas al logro de los objetivos de la política de cohesión como se definen en los Tratados y con la financiación del FEDER, el Fondo de Cohesión, el FSE, el FEADER y el FEP;

2.

Señala que los objetivos de la política de cohesión deben ser un crecimiento económico sostenible, inteligente e inclusivo con una distribución territorial y social equilibrada, la reducción de las disparidades de desarrollo entre las regiones, la creación de empleo, la mejora de la calidad de vida, la formación de los trabajadores con vistas a nuevos empleos también en el ámbito de la economía sostenible, la cohesión social y territorial y la realización del modelo social europeo, que constituye un elemento de cohesión y de competitividad de la economía europea;

3.

Afirma que la política de cohesión deben emplearse para lograr un crecimiento sostenible en toda la UE y una distribución justa y uniforme del bienestar mediante el fomento de la competencia y con el objetivo de reducir las disparidades socioeconómicas entre las regiones de la UE;

4.

Considera que la política de cohesión es uno de los pilares de una política económica de la UE favorable a la estrategia de inversiones a largo plazo y a la inclusión social; considera que la política de cohesión garantiza que las regiones menos desarrolladas y los grupos menos favorecidos reciban apoyo para que se logre el desarrollo equilibrado y armonioso de la Unión Europea; señala que el valor añadido europeo reside en el hecho de que los éxitos económicos de la UE beneficien a todos; aboga, en consecuencia, por que se mantenga la política de cohesión como política independiente y por que se la dote de financiación adecuada;

5.

Celebra la propuesta realizada en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del presupuesto para adoptar un marco estratégico común destinado a fortalecer la integración de las políticas de la UE con objeto de ejecutar la Estrategia Europa 2020; aboga, en este contexto, por la promoción de sinergias entre los distintos modos de financiación de las iniciativas emblemáticas pertenecientes a la Estrategia Europa 2020; señala, no obstante, que una mayor sinergia entre las acciones financiadas por los cinco fondos antes mencionados dentro de un marco estratégico común no solo es crucial para el logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, sino también, y ante todo, para la consecución de los objetivos de la política de cohesión establecidos por el Tratado;

6.

Se felicita por el Quinto informe sobre la cohesión, que, pese a centrarse principalmente en la posible contribución de las regiones y la política de cohesión al logro de los objetivos de la Estrategia 2020, también contiene una serie de conclusiones que ponen de manifiesto la importancia fundamental de una mayor sinergia entre los Fondos Estructurales, incluido el Fondo de Cohesión;

7.

Cree que ha de racionalizarse el gasto en el ámbito de la política de cohesión reduciendo la fragmentación de los instrumentos y canales de financiación y promoviendo una mayor complementariedad entre los diversos instrumentos de financiación; celebra la propuesta de la Comisión de mejorar la definición de prioridades y efectuar una concentración temática de los recursos nacionales y de la UE en una serie de puntos prioritarios, a fin de reforzar la coordinación entre los fondos, con margen para fortalecer el carácter estratégico de esta política; subraya, no obstante, que los Estados miembros, así como sus autoridades regionales y locales, necesitan en cualquier caso cierta flexibilidad para adaptar las prioridades a sus necesidades de desarrollo específicas;

8.

Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión sobre los contratos de colaboración en materia de desarrollo e inversión destinada a mejorar la coordinación entre los fondos de la UE y la financiación nacional de los objetivos y los programas; destaca la necesidad de implicar a las autoridades locales y regionales en la concepción y ejecución de estos contratos; pide que estos contratos se coordinen con las reformas nacionales de las políticas sectoriales que tengan repercusiones territoriales (como los transportes y las infraestructuras de I+D);

9.

Destaca que un gran número de iniciativas de desarrollo económico en el marco de la política de cohesión no crean simplemente oportunidades que sería recomendable asumir, sino que de hecho su éxito depende de los factores tratados, tanto humanos como físicos (las mejoras de las infraestructuras, por ejemplo, no implican necesariamente un mayor crecimiento si no se combinan con inversiones en educación, iniciativa empresarial e innovación); cree, en consecuencia, que el aumento de las sinergias entre el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión maximizará el efecto de estos fondos en términos de desarrollo;

10.

Señala el papel que desempeña el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el uso eficaz del Fondo Social Europeo, dado que el FEDER es responsable de la creación de condiciones como una infraestructura adecuada y la necesaria accesibilidad, sin las cuales las inversiones relacionadas con el empleo no pueden ser eficaces;

11.

Subraya que la crisis económica ha hecho todavía más urgentemente necesarias las intervenciones en el sector del que se ocupa el Fondo Social Europeo, en particular, las de apoyo al empleo, reorientación profesional, inclusión social y reducción de la pobreza;

12.

Subraya que el FSE, como instrumento de apoyo de la formación continuada y la cualificación y reconversión profesional, debe ser considerado un medio imprescindible —de hecho todavía no plenamente explotado— con miras a la promoción de un crecimiento inclusivo y eficaz de una Europa que base su competitividad en el conocimiento;

13.

Hace hincapié en que una elaboración centrada y coordinada de las políticas garantizaría la prioridad de aquellas inversiones que más influencia tienen en la competitividad y el desarrollo económico de las regiones;

14.

Considera que las acciones de desarrollo rural en el marco del FEADER y las acciones de desarrollo sostenible para zonas pesqueras en el marco del FEP deben integrarse en un marco único que englobe otros Fondos Estructurales, concretamente el FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE; pide a la Comisión, por lo tanto, que evalúe en qué medida puede garantizarse un enfoque global de desarrollo de las comunidades rurales y pesqueras, en línea con el objetivo de cohesión territorial, mediante la transferencia de las acciones de desarrollo local asociadas con estos dos fondos a un «paquete de cohesión» o, al menos, a través de sinergias más claras entre todos los fondos; cree que un enfoque de estas características tendría en cuenta el contexto de las políticas clave con impacto territorial y permitiría a aquellos que participan activamente en los procesos de desarrollo a nivel local y regional aplicar con eficacia una política basada en consideraciones de índole geográfica adaptada convenientemente a las necesidades territoriales de las zonas rurales y pesqueras o de las islas de menor tamaño;

15.

Insiste en que debe seguir reforzándose la coordinación no solo entre los instrumentos de la política de cohesión como tales (el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión), sino también entre las acciones financiadas por estos instrumentos y las actividades llevadas a cabo en relación con las redes transeuropeas (RTE), el Séptimo Programa Marco y el Programa Marco de Competitividad e Innovación (PCI);

16.

Considera que puede ser pertinente crear sinergias, respecto del objetivo de cooperación territorial, entre el FEDER y los instrumentos de preadhesión y vecindad en el marco de proyectos transfronterizos; pide a la Comisión que examine los casos en que podría intentarse lograr la coordinación con otros instrumentos pertenecientes a los aspectos exteriores de las políticas de la UE, como el FED;

17.

Considera que el refuerzo recíproco y la coordinación de las políticas de la UE pueden garantizar sin ninguna duda el mejor rendimiento posible del presupuesto de la UE; aboga por el desarrollo de iniciativas de ingeniería financiera, como los instrumentos financiados por el BEI, así como por un mayor recurso a estos instrumentos;

18.

Subraya, no obstante, que son muchos los Estados miembros que se enfrentan a dificultades en la coordinación de los diferentes fondos y que aparentemente han manifestado su preocupación por la falta de complementariedad entre los fondos, e incluso, en algunos casos, ante su solapamiento; hace hincapié, a este respecto, en que las normas complejas de gestión de los fondos requieren un grado de capacidad institucional demasiado alto para superar las barreras y coordinar satisfactoriamente su aplicación; destaca la importancia de la cofinanciación y la necesidad de simplificar estas normas con objeto de poder reforzar las sinergias entre los Fondos Estructurales;

19.

Destaca que la simplificación, que es fundamental para el éxito de la política de cohesión, debe efectuarse tanto a escala nacional como regional, para mejorar así los resultados; pide a la Comisión que proponga una arquitectura más sencilla para la política en el futuro, basada en una mayor flexibilidad, proporcionalidad y visibilidad en cuanto al uso de los fondos, con el fin de favorecer su absorción plena y rápida;

20.

Recuerda que una de las razones principales por las que el FEDER y los otros Fondos Estructurales han tenido dificultades para canalizar con eficacia sus recursos hacia proyectos que tienen más posibilidades de generar desarrollo económico y empleo ha sido una orientación demasiado centrada en la capacidad de absorción y no tanto en los resultados;

21.

Aboga por una política de cohesión que esté más orientada hacia los resultados y se centre menos en la regularidad del gasto y los procedimientos, pero que establezca un equilibrio efectivo entre la calidad de las intervenciones y el control financiero y administrativo; recomienda la introducción de mecanismos adecuados de evaluación para mejorar las capacidades institucionales y administrativas de los organismos responsables de la gestión de los programas, ya que ello contribuirá a aumentar la calidad del gasto y a reducir el nivel de errores;

22.

Reclama una arquitectura de la futura política de cohesión más simple, más flexible y capaz de facilitar una absorción y una eficacia de los fondos óptimas;

23.

Subraya que el valor añadido europeo puede y debe obtenerse gracias a una mejor sinergia entre los instrumentos financieros de la política de cohesión y una mejor coordinación entre estos y otros instrumentos de financiación;

24.

Considera que la adopción de normas comunes en materia de gestión, elegibilidad, auditoría y elaboración de informes respecto de los proyectos financiados por el FEDER, el FSE, el Fondo de Cohesión, el FEADER y el FEP (especialmente por lo que respecta a las medidas de apoyo a la diversificación económica de las zonas rurales y pesqueras) no solo desempeñaría un papel clave a la hora de reforzar y facilitar una aplicación más eficaz de los programas de la política de cohesión, sino que también contribuiría de forma crucial a la labor de simplificación; considera asimismo que esto simplificaría tanto el uso de los fondos por parte de los beneficiarios como la gestión de los mismos por parte de las autoridades nacionales, reduciendo así el riesgo de error al tiempo que se garantiza la necesaria diferenciación para reflejar las especificidades de las políticas, los instrumentos y los beneficiarios y también se facilita la participación en los programas de la política de cohesión de los interesados de menor envergadura, así como una absorción más fluida de la financiación disponible, a condición de que esta simplificación vaya acompañada de una dotación financiera suficiente destinada a la asistencia técnica;

25.

Insiste en que el FSE debe mantenerse en el marco normativo sobre disposiciones generales relativas a los fondos de la política de cohesión; subraya, por consiguiente, la necesidad de mantener y reforzar el modelo de un reglamento general único, que contemple las normas de gestión, elegibilidad, auditoría y elaboración de informes, y reglamentos breves y específicos para cada fondo que reflejen los objetivos políticos inherentes a cada fondo; hace hincapié asimismo en que la coordinación debe tener lugar a todos los niveles de la toma de decisiones políticas, desde la planificación estratégica hasta el cierre, la inspección, el control y la evaluación pasando por la ejecución y los pagos;

26.

Pide a la Comisión que estudie los modos más eficaces de reforzar las sinergias en la práctica; sugiere, a este respecto, que se estudie la posibilidad de permitir a los Estados miembros elegir un único programa operativo por región, que englobe diferentes fondos (FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEP) con una única autoridad gestora, teniendo especialmente presentes las contribuciones de las regiones a un enfoque descentralizado y la concesión de mayor autonomía y flexibilidad a las regiones, para que puedan participar en la elaboración de sus propias estrategias y para valorizar los niveles administrativos regionales y locales; propone a las autoridades gestoras nacionales de los Estados miembros que los futuros programas operativos que elaboren correspondan a los objetivos locales y regionales;

27.

Pide a la Comisión que examine la posibilidad de prever programas multifondos para los Estados miembros y las regiones que deseen recurrir a ellos; considera que esta medida contribuiría a un trabajo más integrado y flexible y aumentaría la eficacia entre los distintos fondos (FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER, FED y VII Programa Marco de Investigación);

28.

Pide a la Comisión que presente propuestas de revisión de las disposiciones relativas a la financiación cruzada y de reducción de los obstáculos a su aplicación, a la luz de datos completos y fiables sobre su uso y sus repercusiones, en aras de una simplificación y seguridad jurídica mayores en su aplicación en comparación con la situación que se observa en la actualidad;

29.

Pide que se aclare el alcance territorial y que se armonicen las normas de elegibilidad entre el FEDER y el FEADER en las zonas rurales y suburbanas, con objeto de evitar un solapamiento innecesario entre estos dos fondos; insiste en la necesidad de establecer una estrecha cooperación en lo referente a la selección y el seguimiento de los proyectos financiados por estos dos fondos en un territorio determinado;

30.

Destaca el valor añadido de las financiaciones cruzadas entre el FEDER y el FSE, en términos de flexibilidad, para los proyectos de inclusión social y las estrategias de desarrollo urbano integrado; pide a la Comisión que desarrolle un sistema de ventanilla única con el fin de facilitar orientación práctica, información y asesoría a los interesados, de forma que se garantice que los ciudadanos se mantienen convenientemente informados respecto de la financiación cruzada y las sinergias entre los fondos en general; pide asimismo que este afán de simplificación sea visible para los ciudadanos y que tenga por finalidad reducir a lo estrictamente necesario las informaciones solicitadas;

31.

Considera que el desarrollo de los recursos humanos y una mejor difusión de la información son condiciones previas para el éxito en la absorción de fondos y para la exacta realización de distintos proyectos;

32.

Destaca, al mismo tiempo, la importancia de incrementar la capacidad administrativa en los Estados miembros, a nivel regional y local, así como entre las partes interesadas, a fin de superar los obstáculos al establecimiento de sinergias reales entre los Fondos Estructurales y otros fondos y de apoyar un proceso eficaz de elaboración y aplicación de las políticas; insiste en el papel clave que la Comisión ha de ejercer en este sentido;

33.

Pide a la Comisión que mejore tanto la asistencia técnica como la formación destinadas a las administraciones nacionales, regionales y locales, con objeto de incrementar las capacidades y el conocimiento de las normas relativas a los problemas relacionados con la ejecución;

34.

Pide a los Estados miembros que den prioridad a las inversiones en capacidades institucionales y simplifiquen sus disposiciones nacionales con objeto de reducir las cargas administrativas y aumentar su capacidad de absorción;

35.

Recuerda en este sentido la importante contribución del respeto del principio de subsidiariedad y del principio de gobernanza en los distintos niveles a la promoción de la coordinación entre los distintos órganos de toma de decisiones y al refuerzo de las sinergias entre los distintos instrumentos de financiación;

36.

Considera que, para el uso eficaz de los fondos, es de vital importancia la participación activa de los interlocutores sociales a través de un diálogo social y territorial permanente;

37.

Reconoce el impacto desigual de la crisis económica en el territorio y los ciudadanos de la UE; opina que la nueva estrategia de utilización de los fondos será más eficaz si abarca los niveles regionales y locales de gobernanza, con el fin de que puedan adaptar los objetivos estratégicos a las especificidades del territorio mediante un diálogo estructurado con todas las partes interesadas, las organizaciones que fomentan los derechos de género, los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales, pero también las instituciones financieras y las entidades bancarias; subraya la necesidad de que, cuando se formulen los objetivos políticos, se deje margen suficiente para las necesidades regionales y locales;

38.

Pide a la Comisión que elabore una guía europea en materia de gobernanza en los distintos niveles e insta a los Estados miembros a aplicar esa guía en función de los objetivos específicos locales y regionales y a extender los mecanismos de gobernanza de la política de cohesión (a saber, programación, financiación y aplicación a través de una asociación entre los niveles locales, regionales y nacionales) a los fondos cubiertos por el marco estratégico común previsto, con objeto de incrementar la eficiencia y eficacia del gasto público;

39.

Pide a la Comisión que, al establecer el nuevo marco estratégico común y presentar propuestas de reglamentos, incluya disposiciones que permitan a las asociaciones locales y regionales (ciudades, pueblos, regiones funcionales, grupos de autoridades locales) incorporar las diferentes fuentes de financiación de la UE en un marco coherente e integrado en sus respectivos territorios;

40.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

18.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 390/35

—

Visto el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012 adoptado por la Comisión el 20 de abril de 2011 (SEC(2011)0498),

—

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (AI) (1),

—

Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2011, sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2012 (2),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de febrero de 2011, sobre las orientaciones presupuestarias para 2012,

—

Visto el título II, capítulo 7, de su Reglamento,

—

Vista la carta de la Comisión de Pesca,

—

Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0230/2011),

A.

Considerando que el procedimiento presupuestario 2012 es el segundo procedimiento basado en el Tratado de Lisboa, y que se pueden extraer importantes lecciones de la experiencia obtenida en el ejercicio anterior,

B.

Considerando que el diálogo tripartito que se celebrará en julio debería permitir que los representantes de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria examinen las prioridades que se han fijado para el presupuesto anual de 2012 y, de ser posible, encuentren puntos comunes que puedan ser tenidos en cuenta en sus respectivas lecturas,

C.

Considerando que las Presidencias polaca y húngara se han comprometido públicamente a mantener un diálogo abierto, constructivo y político con el PE sobre cuestiones presupuestarias,

D.

Considerando que se espera, por lo tanto, que el Consejo en su conjunto actúe como un socio político fiable durante todo el procedimiento y que no se realicen recortes arbitrarios o puramente aritméticos en las líneas presupuestarias,

1.

Recuerda que, en su Resolución de 24 de marzo de 2011, el Parlamento sitúa la Estrategia «Europa 2020 - Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» en el centro de la estrategia presupuestaria de la UE para 2012 con el fin de ayudar a Europa a recuperarse de la crisis económica y social y salir reforzada;

2.

Recuerda que la promoción de una economía inteligente, sostenible e inclusiva, que cree puestos de trabajo y empleo de alta calidad mediante la realización de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 es un objetivo que goza del respaldo de los 27 Estados miembros de la UE, así como de las instituciones de la UE; recuerda que la aplicación de esta estrategia requerirá un enorme volumen de inversiones orientadas al futuro hasta 2020, estimado en, como mínimo, 1 800 000 millones de euros por la Comisión en su Comunicación titulada «Revisión del presupuesto de la UE» (COM(2010)0700); destaca por lo tanto que se ha de destinar ya, sin retrasarla más, la inversión necesaria, a escala tanto de la UE como de los Estados miembros, para mejorar los niveles de educación, promover la inclusión social, en particular mediante la reducción de la pobreza, y desarrollar una sociedad del conocimiento basada en la capacidad científica y tecnológica de toda la UE; insiste, en este contexto, en la necesidad de apoyar la investigación, el desarrollo, la innovación, las PYME y el desarrollo de tecnologías que hacen un uso eficaz de los recursos;

3.

Está sumamente preocupado, en este contexto, por el hecho de que la crisis actual haya provocado una reducción de la inversión pública en algunos de estos ámbitos debido a los ajustes realizados por los Estados miembros en sus presupuestos nacionales; pide que se invierta esta tendencia, y está firmemente convencido de que debe garantizarse la inversión a escala nacional y de la UE si se quiere que la UE en su totalidad cumpla los objetivos de la Estrategia UE 2020; opina que el presupuesto de la UE debe actuar como un catalizador para las políticas de recuperación de los Estados miembros generando y apoyando la inversión nacional con el fin de desarrollar el crecimiento y el empleo; destaca, en este contexto, que la armonización del presupuesto de la UE con los objetivos de la Estrategia UE 2020 reviste la máxima importancia; recuerda, a este respecto, que el apoyo a la formación de los jóvenes, la movilidad y el empleo, las PYME, la investigación y el desarrollo debe ser una prioridad esencial del presupuesto de la UE; destaca que ello se corresponde plenamente con la dinámica del semestre europeo que, como nuevo mecanismo para una gobernanza económica europea reforzada, tiene por objeto aumentar la coherencia, las sinergias y las complementariedades entre los presupuestos nacionales y el de la UE en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 acordados conjuntamente;

4.

Recuerda que la Estrategia UE 2020 y el semestre europeo requieren una dimensión parlamentaria fuerte, y expresa su firme convicción de que una participación parlamentaria más importante mejoraría considerablemente el carácter democrático y la transparencia de un ejercicio de este tipo;

5.

Observa que el proyecto de presupuesto de la UE (PP) para 2012, tal y como ha sido propuesto por la Comisión, asciende a 147 435 millones de euros en créditos de compromiso (CC) (146 676 millones de euros sin incluir el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) y la Reserva de Ayuda de Emergencia (RAE)) y 132 738 millones de euros en créditos de pago (CP); observa que estos importes representan, respectivamente, un 1,12 % y un 1,01 % de las previsiones de la renta nacional bruta (RNB) de la UE para 2012, y destaca que este porcentaje se mantiene apreciablemente estable entre 2011 y 2012, con un crecimiento de la RNB estimado por la Comisión en no menos del + 4,7 % en 2012 (a precios corrientes);

6.

Reconoce que, si se quiere que el presupuesto de la UE contribuya al esfuerzo colectivo de los Estados miembros en un época de austeridad, es necesario que dicho esfuerzo se corresponda con las dimensiones, las características y la incidencia económica real de dicho presupuesto; considera que se deben tener en cuenta los esfuerzos de consolidación presupuestaria que se están realizando en la actualidad en muchos Estados miembros tras la pasada indisciplina presupuestaria, pero recuerda que, de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado, el presupuesto de la UE no puede registrar un déficit y representa tan solo un 2 % del total del gasto público en la UE;

7.

Observa que la tasa de inflación de la UE para 2011 se estima en un 2,7 %, lo que significa que el incremento nominal propuesto para 2012 del 3,7 % en CC y del 4,9 % en CP son, en comparación con el presupuesto 2011, de un 1 % y un 2,2 % en términos reales; señala que varios Estados miembros están planeando introducir en sus presupuestos nacionales unos aumentos superiores a los propuestos por la Comisión Europea para el presupuesto de la UE; toma nota asimismo de los esfuerzos realizados por algunos Estados miembros para reducir los déficits presupuestarios y ralentizar el crecimiento de la deuda soberana, lo que ha permitido situarlos en un nivel más sostenible;

8.

Destaca que los importes propuestos en el presupuesto anual de la UE para 2012 se corresponden con el perfil del gasto de la UE fijado en el marco financiero plurianual (MFP) 2007-2013, siempre que pueda llegarse a un acuerdo de la Autoridad Presupuestaria en lo que se refiere a una revisión del MFP para incluir las necesidades adicionales de financiación de ITER; hace hincapié en que todo incremento (o toda reducción) en comparación con el presupuesto 2011 debe evaluarse, por lo tanto, teniendo en cuenta su impacto en la aplicación de los programas plurianuales; destaca que se trata de una cuestión de credibilidad y coherencia del proyecto de la UE en un momento en el que siguen aumentando sus responsabilidades y sus compromisos; opina, desde esta óptica, que es prioritario dotar a ámbitos políticos específicos y a las nuevas competencias establecidas a nivel de la UE de una capacidad financiera significativa y visible;

9.

Observa que, según el PP 2012, existe un margen global de 1 603 millones de euros en CC por debajo del límite máximo acordado en el MFP para 2012; está dispuesto a utilizar, si resultara necesario, el margen disponible, así como, si fuera necesario, otros mecanismos de flexibilidad previstos en el actual AI, para apoyar y reforzar algunos objetivos políticos específicos que no se tienen suficientemente en cuenta en el MFP actual; espera que el Consejo coopere plenamente en lo que se refiere al uso de dichos mecanismos;

10.

Recuerda que ya se ha iniciado en el Parlamento una primera ronda de debates sobre las prioridades presupuestarias, y ello en forma de amplias consultas del ponente general para el presupuesto 2012 a las comisiones especializadas del Parlamento; destaca que ahora le corresponde a cada comisión afinar este proceso en su respectivo ámbito de competencias, con objeto de determinar las prioridades positivas y negativas para el presupuesto 2012;

11.

Observa que la Comisión considera que en líneas generales el 43,5 % del PP 2012 (en CC) contribuye a los objetivos de la Estrategia UE 2020; considera que estas estimaciones son positivas, aunque no suficientes; reconoce que parece que las prioridades fijadas por la Comisión se corresponden con las definidas por el Parlamento en su Resolución sobre las orientaciones presupuestarias para el ejercicio 2012, aunque pide que se adopte un enfoque más ambicioso con respecto a la financiación de la Estrategia Europa 2020; está dispuesto, no obstante, a analizar estas cifras más en profundidad y en estrecha asociación con todas sus comisiones especializadas;

12.

Considera que los créditos consignados en el presupuesto de la UE para 2012 deben fijarse a un nivel adecuado no solo para lograr los objetivos de la Estrategia UE 2020, sino para garantizar también la continuación de las políticas de la UE y el logro de los objetivos de la UE; destaca, en particular, la necesidad de hacer todo lo necesario para que la UE pueda asumir su responsabilidad a nivel mundial, en particular tras la «primavera árabe» y los disturbios en Oriente Próximo;

13.

Observa que la difícil situación económica en toda la UE ha llevado a la Comisión a asumir un primer compromiso en lo que se refiere a la determinación de las prioridades negativas y los ahorros en determinados ámbitos políticos en comparación con lo previsto inicialmente en la programación financiera, en particular en los que se han caracterizado recientemente por sus escasos resultados y por sus bajos índices de ejecución, tal como pedía el PE en su Resolución de 24 de marzo de 2011; pide, no obstante, a la Comisión que facilite información adicional en apoyo de su evaluación con objeto de que el PE pueda determinar claramente las prioridades políticas y presupuestarias positivas y negativas, así como la posibilidad de lograr más ahorros y reasignaciones, si bien es esencial que, a nivel de la UE, se prosiga con la aplicación de sus programas y acciones, incluida la financiación de acciones para luchar contra los efectos de la crisis y promover el crecimiento;

14.

Desaconseja decididamente cualquier intento del Consejo de realizar recortes horizontales en el presupuesto, decidiendo a priori sobre el nivel global de los créditos, sin tener debidamente en cuenta una evaluación precisa de las necesidades reales para el logro de los objetivos y los compromisos de la Unión que se han acordado; pide al Consejo que, en caso de que se realicen recortes, explique públicamente y establezca claramente cuáles son las prioridades o los proyectos políticos de la UE que se pueden retrasar o abandonar;

15.

Toma nota del incremento del 4,9 % propuesto en los CP en comparación con 2011; está convencido de que la Comisión propone estos importes basándose en un análisis atento y crítico de las previsiones proporcionadas por los Estados miembros, que cogestionan ellos mismos el 80 % del presupuesto de la UE; observa que la mayor parte de este incremento tiene que ver con las necesidades legales derivadas del Séptimo Programa de Investigación y de los Fondos Estructurales y de Cohesión; está convencido de que el nivel de pagos propuesto representa el mínimo imprescindible necesario para respetar los compromisos legales asumidos por la UE en ejercicios anteriores y de que la UE está obligada a respetar las obligaciones legales que se derivan de dichos compromisos y a garantizar que los programas desarrollen todo su potencial y se apliquen a pleno rendimiento; pide encarecidamente al Consejo que, por lo tanto, se abstenga de reducir el nivel de pagos propuesto; expresa su intención de mantener el nivel de los pagos al nivel propuesto por la Comisión en el proyecto de presupuesto, en particular teniendo en cuenta las reticencias que mostró el Consejo a principios de 2011 con respecto al respeto del compromiso oficial que asumió en diciembre de 2010 de prever nuevos créditos en caso de necesidad;

16.

Observa, además, que el margen global de CP por debajo del límite máximo del MFP sigue siento elevado y representa 8 815 millones de euros; destaca que toda reducción por debajo del importe propuesto por la Comisión empeoraría la situación en lo que se refiere a la necesidad urgente de reducir el nivel sin precedentes de créditos pendientes de liquidación (RAL) y de garantizar la correcta aplicación de las políticas y los programas de la UE;

17.

Recuerda, en este sentido, que el proyecto de presupuesto rectificativo no 03/2011 muestra un excedente presupuestario por valor de 4540 millones de euros en pagos en 2010, de los que 1280 millones proceden de multas e intereses de demora; expresa su decepción por la propuesta de la Comisión de reducir las contribuciones de los Estados miembros por este importe global; subraya que, aunque esto no repercute en el nivel de déficit global de los Estados miembros, esta parte del superávit podría suponer una diferencia clara para el presupuesto anual de la UE, y, al mismo tiempo, permitiría reducir la presión sobre los presupuestos nacionales de los Estados miembros si fuera necesario incluir nuevos pagos en el presupuesto de la UE para hacer frente a necesidades no previstas en el momento de la elaboración del presupuesto anual; opina, por estos motivos, que los ingresos derivados de multas e intereses de demora no deberían deducirse de los recursos propios basados en la RNB, sino que se deben incluir en el presupuesto de la UE como «reserva para créditos», destinada a cubrir cualquier necesidad adicional de pago que pueda surgir en el curso del ejercicio;

18.

Toma nota de la propuesta de la Comisión que figura en el PP 2012 de incrementar los CC en un 12,6 % (a 15 223 millones de euros) y los CP en un 8,1 % (a 12 566 millones de euros), en comparación con el presupuesto 2011, ya que la subrúbrica 1a es la principal subrúbrica del MFP 2007-2013 para alcanzar los objetivos de la Estrategia UE 2020, gracias a su contribución directa o indirecta a la financiación de sus cinco objetivos prioritarios y de las siete iniciativas emblemáticas;

19.

Lamenta, no obstante, que la mayoría de los incrementos previstos en esta subrúbrica para 2012 no vayan más allá del mero desglose anual de los importes globales de carácter plurianual acordados por el Parlamento y el Consejo cuando se aprobaron estos programas y estas acciones; destaca que por lo tanto, aparte de los proyectados inicialmente previstos, la Comisión no propone en términos generales un aumento del apoyo a las inversiones que se necesitan urgentemente para la aplicación de las siete iniciativas emblemáticas, y observa que, lamentablemente, es partidaria de aplazar los importantes avances que se necesitan en lo que se refiere a un esfuerzo financiero común en el MFP después de 2013; está convencido de que esta actitud va a suponer un serio perjuicio para la consecución de los objetivos prioritarios antes de 2020;

20.

Destaca que, con el PP 2012 y la programación financiera actualizada para 2013, el importe total de los fondos comprometidos hasta 2013 para los principales programas destinados a la consecución de los objetivos de la Estrategia UE 2020, como el Séptimo Programa Marco de Investigación CE (7o PM CE), las medidas de lucha contra la contaminación, Marco Polo II, PROGRESS, Galileo y GMES, sería inferior al importe de referencia acordado por el Parlamento y el Consejo cuando se adoptaron estos programas; observa que, por el contrario, estos importes de referencia se superarían ligeramente en el caso de los siguientes programas clave de la Estrategia Europa 2020: el Programa marco para la competitividad y la innovación (PIC), las redes transeuropeas de transporte, las redes transeuropeas de energía, Erasmus Mundus y el aprendizaje permanente; tiene la intención de beneficiarse plenamente, cuando proceda, del 5 % de la flexibilidad legislativa permitida en el punto 37 del AI, con el fin de seguir impulsando inversiones esenciales y apremiantes;

21.

Observa, además, que una parte importante del incremento nominal en la subrúbrica 1a en el PP 2012 en comparación con el presupuesto 2011 se debe a los 750 millones de euros adicionales (en CC) que necesita ITER en 2012, de los cuales 650 millones son realmente adicionales y 100 millones proceden de una reasignación de todas las líneas presupuestarias del 7o PM CE; reitera firmemente su oposición a cualquier tipo de redistribución a partir del 7 PM CE, ya que ello pondría en peligro el éxito de su ejecución y reduciría considerablemente la contribución de este programa al logro de los objetivos prioritarios y a la aplicación de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020;

22.

Recuerda que, para la financiación de ITER, será necesario que la Autoridad Presupuestaria acepte una propuesta paralela de la Comisión (COM(2011)0226) que modifica el MFP 2007-2013, en la que propone que los 1 300 millones de euros que faltan para ITER en 2012 y 2013 se financien utilizando los márgenes disponibles y no utilizados en el presupuesto 2011 en las rúbricas 2 y 5 del MFP 2007-2013 por un importe total de 840 millones de euros y mediante una reasignación en 2012 y 2013 de 460 millones de euros procedentes del 7o PM CE; manifiesta su intención de celebrar negociaciones con el Consejo con el fin de modificar la propuesta de la Comisión utilizando los diferentes medios de que dispone en virtud del actual AI de 17 de mayo de 2006;

23.

Toma nota con preocupación, además de la propuesta de reasignación de 100 millones de euros para ITER, de los recortes extraordinarios por valor de 64 millones de euros realizados en el 7o PM CE en comparación con la programación financiera; pide que la Comisión proponga que los ahorros que se obtengan en 2012 (por un total de 190 millones de euros) gracias a una reevaluación de las necesidades de personal y a la disminución de las contribuciones financieras destinadas a algunas empresas comunes se utilicen para cubrir los gastos operativos del 7o PM CE;

24.

Destaca en este sentido la necesidad de mejorar las condiciones de financiación de las prioridades en materia de energía sostenible, tecnologías de almacenamiento de energía y otras prioridades en materia de energías renovables del Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) creado recientemente, incluida la eficiencia energética, que son vitales para hacer frente a los retos de carácter económico, energético y climático; considera que la fijación de unos objetivos claros para la política en materia de energía sostenible y la eficiencia energética pude conducir a unas soluciones rentables de las que podría beneficiarse toda la economía europea; considera, asimismo, que, en el marco del procedimiento presupuestario 2012, podrían examinarse formas adicionales e innovadoras de impulsar las inversiones y fomentar la investigación y la innovación, como, por ejemplo, el Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido (IFRC);

25.

Lamenta que el limitado incremento previsto para el programa PROGRESS en el PP 2012 en comparación con el presupuesto 2011 no permita que la Comisión pueda restablecer los 20 millones de euros para el período 2011-2013 que se había comprometido a consignar en 2010 para compensar parcialmente la reasignación de PROGRESS en favor del instrumento de microfinanciación; recuerda la contribución del Programa PROGRESS a las dos iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 de la UE «Plataforma europea contra la pobreza» y «Juventud en movimiento»; destaca que los Estados miembros, las autoridades locales y regionales y los organismos nacionales y regionales reciben financiación del programa PROGRESS para la aplicación de las iniciativas en materia de presupuestación con perspectiva de género;

26.

Acoge con satisfacción el aumento (+ 5,7 millones de euros) que se registra en el nivel global de los créditos de compromiso para el Programa marco para la innovación y la competitividad, frente al incremento previsto inicialmente; espera que este aumento contribuya a mejorar el acceso de las PYME a este programa, así como a desarrollar programas específicos y mecanismos financieros innovadores; recuerda, en este contexto, el importante papel que desempeñan las PYME en la reactivación de la economía de la UE y respalda, en particular, el «Programa marco para la innovación y la competitividad - Programa para la iniciativa empresarial y la innovación» como instrumento indispensable para la recuperación de la crisis; destaca la necesidad de mejorar el acceso de las PYME a los mercados de capital y a las diferentes posibilidades de financiación de la UE haciendo que los procedimientos de financiación sean más fáciles, más rápidos y menos burocráticos;

27.

Reitera la importancia del mercado único para la competitividad de las empresas de la UE y para el crecimiento y la estabilidad de las economías europeas, y recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que se han de garantizar unos recursos suficientes para mejorar la aplicación de las disposiciones relacionadas con el mercado único;

28.

Destaca el valor añadido europeo de las inversiones en transporte transfronterizo, en particular el programa RTE-T, que mejora las conexiones transfronterizas e intermodales, promoviendo así el desarrollo económico y el empleo; recuerda la escasa financiación que reciben tradicionalmente las RTE-T, y pide un incremento de los recursos disponibles para este fin, incluso mediante el recurso a fuentes alternativas de financiación como las colaboraciones público-privadas (CPP), la asignación de ingresos y otros tipos de instrumentos financieros; destaca que los Fondos Regionales y de Cohesión deben estar estrechamente vinculados a proyectos RTE-T;

29.

Considera que, a la vista de su elevado valor añadido europeo, se debería seguir apoyando el Programa de aprendizaje permanente e incrementar su financiación en 2012, debido a su importante contribución a las iniciativas emblemáticas «Juventud en movimiento» y «Unión por la innovación»; destaca en particular que, a la vista del número cada vez mayor de personas que participan en la educación de adultos en Europa, se debería incrementar la financiación destinada al Programa Grundtvig, que en la actualidad representa únicamente un 4 % de la dotación del Programa aprendizaje permanente;

30.

Expresa su preocupación por la propuesta de reducir los créditos asignados al Programa Estadístico de la Unión y el aumento extremadamente reducido —por debajo de la tasa de inflación— de los gastos de personal correspondientes a la política de estadística; hace hincapié en la imperiosa necesidad de asegurarse continuamente de que los recursos de Eurostat le permiten hacer frente a su creciente carga de trabajo y a las demandas de mejora de la calidad en un ámbito fundamental como el de las estadísticas financieras y económicas;

31.

Recuerda que la mayoría de las nuevas competencias de la UE introducidas por el Tratado de Lisboa en los ámbitos de la energía, el turismo y el espacio entran en el ámbito de competencias de la subrúbrica 1a; manifiesta su decepción por el hecho de que la Comisión no proponga financiación adicional para estas nuevas políticas en el tercer ejercicio posterior a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; destaca que ni Galileo ni el Programa Europeo de Observación de la Tierra (GMES) —los dos principales programas espaciales de la UE— se beneficiarán de financiación adicional antes de que finalice el actual MFP, y que la financiación de Galileo va a disminuir entre 2011 y 2012; reitera la necesidad de introducir algunas medidas específicas y visibles en favor del turismo a la vista de la importancia económica de este sector, que constituye la tercera actividad socioeconómica de Europa en términos de creación de empleo y PIB, y lamenta que la Comisión no proponga una nueva base jurídica para sustituir a las tres acciones preparatorias en este ámbito que no pueden prorrogarse a 2012; pide que en 2012 y 2013, así como en el futuro marco financiero plurianual, se asignen recursos suficientes al sector del turismo;

32.

Señala que la crisis ha puesto claramente de manifiesto lo importante que es, para la fortaleza de la hacienda pública, disponer de sistemas de recaudación de impuestos eficaces y a prueba de fraudes; destaca que ha de concederse la máxima prioridad a la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, y que los créditos propuestos para el programa Fiscalis le deben permitir hacer frente a este objetivo;

33.

Se felicita de la decisión de la Comisión de incluir en el PP por segundo año consecutivo créditos de pago por valor de 50 millones de euros para el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG); destaca que esta medida no solo da más visibilidad al Fondo, sino que también evita transferencias de otras líneas presupuestarias que tienen objetivos diferentes y cubren necesidades diferentes; espera con impaciencia la presentación de la revisión intermedia del Reglamento FEAG por parte de la Comisión con objeto de determinar diferentes maneras de agilizar el procedimiento de movilización del Fondo y de simplificar sus normas de gestión;

34.

Destaca la contribución positiva de la política de cohesión al crecimiento y el empleo y a la cohesión económica, social y territorial de las regiones y los Estados miembros de la UE; destaca que la política de cohesión desempeña un papel decisivo en lo que se refiere a la participación de todas las regiones de la UE en el logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y en el apoyo de las inversiones regionales en favor de la aplicación de las iniciativas emblemáticas; opina, por consiguiente, que la política de cohesión debe mantenerse como una política de inversión a nivel de toda la UE y debe seguir siendo accesible para todas sus regiones y ciudadanos, preservando su carácter redistributivo y su objetivo de reducir las disparidades regionales;

35.

Observa que el gasto total de la subrúbrica 1b se estima en 52 739 millones de euros en créditos de compromiso, lo que representa un incremento del 3,4 % en comparación con 2011 y se corresponde plenamente con las dotaciones fijadas en el MFP 2007-2013, teniendo en cuenta la última adaptación realizada en 2010 en favor de algunos Estados miembros; observa que el margen disponible por debajo del límite (22,1 millones de euros) procede principalmente de la dotación para asistencia técnica y representa solo un 0,04 % de la dotación total de esta rúbrica;

36.

Se felicita del incremento del 8,4 % en CP hasta los 45 134 millones de euros propuestos para 2012 en comparación con 2011, y opina que este incremento permitirá poner rápidamente al día la aplicación del programa tras el lentísimo lanzamiento de los programas al comienzo del período 2007-2013; destaca que este incremento también debería permitir el examen de las necesidades de pagos adicionales que se derivan de las recientes reformas legislativas, la aprobación de todos los sistemas de gestión y control y el cierre de los programas 2000-2006;

37.

Destaca, por consiguiente, que este nivel de pagos representa el mínimo imprescindible y respeta plenamente el principio de una presupuestación realista, prestando la debida atención al carácter general de los pagos durante el período en cuestión, a las previsiones de los Estados miembros disponibles en lo que se refiere a las solicitudes de pago que se han de enviar a la Comisión, así como a la necesidad de compensar las diferencias entre compromisos y pagos; destaca que estos flujos de capital también van a ayudar a acelerar la recuperación de la economía europea y contribuir a la aplicación de la Estrategia Europa 2020 en las regiones; se opondrá firmemente, por lo tanto, a cualquier posible reducción en el nivel de los pagos en comparación con el nivel propuesto por la Comisión en su proyecto de presupuesto;

38.

Pide a la Comisión que recopile datos demográficos de los beneficiarios de la política de cohesión, y del Fondo Social Europeo en particular, con el fin de supervisar el impacto real de los fondos previstos para el desarrollo del capital humano y la inserción en el mercado de trabajo, teniendo en cuenta el problema especialmente preocupante del desempleo juvenil;

39.

Pide a la Comisión que siga trabajando en estrecha colaboración con aquellos Estados miembros que presentan un bajo porcentaje de absorción con objeto de seguir mejorando la absorción in situ; pide, por lo tanto, que se siga promoviendo el aprendizaje mutuo, el intercambio de las mejores prácticas y la mejora de las capacidades administrativas en los Estados miembros y países candidatos, prestando atención al correcto funcionamiento del Instrumento de Ayuda Preadhesión, que apoya los preparativos de los países para la aplicación de los programas comunitarios;

40.

Insta asimismo a la Comisión a que prosiga su reflexión sobre la forma de simplificar el complejo sistema de normas y requisitos impuesto por la UE o la legislación nacional y de reducir la carga burocrática, de modo que, además de en la legalidad y la regularidad, se concentre especialmente en la consecución de objetivos concretos, sin que ello suponga apartarse de los principios clave de transparencia, responsabilidad y buena gestión financiera;

41.

Observa que en el PP 2012 se propone un incremento del 2,6 % en los créditos de compromiso, hasta alcanzar los 60 158 millones de euros, y del 2,8 % en los créditos de pago, hasta alcanzar los 57 948 millones de euros, en comparación con el presupuesto 2011; señala que este incremento sigue siendo inferior al incremento propuesto por la Comisión para todo el presupuesto;

42.

Toma nota de que estos incrementos se deben principalmente a la introducción progresiva de ayudas directas para los nuevos Estados miembros y a las necesidades adicionales del desarrollo rural; destaca que las intervenciones de mercado siguen siendo prácticamente estables en comparación con el presupuesto 2011, aunque la volatilidad de los precios y la inestabilidad de algunos mercados siguen afectando al sector agrícola; pide a la Comisión que elabore propuestas sobre un enfoque a más largo plazo para todos los sectores agrícolas, así como propuestas concretas para hacer frente a las fluctuaciones de los precios en sus mercados;

43.

Observa que la nota rectificativa sobre la agricultura tradicional que se presentará en el otoño de 2011 adaptará las estimaciones actuales a una evaluación más precisa de las necesidades reales; destaca, en este sentido, el nivel definitivo de los ingresos afectados de que se dispondrá en 2012 (corrección de la conformidad de la liquidación, irregularidades y tasa suplementaria de la leche), que fijará, llegado el caso, el nivel de los nuevos créditos que se aprobarán en el presupuesto 2012; considera que el margen de que se dispone en la actualidad (651,6 millones de euros) debería bastar para cubrir las necesidades de esta rúbrica siempre que no surjan circunstancias imprevistas;

44.

Destaca que, gracias a una situación particular, la Autoridad Presupuestaria ha podido utilizar en los últimos ejercicios los fondos que no habían sido asignados (margen) y que estaban disponibles por debajo del límite máximo de esta rúbrica para alcanzar un acuerdo general sobre los presupuestos anuales, y ello recurriendo al punto 23 del AI;

45.

Respalda el apoyo continuado a los programas relacionados con el consumo de fruta en las escuelas y al programa «asistencia para personas desfavorecidas»; lamenta, por el contrario, la reducida dotación presupuestaria prevista para el programa de distribución de leche a centros escolares, y manifiesta su preocupación por los recortes introducidos en las medidas veterinarias y fitosanitarias;

46.

Pide una mayor reducción de las restituciones a la exportación y lamenta que se siga subvencionando la producción de tabaco en la UE, en contradicción con los objetivos de la política sanitaria de la UE;

47.

Destaca que parte del gasto previsto en la rúbrica 2 es decisivo para la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020; hace hincapié en que los objetivos prioritarios de esta Estrategia, a saber, el crecimiento y el empleo, también se consiguen a través de los programas de desarrollo rural; considera que las acciones en favor de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad son dos de los principales retos de la PAC; recuerda que las ayudas directas deberían tener más en cuenta los objetivos medioambientales y sociales, y pide una PAC más sostenible, que contribuiría a seguir respondiendo a los retos medioambientales a los que se enfrenta la UE, incluida la contaminación del agua, sin poner en peligro la competitividad de los agricultores de la UE;

48.

Se felicita, en este sentido, del incremento que se registra en el programa LIFE+ (+ 4,3 % y + 1,9 % en compromisos y pagos respectivamente), que da prioridad únicamente a los proyectos medioambientales y relativos al cambio climático; recuerda una vez más que los problemas medioambientales y sus soluciones no reconocen las fronteras nacionales, por lo que es evidente que deben abordarse a escala de la UE; destaca, no obstante, que los créditos para LIFE+ se mantienen a un nivel bastante bajo;

49.

Destaca que la eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático y la promoción de las energías renovables son prioridades transversales que pueden financiarse con cargo a varias líneas del presupuesto de la UE, y que el Parlamento va a prestar una atención particular a su financiación, tanto por línea presupuestaria como de manera global; pide a la Comisión que siga incluyendo estas prioridades, así como la protección del agua y la conservación de la biodiversidad, en otras políticas, incluida la ayuda financiera de la UE a los países en desarrollo; opina que es fundamental que la legislación vigente se aplique correctamente a estas cuestiones, y pide, por lo tanto, a la Comisión que analice atentamente si se necesitan más recursos para analizar en profundidad la aplicación de la legislación de la UE en materia de medio ambiente y que informe al Parlamento al respecto;

50.

Señala que, a la vista de su importancia política, se deberían salvaguardar y mantener a los niveles propuestos en el PP la financiación de la Política Pesquera Común y las acciones que se están llevando actualmente a cabo en este sector, sobre todo teniendo en cuenta su próxima reforma; opina que la financiación de la política marítima integrada, que deberá alcanzar un importe adecuado en 2012, no debe ir en detrimento de otros programas y acciones aplicados en el sector pesquero incluidos en la rúbrica 2; considera asimismo crucial que se siga controlando el tamaño de la flota pesquera europea, prestando un apoyo adecuado a los Estados miembros a este respecto, y en particular que se combata la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR); considera que una gestión eficaz de la pesca reviste una importancia crucial para preservar las poblaciones de peces y evitar la sobrepesca;

51.

Observa que el incremento general de la financiación propuesta en el PP 2012, en comparación con el presupuesto 2011, para las acciones incluidas en esta rúbrica (+ 17,7 % en créditos de compromiso y + 6,8 % en créditos de pago) se corresponde con las ambiciones cada vez mayores de la UE en el espacio de libertad, seguridad y justicia, tal y como se destaca tanto en el Tratado de Lisboa como en el Programa de Estocolmo (2010-2014), adoptado por el propio Consejo en diciembre de 2009;

52.

Observa que estos incrementos están relacionados en la mayoría de los casos con tres de los cuatro programas de solidaridad y gestión de los flujos migratorios: Fondo Europeo para las Fronteras Exteriores (+ 38 %), Fondo Europeo para el Retorno (+ 43 %) y Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países (+ 24 %); destaca, no obstante, que los incrementos previstos en esta subrúbrica para 2012 son simplemente el resultado del desglose anual de los importes globales de carácter plurianual acordados por el Parlamento y el Consejo cuando se adoptaron estos programas y estas acciones;

53.

54.

Se pregunta, así pues, con extrañeza si el PP presentado por la Comisión constituye una respuesta adecuada y actualizada a los retos con que se enfrenta actualmente la UE, sobre todo a la vista de los acontecimientos que se están produciendo en el Sur del Mediterráneo; recuerda su firme llamamiento en favor de una respuesta adecuada y equilibrada a estos retos, con vistas a mejorar la gestión de la migración legal y frenar la migración ilegal; reconoce la obligación de los Estados miembros de respetar la legislación de la UE vigente, y destaca la necesidad de contar con suficiente financiación e instrumentos de apoyo para gestionar las situaciones de emergencia en un espíritu de pleno respeto de las normas de protección internas y los derechos humanos y de solidaridad entre todos los Estados miembros; destaca, en particular, la función y el apoyo del Fondo Europeo para los Refugiados, incluidas las medidas urgentes en caso de afluencia masiva de refugiados, y lamenta profundamente que la Comisión no haya propuesto ningún incremento para este Fondo aparte de lo que estaba previsto inicialmente en la programación financiera;

55.

Toma nota de los reiterados llamamientos del Consejo Europeo en favor de un refuerzo de la capacidad operativa y la función de FRONTEX, en un periodo en el que están aumentando las presiones migratorias; pide a la Comisión que presente todas las consecuencias presupuestarias para 2012 de la revisión de FRONTEX que se está llevando a cabo y que proporcione una imagen clara de la participación financiera de los Estados miembros en su funcionamiento;

56.

Señala que, tras una presentación de las próximas etapas técnicas, la Autoridad Presupuestaria ha liberado los créditos destinados a SIS II en 2011 inscritos en la reserva ; subraya que la Autoridad Presupuestaria continuará vigilando de cerca la evolución de SIS II y se reserva el derecho de adoptar medidas en caso de que sea necesario;

57.

Recuerda que, pese a ser la rúbrica más pequeña en lo que a dotación financiera se refiere, la subrúbrica 3b cubre algunas de las principales preocupaciones de los ciudadanos europeos, como por ejemplo la juventud, los programas educativos y culturales, la salud pública, la protección de los consumidores, el instrumento de protección civil y la política de comunicación;

58.

Lamenta profundamente que los créditos de esta rúbrica registren recortes por tercer año consecutivo, ya que los CC se reducen en un 0,1 % (a 683,5 millones de euros) y los CP en un 0,3 % (a 645,7 millones de euros) en comparación con el presupuesto 2011 (excluido el Fondo de Solidaridad de la UE), dejando un margen de 15,5 millones de euros;

59.

Opina que los programas y las acciones de esta subrúbrica desempeñan una función crucial en la consecución de los objetivos prioritarios y las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020; recuerda que la educación, la formación y la cultura contienen valor económico puesto que contribuyen considerablemente al crecimiento económico y a la creación de empleo de calidad y sustentan el desarrollo de la ciudadanía activa;

60.

Destaca que, debido al pequeñísimo margen disponible, las posibilidades de actuación serán limitadas a la hora de proponer nuevas acciones o de tomar decisiones sobre el aumento de la financiación de las prioridades que interesan directamente a los ciudadanos;

61.

Toma buena nota de la propuesta de la Comisión de aumentar en 8 millones de euros, en comparación con la programación financiera anual, la dotación asignada en 2012 al programa «La juventud en acción» (134,6 millones de euros previstos para 2012), un programa que constituye uno de los principales instrumentos de la iniciativa emblemática «La juventud en movimiento» y apoya las experiencias de aprendizaje no formales y el desarrollo de la ciudadanía activa para los jóvenes;

62.

Lamenta que no se propongan iniciativas similares para programas como MEDIA y Cultura 2007, a pesar de que contribuyen en gran medida a la riqueza y diversidad de la cultura europea y prestan su apoyo a acciones que no serían financiadas únicamente por los Estados miembros;

63.

Lamenta que la Comisión no haya propuesto en su proyecto de presupuesto 2012 ninguna medida específica en favor del deporte, a pesar de que se trata ahora de una competencia plena de la Unión derivada del Tratado de Lisboa; considera, a este respecto, que en el presupuesto 2012 debería seguir consignándose una dotación, aunque de magnitud limitada;

64.

Celebra el incremento de los créditos para el programa de Salud Pública, ya que esta se ha convertido en impulsora clave para la competitividad de las sociedades europeas en proceso de envejecimiento; reconoce los esfuerzos de la Comisión por encontrar soluciones de financiación para continuar importantes campañas educativas como la campaña HELP para una vida sin tabaco;

65.

Lamenta la reducción de la financiación destinada al Instrumento de Financiación de la Protección Civil en comparación con la programación financiera (– 1,8 millones de euros), y pide a la Comisión que facilite más explicaciones sobre esta reducción, ya que la protección civil es ahora una nueva competencia de la UE;

66.

Recuerda que, con el fin de asegurar la transparencia y la plena participación del Parlamento Europeo y sus diputados, los Espacios Públicos Europeos tienen que tener su propia línea específica; lamenta la propuesta de la Comisión de vaciar esa línea y de fundir las asignaciones para los Espacios Públicos Europeos con la línea de las Representaciones de la Comisión; recuerda que los Espacios Públicos Europeos están gestionados conjuntamente por la Comisión y el Parlamento y, por lo tanto, su presupuesto debe estar separado del presupuesto de las Representaciones de la Comisión, como se refleja en los presupuestos de 2010 y 2011; subraya que el Parlamento no va a aceptar ningún intento de cambiar la voluntad de la Autoridad Presupuestaria en esta cuestión;

67.

Observa que los créditos de compromiso y de pago solicitados en el PP 2012 se han incrementado en un 2,9 % y en un 0,8 % respectivamente en comparación con el presupuesto 2011, hasta alcanzar los 9 009,3 y los 7 293,7 millones de euros respectivamente (teniendo en cuenta la Reserva de Ayuda de Emergencia); señala que este incremento sigue siendo inferior al incremento propuesto por la Comisión para todo el presupuesto;

68.

Recuerda que hasta la fecha la Comisión no ha devuelto los fondos (240 millones de euros) utilizados para el Mecanismo Alimentario a la rúbrica 4, especialmente al Instrumento de Estabilidad, con arreglo a lo solicitado por la Comisión de Presupuestos en el apartado 28 del informe A7-0038/2009, aprobado el 12 de octubre de 2009;

69.

Esta firmemente convencido de que se ha de realizar un esfuerzo específico y concreto para conseguir un uso óptimo y coordinado de todos los instrumentos europeos disponibles (no solo las dotaciones financieras que figuran en el presupuesto de la UE, sino también los instrumentos gestionados por el BEI, el BERD, etc.) y las acciones de los Estados miembros; destaca que se ha de seguir mejorando la flexibilidad en la programación y ejecución de los instrumentos de la UE con el fin de poder dar una respuesta adecuada y eficaz a las crisis políticas y humanitarias en terceros países sin poner por ello en peligro las prioridades y los compromisos políticos a largo plazo; aboga, en este sentido, por la coordinación entre la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Banco Europeo de Inversiones, con objeto de orientar mejor y de optimizar los objetivos europeos fuera de la Unión;

70.

Considera que la UE está obligada a dar una respuesta adecuada y global a los acontecimientos que se han producido recientemente en los países vecinos del Mediterráneo y a prestar apoyo y asistencia a los movimientos que luchan en favor de los valores democráticos y la instauración del Estado de Derecho; reitera que el refuerzo de la asistencia financiera a estos países no debe ir en detrimento de las prioridades y los instrumentos en favor de los países vecinos de Europa Oriental;

71.

Está sumamente preocupado, a este respecto, por la posibilidad de que el margen propuesto para la rúbrica 4 por valor de 246,7 millones de euros, pese a ser muy superior al previsto en la actualización de la programación financiera llevada a cabo en enero de 2011 (132,2 millones de euros), no sea suficiente para cubrir las nuevas necesidades de la rúbrica 4, ya que parece basarse en reducciones en algunos de los principales programas; tiene la intención de controlar y analizar la incidencia de estos recortes más en profundidad;

72.

Recuerda que el Parlamento y el Consejo no han llegado todavía a un acuerdo sobre la base jurídica para el Instrumento de cooperación con países y territorios industrializados y de renta alta (ICI+) y que este acuerdo incidirá en los créditos del presupuesto 2012; lamenta la propuesta de la Comisión de recortar la financiación para la cooperación con los países en desarrollo de Asia y Latinoamérica; pide que se adopte sin demora la legislación ICI+ y que se respalde una financiación adecuada para Asia y Latinoamérica;

73.

Pide, por consiguiente, a la Comisión que no limite su próxima nota rectificativa a las consecuencias presupuestarias de su revisión de la Política Europea de Vecindad y que aborde también, en caso necesario recurriendo asimismo a todos los medios previstos en el AI, todas las demás cuestiones y necesidades pendientes, incluida la financiación de Palestina y el OOPS, que registra una disminución de 100 millones de euros en comparación con el presupuesto 2011, con objeto de optimizar las repercusiones de la ayuda de la UE en el mundo;

74.

Lamenta la reducción del incremento programado en la financiación del Instrumento de Ayuda de Preadhesión de 139 millones de euros a solo 79 millones en comparación con el presupuesto 2011;

75.

Toma nota del incremento propuesto en la financiación del «Medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales» (ENRTP), en el marco del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), por valor de 51,8 millones de euros, en comparación con la programación financiera, con vistas a la financiación inmediata de la acción contra el cambio climático; se opone rotundamente a los demás recortes, por un total de 78 millones de euros, realizados en los programas geográficos del ICD, ya que socavarían el esfuerzo de la UE de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el respeto de los compromisos asumidos por la UE al más alto nivel en lo que se refiere a la consecución del objetivo de destinar el 0,7 % de la RNB a la cooperación para el desarrollo;

76.

Recuerda que rechazará firmemente cualquier reducción sistemática, casi automática y, en ocasiones, sin reflexionar aplicada por la otra rama de la Autoridad Presupuestaria en los gastos administrativos de la rúbrica 4 con el único fin de reducir los créditos, ya que ello privaría a la UE de los medios que necesita para aplicar sus programas de manera correcta y eficaz;

77.

Toma nota de que los gastos administrativos totales para todas las instituciones se estiman en 8 281 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,3 % en comparación con 2011 y deja un margen de 472,5 millones de euros;

78.

Toma nota de la carta del Comisario de Programación Financiera y Presupuestos, de 3 de febrero de 2011, en la que se compromete a incrementar el gasto de la rúbrica 5 en menos de un 1 % y a no contratar nuevo personal en comparación con 2011 y en la que pide a todas las instituciones que sigan este ejemplo en lo que se refiere a la evolución de sus presupuestos;

79.

Observa que la Comisión, el Consejo, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo Europeo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos han seguido su petición; subraya que el Parlamento Europeo ha conseguido reducir sus propias estimaciones en alrededor de 50 millones de euros en comparación con la primera propuesta del anteproyecto de estado de previsiones; destaca que va a examinar en profundidad los estados de previsiones de las otras instituciones, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las necesidades y actividades adicionales relacionadas con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa;

80.

Reconoce el importante esfuerzo que ha llevado a cabo la Comisión para congelar su propio gasto administrativo en valor nominal; destaca que ello ha sido posible gracias a la compensación de los incrementos vinculados a las obligaciones estatutarias y contractuales mediante la introducción de recortes drásticos en otros gastos administrativos; manifiesta, no obstante, su preocupación por las posibles consecuencias;

81.

Destaca que cualquier nuevo recorte en los créditos administrativos para 2012 en la Sección III, incluidas las líneas correspondientes a los gastos de apoyo administrativo (anteriores líneas BA), podría tener consecuencias negativas en la aplicación de los programas, en particular teniendo en cuenta los nuevos cometidos de la UE tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; insiste en que los ahorros que se obtengan de la reducción de los gastos de apoyo administrativo deben mantenerse dentro de la dotación financiera de los programas correspondientes con vistas a una aplicación reforzada de los mismos; destaca, además, que esta tendencia no es sostenible a largo plazo si las competencias de la UE siguen aumentando y que repercutirá negativamente en la aplicación rápida, regular y efectiva de las acciones y los programas de la UE;

82.

Reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión para no solicitar puestos adicionales y su compromiso de cubrir todas sus necesidades, incluidas las relacionadas con las nuevas prioridades y con la entrada en vigor del Tratado FUE, limitándose a una redistribución interna de los recursos humanos de que dispone; desea saber, en particular, de dónde van a proceder los 230 puestos adicionales necesarios para garantizar el control apropiado de la situación económica y financiera en la DG ECFIN que van a ser objeto de una redistribución, así como cuál va a ser la incidencia de la reducción de los 70 puestos para apoyo administrativo y gestión de los programas tras la redistribución dentro de Direcciones Generales específicas; subraya que la cuestión de los recursos humanos reviste si cabe aún más importancia si se tiene en cuenta que es posible que la DG ECFIN vaya a tener que reforzarse aun más para que pueda asumir importantes tareas nuevas en cuanto se apruebe el paquete de gobernanza económica;

83.

Subraya que el incremento propuesto para la EPSO (+ 5,4 % en CC y CP) parece contradecirse con los esfuerzos de la Comisión de reducir el gasto administrativo; solicita más información sobre el incremento propuesto de asignaciones EPSO y sobre la externalización por parte de EPSO de los servicios clave;

84.

Toma nota del incremento del 4 % en los gastos correspondientes a las pensiones (frente al + 5,2 % de 2010 a 2011) como resultado de la oleada de jubilaciones de funcionarios; pide a la Comisión que apoye la realización de un análisis más pormenorizado sobre las consecuencias presupuestarias a largo plazo de esta tendencia y que examine al mismo tiempo las posibles consecuencias, tanto directas como indirectas, de cualquier cambio en el régimen de pensiones de la UE en la capacidad de atracción, la calidad y la independencia del servicio público europeo; destaca que cualquier cambio a este respecto debería ir acompañado del correspondiente diálogo social;

85.

Opina que las Escuelas Europeas deberían recibir una financiación adecuada para poder abordar correctamente la situación específica de los hijos de los agentes de las instituciones de la UE; tiene la intención de examinar detenidamente el incremento global del 1,7 % propuesto en comparación con 2011, que es inferior a lo previsto en la programación financiera, así como cada una de las líneas presupuestarias relacionadas con la Escuelas Europeas, y de introducir, durante su lectura, las modificaciones que considere oportunas a este respecto;

86

Destaca que los proyectos piloto (PP) y las acciones preparatorias (AP) constituyen herramientas imprescindibles para la formulación de las prioridades políticas y para allanar el camino hacia nuevas iniciativas que podrían convertirse en actividades y programas de la UE susceptibles de mejorar la vida de sus ciudadanos; tiene, por consiguiente, la intención de apoyar por todos los medios posibles las propuestas relacionadas con los proyectos piloto y las acciones preparatorias para 2012, aunque destaca al mismo tiempo la necesidad de examinar atentamente la evaluación preliminar que se espera que presente la Comisión en julio de 2011 para la definición de un paquete final global y equilibrado a este respecto;

87

Tiene la intención de presentar a la Comisión, a este fin y con arreglo a lo previsto en el anexo II, parte D, del AI, una primera lista provisional de proyectos piloto y acciones preparatorias para el presupuesto 2012; espera que la Comisión facilite un análisis bien razonado de las propuestas indicativas del Parlamento; destaca que esta primera lista provisional no excluye la presentación formal y la aprobación de enmiendas relativas a proyectos piloto y acciones preparatorias durante la lectura del presupuesto por el Parlamento;

88

Toma nota de un nuevo proyecto piloto y de cinco acciones preparatorias, dos de ellas nuevas, que propone la Comisión en diferentes rúbricas; manifiesta su firme intención de analizar durante las próximas negociaciones el contenido y los objetivos de las nuevas iniciativas propuestas;

89

Toma nota del volumen global por valor de 720,8 millones de euros (es decir, el 0,49 % del presupuesto total de la UE) que se destina a las agencias descentralizadas en el PP 2012, que representa un incremento en la contribución global de la UE en comparación con el presupuesto 2011 por valor de 34,6 millones de euros, esto es, un + 4,9 %; es consciente de que este incremento se debe principalmente a la creación de una nueva agencia (3) y a la introducción progresiva de otras siete (4), con objeto de proporcionarles una financiación adecuada; destaca la importancia de conceder financiación adicional a estas 10 agencias (5), cuyos cometidos han aumentado, con objeto de no obstaculizar su funcionamiento; observa que el aumento de la contribución de la UE para las agencias a velocidad de crucero se corresponde con la corrección de la inflación (2 %), o es incluso inferior, sin ningún tipo de personal adicional;

90.

Destaca que las dotaciones presupuestarias de las agencias no se componen, en absoluto, únicamente de gastos administrativos y que, por el contrario, contribuyen a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y de los objetivos de la UE en general, con arreglo a lo acordado por la Autoridad Legislativa; apoya, por consiguiente, en tiempos de austeridad, el enfoque restrictivo adoptado por la Comisión para fijar las subvenciones del presupuesto de la UE destinadas a las agencias descentralizadas, aunque desaprueba una vez más el uso de ingresos afectados para reducir la contribución financiera de la UE destinada a las agencias que dependen de honorarios, práctica que utiliza la Comisión para aumentar los márgenes artificialmente; manifiesta su preocupación, en este contexto, por el hecho de que la Comisión ignore reiteradamente la voluntad política del Parlamento Europeo;

91.

Destaca el papel fundamental de las autoridades europeas de supervisión a la hora de salvaguardar la estabilidad del mercado, así como la necesidad de dotarlas de una financiación adecuada para garantizar la eficacia de las reformas del marco regulador; reitera que una autoridad de supervisión única sería más eficaz; acoge favorablemente los incrementos presupuestarios propuestos para las tres autoridades, pues suponen un importante avance en sus procesos de desarrollo, y pide al mismo tiempo recursos adicionales para el Comité Mixto; subraya que toda nueva función encomendada a estas autoridades debe acompañarse de inmediato de la correspondiente asignación de recursos adicionales; destaca, entre otras cosas, que las nuevas responsabilidades previstas para la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) en materia de venta al descubierto y derivados deben reflejarse rápidamente en el procedimiento presupuestario para el ejercicio 2012, tan pronto como se establezcan las correspondientes bases jurídicas;

92.

Observa que, de los 213 nuevos puestos que figuran en el cuadro de efectivos para las agencias (de un total de 4 854), 80 se destinarán a las agencias nuevas o en fase de creación, y el resto a las agencias cuyos cometidos se hayan ampliado; reitera su llamamiento en favor de la contratación de personal científico especializado y con experiencia profesional, en particular cuando estos puestos se financien exclusivamente mediante honorarios y sean, por consiguiente, neutros desde el punto de vista presupuestario;

93.

Desaprueba el enfoque de la Comisión de cambiar la presentación de las dos agencias autofinanciadas, la OAMI y la OCVV, en el AP para 2012, es decir, eliminar las líneas presupuestarias respectivas y decidir no publicar las plantillas de personal; toma nota, no obstante, de que las dos agencias respectivas no están sujetas a ninguna decisión de la Autoridad Presupuestaria en lo que respecta a los niveles de subvención o al personal; tiene, no obstante, la intención de proporcionar esa información en el presupuesto en aras de la transparencia; reitera una vez más la necesidad de encontrar una solución para los excedentes excesivos obtenidos por el reglamento relativo a las tasas de la OAMI;

94.

Considera que las siguientes cuestiones revisten un interés específico para el diálogo tripartito que tendrá lugar el 11 de julio de 2011:

95.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo.

18.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 390/49

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario» (COM(2010)0672),

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Vistos el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo sobre la financiación de la Política Agrícola Común (1),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (2),

—

Vistas las Decisiones del Consejo 2006/144/CE (3) y 2009/61/CE sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (4),

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Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas (5),

—

Visto el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común (6),

—

Vista su Resolución, de 8 de julio de 2010, sobre el futuro de la Política Agrícola Común después de 2013 (7),

—

Vista su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia UE 2020 (8),

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Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo, de 17 de marzo de 2011, sobre «La PAC en el horizonte de 2020»,

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Visto el dictamen del Comité Económico y Social, de 18 de marzo de 2010, «La reforma de la política agrícola común en 2013»,

—

Visto el dictamen del Comité de las Regiones «La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario»,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0202/2011),

A.

Considerando que una agricultura europea sostenible, productiva y competitiva aporta una contribución vital a la consecución de los objetivos establecidos por los Tratados para la PAC y de los objetivos de la estrategia Europa 2020, que también puede contribuir a la superación de nuevos desafíos políticos como los que representan la seguridad del abastecimiento de alimentos, energía y materias primas industriales, el cambio climático, el medio ambiente y la biodiversidad, la sanidad y el cambio demográfico en la UE, y que la futura reforma de la PAC será la primera en la que el Parlamento Europeo ejercerá de colegislador con el Consejo, de conformidad con el Tratado de Lisboa,

B.

Considerando que la seguridad alimentaria sigue siendo la misión fundamental de la agricultura, no solo en la UE, sino en todo el mundo, en particular en los países en desarrollo, ya que, según estimaciones de la FAO, la población mundial habrá aumentado de 7 000 a más de 9 000 millones de personas en 2050, lo que necesita un incremento del 70 % de la producción agrícola mundial, y que se tendrán que producir más alimentos suplementarios en un contexto de costes de producción más elevados, de gran volatilidad en los mercados agrícolas y de mayor presión sobre los recursos naturales, lo que significa que los agricultores tendrán que aumentar su producción utilizando menos tierras, menos agua y menos insumos energéticos,

C.

Considerando que los alimentos tienen una importancia estratégica y que la manera más favorable de garantizar la seguridad alimentaria es mantener un sector agrícola estable y competitivo; considerando que una PAC fuerte es fundamental para este objetivo y para la protección, la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo económico de las zonas rurales de la UE ante la amenaza de abandono de las tierras, la despoblación del medio rural y el declive económico,

D.

Considerando que la reforma de la PAC de 2003 y el «chequeo» de la política agraria de 2008 han intentado contribuir al establecimiento de una nueva arquitectura para la PAC que sea más efectiva y transparente y se caracterice por una mayor orientación hacia el mercado de los agricultores; considerando que este proceso debe continuar y que, a su vez, deben simplificarse considerablemente los instrumentos y procedimientos de la PAC en la práctica, con objeto de aligerar las cargas que soportan los agricultores y las administraciones,

E.

Considerando que, en su Resolución de 8 de julio de 2010 sobre el futuro de la Política Agrícola Común después de 2003, el Parlamento Europeo ya puso la primera piedra de una agricultura sostenible que permitiría a los productores europeos ser competitivos en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, que apoyó el principio de una agricultura multifuncional y extensa en toda Europa, en especial en las zonas con dificultades naturales y en las regiones ultraperiféricas, y que tuvo asimismo en cuenta las dificultades que experimentan las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas,

F.

Considerando que debe dotarse a la PAC con los instrumentos necesarios para hacer frente a crisis importantes que afecten al mercado y al aprovisionamiento, y a la extrema volatilidad de los precios en el sector agrícola; considerando que debe garantizarse que estos instrumentos no solo se renueven y sean eficaces, sino también flexibles, con objeto de que puedan utilizarse rápidamente en caso de necesidad,

G.

Considerando que debe defenderse, en principio, la integración de objetivos renovados y ambiciosos en la PAC, en particular la protección de los consumidores, la protección del medio ambiente, el bienestar de los animales y la cohesión territorial, y que estas normas deberían defenderse a escala internacional con objeto de garantizar la viabilidad y la competitividad de los agricultores europeos, enfrentados a costes de producción elevados; considerando que la productividad y la seguridad alimentaria a largo plazo, en particular habida cuenta de las perturbaciones climáticas, dependen de que se preste la debida atención a los recursos naturales, en particular el suelo, el uso del agua y la biodiversidad,

H.

Considerando que el sector agrícola debe desempeñar un papel crucial en la lucha contra el cambio climático, en particular mediante la reducción de sus propias emisiones de gases de efecto invernadero, el desarrollo de formas de almacenamiento del carbono a través de la producción de biomasa y de energía sostenible, generando de este modo un flujo de ingresos adicionales para la renta de los agricultores,

I.

Considerando que la PAC también debería apoyar una gestión específica de la superficie agrícola rica en biodiversidad (como las superficies agrícolas con gran valor natural) y de los ecosistemas agrícolas en el interior de las zonas Natura 2000 así como, a este respecto, la transición hacia modelos con bajo nivel de insumos (incluida la agricultura ecológica), pastos no explotados o tierras húmedas agrícolas,

J.

Considerando que se prevé que la proporción del gasto en la PAC en el presupuesto de la UE disminuya desde casi el 75 % en 1985 hasta el 39,3 % en 2013; considerando que la PAC, una de las políticas más antiguas y comunitarizadas de la UE, representa menos del 0,5 % de PIB de la UE, mientras que los gastos públicos representan aproximadamente el 50 % del PIB, y considerando que, tras las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea, la extensión de la superficie agrícola ha aumentado un 40 % y que el número de agricultores se ha duplicado con respecto a 2004,

K.

Considerando que, de acuerdo con el último sondeo del Eurobarómetro, el 90 % de los ciudadanos encuestados considera que la agricultura y las zonas rurales son importantes para el futuro de Europa y el 83 % está a favor de las ayudas financieras a los agricultores y, por término medio, cree que la política agrícola debe continuar decidiéndose a nivel europeo,

L.

Considerando que el Parlamento Europeo se ha pronunciado reiteradamente contra una renacionalización de la PAC y una ampliación de la cofinanciación, que podrían afectar desfavorablemente a la justa competencia en el mercado interior de la UE, y que, en la perspectiva de la próxima reforma, se opone de nuevo a cualquier intento de renacionalización de la PAC a través de la cofinanciación de los pagos directos o mediante una transferencia de fondos al segundo pilar,

M.

Considerando que debe mantenerse el principio de una PAC de dos pilares, debiéndose definir y concebir claramente los objetivos de cada pilar con objeto de que puedan completarse mutuamente,

N.

Considerando que las pequeñas explotaciones en la Unión aportan una contribución fundamental a los objetivos de la PAC y que deben tomarse debidamente en cuenta en el proceso de reforma los obstáculos a los que se enfrentan,

O.

Considerando que en los nuevos Estados miembros que aplican el régimen de pago único por superficie son muchos los agricultores, en particular en el sector ganadero, que no tienen derecho a pagos directos porque no poseen superficie agrícola,

P.

Considerando que los agricultores reciben una parte cada vez menor del valor añadido que genera la cadena de suministro alimentario y que un funcionamiento correcto de la cadena de suministro alimentario y medidas para mejorar la posición negociadora de los productores son un requisito previo necesario para garantizar que los agricultores obtienen una remuneración justa por su producción,

Q.

Considerando que la renta per cápita real de los agricultores ha decrecido dramáticamente durante los dos pasados años y que, por efecto de este descenso continuado, el nivel de dicha renta ha llegado por debajo del que se registraba hace unos quince años, que los ingresos de la agricultura son claramente inferiores (un 40 % menos por unidad de trabajo, según algunas estimaciones) a los del resto de los sectores económicos, que la renta por habitante en las zonas rurales es considerablemente más baja (aproximadamente un 50 %) que en las zonas urbanas, y que, según los datos de Eurostat, el empleo en el sector agrícola ha descendido un 25 % entre 2000 y 2009,

R.

Considerando que la economía mundial está cada vez más integrada y que los sistemas de comercio se han liberalizado primordialmente a través de negociaciones multilaterales y bilaterales, y que los acuerdos celebrados a escala multilateral y bilateral deben garantizar que los métodos de producción de los terceros países para los productos destinados a la exportación a la Unión aseguren a los consumidores europeos las mismas garantías en términos de salud, seguridad alimentaria, bienestar animal y sostenibilidad, así como estándares sociales mínimos que las de los métodos europeos,

S.

Considerando que, teniendo en cuenta el aumento de las disparidades, la pérdida de capital y cohesión social, los desequilibrios demográficos y el éxodo, el desarrollo rural es un componente fundamental de la PAC, y considerando que las futuras políticas de desarrollo rural deben orientarse hacia una mejora del equilibrio territorial y ofrecer unos programas de desarrollo rural menos burocráticos y más participativos que deberían incluir medidas que incrementen la competitividad del sector agrícola y apoyen efectivamente el fortalecimiento y la diversificación de la economía rural, protejan el medio ambiente, fomenten la educación y la innovación, mejoren la calidad de vida en las zonas rurales, especialmente en las regiones desfavorecidas, y luchen contra el abandono de la actividad agrícola por parte de los jóvenes,

T.

Considerando que, por una parte, sólo el 6 % de los agricultores europeos tienen menos de 35 años y, por otra, 4,5 millones de agricultores se jubilarán en los próximos 10 años; considerando, así pues, que conviene que la futura PAC incluya la renovación generacional como un objetivo prioritario,

U.

Considerando que la PAC debe tener en cuenta la necesidad de paliar las limitaciones específicas y los problemas estructurales a los que se enfrentan los sectores agrícolas y silvícolas de las regiones ultraperiféricas de la UE, como consecuencia de la insularidad, la lejanía y la fuerte dependencia de la economía rural de un número reducido de productos agrícolas,

V.

Considerando que la política de calidad es parte integrante de la futura PAC, por lo que su desarrollo y refuerzo, especialmente en el caso de las indicaciones geográficas, son instrumentos decisivos para el crecimiento sostenible y la competitividad de la agricultura europea,

1.

Acoge con agrado en términos generales la Comunicación de la Comisión titulada «La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario»; reconoce la necesidad de otra reforma de la PAC para tener en cuenta la nueva realidad agrícola de la UE de 27 Estados y el nuevo contexto internacional de la mundialización; pide que en el futuro se mantenga una PAC fuerte y sostenible, con una dotación financiera a la altura de los ambiciosos objetivos que se han de perseguir para hacer frente a los nuevos retos; se opone con firmeza a toda iniciativa de renacionalización de la PAC;

2.

Pide que la PAC se mantenga estructurada en torno a dos pilares; señala que el primer pilar se debería seguir financiando en su totalidad con cargo al presupuesto de la UE y con carácter anual, mientras que en el segundo pilar se debería seguir aplicando la programación plurianual, un enfoque contractual y la cofinanciación; insiste en que la estructura en dos pilares debe contribuir a la claridad y que cada uno de los pilares debe complementar al otro sin solapamientos: el primer pilar debe alcanzar los objetivos que requieren una acción «generalizada», mientras que el segundo pilar debe estar orientado hacia los resultados y ser lo suficientemente flexible para tener en cuenta las especificidades nacionales, regionales y locales; considera, por consiguiente, que, si bien conviene mantener la actual estructura de dos pilares, resulta esencial introducir modificaciones para focalizar más eficazmente todas las medidas necesarias con arreglo a cada uno de los pilares y sus respectivos mecanismos de financiación;

3.

Señala que la seguridad alimentaria sigue siendo la razón de ser de la agricultura tanto en la UE como en el resto del mundo y, en particular en los países en desarrollo, pues el mundo tiene ante sí el reto de alimentar a 9 mil millones de personas hacia 2050 reduciendo al mismo tiempo el uso de los recursos escasos, especialmente el agua, la energía y la tierra; pide una agricultura europea sostenible, productiva y competitiva que aporte una contribución vital a la consecución de los objetivos establecidos por los Tratados para la PAC y de las prioridades de la estrategia Europa 2020 para un crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente; opina que la agricultura está bien situada para contribuir de manera significativa a la lucha contra el cambio climático, la creación de nuevos puestos de trabajo mediante un crecimiento ecológico y la oferta de energía renovable, y seguir ofreciendo al mismo tiempo productos alimenticios seguros y de alta calidad y seguridad alimentaria para todos los consumidores europeos;

4.

Considera fundamental establecer un conjunto claro de normas a largo plazo para que los agricultores europeos pueden planificar las inversiones necesarias para modernizar las prácticas agrícolas y desarrollar métodos innovadores que conduzcan a sistemas agrícolas y más saludables desde el punto de vista de la agronomía, proceso indispensable para garantizar su competitividad en los mercados a escala local, regional e internacional;

5.

Cree que, en aras de la simplificación, de la claridad y de un planteamiento común, conviene acordar desde el comienzo de la reforma la financiación para cada pilar de la PAC;

6.

Pide que el presupuesto agrícola de la UE para el próximo período financiero se mantenga a la altura del presupuesto agrícola para 2013, por lo menos; reconoce que se precisarán recursos financieros adecuados para abordar los desafíos de la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, el cambio climático y el equilibrio territorial en una UE ampliada, así como para que la PAC pueda contribuir al éxito de la Estrategia Europa 2020;

7.

Expresa su convicción de que esta nueva política agrícola, orientada hacia sistemas de producción alimentaria sostenibles, necesita en primer lugar una mayor coherencia de conjunto y complementariedad entre el primer pilar, con las ayudas directas y el segundo pilar, con las medidas de apoyo al desarrollo rural; opina que, en virtud de la nueva PAC, los fondos públicos deben reconocerse como una forma legítima de pago de los bienes públicos suministrados a la sociedad, cuyos costes no son compensados por el precio de mercado, y que el dinero público debe utilizarse para alentar a los agricultores a suministrar servicios ambientales adicionales al conjunto de Europa; cree que este enfoque concreto favorecerá los objetivos a escala de la UE, al tiempo que se ofrece la flexibilidad necesaria para tener presente la diversidad agrícola de la UE; considera que tal sistema permitiría que todo componente de los pagos reportara claras ventajas públicas de manera transparente para los contribuyentes, los agricultores y la sociedad en su conjunto;

8.

Pide que la sostenibilidad, la competitividad y la equidad sean los principios rectores de una PAC que defienda el carácter específico de los distintos sectores y explotaciones asignándoles la misión de abastecer a la población de alimentos saludables en cantidad suficiente y a precios adecuados y garantizar el suministro de materias primas a una industria transformadora y agroalimentaria europea eficiente, así como a la producción de energía renovable; hace hincapié en que los estándares de la Unión en términos de seguridad alimentaria, protección del medio ambiente, bienestar animal y respeto de estándares sociales mínimos son los más elevados del mundo; reclama una PAC que asegure los elevados estándares de la agricultura europea en la competencia internacional (protección de la calidad exterior);

9.

Reconoce que muchos de esos nuevos desafíos y objetivos están enmarcados en compromisos y tratados internacionales jurídicamente vinculantes que ha acordado y firmado la UE como el Protocolo de Kyoto/Acuerdos de Cancún y los Convenios de Ramsar y Nagoya;

10.

Hace hincapié en que la simplificación es fundamental y debe ser uno de los objetivos clave de la futura PAC, debiendo ser reducidos los costes de su gestión en los Estados miembros, y en que conviene definir claramente bases jurídicas comunes, que deben presentarse de forma rápida y autorizar una única interpretación;

11.

Destaca que el desarrollo de la política de calidad de los productos alimenticios, en particular en lo que se refiere a la denominación de origen (DOP/IGP/ETG), debe ser un eje prioritario de la PAC que se ha de profundizar y reforzar para que la Unión Europea pueda mantener su liderazgo en este sector; opina que, en el caso de estos productos de calidad, conviene que se puedan aplicar instrumentos originales de gestión, protección y promoción que les permitan desarrollarse de manera armoniosa y seguir prestando una importante contribución al crecimiento sostenible y la competitividad de la agricultura europea;

12.

Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos en materia de investigación y desarrollo en los ámbitos de la innovación y la promoción; pide, por lo tanto, que en los futuros programas de investigación y desarrollo de la UE se tenga permanentemente en cuenta la investigación en el ámbito de la agricultura y la alimentación;

13.

Señala que los pagos directos disociados, con sujeción a requisitos en materia de condicionalidad, pueden ayudar a apoyar y estabilizar las rentas agrarias, permitiendo a los agricultores proporcionar, además de la producción de alimentos, bienes públicos esenciales para toda la sociedad, tales como servicios ecosistémicos, empleo, planificación del paisaje y vitalidad de la economía rural en toda la Unión; considera que los pagos directos deberían servir de remuneración para los agricultores, que proporcionan estos bienes públicos, habida cuenta de que el mercado no proporciona por sí solo bienes públicos y aún no recompensa a los agricultores por este concepto, mientras que estos últimos se enfrentan a menudo a costes de producción elevados para ofrecer productos alimenticios de alta calidad, así como a bajos precios de producción;

14.

Insiste en la necesidad de un primer pilar fuerte y bien dotado que permita afrontar los nuevos desafíos de la agricultura europea;

15.

Pide una distribución justa de los créditos de la PAC, para el primer y el segundo pilar, tanto entre los Estados miembros como entre los agricultores de cada Estado miembro con arreglo a criterios objetivos, siendo el principio fundamental de esos objetivos un enfoque pragmático; rechaza mayores fraccionamientos en el reparto de estos créditos entre los Estados miembros; considera que ello requiere un abandono progresivo de las referencias históricas desfasadas en la actualidad y su sustitución a lo largo de un período transitorio por ayudas equitativas y, por consiguiente, mejor repartidas entre los países, los diferentes sectores agrícolas y los agricultores; indica que ello requiere asimismo prever ayudas más eficaces, mejor focalizadas y con un mayor estímulo para que la agricultura se oriente hacia un desarrollo más sostenible de los modos de explotación; rechaza, con arreglo a lo expuesto en la comunicación de la Comisión, el pago directo de un porcentaje uniforme a tanto alzado en el conjunto de la UE, pues ello no reflejaría la diversidad europea; considera que preservar la diversidad de la agricultura y sus explotaciones en la UE es un objetivo central y aboga por que se tengan en cuenta las condiciones específicas de producción en los Estados miembros en la mayor medida posible mediante un sistema más focalizado de pagos directos;

16.

Se manifiesta a favor de un régimen de pago único por explotación, que daría como resultado cierta redistribución en beneficio de un reparto más equitativo de los pagos directos a escala de la UE; propone que cada Estado miembro reciba un porcentaje mínimo de la media de pagos directos de la UE y que se establezcan límites máximos; aboga por que este principio se ponga en práctica con la mayor rapidez posible y con un período de transición limitado;

17.

Aboga por que para los pagos directos a explotaciones particulares se abandonen los valores de referencia históricos y los particulares de cada explotación, utilizados para el reparto entre los Estados miembros y pide que en el curso del próximo período financiero se pase a un sistema de prima por superficie regional o nacional para los pagos disociados; reconoce, no obstante, que en los Estados miembros se dan situaciones muy distintas, lo que hace necesario aplicar medidas especiales para cada región;

18.

Considera que debe hacerse que los Estados miembros que actualmente aplican el sistema simplificado de pago único por superficie adopten, tras un periodo transitorio limitado, el sistema de primas por explotación con derechos de pago; pide la ayuda, incluida la ayuda financiera y técnica, para realizar esta transición;

19.

Celebra el reconocimiento del papel de las pequeñas explotaciones agrarias en la agricultura europea y el desarrollo rural; se pronuncia favorablemente por el establecimiento de un régimen de ayudas específico y simplificado en favor de los pequeños agricultores, que contribuyen a la estabilización del desarrollo rural; pide a la Comisión que, en aras de la transparencia y la seguridad jurídica, establezca criterios flexibles y objetivos para la definición del estatuto de pequeño agricultor en cada Estado miembro; pide a los Estados miembros que decidan, con arreglo al principio de subsidiariedad, cuáles son las explotaciones que cumplen las condiciones exigidas para acogerse a este régimen;

20.

Pide que se siga simplificando el sistema de pagos directos, especialmente por lo que se refiere a una normativa simplificada para la transmisión de derechos de pago en caso de no activación, a las normas sobre la reserva nacional, en función del paso a la prima única por superficie regional o nacional, al agrupamiento de los derechos de pago de escasa cuantía y a un sistema eficaz y no burocrático de control para los dos pilares; considera que los sistemas administrativos que acrediten su buen funcionamiento deben ser considerados favorablemente a la hora de terminar el alcance de los controles prescritos;

21.

Señala que son necesarias medidas para un relevo generacional en el sector agrario, dado que solo un 6 % de los agricultores europeos tiene una edad inferior a los 35 años, y que al mismo tiempo, 4,5 millones se jubilarán en los próximos diez años; reconoce que los agricultores jóvenes se encuentran con obstáculos a la hora de emprender su actividad, como elevados costes de inversión y acceso reducido a tierras y créditos; subraya que las medidas para ayudar a los jóvenes agricultores establecidas en el marco del segundo pilar no han sido suficientes para detener el rápido envejecimiento de la población en el sector agrícola y pide que se presenten propuestas para invertir esta tendencia insostenible que deberían incluir cambios en las normas relativas a la reserva nacional con el fin de orientarlas más hacia los jóvenes agricultores;

22.

Subraya que la PAC no debe ser discriminatoria en términos de género y que a los dos cónyuges que trabajan en una explotación se les deben garantizar los mismos derechos; destaca el hecho de que alrededor del 42 % de los 26,7 millones de personas que trabajan regularmente en la agricultura en la Unión Europea son mujeres, pero que solo una explotación de cada cinco (alrededor del 29 %) es gestionada por una mujer;

23.

Opina que la disociación se ha acreditado básicamente, lo que permite una mayor libertad de decisión a los agricultores, garantizando que los agricultores respondan a las señales del mercado y colocando el grueso de la PAC en la caja verde de la OMC; respalda la sugerencia de la Comisión de que también en el futuro se sigan pagando las primas en determinadas zonas en las que no existe ninguna alternativa a las formas de producción y productos tradicionales de alto coste; admite, por ello, que, dentro de un marco estrechamente limitado, las primas a la producción también podrían aceptarse, en principio, incluso después de 2013;

24.

Pide, por lo tanto, a los Estados miembros que prevean la posibilidad de que una parte de los pagos directos se mantenga total o parcialmente en los límites de la OMC, con el fin de financiar las medidas destinadas a mitigar los efectos de la disociación en regiones y sectores específicos que son sensibles desde el punto de vista económico, ambiental y social; considera, además, que dichos pagos podrían promover medidas ambientales basadas en la superficie y en la cohesión territorial, así como promover, apoyar y estimular sectores clave, en especial la mejora de la calidad, la producción de materias primas agrícolas y determinados tipos de producción o de actividad agrícola;

25.

Constata que en la Unión Europea las explotaciones agrícolas presentan, por razones históricas, una estructura muy diversificada en cuanto a tamaño, régimen laboral, productividad laboral y forma jurídica; es consciente de que los pagos directos se asignan de una manera que pone en tela de juicio su legitimidad; toma nota de la propuesta de la Comisión de introducir un límite máximo para los pagos directos y acoge con satisfacción este intento de resolver el problema de la legitimidad de la PAC y de la aceptación pública; pide a la Comisión que examine la introducción de mecanismos similares que contribuyan a ello, como un sistema de reducción gradual de los pagos directos en relación con el tamaño de la explotación agrícola, teniendo en cuenta criterios objetivos empleo y prácticas sostenibles;

26.

Pide a la Comisión que presente propuestas prácticas para ayudar a los sectores de la ganadería a medio y largo plazo a hacer frente a la subida de los precios de los insumos; cree que ello puede requerir incentivos para el uso de sistemas de explotación de prados y cultivos de proteaginosas en la rotación de cultivos herbáceos, que permitirían ofrecer mayores beneficios económicos a los agricultores, afrontar nuevos desafíos, reducir la dependencia de las importaciones de proteaginosas y obtener un impacto favorable en el coste de los alimentos para animales; pide a la Comisión que proponga un elemento de flexibilidad para los Estados miembros que se base en el actual artículo 68, con objeto de evitar la exclusión de las explotaciones ganaderas centradas en la calidad y la sostenibilidad del nuevo sistema de apoyos y de reflejar su especificidad;

27.

Considera que los pagos directos deberían reservarse exclusivamente a los agricultores activos; es consciente, a este respecto, de que en el sistema de pagos directos disociados todos los titulares de explotaciones que utilicen suelo agrícola para la producción y lo mantengan en buenas condiciones agrícolas o medioambientales deberían recibir pagos directos; pide a la Comisión, por lo tanto, que desarrolle una definición del concepto de agricultor activo que pueda ser aplicada por los Estados miembros sin complicaciones administrativas ni gastos añadidos y que vele por que las ocupaciones agrícolas tradicionales (explotaciones mantenidas como fuente principal, secundaria o complementaria de ingresos), con independencia de su estatuto jurídico, se consideren ocupaciones agrícolas activas y por que se tengan en cuenta los regímenes de propiedad y las modalidades de gestión de las tierras y la gestión de tierras comunales; considera asimismo necesario especificar que la definición de agricultor activo debe excluir los casos en los que los costes administrativos derivados de un pago sean superiores al importe de la propia cantidad abonada;

28.

Aboga por la compensación de las desventajas naturales en el segundo pilar y rechaza los pagos complementarios en el primer pilar, a causa de las cargas administrativas adicionales;

29.

Considera que una mejor protección y gestión de los recursos naturales es un elemento central para conseguir una agricultura sostenible, que justifica, en el marco de los nuevos desafíos y objetivos de la Estrategia UE 2020, incentivos adicionales para alentar a los agricultores a que adopten buenas prácticas medioambientales que vayan más allá de los requisitos básicos de condicionalidad y que complementarían los programas agroambientales ya existentes;

30.

Considera que la protección de los recursos naturales debe estar más estrechamente vinculada a la concesión de ayudas directas, y pide, por lo tanto, la introducción, a través de un componente ecológico, de un régimen de incentivación en toda la UE con el objetivo de garantizar la sostenibilidad agrícola y la seguridad alimentaria a largo plazo mediante la gestión eficaz de los recursos escasos (agua, energía, suelo), reduciendo al mismo tiempo los costes de producción a largo plazo mediante la reducción del uso de insumos; considera que este programa debe proporcionar el máximo apoyo a los agricultores que se dediquen o quieran dedicarse más, paso a paso, a prácticas agrícolas destinadas a lograr sistemas de producción más sostenibles;

31.

Subraya que este plan debe ir mano a mano con una simplificación del sistema de condicionalidad para los beneficiarios de los pagos directos, se debe aplicar a través de medidas simples, debe equilibrar el rendimiento medioambiental y económico, debe ser relevante desde el punto de vista agronómico, y no debe ser discriminatorio frente a los agricultores que ya participan en gran medida en programas agroambientales;

32.

Rechaza la aplicación de un nuevo sistema adicional de pago que conduzca a sistemas adicionales de control y sanción para la integración de consideraciones medioambientales; insiste en que se eviten los obstáculos prácticos a los agricultores y la complejidad administrativa para las autoridades; insiste, además, en que, para simplificar los procedimientos administrativos asociados con estas medidas, todos los controles agrícolas se practiquen simultáneamente en la medida de lo posible;

33.

Pide por ello a la Comisión que presente lo antes posible una evaluación de impacto de las prácticas administrativas implicadas en la implementación de un componente ecológico; hace hincapié en que las medidas medioambientales tienen el potencial de aumentar la eficiencia de la producción de los agricultores, e insiste en que se cubra toda posible coste y pérdida de ingresos, derivados de la aplicación de tales medidas;

34.

señala que la ecologización debe proseguir en todos los Estados miembros mediante un catálogo prioritario de medidas vinculadas a la superficie o a escala de las explotaciones, financiadas al 100 % con fondos de la UE; considera que los receptores de estos pagos concretos deben aplicar una serie de medidas ecológicas, basadas en las estructuras actuales, elegidas a partir de una lista nacional o regional elaborada por el Estado miembro sobre la base de una lista más amplia de la UE, lo cual sería aplicable a todo tipo de explotación agrícola; considera que tales medidas podrían incluir, por ejemplo:

35.

Opina que la UE tiene un papel que cumplir a la hora de responder a los desafíos que suponen la seguridad alimentaria y la seguridad energética, y por lo tanto tiene que asegurar que la agricultura desempeña plenamente su papel a la hora de responder estos dos desafíos; considera, por consiguiente, inapropiado incluir la retirada obligatoria de tierras en la lista de medidas de sostenibilidad propuesta por la Comisión;

36.

Pide que la PAC incluya objetivos de uso de energía sostenible; tiene el convencimiento de que el sector agrícola podría usar un 40 % de combustibles renovables para 2020 y estar libre de combustibles fósiles para 2030;

37.

Observa a este respecto que ya está disponible la biotecnología de nueva generación, por lo que insta a la Comisión a que desarrolle una tecnología de biomasa transectorial para la biotecnología de nueva generación que incluya criterios sostenibles para la biomasa como parte de la reforma de la PAC, a fin de permitir el desarrollo de un mercado sostenible para la biomasa obtenida a través de la agricultura, las empresas agroindustriales y la silvicultura, incentivando la recogida de residuos disponibles para la producción de bioenergía, y evitando al mismo tiempo un incremento de las emisiones y una pérdida de la biodiversidad;

38.

Subraya que la aplicación de unas políticas europeas racionales, como la reducción del precio del gasóleo para usos agrícolas, las exenciones con respecto a los impuestos especiales aplicables a la energía eléctrica y el combustible producido con fines agrícolas, en particular para las bombas de riego eléctricas, podría ayudar a los agricultores europeos a incrementar su producción y a abastecer de productos agrícolas tanto los mercados nacionales como los de exportación; destaca la importancia de los sistemas de riego innovadores para asegurar la sostenibilidad de la agricultura europea, dados los efectos devastadores del cambio climático, tales como las sequías, las olas de calor y la desertización de tierras de cultivo destinadas al abastecimiento alimentario de la población;

39.

Destaca la necesidad de desarrollar unos sistemas de riego eficaces a fin de asegurar unos métodos agrícolas eficaces en los Estados miembros, que puedan satisfacer la demanda alimentaria nacional y abastecer de productos agrícolas el mercado de la exportación, teniendo en cuenta que en el futuro se dará una escasez de recursos hídricos y, en particular, de agua potable;

40.

Lamenta que aún no se hayan cumplido los objetivos de biodiversidad de la UE y espera que la PAC contribuya a los esfuerzos por alcanzar esos objetivos y los objetivos en materia de biodiversidad de la cumbre de Nagoya;

41.

Pide que la nueva PAC fomente la conservación de la diversidad genética, cumpla la Directiva 98/58/CE relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas y se abstenga de subvencionar la producción de alimentos a partir de animales clonados, sus crías o sus descendientes;

42.

43.

Señala la importancia de estudiar, en la medida de lo posible, las eventuales opciones de cooperación entre los Estados miembros en materia de protección del suelo, en colaboración con todas las partes interesadas;

44.

Subraya que la condicionalidad supedita la concesión de pagos directos al respeto de requisitos legales y al mantenimiento de las superficies agrícolas en buenas condiciones agronómicas y medioambientales, y que sigue siendo uno de los dispositivos más adecuados para optimizar la oferta de servicios ecosistémicos básicos por parte de los agricultores y responder a los nuevos retos medioambientales al garantizar la oferta de bienes públicos básicos; señala, sin embargo, que la aplicación de la condicionalidad ha planteado numerosos problemas administrativos y de aceptación por los agricultores;

45.

Considera que los pagos directos ya no se justifican sin contrapartidas, por lo que debe aplicarse a todos los receptores de pagos directos un sistema de condicionalidad, resultado de la integración de consideraciones ecológicas a la PAC, menos complicado en la práctica y en el plano administrativo y en términos de controles; destaca que la condicionalidad se ha de basar en el riesgo y ha de ser proporcional y se ha de respetar y aplicar suficientemente por las autoridades europeas y nacionales competentes;

46.

Considera que una mejor gestión y protección de los recursos debe ser también un elemento fundamental de la agricultura en el marco de la condicionalidad y que de ello pueden derivarse mayores beneficios medioambientales; pide que se integren en todas las políticas los controles de condicionalidad, que sean eficaces y eficientes, y solicita un enfoque específico de cara a la condicionalidad; pide que se intercambien y generalicen los sistemas de buena prácticas entre los organismos pagadores y los organismos de control, por ejemplo, la interoperabilidad de las bases de datos y el mejor uso de la tecnología adecuada, a fin de reducir lo más posible la carga burocrática de agricultores y administraciones; considera que la condicionalidad debería limitarse al control de normas relacionadas con el sector agrario y sean accesibles a controles sistemáticos y directos basados en una obligación de lograr resultados, y que las normas se han de armonizar; destaca la importancia de niveles de tolerancia y la aplicación de la proporcionalidad dentro de todo nuevo sistema de sanciones;

47.

Considera que el control de la condicionalidad debería estar más vinculado a unos criterios en materia de resultados y más orientado a incentivar a los agricultores a lograr resultados; opina también que los propios agricultores deberían estar más implicados en este control, habida cuenta de sus conocimientos y su experiencia práctica, y considera que ello serviría de ejemplo y de motivación, en particular para los agricultores menos eficientes;

48.

Rechaza la introducción de requisitos onerosos y poco claros derivados de la Directiva marco sobre aguas en el sistema de condicionalidad hasta que se aclare la situación de la aplicación de esta Directiva en todos los Estados miembros;

49.

Reconoce los considerables esfuerzos ya realizados en el sector ganadero, actualmente en crisis, para mejorar los edificios y equipos a fin de cumplir las normas de higiene y salud; sin perjuicio de los principios básicos de inocuidad de los alimentos y trazabilidad, exige una revisión crítica de ciertas normas de higiene, salud animal y marcado de los animales con vistas a poner fin a las cargas desproporcionadas impuestas a las pequeñas y medianas empresas (PYME); pide, en particular, a la Comisión que revise las normas de higiene de la UE, en particular, la comercialización local o directa y la vida útil de los productos, con el fin de que sean proporcionales a los riesgos y para evitar la imposición de una carga desproporcionada a las pequeñas cadenas de producción, tales como las relaciones directas entre productores y consumidores, y las cadenas cortas de suministro de alimentos;

50.

considera que, en estas circunstancias, es importante poder actuar contra una volatilidad excesivamente alta de los precios en la política agrícola común y en los mercados mundiales; reconoce el papel fundamental desempeñado en el pasado por las medidas de apoyo al mercado, en particular el papel de la intervención y del almacenamiento privado, para hacer frente a las crisis en el sector agrícola; destaca que las medidas de apoyo del mercado han de ser eficaces y que se han de activar en cuanto sea necesario para evitar graves problemas para los productores, transformadores y consumidores, y para permitir que la PAC logre su principal objetivo estratégico: Seguridad alimentaria

51.

Destaca que sería conveniente disponer en la PAC de un determinado número de instrumentos de mercado flexibles y eficaces que actúen como red de seguridad, fijados en niveles adecuados y que se puedan activar en caso de graves perturbaciones de los mercados; cree que estos instrumentos no se han de activar permanentemente y que no han de servir como salida continua e ilimitada para la producción; indica que algunos de esos instrumentos ya existen, pero que pueden adaptarse, y que otros podrían crearse en función de las necesidades; considera que, teniendo en cuenta las condiciones muy diferentes en los distintos sectores, son preferibles unas soluciones sectoriales diferenciadas frente a unos enfoques generalizados; llama la atención sobre las dificultades que encuentran los agricultores en el intento de planificar de antemano en tiempos de extrema volatilidad; considera que, dada la mayor volatilidad del mercado, los instrumentos de mercado deben ser revisados para mejorar su eficiencia y flexibilidad, garantizar un despliegue más rápido, la extensión a otros sectores si es necesario y el ajuste a los precios actuales del mercado y proporcionar una red de seguridad eficaz, sin crear distorsiones;

52.

Considera que entre estos instrumentos de mercado pueden figurar instrumentos específicos de gestión de la oferta cuyo funcionamiento justo y no discriminatorio puede asegurar una gestión eficaz del mercado y evitar crisis de exceso de producción sin costar un solo euro al presupuesto de la UE;

53.

Pide una red de seguridad de varios niveles, extendida para cubrir todos los sectores, incluida una combinación de herramientas tales como el almacenamiento público y privado, la intervención pública, instrumentos de perturbación del mercado y una cláusula de emergencia; pide que para casos de perturbaciones del mercado de duración limitada se permita el almacenamiento privado y la intervención pública en sectores específicos; pide, además, que para todos los sectores se establezcan con firmeza un instrumento contra las perturbaciones del mercado y una cláusula de salvaguardia que sea más eficaz que hasta ahora y que, en caso de crisis, permita a la Comisión, en determinadas circunstancias, actuar por un tiempo determinado empleando otros instrumentos además de los existentes; considera, por lo tanto, que los futuros presupuestos de la UE deberían estar dotados de una línea presupuestaria de reserva especial que pueda activarse rápidamente para proveer un rápido instrumento de reacción en caso de crisis graves en los mercados agrícolas;

54.

Considera que el uso de instrumentos de intervención pertenece al ámbito de las competencias ejecutivas de la Comisión; destaca, no obstante, que se debe informar sin demora al Parlamento Europeo sobre las acciones previstas; Destaca, en este contexto, que la Comisión debe tener debidamente en cuenta las posiciones adoptadas por el Parlamento;

55.

Pide que se aumente la eficacia del sistema de intervención a través de una evaluación anual, realizada de forma pragmática y la luz de la situación de los mercados;

56.

Opina que, en vista de posibles eventos ambientales, climatológicos y epidemiológicos, así como de grandes variaciones de precios en los mercados agrarios, resulta indispensable un régimen suplementario de prevención de los riesgos al que puedan acceder todos los agricultores de los distintos Estados miembros;

57.

Señala que la producción orientada hacia el mercado y los pagos directos constituyen un elemento de la cobertura de los riesgos y que incumbe también a los agricultores tener en cuenta y anticipar estos riesgos; anima a los Estados miembros, en este sentido, a poner instrumentos nacionales de prevención de riesgos a la disposición de los agricultores; Opina, por ello, que la Comisión debe desarrollar normas comunes para el fomento facultativo de los sistemas de gestión del riesgo por los Estados miembros para excluir efectos distorsionadores de la competencia en el mercado interior, en su caso mediante el establecimiento de normas comunitarias conformes a la OMC en la organización única de mercados; exige igualmente que la Comisión esté obligada a notificar todas las medidas relativas a la introducción de la gestión de riesgos y a presentar, con la propuesta legislativa, la correspondiente estimación de sus consecuencias;

58.

Opina que podrían desarrollarse y fomentarse sistemas privados de seguro, así como sistemas de seguros multirriesgo (seguros contra riesgos climáticos, seguros contra pérdida de ingresos, etc.), contratos de futuros o incluso fondos de mutualización, parcialmente financiados por fondos públicos, como opciones en los Estados miembros en vista del aumento de los riesgos; apoya en particular la agrupación de los agricultores en consorcios y asociaciones; acoge con satisfacción el desarrollo de nuevos instrumentos innovadores; destaca, no obstante, que estos instrumentos deben respetar las normas de la OMC y que no deben distorsionar el comercio ni las condiciones de la competencia dentro de la UE; pide, por lo tanto, el establecimiento de un marco de la UE que habrán de respetar los Estados miembros que apliquen las mencionadas medidas y que deberá estar consagrado en la Organización Común de Mercados Única;

59.

Pide a la Comisión que examine en qué medida la función de las agrupaciones de productores, de las asociaciones sectoriales o de las «interprofesionales» en la prevención del riesgo y la promoción de la calidad puede ampliarse a todas las ramas de la producción; pide que las acciones llevadas a cabo en estos ámbitos tengan particularmente en cuenta los productos que cuentan con signos de calidad;

60.

Pide a la Comisión Europea que proponga medidas concretas en el marco de la reforma de la PAC orientadas a promover la creación de organizaciones de productores así como la concentración y la fusión de las organizaciones ya existentes, con objeto de reforzar su posición en el mercado;

61.

Aboga por que el régimen del mercado del azúcar de 2006 se prorrogue en su forma actual hasta 2020 como mínimo, y pide medidas adecuadas para salvaguardar la producción azucarera en Europa y de modo que el sector azucarero de la UE pueda incrementar su competitividad dentro de un marco estable;

62.

63.

Insta a la Comisión a que considere mantener los derechos de trasplante en el sector del vino después de 2015 y a que lo tenga en cuenta en su informe de evaluación sobre la reforma de la OCM del vino previsto para 2012;

64.

65.

Considera que los sistemas de gestión se han de reforzar en el sector de las frutas y hortalizas (cítricos y todos los productos afectados), del vino y del aceite de oliva, y que se necesitan un fondo de crisis más eficaz en el sector de las frutas y hortalizas, una mejor gestión de crisis en el sector del vino y un sistema de almacenamiento privado actualizado en el sector del aceite de oliva;

66.

Pide a la UE que garantice la coherencia entre la PAC y sus políticas comerciales y de desarrollo; insta a la UE, en particular, a que preste atención a la situación de los países en desarrollo y no ponga en peligro la capacidad de producción de alimentos y la seguridad alimentaria a largo plazo de estos países, así como la capacidad de su población de producir sus propios alimentos, respetando al mismo tiempo el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD); considera, por lo tanto, que los acuerdos comerciales de la UE sobre agricultura no han de obstaculizar los mercados en los países menos desarrollados;

67.

Recuerda el compromiso asumido por los miembros de la OMC durante la Conferencia Ministerial de Hong Kong de 2005 de conseguir la supresión de las ayudas a la exportación de todo tipo junto con la imposición de disciplinas a todas las medidas de exportación con un efecto equivalente, en particular los créditos a la exportación, las empresas estatales de comercio agrícola y la reglamentación de la ayuda alimentaria;

68.

Pide a la Comisión que presente una evaluación de impacto pormenorizada de todas las negociaciones comerciales actualmente en curso, incluido el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, que no deben afectar negativamente a los países en desarrollo ni socavar la eficacia de la PAC en el horizonte 2020;

69.

Señala que los alimentos no son meras mercancías y que el acceso a la alimentación es esencial para la existencia humana; pide que la UE se sirva de sus políticas comerciales y de desarrollo para promover unas prácticas agrícolas sostenibles y la seguridad alimentaria en los países menos desarrollados y en los países en desarrollo en un contexto de creciente demanda y de aumento de precios de los alimentos;

70.

Insta a la Comisión a que examine qué papel ha jugado la concentración del comercio internacional de cereales en el incremento de las fluctuaciones de precios;

71.

Pide que se arbitren soluciones a nivel global para hacer frente a la especulación con materias primas agrícolas y a la extrema volatilidad de los precios, ya que pueden poner en peligro la seguridad alimentaria; reconoce, no obstante, la importancia de un mercado de futuros operativo de materias primas agrícolas que funcione correctamente; considera que sólo una acción coordinada a nivel internacional puede reducir eficazmente la excesiva volatilidad; apoya a este respecto la iniciativa de la Presidencia francesa del G-20 de acordar medidas para luchar contra la creciente volatilidad de los precios de las materias primas agrícolas; aboga por un sistema mundial de acción coordinada y de notificación de las existencias de productos agrícolas destinadas a garantizar la seguridad alimentaria; señala que, por lo tanto, es necesario reflexionar sobre el almacenamiento de materias primas agrícolas de especial importancia; señala que los objetivos perseguidos no podrán alcanzarse de manera eficaz si no se desarrollan capacidades de almacenamiento, así como instrumentos de seguimiento y de observación de los mercados; destaca, en particular, los alarmantes efectos, a escala global, de la volatilidad de los precios en los países en desarrollo;

72.

Destaca que, a diferencia de los sectores iniciales y finales de la producción agrícola primaria, los ingresos medios de los agricultores y de los hogares rurales han registrado un descenso continuo en las últimas décadas frente al resto de la economía, y que representan solo la mitad de los ingresos de los hogares urbanos, al tiempo que los comerciantes y los minoristas han aumentado considerablemente su poder de mercado y sus márgenes en la cadena alimentaria;

73.

Pide que se adopten medidas para fortalecer la capacidad de gestión y el poder de negociación de los productores primarios y de las organizaciones de productores con respecto a otros operadores económicos de la cadena alimentaria (principalmente minoristas, procesadores y empresas de insumos) respetando el correcto funcionamiento del mercado interior; opina que se debe mejorar con carácter urgente el funcionamiento de la cadena alimentaria mediante iniciativas legislativas destinadas a garantizar una mayor transparencia de los precios de los alimentos y con actuaciones para poner coto a las prácticas comerciales desleales, de forma que los agricultores puedan obtener el valor añadido que merecen; insta a la Comisión a que refuerce la posición de los agricultores y promueva una competencia leal; considera que, con miras a la resolución de conflictos entre los operadores a lo largo de toda la cadena de suministro, ha de considerarse la posibilidad de nombrar defensores del pueblo;

74.

Considera asimismo que, a fin reforzar el poder de los agricultores en la cadena alimentaria, es necesario prever instrumentos para apoyar la gestión por parte de los agricultores de cadenas de producción cortas, transparentes y eficaces que tengan un bajo impacto ambiental, promuevan la calidad y faciliten información a los consumidores, reduzcan los intermediarios y favorezcan mecanismos de formación de precios equitativos y transparentes;

75.

Manifiesta el deseo de que se mantenga el dispositivo de ayuda a los más desfavorecidos;

76.

Reconoce la importancia de las políticas de desarrollo rural tal y como se definen y financian en el segundo pilar, habida cuenta de que contribuyen a la mejora de sus prestaciones de protección del medio ambiente, a la modernización, a la innovación, a las estructuras y a la competitividad, y que procede proseguir el desarrollo de la economía rural, del sector agroalimentario y no alimentario y de una mejora de la calidad de vida en las zonas rurales; pone asimismo de manifiesto la necesidad de realizar los objetivos políticos, especialmente los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, que también deberían beneficiar principalmente a los agricultores y a las comunidades rurales;

77.

Considera que las medidas de desarrollo rural deben responder a los desafíos en materia de seguridad alimentaria, de gestión sostenible de los recursos naturales, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de agotamiento de los recursos hídricos y de pérdida de la fertilidad del suelo, y deben mejorar el equilibrio de la cohesión territorial y el empleo; considera que estas medidas también deberían fomentar la autosuficiencia en la producción de energías renovables en las explotaciones, especialmente a partir de residuos agrícolas; afirma que las medidas de desarrollo rural deberían ayudar a mantener un mayor valor añadido en las zonas rurales, promoviendo la mejora de las estructuras rurales y la provisión de servicios asequibles a la población y las empresas locales;

78.

Considera que, en este contexto, debe prestarse especial atención a la ayuda a los jóvenes agricultores; considera que, dado el rápido envejecimiento de la población rural en Europa, es esencial tomar medidas positivas para alentar el establecimiento de jóvenes agricultores y otros nuevos agentes, y que los regímenes de ayuda en el segundo pilar deben ampliarse, por ejemplo, el acceso a la tierra, subsidios y préstamos en condiciones favorables, en particular en los ámbitos de la innovación, la modernización y el desarrollo de la inversión, etc., y espera que la aplicación de tales mecanismos esté disponible en todos los Estados miembros;

79.

Propone que un porcentaje importante de las tierras agrícolas pueda acogerse a programas agroambientales, que deberían aportar contribuciones financieras y técnicas a los agricultores con objeto de que adopten modelos de agricultura más sostenibles, más eficaces en términos de recursos y que necesiten menos insumos;

80.

Destaca que la política de desarrollo rural debe permitir sacar el máximo provecho de todo el potencial natural y humano de las zonas rurales también mediante una producción agrícola de calidad, por ejemplo, la venta directa, la promoción de los productos, el abastecimiento de los mercados locales, la diversificación de las salidas comerciales de la biomasa, la eficacia energética, etc.;

81.

Subraya la necesidad de una infraestructura adecuada para el desarrollo y la difusión de los sistemas de conocimiento y de innovación agrícolas, en especial oportunidades para la educación y la formación, servicios de asesoramiento a las explotaciones e intercambio de buenas prácticas con el fin de modernizar la agricultura, ayudar a los agricultores a transmitir sus experiencias y mejorar las cadenas de valor añadido en las zonas rurales; considera que estos programas deberían estar disponibles en todos los Estados miembros;

82.

Aboga, en consecuencia, por que se introduzcan en el segundo pilar medidas más ajustadas, que los Estados miembros deberán determinar, con el fin de materializar los objetivos prioritarios de la UE (Estrategia 2020); insiste, a pesar de la importancia de un marco global europeo, en que los Estados miembros y las autoridades regionales son quienes se encuentran en mejor situación para decidir sobre los programas que pueden contribuir en mayor medida, a escala local, a la consecución de los objetivos europeos; pide, por lo tanto, que se apliquen la subsidiariedad y la flexibilidad a la hora de diseñar los programas de desarrollo rural, y un enfoque de fuerte participación local y cooperación subregional, aplicando el método LEADER en el diseño y la aplicación de los futuros programas europeos y nacionales de desarrollo rural; considera que la tasa de cofinanciación aplicable a cada una de estas medidas debe determinarse sobre la base de evaluaciones de impacto y simulaciones detalladas;

83.

Aboga, en el contexto del desarrollo rural, por que también se adopten medidas específicas para la protección de los bosques de montaña;

84.

Pide a la Comisión que establezca nuevos instrumentos de financiación que ayuden, en especial, a los agricultores que se inician en el sector agrícola a acceder a préstamos favorables, o un nuevo sistema, llamado por ejemplo JERICHO («Joint Rural Investment CHOice»), para el Fondo de Desarrollo Rural, sobre la base de la experiencia adquirida en la iniciativa JEREMIE de los Fondos Estructurales;

85.

Destaca que las zonas desfavorecidas suelen ser de un gran valor por lo que se refiere a paisaje cultivado, conservación de la biodiversidad y obtención de beneficios medioambientales, así como a dinamismo de las zonas rurales; aboga, en este contexto, por que las compensaciones para las zonas desfavorecidas se mantengan en el segundo pilar, y pide que se incremente su eficacia; considera que el carácter específico de la ayuda a los agricultores de las zonas desfavorecidas es de la mayor importancia para la preservación de las actividades agrícolas en estas zonas, reduciendo así el peligro del éxodo rural; destaca que la adaptación detallada de los criterios debe corresponder a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales, dentro del marco de la UE;

86.

Subraya que las estructuras rurales de los Estados miembros son muy distintas y que, por consiguiente, requieren medidas distintas; pide, pues, una mayor flexibilidad para que los Estados miembros y las regiones puedan adoptar medidas voluntarias, que deberían ser cofinanciadas por la UE, siempre que se hayan notificado a la Comisión y que se hayan aprobado; señala que, en el período posterior a 2013, la tasa de cofinanciación debe seguir teniendo en cuenta las necesidades y circunstancias específicas de las regiones de convergencia;

87.

Considera que en el caso de las medidas del segundo pilar que posean especial importancia para los Estados miembros, las actuales tasas de cofinanciación se deberán seguir aplicando después de 2013; destaca, no obstante, que ninguna cofinanciación nacional adicional debe abocar a la renacionalización del segundo pilar o al aumento de las diferencias en la capacidad de los Estados miembros para cofinanciar sus prioridades;

88.

Recuerda que la modulación en todas sus variantes, tanto obligatoria como voluntaria, como instrumento de financiación de las medidas de desarrollo rural expirará en 2012 , y destaca la necesidad de asegurar unos recursos financieros adecuados para el pilar 2 en el próximo periodo de financiación ;

89.

Pide que en el reparto de los créditos del segundo pilar se eviten los cambios bruscos, ya que los Estados miembros, las autoridades locales y las explotaciones agrícolas necesitan seguridad y continuidad para la planificación; destaca que los debates sobre el reparto de esta financiación no pueden disociarse de los debates sobre el reparto de la financiación del primer pilar; pide por lo tanto a la Comisión que establezca un enfoque pragmático, como principio fundamental para la redistribución de los fondos del segundo pilar; reconoce la necesidad de una distribución justa de los fondos del segundo pilar entre los Estados miembros con arreglo a criterios objetivos que deben reflejar la diversidad de las necesidades en las zonas europeas; aboga por que estos cambios se logren después de un período limitado de transición en paralelo con los cambios realizados en la distribución de los fondos del primer pilar;

90.

Es partidario de unas normas en materia de cofinanciación en el desarrollo rural que permitan, a nivel regional o local, la complementariedad entre los fondos públicos y privados de la cuota nacional cofinanciada, lo que reforzaría los medios disponibles para alcanzar los objetivos definidos por la política pública para las zonas rurales;

91.

Pide una simplificación a todos los niveles de planificación y gestión de programas en el segundo pilar para fomentar la eficacia; pide, además, unos sistemas simplificados, eficaces y eficientes de seguimiento, evaluación y notificación de las medidas de condicionalidad; considera que los controles y el seguimiento de los pilares primero y segundo deben armonizarse y hacerse más coherentes, con normas y procedimientos similares, para reducir la carga global de los controles para los agricultores; pide un funcionamiento más flexible del período de compromiso de cinco años para las medidas agrícolas y medioambientales;

92.

Pide que se exima a las cooperativas de lo dispuesto en la Recomendación 2003/61/CE de la Comisión respecto de la no subvencionabilidad de las empresas que superan los umbrales especificados para las PYME para acceder a la financiación del desarrollo rural y, en general, al pago de ayudas por encima de un determinado nivel;

93.

Considera que las regiones ultraperiféricas deben seguir beneficiándose en el futuro de un trato específico dentro de la política de desarrollo rural, ya que las dificultades geográficas a las que se enfrentan y la escasez de producciones agrícolas de las que depende la economía rural de estas zonas justifican el mantenimiento de una tasa de cofinanciación comunitaria de hasta el 85 % para sufragar el coste de sus programas de desarrollo rural;

94.

Observa con satisfacción el paso a una mayor coordinación a escala de la UE entre los programas de desarrollo rural y la política de cohesión en particular, con el fin de evitar la duplicación, los objetivos contradictorios y el solapamiento; recuerda, no obstante, que la escala de los proyectos en el marco de la política de cohesión de la UE y de los programas de desarrollo rural es diferente, y aboga, en consecuencia, por que se mantenga la distinción entre los fondos y por que los programas de desarrollo rural sigan orientados a las comunidades locales y se conserven como instrumentos políticamente autónomos;

95.

Considera que mediante la política de cohesión y una nueva PAC fuerte se liberará el potencial económico de las zonas rurales y se crearán puestos de trabajo estables, lo que garantizará el desarrollo sostenible de estas zonas;

96.

Señala la importancia de las políticas que fomentan la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros y con terceros países, con el objetivo de desarrollar prácticas que protejan el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales, en casos en los que la actividad agrícola y, particularmente, el uso del agua, tenga repercusiones transfronterizas;

97.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

18.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 390/65

—

Vistos los artículos 21 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en los que se establecen los derechos de las personas con discapacidad,

—

Visto el artículo 123 de su Reglamento,

A.

Considerando que los Estados miembros de la UE han firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad,

B.

Considerando la Directiva 2004/27/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, en cuyo artículo 56 bis se especifica que la denominación del medicamento también deberá indicarse en alfabeto braille en el envase,

1.

Señala que las personas con discapacidades visuales tienen derecho a llevar una vida independiente y a participar plenamente en la sociedad;

2.

Pide a la Comisión Europea que inicie una amplia consulta con las partes interesadas en lo que se refiere a los costes, la eficacia y la viabilidad de introducir un sistema voluntario de etiquetado en alfabeto braille en los envases de los productos industriales a nivel comunitario, que podría incluir, como mínimo, el tipo de producto y la fecha de caducidad, y que serviría de ayuda a los consumidores con discapacidades visuales. Teniendo en cuenta, no obstante, que no todas las personas ciegas leen en Braille, la consulta propuesta también debería examinar métodos alternativos para acceder a la información que figura en el envase;

3.

Pide a la Comisión que, en el marco de los principios de la responsabilidad social de las empresas, prevea incentivos para las industrias y las empresas europeas, con objeto de concienciarlas a este respecto;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes (1), a la Comisión, a los Parlamentos de los Estados miembros y a las Naciones Unidas.

18.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 390/66

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Vistas la carta del Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, de 11 de marzo de 2010, y la carta del Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de 25 de marzo de 2010,

—

Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0197/2011),

1.

Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2.

Recuerda que dicha modificación entrará en vigor el primer día del próximo período parcial de sesiones;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la Comisión.

18.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 390/67

—

Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Adrian Severin, transmitido por la Dirección Nacional Anticorrupción (Fiscalía adscrita al Tribunal Supremo de Casación y Justicia de Rumanía) con fecha de 5 de abril de 2011, y comunicado en el Pleno del 6 de abril de 2011,

—

Tras haber oído a Adrian Severin el 23 de mayo de 2011, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, de su Reglamento,

—

Vistos el artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, de 8 de abril de 1965, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

—

Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los días 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008 y 19 de marzo de 2010 (1),

—

Visto lo dispuesto en el artículo 72, apartado 2, de la Constitución rumana,

—

Visto lo dispuesto en el artículo 4 del Código Penal rumano, según el cual el Derecho Penal rumano es aplicable a los delitos cometidos fuera del territorio rumano si su autor es ciudadano rumano o, si no siéndolo, tiene su residencia en Rumanía,

—

Vistos el artículo 6, apartado 2, y el artículo 7 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0242/2011),

A.

Considerando que la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía ha pedido la suspensión de la inmunidad de Adrian Severin, diputado, con objeto de que el Ministerio Fiscal rumano investigue el caso e incoe acciones contra Adrian Severin, ordene el registro del domicilio o de las oficinas del interesado y la realización de las comprobaciones informáticas o de cualquier otra investigación electrónica que resulten necesarias, e instruya un proceso judicial contra el mismo con acusaciones de corrupción pasiva y/o tráfico de influencias o cualquier otra calificación jurídica que se pueda atribuir al presunto delito/a los presuntos delitos ante los órganos judiciales penales competentes,

B.

Considerando que la suspensión de la inmunidad de Adrian Severin está vinculada a presuntos delitos de corrupción contemplados en el artículo 6 de la Ley rumana no 78/2000, en combinación con lo dispuesto en el artículo 254 (corrupción) y en el artículo 257 (tráfico de influencias) del Código Penal, así como con el artículo 81, letra b), de la Ley no 78/2000,

C.

Considerando que no corresponde al Parlamento Europeo pronunciarse sobre la culpabilidad o no del diputado ni sobre la conveniencia o no de sancionar penalmente los actos que se le imputan,

D.

Considerando, por consiguiente, la conveniencia de recomendar la suspensión de la inmunidad parlamentaria en el caso en cuestión,

1.

Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Adrian Severin, excluyendo las restricciones a la libertad personal;

2.

Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente a las autoridades competentes de Rumanía y a Adrian Severin.

18.12.2012   

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CE 390/69

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Vista la carta del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de 15 de junio de 2011,

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Visto el artículo 211 de su Reglamento,

1.

Decide incluir en el artículo 13, apartado 1, de su Reglamento la siguiente interpretación:

«En el caso en que un único Vicepresidente deba ser sustituido y solamente haya un candidato, este último podrá ser elegido por aclamación. La decisión de proceder a la elección por aclamación o mediante votación secreta queda sujeta a la discreción del Presidente. El candidato elegido ocupará en el orden de precedencia el lugar del Vicepresidente al que sustituya»

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la Comisión.

18.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 390/70

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Vista la Recomendación del Consejo de 17 de mayo de 2011 (10057/2011) (1),

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Visto el artículo 283, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo Europeo (C7-0134/2011),

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Visto el artículo 109 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0229/2011),

A.

Considerando que, mediante carta de 20 de mayo de 2011, el Consejo Europeo consultó al Parlamento Europeo sobre el nombramiento de Mario Draghi como Presidente del Banco Central Europeo por un período de ocho años a partir del 1 de noviembre de 2011,

B.

Considerando que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento procedió a la evaluación de las credenciales del candidato propuesto teniendo en cuenta, en particular, las condiciones establecidas en el artículo 283, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y la necesidad de una total independencia del Banco Central Europeo de conformidad con el artículo 130 del TFUE; que, en el marco de esta evaluación, dicha comisión recibió un curriculum vitae del candidato, así como sus respuestas al cuestionario escrito que se le había enviado,

C.

Considerando que, en este contexto, dicha comisión celebró el 14 de junio de 2011 una audiencia de dos horas con el candidato en la cual éste hizo una declaración introductoria y a continuación respondió a las preguntas de los miembros de la comisión,

1.

Emite dictamen favorable respecto a la recomendación del Consejo relativa al nombramiento de Mario Draghi como Presidente del Banco Central Europeo;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo Europeo, al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros.

18.12.2012   

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Diario Oficial de la Unión Europea

CE 390/71

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Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0212 – C7-0096/2011),

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Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (1) (Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006), y, en particular, su apartado 28,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2) (Reglamento FEAG),

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Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

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Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0191/2011),

A.

Considerando que la Unión Europea ha establecido los instrumentos legislativos y presupuestarios necesarios para proporcionar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos comerciales mundiales, así como para ayudarlos a reintegrarse en el mercado laboral,

B.

Considerando que el FEAG se amplió temporalmente para incluir las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial,

C.

Considerando que la ayuda financiera de la Unión Europea a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a disposición de los mismos de la manera más rápida y eficaz posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada durante la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 por lo que respecta a la adopción de las decisiones sobre la movilización del FEAG,

D.

Considerando que Bélgica ha solicitado ayuda en el caso de 2 834 despidos (todos se presentan como destinatarios de la ayuda) que se han producido en la empresa principal de General Motors Bélgica y cuatro de sus proveedores, cuya actividad se desarrolla en el sector de los vehículos de motor en la región NUTS II de Amberes en Bélgica,

E.

Considerando que la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG,

1.

Pide a las instituciones interesadas que hagan todo lo necesario para agilizar la movilización del FEAG; agradece en este sentido el procedimiento mejorado establecido por la Comisión, tras la solicitud del Parlamento de agilizar la liberación de las subvenciones, a fin de poder presentar a la Autoridad Presupuestaria la evaluación de la Comisión sobre la admisibilidad de una solicitud del FEAG junto con la propuesta de movilización del FEAG; confía en que se introduzcan nuevas mejoras en el procedimiento en el marco de la próxima revisión del FEAG;

2.

Recuerda el compromiso de las instituciones de garantizar un procedimiento rápido y sin complicaciones para la adopción de las decisiones sobre la movilización del FEAG, prestando asistencia individual temporal y extraordinaria en favor de los trabajadores despedidos como consecuencia de la globalización y la crisis financiera y económica; señala el papel que puede desempeñar el FEAG en la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos; pide, no obstante, una evaluación de la incorporación a largo plazo de estos trabajadores al mercado laboral como efecto directo de las medidas financiadas por el FEAG;

3.

Destaca que, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento FEAG, debe garantizarse que el Fondo apoye la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos; reitera que la asistencia del FEAG no debe sustituir a las actuaciones de que son responsables las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni a las medidas de reestructuración de empresas o sectores;

4.

Observa que la información facilitada sobre el paquete coordinado de servicios personalizados que se financiará con cargo al FEAG incluye información sobre su complementariedad con las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; reitera su llamamiento a la Comisión para que presente una evaluación comparativa de esos datos también en sus informes anuales;

5.

Acoge con satisfacción que, tras reiteradas solicitudes del Parlamento, el presupuesto de 2011 cuente por primera vez con créditos de pago por un importe de 47 608 950 EUR en la línea presupuestaria del FEAG (04 05 01); recuerda que el FEAG se creó como instrumento específico independiente con sus propios objetivos y plazos, y que, por consiguiente, merece una dotación específica, sustituyendo las transferencias de otras líneas presupuestarias, tal como se hizo en el pasado, que podrían ser perjudiciales para la consecución de los distintos objetivos políticos;

6.

Considera que la cuestión de las empresas multinacionales, cuya reestructuración o traslado es causa de despidos y, por consiguiente, requiere la intervención del FEAG, deberá abordarse en la próxima revisión del Reglamento FEAG sin comprometer el acceso al FEAG de los trabajadores despedidos;

7.

Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

8.

Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

9.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

18.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 390/73

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Visto el proyecto de Decisión del Consejo (17238/2010),

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Visto el proyecto de Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Seychelles (17237/2010),

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Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 43 y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0031/2011),

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