A.

Considerando que la democracia no equivale a un nivel económico de desarrollo, que los países ACP y de la UE han compartido valores y principios universales en el ámbito de la democracia, la buena gobernanza y los derechos humanos, y que la democracia es un objetivo común que ocupa un lugar central en la cooperación UE-ACP,

B.

Considerando que la democracia es el sistema político en el que la soberanía emana del pueblo,

C.

Considerando que la democracia no consiste únicamente en cumplir las condiciones teóricas para la libertad, sino también en un sistema viable que proporcione medios justos y accesibles para que todos los ciudadanos mejoren su vida cotidiana, y que la Unión Europea debería ser consciente de las críticas que con frecuencia suscita el hecho de que, al evaluar las situaciones en terceros países, a veces se centra demasiado en los aspectos teóricos de la democracia mientras que olvida estudiar en qué medida se está logrando una sociedad auténticamente democrática,

D.

Considerando que los principios democráticos no se pueden ocultar en nombre de la búsqueda de la estabilidad económica y social,

E.

Considerando que unas elecciones libres y justas son esenciales, pero insuficientes, para la verdadera democracia, puesto que esta es una búsqueda permanente que exige el respeto por el pluralismo, la norma mayoritaria y el derecho de la minoría, el Estado de Derecho y un marco jurídico en el que ninguna parte pueda modificar la constitución en beneficio propio,

F.

Considerando que las normas constitucionales sobre la sucesión de poder y los derechos fundamentales nunca deberían ser ambiguas ni objeto de una interpretación aleatoria,

G.

Considerando que la formación de gobierno después de unas las elecciones con frecuencia plantea retos importantes para la democracia, en particular cuando se establecen acuerdos de reparto de poder,

H.

Considerando que tanto los países ACP como de la UE tienen un sólido interés común en el desarrollo continuo de la democracia y el establecimiento de un constitucionalismo que funcione de forma adecuada,

I.

Considerando que el desarrollo humano, económico y social permite que la democracia parlamentaria funcione con mayor facilidad,

J.

Considerando que la probidad de los asuntos públicos y la gestión de fondos públicos es el elemento central de la buena gobernanza y del Estado de Derecho; considerando asimismo que los dirigentes políticos deben responder política y penalmente por la apropiación privada de fondos públicos,

K.

Considerando que los mismos principios deben aplicarse de manera uniforme y no estar sujetos a «criterios» nacionales o regionales particulares,

1.

Hace hincapié en que las bases de una democracia sólida consisten en el carácter universal de los derechos, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la libertad de los individuos, y señala que es fundamental que se respeten todas las culturas, religiones y orígenes étnicos dentro de un país;

2.

Recuerda que todo sistema democrático se basa en una constitución y una jurisdicción asociada a ella, y recalca la importancia de hacer respetar el principio de la independencia de la justicia;

3.

Hace hincapié en que el equilibrio de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) es una condición indispensable del ejercicio de la democracia;

4.

Señala la importancia de consultar al pueblo con regularidad a través de la celebración de elecciones y referendos libres, justos y no falseados, que vengan precedidos por campañas de información y debates extensos;

5.

Pone de relieve la importancia de un sistema pluralista de partidos políticos y de una definición clara de un estatuto de la oposición;

6.

Destaca los valores y objetivos comunes de los países ACP y de la UE relativos a la democracia y a la buena gobernanza; hace hincapié, sin embargo, en que todos los países tienen sus propias particularidades culturales e históricas y en que deben respetarse estas diferencias;

7.

Señala que una sociedad no puede ser verdaderamente democrática sin medios de comunicación independientes, libres y pluralistas;

8.

Pide que se vigilen los sistemas electorales tanto en los Estados miembros de la UE como en los países ACP, y advierte contra las prácticas como el fraude electoral, la manipulación de las listas electorales, la parcialidad del juez que determina la constitucionalidad o que resuelve los contenciosos electorales, y la modificación y la adaptación de la constitución para responder a la aspiraciones de aquellos que ostentan el poder;

9.

Insiste en el hecho de que las elecciones y la democracia representativa no deben constituir un problema, sino una solución, lo que implica:

10.

Hace hincapié en la necesidad acuciante de abordar los problemas cotidianos, como la pobreza, la ausencia de servicios de salud accesibles y la corrupción, que contribuyen a que la población tenga la impresión de que la democracia no ha mejorado su vida cotidiana;

11.

Destaca la importancia de la clara separación y el equilibro de poderes;

12.

Recomienda que las constituciones definan claramente las reglas de separación de poderes y concreten el marco institucional correspondiente; muestra sus reservas hacia las constituciones flexibles que son objeto de cambios frecuentes;

13.

Insiste en la función de control del ejecutivo que deben ejercer los Parlamentos;

14.

Desea que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE (APP) desempeñe un papel destacado en el intercambio de puntos de vista, experiencias y prácticas en el ámbito del parlamentarismo;

15.

Defiende la creación de instituciones y mecanismos que impidan el acaparamiento de riquezas y la corrupción;

16.

Recomienda definir de forma clara las normas para la sucesión política, a la vez que advierte contra las constituciones fácilmente modificables;

17.

Aboga por redactar los derechos fundamentales constitucionales de forma que limiten y definan claramente las restricciones permitidas, y que estén estrictamente subordinadas al interés general;

18.

Reconoce que, aunque los acuerdos de reparto de poder pueden resultar útiles en caso de crisis grave, estas medidas solo deben adoptarse en circunstancias muy excepcionales y durante un período limitado; hace hincapié en que el reparto de poder puede dar lugar a la ausencia de una oposición verdadera y crítica, como sucede claramente en Zimbabwe y Kenia, por ejemplo; subraya que el reparto de poder es completamente diferente de un gobierno de coalición;

19.

Advierte de que la división de poder en el marco de los acuerdos de reparto de poder nunca está definida claramente, lo que crea aún más conflictos, con el riesgo de pasar por alto la opinión de la sociedad civil, puesto que estos acuerdos a menudo son acuerdos entre los partidos políticos de la élite;

20.

Insiste en que para el ejercicio de la democracia es indispensable un estatuto de la oposición, así como reglas estrictas sobre la financiación de los partidos políticos;

21.

Recuerda que en el marco de las campañas electorales, la asignación de recursos del Estado debe estar estrictamente controlada;

22.

Hace hincapié en que el escrutinio electoral debe ser libre, justo y no falseado y que los resultados deben respetarse escrupulosamente; recuerda el peligro que representa para la democracia la instrumentalización de un escrutinio;

23.

Acoge con satisfacción el auge de las elecciones democráticas en el continente africano, a la vez que insta a continuar supervisando estrechamente las elecciones, no solo antes y durante, sino también y sobre todo después del escrutinio, y recuerda la función central que desempeñan los comités electorales nacionales independientes, inclusive desde el punto de vista financiero; hace hincapié en que estos con frecuencia carecen de recursos suficientes, y señala la importancia de que las autoridades nacionales e internacionales competentes realicen un seguimiento de las elecciones;

24.

Recomienda, con objeto de promover la democracia, la participación de la ciudadanía en las dimensiones política, económica y social gracias a un conjunto de reglas específicas y a un sistema educativo eficaz;

25.

Destaca el papel positivo que desempeñó el ejército en Guinea y en Níger para garantizar una transición hacia la democracia; desea que todos los miembros de las autoridades de transición se abstengan de ser candidatos durante las elecciones de retorno a la democracia;

26.

Denuncia la débil adhesión de algunos dirigentes de los países ACP a los valores democráticos, que a menudo se traduce en la prevalencia de la sagrada soberanía de la tradición;

27.

Condena la falta de equipos de observadores de la UE en elecciones anteriores, por ejemplo, en las últimas elecciones de Ruanda, y pide que se aumente el número de misiones conjuntas autónomas ACP-UE en el futuro, combinando la amplia y variada experiencia de las dos partes; recuerda el gran valor añadido que representa la cooperación de los representantes nacionales de los países ACP y de la UE durante estas misiones;

28.

Condena la amenaza que supone la corrupción para la democracia, también en el seno de la UE;

29.

Advierte contra los cambios electorales y las reformas constitucionales que se realizan a nivel legislativo justo antes de la celebración de elecciones cercanas, y hace hincapié en el riesgo de que estos cambios influyan en los resultados de la votación;

30.

Elogia, por otro lado, la posición cada vez más consolidada del parlamento en diversas naciones, siendo un ejemplo destacado la excepcional resistencia que opuso el Parlamento de Nigeria a la modificación de la constitución en favor de un tercer mandato presidencial en 2006; alienta a celebrar consultas regulares y a tener en cuenta las posiciones expresadas por los Parlamentos nacionales;

31.

Acoge con satisfacción la celebración pacífica de las elecciones presidenciales en Níger en marzo de 2011 y hace hincapié en que constituye un hito en el proceso de transición a la democracia; acoge asimismo favorablemente el referendo pacífico y bien organizado sobre la independencia del sur de Sudán celebrado en enero de 2011, que demostró la voluntad de ambas partes de resolver la cuestión de la independencia de forma pacífica;

32.

Condena la negativa del presidente saliente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, a aceptar los resultados proclamados por la Comisión Electoral Independiente y certificados por las Naciones Unidas;

33.

Apoya el derecho de los ciudadanos a expresar su voluntad de cambio político mediante manifestaciones pacíficas y respalda el movimiento democrático en las manifestaciones masivas de personas que viven bajo una dictadura; condena cualquier uso desproporcionado de la fuerza armada para reprimir estas manifestaciones;

34.

Acoge con satisfacción la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que amplía los poderes del Parlamento Europeo, con el fin de reforzar la dimensión democrática de sus acciones;

35.

Pide a todos los países que ratifiquen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y condena el hecho de que la libertad de pensamiento y los derechos culturales no estén suficientemente garantizados en varios países ACP; alienta a celebrar debates comunes sobre estos temas entre los Estados miembros de la UE y los países ACP;

36.

Apoya los esfuerzos y reconoce la importancia de la labor de la UA, el CARICOM, COMESA, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SAC), y aplaude iniciativas como PIANZEA (2); señala la necesidad de adoptar medidas concretas como la formación adicional de observadores electorales en el marco de la IGAD y la SADC;

37.

Hace hincapié en la necesidad de reforzar, a través de la formación y el reciclaje, la capacidad intrínseca de los agentes llamados a liderar las instituciones y los órganos democráticos (tribunal constitucional, comités electorales nacionales independientes) que intervienen en la gestión de las elecciones, con el fin de racionalizar, en el mejor de los casos, las diferentes operaciones del proceso electoral y evitar los obstáculos que a menudo dan lugar a crisis postelectorales importantes;

38.

Insta a aumentar la educación sobre el concepto de democracia en los países ACP y de la UE; se compromete a analizar posibles medidas en el marco de la APP;

39.

Anima a los Estados miembros de la UE y a los países ACP a esforzarse por intercambiar las mejores prácticas en el ámbito de la legislación constitucional, por ejemplo, organizando misiones de intercambio recíprocas a nivel de expertos;

40.

Se compromete a seguir supervisando la evolución democrática y reafirma la necesidad de adoptar medidas adecuadas, con arreglo al artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, cuando un Estado miembro de la UE o un país ACP incumple sus obligaciones, como ha hecho recientemente el Consejo de la UE con respecto a Madagascar y Fiyi;

41.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión Europea, a la Comisión de la Unión Africana y al Parlamento Panafricano.

A.

Considerando que la cooperación para la financiación del desarrollo ACP-UE constituye una asociación basada en las estrategias de desarrollo de los países ACP así como en los derechos y las obligaciones mutuos para garantizar la eficacia y coordinación de la ayuda,

B.

Considerando que tanto los donantes como los países asociados desean responder a las cuestiones emergentes relativas a la eficacia de la ayuda de modo que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) tenga repercusiones positivas en la vida de las personas, mediante la erradicación de la pobreza y el fomento de la paz y la prosperidad,

C.

Considerando que el apoyo presupuestario se ha convertido en una modalidad de ayuda cada vez más importante y que la Comisión Europea tiene por objetivo aumentar el apoyo presupuestario de un 25 % de las dotaciones programables en el marco del 9o FED a casi un 50 % de la ayuda programable en el marco del 10o FED,

D.

Considerando que el apoyo presupuestario ha contribuido a aumentar el nivel de compromiso y desembolso de los recursos FED en muchos Estados ACP,

E.

Considerando que en 2009 el apoyo presupuestario representó el 28 % (2,32 mil millones de euros) de todos los compromisos con cargo al presupuesto de la UE y del FED y que el apoyo presupuestario general ascendió a 860 millones de euros y supuso el 35 % de todas las nuevas operaciones de apoyo presupuestario (todos los beneficiarios fueron países ACP), mientras que el apoyo presupuestario sectorial representó el 33 % de los nuevos compromisos de apoyo presupuestario para los países ACP; considerando que la cantidad y la orientación del apoyo presupuestario entregado bilateralmente por los Estados miembros varía considerablemente,

F.

Considerando que uno de los objetivos del apoyo presupuestario es mejorar el diálogo político entre donantes y beneficiarios, dado que se desarrolla en el marco de una asociación entre donantes y receptores en términos de fijación y evaluación de prioridades que ayuda a ajustar las contribuciones de los donantes a las necesidades y preferencias propias del país, con el objetivo de fomentar estrategias nacionales de reducción de la pobreza o estrategias sectoriales,

G.

Considerando que, de acuerdo con el principio de apropiación, el apoyo presupuestario utiliza los sistemas nacionales (en lugar de duplicar estructuras e instituciones en el país asociado) con el fin de aumentar la previsibilidad y evitar la fragmentación de la ayuda, así como los costes burocráticos y de transacción, tanto para los donantes como para los países asociados,

H.

Considerando que sigue siendo necesaria una cooperación más estrecha entre los donantes y que el apoyo presupuestario permite una mejor armonización de las acciones de los donantes,

I.

Considerando que el apoyo presupuestario se considera delicado desde el punto de vista político, si bien es un instrumento de ayuda que no debería verse sobrecargado con exigencias políticas,

J.

Considerando que no debe prestarse apoyo presupuestario en caso de corrupción demostrada,

K.

Considerando que el apoyo presupuestario puede contribuir a fomentar la capacidad institucional y a mejorar la responsabilidad y el control por las partes nacionales interesadas; que, sin embargo, su éxito está determinado por la capacidad de los gobiernos para planear, ejecutar y rendir cuentas de su gasto público; y que las exigencias relativas a la rendición de cuentas formuladas a nivel nacional son fundamentales para la gobernanza,

L.

Considerando que la sociedad civil necesita participar activamente en el diálogo sobre el apoyo presupuestario, en la aplicación de los programas de apoyo presupuestario y en la evaluación del gasto presupuestario, y que los parlamentos deben ejercer plenamente su misión de controlar y evaluar tanto su origen como su destino; considerando que las entidades de auditoría cumplen una importante función en el seguimiento y auditoría del apoyo presupuestario,

1.

Destaca que el apoyo presupuestario, como medio de ayuda financiera al desarrollo, debería centrarse en la reducción de la pobreza y la consecución de los ODM a través del aumento sostenible del gasto público, y que solo puede ser eficaz si ambas partes asumen sus responsabilidades en una verdadera asociación;

2.

Pide a los países donantes que aumenten la ayuda que pasa por los sistemas presupuestarios nacionales hasta el 50 % prometido, teniendo en cuenta los criterios de admisibilidad; invita a la Comisión Europea y a los países ACP interesados a esforzarse por concluir los contratos ODM;

3.

Solicita a la Comisión que utilice el apoyo presupuestario como su principal modalidad de ayuda, siempre y cuando se cumplan los criterios de admisibilidad establecidos en el Acuerdo de Cotonú, y que fomente la fijación de un objetivo colectivo de la UE para el apoyo presupuestario;

4.

Solicita a la Comisión que lleve a cabo y reparta entre los donantes y beneficiarios evaluaciones a nivel nacional de los posibles riesgos y beneficios del apoyo presupuestario, teniendo en cuenta opciones sobre el alcance, la escala, el diseño y el papel de este en cualquier país asociado; observa que, en este contexto, unas cantidades considerables de apoyo presupuestario podrían resultar problemáticas si no se han establecido una estabilidad macroeconómica y una disciplina fiscal básica;

5.

Solicita a la UE que adopte un planteamiento dinámico y gradual con respecto al apoyo presupuestario a medida que los países asociados mejoran sus capacidades;

6.

Solicita a la UE que desarrolle y gestione el apoyo presupuestario mediante la explotación de complementariedades con otras modalidades de ayuda y el fomento de la adaptación y la coordinación entre los diversos instrumentos de apoyo presupuestario general y sectorial; pide a la Comisión que estudie las consecuencias de la descentralización de una parte del apoyo presupuestario;

7.

Solicita a los donantes que aumenten la coordinación y la previsibilidad de las ayudas y que simplifiquen los procedimientos; destaca que los donantes de apoyo presupuestario deben estar preparados para un compromiso a largo plazo con los países asociados con un espíritu de coherencia de las políticas en favor del desarrollo;

8.

Recomienda a la Comisión que mantenga el enfoque dinámico con respecto a los criterios de admisibilidad; solicita que se llegue a un acuerdo sobre los indicadores de rendimiento con los países ACP sobre la base de un diálogo en profundidad, y que estos se comparen con los resultados de la erradicación de la pobreza y de la consecución de los ODM, así como otros ámbitos prioritarios acordados conjuntamente por los países donantes y beneficiarios;

9.

Destaca que el apoyo presupuestario no debe ligarse a la condicionalidad política, y que el diálogo político debe efectuarse en el marco de la cooperación y la asociación generales y no en el ámbito de instrumentos de ayuda particulares como el apoyo presupuestario; destaca, no obstante, la importancia de un diálogo político de alto nivel para lograr un uso eficiente del apoyo presupuestario;

10.

Solicita a la UE que plantee sistemáticamente la cuestión de la supervisión parlamentaria del apoyo presupuestario en el marco del diálogo político; recuerda que incluir la ayuda en los presupuestos es un paso clave para aumentar su supervisión parlamentaria; solicita a los gobiernos de los países beneficiarios que proporcionen a sus parlamentos la información necesaria para exigir que el poder ejecutivo rinda cuentas de su labor y pide a los parlamentarios que hagan uso de sus competencias;

11.

Solicita a los países asociados que basen el apoyo presupuestario en planes nacionales sólidos y pormenorizados de reducción de la pobreza y a los países beneficiarios que utilicen los créditos para mejorar el acceso universal a los servicios públicos básicos y reducir la incidencia en la pobreza;

12.

Solicita que se desarrolle la capacidad de todos los ministerios para garantizar una mayor capacitación de la población pobre y una mayor eficacia en gasto estratégico, especialmente en los ámbitos de la sanidad, la educación, el empleo, la agricultura y las infraestructuras;

13.

Solicita a la UE que aplique la integración de la igualdad entre los sexos mediante el uso de indicadores desglosados por sexo, y a los países asociados que introduzcan una perspectiva de género en el proceso presupuestario y que fomenten el diálogo con organizaciones de mujeres;

14.

Destaca que el apoyo presupuestario no debe vincularse al cumplimiento de condiciones económicas que pueden obstaculizar el desarrollo de los países ACP;

15.

Recuerda que el refuerzo sistémico de la hacienda pública constituye una parte importante de una amplia estrategia de lucha contra la corrupción, que requiere una supervisión regular por parte de los países beneficiarios;

16.

Solicita a los gobiernos donantes y beneficiarios que se concentren en garantizar una plena transparencia y responsabilidad presupuestaria ya que son la clave para lograr una buena gobernanza económica y política; recalca la necesidad de colaborar sistemáticamente con los parlamentos nacionales, los gobiernos locales y los actores no estatales y aumentar el fomento de la capacidad de los parlamentos y las instituciones de auditoría con el fin de reforzar la responsabilidad, los sistemas de gestión de las finanzas públicas y los mecanismos de seguimiento a nivel nacional;

17.

Solicita a los países donantes y beneficiarios que acompañen el apoyo presupuestario de medidas destinadas a reforzar los sistemas de gestión de la hacienda pública y la capacidad de auditoría, así como a aumentar el fomento de las capacidades de los parlamentos y apoyar a los agentes no estatales; pide a los países ACP y a la Comisión que ejecuten, en el contexto de la revisión intermedia de los Intra-ACP y del PIR con arreglo al 10o FED, un programa Intra-ACP destinado a apoyar el fomento de las capacidades de los países ACP interesados a través de un programa de aprendizaje y de apoyo entre iguales con el fin de mejorar la gestión financiera pública necesaria para mantener reformas rápidas y ambiciosas;

18.

Destaca que una mayor información en materia de apoyo presupuestario en países donantes y asociados aumentará la transparencia y la responsabilidad y contribuirá a que este instrumento tenga una mayor eficacia; pide un examen sistemático de los estudios de evaluación a fin de identificar sus posibles deficiencias y mejorar así su aplicación;

19.

Recomienda a los socios que uniformicen en la medida de lo posible los criterios de evaluación del apoyo presupuestario a fin de lograr una mejor supervisión y una evaluación de esta modalidad de ayuda;

20.

Pide a la Comisión, al Consejo de la UE y a los Estados miembros de la UE que doten al 11o FED de recursos suficientes, basándose en los recursos del 10o FED, de acuerdo con su compromiso de asignar el 0,7 % de su PNB a la AOD para 2015 y teniendo en cuenta la necesidad de financiar las nuevas obligaciones acordadas en la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú recientemente concluida;

21.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales y regionales de los países ACP y de los Estados miembros de la UE.

A.

Considerando que la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han reconocido que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho fundamental,

B.

Considerando que el agua es un recurso natural para la vida y la salud, además de un bien público, y no únicamente una mercancía, y que, aunque el acceso al agua es un derecho fundamental, la sociedad y las personas tienen la responsabilidad de gestionarlo de forma sostenible,

C.

Considerando que el séptimo ODM pretende esencialmente reducir a la mitad entre ahora y el año 2015 el porcentaje de población sin acceso sostenible a un abastecimiento de agua potable ni a servicios básicos de saneamiento; que, a pesar de todos los avances logrados, los países del África subsahariana no alcanzarán este Objetivo de Desarrollo del Milenio; y que el suministro de agua potable y el saneamiento siguen representando un problema, sobre todo fuera de las zonas urbanas,

D.

Considerando que los últimos datos de las Naciones Unidas revelan que prácticamente 900 millones de personas en todo el planeta no tienen hoy en día acceso al agua potable, que 2 600 millones de ciudadanos carecen de sistemas básicos de eliminación de aguas residuales y que el agua contaminada es la segunda causa de mortalidad infantil más frecuente en el mundo,

E.

Considerando que la consecución del séptimo ODM conllevaría la creación de 322 millones de jornadas laborales adicionales y permitiría que el sector de la sanidad ahorrase 7 000 millones de dólares al año; considerando, además, que por cada dólar invertido en materia de saneamiento y agua potable, se obtiene un beneficio en el desarrollo económico que oscila entre los 3 y los 34 dólares,

F.

Considerando que las mujeres y las jóvenes, responsables de la recogida del agua y de la atención a los enfermos, son las primeras víctimas de la falta de agua potable y que el acceso a este bien es fundamental para la salud materna; considerando, por otro lado, que las distancias que deben recorrer para acceder a agua limpia y la falta de infraestructuras sanitarias en las escuelas menoscaban especialmente el acceso de las muchachas a la educación,

G.

Considerando que los Estados miembros de la UE se hallan entre los principales donantes en el sector del agua y atesoran una vasta experiencia en materia de cooperación internacional en pro del desarrollo y de la gestión hídrica,

H.

Considerando que la iniciativa de la UE en el ámbito del agua, lanzada con ocasión de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, septiembre de 2002), se concibió como un enfoque integrado de la gestión de los recursos hídricos para cumplir los ODM y los objetivos de desarrollo sostenible vinculados al agua potable y a las infraestructuras de saneamiento,

I.

Considerando que, en los países en desarrollo, el 70 % de los residuos industriales no tratados se vierten al agua, contaminando el abastecimiento de este recurso,

J.

Considerando que el problema de la contaminación del agua representa un problema transfronterizo que exige una acción común, debido a la longitud de los cauces fluviales y de los sistemas hidráulicos conectados a ellos,

K.

Considerando que, en 2002, la UE aprobó la Directiva marco sobre el agua (DMA) para racionalizar su enfoque respecto a los asuntos vinculados a dicho recurso e imponer, además, un deber general de protección del medio ambiente y una norma mínima para todas las aguas superficiales,

L.

Considerando que el cambio climático influye en el acceso al agua potable y a las infraestructuras de saneamiento y que el informe del IPCC de 2007 llegó a la conclusión de que el cambio climático alcanzará proporciones trágicas en 2050,

1.

Opina que, habida cuenta de la importancia del agua como recurso vital, el acceso al agua potable constituye un derecho humano fundamental que debe garantizarse, sobre todo para la alimentación y la higiene; añade que el acceso al agua también es esencial para la producción; considera que el acceso al agua debe utilizarse como indicador del desarrollo humano;

2.

Señala que la prevención de la contaminación del agua tiene más sentido desde el punto de vista económico que cualquier forma de tratamiento y purificación del agua después de su uso doméstico o de otro tipo;

3.

Destaca que el problema de la contaminación del agua es una cuestión transversal que precisa de un enfoque multidisciplinar y multilateral que integre la viabilidad económica, la solidaridad social, la protección del empleo, la responsabilidad ecológica, el principio de cautela y el uso racional, para no comprometer las necesidades de las generaciones venideras;

4.

Considera que todas las inversiones en infraestructuras y servicios de agua constituyen catalizadores para el desarrollo, ya que la mejora de los servicios de agua ofrecerá empleo a las comunidades locales, liberará tiempo para otras actividades económicas y promoverá la dimensión social a escala local;

5.

Subraya la importancia del diálogo entre las instituciones y las poblaciones locales mediante el proceso de toma de decisiones en el ámbito de los recursos hídricos con vistas a facilitar la participación de todas las partes interesadas, a satisfacer igualmente las necesidades reales de los usuarios y a elegir soluciones que tengan en cuenta el clima, el medio ambiente y las competencias disponibles para la instalación y el mantenimiento de sistemas de suministro de agua potable; hace hincapié en la necesidad de una estrategia de comunicación y de medidas de educación y promoción sobre la importancia del agua;

6.

Recalca la importancia de la financiación de microproyectos y pequeños proyectos para mejorar de forma sostenible las condiciones locales y subraya la necesidad de mejorar la información sobre las posibilidades de ayuda;

7.

Insiste en la necesidad de disponer de un marco jurídico apropiado que garantice el acceso al agua, incluida el agua potable, así como su calidad y su utilización responsable; recomienda la aplicación del principio de «quien contamina paga»; recuerda que la aprobación de actos legislativos que protejan el agua potable debe ser una cuestión prioritaria para los Estados;

8.

Subraya que el acceso seguro al agua potable y la existencia de unas redes de evaluación de las aguas residuales adecuadas, así como de infraestructuras de saneamiento, son condiciones sine qua non para la salud pública, porque ayudan a reducir las tasas de mortalidad, especialmente infantil, a causa de enfermedades relacionadas con la calidad del agua; señala que las Naciones Unidas han reconocido el derecho a tener acceso al saneamiento como un derecho humano, de la misma forma que lo es el derecho al agua potable;

9.

Destaca, no obstante, que el acceso seguro al agua potable por medio de redes de suministro de agua potable y de evacuación de aguas usadas resulta demasiado costoso y constituirá una carga para las limitadas capacidades financieras de numerosos países ACP; recuerda, sin embargo, que esto debería constituir una prioridad para las autoridades; recomienda la generalización de los pozos en las aldeas y barrios marginales, cuya población aumenta con gran rapidez, la utilización de soluciones innovadoras, por ejemplo los comprimidos de cloro para luchar contra enfermedades como el cólera, provocadas por las inundaciones, que cada vez son más frecuentes;

10.

Hace hincapié en la necesidad de luchar contra el despilfarro en los lugares en los que haya escasez de agua, y de optimizar su uso, especialmente para su reutilización, teniendo en cuenta sus múltiples propósitos y responsabilizando a los usuarios;

11.

Considera que deben impulsarse enfoques innovadores para cerrar el ciclo del agua, por ejemplo, tecnologías alternativas adaptadas a la situación local y el empleo de materias orgánicas como abono;

12.

Destaca que el abastecimiento adecuado y seguro de agua potable solo puede garantizarse mediante estrategias a largo plazo y que, para ello, hay que impulsar las tecnologías de depuración menos costosas y más innovadoras, eficientes y sostenibles, si es preciso transfiriendo tecnologías, sin descuidar la dimensión medioambiental, teniendo en cuenta las realidades locales y consultando a la población local;

13.

Subraya la importancia del segundo Fondo ACP-UE para el Agua y respalda los proyectos presentados en el marco de este mecanismo y financiados con 200 millones de euros por el 10o FED para el abastecimiento de agua y el saneamiento básico de las poblaciones con menos recursos, que ayudan a mejorar la gobernanza del agua y la gestión de los recursos hídricos y contribuyen al desarrollo sostenible y al mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas; recuerda, sin embargo, que toda decisión en la materia debe tomarse teniendo tan en cuenta como sea posible a las poblaciones afectadas;

14.

Toma nota de la creciente producción agrícola, minera, industrial, energética y forestal y otras actividades económicas en los países ACP, que están provocando la alteración de las características químicas, biológicas y físicas del agua, lo que puede constituir una amenaza para la salud humana, los ecosistemas y la biodiversidad;

15.

Solicita a los países ACP y a los Estados miembros de la UE que luchen contra la contaminación de los ríos por sustancias químicas tóxicas y metales pesados (elementos que suponen una fuente destacable de contaminación del agua) en los países de la Unión Europea y también en determinados países ACP; insta a que se tomen todas las medidas posibles para evitar que la industria, la deforestación, la industria extractiva, la producción de sustancias tóxicas o el uso extensivo de pesticidas en la agricultura y la horticultura mermen la calidad y la pureza del agua, todo ello respetando el principio de precaución; pide que se establezcan normas, que se realicen análisis en las zonas de riesgo y que se sancione a los contaminadores a fin de luchar contra la contaminación de las aguas superficiales (ríos, arroyos, lagos, aguas de escorrentía) y de la capa freática con fertilizantes, plaguicidas, sustancias químicas tóxicas y metales pesados;

16.

Recalca la necesidad de profundizar en el estudio de los vínculos existentes entre el incremento de la población mundial y el cambio climático, y concretamente de las incidencias que pueden tener estas situaciones en el acceso a los recursos naturales básicos, como el agua potable, y en las aguas costeras;

17.

Señala la creciente urbanización en los países ACP, que provoca la necesidad de grandes inversiones en infraestructuras para el suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales; alienta, por lo tanto, a que se invierta en la recuperación y la reutilización del agua con vistas al ahorro de la misma y, por consiguiente, de la energía;

18.

Pide encarecidamente a la comunidad internacional que reconozca la importancia que reviste la protección de los bosques tropicales, y que convierta dicha cuestión en una prioridad, y a todas las partes implicadas, incluidos los países emergentes, que cumplan los compromisos asumidos en el Acuerdo de Copenhague en cuanto a la mitigación y la transferencia de tecnologías limpias con el fin de preservar los recursos hídricos del planeta y hacer frente al cambio climático y a las restricciones que este fenómeno podría acarrear en relación con los recursos de agua potable;

19.

Pide a la Comisión Europea que transfiera las mejores prácticas legislativas y tecnológicas en materia de protección del agua a los países ACP y que cree una plataforma en Internet para recopilar los ejemplos de mejores prácticas en materia de protección del agua;

20.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la Presidencia del Consejo de la UE y a la Unión Africana.

A.

Considerando que la única fuente de legitimidad es el sufragio universal, que da lugar a resultados electorales indiscutibles,

B.

Considerando la gravedad de la crisis política que surgió tras la impugnación de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Costa de Marfil de 28 de noviembre de 2010,

C.

Considerando que el objetivo de las elecciones era poner fin a la crisis política que ha dividido el país durante una década,

D.

Considerando que, por primera vez en África, se encomendó a las Naciones Unidas, mediante dos resoluciones y con el acuerdo del entonces Presidente, Laurent Gbagbo, que certificasen los resultados de las elecciones presidenciales, y que los resultados certificados designaban a Alassane Ouattara como Presidente electo de Costa de Marfil,

E.

Considerando que la Ley 2001-303 y el artículo 64 de la Ordenanza de 2008 no otorgan al Consejo Constitucional de Costa de Marfil poder para proclamar resultados diferentes a los de la Comisión Electoral Independiente,

F.

Considerando que el Presidente saliente, Laurent Gbagbo, tenía la responsabilidad de garantizar un traspaso pacífico de poder a su sucesor con el fin de mantener la paz civil,

G.

Considerando que ya el 7 de diciembre de 2010 la CEDEAO pidió al Presidente saliente que «cediese el poder de inmediato»,

H.

Considerando que, el 8 de diciembre de 2010, la Unión Africana pidió al Presidente saliente que «respetase la voluntad del pueblo expresada en las urnas y entregase el poder de forma pacífica con el fin de evitar un baño de sangre»; considerando sus numerosos esfuerzos de mediación,

I.

Considerando que todos los intentos de mediación para convencer al ex Presidente Gbagbo de que traspasase el poder al Presidente elegido democráticamente fracasaron,

J.

Considerando que la negativa del ex Presidente Gbagbo a ceder el poder al presidente elegido democráticamente ha llevado a Costa de Marfil al borde de la guerra civil,

K.

Considerando que la violencia contra los civiles se ha saldado con varios miles de muertos, más de un millón de desplazados internos y más de 100 000 personas que buscan refugio en los países vecinos,

L.

Considerando que en Costa de Marfil se han cometido atrocidades, incluidos casos de violencia sexual, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra civiles, que constituyen crímenes contra la humanidad,

M.

Considerando que estos abusos, que están siendo investigados por tres investigadores internacionales nombrados por las Naciones Unidas, probablemente fueron cometidos por diferentes partes en el conflicto por la simple sospecha de que las víctimas pertenecían a un grupo étnico diferente al de los autores,

N.

Considerando que los ataques dirigidos intencionadamente contra las fuerzas de mantenimiento de la paz y las instituciones de las Naciones Unidas también constituyen crímenes de guerra,

O.

Considerando que el 9 de marzo de 2011 se presentó ante la Corte Penal Internacional de La Haya una solicitud en nombre del Presidente Ouattara,

P.

Considerando que esta violencia tendrá repercusiones incalculables en la vida de la población,

Q.

Considerando que el Presidente Ouattara ha pedido el fin de la violencia, la reconciliación y la creación de una Comisión para la Verdad, la Reconciliación y el Diálogo,

R.

Considerando que este período de crisis ha tenido unos efectos económicos, sociales y humanitarios sumamente negativos, y que los jóvenes se enfrentan a la falta de perspectivas laborales,

S.

Considerando que se abren perspectivas más favorables para Costa de Marfil tras la detención del ex Presidente Gbagbo,

1.

Acoge favorablemente el hecho de que el Presidente electo de Costa de Marfil, Sr. Ouattara, haya tomado posesión del cargo;

2.

Condena los intentos del ex Presidente Gbagbo y de sus seguidores de usurpar violentamente la voluntad del pueblo costamarfileño;

3.

Afirma que confía plenamente en el personal de las Naciones Unidas encargado de certificar los resultados electorales;

4.

Encomia los esfuerzos llevados a cabo por la CEDEAO, la Unión Africana y las Naciones Unidas para encontrar una solución diplomática, que podría haber evitado el sufrimiento generalizado causado por el uso de la fuerza armada, y lamenta el fracaso de estos esfuerzos;

5.

Lamenta el alto precio que ha tenido que pagar el pueblo costamarfileño para garantizar el respeto de su voluntad expresada democráticamente;

6.

Condena sin reservas toda la brutalidad, las reiteradas campañas para incitar al odio, las represalias, el pillaje, los ajustes de cuentas y las graves violaciones de los derechos humanos; condena en particular la violencia acaecida, especialmente el uso de armas pesadas contra los civiles, los ataques contra el personal de las Naciones Unidas, la violencia sexual y las masacres confirmadas por las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias;

7.

Acoge favorablemente la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de autorizar a la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI) a utilizar la fuerza con el fin de proteger a la población civil, impidiendo, entre otras cosas, el uso de armas pesadas; pide a la ONUCI que, con ayuda de las fuerzas armadas francesas (operación «Licorne»), continúe prestando protección efectiva a los civiles en Costa de Marfil mientras lo requieran las autoridades costamarfileñas;

8.

Condena el incumplimiento del embargo de armas; acoge favorablemente la decisión de las Naciones Unidas de 28 de abril de 2011 de mantener este embargo durante un año más e insta a los Estados miembros de la Unión Europea y la Unión Africana a hacer todo lo posible para que sea efectivo;

9.

Pide a los vecinos de Costa de Marfil que adopten todas medidas posibles para garantizar que no sirven de refugio a las fuerzas que buscan desestabilizar el país, ayudando así al Gobierno de Costa de Marfil a mejorar la seguridad de sus fronteras;

10.

Lamenta la pérdida masiva de vidas humanas y los actos específicos de destrucción de la propiedad; expresa sus condolencias a los heridos y a las familias de las víctimas y de los desaparecidos; envía sus más sentidas condolencias al pueblo y al gobierno costamarfileños, e insta a las partes sobre el terreno a hacer todo lo que esté en su poder para impedir nuevas violaciones de los derechos humanos y para garantizar la seguridad de la población;

11.

Acoge con satisfacción el compromiso del Presidente Ouattara de restaurar el Estado de Derecho, pide a las autoridades costamarfileñas que garanticen que todas las actuaciones respetan el Estado de Derecho, lo cual implica que debe utilizarse el recurso de enjuiciamiento adecuado contra todos aquellos que han utilizado, o continúan utilizando, la violencia y contra todos aquellos que han desviado recursos estatales a manos privadas, pero hace hincapié en que debe concederse a los acusados el pleno derecho a defenderse en un marco judicial imparcial y no selectivo; acoge favorablemente la decisión de la UE de aportar una ayuda inmediata de 18 millones de euros a fin de modernizar el sistema judicial costamarfileño;

12.

Espera que salga a la luz toda la verdad sobre las masacres y los crímenes; acoge favorablemente la decisión de las Naciones Unidas de crear una comisión de investigación internacional independiente para investigar todas las acusaciones de violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; pide a las partes implicadas que cooperen plenamente;

13.

Acoge con satisfacción la decisión del fiscal de la CPI de solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar una investigación sobre las «matanzas generalizadas y sistemáticas», teniendo en cuenta que la CPI puede determinar su jurisdicción con arreglo al artículo 12, apartado 3, del Estatuto de Roma;

14.

Recuerda que los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad no prescriben y que los responsables no deberían tener impunidad temporal, geográfica o política;

15.

Acoge favorablemente la petición del Presidente Ouattara de poner fin a la violencia y promover la reconciliación, y espera que se preste atención a esta petición en todo el país, especialmente dentro de la administración y las fuerzas armadas; acoge con beneplácito la creación de una Comisión para la Verdad, la Reconciliación y el Diálogo y hace hincapié en la importancia de la cohesión social en el país;

16.

Reitera su apoyo al Presidente Ouattara, a su gobierno y al pueblo de Costa de Marfil en su labor de reconciliación, recuperación y desarrollo sostenible; pide el inicio de negociaciones destinadas a restaurar el orden y la paz y asentar la estabilidad y la seguridad en el país, a la vez que se promueve la unidad nacional;

17.

Recuerda la propuesta del Presidente Ouattara de formar un gobierno de unidad nacional a fin de promover una transición democrática y pacífica y posibilitar la representación de todas las opiniones políticas y de cada una de las regiones del país;

18.

Espera que la restauración de la paz civil permita la elección del parlamento lo antes posible;

19.

Felicita a la Unión Europea por la eficacia de su ayuda humanitaria, que asciende a más de 54 millones de euros, y la alienta a proseguir los esfuerzos hasta que vuelvan los refugiados y los desplazados; recuerda que más de 100 000 refugiados han huido de Costa de Marfil, principalmente a Liberia, y que hay más de un millón de desplazados internos; pide a los donantes internacionales que apoyen la iniciativa de la Unión Europea, que ha liberado 180 millones de euros en concepto de ayuda con efecto a partir de abril de 2011;

20.

Acoge favorablemente el fin de la prohibición de exportación de cacao decretado por las autoridades costamarfileñas y el levantamiento de la sanciones impuestas a las entidades económicas, que ha permitido la reanudación de las exportaciones de cacao;

21.

Espera que Costa de Marfil pueda beneficiarse del alivio de la deuda externa por valor de 3 000 millones de dólares que le fue concedida con arreglo a la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados, y de los proyectos FED, la ayuda del Banco Mundial y el FMI y, en caso necesario, de los fondos adicionales de la Unión Europea, con el fin de reactivar la economía costamarfileña lo antes posible;

22.

Espera con interés el envío de su misión de investigación a Costa de Marfil;

23.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, a las instituciones de la Unión Europea, a la Unión Africana y la CEDEAO, al Secretario General de las Naciones Unidas y al fiscal de la CPI.

A.

Considerando que la victoria de los pueblos tunecino y egipcio representa un nuevo soplo de esperanza, libertad, solidaridad, democracia y cambio real, deseados tanto por estas poblaciones como por todos los pueblos oprimidos,

B.

Considerando que los pueblos del Mediterráneo meridional y numerosos países de Oriente Medio han expresado claramente, a través de manifestaciones pacíficas, sus aspiraciones legítimas de reformas democráticas,

C.

Considerando que las revueltas han provocado la pérdida de vidas humanas y han dejado miles de desplazados y refugiados tanto dentro como fuera de los países afectados,

D.

Considerando que estos levantamientos democráticos están motivados en gran medida por una distribución desigual de la riqueza, la ausencia de libertades, la corrupción y el nepotismo, y que reflejan el descontento general de la población con los regímenes en el poder y su deseo de combinar el crecimiento económico, el respeto de los valores democráticos y el bienestar social,

E.

Considerando que la mayoría de los regímenes derrocados o impugnados en las regiones han estado apoyados por la Unión Europea y sus Estados miembros, principalmente por razones geoestratégicas, militares, comerciales y económicas,

F.

Considerando que es importante tener en cuenta el riesgo de proliferación de armas de guerra y las consiguientes amenazas para la seguridad de la humanidad,

G.

Considerando la interdependencia de las regiones del mundo y las inevitables consecuencias —positivas o negativas— que pueden tener estos movimientos en las regiones vecinas de África y la Unión Europea,

H.

Considerando que la evolución de la Política Europea de Vecindad (PEV) desde 2004 ha revelado numerosas deficiencias en cuanto a la defensa de los derechos humanos y los principios democráticos y no ha logrado favorecer las reformas políticas, sociales e institucionales necesarias, en particular debido a un diálogo insuficiente con la sociedad civil y las fuerzas democráticas,

I.

Considerando que las revueltas democráticas de los pueblos de Túnez, Egipto, Libia, Siria, Argelia, Marruecos, Jordania y otros países de Oriente Medio significan que la Unión Europea debe adaptar la PEV a fin de prestar un apoyo efectivo a los procesos de reformas políticas, económicas y sociales, a la vez que condena categóricamente el uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones pacíficas,

J.

Considerando que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 450 000 personas han huido de Libia a los vecinos Túnez, Egipto, Níger, Malí y Chad y a Europa, que otros cientos de miles de refugiados y trabajadores extranjeros están afrontando unas condiciones dramáticas para escapar del conflicto o salir de Libia, y que esto está creando una emergencia humanitaria que requiere una rápida reacción de la UE y la solidaridad de los Estados miembros y los países vecinos,

K.

Considerando que el lunes 16 de mayo de 2011 la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió una orden de detención contra el dirigente libio Muammar el Gaddafi, su hijo Saif al-Islam Gaddafi y su jefe de inteligencia militar, acusándolos de crímenes contra la humanidad,

1.

Aplaude la valentía y la determinación de los pueblos de Oriente Medio y el norte de África y apoya firmemente sus aspiraciones democráticas legítimas, que podrían ser una inspiración para el cambio democrático en los países de África, el Caribe, el Pacífico, Europa y el resto del mundo; reitera su firme apoyo a las personas que se están manifestando pacíficamente contra los regímenes autoritarios represivos, en especial los jóvenes y las mujeres, que actúan como agentes clave y catalizadores de la reforma democrática en el mundo árabe;

2.

Señala que los recientes acontecimientos en el norte de África y Oriente Medio tienen repercusiones políticas, económicas y sociales, sobre todo en los propios países, pero también en los países ACP y en Europa;

3.

Solicita a la Unión Europea que brinde todo su apoyo a las reformas políticas y económicas en la región; hace hincapié en que, con el fin de apoyar mejor la transición democrática, es esencial movilizar todos los instrumentos existentes en el marco de la PEV y la política de desarrollo; solicita que se preste una atención especial al respeto de las libertades fundamentales, la buena gobernanza, el poder judicial independiente y la lucha contra la corrupción, a fin de responder a las necesidades y expectativas de las personas;

4.

Pide a la Unión Europea que estudie la suspensión temporal del reembolso de las deudas de los países en cuestión, y subraya la necesidad de realizar una auditoría de estas deudas; pide que se congelen los activos de los dirigentes corruptos y que se devuelvan a los erarios públicos de los países afectados;

5.

Pide que se preste una mayor atención a la cooperación con las sociedades civiles, puesto que representan el principal catalizador de las revueltas populares en toda la región; pide asimismo que se haga todo lo posible por garantizar que reciben realmente la ayuda procedente de la Unión Europea y la comunidad internacional;

6.

Lamenta la indignación selectiva de la comunidad internacional en respuesta a la violencia en Yemen, Siria y, especialmente, Bahréin, adonde llegaron las tropas de las fuerzas conjuntas del Consejo de Cooperación del Golfo para aplastar las protestas;

7.

Pide a las autoridades que se abstengan de recurrir a la violencia contra los manifestantes, que respeten su libertad de reunión y expresión y que garanticen su seguridad; pide que se investiguen de manera independiente los hechos que causaron muertos y heridos y el encarcelamiento de manifestantes pacíficos en dichos países, y que los responsables sean llevados ante la justicia; pide que se ponga en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas durante las manifestaciones, así como a todos los presos políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas;

8.

Opina que una cooperación subregional más estrecha entre los Estados miembros de la UE, la Unión Africana (UA) y los países incluidos en la PEV que comparten intereses, valores y problemas comunes podría dar lugar a una dinámica para toda la región mediterránea;

9.

Denuncia la venta de armamento, la generosidad concedida en beneficio de intereses económicos y estratégicos y las relaciones amistosas que mantuvieron durante muchos años algunos países ACP y de la UE con dictadores; aplaude la autodeterminación de estos pueblos y condena la violencia que sufren;

10.

Pide a la Unión Europea que lleve a cabo una evaluación y una reforma exhaustiva tanto de su política diplomática como del carácter de sus relaciones políticas, comerciales y de cooperación con los países del norte de África y Oriente Medio;

11.

Pide, junto con el Parlamento Panafricano, a todos los Estados miembros de la Unión Africana que ratifiquen la Carta de la Unión Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernanza;

12.

Recuerda que toda intervención armada debe llevarse a cabo con el único objetivo de proteger a los civiles y que debe ser imparcial, y que los impulsores no podrán bajo ninguna circunstancia asumir el derecho de determinar quién puede gobernar y quién queda excluido;

13.

Alienta a la Unión Africana, a la Liga Árabe y a la Unión Europea a que faciliten todo los recursos financieros y humanos necesarios para respaldar una operación humanitaria internacional sólida en los países en cuestión, con el fin de ayudar a ACNUR y a otros organismos humanitarios pertinentes a ofrecer protección y prestar ayuda de emergencia a todas las personas que lo necesiten;

14.

Reitera la importancia de respetar y aceptar la elección del pueblo y los resultados de las elecciones, con independencia de quién gane, siempre y cuando las elecciones sean democráticas, libres, justas y transparentes;

15.

Acoge favorablemente los progresos realizados por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y por las autoridades tunecinas y egipcias, y alienta a que prosigan los esfuerzos para establecer un proceso de estabilización democrática y garantizar la libertad, los derechos fundamentales y humanos, la paz y la justicia;

16.

Pide a la Comisión Europea y a los países en cuestión que prosigan sus esfuerzos, a la vez que garantizan la aplicación de una estrategia común, incluidos recursos financieros, humanos y técnicos, con el fin de asegurar que la UE pueda responder de forma adecuada en caso de que se produzca un movimiento migratorio masivo, de conformidad con el artículo 80 del TFUE;

17.

Solicita el estricto cumplimiento de la Resolución 1973(2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, destinada a proteger a la población civil;

18.

Insta a los dirigentes en cuestión a mostrarse comedidos en el uso de la fuerza y a entablar negociaciones encaminadas a obtener un resultado positivo de la crisis, y lamenta cualquier pérdida humana colateral;

19.

Insiste en que la Unión Africana participe en la búsqueda de soluciones aceptables para todas las partes;

20.

Pide a las Naciones Unidas, a la Unión Africana, a la Unión Europea, a la Liga Árabe y a la coalición que celebren una mesa redonda con vistas a encontrar una forma de salir de la crisis que traiga la paz duradera y el establecimiento de la democracia a Libia;

21.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, a la Comisión Europea, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros de la UE, a las instituciones de la Unión Africana, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Presidente del Parlamento Panafricano, a los Gobiernos y Parlamentos de los países de Oriente Medio y de los países incluidos en la Política Europea de Vecindad y al Secretario General de la Unión para el Mediterráneo.

A.

Considerando que la eficacia de la ayuda trata de mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y alcanzar los ODM,

B.

Considerando que el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, cuya celebración está prevista en Busan (Corea del Sur) del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, concluirá el proceso sobre la eficacia de la ayuda dirigido por la OCDE y el CAD que inició la Declaración de París en 2005 y continuó el Programa de Acción de Accra de 2008,

C.

Considerando que el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda también definirá la orientación futura para una ayuda al desarrollo más eficaz y contribuirá a la nueva estructura internacional de la ayuda hasta la fecha límite de cumplimiento de los ODM en 2015 y el período posterior,

D.

Considerando que la UE y sus Estados miembros aportan más de la mitad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) mundial y, por lo tanto, desempeñan un importante papel en el programa sobre la eficacia de la ayuda,

E.

Considerando que el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea obliga a la UE a esforzarse por lograr la coherencia política en relación con el desarrollo,

F.

Considerando que la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú, firmada en Uagadugu (Burkina Faso) el 23 de junio de 2010, suscribe el programa de eficacia de la ayuda (preámbulo, apartado 12 bis, y parte 1, artículo 2), como se acordó en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda y el Programa de Acción de Accra, y que el objetivo principal del Acuerdo de Cotonú es la reducción y la eventual erradicación de la pobreza,

G.

Considerando que se han realizado mejoras sustanciales con respecto a la eficacia de la ayuda, pero que todavía queda mucho por hacer, y que la continuación del programa sobre la eficacia de la ayuda es indispensable para garantizar el cumplimiento de los compromisos existentes, en particular a la luz de la crisis financiera, y para considerar nuevas dimensiones diferentes de la eficacia de la ayuda y el desarrollo,

1.

Hace hincapié en que el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda debería ser más que un ejercicio de recapitulación y pasar de las promesas a los logros tangibles con respecto a la ejecución del programa sobre la eficacia de la ayuda, y espera que la UE y los países ACP desempeñen un papel principal en su consecución;

2.

Recuerda la importancia de la coherencia de las políticas para el desarrollo y del fomento activo de valores comunes, como los derechos humanos, la justicia social, la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas y la igualdad de género, dentro del programa sobre la eficacia de la ayuda;

3.

Pide a los donantes que adopten medidas inmediatas con respecto a los compromisos de la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra, que se ven obstaculizados únicamente por la voluntad política y la burocracia, por ejemplo mediante la desvinculación de la ayuda, la previsibilidad de la ayuda, la condicionalidad y la transparencia;

4.

Pide a los países donantes que cumplan su compromiso de destinar el 0,7 % del PIB/PNB a la ayuda al desarrollo y que precisen la definición de AOD;

5.

Pide a los donantes que aumenten la previsibilidad de la ayuda a través de calendarios plurianuales fiables de sus flujos financieros y de acuerdos de desarrollo a largo plazo con los países socios, basados en la rendición de cuentas mutua para el desarrollo;

6.

Recuerda la necesidad de utilizar métodos de financiación innovadores, como la imposición fiscal sobre las transacciones financieras, para alcanzar los ODM;

7.

Pide a los donantes que coordinen y armonicen mejor sus acciones, y que simplifiquen sus procedimientos;

8.

Reconoce la importancia de la armonización de la ayuda y el uso de sistemas por país para la distribución de la ayuda al desarrollo y para el fomento de la capacidad de los países socios, el fomento de la apropiación, el aumento de la transparencia y la rendición de cuentas mutua y la facilitación del control parlamentario en los países socios;

9.

Pide a los países socios que apliquen un marco jurídico para la incorporación de la ayuda al presupuesto nacional, con el fin de permitir el control parlamentario del gasto de la ayuda y aumentar la rendición de cuentas;

10.

Pide a los donantes que incrementen la proporción de ayuda programable por país a fin de desarrollar la capacidad y la apropiación nacional;

11.

Hace hincapié en que el apoyo presupuestario es una de las mejores formas de aumentar la eficacia de la ayuda, pero que debería basarse en los planes nacionales de financiación para el desarrollo y la reducción de la pobreza; alienta a la Comisión a mantener su enfoque dinámico sobre los criterios de admisibilidad y a promover un objetivo colectivo de la UE para el apoyo presupuestario;

12.

Pide a los donantes y a los países socios que apliquen rápidamente medidas de transparencia para la ayuda a escala nacional, puesto que la apropiación no es posible sin el conocimiento;

13.

Considera que la tributación garantiza una fuente financiera independiente para el desarrollo sostenible y constituye un importante vínculo entre los gobiernos y los ciudadanos de los países en desarrollo; pide la introducción de una forma viable de administración fiscal basada en la capacidad de pago de los contribuyentes; recomienda que se intensifique la lucha contra los paraísos fiscales —distintos de las jurisdicciones con bajos tipos impositivos—, la evasión fiscal y la transferencia ilegal de capitales, y que se gestionen de forma transparente los recursos naturales;

14.

Hace hincapié en el protagonismo que deben adquirir los parlamentos nacionales, teniendo en cuenta que están mejor posicionados para identificar los sectores prioritarios, verificar los documentos de estrategia por país y auditar las consignaciones presupuestarias; pide a los parlamentos nacionales que aprueben los documentos de estrategia por país y el presupuesto anual consultando previamente a la sociedad civil antes de iniciar el diálogo político con los países donantes, con vistas a dar pleno efecto al control democrático;

15.

Insta a los parlamentos a facilitar mecanismos de control y contrapeso a través del examen riguroso de los presupuestos, las políticas y sus resultados y haciendo partícipes a los ciudadanos en la toma de decisiones mediante el proceso democrático;

16.

Recuerda que los parlamentos de los países en desarrollo carecen de las capacidades básicas para ejercer sus funciones plenamente; pide, por lo tanto, a los donantes que presten asistencia para el fomento de las capacidades y el desarrollo a nivel nacional y regional;

17.

Propone que se adopte la capacidad parlamentaria como indicador de la eficacia de la ayuda y el desarrollo, y que se mida con el tiempo teniendo presente que contribuye a una gestión financiera sólida, a la estabilidad política sostenible y al éxito económico;

18.

Recuerda que la apropiación debe permitir a los países socios definir sus propias prioridades políticas;

19.

Pide a la UE y a los países socios que profundicen y amplíen el proceso estructurado de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y la participación de las autoridades locales, de forma que se garantice su participación plena y significativa en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los presupuestos y los programas;

20.

Hace hincapié en que el enfoque territorial y la gobernanza a varios niveles son elementos fundamentales en las estrategias de desarrollo más efectivas; pide, por lo tanto, a la UE y a los países socios que tengan más en cuenta los territorios como ámbito de la acción pública;

21.

Pide a los donantes y a los países socios que evalúen plenamente y profundicen los compromisos de París y Accra mediante reformas basadas en la apropiación democrática y el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales;

22.

Destaca asimismo la función de los sistemas jurídicos independientes y de los medios de comunicación libres a la hora de fomentar la buena gobernanza y la rendición de cuentas;

23.

Reconoce que el 72 % de las personas más pobres del mundo vive en países de renta media (PRM) (13); reconoce que los PRM necesitan una forma diferente de asociación para el desarrollo que se centre más en el crecimiento inclusivo, la diversificación económica, la redistribución de la riqueza y el fomento de la eficacia del desarrollo a través de la cooperación Sur-Sur, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de experiencias de desarrollo;

24.

Recuerda la necesidad de que la ayuda se adapte a las especificidades y necesidades de los Estados frágiles, los países de renta baja que salen de un conflicto y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y que se intensifiquen los esfuerzos para cooperar con los países más pobres;

25.

Pide que la ayuda se dirija a las personas más pobres y no solo a los países más pobres;

26.

Hace hincapié en que la ayuda debería contemplarse como un catalizador, y no como un medio de desarrollo; reconoce que el objetivo final de la ayuda es llegar a un estado donde la ayuda ya no es necesaria;

27.

Pide a la UE que asuma un papel protagonista en la división del trabajo en el contexto del Cuarto Foro de Alto nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, y que intensifique sus esfuerzos para aumentar la coordinación entre los donantes y la división del trabajo, acompañándolos de medidas a favor de la apropiación democrática, la asunción de responsabilidad y la mejora de la calidad de la ayuda;

28.

Subraya la necesidad de solucionar los problemas de los llamados países «queridos» y «huérfanos» y el descuido de sectores cruciales, como la salud, la educación, la cohesión social y la igualdad de género;

29.

Acoge favorablemente la aprobación del Código de Conducta de la UE relativo a la división del trabajo en el ámbito de la política de desarrollo por el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores el 15 de mayo de 2007, y señala que el fracaso de la UE a la hora de aplicar los principios incluidos en el Código de Conducta relativo a la división del trabajo echa a perder la oportunidad de ahorrar hasta 6 000 millones de euros (14);

30.

Pide a la UE que revise sus políticas en materia de división del trabajo para garantizar que no se dejan al margen cuestiones transversales no relacionadas con un sector específico, como los derechos humanos y la igualdad de género;

31.

Reconoce la creciente participación de los interesados del sector privado en las asociaciones de desarrollo; reconoce los beneficios resultantes de la incorporación de la ayuda al desarrollo del sector privado en los acuerdos sobre la eficacia de la ayuda, pero también la necesidad de aclarar qué funciones podría y debería desempeñar el sector privado y ligarlas a la consecución de los ODM y al desarrollo sostenible, así como a la responsabilidad principal del sector público; subraya la importancia de no volver a la ayuda vinculada en este contexto;

32.

Hace hincapié en la importancia de la transparencia y la evaluación de la repercusión de los agentes de desarrollo del sector privado en los resultados en materia de desarrollo;

33.

Pide a los donantes que utilicen la ayuda para impulsar el desarrollo del sector privado nacional, mejorar las instituciones reguladoras nacionales del sector privado y promover un desarrollo del sector privado que incluya a las poblaciones más pobres y contribuya a los objetivos del desarrollo;

34.

Hace hincapié en la importancia de mantener el impulso de la eficacia de la ayuda y el desarrollo después de Busan;

35.

Recomienda seguir controlando y evaluando la aplicación y los avances de los compromisos de la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra; recomienda que el próximo estudio se realice coincidiendo con el plazo fijado para los ODM, a fin de complementar las revisiones mundiales de los avances en materia de desarrollo en ese momento;

36.

Hace hincapié en la importancia de integrar la eficacia de la ayuda en un marco de eficacia del desarrollo que dé prioridad a los resultados generales de desarrollo y que incluya la coherencia de las políticas de desarrollo y la participación de las comunidades económicas regionales (CER), con vistas a tener más en cuenta las dimensiones regionales de la eficacia de la ayuda y el desarrollo;

37.

Solicita que se establezca un «Pacto de Busan» inclusivo en el Cuarto Foro de Alto nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, que reúna compromisos específicos con plazos concretos y ponga en marcha reformas fundamentales en la gobernanza mundial de la cooperación para el desarrollo;

38.

Señala la aparición de nuevos agentes de desarrollo, incluidos los países individuales cuyo enfoque no se rige por las normas de cooperación europeas, y pide un enfoque político inclusivo para esos países con el fin de lograr una dinámica general transparente de cooperación para el desarrollo.

1.

Recuerda que el objetivo de lograr y mantener el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo en relación con el VIH/SIDA está contemplado como una prioridad fundamental de desarrollo en el artículo 31 bis del Acuerdo de Cotonú revisado;

2.

Hace hincapié en que, 30 años después del inicio de la epidemia del sida, la respuesta contra esta enfermedad ha demostrado su valor como inversión de gran repercusión que genera beneficios para la lucha contra el VIH así como para los grandes objetivos en materia de sanidad, desarrollo y derechos humanos, y en que, durante los últimos 10 años, la tasa de nuevas infecciones por VIH ha caído en muchos países y el número de personas que reciben tratamiento antirretroviral así como la cobertura de los servicios para prevenir la transmisión de la madre al niño han aumentado, pero que los beneficios siguen siendo insuficientes y frágiles;

3.

Pide, por lo tanto, a los Gobiernos de la UE y de los países ACP que intensifiquen sus esfuerzos en materia de cooperación para ayudar a los Estados ACP a lograr y mantener el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo en relación con el VIH como condición fundamental para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015;

4.

Solicita a las partes ACP y UE —los Gobiernos de los Estados ACP y de los Estados miembros de la UE, así como la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior— que estén representadas al máximo nivel en la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de 2011, que apoyen las recomendaciones del informe del Secretario General de las Naciones Unidas y que aprueben su propuesta relativa a los seis objetivos mundiales para 2015;

5.

Pide a la UE que mantenga el liderazgo en la respuesta contra el sida, en particular iniciando un proceso amplio y consultivo con todas las partes interesadas, incluidos los Estados miembros de la UE, los parlamentarios y la sociedad civil, para la elaboración de un Programa de acción europeo para combatir el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis, con una cobertura geográfica completa, a través de la acción exterior para 2012 y el período posterior;

6.

Pide a los Gobiernos de los países ACP y de la UE que fomenten la inclusión de estrategias de lucha contra la estigmatización en los programas nacionales sobre el sida, inclusive a través del refuerzo de los sistemas comunitarios, que eliminen las leyes, políticas y prácticas punitivas, la estigmatización y la discriminación, que socavan los derechos humanos y aumentan la vulnerabilidad ante el VIH/SIDA, y que se comprometan a la prestación de servicios integrales de atención y apoyo para los adultos y niños afectados por el VIH, que incluyan a los cuidadores;

7.

Pide a los Gobiernos de los países ACP y de la UE que dupliquen las asignaciones presupuestarias destinadas a la prevención del VIH, y centren las inversiones en los programas de prevención integrados y basados en pruebas dirigidos a las poblaciones más expuestas y más vulnerables como una de las intervenciones más rentables, y que intensifiquen las inversiones en investigación;

8.

Hace hincapié en que el tratamiento es una inversión de gran repercusión que reduce la transmisión del VIH y la tuberculosis y las muertes maternas e infantiles; pide, por lo tanto, a los Gobiernos de los países ACP y de la UE que apoyen la innovación en el acceso al tratamiento, eliminen las barreras legales y garanticen el acceso universal y fiable a medicamentos seguros, de alta calidad y más asequibles, fomenten la capacidad de los sistemas de salud y comunitarios para prestar y respaldar los servicios de tratamiento integrados, y aborden de forma coherente las coinfecciones del VIH y la tuberculosis;

9.

Pide a los Gobiernos de los países ACP y de la UE que promuevan la integración de los servicios de atención sanitaria reproductiva, materna, neonatal y relacionada con el VIH como medida fundamental para alcanzar los ODM en 2015, en particular a través de la Iniciativa UE ODM; considera, en este sentido, que debe prestarse una atención particular al refuerzo de los sistemas sanitarios y comunitarios para conseguir la integración efectiva de los programas sobre VIH y salud sexual y reproductiva y enlazar los programas a fin de respaldar los resultados sólidos interrelacionados en todos los ODM relacionados con la salud;

10.

Insta a los Gobiernos de los países ACP y de la UE a cumplir los compromisos que les corresponden para satisfacer las necesidades de inversión en la salud en general y la respuesta mundial contra el sida en particular, por los cuales los Estados miembros de la UE cumplen sus compromisos de financiación previsible a largo plazo, a la vez que se incrementa de forma considerable la inversión nacional en los países en desarrollo para posibilitar la ejecución de la petición de la Declaración de Abuja de destinar el 15 % de los presupuestos nacionales a la salud, se alienta a las potencias emergentes a asumir la parte que les corresponde y se amplían los mecanismos de financiación innovadores.

i)

los informes presentados por las comisiones permanentes; su número se limitará a tres por sesión plenaria. La longitud de las propuestas de resolución contenidas en los informes se determina en el anexo II del presente Reglamento;

ii)

los asuntos de carácter urgente, propuestos por una comisión permanente o presentados por la propia Mesa; la inscripción de estos asuntos tendrá carácter excepcional y su número no podrá ser superior a dos por sesión plenaria. El resto de asuntos se remitirá a la comisión permanente competente.

iii)

Un asunto destacado para un debate de alto nivel.

—

fomento de los procesos democráticos mediante el diálogo y la concertación;

—

cuestiones económicas, financieras y sobre intercambios y cuestiones relativas a la ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo;

—

cuestiones sociales y medioambientales.

I.

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

Esta comisión coordinará el trabajo de las misiones de información y estudio, incluidas las misiones destinadas a la observación de elecciones, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de la Asamblea.

II.

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, ASUNTOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

III.

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y MEDIO AMBIENTE

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

—

Exposiciones de motivos, documentos de trabajo preparatorios y actas de las misiones de información y estudio: 6 páginas;

—

Propuestas de resolución contenidas en los informes y los asuntos de urgencia: 4 páginas, incluidos los considerandos, pero excluidos los vistos.