1)

Desestimar el recurso de casación del Consejo de la Unión Europea.

2)

Desestimar el recurso de casación de la Comisión Europea.

3)

Desestimar la adhesión a la casación de Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT).

4)

Cada parte soportará sus propias costas.

1)

El artículo 2, punto 2, párrafo segundo, primera frase, de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que la facultad reconocida por esta disposición a los Estados miembros para no considerar autoridades públicas a las «entidades o instituciones en la medida en que actúen en calidad de órgano […] legislativo» puede aplicarse a los ministerios en la medida en que participen en el procedimiento legislativo, en particular mediante la presentación de proyectos de ley o dictámenes, y que tal facultad no está supeditada a que se cumplan los requisitos mencionados en el artículo 2, punto 2, párrafo segundo, segunda frase, de esa Directiva.

2)

El artículo 2, punto 2, párrafo segundo, primera frase, de la Directiva 2003/4 debe interpretarse en el sentido de que la facultad reconocida por esta disposición a los Estados miembros para no considerar autoridades públicas a las entidades o instituciones en la medida en que actúen en calidad de órgano legislativo no puede ejercitarse una vez que haya concluido el procedimiento legislativo de que se trate.

3)

El artículo 4, apartado 2, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2003/4 debe interpretarse en el sentido de que el requisito por él previsto según el cual la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas debe estar dispuesta por la ley puede considerarse cumplido por la existencia, en el Derecho nacional del Estado miembro afectado, de una norma que establece, de manera general, que la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas constituye un motivo de denegación de acceso a la información medioambiental en poder de esas autoridades, siempre y cuando el Derecho nacional defina claramente el concepto de procedimiento, lo que corresponde verificar al juez nacional.

1)

El artículo 81 CE y el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, deben interpretarse en el sentido de que, en relación con un procedimiento incoado después del 1 de mayo de 2004, no son aplicables a un cártel cuya actuación produjo efectos, en el territorio de un Estado miembro que ingresó en la Unión el 1 de mayo de 2004, en períodos anteriores a la citada fecha.

2)

La incoación por la Comisión de un procedimiento contra un cártel, con arreglo al capítulo III del Reglamento no 1/2003, no priva a la autoridad de defensa de la competencia del Estado miembro de que se trate, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 6, del Reglamento no 1/2003, en relación con el artículo 3, apartado 1, del mismo Reglamento, de sus atribuciones para sancionar, aplicando el Derecho nacional de la competencia, los efectos contrarios a la competencia producidos por la actividad de dicho cártel en el territorio del citado Estado miembro en períodos anteriores a su adhesión a la Unión Europea.

El principio non bis in idem no se opone a que la autoridad nacional de defensa de la competencia de un Estado miembro pueda imponer multas a las empresas participantes en un cártel con objeto de sancionar los efectos producidos por la actuación de ese cártel en el territorio de dicho Estado miembro antes de su adhesión a la Unión, siempre que las multas impuestas a los miembros del cártel mediante una decisión de la Comisión dictada antes de que se adoptara la resolución de dicha autoridad nacional de defensa de la competencia no hayan tenido por objeto sancionar esos mismos efectos.

1)

Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que desea subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes.

2)

Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la adjudicación consiguiente de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior.

3)

De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en los litigios principales y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3 del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras hípicas, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

1)

Aunque para la interpretación de los artículos 2, apartado 2, y 9, apartado 4, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, celebrado el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2005/370/CE del Consejo de 17 de febrero de 2005, se puede tomar en consideración la Guía de aplicación de ese Convenio, dicha Guía no tiene sin embargo ninguna fuerza obligatoria y carece del alcance normativo inherente a las disposiciones del referido Convenio.

2)

El artículo 2, apartado 2, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente y el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, según su modificación por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, deben interpretarse en el sentido de que únicamente están excluidos del ámbito de aplicación respectivo de ambas disposiciones los proyectos detallados adoptados mediante un acto legislativo específico, de forma que los objetivos de dichas disposiciones se hayan alcanzado mediante el procedimiento legislativo. Corresponde al juez nacional comprobar que se han cumplido estos dos requisitos, teniendo en cuenta tanto el contenido del acto legislativo adoptado como el conjunto del procedimiento legislativo que condujo a su adopción, y en particular los trabajos preparatorios y los debates parlamentarios. A este respecto, un acto legislativo que no haga sino «ratificar» pura y simplemente un acto administrativo preexistente, limitándose a manifestar la existencia de razones imperiosas de interés general sin la previa apertura de un procedimiento legislativo de fondo que permita cumplir dichos requisitos, no puede considerarse un acto legislativo específico en el sentido de la citada disposición y por lo tanto no basta para excluir un proyecto del ámbito de aplicación respectivo del citado Convenio y de dicha Directiva.

3)

Los artículos 3, apartado 9, y 9, apartados 2 a 4, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente y el artículo 10 bis de la Directiva 85/337, según su modificación por la Directiva 2003/35, deben interpretarse en el sentido de que:

4)

El artículo 6, apartado 9, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente y el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337, según su modificación por la Directiva 2003/35, deben interpretarse en el sentido de que no exigen que la propia decisión contenga las razones por las que la autoridad competente ha decidido que ésta era necesaria. No obstante, en el supuesto de que lo solicite una persona interesada, la autoridad competente está obligada a comunicarle los motivos por los que se ha adoptado dicha decisión o las informaciones y los documentos pertinentes en respuesta a la solicitud presentada.

5)

El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, debe interpretarse en el sentido de que no permite que una autoridad nacional, aun si es legislativa, autorice un plan o un proyecto sin haberse asegurado de que no perjudicará la integridad del lugar afectado.

6)

El artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43 debe ser interpretado en el sentido de que la realización de una infraestructura destinada a acoger un centro administrativo no puede considerarse, por principio, como una razón imperiosa de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica en el sentido de esa disposición, apta para justificar la realización de un plan o de un proyecto que perjudique la integridad del lugar afectado.

—

2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico);

—

2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y

—

2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,

—

de la información almacenada en sus servidores por los usuarios de sus servicios;

—

que se aplique indistintamente con respecto a toda su clientela;

—

con carácter preventivo;

—

exclusivamente a sus expensas, y

—

sin limitación en el tiempo,

1)

En el caso de un Estado que, como la República de Polonia, se haya adherido a la Unión Europea el 1 de enero de 2004, si no se prevén disposiciones excepcionales en el Acta de adhesión de dicho Estado a la Unión ni en ningún otro acto de la Unión Europea, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, en su versión modificada por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, debe interpretarse en el sentido de que la exención obligatoria que establece sólo se aplica a las operaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la mencionada Directiva, en su versión modificada, que, a 1 de julio de 1984, estuvieran exentas del impuesto sobre las aportaciones en dicho Estado o sujetas a este impuesto pero gravadas a un tipo reducido inferior o igual al 0,50 %.

2)

El artículo 5, apartado 3, primer guión, de la Directiva 69/335, que excluye de la base imponible el «importe de aquellos activos de la sociedad de capital que se afecten al aumento del capital social y que hubieren ya sido sometidos al impuesto sobre las aportaciones», debe interpretarse en el sentido de que se aplica con independencia de la cuestión de si se trata de los activos de la sociedad cuyo capital social es objeto de ampliación o si se trata de aquellos que, procedentes de otra sociedad, vienen a aumentar el capital.

1)

El artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) no 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que, en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o modelo comunitario registrado, el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior.

2)

La respuesta a la primera cuestión no varía en función de la intención o del comportamiento del tercero.

1)

El artículo 168, letra a), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que:

2)

Los artículos 168 y 176 de la Directiva 2006/112 no se oponen a una normativa nacional que prevé la exclusión del derecho a deducción por bienes y servicios destinados a operaciones a título gratuito o a actividades ajenas a la actividad económica del sujeto pasivo, siempre que los bienes calificados de bienes de inversión no estén afectados al patrimonio de la empresa.

1)

¿Se opone el artículo 10 del citado Reglamento (1) a una normativa nacional que permite informar al público mencionando la denominación del alimento o pienso y de la empresa de alimentos o piensos con cuyo nombre o razón social el alimento o pienso se haya producido, tratado o comercializado si un alimento que no es perjudicial para la salud, pero es impropio para el consumo y especialmente repugnante, se comercializa o ha comercializado en cantidad no desdeñable o si tal alimento, debido a su carácter particular, en principio sólo se ha comercializado en pequeñas cantidades, pero durante un período prolongado?

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior:

2)

¿Sería diferente la respuesta a la cuestión II.1 si los hechos se produjeron antes del 1 de enero de 2007, pero el Derecho nacional ya se había adaptado al Reglamento antes citado?

1)

La causa de denegación o de nulidad establecida en el artículo 3, apartado 1, inicio y letra e), inciso iii), de la Directiva 89/104/CEE, (1) en su versión codificada en la Directiva 2008/95, (2) a saber, que las marcas (de forma) no pueden consistir exclusivamente en una forma que dé un valor sustancial al producto, ¿se refiere al motivo (o los motivos) de la decisión de compra del público pertinente?

2)

¿Existe una «forma que dé un valor sustancial al producto» en el sentido de la disposición antes citada

3)

¿Es decisiva, para la respuesta a la segunda cuestión, la opinión de la mayoría del público pertinente, o el juez puede apreciar que basta con la opinión de una parte del público para considerar que el valor en cuestión es «sustancial» en el sentido de la citada disposición?

4)

En caso de que se responda a la tercera cuestión en el sentido indicado ¿qué requisito debe establecerse respecto a la dimensión del público pertinente?

1)

¿Se opone a la Directiva 76/207/CEE (1) del Consejo, y a la Directiva 96/34/CE (2) del Consejo, una Ley nacional, en concreto el art. 48 4o del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce la titularidad del derecho al descanso por maternidad, en el supuesto de parto, después de pasado el período de seis semanas posteriores al alumbramiento y a salvo los casos de peligro para la salud de la madre, como derecho originario y autónomo de las madres trabajadoras, y como derivado a los padres de un niño y trabajadores por cuenta ajena, que sólo pueden disfrutar del citado descanso cuando la madre de ese niño también tiene la condición de trabajadora y opte porque el padre disfrute de una parte determinada del mismo?

2)

¿Se opone al principio de igualdad de trato que impide toda discriminación por razón de sexo una Ley nacional, en concreto el art. 48 4o del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce la suspensión del contrato de trabajo con reserva de puesto de trabajo, y retribuida a cargo de la Seguridad Social, en el supuesto de parto, como un derecho originario de la madre, y no del padre, incluso después de pasado el período de seis semanas posteriores al parto y a salvo los casos de peligro para la salud de la madre, de modo que el permiso que tenga un trabajador por cuenta ajena dependa de que la madre del niño también sea trabajadora por cuenta ajena?

3)

¿Se opone al principio de igualdad de trato que impide toda discriminación una Ley nacional, en concreto el art. 48 4o del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce la titularidad originaria del derecho a una suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto de trabajo, y retribuido por la Seguridad Social, a los padres que trabajan por cuenta ajena cuando adoptan un hijo, y, por el contrario, no les reconoce un derecho a esa suspensión propio, autónomo e independiente del de la madre, a los padres que trabajan por cuenta ajena cuando tienen un hijo biológico, sino únicamente un derecho derivado del de la madre?

1)

¿Se integra en el concepto de base imponible del IVA, en el sentido del artículo 11, parte A, apartado 1, letra a), de la Directiva 77/388/CE (1) [actual artículo 79, letra c), de la Directiva 2006/112/CE (2) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006], la tasa de exhibición liquidada por la recurrente a los anunciantes en su calidad de sustituta tributaria, conforme al artículo 50, apartado 1, del Decreto-ley 227/2006, principalmente por constituir la «contraprestación que quien realice la entrega o preste el servicio obtenga o vaya a obtener» con cargo a las entregas de bienes y prestaciones de servicios?

2)

¿Debe calificarse de suma que «un sujeto pasivo reciba del comprador de los bienes o del destinatario de la prestación en reembolso de los gastos pagados en nombre y por cuenta de estos últimos y que figuren en su contabilidad en cuentas específicas», en el sentido del artículo 11, parte A, apartado 3, letra c), de la Directiva 77/388/CEE [actual artículo 79, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006], la tasa de exhibición liquidada por la recurrente a los anunciantes, en su calidad de sustituta tributaria, que figura en su contabilidad en una cuenta de terceros?

3)

En consecuencia, ¿deben incluirse en la base imponible a efectos del IVA esos importes liquidados por la recurrente en concepto de tasa de exhibición?

1)

¿Se pueden considerar las actividades deportivas no organizadas, no sistemáticas y recreativas que se pueden llevar a cabo de esa manera en un complejo de piscinas al aire libre (por ejemplo, natación recreativa, juegos de pelota recreativos, etc.) como práctica del deporte o de la educación física en el sentido de lo dispuesto en el artículo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido? (1)

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe considerarse la concesión a título oneroso del acceso a tal complejo de piscinas al aire libre, que ofrece a sus visitantes la citada oportunidad de practicar actividades deportivas, si bien junto con otros tipos de entretenimiento o recreación, como un servicio directamente relacionado con la práctica del deporte o de la educación física prestado a las personas que practican el deporte o la educación física, en el sentido de lo dispuesto en el citado precepto de la Directiva 2006/112/CE y, por lo tanto, como un servicio exento del impuesto sobre el valor añadido, siempre que sea prestado por un organismo sin fin lucrativo y se cumplan los demás requisitos de la Directiva?

—

Que se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de noviembre de 2011 en el asunto T-363/10.

—

Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 9 de junio de 2010 (asunto R 1560/2009-1) en relación con la solicitud de la marca comunitaria no 8.448.251 RESTORE.

—

Que se condene en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).

1)

En primer lugar, la recurrente alega la desnaturalización de los hechos o de las pruebas por parte del Tribunal General. Señala que el Tribunal General consideró erróneamente que constituye un hecho generalmente conocido que la palabra «restore» presenta un significado médico directo. Únicamente es pacífico en el procedimiento que «restore» debe traducirse por «restablecer». Sin embargo, no cabe entender que existe una relación con la medicina. El hecho de que el Tribunal General base su opinión en los extractos de diccionario presentados constituye una desnaturalización de las pruebas. De los extractos resulta que «restore» no tiene por sí solo significado médico alguno, sino que se trata de un concepto poco claro, que, según el contexto, puede entenderse de modo variado. Por lo tanto, no puede considerarse este significado como hecho generalmente conocido que, por lo tanto, excepcionalmente no requiere ser demostrado.

2)

En segundo lugar, la recurrente invoca la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009. Alega que el Tribunal General clasificó la marca RESTORE como indicación meramente descriptiva incurriendo en error de derecho. La aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009 exige que el signo solicitado pueda servir en el comercio «para designar» el tipo etc. de productos. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la afirmación descriptiva tiene que resultar «manifiestamente» del signo solicitado y el propio término tiene que tener carácter descriptivo.

Alega que por sí mismo, el verbo «restore» no contiene indicio alguno sobre el tipo, la composición o la destinación de los productos solicitados. El verbo «restore» únicamente adquiere una función descriptiva en combinación con uno o varios sustantivos (por ejemplo, «restore one’s health»). En la medida en que se considera que de las circunstancias resulta una relación con la medicina, este hecho no es suficiente, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, puesto que para ello es necesario un acto de transferencia del comercio en el sentido de un esfuerzo interpretativo. Un sentido relacionado con la medicina únicamente puede resultar añadiendo términos como «health», términos que precisamente no están presentes en el presente asunto. Tanto la Sala de Recurso como el Tribunal General examinaron una marca RESTORE SOMEONE’S HEALTH en lugar de la marca solicitada RESTORE.

3)

En tercer lugar, la recurrente alega una infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009. Sin tener en cuenta el criterio jurídico apropiado, la Sala de Recurso calificó la marca RESTORE de signo que carece de carácter distintivo, por lo que denegó el registro de la marca incurriendo en error de derecho. La recurrente considera que la Sala de Recurso y el Tribunal General negaron que la marca solicitada RESTORE tuviera cualquier carácter distintivo teniendo en cuenta su supuesta naturaleza descriptiva. Este hecho se impugna en lo expuesto respecto del segundo motivo de casación.

La sentencia tampoco puede basarse en la «fundamentación con carácter subsidiario» de la inexistencia de todo carácter distintivo (apartados 52 a 54 de la sentencia). La exposición es una repetición tautológica del argumento de que una marca descriptiva carece siempre de carácter distintivo. Además, en contra del carácter descriptivo aboga el hecho de que en el comercio no se espera que en un producto médico figure una descripción de funcionamiento, ni siquiera en forma de una única palabra.

4)

En cuarto lugar, la demandante invoca la infracción del artículo 75, segunda frase, del Reglamento no 207/2009. Alega que la Sala de Recurso basó su resolución esencialmente en extractos de diccionarios a los que la recurrente no tuvo acceso y respecto de los que, por consiguiente, no se la oyó. Por lo tanto, existe una vulneración del derecho a ser oída, puesto que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una resolución únicamente puede basarse en circunstancias respecto de las que las partes hayan podido pronunciarse. Sin embargo, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a los efectos de presentar observaciones, la Sala de Recurso estaba obligada a comunicar aquellos hechos que hubiera recabado de oficio y en los que pretendiera basar su resolución. A este respecto, alega que la Sala de Recurso omitió, en un punto determinante para el procedimiento, presentar los extractos de diccionario que había recabado, de modo que vulneró el derecho a ser oído.

5)

En quinto lugar, la recurrente alega la violación del principio de igualdad de trato. Alega que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta, contrariamente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las anotaciones previas y, por lo tanto, su práctica de registro. A estos efectos, la recurrente no ignora que este principio está supeditado a la actuación conforme a Derecho. Sin embargo, la mera mención de dicho principio no basta para dejar al margen el principio de igualdad de trato. Más bien tendría que haberse expuesto concretamente por qué ha de entenderse que las anotaciones previas son en sí contrarias a Derecho.

1)

El artículo 1, párrafo primero, de la Tercera Directiva 90/232/CEE (1) del Consejo, de 14 de mayo de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles, en relación con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE (2) del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, ¿debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho interno (como el artículo 4 de la Ley no 381/2001, sobre contrato de seguro obligatorio de los daños que resultan de la circulación de vehículos automóviles, y el artículo 6 de la Ley no 168/1999 [de la República Checa] sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos), con arreglo a la cual la responsabilidad civil que resulta del uso de vehículos automóviles no cubre los daños morales, expresados como una cantidad pecuniaria, que sufren los cónyuges supérstites de las víctimas de un accidente de tráfico producido por el uso de vehículos automóviles?

2)

En caso de que se responda a la primera cuestión que la citada norma de Derecho interno no es contraria al Derecho comunitario, ¿las disposiciones del artículo 4, apartados 1, 2 y 4, de la Ley no 381/2001, sobre contrato de seguro obligatorio de los daños que resultan de la circulación de vehículos automóviles, y del artículo 6, de la Ley no 168/1999 [de la República Checa] sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el órgano jurisdiccional nacional, de conformidad con el artículo 1, párrafo primero, de la Directiva 90/232/CEE [omissis] en relación con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE, reconozca a los cónyuges supérstites de las víctimas de un accidente de tráfico provocado por el uso de vehículos automóviles, en su condición de perjudicados, el derecho a que se les indemnicen los daños morales también de forma pecuniaria?

1)

A efectos de la aplicación del artículo 56 CE (actualmente, artículo 63 TFUE), ¿puede el PTU [país o territorio de ultramar] propio tener la consideración de tercer Estado, en cuyo caso podrá invocarse el artículo 56 CE en relación con los movimientos de capitales entre el Estado miembro y el PTU propio?

2)

1)

¿Puede un sujeto pasivo, que con arreglo a la legislación nacional en materia de pensiones haya establecido un fondo de pensiones autónomo para garantizar los derechos de pensión de sus trabajadores y antiguos trabajadores en calidad de partícipes en el fondo, deducir, en virtud del artículo 17 de la Directiva 77/388/CEE (1) (artículos 168 y 169 de la Directiva 2006/112/CE), (2) el impuesto que se le exige en concepto de prestaciones de servicios efectuadas en su favor en el marco de la aplicación de la medida en materia de pensiones y la gestión empresarial del fondo de pensiones?

2)

¿Puede un fondo de pensiones, establecido con la finalidad de obtener con el mínimo coste una pensión para los partícipes en el fondo, al que se aporta y en el que se invierte capital por o por cuenta de los partícipes y del que se distribuyen los rendimientos, ser calificado de fondo común de inversión a los efectos del artículo 13B, letra c), número 6, de la Directiva 77/388/CEE [artículo 135, apartado 1, letra g), de la Directiva 20067112/CE]?

1)

A efectos de la aplicación del artículo 56 CE (actualmente, artículo 63 TFUE), ¿puede el PTU [país o territorio de ultramar] propio tener la consideración de tercer Estado, en cuyo caso podrá invocarse el artículo 56 CE en relación con los movimientos de capitales entre el Estado miembro y el PTU propio?

2.a)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, en el presente asunto, en el que a 1 de enero de 2002 la retención en la fuente sobre los dividendos por participaciones distribuidos por una filial establecida en los Países Bajos a su sociedad matriz domiciliada en las Antillas Neerlandesas ha aumentado respecto a 1993 del 7,5 % o, en su caso, del 5 % al 8,3 %, para responder a la cuestión de si a efectos de la aplicación del artículo 57 CE, apartado 1 (actualmente, artículo 64 TFUE, apartado 1) existe un incremento, ¿debe exclusivamente tenerse en cuenta el aumento de la retención en la fuente neerlandesa o bien debe también tenerse en cuenta que –en relación con el aumento de la retención en la fuente neerlandesa– desde el 1 de enero de 2002 las autoridades de las Antillas Neerlandesas han concedido una exención respecto a los dividendos por participaciones percibidos por una filial establecida en los Países Bajos, mientras que anteriormente los dividendos formaban parte del beneficio imponible a un tipo del 2,4 — 3 % o bien del 5 %?

2.b)

En el caso de que deba tenerse en cuenta la reducción de la tributación en los Países Bajos operada mediante la introducción de la exención por participaciones mencionada en la cuestión 2.a), ¿deben además tenerse en cuenta las normas de las Antillas Neerlandesas en materia de ejecución –en el caso de autos: la práctica de política fiscal de las Antillas Neerlandesas– que posiblemente tuvieron como consecuencia que antes del 1 de enero de 2002, y ya en 1993, el impuesto efectivamente adeudado en relación con los dividendos percibidos por la [por una] filial domiciliada en los Países Bajos fuera sustancialmente inferior al 8,3 %?

—

Que se declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2009/131/CE de la Comisión, de 16 de octubre de 2009, que modifica el anexo VII de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Comunidad, (1) al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva, o, al no haberlas comunicado íntegramente a la Comisión.

—

Que se condene en costas a la República Federal de Alemania.

1)

Si un consumidor, tras no obtener la puesta en conformidad del bien –porque, pese a pedirla de forma reiterada, la reparación no ha sido llevada a cabo-, reclama judicialmente con carácter exclusivo la resolución del contrato y tal resolución no es procedente por estarse ante una falta de conformidad de escasa importancia, ¿puede el Tribunal reconocer de oficio al consumidor una reducción adecuada del precio?

—

Estime el recurso de casación y, en consecuencia, anule totalmente la sentencia del Tribunal General, en el asunto T-434/10, de conformidad con los artículos 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia y 113 del Reglamento de Procedimiento.

—

Resuelva definitivamente el litigio, si el estado del mismo lo permite, y anule la resolución de la División de Oposición de la OAMI, dictada el 29 de septiembre de 2009, que resuelve la oposición no B 1.276.692, y la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 8 de julio de 2010 en el asunto R 144/2009-2, y condene a las demandadas a pagar las costas de los procedimientos sustanciados ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia, así como las del procedimiento de oposición ante la OAMI, de conformidad con el artículo 122 del Reglamento de Procedimiento.

—

Con carácter subsidiario, si el estado del litigio no permite resolverlo definitivamente, devuelva el asunto al Tribunal General para que resuelva de acuerdo con los criterios vinculantes del Tribunal de Justicia.

El recurrente alega que el Tribunal General no examinó las marcas controvertidas sobre la base de los criterios de «apreciación global» e «impresión general»

El Tribunal General no aplicó el principio antes mencionado y basó su apreciación exclusivamente en el hecho de que las marcas compartían el elemento común «ALPINE». Se limitó a sostener que los dos marcas objeto de comparación son similares, ya que comparten el elemento denominativo «ALPINE», sin proceder al examen del signo en su conjunto y sin explicar por qué los demás elementos denominativos y figurativos, en su conjunto, no son suficientes para excluir el riesgo de confusión.

El recurrente sostiene que, en la sentencia recurrida en casación, el Tribunal General, por un lado, no tomó en consideración algunos factores extremamente importantes y pertinentes, y, por otro, no aplicó algunos criterios muy importantes, en particular la falta de carácter distintivo y descriptivo del elemento denominativo «ALPINE».

El Tribunal General no llegó a una conclusión sobre el significado del término «alpine» para todas las lenguas de la Unión Europea. Además, el Tribunal General no extrajo todas las conclusiones de sus apreciaciones en relación con el significado claro del término «alpine» y no llegó a una conclusión clara sobre la falta de carácter distintivo y descriptivo de la palabra «alpine». En este sentido, consideró que el presunto escaso carácter distintivo y descriptivo del elemento «alpine» no puede excluir el riesgo de confusión. El Tribunal General sostuvo que «ALPINE» era el elemento dominante en ambos signos, sin tener en cuenta la falta de carácter distintivo, el muy escaso carácter distintivo o a lo sumo del mismo, de la marca anterior ALPINE. El fundamento de la sentencia recurrida en casación adolece de una contradicción que llevó al Tribunal General a decidir equivocadamente que las marcas en conflicto eran conceptualmente similares, sin tomar en consideración la falta de carácter distintivo, o el muy escaso a lo sumo carácter distintivo, de la marca anterior ALPINE. Una comparación conceptual del elemento denominativo «ALPINE» es irrelevante, dada la falta de carácter distintivo.

El recurrente alega que, en la sentencia recurrida en casación, el Tribunal General no extrajo las consecuencias jurídicas correctas de sus apreciaciones relativas al grado de atención del público relevante.

El Tribunal General no puede sostener, sin incurrir en una contradicción, que en relación con el calzado y los gorros de esquí, la ropa de esquí y las mochilas, parte del público relevante está formado por consumidores normalmente informados y particularmente atentos ni confirmar que las marcas y productos eran similares.

El recurrente alega que la sentencia recurrida en casación desvirtúa los hechos e incumple la obligación de motivación, en relación con la comparación de los productos

El Tribunal General sostuvo que el recurrente no formuló unos argumentos que pudieran desvirtuar las conclusiones de la Sala de Recurso. Por lo que se refiere a la apreciación del grado de similitud de los productos y servicios de que se trata, lo que no se deduce de las pruebas o no se sabe con certeza no puede tenerse en cuenta. La carga de la prueba de que los productos y servicios son similares recae sobre el recurrente en la oposición, y no sobre el titular de marca comunitaria solicitada. El Tribunal General debe fundamentar jurídicamente su decisión y debe motivarla. El Tribunal General no demostró que los productos relevantes fueran idénticos, similares o complementarios, en el mercado, sino que se limitó a afirmarlo sin ofrecer al mismo tiempo razones o ejemplos que apoyaran su presunción.

—

Que se anule la Directiva 2011/82/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial. (1)

—

Que se declare que los efectos de la Directiva 2011/82/UE se consideran definitivos.

—

Que se condene en costas al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea.

1)

La exclusión de la imputación de toda carga fiscal correspondiente al impuesto sobre sociedades, como consecuencia de la exención fiscal concedida a sociedades de capital alemanas por dividendos que perciben de sociedades de capital situadas en terceros países, exención para la que las disposiciones nacionales lo único que exigen es que la sociedad de capital que percibe los dividendos posea al menos el 10 % de la sociedad que los reparte, ¿está comprendida únicamente en el ámbito de aplicación de la libertad de establecimiento en el sentido del artículo 49 TFUE, en relación con el artículo 54 TFUE, o, en el caso de que la participación efectiva de la sociedad beneficiaria de los dividendos ascienda al 100 %, está comprendida también en el ámbito de la libre circulación de capitales en el sentido de los artículos 63 TFUE a 65 TFUE?

2)

Las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento (actualmente artículo 49 TFUE) y, en su caso, también a la libre circulación de capitales (contenidas hasta 1993 en el artículo 67 CEE/CE, y actualmente en los artículos 63 TFUE a 65 TFUE), ¿deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa que no permita, cuando los dividendos repartidos por sociedades filiales extranjeras disfrutan de exención fiscal, imputar el impuesto sobre sociedades que recae sobre dichos dividendos y obtener con ello una devolución pecuniaria, incluso en los casos en que la matriz registra pérdidas, mientras que respecto a los dividendos repartidos por filiales nacionales sí se prevé tal beneficio fiscal?

3)

Las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento (actualmente artículo 49 TFUE) y, en su caso, también a la libre circulación de capitales (contenidas hasta 1993 en el artículo 67 CEE/CE, y actualmente en los artículos 63 TFUE a 65 TFUE), ¿deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa que no permita imputar el impuesto sobre sociedades que recae sobre los dividendos que reparten sociedades subfiliales de primer grado o ulteriores y obtener con ello una devolución pecuniaria, cuando dichos dividendos disfrutan de exención fiscal en el país de la filial, son a su vez pagados por esa filial a la matriz nacional, y disfrutan de exención fiscal también en Alemania, mientras que, en el contexto puramente nacional, sí permite, en su caso, cuando la matriz registra pérdidas, obtener una devolución pecuniaria, mediante por una parte la imputación por la filial del impuesto sobre sociedades que recae sobre los dividendos de la subfilial de primer grado, y por otra la imputación por la matriz del impuesto que recae sobre los dividendos de la filial?

4)

En caso de que también sean de aplicación las normas relativas a la libre circulación de capitales, se plantea una cuestión adicional, relativa a los dividendos canadienses, en función de la respuesta que se dé a la segunda cuestión prejudicial:

El actual artículo 64 TFUE, apartado 1, ¿debe interpretarse en el sentido de que es admisible que la República Federal de Alemania siga aplicando normas nacionales y convenios fiscales bilaterales cuyo contenido no ha variado en lo esencial desde el 31 de diciembre de 1993, los cuales, por tanto, siguen excluyendo la imputación de todo crédito fiscal correspondiente al impuesto sobre sociedades canadiense que recae sobre unos dividendos que, a su vez, disfrutan de exención fiscal en Alemania?

1)

A la luz de los principios de cooperación leal y de efecto útil de las directivas, ¿se oponen los artículos 2, 4, 6, 7 y 8 de la Directiva 2008/115/CE (1) a que un nacional de un tercer país que se encuentra en una situación irregular en un Estado miembro pueda ser sancionado con una pena pecuniaria sustituida como sanción penal por el arresto domiciliario como consecuencia de la mera entrada y estancia irregular, incluso antes del incumplimiento de una orden de expulsión dictada por la autoridad administrativa?

2)

A la luz de los principios de cooperación leal y de efecto útil de las directivas, ¿se oponen los artículos 2, 15 y 16 de la Directiva 2008/115/CE a que, tras la adopción de la Directiva, un Estado miembro pueda adoptar una norma por la que se sanciona a un ciudadano de un tercer país que se encuentra en una situación irregular en el Estado miembro con una pena pecuniaria sustituida por la expulsión inmediatamente ejecutable como sanción penal sin que se siga el procedimiento ni se respeten los derechos del extranjero que establece la Directiva?

3)

¿Se opone el principio de cooperación leal que establece el artículo 4 TUE, apartado 3, a una norma nacional adoptada antes del vencimiento del plazo para la aplicación de una directiva para eludir, o en cualquier caso, limitar el [ámbito] de aplicación de la directiva? ¿Qué medidas debe adoptar el juez nacional si constata dicha finalidad?

1)

A la luz de los principios de cooperación leal y de efecto útil de las directivas, ¿se oponen los artículos 2, 4, 6, 7 y 8 de la Directiva 2008/115/CE (1) a que un nacional de un tercer país que se encuentra en una situación irregular en un Estado miembro pueda ser sancionado con una pena pecuniaria sustituida como sanción penal por el arresto domiciliario como consecuencia de la mera entrada y estancia irregular, incluso antes del incumplimiento de una orden de expulsión dictada por la autoridad administrativa?

2)

A la luz de los principios de cooperación leal y de efecto útil de las directivas, ¿se oponen los artículos 2, 15 y 16 de la Directiva 2008/115/CE a que, tras la adopción de la Directiva, un Estado miembro pueda adoptar una norma por la que se sanciona a un ciudadano de un tercer país que se encuentra en una situación irregular en el Estado miembro con una pena pecuniaria sustituida por la expulsión inmediatamente ejecutable como sanción penal sin que se siga el procedimiento ni se respeten los derechos del extranjero que establece la Directiva?

3)

¿Se opone el principio de cooperación leal que establece el artículo 4 TUE, apartado 3, a una norma nacional adoptada antes del vencimiento del plazo para la aplicación de una directiva para eludir, o en cualquier caso, limitar el [ámbito] de aplicación de la directiva? ¿Qué medidas debe adoptar el juez nacional si constata dicha finalidad?

1)

A la luz de los principios de cooperación leal y de efecto útil de las directivas, ¿se oponen los artículos 2, 4, 6, 7 y 8 de la Directiva 2008/115/CE (1) a que un nacional de un tercer país que se encuentra en una situación irregular en un Estado miembro pueda ser sancionado con una pena pecuniaria sustituida como sanción penal por el arresto domiciliario como consecuencia de la mera entrada y estancia irregular, incluso antes del incumplimiento de una orden de expulsión dictada por la autoridad administrativa?

2)

A la luz de los principios de cooperación leal y de efecto útil de las directivas, ¿se oponen los artículos 2, 15 y 16 de la Directiva 2008/115/CE a que, tras la adopción de la Directiva, un Estado miembro pueda adoptar una norma por la que se sanciona a un ciudadano de un tercer país que se encuentra en una situación irregular en el Estado miembro con una pena pecuniaria sustituida por la expulsión inmediatamente ejecutable como sanción penal sin que se siga el procedimiento ni se respeten los derechos del extranjero que establece la Directiva?

3)

¿Se opone el principio de cooperación leal que establece el artículo 4 TUE, apartado 3, a una norma nacional adoptada antes del vencimiento del plazo para la aplicación de una directiva para eludir, o en cualquier caso, limitar el [ámbito] de aplicación de la directiva? ¿Qué medidas debe adoptar el juez nacional si constata dicha finalidad?

1)

A la luz de los principios de cooperación leal y de efecto útil de las directivas, ¿se oponen los artículos 2, 4, 6, 7 y 8 de la Directiva 2008/115/CE (1) a que un nacional de un tercer país que se encuentra en una situación irregular en un Estado miembro pueda ser sancionado con una pena pecuniaria sustituida como sanción penal por el arresto domiciliario como consecuencia de la mera entrada y estancia irregular, incluso antes del incumplimiento de una orden de expulsión dictada por la autoridad administrativa?

2)

A la luz de los principios de cooperación leal y de efecto útil de las directivas, ¿se oponen los artículos 2, 15 y 16 de la Directiva 2008/115/CE a que, tras la adopción de la Directiva, un Estado miembro pueda adoptar una norma por la que se sanciona a un ciudadano de un tercer país que se encuentra en una situación irregular en el Estado miembro con una pena pecuniaria sustituida por la expulsión inmediatamente ejecutable como sanción penal sin que se siga el procedimiento ni se respeten los derechos del extranjero que establece la Directiva?

3)

¿Se opone el principio de cooperación leal que establece el artículo 4 TUE, apartado 3, a una norma nacional adoptada antes del vencimiento del plazo para la aplicación de una directiva para eludir, o en cualquier caso, limitar el [ámbito] de aplicación de la directiva? ¿Qué medidas debe adoptar el juez nacional si constata dicha finalidad?

—

Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 11 de octubre de 2011, en el asunto R 5/2011-4.

—

Por consiguiente, anule la marca comunitaria no 6750574, registrada el 5 de febrero de 2009 por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso para las clases 12, 37 y 39.

—

Condene en costas a la demandada.

—

Anule las decisiones de publicar en el sitio Internet de la Autoridad toda la información exclusivamente en inglés, incluidas las consultas públicas convocadas los días 7 y 8 de noviembre de 2011 así como el 21 de diciembre de 2011.

—

En la medida en que sea necesario, anule la decisión de 16 de enero de 2012 de la Autoridad.

—

Condene en costas a la Autoridad.

1)

Primer motivo, basado en la infracción de los artículos 8, apartado 1, letra k), y 73 del Reglamento no 1094/2010 (1) en la medida en que dichas disposiciones obligan a la parte demandada a publicar información relativa a sus actividades en su sitio Internet, en las lenguas oficiales de la Unión Europea (UE). La demandante invoca un error manifiesto de apreciación y un error de Derecho en tanto la demandada justifica la negativa a publicar las consultas publicas controvertidas en la lengua de la demandante, en particular, por consideraciones ligadas al coste, pese a que el artículo 73, apartado 3, del Reglamento no 1094/2010 precisa que los servicios de traducción requeridos para el funcionamiento de la Autoridad serán prestados por el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea.

2)

Segundo motivo, basado en el ámbito de aplicación de la obligación de publicar en las lenguas oficiales de la Unión Europea. La demandante alega que dicha obligación se aplica también a las consultas públicas convocadas por la demandada y no solo al informe anual, al programa de trabajo y a las directrices y recomendaciones de la demandada.

—

Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 27 de octubre de 2011, en el asunto R 2406/2010-1.

—

Condene en costas a la demandada.

—

Anule la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (1) y el Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 961/2010 sobre medidas restrictivas contra Irán. (2)

—

Condene en costas al Consejo, en particular, aquellas en que incurra el demandante.

1)

Primer motivo, basado en la violación del derecho de defensa del demandante

2)

Segundo motivo, basado en la falta de fundamento para la inclusión del demandante en las listas de personas sancionadas

3)

Tercer motivo, basado en la violación del derecho fundamental del demandante al respeto de la propiedad privada

—

Anule la Declaración de Estándares del Banco Central Europeo, publicada el 18 de noviembre de 2011, pues establece una política de domiciliación para los sistemas de compensación mediante contrapartes centrales (en lo sucesivo, «CCP»).

—

Condene en costas a la demandada.

1)

Primer motivo, basado en que la demandada carecía de competencias para publicar el acto impugnado, bien de forma absoluta, bien, en su caso, sin recurrir a la promulgación de un instrumento normativo como un Reglamento, adoptado o por el Consejo o, en su defecto, por el propio Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «CCP»).

2)

Segundo motivo, basado en que el acto impugnado impone o de iure o de facto un requisito de residencia a los sistemas de compensación mediante contrapartes centrales que deseen realizar operaciones de compensación o de liquidación en la divisa euro cuya negociación diaria supere un determinado volumen. El acto impugnado infringe todos o algunos de los artículos 48, 56 y/o 63 TFUE, pues:

3)

Tercer motivo, basado en que el acto impugnado infringe los artículos 101 y/o 102 TFUE, en relación con el artículo 106 TFUE y con el artículo 13 TUE, pues:

4)

Cuarto motivo, basado en que la obligación que tienen los CCP domiciliados en Estados miembros que no pertenezcan a la zona euro de adoptar una personalidad jurídica y un domicilio distintos equivale a una discriminación directa o indirecta basada en la nacionalidad. Vulnera también el principio general de igualdad de la UE, puesto que los CCP domiciliados en distintos Estados miembros están sujetos a un tratamiento dispar sin ninguna justificación objetiva para ello.

5)

Quinto motivo, en el que alega que el acto impugnado infringe todos o algunos de los artículos II, XI, XVI y XVII del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).

6)

Sexto motivo, en el que alega que sin asumir la carga de comprobar que no exista una justificación de orden público para tales restricciones (la carga de justificar su opinión favorable a una derogación, en caso de que opte por ello, corresponde al BCE), el Reino Unido rebate que cualquier justificación de orden público formulada por el BCE no cumpliría con el requisito de proporcionalidad, puesto que se dispone de medios menos restrictivos para garantizar el control de las instituciones financieras residentes en la Unión pero fuera de la zona euro.

—

Estime la demanda; anule la resolución de la Sala de Recurso de 22 de noviembre de 2011 en el asunto R 0064/2011-1 y desestime la oposición contra la solicitud de marca comunitaria.

—

Condene en costas a la OAMI o a la parte coadyuvante, según corresponda, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.

—

Ordene a la demandada a que presente los cuestionarios que envió a terceros durante las fases primera y segunda de su investigación en la adquisición propuesta por Seagate del negocio de unidades de discos duros de Samsung Electronics Co. Ltd.

—

Ordene a la demandada a que dé acceso a su archivo anterior y posterior a la notificación en la transacción Seagate/Samsung, incluido, en concreto, el acceso a las versiones no confidenciales de todo tipo de correspondencia y registros de contactos entre Seagate, Samsung y la Comisión hasta la fecha de notificación y de cualquier comunicación interna con la Comisión –tanto en el asunto Seagate/Samsung como en el asunto Western Digital Ireland/Viviti Technologies– relativa a la priorización de ambas transacciones.

—

Anule los artículos 2 y 3 de la Decisión de la Comisión Europea, de 23 de noviembre de 2001, en el asunto COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies, relativa a un procedimiento con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, (1) y, en cuanto sea necesario, el artículo 1 de dicha Decisión.

—

Condene en costas a la demandada.

1)

Primer motivo, basado en que la Decisión impugnada está viciada por la adopción y/o aplicación de la denominada «norma de prioridad», pues:

2)

Segundo motivo, basado en que la Decisión impugnada está viciada por habérseles impedido a los demandantes ejercer su derecho a la defensa, ya que:

3)

Tercer motivo, en el que se alega que en la Decisión impugnada la demandada incurre en errores de Derecho y descansa en una prueba que es fácticamente imprecisa, inconsistente e incapaz de fundamentar las conclusiones extraídas de ella y que se basa en errores de Derecho.

4)

Cuarto motivo, en el que se alega que la Decisión impugnada vulnera un principio fundamental del Derecho de la UE pues impone recursos desproporcionados.

—

Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 17 de noviembre de 2011 en el asunto R 1077/2011-1 sobre la solicitud del signo denominativo «SLIM BELLY» como marca comunitaria.

—

Condene en costas a la OAMI.

—

Anule la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán, (1) en la medida en que se refiere a la demandante.

—

Adopte una diligencia de ordenación del procedimiento con arreglo al artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, por la que obligue a la parte demandada a facilitarle toda la documentación relacionada con la Decisión impugnada, en la medida en que afecta a la demandante.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1)

Primer motivo, basado en la apreciación manifiestamente errónea de los hechos en los que se basó la Decisión.

La demandante sostiene al respecto que la Decisión impugnada se adoptó sobre la base de hechos erróneos. Ello es así en particular por lo que atañe a la suposición de la parte demandada, mencionada en el anexo I, número 48, de la Decisión impugnada, en el sentido de que la demandada está afiliada a la Turbopomp va Kompressor (SATAK), designada en las listas de la Unión Europea (también conocida como Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG). La demandante sostiene que no participa, ni directa ni indirectamente mediante empresas participadas, en actividades nucleares estratégicas relacionadas con la proliferación y/o el desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares u otros sistemas armamentísticos. Por tanto, no existe ningún hecho que justifique la Decisión de la demandada y el subsiguiente menoscabo de los derechos fundamentales que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta de los Derechos Fundamentales») garantiza a la demandante.

La demandante alega al respecto un menoscabo de su libertad de empresa garantizada en el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales y a su derecho a usar y a disponer de los bienes legalmente adquiridos que garantiza el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales, así como de los principios de igualdad de trato y de no discriminación consagrados en los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

2)

Segundo motivo, basado en la vulneración del derecho de la demandante a un proceso justo y a la tutela judicial efectiva.

La demandante reprocha al respecto que la motivación que se incluye en el anexo I, apartado 48, de la Decisión impugnada es general y no puede justificar por sí misma una vulneración de tal magnitud de sus derechos fundamentales. La demandada no menciona los hechos ni los elementos de prueba que obran supuestamente en su poder. A la propia demandante no se le ha dado a conocer ningún hecho y/o elemento de prueba que justifique la Decisión impugnada.

3)

Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad.

La demandante considera que la Resolución impugnada vulnera además el principio de proporcionalidad, ya que la inclusión de la demandante en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC no guarda ninguna relación plausible con la finalidad de la Decisión, a saber, evitar las actividades nucleares que crean un riesgo de proliferación, el comercio y/o desarrollo de vectores de armas nucleares u otros sistemas armamentísticos en la República Islámica de Irán. Además, la demandada no expone que la exclusión de la demandante del tráfico económico con la Unión Europea sea proporcionada, ya que representa en particular el medio menos adecuado para alcanzar el fin perseguido. La demandante reprocha que resulta manifiesto que no se ha llevado a cabo ninguna ponderación entre el fuerte menoscabo a sus derechos fundamentales y el objetivo supuestamente perseguido por la demandada.

4)

Cuarto motivo, basado en una vulneración del derecho a ser oído.

En este punto alega que la demandada no motivó suficientemente la inclusión de la demandante en la lista del anexo II de la Decisión 2010/413/PESC. De ese modo, la demandada incumplió su obligación de exponer a la demandante los fundamentos de hecho concretos que supuestamente justifican la Decisión impugnada. La Decisión impugnada no fue notificada a la demandante ni se procedió a escuchar a ésta. Hasta el momento no se ha accedido a la solicitud de la demandante de examinar el expediente del asunto controvertido.

—

Anule la Decisión de la Comisión Europea de 7 de diciembre de 2011 en el asunto «COMP/39.579 — Detergentes de uso doméstico», conforme a la cual la demandada denegó la solicitud de la demandante de trasladar documentos presentados en el asunto COMP/39.579 a la autoridad francesa de competencia en relación con su asunto 09/0007F sobre el sector francés de los detergentes.

—

Condene a la demandada a permitir a las demandantes basarse en los documentos requeridos en el procedimiento ante la Cour d’Appel de París en el que las demandantes impugnan la Decisión de la autoridad francesa de competencia de 8 de diciembre de 2011 (o en el procedimiento ante la autoridad de competencia, en caso de que ésta reabriera su caso).

—

Condene a la demandada a cargar con todas las costas y demás gastos de las demandantes en relación con este asunto.

—

Adopte cualesquiera otras medidas que el Tribunal General considere oportunas.