17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/1

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/2

1)

Declarar que el artículo 12, punto 4, letra a), última frase, del Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas de 21 de junio de 1994, debe interpretarse en el sentido de que obliga a los Estados miembros partes de dicho Convenio a velar por que los profesores en comisión de servicios o destinados en las Escuelas Europeas gocen, durante su comisión de servicios o su destino, de los mismos derechos de progresión en su carrera y de jubilación que los que se aplican a sus homólogos nacionales en virtud de la normativa de su Estado miembro de origen.

2)

Declarar que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha aplicado de modo incorrecto los artículos 12, punto 4, letra a), y 25, punto 1, del Convenio, al excluir a los profesores ingleses y galeses destinados o enviados en comisión de servicios a las Escuelas Europeas, durante su período de destino o de comisión de servicios, del acceso a escalas salariales más ventajosas, en particular las denominadas «threshold pay», «excellent teacher system» o «advanced skills teachers», y del acceso a otros pagos adicionales, como los «teaching and learning responsibility payments», previstos por el «School Teachers Pay and Conditions Document».

3)

Condenar en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/2

1)

El requisito de proporcionalidad establecido en el artículo 19, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 3821/85 y (CE) no 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a un régimen sancionador como el establecido por el Decreto de Gobierno no 57/2007, de 31 de marzo de 2007, por el que fija la cuantía de las multas aplicables por la infracción de determinadas disposiciones en materia de transporte por carretera de mercancías y de personas (a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. Korm. rendelet), que prevé la imposición de una multa a tanto alzado para todas las infracciones, sea cual fuere su gravedad, de las normas relativas a la utilización de las hojas de registro de los artículos 13 a 16 del Reglamento (CEE) no 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, en su versión modificada por el Reglamento no 561/2006.

2)

El requisito de proporcionalidad establecido en el artículo 19, apartados 1 y 4, del Reglamento no 561/2006 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a un régimen sancionador como el que establece el Decreto de Gobierno no 57/2007, de 31 de marzo de 2007, por el que fija la cuantía de las multas aplicables por la infracción de determinadas disposiciones en materia de transporte por carretera de mercancías y de personas, que prevé una responsabilidad objetiva. En cambio, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la cuantía de la sanción prevista en dicho régimen.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/3

1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 4 de marzo de 2010, Brosmann Footwear (HK) y otros/Consejo (T-401/06).

2)

Anular el Reglamento (CE) no 1472/2006 del Consejo, de 5 de octubre de 2006, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero procedentes de la República Popular China y de Vietnam, en la medida en que afecta a Brosmann Footwear (HK) Ltd, a Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, a Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd y a Risen Footwear (HK) Co. Ltd.

3)

Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar con las costas en que hayan incurrido Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd y Risen Footwear (HK) Co. Ltd, tanto en primera instancia como en el presente procedimiento.

4)

La Comisión Europea y la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC) cargarán sus propias costas, tanto las originadas en primera instancia como en el presente procedimiento.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/4

1)

Las disposiciones de los artículos 1 y 2 de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, por una parte, y de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, en relación con los artículos 2 y 3 de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, y con el artículo 2 de la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, por otra parte, deben interpretarse en el sentido de que los derechos de explotación de la obra cinematográfica, como los que son objeto del litigio principal (derecho de radiodifusión vía satélite, derecho de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público mediante la puesta a disposición), corresponden de pleno derecho, directa y originariamente, al director principal. Por consiguiente, esas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación nacional que atribuya esos derechos de explotación, de pleno derecho y con carácter exclusivo, al productor de la referida obra.

2)

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que reconoce a los Estados miembros la facultad de establecer a favor del productor de la obra cinematográfica una presunción de cesión de los derechos de explotación de la obra cinematográfica, como los que son objeto del litigio principal (derecho de radiodifusión vía satélite, derecho de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público mediante la puesta a disposición), siempre que dicha presunción no tenga una naturaleza absoluta que excluya la posibilidad de que el director principal de dicha obra pacte otra cosa.

3)

El Derecho de la Unión debe ser interpretado en el sentido de que, por su condición de autor de la obra cinematográfica, el director principal de ésta debe disfrutar de pleno derecho, directa y originariamente, del derecho a la compensación equitativa relativa a la excepción denominada de «copia privada» prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29.

4)

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no reconoce a los Estados miembros la facultad de establecer una presunción de cesión a favor del productor de la obra cinematográfica del derecho a compensación equitativa que corresponde al director principal de esa obra, tanto si esa presunción es absoluta como si se permite excluirla.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/5

1)

¿Debe interpretarse el artículo 10, apartados 1 y 2, letra a), de la Directiva 89/104/CEE (1) en el sentido de que dicha disposición, en general, se opone a una norma nacional según la cual también debe considerarse que se ha utilizado una marca (marca 1) cuando el uso de la marca (marca 1) se realiza en una forma que difiere de la que ha sido registrada, sin que las divergencias alteren el carácter distintivo de la marca (marca 1), y cuando la marca está también registrada en la forma en la que se utiliza (marca 2)?

2)

En caso de que se responda negativamente a la primera cuestión: la disposición nacional designada en el apartado 1, ¿es compatible con la Directiva 89/104/CEE si dicha disposición nacional se interpreta de forma restrictiva en el sentido de que no resulta aplicable a una marca (marca 1) que se ha registrado únicamente con el fin de garantizar o de ampliar el ámbito de protección de otra marca registrada (marca 2) que está registrada en la forma en que se utiliza?

3)

En caso de que se responda afirmativamente a la primera cuestión o negativamente a la segunda cuestión:

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/5

—

Que se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 9 de septiembre de 2010 en el asunto T-257/07, Francia/Comisión.

—

Que se resuelva definitivamente el recurso, anulando el Reglamento (CE) no 746/2008 de la Comisión, de 17 de junio de 2008, que modifica el anexo VII del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles, (1) o que devuelva el asunto al Tribunal General.

—

Que se condene en costas a la Comisión.

Mediante su primer motivo, la parte recurrente sostiene que el Tribunal incumplió su deber de motivación al no haber dado respuesta, de manera suficiente en Derecho, por una parte, a sus imputaciones basadas en el hecho de que la Comisión no tomara en consideración la información científica disponible, en la medida en que el Tribunal consideró –erróneamente– que tales imputaciones suponían reprochar a la Comisión no haber tenido conocimiento de tal información, y, por otra parte, a las imputaciones formuladas por el Gobierno francés basadas en la infracción del artículo 24 bis del Reglamento no 999/2001, en la medida en que el Tribunal consideró que tales imputaciones implicaban verificar que las medidas impugnadas eran apropiadas para garantizar un alto nivel de protección de la salud humana.

Mediante su segundo motivo, que se divide en tres partes, el Gobierno francés sostiene que el Tribunal desnaturalizó los hechos que se le presentaron. Así, la parte recurrente sostiene, en primer lugar, que el Tribunal desnaturalizó los dictámenes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («EFSA») de 8 de marzo de 2007 y de 24 de enero de 2008 al considerar que la Comisión había podido deducir de tales dictámenes, sin incurrir en un error manifiesto de apreciación, que el riesgo de que se transmitieran al ser humano las EET diferentes de la EEB era extremadamente reducido (primera parte). En la segunda parte, la recurrente sostiene que el Tribunal desnaturalizó los dictámenes de la EFSA de 17 de mayo y 26 de septiembre de 2005 al considerar que la Comisión había podido estimar, sin incurrir en un error manifiesto de apreciación, que la evaluación de la fiabilidad de las pruebas de diagnóstico rápido que figura en tales dictámenes era válida de cara a la utilización de tales pruebas en el marco del control de la carne de ovinos o de caprinos destinada al consumo humano. En la tercera parte, el Gobierno francés sostiene que el Tribunal desnaturalizó los hechos que se le presentaron al considerar que el conjunto de la información científica invocada por la Comisión para justificar la adopción de las medidas impugnadas del Reglamento no 746/2008 constituía un elemento nuevo respecto de las medidas preventivas anteriores.

Mediante su tercer motivo, el Gobierno francés sostiene que el Tribunal hizo una interpretación errónea de la calificación jurídica de los hechos al atribuir a los elementos científicos invocados por la Comisión la condición de nuevos elementos que permitían modificar la percepción del riesgo o demostrar que ese riesgo podía limitarse a través de medidas menos rigurosas que las existentes.

Mediante su cuarto motivo, que se divide en tres partes, la recurrente alega que el Tribunal incurrió en un error de Derecho a la hora de aplicar el principio de cautela. En este contexto, la recurrente sostiene, en primer lugar, que el Tribunal incurrió en un error de Derecho al considerar que la Comisión no infringió lo dispuesto en el artículo 24 bis del Reglamento no 999/2001 ya que, según el Tribunal, la Comisión cumplió la obligación, contenida en el artículo 152 CE, apartado 1, de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana. En la segunda parte de su motivo, el Gobierno francés sostiene que el Tribunal incurrió en un error de Derecho al presumir que los elementos científicos invocados por la Comisión para justificar la adopción del Reglamento no 746/2008 debían conllevar necesariamente una evolución del nivel de riesgo considerado como aceptable. Con carácter subsidiario, el Gobierno francés sostiene que el Tribunal de Justicia incurrió en un error de Derecho al no verificar si la Comisión, a efectos de determinar el nivel de riesgo que se consideraba aceptable, tomó en consideración la gravedad y el carácter irreversible de los efectos nefastos que las EET tienen sobre la salud humana. Mediante la tercera parte, el Gobierno francés sostiene que el Tribunal incurrió en un error de Derecho al no tomar en consideración el hecho de que el Reglamento no 746/2008 no sustituye las medidas preventivas anteriores sino que las completa mediante medidas alternativas menos rigurosas.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/6

—

Que se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de septiembre de 2011 en el asunto T-427/09.

—

Que se desestime la demanda de centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG contra la Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 15 de agosto de 2009, en el asunto R 6/2008-4.

—

Que se condene en costas a centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.

1)

Alega que la resolución impugnada es contraria al artículo 65 del Reglamento (CE) no 207/2009, (1) y el artículo 134, apartados 2 y 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Con arreglo a las referidas disposiciones, el Tribunal General estaba obligado a tener en cuenta todos los motivos alegados.

2)

Además, considera que la sentencia recurrida es incompatible con los artículos 51, apartado 1, letra a), y 76 del Reglamento (CE) no 207/2009. La sentencia parte de la premisa errónea de que la carga de la prueba respecto del uso que permita conservar el derecho sobre la marca controvertida incumbe a la recurrente. Sin embargo, en realidad, en el procedimiento de caducidad del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009, de conformidad con el artículo 76, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 es de aplicación el principio de investigación de oficio. Por otra parte, de las disposiciones y el sistema del Reglamento (CE) no 207/2009 y, en particular, de una comparación de las disposiciones sobre caducidad con las de la oposición y la nulidad por motivos de denegación relativos, se desprende que la prueba de uso en el procedimiento de caducidad no incumbe, en principio, al titular de la marca impugnada.

De ello resulta, en particular, que la no consideración de pruebas por parte de la Oficina debido a la presunta presentación extemporánea no está justificada.

3)

Debido a la consideración errónea, contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de que el concepto del uso efectivo se opone a un uso mínimo, el Tribunal General incurrió en error al interpretar el artículo 51, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009.

4)

Por último, la alegación de la Oficina, que no fue contradicha por el Tribunal General, de que la declaración jurada del gerente de la recurrente no es un medio de prueba admisible en virtud del artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) no 207/2009, es incorrecta y es contraria a su propia jurisprudencia.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/7

—

Que se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de septiembre de 2011 en el asunto T-434/09.

—

Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 25 de agosto de 2009, en el asunto R 6/2008-4, en la medida en que estima la solicitud de declaración de caducidad de la marca comunitaria no 1.301.019 CENTROTHERM.

—

Que se condene en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y a centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.

1)

La resolución impugnada es contraria al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009, (1) al apreciar de modo incorrecto el valor probatorio de la declaración jurada del gerente de la recurrente presentada ante la División de Anulación. A diferencia de lo que consideran la Sala de Recurso y el Tribunal General, dicha declaración jurada constituye, incluso con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal General, una prueba admisible en virtud del artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) no 207/2009.

2)

Alega que, además, el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 76, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009. Contrariamente a la opinión defendida por las instancias previas, de conformidad con el tenor inequívoco del artículo 76, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 y con el sistema del referido Reglamento, en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009, resulta aplicable al procedimiento de caducidad el principio de investigación de oficio.

3)

Considera que los documentos presentados por la recurrente en el procedimiento ante la Sala de Recurso no podían haberse desestimado por presentación extemporánea. Así resulta, por una parte, del sistema del Reglamento (CE) no 207/2009, en particular de una comparación de las disposiciones sobre caducidad con las de la oposición y la nulidad por motivos de denegación absolutos, y, por otra, de los principios generales que rigen el reparto de la carga de la prueba.

En este contexto, es necesaria una reducción teleológica de la Regla 40, apartado 5, del Reglamento (CE) no 2868/95. (2)

4)

En caso de que el Tribunal de Justicia denegara una reducción teleológica de la Regla 40, apartado 5, del Reglamento (CE) no 2868/95, ésta resultaría inaplicable, puesto que es contraria a las disposiciones y el sistema del Reglamento (CE) no 207/2009 e infringe el principio general del Estado de Derecho de proporcionalidad.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/8

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/9

1)

¿Es de aplicación el principio de no discriminación establecido en el artículo 18 TFUE (antiguo artículo 12 CE) cuando un Estado miembro (en este caso, la República Federal de Alemania) exige a una compañía aérea, que dispone de una licencia de explotación en vigor concedida en otro Estado miembro (en este caso, la República de Austria) en el sentido de los artículos 3 y 8 del Reglamento (CE) no 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, una autorización de entrada para vuelos discrecionales (vuelos comerciales no regulares) procedentes de países terceros hacia el territorio del Estado miembro?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿la propia obligación de autorización vulnera el artículo 18 TFUE (antiguo artículo 12 CE) si se exige una autorización de entrada, so pena de multa, para los servicios aéreos procedentes de países terceros a las compañías aéreas que han obtenido su autorización de vuelo (licencia de explotación) en los demás Estados miembros, pero no a las compañías aéreas con autorización de vuelo en la República Federal de Alemania?

3)

En caso de que proceda aplicar el artículo 18 TFUE (antiguo artículo 12 CE) (primera cuestión) pero no se considere discriminatoria la propia obligación de autorización (segunda cuestión), ¿la concesión de una autorización de entrada para los servicios aéreos de la interesada desde países terceros hacia la República Federal de Alemania se puede condicionar, so pena de multa, sin vulnerar el principio de no discriminación, a que la compañía aérea del otro Estado miembro acredite ante la autoridad competente que las compañías aéreas con autorización de vuelo en la República Federal de Alemania no están en condiciones de efectuar los vuelos (declaración de no disponibilidad)?

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/9

1)

¿Debe interpretarse el artículo 203 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, (1) relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que una persona adeuda el IVA mencionado en una factura independientemente de que concurran las causas de que (falta de entrega, de servicio o de pago), y en el sentido de que las autoridades que controlan la aplicación de la Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (Ley del IVA), no están facultadas, con arreglo a una disposición nacional que prevé que una factura únicamente puede ser rectificada por quien la expide, para rectificar el impuesto mencionado por dicha persona?

2)

¿Vulnera los principios de neutralidad fiscal, de proporcionalidad y de protección de la confianza legítima una práctica administrativa y judicial conforme a la cual a una parte (el adquirente o destinatario mencionado en la factura) se le deniega mediante una resolución de la inspección fiscal el derecho a deducir el impuesto soportado, mientras que en relación con la otra parte (la que expidió la factura), también mediante una resolución de la inspección fiscal, no se efectúa una rectificación del IVA consignado en la factura, en los siguientes casos:

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/10

1)

¿El artículo 203 de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, comprende todos los supuestos de IVA facturado indebidamente, incluidos los supuestos en que se expide una factura mencionando el IVA sin haberse producido el devengo del impuesto? En caso de respuesta afirmativa: ¿Exigen los artículos 203 y 273 de la Directiva 2006/112 que los Estados miembros regulen expresamente que es exigible el IVA mencionado en una factura en relación con la cual no se haya efectuado ninguna operación, o es suficiente con transponer la regla general de la Directiva según la cual será deudora del IVA cualquier persona que mencione este impuesto en una factura?

2)

¿Exigen los artículos 73, 179 y 203 de la Directiva 2006/112, a la vista del trigésimo noveno considerando de la Directiva 2006/112 y con el fin de garantizar la exactitud de las deducciones del impuesto, que cuando en una factura se mencione el IVA sin haberse devengado el impuesto, las autoridades competentes en materia de recaudación regularicen la base imponible y el impuesto facturado?

3)

¿Las medidas especiales previstas en el artículo 395 de la Directiva 2006/112 pueden consistir en una práctica fiscal como la del procedimiento principal, según la cual las autoridades competentes en materia de recaudación, con el fin de controlar las deducciones, sólo comprueban la deducción practicada, mientras que el impuesto sobre las operaciones realizadas se considera adeudado sin condiciones por el mero hecho de haber sido mencionado en una factura? En caso de respuesta afirmativa: ¿Es admisible con arreglo al artículo 203 de la Directiva 2006/112 –y, si lo es, en qué supuestos– que por la misma operación se recaude el IVA una primera vez del proveedor del bien o servicio, por haber mencionado el impuesto en una factura, y una segunda vez del adquirente del bien o del destinatario del servicio, al denegársele el derecho a deducción?

4)

¿Vulnera la no acumulabilidad del IVA y es contraria a los principios de seguridad jurídica, de igualdad de trato y de neutralidad fiscal una práctica fiscal como la del procedimiento principal (por la que se deniega al adquirente de una entrega o al destinatario de un servicio sujetos a IVA el derecho a deducción por «falta de prueba de haberse realizado la operación», sin tener en cuenta las comprobaciones ya efectuadas de que el impuesto es exigible al proveedor del bien o servicio y de que éste adeuda el impuesto, habida cuenta de que hasta el momento de la valoración del nacimiento del derecho a deducción no se ha modificado la correspondiente decisión de la inspección tributaria o no ha existido ni se ha observado ningún motivo para modificarla por la vía prevista por el Estado)?

5)

¿Es admisible con arreglo a los artículos 167 y 168, letra a), de la Directiva 2006/112 que se deniegue al adquirente de una entrega o al destinatario de un servicio sujetos a IVA, que cumple todos los requisitos del artículo 178 de la Directiva 2006/112, el derecho a deducción, después de que en una decisión firme de la inspección tributaria adoptada respecto del proveedor del bien o servicio no se haya efectuado ninguna regularización del IVA facturado por dicha operación por «falta de devengo del impuesto», pero se haya reconocido como exigible el impuesto, considerándolo a los efectos del cálculo del resultado del correspondiente período impositivo? ¿Es relevante para responder a esta pregunta que el proveedor del bien o servicio no haya presentado la documentación contable en el marco de la inspección tributaria y que el resultado para dicho período se determinara únicamente a partir de los datos de las declaraciones del IVA y de los libros registro de ventas y de compras?

6)

En función de la respuesta a las anteriores cuestiones: ¿Deben interpretarse los artículos 167 y 168, letra a), de la Directiva 2006/112 en el sentido de que la neutralidad del IVA, en circunstancias como las del procedimiento principal, exige que el sujeto pasivo pueda deducir el impuesto facturado por las operaciones?

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/11

1)

¿La reclamación de un pago realizado sin causa es también un asunto de materia civil en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 44/2001 (1) cuando una autoridad ordena a un Bundesland pagar al perjudicado, en concepto de reparación, parte de los ingresos obtenidos por un contrato de compraventa inmobiliaria y, en lugar de eso, le transfiere accidentalmente el importe íntegro del precio?

2)

¿Están vinculadas las demandas por la estrecha relación que exige el artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) no 44/2001 también cuando los demandados invocan derechos de reparación más amplios sobre los que sólo cabe una resolución única?

3)

¿Es de aplicación del artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) no 44/2001 también a los demandados que no tienen su domicilio en la Unión Europea? En caso de respuesta afirmativa: ¿Es así también cuando en el Estado de domicilio del demandado, con arreglo a los convenios bilaterales con el Estado que conoce del litigio, podría no reconocerse la sentencia por falta de competencia?

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/11

1)

Si una entidad de crédito ofrece a un cliente un swap de intereses para cubrir el riesgo de variación del tipo de interés de las anteriores operaciones financieras ¿ha de considerarse como un servicio de asesoramiento de inversión conforme la definición del art. 4.1.4) de la Directiva Mifid (1)?

2)

La omisión del test de idoneidad previsto en el art. 19.4 de la mencionada Directiva para un inversor minorista, ¿debe determinar la nulidad radical de la permuta financiera de intereses suscrita entre el inversor y la entidad de crédito asesora?

3)

En caso que el servicio prestado en los términos descritos no se considere de asesoramiento de inversión, el mero hecho de proceder a la adquisición de un instrumento financiero complejo como es un swap de intereses sin realizar el test de conveniencia previsto en el art. 19.5 Directiva Mifid, por causa imputable a la entidad de inversión, ¿determina la nulidad radicat del contrato de adquisición suscrito con la propia entidad de crédito?

4)

Conforme el art. 19.9 de la Directiva Mifid el mero hecho de que una entidad de crédito ofrezca un instrumento financiero complejo vinculado a un préstamo hipotecario contraído con la propia entidad u otra diferente, ¿es causa suficiente para excluir la aplicación de las obligaciones de formular los test de idoneidad y conveniencia que prevé el citado art. 19 que la entidad de inversión debe de hacer a un inversor minorista?

5)

Para poder excluir la aplicación de las obligaciones establecidas en el art. 19 de la Directiva Mifid, ¿es preciso que el producto financiero al que esté vinculado el instrumento financiero ofrecido esté sometido a estándares legales de protección del inversor similares a los exigidos en la citada Directiva?

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/12

1)

Si una entidad de crédito ofrece a un cliente, con el que previamente se ha suscrito un contrato de préstamo hipotecario, un swap de intereses para cubrir el riesgo de variación de los tipos de interés de la anterior operación ¿ha de considerarse como un servicio de asesoramiento de inversión conforme la definición del art. 4.1.4) de la Directiva Mifid (1)?

2)

La omisión del test de idoneidad previsto en el art. 19.4 de la mencionada Directiva para un inversor minorista, ¿debe determinar la nulidad radical de la permuta financiera de intereses suscrita entre el inversor y la entidad de crédito asesora?

3)

En caso que el servicio prestado en los términos descritos no se considere de asesoramiento de inversión, el mero hecho de proceder a la adquisición de un instrumento financiero complejo como es un swap de intereses sin realizar el test de conveniencia previsto en el art. 19.5 Directiva Mifid, por causa imputable a la entidad de inversión, ¿determina la nulidad radical del contrato de adquisición suscrito con la propia entidad de crédito?

4)

Conforme al art. 19.9 de la Directiva Mifid el mero hecho de que una entidad de crédito ofrezca un instrumento financiero complejo vinculado a un préstamo hipotecario, ¿es causa suficiente para excluir la aplicación de las obligaciones de formular los test de idoneidad y conveniencia que prevé el citado art. 19 que la entidad de inversión debe de hacer a un inversor minorista?

5)

Para poder excluir la aplicación de las obligaciones establecidas en el art. 19 de la Directiva Mifid, ¿es preciso que el producto financiero al que esté vinculado el instrumento financiero ofrecido esté sometido a estándares legales de protección del inversor similares a los exigidos en la citada Directiva?

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/12

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/12

1)

¿Contempla el artículo 13, apartado 3, del Reglamento no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, (1) por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), el derecho de la persona a recurrir no sólo la denegación de entrada en el país, sino también las infracciones cometidas durante el procedimiento de adopción de la resolución por la cual se autoriza la entrada?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿impone la citada norma jurídica al Estado miembro, habida cuenta de lo dispuesto en el vigésimo considerando y en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 562/2006, así como en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la obligación de garantizar un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión y de respuesta negativa a la segunda, ¿impone al Estado miembro el artículo 13, apartado 3, del Reglamento no 562/2006, habida cuenta de lo dispuesto en el vigésimo considerando y en el artículo 6, apartado 1, del mismo Reglamento, y en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la obligación de garantizar un recurso efectivo ante un órgano administrativo que, desde el punto de vista institucional y funcional ofrezca las mismas garantías que un órgano jurisdiccional?

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/13

—

Que se declare que, al no haber adoptado todas las disposiciones legales y administrativas necesarias para su incorporación al Derecho interno ni, en cualquier caso, haberlas comunicado a la Comisión, la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le impone lo dispuesto en el artículo 33, apartado 1, de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa; (1)

—

Que se condene a la República de Polonia a pagar una multa coercitiva por un importe diario de 71 521,38 euros, a partir del día en que se dicte la sentencia en el caso de autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 TFUE, apartado 3, por haber incumplido la obligación de comunicar las medidas de transposición de la Directiva 2008/50/CE;

—

Que se condene en costas a la República de Polonia.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/14

—

Que se anule total o parcialmente la sentencia recurrida conforme a los motivos de casación alegados.

—

Que se anule total o parcialmente la Decisión controvertida en la medida en que afecte a la recurrente.

—

Que se anule o se reduzca la multa impuesta a la recurrente.

—

Con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie de nuevo sobre el asunto de conformidad con la apreciación jurídica del Tribunal de Justicia.

—

Que se condene a la Comisión a las costas del presente procedimiento y del procedimiento ante el Tribunal General.

1)

Mediante el primer motivo , se alega que el Tribunal General efectuó una interpretación errónea del Derecho de la Unión y motivó su apreciación de manera contradictoria e inadecuada al considerar que la Comisión había explicado suficientemente conforme a Derecho por qué había impuesto una multa más elevada a Kendrion que a Fardem.

2)

Mediante el segundo motivo , se alega que el Tribunal General, al valorar la cuestión de si la Comisión podía considerarse responsable solidaria de la multa que había de imponerse a su anterior filial Fardem, efectuó una interpretación jurídica equivocada, no acertó en la valoración concreta de las pruebas e incurrió por lo tanto en errores de procedimiento. En su sentencia, el Tribunal General repartió equivocadamente la carga de la prueba y valoró los hechos y las pruebas de manera manifiestamente errónea. Además, el Tribunal General no motivó adecuadamente su interpretación y no analizó suficientemente las alegaciones formuladas por Kendrion.

3)

Mediante el tercer motivo , Kendrion se opone a la motivación de la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal General aborda y desestima los motivos segundo, cuarto y quinto alegados por Kendrion en primera instancia. A juicio de Kendrion, el Tribunal General se basó en una interpretación errónea del Derecho de la Unión al considerar que la sociedad matriz Kendrion, que no estaba implicada en la infracción, podía ser objeto de una multa más elevada que la impuesta a la filial Fardem, que es la que había cometido la infracción. Además, el Tribunal General vulneró el principio de igualdad de trato, y motivó su apreciación de manera contradictoria e inadecuada.

4)

Mediante el cuarto motivo , Kendrion alega que el Tribunal General desestima injustificadamente «por improcedente» la alegación formulada por Kendrion de que el procedimiento ante dicho Tribunal tuvo una duración excesiva. Por consiguiente, parece que el Tribunal General no se considera competente para pronunciarse sobre irregularidades del procedimiento que se desarrolla ante él. Aunque fuera cierto que el Tribunal General no dispone de competencia propia para moderar las multas en caso de duración excesiva de su propio procedimiento, el Tribunal de Justicia está en cualquier caso obligado a pronunciarse sobre esta cuestión esencial a efectos de seguridad jurídica y a extraer de ello las consecuencias necesarias.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/15

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a EI du Pont de Nemours and Company, DuPont Performance Elastomers LLC y DuPont Performance Elastomers SA.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/15

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a The Dow Chemical Company.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/16

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha y a Denka Chemicals GmbH.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/16

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a skytron energy GmbH & Co. KG.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/16

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a la República Helénica.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/17

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a la Sra. Hartmann-Lamboy.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/17

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas al Sr. Klaus Goutier.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/17

1)

Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 15 de julio de 2010 (asunto R 1638/2008-4).

2)

La OAMI cargará, además de con sus propias costas, con las de Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport.

3)

Sisma SpA cargará con sus propias costas.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/18

1)

Desestimar el recurso.

2)

Almunia Textil, S.A., cargará, además de con sus propias costas, con las costas soportadas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y por FIBA-Europe eV, incluidos, en cuanto a ésta, los gastos indispensables soportados en el procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/18

1)

Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 11 de noviembre de 2010 (asunto R 349/2010-1).

2)

La OAMI y Runners Point Warenhandels GmbH cargarán con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido Run2Day Franchise BV.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/18

1)

Desestimar el recurso.

2)

El Groupe Partouche cargará con sus propias costas y con las soportadas por la Comisión Europea, por la Française des jeux y por el Groupe Lucien Barrière.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/19

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/19

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/19

—

Pretensión principal: anule la Decisión de la Comisión, de 20 de abril de 2011, sobre las medidas ejecutadas por Dinamarca a favor de TV2/Danmark (C 2/2003), en la medida en que declara que las medidas investigadas constituyen ayuda estatal a tenor del artículo 107 TFUE, apartado 1 (considerandos 101 y 153 y primer párrafo de la Conclusión de la Decisión).

—

Pretensión subsidiaria: anule la Decisión de la Comisión, de 20 de abril de 2011, sobre las medidas ejecutadas por Dinamarca a favor de TV2/Danmark (C 2/2003), en la medida en que declara:

—

Que la demandante no recibió ayudas estatales, por cuanto las medidas investigadas no favorecieron a TV2/Danmark en el sentido del artículo 107 TFUE, sino que constituyeron simplemente una compensación por los servicios públicos prestados por TV2/Danmark.

La demandante afirma que la Comisión no aplicó los requisitos establecidos en la sentencia Altmark conforme a su espíritu y finalidad, y declaró incorrectamente que no concurrían los requisitos segundo y cuarto establecidos en dicha sentencia.

—

Que la supuesta ayuda a TV2/Danmark en forma de canon y exenciones del impuesto de sociedades no constituyó ayuda nueva del sentido del Reglamento no 659/1999, (1) ya que dichas medidas eran anteriores a la adhesión de Dinamarca a la UE.

—

Que el canon que se transfirió a las emisoras regionales a través de TV2/Danmark entre 1997 y 2002 no puede calificarse de ayuda estatal a TV2/Danmark, dado que TV2/Danmark no fue el destinatario real de dichos fondos, y

—

Que los fondos que se transfirieron de TV2/Reklame A/S a TV2/Danmark a través del Fondo de TV2, procedentes de la venta de anuncios, no constituyeron ayudas estatales, puesto que se trataba del pago a TV2/Danmark de la difusión de los anuncios realizada en su red televisiva.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/20

—

Anule la Decisión impugnada en su integridad.

—

Condene en costas a la Comisión.

1)

Primer motivo, basado en una interpretación errónea del concepto de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE cuando la Comisión consideró que la regularidad de los dos préstamos previstos por la SNCF debía apreciarse junto con la ayuda de salvamento y de reestructuración. Este motivo se divide en dos submotivos fundados:

2)

Segundo motivo, basado en una interpretación errónea del concepto de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE por el hecho de que la Comisión consideró, a mayor abundamiento, que las autoridades francesas no habían demostrado que, apreciados separadamente, los dos préstamos previstos por la SNCF se hubieran concedido a un tipo de mercado. Este motivo se subdivide en dos submotivos fundados:

3)

Tercer motivo, basado en errores de Derecho y de hecho por haber considerado la Comisión que la ayuda a la reestructuración era incompatible con el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), interpretado a la luz de las Directrices sobre las ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas.

4)

Cuarto motivo relativo a la infracción del artículo 345 TFUE que dispone que los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de propiedad en los Estados miembros.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/21

—

Anule la Decisión de la Comisión Europea de 13 de julio de 2011, ayuda de Estado SA 14974 (C 46/2003) — Francia — relativa a las cotizaciones en favor de INTERBEV, C(2011) 4923 final, no publicada aún en el Diario Oficial de la Unión Europea, en la medida en que califica de ayudas de Estado las acciones llevadas a cabo por INTERBEV entre 1996 y 2004 en materia de publicidad, promoción, asistencia técnica e investigación y desarrollo, por una parte, y, por otra, considera a las cotizaciones voluntarias ampliadas, tendentes a financiar esas acciones, recursos estatales que forman parte de las citadas medidas de ayuda de Estado.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión de la Comisión Europea de 13 de julio de 2011, ayuda de Estado SA 14974 (C 46/2003) — Francia — relativa a las cotizaciones en favor de INTERBEV, C(2011) 4923 final, no publicada aún en el Diario Oficial de la Unión Europea, en la medida en que insta a los órganos jurisdiccionales nacionales a proceder a que se reembolsen las cotizaciones voluntarias ampliadas (decisión impugnada, apartados 201 y 202).

—

Condene en costas a la Comisión Europea.

1)

Primer motivo, basado en una motivación insuficiente.

El primer motivo se basa en una motivación insuficiente de la decisión impugnada respecto del artículo 296 TFUE y concretamente en lo referente: i) a una ventaja económica selectiva que beneficia a los operadores de los sectores bovino y ovino; ii) al origen estatal de las acciones llevadas a cabo por la demandante; iii) a la incidencia en la competencia y la afectación del comercio entre Estados miembros, y iv) al nexo obligatorio entre las acciones llevadas a cabo por la demandante y las cotizaciones voluntarias ampliadas, también denominadas cotizaciones voluntarias obligatorias, recaudadas entre 1996 y 2004.

2)

Segundo motivo, basado en una infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1.

El segundo motivo se basa en una infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, en la medida en que, según la demandante, las acciones que ésta llevó a cabo entre 1996 y 2004:

3)

Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación.

El tercer motivo, invocado con carácter subsidiario, se basa en un error manifiesto de apreciación respecto de la existencia de un nexo obligatorio entre las cotizaciones voluntarias ampliadas y las acciones que llevó a cabo la demandante.

4)

Cuarto motivo, basado en un error manifiesto de apreciación.

El cuarto motivo, planteado con carácter subsidiario en segundo grado, se basa en un error manifiesto de apreciación en cuanto a las consecuencias que debe deducir el juez nacional de la falta de notificación de las cotizaciones voluntarias ampliadas. Asegura la demandante que la Comisión insta a los jueces nacionales, en el apartado 202 de la decisión impugnada, a ordenar la devolución de las cotizaciones voluntarias ampliadas y a declarar la invalidez de las ayudas, así como a los interesados a someter el asunto al juez nacional, siendo así que el juez nacional no está obligado a ordenar la devolución de las ayudas y de las cotizaciones voluntarias ampliadas debido a la inconveniencia e imposibilidad práctica de tal devolución.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/22

—

Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 27 de octubre de 2011, en el asunto R 1518/2011-1.

—

Condene a la OAMI a cargar con las costas del procedimiento ante la Sala de Recurso y con las del presente procedimiento.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/22

—

Anule los artículos 1 y 2 del Reglamento de Ejecución (UE) no 1138/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados alcoholes grasos y sus mezclas originarios de la India, Indonesia y Malasia (DO L 293, de 11.11.2011, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»), en cuanto se aplique a la demandante.

—

Condene en costas a la demandada.

1)

Primer motivo, basado en que el Tribunal General es competente para revisar los artículos 1 y 2 del Reglamento impugnado y su conformidad con el Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1) (en lo sucesivo, «Reglamento de base») y con los principios generales del Derecho Europeo.

2)

Segundo motivo, basado en que el Consejo infringió el artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base, pues:

3)

Tercer motivo, basado en que el Consejo infringió el artículo 2, apartado 10, párrafo primero, del Reglamento de base, dado que:

4)

Cuarto motivo, en el que se alega que el Consejo en su evaluación de la situación de la demandante vulneró el principio de buena administración. Desconoció la información, las pruebas y las alegaciones aportadas a la Comisión durante la investigación. En su lugar, el Consejo se basó en facturas formales, comisiones pagadas y contratos sacados de su contexto para inflar artificialmente el margen de dumping de la demandante. La Comisión y el Consejo deberían haber actuado con mayor diligencia y haber realizado un análisis más riguroso para llegar a sus conclusiones.

5)

Quinto motivo, en el que se alega que el Reglamento impugnado fue adoptado violando los principios de igualdad y de no discriminación. Al ajustar el precio de exportación de la demandante, el Consejo creó una asimetría entre el precio de exportación y el valor normal sobre la base únicamente de la estructura fiscal y societaria de la demandante. Además, la demandante sufrió una doble deducción en el hipotético margen de beneficios por razón de esa estructura. Ambas situaciones son discriminatorias para con la demandante en relación con otras sociedades investigadas, que tienen costes similares que no han sido sometidos a ajustes.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/23

—

Anule íntegramente la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 9 de noviembre de 2011 en el asunto R 2191/2010-2.

—

Condene en costas a la OAMI.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/24

—

Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 18 de noviembre de 2011 en el asunto R 734/2011-4.

—

Condene en costas a la demandada.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/24

—

Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 22 de noviembre de 2011 en el asunto R 2255/2010-1.

—

Condene en costas a la demandada.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/25

—

Anule la Decisión 2011/716/EU de la Comisión, de 24 de mayo de 2011, relativa a la ayuda estatal concedida por Grecia a determinados casinos griegos [Medida de ayuda estatal C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (DO 2011 L 285, p. 25) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

—

Alternativamente, anule la Decisión impugnada en cuanto afecta a la demandante.

—

Alternativamente, anule la Decisión impugnada en cuanto ordena que se recuperen de la demandante los importes.

—

Condene a la demandada a pagar sus propias costas y las de la demandante correspondientes a estos procesos.

1)

Primer motivo, basado en que la demandada infringió el artículo 107 TFUE, apartado 1, al determinar que la Decisión impugnada constituía una ayuda pues:

2)

Segundo motivo, en el que se alega que la demandada vulneró el artículo 296 TFUE al no realizar un razonamiento suficiente que permita a la demandante comprender ni al Tribunal General revisar el razonamiento sobre la base del cual consideró que la demandante se benefició de una ventaja selectiva, que cualquier ventaja de este tipo conllevaba una merma en los ingresos estatales y que era responsable de distorsionar la competencia y de afectar al comercio entre Estados miembros.

3)

Tercer motivo, en el que se alega que, en caso de que el Tribunal declare que se había concedido a la demandante una ayuda incompatible, anule la Decisión impugnada, en cuando ordena que se recuperen de la demandante los importes, puesto que considera que dicha recuperación infringe:

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/25

—

Admita el presente recurso siguiendo los cauces del procedimiento acelerado.

—

Anule, en la medida en que esos actos afectan a los demandantes:

—

Anule la decisión del Consejo incluida en su comunicación de 21 de diciembre de 2011 destinada a los demandantes, en la medida en que mantiene su inscripción en las listas controvertidas.

—

Condene en costas al Consejo.

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/26

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/26

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/26

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/26

17.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 80/26