2.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 296/1

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Visto el Reglamento (CE) no 1638/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (1),

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Visto el Reglamento (CE) no 1717/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Estabilidad (2),

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Visto el Reglamento (CE) no 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece un instrumento financiero para la promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial (3),

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Visto el Reglamento (CE) no 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (4),

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Visto el Reglamento (CE) no 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria (5),

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Visto el Acuerdo de asociación entre los miembros del grupo de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (6),

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Vista la Decisión del Consejo 2010/427/UE, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (7),

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Vista la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada el 18 de diciembre de 1990,

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Vistos la Convención de Ginebra, de 28 de julio de 1951, y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 31 de enero de 1967,

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Visto el Enfoque Global de la Migración, adoptado por el Consejo Europeo el 13 de diciembre de 2005, que define la dimensión externa de la política de migración y sus tres principales prioridades, en concreto, fomentar la migración legal, luchar contra la migración irregular y reforzar el vínculo entre migración y desarrollo,

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Vistos el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, adoptado por el Consejo en octubre de 2008, el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Primer informe anual sobre inmigración y asilo de 2009 (COM(2010)0214) y las Conclusiones del Consejo sobre el seguimiento del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de 3 de junio de 2010,

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Vista la Declaración Conjunta África-UE sobre Migración y Desarrollo firmada en Sirte el 23 de noviembre de 2006, en la que se hace hincapié en la necesidad de que los países africanos y los Estados miembros de la UE establezcan una asociación entre los países de origen, tránsito y destino a fin de gestionar de forma más eficaz los flujos migratorios, teniendo en cuenta sus vínculos con el desarrollo,

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Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 18 y 19 de junio de 2009 sobre la inmigración ilegal,

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Vistos el Programa de Estocolmo para el período 2010-2014, el Pacto europeo sobre inmigración y asilo y el Plan de acción de la Comisión por el que se aplica el programa de Estocolmo (COM(2010)0171),

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Vistos el Informe de la Alta Representante y de la Comisión sobre el cambio climático y la seguridad internacional de 14 de marzo de 2008, las recomendaciones correspondientes de 18 de diciembre de 2008 y las conclusiones del Consejo de 8 de diciembre de 2009,

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Vista la Declaración Conjunta de la Conferencia sobre creación de asociaciones de migración, celebrada en Praga los días 27 y 28 de abril de 2009,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada de diciembre de 2000 y sus Protocolos,

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Visto el acuerdo sobre un plan de acción UE-Libia sobre cooperación en materia de migración, firmado en Trípoli el 4 de octubre de 2010 por la Comisaria Malmström, el Comisario Füle y, en nombre de Libia, por Moussa Koussa, Secretario del Comité Popular General de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, y Yunis Al-Obeidi, Secretario del Comité Popular General de Seguridad Pública,

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Vista su Recomendación, de 20 de enero de 2011, destinada al Consejo, sobre las negociaciones con vistas a un acuerdo marco entre la Unión Europea y Libia (8),

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Vista la Declaración de Trípoli emitida durante la 3a Cumbre África-UE, celebrada en Trípoli (Libia) los días 29 y 30 de noviembre de 2010,

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Vista la alocución de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Catherine Ashton, ante el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas el 4 de mayo de 2010, en la que subrayó la necesidad de un enfoque global sobre la gestión de crisis y la construcción de la paz y puso de relieve los lazos evidentes existentes entre seguridad, desarrollo y derechos humanos,

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Vista la Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado (Directiva sobre las tarjetas azules) (9),

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Vista la Declaración Conjunta de la Cumbre inaugural de la Asociación Oriental celebrada en Praga el 7 de mayo de 2009,

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Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la reducción de la pobreza y la creación de empleo en los países en desarrollo: el camino a seguir (10), y, en particular, sus apartados 71, 72 y 73,

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Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2010, sobre los refugiados eritreos retenidos como rehenes en el Sinaí (11),

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Vistas las conclusiones de la Presidencia de la Conferencia intitulada «Hacia un enfoque pluridisciplinario de la prevención de la trata de seres humanos, del enjuiciamiento de los delincuentes y de la protección de las víctimas» de 27 de enero de 2011,

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Visto el artículo 80 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en el que se establece que las políticas relativas a los controles fronterizos, el asilo y la inmigración se regirán por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, también en el aspecto financiero, y que cada vez que sea necesario, los actos de la Unión adoptados en virtud del capítulo pertinente contendrán medidas apropiadas para la aplicación de este principio,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0075/2011),

A.

Considerando que la inestabilidad política, social y económica, la falta de seguridad, la represión política y los regímenes autoritarios son las principales fuerzas motrices de la migración, que priva a las comunidades afectadas de perspectivas e ingresos viables en sus países y, por lo tanto, del derecho a elegir si emigrar o no, poniendo de este modo sus vidas en constante peligro, y les deja la emigración como única opción; que el cambio climático y la degradación del medio ambiente son cada vez más una causa común de migración,

B.

Considerando que la migración que tiene su origen en la inestabilidad se desencadena sobre todo por la guerra y los conflictos armados o por el riesgo de que se produzcan, por las violaciones de los derechos humanos —incluida la persecución o la limitación de los derechos de los oponentes políticos, las minorías, tanto las religiosas, como las étnicas o las LGBTT, y los grupos desfavorecidos—, por las catástrofes naturales y de origen humano y por la falta de perspectivas económicas viables y de una estructura sostenible para garantizar la democracia y la buena gobernanza, así como el respeto y el fomento de los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales,

C.

Considerando que la migración, como fenómeno a escala mundial, ha contribuido al intercambio de ideas aunque también ha entrañado retos en términos de integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida y, por lo tanto, ha propiciado tanto el enriquecimiento cultural y económico de la Unión Europea como cuestiones relacionadas con la inclusión social y la adaptación; considerando que la UE necesita una inmigración considerable pero controlada en apoyo de su población en proceso de envejecimiento y para hacer frente a otros retos sociales y económicos,

D.

Considerando que los flujos migratorios han modificado sus rutas en el pasado en función de cuál fuera el lugar en el que se ejercían mayores presiones, pero no han cesado nunca, y que la migración no se puede detener, pero probablemente cambie durante las próximas décadas en cuanto a su envergadura y complejidad, por lo que debe gestionarse para evitar el sufrimiento humano,

E.

Considerando que la migración legal es un proceso de valor óptimo para las personas que aspiran a abandonar su país de origen y para el país de acogida,

F.

Considerando que la presión de los flujos migratorios provocados por la inestabilidad que adoptan la forma de migración ilegal se siente en mayor medida en los Estados miembros situados en las fronteras exteriores de la UE,

G.

Considerando que ningún Estado miembro de la UE ha ratificado hasta ahora la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; que dicha Convención es el marco legal internacional más amplio para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias, y ofrece orientaciones a los Estados sobre el enfoque que deben adoptar para garantizar que se respeten los derechos de los migrantes a la hora de formular y aplicar políticas relativas a la migración de mano de obra,

H.

Considerando que la inestabilidad económica tiene un impacto especialmente severo en las generaciones jóvenes, las mujeres o los grupos desfavorecidos, que se ven sin perspectivas de empleo y, por ello, pueden convertirse más fácilmente en víctimas de la violencia, la radicalización y el reclutamiento por grupos terroristas,

I.

Considerando que el cambio climático está relacionado con la escasez de alimentos y agua, la deforestación y la degradación del suelo, y es considerado cada vez más una importante amenaza para la seguridad y la estabilidad internacionales,

J.

Considerando que las personas que se ven obligadas a dejar sus hogares debido a los grandes desastres provocados por el cambio climático deben recibir asistencia y protección; considerando, no obstante, que el derecho vigente en materia de asilo no reconoce a los refugiados climáticos el derecho a la protección internacional,

K.

Considerando que en algunas de las regiones más afectadas por el cambio climático y la consiguiente pérdida de biodiversidad, como en el Sahel, la emigración se ha convertido en la única forma de adaptación al cambio climático,

L.

Considerando que algunos migrantes también pueden ser solicitantes de asilo y ser reconocidos oficialmente como refugiados,

M.

Considerando que la explotación de la migración irregular no solo pone en grave riesgo la vida de los migrantes, sino que a menudo está asociada a las peores violaciones de los derechos humanos, incluidos el trabajo esclavo, la explotación sexual, el maltrato infantil y la violencia de género; considerando que debe intensificarse la acción de la UE para evitar tales violaciones y proteger a los migrantes, incluidos los irregulares, en situaciones de dificultad, para que sea más eficaz,

N.

Considerando que el tráfico de inmigrantes afecta a casi todos los países del mundo; considerando que la explotación de la migración irregular, que desgraciadamente es una actividad comercial lucrativa para las personas que se dedican a la delincuencia organizada, también puede combinarse con el contrabando de armas y el tráfico de drogas y de seres humanos; considerando que la explotación de la migración irregular puede ser una de las fuentes de financiación de grupos radicales y terroristas y expone a las personas al riesgo de convertirse en víctimas de grupos de delincuencia organizada y redes extremistas,

O.

Considerando que las políticas de la UE deberían prestar especial atención a los migrantes más vulnerables, en particular los menores no acompañados,

P.

Considerando que la migración irregular tiene repercusiones en la capacidad de gestión y de la migración y de integración de los países receptores y de los de tránsito; considerando que, en algunos casos, este fenómeno puede trastornar en los países de tránsito la sostenibilidad y las perspectivas de desarrollo de los mercados laborales locales, y exacerbar la inestabilidad,

Q.

Considerando que, si no se toman las decisiones políticas y económicas apropiadas, el crecimiento demográfico previsto tanto en los países de origen como en los de tránsito, en particular en el Magreb, el Mashreq y el Norte de África en general, podría afectar negativamente a las perspectivas de crecimiento económico y de creación de empleo en esos países, agravando así su situación social y económica; considerando que estas circunstancias, unidas a la falta de principios democráticos, darán lugar a tensiones internas e inestabilidad, como lo demuestran las recientes manifestaciones en Túnez, Argelia, Egipto y otros países del Mundo Árabe, y por tanto aumentará los flujos migratorios, lo que someterá la capacidad de integración de los países receptores a una mayor presión,

R.

Considerando que, en vista de las tendencias demográficas actuales, la UE debe estudiar en qué medida desea abrir en los próximos años sus fronteras a los flujos migratorios desde los países de origen y de tránsito a fin de compensar el crecimiento demográfico de estos y las consiguientes tensiones sociales internas, contribuyendo al mantenimiento su estabilidad interna, y cuánto necesita invertir en una agenda económica renovada para esos países, incluida una agenda centrada en la inversión y la creación de empleo,

S.

Considerando que deberían adoptarse medidas para evitar nuevas oleadas de racismo y xenofobia en los países receptores y de tránsito,

T.

Considerando que la migración con destino a la UE es solo parte de un fenómeno migratorio mucho más amplio Sur-Norte y Sur-Sur, que la proximidad geográfica a la UE de los países de la Política Europea de Vecindad (PEV) y, al mismo tiempo, la gran diferencia de estándares existente entre las legislaciones en materia de migración de algunos países de la PEV y los de la UE pueden constituir una ventaja competitiva para esos países, al reforzar su posición como países de tránsito y limitar la posibilidad de que se conviertan en países receptores y sus responsabilidades como tales,

U.

Considerando que la PEV debería promover más activamente la capacidad de los países vecinos de la UE para gestionar la migración,

V.

Considerando que los dramáticos acontecimientos ocurridos recientemente en Egipto y otros países del Norte de África y Oriente Próximo probablemente harán que aumente el flujo de inmigrantes legales e ilegales hacia Europa,

W.

Considerando que las tensiones entre los países de origen y de tránsito y entre los países receptores y los de tránsito en relación con la gestión de los flujos migratorios podrían ser fuente de conflictos y desacuerdos potenciales en el futuro si no se establece una política de migración más armonizada, coordinada y eficaz; considerando, no obstante, que un planteamiento más coordinado y exhaustivo para la gestión de la migración puede mejorar el respeto de la dignidad de todos los inmigrantes, los cuales pueden contribuir a satisfacer las necesidades de mano de obra en los países de tránsito y destino, e impulsar el desarrollo en los países de origen; considerando, no obstante, que un planteamiento más coordinado y exhaustivo para la gestión de la migración debe garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de inmigrantes que puedan encontrarse en situación de dificultad,

X.

Considerando que las remesas de fondos legales y transparentes de los emigrantes pueden desempeñar un papel potencialmente positivo para estimular el desarrollo económico y que debe prestarse especial atención a garantizar el derecho de los migrantes a mantener sus familias e invertir en sus países,

Y.

Considerando que la Unión Europea debe desarrollar una política de migración eficiente y sensata, similar a las que aplican Canadá, Australia o Nueva Zelanda; que la inestabilidad en las regiones vecinas de la UE pone en peligro la creación de dicha política de migración,

Z.

Considerando que la política exterior de la UE puede completar y reforzar positivamente las políticas de la UE en materia de migración, y que debe abordar todas las fuentes de inestabilidad en los países de origen y mantener un diálogo activo con los países de tránsito a fin de que las leyes nacionales sobre migración de estos presenten estándares uniformes y basados en los derechos humanos, para de esta forma crear una situación de igualdad en la que tanto los países receptores como los de tránsito sigan las mismas normas y ofrezcan a los migrantes el mismo nivel de protección; que el diferente nivel de desarrollo de los países de tránsito hace precisa una asistencia financiera de la UE para ayudarles a alcanzar unos estándares comparables a los de la UE,

AA.

Considerando que la VP/AR ha subrayado la importancia de un enfoque global para las cuestiones de seguridad y estabilidad, a través del cual las estrategias de desarrollo y la creación de perspectivas económicas sostenibles puedan completar y reforzar las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz y, de esta forma, crear las condiciones para una estabilidad y seguridad duraderas,

AB.

Considerando que la nueva arquitectura de la política exterior establecida por el Tratado de Lisboa y la creación del SEAE ofrecen una oportunidad para desarrollar sinergias de gran valor entre la política exterior y la política de defensa, por un lado, y la PEV y la política de cooperación al desarrollo, por otro, por tratarse de dimensiones y estrategias que se refuerzan mutuamente y están interconectadas; que la nueva estructura permite igualmente que la diplomacia cultural desempeñe un papel en la acción exterior de la UE; que esas sinergias deben tomarse ya en consideración en la fase de programación,

AC.

Considerando que es necesario hacer una distinción entre los inmigrantes, por una parte, y los solicitantes de asilo y refugiados, por la otra,

1.

Celebra las recientes propuestas de la Comisión sobre migración legal de los no solicitantes de asilo, y le insta a desarrollar nuevos instrumentos con miras a establecer una política de inmigración común, gestionar la migración económica con miras a promover el progreso económico y social en los países de acogida, de tránsito y de origen, y fomentar la cohesión social mejorando la integración de los migrantes; destaca la necesidad de proporcionar información adecuada acerca de las posibilidades de inmigración legal en la UE, a fin de prevenir la migración ilegal, aprovechar mejor los cauces comunitarios para la inmigración legal, clarificar las perspectivas y oportunidades actuales dentro de la UE y desmontar las falsas promesas de los traficantes, limitando así los beneficios que la delincuencia organizada y los traficantes de seres humanos obtienen aprovechándose de la necesidad de migrar de las personas; pide a la Comisión que fomente las medidas de protección de grupos y personas vulnerables (sobre todo las mujeres y los niños), que a menudo se convierten en víctimas del tráfico y de la explotación sexual, y le insta a que cree centros de información sobre las posibilidades de migración a la UE en los países terceros; pide, no obstante, un enfoque equilibrado entre la promoción de la migración legal a la UE y las garantías en cuanto a su capacidad para acoger e integrar satisfactoriamente a los migrantes;

2.

Recuerda que la migración legal bien gestionada también puede beneficiar a los países terceros a través de las remesas enviadas por los inmigrantes a sus países de origen; destaca, además, la importancia de apoyar iniciativas orientadas a fomentar la participación de migrantes en proyectos de desarrollo y formación en sus países de origen;

3.

Pide a los Estados miembros que trabajen en cooperación con los países no pertenecientes a la UE a fin de garantizar la disponibilidad inmediata de la información referente a la migración legal y la presentación de este tipo de migración de forma favorable;

4.

Considera que la migración forzosa es uno de los resultados de las economías en crisis, del empobrecimiento, de las violaciones de los derechos humanos, de la degradación del medio ambiente, de las diferencias cada vez mayores entre países ricos y pobres, de las guerras civiles, de las guerras por el control de los recursos naturales y de la persecución política;

5.

Respalda el análisis y la línea política de la VP/AR en el sentido de subrayar la necesidad de un enfoque global y coherente basado en estrategias específicas de desarrollo y de derechos humanos como instrumento adicional fundamental de la política exterior de la UE para abordar los problemas de estabilidad y seguridad y mejorar la eficacia de las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz; pide, en este contexto, que se refuerce el papel de FRONTEX, para que pueda controlar mejor los flujos migratorios; considera que, en el contexto de la nueva arquitectura de la política exterior establecida por el Tratado de Lisboa y la creación del SEAE, sería importante consolidar el diálogo interinstitucional y estudiar los fundamentos y los objetivos de ese enfoque global, en particular en lo que se refiere a la programación específica y las asociaciones con los países beneficiarios que puedan asegurar un proceso sostenible de democratización, la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos y el crecimiento económico y, así, incrementar la seguridad y la estabilidad;

6.

Insta a la Comisión a desarrollar un sistema de seguimiento permanente de todas las actividades de FRONTEX vinculadas a la gestión de los flujos migratorios; considera que la dimensión en materia de derechos humanos de las operaciones de FRONTEX debe quedar claramente reflejada en todo el texto de la versión modificada del Reglamento FRONTEX, en particular en lo que respecta al derecho de una persona a abandonar su país, la prohibición de la devolución y el derecho a solicitar asilo; acoge con satisfacción el éxito de las actividades ejercidas por FRONTEX y su cooperación con los Estados miembros en la aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo; se congratula asimismo de la creación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA); considera que las actividades de FRONTEX y la OEAA han de ser estables y permanentes, de modo que se pueda brindar el apoyo necesario a los Estados miembros especialmente afectados; subraya la necesidad de una mayor solidaridad entre todos los Estados miembros de la UE, en particular los más vulnerables, con miras a lograr la máxima eficacia en la coordinación de políticas y el reparto de las cargas;

7.

Señala que, en un contexto de creciente multilateralismo, con varios actores internacionales y donantes importantes, como la UE, los EE.UU., Japón, China y, tal vez, a más largo plazo, otros países BRIC, como Brasil y la India, la estabilidad y la seguridad son un objetivo común y un requisito previo fundamental para el crecimiento económico mundial; señala, además, que los retos en materia de estabilidad y seguridad son tales que requieren no solo recursos importantes, en un momento de restricciones presupuestarias, sino también economías de escala y esfuerzos coordinados; considera que debería iniciarse un proceso de reflexión sobre un diálogo activo entre la UE, los EE.UU., Japón, China y las instituciones financieras internacionales sobre estrategias geográficas y temáticas coordinadas en materia de seguridad, estabilidad y ayuda, lo que permitiría un mayor efecto palanca colectivo y una asignación de recursos más equilibrada, selectiva y eficaz, así como garantizar un reparto de cargas equitativo; considera, también a la vista de la reciente revisión de la ayuda exterior de la Casa Blanca, que ha puesto de relieve la importancia de coordinar la ayuda con los demás grandes donantes, que un paso importante en ese proceso podría ser la celebración de una cumbre UE-EE.UU. sobre cooperación reforzada en materia de ayuda humanitaria y al desarrollo para determinar, con una perspectiva transatlántica, los ámbitos de interés compartidos y las bases para la coordinación de las políticas;

8.

Insta a la Comisión a que vele por que cualquier acuerdo de readmisión que firmen la UE y sus Estados miembros respete plenamente los derechos humanos y el principio de «no devolución», y no ponga en peligro a personas que necesiten protección internacional;

9.

Señala que la protección de refugiados en países vecinos conlleva importantes beneficios, y pide a la UE que considere esta cuestión con carácter prioritario;

10.

Se muestra preocupado por la existencia en la actualidad de unos 38 Estados frágiles (Índice de Países Fallidos 2010, Fondo por la Paz) en todo el mundo, con mil millones de personas afectadas (según el Banco Mundial) por problemas relativos a la inestabilidad; observa que los Estados frágiles son los más vulnerables a las sacudidas internas y externas, tanto políticas como económicas, y que la inestabilidad del Estado contribuye al proceso migratorio;

11.

Considera que el apoyo a los Estados política y económicamente frágiles, por cuanto pueden ser origen de migración irregular y de tensiones para la seguridad y la estabilidad, debe incluir siempre —además de la ayuda y el apoyo presupuestarios y estrategias para establecer o consolidar la estabilidad— inversiones directas y estrategias de acceso a los mercados de la UE, estrategias de desarrollo rural y seguridad alimentaria, apoyo a los ODM, políticas de creación de empleo, desarrollo de infraestructuras, apoyo a las PYME, instrumentos de microcrédito y estrategias orientadas a la promover la democratización y la buena gobernanza, la inclusión social, la capacitación de las mujeres y las minorías o grupos desfavorecidos y la tolerancia étnica y religiosa, potenciando de ese modo al máximo las perspectivas y las alternativas locales para los posibles migrantes; cree firmemente que esas estrategias deben basarse en asociaciones activas inspiradas en los principios de apropiación y capacitación de los países beneficiarios, pero también en objetivos, planes de trabajo claros y condiciones para su consecución definidos conjuntamente con los países donantes, y en evaluaciones mediante criterios de referencia y en normas estrictas de responsabilización; señala que los programas que reciben estos fondos deben tener por criterio fundamental la obtención de valor añadido a nivel tanto regional como local, velando de este modo por que contribuyan de forma sustancial al desarrollo de las economías locales;

12.

Subraya que todos los estudios y análisis de las futuras tendencias migratorias y formas de migración, como la migración a corto plazo, la migración circular y la migración estacional, deberían tener en cuenta las posibles causas de la migración, por ejemplo, las crisis políticas y económicas o el cambio climático en los países de origen;

13.

Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que hagan lo posible, tanto a escala interna como internacional, para animar a los países de origen de los migrantes a adoptar y aplicar medidas y políticas que permitan su desarrollo social económico y democrático, de modo que sus nacionales no se vean obligados a emigrar;

14.

Pide a la Comisión y al SEAE que intensifiquen sus esfuerzos con miras al desarrollo y la democratización de los países de origen y a fomentar el Estado de Derecho, a fin de combatir los problemas asociados a la migración en su origen;

15.

Alienta la creación de centros de información y gestión de la migración fuera de la UE a fin de ayudar a los países terceros de origen o tránsito a definir una política de migración que responda a las preocupaciones de los migrantes potenciales y los migrantes que retornan, ofrecer orientación sobre la inmigración legal así como sobre las oportunidades de empleo y condiciones de vida en los países de destino, y ayudar a los migrantes potenciales en materia de formación profesional, aprovechando la experiencia adquirida con el proyecto piloto de Bamako, Malí (CIGEM); pide a la Comisión que facilite a la comisión competente informes periódicos sobre nuevas iniciativas para la creación de estos centros;

16.

Recuerda que, en su Resolución de 21 de septiembre de 2010 sobre la reducción de la pobreza y la creación de empleo en los países en desarrollo: el camino a seguir, el Parlamento hacía hincapié en que la UE no debe dudar en aplicar sanciones a aquellos países que no respeten sus obligaciones de gobernanza y derechos humanos en el marco de los acuerdos de comercio, pedía a la UE que velase escrupulosamente por el respeto de la condicionalidad tal y como se contempla en el Convenio de Cotonú, y subrayaba que tanto el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) como el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD) deben responder a los mismos criterios de aplicación de la condicionalidad; subraya que los mismos criterios de condicionalidad deben aplicarse a la asistencia de la UE distinta de la asistencia al desarrollo y de la ayuda humanitaria, incluida la ayuda macrofinanciera prestada a través de los prestamos del FMI, así como las operaciones de préstamo de los programas del BEI y el BERD, y que dicha asistencia debe basarse en la asociación, en objetivos y valores compartidos y en la lealtad y colmar las expectativas tanto del donante como del beneficiario; subraya, además, que el apoyo activo de la UE a los países beneficiarios debe ser eficaz y basarse en los resultados, y que los valores fundamentales de la UE deben respetarse; pide a la VP/AR y a la Comisión que persigan el objetivo de lealtad a la UE y a sus valores fundamentales cuando diseñen la arquitectura de la asistencia financiera de la UE así como en las relaciones bilaterales con los países que sean beneficiarios de dicha asistencia; considera que debe iniciarse un proceso de reflexión a nivel europeo acerca de las bases y el alcance de la aplicación de los criterios de condicionalidad para la asistencia financiera de la UE;

17.

Acoge con satisfacción las cláusulas relativas a los derechos humanos de los acuerdos comerciales bilaterales de la UE y apoya la incorporación del principio de condicionalidad en los acuerdos comerciales con países en desarrollo a través del Sistema de Preferencias Generalizadas; reconoce que este principio de condicionalidad no siempre se aplica, ya que la Comisión se ha mostrado reacios a la hora de imponer sanciones a los países en desarrollo que no respetan los compromisos asumidos en materia de respeto de los derechos humanos, buena gobernanza y democratización; insta a la Comisión a que considere la imposición de sanciones cuando sea necesario, pero le pide que antes examine detenidamente las consecuencias que tendrían dichas sanciones en la población de los países beneficiarios;

18.

Considera que se debe aplicar a los países de tránsito políticas similares a las aplicadas a los países de origen —por ejemplo, en lo relativo a las estrategias de reducción de la pobreza, las inversiones directas, el acceso a los mercados y el énfasis en una agenda de empleo—, que puedan garantizar unas perspectivas de inclusión social efectiva a largo plazo, estabilizar el mercado laboral interior y reforzar el potencial a largo plazo de los países de tránsito;

19.

Considera que la UE y sus Estados miembros deben respetar plenamente, en su gestión de los flujos de inmigrantes irregulares, los derechos de los solicitantes de asilo y abstenerse de adoptar medidas que disuadan a los refugiados potenciales de solicitar protección;

20.

Pide a la Comisión que cree un mecanismo para establecer a quién corresponde la responsabilidad de acoger a los solicitantes de asilo y examinar sus solicitudes, así como para luchar contra la inmigración ilegal, dos ámbitos en los que algunos Estados miembros soportan una carga desproporcionada debido a su ubicación geográfica o su composición demográfica;

21.

Insta a la Comisión a establecer un sistema de seguimiento para comprobar el respeto de los derechos de los refugiados y de los solicitantes de asilo en la realización de los controles de entrada (y previos a la entrada) en el marco del Código de fronteras de Schengen, para poder detectar rápidamente las posibles deficiencias;

22.

Subraya el valor de las misiones de observación electoral de la UE (MOE) por ser un paso importante en cualquier proceso de democratización y buena gobernanza, y considera que tales misiones deben formar parte de un marco más amplio de respaldo a un proceso de democratización a largo plazo; insta a la VP/AR a que refuerce los procedimientos de seguimiento para verificar la aplicación de las recomendaciones de las MOE, y subraya, a este respecto, que es crucial garantizar un seguimiento adecuado de la aplicación de estas recomendaciones; subraya la importancia de las estrategias de mediación y de prevención y resolución de conflictos así como del desarrollo de instituciones y de capacidades en el caso de las organizaciones regionales, como la Unión Africana (UA), que desempeña un papel importante en las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz; considera que el apoyo a la UA debe incluir el desarrollo de la capacidad de control de las fronteras y proporcionar auxilio a todos los migrantes en situaciones de dificultad; considera que el fortalecimiento efectivo de las organizaciones regionales, como la UA, la Unión por el Mediterráneo o la Asociación Oriental, como multiplicadores de la paz y la estabilidad regional, fomentará la integración regional y el surgimiento de espacios económicos transfronterizos;

23.

Señala que se han logrado avances en la aplicación del Enfoque Global de la Migración, que pretende promover asociaciones globales con los países de origen y tránsito. y estimular sinergias entre la migración y el desarrollo; subraya la necesidad de seguir mejorando el uso de los principales instrumentos de este Enfoque (asociaciones de movilidad, misiones migratorias, perfiles migratorios, plataformas de cooperación); destaca la continua necesidad de situar los objetivos de la política de migración en el centro del diálogo político con los países de origen y tránsito, así como la necesidad de lograr una mayor coherencia con otras políticas en este aspecto, en particular con la política de desarrollo; estima que habría que racionalizar los diversos procesos de diálogo y reforzar las sinergias entre la migración y el desarrollo; considera que habría que redoblar esfuerzos para apoyar los proyectos de desarrollo en los países de origen y tránsito que elevan el nivel de vida y aumentan sus capacidades normativas e institucionales, así como mejorar sus infraestructuras, a fin de gestionar de forma eficaz los flujos migratorios, garantizando, al mismo tiempo, el cumplimiento de las normas sobre protección internacional y la aplicación del principio de no devolución;

24.

Subraya la importancia del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, que ofrece un marco estructurado para la promoción de una cooperación y un diálogo reforzados entre los actores estatales y no estatales, incluida la sociedad civil;

25.

Lamenta que, en las presentes circunstancias, la única opción de que se disponía fuera la suspensión del Acuerdo de cooperación UE-Libia, y considera que deberá revocarse esta suspensión en cuanto se establezca un nuevo gobierno de transición que esté dispuesto a promover una aplicación de dicho Acuerdo que sea democrática y respetuosa con los derechos humanos, con el fin de prestar ayuda financiera a los países africanos para crear alternativas viables a la migración y permitir el desarrollo en Libia de un sistema más eficaz para gestionar la migración laboral, maximizando las aptitudes de los inmigrantes que ya están presentes en el país, aumentado la capacidad de Libia de atraer e integrar social y económicamente a los inmigrantes, en especial de los países sus fronteras meridionales, y creando las bases de un sistema eficaz de gestión de la migración en Libia; destaca, en este contexto, la necesidad de que la UE haga uso de su influencia para convencer a Libia de que permita el retorno del ACNUR a ese país; considera que deben alcanzarse acuerdos relativos a un plan de acción sobre cooperación en materia de migración con otros países próximos geográficamente a la UE con el fin de prestar ayuda conjuntamente, de conformidad con los acuerdos internacionales, a Estados frágiles vecinos;

26.

Señala que, para abordar la actual crisis humanitaria del norte de África, FRONTEX no puede ser el instrumento principal para dar respuesta a los flujos migratorios que se originan en la región debido a dicha crisis, y pide a la UE que diseñe una respuesta pronta y coordinada como parte de una estrategia coherente a largo plazo para las transiciones políticas y los Estados frágiles, haciendo frente a las causas subyacentes a los flujos migratorios; insta al Consejo a que a establezca un plan de acción para el reparto de cargas con el fin de ayudar al reasentamiento de refugiados de la región, basado en la cláusula de solidaridad del artículo 80 del TFUE, y a que preste ayuda a los desplazados de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida; pide al Consejo que, con carácter urgente, avance en la adopción del sistema común de asilo de la UE y complete los procedimientos de codecisión relativos al establecimiento del Programa Conjunto de la UE en materia de Reasentamiento y del Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013, como recomendó el Parlamento en mayo de 2010; recuerda que los Estados miembros deben respetar el principio de no devolución;

27.

Destaca la importancia fundamental del Parlamento Europeo en el fomento de la libertad y la democracia en los países vecinos; considera, en este contexto, que el Parlamento Europeo debe seguir de cerca los procesos de democratización en el Mediterráneo meridional, y, por consiguiente, propone un diálogo regular ad hoc con la VP/AR para evaluar la evolución de la región y determinar, de este modo, los objetivos a corto y largo plazo y las medidas de ayuda necesarias;

28.

Insiste en que se preste verdaderamente atención a los diálogos sobre derechos humanos y democracia en la revisión de la PEV; considera que los movimientos a favor de la democracia y manifestaciones y su brutal represión por parte de las autoridades en países como Túnez y Egipto demuestran que los diálogos de la PEV sobre democracia y derechos humanos no han sido eficaces;

29.

Acoge con satisfacción la conclusión de las negociaciones del Acuerdo de readmisión entre la UE y Turquía, y pide que lleguen a buen término todas las fases necesarias para que todas las partes apliquen plenamente este acuerdo lo antes posible;

30.

Pide a la Comisión que intensifique la cooperación con los países de tránsito y origen de la migración ilegal, con arreglo a acuerdos que la UE haya celebrado o vaya a celebrar y los acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y terceros países, a fin de poner freno a la inmigración ilegal y estimular el cumplimiento de la ley en beneficio de los migrantes y la población de los Estados miembros y los países de origen;

31.

Considera que la armonización —en cooperación con los Estados miembros— de las estadísticas relacionadas con la migración resulta esencial para una planificación, adopción, aplicación y evaluación efectivas de la política de migración; subraya la importancia de la Red Europea de Migración (REM), que podría ofrecer una contribución sustancial en este ámbito;

32.

Subraya la imperiosa necesidad de unos datos estadísticos coherentes, globales y comparables sobre la población migrante, dado que los cambio constantes de esta población y la naturaleza de los flujos migratorios actuales representan un auténtico desafío para los responsables políticos, que necesitan datos e informaciones fiables en los que basar sus decisiones;

33.

Pide a la Comisión que incluya en su revisión en curso de la PEV la asignación de financiación específica para el desarrollo de una agenda económica renovada y fuerte en los países de la PEV, incluida una agenda sobre empleo; considera que debe debatirse un plan de trabajo con los países de la PEV sobre la armonización de sus legislaciones nacionales en materia de migración con los estándares de la UE, incluidos los relativos a los derechos humanos, como el derecho al asilo, un sistema de protección para los migrantes irregulares e igualdad de derechos para todos los migrantes; alienta la celebración de más acuerdos de asociación sobre movilidad con los países de la PEV, junto a los ya existentes con Moldova y Georgia;

34.

Pide el establecimiento de una política europea global de inmigración que esté vinculada a todas las estrategias e instrumentos de desarrollo y se base en un elevado nivel de solidaridad política y operativa, confianza mutua, transparencia, colaboración, responsabilidad compartida y esfuerzos conjuntos a partir de principios comunes y de acciones concretas, así como en los valores consagrados en el Tratado de Lisboa;

35.

Pide a la Comisión que elabore un planteamiento global para la inmigración legal que tenga en cuenta la necesidad de mano de obra para el mercado de trabajo europeo, así como las necesidades de cada Estado miembro en materia de recepción e integración de inmigrantes; considera que una política común de la UE sobre migración legal puede constituir un estímulo tanto para la economía europea como para las economías de los países de origen;

36.

Considera que los acuerdos con países terceros que afecten a varios Estados miembros de la UE deben negociarse a escala europea, respetando plenamente el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

37.

Pide a las instituciones y Estados miembros de la UE que coordinen de forma más eficaz la ayuda de los donantes a fin de garantizar un enfoque más amplio y sostenible para la gestión de los flujos migratorios;

38.

Insta a que la asistencia al desarrollo se disocie de la gestión de flujos migratorios y que la ayuda al desarrollo no se condicione a la migración de retorno; destaca que la ayuda al desarrollo de la UE debe tener por objeto la eliminación de los motivos que conducen a la migración, como la pobreza, el cambio climático y el hambre;

39.

Subraya el valor añadido que la Unión para el Mediterráneo (UPM) y la iniciativa de la Asociación Oriental podrían ofrecer para abordar la cuestión de la migración y sus consecuencias; pide a la VP/AR y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para el pleno funcionamiento de la UPM; considera que la cuestión de los flujos migratorios debería ser un asunto prioritario acción en el marco de la UPM y la Asociación Oriental;

40.

Pide a la Unión Europea que considere la adopción de medidas de revisión del ICD, del FED y del instrumento de ayuda humanitaria, de manera que se refuercen los efectos positivos de la migración por lo que respecta a la promoción del desarrollo humano y la democracia en los Estados frágiles;

41.

Pide que se trabaje aún más en el fomento de la coherencia de las políticas de desarrollo en el marco de la política migratoria de la UE, así como para impedir que la ayuda oficial al desarrollo se use en políticas que tienen por objeto impedir y controlar la migración a través de medios que implican la violación de los derechos humanos de los migrantes; considera, por el contrario, que la ayuda oficial al desarrollo debe utilizarse para promover el desarrollo efectivo, reduciendo así la migración causada por la pobreza y por la inestabilidad y la opresión políticas;

42.

Acoge con satisfacción la Declaración de Trípoli formulada al término de la tercera Cumbre África-UE, en la que se reafirman la necesidad de los esfuerzos conjuntos encaminados a afrontar la realidad y los desafíos de la migración, así como sus vínculos con el desarrollo;

43.

Pide que se establezcan asociaciones más eficaces con instituciones que promuevan la integración regional y económica, que también pueden ayudar a encontrar soluciones sostenibles a largo plazo para la realidad de la migración sur-sur;

44.

Hace hincapié en que la Comisión debe investigar más el problema de la migración sur-sur provocada por cuestiones climáticas, incluyendo el número de personas afectadas, las regiones vulnerables, los movimientos migratorios y la capacidad de los países de acogida; pide asimismo que se promueva la capacidad de investigación de los países en desarrollo;

45.

Destaca la importancia de integrar la migración en las estrategias nacionales de desarrollo de los países socios con vistas a reducir la pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

46.

Aplaude la creación del Observatorio ACP sobre las migraciones por ser un instrumento útil que facilitará a los responsables políticos de los países ACP datos y herramientas para mejorar sus estrategias nacionales de migración, así como la propuesta de creación de un observatorio sobre las migraciones responsable del control permanente y estrecho de todas las cuestiones relativas a los flujos migratorios en América Latina, bajo la supervisión y coordinación de la Fundación Europa-América Latina y el Caribe;

47.

Recomienda que los recursos financieros destinados a reforzar la relación entre migración y desarrollo se repartan con mayor eficacia; reconoce la necesidad de mejorar los mecanismos de movilización complementaria y oportuna de los diferentes instrumentos de financiación de la UE para su acción exterior;

48.

Destaca la necesidad de reforzar las estrategias de vinculación de la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo a fin de ofrecer soluciones sostenibles a las personas desplazadas y los refugiados; reconoce la importancia de una respuesta humanitaria coordinada como precursora de una política de desarrollo viable en países que se están recuperando de un conflicto;

49.

Pide a la VP/HR que invierta en personal cualificado y que establezca un mandato claro para el personal tanto de la sede central como de las delegaciones en pos de una mejor coordinación entre el programa temático sobre migración y asilo y los programas geográficos del IDC;

50.

Pide que se precisen los respectivos cometidos del SEAE y la DG DEVCO, así como que se garantice la coordinación entre ambos; insta a la DG DEVCO a que desempeñe un papel preponderante en la fase de programación de la política de migración;

51.

Subraya la importancia de las enseñanzas extraídas del programa temático sobre migración y asilo en términos de diálogo político a escala nacional, con vistas a garantizar una planificación más coherente y eficaz en relación con los documentos de estrategia nacionales y regionales;

52.

Insta a que se redoblen los esfuerzos por reducir los efectos negativos de la fuga de cerebros y el éxodo de profesionales, que afectan en particular a sectores clave, como la salud y la educación; destaca la importancia de promover la captación de cerebros, los programas de retorno asistido y la migración circular, regular las prácticas de contratación y apoyar la creación de capacidad mediante medidas como el desarrollo de la formación profesional; pide a la Comisión que examine si los sistemas de migración circular son un instrumento útil y cuáles son los tipos de circularidad (puntual/recurrente; a corto plazo/a largo plazo; espontánea/gestionada) que podrían producir los mejores resultados, tanto para los países en desarrollo como para los países desarrollados;

53.

Pide a la Comisión que, cuando prepare los nuevos instrumentos de acción exterior para el periodo posterior a 2013, vele por que la arquitectura propuesta permita sinergias y el fortalecimiento mutuo entre el pilar de desarrollo y el pilar de seguridad y estabilidad y que prevea la asignación rápida de fondos de emergencia y de recuperación, una respuesta rápida para ofrecer auxilio y asistencia a los migrantes en situación de dificultad, en particular a los que se encuentren en una situación muy vulnerable, como las mujeres y los menores no acompañados, programas específicos para facilitar apoyo a las minorías, como las comunidades religiosas, étnicas o LGBTT, que puedan estar amenazadas, acogida en la UE a defensores de los derechos humanos que se encuentren en situación de dificultad y medidas de apoyo para aliviar las consecuencias del cambio climático, la deforestación, la desertificación y la pérdida de biodiversidad y preservar el entorno económico y social de las comunidades afectadas;

54.

Pide que se desarrollen políticas que tengan en cuenta la situación específica de los grupos vulnerables, como las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, y, por ende, que se proporcionen las infraestructuras pertinentes, como hospitales, escuelas y equipamiento escolar, así como el apoyo social, psicológico y administrativo necesario;

55.

Hace hincapié en el papel importante que han desempeñado los centros de rehabilitación de las víctimas de la tortura en la integración satisfactoria de los migrantes, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo, en la UE; observa con preocupación la decisión de suprimir gradualmente la financiación de dichos centros en la UE en el marco de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH); pide a la Comisión que garantice que la financiación de estos centros no se recortará ni se dejará únicamente a discreción de los Estados miembros;

56.

Pide a la Comisión que publique la evaluación externa de los programas de protección regional y que inicie un debate sobre la conveniencia de continuar o no con estos programas;

57.

Considera, en relación con las misiones de la PESC y la PCSD, como ha destacado la VP/AR, que sería importante complementar las estrategias de seguridad y estabilidad con estrategias ad hoc para apoyar la asistencia al desarrollo y los derechos humanos a fin de erradicar a largo plazo las causas fundamentales de la inseguridad y la inestabilidad; señala en este contexto que dicho enfoque exhaustivo requiere no sólo una mejor coordinación a través del SEAE, sino también créditos presupuestarios adicionales ad hoc para estas estrategias de apoyo;

58.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Consejo Europeo, a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, al Presidente de la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al BEI, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros de la UE, a los Gobiernos y Parlamentos de los países candidatos a la adhesión a la UE, a los Gobiernos y Parlamentos de los países miembros de EURONEST y EUROMED, al Departamento de Estado de los EE.UU., al BERD, al Banco Mundial, al FMI, a la Unión Africana, al Parlamento Panafricano, a la Organización Internacional para las Migraciones y al ACNUR.

2.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 296/13

—

Vistos el Tratado de la Unión Europea, en particular sus artículos 2 y 3, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular sus artículos 8, 153 y 157,

—

Vista la Decisión 2006/144/CE del Consejo, de 20 de febrero de 2006, sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (período de programación 2007-2013) (1),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (2),

—

Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2008, sobre la situación de la mujer en las zonas rurales de la Unión Europea (3),

—

Vistas las conclusiones del seminario sobre «Las mujeres en el desarrollo sostenible del medio rural», celebrado en Cáceres del 27 al 29 de abril de 2010 por iniciativa de la Presidencia española de la UE (4),

—

Vista la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo (5),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A7-0016/2011),

A.

Considerando que el desarrollo económicamente sostenible de las zonas rurales y el buen funcionamiento sostenible a largo plazo de las entidades económicas en Europa constituyen una prioridad, y que los potenciales particulares de las zonas agrícolas de menor densidad de población deben aprovecharse y ampliarse, preservando al mismo tiempo su valor de manera que se garantice que esas zonas sigan estando habitadas,

B.

Considerando que —dentro de sus respectivos contextos— las regiones económica y culturalmente autónomas con circuitos regionales operativos pueden reaccionar con mayor estabilidad ante los cambios globales,

C.

Considerando que una agricultura eficiente y orientada a la multifuncionalidad constituye una base indispensable para las estrategias de desarrollo sostenible y para las actividades empresariales de gran alcance en numerosas regiones, y que este potencial aún no se aprovecha plenamente en todos los ámbitos en el marco de un proceso de mayor diversificación de la actividad económica,

D.

Considerando que las zonas rurales se ven especialmente afectadas por el envejecimiento de la población, la escasa densidad de población e incluso, en algunas regiones, la despoblación,

E.

Considerando que, debido al cambio demográfico, las migraciones y una disminución general de la proporción de mujeres en la población en determinadas zonas rurales, en el futuro ya no será posible garantizar debidamente en el medio rural, con la infraestructura existente, el suministro local de bienes y servicios para satisfacer las necesidades cotidianas, la sanidad y los cuidados básicos, la educación preescolar, la educación y la formación escolar, profesional y académica y una oferta cultural y de ocio suficiente, o bien se colapsará la infraestructura de suministro por motivos económicos,

F.

Considerando que alrededor del 42 % de los 26,7 millones de personas que trabajan regularmente en la agricultura en la Unión Europea son mujeres y que como mínimo una explotación de cada cinco (alrededor del 29 %) son gestionadas por mujeres,

G.

Considerando que la significativa contribución de las mujeres al desarrollo local y de la comunidad no queda reflejada suficientemente en su participación en los correspondientes procesos de toma de decisiones,

H.

Considerando que el principio de la igualdad de género constituye un requisito básico en la estrategia Europa 2020 y debe ser promovido con el fin de aumentar la participación activa de las mujeres en las actividades económicas y sociales y de garantizar el respeto de los derechos humanos,

I.

Considerando que, en una situación de cambio económico y social, en las últimas décadas las realidades rurales de las mujeres se han transformado y diferenciado, y que también las propias mujeres han contribuido a iniciar y articular esta transformación, teniendo en cuenta que la situación social y económica de las mujeres varía notablemente entre los Estados miembros y dentro de los mismos,

J.

Considerando que las mujeres de la sociedad moderna asumen un papel multifuncional en el marco de sus propios lazos familiares y profesionales, y que precisamente esta diversidad de funciones también les permite contribuir significativamente al progreso y la innovación a todos los niveles sociales, así como al aumento de la calidad de vida, especialmente en el medio rural,

K.

Considerando que, especialmente en las zonas rurales, a menudo son las mujeres quienes prestan la ayuda familiar y la asistencia a las personas mayores,

L.

Considerando que, gracias a los años de esfuerzo en el ámbito de la política de la mujer y al importante apoyo público en el ámbito de la formación, el asesoramiento y las iniciativas de creación de empresas, entre otros, en el marco del segundo pilar de la Política Agrícola Común (PAC), se han logrado éxitos considerables en la mejora de las condiciones de vida de los hombres y las mujeres en el medio rural,

M.

Considerando que, pese al alto grado de individualización de las situaciones vitales, el principal desafío para hombres y mujeres seguirá siendo la conciliación de la propia vida activa y el compromiso social y cultural, por una parte, y, por otra, la responsabilidad familiar,

N.

Considerando que, en las circunstancias de la sociedad moderna, sólo será posible superar este «desafío multifuncional» mediante la utilización de servicios, instalaciones y estructuras de apoyo, que han de ser asequibles y accesibles,

O.

Considerando que el papel multifuncional de la mujer en el medio rural puede contribuir de forma significativa a conformar una imagen moderna de la mujer en nuestra sociedad,

P.

Considerando que en las zonas rurales la tasa de empleo, tanto de hombres como de mujeres, es poco elevada y que muchas mujeres ni siquiera participan en el mercado de trabajo, por lo que no están registradas como desempleadas ni se incluyen en las estadísticas de desempleo,

Q.

Considerando que la protección social de las mujeres que trabajan en la agricultura, incluidas las cónyuges de agricultores con ingresos adicionales (ingresos combinados, trabajo por cuenta propia independiente y trabajo por cuenta propia a tiempo parcial), así como los trabajadores migrantes y temporeros, constituye un elemento indispensable en el desarrollo moderno y sostenible del medio rural,

R.

Considerando que la persona titular de una explotación agraria es la única que figura en los documentos bancarios, las subvenciones, los derechos acumulados y también es la única representante ante los organismos asociativos y colectivos,

S.

Considerando que el turismo rural, que incluye la oferta de bienes y servicios en el campo a través de empresas turísticas familiares y cooperativas, es un sector de bajo riesgo, crea empleo, hace posible combinar las obligaciones de la vida familiar con el trabajo y alienta a la población rural a permanecer en el campo,

1.

Señala que la promoción de la igualdad de género es un objetivo fundamental de la UE y sus Estados miembros; subraya la importancia de incorporar este principio en la PAC como forma de promover el crecimiento económico sostenible y el desarrollo rural;

2.

Señala que, de forma análoga a las zonas urbanas, debe procurarse alcanzar en las zonas rurales unas condiciones de vida adecuadas a la realidad rural, con el fin de ofrecer a las mujeres y a sus familias razones para quedarse y desarrollar con éxito su vida en el medio rural;

3.

Pide que se promueva el medio rural como espacio económico y vital diverso e incluyente, aprovechando especialmente el papel crucial, los conocimientos y la competencia de las mujeres;

4.

Pide, por tanto, a la Comisión que se abstenga, en el marco de las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual, de seguir reduciendo la proporción del presupuesto total destinada al gasto agrícola;

5.

Hace hincapié en que las diversas explotaciones agrícolas, también orientadas a los servicios (por ejemplo, la oferta de vacaciones en una granja, la comercialización directa, servicios sociales tales como el cuidado de personas mayores y niños, el aprendizaje en la granja en un contexto de escolarización a tiempo completo, etc.), constituyen importantes pilares de una infraestructura de suministro de servicios en el medio rural y deben respaldarse de forma sostenible a través de la PAC; pide, por consiguiente, que tales servicios sean fomentados a través de la PAC, tanto abriendo nuevas perspectivas como mediante oportunidades de empleo remunerado para las mujeres y facilitando en gran medida la conciliación entre la vida familiar y profesional;

6.

Pide que se promuevan estrategias de desarrollo con dinámica propia, apoyando la creatividad particular de los agentes del medio rural y utilizando al mismo tiempo los recursos tradicionales específicos de cada comunidad rural;

7.

Destaca la importancia de un entorno rural viable y dinámico con una población variada; hace hincapié, en ese contexto, en la importancia del desarrollo adecuado de oportunidades y retos para las jóvenes;

8.

Pide que en el medio rural se creen las condiciones necesarias para que las mujeres de todas las generaciones puedan permanecer en su entorno inmediato y contribuir a su desarrollo y reactivación;

9.

Destaca la importancia de un régimen de jubilación anticipada para los empresarios y trabajadores agrícolas en relación con las condiciones de vida de las mujeres en las zonas rurales; pide a los Estados miembros que no lo hayan hecho que pongan en marcha tales regímenes;

10.

Pide, en este contexto, esfuerzos adicionales para lograr la total implantación de la infraestructura informática más moderna, sobre todo un acceso adecuado a la banda ancha, en el medio rural, que se facilite el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y que se fomente la igualdad de oportunidades para dicho acceso y una formación apropiada sobre cómo usarlo; señala que unos bajos niveles de acceso a la banda ancha dificultan el crecimiento de las pequeñas empresas en muchas zonas rurales; insta, por ello, a la Comisión y a los Estados miembros a adherirse a su compromiso de mejorar el suministro de banda ancha en las zonas rurales como medio para estimular la competitividad;

11.

Pide que, entre las mujeres de las zonas rurales, se promuevan y se presten ayudas a formas de empresa tales como el comercio electrónico, con las que es posible operar sin importar la distancia respecto a los grandes centros urbanos;

12.

Señala que, en las zonas urbanas, resulta crucial mejorar la calidad y la accesibilidad de las infraestructuras, instalaciones y servicios para la vida cotidiana para permitir a los hombres y mujeres equilibrar sus vidas familiares y profesionales y para preservar las comunidades en las zonas rurales; señala que ello incluye instalaciones para el cuidado de los niños como parte de la infraestructura de las explotaciones (como «guarderías agrícolas» y otras instalaciones preescolares), el apoyo asistencial, los centros de enseñanza (también para el aprendizaje permanente), las instituciones y los cuidados para las personas mayores y otras personas dependientes, los servicios de sustitución en caso de enfermedad y embarazo, el suministro local de bienes para satisfacer las necesidades cotidianas, y las ofertas de ocio y culturales; pide que se creen las condiciones necesarias en materia de política agrícola para permitir a las mujeres del medio rural desplegar su potencial para lograr que la agricultura multifuncional y sostenible sea una realidad

13.

Insta a los Estados miembros a que utilicen los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión para poner remedio a la falta de buenas infraestructuras de transporte en las zonas rurales y a que apliquen políticas positivas para mejorar el acceso de todos, y en especial de las personas con discapacidad, al transporte, puesto que es un factor que frena la exclusión social y las desigualdades sociales que afectan principalmente a las mujeres;

14.

Pide que la política de ayudas a las zonas rurales se oriente en mayor medida a unas condiciones de vida y trabajo en el medio rural innovadoras y sostenibles;

15.

Pide a las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales que apoyen proyectos de promoción y asesoramiento para la creación de empresas innovadoras de producción agraria primaria en el medio rural, que puedan proporcionar nuevos empleos, especialmente para mujeres, en ámbitos de actuación tales como: la incorporación de valor a los productos agrarios y la búsqueda de salidas comerciales para los mismos, la utilización de nuevas tecnologías, así como la contribución a la diversificación económica de la zona y la prestación de servicios que posibiliten la conciliación de la vida laboral y familiar;

16.

Señala que en el contexto de los tipos de oferta innovadores es necesario recurrir a las experiencias satisfactorias obtenidas hasta la fecha en los proyectos destinados a las mujeres en el marco del segundo pilar de la PAC (en particular, el eje 3 y el programa Leader +) y detectar los ejemplos de buenas prácticas;

17.

Pide que las estrategias de desarrollo rural hagan especial hincapié en el papel de las mujeres para ayudar a lograr los objetivos de la estrategia Europa 2020, en particular las iniciativas centradas en la innovación, la investigación y el desarrollo;

18.

Acoge positivamente en ese contexto los proyectos Equal del FSE que pretenden aclarar y mejorar la posición de la mujer en la agricultura y en las zonas rurales;

19.

Pide que el nuevo Reglamento FEADER establezca medidas específicas en favor de las mujeres en el período de programación 2014-2020, lo que tendrá efectos beneficiosos sobre el empleo femenino en el medio rural;

20.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que contribuyan a crear una base de datos pertinente sobre la situación económica y social de las mujeres y su participación empresarial en las zonas rurales y que optimicen la evaluación de los datos ya disponibles (por ejemplo, a través de Eurostat), a fin de poder adaptar las medidas políticas;

21.

Expresa su convicción de que deben conservarse y ampliarse la formación y el asesoramiento específicos para el medio rural ofrecidos a las mujeres, en particular en conexión con la gestión económica de las explotaciones agrícolas, teniendo en cuenta las circunstancias de las zonas rurales;

22.

Considera conveniente procurar la creación de una red europea de mujeres del medio rural (o una red de asociaciones de mujeres), y señala a la atención los éxitos logrados a través de las medidas del segundo pilar de la PAC;

23.

Reconoce el importante papel de las redes de mujeres existentes a los niveles más diversos, especialmente para la promoción local de las zonas rurales y su percepción por el público; señala a la atención la necesidad de un mayor reconocimiento social y un mayor apoyo político y financiero a esas redes a nivel local, nacional y europeo, teniendo en cuenta su importante contribución al logro de una mayor igualdad, especialmente en lo que respecta a la formación de las mujeres en las zonas rurales y el lanzamiento de proyectos de desarrollo local, incluidas las campañas de información en materia de detección para asegurar un diagnóstico temprano de los cánceres femeninos (cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, etc.); pide a los Estados Miembros que apoyen una mayor participación de las mujeres en el proceso político, incluida su adecuada representación en las juntas directivas de las instituciones, empresas y asociaciones;

24.

Pide prestaciones adecuadas para las mujeres en las zonas rurales por parte de los sistemas sociales, teniendo en cuenta la situación particular de las mujeres en materia de empleo y derechos de pensión;

25.

Acoge con satisfacción, en este contexto, la Directiva 2010/41/UE, y pide a los Estados miembros que la apliquen de forma eficaz, lo antes posible, en especial para garantizar que:

26.

Señala a la atención que, especialmente en el medio rural, se requieren estrategias sostenibles para salvaguardar la competencia profesional de las mujeres que deciden interrumpir temporalmente su carrera laboral para consagrarse a la familia y a la asistencia; pide que se facilite la conciliación entre la vida familiar y la laboral, para permitirles ejercer actividades profesionales, conservarlas y seguir desarrollándolas;

27.

Señala que la «diversificación agrícola» es un aspecto cada vez más importante de la economía rural; señala que el papel de la mujer en la iniciación, el desarrollo y la gestión de proyectos de «diversificación agrícola» es muy importante;

28.

Pide que se fomente el espíritu de empresa y las iniciativas de las mujeres, en particular mediante la promoción de su acceso a la propiedad, las redes de empresarias, y la creación en el sector financiero de las condiciones necesarias para facilitar el acceso a la inversión y al crédito a las empresarias del medio rural (incluidas las trabajadoras por cuenta propia independientes, las trabajadoras por cuenta propia a tiempo parcial con rentas bajas, y las mujeres jóvenes) para que aumente su capacidad de acción en el mercado y puedan forjarse un apoyo económico estable; pide también que se emprendan acciones para mejorar el espíritu de empresa y las aptitudes de las mujeres para favorecer su incorporación a los órganos de dirección de empresas y asociaciones;

29.

Pide a las autoridades nacionales, regionales y locales competentes que fomenten la participación de las mujeres en los grupos de acción local y el desarrollo de asociaciones locales en el marco del programa Leader, y que garanticen una participación equilibrada de hombres y mujeres en sus juntas directivas;

30.

Pide que en las estrategias de desarrollo a nivel de explotación y regionales se preste mayor atención a las competencias profesionales de las mujeres, tanto en el ámbito de la agricultura como fuera de éste; subraya la importancia de las cualificaciones y la formación de las agricultoras y demás mujeres del medio rural como productoras y empresarias, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen, en colaboración con las autoridades regionales y locales, las organizaciones rurales y las asociaciones de mujeres y agricultores, incentivos para promover la participación de las mujeres en el trabajo, para eliminar toda discriminación contra las mujeres en el trabajo, y para mejorar la formación de las mujeres promoviendo, por ejemplo, un mayor acceso a la formación de postgrado y a los cursos de especialización en los centros educativos, para proponer las correspondientes medidas de desarrollo rural en el marco del eje 3 de los programas de desarrollo rural, y para fomentar las iniciativas existentes; señala que esas medidas contribuirán a la lucha contra la exclusión social en las zonas rurales y que el riesgo de caer en la pobreza es más elevado para las mujeres que para los hombres;

31.

Pide que se respalden los esfuerzos políticos encaminados a promover el papel de la mujer en la agricultura facilitando, de hecho y de derecho, el ejercicio de una actividad empresarial agrícola, también en lo que a la propiedad de las explotaciones se refiere, para que, partiendo de su corresponsabilidad empresarial, se intensifique su participación respecto de los derechos y obligaciones asociados, entre los que se incluyen, entre otros, la representación de intereses en organismos agrícolas y la participación efectiva del conjunto de rentas de la explotación;

32.

Pide que se preste apoyo a las organizaciones de mujeres y agricultores, que desempeñan un importante papel en cuanto a fomentar e iniciar nuevos programas de desarrollo y diversificación de tal manera que las mujeres puedan poner en práctica nuevas ideas con el fin de diversificar las actividades de producción y la prestación de servicios en las zonas rurales;

33.

Opina que, en el marco de la próxima reforma de la PAC, las necesidades de las mujeres en el ámbito rural y el papel de aquellas que son profesionales de la agricultura deberán ser contemplados y priorizados, tanto en el acceso a determinados servicios como a las ayudas, en función de la necesidad territorial en cada Estado miembro;

34.

Expresa su convicción de que, a medio plazo, las mujeres deben estar debidamente representadas en todos los órganos políticos, económicos y sociales del sector agrícola, para que en los procesos decisorios pueda contarse con los puntos de vista de hombres y mujeres; destaca la importancia de adoptar acciones específicas en favor de las mujeres para lograr la participación paritaria de las mujeres en dichos órganos;

35.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten a las mujeres un mejor acceso a la tierra y al crédito para fomentar el establecimiento de las mujeres en las zonas rurales y como actores en el sector agrícola;

36.

Pide que se tengan en cuenta las estrategias previas de protección social de las mujeres en la agricultura (agricultoras, trabajadoras rurales, trabajadoras temporeras, etc.), incluida la aplicación de la Directiva 2010/41/UE, en el contexto de la situación nacional en materia de propiedad y fiscalidad, y que este conjunto de experiencias sea puesto a disposición para el desarrollo de una adecuada protección social de las mujeres en la agricultura en los Estados miembros;

37.

Subraya que las políticas europeas en el ámbito de las condiciones de vida de las mujeres en las zonas rurales también deben tomar en consideración las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras inmigrantes empleadas como trabajadoras agrícolas temporeras, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de un alojamiento adecuado, de protección social, de seguro médico y de asistencia sanitaria; hace hincapié en la necesidad de dar el mayor valor posible al trabajo de esas mujeres;

38.

Pide a la Comisión que incluya en el informe resumido que debe presentar en 2011, en virtud del artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1698/2005, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), un análisis en profundidad de las repercusiones de las medidas adoptadas en relación con la situación de las mujeres en las zonas rurales;

39.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

2.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 296/19

—

Vistos el Protocolo no 4 sobre la central nuclear de Ignalina en Lituania y el Protocolo no 9 relativo a la unidad 1 y a la unidad 2 de la central nuclear de Bohunice VI en Eslovaquia anexos al Tratado de adhesión, así como el artículo 30 del Protocolo relativo a las condiciones y al procedimiento de admisión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea,

—

Vistos los Reglamentos del Consejo relativos a la aplicación del Protocolo no 4 sobre la central nuclear de Ignalina en Lituania (1), la aplicación del Protocolo no 9 relativo a la unidad 1 y a la unidad 2 de la central nuclear de Bohunice VI en Eslovaquia (2) y sobre la ayuda financiera de la Unión en relación con el desmantelamiento de las unidades 1 a 4 de la central nuclear de Kozloduy en Bulgaria (programa Kozloduy) (3),

—

Vistos la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la utilización de los recursos financieros destinados a la clausura de las instalaciones nucleares (COM(2007)0794) y el documento de acompañamiento titulado «Datos sobre la financiación de la clausura de instalaciones nucleares en la UE» (SEC(2007)1654),

—

Vista la Recomendación de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, sobre la administración de los recursos financieros destinados a la clausura de instalaciones nucleares (4),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0054/2011),

A.

Considerando que los tres países candidatos a la adhesión a la UE, Lituania, Eslovaquia y Bulgaria, operaban viejas centrales nucleares que se acordó clausurar, y que las negociaciones de adhesión condujeron al establecimiento de unas tempranas fechas fijas de clausura para las tres centrales nucleares afectadas,

B.

Considerando que la UE reconoció que el cierre temprano y la clausura subsiguiente de esas unidades en las tres centrales nucleares representaban una considerable pérdida financiera y económica que no podía ser totalmente cubierta por los Estados miembros afectados, y que, por lo tanto, en los Tratados de adhesión, así como en los posteriores Reglamentos del Consejo para la aplicación de esos Tratados, se estableció una ayuda financiera para los respectivos Estados miembros; considerando, no obstante, que no se decidió claramente si dicha ayuda cubriría el coste total de la clausura o compensaría por todas las consecuencias económicas y que Bulgaria y Eslovaquia siguen siendo exportadores netos de electricidad,

C.

Considerando que la ayuda establece medidas en los siguientes ámbitos:

D.

Considerando que la ayuda comenzó antes de la adhesión y antes de que se cerraran las respectivas unidades, por lo que se acumularon importes en los Fondos Internacionales para el Apoyo a la Clausura (IDSF), mientras continuaba la preparación administrativa,

E.

Considerando que el desmantelamiento de las instalaciones nucleares y la gestión de sus residuos es una operación técnicamente compleja que requiere importantes recursos financieros y que implica responsabilidades medioambientales, técnicas, sociales y financieras,

1.

Toma nota de que Lituania, Eslovaquia y Bulgaria han cumplido sus compromisos en virtud del Tratado de adhesión de cerrar oportunamente las respectivas unidades en las tres centrales nucleares: la unidad 1 de la central nuclear de Ignalina se cerró el 31 de diciembre de 2004 y la unidad 2, el 31 de diciembre de 2009; la unidad 1 de la central nuclear de Bohunice V1 se cerró el 31 de diciembre de 2006 y la unidad 2, el 31 de diciembre de 2008; las unidades 1 y 2 de la central nuclear de Kozloduy se cerraron el 31 de diciembre de 2002 y las unidades 3 y 4, el 31 de diciembre de 2006;

2.

Toma también nota de que todos los tres Estados miembros trataron de renegociar sus compromisos políticos con respecto al cierre de los reactores, lo que generó retrasos en el proceso;

3.

Toma nota de la existencia de un fundamento jurídico para la concesión de la ayuda financiera; indica que los importes se establecen anualmente mediante una decisión de la Comisión, sobre la base de documentos individuales anuales de programación combinada, lo que permite controlar el desarrollo y la financiación de los proyectos aprobados;

4.

Toma nota de que, debido a la limitada experiencia de la UE en el ámbito de la clausura, la ayuda financiera se decidió sin posibilidad de definir un límite máximo; toma nota asimismo que ni siquiera se disponía de condiciones claras sobre los límites máximos después de la elaboración de los planes y estrategias para la clausura, lo que conllevó que se decidiera la concesión de suplementos financieros con arreglo a consideraciones fase por fase y caso por caso;

5.

Considera que el objetivo de la ayuda comunitaria es apoyar a estos tres Estados miembros para hacer frente a la carga financiera y económica causada por unas tempranas fechas fijas de cierre y cubrir el coste de numerosas actividades importantes de clausura, invertir en proyectos de energía con vistas a reducir la dependencia energética y contribuir a atenuar el impacto social de la clausura de las centrales de energía; señala, no obstante, que en los tres casos los costes de la clausura de las centrales han superado la ayuda prevista de la UE y que es también probable que superen las estimaciones iniciales; observa también que una gran parte de los fondos se ha utilizado para proyectos energéticos y no para el objetivo principal de la ayuda financiera, es decir, la clausura de centrales nucleares;

6.

Considera que el concepto de solidaridad de la Unión Europea contribuye efectivamente a atenuar las consecuencias económicas del cierre temprano en el sector de la energía; observa, no obstante, que en el momento de la preparación de este informe la clausura en sí misma se encuentra en su fase inicial;

7.

Indica que debería concederse la mayor prioridad a la clausura de las centrales nucleares implicadas, en aras de la salud y la seguridad de toda la población europea;

8.

Expresa su temor de que la falta de recursos financieros para las medidas de clausura retrase el desmantelamiento de las centrales nucleares y constituya una amenaza para el medio ambiente y la salud humana;

9.

Destaca que la cuestión de la seguridad es de vital importancia para la clausura de las unidades tempranamente cerradas en las tres centrales nucleares de referencia; pide, por lo tanto, al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que así lo tengan en cuenta en cualquier futura decisión sobre la clausura nuclear, en general, y estos tres programas de clausura, en particular; pide a la Comisión que prevea una coordinación adecuada con los Estados miembros y que fije plazos precisos para la finalización de los proyectos;

10.

Toma nota con preocupación de que todavía no se han finalizado los planes detallados para esos tres programas de clausura y, en consecuencia, de que se dispone de información insuficiente sobre los calendarios, el coste de los proyectos particulares y sus fuentes de financiación; insta, por lo tanto, a los organismos nacionales pertinentes a que finalicen los planes y a la Comisión a que informe sobre ese proceso y a que ofrezca una planificación financiera detallada a largo plazo de los proyectos de clausura; pide a la Comisión que describa claramente el volumen necesario de financiación de la UE para ejecutar esos planes;

11.

Pide a la Comisión que explore la manera de modificar los métodos de la UE para la financiación de los trabajos de clausura a la luz de las estrategias aplicadas en los Estados miembros y sus estructuras nacionales administrativas, así como de simplificar las normas de gestión de los fondos, sin que ello afecte al nivel de seguridad y protección de los trabajos de clausura;

12.

Toma nota de que no hay un claro reparto de responsabilidades entre los participantes en la financiación y los participantes en el proceso de clausura; considera que la Comisión debería asumir la responsabilidad principal para la ejecución de la ayuda de la UE y que convendría prever una gestión conjunta con el BERD;

13.

Considera que, a la hora de adjudicar los contratos, conviene aplicar un criterio de reciprocidad comunitaria en favor de las empresas europeas, concretamente mediante la aplicación de los principios establecidos en el artículo 58 de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en diferentes sectores, entre ellos el de la energía;

14.

Toma nota de que la ayuda financiera total de la Unión Europea a los tres Estados miembros hasta finales de 2013 asciende a 2 847,78 millones de euros; señala que, aunque existen diferencias entre las centrales nucleares, especialmente en lo que se refiere al almacenamiento del combustible, los programas comparten, en principio, la misma tecnología; indica que existen, sin embargo, diferencias considerables en los importes asignados: Ignalina (dos unidades): 1 367 millones de euros; Bohunice (dos unidades): 613 millones de euros; y Kozloduy (cuatro unidades): 867,78 millones de euros;

15.

Observa, de acuerdo con los datos disponibles a finales de 2009, diferentes situaciones entre los Estados miembros en relación con los importes desembolsados: Ignalina: total 1 367 millones de euros, comprometidos 875,5 millones de euros (64,04 %), desembolsados 760,4 millones de euros (55,62 %); Bohunice: total 613 millones de euros, comprometidos 363,72 millones de euros (59,33 %), desembolsados 157,87 millones de euros (25,75 %); Kozloduy: total 867,78 millones de euros, comprometidos 567,78 millones de euros (65,42 %), desembolsados 363,149 millones de euros (41,84 %), debido fundamentalmente al diferente calendario de cierre;

16.

Considera necesario gestionar los fondos y utilizar los recursos con una absoluta transparencia; reconoce la importancia de una gestión saneada y transparente de los recursos financieros, con una supervisión externa apropiada, para garantizar una competencia leal en el mercado de la energía; recomienda transparencia y participación pública en este ámbito;

17.

Toma nota de las siguientes auditorías y evaluaciones concluidas: «Evaluación intermedia del Programa de ayuda a la clausura a Lituania y Eslovaquia» (2007); auditorías internas de la Comisión de los tres programas en 2007; auditorías del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) de la Agencia CPMA en 2008 y 2009 con respecto a Ignalina; auditoría del TCE para la preparación de la declaración de fiabilidad de 2008; estudio de viabilidad del TCE en 2009; y toma nota de las siguientes actividades en curso: comunicación de la Comisión prevista para principios de 2011; auditoría financiera externa de la Comisión para el Fondo BIDSF; auditoría completa de gestión del TCE para los tres programas;

18.

Considera que, teniendo en cuenta las grandes cantidades de dinero implicadas, la novedad con respecto a la utilización de los fondos y las incógnitas que han ido surgiendo durante todo el proceso, las numerosas alteraciones y adaptaciones subsiguientes y la asignación de importes adicionales, el número y el alcance de las auditorías parece insuficiente; deplora que en la evaluación intermedia sobre la ayuda de clausura a Lituania y Eslovaquia realizada por la Comisión en septiembre de 2007 no se incluyera a Bulgaria (que ya recibía asistencia en esas fechas);

19.

Deplora la ausencia de informes anuales de la Comisión al Parlamento Europeo sobre la utilización de los recursos financieros destinados a la clausura de centrales nucleares; pide, por consiguiente, a la Comisión que haga un seguimiento e informe anualmente al Parlamento sobre las mejoras en el uso de los fondos y sobre la probabilidad de que los importes acumulados para la clausura de esas unidades específicas en las tres centrales nucleares sean absorbidos en el curso de los próximos tres;

20.

Pide a la Comisión que realice un análisis con el fin de determinar si existe la posibilidad de asignar importes para proyectos futuros de clausura hasta 2013, sobre todo visto que las licencias de clausura se expedirán para Bohunice en julio de 2011 y para Kozloduy a finales de 2011 y finales de 2012;

21.

Pide a la Comisión que proporcione información comparada sobre la aplicación de los planes iniciales y revisados para las diferentes etapas de los procesos de clausura, así como sobre las medidas en los ámbitos energético y social, antes de asignar más fondos de la UE;

22.

Pide a la Comisión que informe sobre las mejoras concretas derivadas de la creación de un comité de gestión a nivel de Estado miembro en 2007 para prestar asistencia en la aplicación de los programas de ayuda, y que dé cuenta de los cambios de procedimiento desde entonces;

23.

Toma nota de que la auditoría del TCE sigue en curso; sugiere que la misma contribuya a revelar los objetivos de la utilización de los fondos y su eficiencia, así como propuestas viables para el futuro, y a evaluar la financiación adicional necesaria para proceder a la clausura; sugiere que, al tratarse de una auditoría de gestión completa, aclare lo siguiente:

24.

Sugiere que, en cuanto a las futuras actividades que se deben financiar con los importes asignados por la UE en el período 2007-2013, se aclaren también las cuestiones siguientes:

25.

Toma nota con preocupación de que no hay un equipo de coordinadores y expertos de la UE para todos los tres proyectos, lo que habría permitido examinar el programa de clausura como un todo con arreglo a la experiencia de la UE y aprovechar las sinergias resultantes de los tres casos;

26.

Destaca que es necesaria una coordinación reforzada entre los tres programas para garantizar una mejor planificación de las actividades y el intercambio de las experiencias adquiridas; considera que la Unión Europea en su conjunto también puede beneficiarse de esta experiencia, ya que los reactores se dejan fuera de servicio al término de su vida económica; invita, por consiguiente, a todas las partes implicadas a que desarrollen y recojan las mejores prácticas de desmantelamiento y velen por que los demás Estados miembros con centrales nucleares hagan el mejor uso posible de los datos y la experiencia adquiridos;

27.

Pide a la Comisión que cree un equipo de coordinación encargado de:

28.

Señala que el principio de quien contamina paga debe aplicarse a la financiación de las operaciones de desmantelamiento y que los operadores nucleares deben garantizar que se reservan suficientes recursos financieros para cubrir los futuros costes de desmantelamiento durante la vida productiva de las instalaciones nucleares;

29.

Toma nota de que con el cierre temprano de los reactores se evitó la prevista acumulación de los importes necesarios en los respectivos fondos nacionales destinados a cubrir todos los costes relacionados con la clausura de las centrales;

30.

Pide a la Comisión que explore, teniendo en cuenta las diversas estrategias empleadas por los Estados miembros, las posibles formas de armonizar los enfoques para la financiación del desmantelamiento en la UE con objeto de asegurar una acumulación oportuna de los recursos financieros necesarios, sin comprometer la seguridad del proceso de desmantelamiento;

31.

Acoge con satisfacción el hecho de que la mayoría de los proyectos del programa Ignalina en materia de eficiencia energética y de garantía del abastecimiento eléctrico se encuentren actualmente en ejecución o ya se hayan realizado;

32.

Toma nota con preocupación de que los proyectos clave de gestión de las infraestructuras de residuos (proyecto para el almacenamiento de combustible gastado y residuos) han experimentado importantes retrasos que han supuesto gastos adicionales con respecto a las previsiones iniciales; toma nota de que el margen disponible en el sistema está casi agotado y que los retrasos pueden comenzar a incidir en la fase crítica de todo el plan de clausura, con un incremento proporcional de los costes; pide a la Comisión que informe sobre los resultados de la revisión del calendario del proyecto;

33.

Toma nota de que una gran parte de los fondos se ha destinado a proyectos energéticos, de que todavía se necesita una financiación considerable para la clausura y de que los fondos nacionales no son suficientes para cubrirla: el Fondo estatal para la clausura de la central nuclear de Ignalina ha acumulado hasta el momento algo más de 100 millones de euros (cuando sólo los costes técnicos de la clausura ya suponen entre 987 millones y 1 300 millones de euros) y una proporción significativa de ese importe se ha utilizado en proyectos no relacionados con la clausura; pide que se adopten medidas a ese respecto, principalmente por parte del Estado miembro implicado;

34.

Acoge con satisfacción los progresos realizados en el programa Bohunice;

35.

Señala que, mientras que la ayuda comunitaria está prevista para la clausura de instalaciones nucleares, en particular, los reactores V1, así como para la seguridad del abastecimiento, el Fondo nuclear nacional no ha reservado de manera específica ninguna fuente de financiación para el proyecto de clausura A1 actualmente en curso;

36.

Toma nota de que algunos proyectos de clausura, tales como la reconstrucción del sistema de protección física de la zona, el proyecto de tratamiento de los residuos históricos y la construcción del almacén provisional para los residuos nucleares en el emplazamiento de Bohunice, han experimentado importantes retrasos en su ejecución; insta a la Comisión y a la parte eslovaca a tomar medidas para prevenir los retrasos y evitar que se ponga en peligro el avance previsto de las obras de clausura;

37.

Acoge con satisfacción los buenos resultados generales técnicos y financieros del programa Kozloduy y la revisión de la estrategia de clausura para las unidades 1 a 4, que comenzó siendo una estrategia de clausura diferida y ha acabado convirtiéndose en una estrategia de clausura inmediata continuada;

38.

Observa con preocupación que a los proyectos energéticos les corresponde un porcentaje muy alto en la distribución de los fondos públicos asignados; pide a la Comisión que supervise la ejecución de los proyectos energéticos restantes y que informe sobre los resultados; reclama un aumento de la proporción de los proyectos de «clausura y residuos» en el período restante del programa Kozloduy;

39.

Subraya la necesidad de una amplia coordinación administrativa entre la Empresa Estatal de Residuos Radiactivos (SERAW) y la central nuclear de Kozloduy, ahora responsables de las unidades 1-2 y 3-4 respectivamente; pide a la parte búlgara que analice y aplique sin demora las medidas necesarias de mejora en lo relativo a esta gestión dividida y/o que agrupe a las unidades 1-4 bajo una gestión común;

40.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos de Bulgaria, Lituania y Eslovaquia.

2.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 296/26

—

Vistas las disposiciones de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular las que se refieren a los derechos de las mujeres, como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo facultativo, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Convención de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados y el principio de no devolución,

—

Vistos otros instrumentos de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, como la Declaración y el Programa de Acción de Viena, de 25 de junio de 1993, adoptados por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (A/CONF. 157/23) y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 20 de diciembre de 1993 (A/RES/48/104),

—

Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 12 de diciembre de 1997 titulada «Medidas de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer» (A/RES/52/86), de 18 de diciembre de 2002 titulada «Hacia la erradicación de los delitos de honor cometidos contra la mujer» (A/RES/57/179) y de 22 de diciembre de 2003 titulada «Eliminación de la violencia contra la mujer en el hogar» (A/RES/58/147),

—

Vistos los informes de los relatores especiales sobre la violencia contra la mujer del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la Recomendación general no 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (11a sesión, 1992),

—

Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción aprobadas con ocasión de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada el 15 de septiembre de 1995, y las Resoluciones del Parlamento, de 18 de mayo de 2000, sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing (1), de 10 de marzo de 2005, sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing + 10) (2), y de 25 de febrero de 2010, sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing (Beijing + 15) (3),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vistas la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 19 de diciembre de 2006, titulada «Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer» (A/RES/61/143), y las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad,

—

Vistos los trabajos que está llevando a cabo el Comité ad hoc del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (CAHVIO), creado en diciembre de 2008 para preparar el futuro convenio europeo sobre este tema,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo EPSCO celebrado el 8 de marzo de 2010,

—

Vista su Posición, de 14 de diciembre de 2010, sobre el proyecto de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Orden Europea de Protección (4),

—

Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (5),

—

Vista su Declaración, de 21 de abril de 2009, sobre la campaña «Di NO a la violencia contra las mujeres» (6),

—

Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre la lucha contra la mutilación genital femenina practicada en la UE (7),

—

Vista la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 presentada por la Comisión el 21 de septiembre de 2010,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el Informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0065/2011),

A.

Considerando que no se acabará con la violencia de género mediante intervenciones individuales, sino que una combinación de acciones infraestructurales, jurídicas, judiciales, policiales, educativas, sanitarias y de otros servicios relacionados podrá reducir considerablemente esta violencia y sus consecuencias,

B.

Considerando que si bien no existe una definición reconocida internacionalmente del término «violencia contra la mujer», las Naciones Unidas lo definen como todo acto de violencia de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada (8),

C.

Considerando que la violencia es una experiencia traumática para hombres, mujeres y niños, pero que la violencia de género es infligida preponderantemente por hombres contra mujeres y niñas, y refleja y refuerza las desigualdades entre hombres y mujeres y atenta contra la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de las víctimas,

D.

Considerando que algunos estudios sobre la violencia de género estiman que, en Europa, entre una quinta y una cuarta parte de la población femenina ha sufrido actos de violencia física al menos una vez durante su vida adulta, y que más de una décima parte ha sufrido violencia sexual con uso de la fuerza; considerando que las investigaciones muestran también que el 26 % de los niños y jóvenes afirman haber sido víctimas de violencia física en su niñez,

E.

Considerando que la publicidad y la pornografía a menudo presentan diversos tipos de violencia de género, trivializando así la violencia contra las mujeres y dificultando las estrategias de igualdad de género,

F.

Considerando que la violencia masculina contra las mujeres influencia el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad: su salud, su acceso al empleo y a la educación, su integración en actividades sociales y culturales, su independencia económica, su participación en la vida pública y política y en la toma de decisiones así como su relación con los hombres,

G.

Considerando que, a menudo, las mujeres no denuncian los actos de violencia cometidos por los hombres contra ellas por razones complejas y diversas de índole psicológica, económica, social y cultural, y, a veces, por falta de confianza en la policía, el sistema judicial y los servicios sociales y de asistencia médica,

H.

Considerando que la violencia de género, predominantemente la ejercida por hombres contra mujeres, es un problema estructural extendido en toda Europa y en el mundo entero, es un fenómeno con víctimas y agresores de todas las edades, todos los niveles de educación, de ingresos y de posición social, y guarda relación con las desigualdades existentes en la distribución del poder entre mujeres y hombres en nuestra sociedad,

I.

Considerando que la presión económica suele conducir a situaciones de abuso más frecuentes, más violentas y más peligrosas; considerando que algunos estudios han demostrado que la violencia contra las mujeres se intensifica cuando los hombres se ven obligados a desplazarse y a renunciar a sus bienes como consecuencia de una crisis económica,

J.

Considerando que la violencia contra las mujeres abarca toda clase de violaciones de los derechos humanos, como abuso sexual, violación, violencia doméstica, agresión sexual y acoso, prostitución, trata de mujeres y niñas, violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, violencia contra las mujeres en el entorno laboral, violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto, violencia contra las mujeres en las prisiones o instituciones de asistencia, y diversas prácticas tradicionales nocivas; considerando que cualquiera de estos abusos puede dejar profundas secuelas psicológicas, dañar el estado general de salud de las mujeres y las niñas, incluida su salud reproductiva y sexual y, en algunos casos, provocar la muerte,

K.

Considerando que, en muchos Estados miembros, la violencia de los hombres contra las mujeres en forma de violación no se considera un delito perseguible de oficio (9),

L.

Considerando que no se recopilan periódicamente datos comparables sobre los distintos tipos de violencia contra la mujer en la Unión Europea, lo que dificulta la evaluación del alcance real de este problema y la búsqueda de soluciones adecuadas; que recopilar datos fiables es muy difícil, pues mujeres y hombres se muestran renuentes, por miedo o vergüenza, a relatar sus experiencias a las partes interesadas pertinentes,

M.

Considerando que, de acuerdo con los estudios disponibles relativos a los países miembros del Consejo de Europa, se estima que la violencia contra las mujeres tiene un coste anual del orden de los 33 000 millones de euros (10),

N.

Considerando que las mujeres no gozan de la misma protección contra la violencia masculina en toda la Unión Europea debido a las diferencias de las políticas y la legislación de los diferentes Estados miembros,

O.

Considerando que la Unión Europea, con el Tratado de Lisboa, dispone de mayores competencias en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, incluidos el Derecho procesal penal y el derecho penal sustantivo, así como en el ámbito de la cooperación policial,

P.

Considerando el alarmante número de mujeres víctimas de la violencia de género,

Q.

Considerando que el acoso psicológico a madres y embarazadas es otra forma de violencia o maltrato que sufren las mujeres que se desarrolla fundamentalmente en la esfera familiar o de pareja y en las esferas social y profesional, hasta llegar al despido o el abandono del empleo y a situaciones de discriminación y depresión,

R.

Considerando que, en su Estrategia para la igualdad de género 2010-2015, la Comisión subrayó que la violencia de género es uno de los problemas clave que deben solucionarse para lograr una igualdad de género real,

S.

Considerando que la Comisión ha anunciado que presentará en 2011 una propuesta de estrategia para combatir la violencia contra las mujeres, pero en el programa de trabajo de la Comisión para 2011 no aparece ninguna referencia explícita a esta estrategia,

1.

Acoge con satisfacción el compromiso asumido por la Comisión en su Plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo de presentar en 2011-2012 una «Comunicación sobre la estrategia para combatir la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica y la mutilación genital femenina, a la que deberá seguir un plan de acción de la UE» (11);

2.

Propone un nuevo enfoque político integral contra la violencia de género que incluya:

3.

Insta a los Estados miembros a que tipifiquen como delitos la violación y la violencia sexual contra las mujeres, en particular dentro del matrimonio y en las relaciones íntimas no oficializadas, y/o la ejercida por miembros masculinos de la familia cuando no existe consentimiento por parte de la víctima, a que persigan de oficio a los autores de este tipo de delito y a que rechacen cualquier referencia a prácticas culturales tradicionales o religiosas como circunstancia atenuante de la responsabilidad del autor del delito en los casos de violencia contra las mujeres, incluidos los llamados «delitos de honor» y las mutilaciones genitales;

4.

Reconoce que la violencia contra las mujeres es una de las formas más graves de violación de los derechos humanos por razones de género y que la violencia doméstica contra otras víctimas, como niños, hombres y personas de edad avanzada, es también un fenómeno oculto que afecta a demasiadas familias como para ser pasado por alto;

5.

Destaca que presenciar violencia física, sexual o psicológica y malos tratos entre los progenitores u otros miembros de la familia tiene un grave impacto en los niños;

6.

Pide a los Estados miembros que, en lo relativo a los niños que son testigos de cualquier forma de violencia, desarrollen un asesoramiento psicosocial adecuado, concebido específicamente para los niños a fin de tratar sus experiencias traumáticas, y que se atienda debidamente al interés superior del niño;

7.

Destaca que las mujeres migrantes, incluidas las indocumentadas, y las mujeres solicitantes de asilo constituyen dos subcategorías particularmente vulnerables a la violencia de género;

8.

Subraya la importancia de una formación adecuada para todos los que trabajan con mujeres víctimas de la violencia de género, en particular para los representantes del sistema judicial y de garantía del cumplimiento de la ley, entre los que destacan la policía, los jueces, los trabajadores sociales y el personal sanitario;

9.

Pide a la Comisión que recurra a todos los conocimientos especializados disponibles para desarrollar y proporcionar estadísticas anuales sobre la violencia de género, que incluyan cifras sobre las mujeres asesinadas cada año por su pareja o ex pareja, basadas en los datos de los Estados miembros;

10.

Hace hincapié en que la investigación en el ámbito de la violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres y, a un nivel más general, de la violencia de género y sexual debe incluirse como un ámbito de investigación multidisciplinaria en el futuro octavo programa marco de investigación y desarrollo tecnológico;

11.

Pide a la Comisión que considere la posibilidad de establecer un observatorio de la violencia contra las mujeres sobre la base de las notificaciones de asuntos judiciales relacionados con la violencia contra las mujeres;

12.

Pide a la Comisión que mantenga sus esfuerzos por luchar contra la violencia a través de programas comunitarios, en particular el programa Daphne, que ya ha contribuido con éxito a la lucha contra la violencia contra las mujeres;

13.

Toma nota de que la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea encuestará a una muestra representativa de mujeres de todos los Estados miembros sobre sus experiencias con la violencia, y pide que el centro de interés se sitúe en la evaluación de las respuestas que las mujeres reciben de las diferentes autoridades y servicios de apoyo cuando denuncian casos de violencia;

14.

Insta a los Estados miembros a que reflejen con claridad en sus estadísticas nacionales la magnitud de la violencia de género y a que adopten las medidas necesarias para asegurar la recopilación de datos sobre la violencia de género, por ejemplo, el sexo de las víctimas, el sexo de los agresores, la relación entre ellos, la edad, el lugar del delito y las lesiones causadas;

15.

Pide a la Comisión que presente un estudio sobre el impacto financiero de la violencia contra las mujeres, teniendo en cuenta estudios que adoptan metodologías que permiten cuantificar en términos financieros el impacto de la violencia contra las mujeres en los sistemas sanitarios, los sistemas de seguridad social y el mercado de trabajo;

16.

Pide a la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y al Instituto Europeo de la Igualdad de Género que lleven a cabo investigaciones sobre la omnipresencia de la violencia en las relaciones de adolescentes y de cómo esto repercute en su bienestar;

17.

Señala que el acecho, del que el 87 % de todas las víctimas son mujeres, causa traumas psicológicos y estrés emocional grave y que, por tanto, el acecho debe considerarse una forma de violencia contra las mujeres que debe contemplarse en un marco jurídico en todos los Estados miembros;

18.

Toma nota de que prácticas tradicionales dañinas como la mutilación genital femenina y los denominados «asesinatos de honor» son formas muy contextualizadas de violencia contra las mujeres y, por consiguiente, insta a la Comisión a que preste una atención específica a estas prácticas tradicionales dañinas en su Estrategia para combatir la violencia contra las mujeres;

19.

Reconoce el grave problema que supone en la Unión Europea la prostitución, incluida la prostitución infantil, y pide que se estudie más a fondo la relación existente entre el marco jurídico y la forma y el alcance de la prostitución existente en cada Estado miembro; llama la atención sobre el preocupante aumento de la trata de seres humanos hacia la UE y dentro de la misma, tráfico que afecta especialmente a las mujeres y los niños, e insta a los Estados miembros a que adopten medidas enérgicas para combatir esta práctica ilegal;

20.

Pide que los Estados miembros reconozcan el grave problema de las madres de alquiler, que constituye una explotación del cuerpo femenino y sus órganos de reproducción;

21.

Subraya que tanto las mujeres como los niños son objeto de las mismas formas de explotación, y que ambos pueden ser vistos como productos en el mercado reproductivo internacional, y que, a través de nuevos acuerdos de reproducción como las madres de alquiler, están aumentando la trata de mujeres y niños y el número de adopciones ilegales transfronterizas;

22.

Señala que la violencia doméstica ha sido identificada como la causa principal de aborto o muerte fetal y de muerte de las madres durante el parto, y pide a la Comisión que preste más atención a la violencia contra las mujeres embarazadas, puesto que el agresor pone en peligro la vida de más de una persona;

23.

Señala que la sociedad civil, en particular las ONG, las asociaciones de mujeres y otras organizaciones de voluntariado públicas y privadas que proporcionan apoyo a las víctimas de violencia, ofrecen un servicio de gran valor, en particular acompañando a las mujeres víctimas en su voluntad de romper el silencio en el que la violencia les encierra, por lo que deberían contar con el apoyo de los Estados miembros;

24.

Reitera que es necesario trabajar con las víctimas y también con los agresores con miras a aumentar la concienciación de estos últimos y a contribuir a cambiar estereotipos y creencias determinadas por actitudes sociales que generan este tipo de violencia y su aceptación;

25.

Pide a los Estados miembros que creen centros de acogida para mujeres, que deberán ofrecer servicios especializados, tratamiento médico, asistencia jurídica, asesoramiento psicológico y terapéutico, asesoramiento jurídico durante los procedimientos judiciales, ayuda a los niños expuestos a la violencia, etc., con el fin de ayudar a las mujeres y los niños a vivir una vida autodeterminada sin violencia y sin pobreza;

26.

Subraya que los Estados miembros deberían destinar recursos adecuados a la prevención y la lucha contra la violencia que sufren las mujeres, incluido el recurso a los Fondos Estructurales;

27.

Subraya la importancia de que los Estados miembros y la autoridades regionales y locales tomen medidas a través de instrumentos como el FSE o el programa Progress para facilitar la reinserción en el mercado laboral de las mujeres víctima de la violencia de género;

28.

Pide a la UE y a sus Estados miembros que establezcan un marco jurídico que confiera a las mujeres inmigrantes el derecho a tener un pasaporte y un permiso de residencia propios y que permita considerar responsable penalmente a toda persona que se apodere de dichos documentos;

29.

Reitera la opinión expresada en su Resolución de 25 de febrero de 2010 de que la Unión Europea, dentro del nuevo marco jurídico establecido por el Tratado de Lisboa, debería ser parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDCM) y su Protocolo Facultativo;

30.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que traten a escala internacional la violencia contra las mujeres y la dimensión de género de las violaciones de derechos humanos, en particular en el contexto de los acuerdos bilaterales de asociación y de los acuerdos comerciales internacionales en vigor y los que se están negociando;

31.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

2.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 296/34

—

Vistas la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 7 de julio de 2010, titulada «Hacia una política global europea en materia de inversión internacional» (COM(2010)0343), así como la propuesta presentada por la Comisión, de 7 de julio de 2010, de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países (COM(2010)0344),

—

Vistas la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010 titulada «Europa 2020 - Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020), así como la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 9 de noviembre de 2010, titulada «Comercio, crecimiento y asuntos mundiales – La política comercial como elemento fundamental de la Estrategia 2020 de la UE» (COM(2010)0612),

—

Vistas las conclusiones del Consejo de 25 de octubre de 2010 sobre una política europea de carácter global en materia de inversiones internacionales,

—

Vistas las Directrices actualizadas de la OCDE para las empresas multinacionales,

—

Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el incumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones y, en particular, la sentencia de 3 de marzo de 2009, Comisión/Austria (Asunto C-205/06); de 3 de marzo de 2009, Comisión/Suecia (Asunto C-249/06); y de 19 de noviembre de 2009, Comisión/Finlandia (Asunto C-118/07),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0070/2011),

A.

Considerando que en virtud del Tratado de Lisboa las inversiones extranjeras directas son competencia exclusiva de la UE, tal y como se establece en el artículo 3, apartado 1, letra e), y en los artículos 206 y 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

B.

Considerando que desde 1959 los Estados miembros han celebrado más de 1 200 acuerdos bilaterales de inversión (ABI) sobre una vertiente bilateral y que se ha celebrado un total de 3 000 acuerdos de este tipo, aproximadamente,

C.

Considerando que es generalmente reconocido que las inversiones extranjeras pueden mejorar la competitividad de los países de acogida pero que puede ser necesaria una ayuda al reajuste para los trabajadores menos cualificados en el caso de las inversiones externas; que es responsabilidad de los gobiernos velar por que las inversiones tengan efectos benéficos y evitar los perjudiciales,

D.

Considerando que los artículos 206 y 207 no incluyen una definición de «inversiones extranjeras directas», y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (1) ha especificado su interpretación de este término basándose en tres criterios: las inversiones a largo plazo son aquellas que representan, como mínimo, el 10 % del capital social/de las acciones de la empresa participada y que brindan al inversor el control de la gestión de las operaciones de la empresa participada, de conformidad con la definición del FMI y de la OCDE y a diferencia, en particular, de las inversiones en cartera y de los derechos de propiedad intelectual; que resulta difícil diferenciar claramente entre inversiones extranjeras directas e inversiones en cartera y que será difícil emplear una definición jurídica sólida en relación con las prácticas inversoras del mundo real,

E.

Considerando que algunos Estados miembros utilizan definiciones amplias del término «inversor extranjero» de modo que una simple dirección postal es suficiente para determinar la nacionalidad de una empresa, y que esta situación ha permitido a algunas empresas presentar un recurso contra sus propios países al amparo de un acuerdo bilateral de inversión celebrado por un tercer país, así como que cualquier empresa europea debería tener la posibilidad de poder apoyarse en futuros acuerdos de la UE en materia de inversión o en acuerdos de libre comercio que incluyan capítulos en materia de inversiones,

F.

Considerando que la aparición de nuevos países con grandes capacidades de inversión como potencias a nivel regional o mundial ha modificado la percepción clásica según la cual los inversores proceden exclusivamente de los países desarrollados,

G.

Considerando que, tras los primeros casos de resolución de litigios en la década de los 90, y a pesar de unas experiencias generalmente positivas, quedaron patentes una serie de problemas consecuencia de la utilización de un lenguaje vago que daba pie a distintas interpretaciones, en particular en lo que se refiere al riesgo de conflicto entre los intereses privados y la misión reguladora de las autoridades públicas, por ejemplo en los casos en los que la adopción de medidas legislativas legítimas supuso la condena de un Estado por violación del principio relativo a un «trato justo y equitativo» en el marco de un arbitraje internacional,

H.

Considerando que los EE.UU. y Canadá, que figuraban entre los primeros Estados contra los que se dictaron estas sentencias, han adaptado su propio modelo de acuerdos bilaterales de inversión para limitar el margen de interpretación de las instancias de arbitraje y garantizar una mayor protección de su capacidad de intervención pública,

I.

Considerando que la Comisión ha elaborado una lista de los países que serán socios privilegiados en relación con la negociación de los primeros acuerdos de inversión (Canadá, China, la India, Mercosur, Rusia y Singapur),

J.

Considerando que el recién creado Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) también reforzará la presencia y el papel de la UE a escala mundial, incluida la promoción y la defensa de los objetivos comerciales de la UE en el ámbito de las inversiones,

1.

Reconoce que, como consecuencia del Tratado de Lisboa, las inversiones extranjeras directas son ahora competencia exclusiva de la UE; señala que esta nueva competencia de la UE plantea un doble desafío en relación, por una parte, con la gestión de los acuerdos bilaterales de inversión vigentes y, por otra parte, con la definición de una política europea en materia de inversión que responda a las expectativas de los Estados inversores y de los beneficiarios, así como a los intereses económicos de carácter más amplio de la Unión Europea y sus objetivos de política exterior;

2.

Acoge con satisfacción esta nueva competencia de la UE y pide a la Comisión y a los Estados miembros que aprovechen esta oportunidad para elaborar, conjuntamente con el Parlamento, una política de inversión integrada y coherente que promueva las inversiones de alta calidad y contribuya positivamente al progreso económico del mundo y al desarrollo sostenible; considera que el Parlamento debe participar adecuadamente en la configuración de la futura política de inversión, lo que requiere que se le consulte adecuadamente sobre los mandatos de las negociaciones futuras y que se le transmita regularmente información pertinente sobre las negociaciones en curso;

3.

Señala que la UE forma un bloque económico importante con un peso considerable en las negociaciones; considera que una política común en materia de inversiones puede cumplir las expectativas de los inversores y de los Estados afectados y puede contribuir a incrementar la competitividad de la UE y de sus empresas y a aumentar el empleo;

4.

Señala la necesidad de un marco europeo coordinado, diseñado para aportar seguridad y alentar los principios y los objetivos de la UE;

5.

Recuerda que en la fase presente de la globalización se ha registrado un aumento drástico de las inversiones extranjeras directas, que en 2007, un año antes de que las inversiones se vieran afectadas por la crisis económica y financiera mundial, alcanzaron un máximo histórico de 1,5 trillones de euros, y que la UE fue la principal fuente de estas inversiones a nivel económico mundial; pone de relieve, no obstante, que en 2008 y 2009 las inversiones descendieron debido a la crisis económica y financiera mundial; hace hincapié en que cerca del 80 % del valor total de las inversiones extranjeras directas en el mundo se refieren a fusiones y adquisiciones transfronterizas;

6.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión «Hacia una política global europea de inversión internacional» pero subraya que, si bien se centra en gran medida en la protección de los inversores, deberá, por el contrario, abordar el derecho a proteger la capacidad de regulación de los poderes públicos y cumplir la obligación de la UE de adoptar políticas coherentes en materia de desarrollo;

7.

Considera que las inversiones pueden influir positivamente en el crecimiento y el empleo no solamente en la UE sino también en los países en desarrollo en la medida en que los inversores contribuyan activamente a la consecución de los objetivos de desarrollo de los Estados de acogida, por ejemplo apoyando la economía local mediante la transferencia de tecnología y utilizando la mano de obra y los insumos locales;

8.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta las lecciones aprendidas a nivel multilateral, plurilateral y bilateral, en particular en relación con el fracaso de las negociaciones de la OCDE sobre un acuerdo multilateral en materia de inversiones;

9.

Insta a la Comisión a que elabore de forma detenida y coordinada una estrategia de la UE en materia de inversiones basada en las mejores prácticas de los acuerdos bilaterales de inversión; observa las divergencias de contenido entre los acuerdos de los Estados miembros y pide a la Comisión que solucione estas divergencias a fin de establecer un modelo sólido para los acuerdos de inversión de la UE, que también pueda adaptarse al nivel de desarrollo del país asociado;

10.

Pide a la Comisión que presente con la mayor celeridad posible unas orientaciones no obligatorias, por ejemplo, en forma de modelos de acuerdos bilaterales de inversión, que los Estados miembros puedan utilizar para aumentar la seguridad y la coherencia;

11.

Pide a la Comisión que elabore una definición clara de las inversiones que deben protegerse, incluidas tanto las inversiones extranjeras directas como las inversiones de cartera; considera, no obstante, que no se protegerán las formas especulativas de inversión, tal y como las define la Comisión; insiste en que, en aquellos casos en que los derechos de propiedad intelectual estén incluidos en el ámbito del acuerdo de inversiones, incluidos los acuerdos para los que ya se ha propuesto un proyecto de mandato, las disposiciones deberían evitar tener consecuencias negativas sobre las producción de medicamentos genéricos y deben respetar las excepciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS) en relación con la salud pública;

12.

Observa con preocupación que la negociación de una amplia gama de inversiones conllevaría una amalgama de competencias exclusivas y compartidas;

13.

Solicita que se introduzca el término «inversor de la UE» lo que, sobre la base del espíritu del artículo 207 del TFUE, pondría de relieve la importancia de promover a los inversores de todos los Estados miembros en pie de igualdad, garantizándoles las mismas condiciones en términos de funcionamiento y de protección de sus inversiones;

14.

Recuerda que los acuerdos bilaterales de inversión habituales de los Estados miembros de la UE utilizan una definición amplia de «inversor extranjero»; pide a la Comisión que examine si esta situación ha generado prácticas abusivas; pide a la Comisión que elabore una definición más clara de «inversor extranjero» basada en este examen y en la definición de referencia de «inversión extranjera directa» de la OCDE;

15.

Subraya que la protección de todos los inversores de la UE debe seguir siendo la principal prioridad de los acuerdos de inversión;

16.

Señala que la negociación de acuerdos bilaterales de inversión es un proceso que lleva mucho tiempo; pide a la Comisión que invierta teniendo en cuenta sus recursos personales y materiales en la negociación y celebración de acuerdos de inversión de la UE;

17.

Considera que la petición formulada por el Consejo en sus conclusiones sobre la Comunicación, en el sentido de que el nuevo marco jurídico europeo no debería repercutir negativamente sobre la protección de los inversores y las garantías de las que disfrutan en el marco de los acuerdos vigentes, podría generar el riesgo de oponerse a todo nuevo acuerdo y podría poner en peligro el equilibrio necesario entre la protección de los inversores y la protección del derecho a la regulación en una época de aumento de las inversiones extranjeras en la UE; considera, asimismo, que esta formulación del criterio de evaluación podría ser contraria al espíritu y a la letra del artículo 207 del TFUE;

18.

Considera que la necesidad de definir las mejores prácticas, a las que también se refiere el Consejo en sus conclusiones, es una opción más razonable y eficaz que permite desarrollar una política europea coherente en materia de inversiones;

19.

Considera que los futuros acuerdos de inversión que celebre la Unión Europea deberían basarse en las mejores prácticas de las experiencias de los Estados miembros e incluir las normas siguientes:

20.

Pide a la Comisión que realice una evaluación del impacto potencial de la inclusión de una cláusula general en los futuros acuerdos europeos de inversión y que presente un informe al Parlamento y al Consejo;

21.

Solicita a la Comisión que garantice la reciprocidad al negociar el acceso a los mercados con sus principales socios comerciales desarrollados y las principales economías emergentes teniendo en cuenta la necesidad de excluir los sectores sensibles y de mantener una asimetría en las relaciones comerciales de la UE con los países en desarrollo;

22.

Señala que el aumento de la seguridad jurídica esperado ayudará, sin duda, a las PYME a invertir en el extranjero y señala, a este respecto, que la voz de las PYME deberá ser oída en las negociaciones;

23.

Subraya que los futuros acuerdos de inversión celebrados por la Unión Europea deben respetar la capacidad de intervención pública;

24.

Expresa su profunda preocupación por el nivel de discreción del que disfrutan las instancias de arbitraje internacional para hacer una interpretación amplia de las cláusulas de protección de los inversores, lo que ha llevado a descartar una regulación legítima de carácter público; pide a la Comisión que elabore unas definiciones claras de las normas de protección de los inversores con el fin de evitar estos problemas en los nuevos acuerdos de inversión;

25.

Solicita a la Comisión que incluya en todos los acuerdos que se celebren en el futuro cláusulas específicas que prevean el derecho de las partes de un acuerdo a regular, entre otros ámbitos, en los ámbitos de la protección de la seguridad nacional, el medio ambiente, la salud pública, los derechos de los trabajadores y de los consumidores, la política industrial, y la diversidad cultural;

26.

Subraya que la Comisión decidirá caso por caso los sectores que no entren en los acuerdos futuros como, por ejemplo, sectores sensibles como la cultura, la educación, la salud pública y aquellos que tienen una importancia estratégica para la defensa nacional, y pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo sobre el mandato que ha recibido en cada caso; señala que la UE también debe ser consciente de las preocupaciones de sus socios en desarrollo y que no debe pronunciarse a favor de un mayor grado de liberalización si éstos consideran necesario para su desarrollo proteger determinados sectores, en particular los servicios públicos;

27.

Subraya que la futura política de la UE también debe promover inversiones sostenibles, respetuosas del medio ambiente (en particular en el ámbito de las industrias extractivas) y que alienten el establecimiento de unas condiciones de trabajo de calidad en las empresas objeto de la inversión; pide a la Comisión que en todos los futuros acuerdos incluya una referencia a las Directrices actualizadas de la OCDE para las empresas multinacionales;

28.

Reitera, en relación con los capítulos en materia de inversión de los acuerdos de libre comercio (ALC) más amplios, su llamamiento a favor de la inclusión de una cláusula sobre la responsabilidad social de las empresas y de unas cláusulas de carácter social y medioambiental eficaces en todos los ALC que celebre la UE;

29.

Pide que la Comisión estudie la forma en que este tipo de cláusulas se han incluido en los acuerdos bilaterales de inversión de las Estados miembros, así como el modo en que podrían incluirse en los futuros acuerdos de inversión de carácter autónomo;

30.

Acoge con satisfacción el hecho de que en una serie de acuerdos bilaterales de inversión figure en la actualidad una cláusula que impide relajar la legislación social y medioambiental con el fin de atraer inversiones, y pide a la Comisión que examine la posibilidad de incluir una cláusula de esta naturaleza en sus acuerdos futuros;

31.

Considera que deben introducirse modificaciones en el mecanismo existente de resolución de litigios a fin de garantizar una mayor transparencia, la posibilidad de que las partes puedan interponer recursos, la obligación de agotar los recursos judiciales existentes a nivel local si presentan garantías suficientes en relación con un proceso adecuado, la posibilidad de recurrir a la práctica denominada amicus curiae, y la obligación de seleccionar un solo lugar de arbitraje entre el Estado y los inversores;

32.

Considera que, para garantizar una protección global de las inversiones, junto a los mecanismos de resolución de litigios entre Estados, deben existir, también, mecanismos entre los inversores y los Estados;

33.

Es consciente de que la UE no puede recurrir a los mecanismos de resolución de litigios existentes del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ni de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ya que la UE no es miembro de ninguna de estas dos organizaciones; solicita a la UE que incluya un capítulo sobre resolución de litigios en cada uno de los acuerdos de inversión nuevos que celebre la UE de conformidad con las reformas que se sugieren en la presente resolución; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que asuman sus responsabilidades como partes importantes a nivel internacional en las labores encaminadas a introducir las reformas necesarias de las normas del CIADI y de la CNUMCI;

34.

Pide a la Comisión que presente soluciones que permitan a las PYME financiar mejor los elevados costes de los mecanismos de resolución de litigios;

35.

Pide a la Comisión que en el plazo más breve posible presente un reglamento sobre el reparto de responsabilidades a nivel nacional y de la UE, en particular en términos financieros, en caso de que la UE pierda un proceso en el contexto de un arbitraje internacional;

36.

Hace suyo el principio de que los socios prioritarios de los futuros acuerdos de la UE en materia de inversión deberán ser países con un mercado que presente un gran potencial pero en los que los inversores extranjeros deben estar mejor protegidos;

37.

Señala que el riesgo de inversión es generalmente superior en los países en desarrollo y en los menos desarrollados y que una protección de los inversores sólida y eficaz, por medio de acuerdos de inversión, resulta clave para proteger a los inversores europeos y para mejorar la gobernanza, generando el entorno estable necesario para aumentar las inversiones extranjeras directas en estos países; toma nota de que los acuerdos de inversión, para beneficiar en mayor medida a estos países, deberían basarse, asimismo, en una serie de obligaciones de los inversores en materia de respeto de los derechos humanos y de las normas en materia de lucha contra la corrupción, en el contexto de una asociación más amplia entre la UE y los países en desarrollo, con el propósito de reducir la pobreza; pide a la Comisión que examine a los futuros socios viables sobre la base de la experiencia de los Estados miembros con los acuerdos bilaterales de inversión;

38.

Expresa su preocupación al observar que las inversiones extranjeras directas en los países menos desarrollados están extremadamente limitadas y tienden a concentrarse en los recursos naturales;

39.

Considera que en los países en desarrollo debe concederse más apoyo a las empresas locales, en particular mediante incentivos para reforzar su productividad, aumentar la cooperación y mejorar las cualificaciones de su mano de obra, ámbitos con un potencial considerable de estímulo del desarrollo económico, la competitividad y el crecimiento en los países en desarrollo; alienta, asimismo, la transferencia de nuevas tecnologías verdes de la UE a los países en desarrollo como mejor modo de promover un crecimiento verde y sostenible;

40.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que tengan plenamente en cuenta la posición del Parlamento antes de entablar negociaciones en materia de inversiones, así como durante dichas negociaciones; recuerda el contenido del Acuerdo marco relativo a las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión y pide a la Comisión que consulte al Parlamento sobre los proyectos de mandatos de negociación con la suficiente antelación para que pueda exponer su posición, que, a su vez, deber ser tenida debidamente en cuenta por la Comisión y el Consejo;

41.

Destaca la necesidad de incluir el papel de las delegaciones del SEAE en la estrategia de la futura política en materia de inversiones y reconocer su potencial y conocimiento de las condiciones locales, que constituyen un recurso estratégico para alcanzar los objetivos de esta nueva política;

42.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a los Estados miembros, así como al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.

2.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 296/40

—

Vistas sus Resoluciones sobre los anteriores informes anuales de la Comisión y de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF),

—

Visto el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 14 de julio de 2010, titulado «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea – Lucha contra el fraude – Informe anual 2009» (COM(2010)0382), incluidos sus anexos (SEC(2010)0897 y SEC(2010)0898),

—

Visto el Décimo Informe de Actividad de la OLAF – Informe anual 2010 (1),

—

Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2009, acompañado de las respuestas de las instituciones (2),

—

Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno y décimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio 2009, acompañado de las respuestas de la Comisión (3),

—

Vistos los artículos 319, apartado 3, y 325, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4),

—

Vista su Declaración, de 18 de mayo de 2010, sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción (5), cuyo fin es garantizar que los fondos de la UE no sean objeto de corrupción,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0050/2011),

1.

Lamenta que, en general, el informe de la Comisión sobre «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea – Lucha contra el fraude – Informe anual 2009» (COM(2010)0382) (denominado en lo sucesivo «informe PIF 2009»), presentado de conformidad con el artículo 325, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no contenga información sobre el nivel estimado de irregularidades y fraudes en cada Estado miembro, dado que se centra en el nivel de notificación, por lo que resulta imposible tener una visión general del nivel real de irregularidades y fraudes en los Estados miembros e identificar y sancionar a aquellos que registran el nivel de irregularidades y fraudes más elevado;

2.

Recuerda que el fraude es un comportamiento irregular intencionado que constituye una infracción penal, y que la irregularidad es el incumplimiento de una norma; lamenta que el informe de la Comisión no aborde el fraude en profundidad y trate muy exhaustivamente las irregularidades; señala que el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se refiere al fraude y no a las irregularidades, y pide que se haga una distinción entre fraude y error o irregularidad;

3.

Señala que, en los últimos años, se han desarrollado técnicas de medición del fraude, en el marco de un intento más amplio de luchar contra la corrupción, e insta a la Comisión a que impulse esta labor de investigación y aplique, inicialmente como proyectos piloto, en cooperación con los Estados miembros, los nuevos métodos adecuados que se están desarrollando para medir los fenómenos de las irregularidades y el fraude;

4.

Pide a la Comisión que ejerza su responsabilidad garantizando que los Estados miembros cumplen con sus obligaciones de información para así disponer de datos fiables y comparables sobre las irregularidades y el fraude, aunque ello implique que la Comisión tenga que modificar el régimen de sanciones por incumplimiento de dichas obligaciones de información;

5.

Lamenta que una gran cantidad de fondos de la Unión Europea se siga gastando indebidamente y pide a la Comisión que adopte medidas apropiadas con vistas a garantizar una rápida recuperación de esos fondos;

6.

Expresa su preocupación por el nivel de las irregularidades pendientes de recuperación o declaradas irrecuperables en Italia a finales del ejercicio de 2009;

7.

Pide a la Comisión que responsabilice más a los Estados miembros en relación con las irregularidades cuyos importes asociados aún no se han recuperado;

8.

Señala que la legislación de la Unión exige que los Estados miembros comuniquen todas las irregularidades a más tardar dos meses después del final del trimestre en el que la irregularidad haya sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial y/o se obtenga nueva información acerca de una irregularidad ya conocida; pide a los Estados miembros que hagan todos los esfuerzos necesarios, incluida la racionalización de los procedimientos administrativos nacionales, para cumplir los plazos requeridos y reducir el desfase entre el momento en que una irregularidad ha sido detectada y el momento en que se comunica; pide a los Estados miembros que actúen principalmente como protectores del dinero de los contribuyentes en sus esfuerzos de lucha contra el fraude;

9.

Pregunta por las medidas que ha tomado la Comisión para luchar contra el aumento de sospechas de fraude, tanto del número de casos como de los importes, en comparación con el número total de casos de irregularidades registrados en los Estados miembros de Polonia, Rumanía y Bulgaria;

10.

Expresa su preocupación por el índice de sospechas de fraude, inusitadamente bajo, de España y Francia, especialmente teniendo en cuenta su tamaño y el apoyo financiero que reciben, como describe la Comisión en su informe PIF 2009, y pide por lo tanto a la Comisión que incluya información detallada sobre el método de comunicación usado y sobre la capacidad de detección de fraude en dichos Estados;

11.

Pide a aquellos Estados miembros que aún no han ratificado ni el Convenio, de 26 de julio de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (6) ni sus Protocolos (7) (instrumentos PIF), como la República Checa, Malta y Estonia, que procedan a la ratificación de estos instrumentos jurídicos sin demora; insta a los Estados miembros que han ratificado los instrumentos PIF a que intensifiquen los esfuerzos por reforzar su Derecho penal nacional para proteger los intereses financieros de la Unión, en particular centrándose en las carencias que pone de manifiesto el Segundo informe de la Comisión sobre la aplicación del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y sus Protocolos (COM(2008)0077);

12.

Celebra la introducción en 2009 del Sistema de gestión de irregularidades, desarrollado y aplicado por la OLAF, así como los resultados positivos que ha permitido conseguir; expresa su preocupación por el hecho de que la Comisión achaque el aumento del número de casos notificados y las repercusiones financieras al uso de la nueva tecnología de comunicación; pide a la Comisión que informe con todo detalle al Parlamento del método usado por la nueva tecnología de comunicación recientemente introducida y que lo incluya en el informe del próximo año; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente el Sistema de gestión de irregularidades y cumplan mejor con su obligación de comunicación;

13.

Pide a la Comisión que, en el informe del próximo año, incluya el volumen de irregularidades notificadas gracias a la nueva tecnología de comunicación en comparación con los métodos tradicionales de comunicación; pide a los Estados miembros que mejoren la rapidez con que se notifican las irregularidades;

14.

Lamenta una vez más, habida cuenta de las serias dudas acerca de la calidad de la información facilitada por los Estados miembros, que la Comisión ponga más empeño en convencer al Parlamento Europeo de la necesidad de introducir un «margen de error tolerable» que en persuadir a los Estados miembros de la necesidad de unas declaraciones nacionales de gestión obligatorias, debidamente auditadas por el organismo nacional de auditoría y consolidadas por el Tribunal de Cuentas; pide a la Comisión que ofrezca al Parlamento Europeo, en cooperación con los Estados miembros y elaborando un informe adecuado en línea con el Tratado, una garantía razonable de que se ha alcanzado este objetivo o que se están llevando a cabo adecuadamente las medidas de lucha contra el fraude;

15.

Expresa su preocupación por la cantidad de casos de fraude existente en comparación con las irregularidades en el sector de los recursos propios en los Estados miembros de Austria, España, Italia, Rumanía y Eslovaquia, ya que el fraude constituye más de la mitad de la cantidad total de irregularidades en cada uno de dichos Estados miembros; pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias, incluida una estrecha cooperación con las instituciones europeas, para abordar todas las causas de fraude en relación con los fondos de la UE;

16.

Lamenta las carencias en la supervisión de las autoridades aduaneras nacionales señaladas por el Tribunal de Cuentas —en particular en la realización de los análisis de riesgo para la selección de los operadores y las importaciones que han de someterse al control aduanero—, que aumentan el riesgo de que las irregularidades no se detecten y pueden llevar a una pérdida de recursos propios tradicionales; pide a los Estados miembros que refuercen sus sistemas de control aduanero y a la Comisión que preste la asistencia necesaria en este sentido;

17.

Destaca el hecho de que aproximadamente el 70 % de todos los procedimientos aduaneros de importación se hayan simplificado, lo que repercute notablemente en la recaudación de los recursos propios tradicionales y en la eficacia de la política comercial común; encuentra inaceptable, en este contexto, la falta de controles eficaces de los procedimientos simplificados para las importaciones en los Estados miembros, tal como se señala en el Informe Especial del Tribunal de Cuentas no 1/2010, y pide a la Comisión que siga examinando la eficacia de los controles de los procedimientos simplificados en los Estados miembros y, en particular, que evalúe los avances por lo que se refiere a la realización, por parte de los Estados miembros, de las auditorías a posteriori, y presente los resultados de dicha evaluación al Parlamento antes de finales de 2011;

18.

Toma nota del resultado de las investigaciones realizadas por la OLAF en el ámbito de los recursos propios; expresa su profunda preocupación por el nivel de fraude registrado en las importaciones de mercancías procedentes de China e insta a los Estados miembros a que recuperen los importes devengados sin más tardar;

19.

Acoge con satisfacción el éxito de la operación aduanera conjunta Diábolo II, en la que participaron agentes de aduanas de 13 países asiáticos y de los 27 Estados miembros de la UE bajo la coordinación de la Comisión Europea a través de la OLAF;

20.

Expresa su satisfacción por los acuerdos que la Unión Europea y sus Estados miembros han celebrado con las tabacaleras para luchar contra el comercio ilícito de tabaco; considera que continuar trabajando en la lucha contra el contrabando de cigarrillos favorece los intereses financieros de la UE, ya que la pérdida anual de ingresos para el presupuesto de la UE por esta causa se estima en unos mil millones de euros; insta a la OLAF a que siga desempeñando un papel de primer orden en las negociaciones internacionales relativas a un Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, en el marco del artículo 15 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, el cual contribuiría a la lucha contra el comercio ilícito en la Unión; considera que la Comisión y los Estados miembros implicados deberían utilizar los 500 millones de euros que tienen que abonar las dos empresas en cuestión —British American Tobacco e Imperial Tobacco— para reforzar las medidas de lucha contra el fraude;

21.

Celebra la conclusión de la Comisión de que, en general, la disciplina de notificación en este grupo de políticas ha mejorado y que el cumplimiento alcanza hoy por hoy el 95 %; pide a aquellos Estados miembros que siguen sin informar a su debido tiempo (Austria, Finlandia, los Países Bajos, Eslovaquia y el Reino Unido) que remedien esta situación lo antes posible;

22.

Pide a la Comisión que siga de cerca la situación en España e Italia, países que notificaron, respectivamente, el número de casos de irregularidades más alto y los mayores importes alcanzados, y que informe al Parlamento Europeo sobre las medidas concretas que se adopten para subsanar los problemas en estos dos Estados miembros;

23.

Pide a la Comisión que averigüe si la disparidad entre un gasto más elevado y un índice mínimo de casos de irregularidades comunicado y la considerable variación de los índices de irregularidades comunicados (Estonia 88,25 %; Chipre, Hungría, Letonia, Malta, Eslovenia y Eslovaquia 0,00 %), responden o no a la eficacia de los sistemas de control, con el fin de proceder a su revisión;

24.

Expresa su honda preocupación por el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya constatado que los pagos correspondientes al año 2009 en este grupo de políticas contienen errores materiales y que los sistemas de supervisión y control son, en el mejor de los casos, parcialmente eficaces a la hora de garantizar la regularidad de los pagos; lamenta que el Tribunal de Cuentas haya comprobado que si bien el sistema integrado de gestión y control (SIGC) ha sido, en principio, bien concebido, su eficacia resulta perjudicada por la presencia de datos inexactos en las bases de datos, controles cruzados incompletos o un seguimiento incorrecto o incompleto de las anomalías; pide a la Comisión que haga un estrecho seguimiento de la eficacia de los sistemas de supervisión y control establecidos en los Estados miembros, con el fin de garantizar que la información sobre el índice de irregularidades por Estado miembro refleja fielmente la situación actual; pide a la Comisión que solvente las deficiencias en términos de eficacia del SIGC;

25.

Toma nota de que las cifras definitivas solo pueden determinarse para los ejercicios que pueden considerarse cerrados y que, por lo tanto, hasta el momento, el ejercicio presupuestario más reciente que puede considerarse cerrado es el de 2004;

26.

Lamenta la desastrosa situación relativa al índice de recuperación total en este grupo de políticas, que, en 2009, alcanzó un 42 % de los 1 266 millones de euros pendientes a finales del ejercicio 2006; expresa su preocupación por la observación del Tribunal de Cuentas de que los 121 millones de euros recuperados en los años 2007-2009 de los beneficiarios representan menos del 10 % del total de los importes recuperados; considera que esta situación es inaceptable y pide a los Estados miembros que la resuelvan urgentemente; insta a la Comisión a que adopte todas las medidas necesarias para establecer un sistema eficaz de recuperación y que, en su informe del año próximo sobre la protección de los intereses financieros de la UE, comunique al Parlamento Europeo los avances realizados;

27.

Lamenta que los datos contenidos en el informe PIF 2009 no ofrezcan una imagen fiable del número de irregularidades y fraudes en este grupo de políticas, ya que un alto nivel de irregularidades y/o fraudes puede ser simplemente una indicación de notificación eficaz o de sistemas antifraude efectivos;

28.

Expresa su honda preocupación por el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya constatado que los pagos correspondientes al año 2009 contienen un elevado número de errores materiales (más del 5 %);

29.

Observa que una importante fuente de errores en los gastos de cohesión son los graves problemas de aplicación de las normas sobre contratación pública; pide por tanto a la Comisión que proponga, a la mayor brevedad, una nueva legislación para simplificar y modernizar estas normas;

30.

Manifiesta su profunda preocupación por la constatación del Tribunal de Cuentas de que por lo menos el 30 % de los errores observados por el Tribunal en el muestreo de 2009 podría haber sido detectado y subsanado por los Estados miembros antes de certificar los gastos a la Comisión, sobre la base de la información de que disponen; pide a los Estados miembros que se esfuercen por mejorar sus mecanismos de detección y corrección;

31.

Pide a la Comisión que facilite al Parlamento Europeo información sobre las medidas adoptadas con respecto a las irregularidades notificadas por los Estados miembros y detectadas por la Comisión en este grupo de políticas;

32.

No está conforme con que el índice de recuperación rebase el 50 % para el período de programación 2000-2006; insta a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para recuperar los importes irregulares y pide a la Comisión que adopte medidas para garantizar un mayor índice de recuperación, teniendo en cuenta que la Comisión ejecuta el presupuesto bajo su propia responsabilidad, según lo dispuesto en el artículo 317 del TFUE;

33.

Expresa su honda preocupación por el alto índice de sospechas de fraude en Bulgaria en relación con el Programa especial de adhesión en agricultura y desarrollo rural (SAPARD) en 2009, que, para todo el periodo de programación, se eleva al 20 % y representa el mayor índice registrado en todos los fondos analizados (cohesión y agricultura); señala que la mayoría de los casos de sospecha de fraude tienen su origen en intervenciones o controles externos y no internos o nacionales; observa que la Comisión cumplió adecuadamente sus obligaciones al suspender los pagos a cargo del SAPARD en 2008 y que levantó dicha suspensión el 14 de septiembre de 2009 tras haber efectuado controles minuciosos; pide a la Comisión que continúe supervisando a las autoridades búlgaras para que siga mejorando esta situación;

34.

Toma nota de que la República Checa, Estonia, Letonia y Eslovenia han notificado un índice de fraude cero en relación con el SAPARD y pone en duda la fiabilidad de la información comunicada o la capacidad de detección de fraudes de estos Estados; destaca que un índice de fraude bajo o cercano a cero podría revelar deficiencias en los sistemas de control y viceversa; insta a la Comisión a que proporcione datos sobre la eficacia de los mecanismos de control y a que aplique, junto con la OLAF, un control más estricto sobre el uso de los fondos de la UE;

35.

Considera inaceptable el bajísimo índice de recuperación en casos de sospecha de fraude relativos a los Fondos de preadhesión, que se eleva tan solo al 4,6 % para todo el período de programación, y pide a la Comisión que ponga en marcha un sistema que permita subsanar esta situación;

36.

Pide a la Comisión, a los órganos pertinentes de la Unión y a los Estados miembros que adopten medidas y prevean recursos para garantizar que los fondos de la UE no sean objeto de corrupción, que apliquen sanciones disuasorias cuando se descubran casos de corrupción y fraude y que aceleren la confiscación de los activos de origen delictivo producto del fraude, la evasión fiscal y el blanqueo de dinero;

37.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren, apliquen y evalúen periódicamente sistemas uniformes de contratación, para evitar el fraude y la corrupción, que definan y apliquen condiciones claras para la participación en la contratación pública, y criterios sobre los que se han de basar las decisiones en materia de contratación pública, y que adopten y apliquen sistemas para revisar las decisiones de contratación pública a nivel nacional y para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las finanzas públicas, así como sistemas de control interno y de gestión del riesgo;

38.

Acoge con satisfacción el Libro Verde la Comisión sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE – Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente; pide al Consejo y a la Comisión que ultimen la adopción de la reforma de las normas básicas de la UE en materia de contratación pública (Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE) antes de finales de 2012;

39.

Insta a la OLAF, a raíz de la petición del Parlamento en el informe del pasado año sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades, a que presente, en su próximo informe anual, un análisis detallado de las estrategias y medidas aplicadas por cada Estado miembro en la lucha contra el fraude y para prevenir y detectar las irregularidades en el uso de los fondos europeos, incluidos los casos generados por la corrupción; considera que se debe prestar especial atención a la ejecución de los fondos agrícolas y estructurales; opina que el informe, con 27 perfiles nacionales, debe analizar el enfoque utilizado por las autoridades judiciales y los organismos de investigación nacionales y la cantidad y calidad de los controles realizados, así como incluir estadísticas y los motivos alegados en los casos en que las autoridades nacionales no hayan presentado acusaciones tras un informe de la OLAF;

40.

Insta al Consejo, a raíz de la petición del Parlamento en el informe del pasado año sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades, a que ultime cuanto ante las celebración de los acuerdos de cooperación con Liechtenstein y confiera un mandato a la Comisión para negociar acuerdos antifraude con Andorra, Mónaco, San Marino y Suiza;

41.

Insta a la Comisión a que tome medidas para garantizar un control unificado de la transparencia de los beneficiarios de los fondos de la UE; pide a la Comisión que elabore medidas destinadas a aumentar la transparencia de las disposiciones legales y un sistema que permita que todos los beneficiarios de fondos de la UE figuren en el mismo sitio web, independientemente del administrador de los fondos y sobre la base de las categorías normalizadas de información que deben facilitar todos los Estados miembros en, al menos, una lengua de trabajo de la Unión; pide a los Estados miembros que cooperen con la Comisión y que le faciliten una información completa y fiable sobre los beneficiarios de los fondos de la UE gestionados por los Estados miembros; pide a la Comisión que evalúe el sistema de «gestión compartida» y que presente, con carácter prioritario, un informe al Parlamento;

42.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas Europeo, al Comité de Vigilancia de la OLAF y a la OLAF.

2.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 296/46

—

Vistos el artículo 10, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 224 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 12, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el Reglamento (CE) no 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea (partidos políticos europeos y fundaciones políticas europeas afiliadas, tal como se define en el artículo 2, apartados 3 y 4), y las normas relativas a su financiación (1) (en lo sucesivo, «Reglamento de financiación»), y en particular su artículo 12,

—

Vista su Resolución, de 23 de marzo de 2006, sobre los partidos políticos europeos (2),

—

Visto el informe del Secretario General a la Mesa, de 18 de octubre de 2010, sobre la financiación de los partidos políticos a escala europea, presentado de conformidad con el artículo 15 de la Decisión de la Mesa, de 29 de marzo de 2004 (3), por la que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento de financiación,

—

Vista la nota de la Mesa, de 10 de enero de 2011, como versión revisada de las Decisiones de la Mesa adoptadas el 13 de diciembre de 2010,

—

Vistos el artículo 210, apartado 6, y el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0062/2011),

A.

Considerando que el artículo 10, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea establece que «los partidos políticos a escala europea contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión», mientras que el Parlamento y el Consejo, con arreglo al artículo 224 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establecen mediante reglamentos el estatuto de los partidos políticos a escala europea y sus fundaciones políticas, en particular las normas relativas a su financiación,

B.

Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece claramente que los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión,

C.

Considerando que la Unión Europea actuará sobre la base del principio de «democracia representativa» establecido en el artículo 10, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea,

D.

Considerando que las fundaciones de partidos políticos europeos se definieron en los Tratados de Maastricht y Niza, que introducían la posibilidad de financiación y, con ello, les daba la posibilidad de disfrutar de autonomía operativa respecto a los grupos parlamentarios,

E.

Considerando que en 2007, a instancias del Parlamento (4), la Comisión presentó una propuesta para introducir la financiación de las fundaciones políticas a escala europea (fundaciones políticas europeas), que se aprobó en diciembre de 2007, con miras a respaldar a los partidos políticos europeos en el debate sobre aspectos de la política pública y sobre la integración europea,

F.

Considerando que el Reglamento de modificación de 2007 (5) tiene por objeto facilitar el proceso de integración de los partidos políticos europeos al permitir que los partidos políticos dentro de la Unión se estructuren y organicen de manera más eficaz,

G.

Considerando que el Reglamento de modificación de 2007 mejora considerablemente el papel de los partidos políticos europeos en las elecciones al Parlamento Europeo al permitir que, entre sus gastos, se incluya la financiación de campañas electorales; considerando, no obstante, que esta posibilidad queda limitada por la condición de que los créditos en cuestión no pueden utilizarse para la financiación directa o indirecta de partidos políticos o candidatos nacionales,

H.

Considerando que todos los partidos políticos europeos financiados han firmado un código de conducta, que la Mesa considera vinculante para todas las partes, que establece las normas que deben observarse durante las campañas electorales,

I.

Considerando que el refuerzo del papel de los partidos políticos europeos va necesariamente vinculado a su implicación en las elecciones al Parlamento Europeo,

J.

Considerando que el Reglamento de modificación de 2007 pide un mayor reconocimiento formal de los partidos políticos europeos,

K.

Considerando que el Reglamento de modificación de 2007 está orientado a la creación de partidos políticos con una organización completa y eficaz a escala nacional y europea a través de un proceso de institucionalización equilibrado,

L.

Considerando que el Reglamento de modificación de 2007 busca la convergencia organizativa de partidos políticos y sus fundaciones a escala europea, reconociendo al mismo tiempo las diferentes tareas efectuadas por los partidos políticos y las fundaciones políticas, respectivamente,

M.

Considerando que esta convergencia organizativa solo puede lograrse estableciendo un estatuto político, jurídico y fiscal común para los partidos políticos europeos, siempre que ello no implique también una normalización de la organización de los partidos políticos y sus fundaciones, ámbito en el cual los partidos políticos europeos y sus fundaciones tienen competencia exclusiva,

N.

Considerando que el requisito de adopción de un estatuto jurídico para los partidos políticos europeos y sus fundaciones políticas basado en el Derecho de la Unión Europea es un paso claro y significativo para la mejora de la democracia en la Unión,

O.

Considerando que la convergencia organizativa y funcional y la mejora del proceso de financiación sólo pueden conseguirse si se aprueba un estatuto europeo uniforme y común para todos los partidos políticos y sus fundaciones políticas basado en el Derecho de la Unión Europea,

P.

Considerando que el Reglamento relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea no hace una distinción entre el reconocimiento y la financiación de los partidos políticos,

Q.

Considerando que en la nota de la Mesa de 10 de enero de 2011 se recomendó endurecer los criterios para la financiación de los partidos políticos europeos, y que ello equivale a una restricción de la competencia entre los partidos a escala europea, siempre y cuando los criterios para el reconocimiento jurídico y la financiación de los partidos políticos sean idénticos,

R.

Considerando que el Reglamento de modificación de 2007 ofrece un fundamento jurídico y financiero claro para establecer partidos políticos integrados a escala de la Unión Europea, con objeto de crear una conciencia europea y expresar efectivamente la voluntad de sus ciudadanos,

S.

Considerando que la financiación de los partidos políticos está sujeto a las disposiciones del Título VI «De las subvenciones», del Reglamento financiero (6) y de sus normas de aplicación (7),

T.

Considerando que la Mesa, en cuanto organismo responsable de la aplicación del Reglamento financiero en el Parlamento, decidió en 2006 una serie de mejoras importantes a las normas de aplicación, por ejemplo incrementar la opción de prefinanciación del 50 % al 80 %, a fin de simplificar el procedimiento y aumentar la solvencia de los beneficiarios, y flexibilizar las normas sobre transferencias entre capítulos del presupuesto de los beneficiarios a fin de permitirles ajustar sus presupuestos a circunstancias políticas cambiantes,

U.

Considerando que la experiencia con la financiación de partidos políticos europeos y sus fundaciones políticas europeas afiliadas ha demostrado que necesitan una mayor flexibilidad y condiciones comparables en lo que se refiere a la prórroga de fondos al ejercicio sucesivo y a la acumulación de reservas de recursos propios más allá del nivel mínimo obligatorio de los gastos que deben financiarse con cargo a los fondos propios,

V.

Considerando que los partidos políticos europeos gastan, de media, casi la mitad de su presupuesto en administración central (personal, alquileres, etc.) y una cuarta parte en reuniones de organismos del partido (formales o informales), mientras que el resto se gasta en campañas electorales y apoyo a organizaciones afiliadas,

W.

Considerando que las fundaciones políticas europeas presentan una estructura de gastos diferente ya que, de media, el 40 % de su presupuesto va destinado a la administración central y a reuniones, mientras que otro 40 % a servicios externos como estudios, investigaciones, publicaciones y seminarios,

X.

Considerando que la principal fuente de recursos propios de los partidos políticos europeos son las cuotas abonadas por los partidos afiliados, y que menos del 5 % de sus ingresos totales provienen de las suscripciones de afiliados individuales y de donaciones,

Y.

Considerando que la cuota de sus ingresos totales procedentes del presupuesto de la Unión es mayor en el caso de los partidos políticos europeos que en el de las fundaciones políticas europeas,

Z.

Considerando que las donaciones no representan aún una parte significativa de la financiación, ya que sólo tres partidos y dos fundaciones recibieron donaciones regularmente en 2009,

AA.

Considerando que existe un conflicto potencial entre, por una parte, el objetivo de facilitar y acelerar la financiación para hacerla más eficaz, y, por otra, el objetivo de minimizar el riesgo financiero para el presupuesto de la Unión,

AB.

Considerando que, durante el período de referencia del presente informe, 2008-2011, no ha sido necesario imponer sanciones a ningún partido o fundación financiado,

AC.

Considerando que las fundaciones y los partidos políticos europeos deben adquirir personalidad jurídica conforme al Derecho del Estado miembro donde tienen su sede para poder recibir financiación y que carecen de estatuto jurídico común,

AD.

Considerando que los subsidios para las fundaciones y los partidos políticos europeos constituyen «subvenciones» en el sentido del Título VI del Reglamento financiero y sus normas de aplicación, pero que su naturaleza específica impide compararlos con cualquier otra subvención concedida y administrada por la Comisión; considerando que esta situación se refleja en un número significativo de disposiciones del Reglamento financiero que establecen excepciones y que esta situación no es satisfactoria,

1.

Señala que los partidos políticos y las fundaciones políticas vinculadas a ellos son instrumentos esenciales de una democracia parlamentaria: piden cuentas a los diputados, ayudan a dar forma a la voluntad política de los ciudadanos, elaboran programas políticos, forman y seleccionan candidatos, mantienen un diálogo con los ciudadanos y les permiten expresar sus opiniones;

2.

Destaca que el Tratado de Lisboa establece este papel de los partidos políticos y de sus fundaciones con vistas a la creación de una «polis europea», un «espacio político» a escala de la UE y una «democracia europea», entre los cuales la Iniciativa Ciudadana Europea es un elemento constitutivo fundamental;

3.

Observa que los partidos políticos europeos, en su situación actual, no están en condiciones de desempeñar plenamente esta función porque sólo son organizaciones que agrupan a los partidos nacionales y no están directamente en contacto con el electorado de los Estados miembros;

4.

Acoge con satisfacción, no obstante, que los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas se hayan convertido en actores indispensables de la vida política de la Unión Europea, en particular al dar forma y voz a las respectivas posiciones de las distintas «familias políticas»;

5.

Hace hincapié en la necesidad de que todos los partidos políticos europeos cumplan con los más altos estándares de democracia interna (en cuanto a la elección democrática de los órganos del partido y un proceso democrático de toma de decisiones, incluso para la selección de candidatos);

6.

Opina que, una vez cumplidos los requisitos para ser considerado partido político europeo, éste sólo podrá recibir financiación si está representado en el Parlamento Europeo por al menos uno de sus miembros;

7.

Señala que los partidos políticos tienen derechos, obligaciones y responsabilidades y que, por lo tanto, deberían seguir patrones organizativos convergentes; considera que esta convergencia organizativa sólo puede lograrse estableciendo un estatuto jurídico y fiscal común, basado en el Derecho comunitario, para los partidos políticos europeos y sus fundaciones políticas;

8.

Está convencido de que un verdadero estatuto jurídico para los partidos políticos europeos y una personalidad jurídica propia, basada directamente en el Derecho de la Unión Europea, permitirán a estos partidos y a sus fundaciones políticas actuar como representantes del interés público europeo;

9.

Opina que los partidos políticos europeos deberían interactuar y competir en los asuntos relacionados con los retos comunes europeos y con la Unión Europea y su desarrollo, en un planteamiento a tres niveles: regional, nacional y europeo; considera que resulta de vital importancia que los partidos políticos europeos sean eficaces y productivos tanto a escala de la UE como en los Estados miembros;

10.

Hace hincapié en los importantes desafíos en términos de capacidad de organización a los que deberán hacer frente los partidos políticos europeos a la luz de las reformas que se pueden hacer al sistema electoral europeo (creación de una circunscripción adicional, establecimiento de listas transnacionales);

11.

Observa que, en principio, esto está en consonancia con la idea de que los partidos políticos europeos participen en campañas de referendos, siempre que tales referendos estén directamente relacionados con cuestiones relativas a la Unión Europea;

12.

Decide, por tanto, pedir a la Comisión que proponga un proyecto de estatuto de los partidos políticos europeos, de conformidad con el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

13.

Señala que lo que se necesita a corto plazo es la mejora del entorno regulador de los partidos políticos europeos y las fundaciones, mediante la adopción, como primer paso, del estatuto jurídico europeo;

14.

Considera que los diputados a los parlamentos o asambleas regionales sólo han de tenerse en cuenta para recibir financiación si el parlamento o la asamblea en cuestión cuenta con competencias legislativas;

15.

Señala que la concesión de financiación y el cierre de las cuentas de los partidos políticos europeos y sus fundaciones son procedimientos burocráticos y engorrosos; considera que ello se debe, en gran medida, a que los pagos con cargo a la financiación se consideran «subvenciones» en el sentido del Reglamento financiero, que resulta adecuado para la financiación de proyectos o de asociaciones, pero no de partidos;

16.

Opina, por tanto, que la Comisión debería proponer la creación de un nuevo título en el Reglamento financiero dedicado específicamente a la financiación de las fundaciones y los partidos políticos europeos, y hecho a su medida; estima que el Reglamento sobre su financiación debería regirse por las disposiciones de este nuevo título siempre que se trate de ejecución financiera;

17.

Destaca que la autofinanciación de los partidos y las fundaciones es una señal de vitalidad; considera que debería estimularse aumentando el límite actual de 12 000 euros anuales en donaciones hasta 25 000 euros por año/donante, pero en combinación con el requisito de revelar la identidad del donante en el momento de recibir la donación de acuerdo con la legislación vigente y en aras de la transparencia;

18.

Considera que solicitar la presentación de «programas de trabajo anuales» como requisito previo para recibir financiación no es apropiado para los partidos políticos; señala, además, que dicho requisito no existe en ningún Estado miembro de la UE;

19.

Hace hincapié en que recibir la financiación en el momento oportuno es fundamental para que ésta cumpla su finalidad; pide, como excepción a las normas de desarrollo del Reglamento financiero, que el 100 % de la financiación esté disponible al principio del ejercicio en lugar del 80 %; considera que, a la vista de la experiencia positiva del pasado, el riesgo para el Parlamento es insignificante;

20.

Señala que el Reglamento financiero dispone que la subvención no podrá financiar «la totalidad de los gastos de funcionamiento del organismo perceptor»; observa que cumplir esta norma resulta especialmente difícil para las fundaciones y conduce a técnicas evasivas de contabilidad (por ejemplo, «aportaciones en especie»); destaca que casi ningún sistema de financiación de los Estados miembros obliga a una autofinanciación parcial, puesto que esto puede suponer una desventaja para los partidos más pequeños o recientemente creados;

21.

Señala que la parte de recursos independientes que los partidos políticos europeos deben demostrar podría reducirse al 10 % de su presupuesto total, con objeto de mejorar su desarrollo; considera al mismo tiempo que sus recursos propios en forma de recursos físicos no deberían superar el 7,5 % de su presupuesto total;

22.

Apunta que, en el caso de las fundaciones políticas europeas, la revisión del instrumento jurídico debería verse como una oportunidad para suprimir el requisito de demostrar que disponen de recursos propios;

23.

Señala que, en el contexto de esta revisión, debería eliminarse la restricción impuesta a las fundaciones políticas europeas que les exige utilizar sus fondos dentro de la Unión Europea, permitiendo así que las fundaciones puedan desempeñar un papel tanto dentro como fuera de la UE;

24.

Hace hincapié, no obstante, en que la relajación del régimen de financiación tendría que compensarse con la inclusión de sanciones en el Reglamento financiero allí donde faltan actualmente; estas sanciones podrían adoptar la forma de multas económicas en caso de infracción de las normas relativas, por ejemplo, a la transparencia de las donaciones; hace hincapié en la necesidad de establecer las mismas condiciones que rigen la constitución de reservas procedentes de recursos propios por encima del límite y las prórrogas de las financiaciones para los partidos políticos europeos y sus fundaciones políticas europeas afiliadas;

25.

Constata que, desde 2008, los partidos políticos europeos han sido autorizados a utilizar las cantidades recibidas como subvenciones para «la financiación de campañas realizadas … en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo» (artículo 8, apartado 3, del Reglamento financiero); señala asimismo que está prohibido utilizar estos importes para financiar campañas de referendos; estima, no obstante, que para que los partidos políticos europeos puedan desempeñar una función política a escala de la UE deberían tener derecho a participar en tales campañas siempre que la cuestión del referendo tenga una relación directa con las que afectan a la Unión Europea;

26.

Insta a los partidos políticos europeos a que pongan en marcha un proceso de examen de las condiciones para la adhesión individual directa con dispositivos apropiados de participación directa o indirecta en las actividades internas y en los procesos de toma de decisión de los partidos;

27.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

2.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 296/51

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Único – Por una economía social de mercado altamente competitiva – Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos» (COM(2010)0608),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Un mercado único para la Europa del siglo XXI» (COM(2007)0724) y el documento de trabajo adjunto de sus servicios titulado «El mercado único: examen de los logros» (SEC(2007)1521),

—

Vista su Resolución, de 4 de septiembre de 2007 sobre la revisión del mercado único (1) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «The Single Market review: one year on» (SEC(2008)3064),

—

Considerando la Comunicación de la Comisión titulada «Normativa inteligente en la Unión Europea» (COM(2010)0543),

—

Vistos el Vigésimo séptimo Informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE y el documento de trabajo adjunto de sus servicios titulado «Situation in the different sectors» (SEC(2010)1143),

—

Vista la Recomendación de la Comisión, de 29 de junio de 2009, sobre medidas para mejorar el funcionamiento del mercado único (2),

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, sobre el Acta del Mercado Único,

—

Visto el informe del catedrático Mario Monti a la Comisión sobre la reactivación del mercado único,

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los consumidores y los ciudadanos (3),

—

Vistos el Cuadro de indicadores del mercado interior no 21 (2010) y sus Resoluciones, de 9 de marzo de 2010 (4) y de 23 de septiembre de 2008 (5), sobre el Cuadro de indicadores del mercado interior,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Europa de resultados - La aplicación del Derecho comunitario» (COM(2007)0502),

—

Vistos los artículos 258 a 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU),

—

Vistos los artículos 7, 10 y 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0083/2011),

A.

Considerando que la reactivación del mercado único requiere el apoyo activo de todos los ciudadanos, las instituciones europeas, los Estados miembros y las partes interesadas,

B.

Considerando que para obtener el apoyo activo de todas las partes interesadas es fundamental asegurar una auténtica representación de la sociedad civil y las PYME en las consultas y el diálogo con la Comisión y en grupos de expertos,

C.

Considerando que la difusión, articulación y gestión de las diversas consultas e informes de las instituciones europeas (UE 2010, Informe sobre la Ciudadanía de 2010, Política Industrial Integrada, la Agenda Digital para Europa, el informe Monti, la Resolución del Parlamento sobre cómo ofrecer un mercado único a los consumidores y los ciudadanos, los informes González y de la Comisión IMCO, etc.) revisten especial importancia para el éxito de la reactivación del mercado único,

D.

Considerando que existe todavía una brecha importante entre la normativa sobre el mercado único y los beneficios que los ciudadanos y las empresas pueden extraer de su aplicación práctica,

E.

Considerando que el déficit medio en la transposición es del 1,7 % a escala de la UE si se tienen en cuenta los casos en los que el período de transposición supera el plazo previsto y en los que la Comisión ha incoado procedimientos de infracción por incumplimiento,

1.

Acoge con interés la Comunicación de la Comisión «Hacia un del Mercado Único», en especial su tercer capítulo y el enfoque global que propone para reequilibrar el mercado único entre las empresas y los ciudadanos y mejorar la democracia y la transparencia del proceso de toma de decisiones; subraya que este enfoque busca garantizar el mejor equilibrio entre las propuestas de las tres partes de la Comunicación;

2.

considera que los tres capítulos de la Comunicación revisten la misma importancia y están relacionados entre sí, por lo que deberían abordarse mediante un enfoque coherente sin aislar entre sí los distintos temas;

3.

Insta a la Comisión y al Consejo a que refuercen el enfoque holístico para la reactivación del mercado único, la integración de las prioridades del mercado único en todas las áreas políticas cruciales para la plena realización del mercado único en beneficio de los ciudadanos, los consumidores y las empresas;

4.

Considera que la mejora de la gobernanza económica europea, la aplicación de la estrategia UE 2020 y la reactivación del mercado único son igualmente importantes para la revitalización de la economía europea, y deben considerarse conjuntamente;

5.

Considera que ha de completarse un mercado único libre de obstáculos y competitivo para aportar ventajas concretas a los trabajadores, los estudiantes, los jubilados y los ciudadanos en general, así como a las empresas, en particular las PYME, en su vida cotidiana;

6.

Pide a la Comisión que dé a conocer el calendario para la realización del Acta del Mercado Único y publique periódicamente los progresos concretos para sensibilizar a los ciudadanos europeos sobre su aplicación y sobre sus beneficios;

7.

Está convencido de que uno de los principales desafíos que plantea la reactivación del mercado único es garantizar el liderazgo, el compromiso y la coordinación en el plano político; considera que la orientación general al más alto nivel político es crucial para reactivar el mercado único;

8.

Propone que se otorgue al Presidente de la Comisión el mandato de coordinar y supervisar la reactivación del mercado único en estrecha colaboración con el Presidente del Consejo Europeo y las autoridades competentes de los Estados miembros; insta a los Presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo a que coordinen estrechamente sus respectivas acciones destinadas a impulsar el crecimiento económico, la competitividad, la economía social de mercado y la sostenibilidad en la Unión;

9.

Pone de relieve el papel reforzado del PE y de los Parlamentos nacionales en virtud del Tratado de Lisboa; insta a que se refuerce el papel del Parlamento en el proceso de adopción de la legislación sobre el mercado único; alienta a los Parlamentos nacionales a comprometerse con la aplicación de la normativa sobre el mercado único en todo el proceso legislativo y a participar en actividades conjuntas con el Parlamento Europeo que incrementen la sinergia entre los dos niveles parlamentarios;

10.

Acoge con satisfacción el enfoque de la Comisión, que sitúa el diálogo y la colaboración en el centro del mercado único renovado, y pide que todas las partes interesadas intensifiquen sus esfuerzos a fin de asegurar que este enfoque se pone en práctica, de manera que el mercado único pueda desempeñar plenamente su función en la promoción del crecimiento y de una economía de mercado sumamente competitiva;

11.

Pide a la Comisión que, junto con la Presidencia, organice todos los años el Foro del Mercado Único, asociando a partes interesadas de las instituciones de la UE, los Estados miembros, la sociedad civil y las organizaciones empresariales, a fin de evaluar los progresos realizados en el relanzamiento del mercado único, intercambiar buenas prácticas y abordar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos europeos; exhorta a la Comisión a seguir realizando el ejercicio de determinar los veinte motivos principales de insatisfacción y frustración relacionados con el mercado único a los que se enfrentan los ciudadanos; propone que la Comisión se sirva del Foro del Mercado Único para presentar dichos motivos de insatisfacción y sus respectivas soluciones;

12.

Insta a los gobiernos de los Estados miembros a que asuman el compromiso de reactivar el mercado único; acoge con satisfacción las iniciativas adoptadas por los Estados miembros dirigidas a optimizar la forma en que se tratan las directivas sobre el mercado único, con el fin de mejorar la coordinación, la creación de estructuras de incentivación y destacar la importancia política del proceso de transposición; Considera crucial que, al debatir las prioridades de cara a nuevas medidas legislativas, se preste más atención y se incentive la transposición puntual y correcta, la aplicación correcta y una mejor ejecución de la legislación sobre el mercado único;

13.

Señala que la aplicación de las normas relativas al mercado único corresponde a menudo a las autoridades regionales y locales; insiste en la necesidad de una mayor participación de las autoridades regionales y locales en la construcción del mercado único, conforme a los principios de subsidiariedad y asociación, y ello en todas las fases del proceso de toma de decisiones; propone, para resaltar este enfoque descentralizado, la creación de un «Pacto territorial de las autoridades locales y regionales para la estrategia Europa 2020» en cada Estado miembro, a fin de lograr una apropiación más sólida en la aplicación de la Estrategia UE 2020;

14.

Considera que la buena gobernanza del mercado único debe respetar el papel de los dos órganos consultivos existentes a escala europea –el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones–, así como el de los interlocutores sociales;

15.

Destaca, que el diálogo con los interlocutores sociales y la sociedad civil es esencial para el restablecimiento de la confianza en el mercado único; espera que la Comisión presente nuevas y audaces ideas acerca del modo en que dicho diálogo puede mejorarse realmente; pide que se asocie y consulte a los interlocutores sociales respecto de toda la legislación pertinente sobre el mercado único que afecte al mercado laboral;

16.

Acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de intensificar un diálogo abierto, transparente y regular con la sociedad civil;

17.

Pide a la Comisión que publique un Libro Verde sobre directrices para las consultas de las instituciones de la UE con asociaciones representativas y la sociedad civil y que vele por que estas consultas sean amplias e interactivas y añadan valor a las políticas propuestas;

18.

Pide a la Comisión que adapte el diálogo y la comunicación en la mayor medida posible a las necesidades de los ciudadanos, por ejemplo publicando todas las consultas públicas de la Comisión en cada una de las lenguas oficiales de la Unión, o mediante la utilización de un lenguaje comprensible para el ciudadano de a pie;

19.

Exhorta a la Comisión a lanzar una campaña informativa y pedagógica sobre la esencia del mercado único y los objetivos establecidos para reforzar su dinamismo y asumir la cohesión social y territorial; insiste en que es necesario que esta campaña de comunicación favorezca una mayor participación y responsabilización de cada ciudadano, trabajador y consumidor en la realización de un mercado competitivo, justo y equilibrado;

20.

Considera que el uso de los nuevos instrumentos y métodos de colaboración de Web 2.0 ofrece una oportunidad para lograr una gobernanza más abierta, responsable, receptiva y eficiente del mercado único;

21.

Opina que las iniciativas desarrolladas por Estados miembros específicos no pueden ser eficaces sin medidas coordinadas a escala de la UE, por lo que es de fundamental importancia que la Unión Europea hable con una voz única y fuerte y aplique medidas comunes; considera que la solidaridad, en la que se basa el modelo europeo de economía social, y la coordinación de las respuestas nacionales han desempeñado un papel fundamental para evitar que los Estados miembros individuales aplicaran medidas proteccionistas a corto plazo; expresa su preocupación por que el resurgimiento del proteccionismo económico a nivel nacional pueda derivar con toda probabilidad en una fragmentación del mercado interior y en una reducción de la competitividad, y entiende, por tanto, que debe ser evitado; se muestra preocupado por que la actual crisis económica y financiera pueda servir para justificar la vuelta a medidas proteccionistas en distintos Estados miembros, cuando, por el contrario, esta crisis exige mecanismos de defensa comunes;

22.

Opina que el progreso del mercado interior no debe basarse en el mínimo común denominador; alienta, por lo tanto, a la Comisión a que asuma el liderazgo y presente propuestas audaces; anima a los Estados miembros a que apliquen el método de cooperación reforzada en ámbitos en los que el proceso de búsqueda de un acuerdo entre los veintisiete no sea viable; subraya que, en una etapa ulterior, podrán unirse otros países a estas iniciativas pioneras;

23.

Considera que la complejidad en la gobernanza del mercado único redunda en perjuicio de su eficiencia y legitimidad general;

24.

Considera que se debería prestar más atención a la calidad y claridad de la legislación de la UE, con objeto de facilitar la aplicación de las normas del mercado único por parte de los Estados miembros;

25.

Considera que el recurso a reglamentos en lugar de a directivas, cuando proceda, contribuiría a crear un entorno normativo más claro y a reducir los costes de transacción relacionados con el proceso de transposición; pide a la Comisión que elabore un enfoque más orientado hacia la elección de instrumentos legislativos en función de las características jurídicas y materiales de las disposiciones que deban aplicarse, respetando al tiempo los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

26.

Alienta a la Comisión y al Consejo a que intensifiquen sus esfuerzos para aplicar la estrategia relativa a la «normativa inteligente», con objeto de seguir mejorando la calidad de la reglamentación, respetando al mismo tiempo los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

27.

Exhorta a la Comisión a que, a fin de mejorar la eficacia de la legislación, continúe realizando evaluaciones independientes ex-ante y ex-post de la legislación en las que participen las partes interesadas;

28.

Propone que la Comisión sistematice y refine las evaluaciones de impacto en las PYME, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones, para evaluar las consecuencias que tienen las propuestas legislativas en estas empresas;

29.

Considera que las tablas de correlación contribuyen a una mejor transposición y facilitan de forma significativa la aplicación de las normas relativas al mercado único; exhorta a los Estados miembros a que elaboren y pongan a disposición del público tablas de correlación sobre todas las disposiciones legislativas relativas al mercado único; señala que, en el futuro, el Parlamento podría no incluir informes sobre textos de transacción acordados con el Consejo en el orden del día del Pleno si no se facilitan disposiciones relativas a dichas tablas de correlación;

30.

Respalda las propuestas del Acta del Mercado Único dirigidas a desarrollar la cooperación administrativa entre los Estados miembros, incluida la ampliación del Sistema de Información del Mercado Interior a otros ámbitos legislativos relevantes, teniendo en cuenta la seguridad del sistema y el hecho de que éste sea utilizable; insta a la Comisión a que ayude a los Estados miembros facilitando formación y orientación;

31.

Considera necesario, involucrar a las autoridades locales y regionales en el desarrollo y la ampliación del Sistema de Información del Mercado Interior, tras haber evaluado a fondo las ventajas e inconvenientes que podría conllevar la ampliación del sistema;

32.

Subraya la importancia de mejorar la comunicación y la ampliación del sistema de información sobre el mercado interior, al ser esencial que se facilite, especialmente a las PYME, una información clara sobre el mercado interior;

33.

Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de cooperar con los Estados miembros para consolidar y reforzar los instrumentos informales de resolución de problemas como SOLVIT, el proyecto «Pilot UE» y los Centros Europeos de los Consumidores; insta a la Comisión a que presente un plan relativo al desarrollo y la interconexión de los diferentes instrumentos de resolución de problemas con objeto de asegurar su eficacia y facilidad de uso por parte de los usuarios y de evitar solapamientos innecesarios; pide a los Estados miembros que doten a estos instrumentos de resolución de problemas de recursos suficientes;

34.

Pide a la Comisión que continúe con el desarrollo y la promoción del sitio web «Tu Europa» de modo que ofrezca una única pasarela para toda la información y los servicios de ayuda que necesitan los ciudadanos y las empresas para hacer uso de sus derechos en el mercado único;

35.

Insta a los Estados miembros a que, en el marco de la Directiva de servicios, transformen las ventanillas únicas en centros de administración electrónica de fácil uso y acceso en los que las empresas puedan obtener toda la información necesaria en la lengua pertinente de la UE, realizar todas las formalidades y dar los pasos necesarios por vía electrónica para prestar servicios en el Estado miembros de que se trate;

36.

Reconoce la importancia del papel de EURES a la hora de facilitar la libre circulación de los trabajadores en el territorio de la Unión y garantizar una estrecha cooperación entre los diferentes servicios nacionales de empleo; pide a los Estados miembros que den a conocer en mayor medida esta útil red entre la población para que cada vez sean más los ciudadanos europeos que se beneficien plenamente de oportunidades de empleo en toda la Unión;

37.

Pide a los Parlamentos nacionales, las autoridades regionales y locales y los interlocutores sociales que desempeñen un papel activo a la hora de comunicar cuáles son las ventajas del mercado único;

38.

Insta a la Comisión a que utilice todas las competencias que le confieren los Tratados para mejorar la transposición y aplicación de la normativa sobre el mercado único en beneficio de los ciudadanos, los consumidores y las empresas europeos; exhorta a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos con objeto de aplicar plena y correctamente la normativa sobre el mercado único;

39.

Considera que el procedimiento de infracción sigue siendo un instrumento clave para garantizar el funcionamiento del mercado único, pero subraya que habría que considerar otros instrumentos que requieran menos tiempo y sean menos engorrosos;

40.

Pide a la Comisión que se oponga a cualquier interferencia política e incoe de forma inmediata procedimientos de infracción cuando no tengan efecto los mecanismos administrativos previos para la resolución de conflictos;

41.

Señala que la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia abre a la Comisión nuevas vías para perseguir las «infracciones generales y estructurales» de la normativa sobre el mercado único por parte de los Estados miembros;

42.

Pide a la Comisión que haga pleno uso de los cambios introducidos por el artículo 260 del TFUE, cuya finalidad es simplificar y acelerar la imposición de sanciones financieras en el contexto de un procedimiento de infracción;

43.

Considera que la Comisión debería desempeñar un papel más activo en la observancia de las normas del mercado único realizando un seguimiento más sistemático e independiente, a fin de acelerar los procedimientos de infracción;

44.

Lamenta que numerosos procedimientos se demoren durante mucho tiempo antes de archivarse o llevarse al Tribunal de Justicia; pide a la Comisión que establezca un plazo medio de referencia de doce meses como máximo para cerrar los procedimientos de infracción, desde el momento en que se incoa el procedimiento hasta la fecha en que se remite el asunto al Tribunal de Justicia; lamenta profundamente que dichos procedimientos no repercutan directamente en los ciudadanos o los residentes de la UE que puedan haber sido víctimas de la falta de transposición de la legislación de la UE;

45.

Pide a la Comisión que facilite mejor información, de forma transparente, sobre los procedimientos de infracción en curso;

46.

Pide a la Comisión que proponga un plazo de referencia para el cumplimiento por los Estados miembros de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia;

47.

Apoya las iniciativas de la Comisión encaminadas a mejorar aun más el uso de alternativas a la resolución de conflictos (ARC), con miras a asegurar un acceso rápido y eficiente a medios de resolución de conflictos extrajudiciales sencillos y de bajo costo para los consumidores y las empresas en conflictos nacionales y transfronterizos que comprendan adquisiciones en línea y fuera de línea; acoge con satisfacción la consulta emprendida por la Comisión; insiste en la necesidad de informar mejor a los ciudadanos sobre la existencia de alternativas a la resolución de conflictos (ARC);

48.

Insta asimismo a la Comisión a que dirija su atención a la prevención de conflictos, por ejemplo mediante medidas más estrictas que impidan las prácticas comerciales desleales;

49.

Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de iniciar una consulta pública sobre un recurso colectivo con un enfoque europeo y se opone a la introducción de mecanismos de recurso colectivo en la línea del modelo estadounidense, que incluye incentivos económicos importantes por llevar denuncias injustificadas ante los tribunales;

50.

Observa que toda propuesta relativa a recursos colectivos por violaciones del Derecho de la competencia deberá respetar la posición expresada por el Parlamento en su Resolución de 26 de marzo de 2009 sobre acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia; insiste en que el Parlamento debe participar en la adopción de todo acto de esa naturaleza por medio del procedimiento legislativo ordinario, e insta a la Comisión a que considere, más en general, la cuestión de normas mínimas en relación con el derecho a una indemnización por los daños resultantes de la violación de la legislación de la UE;

51.

Respalda un enfoque centrado y basado en pruebas para la supervisión y la evaluación del mercado; insta a la Comisión a seguir desarrollando sus instrumentos de supervisión del mercado, como el mecanismo de alerta contemplado en la Directiva sobre servicios, mediante la mejora de la metodología, los indicadores y los sistemas de recopilación de datos, respetando los principios de funcionalidad y rentabilidad;

52.

Subraya la necesidad de evaluar de manera más rápida y clara el estado de aplicación de toda la legislación relativa al mercado único por los Estados miembros;

53.

Destaca la evaluación recíproca prevista en la Directiva de servicios como una forma innovadora de utilizar la presión de los pares para mejorar la calidad de la transposición; respalda, cuando sea oportuno, el recurso a la evaluación recíproca en otros ámbitos, por ejemplo la libre circulación de mercancías;

54.

Alienta a los Estados miembros a revisar periódicamente las normas y los procedimientos nacionales que tengan un impacto en la libre circulación de bienes y servicios, con el objeto de simplificar y modernizar las normas nacionales y suprimir los solapamientos; Considera que el proceso de análisis de la legislación nacional utilizado para la aplicación de la Directiva sobre servicios podría ser un instrumento eficiente en otros ámbitos para eliminar solapamientos y obstáculos nacionales injustificados a la libre circulación;

55.

Insta a la Comisión a apoyar los esfuerzos del sector público por adoptar enfoques innovadores, explotando nuevas tecnologías y procedimientos y difundiendo buenas prácticas en la administración pública, que permitan reducir la burocracia e incorporen políticas centradas en los ciudadanos;

56.

Pide que todas las sesiones de primavera del Consejo Europeo se dediquen a evaluar el estado del mercado único con la ayuda de mecanismos de seguimiento;

57.

Pide a la Comisión que publique un Libro Verde sobre directrices para las consultas de las instituciones de la UE con asociaciones representativas y la sociedad civil y que vele por que estas consultas sean amplias, interactivas y transparentes y por que añadan valor a las políticas propuestas;

58.

Exhorta a los Estados miembros a que elaboren y pongan a disposición del público tablas de correlación sobre todas las disposiciones legislativas relativas al mercado único;

59.

Pide a los Estados miembros que reduzcan el déficit en el proceso de transposición de las Directivas relacionadas con el mercado único, al 0,5 % para la legislación pendiente y al 0,5 % para la legislación incorrectamente transpuesta, a más tardar para finales de 2012;

60.

Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre el uso de medios alternativos para la resolución de conflictos en la UE antes de que finalice 2011 y destaca la importancia de una rápida adopción de la misma;

61.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

2.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 296/59

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal y como ha sido incorporada a los Tratados mediante el artículo 6 del Tratado UE,

—

Visto el artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado FUE), según el cual «el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados»,

—

Visto el artículo 3, apartado 3, del Tratado UE, que obliga a la Unión a obrar en pro de «una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y […] un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente»,

—

Visto el artículo 9 del Tratado FUE, que estipula que «en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana»,

—

Visto el artículo 11 del Tratado FUE, que estipula que «las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible»,

—

Visto el artículo 12 del Tratado FUE, que estipula que «al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la Unión se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores»,

—

Visto el artículo 14 del Tratado FUE y su Protocolo no 26 sobre los servicios de interés (económico) general,

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Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Único – por una economía social de mercado altamente competitiva» (COM(2010)0608),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una agenda de los ciudadanos – Logrando resultados para Europa» (COM(2006)0211),

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Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Un mercado único para la Europa del siglo XXI» (COM(2007)0724) y el documento de trabajo adjunto de sus servicios titulado «El mercado único: examen de los logros» (SEC(2007)1521), así como la Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de septiembre de 2007, sobre la revisión del mercado único (1), y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «La revisión del mercado único: un año después» (SEC(2008)3064),

—

Vistas las Comunicaciones de la Comisión tituladas «Oportunidades, acceso y solidaridad: hacia una nueva visión social para la Europa del siglo XXI» (COM(2007)0726) y «Servicios de interés general, incluidos los sociales: un nuevo compromiso europeo» (COM(2007)0725), así como la Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2006, sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general (2),

—

Vista la Recomendación de la Comisión, de 29 de junio de 2009, sobre medidas para mejorar el funcionamiento del mercado único (3) y la Recomendación de la Comisión, de 12 de julio de 2004, relativa a la transposición al Derecho nacional de las Directivas que afectan al mercado interior (4),

—

Vistos el Cuadro de indicadores del mercado interior, de julio de 2009 (SEC(2009)1007), y las Resoluciones del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2010 (5) y de 23 de septiembre de 2008 (6), sobre el Cuadro de indicadores del mercado interior,

—

Vistas la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo titulada «Estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007–2013 – Capacitar a los consumidores, mejorar su bienestar y protegerlos de manera eficaz», y la Resolución del Parlamento, de 20 de mayo de 2008, sobre la estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007-2013 (7),

—

Vistos la Comunicación de la Comisión, de 28 de enero de 2009, titulada «Seguimiento de los resultados del mercado único para los consumidores – Segunda edición del Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo(COM(2009)0025), así como el documento adjunto de sus servicios titulado «Segundo Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo» (SEC(2009)0076),

—

Vistos la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2009, sobre la aplicación del acervo en materia de consumidores (COM(2009)0330) y el Informe de la Comisión, de 2 de julio de 2009, sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores (Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores) (COM(2009)0336),

—

Vista la Comunicación de la Comisión relativa al comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consumidores en la UE (COM(2009)0557),

—

Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre la protección de los consumidores (8),

—

Visto el informe del profesor Mario Monti a la Comisión sobre la revitalización del mercado único,

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Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los consumidores y a los ciudadanos (9),

—

Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre la crisis financiera, económica y social (10),

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre el programa «Juventud en Acción» (COM(2010)0477),

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Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la realización del mercado interior de comercio electrónico (11),

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Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010: la eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE» (COM(2010)0603),

—

Visto el informe elaborado por la sección especializada en el mercado único, la producción y el consumo del Comité Económico y Social Europeo sobre los obstáculos al mercado único europeo–2008 (12),

—

Vistos el Informe anual SOLVIT de 2008 sobre el desarrollo y la eficacia de la red SOLVIT (SEC(2009)0142), el documento de trabajo de la Comisión, de 8 de mayo de 2008, sobre el Plan de acción de la Comisión sobre un planteamiento integrado para proporcionar servicios de ayuda en el mercado único a los ciudadanos y a las empresas (SEC(2008)1882), y la Resolución del Parlamento, de 9 de marzo de 2010, sobre SOLVIT (13),

—

Visto el Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos, que pretende establecer un marco general de normas y principios relacionados con la acreditación y vigilancia del mercado (14),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Peticiones, (A7-0072/2011),

A.

Considerando que un mercado único que funcione es el motor esencial que permitirá a la Unión Europea alcanzar su pleno potencial en términos de competitividad, de crecimiento inteligente, integrador y sostenible, de creación de más y mejores empleos, de esfuerzos por crear unas condiciones competitivas equitativas para empresas de todo tipo, de establecimiento de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos europeos y de fortalecimiento de una economía social de mercado altamente competitiva,

B.

Considerando que el Acta del Mercado Único se refiere a los europeos como participantes activos en la economía europea,

C.

Considerando que el mercado único no puede considerarse únicamente en términos económicos, sino que debe verse integrado en un marco legal más amplio que ofrece derechos fundamentales específicos a los ciudadanos, a los consumidores, a los trabajadores, a los empresarios y a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas (PYME), de todo tipo,

D.

Considerando que existen demasiados obstáculos que entorpecen a los ciudadanos que desean desplazarse a otro Estado miembro o estudiar o trabajar en él o comprar a nivel transfronterizo, y a las PYME que desean establecerse en otro Estado miembro y comerciar a nivel transfronterizo; considerando que esos obstáculos se deben, entre otras cosas, a la insuficiente armonización de las legislaciones nacionales, a la poca transferibilidad de los derechos de seguridad social y a los excesivos trámites burocráticos, que impiden la libre circulación de las personas, los bienes, los servicios y el capital dentro de la UE,

E.

Considerando que la realización del mercado único requiere una visión holística que refuerce aún más su desarrollo, como destacaban el informe Monti y la resolución sobre cómo ofrecer un mercado único a los consumidores y los ciudadanos, que comprenda la incorporación de todas las políticas pertinentes en un objetivo estratégico de mercado único, incluidas no solo la política de competencia, sino también, entre otras, las políticas industrial, de los consumidores, energética, de transportes, en materia digital, de medio ambiente, de cambio climático, de comercio, regional, de justicia y sobre la ciudadanía, con el fin de alcanzar un nivel elevado de integración;

F.

Considerando que el mercado único debe ofrecer a los consumidores europeos mayores posibilidades a precios más bajos, en especial a aquellos que residen en áreas menos accesibles, como las islas, regiones montañosas y poco pobladas, y a los que padecen una movilidad reducida,

G.

Considerando que el material que publica la Comisión impreso o en Internet a menudo resulta demasiado abstracto o complejo para interesar realmente a los ciudadanos y llegar a un público amplio,

H.

Considerando que es importante que el Acta del Mercado Único no consista en una serie de medidas aisladas entre sí, y que todas las propuestas deben contribuir a la consecución de un objetivo coherente,

1.

Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Único», y especialmente su capítulo II titulado «Recuperar la confianza centrando el mercado único en los europeos», que contiene 19 iniciativas orientadas a satisfacer las necesidades de los ciudadanos europeos;

2.

Considera que las propuestas de la Comisión por lo general suelen responder a las expectativas del Parlamento, pero hace falta reforzarlas para que los ciudadanos ocupen un lugar central en el mercado único;

3.

Lamenta que la Comunicación se haya dividido en tres capítulos centrados en los europeos, las empresas y la gobernanza, respectivamente, en lugar de dividirla por materias; señala que la competitividad del mercado único y su aceptación por parte de los ciudadanos no deberían considerarse términos contradictorios, sino como algo que refuerza los objetivos de ambas cosas; considera, no obstante, que los tres capítulos de la Comunicación revisten igual importancia y están relacionados entre sí, y deberían abordarse con un enfoque coherente, teniendo en cuenta las propuestas presentadas y las preocupaciones manifestadas por las partes interesadas a escala de la UE y en los Estados miembros;

4.

Cree firmemente que el Acta del Mercado Único debe constituir un paquete de medidas coherente y equilibrado, en el espíritu del informe Grech (A7-0132/2010) y el informe Monti, que establece las bases para una Europa con valor añadido para los ciudadanos y las empresas;

5.

Considera que el relanzamiento y el refuerzo del mercado único son esenciales en el marco de las políticas de la UE para luchar contra los efectos de la crisis económica y financiera y como parte de la Estrategia UE 2020;

6.

Opina que los europeos aún no han aprovechado plenamente el potencial del mercado único en muchos ámbitos, como la libre circulación de personas, mercancías y servicios, y que son necesarios nuevos incentivos, en particular para garantizar una movilidad laboral geográfica efectiva en toda Europa;

7.

Considera que la estrategia relativa al mercado único debe reforzar el bienestar social y los derechos de los trabajadores y garantizar unas condiciones laborales justas para todos los europeos;