22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/1

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Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre la situación económica y social de la Unión Europea, aprobada en el 478o Pleno

2012/C 143/01

En su Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 22 de febrero de 2012), el Comité Económico y Social Europeo aprobó la presente Resolución por 157 votos a favor, 30 en contra y 12 abstenciones.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha manifestado su gran preocupación por el estado de la Unión y ha hecho un llamamiento urgente a las instituciones europeas y a los gobiernos de los Estados miembros a fin de que hagan todo lo que esté en su poder para reafirmar en los hechos el valor absoluto e irrenunciable de la unidad europea, y ha adoptado la presente resolución.

1.

El CESE: — lamenta las demoras y los desacuerdos entre Estados miembros de la Unión Europea, precisamente en unos momentos en los que Europa debería mostrarse decidida, unida y solidaria, — se congratula, no obstante, del acuerdo alcanzado el lunes 20 de febrero en el Eurogrupo sobre el segundo plan de ayuda a Grecia, aunque lamenta los retrasos y la lentitud con que tropieza la búsqueda de una solución definitiva, — expresa, sin embargo, su inquietud por las consecuencias sociales y económicas y pide al Consejo Europeo que apoye medidas en favor de la recuperación económica, en particular para los países más afectados por la crisis, — recuerda la necesidad de invertir en la economía real, sobre todo a través de una verdadera política industrial, con objeto de poner término a la espiral de recesión actual, — se congratula de la iniciativa que doce Gobiernos han presentado al Consejo y a la Comisión.

2.	El CESE observa que los ciudadanos se sienten cada vez más inclinados a dudar de las instituciones de la Unión, y por ende de la propia Unión, al tiempo que se les incita a achacar a esta misma Unión los sufrimientos que padece.

3.	El CESE no puede dar su conformidad a disposiciones que se limitan a reforzar la disciplina presupuestaria y fiscal y considera que la gobernanza de las políticas económicas en la zona del euro y en la UE debe ser más vasta y más ambiciosa.

4.	El CESE subraya el papel central que debe desempeñar la Comisión Europea como expresión del interés general europeo, especialmente en lo que atañe a la aplicación de medidas de política económica y monetaria, incluidas las previstas en el nuevo tratado intergubernamental.

5.

El CESE afirma a este respecto la necesidad de dar un nuevo impulso a la Estrategia Europa 2020, en particular a las medidas en favor de la juventud, la investigación, la innovación y la economía verde. El CESE felicita al Presidente Barroso por las nuevas medidas que anunció durante el Consejo Europeo del 30 de enero de 2012 para facilitar el acceso de los jóvenes al empleo y le pide que ponga en marcha inmediatamente iniciativas concretas en este ámbito. Además, el CESE se declara a favor de adoptar medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que sean plenamente conformes con el Derecho comunitario en vigor.

6.

El Comité insiste en que, durante las negociaciones sobre las futuras perspectivas financieras plurianuales 2014-2020, se dote a la UE de un presupuesto sólido que vaya aumentando progresivamente. En este contexto, el CESE apoya la propuesta de la Comisión Europea de encontrar nuevos recursos propios para financiar el presupuesto europeo y recurrir a diferentes formas de inversión pública y/o privada. El CESE, por su parte, elaborará un informe sobre el coste de la «No Europa», donde pondrá de relieve los beneficios que puede reportar una mayor integración europea. El CESE insiste, asimismo, en que no se dé un trato discriminatorio a los países que se adhirieron a la UE después de 2004 respecto a los umbrales y los criterios de subvencionabilidad con cargo a los fondos europeos.

7.

El CESE apoya que el Banco Central Europeo desempeñe una función más destacada para estabilizar la situación en la zona del euro y respalda también los instrumentos de ingeniería financiera basados en el ahorro privado y los mercados (eurobonos) para financiar proyectos con buenas perspectivas de futuro destinados a revitalizar la actividad económica.

8.

El CESE, por consiguiente, exhorta a las instituciones europeas y a las autoridades nacionales a que: — eviten por todos los medios debilitar la posición de los tratados en vigor y de las instituciones creadas por ellos; — pongan en marcha medidas comunitarias que propicien el crecimiento y respalden el desarrollo de infraestructuras y los esfuerzos de las pequeñas y medianas empresas, el acceso de los jóvenes al empleo y las iniciativas en favor de una política europea energética eficaz y limpia; — aprueben un presupuesto ambicioso que permita aplicar estas medidas y reforzar la cohesión europea; — comuniquen ofreciendo una imagen de unidad, tanto ante los ciudadanos europeos como ante el resto del mundo; — transmitan un mensaje positivo a la juventud europea que presente a la Unión Europea como una solución ante la crisis y una perspectiva de futuro; — basen las decisiones que adopten en todos los niveles en una genuina adhesión por parte de los ciudadanos, mediante procesos en los que participen realmente el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales y que impliquen una consulta efectiva de las organizaciones representativas de la sociedad civil que integre las contribuciones del diálogo social autónomo.

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22.5.2012

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/3

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Cómo lograr que la sociedad civil participe en la regulación de los mercados financieros» (Dictamen de iniciativa)

2012/C 143/02

Ponente: Sr. MORGAN

El 20 de enero de 2011, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre

«Cómo lograr que la sociedad civil participe en la regulación de los mercados financieros»

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 2 de febrero de 2012.

En su 478o Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 22 de febrero de 2012), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 66 votos a favor, 53 en contra y 41 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   Una de las causas de la crisis financiera fue la insuficiente y deficiente regulación y supervisión de los mercados financieros. Una de las dificultades de la regulación de los mercados financieros radica en permitir una participación equilibrada de posiciones diferenciadas y opuestas en el proceso. No existe un contrapeso sustancial –a través de la participación de la sociedad civil– a la representación legítima de los intereses del sector financiero. Los debates políticos se siguen produciendo principalmente entre el poder legislativo, por un lado, y el sector financiero afectado, por otro.

1.2   En lo que respecta a la regulación de los mercados financieros, el Comité Económico y Social Europeo está llamado a subsanar las carencias que afectan a la participación de la sociedad civil. Esto se debe a que en el CESE están representadas tanto asociaciones del sector financiero como organizaciones de consumidores y sindicatos. Sin embargo, el CESE no puede ni pretende suplir la participación directa de las organizaciones de la sociedad civil. El diálogo civil es un proceso de formación de opinión democrático y público en el que deberían participar de forma eficaz todos los agentes relevantes.

1.3   El CESE no tiene al respecto ninguna duda de que la participación del sector financiero en el proceso de formación de opinión es legítima. Las propias entidades financieras son las afectadas por la regulación, deben satisfacer las condiciones y cumplir las obligaciones legales. El CESE también reconoce que dentro del sector financiero hay muchas ramas y empresas que operan de manera seria e íntegra y que no han sido causantes de la crisis financiera.

1.4   En vista de la complejidad de la regulación en sus detalles, es muy importante que las organizaciones no solo propongan objetivos fundamentales y reclamen un mayor rigor, sino que aporten propuestas y argumentos competentes y acordes con los objetivos. Para conseguirlo, es preciso realizar importantes esfuerzos con el fin de que las organizaciones puedan debatir con el poder legislativo y otras asociaciones «en pie de igualdad».

1.5   La Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo y los Estados miembros tienen que adoptar iniciativas para incluir a sectores más amplios de la sociedad civil en la regulación de los mercados financieros.

1.6   El Banco Central Europeo, el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico y las nuevas autoridades europeas de supervisión financiera deberían asociar a las organizaciones de la sociedad civil a sus trabajos. El funcionamiento de los grupos de partes interesadas que la ley prevé asociar a las autoridades de supervisión financiera debe tener en cuenta las especificidades de las organizaciones de la sociedad civil.

1.7   El apoyo financiero a organizaciones de la sociedad civil con cargo a los fondos de la UE puede ser apropiado para compensar las carencias en la representación de los intereses clave en determinados casos. En estos casos, no obstante, es necesario velar por una amplia transparencia de las contribuciones financieras, dar garantías de independencia de las organizaciones y adoptar medidas de salvaguardia contra un trato preferente en las relaciones con la Comisión frente a otras organizaciones que no reciben financiación.

1.8   Además de las organizaciones de consumidores y de los sindicatos, también existen otros grupos que pueden contribuir en buena medida a los debates sobre los mercados financieros, como las organizaciones caritativas, las pequeñas y medianas empresas, las organizaciones de inversores institucionales, las empresas industriales y de servicios con importantes operaciones financieras y sus asociaciones, los intermediarios financieros e incluso las agencias de calificación crediticia. Dada la situación de competencia existente en los mercados, los representantes de otros subsectores distintos del afectado por una regulación concreta también pueden realizar contribuciones útiles.

1.9   No todos los temas son igualmente adecuados para una toma de posición de las organizaciones de la sociedad civil. Si bien las cuestiones relativas a la protección del consumidor, el uso de los impuestos para el rescate de instituciones financieras o la tributación del sector financiero resultan especialmente adecuados a este respecto, los aspectos técnicos detallados, tales como el cálculo de la solvencia o la contabilidad, presentan menos interés.

1.10   No es suficiente exponer reivindicaciones generales e indiferenciadas en favor de que haya normas más estrictas. Esto no sirve de ayuda al legislador. No solo deben formularse propuestas tan concretas como sea posible, sino que también deben evaluarse los pros y los contras de unos requisitos más estrictos.

1.11   El CESE anima a las asociaciones europeas y nacionales de la sociedad civil a interesarse por la regulación de los mercados financieros con mayor intensidad que en el pasado. Algunas asociaciones tienen la posibilidad de incluir el fomento de la estabilidad de los mercados financieros como objetivo particular o, en su caso, nuevo objetivo de la organización y de ampliar en consecuencia su ámbito de intereses y de actividad.

1.12   En opinión del CESE, sería deseable que las asociaciones aprovecharan su participación en la regulación de los mercados financieros para llevar a cabo amplias actividades de comunicación positiva sobre la labor fructífera de la UE en este ámbito entre sus organizaciones y ante la opinión pública.

1.13   El sector financiero europeo figura, a pesar de los comportamientos equivocados que se han demostrado, entre los afectados negativamente por la crisis. Por lo tanto, se le exhorta a contribuir a una regulación eficaz de los mercados financieros. Los distintos subsectores no deberían esgrimir reservas improcedentes a la hora de comentar la regulación de otros subsectores en aras a la estabilidad de los mercados financieros.

1.14   El propio sector financiero también debería abrirse al diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Para las empresas, dado el alto grado de visibilidad pública del sector financiero a raíz de la crisis financiera, sería conveniente dialogar con la sociedad civil, compartir sus ideas y argumentos.

1.15   En el proceso de formación de la opinión a escala europea también desempeñan un papel destacado, por naturaleza, los medios de comunicación. También en este caso sería deseable que reflejaran en mayor medida la posición de las organizaciones de la sociedad civil.

1.16   El CESE seguirá ocupándose de cerca de las propuestas de regulación de los mercados financieros, en gran parte para formular observaciones y emitir dictámenes, concediendo especial importancia a las opiniones de los representantes de la sociedad civil. Durante los debates, asegurará una participación mayor y más directa de las organizaciones de la sociedad civil para definir su posición a través de audiencias en las secciones especializadas y los grupos de estudio.

1.17   El CESE, a la hora de elaborar sus programas de trabajo, los plenos, las reuniones de las secciones especializadas y de los grupos de estudio, velará por que se dedique tiempo suficiente a un debate en profundidad sobre la regulación de los mercados financieros. Velará, en el marco de la gestión de sus recursos financieros y humanos, por ofrecer a sus miembros asesoramiento técnico cualificado en cuestiones relacionadas con la regulación de los mercados financieros.

2.   Objeto del dictamen y antecedentes

2.1   La crisis de los mercados financieros (1) del año 2008 ha tenido graves consecuencias negativas para los ciudadanos en todo el mundo, y en particular en la Unión Europea, consecuencias que el Comité ha abordado repetidamente y con detenimiento. Un motivo del colapso de los mercados, de la especulación previa y de la negociación de productos financieros de alto riesgo fue la insuficiente y deficiente regulación y supervisión de los mercados financieros.

2.2   En el pasado, una de las dificultades para el establecimiento de normas en este ámbito radicaba -y sigue radicando también actualmente– en permitir una participación equilibrada de posiciones diferenciadas y opuestas en el proceso pluralista y democrático de formación de la opinión. Hoy en día no existe un contrapeso sustancial a la representación legítima de los intereses del sector financiero por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Con ocasión de la nueva regulación de los mercados financieros se debería corregir esta asimetría.

2.3   El Comité, en su calidad de institución europea de la sociedad civil, además de emitir dictámenes por iniciativa propia, considera que le compete promover una amplia participación de todas las partes interesadas y todos los afectados en el proceso legislativo europeo. Por consiguiente, el Comité ve con preocupación el hecho de que en determinados ámbitos políticos no se logre organizar regularmente un debate equilibrado.

2.4   El objetivo del presente dictamen de iniciativa es, por tanto, analizar la participación de la sociedad civil en la regulación de los mercados financieros y formular recomendaciones para mejorar su inclusión.

3.   Carencias y obstáculos en la participación de la sociedad civil

3.1   La regulación de los mercados financieros, hasta el momento, ha contado principalmente con la participación de los medios del sector financiero afectados. Esta impresión se vio plenamente confirmada en la audiencia organizada por el CESE el 28 de noviembre de 2011, y no puede achacarse a la falta de apertura de las instituciones de la UE. Esta materia hasta ahora apenas ha suscitado interés en organizaciones ajenas al sector financiero, lo que se puede observar por la escasa participación en las consultas lanzadas por la Comisión Europea, en las audiencias del Parlamento Europeo o en los debates públicos.

3.2   Los debates políticos en torno a directivas o reglamentos relativos al sector financiero se siguen produciendo principalmente entre el poder legislativo, por un lado, y el sector financiero afectado, por otro. En cambio, en otros ámbitos políticos, la confrontación política entre organizaciones de la sociedad civil forma parte también, precisamente en Bruselas, del debate pluralista, como, por ejemplo, entre patronal y sindicatos en la política social, entre la industria y organizaciones ecologistas en la política ambiental o entre el comercio y las asociaciones de consumidores en la política de consumo.

3.3   A juicio del Comité, las carencias de la regulación de los mercados financieros se deben a una serie de factores:

3.3.1   La regulación de los mercados financieros tiene por objeto garantizar la seguridad y estabilidad de dichos mercados y, por tanto, de un bien público poco concreto y tangible, que además durante mucho tiempo no parecía estar amenazado. No era fácil discernir cuáles eran los eventuales intereses materiales y concretos de los ciudadanos que hubiera que proteger a toda costa. Así, por ejemplo, las organizaciones ajenas a los mercados financieros carecían de estímulos, ocasión y motivos para ocuparse de estas cuestiones.

3.3.2   Los mercados financieros son sumamente complejos y no son fácilmente comprensibles para los no expertos. La existencia de distintos agentes, el carácter complejo de los productos y las múltiples interacciones hacen que las organizaciones ajenas al sector tengan dificultades a la hora de participar en los debates con suficiente conocimiento de causa.

3.3.3   Las consecuencias –directas y, sobre todo, indirectas– de una regulación para los intereses de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil a menudo son difíciles de discernir, especialmente cuando no se trata de directivas y reglamentos, sino de unas disposiciones de ejecución y unas normas técnicas de gran complejidad.

3.3.4   El proceso de regulación del sector financiero es relativamente difícil de comprender. Con el anterior proceso Lamfalussy y el actual sistema de actos delegados, actos de ejecución y normas técnicas obligatorias, con múltiples fases de procedimiento y diferentes instituciones y autoridades competentes, a menudo es difícil formular observaciones específicas en el momento adecuado. Además, la regulación de fondo está cada vez más determinada por las instituciones internacionales como el G-20, el Comité de Basilea y el IASB (International Accounting Standards Board), cuya actividad no es muy transparente.

3.3.5   La multiplicidad de proyectos de regulación, la celeridad de los procesos legislativos y el gran número de partes interesadas han llevado al límite la capacidad de los responsables de la toma de decisiones en las instituciones a la hora de evacuar consultas, elaborar documentos o participar en conferencias.

3.3.6   La fuerte integración de los mercados financieros a escala mundial, la movilidad global del capital y la gran sensibilidad del comercio han constituido siempre, hasta el momento, argumentos difíciles de rebatir contra toda intervención en el funcionamiento de los mercados en Europa. La competencia en torno a un capital volátil necesario para invertir en el fomento del crecimiento y la creación de puestos de trabajo permitió que una estrategia de «regulación suave» pareciera una opción sensata, cosa que ha parecido ser suficiente durante un largo periodo de tiempo.

3.4   Estas dificultades son también una de las razones de la fundación de «Finance Watch», en la que distintas asociaciones europeas y nacionales, por iniciativa de diputados al Parlamento Europeo, se han unido para realizar un seguimiento crítico de la legislación en el ámbito del sector financiero.

3.5   Una problemática similar parece darse también en los Estados miembros. No se observa que en ellos las fuerzas de la sociedad civil hayan adquirido una influencia significativa en la regulación de los mercados financieros.

3.6   La consideración de los intereses de las pequeñas y medianas empresas en el sector financiero, al igual que la participación de la sociedad civil, parece encontrar dificultades. Muchas instituciones financieras de menor tamaño se quejan de los altos costes administrativos y de la complejidad de las normas, que hacen difícil su ejecución.

4.   Consideraciones generales

4.1   La democracia participativa es un elemento fundamental del modelo social europeo y de la gobernanza europea. La democracia representativa y participativa está consagrada en el Tratado de Lisboa. No obstante, el Tratado solo establece la obligación de dar «a los ciudadanos y a las asociaciones representativas» la posibilidad de expresar sus opiniones (artículo 11 TUE). Por tanto, compete a las propias instituciones europeas adoptar iniciativas cuando los proyectos no tengan ninguna resonancia en la sociedad civil o cuando dicha resonancia sea desequilibrada.

4.2   Se da por sentado al respecto que las decisiones las toman las instituciones democráticamente legitimadas y que el diálogo civil solo tiene un carácter preparatorio y de acompañamiento.

4.3   El CESE es el principal foro de representación, de intercambio de opiniones y de expresión de la sociedad civil organizada y representa un puente indispensable entre Europa y sus ciudadanos. El Comité asume este papel especialmente en el proceso legislativo.

4.4   Precisamente el Comité está llamado a desempeñar un papel destacado en la regulación de los mercados financieros y a compensar las carencias que afectan a la participación de la sociedad civil. Esto se debe a que en el Comité están representadas tanto asociaciones del sector financiero como organizaciones de consumidores y sindicatos. Dada la obligación que tiene el Comité de emitir dictámenes sobre propuestas de la Comisión, sus miembros se ocupan de oficio de los textos legislativos y no necesitan que se les exhorte a ello ni ninguna motivación especial.

4.5   Así, por ejemplo, desde el principio de la crisis financiera a mediados de 2008, el Comité se ha hecho eco en reiteradas ocasiones de la voz de las organizaciones de la sociedad civil y ha emitido aproximadamente treinta dictámenes sobre dicha crisis en general y sobre iniciativas legislativas en particular.

4.6   En vista de las carencias que presenta la participación en general de la sociedad civil, las instituciones europeas están llamadas con tanta mayor razón a prestar atención a los dictámenes del Comité.

4.7   Sin embargo, el Comité no puede ni pretende suplir la participación directa de las organizaciones de la sociedad civil. El diálogo civil es un proceso de formación de opinión democrático y público en el que debería participar el mayor número posible de agentes de diversas formas.

4.8   El Comité no tiene al respecto ninguna duda de que la participación del sector financiero en la formación de la opinión es tan legítima como la de las demás organizaciones. Las propias entidades financieras son las afectadas por la regulación, deben satisfacer las condiciones y cumplir las obligaciones legales. La participación de las asociaciones del sector financiero también es necesaria por el hecho de que el propio sector es naturalmente el más interesado en la estabilidad financiera. Son necesarios igualmente los conocimientos especializados del sector para realizar evaluaciones de impacto fiables.

4.9   El Comité también reconoce que dentro del sector financiero hay muchas ramas y empresas que operan de manera seria e íntegra y que no han contribuido a la crisis financiera. A juicio del Comité, los juicios globalmente negativos sobre el sector financiero que se escuchan ocasionalmente no están justificados. También hay sectores que no se han beneficiado de los excesos de los mercados financieros, sino que se han visto afectados negativamente por la crisis y sus consecuencias. El número de clientes de entidades financieras que han sufrido pérdidas ha sido limitado, también gracias a las ayudas estatales.

4.10   No obstante, los principales afectados de la crisis económica y financiera son los ciudadanos en su calidad de contribuyentes, trabajadores y consumidores. A través de sus organizaciones de la sociedad civil se les invita a participar en mayor medida, en la elaboración de las nuevas normas para el sector financiero, con el fin de garantizar que no vuelva a repetirse una crisis de esta magnitud.

4.11   En vista de la complejidad de la regulación en sus detalles, es muy importante que las asociaciones no solo propongan objetivos fundamentales y reclamen un mayor rigor, sino que aporten propuestas y argumentos competentes y acordes con los objetivos. Para conseguirlo, es preciso realizar importantes esfuerzos con el fin de que las asociaciones puedan debatir con el poder legislativo y otras asociaciones «en pie de igualdad».

5.   Recomendaciones específicas

5.1   La Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo y los Estados miembros tienen que adoptar iniciativas para incluir a sectores más amplios de la sociedad civil en la regulación de los mercados financieros.

5.1.1   Es de suma importancia que las consecuencias directas e indirectas de los proyectos de regulación para la sociedad civil se expresen de manera sencilla, abierta y precisa en las propuestas, a fin de que las asociaciones puedan reconocer con mayor facilidad su repercusión para los ciudadanos.

5.1.2   Cuando se observe, como ha ocurrido a menudo en el pasado, que en las consultas sobre temas de los mercados financieros se han recibido pocas respuestas de parte de la sociedad civil, habría que dirigirse específicamente a distintas organizaciones para pedirles su participación. Si es preciso, deberán ampliarse los plazos de las consultas, como prevé la iniciativa de la Comisión de poner en marcha la «legislación inteligente». Durante la consulta no hay que centrarse solo en los aspectos técnicos, sino también plantear cuestiones específicas conforme a las consideraciones de la sociedad civil. Es preciso tener en cuenta a los grupos de destinatarios específicos de las organizaciones de la sociedad civil.

5.1.3   En las audiencias públicas de la Comisión Europea o del Parlamento Europeo habría que incluir de entrada a las organizaciones que corresponda. Las instituciones, pese a las restricciones de tiempo, deberían estar abiertas al debate con las organizaciones de la sociedad civil y participar en los actos que estas organizan.

5.1.4   Los grupos de expertos en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo no solo deberían estar formados por representantes del sector financiero, sino también por representantes de otros grupos. No obstante, a este respecto habría que velar por que se nombre a personas que cuenten con conocimientos especializados suficientes sobre el tema en cuestión, pues a fin de cuentas no se gana nada si existe un desequilibrio de competencias.

5.1.5   El apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil con cargo a los fondos de la UE puede ser apropiado para compensar las carencias en la representación de los intereses clave en determinados casos. Sin embargo, se contradice con el principio de autonomía organizativa y financiera de los intereses ciudadanos y puede afectar a la independencia de las organizaciones y dar lugar a conflictos de lealtad en ambas partes. En cualquier caso, es necesario velar por una amplia transparencia de las contribuciones financieras, dar garantías de independencia de las organizaciones y adoptar medidas de salvaguardia contra un trato preferente en las relaciones con la Comisión frente a otras organizaciones que no reciben financiación.

5.2   Las autoridades que intervengan en la regulación de los mercados financieros de las demás instituciones de la UE, tales como el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico y las tres autoridades europeas de supervisión financiera para la banca, los valores y los seguros, deberían integrar en sus trabajos las posiciones de las organizaciones de la sociedad civil.

5.3   El funcionamiento de los grupos de partes interesadas que la ley prevé asociar a las autoridades de supervisión financiera debe tener en cuenta la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, permitir una retroalimentación en las respectivas organizaciones y así ofrecer un canal adicional para la participación de la sociedad civil. No siempre ocurre así, sobre todo debido a las excesivas exigencias en nombre de la transparencia en materia de confidencialidad de los documentos y los debates.

5.4   La mayor participación de la sociedad civil en la regulación de los mercados financieros no puede alcanzarse solo a través de reivindicaciones políticas abstractas. Se requiere una idea más concreta de quién debe pronunciarse, en qué momento y sobre qué problemas relativos a los mercados financieros.

5.4.1   Además de las organizaciones de consumidores y de los sindicatos, también existen otros grupos que pueden contribuir en buena medida a los debates sobre los mercados financieros, como las organizaciones caritativas, las pequeñas y medianas empresas, las organizaciones de inversores institucionales, las empresas industriales y de servicios con importantes operaciones financieras y sus asociaciones, los intermediarios financieros e incluso las agencias de calificación crediticia. Los representantes de otros sectores financieros distintos del afectado por una regulación concreta también pueden realizar contribuciones útiles.

5.4.2   No todos los temas son igualmente adecuados para una toma de posición de las organizaciones de la sociedad civil.

5.4.2.1

Si bien las cuestiones relativas a la protección al consumidor, el uso de los impuestos para el rescate de instituciones financieras o la tributación del sector financiero resultan especialmente adecuados a este respecto, los aspectos técnicos detallados, tales como el cálculo de la solvencia o la contabilidad, presentan menos interés.

5.4.2.2

Pero las organizaciones no solo deberían centrarse en las regulaciones en el momento de su adopción, sino que deberían tener presente el proceso de regulación integral, incluidas las disposiciones de ejecución y las normas técnicas, aunque esto pueda parecer una tarea costosa.

5.4.2.3

No obstante, el Comité no ignora que la estabilidad y la sostenibilidad de los mercados financieros a largo plazo surge de la interacción de un gran número de disposiciones de fondo que deben examinarse una por una. Si bien las asociaciones no pueden ocuparse de todos los proyectos, la sociedad civil debe, cuando menos, ocuparse de estos temas, que en conjunto son cruciales para el éxito de la regulación. Y esto no afecta solo a la legislación relativa al consumidor, sino también, por ejemplo, a la regulación de la supervisión, los recursos de capital propio o la gobernanza empresarial.

5.4.2.4

La dificultad estriba también en el hecho de que detrás de los problemas aparentemente técnicos se ocultan a veces cuestiones políticas que conciernen de cerca al ciudadano. Por ejemplo, la determinación de la tasa de interés para el cálculo de las provisiones para las pensiones privadas tiene un efecto significativo en la capacidad de las compañías de seguros de ofrecer garantías a largo plazo sobre la cuantía de las pensiones.

5.4.2.5

No es suficiente exponer reivindicaciones generales e indiferenciadas en favor de que haya normas más estrictas. Esto no sirve de ayuda al legislador. No solo debe ser posible formular propuestas concretas, sino que también deben evaluarse los pros y los contras de unos requisitos más estrictos, teniendo en cuenta aspectos tales como las cargas que soportan las empresas, especialmente las pequeñas y medianas instituciones financieras, el acceso al crédito para los particulares y las empresas y el funcionamiento de los mercados.

5.4.3   La sociedad civil debería pronunciarse en la medida de lo posible en todos los niveles de toma de decisiones. A menudo, las disposiciones fundamentales se deciden ya en las primeras etapas, después de algunas consultas iniciales por parte de la Comisión, o en la preparación de los planes por las autoridades de supervisión financiera. Para ello, las asociaciones deben familiarizarse con los procedimientos complejos arriba mencionados, que se diferencian de los procedimientos habituales, y seguir su desarrollo.

5.5   El Comité Económico y Social Europeo anima a las asociaciones europeas y nacionales de la sociedad civil a interesarse por la regulación de los mercados financieros con mayor intensidad que en el pasado.

5.5.1   Algunas de estas asociaciones, en opinión del Comité, tienen la posibilidad de incluir el fomento de la estabilidad de los mercados financieros como objetivo particular o, en su caso, nuevo objetivo de la organización y de ampliar en consecuencia su ámbito de intereses y de actividad.

5.5.2   En vista de la mencionada complejidad de los mercados financieros y de la regulación que esto requiere, es necesario que las asociaciones se doten de los recursos de personal necesarios con las competencias requeridas y los desarrollen. Llegado el caso, también será necesario constituir nuevos órganos, cooperar más estrechamente con las asociaciones nacionales e incorporar a expertos externos.

5.5.3   El Comité acoge con satisfacción en este contexto, el establecimiento de Finance Watch, una nueva asociación a nivel europeo, que se dedica a promover el objetivo de la estabilidad de los mercados financieros. No obstante, por sí solo eso no es suficiente para posibilitar una amplia participación de la sociedad civil.

5.5.4   Las asociaciones deberían participar igualmente en los debates públicos a escala europea y en los Estados miembros, para contribuir de este modo políticamente a la regulación de los mercados financieros.

5.5.5   En opinión del Comité, sería deseable que las asociaciones aprovecharan su participación en la regulación de los mercados financieros para llevar a cabo una amplia actividad de comunicación positiva sobre la labor fructífera de la UE en este ámbito entre sus organizaciones y ante la opinión pública.

5.5.6   Es de particular importancia en este ámbito la cooperación entre las asociaciones nacionales y europeas. Por una parte, los niveles de regulación europeo y nacional son complementarios, especialmente en la regulación de los mercados financieros. Por otra parte, las asociaciones nacionales a menudo tienen más recursos que las organizaciones centrales europeas, recursos que deberían utilizarse, sobre todo en este ámbito, para actividades europeas.

5.5.7   Debido a la facilidad con que se mueve el capital a escala mundial, la regulación de los mercados financieros debe situarse en un nivel similar en todo el mundo. A esto pueden contribuir sobre todo las asociaciones con vocación internacional o que tienen conexiones internacionales. A nivel global pueden propiciar una regulación eficaz de los mercados financieros a un nivel similar, a fin de establecer el nivel normativo menos restrictivo posible en la competencia a nivel mundial. El interés de la estabilidad global de los mercados financieros debe defenderse en todos los foros financieros del planeta con el mismo ahínco.

5.6   El sector financiero europeo figura, a pesar de los comportamientos equivocados que se han demostrado, entre los afectados negativamente por la crisis. Por lo tanto, se le exhorta a contribuir a una regulación eficaz de los mercados financieros.

5.6.1   Los distintos subsectores no deberían esgrimir reservas improcedentes a la hora de comentar la regulación de otros subsectores en aras a la estabilidad de los mercados financieros.

5.6.2   A juicio del Comité, se entiende que la representación de los intereses del sector financiero debe ser transparente, íntegra y respetuosa con los responsables de tomar las decisiones. Las asociaciones representativas del sector satisfacen normalmente estas expectativas. En el pasado, esto no siempre ocurrió así en las diversas actividades puntuales de empresas concretas y de sus representantes comerciales.

5.6.3   El sector financiero debe abrirse al diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Para las empresas, dado el alto grado de visibilidad pública del sector financiero a raíz de la crisis financiera, sería conveniente dialogar con la sociedad civil, compartir sus ideas y argumentos. Eso sería un paso importante por parte del sector financiero de cara a la sociedad en su conjunto. Si el sector financiero se compromete a un comportamiento específico mediante la autorregulación, la sociedad civil debería participar en la preparación de dichas normas.

5.6.4   A fin de facilitar un diálogo civil justo y transparente, el Comité acoge con satisfacción la creación de un registro común de grupos de presión por parte del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, y valora positivamente los resultados de la labor del Grupo Buzek en el Parlamento Europeo. No obstante, el Comité advierte que el mayor rigor de las normas no debe suponer un menoscabo ni un obstáculo para la participación de las asociaciones. Esto se aplica en particular a cuestiones prácticas tales como el acceso a las instancias europeas y la participación en sesiones públicas.

5.7   Los científicos, fundaciones cívicas y laboratorios de ideas siguen estando llamados a aportar su capacidad de juicio, su pericia y sus experiencias a los debates sobre los mercados financieros Aunque estas entidades no pretendan participar en tareas legislativas concretas, deberían aprovechar la oportunidad de movilizar sus capacidades para conseguir el objetivo de evitar futuras crisis.

5.8   En el proceso de formación de la opinión a escala europea también desempeñan un papel destacado, por naturaleza, los medios de comunicación. También en este caso sería deseable que reflejaran en mayor medida la posición de las organizaciones de la sociedad civil. Para ello sería necesario, en su caso, invitar a las correspondientes asociaciones a definir su opinión en torno a una cuestión determinada, ya que en la actualidad son muy pocos los representantes que participan por propia iniciativa en los debates públicos.

5.9   El Comité Económico y Social Europeo se compromete a potenciar su participación en los debates sobre los proyectos de regulación de los mercados.

5.9.1   El CESE seguirá vigilando de cerca la propuesta de regulación de los mercados financieros, en gran parte para formular observaciones y emitir dictámenes, concediendo especial importancia a las opiniones de los representantes de la sociedad civil.

5.9.2   El Comité velará por que los representantes de los tres Grupos se integren en los debates por igual y participen en todas las fases del procedimiento.

5.9.3   Durante los debates, asegurará una participación mayor y más directa de las organizaciones de la sociedad civil para definir su posición organizando audiencias en las secciones especializadas y los grupos de estudio.

5.9.4   El CESE, a la hora de elaborar sus programas de trabajo, los plenos, las reuniones de las secciones especializadas y de los grupos de estudio, velará por que se dedique tiempo suficiente a un detenido debate sobre la regulación de los mercados financieros.

5.9.5   El CESE también contribuirá a que sus miembros que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil se ocupen activamente de las cuestiones relativas a la regulación de los mercados financieros y a que esto repercuta a su vez en sus asociaciones.

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(1)  La crisis producida por el déficit público excesivo no se aborda en el presente dictamen, aunque cabría formular la pregunta de por qué la sociedad civil no ha presionado con mayor fuerza, y con anterioridad, para la reducción de la deuda.

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22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/10

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Crecimiento y deuda soberana en la UE: dos propuestas innovadoras» (Dictamen de iniciativa)

2012/C 143/03

Ponente: Carmelo CEDRONE

El 14 de julio de 2011, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema:

Crecimiento y deuda soberana en la UE: dos propuestas innovadoras (Dictamen de iniciativa).

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 2 de febrero de 2012.

En su 478o Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 23 de febrero de 2012), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 121 votos a favor, 46 en contra y 11 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Recomendaciones principales

J. Monnet: «Siempre pensé que Europa se haría entre crisis y que sería la suma de las soluciones que diéramos a estas crisis.»

1.1   El CESE considera que las dificultades que atraviesa el euro son de naturaleza más política que económica. En efecto, la credibilidad del euro ha quedado socavada desde que las agencias de calificación dejaron de confiar en que los gobiernos emprenderían acciones contundentes para evitar la suspensión de pagos de los Estados miembros que atraviesan dificultades por endeudamiento. Recientes respuestas, como la de la Comisión Europea de emitir bonos de estabilidad tienen por objeto únicamente la estabilidad pero no al crecimiento (1), mientras que en el Proyecto de Tratado del Consejo sobre Coordinación y Gobernanza (2) adolece de un grave «déficit democrático» al hacer caso omiso del Parlamento Europeo y de otras instituciones de la UE.

1.2   El CESE considera además que la manera de salir de esta crisis, una crisis sistémica de la zona del euro, no podrá consistir en volver a encastillarse en los intereses nacionales ni en recortar los derechos, sino en modificar las políticas económicas, en reactivar la competitividad y en consolidar la equidad, la solidaridad y la cohesión. Ello devolvería la confianza a los ciudadanos en el proyecto europeo y en la viabilidad de recuperar el modelo social europeo frente a los riesgos que presenta para todos un fracaso en la resolución de la crisis, que podría conducir a socavar o hacer fracasar el ideal mismo de Europa.

1.3   El CESE considera que las instituciones europeas no pueden caer en la trampa de actuar únicamente en respuesta a las agencias de calificación, pese a que a veces saben detectar las debilidades del mercado. Las instituciones tienen el deber de indicar a los ciudadanos una vía eficaz para salir de la crisis que implique, al mismo tiempo, un proyecto de futuro para la UE que pueda generar confianza y optimismo. Deben asimismo reforzar el sentimiento de pertenencia y de participación en la realización de un ideal común de progreso social y de elevados niveles de empleo. En particular, los electores necesitan comprobar que la estabilidad va acompañada de crecimiento y no únicamente de austeridad. Solo un fuerte crecimiento económico puede restaurar la credibilidad de la zona del euro y hacer que los mercados financieros recuperen su confianza en ella.

1.4   A este respecto, el CESE se congratula de las iniciativas emprendidas por las instituciones europeas con vistas a una política presupuestaria y fiscal común, pese a que las medidas adoptadas hasta ahora solo han sido parciales y limitadas. No obstante, considera que, incluso con la activación y utilización inmediatas del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y, subsiguientemente, del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), es urgente elaborar dos propuestas prácticas que puedan resolver las cuestiones del crecimiento (eurobonos) y de estabilizar la deuda (bonos de la Unión) (3). Estas propuestas evitarían el recurso de algunos Estados miembros y de la UE a una defensa del euro basada únicamente en la austeridad, la cual deteriora las condiciones sociales, sofoca el crecimiento y podría desencadenar una recesión.

1.5   En particular, para estimular rápidamente el crecimiento es indispensable establecer un plan de recuperación económica, social y cultural, una especie de «nuevo pacto europeo», semejante al New Deal norteamericano, para que los Estados miembros puedan alcanzar un desarrollo sólido y sostenible basado en la competitividad, la productividad, el empleo, el bienestar social, la prosperidad y, ante todo, el consenso democrático. Ello sentará, asimismo, las condiciones para instaurar una verdadera gobernanza económica y fiscal común.

1.6   Se han propuesto distintos tipos de obligaciones como posible solución para la actual crisis, que irían en paralelo a las indispensables reformas estructurales (4) a cuya aplicación habría que animar y motivar a los Estados miembros. Sin embargo, dichas propuestas, incluso las recogidas en Libro Verde de la Comisión, tienen un inconveniente político: requieren que los Estados miembros presten garantías, ya sea mancomunadas o solidarias, razón por la cual algunos gobiernos clave –entre ellos el de Alemania – las consideran inaceptables.

1.7   El CESE afirma por el contrario que dichas garantías y transferencias no son en absoluto necesarias para convertir una parte de las obligaciones de los Estados miembros en obligaciones de la UE ni para realizar emisiones netas de eurobonos. El CESE afirma, además, que la financiación mediante obligaciones no alentaría la indisciplina en la gestión de las finanzas públicas si la conversión de las obligaciones de los Estados miembros en obligaciones de la UE, se realiza en una cuenta de débito y no en una cuenta de crédito. Las emisiones netas de obligaciones no se dedicarían a financiar el déficit sino a captar ahorro, incluidos los excedentes de liquidez a nivel mundial, para destinarlo a inversiones que permitan reforzar la cohesión y reactivar la competitividad.

1.8   El CESE propone, pues, la creación de dos tipos complementarios pero distintos de obligaciones (bonos) de la Unión Europea: bonos de la Unión, para estabilizar la deuda; y eurobonos, que se utilizarían para la recuperación y el crecimiento. El CESE recomienda asimismo financiar, con una parte de los ingresos netos de los eurobonos un fondo europeo de capital riesgo, lo que constituía uno de los objetivos iniciales del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) (5).

1.9   Bonos de la Unión - La deuda nacional se convertiría progresivamente (hasta un importe equivalente al 60 % del PIB) en bonos de la Unión y quedaría en una cuenta de deuda consolidada pero no negociable (6). Al no ser negociables, estas obligaciones estarían al abrigo de maniobras especulativas relacionadas con las evaluaciones de las agencias de calificación crediticia. Además, no sería necesario hacer ninguna transferencia fiscal. Los Estados miembros cuya deuda esté en bonos de la Unión asumirían el servicio de su cuota de deuda convertida en obligaciones de la Unión. Como resultado de esta conversión, la deuda nacional de la mayoría de estos Estados se reduciría a un nivel que cumpliría los parámetros correspondientes de Maastricht. La situación financiera de Grecia seguiría siendo sin duda un problema específico pero limitado y por tanto gestionable.

1.10   Para lograr este objetivo, no sería necesario revisar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento sino que ganaría en credibilidad, actualmente muy escasa en los mercados y entre el electorado, ya que se alcanzaría el objetivo de la estabilidad sin recurrir a medidas de austeridad. Además, la conversión de una parte importante (hasta un 60 %) de la deuda pública de los Estados miembros en deuda de la Unión podría realizarse mediante una «cooperación reforzada». De este modo, los países que así lo prefieran podrán mantener sus propias obligaciones (7).

1.11   A diferencia de los bonos de la Unión, los eurobonos, emitidos para financiar la reactivación económica y el crecimiento, sí serían negociables y podrían así atraer fondos hacia la Unión Europea. En septiembre de 2011 los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) reafirmaron su interés por mantener reservas en euros para ayudar a estabilizar la zona del euro. Si lo hicieran adquiriendo eurobonos además de obligaciones nacionales de los Estados miembros reforzarían al euro como divisa mundial de reserva y contribuirían a que los países emergentes lograran su ambición de crear un sistema global de reservas de divisas más pluralista.

1.12   Los eurobonos no tienen por qué imputarse a la deuda nacional de Alemania ni de ningún otro Estado miembro. Tampoco dependen de garantías soberanas ya sean mancomunadas o solidarias. El Banco Europeo de Inversiones lleva más de 50 años emitiendo obligaciones sin necesidad de acudir a garantías nacionales, con tal éxito que actualmente su volumen de operaciones duplica el del Banco Mundial.

1.13   La afluencia de excedentes de liquidez de terceros países para adquirir eurobonos reactivaría el crecimiento, lo cual es la manera más eficaz de reducir la deuda y los déficits. Prueba de ello es que durante el segundo mandato de Clinton el presupuesto federal arrojó excedentes en cada ejercicio. Los eurobonos podrían asimismo contribuir a financiar inversiones del BEI con los ingresos que generarían para los Estados miembros, en lugar de realizarse mediante transferencias fiscales entre los Estados miembros.

1.14   Un crecimiento financiado por obligaciones e inducido por la inversión, en el ámbito del mandato en materia de convergencia y cohesión encomendado al Grupo BEI por el Programa de Acción Especial de Ámsterdam de 1997 podría alcanzar el nivel macroeconómico de transferencias fiscales.

1.15   La cohesión se vería incrementada: los eurobonos permitirían cofinanciar proyectos de inversión del BEI para los cuales esta entidad ya recibió mandato en 1997 siempre que sirvan para promover la cohesión y la convergencia en los siguientes sectores: sanidad, educación, renovación urbana, medio ambiente, tecnologías «verdes» y apoyo a las pequeñas y medianas empresas así como a las nuevas empresas en el campo de las nuevas tecnologías.

1.16   La competitividad mejoraría dado que una parte de los flujos de capital captados mediante la emisión de eurobonos serviría para financiar un fondo de «capital riesgo» destinado a las pequeñas y medianas empresas, creando así una Mittelstandspolitik europea (política de apoyo a las pymes) que era uno de los fines del Fondo Europeo de Inversión (FEI) original, ahora fusionado con el Grupo BEI.

1.17   Si el Banco Central Europeo es el guardián de la estabilidad, el Grupo BEI puede por su parte salvaguardar el crecimiento, si los proyectos de inversión son cofinanciados mediante eurobonos. Tras la crisis financiera de 2008, se pidió al BEI que adquiriera y emitiera bonos al objeto de estabilizar la deuda. No obstante, no dio curso a la petición, lo cual era comprensible en aquel momento. Sin embargo, la misión paralela original del FEI era la emisión de los bonos de la Unión que propuso Delors en el Libro Blanco de la Comisión de 1993 Crecimiento, competividad, empleo. Como ente que forma parte del Grupo BEI y basándose en la experiencia del BEI en cuanto a la emisión de obligaciones, el FEI podría lanzar una emisión neta de eurobonos (véanse los puntos 5.2-5.8 del presente dictamen).

1.18   Los eurobonos podrían servir, por tanto, para cofinanciar un «plan europeo de crecimiento» y un «Pacto europeo por el crecimiento» en el que participen las fuerzas más dinámicas - empresas, sindicatos y asociaciones – en un pacto que actúe como motor para dar respuestas concretas a la crisis actual. Esto representaría una especie de New Deal europeo, basado en el precedente norteamericano, que podría impulsar el desarrollo y el empleo, reducir la deuda, restaurar la confianza y la esperanza en el futuro de la UE y, en particular, reducir la tasa de desempleo juvenil.

1.19   Al mismo tiempo, será necesario comenzar un proceso que afronte sin demora las cuestiones fundamentales de la UE: la dimensión económica y fiscal, como se hizo en la cumbre de Bruselas de los días 8 y 9 de diciembre de 2011, que debería contemplar también el fortalecimiento del BCE como garante de la estabilidad financiera; la dimensión social y la dimensión política, para resolver el déficit democrático actual y acelerar el proceso de toma de decisiones. En la práctica, se trata de superar todas las limitaciones (especialmente las derivadas del proceso decisorio y de las debilidades políticas) que han impedido e impiden todavía a la UE que actúe de forma rápida y eficaz, no solo para sostener el euro, sino también para no poner en peligro su propia existencia y razón de ser, acentuando su declive.

2.   Contexto

2.1   El objetivo principal del presente dictamen es, pues, un programa de acción que pueda aplicarse de inmediato sin necesidad de crear nuevas instituciones ni de revisar los Tratados y que permita sentar las bases de una gestión común de la deuda de la zona del euro. Reconociendo la necesidad de reducir los niveles insostenibles de deuda nacional, el presente dictamen completa otros ya emitidos o en curso de elaboración por el CESE sobre los temas del crecimiento, la política industrial y financiera, la productividad y la competitividad.

2.2   Después de las crisis de 2007 y 2008 se pensaba que lo peor había pasado. Afrontar la crisis tuvo un coste muy elevado para los ciudadanos europeos y provocó un aumento de la deuda pública. Pero dos años después, aunque el aumento en breve plazo de la deuda nacional se produjo como consecuencia de las operaciones de salvamento bancario, el centro de atención se ha desplazado de la deuda privada a la pública.

2.3   El ataque sufrido por los países considerados más vulnerables ha mostrado la fragilidad de la zona del euro, pese a que el total de las deudas nacionales, aunque debe reducirse y mantenerse bajo control, es inferior a la deuda norteamericana. Las medidas tomadas, aunque con retraso, suponen un gran paso adelante, si bien es insuficiente por tratarse de una crisis sistémica, que no depende ya de la deuda de uno u otro país.

2.4   Esto ha puesto de manifiesto una cuestión crucial para la supervivencia de la zona del euro y del propio proyecto europeo, a saber: ¿Quién promulga las leyes y quién tiene la última palabra? En efecto, la sociedad civil europea ha comprendido a las claras que no son ya los gobiernos elegidos los que controlan la situación, sino entidades no elegidas que se han arrogado ese poder. El riesgo no afecta ya a la legitimidad de los gobiernos nacionales, sino a la propia supervivencia del proceso democrático a nivel europeo.

2.5   Hasta el año 2008 el euro no se había visto afectado por turbulencias monetarias: incluso se había fortalecido frente al dólar convirtiéndose en la segunda moneda de reserva mundial. Una de las razones que explican el cambio de tendencia y que el euro esté amenazado es que, hasta la crisis griega, las agencias de calificación habían supuesto que la Unión Europea no permitiría la quiebra de un miembro de la zona del euro. Al no solucionarse rápidamente la crisis griega, el riesgo se contagió a las nuevas emisiones de obligaciones. Fue la falta de voluntad política durante dos años para ponerse de acuerdo sobre una solución de la crisis de la deuda soberana la que llevó a las agencias de calificación a rebajar la nota otorgada a una serie de Estados miembros de la zona del euro; rebaja de calificación que en la actualidad afecta al núcleo y no solo a la periferia.

2.6   Pese a la necesidad de sanear la deuda (de forma gradual, para evitar matar al enfermo «culpable» en vez de curarlo), la UE debe actuar con más determinación. De hecho, los Estados miembros, y no solo los más endeudados, bloqueados por la necesidad de no agravar las cuentas y agobiados por un crecimiento lento, se muestran inertes, como la UE, o titubean a la hora de decidir. Tampoco han tranquilizado a los mercados de obligaciones dando una respuesta política de rigor, austeridad y recortes presupuestarios, lo cual puede desembocar en un crecimiento débil o negativo.

2.7   Un aspecto de la respuesta que debe darse es que se debe acabar con la idea de que los excedentes de un país se corresponden con los déficits de los demás. Otro es la percepción injustificada de la «hipótesis del desplazamiento» (crowding out hypothesis) y la percepción errónea paralela según la cual reducir la inversión y el gasto públicos necesariamente atraerá (crowding in) inversiones y gastos del sector privado. Tampoco se ha tenido debidamente en cuenta que, en algunos casos en que pequeños Estados miembros emprendieron programas de austeridad que dieron lugar a una recuperación económica, se daba la circunstancia de que la UE en su conjunto se hallaba en fase expansiva de la demanda de exportación. Además, en varios casos las medidas iban acompañadas de una devaluación de la moneda, opción que ya es posible para los Estados miembros de la zona del euro.

2.8   Por otra parte, la UE debe recuperar la confianza de los ciudadanos europeos hacia la moneda única mostrando que redunda en interés mutuo. Ello implica prever un plan de acción en el plano económico, social y cultural y un «nuevo pacto europeo» a semejanza del New Deal norteamericano, cuyo éxito animó al presidente Truman a respaldar el plan Marshall, el cual, además de ayudar a la recuperación de la posguerra, permitió que todos los países europeos tuvieran un desarrollo duradero basado en la competitividad, la productividad, el empleo, el estado social, la prosperidad y, sobre todo, en el consenso (participación y colaboración social).

2.9   Esta perspectiva, que concilia estabilidad y crecimiento, generaría el consenso político necesario para crear nuevos instrumentos de gobernanza económica y fiscal común. Es del todo contradictorio tener una moneda única y diecisiete políticas nacionales distintas de gestión de la deuda. Sin embargo, una política presupuestaria basada en la austeridad fiscal no basta para resolver esta situación. Lo que realmente se necesita es al mismo tiempo estrategias coherentes de gestión de la deuda e instrumentos financieros comunes que puedan financiar el crecimiento europeo cuando se hayan reducido los niveles excesivos de deuda nacional.

2.10   La respuesta de la UE a la crisis no puede limitarse solo a las palabras «rigor, austeridad, recortes y sacrificios», sin que importen sus consecuencias. Por no hablar de la valoración y separación entre países «virtuosos» y «no virtuosos», que a menudo no rinde justicia a la verdad ni a las responsabilidades reales. Dicho enfoque genera resentimiento, egoísmos, rencor y amargura, incluso cultural, que desembocan en rivalidades mezquinas y un populismo peligroso para Europa. Se constata un error de diagnóstico en los niveles elevados de decisión: una visión moralista que impide que los denominados «virtuosos» ayuden a los demás.

2.11   El binomio austeridad-crecimiento representa un dilema que la UE debe superar, con el consenso de sus ciudadanos, actuando en dos niveles al mismo tiempo, como se indica en los dos puntos siguientes.

2.12   Por una parte, es preciso formular una propuesta nueva, más avanzada, sobre la deuda soberana: una propuesta que prevea, sobre la base de una solidaridad compartida, la reducción de los niveles de endeudamiento y el mantenimiento de la responsabilidad de los Estados miembros, evitando al mismo tiempo los ataques especulativos y que se base en los principios del Tratado. La defensa del euro, que es esencialmente una cuestión política, beneficiaría a todos los países, en particular, a los más ricos y permitiría eludir la situación paradójica de que el sueño inicial de una moneda única se transformase en una pesadilla para los ciudadanos de la UE.

2.13   La segunda propuesta debe tener como objetivo granjearse la confianza de los ciudadanos europeos. Para ello hay que poner en marcha un programa de acción en el plano económico, social y cultural que permita alcanzar los objetivos del Programa Europeo de Recuperación Económica 2020 y proporcione la financiación necesaria. También hace falta una gran idea, una especie de «nuevo pacto europeo» a semejanza, por ejemplo, del New Deal norteamericano. Como es sabido, el propio plan Marshall, además de contribuir a la recuperación de la posguerra, permitió que todos los países europeos tuvieran un desarrollo duradero basado en la competitividad, la productividad, el empleo, el bienestar social, la prosperidad y, sobre todo, en el consenso (participación y colaboración social).

2.14   La UE debe hacer, pues, todo lo posible para responder con una sola voz a los interrogantes de los mercados, que han demostrado sus limitaciones actuando sin normas y sin control. No obstante, para ello no se requiere, afortunadamente, la adhesión unánime de todos los Estados miembros a la idea de crear nuevos instrumentos financieros. En este contexto se podría aplicar al principio de «cooperación reforzada». En lugar de reducir la zona del euro a un «núcleo duro» de países que podrían verse perjudicados, se debería permitir a los países objeto de ataques especulativos que transfirieran una parte significativa de su deuda a una cuenta de débito europea, lo que beneficiaría a todos los Estados miembros.

3.   Bonos de la Unión para estabilizar la deuda soberana

3.1   En Europa, la deuda soberana ya no puede ser definida como tal. Las limitaciones y los errores de los Estados miembros y de la UE, junto con la inexistencia de un marco eficaz para supervisar y vigilar las instituciones financieras, han facilitado el comportamiento depredador contra las monedas nacionales (8). Aprovechándose además de una mala gestión de las finanzas públicas la soberanía de algunos Estados miembros vulnerables se ha visto comprometida.

3.2   El CESE considera esencial consolidar la disciplina de las finanzas públicas de algunos países, incluso mediante reformas estructurales equitativas y comunes. A largo plazo se podría instaurar una unión fiscal con un ministro de Economía y Hacienda de la zona del euro. De hecho, resulta totalmente contradictorio tener una política monetaria (y presupuestaria) única y diecisiete políticas de la deuda diferentes. Sin embargo, ahora mismo urge tomar medidas inmediatas que estabilicen la deuda nacional, así como realizar una gestión común de los presupuestos de los Estados miembros a través de la supervisión de la UE.

3.3   Asimismo, habría que dar una mayor importancia política al hecho de que, si bien algunos Estados miembros están muy endeudados, la propia Unión Europea en sí tiene una deuda prácticamente nula y que antes de mayo de 2010 y del inicio del rescate de la deuda de algunos Estados miembros, la deuda era inexistente. Pero es que incluso después de dichas operaciones de compra y de rescate de bancos, la deuda de la UE equivale a poco más del 1 % de su PIB. Una relación deuda/PIB de menos de una décima parte de la deuda que existía en los años treinta en Estados Unidos, cuando el gobierno de Roosevelt comenzó a convertir los ahorros en inversiones ampliando la emisión de bonos del Tesoro Federal (9). Pero a diferencia de los Estados Unidos en aquella época, la UE tendría la ventaja de poder utilizar esta experiencia en materia de bonos.

3.4   La soberanía de los Estados miembros puede ahora ser restaurada por la Unión, permitiendo a los gobiernos nacionales recuperar su papel, actualmente asumido por los mercados financieros gracias a reforzamiento de la supervisión y de la responsabilidad de los agentes de los mercados financieros, incluidas las agencias de calificación. Para ello, sin embargo, no es necesario recurrir a comprar deuda, ni a garantías soberanas conjuntas ni a transferencias fiscales. A modo de ejemplo, para financiar el New Deal, la administración Roosevelt no procedió a una compra de la deuda pública de los estados de la Unión ni les impuso que garantizaran los bonos emitidos por el Tesoro Federal o que procedieran a transferencias fiscales. Los Estados Unidos emiten bonos del Tesoro cuyo servicio es financiado mediante impuestos federales. Si bien, a diferencia de los Estados Unidos, la Unión Europea no tiene una política fiscal común, los Estados miembros pueden financiar la parte correspondiente de sus obligaciones nacionales convertidas en bonos de la Unión sin necesidad de realizar transferencias fiscales entre ellos.

3.5   Con la adopción de la estrategia de austeridad adoptada en respuesta a los mercados financieros se ha dejado de lado el Programa Europeo de Recuperación Económica (European Economic Recovery Programme - EERP). La mayoría del electorado ni siquiera es consciente del empeño que pone la UE en esta dirección, pero sí es muy consciente de los sacrificios que se le piden para el rescate de los bancos y de los fondos de riesgo (hedge funds). La mayor parte de la ciudadanía apenas conoce la existencia del programa de recuperación económica.

3.6   La conversión de una parte de la deuda nacional en deuda de la UE también se podría hacer mediante una cooperación reforzada en la que participaran Estados miembros clave, como Alemania, que seguirían manteniendo sus obligaciones nacionales. Aunque es cierto que, según el Tratado de Lisboa, la cooperación reforzada afecta solo a una minoría de Estados miembros, la propia introducción del euro ha representado de hecho un caso de cooperación reforzada entre una mayoría de países de la UE. El Instituto Bruegel ha propuesto la creación de una nueva institución que asumiría las obligaciones resultantes de la conversión de las deudas soberanas de los Estados miembros en deuda de la Unión (10). Sin embargo, no es necesario crear institución alguna.

3.7   La parte de la deuda nacional convertida en bonos de la Unión podría quedar en manos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (y posteriormente del Mecanismo Europeo de Estabilidad) en una cuenta especial de conversión y no sería objeto de negociación (11). De esta forma, las obligaciones convertidas estarían al abrigo de la especulación. Los inversores mantendrían sus propios activos hasta su vencimiento al tipo de interés vigente. Ello evitaría, asimismo, el riesgo moral ya que las obligaciones en una cuenta de débito no podrían utilizarse para la creación de crédito. La ventaja que ello representaría, tanto para los gobiernos como para los titulares de obligaciones, sería que el riesgo impago por parte de los Estados miembros se reduciría considerablemente.

4.   Eurobonos para reactivar la recuperación económica y el crecimiento sostenible

4.1   Los recientes acontecimientos han puesto de manifiesto la necesidad de que la Unión logre una gobernanza social y económica común, en línea con la unidad creada gracias a la moneda única, al objeto de abordar con mayor eficacia los crecientes desequilibrios macroeconómicos. No obstante, hasta ahora la Comisión y el Consejo Europeo se han centrado únicamente en la estabilidad, dejando en segundo plano la necesidad de reactivar el crecimiento.

4.2   Este enfoque deja de lado tanto la dimensión social como la dimensión mundial de prolongar unas medidas de austeridad, pese a la importancia que tiene para las economías emergentes el mantenimiento de una demanda europea para sus exportaciones. Igualmente pasa por alto el hecho de que la financiación de la reactivación del crecimiento no ha de hacerse necesariamente mediante transferencias fiscales entre los Estados miembros sino más bien «reciclando» los excedentes de las economías emergentes.

4.3   Por ejemplo, uno de los argumentos esgrimidos con fuerza por diversas propuestas publicadas en la prensa, que se hacen eco de la propuesta del Instituto Bruegel (1993) y de la anterior de Delors en materia de bonos de la Unión, es que la emisión neta de eurobonos atraería los excedentes de los bancos centrales de los países emergentes y de los fondos soberanos, produciendo un efecto multiplicador.

4.4   Estos flujos financieros en forma de eurobonos podrían permitir hacer realidad el compromiso asumido desde 2008 por los Estados miembros y por el Parlamento Europeo en favor del citado Programa Europeo de Recuperación Económica. Aunque la emisión de dichos bonos se realizaría por etapas, el flujo acumulado de una parte de los excedentes de los bancos centrales de los países emergentes y de los fondos soberanos, que representan aproximadamente 3 billones de dólares, sería considerable.

4.5   De hecho, la suma de estos flujos podría llegar a igualar o incluso superar la de los recursos propios de la Comisión sin necesidad de las transferencias fiscales a las que Alemania y otros Estados miembros se oponen. También permitirían cofinanciar las inversiones del Grupo BEI en ámbitos relativos a la política de cohesión, tales como la sanidad, la educación, la renovación urbana y el medio ambiente.

4.6   Desde que el BEI recibió el mandato relativo a los objetivos de cohesión y convergencia, con arreglo al Programa de Acción Especial de Ámsterdam de 1997, el BEI ha conseguido cuadruplicar el volumen de los préstamos que concede para financiar inversiones. Cuadruplicar de nuevo las inversiones del BEI tendría un efecto equivalente al del Plan Marshall en la posguerra (12). No obstante, a diferencia del Plan Marshall y de los Fondos Estructurales, la actividad financiera no se basaría en subvenciones sino en la conversión del ahorro en inversión. En virtud de su efecto multiplicador económico, dichas inversiones generarían una demanda sostenida en el sector privado y un aumento del empleo. Ello haría que los mercados y la opinión pública recuperasen la confianza en que las medidas de austeridad pueden ser reemplazadas por mayor calidad de vida y bienestar. A su vez, el crecimiento y las tasas más elevadas de empleo generarían ingresos fiscales directos e indirectos que contribuirían a reducir la deuda y el déficit.

5.   Contexto jurídico e institucional de la propuesta

5.1   Los bonos de la Unión y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF)

5.1.1

El FEEF podría tener la parte de deuda nacional convertida en bonos de la Unión en una cuenta especial de conversión, lo que sería coherente con sus tareas de estabilización. Y podría hacerlo aun cuando vaya a ser reemplazado en 2012 por el Mecanismo Europeo de Estabilidad, MES (European Stability Mechanism - ESM), que se convertiría entonces en depositario de la deuda convertida.

5.1.2

El principio según el cual la deuda convertida en bonos de la Unión no puede ser objeto de negociación en los mercados habría protegido al FEEF de eventuales «malas notas» de las agencias de calificación y de los mercados de obligaciones. El mantener las obligaciones en una cuenta de débito garantizaría a Alemania y a los demás Estados miembros que las obligaciones nacionales convertidas en bonos de la Unión no pueden emplearse para crear crédito.

5.2   El cometido del FEI y los eurobonos

5.2.1

No existe ninguna necesidad de que el BCE intervenga en la emisión neta de obligaciones. Inicialmente se había previsto que la emisión de bonos de la Unión Europea estuviera a cargo del FEI, creado en 1994 y que se forma parte del Grupo BEI desde el año 2000. La tarea inicial encomendada al FEI era la de emitir obligaciones comunes en contrapartida de la moneda común. Su misión secundaria era la de prestar apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas y a las nuevas empresas de alta tecnología. De hecho, desde 1994 hasta la fecha, era esta la única función que ha desempeñado el Fondo (13).

5.2.2

El proyecto inicial del FEI tenía en cuenta el hecho de que una moneda única privaría a los Estados miembros de la posibilidad de recurrir a la devaluación para ajustar la balanza de pagos y de que el poder político no era favorable a las transferencias fiscales en el nivel que recomendaba el informe MacDougall (14). Sin embargo, basándose en el precedente del New Deal, reconocía también que las obligaciones europeas podrían financiar políticas estructurales, sociales y regionales, como se sugería ya en 1956 en el Informe Spaak sobre el mercado común (15). Esto estaba además en línea con los objetivos del informe MacDougall, que instaba a adoptar políticas de empleo y regionales «estructurales y cíclicas» que redujesen los desequilibrios entre las regiones en materia de capital y de productividad.

5.3   El cometido del FEI en materia de capital riesgo

5.3.1

La recomendación de 1993 en cuanto a que el FEI debía apoyar a las pymes no preveía solo que se les concedieran garantías de capital o préstamos, sino también la creación un fondo europeo de capital riesgo con una dotación presupuestaria de hasta 60 000 millones de ecus y la misión específica de financiar la creación de empresas de tecnología avanzada.

5.3.2

Financiado mediante obligaciones de la Unión, dicho Fondo habría realizado inversiones a lo largo de un período de varios años, pero habría tenido un potencial macroeconómico. Una buena gestión del Fondo, en cooperación con las agencias de crédito nacionales y los entes de desarrollo regional – que conocen la situación de las pymes locales –, habría garantizado la posibilidad de financiar las obligaciones mediante los rendimientos del capital propio de las pymes, siempre que el éxito de estas empresas lo hubiera permitido.

5.3.3

Se pretendía así compensar la relativa escasez de capital de riesgo privado en Europa (en comparación con los EE.UU.), reducir la dependencia de las pymes hacia los préstamos a tipos fijos (que penalizan a las nuevas empresas antes de que hayan podido situarse en un mercado) y reforzar de ese modo la innovación y la competitividad microeconómicas, con las consecuencias positivas que ello reportaría a nivel macroeconómico y social.

5.3.4

Desde el establecimiento del FEI en 1994, su función de garantía de capitales de riesgo en lugar de préstamos se fue abandonando con el resultado de que, en el momento de su integración en el Grupo BEI (2000), el Fondo solo había garantizado a pymes un importe de 1 000 millones de ecus. El FEI no recuperó su vocación original de instrumento microeconómico destinado a generar efectos macroeconómicos hasta septiembre de 2008, cuando el Consejo Ecofin de Niza puso en marcha un programa de apoyo a las pymes por un importe de 30 000 millones de euros, aunque solo mediante préstamos y no mediante inyecciones de capital propio.

5.3.5

En el actual marco de las emisiones netas de eurobonos como complemento de la conversión de una parte de la deuda de los Estados miembros en deuda de la Unión, convendría replantearse la posibilidad de que el FEI asumiera una función de fondo de capital riesgo en lugar del papel exclusivo de fondo de préstamos que posee actualmente.

5.4   El BEI

5.4.1

El BEI siempre ha emitido sus propias obligaciones y ha expresado una clara preferencia por mantener su identidad bien distinta de la de las obligaciones de la UE. Esto parece justificado. En primer lugar, el BEI emite sus propias obligaciones principalmente para financiar proyectos, especificidad que considera oportuno mantener. En segundo lugar, se suponía que el servicio de la deuda relativo a la emisión de eurobonos requeriría transferencias fiscales, mientras que el servicio de la deuda del BEI se sufraga con los ingresos de los proyectos que financia. En tercer lugar, las transferencias fiscales podrían requerir un aumento de los recursos propios de la Comisión, lo que parece improbable. Por último, el BEI teme un empeoramiento de su propia calificación crediticia como resultado de su participación en la estabilización de la deuda.

5.5   Funciones complementarias del BEI y del FEI

5.5.1

No obstante, estas reservas estarían fuera de lugar si hablamos de las emisiones netas de eurobonos por parte del FEI. A pesar de que forman parte del mismo grupo, el BEI y el FEI son instituciones diferentes. Por lo tanto, los eurobonos del FEI serían distintos de las obligaciones emitidas por el BEI y de los bonos de la Unión que, destinados a estabilizar la deuda, estarían en manos del FEEF.

5.5.2

Las emisiones de eurobonos por el FEI podrían completar las obligaciones emitidas por el BEI para financiar proyectos conjuntamente. El servicio de los intereses de estas obligaciones podría hacerse con los ingresos de los proyectos de inversión financiados en lugar de mediante transferencias fiscales. El BEI mantendría el control, reservándose la facultad de aprobar y gestionar proyectos, protegiendo así sus prerrogativas de gestión en este ámbito.

5.5.3

Cuando resulte necesaria la participación de socios locales, lo cual es un aspecto importante para el BEI, podría obtenerla mediante la cooperación en la gestión de proyectos con instituciones de crédito nacionales como la Caisse des Dépôts et Consignations francesa, la Cassa Depositi e Prestiti italiana y la Kreditanstalt für Wiederaufbau alemana.

5.6   La gestión de las obligaciones del FEI

5.6.1

Para gestionar las emisiones de obligaciones en el mercado abierto, es decir, para desempeñar la función esencial para la que fue concebido, el FEI necesitaría un nuevo plan estratégico. Para ello necesitaría un equipo integrado por personas con gran capacidad profesional que podría encontrar en el BEI y cooperando con organismos nacionales responsables de la gestión de la deuda pública. Además, dado que la emisión de eurobonos se haría por tramos, el FEI podría crear su nuevo equipo de manera progresiva según sus necesidades.

5.6.2

El Consejo Ecofin es el órgano de gobierno del Grupo BEI. La decisión para que el FEI emita eurobonos no haría necesaria revisión alguna de los Tratados, como tampoco hubo necesidad de hacerlo para la creación del Fondo en 1994.

5.7   Para establecer los criterios de un programa europeo de recuperación económica no se necesita una decisión del Consejo Ecofin ni una propuesta de la Comisión. Desde el Programa de Acción Especial de Ámsterdam y los Consejos Europeos de Luxemburgo (1997) y Lisboa (2000), el BEI ha recibido del Consejo una serie de mandatos, tanto en materia de cohesión como de convergencia, para invertir en sanidad, educación, renovación urbana, medio ambiente urbano, tecnologías «verdes» y apoyo financiero a las pymes y a las nuevas empresas de tecnología avanzada, así como en las redes transeuropeas de transportes y comunicaciones.

5.8   Desde 1997 hasta la fecha el BEI ha conseguido cuadruplicar el volumen anual de financiaciones para inversiones, llevándolo a un nivel equivalente a dos tercios de los recursos propios de la Comisión. Una nueva cuadruplicación de este volumen de aquí a 2020, a través de la cofinanciación resultante de la compra de eurobonos por parte de los bancos centrales y fondos soberanos de países con economías excedentarias, podría servir para hacer realidad el Programa Europeo de Recuperación Económica. Esto es tanto más cierto cuanto que está demostrado que el efecto multiplicador de las inversiones se eleva a tres, y por consiguiente duplica o triplica el de los multiplicadores fiscales (16).

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(1)  Libro Verde sobre la viabilidad de la introducción de bonos de estabilidad (COM(2011) 818 final) de 23 de noviembre de 2011.

(2)  Consejo Europeo Proyecto de Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, 10 de enero de 2012.

(3)  Nótese que, a efectos del presente dictamen, la definición de los «eurobonos» no se corresponde necesariamente con la empleada en otros contextos. En su Libro Verde sobre la viabilidad de la introducción de bonos de estabilidad, la Comisión Europea analiza la sostenibilidad de los «bonos de estabilidad», concepto similar al de «bonos de la Unión» empleado en este dictamen, pero con la diferencia de que se supone que tales bonos requieren garantías mancomunadas o solidarias. En otras propuestas como las desarrolladas por Lorenzo Bini Smaghi se emplea el término «eurobonos» en el mismo sentido de obligaciones destinadas a reforzar la estabilidad, mientras que en este dictamen los eurobonos se refieren a emisiones netas de bonos para reactivar y reforzar la recuperación económica. Para más información, véase el estudio de J. Von Weizäcker y J. Delpla, de 2010, titulado The Blue Bond Proposal y publicado por The Bruegel Institute. Policy Brief 2010:3. Igualmente el estudio de C. M. Schmidt y otros, publicado el 9 de noviembre de 2011 bajo el título Proposal for a European Redemption Pact publicado por el German Council of Economic Experts.

(4)  Comenzando por la realización del mercado único como se sugiere en el informe Monti.

(5)  Holland, S. (1993) The European Imperative: Economic and Social Cohesion in the 1990s [El imperativo europeo: la cohesión económica y social en los años noventa] prólogo de Jacques Delors, Nottingham: Spokesman Press.

(6)  Los poseedores privados de títulos disfrutarían así de importantes ventajas respecto al riesgo de impago puesto que los títulos nacionales serían convertibles a la par con los bonos de la Unión al tipo de interés preexistente.

(7)  Los Estados miembros que deseen establecer una «cooperación reforzada» entre ellos en el marco de las competencias no exclusivas de la UE pueden hacer uso de sus instituciones y ejercer dichas competencias aplicando las correspondientes disposiciones de los Tratados dentro de los límites y de conformidad con las disposiciones detalladas en el artículo 20 (Tratado de la UE) y en los artículos 326-334 (TFUE). La cooperación reforzada debe tener por objeto favorecer los objetivos de la Unión, proteger sus intereses y reforzar su proceso de integración. Dicha cooperación debe estar abierta en cualquier momento a todos los Estados miembros. La decisión por la que se autoriza la cooperación reforzada deberá ser aprobada por el Consejo en última instancia cuando haya determinado que los objetivos de tal cooperación no puede alcanzarse en un periodo razonable de tiempo por el conjunto de la Unión y siempre que al menos nueve Estados miembros participen en ella. Los actos aprobados en el marco de la cooperación reforzada vinculan únicamente a los Estados miembros que participan en ella y no deben considerarse parte del acervo que debe ser aceptado por los países candidatos a la adhesión (artículo 20 del Tratado de la UE). El Consejo se pronunciaría con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 280 D del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Todos los miembros del Consejo pueden participar en las deliberaciones de la cooperación reforzada, pero únicamente participarán en la votación los miembros del Consejo que representen a los Estados miembros que participan en una cooperación reforzada (artículo 330 TFUE).

(8)  Véase el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia, publicado en DO C 54 du 19.2.2011, p. 37.

(9)  Los Estados Unidos no optaron por una financión del déficit hasta el segundo mandato del presidente Roosevelt. No obstante, tanto durante el primero como durante el segundo mandato, el principal impulsor de la recuperación para salir de la depresión se produjo mediante inversiones sociales y medioambientales financiadas por bonos, sistema que Europa podría imitar ahora a fin de lograr la recuperación.

(10)  Von Weizäcker, J. y Delpla, J. (2010) The Blue Bond Proposal. Bruegel Institute Policy Brief, 2010, n. 3.

(11)  Los tenedores privados de títulos no comercializables en el mercado podrían venderlos en su caso al MES a su valor nominal hasta alcanzar el umbral fijado.

(12)  Una encuesta de opinión pública llevada a cabo a mediados de la década de 1950 con 2 000 personas en Francia, Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Austria e Italia reveló que el 80% de los encuestados conocía el Plan Marshall y el 25-40% entendía cómo funcionaba.

(13)  Holland, Stuart (1993) The European Imperative: Economic and Social Cohesion in the 1990s Op. Cit.

(14)  Del 5 % al 7 % del PIB. Comisión Europea (1977). Informe del grupo de estudio sobre el papel de las finanzas públicas en la integracion europea.

(15)  Comité Intergubernamental sobre Integración Europea (1956). Informe sobre el Mercado Común General (Informe Spaak).

(16)  Creel, J., Monperrus-Veroni, P. y Saraceno F. (2007) Has the Golden Rule of public finance made a difference in the United Kingdom? Observatoire français des conjonctures économiques, Working Papers 2007-13.

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22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/17

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Por una perspectiva ciudadana y humanista de la política del mercado interior» (Dictamen de iniciativa)

2012/C 143/04

Ponente: Jorge Pegado LIZ

El 20 de enero de 2011, el Comité Económico y Social Europeo decidió, de conformidad con el artículo 29.2 de su Reglamento Interno, elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema:

«Por una perspectiva ciudadana y humanista de la política del mercado interior».

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en la materia, emitió su dictamen el 1 de febrero de 2012.

En su 478o Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 22 de febrero de 2012), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 118 votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones, el presente dictamen:

(Durão Barroso, Expresso, 19.11.2011)

1.   Introducción

1.1   Dado que casi se han cumplido veinte años desde la fecha en que, según DELORS, se habría concluido el gran mercado interior europeo, sin barreras ni obstáculos de cualquier naturaleza, es oportuno y apropiado que la sociedad civil organizada, representada en el CESE, se pregunte adónde se llegó y hacia dónde se camina.

1.2   Y, sin embargo, reflexionar hoy sobre el mercado interior implica repensar el modelo del proyecto europeo en su conjunto. Hay razones de sobra para preguntarse – como recientemente se preguntó el Comisario Barnier, en una elocuente conferencia dictada en la Universidad de Humboldt – si Europa, tal como algunos la idealizamos esforzándonos por intentar construirla mientras que otros se han dedicado a destruirla paulatinamente a lo largo de esos sesenta años, sigue siendo un modelo de libertad, faro de la cultura, paladín de la paz, y defensora de la fraternidad entre los pueblos y de la igualdad de las personas, en un mundo sin discriminaciones ni barreras, en el horizonte de 2050.

1.3   Esta cuestión se plantea con mayor pertinencia en momentos especialmente turbulentos como los actuales, con Europa sumida en una crisis persistente de naturaleza sistémica y no meramente coyuntural, no solo económica y financiera, sino también de valores sociales y culturales y para la que la mayoría de las partes interesadas representadas en el CESE no vislumbra salidas consistentes.

1.4   Estamos afrontado una crisis de empleo. La situación es tal que Europa ya no puede garantizar puestos de trabajo para sus ciudadanos. La única solución es la creación de empleo, y el principal instrumento para conseguirlo debe ser la completa realización del mercado interior.

1.5   La sociedad civil organizada se pregunta con razón por la capacidad del actual modelo institucional de la UE, surgido del Tratado de Lisboa, para gestionar la crisis; duda de que el actual modelo económico y financiero sea capaz de una autorregulación eficaz y adecuada y afronta con perplejidad la falta de medidas reguladoras coherentes y eficaces y la proliferación de decisiones aisladas y contradictorias de unos y otros; asimismo, se pregunta cómo se puede conseguir un control más eficaz y estricto del sistema financiero a la vista de los colapsos sucesivos de las Bolsas y los inherentes prejuicios sociales y económicos; teme que los profundos síntomas de la crisis, frente a una inminente amenaza de recesión global, apunten al colapso del modelo europeo tal como existe actualmente. Por consiguiente, la sociedad civil insta a sus actuales líderes a que demuestren la necesaria ambición y visión para llevar a cabo una regeneración del modelo económico y social europeo, en el respeto de los valores y principios recogidos en el Tratado.

1.6   Por ello ha sido extraordinariamente positivo que, paralelamente a la elaboración del presente dictamen, el Comité Consultivo de la AELC haya considerado necesario emitir un dictamen sobre el mismo asunto y haya sido posible concertar puntos de vista en una reunión conjunta en Oslo (1).

2.   Mercado interior: qué es y su razón de ser

2.1   La idea de un «mercado común» ya estaba inscrita en el texto original como instrumento decisivo para el desarrollo armonioso de las actividades económicas, una expansión económica continua y equilibrada, un mayor grado de estabilidad, un aumento acelerado del nivel de vida y relaciones más estrechas entre los Estados (artículo 2). Desde sus inicios el mercado interior no fue concebido como una política aislada o una mera zona de libre comercio, como la AELC, sino más bien como parte de una estrategia general.

2.2   Quedaban así definidos los contornos del desarrollo de lo que sería la política del mercado interior, justamente considerado por algunos como «la joya de la corona» de la política europea, cuyo establecimiento «progresivo» se preveía que durase un «período transitorio de doce años» (artículo 8), con un límite máximo de quince años a partir de la entrada en vigor del Tratado.

2.3   A pesar de los instrumentos previstos para su realización, las realidades política, social y económica se impusieron a los ideales de 1957 y cabe señalar que, quince años después, se estaba muy lejos de haber alcanzado los objetivos que habrían conducido al efectivo establecimiento de un «mercado común».

2.4   El Libro Blanco para la realización del mercado interior de 1985 establecía metas muy precisas para alcanzar ese objetivo en 1992. Simultáneamente se hizo sentir la necesidad de introducir modificaciones en el Tratado de Roma para facilitar la concretización de los objetivos políticos consagrados en el Libro Blanco. Ese fue el origen del Acta Única Europea (2) que, por lo que respecta al mercado interior, introdujo importantes modificaciones entre las que cabe destacar:

a)	La norma de la mayoría cualificada en lugar de la unanimidad para la adopción de las medidas relativas a la aproximación de las legislaciones para la realización del mercado interior (artículos 8 A y 100 A);

b)	La primera referencia a un elevado nivel de protección en lo que se refiere a las medidas que tengan que ver con la salud, la seguridad y la defensa de los consumidores (artículo 100 A, 3);

c)	La adopción, con carácter general, del principio del reconocimiento mutuo, inspirado en la famosa jurisprudencia «Cassis de Dijon» del Tribunal de Justicia (artículo 100 B);

d)	Un claro llamamiento a la cohesión económica y social como objetivo esencial que tener en cuenta en la realización del mercado interior (artículos 130 A y B).

2.5   Pero verdaderamente solo en 1992, con el Tratado de Maastricht, que instituyó la Unión Europea (3), tomaron cuerpo las nuevas disposiciones relativas a la realización del mercado interior, en un momento en que ya era evidente que el calendario de 1992 para la culminación del mercado interior estaba lejos de cumplirse (4).

2.6   En cambio, se ha asistido a una proliferación de obstáculos legislativos y no legislativos en la mayoría de los Estados miembros, junto con una política liberal y permisiva por parte de la Comisión, contribuyendo al práctico estancamiento del proceso de realización del mercado interior en algunos dominios particularmente relevantes, sobre todo por lo que respecta a los servicios.

2.7   En efecto, muchas de las iniciativas emprendidas en el ámbito de la realización del mercado interior se tradujeron en una mera acumulación de medidas difusas y poco coordinadas de armonización legislativa, que no se integraban en una política de conjunto; por su parte, los Estados miembros solían bloquear estas medidas con políticas nacionales restrictivas de la libre competencia, concediendo ayudas de Estado ilegales, imponiendo nuevas restricciones cuantitativas o equivalentes y rechazando sistemáticamente los progresos en ámbitos esenciales como la integración industrial, la fiscalidad o la gobernanza económica.

2.8   Incluso iniciativas aparentemente llevadas a buen término, como la adopción de las «normas Schengen», la introducción del «euro», la más reciente creación de un espacio de justicia y libertad de la UE y la integración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en la versión final del Tratado de Lisboa, que fueron acogidas favorablemente, han visto su eficacia limitada por la no adhesión o las reservas de algunos Estados miembros. Además, su alcance y aplicación se han visto limitados – cuando no se han visto incluso totalmente contrariadas – al no ir acompañadas de otras medidas complementarias esenciales, como una verdadera política financiera europea. Todo esto se ha traducido en la incapacidad de Europa para hacer frente a la actual crisis que la ha llevado «al borde del precipicio», como diría Jacques Delors en su entrevista del 18 de agosto de 2011 publicada en los periódicos Le Soir y Le Temps.

2.9   El CESE lleva mucho tiempo haciendo hincapié en la necesidad de un claro cambio de paradigma que privilegie la calidad de la realización del mercado interior, que introduzca una preocupación fundamental por los intereses concretos y los derechos fundamentales de los ciudadanos en general y de los consumidores y trabajadores en particular, y que concilie los aspectos sociales con los económicos según una visión humanista, frente a la aproximación puramente economicista seguida hasta ahora y responsable de las limitaciones, reticencias, dudas y desconfianza generadas (5).

2.10   Cuando, al comenzar su segundo mandato, el actual Presidente de la Comisión dio a conocer su nueva visión del mercado interior del siglo XXI (6), tras una Comunicación previa sobre «Una agenda de los ciudadanos – Logrando resultados para Europa» (7), suscitó las naturales expectativas el hecho de que la Comisión propugnara, al parecer, un cambio de rumbo fundamental en su orientación política para el mercado único, en beneficio último de los ciudadanos y consumidores. En efecto, considerando este mercado no como una política aislada, sino como parte de una estrategia global que prefiguraba la posterior Estrategia Europa 2020, la Comisión anunciaba como grandes objetivos para el mercado interior mejorar la confianza de los consumidores, promover la integración económica y la cohesión social y desarrollar la sociedad del conocimiento en una Europa sostenible en un mundo globalizado. Instrumento fundamental en esta nueva aproximación era una regulación cada vez mejor en un entorno legislativo saneado y simplificado (8).

2.11   Para consolidar su nueva orientación, la Comisión encomendó un importante estudio al excomisario Mario Monti, presentado en mayo de 2010 (9); al mismo tiempo, el Consejo había solicitado a un «grupo de reflexión» constituido por personalidades de renombre y presidido por el expresidente español Felipe González y del que también formó parte Mario Monti, un informe sobre las perspectivas de Europa en el horizonte de 2030 (10); por su parte, el PE, también en mayo de 2010, había presentado el Informe Grech, en el que se basó su Resolución de 20 de mayo sobre «Un mercado único al servicio de los consumidores y de los ciudadanos» (11).

2.12   En realidad, todos estos importantes documentos hacen hincapié en la necesidad de un cambio radical de paradigma en la definición y aplicación de la política relativa a la realización del mercado interior, por considerar agotado el modelo actual, y subrayan que, a pesar de ser relevantes en algunos ámbitos, los resultados conseguidos son, en general, mal conocidos, insuficientes y decepcionantes desde distintos puntos de vista para una Europa confrontada con inesperados desafíos y perspectivas sombrías.

2.13   Estas observaciones y conclusiones se hallan, por otra parte, ampliamente documentadas por una serie de datos: los regulares y sucesivos «cuadros de indicadores» relativos al mercado interior (12), los detallados análisis periódicos del Eurobarómetro que recogen las opiniones y experiencias de los ciudadanos y de las empresas por lo que respecta al mercado interior en los Estados miembros, idénticos «cuadros de indicadores» relativos a los consumidores en el mercado interior (13), los informes anuales de la Comisión sobre la aplicación del Derecho comunitario en general (14) y el acervo en materia de Derecho del consumo en particular (15). Todos estos datos, debidamente interpretados, rigurosamente analizados y críticamente valorados, confirman totalmente las preocupaciones y dudas manifestadas en dichos documentos.

2.14   Y, sin embargo, cuando se esperaba una verdadera inflexión de la Comisión en la orientación política para el mercado único, que reflejase todas estas conclusiones y perspectivas del mercado único para el siglo XXI, de forma verdaderamente nueva y diferente, en el marco de la actual crisis financiera, teniendo en cuenta las expectativas generadas por toda una serie de declaraciones de los más altos responsables políticos, no sin cierta decepción se comprobó que el documento sobre las «Prioridades para una economía social de mercado altamente competitiva», a pesar de los muchos méritos que se le reconocieron, no era sino una enumeración de 50 medidas difusas, sin una línea estratégica definida (16) y cuyos puntos débiles y deficiencias se pusieron de manifiesto en la Resolución del PE de 6 de abril de 2011 (17).

2.15   Esta laguna no fue colmada por la más reciente Comunicación de la Comisión sobre una selección de doce «prioridades», porque no se ve cuál es el hilo conductor de la orientación política de base para la realización del mercado interior que habría estado en el origen de la elección táctica de estas doce «prioridades» y no de otras como, por ejemplo, las que el propio CESE había enumerado en su dictamen (18).

2.16   Varias intervenciones públicas recientes como la del Presidente de la Comisión y del Comisario Barnier, así como el programa de la Comisión presentado entre tanto (19), parecen, sin embargo, confirmar la intención de un cambio efectivo de paradigma en la futura culminación del mercado interior. En este sentido van también la Declaración de Cracovia (20) y la Declaración del Comité Europeo de orientación del think tank Notre Europe.

3.   Un nuevo paradigma para la realización del mercado interior

3.1   Es importe reafirmar que, en el ámbito de las políticas comunitarias, de conformidad con los principios fundamentales consagrados hoy en el Tratado de Lisboa, la realización de un mercado interior no es un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento, para la realización de toda una serie de objetivos políticos en diferentes áreas (21).

3.2   Asimismo, cabe reafirmar que tales objetivos son simultáneamente, y en pie de igualdad, de carácter económico, social y medioambiental, y que todos tienen como finalidad última el bienestar de los pueblos y la promoción de los valores de la dignidad humana, de la igualdad, de la libertad, de la solidaridad, de la democracia, del Estado de Derecho y del respeto de los derechos humanos (artículos 2 y 3 del TUE) (22).

3.3   Por consiguiente, es a la luz de estos principios, de estos valores y de estos objetivos como deben considerarse las medidas de realización del mercado interior, cuyos fines tienen hoy, jurídicamente hablando, un mayor alcance que en 1957.

3.4   El mercado interior, claramente concebido en sus orígenes como el pilar económico de una Europa de cariz federal, tiene que ser hoy repensado a la luz de la evolución de los últimos treinta años y de la realidad de nuestros días. Es cierto que el contexto actual tiende a acercar cada vez más el mercado interior a una mera zona de libre comercio, como fue su antecesora AELC, proyectándolo hacia el futuro, pero no ya como una prolongación natural de un proyecto político de carácter supranacional, sino como el mínimo común denominador de los intereses nacionales de los Estados europeos.

3.5   Por ello es necesario reafirmar con vigor la idea de que el mercado interior debe servir de aglutinador de esos intereses nacionales en un sistema institucional plenamente integrado de gobernanza económica y financiera, cuyo modelo conviene redefinir y concretar a corto plazo.

3.6   Por consiguiente y ante todo es necesario tener una noción realista de los límites naturales del propio mercado interior y no pretender llevarlo adonde no se puede llegar, imponiendo por la fuerza medidas muchas veces innecesarias e injustificadas, que solo dificultan el funcionamiento de las empresas y, en particular, de las pymes (23), así como de las profesiones liberales, o cuando no se justifiquen medidas de armonización completa, porque estuvieran más indicados otros valores como, por ejemplo, la garantía de la calidad, en el caso de ciertos ámbitos de los derechos de los consumidores y de la protección del consumidor. Se trata de situaciones en las que el lema «la fuerza en la diversidad» debería desempeñar de nuevo un importante papel en la política europea del mercado interior junto con los aspectos de la armonización.

3.7   Será indispensable proseguir, de modo decidido y sin transigencias ni concesiones, el programa «Legislar mejor», con el que el CESE siempre se ha comprometido activamente (24) no solo para la producción de textos técnicamente coherentes y la eliminación de rutinas burocráticas, inútiles y perjudiciales, sino fundamentalmente adoptando una aproximación proactiva a la elaboración legislativa y a las prácticas administrativas, con la participación efectiva de la sociedad civil y los sectores económicos afectados en todas las fases de su concepción y definición, dando mayor relieve en particular a los estudios de impacto «ex ante», utilizando de forma más sistemática el reglamento en vez de la directiva como instrumento para la realización de la uniformización legislativa cuando sea aconsejable y osando experimentar instrumentos nuevos y más adecuados que la actual parafernalia legislativa como, por ejemplo, la opción por regímenes facultativos, siempre que estén debidamente justificados (25). También habrá que tener la osadía de abstenerse por completo de iniciativas comunitarias cuando no sean eficaces ni presenten ventajas.

3.8   También es importante revisar, simplificar y codificar el acervo comunitario y las formalidades administrativas  (26), así como eliminar con una precisión quirúrgica lo que resulte inútil, innecesario, contraproducente o incluso perjudicial (27). Pero todo ello debe hacerse con el cuidado necesario, porque, si se hace de forma descoordinada, se corre el riesgo de excluir aspectos fundamentales de regulación indispensable en los ámbitos relevantes.

3.9   El lema deberá ser: regular, pero no asfixiar. Por lo tanto, no solo habrá que ser innovador y creativo, sino que también habrá que retomar las propuestas del primer informe de expertos independientes sobre la simplificación legislativa y administrativa, pues la mayoría de dichas propuestas no se llevaron a cabo, siguen siendo de actualidad y merecen su aplicación efectiva (28).

3.10   Importante papel tiene la normalización o estandarización de acuerdo con el modelo del «nuevo enfoque», aplicado no solo a los productos, sino también a los servicios (29). No obstante, a este respecto también deberían analizarse con detalle la necesidad, la eficiencia y la incidencia de las medidas adoptadas, de tal modo que en la normalización de la prestación de servicios tenga sentido la diferenciación entre los servicios prestados en el mercado interior.

3.11   También será necesario dar un nuevo impulso y mayor amplitud al sistema de información del mercado interior (IMI), ampliando su ámbito de aplicación y mejorando el funcionamiento de la cooperación administrativa, de acuerdo con las sugerencias y recomendaciones que el CESE ha tenido la oportunidad de formular en diversas ocasiones (30), y del mismo modo habrá que reconsiderar la red SOLVIT dándole un nuevo marco y medios adecuados.

3.12   Asimismo, cabrá reconsiderar los grandes principios orientadores de la construcción del mercado interior, sobre todo los principios de mutuo reconocimiento (31), de la subsidiariedad (32), de la proporcionalidad (33) y de precaución, hasta hoy limitado tan solo a ámbitos específicos como el de la seguridad alimentaria, pero que deberá erigirse en principio general, definiéndoles nuevos contornos y nuevas formas de aplicarlos, más cerca de los intereses reales de los ciudadanos.

3.13   Será necesario establecer prioridades de manera rigurosa. No se trata, sin embargo, de seleccionar, más o menos arbitrariamente, unas cuantas medidas emblemáticas, sino más bien de proceder de acuerdo con criterios bien definidos de una clara orientación política que falta por definir para Europa y que dé prioridad absoluta a las personas.

3.14   Entre esas prioridades debe concederse un lugar especial al sector de los servicios en general  (34) y de los servicios financieros al por menor en particular  (35), porque en dicho sector es más acentuado el déficit en la realización del mercado interior, cuando precisamente tiene que ser más innovador no solo en cuanto a las medidas, sino también respecto a los instrumentos que cabe utilizar. En particular, el CESE insta a la Comisión Europea a que supervise la aplicación de la Directiva sobre servicios e informe de manera regular y transparente sobre ella, ya que es la única normativa que hasta el momento dispone la apertura del comercio transfronterizo en el sector de los servicios.

3.15   Un elemento que merece una atención especial es la concretización práctica de un mercado interior del comercio electrónico transfronterizo por los beneficios socioeconómicos que representa para los consumidores europeos en general y, en particular, para los residentes en zonas menos accesibles y los afectados por cualquier grado de incapacidad, así como para las empresas de la UE, sobre todo las pymes, con la efectiva resolución de toda la gama de problemas y cuestiones que ya se identificaron ampliamente, sin que, hasta ahora, se hayan desarrollado los instrumentos y mecanismos imprescindibles para ganar la confianza y garantizar la protección de los consumidores y crear un ambiente favorable a las empresas y a los profesionales (36).

3.16   Esto es particularmente cierto para las cuestiones relativas a la fragmentación del mercado, a la disparidad de normas aplicables, a la incertidumbre en cuanto a la privacidad y la confidencialidad de los datos, a la seguridad de las transacciones, a la protección jurídica en caso de conflictos, a la existencia de servicios ilegales en línea, a la piratería y a la ciberdelincuencia, aspectos todos ellos que requieren un planteamiento transversal por parte de las diversas DG de la Comisión que conduzca a la definición de un marco jurídico coherente para un verdadero mercado único digital.

3.17   Un ámbito que necesita un esfuerzo adicional y en el que lamentablemente la UE no ha conseguido resultados convincentes es el de la efectiva aplicación de la legislación de la UE, única garante del respeto del derecho y de la eficacia de la regulación (37) y que no se agota en el estrecho marco de la mera «cooperación administrativa» (38). Para los ciudadanos europeos asume en este aspecto una relevancia primordial la consagración, sin ambigüedades ni nuevos atrasos, del derecho a la acción colectiva a nivel europeo, como forma de asegurar, en último recurso, la adecuada responsabilización por el incumplimiento de la normativa de la UE, contribuyendo así a su voluntario acatamiento (39).

3.18   Pero lo más importante de todo será, sin embargo, definir los parámetros de un mercado único que coloque en su centro al hombre y al ciudadano, tarea que no deberá confiarse a cualquier grupo de iluminados más o menos ilustrados, sino más bien partiendo de la contribución directa de los ciudadanos y de la sociedad civil, escuchando sus deseos y reivindicaciones, así como sus frustraciones y desilusiones.

3.19   Junto con la urgente necesidad de acción es importante que esta no sea descoordinada o meramente impulsiva, por lo que el CESE sugiere que se abra un periodo de reflexión cuando se celebran los veinte años posteriores a 1992. Para aportar su contribución, el CESE desearía indicar algunos de los parámetros que se le antojan esenciales en tal reflexión.

3.19.1

Desde luego, hay que emprender una reflexión sobre la necesidad de una política para el mercado interior que sea claramente dictada por los principios fundamentales de los objetivos esenciales de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en especial los inscritos en sus títulos IV y V, con una incidencia particular en el refuerzo de la dimensión social y de los derechos de los consumidores (40).

3.19.2

Por otro lado, también hay que reflexionar sobre la forma de articular las políticas sectoriales en un objetivo estratégico común, englobando las políticas económica, industrial, comercial, del transporte, de la energía, del medio ambiente, de los consumidores y de la competencia en un marco jurídico global que estimule la integración y refuerce la confianza de los interlocutores sociales y societales (consumidores, familias, trabajadores, empresas, ONG, etc.), lo que implicaría hacer nueva evaluación y dar un nuevo impulso de la Estrategia Europa 2020.

3.19.3

Asimismo, se impone una reflexión sobre el modo de reforzar y garantizar la libertad de circulación y la movilidad de los ciudadanos en general, y de los trabajadores en particular, ya sea por cuenta ajena o profesionales liberales, profesores y estudiantes, asegurando que sus derechos sociales (seguridad social, protección jurídica, seguros de accidentes y de enfermedad, pensiones de jubilación, etc.) se respeten igualmente en todas las circunstancias, sin discriminaciones y revisando el sistema de reconocimiento de las cualificaciones profesionales y de los diplomas. A este respecto, la exigencia de un elevado nivel de calidad en materia de seguridad y salud de los consumidores en la UE debe constituir la norma.

3.19.4

Con el fin de promover la inclusión social y el empleo, cabe reflexionar sobre la efectiva apertura de los mercados de trabajo a todos los ciudadanos europeos, eliminando tras un cuidadoso examen restricciones y discriminaciones injustificadas.

3.19.5

Aspecto que merece una especial reflexión será la definición, que sigue haciéndose esperar, de un marco jurídico apropiado para las empresas de economía social en general, y las fundaciones, mutuas y asociaciones europeas en particular.

3.19.6

Asimismo, es urgente reflexionar sobre la definición de un claro marco jurídico para los servicios de interés general, y para los servicios sociales en particular, con la definición de criterios de calidad de los servicios públicos esenciales y la clarificación de los regímenes de contratación pública, de competencia o de ayudas estatales aplicables (41).

3.20   Por último, hay que consagrar medios y esfuerzos en el sentido de una política de comunicación efectiva del mercado único en el ámbito más amplio de una política de comunicación coherente e integrada sobre Europa, que implique a los ciudadanos y tenga debidamente en cuenta a la opinión pública y los medios de comunicación social europeos, a fin de divulgar e informar con sinceridad a los ciudadanos europeos y en especial a los consumidores, a través de una utilización innovadora de los medios digitales (42).

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(1)  Véanse conclusiones comunes del Comité Consultivo de la AELC y del OMU: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.smo-observatory-smo-spotlight.21343.

(2)  DO L 169 de 29.6.1987.

(3)  DO C 191 de 29.7.1992, en lo que se consideraría una parodia del Proyecto Spinelli, en un intento de poner de acuerdo tanto a los federalistas como a sus opositores.

(4)  Comunicación de la Comisión sobre «El funcionamento del mercado interior de la Comunidad después de 1992 – Seguimiento del informe Sutherland» (SEC(92) 2277 de 2.12.1992) y Dictamen del CESE (DO C 201 de 26.7.1993, p. 59), cuyas conclusiones siguen siendo actuales hoy en día y merecen una atenta reflexión.

(5)  Véanse, entre otros, por su importancia, los dictámenes del CESE: DO C 39 de 12.2.1996, p. 70, DO C 255 de 14.10.2005, p. 22, DO C 204 de 9.8.2008, p. 1, DO C 347 de 18.12.2010, p. 8, DO C 44 de 11.2.2011, p. 68 y el documento informativo «El impacto del Tratado de Lisboa en el funcionamiento del mercado interior».

(6)  Comunicación «Un mercado interior para los ciudadanos» (COM(2007) 60 final de 21.2.2007).

(7)  COM(2006) 211 final, de 10 de mayo de 2006.

(8)  DO C 77 de 31.3.2009, p. 15.

(9)  «Una nueva estrategia para el mercado único al servicio de la economía y de la sociedad europea».

(10)  «Proyecto para Europa en el horizonte de 2030 – los desafíos que cabe afrontar y las oportunidades que cabe aprovechar», también publicado en mayo de 2010.

(11)  Resolución del PE A7-0132/2010.

(12)  SEC(2011) 372 final de 21.3.2011.

(13)  SEC(2011) 299 final de 4.3.2011, por otra parte ampliamente confirmado por el informe del Eurobarómetro sobre «E-Communications Household Survey» de julio de 2011.

(14)  COM(2010) 538 final de 1.10.2010.

(15)  DO C 18 de 19.1.2011, p. 100.

(16)  DO C 132 de 3.5.2011, p. 47.

(17)  Doc A7-0072/2011, basado en el informe de la Comisión IMCO sobre «Un mercado único para los europeos» (2010/2278 (INI). PE 456.691v02-00 de 24.3.2011), ponente: Sr. Correia de Campos.

(18)  DO C 24 de 28.1.2012, p. 99.

(19)  COM(2011) 777 final de 15.11.2011.

(20)  En el seguimiento de la realización, que cabe acoger favorablemente, del Foro del Mercado Único de los días 3 y 4 de octubre de 2011.

(21)  DO C 93 de 27.4.2007, p. 25.

(22)  DO C 182 de 4.8.2009, p. 1.

(23)  DO C 376 de 22.12.2011, p. 5.

(24)  DO C 24 de 31.1.2006, p. 39, DO C 175 de 27.7.2007, p. 21, DO C 48 de 15.2.2011, p. 107.

(25)  DO C 24 de 31.1.2006, p. 52, DO C 175 de 28.7.2009, p. 26, DO C 21 de 21.1.2011, p. 26.

(26)  Retomando la orientación que la propia Comisión definió en su Comuunicación «Actualizar y simplificar el acervo comunitario» (COM(2003) 71 final de 11.2.2003), claramente suscrito por el CESE (DO C 112 de 30.4.2004, p. 4), y que la Comisión parece haber olvidado.

(27)  Véanse los dictámenes DO C 14 de 16.1.2001, p. 1, DO C 125 de 27.5.2002, p. 105, DO C 133 de 6.6.2003, p. 5, DO C 309 de 16.12.2006, p. 18, DO C 10 de 15.1.2008, p. 8.

(28)  COM(95) 288 final de 21.6.1995.

(29)  Véanse DO C 120 de 16.5.2008, p. 1, DO C 376 de 22.12.2011, p. 69 y DO C 68 de 6.3.2012, p. 35.

(30)  DO C 43 de 15.2.2012, p. 14, así como los otros dictámenes anteriores citados en el mismo.

(31)  Retomando, entre otros, los informes de la Comisión sobre la aplicación del principio del mutuo reconocimiento, iniciados con la Comunicación de la Comisión de 16.6.1999 (COM(99) 299 final), pero posteriormente abandonados. Véase el dictamen publicado en el DO C 116 de 20.4.2001, p. 14.

(32)  En referencia al informe Molitor para liberarle de la injusta carga de «un paso adelante y dos atrás», de que fue acusado (Cf. Alexis Feral, «Le principe de subsidiarité, progrés ou statu quo après le Traité d’Amsterdam?», en Rev. del Mercado Único Europeo, I, 1998, p. 95), por la torpeza con que la Comisión lo ha aplicado, transformándolo en el verdadero «desafío del cambio», como lo soñó Jacques Delors.

(33)  En este trabajo habrá que tener en cuenta los diferentes dictámenes del CESE sobre los sucesivos informes anuales de la Comisión de conformidad con el artículo 9 del Protocolo relativo a la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

(34)  Véanse los dictámenes DO C 221 de 8.9.2005, p. 113, DO C 175 de 27.7.2007, p. 14, DO C 318 de 29.10.2011, p. 109.

(35)  Véanse los dictámenes DO C 56 de 24.2.1997, p. 76, DO C 95 de 30.3.1998, p. 72, DO C 209, 22.7.1999, p. 35, DO C 157 de 28.6.2005, p. 1, DO C 302 de 7.12.2004, p. 12, DO C 221 de 8.9.2005, p. 126, DO C 65 de 17.3.2006, p. 113, DO C 65 de 17.3.2006, p. 134, DO C 309 de 16.12.2006, p. 26, DO C 318 de 23.12.2006, p. 51, DO C 115 de 16.5.2006, p. 61, DO C 100 de 30.4.2009, p. 84, DO C 27 de 3.2.2009, p. 18, DO C 100 de 30.4.2009, p. 22, DO C 228 de 22.9.2009, p. 62, DO C 228 de 22.9.2009, p. 66, DO C 218 de 11.9.2009, p. 30, DO C 318, de 29.10.2011, p. 133.

(36)  A pesar de la Comunicación de la Comisión de 22.10.2009 relativa al «comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consumidores en la UE» (COM(2009) 557 final).

(37)  Véanse DO C 317 de 23.12.2009, p. 67, DO C 18 de 19.1.2011, p. 95.

(38)  DO C 128 de 18.5.2010, p. 103.

(39)  Com toda razón, el CESE ha sido considerado el paladín de la defensa de las acciones colectivas, a las que ha dedicado varios dictámenes entre los que cabe destacar los siguientes: DO C 309 de 16.12.2006, p. 1, DO C 324 de 30.12.2006, p. 1, DO C 162 de 25.6.2008, p. 1, DO C 228 de 22.9.2009, p. 40, DO C 128 de 18.5.2010, p. 97.

(40)  En este caso habrá que considerar y llevar a las últimas consecuencias las conclusiones a que se llega en el «Informe de la Comisión sobre el progreso hacia el ejercicio efectivo de la ciudadanía de la Unión durante el período 2007-2010» (COM(2010) 602 final de 27.10.2010) y en el simultáneo «Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 – La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE» (COM(2010) 603 final de 27.10.2010).

(41)  Véase el dictamen del CESE, DO C 161 de 13.7.2007, p. 80.

(42)  Véase el dictamen exploratorio del CESE DO C 27 de 3.2.2009, p. 152, y el dictamen de iniciativa DO C 44 de 11.2.2011, p. 62.

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22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/23

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Repercusiones sociales de la nueva legislación sobre gobernanza económica» (Dictamen de iniciativa)

2012/C 143/05

Ponente: Gabriele BISCHOFF

El 14 de julio de 2011, de conformidad con el artículo 29.2 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema siguiente:

«Repercusiones sociales de la nueva legislación sobre gobernanza económica» (Dictamen de iniciativa).

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 25 de enero de 2012.

En su 478o Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 22 de febrero de 2012), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 232 votos a favor, 8 en contra y 9 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   Europa debe pronunciarse con una sola voz, actuar de forma más rápida y menos titubeante y perseguir los planteamientos adecuados para hacer frente de manera convincente a la crisis financiera, económica y de confianza más grave desde la creación de la UE.

1.2   El CESE aplaude la iniciativa de los gobiernos para corregir los defectos de origen de la zona del euro y crear los elementos de una nueva arquitectura para una gobernanza económica europea. Esto es necesario porque los instrumentos y procedimientos actuales no han permitido la deseada reducción del endeudamiento y de los desequilibrios macroeconómicos. No obstante, la nueva arquitectura de la gobernanza económica de Europa debe preservar los derechos democráticos de los Estados miembros y sus parlamentos elegidos libremente, tanto como la autonomía de los interlocutores sociales y su libertad para negociar los convenios colectivos.

1.3   La Gobernanza Económica Europea (GEE) centra su atención en la política económica, pero afectará sobre todo a los sistemas sociales, obligando a los Estados miembros a reformarlos de determinada manera haciendo uso de la amenaza de sanciones (semi) automáticas. El Comité recomienda una consolidación del presupuesto inteligente y sostenible que garantice las inversiones sociales necesarias, a fin de evitar las asimetrías sociales.

1.4   Algunas de las medidas de austeridad ya implantadas o programadas afectarán negativamente, por ejemplo, a las personas y las empresas, ya que recortarán los beneficios de los servicios sociales o las medidas de política de mercado de trabajo dirigidas a los grupos vulnerables y eliminarán infraestructura social necesaria, como, por ejemplo, servicios de guardería o de formación. Ello tendrá repercusiones negativas para el acceso a los servicios y la calidad de estos, deteriorando con ello la calidad de vida de los grupos vulnerables.

1.5   El CESE señala el conflicto de intereses implícito entre la Estrategia Europa 2020 y la gobernanza económica europea. La aplicación del Semestre Europeo y del conjunto de medidas legislativas sobre el gobierno económico conocido como «six pack» no debe socavar objetivos como la reducción de la pobreza dentro del contexto de la Estrategia Europa 2020 y todas las medidas deberán evaluarse para comprobar si incrementan la pobreza.

1.6   El CESE reitera la urgente necesidad de evaluar las consecuencias sociales de las nuevas medidas legislativas sobre el gobierno económico y reclama sobre todo:

1)	un «pacto de inversión social»,

2)	la participación oportuna y amplia de los representantes de la sociedad civil organizada, especialmente de los interlocutores sociales por sus específicos cometidos y competencias, en todas las medidas,

3)	la convocatoria de una convención para definir un planteamiento enfocado al progreso social con ocasión de las modificaciones pendientes del tratado,

4)	un «plan de rescate social» mediante un «ajuste más social» (social governance) equivalente,

5)	el aseguramiento y el fomento de la autonomía salarial de los interlocutores sociales,

6)	la habilitación de nuevas fuentes de ingresos para la consolidación de los presupuestos públicos

7)	la mejora de la eficiencia y la adecuada selección del gasto público, así como el refuerzo de la lucha contra la evasión fiscal.

2.   Una nueva arquitectura para superar la crisis

2.1   Mediante el Tratado de Lisboa se reforzó la dimensión social de Europa, se consagró la economía de mercado social como objetivo, se fijaron jurídicamente con carácter vinculante los derechos sociales fundamentales y las evaluaciones de impacto social para todos los proyectos e iniciativas de la UE. El CESE viene subrayando desde hace tiempo que una economía de mercado social en Europa tiene que aunar la competitividad con la justicia social. La dinámica económica y el progreso social no son contradictorios, sino que se complementan (1).

2.2   El CESE se congratula de que la UE haya acordado en su nueva Estrategia Europa 2020 crear un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo.

2.3   La Unión Europea se encuentra sumida entretanto en la crisis más grave de toda su existencia. En muchos países la crisis financiera se ha convertido en una profunda crisis económica, de deuda y social. Además hemos de enfrentarnos a una crisis de actuación y de confianza de las instituciones europeas. Europa debe pronunciarse con una sola voz, actuar de forma más rápida y menos titubeante y perseguir los planteamientos adecuados.

2.3.1   Los programas de ahorro y los rescates ocupan el centro de atención, las medidas necesarias para una mejor gobernanza económica (economic governance) y el crecimiento siguen siendo fragmentarias y poco transparentes, sigue pendiente el debate sobre las ventajas y los inconvenientes de una integración más profunda.

2.3.2   Es cada vez mayor la preocupación de que esta crisis de confianza se convierta en una crisis de la democracia, sobre todo por el temor a incurrir en posibles sanciones. El CESE subraya que los parlamentos nacionales elegidos por sufragio universal, de acuerdo con sus competencias y responsabilidades, tienen que poder decidir libremente sobre los presupuestos y la composición de los gobiernos.

2.3.3   El CESE ya ha subrayado en diferentes dictámenes que esta crisis se ha convertido en una especial prueba de esfuerzo para Europa. La política de austeridad origina en muchos países agitación social y fomenta sentimientos de carácter antieuropeo y nacionalista.

2.4   La política de la UE y los gobiernos nacionales han reaccionado a la denominada crisis de la deuda –que se ha originado, entre otras cosas, por la enorme desregulación de los mercados financieros a consecuencia de la crisis financiera en los últimos años– con redoblados programas de ahorro y han intentado con ello tranquilizar a los mercados financieros. El Comité ha acogido con satisfacción en varias ocasiones que la Comisión Europea haya presentado, a pesar de las numerosas resistencias, propuestas relativas a un impuesto sobre transacciones financieras y a los bonos de estabilidad (2).

2.5   Al mismo tiempo se ha intentado corregir los defectos de origen de la zona del euro y crear los elementos de una nueva arquitectura para una gobernanza económica europea. Eso debe permitir alcanzar con miras al futuro una mejor coordinación de la política económica, una política y un control presupuestarios estrictos, así como un aumento de la competitividad (3). En otoño de 2011, el Parlamento Europeo aprobó cinco reglamentos y una directiva para la reforma de la gobernanza económica de Europa (six pack).

2.5.1   Este six pack de medidas sobre gobernanza económica se basa en tres pilares:

—

Fortalecer el Pacto de Estabilidad y Crecimiento existente: el procedimiento de déficit excesivo (EDP) establece normas adicionales muchos más estrictas para recortar los déficits públicos y las deudas soberanas, exigiendo a los Estados miembros ajustar los niveles actuales de la deuda al techo de Maastricht del 60 % en el transcurso de los próximos 20 años, al margen de la coyuntura en el ciclo económico, que es procíclico y potencialmente perjudicial para el crecimiento y el empleo.

—	Establecimiento del «procedimiento de desequilibrio excesivo» (EIP): se trata de un proceso político totalmente nuevo que debe aplicarse a escala europea. Su objetivo consiste en detectar y corregir los desequilibrios macroeconómicos que pudieran amenazar la estabilidad de la moneda única.

—

Aplicar el Pacto de Estabilidad, así como el procedimiento de desequilibrio excesivo, con sanciones que hagan una mella eficaz: recomendaciones europeas para «racionalizar» decisiones políticas a escala nacional ya han venido existiendo desde la firma del Tratado de Maastricht. Sin embargo, lo que es totalmente nuevo es el hecho de que estas recomendaciones irían ahora acompañadas de sanciones casi «automáticas» para aquellos países que son miembros de la zona del euro. Esto se consigue mediante la introducción de la «votación por mayoría inversa», que, cuando menos, resulta cuestionable por cuanto representa un procedimiento totalmente nuevo que de momento no está contemplado en el Tratado. Dicho llanamente, la propuesta de la Comisión de aplicar sanciones anuales del 0,1 ó 0,2 % del PIB a los Estados miembros que no se atengan a sus recomendaciones será aprobada a menos que el Consejo de Ministros de Finanzas reúna una mayoría cualificada para rechazarla en el plazo de diez días. Esto introduce un alto grado de «automatismo» en el proceso de las sanciones, obligando así a los Estados miembros a tener realmente en cuenta las recomendaciones políticas elaboradas a nivel europeo.

2.5.2   El 23 de noviembre de 2011, la Comisión añadió dos nuevos reglamentos al six pack: el primero trata de una mayor vigilancia de los Estados miembros que tengan graves dificultades con la estabilidad financiera; el segundo, sobre el seguimiento y la corrección de los proyectos de planes presupuestarios de los Estados miembros. El primero ampliará, reforzará y profundizará las recomendaciones políticas específicas de cada país para aquellos que estén aplicando un programa de ajuste macroeconómico, cuyo incumplimiento se traducirá en una suspensión de pagos con cargo a los Fondos Estructurales y al Fondo Social Europeo. El segundo incrementa el poder de la Comisión para supervisar los procedimientos presupuestarios nacionales, exigiendo a los Estados miembros la implantación de normas obligatorias sobre el volumen de los déficits presupuestarios. Ambos reglamentos vendrían a incrementar la presión entre iguales y fortalecer el carácter procíclico intrínseco con consecuencias bien conocidas.

2.5.3   El período anual de revisión semestral denominado «Semestre Europeo» ha sido diseñado para evitar exigencias contradictorias en las políticas fiscales procedentes de los Estados miembros, así como para hacer un seguimiento de la ejecución de los objetivos de Europa 2020. Este nuevo procedimiento busca garantizar que los objetivos principales de la UE queden realmente incorporados a tiempo en la planificación presupuestaria y antes de la votación en los parlamentos nacionales para el año fiscal subsiguiente. La GEE centra su atención en la política económica, pero afectará sobre todo a los sistemas sociales, obligando a los Estados miembros a reformarlos haciendo uso de la amenaza de sanciones (semi) automáticas.

3.   Repercusión social de la nueva legislación

3.1   En el cuarto año de la crisis financiera y económica, las perspectivas en materia de economía y empleo en Europa siguen deteriorándose. Hay 23 millones de personas en paro, pues las cifras de desempleo más recientes (4) muestran que en septiembre de 2011 las tasas de paro en la UE–27 y en la zona del euro alcanzaban el 9,7 % y el 10,2 %, respectivamente, un incremento en comparación con el mismo período de 2010. Entre 2008 y 2011 la tasa de paro juvenil ha aumentado del 15,5 % al 21,4 % y la tasa de inactividad de las personas ha pasado del 55,6 % al 56,9 %. En Grecia y España prácticamente un joven de cada dos está desempleado (5). Esto representa más de cinco millones de jóvenes fuera del ámbito del trabajo, la formación y la educación. La mejora del empleo en 1,5 millones registrada a mediados de 2011 no ha podido contrarrestar las ingentes pérdidas de puestos de trabajo durante la crisis, en la que desaparecieron 6 millones de ellos. El aumento del empleo se ha debido principalmente a un aumento de los contratos temporales y los trabajos a tiempo parcial.

3.2   Por otra parte, las predicciones económicas han revisado drásticamente a la baja las tasas de crecimiento, y la Comisión Europea reconoce en sus previsiones de otoño para 2011-2013, de reciente publicación, que «la recuperación de la economía de la UE se ha interrumpido» y que se prevé que el desempleo se mantenga en el elevado nivel actual (6).

3.3   La crisis bancaria mundial de 2007-2009 ha desembocado sin solución de continuidad en la actual crisis de deuda soberana, ya que los gobiernos han dedicado gran cantidad de recursos al rescate de la banca y garantías del Estado para mantener a flote el sistema monetario. En consecuencia, los niveles de deuda medios han aumentado del 60 al 80 % del PIB, reduciendo considerablemente el margen de maniobra para el funcionamiento de los elementos estabilizadores automáticos y otras políticas contracíclicas. Esto significa que las políticas de mercado laboral y las sociales habrán de soportar el grueso de la carga del ajuste. A través de las distintas iniciativas políticas europeas discurre un único hilo conductor por cuanto los salarios han de convertirse en un elemento fundamental de ajuste, mediante el recurso a los recortes salariales y la deflación salarial.

3.4   El CESE considera que las consecuencias de estas evoluciones son peligrosas en potencia, tanto para la salud económica fundamental como para el tejido social de Europa. Según subrayó el Comité de Política Social en su informe sobre el Impacto social de la crisis económica, las medidas de austeridad implantadas o programadas afectarán a la inclusión social al recortar los beneficios y ofertas para los grupos vulnerables, como, por ejemplo, las personas con discapacidad. Ello deteriorará el acceso a los servicios públicos y la calidad de estos, con repercusiones negativas para las personas y las empresas (7). Los elevados tipos de interés hacen casi imposible que los Estados miembros castigados por la crisis alcancen de manera eficaz la reducción de sus déficits presupuestarios y del nivel de la deuda. Grecia, por ejemplo, cuenta con un superávit importante en su presupuesto estatal desde la primavera de 2011, pero los déficits continúan al alza debido a la carga insoportable de los tipos de interés.

3.5   Las medidas de austeridad, que precisamente ponen en peligro las inversiones sociales necesarias, seguirán contribuyendo a la espiral descendente. En ausencia de nuevas fuentes de crecimiento, los recortes del gasto provocan simultáneamente efectos negativos por el lado de los ingresos de los presupuestos, como, por ejemplo, unos menores ingresos fiscales y un creciente gasto social en prestaciones por desempleo. Los déficits presupuestarios corren el riesgo de aumentar aún más, dando pie a efectos potencialmente desastrosos por parte de los mercados financieros que vigilan de cerca las tendencias en todos los Estados miembros.

3.5.1   Además, las medidas de austeridad que frenan la demanda final en un Estado miembro pueden producir notables efectos inducidos en otros países, lo que se traduce en una espiral descendente. Esto puede ocurrir bien en la cadena de valor añadido en todo el mercado único o a través de los intercambios comerciales. La introducción simultánea de programas de austeridad en una serie de países enturbiará aún más las perspectivas de crecimiento y podría dar lugar a un círculo vicioso de incertidumbre inversora, incluida la inversión en educación y formación, investigación e innovación, empleo y consumo.

3.6   Durante la preparación y la ejecución de medidas de gobernanza de la UE, el Comité opina que debería verificarse con exactitud si –y en qué medida– los acontecimientos económicos negativos en los Estados miembros y en las regiones también guardan relación con desequilibrios de mercado, procesos de concentración económica y abusos del mercado de grandes corporaciones comerciales. Contra esta situación deberían adoptarse a todos los niveles, a juicio del Comité, contramedidas eficaces, como, por ejemplo, medidas coordinadas en materia de política fiscal, e incorporarse a las medidas de consolidación. De igual modo debería reforzarse la competitividad de las PYME, así como la producción industrial dedicada a la exportación. Esto debería ir acompañado de las necesarias medidas estructurales que garanticen el crecimiento y la creación de empleo.

3.7   El Comité lamenta que todas las medidas políticas interrelacionadas estén basadas en la asimetría e introduzcan un sesgo estructural: en una carta escrita por el Comisario Olli Rehn, la opinión de la Comisión sobre los desequilibrios de la zona del euro identifica el problema que pueden causar los enormes déficits externos, mientras que los abultados y mantenidos excedentes por cuenta corriente no se perciben como un problema para la cohesión de la moneda única (8). La redefinición de las condiciones de posiciones competitivas implica que el problema reside en los países que incurren en crecientes endeudamientos para financiar los déficits externos, mientras que los países que tienen excedentes se ven animados a seguir por el mismo camino.

3.8   A la hora de elaborar el cuadro de indicadores para «desequilibrios macroeconómicos», la Comisión define los indicadores de manera que se señalicen y analicen inmediatamente los desarrollos salariales dinámicos en los diferentes sectores económicos, mientras que un Estado miembro que emprenda una estrategia de estancamiento salarial simplemente sea pasado por alto. Se juega igualmente con la idea de comenzar con comparaciones «relativas», en las que las evoluciones de los costes salariales unitarios se confronten con los principales competidores. Sin embargo, este tipo de comparación puede servir para reconocer si se produce una divergencia en materia de competitividad, si bien no debe llevar a valorar automáticamente de forma negativa los aumentos salariales y la estabilidad salarial de manera positiva. Es preciso, en cambio, hacer que el desarrollo de la productividad sea la referencia para orientar la evolución salarial.

3.9   El Comité, en concreto, expresa su preocupación por el hecho de que los gobiernos se hayan comprometido con medidas y conductas que estén fuera de su alcance y medios de influencia. El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos contiene un mecanismo de alerta precoz, en el corazón del cual se encuentra el cuadro de indicadores (artículo 3). Estos indicadores describen tanto valores mínimos como máximos de los equilibrios macroeconómicos internos y externos y tienen como fin poner en marcha el procedimiento de desequilibrios excesivos (EIP). Entre estos indicadores se encuentran los costes laborales unitarios pese a que son, fundamentalmente, resultado de los convenios colectivos autónomos entre los interlocutores sociales y no un asunto de la política económica del gobierno.

3.10   El Comité, por tanto, considera que los interlocutores sociales deberían formar parte esencial de la ejecución del Reglamento, tanto a nivel de la zona del euro como al nacional. El Comité subraya que, cualquiera que sea la forma de institucionalización que adopte la participación de los interlocutores sociales en la puesta en práctica, no debe ponerse en duda la autonomía de los agentes sociales y que deben respetarse plenamente los Convenios 87 y 89 de la OIT. Además, el cumplimiento de los objetivos generales de la Unión Europea, en concreto el progreso social y la armonización ascendente de la política social de la UE deben ser parte esencial de este proceso, y es preciso tener en cuenta los derechos sociales fundamentales que se derivan de la Carta de los Derechos Fundamentales (artículo 52, apartado 1).

3.11   En épocas de dificultades y transformaciones económicas y sociales resulta importante integrar a las organizaciones sociales en los procesos, así como en la ejecución de las medidas de gobernanza y consolidación. Realizan valiosas aportaciones a la formación, la prevención, el empleo y la paz social, que está basada en el respeto a la dignidad humana y la solidaridad social.

4.   Consecuencias sociales de las medidas en los Estados miembros

4.1   El CESE está muy preocupado por las consecuencias sociales de esta crisis, que se manifiestan claramente en la mayoría de los Estados miembros, y recomienda aplicar las reformas estructurales con respeto al crecimiento y al empleo. El aseguramiento y la promoción de los derechos de los trabajadores y los derechos sociales fundamentales tiene un efecto positivo para la productividad económica global. Por principio resulta necesario asegurar que quede a salvo la capacidad de actuación de los gobiernos mediante unos ingresos fiscales suficientes y hay que combatir explícitamente el fraude fiscal.

4.1.1   El CESE toma nota con preocupación de las crecientes divergencias nacionales y regionales. Amenazan de forma explícita el proceso de unificación, ya que por primera vez está disminuyendo notablemente la cohesión económica y social en el seno de la Unión actual. En el pasado, las divergencias sociales y económicas solamente se han agudizado de manera transitoria en el contexto del ingreso de nuevos Estados miembros.

4.2   El Comité de Protección Social llega a la conclusión en su informe «The social impact of the crisis» de que la situación social de amplios segmentos de la población, en especial los jóvenes, los trabajadores temporales y los inmigrantes, ha empeorado notablemente y que los parados en todos los Estados miembros constituyen uno de los grupos amenazados en mayor medida por la pobreza (9). La consecuencia son las revueltas y las protestas sociales en países como Grecia, España y otros muchos Estados miembros.

4.3   La última encuesta de Eurostat en 2011 revela que los ciudadanos de la UE están preocupados y denuncian una pobreza creciente:

Una amplia y creciente mayoría de europeos opina que la pobreza va en aumento. Cuando se les pregunta si la pobreza ha aumentado o disminuido a lo largo de los últimos tres años, el 87 % de todos los europeos afirma que se ha incrementado. La creencia de que la pobreza ha aumentado durante los últimos tres años está mucho más arraigada que en otoño de 2010. Solo el 22 % de los europeos cree que se está haciendo lo suficiente para resolver la cuestión de la pobreza (10).

4.4   El CESE declara su honda preocupación por que las consecuencias sociales de la gestión de la crisis dividan aún más a Europa y, por tanto, menoscaben el apoyo de las personas. Europa, sin embargo, debe recuperar la confianza de los ciudadanos.

4.5   El CESE considera que es necesario hacer todo lo posible para que las medidas de ahorro no incrementen el riesgo de pobreza. Hay que realizar una evaluación de impacto social eficaz, en la que se analice cómo se pueden mantener, en las nuevas circunstancias, los objetivos de brindar al menos a 20 millones de personas durante los próximos diez años una salida de la pobreza y la exclusión social, y qué medidas se precisan para ello. El reverso de la creciente pobreza son unos patrimonios y beneficios en aumento, favorecidos en algunos Estados miembros por estrategias fiscales y presupuestarias inadecuadas. La arquitectura de la gobernanza económica de Europa y la realización del Semestre Europeo no deben traducirse en que no pueda alcanzarse el objetivo de la reducción de la pobreza en el contexto de la estrategia global Europa 2020.

5.   Necesidad de amplias evaluaciones de impacto social

5.1   El CESE ha señalado en 2011 que la cláusula social horizontal (artículo 9 del TFUE) constituye una innovación importante y que obliga a la Unión a la hora de ejecutar su política (11).

5.2   El CESE ya ha señalado a este respecto que es necesario aplicar la cláusula social horizontal en los grandes entornos y la estructura general de la nueva gobernanza social y económica a escala de la UE dentro de la estrategia Europa 2020, acordada por el Consejo Europeo en 2010 (12). Esto incluye tanto el Semestre Europeo y el denominado six pack como el Pacto Euro Plus y los mecanismos de rescate.

5.3   El CESE subraya que las medidas contra la crisis no deben conducir en ningún caso a que se violen los derechos garantizados en la Carta de los Derechos Fundamentales. Por otra parte, sería preciso determinar qué medidas pueden adoptarse en el plazo de un año para garantizar la preservación de los derechos (13).

5.4   El Comité de Protección Social y la Comisión Europea han criticado al unísono que, hasta el momento, solamente pocos Estados miembros hayan realizado estimaciones de las consecuencias sociales de las medidas de consolidación presupuestaria (14).

5.5   El CESE hace hincapié en que resultan imprescindibles las evaluaciones de las consecuencias sociales de los nuevos reglamentos para la gobernanza económica. La UE se ha comprometido a promover la inclusión social, y no sólo ha ligado este compromiso con objetivos cuantitativos, sino que también lo ha consagrado cualitativamente en el Tratado mediante derechos sociales fundamentales. Esto afecta de manera inmediata a la calidad de vida de las personas y debe contemplarse y reflejarse, tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo, en las evaluaciones de impacto. Con respecto a las propuestas legislativas solo ha habido pocas evaluaciones de impacto, en las que las consecuencias sociales a menudo solamente desempeñaban un papel limitado, y en la que a menudo no se han tenido en cuenta los resultados (15).

6.   Europa necesita un paquete de inversión social

6.1   En vista de los ataques directos e indirectos, cuyo alcance no se conoce por el momento, dirigidos contra los derechos, las estructuras y las conquistas sociales, se hace necesario un planteamiento amplio en el que –sobre la base de evaluaciones de impacto social exhaustivas e independientes– se vinculen entre sí los siguientes elementos:

6.1.1   Participación puntual y amplia de los interlocutores sociales en todas las medidas

6.1.1.1

Todas las medidas adoptadas hasta ahora y las previstas para el futuro solamente deben aplicarse previa participación plena de los interlocutores sociales. Es algo que no solo se desprende del artículo 152 del TFUE. Resulta aplicable en especial para los requerimientos de ahorro, declarados puramente de carácter económico o presupuestario pero que apuntan a empeoramientos en el ámbito social. Como ejemplo de la necesidad de participación de los interlocutores sociales cabe señalar la creación de un grupo de trabajo de la UE para Grecia. Además, las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales deben participar oportuna y ampliamente en todas las medidas.

6.1.2   «Pacto de inversión social»

6.1.2.1

El CESE opina fundamentalmente que de una crisis de esta naturaleza –como la existente en Grecia y en otros Estados miembros– no se puede salir mediante el ahorro, sino solamente a través del crecimiento. Por tal motivo, en el marco de la Gobernanza Económica Europea, el CESE propone inversiones sostenibles en capacitaciones, infraestructuras y productos y promover inversiones en la economía social, las empresas sociales (16) y los servicios sociales.

6.1.2.2

Estas deberán llevarse a cabo mediante un pacto de inversión social. El CESE se suma por ello a la petición en tal sentido de Vandenbroucke, Hemerijk y Palier, que consideran que la tarea principal consiste en procurar, tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros, un apoyo recíproco de inversiones sociales a largo plazo y medidas de consolidación presupuestaria a corto plazo. Mediante los objetivos de la estrategia Europa 2020 puede crearse el marco necesario a tal fin. La condición previa para ello es la inclusión de un pacto de inversión social de la UE en la política presupuestaria orientada al crecimiento y los reglamentos financieros. Esto implica que la nueva supervisión macroeconómica y presupuestaria debe ir acompañada de un pacto de inversión social (17).

6.1.2.3

El Comité contempla con gran preocupación las consecuencias sociales que se derivan del recorte de las pequeñas pensiones en el contexto de las medidas contra la crisis. Pide de nuevo que la Comisión emprenda los primeros pasos hacia una definición a escala de la UE de pensiones adecuadas (18).

6.1.3   Habilitación de fuentes de ingresos para los presupuestos públicos

6.1.3.1

Los presupuestos públicos no podrán utilizarse para todo, desde los rescates bancarios y el aumento de los gastos sociales, pasando por inversiones innovadoras, hasta el fomento de las empresas. La habilitación de nuevas fuentes de ingresos para el Estado es algo inexorable. Ahora bien, esto debe ir acompañado de un aumento de la eficiencia y de la adecuación de los gastos públicos. El CESE opina que se precisa un fortalecimiento de la base de recaudación impositiva de los Estados miembros, entre otros mediante la subida de los impuestos sobre las transacciones financieras, a través del cierre de los paraísos fiscales, poniendo término a la carrera por la reducción de los impuestos, así como de medidas contra el fraude fiscal. Al mismo tiempo deberá prestarse mucha más atención a la calidad de las inversiones si todos los Estados miembros se comprometen con la inversión social y consolidan sus presupuestos gracias al crecimiento y las reformas. Además, resulta sin duda conveniente una revisión general de los sistemas fiscales, en la que habrán de tenerse en cuenta cuestiones relativas a las aportaciones de diferentes tipos de ingresos y patrimonios (19).

6.1.4   Un «Plan de rescate social» mediante un «ajuste social» equivalente (social governance)

6.1.4.1

Sin un «plan de rescate social» (Jean-Claude Juncker), la arquitectura de la UE está incompleta y la rueda de Europa gira hacia el pasado. Europa quedaría reducida a una mera unión económica y presupuestaria, muy alejada de las aspiraciones de una economía de mercado social. El CESE advierte expresamente sobre ello.

6.1.4.2

El CESE aboga por una actuación estatal responsable en el ámbito económico y social (economic and social governance). La consolidación a corto plazo debe estar vinculada mucho más firmemente a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, a fin de alcanzar el crecimiento inteligente, la cohesión social y la inclusión social.

6.1.4.3

La UE debe seguir garantizando que en todas las medidas económicas y presupuestarias se sigan respetando mayoritariamente los objetivos del derecho primario, así como los derechos fundamentales sociales, incluido en especial el derecho a la negociación colectiva y la huelga, y no sufran ningún menoscabo las conquistas sociales.

6.1.5   Convocatoria de una convención para un planteamiento enfocado al progreso social con motivo de las modificaciones pendientes del tratado

6.1.5.1

El CESE pide expresamente la convocatoria de una convención. A la vista de las profundas modificaciones incorporadas ahora al orden del día resulta necesario tanto un debate amplio como la legitimación democrática. Al igual que en la última convención, deberán participar tanto los parlamentos nacionales como el PE, los interlocutores sociales y el CESE. Con vistas al informe intermedio y a la hoja de ruta debe garantizarse que estas modificaciones del Tratado reciban un apoyo social equivalente y que el resultado se incluya en el informe previsto para marzo sobre el tipo de ejecución de las medidas acordadas.

6.1.6   Aseguramiento y fomento de la autonomía salarial de los interlocutores sociales en los convenios colectivos

6.1.6.1

El CESE reafirma su postura de que las obligaciones de la Carta de los Derechos Fundamentales rigen para todas las instituciones y organismos de la UE, por lo que cualquier injerencia en la autonomía salarial de las negociaciones colectivas resulta absolutamente inaceptable, y exige a la Comisión de la UE que actúe inmediatamente en contra de ella. En ningún caso podrá formular recomendaciones a los Estados miembros que supongan una infracción de la Carta de los Derechos Fundamentales. Por el contrario: se le insta a hacer cuanto sea posible no sólo para conservar, sino para fomentar los derechos. La crisis constituye una prueba del nivel de arraigo de la cultura de los derechos fundamentales en Europa (20).

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(1)  Dictamen del CESE sobre la «Agenda Social Renovada», DO C 182 de 4.8.2009, p. 65.

(2)  Dictámenes del CESE sobre «Impuesto sobre las transacciones financieras», DO C 44 de 11.2.2011, p. 81, y «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento», DO C 132 de 3.5.2011, p. 26.

(3)  Véase el dictamen del CESE «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento», DO C 132 de 3.5.2011, p. 26.

(4)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31102011-BP/EN/3-31102011-BP-EN.PDF.

(5)  Informe conjunto sobre el empleo 2011, COM(2011) 815 final., p. 2 y 4.

(6)  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1331&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=es.

(7)  Dictamen conjunto del CPS y de la Comisión Europea sobre el impacto social de la crisis económica y las respuestas políticas 2010, pp. 9-10.

(8)  Carta de 4 de noviembre de 2011, dirigida a Jan Vincent-Rotowski; asunto: Tratamiento de los déficits y los excedentes por cuenta corriente en el EIP

(9)  Véase la Actualización para 2010 de la evaluación conjunta entre el Comité de Protección Social y la Comisión Europea sobre el impacto social de la crisis económica y las respuestas políticas, de 26 de noviembre de 2010 (16905/10, SOC 793, ECOFIN 786), p. 2.

(10)  Eurobarómetro especial 377.

(11)  Dictamen del CESE sobre el tema «Reforzar la cohesión y la coordinación de la UE en el ámbito social», DO C 24 de 28.1.2012, p. 29.

(12)  Ibídem.

(13)  Dictamen del CESE sobre el tema «Estrategia para la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales», DO C 376 de 22.12.2011, p.74.

(14)  Véase la nota no 9.

(15)  Por ejemplo, la evaluación de EAPN 2011.

(16)  La empresa social es un elemento esencial del modelo social europeo. El CESE respalda el lanzamiento por la Comisión de un marco político y de un plan de acción para fomentar las empresas sociales en Europa y subraya la importancia de aplicarlos plenamente tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros. Dictamen del CESE sobre «Espíritu empresarial social y las empresas sociales »DO C 24 de 28.1.2012, p. 1.

(17)  Vandenbroucke, Frank, et al., The EU needs a social investment pact, OSE no 5, 2011, p. 5.

(18)  Dictamen del CESE «Libro Verde — En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros», DO C 84 de 17.3.2011, p. 38.

(19)  Dictamen del CESE sobre el tema «Resultados de la Cumbre sobre el Empleo», apartado 3.4.2, DO C 306 de 16.12.2009, p. 70.

(20)  Véase la nota 13.

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22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/29

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La economía social en América Latina»

2012/C 143/06

Ponente: Miguel Ángel CABRA DE LUNA

El 18 de enero de 2011, de conformidad con el artículo 29.2 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema:

«La economía social en América Latina».

La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 24 de enero de 2012.

En su 478o Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 22 de febrero de 2012), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 141 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   El presente dictamen tiene como objeto una aproximación a la economía social (ES) de América Latina (AL) en cuanto sector organizado de la sociedad civil que por lo general ha quedado excluido de las actividades de cooperación de la Unión Europea (UE). Este acercamiento se realiza respetando la diversidad latinoamericana y reconociendo las diferencias entre ambas regiones. Por ello, y con independencia de otras posibles terminologías, se asume como más adecuado a los efectos del presente texto la utilización del término de «economía social y solidaria» (ESS).

1.2   La ONU, en su Resolución 47/90, declaró el primer sábado de julio de cada año como Día Internacional de las Cooperativas y en su Resolución 64/136 ha declarado 2012 Año Internacional de las Cooperativas. La OIT ha reconocido en distintas ocasiones (especialmente en su Resolución 193) los aspectos positivos del cooperativismo y la ESS. El FMI y el Banco Mundial también han manifestado su interés por este sector. La UE, a su vez, se ha pronunciado en repetidas ocasiones reconociendo la importancia del cooperativismo y la ES. A su vez el BEI participa en proyectos con empresas de la ESS latinoamericanas. Por su parte el Mercosur y otras instituciones latinoamericanas lo han hecho en parecidos términos. El presente dictamen coincide con ellos.

1.3   Este dictamen pretende también sentar las bases de los trabajos del CESE con vistas a la preparación del 7o Encuentro entre organizaciones de la sociedad civil de la UE y AL que se celebrará en 2012 en Santiago de Chile. Se propone invitar, tanto a los trabajos preparatorios como al Encuentro, a representantes de la ESS de AL y la UE para estudiar los contenidos del presente dictamen a través de un diálogo constructivo. También se propone que el 7o Encuentro se pronuncie sobre los resultados de tal diálogo. El CESE constata que la ESS resuelve en AL graves situaciones de falta de equidad social y económica y de vulneración de derechos fundamentales. Es una herramienta clave en la lucha a favor del trabajo decente y la superación de la informalidad socioeconómica, resultando esencial en los procesos de desarrollo local y cohesión social. La ESS alienta la pluralidad y la democracia económica. Por ello, se considera prioritario fomentar todas estas capacidades y efectos, contribuyendo a un cambio necesario de modelo productivo.

1.4   Se consideran muy útiles la coexistencia y cooperación entre las distintas tendencias de la ESS de AL. Por un lado, fomentando que la ESS de más intenso carácter empresarial incida en objetivos basados en los principios de la solidaridad y no priorice el aumento de beneficios, participando más en la consecución del bienestar general. Por otro, que la ESS con mayor componente de transformación sociopolítica asuma que las empresas deben ser eficientes y obtener beneficios, creando redes que les permitan sostenerse en el mercado. Por ello, la ESS no debe instalarse en la economía de la pobreza, sino del cambio de tendencias, asociando desarrollo, eficiencia económica y justicia social para erradicar asimetrías de todo tipo.

1.5   La ESS en AL padece problemas esenciales que dificultan su desarrollo: la falta de visibilidad social e institucional es uno de los más graves. A ello contribuye la ausencia de rigurosos procesos de medición y cuantificación, lo que impide comprobar sus dimensiones y sus importantes efectos sociales. Es urgente una acción más relevante en la elaboración de estadísticas homologadas internacionalmente en los países de América Latina, implicando la colaboración de organismos internacionales como CEPAL, ACI-Américas, Fundibes, Cicopa o Ciriec. La falta de presencia institucional de sus organizaciones representativas supone también un grave problema que debe resolverse mediante su reconocimiento por la Administración Pública y demás agentes sociales como interlocutor en el seno de las instituciones consultivas sobre las políticas sociales y económicas. Los Consejos Económicos y Sociales y otros organismos de participación social son una buena herramienta para la participación también de las organizaciones de la ESS.

1.6   Salvando excepciones destacables, la ausencia de políticas públicas integrales y participativas con respecto a la ESS supone un gran obstáculo para su consolidación y evolución. Es imprescindible superar las propuestas sustentadas en meras ayudas económicas directas sin contrapartidas, promoviendo acciones destinadas a resolver el problema de sus fuentes de financiación. Deben abordarse políticas estructurales de interés general que incluyan decisiones en materia de legislación, así como el desarrollo de la educación en innovación y de la capacitación profesional, también en el ámbito universitario. Debe potenciarse la presencia de la ESS en el desarrollo de la protección social mediante los sistemas de salud gestionados con los usuarios. Deben consolidarse auténticas políticas de Estado con vocación de continuidad más allá de los sucesivos cambios gubernamentales.

1.7   Los sindicatos y otros actores sociales, incluida la ESS, pueden, en cooperación, desempeñar un rol fundamental en el desarrollo de mecanismos institucionales para combatir los casos de irregularidad y fraude, derivados de la economía informal y de la aparición de falsos trabajadores autónomos. También para garantizar el trabajo decente y unos servicios públicos universales y de calidad, así como para impulsar actividades de «capacitación».

1.8   Las reflexiones y propuestas señaladas en este dictamen son las que debería asumir una política de cooperación internacional de la UE hacia AL en materia de ESS. Deben abordarse proyectos de cooperación destinados a instaurar emprendimientos solventes de la ESS como agentes de cohesión social, desarrollo local, pluralidad, democracia económica y formalización masiva de la economía y el trabajo. Debe considerarse la ESS como prioritaria en la cooperación de la UE con el objetivo de favorecer la consolidación de redes que sirvan de agentes en la ejecución de las políticas de cooperación económica y codesarrollo. Los proyectos de cooperación en materia de ESS deben favorecer la coordinación de sus agentes y redes, evitando atomizaciones y duplicidades: es fundamental conseguir acciones más internacionalizadoras y estratégicas.

1.9   De otro lado, es necesario, en estos momentos de crisis global, fortalecer las relaciones empresariales y comerciales entre la ESS de la UE y de AL. Las experiencias de buenas prácticas de la ESS de AL pueden servir de ejemplos a seguir. Se destaca la necesidad de que los acuerdos comerciales que se firmen con los países de AL fomenten el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y microempresa y, en concreto, de la ESS.

2.   La economía social en América Latina

2.1   Dualidad del concepto

2.1.1   La aproximación de este dictamen a la ESS de AL parte de dos premisas ineludibles: por un lado, la constatación de las diferencias existentes entre las realidades sociales de la UE y de AL. Por otro, que AL no es homogénea. En ese sentido, el punto de partida de este análisis se sitúa en el máximo respeto a esa diversidad. También en el propósito de encontrar las coincidencias que permitan la cooperación en términos de igualdad y teniendo en cuenta las transformaciones que se están produciendo en ambas regiones. (1)

2.1.2   En AL mayoritariamente son dos los términos que se emplean: «economía social» y «economía solidaria». Este último más generalizadamente, existiendo posiciones conceptuales confrontadas sobre lo que ello significa (el concepto de «economía popular», por ejemplo). El término ES se ha consolidado en Europa y se corresponde con un concepto con matices indiscutiblemente empresariales que se asienta en el sistema como una forma alternativa y distinta de hacer las cosas y que no identifica el «ánimo de lucro» como problema en sí mismo. Sobre este punto la cuestión crucial es el modo de repartir el excedente obtenido ya que las actividades empresariales de la ES han de ser competitivas y producir beneficios. En la UE el término ES y su concepto han conseguido un amplio consenso (2). En AL hay diversidad de criterios.

2.1.3   En los últimos años, sobre todo como consecuencia de los cambios políticos y económicos operados en AL, es habitual la utilización del término «economía social y solidaria» (ESS) para referirse a este sector (3). Así lo proponemos como referencia en relación a AL.

2.1.4   Como primera aproximación podemos señalar que es común a toda la ESS su composición por entidades de naturaleza privada, constituidas para satisfacer necesidades personales y sociales y no para retribuir a inversores de capital. La situación de la ESS en AL es distinta en unos y otros países, si bien es cierto que algunos de los modelos están plenamente identificados en todos. Quizá partiendo de esas figuras comunes pueda articularse una interpretación del concepto más coincidente. La ESS en AL está básicamente constituida por: cooperativas, mutuas, fundaciones, asociaciones, sociedades de trabajo asociado, organizaciones de solidaridad social, agrupaciones de carácter civil y microempresas de diverso tipo. Estas empresas y entidades se sustentan en la solidaridad y la responsabilidad social. La mayoría de ellas operan en el mercado, pero a veces crean mercados especiales (comercio justo), donde se aplican principios diferentes al de la competencia.

2.1.5   Las organizaciones y empresas de ESS tienen rasgos distintos de las públicas y privadas de capital, pero también producen bienes y servicios. Por ello, las empresas de ESS no son exclusiva o prioritariamente entidades de caridad, ni carecen de algún tipo de ánimo de lucro: las ganancias son necesarias. El tema central es la forma de distribuir los beneficios de la actividad, que no se miden solo por la rentabilidad financiera y la generación de utilidades para sus miembros y para el entorno, sino también por el valor social que añaden.

2.2   Dimensiones y medición

2.2.1   Uno de los grandes problemas que lastran el desarrollo de la ESS latinoamericana es la dificultad de sistematizar información sobre este sector, lo que consolida su invisibilidad social. Es preciso saber, no solo intuir, el impacto real de la ESS. Esta ausencia de mediciones hace muy difícil destacar su verdadera relevancia social y la diferencia comparativa con respecto a otros tipos de empresas en cuanto al impacto de sus acciones económicas, sociales y solidarias. Lo mismo se pide en Europa para este sector: reconocimiento estadístico, creación de registros públicos solventes y cuentas satélite para cada sector institucional y rama de actividad, para conseguir más visibilidad. (4)

2.3   Organizaciones de ESS

2.3.1   Como ocurre en muchos países de la UE, también en AL es prioritario resolver la falta de una representación suficientemente consolidada, integrada y eficaz de la ESS. Aunque mucho se ha avanzado en los últimos años es necesario que las estructuras representativas de las distintas familias de la ESS se integren atendiendo a criterios de composición piramidal, de abajo arriba, sectorial y territorial, pero evitando la atomización, la competencia entre ellas y el corporativismo. La cercanía de estas organizaciones a los poderes locales y regionales facilita su consideración como polos de utilidad social, de innovación y con capacidad de respuesta a los problemas socioeconómicos más importantes.

2.3.2   Cuando las organizaciones de ESS (5) consiguen posiciones de reconocimiento que les otorgan una real capacidad de interlocución y negociación consolidan espacios de influencia para conseguir sinergias en materia de capacitación, eficiencia empresarial, responsabilidad social empresarial, nuevos modelos de gestión, lucha contra las malas prácticas y, en definitiva, mayor efecto en el sistema económico.

2.4   Políticas públicas

2.4.1   Una de las tareas pendientes de resolver por la ESS se centra en el modo de conseguir acuerdos y alianzas con los poderes públicos desde posiciones de respeto mutuo e independencia. Las políticas públicas son pues una de las preocupaciones y objetivos prioritarios de la ESS en AL. Las políticas que se fundamentan prioritariamente en ayudas económicas directas sin contrapartidas son fuentes que no se controlan y resultan imprevisibles, al tiempo que pueden convertirse en una herramienta de presión y manipulación. Las políticas estrictamente paliativas o asistencialistas favorecen las malas prácticas.

2.4.2   Falta promover políticas integrales y participativas coincidentes con los propósitos esenciales de la ESS y de los gobiernos interesados en la capacidad de la ESS para movilizar recursos de la comunidad y dentro del mercado para lograr beneficios generales con soluciones innovadoras a problemas complejos. Existen indiscutibles afinidades con respecto a objetivos sociales entre la AP y las organizaciones de la ESS para atender las necesidades perentorias de las personas (6).

2.4.3   Para la ESS el acceso a la financiación es un problema endémico que frena radicalmente su desarrollo. La ESS se nutre primariamente de las aportaciones de sus socios y promotores, no del capital especulador de terceros. Al mismo tiempo, generaliza prácticas que benefician al interés general. Generalmente la acción pública es escasa e insuficiente en lo que se refiere a la consecución de vías de financiación regulares mediante reformas legales y medidas macroeconómicas adecuadas para la ESS. Faltan políticas de Estado que incluyan a la ESS en la planificación general de la economía, políticas de financiación de la industria para aportación de nuevo capital, con potenciación de los fondos de capital-riesgo, una financiación de la participación económica de los trabajadores y socios y un respaldo a la formación de grupos empresariales y en fomento de la participación de la ESS en la contratación pública. Es urgente una reformulación de las medidas que ponen trabas injustificadas al desarrollo de entidades financieras propias de la ESS, como la banca ética y la microfinanciación.

2.4.4   La mayoría de los Estados carecen de líneas de acción política claras que diseñen programas coordinados en sus distintos niveles, competencias y estructuras administrativas y en las que la ESS encuentre un sitio institucionalizado y con tratamiento intersectorial. No hay agilidad suficiente en los trámites administrativos, ni una eficaz armonización estatal y supranacional sobre las grandes líneas de fomento y apoyo de la ESS. Se echan en falta políticas públicas destinadas a evitar la destrucción de pequeñas empresas sociales y tejido productivo local y solidario, así como políticas de formación laboral y de gestión de empresas especialmente en el ámbito municipal (7) y políticas de adecuación de los marcos normativos de las distintas figuras de la ESS. Especial referencia ha de hacerse a la necesidad de implementar políticas públicas de educación (Recomendación 193 OIT-2002) hacia la ESS. La AP, incluida la universidad, y la ESS no han desarrollado suficientes esfuerzos para trabajar en común.

2.5   Desarrollo económico en AL y papel de la ESS

2.5.1   Desarrollo y crecimiento económico con equidad

2.5.1.1

AL atraviesa una evolución macroeconómica favorable en términos de crecimiento convencional, aunque con diferencias según los países. Pero se arrastran lastres que hacen que este crecimiento se mantenga sobre realidades sociales de máxima desigualdad, con paro masivo y estancado en determinados sectores sociales, precariedad laboral generalizada, bolsas de exclusión social y de pobreza. Sin embargo, la revalorización de un «Estado proactivo» consciente de la dualidad social insostenible parece alentar un crecimiento con mayor equidad (8) y respeto ecológico.

2.5.1.2

La contribución de una ESS consolidada en AL a la gestión del desarrollo se centra en resolver graves situaciones de pobreza, desigualdad, exclusión, informalidad, explotación humana, falta de cohesión social y deslocalización empresarial y, en fin, generar una distribución más igualitaria de la renta y la riqueza contribuyendo a un cambio necesario de modelo productivo. En esa línea se sitúa la ESS que genera oferta de servicios de bienestar social y que, en relación con otros sectores, ofrece ventajas comparativas de eficiencia en la asignación y producción de bienes y servicios sociales preferentes. Su facilidad para atender a amplios sectores de la población y en territorios normalmente alejados de los centros de poder y económicos la hacen idónea en la tarea de conseguir un desarrollo más equitativo.

2.5.2   Economía informal y derechos sociales

2.5.2.1

La economía informal es un fenómeno masivo en AL que también se da en algunas zonas de la UE (economía sumergida) y que se caracteriza por el desarrollo de actividades laborales o económicas con ausencia, total o parcial, de coberturas sociales y de respeto a la legislación aplicable. El desempleo, el subempleo y la mala calidad de las condiciones de trabajo, contravienen las posiciones de la OIT sobre el trabajo decente (9). Es este un problema agudo. Se ha detectado una vinculación directa entre empleo informal o subempleo con los índices de pobreza, siendo endémico con las mujeres, los jóvenes, los indígenas o las personas de origen africano y las personas con discapacidad, tanto en informalidad laboral como de igualdad salarial y de trato. Por el contrario, junto con otros actores, la ESS es una herramienta eficaz de lucha contra la informalidad, dado que incorpora emprendimientos y personas a la legalidad y las coberturas sociales. Además, sirve para evitar la aparición de prácticas tendentes a consolidar una interesada externalización de los servicios públicos que carecen de garantías en las prestaciones, con falta de calidad y mermando la protección social de los beneficiarios. Los sindicatos y otros actores sociales, incluida la ESS, pueden, en cooperación, desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de mecanismos institucionales para combatir los casos de irregularidad y fraude, derivados de la economía informal y de la aparición de falsos trabajadores autónomos. También para garantizar el trabajo decente y unos servicios públicos universales y de calidad, así como para impulsar actividades de «capacitación».

2.5.2.2

La OIT reconoce el papel de la ESS pues los valores y principios en que se basan sus empresas incluyen el respeto por los principios y derechos fundamentales en el trabajo (10). En ese sentido, ha demostrado su habilidad para ampliar los servicios de protección social a las personas y consumidores que no están cubiertos por sistemas fiscales de seguridad social, para facilitar la corrección de los desequilibrios del mercado de trabajo y asegurar tratamientos igualitarios.

2.5.2.3

Hay muchos grupos informales de autoempleados de la ESS que carecen de posibilidades de formación laboral, financiación y reconocimiento oficial. La existencia de vínculos de reciprocidad y confianza entre pequeños productores o artesanos podrían articular procesos de formalización mediante emprendimientos de ESS ya que, por ejemplo, los productores no asociados prácticamente no tienen medios de acceso al mercado formal. Debe potenciarse la presencia de la ESS en el desarrollo de la protección social mediante los sistemas de salud gestionados con los usuarios. Es primordial erradicar la informalidad que pueda existir dentro de la propia ESS.

2.5.3   Desarrollo local y cohesión social

2.5.3.1

La importancia, como meta, de establecer parámetros mínimos de cohesión social es considerada esencial para cualquier planteamiento de desarrollo (11). Los gobiernos locales están dándose cuenta de la importancia de apoyar a los emprendedores de la ESS para revitalizar las comunidades rurales y urbanas. Estas empresas crean empleos locales y sus excedentes circulan a nivel local promoviendo una acumulación destinada a la reinversión en el mismo territorio. Así se aseguran procesos de cohesión social primarios con el control local de las inversiones, productos y servicios, y la circulación de los excedentes para ser movilizados dentro de la economía local y regional generando estabilización económica.

2.5.3.2

La ESS muestra su capacidad para crear y extender cultura emprendedora y tejido empresarial y conectar la actividad económica con las necesidades productivas locales. La ESS activa procesos de desarrollo endógeno en zonas rurales, de reactivación de áreas industriales en declive y de revitalización de espacios urbanos degradados, aliviando con ello importantes desequilibrios territoriales sin mantener un único patrón de desarrollo local, sino permitiendo la coexistencia de modos distintos según las necesidades sociales y económicas de los territorios.

2.5.3.3

La ESS facilita la autonomía territorial al dar especial relevancia a la sociedad civil para determinar el modelo de desarrollo de la zona y de controlar la evolución de los procesos de crecimiento y cambio estructural. El cooperativismo agrario es pieza esencial en estos procesos. Las políticas de cohesión social deben concentrarse en lo local (rural y urbano) para garantizar servicios sociales básicos, infraestructuras y educación. La ESS es imprescindible en esta tarea.

2.5.4   Pluralidad y democracia económica

2.5.4.1

La EES no se configura como un sector marginal, sino como un elemento institucional del sistema económico, coexistiendo con el sector público y el privado de capital. Con ello, instaura una pluralidad económica que permite contrapesos frente a las otras dos. La ESS contribuye al desarrollo sostenible, fomenta el tejido asociativo y procura la igualdad de oportunidades a través de sus sistemas de promoción educativa. Resulta esencial para la consecución de la estabilidad social, la sostenibilidad del crecimiento económico, la redistribución de la renta y la activación de alternativas económicas.

2.5.4.2

El funcionamiento de la ESS sobre la base del principio democrático y de la participación de las personas en la toma de decisiones de sus procesos económicos supone una escuela permanente de democracia y ciudadanía. Es constructora de tejido social y su potencial para participar con éxito en la resolución de conflictos y a favor de la paz y la justicia social la convierten en pieza insustituible del sistema económico y social en AL. Hace falta fomentar estas capacidades.

3.   Cooperación internacional en materia de ESS

3.1   Necesidad de la cooperación

3.1.1   La ESS participa de principios y prácticas que son coincidentes tanto en la UE como en AL, estos puntos comunes pueden favorecer la cooperación entre ambas regiones, tanto a favor del desarrollo sostenible como en los intercambios comerciales y empresariales.

3.1.2   Reiterando lo manifestado en otras ocasiones por este el CESE, se destaca la necesidad de que los acuerdos comerciales que se firmen con países de AL fomenten el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y microempresa y, en concreto, de la ESS (12).

3.2   Redes

3.2.1   Las redes constituidas por entidades representativas de la ESS, empresas sociales y centros de información, cuantificación e innovación y de formación universitaria pueden construir plataformas que trabajen por la superación de los grandes déficits señalados. La UE puede ser especialmente útil en la consecución de estos propósitos, pero las medidas no deben destinarse exclusivamente a los países o zonas de rentas más bajas, sino también a los emergentes de renta media que precisan consolidar su cohesión social y su crecimiento con equidad. La existencia de una ESS soportada en redes solventes ayudaría a identificar las necesidades más perentorias y los proyectos más eficientes, haciendo que la cooperación internacional de la UE sea más selectiva. La acción de la UE articulando redes entre AL y otras regiones (África, Asia…) en vías de desarrollo con base en la ESS puede ser de la máxima trascendencia (13).

3.3   Cooperación al desarrollo y codesarrollo en la ESS

3.3.1   La UE puede afrontar la cooperación a través de la implementación de Planes Empresariales de la ESS para el Desarrollo Sostenible  (14) en los que participen los gobiernos comprometidos de AL y colaboren organizaciones de la ESS de ambos continentes, estableciendo programas de acompañamiento y asistencia técnica para los emprendedores en el marco de políticas activas de empleo. De ese modo, la presencia de la UE en AL será vista como algo más que un interés comercial.

4.   2012 como punto de inflexión: Año Internacional de las Cooperativas (ONU); 7o Encuentro de la sociedad civil organizada Unión Europea-América Latina

4.1   La ONU proclamó, mediante Resolución de su Asamblea General (64/136), el 2012 como Año Internacional de las Cooperativas. Entre las importantes declaraciones recogidas en la Resolución y que destacan la contribución del cooperativismo al desarrollo económico y social en todo el mundo, la ONU alienta a su promoción activa de forma especial durante el año 2012. El presente dictamen apoya el contenido de tal Resolución en todos sus términos y coincide en sus propuestas.

4.2   A su vez, en el año 2012 se celebra el 7o Encuentro de la sociedad civil organizada Unión Europea-América Latina. En el marco de dicho encuentro y en sus sesiones preparatorias se celebrarán reuniones de trabajo sobre los contenidos del presente dictamen con representantes de la ESS, AL y la UE, con el fin de consensuar recomendaciones para el documento final.

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(1)  Documento COM(2009)/647 sobre la Estrategia «UE 2020». DO C 347, 18.12.2010, p. 48–54«Aspectos socioeconómicos en las relaciones UE-América Latina».

(2)  Dictamen CESE INT/447, DO C 318, 23.12.2009, p. 22–28 sobre «Distintos tipos de empresa»; Informe «Toia» INI/2250/2008; Dictamen CESE sobre el «fomento de las cooperativas en Europa» (DO C 234 de 22.9.2005); Dictamen CESE sobre «Economía social y mercado único» (DO C 117 de 26.4.2000). En ese sentido, las recientes Leyes española y portuguesa de Economía Social de 2011, así como otras normas de Estados miembros que regulan entidades de ESS.

(3)  Así lo hace, por ejemplo, la OIT en el reciente Documento de Trabajo de 2010 elaborado por el Centro Internacional de Formación (CIF-OIT) sobre «Economía social y solidaria: construyendo un entendimiento común».

(4)  En América Latina no existen estadísticas certeras, pero de los estudios desarrollados por Fundibes a fecha de 2009 puede hablarse de manera aproximada y provisional de la existencia de más de 700 000 organizaciones de la ESS, cerca de 14 millones de asociados. Además la amplitud del sector informal de la economía de toda la región dificulta sobremanera una exacta, o aproximada, cuantificación general. Por su parte, la ACI considera que Latinoamérica es la región de «más rápido crecimiento» en términos de nuevas cooperativas y miembros (2009). El Inacoop de Uruguay señala algunas cifras para 2008: 1 164 cooperativas, 907 698 socios activos, con una producción anual de 1 708 millones de dólares (3,2 % de la producción total),27 449 trabajadores. Referido siempre a 2008: Argentina: 12 760 cooperativas y 9 392 713 personas vinculadas; mutuas 4 166 y 4 997 067 personas vinculadas; trabajadores 289 460 (fuente: INAES). Chile: 1 152 cooperativas y 1 178 688 personas vinculadas; mutuas: 536 (fuente: Fundibes). Colombia: 8 533 cooperativas y 139 703 personas vinculadas; mutuas: 273 y 4 758 personas vinculadas (fuente: Confecoop). Guatemala: 841 cooperativas y 1 225 359 personas vinculadas (varias fuentes). Paraguay: 453 cooperativas y 1 110 000 personas vinculadas (fuente: Fundibes). Para Brasil véase nota 9. También hay estudios que señalan la fortaleza de la ESS frente a la crisis. Pero todos estos datos y valoraciones son más intuitivos y aproximativos que verificables.

(5)  Ejemplos de entidades representativas: Confecoop (Colombia), Conacoop (Costa Rica), Confecoop (Guatemala), Conpacoop (Paraguay), Confederación Hondureña de Cooperativas, OCB (Brasil), Conacoop (República Dominicana), Cudecoop (Uruguay), Consejo Mexicano de Empresas de la Economía Solidaria y Cosucoop (México). A nivel internacional: ACI-América, Cicopa y otros.

(6)  Instituciones públicas para la ESS: Infocoop (Costa Rica), Dansocial (Colombia), Incoop (Paraguay), INAES (Argentina), Senaes (Brasil), Inacoop (Uruguay) o Insafocoop ( El Salvador).

(7)  En línea con lo señalado para las PYME en el Dictamen CESE REX/180 (15.2.2006), DO C 88, 11.4.2006, p. 85–93 sobre «Las relaciones UE-México».

(8)  Según datos de la CEPAL más de la mitad de la población (350 millones de personas) se hayan por debajo del umbral de pobreza y 22 millones de niños han de trabajar para sobrevivir. Debe resaltarse como ejemplares las medidas adoptadas en la última década por los gobiernos de Brasil consiguiendo que millones de personas superen situaciones de máxima indigencia. La ESS de aquel país ha colaborado a estos logros a través del SENAE y la estrategia de su responsable Prof. Paul Singer. Según recientes palabras suyas, «La ESS precisa más dinero, más mercado y más conocimiento».

(9)  Según el Mapa de la Economía Solidaria de Brasil existen en ese país 22 000 empresas, de las cuales un tercio serían informales (www.fbes.org.br). Véase también el Dictamen CESE REX/232, DO C 256, 27.10.2007, p. 138–143 sobre «Las relaciones UE-América Central», el Dictamen CESE SOC/250, DO C 93, 27.4.2007, p. 38–41 sobre «Promover un trabajo digno para todos» y el Documento de trabajo de 12.10.2009 sobre «Estrategias para el mantenimiento y creación de empleo, en particular para las mujeres y los jóvenes» de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

(10)  Documento de Trabajo 2011 «Economía social y solidaria: nuestro camino común hacia el Trabajo Decente» en http://socialeconomy.itcilo.org/en/2011-readers. También como referencia para el punto 3.2 de este dictamen.

(11)  Entre otros muchos documentos: CESE: 6o Encuentro de la sociedad civil organizada UE-AL de 2010. Documentos de trabajo de la CEPAL para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Santiago de Chile de 2007. CESE REX/257, DO C 100, 30.4.2009, p. 93–99 sobre «Las relaciones UE-Brasil». CESE REX/232, DO C 256, 27.10.2007, p. 138–143 sobre «Las relacione UE-América Central». CESE: Acuerdo de Asociación UE-América Latina Central. Cumbre de Guadalajara UE-AL. CESE: 4o Encuentro de la sociedad civil organizada UE-AL y Caribe de 2006. CESE REX/210; DO C 309, 16.12.2006, p. 81–90 sobre las «Relaciones UE-Comunidad Andina». CESE REX/180, DO C 88, 11.4.2006, p. 85–93 sobre «Las relaciones UE-México». CESE REX/135; DO C 110, 30.04.2004 p. 40–54 sobre el «Acuerdo de Libre Comercio de las Américas». CESE REX/13 (DO C 169 de 16.6.1999). Con especial relevancia CESE REX /152, DO C 110, 30.4.2004, p. 55–71 sobre «La cohesión social en América Latina y el Caribe».

(12)  CESE REX/277, DO C 347, 18.12.2010, p. 48–54 sobre «Promoción de los aspectos socioeconómicos en las relaciones UE-América Latina». Véanse también las posiciones adoptadas por el CESE sobre los distintos acuerdos comerciales con países de la zona.

(13)  En ese sentido, hay que ponderar el papel que China viene desempeñando a nivel global y su importancia en múltiples aspectos como actor de alianzas estratégicas. Existen importantes redes en AL como RED DEL SUR (Mercosur); Unisol (Brasil) o el Fondo FIDES (México).

(14)  La vinculación entre ESS y sostenibilidad ambiental es una de sus señas de identidad. En ese sentido: Capítulo 9 del documento citado en la nota 10 de este dictamen, en relación con los llamados «empleos verdes». También DO C 48, 15.2.2011, p. 14–20 y CESE DO C 48, 15.2.2011, p. 65–71.

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22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/35

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Agricultura y artesanía — Una combinación ganadora para las zonas rurales» (Dictamen de iniciativa)

2012/C 143/07

Ponente: Adalbert KIENLE

En el Pleno celebrado el 22 de septiembre de 2011 el Comité Económico y Social Europeo, de conformidad con el artículo 29, apartado 2, de su Reglamento Interno, decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema

«Agricultura y artesanía – Una combinación ganadora para las zonas rurales» (Dictamen de iniciativa).

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 20 de enero de 2012.

En su 478o Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 23 de febrero de 2012), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 184 votos a favor y 8 abstenciones el presente dictamen.

1.   Resumen y recomendaciones

1.1   Con el presente dictamen de iniciativa, el CESE quiere dar un impulso a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo para la configuración de sus políticas, en particular en lo que se refiere al desarrollo del segundo pilar de la PAC y de los Fondos Estructurales para el período 2014-2020. El dictamen de iniciativa deberá contribuir a la aplicación de la Estrategia Europa 2020, manifestándose en propuestas específicas sobre la futura financiación con cargo al FEADER y los Fondos Estructurales, así como de otras políticas de la UE. Para las organizaciones de la sociedad civil en los sectores de la agricultura y la artesanía, el claro reconocimiento de la dimensión regional y de las cadenas de valor añadido regionales representa un apoyo importante de sus actividades. Al mismo tiempo, el CESE espera dar con su dictamen un impulso importante a los debates nacionales.

1.2   Ante las actuales propuestas legislativas de la Comisión Europea para el período de financiación 2014-2020 de 5 y 12 de octubre de 2011 sobre la financiación con cargo al FEADER y los Fondos Estructurales, el CESE formula las siguientes recomendaciones:

1.2.1

Deben ampliarse y cualificarse adecuadamente las mayores posibilidades propuestas en el marco del FEADER relativas al apoyo a la inversión para las pymes, con miras a la cooperación regional entre empresas del medio rural y, en particular, de la artesanía y la agricultura. Con este fin, también deberían iniciarse y apoyarse in situ redes regionales de comunicación y redes de patrocinio en favor de las empresas.

1.2.2

Las propuestas de la UE para las iniciativas locales financiadas por el FEADER y los Fondos Estructurales constituyen una posibilidad importante de apoyo a las actividades regionales de la artesanía, la agricultura, el turismo y el comercio. No obstante, para ello estas propuestas de ayuda deberían otorgar prioridad a los intereses de los agentes económicos y sociales.

1.2.3

Debe fomentarse de manera sostenible en las pymes la transferencia de conocimientos, información e innovación, para promover y garantizar el empleo en el medio rural y apoyar prácticas económicas que aprovechen eficazmente el clima y los recursos. No deben olvidarse los conocimientos y las experiencias tradicionales, sino, por el contrario, preservarse y utilizarse como experiencia acumulada de gran valor.

1.2.4

Las cadenas de valor añadido regionales representan una gran oportunidad de futuro para la artesanía, la agricultura, el turismo, el comercio y el medio rural en su conjunto. Debería prestárseles atención, sobre todo con miras al establecimiento de grandes marcas regionales y a la transformación y comercialización conjuntas.

1.2.5

Las empresas de la artesanía y la agricultura requieren una infraestructura económica suficiente. Corresponde sobre todo los Fondos Estructurales crear las condiciones adecuadas para ello, por ejemplo poniendo a disposición unos presupuestos regionales flexibles.

2.   Introducción

2.1   La agricultura y la artesanía, como sectores en los que predominan las pymes, conforman en muchos aspectos la economía del medio rural y desempeñan un papel importante en las estructuras de abastecimiento y la vida social de los pueblos y pequeñas ciudades de la UE.

2.2   En el marco del futuro desarrollo de las ayudas de la UE al medio rural para el período 2014-2020, el presente dictamen de iniciativa contribuirá al aprovechamiento del potencial adicional de valor añadido de la agricultura y la artesanía en el medio rural. Las propuestas legislativas de la Comisión sobre la PAC y sobre la política de cohesión después de 2013 proporcionan el contexto adecuado para ello. En ellas se hacen extensivas, entre otras, las ayudas del FEADER a las «pequeñas» empresas y a todas las empresas en el medio rural, lo cual supone una modificación importante. En lo que se refiere a la transmisión de conocimientos y competencias, el presente dictamen de iniciativa fomentará el debate europeo sobre un crecimiento inteligente, integrador y sostenible. Además, se trata de mejorar los requisitos para que unas medidas integradoras y que abarquen a distintos sectores tengan una influencia sostenible en la calidad de vida y el potencial económico del medio rural y puedan garantizar unas estructuras de abastecimiento en un contexto de reducción de la población. Al mismo tiempo, el dictamen de iniciativa alentará el debate público sobre cómo luchar contra las consecuencias del cambio demográfico y fomentará los debates nacionales sobre cómo garantizar la competitividad y la vitalidad del medio rural.

3.   Situación

3.1   Las pequeñas y medianas empresas de la artesanía y la agricultura establecidas y arraigadas en el medio rural acumulan un gran potencial, tanto por su actividad económica como por su compromiso empresarial, para reforzar las estructuras económicas y sociales existentes y afrontar los retos futuros. Generan por sí solas directamente calidad de vida y contribuyen a través de sus productos y servicios al desarrollo de las identidades regionales. Mantienen tradiciones importantes y, al mismo tiempo, son la condición de actividades innovadoras. La artesanía y la agricultura representan la modernidad y la sostenibilidad, productos de calidad, aseguran el abastecimiento energético, una protección sostenible del medio ambiente y la naturaleza y preservan el patrimonio cultural. Los ciudadanos que trabajan en la artesanía y la agricultura están altamente cualificados, son autónomos y tienen una gran capacidad de adaptación y aprendizaje. Estas características son la base de numerosos ejemplos de éxito económico y social en los pueblos y pequeñas ciudades del medio rural.

3.2   Casi todas las regiones rurales de la UE ofrecen un gran potencial para generar un valor añadido común de la artesanía y la agricultura. Este potencial reside en la cooperación en la producción, transformación y comercialización a nivel regional y suprarregional. También reside en una competencia justa entre los agentes y en la participación por igual de mujeres y hombres.

3.3   El medio rural presenta grandes diferencias en su estructura dentro de la UE. Junto a regiones rurales muy prósperas con escaso nivel de desempleo y un crecimiento sólido, existen otras zonas donde se concentran los problemas económicos, la emigración y el envejecimiento. Además, no siempre cuentan con posibilidades de formación y perfeccionamiento profesionales a una distancia aceptable. Existe el riesgo de un desajuste progresivo entre desarrollo económico y social y normas en materia de infraestructuras.

3.4   Sobre todo las personas mayores requieren distancias cortas y servicios de proximidad fácilmente accesibles; los jóvenes necesitan además unas infraestructuras básicas que funcionen correctamente, como Internet, guarderías y escuelas primarias. El cambio demográfico hace indispensable la adaptación de las infraestructuras rurales, así como de sus sistemas de abastecimiento y eliminación de residuos. En la actualidad no se aprovecha de manera suficiente la experiencia de las empresas establecidas en estas zonas - en particular de las pequeñas y medianas empresas - para afrontar estos desafíos. Las empresas de la artesanía y la agricultura socialmente responsables y comprometidas in situ contribuyen de manera importante a la integración social de las personas discapacitadas.

3.5   Para poder tener éxito, de manera individual o conjunta, las empresas de la artesanía y la agricultura, así como los demás agentes económicos regionales, dependen de un acceso local rápido a Internet. No obstante, a menudo no se dispone de un acceso suficiente a la banda ancha, sobre todo en las zonas rurales periféricas.

3.6   La dimensión regional tiene un papel creciente en el debate social. Es la expresión de una sociedad responsable y que respeta determinados valores, y el requisito para una actividad económica y una convivencia sostenibles. No obstante, a menudo las regiones carecen del impulso necesario, o bien los incentivos para elevar los potenciales regionales de generación de valor añadido son demasiado débiles. Con frecuencia el intercambio entre las empresas de una región no se ha desarrollado en absoluto, o solo se ha hecho de manera insuficiente.

3.7   La artesanía y la agricultura afrontan juntas los retos cada vez mayores de mejorar la protección de los recursos y del clima. Tanto para una como para otra, la utilización eficiente de los recursos y del clima son palabras clave para unas estrategias empresariales orientadas hacia el futuro. Mediante la cooperación de ambos sectores, el medio rural puede dar un impulso importante para afrontar los retos que se plantean a la sociedad en su conjunto.

4.   Objetivos

4.1   El CESE considera esencial que las instituciones europeas y los gobiernos y administraciones nacionales reconozcan mejor el potencial de la artesanía y la agricultura, lo tengan en cuenta en sus políticas y contribuyan así a mantener las perspectivas de futuro de las zonas rurales.

4.2   El CESE apoya expresamente el aprovechamiento de nuevos potenciales de creación común de valor añadido de la artesanía y la agricultura.

—

Hay que establecer o reforzar las cadenas de valor añadido regionales asociando la agricultura y la artesanía con otros sectores como el comercio, el turismo, la salud o el sector de la madera; para ello también deberían existir normas de competencia equitativas y crearse estructuras que permitan aprovechar mejor el potencial económico de las regiones con la ayuda de las pymes establecidas en ellas.

—	Deberían apoyarse el mantenimiento, la diversificación, la creación y el desarrollo de las pymes en el medio rural, así como las cooperaciones económicas suprasectoriales.

—

Para apoyar mejor a las pequeñas empresas en el medio rural deberían desarrollarse programas fácilmente accesibles para fomentar la economía, la innovación y las competencias; es importante crear en todas las regiones de Europa posibilidades de acceso suficientes a la formación y al perfeccionamiento profesionales y garantizar una transferencia de conocimientos sobre las tecnologías de punta con futuro vinculada a las aplicaciones prácticas.

—	Es importante que los escolares se familiaricen con los procedimientos de fabricación tradicionales y modernos de los artesanos y agricultores locales y tomen conciencia de los valores inherentes al ejercicio de una actividad profesional autónoma e independiente.

—

Sería conveniente orientar en consecuencia la producción, la transformación y la comercialización de los alimentos y otras materias primas regionales en función de los requisitos y calidades regionales específicos; deberían fomentarse por consiguiente los sistemas de garantía de la calidad, las estrategias de marca y la mercadotecnia.

—	Deben apoyarse prácticas económicas eficientes en el aprovechamiento de los recursos y del clima.

—	Deben garantizarse y reforzarse los servicios públicos, las infraestructuras y la vida social en las zonas rurales.

—	Es importante promover la conexión a redes de banda ancha modernas como condición indispensable para aprovechar el potencial de creación de valor añadido de las pymes en las zonas rurales.

—	Es conveniente considerar los sistemas de abastecimiento energético descentralizados y las medidas en materia de eficiencia energética como una gran oportunidad para generar nuevos potenciales de creación de valor añadido.

—	Habida cuenta del agravante del cambio demográfico, es indispensable retener a los profesionales cualificados en las regiones rurales y orientarlos hacia aquellas actividades con perspectivas de futuro en las empresas de la artesanía y la agricultura.

—

Es estrictamente necesario incitar a las instituciones, las organizaciones y empresas presentes en las zonas rurales, en particular a las de la agricultura y la artesanía, a intensificar el diálogo con la sociedad civil y reforzar su cooperación en el ámbito económico, así como aprender de las buenas prácticas existentes.

4.3   Para poder activar mejor en el futuro estos potenciales en beneficio de la economía regional y en colaboración, el CESE quiere poner especialmente en relieve tres objetivos:

4.3.1   Dimensión regional y creación de valor añadido

Un potencial importante de la agricultura y la artesanía reside en su arraigo local y regional. En un mundo globalizado, la dimensión local y regional adquiere mayor importancia. En muchos casos, las acciones desarrolladas a nivel local permiten resolver los problemas actuales. El desarrollo de cadenas de valor añadido regionales desempeña a este efecto un papel cada vez más importante. Especialmente en el sector de la alimentación, existen tradicionalmente vínculos y cooperaciones estrechas entre la agricultura en muchas regiones que generan un valor añadido importante para el consumidor. Existen numerosos ejemplos positivos al respecto, y debería hacerse un esfuerzo por desarrollarlos y difundirlos en otras regiones. Esto también debería servir de modelo para otros sectores de productos y servicios, como, por ejemplo, la transformación de la madera y el turismo rural. Al mismo tiempo esta cooperación puede contribuir a garantizar las estructuras de abastecimiento de proximidad y evitar el transporte, contribuyendo así a una mayor protección del clima.

La concepción de una cooperación más estrecha entre los agentes rurales importantes en forma de cadenas de valor añadido también permite orientar la producción y la comercialización de los alimentos hacia las exigencias y calidades regionales específicas y crear una identidad local distintiva. El desarrollo de grandes marcas regionales para la comercialización conjunta responde a las crecientes exigencias de los consumidores sobre la calidad y el origen de los productos. Al igual que se ha hecho para los alimentos, también deberían introducirse indicaciones de calidad y de origen en los productos de la artesanía.

4.3.2   Energía y materias primas

El establecimiento de sistemas descentralizados de abastecimiento energético y de medidas de ahorro energético en el medio rural será mucho más importante en el futuro en Europa y constituye un ámbito de cooperación ideal entre la artesanía y la agricultura. Las energías y las materias primas renovables solo podrán desplegar plenamente su balance energético ecológico si se procesan en las regiones donde se producen. Para ello se requieren expertos sobre el terreno.

Otro ámbito con perspectivas de futuro para la cooperación regional lo constituye el sector del cultivo, la transformación y la comercialización de materias primas y materiales renovables.

4.3.3   Garantizar la mano de obra

Debido al cambio demográfico y, en las regiones rurales periféricas, a la importante emigración de la población hacia las aglomeraciones regionales, a las empresas de la agricultura y la artesanía les resulta cada vez más difícil contratar mano de obra altamente cualificada (1). Como ya se ha señalado en otro dictamen del CESE, el empleo de las mujeres merece especial atención (2). Para garantizar la viabilidad de los centros de actividad económica, conviene mejorar los factores indirectos de establecimiento vinculados a la calidad de vida, esto es, la disponibilidad de vivienda, la oferta educativa, cultural y de ocio y, sobre todo, las ofertas destinadas a las familias jóvenes. Los esfuerzos de sensibilización temprana de los escolares y los jóvenes sobre las profesiones de futuro que ofrecen la artesanía y la agricultura realizados por los agentes económicos deben ir acompañados de medidas políticas desplegadas por las oficinas de empleo y los centros de enseñanza públicos. La capacidad de empleo de las personas formadas en estas profesiones es alta y está muy bien valorada a la hora de adaptarse a los nuevos retos del mercado laboral (3).

5.   Medidas

5.1   Para lograr los objetivos arriba mencionados, el CESE considera necesario apoyarse resueltamente en la Estrategia Europa 2020 para fomentar un crecimiento inteligente, integrador y sostenible, tener en cuenta adecuadamente el apoyo a las zonas rurales en el marco del FEADER y de sus seis prioridades de financiación, así como de los Fondos Estructurales, y ejercer una influencia sostenible sobre la calidad de vida y el potencial económico del medio rural mediante enfoques políticos integrados. Un enfoque suprasectorial y de financiación cruzada entre fondos favorecería el desarrollo de cadenas de valor añadido comunes, la reducción de la emigración y la estabilización de las estructuras de abastecimiento en el medio rural, beneficiando así a todos los sectores económicos y a todos los sectores de población en él establecidos.

5.2   Los puntos de actuación concretos que deberán tenerse en cuenta en la configuración de la futura política estructural de la UE, en opinión del CESE, son los siguientes:

—	las inversiones en favor de la diversificación, creación, transferencia de actividades y desarrollo de las pymes en las zonas rurales;

—	el fomento y el inicio de cooperaciones y plataformas suprasectoriales (por ejemplo, organizando «mesas redondas» con regularidad);

—	la promoción de circuitos económicos regionales (tradicionales) con distancias de transporte reducidas;

—	el fomento de grandes marcas regionales para la transformación y comercialización conjuntas de productos y servicios regionales;

—	el fomento de la calidad y de sistemas de garantía de la calidad como clave para el éxito de la venta de los productos;

—	la promoción de prácticas económicas eficientes desde el punto de vista de los recursos y del clima;

—	apoyo de la transferencia de conocimientos y competencias específicos a las empresas de la artesanía, la agricultura y a otros agentes económicos en el medio rural;

—	el fomento de colaboraciones para la innovación entre la investigación y la industria, prestando especial atención a las innovaciones basadas en las aplicaciones y los procedimientos para las pymes;

—	el mantenimiento y el desarrollo de infraestructuras económicas de proximidad en el medio rural (en particular, la banda ancha);

—	el apoyo a las medidas adoptadas por los agentes económicos y sociales para garantizar la cobertura de las necesidades futuras de mano de obra;

—	el trabajo de sensibilización mediante visitas de empresas para las escuelas y la población;

—	el desarrollo del actual enfoque de «Leader», para garantizar una participación mucho mayor de los empresarios y elevar el potencial económico en el medio rural;

—	el fomento de redes de patrocinio formadas por empresarios de pymes, en particular con miras a acompañar las cooperaciones;

—	la creación y el desarrollo de plataformas destinadas a recabar y difundir las mejores prácticas en materia de desarrollo regional y de cooperación entre los agentes económicos y sociales rurales;

—	el apoyo a las regiones rurales mediante la elaboración de presupuestos regionales flexibles.

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(1)  CESE 1704/2007, DO C 120 de 16.5.2008, p. 47.

(2)  CESE 1175/2011, DO C 318 de 29.10.2011, p. 43.

(3)  Ibídem.

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22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/39

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Posición del CESE para la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20)» (Dictamen adicional)

2012/C 143/08

Ponente general: Hans-Joachim WILMS

El 17 de enero de 2012, de conformidad con el artículo 29(A) de las Normas de Desarrollo del Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió emitir un dictamen adicional sobre la

«Posición del CESE para la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20» (Dictamen adicional).

Dada la urgencia de los trabajos, en su 478o Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 22 de febrero de 2012), el Comité Económico y Social Europeo nombró ponente general a Hans-Joachim Wilms y aprobó por 211 votos a favor y 3 abstenciones el presente dictamen.

1.   Introducción

1.1

Las Naciones Unidas acordaron celebrar una Conferencia sobre Desarrollo Sostenible del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro (Brasil). Para la segunda reunión del Comité preparatorio de dicha conferencia se invitó a todos los Estados miembros, las pertinentes organizaciones de las Naciones Unidas y las correspondientes partes interesadas a que aportaran su contribución a la Secretaría antes del 1 de noviembre de 2011 para incluirla en un texto compilatorio que sirviera de base para la preparación de un borrador cero del documento final, que se presentaría en enero de 2012.

1.2	El CESE ha contribuido a la posición común de la UE y de sus Estados miembros para el documento compilatorio con su Dictamen (1)«Río+20: hacia la economía ecológica y la mejora de la gobernanza – Contribución de la sociedad civil organizada europea» aprobado en septiembre de 2011.

1.3

Tal como se expone en el Plan de Acción de dicho dictamen, el CESE ha mantenido un diálogo con la sociedad civil dentro y fuera de Europa. A nivel internacional, el diálogo está teniendo lugar en el marco de las reuniones de la Mesa Redonda de la Sociedad Civil UE-Brasil y UE-China, así como de las reuniones con la Cámara Cívica Rusa y la AICESIS. Se prevén otras actividades en el marco de la cooperación con los países ACP.

1.4

A nivel europeo, el CESE ha organizado un amplio proceso de diálogo sobre los asuntos que se tratarán en la Conferencia Río+20, incluidas las primeras reacciones al borrador cero del documento final emitido el 10 de enero. Este proceso de diálogo tenía como objetivo preparar la importante conferencia de la sociedad civil «¡Sé sostenible, sé responsable! La sociedad civil europea en marcha hacia la Conferencia Río+20 de las Naciones Unidas» organizada por el CESE los días 7 y 8 de febrero de 2012, y alcanzar un acuerdo sobre un mensaje común de dicha conferencia.

1.5

El presente dictamen reitera las recomendaciones y conclusiones presentadas en el anterior Dictamen del CESE «Río+20: hacia la economía ecológica y la mejora de la gobernanza – Contribución de la sociedad civil organizada europea» (2) y avala plenamente el mensaje de la Conferencia del CESE «¡Sé sostenible, sé responsable! La sociedad civil europea en marcha hacia la Conferencia Río+20 de las Naciones Unidas».

2.   Conclusiones y recomendaciones

2.1	El CESE está convencido de que las actuales crisis económica, social y medioambiental están estrechamente relacionadas y que ya no es posible proceder como de costumbre.

2.2	Asimismo, el CESE reitera el siguiente mensaje de la Conferencia «¡Sé sostenible, sé responsable! La sociedad civil europea en marcha hacia la Conferencia Río+20 de las Naciones Unidas» organizada por el Comité Económico y Social Europeo los días 7 y 8 de febrero de 2012 en Bruselas.

2.3

En la Conferencia de las Naciones Unidas Río+20, los líderes mundiales deben comprometerse a establecer un plan de acción concreto que conduzca al desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza dentro de las limitaciones que impone el planeta. Fomentar una economía verde debe ser parte de una estrategia general de desarrollo sostenible que establezca un equilibrio entre los aspectos sociales, ecológicos y económicos, alcanzando al mismo tiempo una equidad distributiva e intergeneracional.

2.4

La erradicación de la pobreza y el acceso universal a suficientes alimentos, agua pura y energía sostenible debe ser una prioridad máxima de la agenda de Río+20. El fomento de una agricultura local ecológica en los países en desarrollo desempeña un papel crucial en la lucha contra la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria, al tiempo que constituye una fuerza motriz para el desarrollo de áreas rurales económicamente prósperas. Hay que garantizar los mismos derechos políticos, económicos y sociales para las mujeres.

2.5

Los líderes políticos deben comprometerse a conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y adoptar nuevas medidas que garanticen la necesaria financiación efectiva. En particular, los países desarrollados tienen que cumplir efectivamente su compromiso de asignar, al menos, un 0,7 % de su renta nacional bruta a la ayuda al desarrollo.

2.6

Los negociadores europeos deben conceder a la dimensión social del desarrollo sostenible una importancia mucho mayor de la que se prevé en el borrador cero. El aumento de las desigualdades sociales y económicas en y entre los diferentes países requiere una actuación urgente, ya que obstaculiza los esfuerzos por conseguir un desarrollo sostenible y una igualdad distributiva. Por otra parte, una transición justa debe garantizar a la población activa un trabajo digno y empleos de calidad. Es necesaria la ratificación y aplicación de las Normas Básicas del Trabajo de la OIT, al tiempo que cabe apoyar plenamente la iniciativa de la OIT de protección social mínima.

2.7

Los líderes políticos reunidos en Río deberán suscribir una hoja de ruta de la economía ecológica con objetivos claros y mecanismos de seguimiento que garanticen una transición económicamente eficiente, socialmente justa y ecológica a sociedades sostenibles. El proceso de transición tendrá que basarse en un diálogo continuo con la sociedad civil, incluido el diálogo social.

2.8

Los países europeos y otros países desarrollados tendrán que comprometerse en Río a reducir de manera sustancial su consumo de los limitados recursos naturales del planeta. Los líderes europeos tendrán que cumplir los objetivos acordados por la UE y prepararse para una acción más ambiciosa. Los países emergentes deberían utilizar los recursos naturales de manera más eficiente.

2.9

Habrá que reducir progresivamente los modelos de consumo y producción insostenibles utilizando un amplio espectro de instrumentos de políticas que incluirán medidas reguladoras, herramientas de política fiscal, contratos públicos ecológicos y sociales, la progresiva reducción de los subsidios perjudiciales para el medio ambiente, la investigación en innovación ecológica, la internalización de los costes medioambientales y otros incentivos basados en el mercado, fomentando al mismo tiempo estilos de vida sostenibles y la participación activa de los consumidores en la transición. En Río habrá que adoptar un programa de trabajo de diez años en materia de consumo y producción sostenibles.

2.10	El borrador cero reconoce las limitaciones del PIB como parámetro del bienestar, y ahora la sociedad civil deberá participar en la urgente elaboración de indicadores complementarios.

2.11

El Comité acoge favorablemente la iniciativa de fijar para 2015 un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible mundiales que reflejen un enfoque equilibrado de sus tres dimensiones. Es necesario que en Río se emprenda un proceso integrador que relacione los Objetivos de Desarrollo del Milenio con los objetivos del desarrollo sostenible y establezca una estrategia e indicadores de desarrollo sostenible con claros mecanismos para la asunción de responsabilidad.

2.12	Es preciso que en Río se concierte un acuerdo mundial que garantice las necesarias inversiones para el proceso de transición hacia una economía ecológica.

2.13

El Comité reconoce la responsabilidad del sector privado para conseguir la transición hacia un desarrollo sostenible. Dicha transición representa una oportunidad para las empresas. Las empresas y el sector industrial deberían aprovechar la oportunidad. Los líderes políticos tendrán que establecer marcos políticos claros, estables y previsibles en materia de economía verde que ofrezcan a las empresas la confianza, el marco normativo y los incentivos adecuados para acometer las inversiones necesarias.

2.14

Debería constituirse un nuevo Consejo para el Desarrollo Sostenible que sustituya a la Comisión para el Desarrollo Sostenible, así como un nuevo organismo de las Naciones Unidas para el medio ambiente basado en el PNUMA. Ambos entes propiciarían la participación efectiva de la sociedad civil, representada por los grupos principales.

2.15	El Comité acoge favorablemente la propuesta de crear la figura del Defensor de las generaciones futuras.

2.16

Los líderes políticos deberán acordar en la Conferencia Río+20 la adopción de nuevas medidas para mejorar la participación efectiva de la sociedad civil y conseguir el empoderamiento a nivel global, nacional y local en la transición hacia sociedades sostenibles. Habrá que establecer sistemas adecuados para asegurar el acceso público a la información, al diálogo, a la participación democrática y electoral. Habrá que promover la constitución de foros en los que tengan cabida las partes interesadas, como los Consejos Económicos y Sociales y los Consejos Nacionales de Sostenibilidad, como modelos para animar el debate de la sociedad civil. Es necesario emprender más campañas de sensibilización y programas educativos sobre el desarrollo sostenible.

2.17	La sociedad civil de todo el mundo debería seguir exigiendo que los resultados de la conferencia estén a la altura de los desafíos que afrontamos: ¡La sociedad civil ha de asumir su responsabilidad a nivel mundial!

2.18	El borrador cero del documento emitido por la Mesa de la Conferencia de las Naciones Unidas Río+20 constituye un buen punto de partida para posteriores negociaciones, pero el borrador cero aún se queda corto para hacer frente a estos desafíos.

2.19

Los jefes de Gobierno europeos deberán asumir su responsabilidad y participar en la Conferencia Río+20. Los negociadores de la UE tienen que trabajar para presentar un documento más ambicioso en lo que respecta a objetivos, plazos, financiación, compromiso jurídico y seguimiento. Habrá que revisar y revitalizar la estrategia general de desarrollo sostenible al término de la Conferencia Río+20.

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(1)  DO C 376 de 22.12.2011, p.102.

(2)  DO C 376 de 22.12.2011, p.102.

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22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/42

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020)»

[COM(2011) 608 final — 2011/0269 (COD)]

2012/C 143/09

Ponente: Martin SIECKER

Coponente: Jean-Pierre HABER

Los días 24 y 25 de octubre de 2011, respectivamente, de conformidad con los artículos 175(3) y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020)»

COM(2011) 608 final – 2011/0269 (COD)

La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 9 de febrero de 2012 (ponente: Martin Siecker; coponente: Jean-Pierre Haber).

En su 478o Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 23 de febrero de 2012), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 158 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

El CESE acoge favorablemente el hecho de que la Comisión haya presentado una propuesta para dar continuidad al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Al mismo tiempo, el CESE no está convencido de que todas las propuestas de la Comisión vayan a resolver los problemas del Fondo. El número de solicitudes presentadas al FEAG ha sido –y sigue siendo– muy reducido, y el CESE no cree que ampliar el Fondo a la agricultura sea la forma adecuada de solventar esta deficiencia. En lugar de ello, el Comité sugiere algunas medidas adicionales para mejorar la utilización del FEAG, como reducir los límites y acelerar el procedimiento, puesto que el propio instrumento ha tenido unos resultados relativamente buenos en los casos en los que se ha aplicado.

1.2

Una de las causas de la infrautilización es el procedimiento lento y burocrático que sigue el FEAG debido a su carácter específico. La Comisión no puede decidir sin remitirse al Parlamento Europeo y al Consejo. Una vez interviene la autoridad presupuestaria, es preciso someterse a determinados procedimientos que llevan mucho tiempo para la aprobación de todas las solicitudes de ayuda, con un notable gasto de recursos administrativos que podrían haberse utilizado mejor.

1.3

El CESE sugiere, asimismo, que se reduzca a 200, en lugar de los 500 propuestos, el número de despidos necesario para presentar una solicitud. También recomienda aumentar la cofinanciación de la UE hasta el 75 % para mejorar la utilización del FEAG. El CESE acoge favorablemente el hecho de que se amplíe el concepto de «trabajador» para incluir en él a los trabajadores que tengan contratos de duración determinada y a los trabajadores cedidos por agencias de trabajo temporal. El CESE está de acuerdo en que se incluya a los trabajadores por cuenta propia. Son actores con una importancia y un peso considerable en el mercado laboral y se cuentan entre los primeros en verse afectados por las consecuencias tanto de la globalización como de las crisis económicas. El FEAG no se concibió para ayudar a los empresarios, por lo que el CESE no está de acuerdo en ampliarlo para incluir a los propietarios-administradores de pymes. La DG Empresa tiene una sección dedicada a las políticas en favor de las pymes que dispone de importantes programas de apoyo. El FEAG no debería interferir en estos programas.

1.4

El CESE sugiere otras dos posibilidades de mejorar los resultados del FEAG. La primera es informar a las pymes de las oportunidades que brinda el Fondo mediante una campaña de información masiva; la segunda, implicar a los interlocutores sociales desde el inicio mismo del procedimiento de presentación de solicitudes al Fondo. Asimismo, el CESE manifiesta su sorpresa por la decisión del Consejo de diciembre de 2011 de eliminar la posibilidad de utilizar el FEAG para combatir las consecuencias sociales inesperadas de la crisis económica durante los dos últimos años del actual período de aplicación (2012 y 2013), tanto más cuanto que de una evaluación global de las solicitudes se desprende que el Fondo ha arrojado buenos resultados en este sentido. Por este motivo, el CESE urge al Consejo a reconsiderar su decisión y expresa con absoluta claridad su deseo de que esta dimensión se incluya en el próximo período del Fondo, de 2014 a 2020.

1.5

El CESE no está de acuerdo con la propuesta de ampliar el FEAG a la agricultura, pero reconoce que habrá que hacer algo por este sector cuando entren en vigor futuros acuerdos comerciales como el acuerdo con Mercosur. Este acuerdo resultará beneficioso para la UE en su conjunto, pero dentro de la Unión reportará sobre todo ventajas a la industria y los servicios, mientras que la agricultura tendrá que pagar la factura. La Comisión ha expresado su esperanza de que los futuros acuerdos comerciales puedan tener el mismo impacto. Es justo que se compense a la agricultura por este tipo de desventajas, pero debería hacerse mediante una solución a la medida del sector, por ejemplo, en el marco de los Fondos Estructurales vinculados a la política agrícola común. El CESE pide que el FEAG, que se creó para apoyar a los trabajadores despedidos a reinsertarse en el mercado laboral, siga reservándose para este propósito.

1.6	El CESE insiste en que se mantenga el funcionamiento del Fondo en período de crisis y que, entre otras cosas, pueda utilizarse en las situaciones de deslocalización y relocalización de actividades industriales en la Unión Europea.

2.   Síntesis de la propuesta de la Comisión

2.1

En marzo de 2006 la Comisión presentó una propuesta para crear un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). Su propósito era proporcionar ayuda específica y puntual para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores de determinadas áreas o sectores despedidos como consecuencia de una grave perturbación de la economía, como una deslocalización de actividades a terceros países, un incremento masivo de las importaciones o una disminución progresiva de la cuota de mercado de la UE en un sector determinado. El principal criterio para solicitar la ayuda del FEAG era que se hubieran producido más de mil despidos en una empresa o un grupo de empresas del mismo sector en una o dos regiones contiguas.

2.2

El FEAG se creó para la duración del período de programación 2007-2013. Entre las medidas previstas se incluían el reciclaje profesional, la ayuda a la reinserción laboral, la ayuda a la creación de empresas y subsidios adicionales. El FEAG interviene a petición de un Estado miembro. El importe financiado por la UE no debía superar el 50 % del coste total estimado del conjunto de medidas previstas por el Estado miembro. En 2009 se adaptaron los criterios de ayuda bajo la presión de la crisis económica. El número mínimo de despidos se redujo de 1 000 a 500 y la participación de la UE en proyectos del FEAG se incrementó del 50 % al 65 %.

2.3

En octubre de 2011 la Comisión presentó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de prorrogar el FEAG durante el período de programación 2014-2020 para contribuir a lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020, y de ampliar la dotación de las ayudas a la agricultura. Con el fin de garantizar que la ayuda del FEAG llegue a todos los trabajadores con independencia de su contrato de trabajo o de su relación laboral, se amplía el concepto de «trabajador» para incluir en él no solo a los trabajadores con contrato laboral de duración indefinida, sino también a los que tengan contratos de duración determinada, a los trabajadores cedidos por agencias de trabajo temporal, a los propietarios-administradores de microempresas y de pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores por cuenta propia, incluidos los agricultores. La participación de la UE en los proyectos del FEAG oscilará entre el 50 % y el 65 %.

2.4

La Comisión propone que el FEAG permanezca al margen del marco financiero plurianual (MFP) debido al carácter imprevisible y urgente de las circunstancias que justifican su despliegue. A nivel de la Unión los gastos deben orientarse hacia la obtención de resultados concretos. Por lo que se refiere a la incidencia del gasto del FEAG, el MFP ha establecido el objetivo de que en doce meses ha de encontrar empleo estable al menos el 50 % de los trabajadores que se beneficien de la ayuda del FEAG. Para que la Comisión pueda comprobar si los Estados miembros están haciendo todo lo posible por alcanzar ese objetivo, estos dispondrán de quince meses para presentar un informe provisional sobre el uso de las ayudas del FEAG.

3.   Observaciones generales

3.1

El FEAG se concibió como una especie de «primeros auxilios», un instrumento que permitiera a la UE dar una respuesta rápida y flexible para ayudar a los trabajadores que hubieran perdido su empleo como consecuencia de la globalización. El capital disponible para el FEAG se elevaba a 3 500 millones de euros para todo el periodo de siete años comprendido entre 2007 y 2013. En los primeros cinco años, de 2007 a 2011, se han utilizado poco más de 364 millones de euros de los 2 500 millones disponibles para dicho periodo. Las causas más importantes de esta moderada utilización del FEAG han sido el procedimiento administrativo lento y burocrático, el elevado límite de mil trabajadores y el bajo nivel de cofinanciación del 50 %. La utilización mejoró en 2009 después de que el límite para las solicitudes se redujera de 1 000 a 500 trabajadores, el límite de cofinanciación por la UE se incrementara del 50 % al 65 % (con determinadas condiciones) y las solicitudes no solo se admitieran para luchar contra las consecuencias de la globalización, sino también contra las consecuencias de la crisis económica.

3.2

Después de estas adaptaciones la utilización del FEAG aumentó de ocho solicitudes en 2007 y cinco en 2008 a 29 en 2009 y 2010. En 2011 se aprobaron ocho solicitudes, y otras 18 están todavía en curso de evaluación. El FEAG se ha utilizado en mayor medida para luchar contra las consecuencias de la crisis que para luchar contra las consecuencias de la globalización: 53 solicitudes por crisis en tres años (desde 2009, cuando se amplió el FEAG para incluir la crisis, hasta noviembre de 2011), frente a 26 solicitudes por globalización en cinco años. Las 53 solicitudes por crisis se destinaron a 48 607 trabajadores, y las 26 solicitudes por globalización a 28 135 trabajadores, por lo que en total han recibido ayuda 76 742 trabajadores para potenciar su empleabilidad.

3.3

En la evaluación intermedia del FEAG se calculó cuántos de los trabajadores afectados encontraron otro empleo en un año con arreglo a los quince informes finales disponibles entonces respecto al periodo 2007-2009. El índice medio de reinserción laboral fue del 41,8 %. Los índices superaron el 50 % de referencia en seis de los quince primeros casos cofinanciados por el FEAG, y no lo alcanzaron por poco en los otros nueve casos. La variación de los resultados obtenidos en materia de reinserción laboral es muy grande: del elevado índice del 78,2 % en un caso en Alemania a unos índices significativamente más bajos, del 4 al 6 %, en los casos notificados en Portugal, España e Italia. A fin de conseguir niveles comparables de eficacia, habría que considerar la conveniencia de vincular parte de la ayuda concedida a los resultados de la misma. A medio plazo (más de doce meses después de que concluyera la ayuda del FEAG) los índices de reinserción laboral aumentaron en la mayor parte de los casos (de los que se dispone información), pese al impacto de la crisis económica global que afecta a las economías locales. El índice de empleo de los beneficiarios del FEAG aumentó con el tiempo en ocho casos y disminuyó en tres casos. En el conjunto de los casos el índice de reinserción laboral aumentó de media siete puntos porcentuales. Parece, pues, justificada la conclusión general de que, al margen del uso escaso del Fondo, sus resultados han sido buenos.

3.4

Lo que no se ha abordado es el tercer motivo del uso escaso del FEAG, es decir, el hecho de que el Fondo no tiene presupuesto propio. Por esa razón la autoridad presupuestaria, en este caso el Parlamento Europeo y el Consejo, tiene que decidir por separado ante cada solicitud si la ayuda está justificada. A pesar de que el modelo, como instrumento al margen de las estructuras existentes en la UE, permite una respuesta rápida y flexible, el procedimiento administrativo que debe seguirse por motivos de precisión es muy largo y burocrático. Por ello hay que tener en cuenta los elevados costes que supone el procedimiento de aprobación como, por ejemplo, la traducción a 22 lenguas, el coste de las salas de reunión y de los documentos para las reuniones, el tiempo de los participantes y la interpretación, partidas correspondientes a las diversas fases del proceso. Una vez aprobadas todas las solicitudes, nos preguntamos si no habría sido mejor destinar a los trabajadores afectados los gastos que supone el procedimiento de aprobación. La ventaja del procedimiento actual del FEAG es que es muy transparente y da visibilidad al compromiso de la UE de luchar contra la exclusión social. Pero, aunque la transparencia y la visibilidad son sumamente importantes, se debe hacer algo para acelerar el procedimiento y reducir los costes.

3.5

Otros posibles modelos que el Consejo y el PE mencionan en su propuesta y en los documentos que la acompañan (1) son la integración del FEAG en el FSE y la transformación del FEAG en un fondo autónomo con su propia dotación presupuestaria. Ambos modelos tienen ventajas e inconvenientes. El principal inconveniente de incorporar las ayudas del FEAG en el FSE es la necesidad de disponer de una dotación clara en el presupuesto de la UE, a pesar de que es imposible planificar o programar los despidos masivos. Ventajas claras son el incremento de la coherencia y la complementariedad con el FSE, la reducción potencial del tiempo necesario para tomar una decisión y la simplificación y racionalización de las solicitudes del FEAG. La opción 3, transformar el FEAG en un fondo autónomo con su propia dotación presupuestaria, aparte de varios inconvenientes, solo tendría una ventaja: dar mayor visibilidad a la solidaridad europea.

4.   Observaciones particulares

4.1

Ante todo el CESE desea manifestar su asombro por la decisión del Consejo de diciembre de 2011 de suprimir la posibilidad de que el FEAG pueda utilizarse para luchar contra las consecuencias sociales imprevistas de la crisis económica, cuando se necesiten los «primeros auxilios», durante los dos últimos años del periodo de vigencia actual del Fondo (2012 y 2013). El examen de las solicitudes de ayuda presentadas al FEAG hasta el 17 de noviembre de 2011 muestra claramente que el Fondo ha funcionado relativamente bien en este sentido y no tanto en el cumplimiento de su propósito original de luchar contra las consecuencias de la globalización. Tanto en 2009 como en 2010 se aprobaron 23 solicitudes para luchar contra las consecuencias de la crisis y solo seis solicitudes para luchar contra las consecuencias de la globalización. Por consiguiente, el CESE insta al Consejo a considerar que, mientras la crisis perdure, el FEAG pueda también utilizarse para luchar contra sus consecuencias. El CESE quiere dejar absolutamente claro su deseo de que en la prórroga del Fondo se siga incluyendo la lucha contra las consecuencias de la crisis económica, mientras se siguen reduciendo los límites establecidos para las solicitudes.

4.2

Aunque el número de solicitudes aumentó después de 2008, la utilización del FEAG sigue siendo muy escasa. Parece, por tanto, lógico reducir los límites para las solicitudes en mayor medida de lo que se propone. En las conclusiones preliminares de la revisión intermedia del FEAG se afirma respecto a la reducción del límite del número de despidos de 1 000 a 500: «Sin embargo, en algunos contextos, este número reducido se seguiría considerando muy elevado, porque incluso la pérdida de 200-300 empleos puede causar una grave perturbación en determinados contextos locales y regionales». El límite actual (de 500 trabajadores) puede resultar todavía muy elevado si tenemos en cuenta los procesos actuales de deslocalización y subcontratación. Por lo tanto, el CESE sugiere reducir este límite a 200 trabajadores.

4.3

El CESE sugiere, además, otras dos posibilidades de mejorar los resultados del FEAG. Por regla general, las pymes son demasiado pequeñas y no tienen recursos suficientes para mantenerse completamente al día sobre las posibilidades que ofrece la UE en determinadas circunstancias. Es probable que un gran número de pymes que afrontan problemas para los que el FEAG ofrece una solución ni siquiera conozcan la existencia de este Fondo, por lo que no pueden beneficiarse de él. El CESE está seguro de que se ganaría muchísimo con una campaña de información masiva sobre las posibilidades del Fondo dirigida a los propietarios-administradores de pymes. Otra idea que podría tener una incidencia positiva en los resultados del FEAG es implicar a los interlocutores sociales desde el inicio mismo del procedimiento de presentación de solicitudes al Fondo.

4.4

Hasta ahora la evaluación ha mostrado que las fuertes reservas de los Estados miembros en la primera fase de funcionamiento del FEAG se basaban, en parte, en la elevada contribución propia que debían aportar. Por esta razón los porcentajes se modificaron en 2009, lo que parece haber tenido un efecto positivo. Dado que la crisis actual sigue exigiendo instrumentos de mercado laboral firmes y activos, el CESE recomienda aumentar la cofinanciación de la UE hasta el 75 % para seguir mejorando la utilización del FEAG.

4.5

La Comisión propone continuar con el mismo modelo actual del FEAG como un instrumento de crisis al margen del marco financiero. El inconveniente de este modelo son los procedimientos lentos y burocráticos que implica. La burocracia radica, en parte, en los cuellos de botella que se crean en Bruselas y, en parte, en los que se crean en los Estados miembros. El CESE insta a la Comisión a que intente encontrar una solución a estos cuellos de botella para que el procedimiento resulte más flexible y rápido y los solicitantes potenciales no sigan percibiéndolo como un obstáculo. Por ejemplo, las solicitudes las presentan las regiones, pero deben tramitarse a través del nivel nacional. Ello ralentiza considerablemente el proceso, por lo que resultaría mucho más eficaz revisar este tipo de procedimientos.

4.6

El CESE acoge favorablemente el hecho de que en el nuevo Reglamento se amplíe el concepto de «trabajador» para incluir en él no solo a los trabajadores con contrato laboral de duración indefinida, sino también a los que tengan contratos de duración determinada y a los trabajadores cedidos por agencias de trabajo temporal. El CESE abriga reservas respecto a la inclusión de los trabajadores por cuenta propia. El FEAG se creó como un instrumento flexible para ayudar a los empleados que hayan perdido su empleo debido a las consecuencias de la globalización. El estatuto de los trabajadores por cuenta propia varía mucho en función de sus respectivos Estados miembros. Abarca desde expertos altamente cualificados con una posición fuerte en el mercado de trabajo hasta trabajadores por cuenta propia económicamente dependientes, que de hecho están en la misma posición que los empleados, y microempresas formadas por una sola persona. Una gran proporción de estos trabajadores por cuenta propia constituye una parte importante del mercado laboral. Estos trabajadores se cuentan entre los primeros que se verán afectados por las consecuencias tanto de la globalización como de las crisis económicas. Por este motivo, el CESE propone que se incluya a estas personas activas en el mercado de trabajo en el FEAG, a fin de prevenir el desempleo y propiciar una mejor utilización del Fondo.

4.7

En lo que respecta a los propietarios-administradores de pymes, el CESE mantiene sus dudas. Cuando son propietarios-administradores de una pyme que da empleo cabe considerarlos como empleadores y no pueden ser beneficiarios del Fondo, ya que el FEAG está destinado a los trabajadores que han perdido su empleo. La concesión de ayudas a estas empresas podría crear fácilmente una distorsión de la competencia con otras pymes. La presentación de solicitudes al FEAG por parte de este grupo interferiría con la política de la DG Empresa, basada en una amplia oferta de programas de educación, formación e innovación, por lo que el CESE considera que los propietarios-administradores de pymes como tales no deberían ser elegibles. Sin embargo, los trabajadores de estas pymes sí pueden beneficiarse del Fondo cuando pierden su empleo debido a consecuencias inesperadas de la globalización y cumplen los demás requisitos del FEAG.

4.8

El CESE no está de acuerdo con que el FEAG se amplíe a los agricultores. La Comisión justifica su propuesta de que hasta más del 80 % de los fondos del FEAG se utilicen para las explotaciones agrarias refiriéndose a las negociaciones sobre futuros acuerdos comerciales. La UE ya ha hecho estimaciones en el sentido de que estos acuerdos, como el acuerdo con Mercosur entre la UE y varios países sudamericanos, beneficiarán a la Unión en su conjunto, pero dentro de la UE reportarán, sobre todo, ventajas a la industria y los servicios, mientras que acarreará desventajas a la agricultura. Es probable que muchos de estos acuerdos futuros tengan las mismas consecuencias.

4.9

En la propuesta se afirma que el FEAG proporcionará «ayudas únicas y específicas destinadas a los trabajadores despedidos como consecuencia de los grandes cambios estructurales generados por la creciente globalización de los patrones comerciales y de los modelos de producción». En el párrafo siguiente la Comisión añade que «a través del FEAG la Unión también podrá prestar ayuda en caso de despidos masivos ocasionados por una grave perturbación de la economía local, regional o nacional causada por una crisis imprevista. Además, está previsto ampliar el ámbito de actuación del FEAG con el fin de proporcionar ayudas transitorias a los agricultores para que puedan adaptarse a las nuevas situaciones del mercado creadas de resultas de la conclusión por parte de la Unión de acuerdos comerciales sobre productos agrarios».

4.10

Hay varias razones importantes por las que el FEAG no resulta un instrumento adecuado para incluir en su ámbito la agricultura. Los problemas que tendrá que afrontar la agricultura como consecuencia de estos acuerdos comerciales serán estructurales, porque es probable que los futuros acuerdos tengan las mismas consecuencias y el FEAG solo será un instrumento temporal. Además, los acuerdos comerciales como el de Mercosur exigen, por lo general, varios años de negociaciones y no pueden considerarse «una grave perturbación de la economía local, regional o nacional causada por una crisis imprevista». Serán graves perturbaciones de la economía local, regional o nacional causadas por acciones deliberadas y cuidadosamente preparadas por la Unión Europea. Huelga decir que es preciso compensar a la agricultura por esa carga, pero debería hacerse mediante un instrumento a la medida del sector. El CESE pide que el FEAG, que se creó para apoyar a los trabajadores despedidos a reinsertarse en el mercado laboral, siga reservándose para este propósito.

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(1)  SEC (2011) 1130, 1131 y 1133 final.

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22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/46

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros» (refundición)

[COM(2011) 714 final — 2011/0314 (CNS)]

2012/C 143/10

Ponente: Peter MORGAN

El 20 de diciembre de 2011, de conformidad con el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Directiva del Consejo relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros (refundición)»

COM(2011) 714 final – 2011/0314 (CNS).

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 2 de febrero de 2012.

En su 478o Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 22 de febrero de 2012), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 230 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

El CESE acoge favorablemente el alcance de la propuesta de modificación de la Directiva. Se congratula de que la Directiva modificada y la Directiva sobre sociedades matrices y filiales estén finalmente alineadas. Especialmente aplaude que se establezca en el 10 % el umbral de participación entre sociedades para considerarlas asociadas. El CESE ya había señalado este requisito en julio de 1998 (1).

1.2

El CESE señala que muchos Estados miembros verán reducidos sus ingresos fiscales debido a esta propuesta. En esta época de crisis fiscal de los Estados miembros, hay que asumir que se necesitará bastante tiempo para que los 27 Estados miembros la aprueben. El Consejo tardó cinco años en adoptar la anterior Directiva desde la publicación de la propuesta.

1.3	El CESE apoya esta propuesta y exhorta a los Estados miembros a que la aprueben cuanto antes para que se puedan racionalizar las retenciones fiscales y se pueda eliminar otra barrera al buen funcionamiento del mercado interior.

2.   Introducción

2.1

En la Unión Europea ha habido dos corrientes legislativas paralelas en relación con la eliminación de la doble imposición entre las sociedades matrices y sus filiales transfronterizas. Las Directivas sobre sociedades matrices y filiales se han centrado en la doble imposición de los dividendos. La segunda corriente legislativa se diseñó para eliminar la doble imposición de los intereses y cánones. Estas dos corrientes no se han sincronizado.

2.2

La primera Directiva sobre sociedades matrices y filiales (90/435/CEE) se adoptó en 1990. El punto principal era que la sociedad matriz tenía que tener una participación mínima del 25 % de las acciones de la sociedad filial para que se aplicara la excepción. A finales de 2003, el Consejo aprobó una Directiva de modificación (2003/123/CE). De este modo se redujo progresivamente la participación mínima necesaria para poder gozar de la excepción hasta alcanzar el 10 % en enero de 2009. Esta modificación de la Directiva también actualizó la lista de sociedades a las que esta se aplicaba.

2.3

Hubo una propuesta para establecer que el calendario de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales fuera el mismo que para la Directiva sobre intereses y cánones. De hecho, se trataba de un asunto prioritario en el informe Ruding de 1992 (2). No obstante, no se consiguió alcanzar un consenso hasta que la Comisión publicó sus propuestas en 1998 (COM(1998) 67). Aun así, siguió la polémica –entre los Estados miembros había ganadores y perdedores– y no fue hasta junio de 2003 cuando el Consejo adoptó la Directiva (2003/49/CE). A causa de la controversia, se establecieron períodos transitorios para Grecia, España y Portugal respecto de los intereses y los cánones. En 2004, otra Directiva amplió las disposiciones transitorias para algunos Estados miembros nuevos (Chequia, Letonia, Lituania y Polonia, con un protocolo en 2005 que incluía a Bulgaria y Rumanía).

2.4	En el Pleno de julio de 1998, el CESE aprobó un dictamen (3) sobre la propuesta de Directiva sobre intereses y cánones de ese mismo año. El dictamen contenía cuatro comentarios concretos: uno de ellos era la propuesta de que el umbral del 25 % se redujera al 10 % y los otros tres eran aclaraciones.

2.5

En junio de 2006, la Comisión Europea publicó una encuesta sobre la aplicación de la Directiva. Tras ella, el 11 de noviembre de 2011, adoptó una nueva propuesta para refundir la Directiva con vistas a ampliar su ámbito de aplicación. Esto alinearía las disposiciones de la Directiva sobre intereses y cánones con la Directiva sobre sociedades matrices y filiales.

2.6	Se realizó una evaluación de impacto sobre una serie de opciones antes de que la Comisión decidiera proponer el alineamiento de la Directiva sobre intereses y cánones con las disposiciones de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales en cuanto al pago de intereses.

2.7

Según la evaluación de impacto: — por lo que se refiere al pago de intereses, las pérdidas no superarían los 200-300 millones de euros y afectarían a los 13 Estados miembros que todavía aplican retenciones a los pagos de intereses efectuados (Bélgica, Bulgaria, Chequia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Reino Unido); — respecto al pago de cánones, las pérdidas no superarían los 100-200 millones de euros y afectarían a los siete países con un mayor saldo negativo por concepto de pago de cánones, considerado porcentualmente con relación al PIB (Bulgaria, Chequia, Grecia, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia). Esta es la opción preferida por la mayoría de las partes interesadas que respondieron a la consulta pública.

2.8	Según la evaluación de impacto, las iniciativas de la propuesta de refundición objeto de estudio, que eliminarían las retenciones fiscales en un número mayor de casos, lograrían un ahorro de costes de cumplimiento para las empresas del orden de 38,4-58,8 millones de euros.

3.   Contenido de la propuesta

3.1

La Comisión adoptó la propuesta de 11 de noviembre de 2011 con vistas a: — modificar el ámbito de aplicación de la Directiva para ampliar la lista de sociedades a las que se aplica; — reducir los requisitos de participación para determinar si las sociedades están asociadas, del 25 % de participación directa al 10 % de participación; — ampliar la definición de «sociedad asociada» para incluir las participaciones indirectas; — dejar claro que los Estados miembros tienen que reconocer los beneficios de la Directiva a las empresas pertinentes de un Estado miembro solo cuando el pago de intereses o cánones considerado no esté exento del impuesto sobre sociedades. Aquí se contempla, en particular, la situación de una sociedad que, estando sujeta al impuesto sobre sociedades, también se acoge a un régimen fiscal nacional especial que exime los pagos de intereses o cánones recibidos del extranjero. En tales casos, el Estado miembro de origen no estaría obligado a eximir la retención fiscal en virtud de la Directiva. — Los períodos transitorios permanecen sin cambios.

3.2

Al igual que la Directiva sobre sociedades matrices y filiales y la Directiva sobre fusiones, las ventajas de la Directiva sobre intereses y cánones solo se conceden a sociedades que estén sujetas al impuesto sobre sociedades en la UE, sean residentes fiscales en un Estado miembro de la UE y sean de uno de los tipos enumerados en el anexo de la Directiva. Puesto que el anexo de la Directiva solo incluía los tipos de sociedades que existían en los 15 Estados miembros que pertenecían a la UE antes del 1 de mayo de 2004, los tipos de sociedades de los nuevos Estados miembros se añadieron en la Directiva 2004/66/CE del Consejo de 26 de abril de 2004.

3.3

La nueva propuesta de modificación adoptada por la Comisión refunde todas estas Directivas para proporcionar una lista actualizada de las sociedades en el anexo de la Directiva. La nueva lista propuesta también incluye: — la Sociedad Anónima Europea (Reglamento (CE) 2157/2001 del Consejo y Directiva 2001/86/CE del Consejo) que se puede constituir desde 2004 y — la Sociedad Cooperativa Europea (Reglamento (CE) 1435/2003 del Consejo y Directiva 2003/72/CE del Consejo) que se puede constituir desde 2006.

3.4	La Directiva revisada se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.

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(1)  Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros», DO C 284 de 14.9.1998, p. 50.

(2)  «Informe del Comité de expertos independientes sobre fiscalidad de las sociedades», de marzo de 1992.

(3)  DO C 284 de 14.9.1998, p. 50.

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22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/48

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece para el período 2014-2020 un programa de acción para los sectores aduanero y fiscal de la Unión Europea (Programa Fiscus) y por el que se derogan las Decisiones no 1482/2007/CE y no 624/2007/CE»

[COM(2011) 706 final — 2011/0341 (COD)]

2012/C 143/11

Ponente: Bryan CASSIDY

El 20 y el 14 de diciembre de 2011, respectivamente, de conformidad con los artículos 33 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece para el período 2014-2020 un programa de acción para los sectores aduanero y fiscal de la Unión Europea (Programa Fiscus) y por el que se derogan las Decisiones no 1482/2007/CE y no 624/2007/CE»

COM(2011) 706 final – 2011/0341 (COD).

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 2 de febrero de 2012.

En su 478o Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 22 de febrero), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 231 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

El CESE respalda en términos generales la propuesta de programa Fiscus. Sin embargo, quiere recalcar lo siguiente: — Hay que garantizar que las administraciones aduaneras y fiscales nacionales estén suficientemente preparadas para hacer frente a los desafíos de la próxima década. — Es preciso dotar a los sectores fiscal y aduanero de un sistema informático moderno y eficiente. En él se incluirían elementos como el código aduanero modernizado. — El Comité desearía que se realizasen evaluaciones más detalladas sobre el impacto en los presupuestos gubernamentales de los Estados miembros y la UE. — El resumen presupuestario para el programa Fiscus muestra un incremento del 9 % del presupuesto total de los sectores aduanero y fiscal en comparación con las actividades actuales. El presupuesto previsto para el sector aduanero asciende a 479 622 792 euros (y para el sector fiscal a 23 692 892 euros), lo que representa un aumento del 13 % en el sector aduanero y una disminución del 1 % en el sector fiscal.

1.2

El Comité es consciente de las opiniones divergentes entre los Estados miembros en los grupos de trabajo del Consejo. Cree que es importante que la Comisión pueda demostrar que los Estados miembros ahorrarán cantidades sustanciales en el presupuesto Fiscus en comparación con las disposiciones relativas a las actividades actuales. El Comité considera que a la Comisión le podría resultar difícil obtener la aprobación parlamentaria para el aumento del gasto en el presupuesto de la UE sin información sobre el ahorro compensatorio en los presupuestos de los Estados miembros.

1.3

El Comité recuerda su comentario efectuado en su Dictamen «Programa de acción para la aduana» (1), en el que instaba a una integración más activa de las prácticas aduaneras en consonancia con los objetivos de la Estrategia de Lisboa, recalcando que una integración más activa de este tipo debe lograrse sin integrar a las propias administraciones aduaneras.

1.4	Una parte esencial del nuevo programa consiste en mejorar la formación y la eficacia de la formación de los funcionarios de los Estados miembros (2).

2.   Introducción y antecedentes

2.1

La política aduanera y fiscal de la UE contribuye sustancialmente, año tras año, al incremento de los ingresos presupuestarios de la UE y de los Estados miembros. Además, estas políticas generan beneficios considerables para los ciudadanos y empresas de la UE, bien mediante el bloqueo de las importaciones peligrosas o ilegales, la facilitación de los flujos comerciales y un mercado interior sólido, bien mediante la reducción de los costes de adecuación y los trámites burocráticos de las empresas transfronterizas.

2.2

La propuesta de Reglamento (COM(2011) 706 final) marca un importante avance en la tarea, iniciada muchos años atrás, de racionalizar y coordinar las acciones de los Estados miembros destinadas a proteger sus intereses financieros y los de la Unión. En 2010, los derechos aduaneros y las tasas relacionadas representaron el 12,3 % del presupuesto de la UE. El próximo Marco Financiero Plurianual 2014-2020, aprobado por la Comisión en junio de 2011, propone, entre otras cosas, una nueva generación de programas Aduana y Fiscalis. Estos dos programas se han desarrollado a lo largo de los años por dos vías separadas, aunque paralelas, siendo los dos últimos Aduana 2013 y Fiscalis 2013. Ahora se unen en un único programa (Fiscus): una auténtica innovación de la estrategia de la Comisión.

2.3

Fiscus no es solo el resultado de una «política de simplificación», en palabras propias de la Comisión, sino que constituye el reconocimiento de la importancia vital de la «cooperación entre las autoridades aduaneras y tributarias y las demás partes interesadas ». El principal aspecto positivo de este programa es la importancia concedida al factor humano: la cooperación aduanera y fiscal se centrará en «la creación de redes humanas y la ampliación de las competencias» (3); por supuesto, el desarrollo de la capacidad en el ámbito técnico y de las tecnologías de la información también es necesaria, pero el factor humano reviste una importancia fundamental y constituye un aspecto muy apreciado por el CESE.

2.4

El proyecto Fiscus de la Comisión prevé un programa de siete años de duración a partir del 1 de enero de 2014. La dotación financiera que cubre los costes del programa durante todo el período de vigencia del mismo (2014-2020) asciende a 777 600 000 euros a precios corrientes. Se trata de una cantidad considerable, cuya coherencia con los objetivos es difícil de apreciar. El programa presta apoyo financiero a nueve tipos diferentes de medidas conjuntas comunes, a través de subvenciones, contratos públicos o el reembolso de los gastos en que incurran los expertos externos.

2.5

La mayoría de los gastos se debe a la formación de los funcionarios y las iniciativas comunes en materia de tecnologías de la información, pero la asignación también puede cubrir «los gastos correspondientes a las actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación» (4); el CESE entiende que esto supone prestar especial atención a la supervisión de la aplicación de las medidas conjuntas comunes , pero espera que se preste la misma atención a la aplicación de las medidas nacionales , con el fin de evitar la falta de uniformidad.

2.6

Los objetivos específicos del programa de acción son los mismos que en los programas actuales y anteriores; el CESE ya ha formulado observaciones al respecto y no tendría sentido repetirlas, si no fuera porque se trata de un tema que se ha evocado reiteradamente, al parecer sin respuesta hasta la fecha: un intercambio periódico de información entre las autoridades aduaneras y fiscales para descubrir el fraude o la evasión fiscal (5).

2.7

El primer eje, la creación de redes humanas, debe potenciar el intercambio de buenas prácticas y conocimientos operativos. Esto no es nuevo, ya que la misma cuestión se ha evocado –incluso utilizando exactamente las mismas palabras– en la mayoría (si no todos) de los programas anteriores. Las medidas anteriores no siempre han dado el resultado esperado por muchas razones, principalmente por las dificultades lingüísticas y las diferentes experiencias u orígenes de los participantes. El nuevo impulso de la cooperación entre las diversas administraciones, previsto por Fiscus, debe fomentar el intercambio de experiencias y la aparición de profesionales de alto nivel, algo que la UE debería respaldar.

2.8

En palabras de la Comisión, el segundo eje «permitirá que el programa financie las infraestructuras y sistemas punteros de TI que se precisen para que las administraciones aduaneras y fiscales de la Unión evolucionen hasta convertirse en auténticas administraciones electrónicas» (6). De nuevo, esta cuestión se ha mencionado, en más o menos los mismos términos, en los programas anteriores. En este caso, los resultados han sido menos satisfactorios debido a los diferentes niveles de TI entre los Estados miembros, pero también –y lamentablemente bastante a menudo– debido a la escasa disposición de algunos (o muchos) Estados miembros a cambiar sus métodos o equipos.

2.9

La falta de voluntad de los Estados miembros a la hora de cooperar es el principal escollo en el proceso de construcción de una red fiscal europea sólida. Sin duda no se limita a las TI, pero es más evidente en este ámbito. El CESE ha criticado esta actitud en muchos de sus dictámenes sobre las iniciativas fiscales de la UE (7); espera que la crisis actual haya demostrado que ningún país puede aislarse de los acontecimientos que repercuten a escala mundial y que la cooperación es la única respuesta.

2.10

Durante 2011, un contratista analizó, después de consultar a representantes comerciales, los resultados intermedios de dos programas separados: Fiscalis 2013 y Aduana 2013. Otro contratista realizó un estudio sobre el posible marco del futuro programa Fiscus. Los resultados intermedios no revelaron ningún obstáculo notable ni indicaron ninguna medida concreta para corregir acontecimientos no deseados.

2.11	Fiscus fusiona los dos programas separados actuales para los sectores aduanero y fiscal en uno solo, cumpliendo así los objetivos de simplificación y reducción de costes de la Comisión sin comprometer las actividades en estos ámbitos individuales.

2.12

El nuevo Reglamento sustituye a la Decisión no 1482/2007/CE por la que se establecía un programa comunitario destinado a mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior (Fiscalis 2013). La Decisión no 624/2007/CE establecía un programa de acción para la aduana en la Comunidad (Aduana 2013). Por lo tanto, ambas decisiones serán derogadas.

2.13

La Comisión ha llevado a cabo amplias consultas en el sector Aduana y en el sector Fiscalis. Ambas consultas dieron lugar a una lista de problemas que se exponen en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión – Resumen ejecutivo de la evaluación de impacto, Parte I (Aduanas) y Parte II (Fiscalis) (8).

2.14

La Comisión ha realizado una evaluación de impacto previa al nuevo programa que deja claro que persiste un alto grado de incertidumbre con respecto a los sistemas europeos de información y el intercambio de información relacionada con los futuros avances de las políticas. Algunos de ellos se mencionan en el Dictamen del CESE «Programa de acción para la aduana» (9). Los requisitos necesarios para mejorar el funcionamiento del programa Fiscalis se describen en detalle en el Dictamen del CESE «Mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior (Fiscalis 2013)» (10).

2.15

El CESE está de acuerdo, en principio, con las medidas propuestas por la Comisión, pero desea señalar que la cuestión de la cooperación entre los diferentes organismos, tanto a escala nacional como europea, es una especie de leitmotiv en muchos asuntos de la UE. Los avances en este ámbito suelen ser lentos y difíciles por muchas razones, principalmente por la falta de entusiasmo de las autoridades nacionales.

2.16

El CESE aprueba la propuesta de la Comisión con vistas a mejorar la cooperación entre las autoridades aduaneras y fiscales. Sin embargo, esto solo debe ser el principio de una acción que el CESE ya ha sugerido en numerosas ocasiones anteriores (11): una cooperación organizada entre todos los organismos, nacionales o europeos, que participan en la lucha contra el fraude y los delitos financieros, como el blanqueo de capitales, la delincuencia organizada, el terrorismo, el contrabando, etc.

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(1)  DO C 324 de 30.12.2006, p. 78, punto 1.3.

(2)  Esto se expuso en el punto 1.2 del Dictamen del CESE «Mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior (Fiscalis 2013)», DO C 93 de 27.4.2007, p. 1.

(3)  COM(2011) 706 final, p. 2 - punto 1- tercer párrafo.

(4)  COM(2011) 706 final, p. 21 – artículo 10, apartado 2.

(5)  Dictámenes del CESE «Lucha contra el fraude»; DO C 347 de 18.12.2010, p. 73, y «Fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal», DO C 255 de 22.9.2010, p. 61.

(6)  COM(2011) 706 final, p. 2 - punto 1- tercer párrafo.

(7)  Dictámenes del CESE «Lucha contra el fraude»; DO C 347 de 18.12.2010, p. 73; «Fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal», DO C 255 de 22.9.2010, p. 61; «Evasión fiscal vinculada a la importación», DO C 277 de 17.11.2009, p. 112; «Cobro de créditos correspondientes a determinados impuestos», DO C 317 de 23.12.2009, p. 120 y «Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad», DO C 317 de 23.12.2009, p. 120.

(8)  Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Evaluación de impacto, SEC(2011) 1318 final.

(9)  DO C 324 de 30.12.2006, p. 78.

(10)  DO C 93 de 27.4.2007 p. 1.

(11)  Dictámenes del CESE «Lucha contra el fraude», DO C 347 de 18.12.2010, p.73; «Fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal», DO C 255 de 22.9.2010, p. 61; «Evasión fiscal vinculada a la importación», DO C 277 de 17.11.2009, p. 112; «Cobro de créditos correspondientes a determinados impuestos», DO C 317 de 23.12.2009, p. 120 y «Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad», DO C 317 de 23.12.2009, p. 120.

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22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/51

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012»

[COM(2011) 815 final]

2012/C 143/12

Ponente general: David CROUGHAN

El 23 de noviembre de 2011, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones – Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012»

COM(2011) 815 final.

El 6 de diciembre de 2011 la Mesa del Comité encargó al Comité Directivo Europa 2020 la preparación del trabajo del Comité sobre el tema.

En vista del carácter urgente de este dictamen, el Comité Económico y Social Europeo designó a David CROUGHAN como ponente general en su 478o Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 22 de febrero de 2012), y aprobó por 171 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones el presente Dictamen.

INTRODUCCIÓN

i	El presente proyecto de dictamen, emitido con miras al Consejo Europeo de primavera, comenta el «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento» (EPAC) 2012 de la Comisión.

ii	El EPAC lanza el Semestre Europeo 2012 sobre gobernanza económica, que es asimismo el primero del marco jurídico acordado sobre una gobernanza económica reforzada (el six pack).

iii

El EPAC establece cuáles deben ser, según la Comisión, las prioridades de la UE en los próximos doce meses en relación con las políticas y reformas económicas y presupuestarias para estimular el crecimiento y el empleo en el marco de la Estrategia Europa 2020. Una vez aprobadas por el Consejo Europeo de marzo, estas prioridades deberán ser tenidas en cuenta por los Estados miembros en sus políticas y presupuestos nacionales.

iv

En la parte I, el presente proyecto de dictamen se propone comentar temas generales relacionados con el EPAC como: la apuesta por el crecimiento, la consolidación fiscal y la aplicación de reformas acordadas en el marco del Semestre Europeo, así como la implicación de la sociedad civil y de los interlocutores sociales en el proceso del EPAC.

v

La parte II reúne observaciones y recomendaciones específicas sobre una serie de políticas de la UE, que responden detalladamente a las cinco prioridades presentadas por la Comisión en el EPAC: consolidación fiscal diferenciada favorable al crecimiento; restablecimiento del crédito normal a la economía; promoción del crecimiento y la competitividad; respuesta al desempleo y a las consecuencias sociales de la crisis; y modernización de la administración pública. Estas contribuciones se han extraído de varios dictámenes recientes del CESE y actualizan la posición del Comité sobre el EPAC 2011 (1) aprobada en marzo de 2011.

vi	El presente proyecto de dictamen es asimismo continuación del dictamen sobre el Semestre Europeo 2011, aprobado por el Comité en diciembre de 2011 (2).

PARTE I

MENSAJES DEL CESE CON VISTAS AL CONSEJO EUROPEO DE PRIMAVERA

A diferencia de lo sucedido en todas las últimas cumbres, la Unión debe demostrar su capacidad política para abordar la crisis de la deuda con medidas ambiciosas y suficientes para restablecer la confianza. Una de estas medidas es la mayor insistencia en el crecimiento.

A.    INTRODUCCIÓN

1.   La Comisión ha publicado el EPAC 2012 en un contexto desolador: la Unión está sumida en la peor crisis financiera, económica, social y de confianza de su historia. Las consecuencias de la crisis son amplias: dificultades para las familias y las empresas, aumento del desempleo juvenil y de larga duración, aumento del número de personas que corren riesgo de caer en la pobreza y exclusión, inquietud en nuestras sociedades, riesgo de un incremento del nacionalismo y del populismo.

2.   El Comité está profundamente preocupado por la falta de aplicación a nivel nacional de los compromisos contraídos en el marco del proceso del «Semestre Europeo». Más que nunca, la UE necesita demostrar su capacidad de actuar de manera eficaz para restaurar la confianza de los consumidores y los inversores y ofrecer respuestas ambiciosas a los retos actuales. A falta de una actuación firme y una aplicación efectiva de las reformas por parte de las instituciones europeas y los Estados miembros, Europa se está enfrentando a una crisis de crecimiento a largo plazo y a una creciente divergencia, lo cual supone una mayor presión sobre la zona del euro.

3.   Mientras que el proceso del Semestre Europeo 2012 empieza con unas previsiones de crecimiento considerablemente rebajadas y la alta posibilidad de recesión, el Comité lamenta que la Cumbre Europea de diciembre de 2011 no lograra restaurar la confianza en la gobernanza de la Unión Europea, que ha ido reduciéndose progresivamente de una cumbre a otra en los últimos dieciocho meses. La evidente falta de voluntad de la Cumbre para hacer frente a los problemas profundamente arraigados que reveló el EPAC, ha dado lugar a continuas recetas políticas que no cuentan con la confianza de los Gobiernos y los inversores del mundo y en particular con la confianza de los ciudadanos europeos.

4.   El Comité considera que los remedios propuestos hasta la fecha en relación con la deuda soberana y la crisis financiera relacionada con ella son parciales y por ello es probable que mantengan alejados de los mercados, durante más tiempo del previsto, a algunos países profundamente endeudados, corriéndose el grave peligro de contagiar a otros Estados miembros más grandes. Un impago de Grecia todavía es una posibilidad; tal suceso podría tener un grave efecto negativo en otros países que se enfrentan a problemas de deuda soberana y podría iniciar una cadena de acontecimientos con graves consecuencias no solo para la economía europea, sino también para la mundial. Pese a su indudable fortaleza económica, la Unión Europea no ha encontrado una manera de proteger de los embates financieros a los Estados miembros con dificultades; ello ha debilitado gravemente el edificio europeo atacando su fragmentación estructural. El problema es, por consiguiente, tanto político como económico.

5.   El Comité está alarmado por el hecho de que el alto grado de incertidumbre así generado repercuta negativamente en la economía real de la Unión reduciendo la inversión, la producción y el empleo, dado que los inversores buscan refugios más seguros e incluso estudian la posibilidad de desintegrar la zona del euro con las terribles consecuencias mundiales que ello podría tener.

6.   Las experiencias de anteriores crisis de integración europea han demostrado que Europa dispone de los recursos necesarios para encontrar soluciones. El Comité pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros que tengan valor y visión políticos y apoyen una mayor integración, así como la recuperación económica y las inversiones, lo que ahora constituye la única posibilidad de salir de la crisis.

7.   La UE debe prescindir del actual enfoque de emergencia fragmentado de la crisis y adoptar soluciones duraderas para los retos estructurales que ha destapado esta crisis, garantizando así el bienestar a largo plazo de los europeos. Ello exige construir un cortafuegos europeo contra ulteriores ataques, dar tiempo a los países en dificultades para que se recuperen, y adoptar medidas adicionales específicas para impulsar el crecimiento económico en Europa.

8.   Junto con el paso adelante necesario para propiciar una gestión europea y creíble de la crisis de la deuda es necesaria una mayor unión fiscal. El Comité aplaude la introducción en el proceso del Semestre Europeo del seguimiento mucho más estrecho de la política presupuestaria de los Estados miembros y de los compromisos contraídos por los Estados miembros con arreglo al pacto fiscal, incluso si es necesario destacar la necesidad de llevar a cabo un análisis de la repercusión social de tales medidas. No obstante, la nueva estructura para la gobernanza económica europea debe preservar la autonomía de los interlocutores sociales y su libertad para celebrar convenios colectivos.

9.   Además, el Comité reitera su pleno apoyo a la amplia Estrategia Europa 2020, que ofrece una visión positiva para el futuro y un marco coherente para llevar a cabo reformas orientadas al futuro para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Asimismo recuerda la necesidad de garantizar un buen equilibrio entre los aspectos sociales, económicos, de empleo de la estrategia.

10.   El Comité está profundamente preocupado por la inquietante merma del método comunitario en favor de un enfoque intergubernamental, dirigido principalmente por muy pocos Estados miembros, que ha contribuido al carácter forzado de la respuesta política. En parte debido a que las instituciones de la UE han desempeñado un papel subordinado en el enfoque intergubernamental que se ha adoptado en los últimos dos años, los graves problemas de la Unión Europea no se han abordado desde la perspectiva de la Unión, sino desde la perspectiva y las exigencias políticas de los Estados miembros.

11.   El Comité señala que en un plazo máximo de cinco años después de la entrada en vigor el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, acordado el pasado 30 de enero por 25 Estados miembros, se tomarán las medidas necesarias para incorporar el contenido de este Tratado al marco jurídico de la Unión Europea, sobre la base de una evaluación de su aplicación. El Comité insta, por tanto, a los países que decidieron no participar (3) en el proceso intergubernamental que condujo a la adopción del Tratado a que reconsideren su posición al respecto.

12.   El Comité aboga por un papel importante para la Comisión Europea, alentándola a presentar propuestas audaces, y por una plena implicación del Parlamento Europeo en el proceso del Semestre Europeo, para garantizar la transparencia y legitimidad del mismo.

13.   El Comité agradece a la Comisión que haya publicado el EPAC 2012, a finales de noviembre de 2011, antes de la fecha prevista en un principio. Aunque el calendario sigue siendo apretado, ello ha permitido al CESE celebrar debates sobre el EPAC, consultar a su red de CES nacionales e instituciones similares y elaborar el presente dictamen antes de que el Consejo Europeo de primavera decida sobre las prioridades anuales.

B.    UNA ATENCIÓN ADECUADA AL CRECIMIENTO

14.   El Comité considera que el EPAC 2012 supone, de diversas maneras, una mejora en comparación con su predecesor.

15.   El Comité acoge con agrado la atención general prestada al crecimiento y observa con satisfacción que el EPAC 2012 adopta muchas ideas reflejadas en el anterior dictamen del CESE sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2011 (4).

16.   El CESE hace hincapié en que sin una tasa de crecimiento suficiente, no puede resolverse la crisis de la deuda soberana, sobre todo en los países en dificultades. La falta de insistencia en el crecimiento conllevaría un alto riesgo de empujar a muchas economías de la Unión a la recesión y algunas incluso a la depresión.

17.   El EPAC reconoce que los mercados financieros están evaluando la viabilidad de la deuda pública de los Estados miembros sobre la base de las perspectivas de crecimiento a largo plazo, de su capacidad para adoptar decisiones de reforma estructural de gran alcance y de su compromiso con la mejora de la competitividad.

18.   El Comité coincide con el EPAC en que las perspectivas de crecimiento de todos los Estados miembros de la UE dependen de una respuesta firme a la crisis de la deuda soberana y la voluntad de aplicar políticas económicas rigurosas y que se está dedicando demasiado tiempo y energía políticos a medidas de emergencia y no se concede el tiempo suficiente a la aplicación de los cambios políticos que permitirían recuperar altos niveles de crecimiento en nuestras economías.

19.   El Comité coincide plenamente en que la atención debe centrarse a la vez en las medidas de reforma con efecto sobre el crecimiento a corto plazo y en el modelo de crecimiento a medio plazo.

20.   El Comité reitera que los tres aspectos del crecimiento –inteligente, sostenible e integrador– están interconectados y se refuerzan mutuamente. Hay que prestar idéntica atención al aspecto económico, social y medioambiental.

21.   El restablecimiento de la confianza debe ser coherente con otros objetivos consagrados en el Tratado de Lisboa, incluido el bienestar de las personas. La necesidad de hacer reformas debería verse como una oportunidad de cambiar nuestro estilo de vida para hacerlo más sostenible.

22.   Es preciso que todos los Estados miembros hagan hincapié en reformas a favor del crecimiento.

23.   Situación específica de cinco Estados miembros que reciben programas de asistencia financiera de la UE y del FMI  (5)

23.1   El Comité considera que la Comisión y el Consejo deberían seguir alentando a los Estados miembros a prever y aplicar políticas de crecimiento a largo plazo, a través de recomendaciones específicas detalladas por país. El Comité lamenta que en 2011 la única recomendación dada a los cinco Estados miembros incluidos en la asistencia financiera de la UE y del FMI fuera la de seguir aplicando medidas previstas en las decisiones en las que se les concedía asistencia financiera.

23.2   En estos momentos, el Comité expresa su alarma ante la decisión de la Comisión de que no se exija a estos cinco países participar en la preparación de la segunda ronda de PNR en 2012. El CESE reconoce que los PNR cubren esencialmente los mismos ámbitos y que estos países presentan sus objetivos nacionales en relación con la Estrategia Europa 2020. Sin embargo, ello elimina a estos países del nuevo proceso de gobernanza en el núcleo de dicha Estrategia, que se diseñó para lograr la convergencia económica necesaria mediante reformas y la adopción de mejores prácticas. En particular, ello inhibirá la implicación de los ciudadanos y los interlocutores sociales a escala nacional a la hora de participar en la aplicación y revisión de los PNR. Esto contradice totalmente las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2011, que garantizan la plena implicación de los parlamentos nacionales, los interlocutores sociales y otras partes interesadas en el nuevo marco del Semestre Europeo.

24.   Invertir en el crecimiento: un reto particular en el contexto actual

24.1   El Comité es consciente de que determinar qué medidas de crecimiento son las adecuadas puede suponer todo un reto. La difícil situación que atraviesa la UE desde el punto de vista del crecimiento no se debe tan solo a la crisis, sino también a problemas adicionales que repercuten en su rendimiento económico, como la pérdida de competitividad, la globalización, la escasez de recursos (energía, capacidades, etc.), el cambio climático y el envejecimiento de la población.

24.2   Alcanzar los objetivos de Europa 2020 exigirá una inversión importante: por ejemplo en TIC, infraestructura tradicional y nueva, I+D e innovación, educación y capacidades, así como eficiencia energética. Las inversiones en economía ecológica fomentarán la innovación y la demanda de productos nuevos, lo cual, a su vez, impulsará el crecimiento y contribuirá a la sostenibilidad de la economía mundial.

24.3   Se trata de un auténtico reto en tiempos de austeridad. Ahora bien, las ventajas de esta inversión pública a escala nacional o europea hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador son significativas y pueden tener un importante efecto multiplicador, alentando una inversión privada adicional.

24.4   El Comité opina que la Unión necesita invertir más en proyectos que promuevan un cambio estructural y que ayuden a colocar a las economías de los Estados miembros en una senda de crecimiento sostenible. Los proyectos adecuados deben estar en consonancia con los objetivos de Europa 2020, por ejemplo, proyectos de infraestructuras a largo plazo que son de gran interés público y tienen un potencial de ingresos.

24.5   En este contexto, el Comité apoya plenamente la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de Proyectos  (6) destinada a financiar proyectos de infraestructuras a gran escala en el ámbito de la energía, el transporte y las TIC. Ello será positivo para los mercados de obligaciones de financiación de proyectos y ayudará a los promotores de cada proyecto a atraer financiación a largo plazo de la deuda del sector privado.

24.6   El Comité considera que es necesario mostrarse más activo a escala europea para generar inversiones. Los Fondos Estructurales disponibles han de canalizarse para reforzar la competitividad y volver al crecimiento. La financiación de la UE debería condicionarse a los resultados y la compatibilidad con los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

24.7   El Comité aplaude la rápida adopción por parte del Parlamento y del Consejo de un acuerdo sobre el aumento de las tasas de cofinanciación para los Fondos Estructurales en países que reciben ayuda financiera de la UE, el BCE y el FMI, a fin de permitir la rápida movilización de fondos de la UE en apoyo del crecimiento y una mejor absorción (7).

24.8   Dada la fuerte presión a que se ven sometidos los presupuestos nacionales y europeos, los Estados miembros y los legisladores europeos han de tomar decisiones difíciles y fijar prioridades a fin de invertir en «partidas que fomenten el crecimiento» como educación y competencias, I+D+i, medio ambiente, redes –por ejemplo Internet de alta velocidad–, energía e interconexiones de transporte.

24.9   Es preciso recalcar el importante papel que desempeñan el espíritu empresarial, el empresariado social y la creación de empresas –en particular pymes, incluidas las empresas sociales– en la recuperación. Son impulsores clave del crecimiento económico, la innovación y la habilidad empresariales y una fuente importante de creación de puestos de trabajo.

24.10   .El desempleo está alcanzando niveles intolerables en muchos países de la UE, con costes sociales y económicos enormes. Por este motivo, las medidas a corto y medio plazo serán esenciales para facilitar el acceso de los jóvenes y las mujeres, la reinserción de trabajadores que se han vito expulsados del mercado laboral debido a la crisis, la formación profesional y el reciclaje profesional. En la UE se tendrán que crear 17,6 millones de puestos de trabajo antes de 2020.

C.    DEMASIADA ATENCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL

25.   El Comité coincide plenamente en la necesidad de una consolidación presupuestaria para corregir los graves desequilibrios fiscales y restaurar la confianza. Sin embargo, está preocupado por el elevado peso que se concede a las medidas de austeridad en el pacto fiscal. Es preciso realizar una evaluación efectiva del impacto social real de estas medidas, y deberá hacerse todo lo posible por garantizar que no conduzcan a aumentar el riesgo de pobreza y de exclusión social. El Comité considera que es preciso encontrar un equilibrio justo entre la consolidación fiscal y el crecimiento. La disciplina fiscal en sí y la austeridad no bastarán para colocar a la UE en una senda sostenible. Si bien es necesaria cierta austeridad, no es menos cierto que las medidas deben ser socialmente equilibradas y tener en cuenta la manera en que afectan a los distintos grupos sociales. El Comité suscribe la advertencia de Christine Lagarde, Directora General del FMI, según la cual «efectuar recortes lineales en todo el continente sólo conducirá a aumentar la recesión».

26.   El Comité expresa su preocupación por el hecho de que el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, acordado el pasado 30 de enero por 25 Estados miembros, no aporte solución a la crisis actual. Aunque conduzca a un mayor respeto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el futuro, no hace suficiente hincapié en el equilibrio fiscal, ni hace ninguna referencia al sistema de alerta rápida ni al cuadro de indicadores diseñado para corregir los desequilibrios que se producen en otros sectores de la economía, como el sector privado, la pérdida de competitividad o las burbujas inmobiliarias, que han contribuido todos ellos de manera significativa a la crisis. El crecimiento económico es parte de la solución y requiere la adopción de medidas específicas rigurosas dirigidas a fomentar el crecimiento, en particular en los Estados miembros que amenazan con caer en una profunda recesión. Los esfuerzos de consolidación y la reforma deben ir acompañadas de medidas para impulsar el crecimiento.

27.   El Comité expresa su preocupación por el hecho de que el EPAC pida una mayor austeridad para cumplir los objetivos de consolidación presupuestaria incluso en caso de un deterioro del clima macroeconómico. Recomienda a los Estados miembros que se benefician de programas de asistencia financiera que sigan «cumpliendo los objetivos presupuestarios acordados a pesar de las posibles fluctuaciones de las condiciones macroeconómicas»; aconseja a los Estados miembros que hayan acumulado un retraso importante y estén sometidos a un procedimiento de déficit excesivo que aceleren «sus esfuerzos de consolidación y las posibles revisiones limitadas a la baja del principal escenario macroeconómico no deberían producir retrasos en la corrección de déficits excesivos».

28.   Estabilización mediante los eurobonos

28.1   Las instituciones financieras invierten en bonos de deuda pública que esperan estén libres de riesgos a efectos de su balance; de ahí que actualmente las instituciones prefieran depositar dinero en el BCE que comprar bonos con mayor riesgo de algunos Estados miembros, privando así de liquidez al sistema financiero.

28.2   La solución a esta situación exige construir un baluarte europeo más grande y más creíble contra las presiones del mercado en el que el Banco Central Europeo desempeñe un papel incluso más amplio, directa o indirectamente bajo los auspicios del FEEF o del SME.

28.3   El Comité reconoce que las importantes implicaciones para los riesgos morales son reales y exigen una solución; sin embargo, este problema palidece en comparación con la posible desaparición de la zona del euro. Dada la falta de voluntad de los Estados miembros de suscribir la deuda de otros Estados miembros y las dificultades del BCE para desempeñar este papel, el Comité pide que se estudie con urgencia la introducción de bonos de estabilidad. A raíz de la publicación por la Comisión del Libro Verde sobre la viabilidad de la introducción de bonos de estabilidad, el Comité está considerando esta cuestión en un dictamen independiente.

D.    ATENCIÓN ADECUADA A LA APLICACIÓN

29.   La Estrategia Europa 2020 tiene por objetivo garantizar que la Unión Europea pueda competir en un entorno cada vez más competitivo. En consecuencia, el Comité apoya firmemente a la Comisión por el gran énfasis que concede en todo el EPAC a la ausencia de una aplicación adecuada de las reformas a escala nacional.

30.   El Comité observa con gran preocupación que, a pesar de la urgencia de la situación, los progresos realizados por los Estados miembros a la hora de aplicar las orientaciones del EPAC 2011 están por debajo de las expectativas. Las decisiones tomadas a escala de la UE tardan demasiado en traducirse en decisiones de política nacional.

31.   El CESE insta a los Estados miembros a que apliquen plenamente las reformas a las que se han comprometido en sus programas de reforma nacionales. Han de responsabilizarse de los cambios necesarios en función de la futura gobernanza económica. Esto subraya la necesidad de reforzar el proceso del Semestre Europeo mediante una mayor implicación de los Parlamentos nacionales, los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada en los Estados miembros a la hora de debatir y supervisar los avances en la aplicación de los PNR.

32.   El Comité lamenta que los compromisos fijados en los Programas Nacionales de Reforma 2011 sean insuficientes para cumplir la mayoría de los objetivos a escala de la UE; dada la creciente preocupación de que no se alcancen los objetivos de la Estrategia Europa 2020, pide a la Comisión y a los gobiernos de los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos y corrijan este desvío que se ha detectado tan pronto en los programas, y cuiden de que los gobiernos, las partes interesadas y los ciudadanos de cada país perciban su programa de reforma como algo propio y lo apliquen.

33.   El CESE pide asimismo a la Comisión que se asegure de que todos los Estados miembros, incluidos los que cuentan con asistencia financiera de la UE-FMI, contribuyan a los objetivos principales de acuerdo con sus posibilidades.

E.    IMPORTANCIA DEL EPAC E IMPLICACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA Y DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES

34.   El EPAC es la base para lograr el entendimiento común necesario sobre las prioridades de acción a escala nacional y de la UE para 2012, que luego se utilizará en las decisiones económicas y presupuestarias nacionales y la elaboración de los Programas Nacionales de Reforma (PNR) y los Programas de Estabilidad y Convergencia (PEC) por parte de los Estados miembros.

35.   Por ello, el EPAC desempeña un importante papel político y el Comité considera que no debería limitarse a un proceso tecnocrático, sino que debe tener en cuenta los puntos de vista del Parlamento Europeo y de partes interesadas clave como la sociedad civil organizada y los interlocutores sociales.

36.   En el contexto actual de absoluta falta de confianza en la manera en que se ha abordado la crisis hasta la fecha y una falta de confianza en la propia Unión, Europa debe contar con sus ciudadanos. El diálogo social y civil debe reforzarse a todos los niveles para establecer un amplio consenso sobre la necesidad de reformas.

37.   Las medidas encaminadas a mejorar la gobernanza económica europea deberán acompañarse de pasos para mejorar su legitimidad, responsabilidad y apropiación.

38.   El Comité pide una implicación mejor y más efectiva de las partes interesadas de la sociedad civil organizada en el Semestre Europeo: a escala de la UE, en lo que respecta al EPAC y la elaboración de recomendaciones específicas por país, y a escala nacional a través del proceso de elaboración, aplicación y seguimiento de los futuros PNR. En los PNR deberá ofrecerse una información detallada sobre la medida en que se ha implicado activamente a las partes interesadas en el proceso y cómo se han tenido en cuenta sus aportaciones.

39.   La estrategia de crecimiento Europa 2020 solo puede lograrse si toda la sociedad se siente comprometida y cada uno de los agentes asume su plena responsabilidad. En un momento en que se toman decisiones importantes que repercuten en la vida de todas las partes interesadas, el hecho de hacerlas partícipes de las reformas es más necesario que nunca.

40.   El Comité quiere mantenerse activamente implicado en la fase de aplicación de la Estrategia Europa 2020 y el seguimiento del EPAC 2012. Seguirá el trabajo conjunto con su red de CES nacionales y organizaciones similares a fin de mejorar la consulta, la participación y movilización de la sociedad civil organizada tanto a nivel europeo como nacional.

PARTE II

PROPUESTAS DEL COMITÉ SOBRE LAS PRIORIDADES PRESENTADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA

i

El Comité respalda las cinco prioridades que, de conformidad con la Comisión, deberían constituir la base de las principales políticas en 2012: consolidación fiscal diferenciada favorable al desarrollo, restablecimiento del crédito a la economía, promoción del crecimiento y la competitividad presentes y futuros, respuesta al desempleo y a las consecuencias sociales de la crisis, y modernización de la administración pública.

ii

Esta parte II presenta una serie de contribuciones específicas en relación con las mencionadas prioridades. Estas declaraciones son esencialmente citas extraídas de varios dictámenes del CESE aprobados por el Comité en 2011, y constituyen un seguimiento de la posición del CESE sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2011 (8) adoptada en marzo de 2011.

1.   Consolidación fiscal diferenciada favorable al desarrollo

1.1   Consolidación fiscal

1.1.1

El CESE reitera su opinión expresada en el dictamen del CESE sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2011, en el punto 1: Consecución de un riguroso saneamiento fiscal' y en el punto 2: 'Corrección de los desequilibrios macroeconómicos.

1.1.2

Por lo que se refiere a la consolidación fiscal, tal y como se ha señalado en los puntos 1.1 y 1.2 de su dictamen sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2011 (9), el CESE opina que la cuestión consiste en reequilibrar las finanzas públicas pero evitar la reducción de la demanda, lo que conllevaría una recesión que generaría a su vez déficits aún mayores, empujando a la economía europea en una espiral descendente. Los programas de reducción de la deuda pública deberían elaborarse de manera compatible con los objetivos de recuperación económica, sociales y de empleo que se establecen en la Estrategia Europa 2020.

1.1.3

Europa debe intensificar la gobernanza económica para garantizar la disciplina presupuestaria en todos los Estados miembros, especialmente en la zona del euro. El paquete de reformas acordado, el denominado six-pack, debe aplicarse rápida y correctamente, al igual que las nuevas propuestas reglamentarias y el Semestre Europeo que las acompaña, que son un paso para mejorar la coordinación de las políticas económicas y presupuestarias nacionales y garantizar una supervisión más estrecha por parte de la UE.

1.1.4

Sin embargo, la disciplina presupuestaria en los Estados miembros no es una garantía en sí misma de crecimiento, empleo y cohesión económica y social. Preocupa al Comité que las actuales condiciones para emitir bonos de deuda soberana hayan dado lugar a una situación en el mercado que podría socavar el restablecimiento de la estabilidad y el crecimiento.

1.1.5

Por este motivo, el Comité acoge favorablemente el Libro Verde sobre la viabilidad de los bonos de estabilidad. El Comité considera que la gestión de la deuda soberana con garantías comunes en la zona del euro contribuirá de manera importante a superar problemas graves y el punto muerto entre austeridad y crecimiento, siempre y cuando se haga sobre la base de normas estrictas y la pertinente gobernanza a nivel europeo para excluir cualquier tipo de riesgo moral y fomentar un comportamiento de gobierno responsable y predecible.

1.1.6

Los avances en este área también permitirán que el Banco Central Europeo (BCE) vaya desmantelando progresivamente su programa de adquisición de bonos del Estado, que en la actualidad es necesario para que los Estados miembros puedan refinanciar sus deudas públicas. En su lugar, el BCE podría optar por respaldar los nuevos fondos de estabilidad dando garantías adicionales a los agentes del mercado, al menos en la fase de transición.

1.2   Dar prioridad a un gasto sostenible

1.2.1

El Comité manifiesta su pleno apoyo a la decisión de dar prioridad a un gasto sostenible. Es preciso, en particular, impedir que las medidas para la superación de la crisis económica y de la deuda soberana comprometan la inversión pública en educación y formación. Los Estados miembros deberán prestar especial atención a la inversión pública en la educación, investigación y formación profesional a la hora de evaluar sus objetivos presupuestarios a medio plazo.

1.2.2

Las medidas de apoyo público a la investigación y la innovación mediante programas específicos han demostrado tener una importancia extraordinaria para las industrias grandes consumidoras de energía. El CESE pide a la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento que refuercen estos programas, centrados en la eficiencia energética y la diversificación, y los estructuren permanentemente en las acciones de desarrollo.

1.2.3

Pese a las dificultades de la coyuntura económica actual, el CESE recomienda invertir más aun en investigación, desarrollo, implantación y formación y en las actividades científicas aplicadas a las industrias grandes consumidoras de energía. Estas inversiones deberían financiarse adecuadamente en el contexto del próximo programa marco y permitir el intercambio de experiencias y resultados al menos a nivel europeo. Los programas europeos y nacionales deberían centrarse en mayor medida en la investigación y la innovación en materia de eficiencia energética.

1.3   Unas políticas de mercados laborales y unos servicios de empleo activos

1.3.1

Como ya señaló el Comité en su dictamen relativo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2011 (10), la búsqueda activa de empleo debería garantizase sobre todo mediante la prestación de servicios eficaces en el mercado laboral, y no tanto a través de los llamados incentivos en los subsidios de desempleo. (…) En vista del actual desempleo sin precedentes, el problema de los mercados de trabajo no es la falta de trabajadores en general, sino, en algunos Estados miembros, la falta de trabajadores cualificados, así como la gran escasez de puestos de trabajos disponibles. Debería prestarse mayor atención a desarrollar una política inteligente de la demanda que fomente la innovación y el crecimiento futuros y contribuya a la creación de nuevos puestos de trabajo.

1.3.2

El Comité recuerda que los servicios públicos de empleo tienen la responsabilidad de desempeñar un papel más activo en la política de formación de destinatarios prioritarios, como los trabajadores con menos cualificaciones y competencias o con empleos precarios y los grupos más vulnerables como las personas con discapacidades, los desempleados de más edad y los inmigrantes. Los servicios públicos de empleo también deben tener un papel más activo en la colocación de estos desempleados y en el desarrollo de políticas activas de empleo y de formación profesional. En muchos países es necesario ampliar masivamente el apoyo que prestan los servicios públicos de empleo, dedicando mayor atención a los desfavorecidos.

1.4   Reforma y modernización de los sistemas de pensiones

1.4.1

Aunque considera necesario reforzar y modernizar los sistemas de pensiones, el Comité opina que la presión sobre los sistemas de pensiones se debe más a la falta de empleo y de inversión que a la demografía. Lo que se necesitan son iniciativas para promover la prolongación de la vida laboral, acompañadas de políticas de crecimiento y empleo eficaces. Sólo una política real de «envejecimiento activo» destinada a incrementar la participación en la formación y el aprendizaje permanente puede elevar de manera sostenible las tasas de empleo de las personas de más edad, que dejan su trabajo prematuramente debido a problemas de salud, a la intensidad de la labor que deben realizar, a un despido anticipado, así como a la falta de oportunidades para formarse o reincorporarse al mercado de trabajo. El CESE también se muestra muy escéptico respecto de la utilidad de posponer la edad legal de jubilación para responder a los retos demográficos. Un aumento de la edad de jubilación puede ejercer una presión creciente sobre otros pilares del sistema de seguridad social como las pensiones de invalidez o el ingreso mínimo garantizado, tal como ha ocurrido en algunos Estados miembros, falseando de este modo los avances hacia unas finanzas públicas saneadas. El CESE considera mucho más apropiado reducir la diferencia existente entre la edad de jubilación real y la legal en la actualidad.

1.4.2

De manera más específica, el CESE entiende que un cambio consecuente en favor de un mundo laboral acorde con la edad debe ser fruto de todo un abanico de medidas, que incluyan los elementos básicos siguientes: medidas para crear nuevos puestos de trabajo acordes con la edad y estabilizar el empleo de los trabajadores de más edad, una política laboral ofensiva encaminada a reintegrar a los parados de más edad en la vida activa, asesoramiento general y acompañamiento de las personas que buscan empleo, medidas encaminadas a permitir una permanencia más prolongada en la vida activa desde el punto de vista físico y psíquico, medidas para mejorar la capacidad integradora de los mercados de trabajo para las personas mayores con discapacidad, medidas para que los individuos se muestren dispuestos a seguir trabajando más tiempo, incluida la disposición a participar en acciones de aprendizaje permanente y de prevención sanitaria, desarrollo de modelos de trabajo negociados por los interlocutores sociales que favorezcan la salud a lo largo de toda la carrera profesional, medidas de organización interna, convenios reguladores y normas legales que garanticen una mayor participación de las personas de más edad en la formación continua, medidas de concienciación en favor de los trabajadores de más edad, incluidas campañas de sensibilización social para erradicar los estereotipos y prejuicios sobre los trabadores de más edad y dotar de valor positivo al concepto de «envejecimiento», asesoramiento y apoyo a las empresas, especialmente a las pymes, para que planifiquen con la suficiente antelación sus recursos humanos y desarrollen una organización del trabajo acorde con la edad y el envejecimiento, creación de incentivos adecuados para integrar en el empleo a las personas de más edad y mantenerlas en sus puestos de trabajo sin que ello suponga un falseamiento de la competencia, introducción de incentivos socialmente aceptables a fin de mantener la actividad laboral, para todos los que busquen empleo y puedan trabajar y, cuando sea posible o deseable, elaboración de modelos más innovadores y atractivos para facilitar la transición de la vida activa a la jubilación dentro del sistema legal de pensiones.

1.4.3

Además, por lo que respecta a la Directiva 2003/41/CE que concierne a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo, el CESE reitera su opinión expresada en el punto 5.7 de su dictamen sobre el EPAC 2011 (11).

1.5   Políticas fiscales favorables al crecimiento

1.5.1

El CESE reafirma su posición expresada en el punto 1.4 de su dictamen sobre el EPAC 2011 (12), considerando que conviene transferir la presión fiscal hacia nuevas fuentes de financiación.

1.5.2

El CESE considera que el sector financiero también debe contribuir equitativa y sustancialmente a los esfuerzos de consolidación fiscal. La introducción de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) a escala mundial es preferible a un ITF a escala de la UE. Sin embargo, si la adopción de un ITF a escala mundial no resultase factible, el CESE sería favorable a la adopción de un ITF a escala de la UE.

1.5.3

En lo que respecta al impuesto sobre el valor añadido (IVA), el Comité aprueba sin reservas la iniciativa de la Comisión de reflexionar sobre la posibilidad de una revisión global del sistema del IVA. Los costes operativos disminuirían para los usuarios al mismo tiempo que se reducen las cargas administrativas para las administraciones y los intentos de fraude a la Hacienda pública. Un problema especialmente delicado es el tratamiento de las operaciones transfronterizas.

1.5.4

El CESE apoya y aprueba la propuesta de crear un nuevo «Reglamento sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales  (13)» al considerar que se trata de una actualización necesaria y útil para garantizar una recaudación fiscal efectiva y luchar contra el fraude de impuestos especiales.

1.5.5

Para acabar con la doble imposición y reforzar la simplificación administrativa en las situaciones transfronterizas, el CESE recomienda crear servicios de ventanilla única que permitan a los ciudadanos obtener información, pagar impuestos y recibir los certificados y la documentación necesarios para su uso en toda la UE, así como simplificar los procedimientos administrativos aplicados a las situaciones transfronterizas.

1.5.6

En este contexto, el CESE pide que se cree un observatorio de la fiscalidad transfronteriza, bajo la égida de la Comisión Europea, para adquirir, de forma continua, un conocimiento detallado y práctico de las barreras fiscales existentes y su evolución.

1.5.7

El CESE respalda la propuesta de crear una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS), ya que permite mejorar las condiciones de las empresas con actividades transfronterizas.

1.5.8

El CESE espera que la BICCIS conlleve una reducción significativa de los costes de cumplimiento de las obligaciones fiscales y la supresión de los falseamientos de la competencia dentro de la UE provocadas por la existencia de distintas normativas fiscales. De esta manera, la BICCIS debería fomentar una competencia equitativa y duradera e incidir de manera positiva en el crecimiento y el empleo.

1.5.9

El Comité respalda la revisión de la Directiva sobre la imposición de la energía (DIE) que permite a los Estados miembros que así lo desean trasladar una parte de la fiscalidad sobre el trabajo o el capital hacia una forma de imposición que fomente comportamientos respetuosos del medio ambiente y favorables a la eficiencia energética, de conformidad con los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

1.5.10

El factor del «impuesto sobre el CO2» complementa el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE).

1.5.11

No obstante, el Comité lamenta que la revisión de la DIE no sea más ambiciosa y coherente. La Comisión Europea tomó la iniciativa de incluir en el texto excepciones o derogaciones cuya finalidad era no desagradar a ciertos Estados miembros o satisfacer a otros.

1.5.12

Esta señal de precios ligada a la imposición no funciona en el caso de los combustibles, y podría seguir sin funcionar con la revisión de la DIE.

1.5.13

Otros sectores (como la agricultura, la construcción, el transporte público, etc.) quedan excluidos, total o parcialmente. Resulta difícil encontrar el hilo conductor de todas estas excepciones, lo cual podría transmitir un mensaje poco claro a quienes no se benefician de ellas.

2.   Restablecimiento del crédito a la economía

2.1   Un sistema financiero sano

2.1.1

Es importante solucionar las graves deficiencias de la regulación y supervisión de las finanzas internacionales. El desequilibrio creciente en el sector financiero entre la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas es una cuestión que debe tratarse con urgencia. Es preciso fijar unas condiciones en el marco reglamentario que obliguen a los intermediarios financieros a asumir su función primaria de servir a la economía real y ofrecer créditos a proyectos concretos, invirtiendo en valores activos en vez de apostar por los pasivos. Cualquier respaldo público a las instituciones financieras deberá estar acompañado de las mejoras necesarias en materia de gobernanza empresarial, como un primer paso para una reforma fundamental del sector en aras de los objetivos de crecimiento y empleo.

2.1.2

El CESE comparte la preocupación de la Comisión de que el apoyo a entidades financieras en graves dificultades con finanzas públicas y en detrimento de las condiciones de competencia en el mercado interior ya no es aceptable en el futuro. El CESE espera que la Comisión lleve a cabo una evaluación detallada del impacto de los costes, recursos humanos y reformas legislativas necesarios. Una propuesta realista debería ir acompañada de un calendario de contratación de recursos humanos, teniendo en cuenta que este último factor podría no estar inmediatamente disponible en el mercado.

2.1.3

El CESE reconoce que la Comisión Europea ha respondido a la creciente complejidad y opacidad del sistema financiero. El Comité exhorta a la industria financiera a aplicar correctamente la nueva normativa y hacer uso de la autorregulación para propiciar una actuación adecuada y honesta, y facilitando el acceso a unos productos financieros transparentes.

2.1.4

El CESE demanda la incorporación de la educación financiera como materia obligatoria dentro de los planes de estudio del sistema educativo, que deberá tener su continuidad en los planes de capacitación y reciclaje para trabajadores. Esta asignatura deberá, entre sus cometidos, fomentar el ahorro consciente, poniendo en valor los productos financieros socialmente responsables. Una educación financiera plenamente accesible beneficia al conjunto de la sociedad.

2.1.5

El CESE reitera su opinión expresada en el punto 3.6 del dictamen sobre el EPAC 2011 (14), y acoge favorablemente las iniciativas sobre las ventas en corto y las permutas de cobertura por impago. Estas iniciativas acabarán con regímenes opuestos, aportarán claridad a este sector de los mercados financieros y otorgarán a las autoridades competentes las facultades para exigir una mayor transparencia sobre los instrumentos regulados por la reglamentación.

2.1.6

El CESE acoge favorablemente las disposiciones sobre la transparencia del mercado, que espera sean muy beneficiosas. También acoge favorablemente la función reguladora de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), aunque llama la atención sobre el hecho de que una intervención excesiva podría conducir a desestabilizar los mercados.

2.1.7

El CESE considera que si se quiere establecer un régimen viable de fondos de resolución bancaria, los Estados miembros deberán estar dispuestos de antemano a adoptar métodos comunes y normas uniformes para evitar los falseamientos de la competencia.

2.1.8

Una de las principales preocupaciones es la situación macroeconómica El CESE expresa su preocupación por el hecho de que los fondos de resolución bancaria afectarán al potencial de préstamo del sector bancario para desviar recursos.

2.1.9

El CESE considera que antes de tomar cualquier medida para imponer tributos a los bancos, la Comisión debería realizar una evaluación minuciosa de los efectos acumulativos de dichos tributos y los fondos de resolución bancaria. Para tomar una decisión sobre la introducción del FRB es preciso calcular cuánto costará todo este régimen, en qué medida afectará al potencial de préstamo del sector bancario y cuánto tiempo exigirá conseguir que el FRB sea suficientemente fuerte o alcance su objetivo de volumen. El CESE recomienda ajustar estos cálculos a las previsiones más pesimistas.

2.1.10

El CESE acoge con agrado que la propuesta de Reglamento prohíba las tasas multilaterales de intercambio en los adeudos domiciliados. De este modo se impone claridad y transparencia en las complejas relaciones contractuales en las que se basan los procesos de pago, lo que beneficia en particular a las pequeñas y medianas empresas.

2.1.11

El estudio de impacto llevado a cabo por la Comisión concluyó que las pymes no se verían especialmente perjudicadas por los nuevos requisitos de capital, pero el Comité sigue siendo cauteloso y requiere que la Comisión vigile estrechamente el desarrollo del crédito bancario y de las comisiones bancarias para las pymes. Además, el CESE apoya que sea la Comisión la que lleve a cabo la revisión de las calificaciones de riesgo para los préstamos a las pymes.

2.1.12

El contrapeso al nuevo Reglamento debe ser la aplicación de regímenes de recuperación y resolución basados en instrumentos como los testamentos vitales. A la vez que el Estado seguirá ofreciendo garantías para los pequeños depósitos, deberá eliminarse el peligro moral que representa un apoyo estatal ilimitado a los bancos en quiebra. Si la situación es lo suficientemente clara, los inversores, acreedores y directores tendrán que asumir una responsabilidad directa sobre la futura salud de cada entidad de crédito.

3.   Promover el crecimiento y la competitividad actuales y futuros

3.1   El CESE reitera sus puntos de vista, expresados en el dictamen sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2011, punto 8: «Aprovechar el potencial del mercado único»; punto 9: «Atraer capital privado para financiar el crecimiento» y punto 10: «Crear un acceso rentable a la energía».

3.2   Investigación e innovación

3.2.1

El CESE recomienda que la Comisión Europea desarrolle una estrategia integrada de investigación e innovación con medidas estructurales complementarias dentro de la Comisión y de los órganos consultivos de que dispone, y aumente, de una vez por todas, el futuro presupuesto para el fomento de la investigación y la innovación.

3.2.2

El CESE también acoge favorablemente la tarea política esencial de crear unas condiciones y unos marcos límite a escala europea que sean fiables, favorables a la innovación y que permitan suficiente libertad de acción, liberando así a los potenciales inventores y procesos de innovación de los obstáculos que suponen la actual fragmentación de marcos normativos, el exceso de reglamentación y las cargas burocráticas que se reparten entre los 27 Estados miembros y la Comisión.

3.2.3

El Comité recomienda centrar en mayor medida los esfuerzos en la eliminación de cualquier obstáculo que estorbe la rápida aplicación de las innovaciones y la creación de una Unión por la innovación. Para poder favorecer mejor todo el proceso de innovación, en opinión del Comité, es necesaria una supervisión –minuciosa y pactada con los agentes interesados– de las normas sobre ayudas públicas, contratación pública y competencia que puedan oponerse a ese objetivo (15). La causa es el equilibrio o el posible conflicto entre las reglas de la competencia y el fomento de la innovación. Por eso las normas sobre la competencia, las ayudas públicas y la contratación pública no se pueden aplicar en detrimento de la innovación. Es posible incluso que haga falta realizar reformas. A veces también es necesario proteger las innovaciones antes de que la competencia las adquiera y las suprima para bloquear el proceso de innovación.

3.2.4

El Comité aprueba en particular el hecho de que la innovación se defina y se entienda en un sentido amplio e integrado.

3.2.5

El Comité recomienda adaptar las medidas de apoyo, las ayudas financieras y los criterios de evaluación a ambos tipos de innovación: tanto a las innovaciones más incrementales que responden a las fuerzas dominantes del mercado y a las necesidades de la sociedad como a las innovaciones más revolucionarias que configuran las fuerzas del mercado y crean nuevas necesidades sociales, pero que con frecuencia en sus inicios han de superar una «travesía del desierto» especialmente difícil.

3.2.6

El Comité destaca el importante papel de las pymes y las microempresas en el proceso de innovación y recomienda asimismo adaptar los programas y las medidas de apoyo de forma especial a sus necesidades específicas. Además recomienda que se reflexione sobre si es posible eximir a las empresas de nueva creación de gran parte de las habituales obligaciones y disposiciones durante un período de «carencia» suficiente y cómo se podría hacer, así como sobre si es posible establecer incentivos especiales adicionales. Lo mismo cabe decir respecto de las empresas de la economía social.

3.3   Mercado único

3.3.1

El CESE acoge con satisfacción la pretensión de la Comisión de estimular el crecimiento y reforzar la confianza en el mercado único. El Comité recuerda que el mercado único es un elemento central de la integración europea, con el potencial de ofrecer beneficios que sus destinatarios europeos puedan percibir directamente y de generar un crecimiento sostenible de las economías europeas. En el contexto actual, esto hace que un mercado único que funcione y esté orientado al futuro no solo sea deseable sino esencial para el futuro político y económico de la Unión Europea. Para poder ofrecer estos beneficios es fundamental que las propuestas de la Comisión sean ambiciosas y vayan más allá de una mera solución de problemas de detalle e importancia menor.

3.3.2

El CESE quiere reiterar su llamamiento en favor de un enfoque global. Aunque opina que fomentar el crecimiento y el potencial de las empresas es esencial, considera no obstante que las propuestas deberían centrarse más en los consumidores y los ciudadanos como agentes independientes de la creación del mercado único.

3.3.3

El CESE aboga por que se aplique una tolerancia cero en caso de que los Estados miembros incumplan la legislación de la UE y recuerda al Consejo y a la Comisión que la aplicación tardía, incoherente e incompleta de las normas sigue siendo un obstáculo fundamental para el funcionamiento del mercado único. Acogería muy favorablemente la publicación por parte de los Estados miembros de cuadros de correspondencia que contribuyan a fomentar y conocer mejor el mercado único.

3.4   Mercado único digital de la UE

3.4.1

Por lo que se refiere al mercado único digital de la UE, el CESE reitera su opinión, expresada en el punto 8.12 de su dictamen sobre el EPAC 2011 y confirmada en varios dictámenes emitidos en 2011 (16), por la que apoya decididamente la aplicación de la Agenda Digital Europea para obtener los beneficios económicos y sociales sostenibles que pueden derivar de un mercado único digital basado en una conexión a Internet de alta calidad y alta velocidad, a precios asequibles para los ciudadanos de toda la UE.

3.4.2

En este contexto, el Comité acoge favorablemente el enfoque creativo de la Comisión en el ámbito de los acuerdos de inversión conjunta para la promoción de la implantación de la banda ancha rápida y ultrarrápida, pero pide objetivos de conectividad aún más ambiciosos para que Europa pueda seguir siendo competitiva a nivel mundial. El Comité subraya la importancia esencial de los principios de neutralidad de la red, como objetivos políticos fundamentales a nivel de la UE, y pide que se adopte urgentemente un enfoque proactivo para incorporar estos principios en la legislación de la UE, garantizando así que Internet se mantenga abierta en toda Europa.

3.4.3

En cuanto al Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica y el Marco de Interoperabilidad, el CESE apoya el plan de acción de la Comisión a favor de una administración electrónica sostenible e innovadora, y recuerda que deben cumplirse los compromisos acordados en la Conferencia ministerial de Malmö de 2009. El Comité también se pronuncia a favor de una plataforma de intercambio de información, experiencias y software libre de código abierto, tal como se describe en el Marco Europeo de Interoperabilidad, destacando que en la actualidad la mayor parte de los problemas se deben a la falta de un fundamento jurídico transfronterizo, y las diferencias en las legislaciones nacionales y las soluciones -incompatibles entre sí- adoptadas por los Estados miembros.

3.4.4

En lo que respecta a la cuestión de «Fomentar la alfabetización, las capacidades y la inclusión digitales», el CESE considera que las desigualdades de acceso a la tecnología digital constituyen una prolongación de las desigualdades económicas y sociales, y afirma que TODOS los ciudadanos tienen derecho a apropiarse de forma crítica de los contenidos de todos los soportes de comunicación. El Comité señala asimismo que la Unión y los Estados miembros deberían garantizar la accesibilidad del hecho digital mediante el aprendizaje permanente de las competencias digitales para ejercer un empleo o para uno mismo así como para la ciudadanía, y que el acceso a la infraestructura y a los equipos debe considerarse un derecho fundamental.

3.5   Sociedad de la información

3.5.1

En lo que respecta al Nuevo reglamento sobre la itinerancia, el CESE suscribe las nuevas medidas, que estima proporcionadas y adecuadas, para garantizar la disponibilidad y el acceso a un servicio de interés económico general a precios asequibles. Las nuevas reducciones de las tarifas máximas propuestas avanzan en la buena dirección, es decir, hacia la desaparición a medio plazo de cualquier forma específica de precios en itinerancia. El Comité lamenta, no obstante, que la propuesta de la Comisión no vaya acompañada de una evaluación del impacto de las nuevas medidas en el empleo y las condiciones laborales del sector de las telecomunicaciones móviles.

3.6   Energía

3.6.1

El CESE señala que la eficiencia de los mercados transfronterizos de la energía refuerza la seguridad del aprovisionamiento, la optimización de la gestión de las crisis y la reducción de los riesgos de sobrecoste, que siempre se repercuten en el usuario final. La mejora progresiva del mercado interior de la energía permite obtener ahorros significativos que redundan en beneficio de las empresas y de los usuarios particulares.

3.6.2

Señala que en los mercados mayoristas de la energía de la Unión continúan existiendo condiciones diferenciadas y de discriminación. A causa asimismo de los déficits estructurales existentes en la red y, en particular, en la interconexión transfronteriza, la integración de los mercados es absolutamente insuficiente. Existen todavía importantes obstáculos a la posibilidad de un acceso no discriminatorio a la red y a la venta de energía eléctrica.

3.6.3

El Comité considera indispensable proseguir la construcción de una Europa de la Energía en la que se salvaguarden los intereses generales de la Unión y los del consumidor, se garantice el abastecimiento energético con políticas adecuadas que distribuyan las ventajas y controlen la adecuación de los costes, se defienda la sostenibilidad social, medioambiental y económica, y se proteja la integridad del mercado como base irrenunciable del desarrollo de la economía social de mercado.

3.6.4

El CESE pide que se adopte un planteamiento integrado entre las políticas interiores y exteriores y las políticas conexas como las de vecindad y proximidad o las relacionadas con la protección del medio ambiente. El unilateralismo energético puede superarse con una firme política común de solidaridad energética basada en la diversificación, en una combinación de energías adaptada a las condiciones y características de cada Estado miembro y, sobre todo, en la sostenibilidad medioambiental.

3.6.5

En lo que respecta a la contribución de la energía al crecimiento, el CESE: — § señala que la eficiencia y el ahorro energéticos dependen principalmente de la actuación y el cambio de comportamiento de ciudadanos, empresas y trabajadores, — § resalta que el ahorro energético debe promover el desarrollo económico, el bienestar social y la calidad de vida, — § subraya la importancia de escoger los instrumentos adecuados y cree que los acuerdos voluntarios son útiles, aunque las medidas obligatorias son necesarias cuando los incentivos positivos no funcionan, — § subraya la importancia de la cogeneración como sistema de producción de energía altamente eficiente, — § no apoya el establecimiento de un objetivo general de carácter vinculante en materia de eficiencia energética, pero recomienda que los esfuerzos se centren en alcanzar resultados reales, y — § destaca la necesidad de asegurar el apoyo financiero y la inversión necesarios para explotar el gran potencial que entrañan los Estados miembros.

3.6.6

En cuanto al «Plan de acción energético», el CESE recomienda a la Comisión: — § que elabore y publique un estudio exhaustivo de «certificados blancos», — § que recurra a medidas específicas para abordar casos concretos en los que no se aprovecha el enorme potencial de eficiencia energética y garantice también la disponibilidad de ayudas públicas en casos particulares, y — § que exija un acceso garantizado a la red para la electricidad producida por cogeneración a fin de aumentar la cuota de la cogeneración en la producción de calor y electricidad.

3.6.7

Respecto del cambio de comportamientos, el CESE recomienda a la Comisión: — § que se asigne un papel central al usuario de la energía, — § que fomente el papel del sector público en la mejora de la eficiencia energética a fin de que las empresas y familias sigan su ejemplo, — § que se estudien los comportamientos de las personas y adapten las medidas de información y sensibilización a los distintos colectivos de usuarios, — § que se garantice que los usuarios se benefician de las acciones, — § que se ofrezcan, cuando sea necesario, incentivos eficaces y cuidadosamente diseñados; hasta los incentivos más modestos pueden proporcionar resultados, — § que los constructores y los gobiernos velen por que las inversiones adicionales en los edificios se vean reflejadas en su valor, — § que aumente y adapte la educación y la formación en el sector de la construcción, — § que se fomente la formación de las administraciones públicas sobre eficiencia energética, incluida la aplicación de criterios ecológicos en la adjudicación de contratos públicos, — § que la Comisión examine los problemas y, si resulta necesario, que revise las disposiciones relativas a los certificados de rendimiento energético en los edificios y el nuevo sistema de etiquetado ecológico para los equipos, — § que la Comisión evalúe los efectos que, para los usuarios energéticos, tendrá el despliegue de contadores inteligentes, y que proponga medidas suplementarias para lograr beneficios reales, — § que se sigan desarrollando buenos sistemas nacionales de acuerdos voluntarios a largo plazo, y se apliquen también al sector público, y — § que se involucre verdaderamente a todas las partes interesadas: ciudadanos, empresas y trabajadores.

3.6.8

El CESE pide que se refuercen las medidas destinadas a luchar contra la indigencia energética, que amenaza con excluir a grupos de población cada vez más importantes (las opciones ecológicas pueden resultar onerosas con tarifas más elevadas o cargas fiscales, especialmente para los estratos más vulnerables de la sociedad), y afirma que es necesaria una puesta en común de las experiencias europeas para crear nuevos empleos «verdes» –eficaces, perdurables y competitivos– y reducir las desigualdades (17), garantizando el acceso de los ciudadanos y consumidores «a los servicios energéticos y al empleo generado por la economía de bajo contenido de carbono» (18).

3.7   Transporte

3.7.1

Por lo que se refiere a la contribución del transporte al crecimiento, el CESE reconoce que el objetivo del Libro Blanco del transporte sobre la reducción en un 60 % de las emisiones de CO2 para 2050 está en consonancia con la posición general de la UE relativa a la protección del clima y que ha afectado al equilibrio entre la necesidad de reducir rápidamente los gases de efecto invernadero en la sociedad y la posibilidad de utilizar rápidamente combustibles alternativos para la importante labor del sector del transporte en la economía de la Unión. El Comité sugiere que los objetivos a largo plazo de la Hoja de ruta se completen con objetivos más específicos y mensurables a medio plazo para reducir la dependencia del petróleo, las emisiones acústicas y la contaminación atmosférica.

3.7.2

La Comisión considera la necesidad de mejorar la competitividad de modos alternativos al transporte por carretera. El Comité apoya este objetivo, siempre y cuando se lleve a cabo mediante el fomento de una mayor capacidad y calidad de los ferrocarriles, vías de navegación interior y transporte marítimo de corta distancia, así como de eficientes servicios intermodales, sin obstaculizar el desarrollo de servicios eficientes y sostenibles de transporte por carretera en la UE.

3.7.3

En lo que referente al transporte en el mercado interior, el CESE reconoce la importancia del papel del transporte como factor de competitividad y prosperidad, así como la necesidad de crear un sistema de transporte europeo integrado y de mejorar la sostenibilidad y promover los modos de transporte hipocarbónicos, la eficiencia energética y de recursos, la seguridad y la independencia del suministro y la reducción de la congestión del tráfico. El CESE puede aprobar el énfasis puesto en las cadenas logísticas multimodales optimizadas y en un uso más eficiente de la infraestructura de transportes. Asimismo, apoya la estrategia de la Hoja de ruta en el sentido de recurrir a una mayor parte de medidas dictadas por el mercado respecto a otras versiones anteriores del Libro Blanco.

3.8   Industria

3.8.1

Por lo que se refiere a la industria, el CESE comparte totalmente el enfoque holístico y la mayor interrelación entre las políticas de la UE, así como una coordinación más profunda de la industria entre la UE y los Estados miembros. La meta es un sector industrial europeo sostenible y competitivo en la economía global.

3.8.2

Una mayor interrelación debería, en opinión del CESE, dar lugar a planteamientos integrados en un mercado interior plenamente desarrollado dentro de una economía social de mercado, mediante legislación inteligente, I+D e innovación, acceso a la financiación, una economía con bajas emisiones de CO2 y con un uso eficiente de los recursos, políticas en el ámbito del medio ambiente, el transporte, la competencia y el empleo, la mejora de las cualificaciones y competencias, comercio y cuestiones afines y el acceso a las materias primas.

3.8.3

A pesar del evidente progreso, ha persistido la fragmentación del mercado interior y una falta de atención, debido, en parte, a la disparidad de planteamientos empresariales. La relación entre la culminación del mercado interior y las políticas industriales suele pasarse por alto. El CESE ha instado reiteradamente a que se faciliten las condiciones adecuadas, teniendo en cuenta la necesidad de normas específicas para sectores y cuestiones temáticas que contemplen las redes de valor muy ramificadas a nivel mundial.

3.8.4

La política industrial abarca todos los tipos de servicios y fabricación interrelacionados. La línea divisoria entre sectores es difusa. Las PYME son cada vez más importantes, tanto en términos de valor añadido como de creación de empleo. Estos factores requieren una legislación y una regulación horizontal y sectorial inteligente y medidas complementarias. La complejidad de las redes internacionales y de los procesos integrados de fabricación debe ser tenida en cuenta.

3.9   Servicios

3.9.1

El CESE considera prematuras las conclusiones de la Comisión sobre los efectos de la Directiva de servicios y el funcionamiento del sector de los servicios. La Directiva solo lleva en vigor algunos años. No todos los Estados miembros están satisfechos con la Directiva, y cada uno de ellos debe aplicarla a su modo.

3.9.2

La Directiva de servicios se puso en marcha en el marco del antiguo tratado en el que el mercado interior era todavía la principal prioridad. Con el Tratado de Lisboa, el resto de los intereses no están subordinados a los económicos, sino que se les asigna la misma importancia. Es interesante examinar cómo la legislación y la jurisprudencia que se elaboraron con arreglo al antiguo Tratado se comportan con el nuevo Tratado.

3.10   Dimensión del crecimiento exterior

3.10.1

En lo que respecta a la dimensión del crecimiento exterior y la seguridad de materias primas, el Comité insta a que haya una política exterior más activa en cuanto a la seguridad de materias primas para la industria de la UE. Para ello, los Estados miembros tendrían que definir y acordar directrices clave sobre la diplomacia de las materias primas. Los acuerdos comerciales bilaterales y la diplomacia son de suma importancia con el fin de garantizar el suministro de las materias primas fundamentales para la industria de la UE. Representan un desafío inmediato y al mismo tiempo difícil para el nuevo servicio diplomático de la UE. No solo hace falta que haya un enfoque directo para garantizar las materias primas fundamentales, sino que también hay que crear un entorno favorable para los intereses de la UE en los países objetivo. Hay que explotar el hecho de que la UE sea uno de los mercados más populares e importantes del mundo.

3.10.2

En lo que respecta al acceso a los mercados públicos de terceros países, en opinión del CESE, la UE debería aumentar su poder de negociación para mejorar –sobre la base de su Derecho primario y derivado– el acceso a estos mercados, ya que si la Unión ha abierto más del 80 % de sus mercados públicos, el resto de las grandes economías desarrolladas no han abierto sus mercados más que en un 20 %.

3.10.3

El CESE insta enérgicamente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a que aseguren, tanto en el plano interno como en el internacional, una defensa más eficaz y estratégica de los intereses de la Unión Europea en el ámbito del acceso a los mercados públicos para reforzar no sólo su credibilidad mundial, sino también la longevidad y el desarrollo del modelo económico y social europeo.

3.10.4

En cuanto que dimensión exterior de la Estrategia Europa 2020, la política comercial de la UE tendría que asegurarse de que los intercambios contribuyen de forma adecuada a un crecimiento sostenido –que actualmente falta para una salida de la crisis–, garantizando al mismo tiempo el mantenimiento de la economía social de mercado y apoyando una transición hacia una economía sobria en consumo de carbono. En determinados temas, el Comité considera que es preciso aclarar el Derecho existente sobre el comercio, en particular en materia de subvenciones y de ayudas de Estado, y defender sus valores y sus normas recurriendo cuando sea necesario a los mecanismos del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el fin de contribuir a una jurisprudencia más coherente con su visión de la competencia justa, sobre todo en lo que se refiere a los países emergentes.

3.10.5

En el ámbito del comercio y la inversión, el CESE considera fundamental que la UE garantice la seguridad de los inversores, tanto en interés de las empresas de la UE como de los países en desarrollo. El Comité acoge favorablemente la atribución a la Comisión Europea de nuevas competencias en materia de IED, que aumentará el poder negociador de la UE, conducirá a la Unión Europea a adquirir mayor importancia y permitirá mejorar el acceso a los mercados de terceros países clave, protegiendo al mismo tiempo a los inversores, lo que aumentará nuestra competitividad internacional. Al mismo tiempo, el CESE insiste en que la política comercial y de inversión de la Unión debe ser coherente con la política económica y las demás políticas de la Unión, incluidas las políticas sobre protección del medio ambiente, trabajo digno, salud y seguridad en el trabajo y desarrollo. Los convenios de inversión celebrados por la UE deberían permitir combinar un entorno abierto a las inversiones con una protección efectiva de los inversores de la UE, garantizando una adecuada flexibilidad operativa en los países en los que invierten. Para ello, el Comité insiste en que la UE debería aprovechar esta oportunidad para mejorar y actualizar los acuerdos de inversión que se negocien, valiéndose de sus propias fuerzas en lugar de limitarse a imitar a otros. La UE debe hacer una reflexión crítica de la reciente evolución de la legislación internacional en materia de inversión, así como en la política y las prácticas en materia de inversión (como el arbitraje entre inversores y Estado), para asegurar que su filosofía y enfoque respecto a los futuros tratados de inversión y los capítulos sobre inversión en los acuerdos de libre cambio sean sostenibles y actualizados.

3.10.6

En opinión del CESE es preciso acelerar el proceso de internacionalización de las pymes ampliando su acceso a nuevos mercados y, en consecuencia, su capacidad de crear empleo.

3.10.7

Los acuerdos comerciales bilaterales, como los recientemente concluidos con Colombia, Perú y Corea del Sur, ofrecen muchos beneficios potenciales si se aprovechan las nuevas oportunidades que ofrecen. Es preciso dar a conocer dichas oportunidades a las empresas. En opinión del Comité, los acuerdos bilaterales deben considerarse compatibles con un multilateralismo que sin duda se acabará consolidando. Como afirma la CE, nuestra prosperidad depende del comercio. Sin embargo, el Comité destaca que debe haber un cambio cualitativo en el planteamiento adoptado con respecto a esta nueva serie de negociaciones: el planteamiento bilateral puede permitir un mayor respeto de las diferencias regionales y nacionales que los acuerdos multilaterales, que lógicamente tienen un planteamiento más amplio. El CESE subraya la importancia de estos acuerdos para promover y fomentar la aceptación y el desarrollo de las mejores prácticas en materia de mejora del medio ambiente y fomento del desarrollo sostenible, así como el desarrollo de normas sociales y de empleo más exigentes. En las negociaciones bilaterales, Europa debe dejar claro que defiende sus preferencias colectivas en materia de asuntos sociales y en los ámbitos de la seguridad de los alimentos y del medio ambiente. El comercio internacional es parte del problema y parte de la solución en las cuestiones de seguridad alimentaria a nivel mundial. Las normas de comercio internacional deben favorecer la seguridad alimentaria, especialmente en los países menos desarrollados, y garantizar que éstos tengan un acceso libre de derechos, tanto a los mercados de los países desarrollados como a los de los países emergentes, conforme al principio de tratamiento especial y diferenciado.

3.10.8

El CESE valora positivamente la propuesta del vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, para introducir un «test de competitividad» previamente a la firma de un acuerdo de asociación comercial entre la UE y un tercer país. Del mismo modo, coincide en la necesidad de evaluar, antes de su aplicación, las repercusiones de todas las demás iniciativas políticas –por ejemplo, en materia de energía, comercio, medio ambiente o política social y de protección del consumidor– en la competitividad industrial.

3.10.9

Para desarrollar una economía verde en un contexto competitivo mundializado y mantener su liderazgo en este sector, Europa debería, en su propio interés y en el del clima, conservar una elevada ambición en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Comité propone que se desarrollen evaluaciones de impacto (competitividad, empleo, medio ambiente) y que se organicen debates públicos para anticipar las transiciones entre 2020 y 2050 y para estabilizar las proyecciones de los operadores económicos y de los ciudadanos.

3.11   Movilizar el presupuesto de la UE en favor del crecimiento y la competitividad

3.11.1

El CESE señala que debido a la crisis económica y financiera y a la cascada de déficits en aumento en la mayoría de los Estados miembros, la Unión Europea no dispone en la actualidad de los recursos presupuestarios adecuados para poner en práctica ni su estrategia política ni los compromisos que debe asumir en virtud del nuevo Tratado de Lisboa.

3.11.2

El CESE considera que el presupuesto europeo debe verse reforzado y tener un efecto de palanca. Los presupuestos nacionales y el europeo deberían complementarse para lograr economías de escala en la realización de los principales objetivos políticos de la UE.

3.11.3

El CESE exige que el presupuesto de la Unión sea ejemplar en lo que respecta a la gobernanza, la eficacia, la transparencia y el control de los gastos administrativos.

3.11.4

El CESE opina que el concepto de «justa compensación» debe abandonarse, pues es contrario a los valores de solidaridad y beneficio mutuo propios de la integración europea. Lo que importa más bien es poner en práctica la subsidiariedad, transfiriendo al nivel europeo aquello que haya perdido su sentido y su eficacia a nivel nacional. El CESE felicita a la Comisión Europea por su propuesta de volver a adoptar el principio de recursos propios, que pueden establecerse ex nihilo o sustituir a impuestos nacionales.

3.11.5

El CESE insiste en que la reducción de los presupuestos se compense con un nivel adecuado de recursos financieros públicos y privados para competitividad e innovación. El CESE se congratula de la anunciada mejora de las condiciones transfronterizas para el capital riesgo, así como de las propuestas para la emisión de obligaciones privadas de la UE para inversiones en energía, transporte y TIC. Debe examinarse la emisión de obligaciones en otros ámbitos, como los proyectos de investigación y demostración. Los Fondos Estructurales y de Cohesión también deben centrarse en objetivos de política industrial. Deben desarrollarse ideas innovadoras para atraer capital privado al sector industrial.

3.11.6

Mantener, e incluso ampliar, los recursos financieros de la UE en I+D es de vital importancia. Los grandes proyectos europeos –como los proyectos en el ámbito de la energía– y la realización de una infraestructura paneuropea, cofinanciada por uno o varios Estados miembros, deberán tener efectos potenciadores.

3.11.7

En octubre de 2010, la Comisión aprobó la Comunicación «Contribución de la Política Regional al crecimiento inteligente en el marco de Europa 2020» (19) que destaca la importancia de desarrollar la innovación y la I+D en toda la Unión y hace hincapié en el papel que puede desempeñar la política regional a este respecto. La Comunicación subraya, asimismo, la utilización relativamente escasa por el momento de los fondos disponibles para la innovación. Por tanto, se ha perdido una ocasión ya que la propuesta de la Comisión por la que se modifica el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo en lo que se refiere a una serie de disposiciones relativas a la gestión financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con su estabilidad financiera (COM(2011) 482 final) no contempla que la Unión Europea pueda financiar hasta el 100 % de los proyectos de innovación, lo cual beneficiaría, sobre todo, a las pymes.

3.11.8

El CESE siempre ha apoyado el programa de redes transeuropeas de transporte, respaldo que reafirma. Observa, sin embargo, que la Europa ampliada tiene mayores necesidades de infraestructuras de transporte, y que conviene reflexionar sobre la adaptación de la política y de los instrumentos financieros existentes o su implementación al afrontar los nuevos retos.

3.11.9

Una mayor cuota de mercado de los modos alternativos requiere grandes inversiones en infraestructura, incluida la infraestructura del transporte por carretera. No parece una buena idea resolver problemas financieros recurriendo de manera general a inversiones privadas y a la tarificación por el uso de las infraestructuras. El Comité, tal y como se ha expresado en muchos dictámenes anteriores, no está en contra de la internalización del sector del transporte. El Comité reconoce que, de acuerdo con el principio de que «quien contamina paga», los instrumentos económicos deben reflejar el coste real del transporte para nuestras sociedades, a fin de influir en el comportamiento del mercado en una dirección sostenible. A este respecto, los ingresos procedentes de estas cargas adicionales deberían destinarse al desarrollo del transporte sostenible y a optimizar todo el sistema de transporte para conseguir una verdadera política de movilidad sostenible. Asimismo, deberían mantenerse separados de las cargas impuestas para propósitos financieros, de acuerdo con el principio de «usuario pagador».

3.11.10

El CESE considera indispensable dotarse de sistemas de combinación de políticas que presenten las siguientes características: — § medidas de eficiencia energética; — § sistemas seguros de captura y almacenamiento del CO2; — § desarrollo competitivo de las fuentes renovables; — § transformación de las centrales eléctricas con vistas a reducir las emisiones de carbono; — § medidas para el desarrollo de una producción combinada de calor y energía de alta eficiencia (Combined heat and power production (CHP)).

3.11.11

En cuanto a los «instrumentos» del mercado energético europeo integrado, el CESE considera imprescindible definir inmediatamente y de manera programada y consensuada inversiones en: — § las redes inteligentes y la mejora de las redes de transporte de energía; — § la investigación y el desarrollo de programas conjuntos en los sectores de la sostenibilidad energética, las nanociencias y nanotecnologías, la informática aplicada a los macrosistemas de redes y los microsistemas de la domótica; — § la capacidad de gestionar sistemas complejos y de asegurar un marco estable de referencia para la industria y para los operadores, ya sean públicos o privados; — § el reforzamiento de un diálogo estructurado e interactivo con los interlocutores sociales, los consumidores y la opinión pública.

3.11.12

El CESE pide que se conceda carácter prioritario a los proyectos de diversificación energética llevados a cabo en los países vecinos de la UE como, por ejemplo, el corredor energético UE-Mar Caspio-Mar Negro y, en particular, el gaseoducto Nabucco, la infraestructura de gas natural licuado (GNL), la interconexión de las redes de electricidad y la construcción de los anillos euromediterráneos de infraestructuras de gas y electricidad (Med-ring), así como la realización de nuevos proyectos de infraestructuras petrolíferas de interés europeo, como los proyectos Odessa-Gdansk, Constanza-Trieste y el Nord Stream.

4.   Lucha contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis

4.1.1

El CESE considera que la condición principal para la creación de nuevos empleos es un crecimiento económico sostenible y estable. El CESE se congratula de que muchas instituciones y organizaciones hayan tenido en cuenta la dimensión social de la recuperación en las propuestas que han formulado para encontrar una solución a la crisis.

4.1.2

El Comité opina que es importante impulsar iniciativas que faciliten el desarrollo de los sectores con mayor potencial de creación de empleo, incluidos la economía baja en carbono («empleos ecológicos»), el sector social y la sanidad («empleos de plata») y la economía digital.

4.1.3

El CESE destaca el desarrollo de las potencialidades del nuevo espíritu empresarial, sobre todo femenino, el empleo juvenil y el apoyo al objetivo emblemático «Juventud en movimiento».

4.1.4

El CESE considera fundamental difundir la cultura empresarial y el espíritu emprendedor en un entorno que apoye a los emprendedores, que comprenda los riesgos del mercado y valore el capital humano, en el respeto de los convenios colectivos y las prácticas nacionales.

4.1.5

En concreto, el CESE pide que se elabore un plan de trabajo para garantizar a corto plazo las condiciones necesarias para el desarrollo de nuevas empresas innovadoras y el apoyo a las pymes existentes, para contribuir a la creación de empleo, necesario para salir de la crisis y recuperar un crecimiento sostenible. Las acciones previstas deberán ser de ámbito europeo, nacional y regional, y deberán incluir tanto a las empresas comerciales y no comerciales como a las de la economía social. Además de este plan de trabajo, es conveniente prever la formación de parados y jóvenes para que puedan acceder a un nuevo empleo.

4.1.6

La promoción de empleos verdes debe realizarse mediante una combinación de incentivos y sanciones que deberían proporcionar los recursos necesarios sin gravar de manera significativa las ya bastante agotadas arcas públicas. Este aspecto de la financiación será decisivo y exige que todas las partes desempeñen su papel, dado que la Estrategia Europa 2020 y los programas de ayuda no podrán funcionar si los Estados miembros no cuentan con un margen de maniobra más amplio en términos presupuestarios. Las empresas que hagan todo lo posible por mejorar la calidad del empleo y producir de manera más sostenible deberían ser ayudadas y apoyadas. Las empresas requieren un marco normativo claro, estable y, a ser posible, con normas acordadas a nivel internacional. La adopción urgente de una solución común al problema de la patente europea iría sin duda en la dirección adecuada.

4.1.7

Como ya señaló el Comité en su dictamen relativo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2011, en la gestión de la crisis, resulta esencial contar con políticas salariales adecuadas. Desde un punto de vista macroeconómico, mantener los aumentos salariales a la par del crecimiento de la productividad y centrados en el conjunto de la economía nacional permitirá asegurar un equilibrio adecuado entre un crecimiento suficiente de la demanda y la competitividad de los precios. Por este motivo, los interlocutores sociales deberán procurar evitar la contención salarial como propugnan las políticas proteccionistas y en su lugar orientar la política salarial hacia la productividad. A este efecto, el CESE rechaza rotundamente la sugerencia que también se incluye en la Comunicación de la Comisión sobre el EPAC 2012, según la cual es necesario intervenir en los sistemas nacionales de fijación de salarios mediante, entre otras, «medidas de reforma» para la descentralización de la negociación colectiva. La autonomía de los interlocutores sociales y su libertad para celebrar convenios colectivos no se debe seguir cuestionando bajo ningún concepto, tal como se explicó muy claramente en el Reglamento no 1176/2011 (paquete de seis medidas).

4.1.8

El CESE señala que las empresas utilizan diferentes tipos de contratos de trabajo. Esto también tiene como consecuencia la aparición de empleos precarios, con contrataciones temporales, sueldos escasos, bajo nivel de protección social y desprotección de los derechos de los trabajadores. El trabajo temporal no siempre es precario, hay trabajadores autónomos muy cualificados que pueden arreglárselas muy bien en el mercado de trabajo a base de contratos. Ahora bien, el trabajo temporal sí es, por definición, precario cuando se trata de un trabajo poco o nada cualificado en la producción o los servicios. La flexiguridad puede ser una respuesta a la necesidad de trabajo flexible de las empresas, pero únicamente si va acompañada de un nivel de seguridad comparable al de un empleo fijo.

4.2   Falta de correspondencia estructural entre la oferta y la demanda de mano de obra

4.2.1

Uno de los elementos clave para resolver los problemas radica en una cooperación adecuada y eficiente entre los centros de enseñanza, las empresas, los interlocutores sociales y las autoridades públicas, en particular, con respecto a la previsión de las necesidades futuras de capacitación, y en la adopción de iniciativas adecuadas en los ámbitos de enseñanza general y de enseñanza y formación profesionales (EFP). El Comité exhorta a mejorar la calidad y eficiencia de la EFP con el fin de aumentar su atractivo y relevancia. Tomar el número de jóvenes que acceden a la universidad como único indicador induce a error cuando se formulan políticas educativas y no es relevante en cuanto a las necesidades de los mercados laborales en materia de aptitudes. Los sistemas educativo y de formación tienen que estar equilibrados.

4.2.2

Los cambios demográficos (envejecimiento de la fuerza de trabajo y número decreciente de jóvenes que acceden al mercado laboral) y los rápidos cambios tecnológicos en los procesos de producción suponen para Europa la amenaza de una grave escasez de personal cualificado. Por ello es de suma importancia que cada cual acceda y conserve el acceso al mercado de trabajo y que nadie quede excluido. El CESE subraya que los trabajadores deben tener la oportunidad de desarrollar sus competencias y cualificaciones profesionales, y adquirir otras nuevas a lo largo de su vida laboral, a fin de poder adaptarse a los cambios en su entorno laboral y satisfacer las necesidades de cualificación del mercado de trabajo. Administrar este proceso de manera adecuada y eficaz es una de las tareas más importantes que la UE debe cumplir para mantener la competitividad frente a otras regiones del mundo.

4.2.3

El CESE subraya que los trabajadores deben tener acceso en particular a programas de formación profesional. Los estudios han demostrado que los trabajadores que más necesitan formación son los que menos utilizan estos programas, y es necesario adoptar diferentes medidas para diferentes grupos de trabajadores.

4.2.4

Debería dedicarse una parte importante del presupuesto a los trabajadores menos cualificados, porque son los que más necesitan formación suplementaria. Esto podría hacerse asignando a los trabajadores un presupuesto de formación inversamente proporcional a su nivel de formación, de modo que los trabajadores menos cualificados cuenten con la mayor parte de los fondos disponibles.

4.2.5

En lo que respecta a los trabajadores mayores, debe llevarse a cabo una política de personal que tenga en cuenta la edad. En numerosos Estados miembros de la UE se ha elevado la edad de jubilación, pero muchos trabajadores mayores pierden su puesto de trabajo antes de llegar a la edad actual de jubilación: por ejemplo, porque no son capaces de adaptarse a los cambios. La formación específica y selectiva podría contribuir a resolver este problema.

4.2.6

También es importante que la educación y la formación sean eficaces. Los Estados miembros están experimentando nuevos métodos de formación más eficaces y redescubren en particular la importancia del aprendizaje en el lugar de trabajo. El CESE subraya la importancia de desarrollar este tipo de enfoques, y pide a la Comisión que los fomente garantizando el intercambio de buenas prácticas en este ámbito.

4.3   Apoyar el empleo, en particular, el empleo de los jóvenes y los desempleados de larga duración

4.3.1

El CESE reitera su petición de que se adopten unos objetivos europeos mensurables para el empleo juvenil: en concreto 1) un objetivo de reducción significativa del desempleo juvenil y 2) un plazo máximo de cuatro meses para la activación de los jóvenes que buscan puestos de trabajo o períodos de prácticas. En todo caso, la previsión de objetivos más específicos en materia de empleo juvenil en los Estados miembros ha sido poco fructífera, ya que solo algunos Estados han formulado objetivos adecuados en sus programas nacionales de reforma.

4.3.2

El CESE celebra que su petición de que los Estados miembros garanticen que todos los jóvenes, en un plazo de cuatro meses tras la obtención de su título escolar, cuenten con un contrato laboral, continúen su formación o participen en medidas de activación se haya materializado en la propuesta de «Garantía juvenil» en la iniciativa emblemática «Juventud en Movimiento».

4.3.3

Los Estados miembros con una situación especialmente tensa del mercado laboral en el ámbito juvenil, que actualmente tienen que cumplir objetivos presupuestarios restrictivos, deben tener facilidades de acceso a los fondos de la UE para adoptar medidas relativas a la «Garantía juvenil». En la administración se necesitan procedimientos pragmáticos y flexibles y una simplificación del uso de recursos, hasta la supresión temporal de las cofinanciaciones nacionales a través del FSE y otros fondos europeos.

4.3.4

El CESE ha destacado ya en varias ocasiones la importancia de mantener, y en caso necesario aumentar, la disponibilidad de financiación de carácter nacional y europeo para la educación, formación y empleo de los jóvenes, a pesar de la nueva ponderación de las prioridades presupuestarias a la que ha obligado la crisis económica en todos los Estados miembros. En este sentido, el CESE pide que en la nueva programación financiera a partir de 2014 se garantice una financiación suficiente de iniciativas específicas para los jóvenes.

4.3.5

Algunos países han mejorado con la crisis el acceso a las prestaciones de desempleo de los grupos desfavorecidos, incluidos los jóvenes, mediante determinadas condiciones. Sin embargo, las medidas tenían un límite temporal o conllevaban el riesgo de ser anuladas en el marco de los planes de ahorro previstos. El CESE insta a que se revisen las condiciones de acceso de los jóvenes a las prestaciones de desempleo y se mejoren las perspectivas de quienes buscan trabajo pero que, hasta ahora, no han podido beneficiarse aún de prestaciones. También es recomendable incluir los objetivos correspondientes en los programas nacionales de reforma. Esto contribuiría significativamente a la lucha contra la precaria situación de muchos jóvenes en transición al mercado laboral.

4.3.6

Entre los jóvenes de 15 a 24 años, no solo el desempleo es dos veces más alto que entre los adultos, sino también la proporción de empleos no seguros (en algunos países más del 60 %), el aumento de la formación y las prácticas no reguladas (en particular en los países del sur) y el empleo por debajo del nivel de cualificación. El CESE desaconseja las soluciones inestables y carentes de perspectivas para la integración en el mundo laboral: en lugar de apostar por el empleo precario y los contratos laborales inseguros, deben aplicarse medidas que garanticen que el empleo temporal y los puestos de trabajo mal remunerados y con escasa protección social no se conviertan en la norma para los jóvenes. Con respecto a la iniciativa de la Comisión sobre las prácticas, el CESE está a favor de un marco de calidad europeo, que también debería promoverse entre las empresas, para que estas ofrezcan también a los jóvenes desfavorecidos desde el punto de vista de la formación una situación laboral con contratos vinculantes que favorezca el aprendizaje El sistema dual de aprendizaje de formación general y profesional ha dado resultados positivos en varios países y convendría examinar la posibilidad de transponerlo parcialmente,

4.3.7

El continuo estancamiento en la demanda de trabajadores como consecuencia de la crisis está conduciendo a un aumento del desempleo de larga duración, que, a su vez, acarrea serias dificultades para la integración en el mercado laboral y un aumento de la pobreza, medida en términos de proporción de la población en edad laboral o más joven que vive en hogares que no están en contacto con el mercado de trabajo. El CESE recomienda que los Estados miembros presten especial atención al establecimiento de unos mercados laborales intermedios integradores en el que los recursos públicos se utilicen para generar un número adecuado de empleos adaptados con miras a asegurar que los desempleados de larga duración no pierdan sus hábitos laborales y mejoren sus conocimientos. Así también se impedirá que aumente la pobreza, en el sentido de una pérdida de contacto con el mercado laboral, y se permitirá a los trabajadores integrados una suave transición hacia el mercado laboral abierto una vez se supere la crisis.

4.4   Espíritu empresarial social

4.4.1

Las empresas sociales son elementos esenciales del modelo social europeo. Aportan una importante contribución a la sociedad y ayudan a alcanzar los objetivos de la estrategia UE-2020 mediante la creación de empleo, el desarrollo de soluciones innovadoras para atender las necesidades públicas y contribuir a la cohesión social, la inclusión y la ciudadanía activa.

4.4.2

El Comité considera que fomentar el espíritu empresarial social, en particular dado el clima económico actual desfavorable, significa aprovechar su potencial de crecimiento y su valor añadido social. Para liberar su potencial se requiere un marco político global e integrado que se desarrolle y aplique con la participación de un amplio abanico de partes interesadas de todos los sectores de la sociedad (sociedad civil, sector privado y sector público) correspondientes a todas las esferas (local, regional, nacional y europea).

4.4.3

Los Estados miembros y las instituciones de la UE han de asegurarse de que las empresas sociales participan y son consideradas a efectos de las iniciativas políticas públicas y programas empresariales en igualdad de condiciones que los otros tipos de empresas.

4.4.4

Entre las prioridades para las empresas sociales figura disponer de un mejor acceso al capital y de instrumentos financieros a medida. La Comisión debería recabar y difundir información sobre las buenas prácticas y las iniciativas innovadoras existentes en los Estados miembros, entre otros, el capital híbrido y distintas formas de interacción entre capital público y privado; debería, asimismo, asegurarse de que los marcos reglamentarios de la UE en vigor no socavan el desarrollo de nuevos instrumentos.

4.4.5

Es esencial que el próximo periodo de programación de los Fondos Estructurales incluya explícitamente programas para la creación y el desarrollo de empresas sociales.

4.4.6

La Comisión debería lanzar un amplio ejercicio a escala de la UE para comparar los enfoques de la financiación pública más adecuados para las empresas sociales. La Comisión debería fomentar y evaluar la prevalencia de las licitaciones que integran consideraciones sociales y abordar la cuestión de la sobrerregulación en las adquisiciones. Al revisar las normas sobre ayudas de Estado, la Comisión debería considerar la posibilidad de otorgar una exención completa a todos los servicios de interés general o de ampliar los supuestos de exención de notificación a todos los servicios públicos a pequeña escala y algunos servicios sociales para estimular la creación de más empresas sociales.

4.4.7

Dada la diversidad de formas jurídicas y de misiones sociales específicas que les caracterizan, se constatan ventajas fiscales en ciertos Estados miembros, que se deben estudiar y compartir para fomentar el desarrollo de las normas adecuadas.

4.5   Protección de las personas vulnerables

4.5.1

Como ya señaló el Comité en su dictamen relativo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2011, y como también reconoce implícitamente la Comisión, los subsidios sociales deben considerarse como una inversión productiva de la que todos se benefician. Los subsidios de desempleo asociados a políticas de mercado laboral dinámicas permiten estabilizar la economía y promover una adaptación activa al cambio gracias a la mejora de las competencias y a iniciativas eficaces en materia de búsqueda de empleo y de reconversión. Además, convendría seguir observando con circunspección las medidas encaminadas a hacer más estrictos los criterios de elegibilidad. Se corre así el riesgo de agravar aún más la situación de los excluidos, lo que representa un obstáculo importante en términos de (re)inserción profesional. Estas políticas restrictivas pueden tener como efecto perverso desplazamientos hacia otros sectores de protección social como la ayuda social o la incapacidad laboral, lo que no es deseable.

4.5.2

El CESE señala que, en una sociedad en rápido proceso de cambio, los trabajadores necesitan seguridad de ingresos y protección social para desempeñar su actividad de manera óptima y sin temor al día de mañana.

4.5.3

El CESE exhorta a las instituciones europeas a mantener las normas sociales europeas con mayor convicción. La falta de resolución en este sentido se ha traducido, en particular, en un número creciente de trabajadores pobres, el aumento de la desigualdad, el miedo cada vez mayor al futuro y, al mismo tiempo, en una creciente desconfianza de los ciudadanos entre sí, ante las instituciones sociales y los poderes públicos, y no solo dirigida a las autoridades nacionales, sino también a las instituciones europeas, como refleja el aumento del euroescepticismo en varios Estados miembros.

4.5.4

El CESE opina que las medidas de austeridad no deben aumentar el riesgo de pobreza ni agravar las desigualdades que ya se han incrementado en los últimos años. Con todas las medidas encaminadas a salir de la crisis, hay que prestar atención a que no obstaculicen la reactivación de la demanda y el empleo y la atenuación de las desigualdades sociales. Los Estados miembros deben tener cuidado también de que las medidas para superar la crisis económica y el endeudamiento público no pongan en peligro las inversiones públicas en políticas de mercado laboral y en formación general y profesional. El CESE pide que se sopesen las consecuencias sociales de forma eficaz para analizar cómo puede lograrse el objetivo de la UE de sacar al menos a 20 millones de personas de la pobreza y la exclusión social para 2020.

4.5.5

Las medidas de ahorro afectan principalmente a aquellos que dependen de las transferencias sociales del Estado, entre ellos también aquellos con condiciones de trabajo precarias y otros grupos desfavorecidos del mercado laboral. Los más afectados por el desempleo son por lo general los que tienen un acceso más difícil y limitado a las prestaciones. Por ello, es necesario establecer redes de seguridad social adecuadas, efectivas y duraderas, en las que se preste especial atención a los grupos más afectados y desfavorecidos del mercado laboral.

5.   Modernización de la administración pública

5.1.1

En lo que respecta a la modernización de la administración pública, el CESE considera que una buena gobernanza implica una gobernanza multinivel y asociaciones con organizaciones representativas de la sociedad civil en el ámbito de la política regional.

5.1.2

La «gobernanza multinivel» constituye una estructura de relaciones flexible entre la Comisión, los gobiernos y los entes regionales y locales que, más que a un marco jerárquico de competencias entre niveles de gobierno, se adapta a situaciones concretas y a consideraciones temáticas. Una gobernanza adecuada se caracteriza por comportar relaciones abiertas y una aplicación menos estricta del principio de subsidiariedad.

5.1.3

La asociación es un instrumento clave del compromiso colectivo y contribuye a una mayor eficiencia del gasto público y de las políticas públicas. Un instrumento en esta dirección puede consistir en nuevas formas de «cooperación eficaz» para acompañar la estrategia de innovación, con la participación y la ayuda de todas las partes interesadas, públicas y privadas, incluidos los bancos; con normas sencillas, claras y eficaces que permitieran seguir los proyectos a lo largo de toda su duración y establecer plazos, responsabilidades y eventuales sanciones.

5.1.4

El CESE pide a las instituciones de la UE, así como a los Estados miembros y las regiones, que sitúen su principio fundamental de «pensar primero a pequeña escala» en el centro de las decisiones europeas, nacionales y regionales. Recomienda también a los Estados miembros y a las regiones que lo adopten como base de sus políticas en favor de las pymes y de sus políticas económicas e industriales. Por último, estima que la «Small Business Act» (SBA) debería adoptar una forma más vinculante, especialmente para las instituciones de la UE. En este contexto, el CESE está totalmente en contra de la actual propuesta de la Comisión Europea de eximir a las pymes y a las microempresas de cumplir la legislación de la UE.

5.1.5

El CESE considera que la designación de los representantes para las pymes ( SME Envoy ) nacionales debería ayudar a los Estados miembros a aplicar la SBA. El CESE recomienda que también se designen representantes para las pymes en las regiones.

5.1.6

Queda por pasar a la etapa «Actuar primero a pequeña escala» («Act small first»). La SBA no tendrá el éxito esperado sin el desarrollo de una verdadera «gobernanza en colaboración, multiagente y multinivel». Los interlocutores económicos y sociales y todos los agentes públicos y privados representativos participarán en los debates políticos y en el proceso legislativo desde su inicio. El CESE, por consiguiente, pide que las organizaciones representativas de las distintas categorías de PYME participen efectivamente en el proceso legislativo y decisorio a todos los niveles.

5.1.7

El CESE coincide con el Consejo y la Comisión sobre el carácter oportuno del "gobierno a varios niveles" y de una mejor gobernanza en la aplicación de los fondos de la UE y en la puesta en práctica de las políticas de la UE. La cuestión no es "si" sino "cómo". Se trata de ajustar iniciativas de abajo arriba y condiciones marco de arriba abajo.

5.1.8

El Comité acoge con especial satisfacción el propósito de garantizar una mayor participación de los ciudadanos y otras partes interesadas en la elaboración, transposición y aplicación del Derecho comunitario, en particular con el aumento del plazo general de consultas públicas, y en agilizar y hacer más eficaces los procedimientos relativos a las infracciones.

5.1.9

El CESE acoge favorablemente la modernización de la política de contratación pública de la UE para que sea más eficiente en el contexto de un mercado único más operativo, innovador, ecológico y social. El CESE subraya las repercusiones y la importancia que también tienen para la contratación pública los aspectos innovadores, medioambientales y sociales de la Estrategia Europa 2020.

5.1.10

El CESE hace hincapié en que siguen siendo tan válidos como siempre tanto los principios de apertura y transparencia, como la eficiencia, la seguridad jurídica, la relación entre la calidad y el precio, la competencia, el acceso de las pymes y las profesiones liberales al mercado, la proporcionalidad, el aumento de los contratos transfronterizos, la prevención de la discriminación y la corrupción, y la necesidad de profesionalidad.

5.1.11

Deberá reducirse la burocracia innecesaria para obtener mejores resultados para todos. Deberá evitarse una legislación complicada y una sobrerregulación generalizada en los Estados miembros.

5.1.12

El CESE recomienda un análisis de las mejores prácticas y ejemplos de los Estados miembros, seguido de medidas que contribuyan a la apertura de los mercados.

5.1.13

El CESE celebra el interés mostrado por la Comisión para profundizar en los procedimientos políticos, legislativos y administrativos que lleven a una producción y aplicación más racional y adecuada del Derecho comunitario, durante todo el ciclo de su elaboración.

5.1.14

El CESE considera que deberían definirse mejor aspectos como los relativos al modo en que se realizan las evaluaciones de impacto ex ante en todas las instituciones comunitarias con responsabilidades en su ejecución, la naturaleza y composición del órgano encargado de controlar los estudios de impacto, los parámetros utilizados y la forma y los medios para garantizar una mayor transparencia.

5.1.15

El Comité acoge con satisfacción la iniciativa de modernizar las administraciones públicas mediante la creación de «ventanillas únicas», y no puede sino aplaudir el desarrollo de la cooperación administrativa en los asuntos transfronterizos. Esta cooperación debe ampliarse también a ámbitos administrativos en los que está en juego el cumplimiento de las obligaciones.

5.1.16

El CESE acoge satisfactoriamente la intención de la Comisión de mejorar la gobernanza del mercado único mediante una mayor cooperación administrativa, desarrollando el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI).

5.1.17

El sistema de Información del Mercado Interior, en tanto que principal herramienta técnica para la cooperación entre las administraciones nacionales, tiene un potencial adicional como interfaz para los usuarios del mercado único.

5.1.18

El CESE considera que el IMI puede desempeñar un papel decisivo en la transformación de la cooperación administrativa en el mercado interior y su adecuación a las necesidades y expectativas de los ciudadanos y de las empresas, así como de las organizaciones de la sociedad civil y el papel que pueden representar en el futuro para el desarrollo y funcionamiento del sistema.

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(1)  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el ‘Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento: anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis’ COM(2011) 11 final, DO C 132, 3.5.2011, p. 26-38.

(2)  Dictamen del CESE sobre ‧la Comunicación que concluye el primer Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas: Orientación de las políticas nacionales en 2011-2012‧, DO C 43, 15.2.2012, p. 8 – 12.

(3)  El Reino Unido y la República Checa.

(4)  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el ‘Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento: anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis’ COM(2011) 11 final, DO C 132, 3.5.2011, p. 26-38.

(5)  Grecia, Irlanda, Letonia, Portugal y Rumanía.

(6)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: "Fase piloto de la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de Proyectos" COM(2011) 660 final.

(7)  La posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de diciembre de 2011 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) no .../2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1698/2005 en lo que respecta a determinadas disposiciones de gestión financiera aplicables a ciertos Estados miembros que sufren o corren el riesgo de sufrir graves dificultades en lo relativo a su estabilidad financiera - P7_TC1-COD(2011) 209.

(8)  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento: anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis, COM(2011) 11 final, DO C 132 de 3.5.2011 , pp. 26-38.

(9)  Ibídem.

(10)  Ibídem.

(11)  Ibídem.

(12)  Ibídem.

(13)  Véase COM(2011) 730 final.

(14)  Ibídem.

(15)  DO C 218, de 11.9.2009, p. 8, punto 4.8.

(16)  Dictámenes opinions DO C 107 de 6.4.2011, p. 53; DO C 376 de 22.12.2011, p. 92; DO C 318 de 29.10.2011, p. 9; DO C 24 de 28.1.2012, pp. 131; DO C 24 de 28.1.2012, p. 139.

(17)  DO C 48 de 15.2.2011, p. 65.

(18)  DO C 48 de 15.2.2011, p. 81.

(19)  Véase el documento COM(2010) 553 final.

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22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/69

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde sobre la distribución en línea de obras audiovisuales en la Unión Europea: oportunidades y problemas en el avance hacia un mercado único digital»

[COM(2011) 427 final]

2012/C 143/13

Ponente: Jacques LEMERCIER

El 13 de julio de 2011, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el

«Libro Verde sobre la distribución en línea de obras audiovisuales en la Unión Europea: oportunidades y problemas en el avance hacia un mercado único digital»

COM(2011) 427 final.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 1 de febrero de 2012.

En su 478o Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 22 de febrero de 2012), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 226 votos a favor y 10 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   El Comité desea llamar la atención sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que pide que se respete un equilibrio entre varios derechos fundamentales en el caso de los derechos de autor en caso de intercambio de ficheros en internet (1). Los derechos de autor no son absolutos y su respeto no puede imponerse mediante un filtrado generalizado de internet realizado por los servicios de acceso (ISP – véase la sentencia Scarlet/Sabam). El gravamen para soportes de almacenamiento de datos digitales utilizado en varios Estados miembros no puede aplicarse a los soportes utilizados para un uso distinto del de las copias audiovisuales digitales, tales como los discos duros digitales utilizados para la gestión de empresas (asunto Padawan). Algunas legislaciones nacionales excesivas deberían revisarse para evitar que sirvan de obstáculo al desarrollo de la distribución en línea de obras audiovisuales y para tener en cuenta la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

1.2   Otro modo de hacer crecer el mercado de esas obras consistiría en instaurar modelos comerciales atractivos a precios asequibles, cuando tales ofertas puedan efectuarse a costes muy inferiores que la distribución de CD y de DVD de contenidos audiovisuales digitales. Este ahorro considerable de los costes de distribución beneficiaría a los consumidores y garantizaría al mismo tiempo una renta suficiente a los creadores a fin de permitirles continuar su trabajo de creación artística y literaria. Los derechos de autor, por tanto, deberían configurarse de un modo que satisfaga el interés general y las exigencias de interés público, como, por ejemplo, una obligación de accesibilidad para las personas con discapacidad que no penalice los costes de acceso. Se impone asimismo una reflexión sobre las posibilidades de extender las excepciones y limitaciones para favorecer el acceso de los ciudadanos muy desfavorecidos a las bibliotecas y centros culturales públicos, tal como propuso el Comité en su dictamen de 2010. (2)

1.3   Internet se ha convertido en un soporte universal de la oferta en línea; deberían establecerse exigencias técnicas y jurídicas por medio de normas jurídicas vinculantes para garantizar el respeto de la vida privada por los distribuidores de contenidos y garantizar la neutralidad de la red, que no debe ser objeto de un filtrado generalizado (3) y sin mandato expreso y nominal de un juez si existen elementos suficientes de pruebas de que se han realizado copias ilícitas, a partir de una denuncia nominal del titular de los derechos de autor o de derechos afines.

1.4   En este mismo sentido, el Comité considera que ni las instituciones encargadas de la gestión de obras audiovisuales ni las bibliotecas deberían verse obstaculizadas por los refuerzos excesivos de las legislaciones que protegen los derechos de autor. Su papel consiste, efectivamente, en conservar y divulgar las obras con fines culturales de popularización y de protección a largo plazo de los artistas y creadores, y en permitir el acceso de un público más amplio formado, en particular, por alumnos de colegios, institutos y universidades, a dichas obras artísticas con fines de interés general, tales como por ejemplo el éxito de la Estrategia Europa 2020, la Agenda Digital y la estrategia cultural (4). El proyecto de directiva sobre obras huérfanas, apoyado por le Comité (5), debería participar también plenamente del éxito de las estrategias europeas y nacionales de promoción de la cultura.

1.5   El mercado transfronterizo de la distribución de obras en línea no plantea grandes problemas de acceso para los tres principales distribuidores transnacionales que controlan las tres cuartas partes del mercado y que disponen de todos los medios financieros y tecnológicos necesarios para ofrecer sus catálogos al público europeo y mundial.

1.5.1

El Comité pide de manera más específica a la Comisión que haga propuestas concretas para la multitud de PME-PMI que constituyen la verdadera riqueza cultural y artística de Europa en la diversidad de sus lenguas y de sus creaciones literarias y cinematográficas, con el fin de permitir que participen de manera activa en el mercado único de la distribución de contenidos audiovisuales en línea.

1.6   El Comité llama la atención sobre algunas propuestas que el estudio KEA-Cema de octubre de 2010, como por ejemplo, la mutualización de los catálogos y las ventanillas únicas para la distribución de contenidos al público europeo. (6) Asimismo, el análisis de la evolución del mercado es pormenorizado y pertinente. Las estrategias de difusión y los nuevos modelos de negocio están concebidos para favorecer la distribución legal de obras incrementando al máximo los ingresos para cada ventana de difusión y valorizar del mejor modo posible las obras. El recurso a las redes sociales, al buzz marketing, caracteriza la promoción de ofertas que se suman a los medios publicitarios clásicos.

1.7   El Comité considera que la creación de un Código europeo de los derechos de autor, global y unitario, tal como lo propone la Comisión, en forma de directiva, puede contribuir al necesario refuerzo de armonización de las legislaciones de los Estados miembros. Reemplazaría las múltiples directivas existentes en la UE en materia de derechos de autor y sería objeto de informes regulares sobre su efectiva aplicación por parte de los Estados miembros. La estrategia Europa 2020 (7) quedaría así integrada en este Código europeo de los derechos de autor.

1.7.1

Un código de estas características serviría para relativizar la cuestión del país de origen en lo que se refiere a la legislación aplicable con vistas a una verdadera armonización. En caso de financiación pública de una obra cinematográfica por parte de un Estado miembro, ese Estado debería considerarse en general como país de origen a efectos de determinar la legislación aplicable. La eventualidad de un «origen europeo» para elegir la legislación aplicable debería asimismo ser contemplada por la Comisión (8).

1.7.2

Debería preverse la posibilidad de evitar cláusulas abusivas en los contratos de cesión de derechos a los productores/distribuidores por parte del autor (o autores) efectivo(s) de la obra. En efecto, con demasiada frecuencia, el autor cede esos derechos a los productores para todas les tecnologías existentes y futuras sin cláusula de participación en los ingresos futuros generados por la utilización de nuevos soportes y medios de difusión (Blue-Ray, IPTV (9) etc.).

1.7.3

Los contenidos no deben considerarse mercancías. Conviene tenerlo presente en la reflexión sobre la distribución en línea, que constituye un servicio cultural que distribuye sentido (meaning).

1.7.4

El Comité subraya de nuevo la necesidad de permitir el acceso a conexiones de banda ancha para que los usuarios de internet se beneficien de una recepción de calidad y suficientemente rápida de las obras audiovisuales por cable TV, IPTV y VOD (10).

1.8   Las posibilidades de crear sistemas de gestión de datos relativos a la titularidad de derechos sobre obras audiovisuales (11) deberán examinarse situando en el centro de la reflexión de los servicios competentes de la Comisión las peculiaridades y necesidades de las pymes y PMI del sector. Lo mismo puede decirse de los problemas relacionados con la creación de licencias multiterritoriales que representan un título único en el mercado europeo. Debería estimularse y ayudarse a los pequeños productores europeos (12) a que europeícen sus catálogos en un sistema de identificación de obras que incluya un apartado (voluntario) de informaciones sobre los titulares de los derechos de autor y derechos afines materializados en un título multiterritorial.

1.9   El sistema de adquisición de derechos debería garantizar una distribución transparente y equitativa del porcentaje de los ingresos destinado a los titulares de los derechos. (13) La gestión por parte de sociedades de gestión deberá imperativamente ser objeto de controles anuales independientes y accesibles a los autores y al público a fin de controlar democráticamente sus actividades y sus contribuciones al desarrollo cultural. (14)

1.10   El Comité considera que la Comisión, sobre la base de las respuestas recibidas de las partes que contribuyeron al Libro Verde, debería pensar en elaborar ya en el segundo semestre de 2012 – tras una conferencia de las partes interesadas que se celebre en el primer semestre de 2012 en la que participen instituciones públicas (15), el Comité en calidad consultiva, sindicatos y asociaciones europeas de consumidores, autores y distribuidores – un Libro Blanco con propuestas más concretas sobre el curso que debería seguirse para instaurar un mercado único europeo de las obras audiovisuales a pesar de las barreras lingüísticas. El Comité es consciente de las dificultades jurídicas y técnicas que habrá que afrontar para hacer avanzar este importante asunto, pero no considera que sean insuperables.

2.   Síntesis de la Comunicación de la Comisión

2.1   Directamente en línea con la Estrategia Europa 2020, el texto de la Comisión es una continuación de la Comunicación de la Comisión «Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual», también denominada estrategia en materia de DPI (16).

2.2   El sector cultural es un sector importante, que emplea a seis millones de trabajadores en la UE y que factura 500 000 millones de euros anuales, es decir, el 3 % del PIB europeo. Impulsada por los avances tecnológicos, la difusión de las obras audiovisuales sufre en la actualidad una profunda revolución. Las tecnologías digitales, el internet de banda ancha de alta y muy alta velocidad, la informática en nube, la posibilidad de recepción de obras audiovisuales en los ordenadores personales y los teléfonos móviles modifican profundamente las redes tradicionales de distribución.

2.3   El Libro Verde sugiere varias pistas, pero garantiza la promoción de un modelo único de gestión de los derechos de autor basado en licencias transnacionales y paneuropeas.

2.4   La Comisión considera que la adquisición de derechos de transmisión en línea de obras audiovisuales (películas, …) fuera del territorio de emisión primaria debe simplificarse. Lo mismo puede decirse de la difusión de programas a la carta que exigen la obtención de derechos diferentes de los adquiridos para la difusión primaria.

2.5   El Libro Verde señala que, para la transmisión simultánea de una emisión, se necesita adquirir por separado los derechos de autor.

2.6   Para la retransmisión simultánea a partir de otros Estados miembros, la «Directiva sobre el cable y el satélite» (17) impone una gestión de los derechos por una entidad de gestión colectiva. Estos derechos se añaden a los otorgados en directo por los organismos de radiodifusión.

2.7   En lo que respecta a la retransmisión por cable, la Comisión señala que les organismos que representan a los titulares de derechos no siempre se hallan jurídicamente habilitados para otorgar licencias para esos derechos.

2.8   Por último, desde hace algunos años, los operadores de DSL (línea de abonado digital), IPTV (televisión por Internet) y TDT (televisión digital terrestre), así como las nuevas plataformas numéricas, explotan los servicios de retransmisión de emisiones, lo que hace aun más difícil respetar las legislaciones vigentes.

2.9   Desde un punto de vista económico, la producción de la UE rondaba las 1 200 películas en 2009 y generaba apenas el 25 % de los ingresos en la UE, contra el 68 % de ingresos que generan los filmes norteamericanos. Sin embargo, la producción europea solo representaba un 7 % en el mercado norteamericano. En la UE, a fin de garantizar la promoción de un filme, productores y distribuidores escalonan en el tiempo la exhibición de sus filmes. El estreno de un filme se realiza en general en una sala de cine, luego se publica en soporte de vídeo, después se distribuye en vídeo a la carta, luego el filme se emite en las cadenas de pago y, por último, en las cadenas gratuitas. El desarrollo de servicios de vídeo a la carta que se ofrecen fuera del país de origen multiplica el número de socios y, por tanto, el número de contratos.

Para reducir el número de estos procedimientos, la Comisión propone una gestión colectiva de las obras y la creación de una ventanilla única para la concesión de licencias colectivas.

2.10   La otra parte del Libro Verde se refiere a la remuneración de los autores:

Las remuneraciones son gestionadas en la mayor parte de los países de la UE por los productores, a quienes los autores han transferido sus derechos económicos a cambio de una suma a tanto alzado o del pago total por su contribución a la obra audiovisual. Por tanto, en esos países los autores no reciben sistemáticamente una remuneración suplementaria cuando su obra se difunde en línea. En algunos Estados son las entidades de gestión colectiva que representan a los autores las que perciben una remuneración por la utilización. En otros países se considera que el distribuidor final es el responsable de los pagos por estas prestaciones.

2.11   Con respecto a la remuneración de los artistas intérpretes:

Hoy en día se realiza esencialmente por medio de un contrato, a cambio de una suma a tanto alzado, como sucede en el caso de los autores. La Comisión propone que se establezca un sistema de remuneración más equitativo y que este derecho sea administrado por entidades de gestión colectiva. No obstante, el Libro Verde indica que estos nuevos derechos generarían incertidumbre económica, y por tanto inseguridad jurídica para los productores, y dificultarían la difusión en línea de estas obras.

3.   Observaciones generales

3.1   Con el Libro Verde, la Comisión se propone crear un mercado único europeo mediante la convergencia de las normas nacionales.

El sector en cuestión afecta a la cultura y a sus canales de difusión digital. Es un ámbito muy especial y sensible, dado que sirve de vehículo para difundir la historia de un país, su lengua, sus tradiciones, y sus aspiraciones. No es posible abordarlo como un sector económico clásico: ni siquiera como un sector de interés económico general tradicional. El planteamiento de la Comisión a lo largo del Libro Verde puede parecer excesivamente volcado hacia el consumidor. Sin embargo, su análisis de los diferentes mecanismos es profundo y casi exhaustivo.

3.2   El texto, muy denso, aborda una serie de temas muy variados, pero el objetivo principal que persigue la Comisión es el de crear un mercado único en el sector.

3.3   Con respecto a la situación de la difusión audiovisual y de los derechos de ella derivados, la Comisión se basa en varios hechos comprobados:

El primero es que el sistema actual no funciona, que es complejo y costoso para el consumidor final. El segundo es que reagrupar las producciones nacionales puede permitir incrementar la viabilidad comercial del sector en su conjunto. El vídeo a la carta independiente de los grandes proveedores de acceso o de iTunes encuentra dificultades para la obtención de derechos exclusivos territoriales o europeos sobre las obras, cuyos derechos suelen estar concentrados en los productores, que buscan elevar al máximo sus ingresos por otros medios (ventas de DVD, en particular).

3.4   Hacia una gestión centralizada de las licencias (reagrupar los medios y las fuentes de información para desarrollar el sector):

El Libro Verde propone por tanto la comercialización en línea de los derechos sobre los servicios sobre varios territorios y sostiene la puesta en práctica de un modelo único de autorizaciones que permita la concesión de licencias multiterritoriales.

El CESE considera que para una región lingüística dada, esto podría ser una solución.

3.5   La multiplicidad de canales de difusión, la multiplicidad de receptores interactivos y la movilidad de los clientes ejercen una fuerte presión sobre los modelos económicos de las redes de distribución.

3.6   Hoy en día, la concesión de autorizaciones y licencias es esencialmente nacional y se basa en la negociación de contratos entre el productor de la obra y su difusor en línea. El Comité Económico y Social Europeo no considera que el sistema propuesto por la Comisión presente ventajas innegables, especialmente, en lo que respecta a la rapidez y la simplicidad del acceso a los datos proporcionados por los productores. Puede servir de trampolín para difundir obras nacionales que no hubieran salido del ámbito local.

3.7   No obstante, cabe señalar que la aplicación, hace quince años, de la directiva relativa a las difusiones vía satélite no ha generado servicios paneuropeos de difusión vía satélite.

3.8   Con respecto a la creación de un registro europeo de obras que pueden presentar riesgos difíciles de evaluar.

El CESE estima que esa base de datos debería ser puramente informativa.

En particular, el hecho de estar incluido en el repertorio o no debería condicionar el acceso a la protección de los derechos de autor.

3.9   Esta estructura europea tendría la ventaja de aunar las fuerzas europeas de producción y de difusión para hacer frente a las grandes productoras de Hollywood que en Europa actúan de manera organizada.

Por otra parte, resulta interesante señalar que son los grandes estudios norteamericanos (Warner Bros, Disney,etc.) los que trabajan en la elaboración de un sistema internacional de números de identificación de obras audiovisuales (Entertainment Identifier Registry).

3.10   De manera análoga, desde 2004 los productores franceses desarrollan por su parte el ISAN (International Standard Audiovisual Number). Las cifras sobre producción de películas europeas y norteamericanas arriba mencionadas son inquietantes Recordemos que con el sistema actual, la producción norteamericana representa el 75 % de las entradas en sala de los cines de Europa. Por consiguiente, la gobernanza de una entidad de tales características es fundamental.

3.11   No olvidemos que son los productores los que, en el transcurso de su negociación comercial con los distribuidores, fijan de manera contractual y a tanto alzado, el importe de los derechos que han de percibir los autores y titulares de derechos, y garantizan su pago. El problema de la remuneración de los titulares de derechos puede resolverse en parte mediante una gestión centralizada. Sin embargo, la idea –atractiva en sí– de establecer un proceso de remuneración en función de la audiencia medida a lo largo de varios años parece difícil.

3.12   Existe un verdadero conflicto de intereses entre productores, distribuidores de películas y otros colaboradores de la obra cinematográfica. Por una parte, los productores desean un estreno inicial en sala para garantizar la mejor promoción posible de sus obras; por otra, los distribuidores reivindican que la obra se ponga a disposición cuanto antes para difundirla en soporte de video, a través de las cadenas de pago y el video a la carta.

3.13   El CESE considera necesario entablar una negociación con objeto de modular estos plazos, dado el creciente poder de la IPTV, del ADSL y de las plataformas digitales. Con respecto a obras antiguas que no son objeto ya de una exclusiva, la puesta en marcha de un sistema de identificación y de repertoriado de obras asociado a una base de datos de los titulares es muy interesante.

3.14   La Comisión apuesta por tanto por la gestión colectiva de las obras (banco de datos) para estimular el sector. ¿Tendrá la UE capacidad para contrarrestar el poder de las multinacionales norteamericanas? Los riesgos que provocaría un abandono repentino de los sistemas nacionales actuales son reales.

3.15   El CESE considera que, antes de abandonar o debilitar los actuales sistemas nacionales, deben realizarse evaluaciones serias. Como se ha indicado, los grupos de presión que defienden los intereses de las empresas norteamericanas son eficaces y, naturalmente, presionan en favor de una liberalización de este sector, sumamente lucrativo.

3.16   La Comisión, por medio de este proyecto, desea desarrollar la circulación de las obras de la UE y regularla. Las señales técnicas y reglamentarias que emanan de la Comisión son, pues, importantes, puesto que pueden acelerar un proceso de liberalización ya iniciado por otros.

3.17   El CESE apoya sin reservas toda iniciativa de la Comisión destinada a facilitar el acceso de los ciudadanos a las obras en línea. Este acceso debería ser posible en todo el territorio de la UE y a precios asequibles. Permitiría una mejor difusión de la cultura de los Estados miembros y facilitaría la educación de los jóvenes europeos. Por otra parte, el Comité considera que determinadas formas de versioning pueden atentar contra los objetivos culturales de la distribución en línea, como la introducción de publicidad comercial en obras originalmente concebidas sin cortes publicitarios, incluso en el caso de que estas versiones de menor calidad puedan permitir distribuir gratuitamente, o a muy bajo coste, obras así mutiladas. Esta consideración podría figurar en un Código de calidad voluntario para los distribuidores en línea por internet, por cable o por transmisiones hertzianas, que se comprometerían al máximo respeto de las obras originales.

3.18   El dictamen del CESE sobre la Comunicación de la Comisión «Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual» (18) nos recuerda la diversidad de modelos nacionales y los enfoques contradictorios existentes en la gestión de los derechos de autor en el ámbito cultural. Por ello el CESE, consciente de que la reflexión no se puede dar por concluida, estima que el primer paso debería consistir en definir los principios de un código europeo. En una primera etapa ese código –basado en el respeto de las especificidades culturales de cada país– debería limitarse a establecer principios simples e ineludibles que cada país debería respetar al otorgar las licencias.

3.19   El CESE no considera deseable extender el derecho del «país de origen», dado que la elección del país de establecimiento de la sociedad proveedora del servicio puede eludir este principio, que es, por otra parte, correcto. La Comisión ha lanzado paralelamente acciones y consultas para que los operadores de transmisión de datos inviertan en nuevas redes capaces de efectuar la transmisión con una buena calidad y a precios asequibles.

3.20   En el Libro Verde objeto de este dictamen la Comisión señala que la gestión colectiva de los derechos estimulará el crecimiento de las redes digitales. No obstante, será preciso además garantizar la capacidad financiera de los operadores de redes para modernizar e incrementar su capacidad de difusión. Por ello, el dictamen del CESE titulado «La Internet abierta y la neutralidad de la red en Europa» (19) sirve de fundamento serio para algunas de las cuestiones suscitadas en el Libro Verde.

3.21   Para la retransmisión simultánea desde otros Estados miembros, la «Directiva sobre el cable y el satélite» requiere una gestión de los derechos por parte de una entidad de gestión colectiva. Estos derechos se añaden a los otorgados en directo por los organismos de radiodifusión. Este doble procedimiento, que puede parecer gravoso, es necesario para evitar cortes durante los programas (utilización de soportes ya ocupados por otras emisiones).

3.22   La Comisión considera que la financiación nacional es vital para el desarrollo del sector audiovisual y apoya el programa MEDIA, creado para impulsar la difusión de obras en varios territorios. El CESE está de acuerdo con esta afirmación, pero señala la escasez de estos fondos (financiación) y la agrupación masiva de proveedores de fondos para financiar un filme.

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(1)  Asuntos recientes: Padawan y SABAM.

(2)  DO C 228, 22.09.2009, p. 52.

(3)  Caso Scarlet/Sabam.

(4)  COM(2007) 242 final

(5)  DO C 376, 22.12.2011, p. 66.

(6)  Multi-Territory Licensing of Audiovisual Works in the European Union, estudio independiente para la DG Sociedad y Medios de Comunicación de la de la Comisión Europea, octubre. 2010. Véase asimismo la Comunicación sobre «los contenidos creativos en línea en el mercado único», COM(2007) 836 final.

(7)  DO C 68, 6.03.12, p. 28.

(8)  28o régimen, propuesto ya por el Comité en materia de derecho europeo de contratos. DO C 21, 21.01.11, p. 26.

(9)  Televisión por internet.

(10)  Vídeo a la carta.

(11)  Obras de los productores sobre un sistema internacional de identificación de las obras (ISAN, Número de la Norma Internacional Audiovisual). No obstante, el ISAN carece de informaciones sobre la titularidad de los derechos y es de participación voluntaria. Algunos grandes estudios norteamericanos trabajan con un sistema similar (EIDR, Entertainment Identifier Registry) eidr.org/how-eidr-works/. Este sistema de identificación contiene un número de código, proporciona API a los empresarios, pero no incluye ninguna mención de propiedad de derechos sobre las obras.

(12)  Por ejemplo, en virtud del programa MEDIA, previsto hasta 2013, pero que podría luego ser sustituido por un nuevo programa de ayudas.

(13)  DO C 68, 6.03.12, p. 28.

(14)  Ídem.

(15)  Centros nacionales de financiación cinematográfica, bibliotecas y centros culturales.

(16)  COM(2011) 287 final.

(17)  Directiva 93/83/CEE (DO L 248 de 6.10.1993, p. 15)..

(18)  DO C 68, 6.03.12, p. 28.

(19)  DO C 24 du 28.1.2012, p. 139.

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22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/74

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (EMIR) relativo a los derivados OTC, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones»

[COM(2011) 652 final — 2011/0296 (COD)]

2012/C 143/14

Ponente general: Edgardo Maria IOZIA

El 25 de noviembre y el 15 de noviembre de 2011, respectivamente, de conformidad con el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento [EMIR] relativo a los derivados OTC, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones»

COM(2011) 652 final – 2011/0296 (COD).

El 25 de octubre de 2011, la Mesa del Comité Económico y Social Europeo encargó a la Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo la elaboración de los trabajos en la materia.

Dada la urgencia de los trabajos, el Comité Económico y Social Europeo, en su 478o Pleno celebrado los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 22 de febrero), ha nombrado al Sr. IOZIA ponente general y ha aprobado por 99 votos a favor y 5 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   El CESE valora positivamente la propuesta de Reglamento de la Comisión y expresa su deseo de que éste se apruebe a la mayor brevedad posible, a fin de hacerla más eficaz para proteger a los ahorradores y de que se adoptaran los mismos principios contenidos en ella para todos los instrumentos financieros (1).

1.2   El CESE considera que con la propuesta de Reglamento se cumplen los objetivos siguientes:

—	reforzar la transparencia de las operaciones y la información transmitida a la autoridad competente sobre los datos relativos a las operaciones;

—	hacer obligatoria la negociación de los derivados en centros organizados;

—	favorecer la eliminación de las barreras que obstaculizan un acceso no discriminatorio a los mecanismos de compensación;

—	aumentar la supervisión de los instrumentos financieros y de las posiciones en derivados;

—	controlar la prestación de servicios financieros por empresas de terceros países sin sucursal en la UE;

—	controlar y reducir el impacto de los métodos de negociación automática y algorítmica.

1.3   El Reglamento objeto de examen introduce una mayor transparencia en el mercado e introduce algunas medidas que reducen su fragmentación. Garantizar una aplicación uniforme de la normativa evita el riesgo –muy elevado en los mercados financieros– de arbitraje regulatorio y, por consiguiente, los usuarios finales se beneficiarán (al menos en teoría) de la reducción esperada de los costes de las operaciones.

1.4   En las propuestas legislativas que presenta la Comisión debería destacar claramente cuáles son las ventajas de la normativa para las diversas partes interesadas: usuarios privados de servicios financieros, pequeñas y medianas empresas, operadores y administraciones públicas.

1.5   Un elemento de carácter general en el que la Comisión debería hacer mayor hincapié es un programa de educación financiera. En un reciente dictamen de iniciativa, el CESE volvió a plantear este argumento (2).

1.6   Aunque los costes que se derivarán del nuevo Reglamento no parecen demasiado importantes, el CESE manifiesta su perplejidad por el posible efecto que puedan tener sobre los costes macroeconómicos que afectan al sistema financiero y que no parecen haber sido tenidos debidamente en cuenta en la evaluación de impacto. En relación con este punto, hace ya mucho tiempo y en reiteradas ocasiones, el CESE había pedido que se llevara a cabo «un profundo análisis de los efectos acumulativos de todas las iniciativas reguladoras que habrá que emprender para adoptar las medidas necesarias sobre el sistema financiero y el mercado de capital. Un sistema estable y eficiente fomentaría la estabilidad financiera y la liquidez de la economía real» (3). El CESE se congratula de que la Comisión haya decidido llevar a cabo este estudio, indispensable para intentar comprender el impacto global de todas las medidas regulatorias, y expresa su deseo de que se publique lo antes posible.

1.7   El CESE observa la existencia de un problema de compatibilidad del artículo 40 del Reglamento (actos delegados) con el artículo 290 del TFUE. La cantidad, el contenido y los términos de los actos delegados no son coherentes con las disposiciones del Tratado y colocan fuera del proceso legislativo habitual demasiadas cuestiones fundamentales de la estructura del Reglamento. El CESE recomienda una profunda reflexión para ajustar plenamente la norma del TFUE y el artículo 40.

2.   La propuesta de Reglamento

2.1   Los mercados financieros han evolucionado considerablemente en los últimos años. Han aparecido nuevos productos y centros de negociación y el panorama se ha visto alterado con cambios tecnológicos como las transacciones de alta frecuencia.

2.2   La finalidad de esas propuestas es lograr unos mercados financieros más eficientes, resistentes y transparentes, así como reforzar la protección de los inversores. El nuevo marco normativo dota asimismo a los reguladores de una mayor capacidad de supervisión y aporta unas normas de funcionamiento claras para todas las actividades de negociación.

2.3   Elementos clave de la propuesta

2.3.1

Estructuras de mercado más sólidas y eficientes: aunque la MiFID ya abarca los sistemas de negociación multilateral y los mercados regulados, la actual revisión incorporará a su marco regulador un nuevo tipo de centro de negociación: los sistemas organizados de negociación (SON). Se trata de plataformas que, si bien no están reguladas en la actualidad, desempeñan una función cada vez más importante. Por ejemplo, en estas plataformas se negocian cada vez más los contratos normalizados de productos derivados. La nueva propuesta pretende colmar esta laguna. Aunque la MiFID revisada seguirá dando cabida a diferentes modelos de negociación, garantizará que todos los centros de negociación apliquen las mismas reglas en materia de transparencia y que se suavicen los conflictos de intereses.

2.3.2

Integración de las innovaciones tecnológicas: además, la MiFID actualizada introduce nuevas salvaguardias para las actividades de negociación algorítmica y de alta frecuencia, que han dado lugar a un aumento considerable de la velocidad de transmisión de las órdenes y que plantean posibles riesgos sistémicos.

2.3.3

En particular, estas salvaguardias exigen que todos los operadores que realizan actividades de negociación algorítmica estén debidamente regulados y aporten suficiente liquidez, y establecen normas para evitar que aumente la volatilidad debido a sus entradas y salidas de los mercados. Por último, las propuestas mejorarán las condiciones que impiden acceder a algunos servicios fundamentales de post-negociación, como la compensación, que, de lo contrario, pueden falsear la competencia entre los centros de negociación.

2.4   Mayor transparencia: gracias a la incorporación de la categoría de los sistemas organizados de negociación mejorará la transparencia de las actividades de negociación en los mercados de capitales, incluidas las plataformas de negociación anónima o «dark pools» (volúmenes negociados o liquidez que no están disponibles en las plataformas públicas). Solo se autorizarán excepciones en determinadas circunstancias previstas por la normativa. Las propuestas implantarán también un nuevo régimen de transparencia en los mercados no participativos (obligaciones, productos de financiación estructurada y derivados). Además, gracias a los nuevos requisitos impuestos según los cuales todos los datos de los mercados deben reunirse en un solo lugar, los inversores podrán tener una visión completa de todas las actividades de negociación en la UE, lo que sin duda les ayudará a tomar decisiones con mayor conocimiento de causa.

2.5   Mayores competencias de supervisión y un marco más estricto para los mercados de derivados sobre materias primas: las propuestas reforzarán la función y las competencias de los reguladores. En coordinación con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), en determinadas circunstancias, los supervisores podrán prohibir productos, servicios o prácticas específicos que puedan suponer una amenaza para la protección de los inversores, la estabilidad financiera o el correcto funcionamiento de los mercados.

2.6   Mayor protección de los inversores: apoyándose en un conjunto amplio de normas vigentes, la MiFID revisada impone requisitos más estrictos para la gestión de carteras, el asesoramiento en materia de inversión y la oferta de productos financieros complejos, como los productos estructurados. Con el fin de evitar posibles conflictos de intereses, se prohibirá a los asesores y gestores de carteras independientes efectuar pagos o hacer entrega de otros beneficios monetarios a terceros o recibirlos de ellos. Por último, se establecen normas sobre gobierno corporativo y responsabilidad de los gestores para todas las sociedades de inversión.

3.   Observaciones y reflexiones

3.1   Según los datos facilitados por el Banco de Pagos Internacionales, el valor nocional de los derivados en circulación pasó de 601 046 millardos de dólares en diciembre de 2010 a 707 569 millardos en junio de 2011 (Informe trimestral del BPI, diciembre de 2011).

3.2   La nueva propuesta pretende aumentar el nivel de eficiencia, integridad y transparencia de los mercados, sobre todo de los menos regulados, y, por consiguiente, reforzar la protección de los inversores.

3.3   Los volúmenes de las transacciones mundiales han aumentado vertiginosamente en los últimos veinte años, inyectando en los mercados financieros una enorme liquidez. Este crecimiento sin precedentes –impulsado sobre todo por la especulación a corto– no se vio acompañado ni apuntalado por el correspondiente crecimiento de la economía real, del mercado de trabajo y de los salarios. El CESE considera que la propuesta de Reglamento es necesaria y apropiada para contribuir a paliar estos efectos sobre los mercados.

3.4   La función original de los mercados financieros consiste en respaldar el crecimiento económico gracias a la reducción de las asimetrías informativas para permitir, de este modo, una asignación eficaz de los recursos. Como ya se ha señalado, la crisis ha puesto de manifiesto los errores en el mecanismo de funcionamiento de los mercados, donde los operadores han actuado en respuesta a lógicas que no son las de la economía de la información y utilizando los mercados financieros con fines meramente especulativos a corto y a muy corto plazo.

3.5   Por lo tanto, nuestros mercados se han visto inundados de liquidez en un plazo de tiempo muy breve y han carecido (y siguen careciendo todavía) de incentivos para favorecer la industria real en lugar de la financiera. Este comportamiento contribuye a escindir aun más el binomio natural entre la industria y los mercados financieros, que elaboran instrumentos cada vez más opacos, abstractos y complejos.

3.6   La especulación forma parte de la lógica del mercado y es intrínseca al propio mercado, ya que garantiza la liquidez y pone en evidencia las anomalías, pero la especulación a muy corto plazo, en cambio, resulta económica y socialmente inútil y contribuye de manera decisiva al desarrollo de burbujas financieras. Existe una urgente necesidad de invertir la tendencia actual centrando la atención de los inversores en el crecimiento real.

3.7   En este contexto, la propuesta de Reglamento presenta sin duda medidas válidas y ofrece instrumentos destinados a afrontar las debilidades y los desequilibrios de nuestro sistema.

3.8   La nueva reglamentación de los sistemas organizados de intercambio prevé la definición de normas de funcionamiento más explícitas para todas las actividades de negociación. Se imponen criterios rigurosos para los servicios de gestión de carteras, el servicio de asesoramiento para las inversiones en títulos y la oferta de productos financieros. Por consiguiente, las nuevas disposiciones legislativas, al establecer normas sobre responsabilidad de los gestores y la revisión del gobierno corporativo, obligarán a los intermediarios a revisar en profundidad su estructura corporativa. El CESE estima que las obligaciones impuestas por la nueva reglamentación, pese a ser onerosas, son oportunas y coherentes con los objetivos del Reglamento.

3.9   La propuesta de Reglamento introduce los sistemas organizados de negociación denominados SON (organized trading facilities, OTF). El CESE se declara favorable a esta disposición puesto que permite la integración de los diferentes sistemas de negociación utilizados por las distintas contrapartes. Este sistema será beneficioso para el mercado en su conjunto ya que pondrá de manifiesto las posibilidades de utilizar diferentes instrumentos en competencia entre sí, que, no obstante, deberán ajustarse al principio de la «ejecución óptima».

3.10   La reglamentación interviene, además, en el ámbito de las facultades otorgadas a las autoridades competentes, atribuyéndoles facultades especiales en relación con la venta de productos y servicios que puedan lesionar gravemente los intereses de los inversores y la estabilidad del mercado.

3.11   Por otra parte, el principio de transparencia no se aplica solo a los mercados, sino también a las autoridades. Las autoridades competentes podrán de hecho intercambiar información sobre las negociaciones evitando de este modo los posibles y temidos abusos de mercado. En relación con estos aspectos de la propuesta de Reglamento, el CESE señala que valora muy positivamente todo cuanto sea intervenciones de gran alcance destinadas a reforzar la protección de los inversores.

3.12   Según influyentes operadores del mercado, la nueva reglamentación tiene una importancia fundamental y modificará la estructura de los mercados financieros europeos. Por ejemplo, existe un riesgo sistémico intrínseco que se debe tener en cuenta y que se ha puesto de manifiesto en la reciente crisis financiera. La quiebra de un banco puede poner en peligro la ejecución de las obligaciones asumidas con las transacciones de derivados OTC y contagiarse, por consiguiente, a sus contrapartes, a otras entidades. La nueva reglamentación reduce el riesgo de contraparte en el mercado OTC. La propuesta de Reglamento dará lugar a una reducción considerable de las transacciones en mercados no organizados.

3.13   Otra finalidad del nuevo Reglamento que el CESE considera sumamente positiva es la de llevar a cabo una concentración de datos sobre todas las transacciones OTC, y no solo sobre las que sean objeto de una entidad de contrapartida central. Las informaciones se facilitarán a las autoridades de supervisión, que podrán así ejercer un control eficaz del mercado. Esta actividad no se puede desarrollar actualmente por falta de datos. Sobre estos aspectos, sin embargo, el Reglamento prevé una estructura abierta, no definida a priori. Por ejemplo, corresponderá a decisiones posteriores de los operadores financieros o de la AEVM, determinar las categorías de derivados que se dirigirán hacia una entidad de contrapartida central. Por esa razón, sin embargo, todavía no se pueden cuantificar concretamente las transacciones actuales que tomarán esa dirección.

3.14   Otro aspecto relevante se refiere al hecho de que en el futuro Reglamento europeo no se da ninguna indicación sobre la estructura de mercado de las futuras entidades de contrapartida central. Por lo tanto, es posible que se refuercen las actuales estructuras existentes en cada país como, por ejemplo, la Cassa di Compensazione e Garanzia della Borsa Italiana (Caja de Compensación y Garantía de la Bolsa Italiana), o que se asista a la creación de algunos grandes organismos a escala continental. Se trata solo de hipótesis, porque el Reglamento no lo aclara. No obstante, al margen de la estructura específica que se elija, conviene reiterar la importancia fundamental que tendrán el modo en que se regule la actividad de gestión de riesgos y la eficacia de los mecanismos de supervisión para evitar quiebras ulteriores de efectos desastrosos.

3.15   Además, el proceso de normalización de los intercambios tendente a someterlos a contrapartes centrales debería reducir los costes. No cabe duda de que el proceso de concentración podría tener este efecto, pero no hay ninguna certidumbre al respecto. Seguramente, si se aplica bien, la nueva reglamentación tendrá como consecuencia permitir que se calculen mejor los riesgos que en el pasado reciente subestimaron los intermediarios de crédito en su busca de mayores volúmenes de transacción y beneficios a corto plazo.

4.   Algunos puntos débiles

4.1   Una de las principales preocupaciones se refiere a los costes de ejecución del Reglamento que nos ocupa, que parecen infravalorados y llegan en un momento en el que las entidades financieras están ya bajo presión desde un punto de vista normativo, de rentabilidad y de costes. Las instituciones financieras deben ser eficientes y servir de apoyo a la economía, pero también mantener un perfil de rentabilidad adecuado; existe el temor de que estos costes puedan transferirse a los inversores y los clientes. El CESE considera que los usuarios y las empresas, sobre todo las PYME, deben contar con protección ante esta eventualidad.

4.2   Según la Comisión, el desembolso en concepto de costes de conformidad estará comprendido entre 512 y 732 millones de euros, mientras que los costes recurrentes oscilarán entre 312 y 586 millones de euros. Da la impresión de que estos costes están infravalorados; por ejemplo, los costes de funcionamiento relacionados con la creación de infraestructuras tecnológicas para cumplir los requisitos relativos solamente a la recogida de datos son discutibles y, por sí solos, podrían sobrepasar la cifra global. La Comisión ha encargado finalmente un estudio para valorar el impacto global de los costes acumulativos que generará la nueva iniciativa reglamentaria, tal y como el CESE ya había exigido y solicitado hace tiempo; conviene que, para entender cabalmente el efecto del Reglamento en términos de plazos y costes, este estudio se concluya y se haga público lo antes posible.

4.3   Dado que las modificaciones normativas en conjunto siguen aumentando los costes y la complejidad en las entidades financieras, llegará un momento en que estas entidades se planteen algunos interrogantes importantes sobre los ámbitos de su actividad que deberán suspender o transferir a otra jurisdicción.

4.4   Aunque muchos acogerán favorablemente el principio de reducción del riesgo mediante una mayor transparencia, necesitamos comprender mejor cuál será el impacto global de la normativa en la capacidad de Europa para competir en el mercado global de los servicios financieros.

4.5   Por lo que respecta a la mayor transparencia que introducirá la nueva reglamentación, sería oportuno preguntarse quiénes son los beneficiarios directos y reales de las nuevas intervenciones. Es probable que, en efecto, la mayor disponibilidad de información beneficie de hecho a los bancos de inversión o los fondos de inversión de alto riesgo, pero ¿puede decirse lo mismo de los mercados comerciales?

4.6   El CESE se pregunta si la reglamentación excesivamente prescriptiva sobre las dark pools (plataformas de negociación anónima) puede también menoscabar la capacidad de las sociedades de gestión del ahorro para realizar operaciones de forma óptima por cuenta de sus clientes (en último término, los minoristas).

4.7   Uno de los objetivos de la propuesta de Reglamento es unificar, armonizar e integrar los mercados financieros. Con frecuencia los inversores minoristas saben poco de los instrumentos financieros a su disposición en el mercado en el que negocian. Por consiguiente, el CESE, aunque, por un lado, apoya el principio de consolidación de las diferentes plataformas de negociación, recomienda al mismo tiempo a la Comisión que promueva con cierta urgencia programas de educación financiera. El Comité considera de hecho que, sin una adecuada preparación y sensibilización de los inversores, el proceso de armonización que se pretende poner en marcha corre el riesgo de no dar los resultados esperados.

4.8   Por otra parte, entre las implicaciones más importantes del nuevo Reglamento figura la ampliación de las categorías de activos que contempla: además de a las acciones, se pretende aplicar el Reglamento a todos los demás instrumentos financieros al mismo tiempo. El impulso que supondrá el Reglamento objeto de examen para evolucionar hacia unas transacciones competitivas y basadas en la compensación de los derivados cotizados, si se le da continuidad, tendrá implicaciones muy importantes para la estructura del mercado. Algunos mercados de renta fija, ya operativos en varias plataformas electrónicas, son quizá los candidatos más probables para un rápido progreso en este sentido.

4.9   La propuesta de Reglamento introduce en el artículo 40 una larga y exhaustiva lista de actos delegados que la Comisión podría adoptar. El contenido de estos actos es más bien amplio (por citar solo algunos, la especificación de las cotizaciones de compra y venta, el volumen o tipo de órdenes, los detalles que deben indicar los mercados regulados y las empresas de inversión en la información que debe facilitarse al público para cada categoría de instrumento financiero de que se trate, etc.). El CESE señala que existe un problema de compatibilidad del artículo 40 con el artículo 290 del TFUE, modificado e incorporado por el Tratado de Lisboa. De conformidad con lo dispuesto en el Tratado, «un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo». Tras analizar los contenidos de la propuesta de Reglamento que pueden ser objeto de un acto delegado, el CESE estima que se trata de elementos esenciales y no marginales. Por consiguiente, se considera que la lista de actos delegados que figura en el artículo 40 del Reglamento es redundante, excesivamente extensa e incompatible con el TFUE.

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(1)  DO C 54 de 19.2.2011, p. 44, ponente: Iozia.

(2)  DO C 318 de 29.10.2011, p. 24.

(3)  DO C 107, de 6.4.2011, p. 21, ponente: Iozia.

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22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/78

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2004/109/CE, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado, y la Directiva 2007/14/CE de la Comisión»

[COM(2011) 683 final — 2011/0307 (COD)]

2012/C 143/15

Ponente: Paulo BARROS VALE

El Consejo, en fecha de 30 de noviembre de 2011, y el Parlamento Europeo, en fecha de 15 de noviembre de 2011, de conformidad con el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2004/109/CE, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado, y la Directiva 2007/14/CE de la Comisión»

COM(2011) 683 final – 2011/0307 (COD).

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 1 de febrero de 2012.

En su 478o Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 22 de febrero), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 232 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Resumen y conclusiones

1.1

La propuesta de modificación de la Directiva sobre la transparencia forma parte de un paquete más amplio de medidas que, a iniciativa de la Comisión, tienen por objeto facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a la financiación. Al mismo tiempo, revela una preocupación por restaurar la confianza de los inversores, así como la importancia que reviste facilitar información de calidad a los mercados. La propuesta de modificación se basa en las recomendaciones de un informe independiente elaborado por la consultora Mazars, en una audiencia y en la opinión de las partes interesadas, en el informe de la Comisión de mayo de 2010 y en una evaluación del impacto de cada una de las opciones presentadas. Aunque el CESE está de acuerdo con los objetivos y con su contenido, desea exponer algunas consideraciones.

1.2

Las modificaciones propuestas, cuyo objeto es hacer el mercado más atractivo para los pequeños y medianos emisores (PME) deberán ser de aplicación general. El impacto más significativo de la simplificación no se dejará sentir probablemente en los verdaderos destinatarios de las modificaciones, sino más bien en las grandes empresas que operan en el mercado. Pocos son quienes consideran que las exigencias de la Directiva sobre la transparencia serán un obstáculo para la entrada en el mercado de los PME, lo que significa que esta simplificación no será necesariamente un factor crítico a la hora de tomar esas decisiones o que tendrá un impacto significativo en hacer atractivo el mercado a los PME. Sin embargo, dado que esta simplificación no atenta, según las partes interesadas, contra la credibilidad del mercado ni contra la protección del inversor, representará un impacto económico que, aunque pueda ser mayor en las grandes empresas, acabará por tener alguna consecuencia para los PME, resultando por ello importante para el tipo de empresas más representativas del tejido empresarial europeo.

1.3

Ya en 2004 la publicación de los informes trimestrales fue una cuestión que suscitó animados debates, levantándose varias voces en contra, por lo que el CESE recomendó prudencia en su aplicación. Las consecuencias negativas de su obligatoriedad señaladas entonces (aumento de la cantidad de información, pero no de la calidad de la misma, elevados costes tanto financieros como de oportunidad, instauración de un enfoque cortoplacista provocado por la necesidad de mostrar resultados al mercado en detrimento de una visión más estratégica y a largo plazo) acabaron por confirmarse. La presión por obtener resultados a corto plazo puede incluso considerarse uno de los factores que causaron la crisis que se produjo, dado que el sector financiero se veía obligado a presentar resultados cada vez más positivos cada trimestre. Aunque no se pone en duda que la transparencia es exigible y deseable, habida cuenta de que la divulgación de informaciones importantes viene asegurada por el cumplimiento de las Directivas sobre los folletos y sobre abuso del mercado, el CESE apoya que se suprima la obligatoriedad de este tipo de publicación dejando que sea el mercado el que dicte la decisión acerca de la cantidad de información que se considera necesaria.

1.4

Algunos han señalado la complejidad del contenido narrativo de los informes como importante fuente de costes de oportunidad y también de otros costes derivados de la subcontratación de especialistas en la materia. Aunque no está demostrado que la elaboración de plantillas por parte del Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores (AEVM) pueda tener un gran impacto positivo en cuanto a reducción de costes, la iniciativa podría generar algún ahorro para los PME que podrán evitar la contratación de entidades externas para elaborar tales contenidos. Finalmente conviene destacar la dificultad de prever todas las situaciones en las plantillas, lo que podría dar lugar a simplificar la información que se facilita o incluso a no divulgar datos que no están contemplados en ellas.

1.5

Ampliar la definición de los instrumentos financieros sujetos a notificación denota la preocupación por adaptar las normas a las innovaciones del mercado y, por consiguiente, de seguir de cerca la evolución. Esta modificación sitúa la Directiva sobre la transparencia en línea con las medidas ya adoptadas en el Reino Unido y Portugal y con las que están en preparación en otros países de la Unión Europea y el resto del mundo. En Francia se lanzó una iniciativa legislativa en esta materia que resultó insuficiente. Si bien puede existir el recelo de que el mercado se vea «inundado» de información innecesaria, la experiencia de los países donde las normas exigen ya este tipo de notificación contradice ese recelo y son muchas las partes interesadas que sugieren que se tome nota de la experiencia del Reino Unido.

1.6

En lo que se refiere a la creación de un mecanismo europeo de información, el CESE desea llamar la atención sobre el hecho de que puede ser difícil integrar las bases de datos nacionales existentes, debido a la incompatibilidad de las tecnologías utilizadas en cada país. Aunque algunas partes interesadas defienden la utilidad de que se cree este mecanismo, principalmente en lo que concierne a la información para inversores y analistas, será preciso evaluar la relación coste/beneficio de su creación y mantenimiento. No obstante, se trata de una medida importante que contribuye al desarrollo del mercado único.

1.7

En lo que concierne a la nueva redacción del artículo 6 de la Directiva, relativo a la obligatoriedad de divulgar las informaciones sobre pagos realizados a los gobiernos, el CESE defiende que se amplíe el ámbito de esta disposición. La importancia de divulgar los pagos efectuados por los emisores que desarrollan su actividad en las industrias extractivas y forestal es innegable, pero la redacción de este artículo debería ser más ambiciosa y abarcar las concesiones públicas a particulares, tales como la explotación de la red de transportes, las telecomunicaciones, energía y juego, mediante simple concesión o por establecimiento de asociaciones público-privadas. Debería divulgarse toda transacción de este tipo llevada a cabo con entes públicos, señalándose países y proyectos. Dado que el objetivo de esta medida es responsabilizar a los gobiernos del uso de los impuestos recaudados, no deben dejarse a un lado los importes recaudados en transacciones relacionadas con otras actividades de explotación de recursos e infraestructuras de un país, además de los ya contemplados en la Directiva.

1.8

En lo que respecta a las sanciones, el CESE defiende que, además de fijarse las sanciones máximas previstas, se impongan también sanciones mínimas para evitar así la impunidad o la imposición de sanciones que no sean disuasorias –o que no penalicen conductas ilícitas– a la vez que se armonizan las prácticas entre Estados miembros.

1.9

Teniendo en cuenta la actual coyuntura, parece poco probable que vaya a producirse un escenario de aumento súbito de la demanda, pero sí conviene señalar al menos la posibilidad de que la propuesta de simplificación de las normas de la Directiva sobre la transparencia, unida a otras previstas para hacer más atractivo el mercado, pueda generar un incremento del número de transacciones cuyo impacto en el funcionamiento del mercado no se ha calculado todavía. Al mismo tiempo, conferir una mayor visibilidad y atractivo a los PME podría agudizar las lagunas de formación que padece el consumidor y que le impide interpretar la información disponible y, por consiguiente, decidir con conocimiento de causa.

2.   Contexto de la propuesta

2.1

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Directiva sobre la transparencia (Directiva 2004/109/CE (1)), la Comisión presentó un documento informativo sobre la aplicación de la Directiva a lo largo de los años en que estuvo vigente. El informe concluye subrayando la importancia que concede la mayoría de las partes interesadas a los requisitos en ella contemplados para el funcionamiento adecuado y eficiente de mercado.

2.2

La actual propuesta de modificación de la Directiva se presenta de modo que toma en consideración la prioridad política de la Comisión de mejorar el marco normativo y facilitar el acceso de los PME al capital. Asimismo, tiene por objeto hacer que las obligaciones de los PME cotizados sean más proporcionadas garantizando, a la vez, el mismo nivel de protección de los inversores. Por otra parte, la propuesta de modificación promueve la estabilidad financiera garantizando la transparencia de las adquisiciones económicas y la confianza de los inversores, al tiempo que incentiva una mayor concentración en los resultados a largo plazo. Por último, al legislar en el sentido de mejorar el acceso a la información regulada a nivel de la Unión, se trata de incrementar la integración funcional de los mercados de valores europeos y de dar mayor visibilidad transfronteriza a los PME cotizados.

2.3

Es preciso subrayar que la propuesta de modificación se basa en un estudio independiente llevado a cabo por la consultora Mazars, cuyo objeto era proporcionar evidencias cuantitativas y cualitativas para respaldar el informe que la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo, previsto en el artículo 33 de la Directiva sobre su aplicación. Asimismo se tuvieron en cuenta los informes publicados por el Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores (AEVM) y por el Grupo europeo de expertos de los mercados de valores mobiliarios (ESME).

2.4

Dos son los temas señalados como aspectos susceptibles de mejora. En primer lugar, que al basarse la Directiva en un planteamiento de armonización mínima permite a los Estados adoptar medidas más restrictivas, lo que plantea problemas de aplicabilidad y aumenta los costes; y, en segundo lugar, que no se proponen medidas menos estrictas para los PME, lo cual se considera que los desanima de acudir al mercado. Por otro lado, se pide aclarar algunas definiciones recogidas en la Directiva, así como una mayor coherencia y la clarificación de algunos términos con significados semejantes utilizados en el documento. Por último, se señala la necesidad de mejorar las normas de notificación.

2.5

Valorado el impacto de las diversas opciones propuestas, se eligieron las siguientes opciones de actuación: 2.5.1 Con el objetivo de permitir una mayor flexibilidad en la frecuencia y el calendario de publicación de la información financiera periódica, en particular para los pequeños y medianos emisores, se opta por suprimir la obligación de presentar informes financieros trimestrales para todas las empresas cotizadas. Aunque el objetivo sea favorecer una simplificación para los PME, la solución encontrada pasa por no diferenciar el destinatario de la medida para no introducir una duplicidad de normas que resultaría confusa para los inversores. Se espera que la medida tenga como resultado reducir costes, así como adoptar una perspectiva a más largo plazo al desaparecer la presión de presentación trimestral de resultados. La protección del inversor no se pone en peligro ya que continúan siendo obligatorias las disposiciones de las Directivas sobre abuso del mercado y sobre los folletos: es obligatorio informar a los inversores sobre los sucesos y hechos importantes que puedan influir en el precio de los activos. 2.5.2 A fin de simplificar las partes explicativas de los informes financieros para los pequeños y medianos emisores, una vez más la solución adoptada consiste en aplicar la opción a todas las empresas y se traduce en la petición a la AEVM de que elabore directrices no vinculantes (plantillas) en la materia. Se espera así ahorrar costes, mejorar la comparabilidad de la información para los inversores e incrementar la visibilidad transfronteriza de los pequeños y medianos emisores. 2.5.3 Para subsanar algunas lagunas en los requisitos de notificación por lo que respecta a las participaciones importantes en los derechos de voto, se propone extender el régimen a todos los instrumentos de efecto económico similar a la tenencia de acciones y los derechos sobre acciones. 2.5.4 Con vistas a eliminar las divergencias en los requisitos de notificación para las participaciones importantes, se opta por la agregación de la tenencia de acciones con la de aquellos instrumentos financieros que den acceso a acciones, donde se incluyen los derivados liquidados en efectivo.

2.6

Las principales modificaciones introducidas, tanto con vistas a facilitar el acceso de los PME al mercado, como a clarificar el texto de la Directiva son las siguientes: 2.6.1 Se establece un Estado miembro de origen por defecto para los emisores de terceros países que no hayan elegido uno en un período de tres meses. 2.6.2 Se suprime el requisito de publicar declaraciones intermedias de gestión y/o informes trimestrales. 2.6.3 Se amplía la definición de los instrumentos financieros sujetos a requisitos de notificación. 2.6.4 Se agregan la tenencia de acciones y la de instrumentos financieros a efectos de la notificación de las participaciones importantes. No obstante, se continúa permitiendo a los Estados miembros que fijen límites de notificación de participaciones importantes inferiores a los previstos en la Directiva, teniendo en cuenta las especificidades de cada mercado y, cuando ello sea necesario, para asegurar una transparencia en esta materia. 2.6.5 Se delega poder en la Comisión para que adopte normas técnicas de reglamentación elaboradas por la AEVM, referidas a requisitos técnicos para acceso a la información regulada a nivel de la EU, con objeto de agilizar el acceso a la información financiera, evitándose así la necesidad de consultar 27 bases de datos nacionales diferentes. El objetivo es la creación de un mecanismo europeo de información regulada. 2.6.6 La imposición de divulgación de los pagos de cada sociedad, tanto a nivel individual como a nivel consolidado, efectuados en beneficio de los gobiernos en lo que respecta a la exploración de recursos naturales. 2.6.7 Se incrementan los poderes sancionadores de las autoridades competentes estando sujetas a publicación las sanciones impuestas por infracción de las normas.

3.   Cuestiones planteadas por la propuesta

3.1

Uno de los objetivos de la revisión de la Directiva sobre la transparencia objeto de examen es contribuir a hacer atractivo el mercado regulado para los pequeños y medianos emisores, lo cual reviste una importancia fundamental para que el mercado se desarrolle y crezca. Las modificaciones propuestas a la Directiva sobre la transparencia constituyen, pues, una iniciativa positiva al permitir la simplificación de determinados procedimientos, sin poner en riesgo la calidad de la información, esencial para las decisiones de los inversores y las interpretaciones de los analistas del mercado. Esta simplificación ejercerá, sin duda, un impacto positivo en los costes de todas las empresas cotizadas, pero podrá tener un mayor impacto en los PME.

3.2

Pese a la simplificación, este es un sector –y seguirá siéndolo– cuyas normas y terminología resultan de difícil comprensión para los consumidores. Aunque es complicado proporcionar formación en este ámbito de manera general para el ciudadano, la defensa del consumidor reviste gran importancia, ya que le protege contra el uso abusivo de tecnicismos, por medio de acciones de formación e información, proporcionadas tanto por las autoridades de supervisión como por los gobiernos. Este ámbito debe tenerse en cuenta para acciones futuras.

3.3

El contenido narrativo de las actuales plantillas puede facilitar la interpretación de la información y aumentar su grado de comparabilidad. Aunque la elaboración de plantillas es compleja y puede revestir algún peligro por el inherente exceso de simplificación o porque se corra el riesgo de que no se hayan contemplado todas las situaciones, su uso puede implicar una reducción de costes, en especial para los PME; podría incluso permitir que los consumidores interpreten mejor los datos.

3.4

No está de más recalcar la importancia de suprimir la obligatoriedad de publicar informes trimestrales. Combatir el planteamiento cortoplacista que impera en el mercado, al cual contribuyó en gran medida esta iniciativa, es de vital importancia para que el mercado se desarrolle de manera sostenible. Solamente una visión a largo plazo permitirá la innovación, factor clave para el crecimiento sostenible e integrador, prioridades de la Estrategia Europa 2020.

3.5

La ampliación de la definición de los instrumentos sujetos a notificación es un punto central de las modificaciones de la Directiva sobre la transparencia. La innovación financiera ha dado lugar a que se creen nuevos tipos de instrumento para los que se hace necesario proporcionar un marco en lo que respecta a la transparencia. Se espera que estas modificaciones resuelvan las lagunas existentes en cuanto a los requisitos de notificación sobre porcentajes importantes de derechos de voto y de participaciones importantes, y evitar así que se constituyan participaciones ocultas o el repentino anuncio al mercado de que existen grupos de participaciones de gran dimensión, como ya ha sucedido.

3.6

El objetivo de crear un mecanismo único europeo de información para almacenar datos reglamentarios a nivel de la Unión es ambicioso y debe proseguirse. Esta sería sin duda una herramienta importante para profundizar en el mercado único: únicamente deberá tenerse en cuenta la relación coste-beneficio de crear y mantener este tipo de instrumento.

3.7

La Directiva sobre la transparencia incluirá ahora los pagos realizados por los emisores en el sector de las industrias extractivas a los gobiernos de los países donde operan. Esta propuesta de la Comisión es innovadora y trata de mostrar el impacto financiero que la actividad de una empresa tiene en el país de acogida, aumentando así la transparencia. El CESE tiene la convicción de que la directiva podría ser aun más ambiciosa y extender esta obligación de divulgación a los pagos efectuados en relación con otras actividades en las que intervienen intereses públicos y concesiones a particulares; puede tratarse de sumas considerables, especialmente en las concesiones de la red de transportes, telecomunicaciones, energía e incluso, juego.

3.8

Asimismo la propuesta revisa el régimen de sanciones, refuerza los poderes de las autoridades competentes y pasa a incluir una serie de instrumentos, como el derecho a suspender el derecho de voto y la publicación de las sanciones. Debe insistirse en que, aunque se fijan límites máximos para las sanciones pecuniarias, no se fijan límites mínimos; sin embargo, imponer límites de este tipo sería una medida disuasoria de gran importancia.

3.9

Simplificar las normas haciendo así más atractivo el mercado, tal como se pretende, podría conducir a un aumento de las transacciones; sin embargo, se desconoce cuál será su impacto en el funcionamiento normal de la Bolsa o de las entidades reguladoras, si bien se espera que tendrán capacidad para absorber un incremento súbito del número de transacciones.

3.10

Aunque este asunto no se relaciona directamente con la Directiva sobre la transparencia, el CESE aprovecha la oportunidad para destacar uno de los grandes obstáculos que se oponen a la ampliación del mercado: los elevados importes que cobran las bolsas de valores. De hecho, tanto el coste de ser admitido a cotizar en Bolsa como los costes anuales de mantenimiento en el mercado de valores –que son en ambos casos de cuantía muy considerable– son vistos por las empresas como un factor disuasorio para decidirse a cotizar en Bolsa. Por lo tanto, cualquier iniciativa en este ámbito servirá para facilitar en gran medida dicha decisión.

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(1)  DO L 390 de 31.12.2004, p. 38-57; dictamen del CESE: DO C 80 de 30.3.2004, p. 128.

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22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/82

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1081/2006»

[COM(2011) 607 final — 2011/0268 (COD)]

2012/C 143/16

Ponente: Xavier VERBOVEN

Coponente: Miguel Ángel CABRA DE LUNA

El 27 de octubre de 2011, el Consejo de la Unión Europea, y el 25 de octubre de 2011, el Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1081/2006»

COM(2011) 607 final – 2011/0268(COD).

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 25 de enero de 2012.

En su 478o Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 22 de febrero de 2012), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 217 votos favor, 5 en contra y 7 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   Los principios de cohesión económica, social y territorial así como de solidaridad se enuncian en los Tratados y constituyen dos de los principales pilares para la integración de los pueblos, los ciudadanos y los territorios. El Fondo Social Europeo (FSE), en su calidad de principal instrumento financiero europeo para apoyar los recursos humanos, seguirá contribuyendo a los objetivos de cohesión económica, social y territorial, tal como establece el artículo 162 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

1.2   La cohesión económica, social y territorial debe seguir estando en el centro de la Estrategia Europa 2020. Todos los agentes de la sociedad civil, incluidos los que se ocupan de las actividades de voluntariado, deberían ser reconocidos como un elemento importante de cara a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, tal como se corrobora en las conclusiones del Consejo de 3 de octubre de 2011 (1).

1.3   El CESE defiende que, de conformidad con el artículo 10 del Tratado, la ejecución de las prioridades financiadas por el FSE debería contribuir a luchar contra la discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y favorecer el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por lo que se refiere, en particular, a la educación, el empleo y la accesibilidad.

1.4   El Fondo Social Europeo debe ser el instrumento privilegiado para aplicar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, en particular los relativos al empleo, la educación, la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Debe apoyar las políticas que aplican los Estados miembros en el marco de las directrices integradas y los programas nacionales de reforma (PNR). El CESE opina que los PNR deberían englobar, entre otros, objetivos relativos a la inclusión social de los grupos más vulnerables, como los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los desempleados de larga duración, los mayores, las personas con discapacidad –con el fin de hacer que los PNR pongan en práctica las obligaciones que se establecen en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad– y las minorías étnicas, junto con metas para el logro del objetivo principal establecido en la Estrategia Europa 2020 de reducir el número de personas que viven en la pobreza en 20 millones antes de 2020.

1.5   Las prioridades del FSE son, y deben seguir siendo, el fomento del empleo y la inclusión social (especialmente a través del empleo), sobre todo de los grupos más vulnerables, como los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los desempleados de larga duración, los mayores, las personas con discapacidad y las minorías étnicas, en todas las regiones de la UE. En cada Estado miembro, como mínimo el 40 % del total de los recursos del FSE debe asignarse a la realización del objetivo temático «Fomento del empleo y apoyo a la movilidad laboral».

1.6   El CESE apoya el énfasis que se pone en la innovación social y las posibilidades de respaldar los proyectos en el ámbito de la economía social, el emprendimiento social y las empresas sociales.

1.7   El incremento de las inversiones en infraestructuras, competitividad regional y desarrollo empresarial debe ir acompañado de medidas destinadas a la creación de empleo sostenible en el ámbito de las políticas de mercado de trabajo, de educación y formación y de inclusión social y adaptabilidad de los trabajadores, de las empresas y de los emprendedores, así como de mejora de la capacidad administrativa.

1.8   La Estrategia Europea de Empleo y las políticas europeas relativas a la inclusión social deben volver a situarse en el centro de las prioridades de la Unión Europea y deberán liberarse más fondos para la creación de más y mejores empleos.

1.9   El CESE considera que el Marco Estratégico Común debe reflejar las prioridades de inversión derivadas de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, detallando las oportunidades que ofrece un mercado laboral más abierto y accesible, sobre todo para los que están más alejados de él (como los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los desempleados de larga duración, los mayores, las personas con discapacidad, las minorías étnicas, etc.).

1.10   El CESE también apoya la contribución del FSE a las demás prioridades de la Estrategia Europa 2020: la investigación e innovación, la accesibilidad y la utilización de las tecnologías de comunicación, la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, la protección del medio ambiente, la transición a una economía menos productora de CO2 y el uso sostenible de los recursos.

1.11   El CESE respalda la concentración temática y la complementariedad con los demás instrumentos financieros existentes para lograr un impacto suficiente y visible.

1.12   El CESE respalda la propuesta de destinar como mínimo el 20 % de la dotación del FSE a la realización del objetivo temático «fomentar la inclusión social y luchar contra la pobreza», cuyo propósito es la integración de los ciudadanos más alejados del mercado de trabajo.

1.13   El principio de cooperación, que involucra a agentes económicos y sociales y a los organismos que representan a la sociedad civil, como los agentes que trabajan con cuestiones medioambientales, las organizaciones no gubernamentales y los organismos encargados de fomentar la igualdad de oportunidades y la no discriminación, constituye la garantía esencial del buen funcionamiento de las medidas relativas a los Fondos Estructurales y, en particular, del Fondo Social Europeo.

1.14   El «código europeo de conducta» para la aplicación del principio de cooperación debe clarificar y definir el papel de cada socio en los diferentes niveles, así como precisar que, aun cuando el diálogo social sea competencia exclusiva de los interlocutores sociales, se debe garantizar que todos los agentes reconocidos como tales en el artículo 5 de la propuesta de Reglamento por el que se establecen disposiciones generales relativas a los Fondos (2) tengan acceso a sus diferentes fases de ejecución, incluida la elaboración y la aplicación de los programas operativos, y dispongan de la financiación adecuada para asegurar su participación.

1.15   El CESE rechaza totalmente la propuesta de la Comisión respecto de la aplicación de sanciones financieras y de incentivos respecto de los Fondos Estructurales vinculados al Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

1.16   Los Fondos Estructurales no son suficientes, por sí solos, para luchar contra la crisis. Europa necesita una gobernanza económica diferente, que haga prevalecer una gestión responsable, apueste por el crecimiento y la competitividad, favorezca las inversiones en recursos humanos, y promueva la justicia, la cohesión y los principios de solidaridad y de integración social. El presupuesto de la UE debe reformarse con arreglo a estos principios.

1.17   El presupuesto asignado al Fondo Social Europeo deberá mantenerse, como mínimo, en el mismo nivel que el del último período de programación. El Fondo debería apoyar igualmente la participación de los ciudadanos, la sociedad civil y la sensibilización a los valores comunes de Europa.

2.   Contexto: propuestas de marco financiero plurianual de la UE y de política de cohesión 2014-2020

2.1   El nuevo marco político para el próximo decenio, es decir, la Estrategia Europa 2020, fue ratificado por el Consejo Europeo el 17 de junio de 2010.

2.2   La Comisión presentó el 29 de junio de 2011 la propuesta «Un presupuesto para Europa 2020», que determina las nuevas perspectivas financieras de la UE para el período 2014-2020.

2.3   El 6 de octubre de 2011, la Comisión presentó sus propuestas legislativas sobre los Fondos Estructurales, incluido el Fondo Social Europeo.

2.4   Estas propuestas fueron objeto de una amplia consulta de la sociedad civil y de las partes interesadas, que se acabó a finales de 2011. En enero de 2012, la Comisión publicará el último conjunto de propuestas sobre el Marco Estratégico Común, que se someterá al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social.

2.5   Por lo que se refiere más específicamente al futuro del FSE, el CESE aprobó el 15 de marzo de 2011 un dictamen sobre «El futuro del Fondo Social Europeo después de 2013» (3). En consecuencia, conviene analizar si los puntos principales han sido incluidos en la propuesta de futuro Reglamento del FSE que se examina en el presente dictamen.

2.6   Contexto económico. Para realizar un análisis adecuado de las nuevas perspectivas financieras, no puede pasarse por alto la situación general de los retos de la globalización, de las perspectivas demográficas y migratorias y, sobre todo, de crisis económica profunda que ha modificado de manera radical los principios en los que se basaba la Estrategia Europa 2020. Por consiguiente, es esencial que el incremento de las inversiones en infraestructuras, competitividad regional y desarrollo empresarial, especialmente de las pymes y de las empresas de la economía social, vaya acompañado de medidas destinadas a la creación de empleo sostenible en el ámbito de las políticas de mercado de trabajo, de educación y formación y de inclusión social y adaptabilidad de los trabajadores, de las empresas y de los emprendedores.

2.7   Los objetivos e instrumentos recogidos en la Estrategia Europa 2020, que son fundamentalmente positivos, deben orientarse mejor y adaptarse a la nueva situación. Ello debería hacerse en el marco de un mercado laboral regulado e integrador que ofrezca a los ciudadanos europeos, en particular a los más alejados del mercado de trabajo (como los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los desempleados de larga duración, los mayores, las personas con discapacidad, las minorías étnicas, etc.), posibilidades de lograr empleos estables y de calidad, adaptados a las competencias que han adquirido.

2.8   Deben aportarse numerosas mejoras a la puesta en práctica y a los aspectos prácticos del acceso a la financiación del FSE. Estas mejoras consisten, sobre todo, en reducir la burocracia antes de –y durante– la aplicación del programa operativo, haciendo más flexibles los procedimientos de acceso a la financiación, acelerando, en particular, el sistema de pago para minimizar las cargas financieras de los ejecutores de los programas y simplificando los procedimientos de facturación y regularización de las cuentas; conviene en particular ampliar la utilización del principio de los tipos únicos, eso sí, de manera realista.

2.9   El CESE considera que el Marco Estratégico Común debe reflejar las prioridades de inversión derivadas de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, detallando las oportunidades que ofrece un mercado laboral más abierto y accesible, sobre todo para los que están más alejados de él (como los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los desempleados de larga duración, los mayores, las personas con discapacidad, las minorías étnicas, etc.). Las subvenciones globales deberían utilizarse más para facilitar el acceso de las ONG pequeñas a los Fondos.

2.10   El Fondo Social Europeo debe ser el instrumento privilegiado para aplicar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, en particular los relativos al empleo, la educación, la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Debe apoyar las políticas que aplican los Estados miembros en el marco de las directrices integradas y los programas nacionales de reforma. El CESE opina que los PNR deberían englobar, entre otros, objetivos relativos a la inclusión social de los grupos más vulnerables, como los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los desempleados de larga duración, los mayores, las personas con discapacidad –con el fin de hacer que los PNR pongan en práctica las obligaciones que se establecen en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad– y las minorías étnicas, junto con metas para el logro del objetivo principal establecido en la Estrategia Europa 2020 de reducir el número de personas que viven en la pobreza en 20 millones antes de 2020.

2.11   El Fondo Social Europeo debería apoyar la participación de los ciudadanos, la sociedad civil y la sensibilización a los valores comunes de Europa.

3.   Observaciones generales sobre la propuesta de futuro Reglamento del FSE

3.1   El presupuesto de la UE debe reforzarse, especialmente en los capítulos que apoyan el crecimiento económico, la cohesión social, la innovación (incluida la innovación social) y el desarrollo sostenible a nivel nacional y regional.

3.2   El CESE considera que, a la vista de la propuesta de la Comisión, el importe total del presupuesto de la UE será de todas formas reducido, a pesar de la posible introducción del impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) y del aumento del Fondo Social Europeo.

3.3   Como ya ha ocurrido en el período de programación actual, las regiones contarían con un apoyo diferenciado en función de su nivel de desarrollo económico. Sin embargo, este nivel no debería calcularse únicamente a partir del PIB por habitante. También deben tenerse en cuenta otros criterios como la tasa de paro, las tasas de empleo y actividad, los niveles de competencia, los índices de pobreza, los niveles de bienestar y de integración social y el porcentaje de abandono escolar prematuro.

3.4   Respecto de la introducción de una nueva categoría de regiones «en transición», con un PIB medio por habitante de entre el 75 % y el 90 %, el CESE solo puede aceptar esta medida con la condición de que no mine el nivel de recursos asignados a la categoría de regiones más débiles. Habida cuenta de su vulnerabilidad, las acciones en favor del empleo de los grupos más alejados del mercado de trabajo (los desempleados de larga duración, los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los mayores, las personas con discapacidad y las minorías étnicas) deberán poder financiarse independientemente de las categorías de las regiones.

3.5   Los Fondos Estructurales son los instrumentos clave para reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, así como entre los diferentes grupos sociales, todo ello en el marco de una estrategia para alcanzar las prioridades de lo que se llama el «crecimiento inteligente, sostenible e integrador» en los Estados miembros, regiones y territorios.

3.6   Resulta evidente que en el contexto actual de la crisis económica, la Estrategia Europea de Empleo deberá volver a situarse en el centro de las prioridades de la Unión Europea y deberán liberarse más fondos para la creación de más y mejores empleos.

3.7   El CESE considera que el Fondo Social Europeo es el instrumento privilegiado para apoyar la aplicación de las políticas sociales de la UE, en particular las relativas al empleo, la educación, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, y que debe mantener este papel prioritario en el marco de la Estrategia Europa 2020.

3.8   El FSE no debe limitarse a la aplicación de directrices para las políticas de empleo tal como se definen en la actualidad. Asimismo, debe reforzarse el papel del FSE para la aplicación de la Agenda Social (4).

3.9   El FSE debería tanto apoyar las políticas que ponen en práctica los Estados miembros en el marco de los planes nacionales de reforma como contribuir a alcanzar otras prioridades importantes de la Estrategia Europa 2020: el refuerzo de las inversiones en investigación e innovación, la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, la transición a una economía menos productora de CO2 y el uso sostenible de los recursos.

3.10   En la particular situación actual, el FSE también debe centrarse excepcionalmente en la lucha contra la crisis económica y en proteger de sus efectos a los trabajadores y los ciudadanos más desfavorecidos así como en medidas de prevención, una vez superada la crisis, especialmente el apoyo de la seguridad de las personas y de las capacidades de defensa. En concreto, debe apoyar, esperamos que temporalmente, a los desempleados de larga duración, las personas más alejadas del mercado de trabajo, los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los mayores, los discapacitados, las minorías étnicas, etc.

3.11   Para alcanzar este resultado, el CESE considera que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización debe ser complementario del Fondo Social Europeo y, llegado el caso, incluirse finalmente en el FSE, con el fin de hacer hincapié en el desempleo y de facilitar su utilización. También es esencial garantizar idéntica coherencia entre los principios de ambos fondos, sobre todo, respecto de la asociación y especialmente la participación de los interlocutores sociales.

3.12   El CESE sugiere que se combine el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización con la experiencia del Fondo Social Europeo en los temas sociales por motivos de complementariedad y de cohesión. Dado que el FSE posee la experiencia necesaria para examinar las peticiones con bastante rapidez, la aprobación de las autoridades presupuestarias sería una formalidad basada en el dictamen positivo del FSE.

3.13   El CESE no es partidario de incluir a los agricultores en el ámbito de competencia del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, atribuyendo una parte esencial del fondo, o incluso su gestión, al sector agrario. La PAC y la «nueva reserva para crisis» en la agricultura deben permitir el apoyo a la industria agraria con más eficacia. El CESE también quiere una garantía de que los fondos de asistencia técnica del FSE seguirán estando disponibles y accesibles para la sociedad civil (cabe señalar que la asistencia técnica no se menciona de forma específica en el Reglamento del FSE).

3.14   El CESE estima que el principio de cooperación debe desempeñar un papel clave para garantizar que las medidas vinculadas a los Fondos Estructurales de la UE funcionen de forma correcta. Los reglamentos de los Fondos Estructurales deben definir claramente el principio de cooperación, en vez de hacer referencia simplemente a las «normas y prácticas nacionales» actuales, estableciendo al mismo tiempo de forma precisa la función de cada uno de los socios a escala regional y local. El CESE recomienda un reconocimiento específico de la sociedad civil (como se destaca en la Estrategia Europa 2020) al elaborar los proyectos de inclusión social y lucha contra la pobreza.

4.   Observaciones específicas y propuestas relativas a los distintos capítulos

4.1   Disposiciones generales

4.1.1

El CESE apoya el planteamiento temático centrado en cuatro objetivos temáticos que se traducen en categorías de intervención o prioridades de inversión, a saber: — fomento del empleo y apoyo a la movilidad laboral; — inversión en educación, competencias profesionales y aprendizaje permanente; — fomento de la inclusión social y lucha contra la pobreza; — mejora de la capacidad institucional y de la eficacia de la administración pública.

4.1.2

En cada Estado miembro, como mínimo el 40 % del total de los recursos del FSE debe asignarse a la realización del objetivo temático «Fomento del empleo y apoyo a la movilidad laboral». El CESE apoya la propuesta de que como mínimo el 20 % del total de los recursos del FSE se destine a la realización del objetivo temático «fomento de la inclusión social y lucha contra la pobreza» para fomentar la inclusión social por medio del empleo y la formación, sobre todo, de los grupos más vulnerables como los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los desempleados de larga duración, los mayores, las personas con discapacidad, las minorías étnicas, etc., con el fin de alcanzar el objetivo de reducir al menos en veinte millones el número de personas pobres en 2020.

4.1.3

En el marco de la Estrategia Europa 2020, el fomento del empleo, la inclusión social y la educación son y deben seguir siendo las prioridades del FSE.

4.1.4

El FSE debe apoyar los pactos territoriales para el empleo y las iniciativas de empleo locales, la inclusión social y la educación, así como la reactivación del mercado mediante la creación de nuevas empresas, en particular pymes y empresas de economía social, y la promoción de la inclusión digital, la cultura y la creatividad como elementos de mejora de la empleabilidad de los ciudadanos, así como la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, el apoyo a la sociedad civil y la sensibilización a los valores comunes de Europa.

4.1.5

El CESE apoya el énfasis que se pone en la innovación social y las posibilidades de respaldar los proyectos en el ámbito de la economía social, el emprendimiento social y las empresas sociales.

4.1.6

El CESE considera que el apoyo del FSE a la cooperación transnacional es un medio de promover el aprendizaje mutuo y aumentar así la eficacia de las políticas financiadas por el FSE.

4.2   Disposiciones específicas sobre la programación y la ejecución – Principio de cooperación

4.2.1

El CESE estima que el principio de cooperación debe desempeñar un papel clave para garantizar que las medidas vinculadas a los Fondos Estructurales de la UE funcionen de forma correcta.

4.2.2

Los reglamentos de los Fondos Estructurales deben definir claramente el principio de cooperación, en vez de hacer referencia simplemente a las «normas y prácticas nacionales» actuales, estableciendo al mismo tiempo de forma precisa la función de cada uno de los socios a escala regional y local; será preciso asegurar la financiación necesaria a estos efectos.

4.2.3

El «código europeo de conducta» para la aplicación del principio de cooperación debe clarificar y definir el papel de cada socio en los diferentes niveles, así como precisar que, aun cuando el diálogo social sea competencia exclusiva de los interlocutores sociales, se debe garantizar que todos los agentes reconocidos como tales en el artículo 5 de la propuesta de Reglamento por el que se establecen disposiciones generales relativas a los Fondos (5) tengan acceso a sus diferentes fases de ejecución, incluida la elaboración y la aplicación de los programas operativos, y dispongan de la financiación adecuada para asegurar su participación.

4.2.4

Los agentes deben tener acceso a los fondos de asistencia técnica desde el inicio, con el fin de intervenir de manera estratégica en el diseño, aplicación y seguimiento de los programas de los Fondos Estructurales. La asistencia técnica también es esencial para garantizar la representación en los comités de seguimiento que determinan y ponen en práctica los programas operativos a todos los niveles, así como para garantizar la prestación de apoyo técnico a los potenciales promotores de proyectos.

4.2.5

El modo actual de consulta de los interlocutores sociales de manera conjunta con los Estados miembros dentro del Comité FSE podría constituir una buena base de referencia para ampliarlo a todos los fondos. El CESE recomienda que se incluyan en esta plataforma mecanismos de participación para todos los agentes reconocidos como tales en el artículo 5 del Reglamento por el que se establecen las disposiciones generales relativas a los Fondos.

4.2.6

El respaldo a la participación de los agentes sociales y demás partes interesadas, especialmente las organizaciones no gubernamentales, en las medidas subvencionadas por el FSE no debe limitarse a las regiones más pobres o que dependen del Fondo de Cohesión, sino que debe cubrir todos los Estados miembros y regiones de la UE.

4.2.7

El CESE opina que el 2 % del conjunto de recursos del FSE debe asignarse al apoyo a la participación de los interlocutores sociales en las medidas subvencionadas por el FSE, así como un 2 % suplementario a respaldar la participación de otros agentes reconocidos en el artículo 5 del Reglamento sobre las disposiciones generales.

4.3   Disposiciones específicas relativas a los procedimientos, los resultados y la condicionalidad

4.3.1

El CESE comparte la opinión de que es mejor coordinar los fondos y mejorar la evaluación, el rendimiento y los resultados de su utilización.

4.3.2

El CESE apoya asimismo todas las medidas destinadas a limitar y reorientar las prioridades de los Fondos Estructurales, reducir las cargas y los trámites burocráticos y acelerar los gastos y los pagos.

4.3.3

Por lo tanto, deben establecerse indicadores de resultados, pero también es importante contar con criterios cuantitativos y cualitativos. Ello engloba la evaluación de los resultados desde el punto de vista de la eficacia de las medidas adoptadas, la calidad de los empleos creados y la lista de medidas positivas aplicadas para garantizar la inclusión social.

4.3.4

No obstante, el CESE formula serias reservas respecto del planteamiento de vincular en todo la concesión de fondos a los resultados. Cuando se examina la política laboral y, de manera más global, las políticas sociales, sus resultados son más difíciles de cuantificar y menos visibles que, por ejemplo, los de la política de transportes. Ello es especialmente válido si estos se reducen exclusivamente a objetivos económicos cuantificables (hard economic outcomes) como los empleos; en su lugar, deberían fomentarse resultados adecuados para los objetivos más difíciles de impulsar, como la distancia recorrida, y los objetivos difíciles de cuantificar (soft outcomes) incluido el voluntariado. Además, si la concesión de fondos está vinculada a los resultados, los que están más alejados del mercado laboral –y que, por lo tanto, tienen menos posibilidades de obtener resultados «positivos» a corto plazo– corren el riesgo de no tener más que un acceso reducido o incluso ningún acceso a dichos fondos. Además, para poder evaluar los resultados obtenidos por los programas cofinanciados por el FSE, es imprescindible que el Reglamento FSE proponga «indicadores comunes de ejecución e indicadores comunes de resultados sobre los participantes» que puedan adecuadamente reflejar la complejidad y las dificultades que estos resultados conllevan.

4.3.5

El Reglamento del FSE deberá incluir, en los Indicadores comunes de ejecución sobre las entidades, el número de proyectos desarrollados en cooperación, y en los Indicadores comunes de resultados a más largo plazo sobre los participantes a los participantes que hayan reducido su grado de dependencia social.

4.3.6

No cabe duda de que las condiciones relativas a la utilización de los fondos europeos deberían hacer hincapié en objetivos específicos y eficaces, pero no penalizar al Estado miembro más débil, y tener como meta el apoyo al crecimiento económico y el crecimiento del empleo, junto con la cohesión social.

4.3.7

El CESE rechaza totalmente la propuesta de la Comisión respecto de la aplicación de sanciones financieras y de incentivos respecto de los Fondos Estructurales vinculados al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Estas sanciones penalizarían a los Estados miembros, regiones y municipios que ya se encuentran en situación de debilidad.

4.3.8

Además, la solidaridad europea, que todavía no se ha desarrollado de manera suficiente, se vería amenazada debido al incumplimiento de los compromisos macroeconómicos. La consecuencia sería un empobrecimiento de los pueblos y de los grupos sociales más vulnerables de la Unión Europea, lo que es contrario a los principios básicos de la política económica y social y de la política de cohesión territorial que se reafirma en el Tratado de Lisboa.

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(1)  Sesión no 3114 del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, celebrada en Luxemburgo el 3 de octubre de 2011, punto 12.

(2)  COM(2011) 615 final.

(3)  DO C 132 de 3.5.2011, pp. 8–14.

(4)  «Agenda Social Renovada: Oportunidades, acceso y solidaridad en la Europa del siglo XXI», (COM(2008) 412 final).

(5)  COM(2011) 615 final.

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22.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/88

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales»

[COM(2011) 609 final — 2011/0270 (COD)]

2012/C 143/17

Ponente general: Laure BATUT

El Parlamento Europeo, con fecha de 25 de octubre de 2011, y el Consejo, con fecha de 16 de noviembre de 2011, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales»

COM(2011) 609 final – 2011/0270 (COD).

El 25 de octubre de 2011, la Mesa del Comité encargó a la Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía preparar los trabajos en este asunto (ponente general: Laure Batut).

Dada la urgencia de los trabajos, en su 478o Pleno de los días 22 y 23 de febrero de 2012 (sesión del 23 de febrero de 2012), el Comité Económico y Social Europeo decidió nombrar ponente general a Laure Batut y aprobó por 168 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   El CESE ya se ha preguntado en anteriores ocasiones por el concepto de innovación social haciendo hincapié en sus numerosas incógnitas e incertidumbres (1); en cambio, ya ha reconocido las virtudes de la innovación en el lugar de trabajo (2). Por otra parte, muchos hacen «innovación social» todos los días sin saberlo, simplemente porque hacen bien su trabajo.

1.2   El CESE solicita a la Comisión que defina los objetivos de «cambio social» e «innovación social» en su PCIS (3). Estos conceptos están en experimentación y no deben sustituir a los sistemas sociales nacionales ni a la legislación laboral. Integrar a la población en el mundo laboral puede ser favorable para la competitividad, pero el Comité estima que la crisis no debe ser un pretexto para transformaciones sistémicas que harían una regla de la excepción.

1.3   El CESE desea cláusulas escritas en el programa sometido a examen para garantizar que las actividades de innovación social serán complementos que no competirán con los derechos y sistemas sociales de los Estados miembros ni con la seguridad jurídica que ofrecen a sus miembros.

1.4   El Comité recomienda a la Comisión que su proyecto se proponga el objetivo de igualdad en el progreso (4) de los derechos sociales nacionales para resolver las disparidades entre los derechos sociales y facilitar así la movilidad.

1.5   Asimismo, le recomienda que explique los efectos esperados de las sinergias evocadas en los tres programas Progress, EURES y Microfinanciación, así como los vínculos con los fondos europeos (como el FSE y el FEES (5)), y que exponga la compatibilidad de sus normas de gestión sobre las que la visibilidad no es total.

1.6   El Comité desea que el papel de los interlocutores sociales y de las ONG figure claramente en los tres ejes del PCIS.

1.7   El CESE solicita que en el programa PCIS se introduzca una cláusula de flexibilidad para que pueda ajustarse tras una revisión intermedia. En 2017, se hará un balance provisional con las evoluciones sociales y se someterá al Parlamento, así como al dictamen de los comités consultivos y sus organizaciones representativas.

1.8   El CESE considera que, si se quiere mantener los tres ejes bajo la misma rúbrica, convendría modificar el título del PCIS como «Programa de acompañamiento para el progreso social, la movilidad y la inclusión».

1.9   Por lo que respecta al programa Progress, el CESE estima que convendría:

—	enumerar qué tipos de empleo han sido generados gracias al programa Progress;

—	publicar los logros y hacer visibles e intercambiables los resultados positivos mediante la puesta en línea de un tesauro;

—	definir «la experimentación», así como su ámbito de acción, y los agentes, acciones y beneficiarios potenciales;

—	mantener elegibles los proyectos que comporten la dimensión de género o de la no discriminación;

—	renunciar a dedicar la mayor parte del programa Progress a las tareas administrativas de análisis y contabilidad para que sea más útil sobre el terreno;

—	simplificar los documentos y los procedimientos de control;

—	precisar el papel de las empresas sociales en los servicios sociales de interés general;

—	explicar la sinergia entre PCIS y FEES, así como entre PCIS y FSE, y revisar las reglas de gobernanza que deberán regir en función del grado de objetivo social en las empresas sociales.

1.10   Respecto a EURES, el CESE recomienda:

—	conservar el espíritu del principio de EURES con sus competencias regionales y la participación de los interlocutores sociales;

—	afirmar el principio de la primacía de la oferta de empleos dignos sobre la oferta de microcréditos y microempleos;

—	confirmar el objetivo de promover la movilidad combatiendo el dumping social;

—	anunciar el cambio de fundamento jurídico con la apertura a los servicios privados de colocación (6) y aclarar sus consecuencias respecto al FSE y a la asignación de los fondos;

—	aclarar la doble financiación de EURES (PCIS y el FSE) y las consecuencias de los solapamientos presupuestarios y modos de control;

—	definir la movilidad específica; enumerar qué tipos de contrato se firman gracias a EURES; evocar el nuevo papel centralizador de la Comisión para debatirlo;

—	confirmar la necesidad de la portabilidad de todos los derechos sociales y de los sistemas de equivalencia de las competencias;

—	añadir medidas que favorezcan la inclusión digital.

1.11   En cuanto a la microfinanciación y el emprendimiento social, el CESE recomienda:

—	tener en cuenta el principio de subsidiariedad;

—	considerar la hipótesis de una clave de reparto entre Estados miembros;

—	prever una escala de las ayudas para beneficiarios definidos más precisamente (tamaño de las empresas sociales elegibles);

—	hacer el proyecto visible para proteger a los ciudadanos elegibles de las microfinanciaciones no reguladas y sin escrúpulos, y asegurar que la microfinanciación se haga constar en la primera página y en todas las lenguas de la Unión en todos los sitios útiles de Internet;

—	ser más explícito sobre el cometido del FEI y del BEI, así como su efecto de palanca;

—	establecer normas respecto a los prestamistas para que asuman plenamente su responsabilidad.

2.   El contexto

2.1   La Estrategia de la Agenda Social para la Europa del siglo XXI está incluida en la Estrategia Europa 2020. La propuesta de Programa para el Cambio y la Innovación Sociales (en adelante «PCIS») se inscribe en este marco. Según el Comité de la Protección Social, una de cada cinco personas en Europa está amenazada por la pobreza y la exclusión social, y esta grave tendencia experimenta ahora los efectos sociales de la crisis. Las acciones de la UE y de los Estados miembros pretenden que 20 millones de personas superen la pobreza antes de 2020, y sus principales instrumentos para el empleo y la inclusión social son, entre otros, el FSE, el programa Progress, el Feader (7), el FEDER y la microfinanciación.

2.2   Objetivos generales del programa

2.2.1   La Comisión propone reunir tres programas existentes (Progress, el instrumento europeo de microfinanciación y EURES) bajo una misma rúbrica, a fin de racionalizar la elección y controlar mejor el uso de los fondos en este período de crisis de los presupuestos nacionales.

2.3   Los ejes del nuevo programa

2.3.1   El programa Progress, programa de 2006 para el empleo y la solidaridad social, preconiza el establecimiento de indicadores de la situación social europea para poder comparar las situaciones nacionales.

2.3.1.1

Para el período 2014-2020, el programa Progress pretende fomentar el empleo, recabar datos comparables, basarse en las lecciones de la experiencia para promover un enfoque basado en los resultados, a fin de desarrollar la capacidad de las redes de la sociedad civil europea para desarrollar los objetivos de la política social de la Unión con un presupuesto de 575 millones de euros, o sea, de 82,1 millones de euros por año, de los que un 17 % se asignará a la experimentación social.

2.3.2   EURES es la red europea entre la Comisión y los servicios públicos de empleo (SPE). Basado en una antigua práctica de los sindicatos, así como de los interlocutores sociales, facilita la movilidad de los trabajadores en las regiones fronterizas. Desde 2002 hay tres objetivos: desarrollar un portal europeo de movilidad, establecer asociaciones transfronterizas entre los SPE y los interlocutores sociales, y planes de actividades en los Estados miembros para la compensación de las ofertas y demandas de empleo (20 millones de euros). EURES abarca toda la Unión, y los Estados miembros consumen el 70 % de su presupuesto con los «planes de actividad».

2.3.2.1

Para el período 2014-2020, el objetivo es asegurar, en el marco del PCIS, con 143 millones de euros (20,5 millones de euros por año), la movilidad en todas las regiones de la Unión, en particular para los jóvenes, y gestionar a nivel europeo las estadísticas y la información, hacer un balance anual con intercambios, mejorar el portal gracias al multilingüismo, incluir en un futuro próximo a los agentes privados del empleo, y asegurar el programa de las actividades nacionales en el presupuesto del FSE.

2.3.3   El instrumento europeo de microfinanciación a favor del empleo y de la inclusión social (2010) se propone el desarrollo del acceso a los microcréditos por parte de aquellos que se encuentran en dificultades respecto al empleo o al crédito. Pueden beneficiarse de él los trabajadores autónomos y las microempresas sociales El Fondo Europeo de Inversiones es el gestor del programa; permite a las instituciones financieras prestamistas adherirse al FEI y al BEI para tener garantizados sus riesgos de eventuales pérdidas, y desarrollar aportaciones de liquidez. A lo largo de tres años (2010-2013) ha movilizado 200 millones de euros para los 27.

2.3.3.1

Para el período 2014-2020, se propone facilitar el acceso a la microfinanciación y el emprendimiento social mediante la garantía de préstamos por un importe de hasta 25 000 euros, con un presupuesto de 191,6 millones de euros para siete años (27 millones de euros por año).

2.4   Los elementos de la propuesta

2.4.1   El nuevo programa PCIS tiene un presupuesto de 958 millones de euros, lo que solo supone un 10 % más que en 2007. Inscrito en la Estrategia Europa 2020, se basa en los mismos principios: asociaciones, coordinación, condiciones previas, entorno presupuestario sano, refuerzo de la cooperación y de la cohesión territorial, y búsqueda de la simplificación.

2.4.2   La Comisión, que aspira, sobre todo, a cambiar estructuralmente con el tiempo el aspecto social en la Unión promoviendo la «modernización» de las políticas sociales de los Estados miembros (8), propone a este respecto:

—	poner en sinergia los tres programa entre ellos y con el Fondo Social Europeo;

—	establecer procedimientos armonizados de información, comunicación, difusión, gestión y evaluación;

—	concentrarse más en grandes proyectos que aporten un gran valor añadido europeo, con el menor coste posible.

2.4.3   El programa tiene cinco objetivos:

—	reforzar la adhesión a los objetivos de la Unión en los ámbitos de las condiciones de empleo, asuntos sociales y exclusión;

—	fomentar la buena gobernanza, el aprendizaje mutuo y la innovación social;

—	modernizar la legislación europea y garantizar su aplicación;

—	promover la movilidad geográfica;

—	potenciar el acceso a la microfinanciación;

3.   Observaciones generales del CESE

3.1   El Comité encuentra interesante la propuesta de racionalizar las acciones de ayuda de la Unión Europea en beneficio de los solicitantes de empleo, y considera que no es sencillo preparar un programa para siete años cuando el anterior aún seguirá en vigor durante dos años.

3.2   Lamenta que el objetivo de igualdad en el progreso de los derechos sociales nacionales, que pretende resolver las disparidades entre los mismos y facilitar así la movilidad, no se contemple como objetivo general (9).

3.3   El Comité recuerda que la competencia de la Unión en materia de política social y de cohesión es una competencia compartida (10). En cualquier caso, la Unión debe respetarla, al igual que las exigencias de aplicación general del artículo 9 del TFUE (11), y las de los artículos 8 y 10.

3.4   A este respecto el Comité desea que las dos grandes cuestiones de la igualdad y de la lucha contra la discriminación, hasta ahora siempre asociadas a las políticas sociales, que han sido confiadas a la DG Justicia, sigan siendo elegibles en el programa Progress, pues muchas discriminaciones se traducen en desigualdades salariales y sociales. El proyecto de Reglamento sobre el FSE las recoge en su considerando 10 y en sus artículos 7 y 8 (12), mientras que la igualdad se mantiene en el capítulo social del Tratado.

3.5   El CESE lamenta que el PCIS no ponga de relieve las sinergias esperadas de la unión de los tres programas Progress, EURES y Microfinanciación. Se podría haber tenido en cuenta el papel de las regiones. No se examinan las posibilidades concretas de sinergia con los otros programas europeos, como los programas para la educación, las ayudas al empleo juvenil y la iniciativa emblemática para los jóvenes «Tu primer trabajo EURES».

3.6   El CESE estima que es necesario evaluar los fondos distribuidos realmente, su tasa de utilización y las limitaciones encontradas verdaderamente por los proyectos (véase microfinanciación y creación de empleo) para aclarar el nuevo programa y, por otra parte, considera que la Comisión no explica cómo se va a determinar el gran valor añadido europeo que hace elegibles nuevas acciones. Por ello, basa sus objetivos en elementos inciertos, tanto más inciertos cuanto que aún no se ha efectuado la evaluación del programa precedente, y la estimación del valor añadido del nuevo programa es más que subjetiva.

3.7   El Comité, en comparación con el proyecto de Reglamento sobre el FSE, estima que el lugar y el papel de los interlocutores sociales deberían haberse mencionado en los tres programas del PCIS; el texto del FSE les reconocía un importante papel en materia de empleo, educación e inclusión social (13).

3.8   Asimismo, el CESE observa que el papel de las ONG debería evocarse en el PCIS (financiado en parte con fondos del FSE); en efecto, el proyecto de Reglamento sobre el FSE indica en su considerando 9 (14) que «la eficaz y eficiente ejecución de las medidas financiadas por el FSE depende de su correcta gestión y de la cooperación de todos los agentes socioeconómicos y territoriales, especialmente de los agentes sociales y organizaciones no gubernamentales».

3.9   Las organizaciones de la sociedad civil son invitadas por el PCIS (15), y el CESE estima que debería definirse su lugar. Así podrían desempeñar su papel en el proceso de aplicación de las políticas.

3.10   El CESE considera que la Comisión debería preocuparse por la inclusión digital (16) en las acciones previstas, pues las nuevas tecnologías de la información y la comunicación representan un incentivo transversal para la inclusión y el empleo.

4.   Sobre el método

4.1   El CESE observa que el proyecto se llama «Programa para el Cambio y la Innovación Sociales» (PCIS) y propone proseguir tres acciones antiguas de la Unión sin innovación. La Comisión propone orientar los tres programas hacia el cambio y la innovación social mediante la experimentación social, sin definir el propio objetivo de la «innovación social» ni en los considerandos ni el texto ni en la evaluación previa.

4.2   Las investigaciones universitarias llevadas a cabo en diferentes países sobre la «innovación social» parten de la idea de que el modelo producción-consumo está agotándose, de modo que ya es hora de cambiar las estructuras sociales acabando con la fragmentación de los cometidos entre categorías de agentes e intereses, lo que, como quiera que aún se carece de una definición estable de la innovación, acarrearía incertidumbres sobre la elección de los modelos de gobernanza entre las empresas, ya sean sociales o no, así como en relación con la representación de los empleados y la forma del diálogo social (17). Para estos investigadores, el cambio social también se operaría sobre los sistemas de protección social. Se trata de revisar el «modelo social» europeo sin ideas preconcebidas, de manera experimental. Por otra parte el programa Progress (18) debería favorecer «un proceso decisorio» basado en elementos concretos y en la innovación, en asociación con los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas.

4.3   La Comisión Europea, en su proyecto, promete esta «experimentación social», sin definir hacia qué innovación y cambio se propone ir. Es un planteamiento sociológico que podría engañar al ciudadano, que no puede ver hacia dónde va el proyecto final. El CESE estima que, ante todo, convendría ver por qué y cómo el mercado, los servicios públicos y las ayudas europeas no han satisfecho la necesidad social y por qué no se hecho una reasignación de la riqueza para garantizar su autonomía a las personas en dificultades, en el respeto de los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales.

4.4   A juicio del Comité, haría falta saber cuál es el cambio social esperado al término de toda innovación, lo que no permiten ni el método de abajo arriba ni el proyecto de Reglamento sometido a examen.

4.5   Los sistemas de seguridad conocidos por los ciudadanos por su sostenibilidad tienen una gran legitimidad. El Comité estima que «ensayar y generalizar toda solución innovadora en materia de necesidades sociales» (19) puede llevar a reducir las grandes solidaridades, al clientelismo y a la atomización de la acción social y de sus formas representativas.

4.6   Para el CESE, el programa sometido a examen debería garantizar que las actividades de innovación social serán complementos que no rivalizarán con los derechos sociales (20) ni con los sistemas nacionales de protección social. El Comité subraya que la innovación social no debe poner término a los sistemas basados en el derecho ni la seguridad a largo plazo que proporcionan a las personas, incluidas las más vulnerables.

4.7   El verdadero cambio social para las categorías desfavorecidas, antes de las reformas sociales sistémicas, sería acceder al empleo, a la vivienda y al transporte. Los habitantes de la Unión necesitan, por encima de todo, empleos dignos. El programa debería evocar la cuestión de la vivienda, pues afecta a todos los agentes del empleo y la inclusión (21).

4.8   El CESE recuerda que, en materia de protección social propiamente dicha (22), el artículo 153.4 del TFUE garantiza a los Estados miembros la facultad de definir los principios fundamentales de su sistema de seguridad social y la posibilidad de mantener o adoptar medidas de protección más estrictas y, por supuesto, compatibles con los tratados.

5.   Observaciones específicas

5.1   El Comité considera útil que en el proyecto de Reglamento se recuerde el principio de subsidiariedad y que se introduzca la definición del «gran valor añadido» que se espera.

5.2   Respecto al programa Progress

5.2.1   La definición de las acciones, de los agentes y de los beneficiarios potenciales del proyecto no es suficiente (23). El texto no dice si los elementos de análisis tienen en cuenta los puntos de vista de los interlocutores sociales (24) y de las ONG, sobre todo para la puesta a punto de las baterías de indicadores (25).

5.2.2   El programa Progress tiene objetivos difícilmente «medibles» y recurre a «variables subjetivas», cuando la ficha financiera del proyecto lo inscribe en una gestión basada en los resultados (26). No se mide la incidencia en el objetivo del empleo y el instrumento parece poco operativo. Para el CESE, los datos ya recabados deberían extraer las lecciones de los logros y habría que facilitar un tesauro en línea de las experiencias positivas. El CESE recomienda, antes de proseguir, que se investigue qué empleos se han creado gracias a las ayudas. La Comisión evitaría así hacer recomendaciones de reformas estructurales partiendo de una evaluación poco fiable.

5.2.3   Hay un desfase entre el objetivo y los medios: la financiación anunciada, dotando a los tres ejes para el período 2014-2020 con el 10 % de fondos suplementarios respecto a 2007 no puede dar pie a nuevas acciones.

5.2.4   El proyecto atribuye demasiada importancia a la gestión (27): el dinero del contribuyente debería ayudar directamente al ciudadano. Sería conveniente saber qué parte se atribuirá, por ejemplo, a la lucha contra la pobreza.

5.2.5   Las evaluaciones de los proyectos apoyados, al igual que en el pasado, pueden acarrear gastos si recurren a empresas externas de control. El CESE estima conveniente simplificar y estandarizar los documentos y procedimientos.

5.2.6   Por lo que respecta a las empresas sociales (28), el CESE desea:

—	recordar el principio de subsidiariedad y las responsabilidades de los Estados miembros;

—	ver la definición de su papel en los servicios sociales de interés general;

—	ver la sinergia entre el PCIS y la propuesta de Reglamento de 7.12.2011 sobre los «fondos de emprendimiento social europeo» para favorecer el desarrollo de las empresas sociales (atribución de una etiqueta FESE);

—	normas de gobernanza en función del grado de objetivo social, las normas que se imponen a los inversores y precisiones sobre el papel de los bancos con las normas de solvencia que eventualmente se exijan, en caso necesario;

—	la elegibilidad de los empresarios.

5.3   Por lo que respecta a EURES

5.3.1   EURES se financiará con el 15 % del PCIS y, en gran parte, con el FSE. El solapamiento presupuestario de los programas no aclara las cosas para el ciudadano: los Fondos Estructurales están regionalizados según NUTS2, mientras que los fondos del PCIS no lo están.

5.3.2   Las actividades a nivel nacional y transfronterizo serán financiadas por el Fondo Social Europeo, mientras que las actividades europeas (29) serán financiadas por el PCIS. Para la parte del FSE, se aplicarán las normas de participación de los interlocutores, pero no para la parte del PCIS.

5.3.3   El CESE se pregunta si conviene reagrupar bajo un solo PCIS elementos tan dispares, cuyo control presupuestario será más difícil que en la configuración precedente. El reparto de la financiación entre el FSE, la Comisión y los Estados miembros debería ser más claro. Ello supone la aplicación de normas diferentes para la comitología y el control de los actos de ejecución de la Comisión (30).

5.3.4   El CESE se pregunta si es pertinente que la Comisión cree un sistema centralizado y frene la dinámica regional de EURES, cuando los años de funcionamiento de esta antigua «innovación social» muestran que los actores del terreno son los mejor situados. En 2007, el Parlamento incluso deseaba aumentar su presupuesto (31). El Comité recuerda que la movilidad no es un objetivo por sí mismo, sino solo una ayuda en caso de necesidad de ir a buscar un empleo en un país de acogida de la Unión.

5.3.5   El CESE estima que sería necesario evocar en el texto:

—	el principio de la primacía de la oferta de empleos dignos sobre la oferta de microcréditos y microempleos;

—	el objetivo de promover la movilidad luchando contra el dumping social;

—	los tipos de contratos de trabajo obtenidos por EURES;

—	la definición de la movilidad específica;

—	la evolución anunciada del fundamento jurídico de EURES (32);

—	la necesidad de la portabilidad de los derechos de los ciudadanos móviles y nuevos textos sobre la equivalencia de las competencias (33).

5.3.6   El CESE considera importante mantener claramente en EURES el papel de los interlocutores sociales.

5.4   Por lo que respecta a la microfinanciación y el emprendimiento social:

5.4.1   El CESE desea que los ciudadanos sean ampliamente informados de este programa para que eviten las ofertas de microfinanciación por parte de la economía informal con tipos de usura en Internet (necesidad de inclusión digital). Conviene no olvidar que las personas citadas en el artículo 22 del proyecto son personas vulnerables y que es necesario darles otras ayudas distintas del microcrédito y de las actividades competitivas. Estas pueden ser arriesgadas y constituir un señuelo para ellas, sin sustituir jamás a un empleo asalariado,

5.4.2   El CESE desearía que se estudiara la hipótesis de una clave de reparto del programa entre Estados miembros.

5.4.3   El Comité estima necesario hacer hincapié en el efecto de palanca esperado del FEI y el BEI, y determinar claramente los beneficiarios. En efecto, entre la persona que acaba de perder su empleo (art. 22.1.a), una empresa social (art. 22.3) con asalariados y presupuesto, y el empresario y su microempresa, la suma de 25 000 euros tendrá consecuencias muy diferentes, y las garantías se verán de forma diferente por los organismos prestamistas. Así pues, convendría aclarar:

—	qué es «social» en este eje;

—	los beneficiarios y, en particular, el tamaño de las empresas sociales elegibles;

—	qué es una «microempresa social»;

—	las modalidades de aplicación de la ayuda y la cobertura precisa aportada (¿100 %?);

—	los criterios para introducir eventualmente una forma de escala de las ayudas;

—	medidas para simplificar la evaluación ex-post para facilitar los balances y reducir el coste de los controles.

5.4.4   Por el lado de los prestamistas:

—	se les deberían dar normas más claras para que asumieran su papel sin agobiar a los prestatarios con eventuales exigencias separadas y ocultas;

—	prever medidas de evaluación para un balance rápido.

5.4.5   El CESE desea que el valor añadido de estas medidas sea más elevado que la creación estimada de 1,2 empleos por cada microcrédito concedido con arreglo al programa precedente (34).

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(1)  Dictamen del CESE, DO C 100 de 30.4.2009, p. 77.

(2)  Dictamen del CESE, DO C 132 de 3.5.2011, p. 22.

(3)  PCIS: Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales, COM(/2011) 609 final.

(4)  Artículo 151 del TFUE.

(5)  Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Emprendimiento Social.

(6)  Programa de trabajo de la Comisión para el año 2012, COM(2011) 777 final.

(7)  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

(8)  COM(2011) 609 final, pt. 1 de la Exposición de motivos y artículo 4.1 c).

(9)  Artículo 151.1 del TFUE.

(10)  Art. 4.2 b) y c). del TFUE.

(11)  Dictamen del CESE, DO C 24 de 28.1.2012, p. 29.

(12)  COM(2011) 607 final.

(13)  COM(2011) 607 final, punto 5 de la Exposición de motivos.

(14)  COM(2011) 607 final, considerando 9.

(15)  COM(2011) 609, considerando 9.

(16)  Dictamen del CESE, DO C 318 de 29.10.2011, p. 9.

(17)  Social innovation Review, Standford Graduate School of Business, otoño de 2008, J.A. Phills, K. Deiglmeier, D.T. Miller; Social Innovation, J. Howaldt & M. Schwarz, IMO-Dortmund, mayo de 2010; Transformations et Innovation sociale en Europe: quelles sorties de crise ?, N. Richez-Battesti & D. Vallade, P.U de Louvain-Cahiers del CIRTES 5, sept. 2010, p.45; S. Bacq & F. Janssen, ibídem, p. 207.

(18)  Artículo 3 a) del proyecto de dictamen del CESE, DO C 255 de 14.10.2005, p. 67.

(19)  Art. 9.1 y art. 3 – COM(2011) 609.

(20)  Artículo 151.1 del TFUE.

(21)  Arts.1, 7, 15, 24, 34.3, 52.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales, art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y arts. 30 y 31 de la Carta Social Europea revisada.

(22)  COM(2011) 609, art. 4.1 a) y b).

(23)  Evaluación ex-ante, p. 42.

(24)  COM(2011) 609, art. 15, a) y c).

(25)  COM(2011) 607, art. 6.

(26)  «Ficha financiera legislativa para las propuestas», pt. 1.4.3. (anexo al COM(2011) 609 final, p. 32).

(27)  COM(2011) 609 final, art. 5.3.

(28)  Dictamen CESE, DO C 24 de 28.1.2012, p. 1.

(29)  Portal y Proyecto para la juventud «Tu primer trabajo EURES».

(30)  Reglamento (UE) no 182/2011.

(31)  PE, Resolución de 15.9.2007.

(32)  Comunicación COM(2011) 777 final.

(33)  Propuesta de Directiva de 19.12.2011 (COM(2011) 883 final).

(34)  «Ficha financiera legislativa para las propuestas», punto 2.1.2. Indicadores de rendimiento (anexo al COM(2011) 609 final, p.37).

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