16.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 368/1

1.

La Empresa Común Artemis, con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 (1) por un período de 10 años.

2.

El objetivo principal de la Empresa Común Artemis es definir y ejecutar un «programa de investigación» para el desarrollo de tecnologías clave destinadas a sistemas de computación empotrados en diferentes ámbitos de aplicación, con el fin de reforzar la competitividad y la sostenibilidad europeas y propiciar la aparición de nuevos mercados y aplicaciones sociales (2).

3.

Los miembros fundadores de la Empresa Común Artemis son la Unión Europea, representada por la Comisión, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido, y Artemisia, una asociación que representa empresas u otras organizaciones de investigación activas en el ámbito de los sistemas de computación empotrados en Europa. En 2009, Chipre, la República Checa, Letonia y Noruega se convirtieron también en miembros de la Empresa Común.

4.

La contribución máxima de la UE a la Empresa Común Artemis para cubrir los costes de explotación y las actividades de investigación asciende a 420 millones de euros sufragados a través del presupuesto del Séptimo Programa Marco de Investigación (3). La asociación Artemisia contribuye a sufragar estos costes con un máximo de 30 millones de euros y los Estados miembros lo hacen en especie (facilitando la ejecución de los proyectos), además de aportar, como mínimo, el equivalente a 1,8 veces la contribución de la UE. Las organizaciones de investigación que participan en los proyectos también tienen que contribuir en especie.

5.

La Empresa Común comenzó a funcionar de manera autónoma el 26 de octubre de 2009.

6.

De conformidad con el artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (4) de la Empresa Común Artemis que comprenden los «estados financieros» (5) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (6) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

7.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (7).

8.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto, ateniéndose a la normativa financiera de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (8), y es responsable asimismo de la implantación (9) de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (10) estén libres de incorrecciones significativas, ya sea por fraude o error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

9.

El Tribunal debe emitir, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

10.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (11). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y que planifique y lleve a cabo la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones significativas y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

11.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría de los importes y los datos presentados en las cuentas y de la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones significativas u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno que incide en la preparación y presentación de las cuentas por la entidad con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

12.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para emitir las opiniones que se exponen a continuación.

13.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común Artemis presentan fielmente, en todos los aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2010, así como los resultados de sus operaciones y los flujos de tesorería para el ejercicio finalizado en dicha fecha, conforme a lo dispuesto en su Reglamento financiero.

14.

En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

15.

El contenido de las observaciones que se exponen en los apartados 16 a 26 no cuestiona la declaración emitida por el Tribunal.

16.

Contraviniendo los artículos 29 a 31 del Reglamento financiero de la Empresa Común, el presupuesto de 2010 no había sido adoptado al final del ejercicio anterior (se adoptó el 28 de enero de 2010). Su estructura y presentación no eran conformes a las disposiciones de su Reglamento financiero.

17.

El presupuesto definitivo incluía créditos de pago por valor de 27 millones de euros y el porcentaje de utilización era del 37,7 %. Los depósitos en las cuentas bancarias al final del ejercicio ascendían a 16,6 millones de euros (el 60 % de los créditos de pago disponibles en 2010). La Empresa Común considera que el porcentaje de ejecución relativamente reducido en el caso de los créditos de pago se debe a los retrasos en los Estados miembros para la firma de los acuerdos de subvención nacionales (12).

18.

La Empresa Común no aplicó plenamente sus sistemas de control interno y de información financiera durante 2010. En particular, es preciso proseguir con el trabajo sobre la verificación operativa de las declaraciones de gastos, la garantía que ofrecen los certificados de las autoridades nacionales y la estrategia de auditoría ex post, que constituyen elementos importantes del sistema de control interno de la Empresa Común.

19.

En el ámbito de la verificación ex ante, plenamente se confía en los certificados facilitados por las autoridades nacionales y no se llevaron a cabo otros controles para garantizar la legalidad y regularidad de los gastos declarados por los beneficiarios.

20.

La auditoría ex post de las declaraciones de gastos de los proyectos se delegó plenamente en los Estados miembros, sin que la Empresa Común ejerza ningún tipo de control (13), lo cual dificultará que la Empresa Común pueda garantizar: i) la adecuada protección de los intereses financieros de sus miembros, como prevé el Reglamento del Consejo (14), y ii) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.

21.

El examen limitado de los controles informáticos mostró que la Empresa Común posee un nivel de gobernanza y práctica informáticas adecuado a su tamaño y a su misión, pese a que la formalización de las políticas y los procedimientos no está suficientemente avanzada en ciertos aspectos (15).

22.

El contable de la Empresa Común ha validado los sistemas financieros y contables (ABAC y SAP), pero todavía no ha validado los procesos operativos subyacentes que permiten obtener información financiera, en particular el que proporciona información financiera acerca de la validación y liquidación de las declaraciones de gastos transmitidas por las autoridades nacionales.

23.

Contraviniendo el artículo 103 de su Reglamento financiero, la Empresa Común todavía no ha puesto en práctica un procedimiento interno para deducir los intereses generados por las prefinanciaciones del pago del saldo de los importes adeudados a los beneficiarios.

24.

Con arreglo al artículo 6, apartado 2, del Reglamento del Consejo relativo a la constitución de Artemis, la Empresa Común deberá contar con una función de auditoría interna. Sin embargo, al final de 2010 aún no se había creado este importante elemento del sistema de control interno.

25.

En su informe anterior, el Tribunal señaló la necesidad de clarificar las disposiciones de los estatutos de la Empresa Común referentes a la función del auditor interno de la Comisión. Aunque todavía no se ha modificado el Reglamento financiero de la Empresa Común para incluir una disposición que haga referencia a las competencias de dicho auditor, esta institución y la Empresa Común han tomado medidas para garantizar que las respectivas funciones operativas del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión y la función de auditoría interna de la Empresa Común estén claramente definidas.

26.

Como señalaba el Tribunal en su informe anterior, con arreglo al Reglamento del Consejo por el que se establece la Empresa Común, debe celebrarse un acuerdo de sede entre esta y Bélgica que regule la dotación de oficinas, los privilegios e inmunidades y otras formas de apoyo que deba prestar Bélgica. Sin embargo, al final de 2010 no se había celebrado dicho acuerdo.

16.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 368/8

1.

La Empresa Común Clean Sky, con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 (1) por un período de 10 años.

2.

El objetivo de la Empresa Común Clean Sky es acelerar el desarrollo, la validación y la demostración de las tecnologías limpias de transporte aéreo en la UE para llevarlas a la práctica lo antes posible (2). Las actividades de investigación coordinadas por la Empresa Común se dividen en seis ámbitos tecnológicos o «demostradores tecnológicos integrados» (DTI).

3.

Los miembros fundadores de la Empresa Común son la Unión Europea, representada por la Comisión, y socios industriales, como los responsables de los DTI, junto con sus miembros asociados.

4.

La contribución máxima de la UE a la Empresa Común Clean Sky para cubrir los costes de explotación y las actividades de investigación asciende a 800 millones de euros sufragados a través del presupuesto del Séptimo Programa Marco de Investigación (3). Los demás miembros de la Empresa Común han de aportar unos recursos equivalentes como mínimo a la contribución de la UE, incluidas las contribuciones en especie.

5.

La Empresa Común comenzó a funcionar de manera autónoma el 16 de noviembre de 2009.

6.

De conformidad con el artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (4) de la Empresa Común Clean Sky, que comprenden los «estados financieros» (5) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (6) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

7.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (7).

8.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto ateniéndose a la normativa financiera de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (8), y es responsable asimismo de la implantación (9) de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (10) estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

9.

El Tribunal debe emitir, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

10.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (11). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y que planifique y lleve a cabo la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

11.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones significativas u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno aplicado por la entidad a la preparación y presentación de las cuentas con el fin de concebir procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

12.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para emitir las opiniones que se exponen a continuación.

13.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2010 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado en dicha fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero.

14.

En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

15.

Los comentarios que se exponen en los apartados 16 a 25 no cuestionan la declaración emitida por el Tribunal.

16.

La estructura y presentación del presupuesto de 2010 no se ajustaba a los requisitos del Reglamento del Consejo por el que se crea la Empresa Común ni a sus normas financieras (12).

17.

El presupuesto definitivo incluía créditos de compromiso y de pago por valor de 168 millones de euros y 129 millones de euros respectivamente. Así lo ilustran los porcentajes de utilización de los créditos de compromiso y de pago, situados en un 96 % y un 58 % respectivamente, que reflejan significativos retrasos en la ejecución de las actividades con respecto a lo previsto inicialmente (13). El bajo nivel de ejecución presupuestaria también se refleja en los saldos de tesorería, que ascendían a 53 millones de euros al final del ejercicio (un 41 % de los créditos de compromiso disponibles en 2010).

18.

La Empresa Común no ha aplicado la totalidad de sus sistemas de control interno y de información financiera durante 2010. En particular, es necesario seguir trabajando en los procedimientos de control ex ante aplicados en la validación de las declaraciones de gastos, ya que constituyen elementos importantes del sistema de control interno de la Empresa Común.

19.

El Tribunal señaló que la Empresa Común obró correctamente al no aceptar las declaraciones en los casos en que los miembros o socios no presentaba el certificado de auditoría exigido (14). Sin embargo, en cuatro casos, la Empresa Común no tuvo en cuenta las excepciones incluidas en los certificados de auditoría al validar las declaraciones.

20.

El examen limitado de los controles informáticos mostró que la Empresa Común posee un nivel suficiente de gobernanza y práctica informática adecuado a su tamaño y a su misión, pese a que la formalización de las políticas y los procedimientos no está suficientemente avanzada en ciertos aspectos (15).

21.

El contable de la Empresa Común Clean Sky validó los planes contables y financieros (ABAC y SAP). Sin embargo, no fueron validados los procesos operativos subyacentes que proporcionan información financiera y en particular el sistema que proporciona información financiera sobre la validación de las declaraciones de gastos.

22.

La Empresa Común adoptó en octubre de 2010 un plan estratégico global de auditoría interna para el período 2010-2012. No obstante, hay que señalar que en 2011 se prevé el examen de algunos de los procesos clave como la validación ex ante de las declaraciones de gastos y que hasta 2011 no está previsto iniciar las auditorías ex post, controles clave cuya finalidad es evaluar la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.

23.

Al final de 2010, la Empresa Común todavía no había completado los procedimientos internos para supervisar la aplicación de las disposiciones previstas en los acuerdos de subvención y de consorcio sobre la protección, uso y difusión de los resultados de la investigación.

24.

En su anterior informe, el Tribunal señalaba la necesidad aclarar la disposición de los Estatutos de la Empresa Común sobre las funciones del auditor interno de la Comisión. Aunque las normas financieras de la Empresa Común todavía no han sido modificadas para incorporar la disposición relativa a las funciones del auditor interno de la Comisión, esta institución y la Empresa Común han adoptado medidas para garantizar que estén claramente definidas las respectivas funciones operativas del servicio de auditoría interna de la Comisión y la función de auditoría interna de la Empresa Común.

25.

Tal y como ya informó el Tribunal, con arreglo al Reglamento del Consejo por el que se establece la Empresa Común, debe celebrarse entre la Empresa Común y Bélgica un acuerdo de sede que regule la dotación de oficinas, los privilegios e inmunidades y otras formas de apoyo que deba prestar Bélgica. Sin embargo, al final de 2010 no se había celebrado dicho acuerdo.

16.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 368/17

1.

La Empresa Común europea para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores (Empresa Común IMI), con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 (1) por un período de diez años.

2.

La Empresa Común IMI tiene como objetivo mejorar de forma significativa la eficiencia y la eficacia del proceso de elaboración de medicamentos, con la finalidad a largo plazo de que el sector farmacéutico fabrique medicamentos innovadores más eficaces y seguros (2).

3.

Los miembros fundadores de la Empresa Común son la Unión Europea, representada por la Comisión, y la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (EFPIA). Toda entidad jurídica que respalde directa o indirectamente la investigación y el desarrollo en un Estado miembro o en un país asociado al séptimo programa marco (3) puede solicitar su adhesión como miembro de la Empresa Común IMI.

4.

La contribución máxima de la UE a la Empresa Común IMI para cubrir sus gastos corrientes y sus actividades de investigación asciende a 1 000 millones de euros, que se abonarán con cargo al presupuesto del séptimo programa marco. La UE y la EFPIA, como miembros fundadores, contribuirán a partes iguales a los gastos corrientes, cada uno con un importe que no superará el 4 % del total de la contribución de la UE. Los demás miembros contribuirán a los gastos corrientes en proporción de su contribución a las actividades de investigación. Las empresas de investigación miembros de la EFPIA participarán en la financiación de las actividades de investigación mediante contribuciones en especie (4) al menos equivalentes a la contribución financiera de la UE (5).

5.

La Empresa Común comenzó a funcionar de manera autónoma el 16 de noviembre de 2009.

6.

De conformidad con el artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (6) de la Empresa Común para la iniciativa sobre medicamentos innovadores, que comprenden los «estados financieros» (7) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (8) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

7.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (9).

8.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto, ateniéndose a la normativa financiera de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (10), y es responsable asimismo de la implantación (11) de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (12) estén libres de incorrecciones significativas, ya sea por fraude o error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

9.

El Tribunal debe emitir, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

10.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (13). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y que planifique y lleve a cabo la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones significativas y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

11.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría de los importes y los datos presentados en las cuentas y de la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones significativas u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno que incide en la preparación y presentación de las cuentas por la entidad con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

12.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para emitir las opiniones que se exponen a continuación.

13.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común presentan fielmente, en todos los aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2010, los resultados de sus operaciones y sus flujos de tesorería para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero.

14.

En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

15.

El contenido de las observaciones que se exponen en los apartados 16 a 24 no cuestiona la declaración emitida por el Tribunal.

16.

El Consejo de Administración no adoptó el presupuesto anual y el plan de aplicación de 2010 hasta el 16 de marzo de 2010 (14); este retraso fue debido a que los miembros de la Empresa Común precisaron mucho tiempo para establecer y acordar cuáles eran las prioridades científicas que debían figurar en el plan anual de aplicación, lo cual demoró la publicación de la convocatoria de propuestas. Durante el ejercicio, la Empresa Común publicó la tercera convocatoria de propuestas (15), finalizó el proceso de negociación para la segunda convocatoria de propuestas (16) y comenzó a recibir y liquidar las declaraciones de gastos de los beneficiarios que participan en los proyectos financiados en el marco de la primera convocatoria de propuestas (17).

17.

El presupuesto definitivo incluía créditos de compromiso y de pago por valor de 107 millones de euros y de 29 millones de euros respectivamente. Además, 3 millones de euros en créditos de compromiso y 78,6 millones de euros en créditos de pago se prorrogaron del ejercicio 2009. Los porcentajes de utilización para los créditos de compromiso y de pago disponibles eran de un 6 % y un 35 % respectivamente, 98,6 millones de euros en créditos de compromiso se prorrogaron al ejercicio 2011 y 64 millones de euros de créditos de pago prorrogados del ejercicio 2009 fueron anulados al final del ejercicio. La reducida ejecución presupuestaria también se refleja en el saldo de caja, que se situaba en 71 millones de euros al final del ejercicio (el 65 % de los créditos de pago disponibles en 2010).

18.

En 2010 la Empresa Común no aplicó plenamente sus sistemas de control interno y de información financiera. En particular, es necesario proseguir con el trabajo para establecer y documentar los procedimientos y controles contables vinculados al cierre de las cuentas y la constatación y medición de los gastos de operaciones, elementos importantes del sistema de control interno de la Empresa Común.

19.

Por otro lado, al término de 2010, los procesos operativos subyacentes aún no habían sido formalizados ni validados por el contable como lo exige su Reglamento financiero.

20.

El examen limitado de los controles informáticos mostró que la Empresa Común posee un nivel de gobernanza y práctica informática adecuado a su tamaño y a su misión, pese a que la formalización de las políticas y los procedimientos no está suficientemente avanzada en ciertos aspectos (18).

21.

La estrategia de auditoría ex post  (19) de la Empresa Común fue adoptada mediante una decisión del Consejo de Administración el 14 de diciembre de 2010 y constituye un control clave para evaluar la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Esta estrategia prevé el aumento progresivo de la población de auditoría (20) a partir de 2011 cuando los proyectos vinculados a varias convocatorias se lleven a cabo en paralelo y se presenten las declaraciones de gastos correspondientes.

22.

El Consejo de Administración todavía no ha aprobado la metodología para evaluar las contribuciones en especie (21) debido a la dificultad de alcanzar un acuerdo. Por consiguiente, los miembros de la EFPIA no pudieron notificar los gastos realizados durante el primer período de presentación de informes como prevén los acuerdos de subvención.

23.

En su informe anterior, el Tribunal señaló la necesidad de clarificar las disposiciones de los estatutos de la Empresa Común referentes a la función del auditor interno de la Comisión. Aunque todavía no se ha modificado el Reglamento financiero de la Empresa Común para incluir una disposición que haga referencia a las competencias del auditor interno de la Comisión, esta institución y la Empresa Común han tomado medidas para garantizar que las respectivas funciones operativas del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión y la función de auditoría interna de la Empresa Común estén claramente definidas.

24.

Como indicó el Tribunal en su informe anterior, con arreglo al Reglamento del Consejo por el que se establece la Empresa Común debe celebrarse un acuerdo de sede entre esta y Bélgica que regule la dotación de oficinas, los privilegios e inmunidades, y otras formas de apoyo que deba prestar Bélgica. Sin embargo, al final de 2010 no se había celebrado dicho acuerdo.

16.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 368/24

1.

La Empresa Común Europea para el ITER (1) y el desarrollo de la energía de fusión se estableció en marzo de 2007 (2) por un período de 35 años. Mientras que las principales instalaciones de fusión se implantarán en Cadarache, en Francia, la sede de la Empresa Común se halla en Barcelona.

2.

Los objetivos de la Empresa Común son los siguientes (3):

3.

Los miembros de la Empresa Común son la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), representada por la Comisión Europea, los Estados miembros de Euratom y los terceros países que hayan celebrado un acuerdo de cooperación con Euratom en el campo de la fusión nuclear controlada y que hayan manifestado su deseo de convertirse en miembros (a 31 de diciembre de 2010, Suiza).

4.

Cuando se fundó la Empresa Común, los recursos totales indicativos considerados necesarios para el período 2007-2041 ascendieron a 9 653 millones de euros. La contribución total de Euratom se fijó en 7 649 millones de euros, de los cuales un máximo del 15 % se destinó a los gastos administrativos. Otros recursos consisten en contribuciones del Estado anfitrión de ITER (Francia), las contribuciones anuales de los miembros, contribuciones voluntarias de miembros no incluidos en Euratom y recursos adicionales que se recibirán según lo dispuesto por el Consejo de Administración. El Tribunal reitera que es necesario aumentar de manera sustancial los recursos destinados al proyecto ITER (véanse los apartados 27 a 29).

5.

De conformidad con el artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (5) de la Empresa Común para el ITER, que comprenden los «estados financieros» (6) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (7) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

6.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (8).

7.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto, ateniéndose al Reglamento financiero de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (9), y es responsable asimismo de la implantación (10) de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (11) estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

8.

El Tribunal debe emitir, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

9.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (12). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y que planifique y lleve a cabo la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

10.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones significativas u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno que incide en la preparación y presentación de las cuentas por la entidad con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

11.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para emitir las opiniones que se exponen a continuación.

12.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2010 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado en dicha fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero.

13.

En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común ITER correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

14.

El contenido de las observaciones que se exponen a continuación no cuestiona la declaración emitida por el Tribunal.

15.

El presupuesto final incluía créditos de compromiso y de pago por valor de 444,1 millones de euros y 241,7 millones de euros, respectivamente. Las prórrogas de 2009 ascendieron a 106,8 millones de euros de créditos de compromiso y 52,2 millones de euros de créditos de pagos (principalmente créditos procedentes del Estado anfitrión del ITER y asignados a la construcción del ITER). El porcentaje de utilización de los créditos de pago fue solo del 63,4 % (13) debido a los retrasos en la ejecución de las actividades, lo que también se refleja en el elevado saldo de tesorería, que ascendió a 78,8 millones de euros al final del ejercicio (26,8 % de los créditos de pago disponibles en 2010).

16.

En sus dos informes anuales específicos anteriores, el Tribunal de Cuentas señaló que los sistemas de control interno de la Empresa Común no habían sido implantados y aplicados plenamente, como dispone su Reglamento financiero (14). De manera similar, el 31 de mayo de 2010 el auditor interno de la Empresa Común emitió un informe sobre los circuitos financieros en el que expresaba su preocupación sobre estos, así como sobre la separación de funciones.

17.

En respuesta, el Consejo de Administración aprobó en junio de 2010 un plan de mejora de gestión y, en octubre, una propuesta para cambiar la estructura organizativa. La nueva estructura (15) entró en funcionamiento el 1 de enero de 2011.

18.

Pese a estos cambios, la responsabilidad de los circuitos financieros todavía no se había atribuido en el momento de la auditoría (abril de 2011), y continuaban vacantes puestos clave (16) (por ejemplo, el jefe del departamento ITER, el jefe de la Administración y el jefe de la unidad de Presupuesto y Finanzas).

19.

Aunque los sistemas financieros y contables (ABAC y SAP) utilizados por la Empresa Común son propiedad de la Comisión y han sido validados por el contable, los demás procesos empresariales que aportan información financiera todavía no han sido validados. Como se menciona en el Informe Anual del Tribunal de 2009 (17), todavía no se ha implantado un instrumento adecuado para la gestión de contratos operativos (contratos ABAC o similares), integrados con el presupuesto y los sistemas de información financiera.

20.

El Tribunal verificó una muestra de nueve procedimientos de contratación pública y seis procedimientos de adjudicación de subvenciones. En tres de los nueve procedimientos examinados, la Empresa Común solo había recibido una oferta. En cuanto a las subvenciones, la media de propuestas recibida era de una por convocatoria. Pese a reconocer que la Empresa Común opera en un ámbito industrial altamente especializado, el Tribunal recomienda que prosiga sus estuerzos para conseguir la máxima competencia y que aplique el principio de la optimización de recursos en las fases de preparación de la convocatoria, publicación, evaluación y gestión de contratos.

21.

Los controles aplicados por la Empresa Común antes de efectuarse los pagos correspondientes a los acuerdos de subvención no están suficientemente documentados para ofrecer garantías del cumplimiento de los requisitos financieros y de la subvencionabilidad de los costes subyacentes (18).

22.

El Tribunal acoge de buen grado el hecho de que la Empresa Común haya comenzado a desarrollar una estrategia de auditoría ex post que se aplicará en 2012. Esta estrategia constituye un control clave destinado a evaluar la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes y debería aplicarse cuanto antes. También debería abarcar las subvenciones y los contratos operativos adjudicados.

23.

En 2008 y 2009, el Tribunal observó que una serie de miembros de la Empresa Común no pagaban sus contribuciones en la fecha fijada por el Consejo de Administración. En 2010, el plazo era el 31 de mayo, pero solo catorce de los veintiocho miembros pagaron puntualmente.

24.

El Tribunal señalaba en su Dictamen no 4/2008 que el Reglamento financiero de la Empresa Común no se refiere a las competencias del auditor interno de la Comisión para practicar auditorías en la Empresa. Aunque todavía no se ha modificado el mencionado Reglamento financiero para incluir las competencias del auditor interno de la Comisión (19), esta y la Empresa Común han tomado medidas para garantizar que se definan con claridad las competencias operativas respectivas del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión y de la función de auditoría interna de la Empresa Común.

25.

En su Dictamen no 4/2008 el Tribunal también señalaba que, debido al volumen del presupuesto y a la complejidad de las tareas desempeñadas por la Empresa Común, consideraba que esta debía establecer un comité de auditoría que dependiera directamente del Consejo de Administración (20).

26.

El acuerdo de sede, privilegios e inmunidades entre el Reino de España y la Empresa Común firmado el 28 de junio de 2007 establece que se pondrían a disposición de la Empresa Común locales permanentes a más tardar en los tres años siguientes a la firma del acuerdo. En el momento de la auditoría, los locales permanentes todavía no se habían puesto a disposición de la Empresa Común.

27.

En mayo de 2010, la Comisión publicó una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la situación del proyecto ITER (21) en la que estimaba que se necesitarían alrededor de 1 400 millones de euros para hacer frente a los incrementos de costes en la contribución de Euratom al ITER en 2012 y 2013.

28.

En julio de 2010, la Comisión presentó una propuesta para modificar el actual marco financiero plurianual y cubrir las necesidades financieras adicionales para 2012 y 2013 (22). El Parlamento Europeo y el Consejo no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta. En el momento de la auditoría (abril de 2011), la financiación de la contribución de la UE al proyecto ITER continuaba sin resolverse.

29.

El Tribunal observa que estas situaciones pueden afectar de manera significativa a las actividades y al presupuesto de la Empresa Común y eventualmente retrasar la contribución de Euratom a la fase de construcción del proyecto ITER.

16.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 368/32

1.

La Empresa Común SESAR fue creada en febrero de 2007 (1), con sede en Bruselas, con objeto de gestionar las actividades del proyecto SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research: Investigación sobre gestión de tránsito aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo).

2.

El proyecto SESAR tiene por objeto modernizar la gestión del tráfico aéreo en Europa (ATM: air traffic management) y consta de tres fases:

3.

La Empresa Común está concebida como una asociación entre los sectores público y privado. Los miembros fundadores son la Unión Europea, representada por la Comisión Europea, y Eurocontrol, representado por su agencia. En respuesta a una convocatoria de manifestaciones de interés, quince empresas públicas y privadas del sector de la navegación aérea son miembros de la Empresa Común. Entre las empresas se encuentran proveedores de servicios de navegación aérea, industrias de fabricación de material terrestre y aeroespacial, constructores aeronáuticos, autoridades aeroportuarias y fabricantes de equipos de a bordo.

4.

El presupuesto de la fase de desarrollo del proyecto SESAR se eleva a 2 100 millones de euros que han de aportar a partes iguales la Unión Europea, Eurocontrol y los socios públicos y privados. La contribución de la UE procede del séptimo programa marco de investigación y del programa de redes transeuropeas de transporte. Alrededor de un 90 % de la financiación procedente de Eurocontrol y de las demás partes interesadas consistirá en contribuciones en especie.

5.

La Empresa Común SESAR inició su andadura de manera autónoma el 10 de agosto de 2007.

6.

De conformidad con el artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (3) de la Empresa Común SESAR que comprenden los «estados financieros» (4) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (5) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

7.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (6).

8.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto, ateniéndose a la normativa financiera de la Empresa Común (7), bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (8), y es responsable asimismo de la implantación de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (9) estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

9.

El Tribunal debe emitir, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

10.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (10). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y que planifique y lleve a cabo la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones significativas y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

11.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones significativas u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno que incide en la preparación y presentación de las cuentas por la entidad con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

12.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para emitir las opiniones que se exponen a continuación.

13.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común SESAR presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2010 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero.

14.

En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común SESAR correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

15.

El contenido de las observaciones que se exponen a continuación no cuestiona la declaración emitida por el Tribunal.

16.

El presupuesto definitivo aprobado por el Consejo de Administración para el ejercicio 2010 incluía créditos de compromiso por valor de 135 millones de euros y créditos de pago por valor de 143 millones de euros. Así lo ilustran los porcentajes de utilización de los créditos de compromiso y de pago, situados en un 97,3 % y un 82,2 % respectivamente.

17.

En 2010, las contribuciones de los miembros (55,6 millones de euros) y el resultado del ejercicio anterior (86,5 millones de euros) ascendieron a 142,1 millones de euros, frente a los 84,9 millones de euros en concepto de pagos y la prórroga de créditos por valor de 3,7 millones de euros, lo que dio lugar a un resultado presupuestario de 53,5 millones de euros y a depósitos en cuentas bancarias al final del ejercicio por un total de 57,2 millones de euros, lo cual contraviene el principio presupuestario de equilibrio.

18.

Con arreglo al artículo 6 de las normas financieras de la Empresa Común SESAR, no podrá efectuarse ningún compromiso de gastos ni ordenamiento de pagos que exceda los créditos autorizados por el presupuesto. En dos líneas presupuestarias (gastos administrativos y desarrollo) los gastos autorizados excedían los créditos presupuestarios en un 11 % y en un 9 % respectivamente.

19.

En 2010, la Empresa Común comenzó a utilizar los sistemas de información financiera utilizados también por la Comisión (ABAC y SAP). Sin embargo, el sistema de gestión de los programas operativos empleado por la Empresa Común SESAR no estaba integrado en estos sistemas de información financiera. Al final de 2010, sus procesos operativos subyacentes no habían sido formalizados ni validados por el contable como lo exige su Reglamento financiero.

20.

No se respetó el plazo del 1 de julio de 2010 para el pago a la Empresa Común de las contribuciones de sus miembros correspondientes al ejercicio. Los retrasos en los pagos oscilaban entre 12 y 113 días. Al final de 2010, dos miembros no habían abonado contribución alguna.

21.

En su informe anterior, el Tribunal señalaba la necesidad de aclarar la disposición de los Estatutos de la Empresa Común relativa al auditor interno de la Comisión. Aunque no se han modificado los Estatutos, el Tribunal observa que la Comisión y la Empresa Común han tomado medidas para garantizar una definición más clara de las respectivas funciones operativas del Servicio de auditoría interna (SAI) de la Comisión y de la función de auditoría interna de la Empresa Común.

22.

En consonancia con las opiniones expresadas por el Tribunal, el director general del SAI ha confirmado en una nota a todas las empresas conjuntas de la UE las competencias del SAI en virtud del Reglamento financiero general para actuar como auditor interno de las empresas comunes. El Consejo de Administración de la Empresa Común SESAR ha modificado en consecuencia el organigrama de su función de auditoría interna.

16.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 368/40

1.

La Empresa Común de Pilas de Combustible e Hidrógeno, con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2008 (1) por el período que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2017.

2.

Los objetivos de la Empresa Común consisten en apoyar las actividades de investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración en los Estados miembros y países asociados al séptimo programa marco (2) de forma coordinada con el sector y las organizaciones de investigación para centrarse en el desarrollo de aplicaciones comerciales facilitando así los esfuerzos del sector por desplegar lo antes posible las tecnologías de las pilas de combustible y el hidrógeno (3).

3.

Los miembros fundadores de la Empresa Común son la Unión Europea, representada por la Comisión, como representante del sector público, y la Agrupación Industrial Europea para la iniciativa tecnológica conjunta sobre pilas de combustible e hidrógeno.

4.

La contribución de la UE a la Empresa Común para cubrir los costes de funcionamiento y las actividades de investigación no superará los 470 millones de euros financiados con cargo al presupuesto del séptimo programa marco, de los cuales no podrán destinarse más de 20 millones de euros a los costes de funcionamiento. La Agrupación Industrial debe contribuir en un 50 % a los costes de funcionamiento (hasta un máximo de 10 millones de euros) y participar en la financiación de las actividades de investigación a través de contribuciones en especie (4) que deberán ser iguales como mínimo a la contribución financiera de la UE.

5.

La Empresa Común comenzó a funcionar de manera autónoma el 16 de noviembre de 2010.

6.

De conformidad con el artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (5) de la Empresa Común de Pilas de Combustible e Hidrógeno que comprenden los «estados financieros» (6) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (7) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

7.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (8).

8.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto, ateniéndose a la normativa financiera de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (9), y es responsable asimismo de la implantación (10) de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (11) estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

9.

El Tribunal debe emitir, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

10.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (12). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y que planifique y lleve a cabo la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

11.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones significativas u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno que incide en la preparación y presentación de las cuentas por la entidad con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

12.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para emitir las opiniones que se exponen a continuación.

13.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común de Pilas de Combustible e Hidrógeno presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2010 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado en dicha fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero.

14.

En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común de Pilas de Combustible e Hidrógeno correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

15.

El contenido de las observaciones que se exponen a continuación no cuestiona la declaración emitida por el Tribunal.

16.

El Tribunal considera excesivo el período de 28 meses transcurrido desde la fecha de entrada en vigor del reglamento del Consejo hasta la fecha en que la Empresa Común adquirió su autonomía financiera efectiva (15 de noviembre de 2010). Como consecuencia del retraso en la adquisición de autonomía financiera, todos los pagos de gastos operativos a los beneficiarios de 2010 se abonaron durante las últimas seis semanas de dicho ejercicio.

17.

Al término del ejercicio, los procesos operativos subyacentes de la Empresa Común no habían sido formalizados aún ni validados por el contable como lo exige su Reglamento financiero.

18.

Tras un examen limitado de los controles informáticos, cabe señalar que la Empresa Común posee un nivel de gobernanza y prácticas informáticas adecuado a sus dimensiones y a su misión, pese a que la formalización de las políticas y los procedimientos no está suficientemente avanzada en ciertos aspectos (13).

19.

Aún no se ha establecido una metodología para evaluar las contribuciones en especie (14). La Empresa Común se ha comprometido a desarrollarla durante 2011 a fin de estar en condiciones de validar las declaraciones de gastos.

20.

El Tribunal destaca la necesidad de modificar la normativa financiera de la Empresa Común para incluir la disposición que confiere atribuciones al auditor interno de la Comisión en el Reglamento marco de la Comisión aplicable a las empresas comunes (15). La Comisión y la Empresa Común han adoptado medidas para definir claramente los cometidos respectivos del Servicio de auditoría interna de la Comisión y de la estructura de auditoría interna de la Empresa Común.

21.

Con arreglo al Reglamento del Consejo por el que se establece la Empresa Común, esta debe celebrar con Bélgica un acuerdo de sede que regule la dotación de oficinas, los privilegios e inmunidades y otras formas de apoyo que deba prestar dicho Estado miembro. Sin embargo, al final de 2010 no se había celebrado dicho acuerdo.

16.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 368/48

1.

La Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre nanoelectrónica (Empresa Común ENIAC), con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 (1) por un período de diez años.

2.

El objetivo principal de la Empresa Común es definir y ejecutar un «programa de investigación» para el desarrollo de competencias clave para la nanoelectrónica en distintos ámbitos de aplicación, con el fin de reforzar la competitividad europea y propiciar la aparición de nuevos mercados y aplicaciones sociales (2).

3.

Los miembros fundadores de la Empresa Común ENIAC son la Unión Europea, representada por la Comisión, los Estados miembros: Bélgica, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y el Reino Unido, y AENEAS (Asociación de Actividades Europeas de Nanoelectrónica). Podrán ser miembros de la Empresa Común ENIAC otros Estados miembros y países asociados, así como cualquier otro país o entidad jurídica capaz de aportar una contribución financiera sustancial a la consecución de los objetivos de la Empresa Común ENIAC.

4.

La contribución máxima de la UE a la Empresa Común para cubrir los costes de explotación y las actividades de investigación asciende a 450 millones de euros, sufragados a través del presupuesto del séptimo programa marco de investigación (3). AENEAS contribuirá a sufragar los gastos de explotación de la Empresa Común con un máximo de 30 millones de euros y los Estados miembros contribuirán en especie (facilitando la ejecución de los proyectos), además de aportar, como mínimo, el equivalente a 1,8 veces la contribución de la UE. Las organizaciones de investigación que participan en los proyectos también tienen que contribuir en especie. Las organizaciones que participen en proyectos de investigación realizarán contribuciones en especie al menos equivalentes a la contribución de la Comisión y de los Estados miembros.

5.

La Empresa Común obtuvo su autonomía financiera el 26 de julio de 2010.

6.

De conformidad con el artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (4) de la Empresa Común ENIAC, que comprenden los «estados financieros» (5) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (6) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

7.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (7).

8.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto ateniéndose a la normativa financiera de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (8), y es responsable asimismo de la implantación (9) de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (10) estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

9.

El Tribunal debe emitir, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

10.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (11). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y que planifique y lleve a cabo la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

11.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría de los importes y los datos presentados en las cuentas y de la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones significativas u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno que incide en la preparación y presentación de las cuentas por la entidad con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

12.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para emitir las opiniones que se exponen a continuación.

13.

Las cuentas provisionales no contenían la cuenta de resultado de la ejecución presupuestaria ni su conciliación con la cuenta de resultado económico, como exige la norma de contabilidad no 16 «Presentación de información presupuestaria en los estados financieros».

14.

A juicio del Tribunal, con excepción de los efectos de los extremos expuestos en la base para emitir reservas en la opinión, las cuentas anuales de la Empresa Común presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2010, los resultados de las operaciones y de los flujos de tesorería del ejercicio finalizado en dicha fecha, con arreglo a las disposiciones de su reglamento financiero.

15.

En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 son, en todos los aspectos significativos, legales y regulares.

16.

Los comentarios que se exponen en los apartados 17 a 25 no cuestionan la declaración emitida por el Tribunal.

17.

El presupuesto definitivo para 2010 incluye importes de créditos de compromiso y créditos de pago por valor de 38 millones de euros. Así lo ilustran los porcentajes de utilización de los créditos de compromiso y de pago, situados en un 99 % y en un 24 % respectivamente. Se prorrogaron a 2011 créditos de pago por valor de 29 millones de euros; el bajo porcentaje de ejecución de dichos créditos es consecuencia de los plazos de transferencia diferidos de las actividades operativas y de la correspondiente financiación aportada por la Comisión a la Empresa Común (véase el apartado 23) (12). Esto también se refleja en el saldo de caja, que alcanzó los 20 millones de euros al final del ejercicio (un 53 % de los créditos de pago disponibles para 2010).

18.

La Empresa Común no ha aplicado la totalidad de sus sistemas de control interno y de información financiera. Será necesario en particular avanzar en el establecimiento y la documentación de los procedimientos y controles contables relacionados con el cierre de las cuentas y con el reconocimiento y la valoración del gasto operativo, que constituyen elementos importantes del sistema de control interno de la Empresa Común.

19.

Se detectaron insuficiencias de control en la verificación financiera ex ante de los pagos de prefinanciaciones, concretamente en el cálculo y la validación de los importes que se han de abonar. También se observó que los pagos de prefinanciaciones y la aceptación de los costes dependían totalmente de los certificados remitidos por las autoridades financieras nacionales y que no se practicaban otros controles para garantizar la legalidad y regularidad (13) de los gastos declarados.

20.

La auditoría ex post de las declaraciones de gastos se delega completamente en los Estados miembros sin que la Empresa Común efectúe control alguno (14), por lo que es difícil que esta garantice: i) la adecuada protección de los intereses financieros de sus miembros, como exige el Reglamento del Consejo (15), y ii) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.

21.

El contable de la Empresa Común validó los sistemas financieros y contables (ABAC y SAP) el 20 de diciembre de 2010. Sin embargo, todavía no habían sido validados los procesos operativos subyacentes que proporcionan información, en particular el que facilita información financiera sobre la validación y el pago de las declaraciones de gastos recibidas de las autoridades nacionales.

22.

El examen limitado de los controles informáticos mostró que la Empresa Común posee un nivel de gobernanza y práctica informática adecuado a su tamaño y a su misión, pese a que la formalización de las políticas y los procedimientos no está suficientemente avanzada en ciertos aspectos (16).

23.

El Reglamento del Consejo por el que se crea la Empresa Común entró en vigor en febrero de 2008. En mayo de 2010 los sistemas financieros y contables se aplicaron y probaron con resultados satisfactorios y los créditos administrativos se transfirieron a la Empresa Común. Sin embargo, las líneas presupuestarias operativas no se transfirieron y permanecieron inaccesibles en el sistema contable hasta que la Empresa Común obtuvo oficialmente la autonomía financiera el 26 de julio de 2010. La transferencia de efectivo de la Comisión a la Empresa Común para cubrir los créditos de operaciones se efectuó el 22 de septiembre de 2010. Solo a partir de esa fecha pudo realizar pagos operativos.

24.

La carta de competencias del servicio de auditoría interna de la Comisión fue aprobada por el Consejo de Administración el 18 de noviembre de 2010, pero la normativa financiera de la Empresa Común todavía no ha sido modificada para incorporar la disposición del Reglamento marco (17) relativo a las funciones del auditor interno de la Comisión.

25.

Con arreglo al Reglamento del Consejo por el que se establece la Empresa Común ENIAC, debe celebrarse entre la Empresa Común ENIAC y Bélgica un acuerdo de sede que regule la dotación de oficinas, los privilegios e inmunidades y otras formas de apoyo que deba prestar Bélgica a la Empresa Común ENIAC. Sin embargo, al final de 2010 no se había celebrado dicho acuerdo.