10.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 37/1

1.

El 8 de abril de 2011, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) no 404/2011 de la Comisión, que establece las normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (en adelante, el «Reglamento de ejecución») (3).

2.

El SEPD no fue consultado, según lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, a pesar del hecho de que la iniciativa legislativa fue incluida en el Inventario de prioridades para consulta legislativa del SEPD (4). El presente dictamen está basado, por tanto, en lo dispuesto en el artículo 41, apartado 2, de dicho Reglamento.

3.

El objetivo del Reglamento (CE) no 1224/2009, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (en adelante, el «Reglamento de control») (5), es establecer un sistema europeo de control, inspección y observancia de todas las normas de la política pesquera común.

4.

El Reglamento de control obligó a la Comisión a adoptar normas de desarrollo y medidas para aplicar algunas de sus disposiciones. El Reglamento de ejecución establece dichas normas de desarrollo en relación con los siguientes ámbitos: condiciones generales de acceso a las aguas y los recursos (Título II), control de la pesca (Título III), control de la comercialización (Título IV), vigilancia (Título V), inspección (Título VI), ejecución (Título VII), medidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la política pesquera común por parte de los Estados miembros (Título VIII), datos e información (Título IX) y aplicación (Título X).

5.

En marzo de 2009, el SEPD emitió un dictamen sobre el Reglamento de control (6). Dicho dictamen destacó que la propuesta implicaba el tratamiento de diversas categorías de datos, los cuales en algunos casos podían ser considerados datos personales. Los datos personales normalmente se tratarán en todos los casos en que el patrón o el armador del buque o cualquier pescador o miembro de la tripulación esté identificado o sea identificable. Sobre la base de lo anterior, el SEPD formula algunas recomendaciones en relación con algunas disposiciones de la propuesta.

6.

El SEPD también destacó que diversos artículos del Reglamento propuesto hacían referencia al procedimiento del comité para la adopción de normas de ejecución y que algunas de dichas normas también afectaban a aspectos de la protección de datos (7). Dado el impacto que estas normas detalladas pueden tener en la protección de datos, el SEPD recomendó que la Comisión le consultara antes de que se adopten estas normas detalladas. El Reglamento de ejecución fue adoptado el pasado 8 de abril de 2011, aunque el SEPD no fue consultado antes de su adopción.

7.

El SEPD lamenta que el Reglamento de ejecución no le fuera remitido para una consulta previa, tal como había recomendado en el dictamen de 2009. Desea, sin embargo, llamar la atención de la Comisión sobre algunos aspectos de dicho Reglamento que son susceptibles de plantear problemas desde el punto de vista de la protección de datos. Por este motivo, el SEPD ha decidido presentar este breve dictamen. Los comentarios del SEPD se centrarán principalmente en los siguientes aspectos: 1) el control de las actividades de los buques pesqueros y la protección de datos, 2) los sistemas de supervisión remota de los buques, 3) la conservación de datos personales por parte de la Comisión y de las autoridades competentes; y 4) la aplicabilidad del Reglamento (CE) no 45/2001.

8.

El considerando 31 establece que el tratamiento de datos personales en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de ejecución está regulado por lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) no 45/2001, «en particular por cuanto se refiere a los requisitos de confidencialidad y seguridad del tratamiento, la transferencia de datos personales de los sistemas nacionales de los Estados miembros a la Comisión, la licitud del tratamiento y los derechos de los interesados a ser informados y a consultar y rectificar sus datos personales.». El SEPD recibe con agrado esta referencia a la legislación en materia de protección de datos aplicable.

9.

Las actividades de los buques pesqueros están sujetas a un control sistemático y detallado a través de medios tecnológicos avanzados, incluidos los dispositivos de localización por satélite y las bases de datos informatizadas (8). La situación geográfica, el rumbo y la velocidad de los buques pesqueros se controlan regularmente mediante el Sistema de Localización de Buques (SLB) (9) y, en su caso, por el Sistema de Identificación Automática (SIA) (10) o el Sistema de Detección de Buques (SDB) (11). Todos estos datos se cotejan, analizan y verifican de forma sistemática a través de algoritmos informatizados y mecanismos automáticos para detectar incoherencias o supuestas infracciones. Como muestra el artículo 145, apartado 3, del Reglamento de ejecución, este tratamiento puede derivar, en su caso, en actividades de extracción automática de información y de perfiles (12).

10.

En la medida en que dichos datos puedan ser vinculados a personas identificadas o identificables (p. ej., el patrón del buque, el armador del buque o los miembros de la tripulación), las actividades de seguimiento suponen un tratamiento de datos personales. Por tanto, es importante que el sistema de control sea equilibrado y que se establezcan y se apliquen las salvaguardas apropiadas a fin de evitar que los derechos de las personas implicadas se vean limitados. Esto supone, por ejemplo, una clara delimitación de los fines para los que los datos pertinentes pueden ser tratados, la reducción al mínimo de los datos (personales) que se traten y el establecimiento de períodos de conservación máximos para dichos datos. Esto resulta especialmente importante en el presente caso en que las operaciones de tratamiento implican potencialmente a datos relativos a infracciones o supuestas infracciones, que pueden estar vinculados con los datos personales del armador y/o el patrón del buque.

11.

Teniendo en cuenta el alcance y la magnitud de las actividades de control, parece que el Reglamento de ejecución no siempre logra equilibrar con éxito el objetivo de garantizar el cumplimiento y el respeto de la intimidad y la protección de datos de las personas afectadas. Como el Reglamento de ejecución ya ha sido adoptado, el SEPD considera importante que la Comisión aclare a posteriori, cuando sea posible, el alcance y los límites de las actividades de tratamiento y proporcione garantías específicas, cuando sea necesario. Esto puede lograrse, por ejemplo, adoptando una orientación o normas internas generales o específicas destinadas a aclarar determinados aspectos de las actividades de tratamiento en cuanto a la protección de datos personales se refiere o en el marco de controles previos por parte del SEPD, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento (CE) no 45/2001.

12.

A continuación, se debaten los principales aspectos que, en opinión del SEPD, requieren una mayor especificación.

13.

Uno de los principios básicos del derecho fundamental a la protección de datos es que los datos personales podrán ser procesados únicamente con fines determinados, explícitos y legítimos (13). El principio de limitación a una finalidad específica establece una responsabilidad especial de los responsables del tratamiento pero también establece un requisito para el legislador, al solicitarle que las disposiciones legislativas no estén formuladas de un modo general que justifique el uso de datos personales para fines que no estén lo suficientemente definidos. Las excepciones al principio de limitación a una finalidad específica son posibles siempre que éstas sean necesarias y proporcionadas y que se cumpla el resto de requisitos establecidos en el artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

14.

Tal como se ha mencionado, el Reglamento de control y el Reglamento de ejecución establecen un control sistemático y detallado de las actividades pesqueras a través del SLB, el SIA y el SDB. De conformidad con el artículo 12 del Reglamento de control, los datos del SLB, del SIA y del SDB podrán comunicarse a agencias de la Comunidad y a las autoridades competentes de los Estados miembros que efectúen operaciones de vigilancia con fines de «seguridad y protección marítimas, control de fronteras, protección del medio marino y, en términos generales, para garantizar el cumplimiento de la ley.». El artículo 27 del Reglamento de ejecución especifica además que los Estados miembros utilizarán los datos del SLB «para el control eficaz de las actividades de los buques pesqueros» y que los Estados miembros «adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que se utilicen exclusivamente para fines oficiales».

15.

Teniendo en cuenta el principio de limitación a una finalidad específica, el SEPD considera que el artículo 12 del Reglamento de control y el artículo 27 del Reglamento de ejecución están formulados de una manera demasiado amplia. Si no se interpretan de manera restrictiva, las expresiones «en términos generales, garantizar el cumplimiento de la ley», «el control eficaz de las actividades de los buques pesqueros» y «fines oficiales» podrían cubrir una gama excesivamente amplia de actividades de tratamiento, incluso las que ni siquiera tuviesen una vinculación remota con las finalidades del Reglamento de control. Este enfoque indefinido plantea problemas relacionados con el principio de limitación a una finalidad específica.

16.

Habida cuenta de las consideraciones expuestas anteriormente, el SEPD recomienda a la Comisión que ofrezca directrices concretas para la interpretación del artículo 27 del Reglamento de ejecución. La Comisión debería especificar, en particular, el significado, así como limitar el alcance, del tratamiento de datos del SLB, el SIA y el SDB para «en términos generales, garantizar el cumplimiento de la ley» u otros fines no relacionados con la política pesquera común.

17.

Otro principio fundamental de la legislación en materia de protección de datos es que los datos personales deberán conservarse en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los que fueron recogidos (14). Este principio está directamente vinculado con la limitación a una finalidad específica. Si los datos personales ya no son necesarios para la finalidad inicial, la conservación de dichos datos ya no será admisible pues constituiría un tratamiento incompatible con la finalidad original.

18.

El Reglamento de ejecución establece un período de conservación mínimo de tres años en relación con una serie de datos. En relación con los datos del SLB, por ejemplo, el artículo 27, apartado 2, establece que los Estados miembros garantizarán que los datos pertinentes queden registrados en un formato legible por ordenador y que se almacenen de forma segura en bases de datos informatizadas «durante al menos tres años». De igual modo, el artículo 92, apartado 3, establece que los datos relacionados con los informes de vigilancia se conservarán disponibles en la base de datos durante «un mínimo de tres años.». Además, el artículo 118 establece que los datos de los informes de inspección se conservarán disponibles en la base de datos «durante un mínimo de tres años.».

19.

En general, el SEPD considera que el período de almacenamiento debería establecerse de una forma más precisa, estableciendo un período de conservación máximo (en lugar de únicamente un período de conservación mínimo). En todo caso, el SEPD considera que las anteriores disposiciones deben interpretarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra e), de la Directiva 95/46/CE y el artículo 4, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) no 45/2001, lo cual implica que el período de conservación de tres años debería ser interpretado, en principio, como un período de conservación máximo, salvo si puede demostrarse adecuadamente la necesidad de conservar los datos por un período superior, sobre la base de elementos de pruebas convincentes.

20.

El artículo 164 del Reglamento de ejecución regula los intercambios de información con terceros países. El artículo 164, apartado 2, en particular, trata sobre los intercambios de información desde un Estado miembro a un tercer país o de una organización regional de ordenación pesquera en el marco de un acuerdo bilateral con dicho país o con arreglo a las normas de dicha organización. El artículo 164, apartado 3, trata de los intercambios de información sobre los casos de incumplimiento de la normativa de la política pesquera común, de la Comisión, o el organismo designado por esta, en el contexto de acuerdos sobre pesca celebrados entre la Unión y países terceros o en el contexto de una organización regional de ordenación pesquera o de acuerdos similares.

21.

Mientras que el artículo 164, apartado 2, especifica que el intercambio de información de los Estados miembros a países terceros se efectuará «conforme a la legislación nacional y de la UE en materia de protección de las personas respecto del tratamiento de datos personales», el apartado 3 de dicho artículo no incluye una referencia similar en relación con los intercambios de información que tienen origen en la Comisión. Según lo indicado en el apartado 3, el intercambio de información se realiza previo consentimiento del Estado miembro que haya facilitado la información.

22.

En este sentido, el SEPD destaca que la comunicación de datos personales de la Comisión o de otras instituciones u organismos europeos a países terceros, en virtud del artículo 164, podrá tener lugar únicamente si se cumplen los requisitos del Reglamento (CE) no 45/2001 y, en particular, el artículo 9 de dicho Reglamento.

23.

El Reglamento de control y el Reglamento de ejecución pueden implicar el tratamiento de datos personales por parte de la Comisión o de otros organismos europeos, lo que conllevaría la aplicación a estos casos del Reglamento (CE) no 45/2001 a tales operaciones de tratamiento. En la medida en que estas operaciones de tratamiento puedan presentar riesgos específicos para los derechos y las libertades de los interesados, estarán sujetas al control previo del SEPD en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento (CE) no 45/2001.

24.

En particular, parece que las operaciones de tratamiento llevadas a cabo en virtud del Reglamento de control y del Reglamento de ejecución pueden implicar el tratamiento de datos relacionados con infracciones y supuestas infracciones cometidas por el buque. Estos datos pueden estar vinculados con los datos personales del armador o del patrón del buque (o de un miembro de la tripulación) en relación con los incumplimientos de las normas aplicables.

25.

En consecuencia, el SEPD invita a la Comisión (y a otros organismos europeos afectados) a que considere la posible necesidad de un control previo de las operaciones de tratamiento llevadas a cabo en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de control y el Reglamento de Ejecución y de enviar las notificaciones que resulten necesarias para dicha evaluación (15).

26.

El SEPD lamenta que el texto del Reglamento de ejecución no le fuera notificado para su consulta legislativa en virtud de lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, tal como recomendó en el dictamen de 2009. A pesar de que el SEPD recibe con agrado la referencia a la legislación en materia de protección de datos aplicable incluida en el considerando 31 del Reglamento de ejecución, considera que determinadas disposiciones de este Reglamento son susceptibles de plantear problemas en relación con la protección de datos.

27.

Dado que el Reglamento de ejecución ya ha sido adoptado, el SEPD recomienda a la Comisión que aclare a posteriori, cuando sea posible, el alcance y los límites de las actividades de tratamiento y proporcione garantías específicas, cuando sea necesario. Esto podrá efectuarse adoptando una orientación o normas internas generales o específicas o en el marco de controles previos del SEPD, en virtud del artículo 27 del Reglamento (CE) no 45/2001.

28.

En particular, el SEPD recomienda a la Comisión y a otros organismos europeos afectados que:

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 37/6

1.

El 19 de julio de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CEE) no 3821/85 del Consejo, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, y el Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (en adelante, «la propuesta») (3). La propuesta viene acompañada de una Comunicación titulada «Tacógrafo digital: Hoja de ruta para futuras actividades» (en adelante, «la Comunicación») (4). Ese mismo día, la propuesta y la comunicación se trasladaron para consulta al SEPD.

2.

El SEPD ya había sido consultado de manera informal en abril de 2011 sobre una versión anterior de la propuesta, sobre la que proporcionó observaciones informales el 13 de mayo de 2011. El SEPD recibe con agrado la consulta informal que ayudó a mejorar el texto desde el punto de vista de la protección de datos en una fase temprana del proceso de elaboración. Algunas de aquellas observaciones se han tenido en cuenta en la propuesta. El SEPD acoge con satisfacción la referencia a este dictamen en el preámbulo de la propuesta.

3.

La propuesta trata sobre la instalación y uso de un aparato de control en vehículos destinados al transporte por carretera de viajeros o de mercancías para comprobar si los conductores profesionales del transporte por carretera se atienen a las disposiciones en materia social sobre tiempo de conducción y períodos de descanso (5).

4.

Desde 1985, se ha establecido un sistema de tacógrafo para este fin, basado en un aparato de control junto con tarjetas de tacógrafo (6). El aparato de control registra, almacena, visualiza, imprime y envía datos relacionados con las actividades del conductor. Una tarjeta de tacógrafo es una tarjeta inteligente utilizada con el aparato de control. Las tarjetas de tacógrafo permiten la identificación por dicho aparato de quien las posee, así como transferir y almacenar datos.

5.

El proyecto de propuesta modifica el actual Reglamento (CEE) no 3821/85 relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (en adelante, «el Reglamento») y lo actualiza con los desarrollos tecnológicos actuales para mejorar el uso del tacógrafo digital en comparación con las versiones analógicas y ampliar sus funciones para crear un nuevo tipo de tacógrafo digital. El nuevo tacógrafo digital será mejorado con los siguientes rasgos tecnológicos: i) utilizará el aparato de geolocalización para recoger de forma automática determinados datos sobre la ubicación de los conductores; ii) utilizará los medios de comunicación a distancia para realizar controles a distancia; y iii) dispondrá de una interfaz normalizada con otros Sistemas de Transporte Inteligente (STI), permitiendo así que se convierta en un componente esencial de la plataforma STI del vehículo (7).

6.

Muchas de las cuestiones planteadas en la propuesta requerirán otras acciones complementarias que se describen en la Comunicación. La Comunicación identifica diversas medidas que deben ser iniciadas por la Comisión, en especial la actualización, mediante actos delegados, de las especificaciones técnicas de los tacógrafos digitales establecidos en el anexo I B del Reglamento y la modernización de los mecanismos de seguridad, así como la modificación de la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de conducción para fusionar las tarjetas de los conductores profesionales en los tacógrafos con sus permisos de conducción.

7.

El uso de aparatos de control en el transporte por carretera implica el tratamiento de datos personales relativos a los conductores profesionales. Una gran parte del tratamiento está basado en el uso de aparatos de geolocalización y medios de comunicación a distancia, que son tecnologías que tienen un impacto considerable sobre la intimidad y la protección de datos de las personas.

8.

Por ello, la propuesta vulnera la intimidad de los conductores profesionales de manera muy visible, en particular, al permitir la constante vigilancia del paradero de los conductores e introducir la posibilidad de controles a distancia por parte de las autoridades de control, quienes tendrán un acceso directo constante a los datos almacenados en los tacógrafos. Asimismo, la agrupación prevista de la tarjeta de conductor y el permiso de conducción también podría afectar a la protección concedida actualmente a los datos de los conductores.

9.

Por tanto, es fundamental que el tratamiento de datos a través de tacógrafos dentro de la Unión Europea se efectúe de acuerdo con el marco europeo de protección de datos europeo, tal como establecen los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como la Directiva 95/46/CE (8) y la Directiva 2002/58/CE (9).

10.

Cabe señalar que en el momento en que se adoptó el Reglamento en 1985, no existía un marco general en materia de protección de datos en la Unión Europea. La presente revisión del Reglamento constituye, por tanto, una ocasión para actualizar el Reglamento de conformidad con el sistema actual de protección de datos.

11.

El SEPD recibe especialmente con agrado la introducción en la propuesta de un considerando y de una disposición dedicados a la protección de datos (10). El SEPD destaca, sin embargo, que estas disposiciones no solucionan por sí solas todas las cuestiones en materia de protección de datos planteadas por las distintas medidas incluidas en la propuesta, por lo que, deberían incluirse otras garantías en la propuesta y en las medidas complementarias descritas en la Comunicación.

12.

En el presente dictamen, el SEPD destaca diversos aspectos de la propuesta que exigen una mayor consideración desde el punto de vista de la protección de datos. El SEPD se centrará en particular en las siguientes cuestiones, que se analizarán sucesivamente en el apartado II:

13.

El SEPD recibe con agrado la introducción de una disposición específica en materia de protección de datos en el artículo 34 de la propuesta. El artículo 34 subraya de manera clara la responsabilidad de los propietarios de vehículos y/o de las empresas de transporte, como responsables del tratamiento, de cumplir con la legislación aplicable en materia de protección de datos. Entre otras cosas, esto exige que informen a los conductores profesionales sobre el tratamiento de sus datos en los tacógrafos, conceder acceso a los conductores a sus datos y rectificar datos incorrectos o incompletos. El SEPD subraya que dicha información sobre el tratamiento debe ser completa para todas las actividades de tratamiento que se lleven a cabo y, por ello, recibe con agrado el hecho de que el artículo 5, apartado 6, de la propuesta exija que los responsables del tratamiento informen a los conductores de manera específica de la eventualidad de que se entable un control a distancia por parte de las autoridades de control. El SEPD hace hincapié asimismo en que los responsables del tratamiento deben notificar el tratamiento a las autoridades de control, tal como se establece en los artículo 18 a 20 de la Directiva 95/46/CE.

14.

Asimismo, esta disposición pone especial énfasis en el deber de los Estados miembros y de las autoridades de control independientes de garantizar que el tratamiento de datos personales en los tacógrafos utilizados en el transporte por carretera se realiza de acuerdo con la legislación aplicable en materia de protección de datos. Esto exigirá que los Estados miembros adopten medidas específicas en relación con el uso de tecnologías específicas como el Sistema mundial de navegación por satélite (GNSS), las comunicaciones a distancias y las interfaces STI, o respecto del intercambio electrónico de información sobre las tarjetas de conductor y el almacenamiento de registros por parte de las empresas de transporte. Cuando sea posible, las autoridades de protección de datos de los Estados miembros deberán ser consultadas antes de la adopción de dichas medidas, para desarrollar marcos que sean compatibles con los requisitos de protección de datos aplicables.

15.

El SEPD recibe con agrado el hecho de que el concepto de intimidad mediante el diseño esté incorporado en la propuesta al establecer que el aparato de control deberá estar «concebido de modo que se garantice la privacidad». El SEPD hace hincapié en que desde una fase temprana del diseño del tacógrafo digital, esto debe hacerse de un modo respetuoso con la intimidad y la protección de datos. Estas medidas respetuosas con la intimidad deberán quedar reflejadas adecuadamente en la actualización de las especificaciones incluidas en el anexo I B.

16.

Sin embargo, tal como se ha subrayado en el apartado 11, el artículo 34 y el considerando 15 de la propuesta no resuelven por sí solos todos los problemas en materia de protección de datos asociados al uso de tacógrafos. Por ello, el SEPD destaca en el presente dictamen que son necesarias medidas adicionales para garantizar un nivel satisfactorio de protección de datos de los tacógrafos.

17.

El SEPD considera que los requisitos de seguridad para los tacógrafos digitales, que se incluyen en diversas partes de la propuesta y en el artículo 15, no están lo suficientemente desarrollados en la propuesta. Además, el SEPD subraya que la propuesta introduce el uso de muchas tecnologías para crear un «nuevo tacógrafo digital», para el que el actual anexo I B está anticuado y no incluye ni las correspondientes especificaciones ni las medidas de seguridad adecuadas.

18.

El SEPD destaca que el sector podría sufrir debido a un marco jurídico nada claro como resultado de la adopción de un Reglamento actualizado que introduce muchos cambios tecnológicos cuyas especificaciones técnicas no estarían detalladas en los anexos existentes, que están anticuados. Existe, por tanto, un riesgo de que la industria desarrolle medidas y marcos que no sean respetuosos con la intimidad hasta que las especificaciones sean actualizadas. Dicho riesgo existirá mientras tenga lugar el proceso de revisión de dichos anexos, es decir, hasta finales de 2014.

19.

El SEPD recomienda encarecidamente que la introducción de cualquier actualización tecnológica (GNSS, comunicación a distancia, STI) en los tacógrafos esté debidamente acompañada por la realización de evaluaciones de impacto en materia de intimidad para examinar los riesgos sobre la privacidad que plantea el uso de dichas tecnologías.

20.

El SEPD recomienda asimismo insertar en la propuesta un artículo específico sobre el nivel de seguridad que debe alcanzarse y todas las fases de desarrollo y uso de tacógrafos (no solo en las fases de diseño y de instalación sino también, lo que resulta más importante, durante su uso). Dicho artículo debe hacer hincapié en lo siguiente:

21.

Para promover buenas prácticas en materia de protección de datos, sería útil que el SEPD y las autoridades del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del Artículo 29 estuvieran incluidos en la lista de participantes del Foro del Tacógrafo previsto en el artículo 41 de la propuesta.

22.

La propuesta no aporta claridad ni certeza respecto de muchas de las modalidades de tratamiento, lo cual debería quedar aclarado, sin embargo, para garantizar que estas medidas respetan el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 95/46/CE. Esto afecta principalmente a los tipos de datos tratados y grabados en los tacógrafos y mediante el uso de aparatos de geolocalización, el período en que dichos datos podrán ser conservados y qué destinatarios podrán tener acceso a qué datos, en particular por lo que se refiere al uso de las comunicaciones a distancia.

23.

Muchos de los detalles del tratamiento de datos están establecidos actualmente en el anexo I B del Reglamento, que ya no está actualizado y que estará sujeto posteriormente a una revisión mediante actos delegados de la Comisión. No existe, por tanto, seguridad jurídica sobre si el tratamiento previsto cumplirá las condiciones de proporcionalidad, ya que la decisión sobre muchas de esas medidas se deja a los comités de reglamentación. Asimismo, existe el riesgo de que durante el tiempo que se dedique a actualizar los anexos, el sector desarrolle sus propios sistemas, lo cual puede dar lugar a discrepancias.

24.

El SEPD no apoya este enfoque y recomienda que la propia propuesta aclare las modalidades generales del tratamiento, dejando únicamente que los detalles concretos sean tratados en los anexos. El SEPD lamenta que la propuesta ya no describa las categorías de datos que deberán recopilarse y registrarse en los tacógrafos digitales, aunque esto estaba claramente especificado en el artículo 5 de la versión anterior de la propuesta que le fue comunicada (p. ej., el movimiento y la velocidad del vehículo, la medición del tiempo, lugares en que se inicie y concluya el período de trabajo diario, la identidad del conductor, la actividad del conductor, los acontecimientos y los fallos). Ahora, el artículo 34, apartado 3, de la propuesta únicamente establece que «sólo se utilizarán los datos estrictamente necesarios para el tratamiento», sin especificar los tipos de datos que serán tratados.

25.

El SEPD recomienda encarecidamente que se describan las modalidades generales del tratamiento en el texto del Reglamento, el cual, al contrario de lo que ocurre con la adopción de los anexos, será aprobado mediante el procedimiento legislativo ordinario. Este enfoque ayudaría a dar una mayor seguridad jurídica a los conductores profesionales, lo cual a su vez reforzaría el uso válido de los datos en los órganos jurisdiccionales.

26.

El SEPD subraya que debe darse una adecuada consideración al principio de proporcionalidad cuando se modifique el anexo I B para adaptarlo al progreso tecnológico. Recomienda encarecidamente ser consultado durante la actualización del anexo I B del Reglamento. El SEPD considera que esta actualización debería llevarse a cabo lo antes posible a fin de garantizar que la industria incorpora a los tacógrafos las especificaciones técnicas armonizadas.

27.

El SEPD señala que, según el considerando 5 de la propuesta, el registro de datos de geolocalización está justificado porque facilita la labor de los controladores. A la luz del principio de limitación a una finalidad específica establecido en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 95/46/CE, el SEPD destaca que los datos de posición registrados en los tacógrafos no deberían ser utilizados para otros fines no compatibles.

28.

Aunque, según el artículo 4 de la propuesta sólo se registrarán dos elementos de los datos de posición (determinar los lugares en que se inicie y concluya el período de trabajo diario), el SEPD considera que el uso de un aparato de geolocalización permitirá la localización constante del vehículo y, por tanto, del conductor. Esto puede llevarse a cabo por distintos motivos, por ejemplo, controlar la velocidad y la dirección, comprobar si el vehículo está o no en movimiento, etc. Considerando el artículo 4 de la propuesta y el principio de limitación a una finalidad específica, el SEPD subraya que dichos usos no deberían permitirse. El SEPD hace hincapié en que no debería permitirse la instalación y el uso de dispositivos con el fin directo y principal de permitir a los empresarios controlar a distancia y en tiempo real las acciones y el paradero de sus empleados.

29.

El acceso a los datos almacenados en el apartado de control podrá concederse en todo momento a i) las autoridades de control para sus comprobaciones y ii) a la empresa correspondiente de modo que pueda cumplir sus obligaciones legales, en particular tal como se establece en los artículos 28 y 29 de la propuesta. El SEPD recibe con agrado el hecho de que se hayan definido derechos de acceso limitados, según el tipo de usuario y/o su identidad.

30.

De acuerdo con lo dispuesto en el considerando 6, las comunicaciones a distancia con fines de control están justificadas para facilitar una mayor selectividad en los controles de carretera y reducir la carga administrativa que suponen los controles aleatorios sobre las empresas de transporte. El SEPD entiende que es conveniente introducir dicha medida pero recuerda que deben establecerse garantías adecuadas en vista de los riesgos sobre la intimidad que puede entrañar un continuo acceso a distancia a la información almacenada en el aparato control.

31.

En este sentido, el SEPD señala con satisfacción que el artículo 5 de la propuesta establece una serie de salvaguardias importantes, en particular que i) dicho acceso a distancia está limitado únicamente a las autoridades de control competentes, ii) el alcance de los datos intercambiados con las autoridades de control deberá limitarse a aquellos datos estrictamente necesarios para hacer más selectivos los controles de carretera, iii) existe un período de conservación claramente definido de dos horas para los datos recabados durante los controles a distancia, iv) el propietario o poseedor del vehículo deberá ser informado de la eventualidad de que se lleve a cabo un control a distancia, y v) deben establecerse medidas de seguridad adecuadas para garantizar la integridad de los datos y la autenticación.

32.

El SEPD considera, sin embargo, que no está suficientemente claro qué datos pueden ser intercambiados a través de las comunicaciones a distancia. Para garantizar que la cantidad de datos comunicados a las autoridades de control no es excesiva, el SEPD recomienda que el artículo 5, apartado 3, tenga una formulación diferente. En lugar de incluir una lista de datos que no se comunicarán, sugiere que el artículo 5, apartado 3, establezca una lista exhaustiva de los datos que podrán ser comunicados.

33.

En relación con las sanciones, el SEPD también remarca que un control a distancia no puede conducir a la imposición automática de multas o sanciones para el conductor o la empresa. Teniendo en cuenta que el control a distancia se realiza sin el conocimiento de la persona afectada, deberán adoptarse las medidas adecuadas antes de adoptar cualquier decisión. El control a distancia, por tanto, debe verse como una medida preliminar que puede conducir a un control en profundidad en presencia del conductor, en caso de que los controladores hayan detectado alguna anomalía en una fase previa.

34.

La Comunicación de la Comisión indica que una serie de terceros países aplican los principios de los reglamentos del transporte por carretera y del reglamento del tacógrafo. En la versión actual de la propuesta no existe ninguna indicación relativa a los intercambios internacionales de datos de los tacógrafos. En la propuesta debe aclararse si los intercambios transfronterizos de datos están contemplados por las autoridades de los terceros países, en cuyo caso será necesaria salvaguardias adecuadas de protección de datos para garantizar que existe un nivel de protección adecuado cuando los datos son transferidos a estos terceros países, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Directiva 95/46/CE.

35.

Hacer que los tacógrafos sean un componente esencial de los sistemas de transporte inteligentes plantea una serie de cuestiones en materia de intimidad y protección de datos, que ya fueron subrayadas por el SEPD en su dictamen sobre la Directiva STI (11).

36.

El posterior tratamiento de datos registrados o producidos por el tacógrafo para su uso en aplicaciones de sistemas de transporte inteligentes únicamente debe tener lugar si el tratamiento posterior no es incompatible con la finalidad original de su recogida, lo cual deberá valorarse caso por caso.

37.

Los responsables del tratamiento deberán garantizar que el posterior uso de los datos del tacógrafo en una aplicación STI se realiza de conformidad con una de las bases jurídicas incluidas en el listado del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE. El SEPD subraya que, de entre todas las bases jurídicas disponibles, puede ser difícil confiar en el consentimiento de los conductores, teniendo en cuenta el contexto laboral en que se llevará a cabo el tratamiento. Los conductores podrían recibir presiones por parte del empresario para que utilicen determinadas aplicaciones STI para las que no habrían dado, por tanto, un consentimiento libre real (12).

38.

En consecuencia, el SEPD sugiere modificar el artículo 6, apartado 2, de la propuesta para establecer que «los vehículos (…) estarán provistos de una interfaz armonizada que permitirá utilizar los datos registrados o producidos en las aplicaciones de los sistemas de transporte inteligentes. El uso posterior de los datos registrados en los tacógrafos únicamente estará permitido siempre que el conductor haya aceptado libremente dicho tratamiento y se cumplan el resto de requisitos del artículo 6 de la Directiva 95/46/CE.».

39.

Además, el SEPD destaca que todos los datos registrados o producidos por el tacógrafo no serán automáticamente accesibles para su uso por otras aplicaciones STI sino únicamente para aquellas que sean estrictamente necesarias para el tratamiento en dicha aplicación STI. El artículo 6, apartado 3, de la propuesta debería destacar esto. El SEPD recomienda que se realice una evaluación de la protección de la intimidad específica para cada aplicación a fin de determinar qué datos son estrictamente necesarios para el tratamiento y el plazo durante el que los datos podrán conservarse.

40.

El artículo 27 prevé la agrupación de varias funciones de las tarjetas de conductor y los permisos de conducción. Considerando la potencial cantidad de información registrada sobre las actividades del conductor, la tarjeta del conductor es mucho más que una simple tarjeta identificativa que certifica que la persona es un conductor profesional. Por tanto, es más intrusiva desde el punto de vista de la protección de datos ya que está destinada a controlar el cumplimiento por parte de alguien de la normativa en materia social en el ámbito del transporte por carretera.

41.

La integración de dicha tarjeta y del permiso de conducción plantea problemas de protección de datos, en particular, a la luz del principio de limitación a una finalidad específica y el principio de proporcionalidad. Además, no han quedado lo suficientemente demostrados ni la necesidad ni el beneficio de integrar la tarjeta de conductor y el permiso de conducción. En particular, no queda probado cómo dicha integración sería el mejor modo para ayudar a luchar contra el fraude y el uso indebido. El SEPD recomienda que esta integración únicamente esté prevista después de realizar una evaluación de impacto en materia de intimidad y seguridad. Esto debería estar claramente mencionado en el artículo 27 de la propuesta.

42.

Asimismo, dicha integración exigirá una modificación de la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de conducción, propuesta que deberá ser presentada por la Comisión. Considerando los aspectos en materia de protección de datos que plantean dichas modificaciones, el SEPD subraya su deseo de ser debidamente consultado sobre dicha propuesta.

43.

La información sobre las tarjetas de conductor se intercambiarán electrónicamente a través de los registros electrónicos nacionales antes de expedir dichas tarjetas para comprobar que el solicitante no posee ya una tarjeta. Este intercambio de información se realizará a través del sistema existente, TACHONET. El artículo 26 establece la base jurídica para dicho intercambio electrónico de información. El SEPD acoge con satisfacción el hecho de que los datos personales específicos registrados en dichos registros están claramente indicados en el artículo 26 de la propuesta, así como el período de conservación y los destinatarios autorizados de los datos. El SEPD destaca que todas las modalidades generales de tratamiento en TACHONET deben estar descritas en dicho artículo y que únicamente deberán adoptarse mediante actos de aplicación las especificaciones técnicas.

44.

El SEPD destaca que la función de la Comisión de interconectar los registros electrónicos no está lo suficientemente clara. Hace hincapié en que esta función debería ser aclarada en los actos de aplicación propuestos. Asimismo, destaca que cuando esta función pudiera implicar el tratamiento de datos personales por parte de la Comisión, dicho tratamiento debería respetar lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001.

45.

El SEPD recibe con agrado haber sido consultado sobre una propuesta que vulnera la intimidad de los conductores profesionales de una manera tan visible. En especial, recibe con satisfacción el hecho de que en la propuesta se haya incluido una disposición específica en materia de protección de datos. El SEPD destaca, sin embargo, que esta disposición no soluciona por sí misma todas las cuestiones en materia de protección de datos planteadas por las medidas presentadas en la propuesta, por lo que, deberían incluirse otras garantías en la propuesta y en las medidas complementarias descritas en la Comunicación.

46.

El SEPD considera que las modalidades generales del tratamiento en tacógrafos deberían ser establecidas en la propia propuesta y no en los anexos del Reglamento. Los principales aspectos del tratamiento deberían estar descritos en la propia propuesta, como los tipos de datos registrados en tacógrafos y a través de aparatos de geolocalización, los destinatarios y los plazos de conservación. Los anexos del Reglamento únicamente deberían establecer los detalles técnicos de los principios generales que hayan sido establecidos en el propio Reglamento.

47.

Asimismo, el SEPD destaca que los anexos existentes han quedado obsoletos, lo cual puede conducir a discrepancias sobre el modo en que los tacógrafos serán desarrollados por la industria. La propuesta introduce muchas actualizaciones tecnológicas, para las que no se establecen en los anexos existentes del Reglamento las correspondientes especificaciones técnicas. Existe el riesgo de que la industria desarrolle marcos que no sean respetuosos con la intimidad mientras esté pendiente la actualización de los anexos del Reglamento. El SEPD exige a la Comisión que actualice los anexos del Reglamento tan pronto como sea posible.

48.

El SEPD recomienda introducir las siguientes modificaciones a la propuesta:

49.

El SEPD pide a los Estados miembros que consulten a las autoridades de supervisión de la protección de datos antes de adoptar medidas nacionales para los tacógrafos, en particular aquellas medidas sobre el uso de equipos de geolocalización, comunicaciones a distancias, interfaces STI y TACHONET.

50.

Para garantizar una adecuada consideración de los requisitos en materia de protección de datos en posteriores acciones complementarias por parte de la Comisión, el SEPD desea ser incluido en la lista de participantes del Foro del Tacógrafo y ser consultado sobre la actualización del anexo I B y sobre la propuesta de modificación de la Directiva 2001/126/CE sobre el permiso de conducción.

10.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 37/14

10.2.2012   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 37/16

10.2.2012   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 37/20

10.2.2012   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 37/21

DO C 264 de 8.9.2011

DO C 189 de 29.6.2011

DO C 140 de 11.5.2011

DO C 121 de 19.4.2011

DO C 94 de 26.3.2011

DO C 88 de 19.3.2011

10.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 37/22

10.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 37/23

10.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 37/26

Tribunal de Cuentas Europeo

Unidad «Auditoría: Elaboración de informes»

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

10.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 37/27

—

facilitar el acceso a la educación superior de los estudiantes, incluidos los de grupos en desventaja,

—

facilitar la cooperación sobre el reconocimiento de estudios y cualificaciones,

—

contribuir a la mejora de la calidad de la educación superior mediante el fomento de la internacionalización, y la armonización de los programas y currículos entre las instituciones participantes,

—

mejorar la capacidad de cooperación internacional de las IFS de los países de África, el Caribe y el Pacífico,

—

promover la cooperación entre las instituciones remitentes y huésped,

—

permitir a los estudiantes, académicos y personal no docente beneficiarse tanto lingüística como cultural y profesionalmente de la experiencia obtenida gracias a la movilidad a otro país,

—

mejorar, a medio plazo, los vínculos políticos, culturales, educativos y económicos entre los países participantes.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Convocatoria de propuestas EACEA/11/12 — «Programa de movilidad académica INTRA-ACP»

a la at. del Sr. Joachim FRONIA

BOUR 02/29

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

10.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 37/30

Comisión Europea

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección M2 — Competencia

Rue de la Loi/Wetstraat 120, 5/94A

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22967672

—

Las autoridades italianas han comunicado su intención de colocar el equivalente de subvención del aplazamiento del pago bajo el régimen de minimis previsto por el Reglamento (CE) no 1535/2007 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector de la producción de productos agrícolas (1); ahora bien, en esta fase, la Comisión tiene dudas sobre la aplicabilidad de este Reglamento en el caso que nos ocupa, ya que las autoridades italianas no han facilitado ninguna precisión sobre el respeto de los límites máximos de ayuda individual y nacional previstos en el Reglamento; además, el Reglamento prohíbe la concesión de ayudas de minimis que eleven las ayudas estatales por encima del máximo admisible, lo que parece hacer el aplazamiento en esta fase.

—

En esta fase, la Comisión solo puede, pues, llegar a la conclusión de que existe un elemento de ayuda que ninguna de las informaciones suministradas hasta la fecha por las autoridades italianas permite justificar a la luz de las normas aplicables en materia de ayudas estatales en el sector agrario (Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (2)).

—

El aplazamiento implica una violación de la Decisión del Consejo en el sentido de que deja de cumplirse una de sus condiciones (plazos anuales de la misma cuantía); el aplazamiento transforma el conjunto del sistema de escalonamiento de los pagos en una ayuda nueva que, en esta fase, ninguna disposición de las directrices antes citadas parece justificar.