ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2011.284.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 284

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

54o año
28 de septiembre de 2011


Número de información

Sumario

Página

 

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

 

DICTÁMENES

 

Supervisor Europeo de Protección de Datos

2011/C 284/01

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen requisitos técnicos para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) no 924/2009

1

 

IV   Información

 

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

 

Comisión Europea

2011/C 284/02

Tipo de cambio del euro

5

 

V   Anuncios

 

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

 

Comisión Europea

2011/C 284/03

Ayuda estatal — Alemania — Ayuda estatal SA.30743 (11/C) (ex N 138/10) — Financiación de medidas de infraestructura en el aeropuerto de Leipzig/Halle (2) — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE ( 1 )

6

2011/C 284/04

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6400 — ECE/Metro/MEC JV) ( 1 )

24

 

OTROS ACTOS

 

Comisión Europea

2011/C 284/05

Nueva publicación de una solicitud con arreglo al artículo 7, apartado 5, y al artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios

25

2011/C 284/06

Anuncio a la atención de Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed y Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al-Husayn Ould Muhammad Salim, añadidos a la lista mencionada en los artículos 2, 3 y 7 del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida, en virtud del Reglamento (UE) no 960/2011 de la Comisión

30

 

Corrección de errores

2011/C 284/07

Corrección de errores de la Reglamentación relativa al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo (DO C 216 de 22.7.2011)

32

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

 


I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Supervisor Europeo de Protección de Datos

28.9.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 284/1


Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen requisitos técnicos para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) no 924/2009

2011/C 284/01

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el artículo 16,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 7 y 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Vista la solicitud de dictamen, hecha de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2).

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

1.   INTRODUCCIÓN

1.

El 16 de diciembre de 2010, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen requisitos técnicos para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) no 924/2009 (en adelante, «la propuesta»).

1.1.   Consulta al SEPD

2.

La propuesta fue enviada por la Comisión al SEPD el 3 de enero de 2011. El SEPD entiende esta comunicación como una solicitud de asesorar a las instituciones y organismos comunitarios, según lo previsto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, de 18 de diciembre 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos [en adelante, el «Reglamento (CE) no 45/2001»]. Previamente (3), antes de que fuera adoptada la propuesta, el SEPD pudo proporcionar observaciones informales a la Comisión. El SEPD recibe con agrado la apertura del proceso, el cual ha ayudado a mejorar el texto desde el punto de vista de la protección de datos ya desde una fase temprana. Algunas de aquellas observaciones se han tenido en cuenta en la propuesta. El SEPD acogería con agrado que se hiciera una referencia explícita a la presente consulta en el preámbulo de la propuesta.

1.2.   La SEPA y el marco jurídico

3.

Desde que se fundó la Comunidad Económica Europea han habido avances progresivos hacia un mercado financiero europeo más integrado. En el contexto de los pagos, las medidas más evidentes fueron el lanzamiento del euro como moneda única en 1999 y la entrada en circulación de los billetes y monedas en euros en 2002.

4.

Sin embargo, hasta la fecha, los pagos con instrumentos distintos del efectivo en euros de escasa cuantía (hasta 50 000 EUR) todavía se realizan y se procesan de diversos modos en toda la Unión Europea. Como consecuencia, las tasas de los pagos transfronterizos en la Unión Europea son, por término medio, más altas en comparación con las aplicadas en los pagos nacionales. Un reglamento europeo sobre los pagos transfronterizos en euros [Reglamento (CE) no 2560/2001] estipuló, entre otras cosas, que las tasas de pago no podían continuar siendo más elevadas para los pagos transfronterizos en euros en la Unión Europea que para los pagos nacionales en euros. Como reacción a este Reglamento, en 2002 el sector bancario europeo creó el Consejo Europeo de Pagos («CEP»), que constituye un organismo de coordinación y decisión para cuestiones de pago y lanzó el proyecto de la zona única de pagos en euros («SEPA»). En 2009, el Reglamento (CE) no 924/2009 sustituyó al Reglamento (CE) no 2560/2001 y amplió el principio de igualdad de gastos de los adeudos domiciliados, que han estado disponibles a nivel transfronterizo a partir de noviembre de 2009.

5.

Además, la Directiva 2007/64/CE (la «Directiva de servicios de pago») tiene por objeto armonizar las legislaciones nacionales relativas a los pagos en la Unión Europea. El objetivo es establecer la igualdad de condiciones y derechos en los servicios de pago y hacer que los pagos transfronterizos sean tan sencillos, eficientes y seguros como los pagos «nacionales» en un Estado miembro. La Directiva de servicios de pago también busca mejorar la competencia abriendo los mercados de pago a nuevos operadores.

6.

La SEPA persigue establecer un mercado único para los pagos minoristas en euros sobrepasando los obstáculos técnicos, jurídicos y de mercado que derivan del período anterior a la introducción de la moneda única. Una vez que la SEPA haya culminado, no existirán diferencias entre los pagos nacionales y los pagos transfronterizos en euros ya que todos serán nacionales. La SEPA cubre no solo la zona del euro sino toda la Unión Europea (UE), así como Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza. Esto significa que las comunidades fuera de la zona del euro pueden adoptar las normas y prácticas de la SEPA para los pagos en euros.

7.

La propuesta se aplica a las transferencias y los adeudos domiciliados. Las transferencias son operaciones de pago iniciados por el ordenante, quien da una instrucción a su banco. De este modo, el banco traslada los fondos al banco del beneficiario. Esto puede darse mediante diversos intermediarios. En caso de adeudos domiciliados, el ordenante autoriza previamente al beneficiario a cobrar fondos de su cuenta bancaria. El ordenante, por tanto, proporciona una «orden» a su banco de transferir fondos a la cuenta de los beneficiarios. Los adeudos domiciliados con frecuencia se utilizan para los pagos periódicos, como las facturas de servicios pero también pueden utilizarse para los pagos únicos. En este caso, el ordenante autoriza un pago individual.

1.3.   La SEPA y el sistema de protección de datos de la Unión Europea

8.

La introducción y el desarrollo de la SEPA implica diversas operaciones de tratamiento de datos. Es necesario que los ordenantes y los beneficiarios se intercambien tanto directamente como indirectamente a través de sus prestadores de servicios los nombres, los números de cuentas bancarias, el contenido de contratos a fin de garantizar el buen funcionamiento de las transferencias. Con tal propósito, la propuesta también incluye un artículo sobre «Interoperabilidad», el cual apoya la creación de normas tipo para las transacciones nacionales y transfronterizas, y declara explícitamente que el procesamiento de las transferencias y los adeudos domiciliados no deberá verse dificultado por obstáculos técnicos. Los diversos operadores económicos implicados en las actividades contempladas por la propuesta están sujetos a las distintas normativas nacionales de incorporación de la Directiva 95/46/CE.

9.

El SEPD destaca que el intercambio y el tratamiento de datos personales relativos a los ordenantes y a los beneficiarios y a los diversos proveedores de servicios de pago deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y limitación a una finalidad específica. La transmisión de datos a través de los diversos intermediarios deberá asimismo respetar los principios de confidencialidad y seguridad del tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Directiva 95/46/CE.

10.

La propuesta también introduce una nueva función para las autoridades nacionales competentes de supervisión del cumplimiento del reglamento y de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar dicho cumplimiento. Si bien esta función es fundamental para garantizar una aplicación efectiva de la SEPA, también podría implicar amplios poderes para el posterior tratamiento de datos personales de las personas físicas por parte de las autoridades. También en este ámbito, el acceso por parte de las autoridades nacionales competentes a los datos personales deberá respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y limitación a una finalidad específica.

11.

Aunque la propuesta no debería introducir disposiciones demasiado detalladas en relación con los principios de protección de datos, lo cual queda garantizado por la aplicabilidad a todas las operaciones de tratamiento de las legislaciones nacionales de incorporación de la Directiva 95/46/CE, el SEPD sugiere algunas mejoras del texto con el fin de hacerlo más claro.

2.   OBSERVACIONES ESPECÍFICAS

2.1.   Considerando 26

12.

El SEPD recibe con agrado que se haga mención a la Directiva 95/46/CE en el considerando 26 de la propuesta. Sin embargo, a fin de reflejar el hecho de que las diversas legislaciones nacionales que aplican dicha Directiva son las referencias adecuadas y hacer hincapié en el hecho de que las operaciones de tratamiento de datos deben llevarse a cabo de conformidad con las normas de desarrollo, el texto del considerando podría modificarse de la siguiente manera: «Todos los tratamientos de datos personales realizados en virtud del presente Reglamento deberán ser conformes con las legislaciones nacionales pertinentes que aplican la Directiva 95/46/CE».

2.2.   Artículos 6, 8, 9 y 10: poderes de las autoridades nacionales competentes

13.

El artículo 6 de la propuesta introduce una prohibición de introducir tasas de intercambio multilaterales (4) en los adeudos domiciliados por operación ni ninguna otra retribución acordada de finalidad o efecto equivalente. Asimismo, en las operaciones de adeudos domiciliados que no pueden ejecutarse adecuadamente por un proveedor de servicios de pago (rechazadas, denegadas, devueltas o retrocedidas, las llamadas «operaciones-R»), podrá aplicarse una tasa multilateral de intercambio, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones.

14.

El artículo 8 de la propuesta introduce unas obligaciones para el ordenante que utilice transferencias y para el beneficiario que utilice adeudos domiciliados. Un ordenante no podrá negarse a efectuar transferencias a cuentas de pago mantenidas con proveedores de servicios de pago radicados en otro Estado miembro y que sean accesibles (5) según lo establecido en el artículo 3. Todo beneficiario que recibe fondos en su cuenta de pago de otras cuentas de pago mantenidas con otros proveedores de servicios radicados en el mismo Estado miembro no podrá negarse a recibir fondos de adeudos domiciliados de cuentas de pago mantenidas con proveedores de servicio de pago radicados en otro Estado miembro.

15.

El artículo 9 de la propuesta exige que los Estados miembros designen las autoridades competentes responsables de garantizar que se cumpla el Reglamento. Estas autoridades deberán contar con las atribuciones necesarias para el desempeño de su misión y supervisarán el cumplimiento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar dicho cumplimiento. Además, el artículo 9, apartado 3, establece que, cuando exista más de una autoridad competente en relación con lo dispuesto en el reglamento en un territorio, los Estados miembros velarán por que dichas autoridades cooperen estrechamente, de modo que puedan desempeñar sus respectivos cometidos eficazmente. El artículo 10 introduce una obligación para los Estados miembros de establecer el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones del Reglamento y garantizar su ejecución. Las sanciones serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.

16.

Sobre la base de lo dispuesto en estos artículos, las autoridades nacionales tendrán la facultad de supervisar las posibles infracciones de todas las obligaciones incluidas en la propuesta, así como de aplicar sanciones, incluidas aquellas relacionadas con la obligación incluida en los artículos 6 y 8. Esta facultad tendría unas repercusiones potencialmente amplias sobre la intimidad de las personas físicas, desde la perspectiva de la protección de datos. De este modo, las autoridades podrían tener un acceso generalizado a la información sobre cualquier transferencia (ya sea una transferencia o un adeudo domiciliado) de fondos entre personas físicas para comprobar si se han aplicado indebidamente tasas de intercambio o se si opone una denegación que sea contraria a las obligaciones contempladas en los artículos 6 y 8. Dicha facultad implica el tratamiento de datos personales (los nombres de las personas físicas implicadas, los números de cuenta bancaria de las mismas y los importes de los fondos que deben recibirse o transferirse).

17.

A pesar de que dicho tratamiento de datos personales deberá ser conforme con las normas nacionales de incorporación de la Directiva 95/46/CE, el SEPD desea hacer hincapié en que la propuesta ya debería valorar la obligación de supervisión, desde los principios de proporcionalidad y necesidad consagrados en la Directiva 95/46/CE [artículo 6, apartado 1, letra c)]. En este sentido, al considerar en particular los artículos 6 y 8, en opinión del SEPD resultaría más proporcionado introducir un sistema mediante el cual el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes únicamente se activara caso a caso, lo cual significaría que la intervención por parte de la autoridad— y, por tanto, el tratamiento de datos personales de un determinado ordenante y/o beneficiario— se activaría principalmente cuando hubiera un motivo específico, como en el caso de que el ordenante o el beneficiario presenten una reclamación por la infracción de lo dispuesto en dichos artículos, o en el contexto de una investigación de oficio específica, posiblemente sobre la base de una información proporcionada por un tercero.

18.

La eficacia del control sobre el cumplimiento quedaría garantizada mediante el establecimiento de un mecanismo que permitiera a un reclamante presentar la reclamación o a un tercero presentar la información y obtener rápidamente la reacción por parte de la autoridad, posiblemente una orden destinada a dicho tercero para que respete las obligaciones contempladas en los artículos 6 y 8. De hecho, la propuesta ya introduce en el artículo 11 normas sobre los procedimientos extrajudiciales de reclamación y recurso, que resulten adecuados y eficaces, para la resolución de todo posible litigio entre los usuarios de servicios de pago y los proveedores de estos servicios (lo cual cubre la situación incluida en el artículo 6). A fin de animar el cumplimiento de las obligaciones incluidas en el artículo 8 sin introducir por ello un acceso amplio generalizado a los datos personales por parte de las autoridades nacionales, el SEPD sugiere que la disposición del artículo 11 también contemple los litigios entre ordenantes y beneficiarios.

19.

El SEPD destaca asimismo que las actividades de supervisión pueden implicar transferencias de datos personales entre las autoridades nacionales competentes de los distintos Estados miembros en el contexto de la «estrecha cooperación» mencionada en el artículo 9, apartado 3. Teniendo en cuenta las amplias competencias atribuidas a las autoridades nacionales con el fin de supervisar el cumplimiento del Reglamento (e incluso si se introdujeran las limitaciones relacionadas con los artículos 6 y 8 que se han sugerido anteriormente), el SEPD sugiere que el texto incluya una mención explícita de que todas las transferencias de datos personales entre dichas autoridades deberán respetar los principios de protección de datos pertinentes. En particular, dichas transferencias no deberán realizarse en masa sino únicamente respecto de asuntos específicos en los que ya exista a priori la sospecha de una posible infracción de las disposiciones del Reglamento. Por tanto, podría añadirse la siguiente frase al apartado 3 del artículo 9: «Las transferencias de datos personales entre autoridades competentes en el contexto de dicha estrecha cooperación tendrá únicamente lugar caso a caso cuando exista una sospecha razonable de que se han infringido las disposiciones del Reglamento y se respeten los principios de necesidad, proporcionalidad y limitación a una finalidad específica».

2.3.   Anexo

20.

El anexo a la propuesta establece los requisitos técnicos que las transferencias y los adeudos domiciliados deben respetar en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la propuesta. El objetivo de introducir estos requisitos es contar con formatos armonizados de identificación y comunicación que garanticen la interoperabilidad de las operaciones de transferencias y de adeudos domiciliados entre los Estados miembros.

21.

En este contexto, el tratamiento de datos personales por parte de los intermediarios (los proveedores de servicios de pago) tiene lugar en distintas ocasiones (6):

a)

artículo 2, letra b): en las transferencias, los datos que deben transferirse del ordenante a su proveedor de servicios de pago y transmitirse a lo largo de la cadena de pago hasta llegar al beneficiario son: el nombre del ordenante y/o el número IBAN de su cuenta, el importe de la transferencia, el número IBAN de la cuenta del beneficiario y, posiblemente, la información sobre el envío;

b)

artículo 3, letra b): en los adeudos domiciliados, los datos que deberán transmitirse del beneficiario a su proveedor de servicios de pago y, de este último, al proveedor de servicios de pago del ordenante en cada operación es la información relativa a la orden (7);

c)

artículo 3, letra g): en las transferencias, los datos que deben transferirse del beneficiario a su proveedor de servicios de pago y transmitirse a lo largo de la cadena de pago hasta llegar al ordenante son: el nombre del beneficiario y el número IBAN de su cuenta, el nombre del ordenante y el número IBAN de su cuenta de pago.

22.

Aunque cualquier tratamiento de datos personales deba respetar las legislaciones nacionales pertinentes de incorporación de la Directiva 95/46/CE, el proyecto de la propuesta solo menciona que las transferencias relativas a la situación contemplada en la letra a) serán facilitadas «conforme a las obligaciones que establezca la normativa nacional de incorporación de la Directiva 95/46/CE». A fin de evitar errores de interpretación, el SEPD sugiere que se incluya asimismo dicha referencia a la Directiva en relación con las letras b) y g) del artículo 3. Como alternativa, si el texto del considerando 26 se modifica de conformidad con la sugerencia arriba mencionada, la redacción del artículo 2, letra b), podría excluir hacer referencia a la Directiva 95/46/CE.

3.   CONCLUSIÓN

23.

El SEPD recibe con agrado la referencia específica a la Directiva 95/46/CE de la propuesta. Sin embargo, sugiere que se realicen pequeñas modificaciones en el texto a fin de aclarar la aplicabilidad de los principios de protección de datos a las operaciones de tratamiento amparadas por la propuesta. En especial:

el considerando 26 debería reflejar el hecho de que las normas nacionales de incorporación de la Directiva 95/46/CE constituyen las referencias adecuadas y hacer hincapié en que todas las operaciones de tratamiento de datos deberán llevarse a cabo conforme a lo dispuesto en dichas normas,

la facultad de supervisión de las autoridades nacionales competentes relativa a las obligaciones incluidas en los artículos 6 y 8 debería limitarse caso a caso, cuando exista una sospecha razonable de infracción de las disposiciones del Reglamento, mientras que para favorecer el cumplimiento de las obligaciones del artículo 8, el mecanismo de recurso de litigios establecido en el artículo 11 debería ampliarse a los conflictos entre el ordenante y el beneficiario,

las referencias a la Directiva 95/46/CE del anexo deberían armonizarse a fin de evitar errores de interpretación.

Hecho en Bruselas, el 23 de junio de 2011.

Giovanni BUTTARELLI

Asistente del Supervisor Europeo de Protección de Datos


(1)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. (en adelante, la «Directiva 95/46/CE»).

(2)  DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

(3)  En septiembre de 2010.

(4)  La tasa multilateral de intercambio es el importe que abona el proveedor de servicios de pago del beneficiario al proveedor de servicios de pago del ordenante en el contexto de los adeudos domiciliados.

(5)  Este requisito tiene como fin garantizar que todo proveedor de servicios de pago que sea accesible para la realización de transferencias o adeudos domiciliados también lo sea para las operaciones que se inicien a través de un proveedor de servicios de pago radicado en cualquiera de los Estados miembros (artículo 3 de la propuesta).

(6)  La transferencia del nombre y del número IBAN se realiza directamente del beneficiario al ordenante en las transferencias y del ordenante al beneficio en los adeudos domiciliados. En ambos casos, la legitimidad del tratamiento está implícito en el hecho de que es el propio interesado quien cede voluntariamente sus datos.

(7)  Dicha información podrá incluir el nombre del ordenante, la dirección del mismo, su número de teléfono y cualquier otra información relativa al contrato que constituye el motivo de la transferencia de fondos.


IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

28.9.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 284/5


Tipo de cambio del euro (1)

27 de septiembre de 2011

2011/C 284/02

1 euro =


 

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,3579

JPY

yen japonés

103,83

DKK

corona danesa

7,4413

GBP

libra esterlina

0,86980

SEK

corona sueca

9,1774

CHF

franco suizo

1,2232

ISK

corona islandesa

 

NOK

corona noruega

7,7900

BGN

lev búlgaro

1,9558

CZK

corona checa

24,478

HUF

forint húngaro

286,36

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,7093

PLN

zloty polaco

4,3720

RON

leu rumano

4,3033

TRY

lira turca

2,5066

AUD

dólar australiano

1,3690

CAD

dólar canadiense

1,3842

HKD

dólar de Hong Kong

10,5816

NZD

dólar neozelandés

1,7228

SGD

dólar de Singapur

1,7408

KRW

won de Corea del Sur

1 588,08

ZAR

rand sudafricano

10,6747

CNY

yuan renminbi

8,6878

HRK

kuna croata

7,4930

IDR

rupia indonesia

12 156,12

MYR

ringgit malayo

4,2781

PHP

peso filipino

58,869

RUB

rublo ruso

43,3299

THB

baht tailandés

41,891

BRL

real brasileño

2,4513

MXN

peso mexicano

18,1259

INR

rupia india

66,6390


(1)  Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.


V Anuncios

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

28.9.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 284/6


AYUDA ESTATAL — ALEMANIA

Ayuda estatal SA.30743 (11/C) (ex N 138/10) — Financiación de medidas de infraestructura en el aeropuerto de Leipzig/Halle (2)

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2011/C 284/03

Por carta de 15 de junio de 2011, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Alemania su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE en relación con la medida antes citada.

Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales

Despacho: J-70 3/225

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Dichas observaciones se comunicarán a Alemania. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.

PROCEDIMIENTO

Por carta de 12 de abril de 2010, las autoridades alemanas notificaron a la Comisión, por motivos de seguridad jurídica, unas aportaciones de capital previstas para Mitteldeutsche Flughafen AG (en adelante, MFAG) y para Flughafen Leipzig/Halle GmbH (en adelante, FLH) por parte de sus accionistas (1), que compensarían los costes de los proyectos de infraestructura que se iban a ejecutar en el aeropuerto de Leipzig/Halle. Por cartas de 10 de junio de 2010, 26 de noviembre de 2010 y 3 de marzo de 2011 la Comisión solicitó información adicional sobre la medida notificada. El 29 de septiembre de 2010, el 4 de enero de 2011 y el 26 de abril de 2011 las autoridades alemanas presentaron la información adicional.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS

Los proyectos de infraestructura y relacionados con ella notificados se refieren, en particular, a las medidas de reducción de ruido, creación de áreas de deshielo, construcción de pistas de rodaje y puentes, ampliación de las pistas de estacionamiento y los hangares, construcción de una nueva terminal de aviación y de una nave para aeronaves pequeñas, costes de planificación de la ampliación de la pista sur y norte, zona de acomodo para animales, edificios para seguridad funcional y puestos de control. Los costes totales de la inversión se calculan en 255,6 millones EUR. Los trabajos de construcción se han iniciado ya.

Los proyectos de infraestructura y relacionados con ella se han financiado en principio mediante préstamos de accionistas (concedidos desde 2006 hasta la fecha) que se convertirán en capital únicamente cuando la Comisión Europea autorice la financiación del proyecto de infraestructura. El tipo de interés bancario básico es el Euribor a [< 12] meses. La prima de riesgo se determina a partir de la media redondeada de los tipos (por debajo de los 100 puntos básicos) ofrecidos por los tres bancos.

Las medidas de infraestructura notificadas y su financiación (préstamos de accionistas y aportaciones de capital) superan el ámbito de la Decisión de la Comisión 2008/948/CE de 23 de julio de 2008 (2).

EVALUACIÓN DE LA MEDIDA

Carácter de ayuda de los préstamos de accionistas

Las autoridades alemanas opinan que los préstamos de accionistas no constituyen ayuda estatal porque supuestamente las inversiones previstas se consideran medidas de seguridad. Se señala, además, que los préstamos se concedieron en condiciones de mercado.

En la fase actual, la Comisión tiene dudas sobre si los proyectos previstos están relacionados con la seguridad y si los préstamos de accionistas se han concedido en condiciones de mercado. Por ello, la Comisión no puede concluir que estén libres de ayuda estatal. En primer lugar, las autoridades no han presentado la calificación de FLH. Segundo, en relación con la calificación de MFAG, las autoridades alemanas solo han presentado actas de una llamada telefónica que mostraban que MFAG tenía la misma calificación que los Länder: Tercero, la prima de riesgo por debajo de los 100 puntos básicos está por debajo del margen de riesgo según la comunicación sobre los tipos de referencia. La Comisión tiene dudas también sobre si el uso del tipo Euribor a [< 12] meses puede justificarse en el presente caso, ya que en circunstancias normales de mercado, este tipo es inferior a los tipos de interés para vencimientos más largos.

Carácter de ayuda de las ampliaciones de capital

Las autoridades alemanas opinan que la financiación de la infraestructura no es una actividad económica. En su sentencia «Aeropuerto Leipzig/Halle» (3) el Tribunal General confirmó que el funcionamiento de un aeropuerto es una actividad económica, de la que la construcción de la infraestructura aeroportuaria es parte inseparable. Como las autoridades alemanas señalaron que los incrementos de capital se efectuaron sin un plan empresarial subyacente ni perspectivas de rentabilidad a largo plazo, la Comisión adopta la opinión preliminar de que incluyen ayuda estatal.

Compatibilidad de la ayuda

En esta fase, la Comisión considera que los criterios de necesidad y proporcionalidad plantean serias dudas en el presente asunto. El aeropuerto de Leipzig/Halle gestionado por FLH pertenece a la categoría C de «grandes aeropuertos regionales», con arreglo a las Directrices sobre aeropuertos de 2005 (4). Desde 2008, tras la construcción de la pista sur, el aeropuerto Leipzig/Halle funciona principalmente como aeropuerto de carga para DHL Express, Lufthansa Cargo y otras compañías de transporte aéreo de carga. En 2009 se transportaron aproximadamente 524 000 toneladas de carga. La intensidad de la ayuda notificada asciende al 100 %.

Hasta la fecha las autoridades alemanas no han presentado pruebas, en forma de plan empresarial del aeropuerto, de que el 100 % de intensidad de la ayuda sea necesario y proporcional. Por consiguiente, la Comisión no se encuentra actualmente en posición de evaluar convenientemente el fallo del mercado en el caso de que se trata.

Además, algunos de los proyectos de inversión se han finalizado ya. Ello plantea serias dudas sobre la necesidad de la ayuda ya que el beneficiario ha podido financiar los proyectos de infraestructura en cuestión sin recursos estatales.

La Comisión observa, además, que algunas de las medidas en cuestión parecen cumplir las normas reglamentarias u otros requisitos obligatorios para el funcionamiento de un aeropuerto o están ligados al funcionamiento diario del mismo. Por ello, la Comisión tiene dudas de que se cumplan a este respecto los criterios de necesidad y proporcionalidad de la ayuda.

Conclusión

A la vista de lo expuesto, la Comisión considera que en el presente asunto no se cumplen todas las condiciones de compatibilidad fijadas en las Directrices sobre aeropuertos de 2005. La Comisión adopta la conclusión preliminar de que los criterios de necesidad y proporcionalidad de la ayuda no se cumplen en el presente asunto. Por consiguiente, la Comisión tiene dudas de que la financiación de las medidas de infraestructura notificadas puedan considerarse compatibles con el mercado de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

No parece que las medidas puedan acogerse a otras excepciones contempladas en el Tratado. Por ello, en la fase actual la Comisión no puede excluir que incluyan ayuda estatal ilegal e incompatible.

TEXTO DE LA CARTA

«Die Kommission teilt der Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit, dass sie nach Prüfung der Angaben der deutschen Behörden zu der vorgenannten Beihilfemaßnahme entschieden hat, das Verfahren nach Artikel 108 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (im Folgenden „AEUV“) zu eröffnen.

1.   VERFAHREN

1.

Mit Schreiben vom 12. April 2010 meldete die Bundesregierung aus Gründen der Rechtssicherheit vorgesehene Kapitalzuführungen für zwei öffentliche Unternehmen bei der Kommission an. Die Anmeldung erhielt die Nummer N 138/2010.

2.

Mit Schreiben vom 10. Juni 2010, 26. November 2010 und 3. März 2011 ersuchte die Kommission um ergänzende Auskünfte zu der angemeldeten Maßnahme. Am 29. September 2010, 4. Januar 2011 und 26. April 2011 wurden von der Bundesregierung ergänzende Auskünfte übermittelt.

2.   BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN

3.   Die Anmeldung betrifft vorgesehene Kapitalzuführungen der jeweiligen Anteilseigner für die Mitteldeutsche Flughafen AG (im Folgenden „MFAG“) bzw. die Flughafen Leipzig/Halle GmbH (im Folgenden „FLH“) zum Ausgleich der Kosten für Infrastrukturprojekte, die am Flughafen Leipzig/Halle durchgeführt werden sollen.

4.   FLH ist eine Tochtergesellschaft der MFAG, die 94 % der Anteile an FLH hält. Die restlichen Anteile halten der Freistaat Sachsen, der Landkreis Nordsachsen und die Stadt Schkeuditz. Die Gesellschafter der MFAG sind der Freistaat Sachsen mit 76,64 %, das Land Sachsen-Anhalt mit 18,54 %, die Stadt Dresden mit 2,52 %, die Stadt Halle mit 0,2 % und die Stadt Leipzig mit 2,1 %. Private Gesellschafter gibt es nicht.

5.   Seit 2008, d. h. nach dem Bau der Start- und Landebahn Süd, dient der Flughafen Leipzig/Halle in erster Linie als Frachtflughafen für DHL Express (5), Lufthansa Cargo und andere Frachtunternehmen. 2009 wurden etwa 524 000 Tonnen transportiert.

2.1.   Die Infrastrukturprojekte im Überblick

6.   Die angemeldeten Maßnahmen umfassen folgende Infrastruktur- und infrastrukturbezogene Projekte:

Nummer

Bezeichnung

Budgetierte Kosten/erwartete Kosten (EUR)

M1

Grunderwerb/Absiedlung/Lärmschutz/landschaftspflegerische Begleitplanung

[…]

M2

Triebwerkslaufstand

[…]

M3

Rollweg und Rollbrücke „E7“

[…]

M4

Verlängerung Start- und Landebahn Nord: Planungskosten

[…]

M5

Herstellung Baufreiheit für Rollbahn Victor nebst Neubau Feuerwachen / Mehrzweckhalle

[…]

M6

Parallele Rollbahn Victor

[…]

M7

Ergänzung von Enteisungsflächen

[…]

M8

Heliport

[…]

M9.1–M9.4

Infrastrukturelle Zusatzmaßnahmen:

Neubau Kontrollpunkt 1

Funktionsgebäude Sicherheit

Beschaffung Ausrüstungstechnik

Animal Farm

[…]

M10

Ergänzender Lärmschutz

[…]

M11

Landseitige Erschließung Bereich Südost Phase I

[…]

M12

Planfeststellungsverfahren Erweiterung Süd

[…]

M13

Vorfelderweiterung Nord

[…]

M14

Vorfelderweiterung Ost

[…]

M15

Anpassung Infrastruktur

[…]

M16

Infrastrukturelle Zusatzmaßnahmen:

Erweiterung Hangar Nordbereich (M16.1)

GAT-Neubau und Kleinflugzeughalle (M16.2)

[…]

Summe

 

255,625 Mio.

7.   M1 – Umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen (einschließlich Grunderwerb/Absiedlung/Lärmschutz/landschaftspflegerische Begleitplanung): Gemäß Planfeststellungsbeschluss zur Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld (6) ist der Flughafen Leipzig/Halle verpflichtet, umfangreiche Schallschutzmaßnahmen im Nachtschutzgebiet des Flughafens durchzuführen. Das Nachtschutzgebiet sollte ursprünglich eine Fläche von etwa 211 km2 und rund 6 000 Wohnhäusern umfassen. Nach der ersten Neuberechnung des Nachtschutzgebietes Ende Februar 2009 muss das ursprüngliche Schutzgebiet um rund 4 000 Wohnhäuser ausgeweitet werden. Die Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen hat Mitte 2005 begonnen und dürfte gegen 2012 abgeschlossen sein.

8.   M2 – Triebwerkslaufstand: Am Flughafen Leipzig/Halle ist in den Jahren 2007/2008 ein neuer Triebwerkslaufstand errichtet worden. Der 24-Stunden-Betrieb des Flughafens Leipzig/Halle macht Einrichtungen für Triebwerksprobeläufe sowohl am Tag als auch in der Nacht erforderlich. Um die durch die zuständige Behörde vorgegebenen Grenzwerte in der Umgebung schalltechnisch einzuhalten, musste der Triebwerksprobelaufstand als geschlossenes Bauwerk errichtet werden.

9.   M3 – Rollweg und Rollbrücke „E7“: Um die vorhandenen Rollwege und Rollbrücken zu entlasten sowie Ersatz bei Unfällen und Störungen zu schaffen, müssen im Osten des Flughafens der Rollweg und die Rollbrücke „E7“ errichtet werden. Dieses Infrastrukturprojekt gliedert sich unter technischen Gesichtspunkten in die folgenden drei Teilprojekte: Rollbrücke (7), Rollweg und technische Ausrüstung (Befeuerung). Mit dem Infrastrukturprojekt wurde 2008 begonnen.

10.   M4 – Verlängerung der Start- und Landebahn Nord (Planungskosten) von derzeit 3 600 m auf 3 800 m: Durch die Verlängerung der Start- und Landebahn Nord soll das Starten von Frachtflugzeugen mit hohem Startgewicht ohne Nutzlastbeschränkungen am Flughafen Leipzig/Halle gewährleistet werden. Mit der Planung dieses Infrastrukturprojekts wurde im Jahr 2008 begonnen.

11.   M5 – Herstellung der Baufreiheit für Rollbahn „Victor“ und Neubau Feuerwachen/Mehrzweckhalle I: Die Feuerwache und die Mehrzweckhalle müssen abgerissen und neu errichtet werden. Der Abriss der Objekte und die Neuerrichtung der Mehrzweckhalle und der Feuerwehrwache in veränderter Lage sind zwingend erforderlich, um die Hindernisfreiheit im südlichen Rollverkehr am Flughafen Leipzig/Halle zu gewährleisten. Die Rohbauarbeiten für die Neuerrichtung der Mehrzweckhalle I und der Feuerwache haben im Mai 2009 begonnen; das Projekt soll 2011 abgeschlossen werden. In der neuen Mehrzweckhalle soll das Winterdienstgerät untergebracht werden. Im Rahmen der Bauarbeiten soll auch eine Feuerwehrübungsanlage errichtet werden.

12.   M6 – Parallele Rollbahn „Victor“: Der Anmeldung zufolge ist die Errichtung der Rollbahn „Victor“ zwischen zwei bestehenden Rollwegen zur Abdeckung der weiter steigenden Kapazitäten am Flughafen Leipzig/Halle und zur Abdeckung der Kapazitäten in Spitzenzeiten und bei Ostwetterlagen im Südwesten des Flughafens zwingend erforderlich.

13.   M7 – Ergänzung von Enteisungsflächen: Deutschland erläutert, dass die zusätzlichen Enteisungsflächen bei steigender Auslastung des Flughafens Leipzig/Halle zur reibungslosen Durchführung der Flugzeugenteisung und zur Vermeidung von Verspätungen durch eine unzureichende Infrastruktur erforderlich sind. Mit der Durchführung des Projekts wurde noch nicht begonnen, es soll allerdings 2011 abgeschlossen sein.

14.   M8 – Heliport: Am Flughafen Leipzig/Halle ist in den Jahren 2008/2009 durch Anpassung der Oberflächenstruktur und Markierung ein Hubschrauberabstellplatz geschaffen worden, der als Basis für die Flugrettung und damit für Notfalleinsätze dient. Die Nutzung des Flugfelds durch Drehflügler fällt unter die Betriebsgenehmigung des Flughafens. Die Entgeltordnung des Flughafens gilt in jedem Fall auch für die Nutzung der Einrichtung durch Hubschrauber. Der Heliport steht auch anderen Nutzern offen.

15.   M9.1-M9.4 – Infrastrukturelle Zusatzmaßnahmen

—   Neubau Kontrollpunkt I (M9.1): Der Kontrollpunkt I muss zur Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 (8) neu errichtet werden. Im Kontrollpunkt I sollen alle organisatorischen Aufgaben des Bereiches Sicherheit des Flughafens (Ausweis- und Schlüsselverwaltung, Sicherheitsschulung, Führungsaufgaben) und Kontrollaufgaben (z. B. Personen- und Warenkontrolle) sowie Sicherheitsdienstleistungen (z. B. Besucherservice, VIP) konzentriert werden.

—   Funktionsgebäude Sicherheit (M9.2): Das neue Funktionsgebäude Sicherheit wird von der Bundespolizei, der Landespolizei, der Zollverwaltung und dem Deutschen Wetterdienst genutzt werden.

—   Beschaffung Ausrüstungstechnik (M9.3): In Anpassung an die neue Infrastruktur muss am Flughafen Leipzig/Halle sodann auch zusätzliche Ausrüstungstechnik für den Winterdienst und ergänzende Feuerwehrgerätetechnik angeschafft werden. Daneben muss auch der Flughafenaußenzaun mit Detektoren nebst digitaler Videoanlage technisch nachgerüstet werden (inkl. Videoüberwachungsanlage auf digitaler Basis mit intelligenter Bewegungserkennung). Mit den Investitionen wurde 2008 begonnen.

—   „Animal Farm“ (M 9.4): Dieses Projekt betrifft die Errichtung eines separaten Tiertransportgebäudes mit veterinärmedizinischen Anlagen am Flughafen Leizpig/Halle für Tierimporte und -exporte.

16.   M10 – Ergänzender Lärmschutz: Im Rahmen des weiteren Ausbaus und unter Berücksichtigung der prognostizierten weiteren Entwicklung des Luftverkehrs insgesamt und insbesondere des Luftfrachtverkehrs am Flughaben Leipzig/Halle steht zu erwarten, dass mittelfristig weitere Lärmschutzmaßnahmen (und hiermit im Zusammenhang stehende Maßnahmen) nötig sein.

17.   M11 – Landseitige Erschließung Bereich Südost Phase I: Am Flughafen Leipzig/Halle sollen die östlich an die vorhandenen landseitigen Einrichtungen (Hangar und Betriebsgebäude) angrenzenden Flächen mit Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Strom, Wasser, Abwasser, Regenwasser) bis 2010 vollständig erschlossen werden; mit den Arbeiten wurde 2008 begonnen. Nachdem der bestehende Kreisverkehr am Luftfrachtumschlagsbahnhof an die öffentlichen Straßen angebunden worden ist, müssen weitere Schallschutzmaßnahmen vorgenommen werden.

18.   M12 – Planfeststellungsverfahren Erweiterung Süd: Am Flughafen Leipzig/Halle soll langfristig die Start- und Landebahn Süd (3 600 m) mit Vorfeld ausgebaut werden. Hierfür muss ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden.

19.   M13 – Vorfelderweiterung Nord: Nach einer Studie ist es erforderlich, bis zum Jahr 2020 zwölf zusätzliche Standplätze zu errichten. Der Studie zufolge wird sich ein zusätzlicher Bedarf insbesondere auf dem Vorfeld Nord ergeben. Mit dem Ausbau von Abfertigungseinheiten im Norden des Flughafens und der Inanspruchnahme von Baurechten kann ein gleichmäßigeres Verhältnis bei der Verteilung der Flugbewegungen auf den beiden Start- und Landebahnen erreicht werden.

20.   M14 – Vorfelderweiterung Ost: Die Grenze des Vorfelds Ost soll nach Süden verschoben werden, um die erforderlichen Hindernisfreiflächen für die Start- und Landebahnen zu gewährleisten. Zudem bedarf es eines Anschlusses des Vorfelds an das Rollwegesystem nebst Enteisungspositionen.

21.   M15 – Anpassung Infrastruktur: Die Abfertigungsanlagen im Nordbereich müssen dem Neubau des Vorfelds im Nordbereich und der Verlagerung von Frachtfunktionen in diesem Bereich angepasst werden. Hierzu soll der Hangar inkl. erforderlicher Nebenfunktionen für ein Luftfahrzeug der Kategorie F ausgelegt werden.

22.   M16.1-M16.2: Infrastrukturelle Zusatzmaßnahmen

—   Erweiterung Hangar Nordbereich (M16.1): Bau eines neuen Vorfelds im Nordbereich und Verlagerung von Frachtfunktionen in diesen Bereich sowie Vorhaltung von Wartungsplätzen. Die Realisierung der Maßnahme soll Anfang 2011 beginnen und bis Ende 2011 abgeschlossen sein.

—   GAT-Neubau und Kleinflugzeughalle (M16.2): Es müssen ein neues Aviation Terminal (GAT) sowie eine Kleinflugzeughalle gebaut werden. Das ehemalige GAT wurde im Zuge der Errichtung der neuen Start- und Landebahn Süd abgebrochen.

23.   Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die Infrastruktur- und infrastrukturbezogenen Projekte als Sicherheitsmaßnahmen angesehen werden können und ihre Finanzierung lediglich einen Kostenausgleich für die Übernahme hoheitlicher Aufgaben darstellt. Den Maßnahmen liegt weder ein Geschäftsplan zugrunde noch erfolgt die Finanzierung amortisationsbezogen. Daher fallen die angemeldeten Maßnahmen nach Auffassung der Bundesregierung nicht in den Anwendungsbereich der Vorschriften für staatliche Beihilfen. Die zu finanzierenden Infrastrukturen stehen, soweit ihrer Art nach geeignet, allen Nutzern unterschiedslos und diskriminierungsfrei zur Verfügung.

2.2.   Finanzierung der Infrastruktur- und infrastrukturbezogenen Projekte

Finanzierung durch Gesellschafterdarlehen

24.   Die Infrastruktur- und infrastrukturbezogenen Projekte wurden zunächst durch Gesellschafterdarlehen finanziert, die allerdings erst nach Genehmigung der Finanzierung des Infrastrukturprojekts durch die Europäische Kommission in Eigenkapital umgewandelt werden. Nach Auffassung der Bundesregierung werden die Gesellschafterdarlehen zu marktüblichen Konditionen gewährt und stellen daher keine staatliche Beihilfe dar.

25.   Nachstehender Übersicht sind die an die MFAG und die FLH ausgereichten Gesellschafterdarlehen zu entnehmen. Die vorgelegten Angaben beziehen sich lediglich auf den Zeitraum bis Ende 2011.

Tabelle 1

Gesellschafterdarlehen an die MFAG

Zu finanzierende Maßnahmen

Gesellschafter

Laufzeit

Kumulierter Betrag

M1 und M2

Freistaat Sachsen

2009-2011

[…]

Land Sachsen-Anhalt

[…]

Stadt Dresden

[…]

Stadt Leipzig

[…]

Stadt Halle

[…]

M3 bis M7 und M11

Freistaat Sachsen

2006-2011

[…]

Land Sachsen-Anhalt

[…]

Stadt Leipzig

[…]

Stadt Halle

[…]

M8, M12 und M15

Freistaat Sachsen

2010-2011

[…]

Land Sachsen-Anhalt

[…]

Stadt Leipzig

[…]

Stadt Halle

[…]

Summe

 

 

[…]


Tabelle 2

Gesellschafterdarlehen an die FLH

Zu finanzierende Maßnahmen

Gesellschafter

Laufzeit

Kumulierter Betrag

M1 und M2

MFAG

2009-2011

[…]

Freistaat Sachsen

[…]

Landkreis Nordsachsen

[…]

Stadt Schkeuditz

[…]

M3 bis M7 und M11

Freistaat Sachsen

2006-2011

[…]

MFAG

[…]

M8, M12 und M15

Freistaat Sachsen

2010-2011

[…]

MFAG

[…]

Summe

 

 

[…]

26.   Hinsichtlich der zu zahlenden Zinssätze wird die jeweilige Tranche ab Auszahlungszeitpunkt auf Basis des für den Auszahlungstag gültigen [<12 Monate]-EURIBOR zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zuzüglich einer Marge von [<100] bis [<100] Basispunkten verzinst. Die Bankenmarge ermittelt sich aus dem aufgerundeten Durchschnitt von drei Bankangeboten ([…],[…]und […]). Die Zinsen sind jeweils zum Darlehensende (31. Dezember eines Jahres) fällig. Es besteht die Möglichkeit, den fälligen Darlehensbetrag sowie die zum 31. Dezember eines Jahres fälligen Zinsen durch eine erneute Darlehensaufnahme marktüblich zu prolongieren.

27.   Gesellschafterdarlehen 2006–2008: Als Grundlage für die Konditionen der Gesellschafterdarlehen zwischen 2006 und 2008 diente ein Darlehensvertrag zwischen der […] und der MFAG: Basiszinssatz ist der [<12 Monate]-EURIBOR zuzüglich einer Marge von [<100] Basispunkten. Die durchschnittliche Marge, die sich aus den drei Bankangeboten ergab, betrug [<100] Basispunkte und wurde auf [<100] Basispunkte erhöht.

28.   Gesellschafterdarlehen 2009: Für das Jahr 2009 wurde als Basiszinssatz der [<12 Monate]-EURIBOR zuzüglich einer Marge von [<100] Basispunkten zugrunde gelegt. Die durchschnittliche Marge, die sich aus den drei Bankangeboten ergab, betrug [<100] Basispunkte und wurde auf [<100] Basispunkte erhöht.

29.   Gesellschafterdarlehen 2010: Für das Jahr 2010 wurde als Basiszinssatz der [<12 Monate]-EURIBOR zuzüglich einer Marge von [<100] Basispunkten zugrunde gelegt. Die durchschnittliche Marge, die sich aus den drei Bankangeboten ergab, betrug [<100] Basispunkte und wurde auf [<100] Basispunkte aufgerundet, was der Marge für Unternehmen mit AAA-Rating bei hoher Besicherung gemäß der Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze (im Folgenden „Mitteilung über die Referenzsätze“) (9) entspricht.

Finanzierung durch Kapitalzuführungen

30.   Die Finanzmittel zum Ausgleich der Kosten für Infrastruktur- und infrastrukturbezogene Projekte belaufen sich der Anmeldung zufolge auf insgesamt 255,624 Mio. EUR. Davon sollen insgesamt 240,2875 Mio. EUR in die Kapitalrücklage der MFAG eingestellt und zweckgebunden an die FLG zur Erhöhung ihrer eigenen Kapitalrücklage weitergeleitet werden. Der verbleibende Betrag soll von den Gesellschaftern der FLH direkt der Kapitalrücklage der FLH zugeführt werden.

31.   Nach Angaben der Bundesregierung handelt es sich bei der angemeldeten Finanzierung von Infrastrukturprojekten nicht um eine Eigenkapitalerhöhung im Sinne einer Grundkapitalerhöhung nach § 182 AktG bei der MFAG oder einer Stammkapitalerhöhung nach § 55 GmbHG bei der FLG. Vielmehr handele es sich ausschließlich um das zur Verfügungstellen der Finanzmittel, um die Kosten zu finanzieren, die den Gesellschaften dadurch entstehen, dass sie die Aufträge der Gesellschafter, also die Aufträge der öffentlichen Hand, durchführen.

32.   Mit der Durchführung der mit den geplanten Kapitalzuführungen zu finanzierenden Infrastrukturprojekte wurde teilweise schon begonnen. Vor Beginn der jeweiligen Projekte hat die öffentliche Hand jeweils zum Ausdruck gebracht, diese Maßnahmen finanzieren zu wollen. Was die Finanzierung der Kosten in Höhe von […] Mio. EUR für die infrastrukturellen Zusatzmaßnahmen (d. h. M9, M10 und M16) angeht, soll über eine Kapitalerhöhung erst nach einem Beschluss der Europäischen Kommission befunden werden.

33.   Die Kapitalzuführungen selbst sind noch nicht erfolgt.

3.   BEIHILFENRECHTLICHE WÜRDIGUNG

34.

Nach Auffassung der Kommission könnte es sich bei nachstehenden Maßnahmen um staatliche Beihilfen zugunsten der MFAG oder/und der FLH handeln:

Gesellschafterdarlehen an die MFAG

Kapitalzuführungen für die MFAG

Gesellschafterdarlehen an die FLH

Kapitalzuführungen für die FLH.

3.1.   Vorliegen einer staatlichen Beihilfe

35.

Nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV „sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beinträchtigen.“

36.

Die Kriterien des Artikels 107 Absatz 1 AEUV müssen kumulativ erfüllt sein. Um festzustellen, ob die angemeldeten Maßnahmen staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV darstellen, ist daher zu prüfen, ob alle nachfolgend aufgeführten Bedingungen erfüllt sind. Die finanzielle Unterstützung

wird vom Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährt,

begünstigt bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige,

verfälscht den Wettbewerb oder droht ihn zu verfälschen und

beeinträchtigt den Handel zwischen Mitgliedstaaten.

Konzept des Unternehmens und der wirtschaftlichen Tätigkeit

37.

Entscheidend für das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe ist die Frage, ob der Begünstigte eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt (10).

38.

Wie das Gericht der Europäischen Union in seinem Urteil in der Rechtssache Flughafen Leipzig/Halle bestätigte, ist die Verwaltung von Flughafeninfrastruktur eine wirtschaftliche Tätigkeit, von der die Tätigkeit des Baus einer Flughafeninfrastruktur nicht losgelöst werden kann (11). Sobald ein Flughafenbetreiber, unabhängig von seiner Rechtsform und der Art seiner Finanzierung, eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, stellt er ein Unternehmen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV dar und unterliegt den Vorschriften des Vertrags über staatliche Beihilfen (12).

39.

Das Gericht stellte in seinem Urteil in der Rechtssache „Flughafen Leipzig/Halle“ ferner klar, dass es unerheblich ist, ob der Bau oder Ausbau einer Flughafeninfrastruktur regional-, wirtschafts- oder verkehrspolitische Ziele verfolgt. Nach ständiger Rechtsprechung ist nicht ausschlaggebend, welche Ziele mit spezifischen Maßnahmen verfolgt werden, sondern vielmehr, welche Wirkungen sie haben (13).

40.

Hierzu stellt die Kommission fest, dass die Infrastruktur, die Gegenstand dieses Beschlusses ist, von den Flughafenbetreibern FLH und/oder MFAG kommerziell betrieben werden wird. Damit handelt es sich um eine kommerziell nutzbare Infrastruktur. Die Flughafenbetreiber FLH und/oder MFAG verlangen für die Nutzung dieser Infrastruktur Gebühren. Die Infrastruktur steht keinem Nutzer unentgeltlich im allgemeinen Interesse zur Verfügung. FLH und MFAG sind daher Unternehmen im Sinne des EU-Wettbewerbsrechts.

41.

Allerdings sind nicht alle Aktivitäten eines Flughafenbetreibers notwendigerweise wirtschaftlicher Art. Vielmehr muss festgestellt werden, inwieweit die einzelnen Aktivitäten wirtschaftliche Tätigkeiten darstellen oder nicht (14).

42.

Wie der Gerichtshof festgestellt hat, gehören Tätigkeiten, für die normalerweise der Staat aufgrund seiner hoheitlichen Befugnisse zuständig ist, nicht zu den Tätigkeiten wirtschaftlicher Art und unterliegen daher nicht den Vorschriften über staatliche Beihilfen. Zu nennen sind hier die Bereiche Gefahrenabwehr, Flugsicherung, Polizei, Zoll usw. (15) Die für diese Tätigkeiten vorgesehenen Finanzmittel müssen unbedingt streng auf den Ausgleich der durch diese Tätigkeiten verursachten Kosten beschränkt bleiben und dürfen nicht stattdessen für Tätigkeiten wirtschaftlicher Art verwendet werden (16).

43.

Nach ständiger Beschlusspraxis der Kommission (17) stellt die Finanzierung von Funktionen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder von damit verbundenen Infrastrukturen folglich keine staatliche Beihilfe dar. Damit kann eine Infrastruktur, die beispielsweise aus Sicherheitsgründen benötigt wird oder die für die Kontrolle und Überwachung des Luftverkehrs und des Luftraums notwendig ist, aus öffentlichen Mitteln finanziert werden (18).

44.

Die Kommission muss daher prüfen, welcher Art die am Flughafen Leipzig/Halle durchgeführten Infrastrukturmaßnahmen sind.

45.

Die Bundesregierung macht geltend, dass es sich bei den in Rede stehenden Maßnahmen um Sicherheitsmaßnahmen handelt, die nicht den EU-Beihilfevorschriften unterliegen.

46.

Nach der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt (19) bezeichnet der Ausdruck „‚Luftsicherheit‘ die Kombination von Maßnahmen sowie von personellen und materiellen Ressourcen, die dazu dienen, die Zivilluftfahrt vor unrechtmäßigen Eingriffen zu schützen.“

47.

Die gemeinsamen grundlegenden Normen für Sicherheitsmaßnahmen im Luftverkehr stützen sich auf die Empfehlungen des Dokuments 30 der Europäischen Zivilluftfahrtkonferenz (ECAC) und sind im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 niedergelegt.

48.

In Deutschland ist das Luftfahrt-Bundesamt für die Überwachung von Sicherungsmaßnahmen im Luftverkehr zuständig (20). Seit dem 15. Januar 2005 gilt in Deutschland auch das Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG). Das Gesetz soll die Zivilluftfahrt vor Terroranschlägen und Sabotage schützen.

49.

Die Kommission hält fest, dass die in Rede stehenden Maßnahmen für wirtschaftliche Tätigkeiten eines Flughafenbetreibers unerlässlich sind und es einem Flughafen somit erst ermöglichen, seine wirtschaftliche Haupttätigkeit auszuüben.

50.

Unter diesen Umständen gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass lediglich einige der angemeldeten Maßnahmen in den Bereich der Luftsicherheit fallen und daher nicht als staatliche Beihilfen anzusehen sein könnten.

a)   M1 (Umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen), M2 (Triebwerkslaufstand) und M10 (Ergänzender Lärmschutz):

51.

Nach Angaben der Bundesregierung dienen diese Maßnahmen der hoheitlichen Aufgabenerfüllung, da es sich um sicherheitsrelevante Maßnahmen im EU-rechtlichen Sinne handele. Die Maßnahmen würden insbesondere die Anwohner und die Umwelt schützen und somit der Sicherheit dienen.

52.

Nach Auffassung der Kommission decken die Mittel Kosten, die alle Flughäfen — ob privat oder öffentlich — zu tragen hätten, da sie aus der Erfüllung von Verwaltungsauflagen entstehen. Die Lärmschutzmaßnahmen tragen zur Verbesserung der Flughafeninfrastruktur bei. Ohne die Maßnahmen würde Leizpig/Halle keine Genehmigung für Nachtflüge erhalten. Daher verfolgen die Maßnahmen den Zweck, Fluggesellschaften anzuziehen, und zwar in erster Linie Expressfrachtdienste, die auch in der Nacht Flugleistungen erbringen; die Maßnahmen erhöhen somit insbesondere für den Frachtverkehr die Kapazität und Attraktivität des Flughafens. Folglich wird durch die Maßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens gegenüber konkurrierenden Flughäfen verbessert.

53.

Die Kommission hält fest, dass die obengenannten Lärmschutzmaßnahmen der Verringerung der Lärmimmissionen dienen. Ein Umweltschaden kann als Schaden betrachtet werden, den der Verursacher herbeiführt, indem er die Umwelt direkt oder indirekt belastet oder die Voraussetzungen für eine solche Belastung — in diesem Fall des menschlichen Wohlbefindens — schafft. Lärmschutzmaßnahmen betreffen jedoch nicht notwendigerweise die Luftfahrt selbst und schützen keinesfalls die Zivilluftfahrt vor unrechtmäßigen Eingriffen.

54.

Die Kommission vertritt daher die Auffassung, dass die Lärmschutzmaßnahmen nicht als Sicherheitsmaßnahmen einzustufen sind und folglich staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV darstellen.

b)   M4 (Verlängerung der Start- und Landebahn Nord (Planungskosten)), M13 (Vorfelderweiterung Nord), M15 (Anpassung Infrastruktur) und M16 (Infrastrukturelle Zusatzmaßnahmen):

55.

Start- und Landebahnen sowie Vorfelder werden vom Flughafenbetreiber auf gewerblicher Basis betrieben; damit handelt es sich um kommerziell nutzbare Infrastruktur. In der in Rede stehenden Sache soll die Bahnverlängerung gewährleisten, dass Frachtflugzeuge mit hohem Startgewicht ohne Nutzlastbeschränkungen starten können. Die Erweiterung des Vorfelds dürfte für eine bessere Verteilung der Flugbewegungen sorgen. Folglich kann durch die Maßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens auf dem Luftfrachtmarkt verbessert werden.

56.

Da die Maßnahmen M15 und M16 den Zweck verfolgen, die Infrastruktur infolge der Maßnahmen M4 und M13 anzupassen, sollten sie nicht getrennt, sondern in diesem Zusammenhang beurteilt werden.

57.

Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die in Rede stehenden Maßnahmen wirtschaftlicher Art sind und folglich den Vorschriften über staatliche Beihilfen unterliegen.

c)   M3 (Rollweg und Rollbrücke „E7“), M5 (Herstellung Baufreiheit für Rollbahn Victor nebst Neubau Feuerwachen/Mehrzweckhalle) und M6 (Parallele Rollbahn „Victor“):

58.

Nach Angaben der Bundesregierung ist die Maßnahme M3 erforderlich, um Unfällen vorzubeugen und Engpässe im Betrieb von FLH zu vermeiden. Die Maßnahme M6 dient dem weiteren Ausbau der Kapazitäten am Flughafen Leipzig/Halle und der Abdeckung der Kapazitäten bei Ostwetterlagen im Südwesten des Flughafens. Der im Rahmen der Maßnahme M5 erfolgende Abriss der Objekte und die Neuerrichtung der Mehrzweckhalle I und der Feuerwache in veränderter Lage sind zwingend erforderlich, um die Hindernisfreiheit im südlichen Rollverkehr am Flughafen Leipzig/Halle zu gewährleisten, da eine alternative Rollwegführung ausscheidet.

59.

Auf einem Flughafen verbinden Rollbahnen Start- und Landebahnen mit Abfertigungsfeldern, Flugzeughallen, Terminals und anderen Einrichtungen. Auf diese Weise machen die Luftfahrzeuge die Start- bzw. Landebahn frei, so dass andere Luftfahrzeuge starten oder landen können. Nach Auffassung der Kommission sind Rollbahnen und Rollbrücken daher von Start- und Landebahnen nicht zu trennen, für die der Flughafenbetreiber Nutzungsentgelte erhebt, was folglich eine wirtschaftliche Tätigkeit des Flughafens darstellt. Die Angaben der Bundesregierung bestätigen, dass der Bau angesichts des Verkehrsaufkommens und des Verkehrsflusses zwingend erforderlich ist. Sonst könnten der Flughafen und die Fluggesellschaften nicht vom erwarteten Anstieg des Verkehrsaufkommens profitieren bzw. müsste das derzeitige Verkehrsaufkommen gedrosselt werden. Dies steht nicht im Widerspruch zu der Tatsache, dass eine sichere Nutzung einer bestimmten Anzahl von Rollbahnen und Rollbrücken nur für ein begrenztes Verkehrsaufkommen gewährleistet werden kann.

60.

Zur Maßnahme M5 stellt die Kommission fest, dass selbst wenn die Infrastrukturkosten sich nicht ausschließlich unmittelbar auf den Bau der neuen Rollbahn beziehen, die Herstellung der Baufreiheit und der Abbruch einschließlich des Neubaus von Einrichtungen doch mit demselben Ziel des Baus der neuen Rollbahn erfolgen. Die Infrastrukturkosten sind daher nicht getrennt vom Bau der Rollbahn, sondern im Zusammenhang damit zu prüfen.

61.

Ferner scheinen diese Maßnahmen die Zivilluftfahrt nicht gegen unrechtmäßige Eingriffe zu schützen. Die in Rede stehenden Maßnahmen fallen nach Auffassung der Kommission folglich nicht in den hoheitlichen Aufgabenbereich.

62.

Die Kommission gelangt daher zu dem Schluss, dass die in Rede stehenden Maßnahmen wirtschaftlicher Art sind und den EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen unterliegen.

d)   M7 – Ergänzung von Enteisungsflächen:

63.

Der Anmeldung zufolge ist die Ergänzung der bestehenden Enteisungsflächen aufgrund des steigenden Verkehrsaufkommens auf dem Flughafen erforderlich, um Verspätungen bei den Linienflügen zu verhindern. Ferner entstünden die mit dem Projekt verbundenen Kosten maßgeblich durch umweltschutzrechtliche Auflagen. Auch in diesem Fall macht die Bundesregierung sicherheitsrelevante Aspekte geltend. Zudem würden die Einnahmen aus den vom Flughafen erbrachten Enteisungsdiensten nicht die Kosten für die Errichtung der Infrastruktur abdecken.

64.

Die Kommission stellt fest, dass die Enteisungsdienste für Luftfahrtunternehmen gegen Entgelt erbracht werden. Sie gehören zu den grundlegenden Dienstleistungen eines jeden Flughafens. Je mehr diese Dienstleistungen erbracht werden, desto mehr Flüge können von dem Flughafen abgehen und desto höher sind die Einnahmen des Flughafens. Darüber hinaus kommt es im Rahmen der Einstufung einer Tätigkeit als wirtschaftliche Tätigkeit nicht darauf an, dass sie nicht rentabel sein mag (21). Folglich scheinen Enteisungsdienste nicht von der wirtschaftlichen Nutzung eines Flughafens getrennt werden zu können und sind daher als wirtschaftliche Tätigkeiten anzusehen.

e)   M8 – Heliport:

65.

Die Maßnahme umfasst die Schaffung eines Hubschrauberabstellplatzes, der als Basis für die Flugrettung dienen wird.

66.

Nach Auffassung der Kommission erleichtert der Bau eines Heliports die Flugrettung und erhöht somit allgemein die Sicherheit des Flughafenbetriebs (z. B. im Fall von Unfällen). Die Bereitstellung eines Heliports für Rettungsdienste scheint damit in den hoheitlichen Aufgabenbereich gemäß der Definition des Gerichtshofs zu fallen (vgl. Randnrn. 41-42).

67.

Jedoch hält die Kommission fest, dass auch andere Nutzer Zugang zu dem Heliport haben werden. Er wird demnach nicht ausschließlich für Flugrettungsleistungen genutzt werden.

68.

Im derzeitigen Stadium des Verfahrens kann die Kommission nicht ausschließen, dass der Heliport von anderen Flughafennutzern gegen Entgelt genutzt wird, und somit nicht den Schluss ziehen, dass die Kosten auf Dienstleistungen begrenzt sind, die in den hoheitlichen Aufgabenbereich fallen.

69.

Für den Fall, dass der finanzielle Beitrag sich auf die Kosten für einen Heliport beschränken, der ausschließlich für die Flugrettung genutzt wird, vertritt die Kommission folglich die vorläufige Auffassung, dass diese Maßnahmen keine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV darstellt. Die Kommission ersucht Deutschland um weitere Erläuterung der Kosten und der Nutzung des in Rede stehenden Heliports.

f)   M9 – Infrastrukturelle Zusatzmaßnahmen:

70.

Die Maßnahmen M9.1 und M9.2 umfassen den Neubau des Kontrollpunkts I zur Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 und die Errichtung eines Funktionsgebäudes Sicherheit für den Bedarf der Bundespolizei, der Landespolizei, der Zollverwaltung und des Deutschen Wetterdienstes. Diese Tätigkeiten scheinen in den hoheitlichen Aufgabenbereich entsprechend der Definition des Gerichtshofs zu fallen (vgl. Randnrn. 41-42). Da der finanzielle Beitrag laut Anmeldung außerdem auf die entstehenden Kosten beschränkt ist, vertritt die Kommission die vorläufige Auffassung, dass diese Maßnahmen keine staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV darstellen.

71.

Die im Rahmen von M9.3 angemeldeten Maßnahmen beziehen sich ausdrücklich auf Ausrüstungstechnik für den Winterdienst, die die parallele Räumung der Startbahnen ermöglicht. Unter Bezugnahme auf die ständige Rechtsprechung (22) vertritt die Kommission die vorläufige Auffassung, dass die Schaffung technischer Einrichtungen einschließlich optischer Hilfen, Präzisionsinstrumente, Navigationswerkzeuge, Markierungen und meteorologischer Anlagen staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV darstellen.

g)   M9.4 – Animal farm:

72.

Hierbei handelt es sich um die Errichtung eines Gebäudes, das gewährleisten soll, dass Erreger von Tierseuchen oder anderer Krankheiten nicht aus Drittstaaten nach Deutschland und in die EU gelangen.

73.

Nach Auffassung der Kommission dient die Maßnahme mehr dem Gesundheitsschutz als der Verhinderung unrechtmäßiger Eingriffe. Ferner wird die Anlage Animal Farm es dem Betreiber des Flughafens Leipzig/Halle ermöglichen, Leistungen für den Import bzw. Export von Tieren aus bzw. in Drittstaaten zu erbringen.

74.

Daher fällt diese Maßnahme nach Auffassung der Kommission nicht in den hoheitlichen Aufgabenbereich und unterliegt den EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen.

h)   M11 – Landseitige Erschließung Bereich Südost Phase I:

75.

Die Maßnahme umfasst die Ausrüstung vorhandener Gebäude mit Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Strom, Wasser, Abwasser, Regenwasser) sowie ergänzende Lärmschutzmaßnahmen. Diese Investitionen betreffen keine Tätigkeiten, die normalerweise in den hoheitlichen Aufgabenbereich des Staates fallen, sondern tragen vielmehr zur Verbesserung von Infrastruktur bei, die kommerziell genutzt wird; es handelt sich folglich um eine wirtschaftliche Tätigkeit.

i)   M12 – Planfeststellungsverfahren Erweiterung Süd (Start- und Landebahn mit Vorfeld) und M14 (Vorfelderweiterung Ost):

76.

Wie oben angegeben, wird der Betrieb der Start- und Landebahn und des Vorfelds nach ständiger Rechtsprechung als wirtschaftliche Tätigkeit angesehen.

3.1.1.    Beihilfecharakter der Gesellschafterdarlehen an die MFAG und der Kapitalzuführungen der MFAG-Gesellschafter

Staatliche Mittel und Zurechenbarkeit

77.

Wie vom Gerichtshof (23) festgestellt, können Maßnahmen als staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV qualifiziert werden, wenn sie a) indirekt oder direkt aus staatlichen Mitteln finanziert werden und b) dem Staat zurechenbar sind.

78.

In der vorliegenden Sache übte der Staat zu jedem Zeitpunkt eine direkte oder indirekte Kontrolle über die fraglichen Mittel aus. Die Gesellschafterdarlehen an die MFAG und die Kapitalzuführungen werden aus staatlichen Mitteln (z. B. Haushalt des Freistaates Sachsen, Haushalt des Landes Sachsen-Anhalt und Haushalte der Städte Dresden, Halle und Leipzig) gedeckt. Die Entscheidung, diese staatlichen Mittel zu gewähren, ist der öffentlichen Hand zuzurechnen, da der öffentliche Gesellschafter beschloss, die Gesellschafterdarlehen und die Kapitalzuführungen für die MFAG gewähren.

Wirtschaftlicher Vorteil

79.

Es liegt eine staatliche Beihilfe vor, wenn die Maßnahme den Begünstigten einen Vorteil verschafft.

80.

In der vorliegenden Sache sollten die Gesellschafterdarlehen und die Kapitalerhöhungen für die MFAG an die FLH übertragen werden. Die MFAG ist deshalb eher als Durchleitungsstelle für den Mitteltransfer an die FLH zu betrachten und nicht selbst als Begünstigte.

Schlussfolgerung

81.

Aus den vorstehenden Erwägungen heraus betrachtet die Kommission die MFAG nicht als getrennte Begünstigte und kommt zu dem Schluss, dass auf der Ebene der MFAG keine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV vorliegt.

3.1.2.    Beihilfecharakter der Gesellschafterdarlehen zugunsten der FLH

Staatliche Mittel und Zurechenbarkeit

82.

Der Begriff der staatlichen Beihilfe erfasst jeden direkt oder indirekt gewährten Vorteil, der aus staatlichen Mitteln finanziert oder vom Staat selbst oder von einer zwischengeschalteten Stelle im Auftrag des Staates gewährt wird.

83.

In der vorliegenden Sache übte der Staat zu jedem Zeitpunkt eine direkte oder indirekte Kontrolle über die fraglichen Mittel aus. Die öffentlichen Gesellschafter der FLH und die MFAG, die ausschließlich öffentliche Gesellschafter hat, haben der FLH Gesellschafterdarlehen gewährt, um bis zur Genehmigung der Kapitalzuführungen durch die Kommission die Infrastruktur- und infrastrukturbezogenen Projekte am Flughafen Leipzig/Halle zu finanzieren (sogenannte „Überbrückungsfinanzierung“).

84.

Die Entscheidung, diese staatlichen Mittel zu gewähren, ist der öffentlichen Hand zuzurechnen, da die öffentlichen Gesellschafter beschlossen haben, das Gesellschafterdarlehen zu gewähren.

Wirtschaftlicher Vorteil

85.

Die Kommission prüft nach dem „Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers“, ob einem Unternehmen ein Darlehen zu Vorzugsbedingungen und damit ein wirtschaftlicher Vorteil gewährt worden ist. Nach diesem Grundsatz ist Kapital, das einem Unternehmen direkt oder indirekt vom Staat zu Bedingungen zur Verfügung gestellt wird, die den normalen Marktbedingungen entsprechen, nicht als staatliche Beihilfe zu betrachten (24).

86.

In der in Rede stehenden Sache muss die Kommission prüfen, ob dem begünstigten Unternehmen durch die von den FLH-Gesellschafter eingeräumten Kreditbedingungen ein wirtschaftlicher Vorteil entstanden ist, der ihm unter normalen Marktbedingungen nicht erwachsen wäre.

87.

Die Bundesregierung macht geltend, dass dem Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers uneingeschränkt Rechnung getragen worden sei, da die Gesellschafterdarlehen zu Marktbedingungen gewährt worden seien.

88.

Um zu beurteilen, ob das in Rede stehende Darlehen zu Vorzugsbedingungen gewährt wurde, prüft die Kommission ihrer Entscheidungspraxis gemäß, ob der Zinssatz für das fragliche Darlehen mit dem Referenzzinssatz der Kommission im Einklang steht. Der Referenzsatz wird anhand der Methode berechnet, die in der am 12. Dezember 2007 erlassenen Mitteilung über die Referenzsätze festgelegt ist.

89.

Als Ausgangspunkt für den Vergleich des fraglichen Zinssatzes mit dem Referenzsatz der Kommission ist nach Auffassung der Kommission das Datum des verbindlichen Rechtsakts für die Kreditvergabe (d. h. der Tag, an dem der Kreditvertrag zwischen den FLH-Gesellschaftern und dem Begünstigten unterzeichnet wurde) heranzuziehen.

90.

In der Mitteilung über die Referenzsätze ist die Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze festgelegt, die anstelle der marktüblichen Sätze verwendet werden. Die Referenzsätze werden auf der Grundlage von Interbanken-Angebotssätzen für ein Jahr (1-Jahres-IBOR) oder von Basissätzen, die um entsprechende Risikomargen erhöht werden, berechnet. Die Spannen reichen je nach Bonität des Unternehmens und der gebotenen Sicherheiten von 60 bis 1 000 Basispunkten. Unter normalen Umständen wird der Basissatz um 100 Basispunkte erhöht, in der Annahme, dass es sich um Darlehen an Unternehmen mit zufriedenstellendem Rating und hoher Besicherung oder um Unternehmen mit einem guten Rating und normaler Besicherung oder um ein Unternehmen mit sehr gutem Rating ohne Besicherung handelt. Bei Darlehensnehmern, die keine Bonitätsgeschichte und kein auf einem Bilanzansatz basierendes Rating haben, sollte der Basissatz der Mitteilung zufolge um mindestens 400 Basispunkte angehoben werden (je nach vorhandenen Sicherheiten gegebenenfalls um bis zu 1 000 Basispunkte).

91.

Basiszinssatz für die Gesellschafterdarlehen ist der [<12 Monate]-EURIBOR. Die Kommission stellt in Frage, dass in der vorliegenden Sache der 12-Monate-EURIBOR als Basiszinssatz für die Festlegung des Zinssatzes für das Darlehen heranzuziehen war. Wie weiter oben erläutert, ist laut Mitteilung der 1-Jahres-IBOR die Berechnungsgrundlage für den Basissatz. Der Mitteilung zufolge behält sich die Kommission das Recht vor, in Fällen, in denen dies sinnvoll erscheint, kürzere oder längere Laufzeiten zu verwenden, und wenn keine verlässlichen oder gleichwertigen Daten zur Verfügung stehen oder unter außergewöhnlichen Umständen eine andere Berechnungsgrundlage festzulegen; die Bundesregierung hat allerdings keine Argumente vorgebracht, die ein solches Vorgehen begründen würden. Hinsichtlich der Methode ist anzumerken, dass durchaus davon auszugehen ist, dass der [<12 Monate]-EURIBOR-Zinssatz unter normalen Umständen niedriger ist als die Zinssätze für längere Laufzeiten. Da die Laufzeit der in Rede stehenden Gesellschafterdarlehen länger als […] ist, fragt sich die Kommission, ob die Anwendung des [<12 Monate]-EURIBOR-Zinssatzes in der vorliegenden Sache gerechtfertigt ist.

92.

In der in Rede stehenden Sache wurde die Risikomarge auf der Grundlage von Finanzierungsangeboten von und laufenden Kreditverträgen bei drei Banken, und zwar […] (25), […] (26) und […] (27), ermittelt. Die nachstehende Tabelle enthält eine Gegenüberstellung der von den drei vorgenannten Banken angebotenen Risikomargen und der bei den Gesellschafterdarlehen zugrunde gelegten Risikomargen.

Gesellschafter–darlehen

Risikomarge in Basispunkten (BP) für Gesellschafter–darlehen

Angebot der […]

Angebot der […]

[…] (Darlehensvertrag vom 23. August 2003)

[…] (Darlehensvertrag vom Juni/Juli 2007)

Gesellschafter–darlehen 2006-2008

[<100] BP

[<100] BP

[<100] BP

[<100] BP

[<100] BP

Gesellschafter–darlehen 2009

[<100] BP

[<100] BP

[<100] BP

[<100] BP

[<100] BP

Gesellschafter–darlehen 2010

[<100] BP

[<100] BP

[<100] BP

[<100] BP

[<100] BP

93.

Da die Bonität der FLH bislang von keiner Rating-Agentur bewertet wurde, legte die Bundesregierung einen Telefonvermerk der MFAG vom 10. Oktober 2006 über ein Telefonat der MFAG mit der […] vom selben Tage vor, dem zufolge die MFAG von Seiten der Geschäftsbank […] ein sehr gutes Rating zugebilligt wurde, das dem Rating der deutschen Bundesländer entspricht. Nach Auffassung der Bundesregierung scheint dieses Rating auch für die FLH zu gelten. Die Bundesregierung macht geltend, dass beide Gesellschaften vollständig von staatlichen Einheiten gehalten werden und Flughafen-Infrastrukturen betreiben, die für die Entwicklung der FLH-Gesellschafter unverzichtbar seien. Eine Insolvenz der Gesellschaften sei daher unwahrscheinlich.

94.

Des Weiteren macht die Bundesregierung geltend, dass die geplanten Infrastrukturmaßnahmen bleibende Investitionen in die Immobilien der FLH seien und den Wert dieses Grundstückseigentums erhöhen würden, so dass für Darlehensgeber jederzeit und auf Dauer die Möglichkeit bestehe, aus Forderungen in die werthaltigen Flughafengrundstücke die Rückzahlung der Darlehen sicherzustellen. In diesem Zusammenhang argumentiert die Bundesregierung weiter, dass sich das Passagier- und Frachtaufkommen des Flughafens Leipzig/Halle außerordentlich positiv entwickele.

95.

Die Kommission stellt in Frage, dass unverbindliche, per E-Mail übermittelte Angebote, die nicht auf einen Abschluss rechtsverbindlicher Darlehensverträge abzielen und denen keine Bewertung der Ausfallwahrscheinlichkeit und Besicherung zugrunde liegt, als verlässliche Benchmark für marktübliche Konditionen betrachtet werden können.

96.

Die Kommission stellt ferner fest, dass auch der Darlehensvertrag vom 19./22. August 2003 zwischen der […] und der MFAG sich aus folgenden Gründen nicht als Benchmark eignet. Erstens, der Darlehensvertrag wurde zu einem anderen Zeitpunkt und mit einem anderen Darlehensnehmer (MFAG und nicht FLH) geschlossen. Zweitens, Gegenstand des Darlehensvertrags ist die Refinanzierung des Darlehens über die […] (28). Die […] konnte die Zinsmarge von [<100] BP nur aufgrund des geringeren Zinssatzes im Zuge der […]-Finanzierung bieten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfügt die Kommission über keine Informationen, denen zu entnehmen wäre, ob die […] eine Entscheidung über eine Kofinanzierung des Projekts getroffen hat. Deshalb kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Darlehensvertrag vom 19./22. August 2003 beihilfefrei ist.

97.

Des Weiteren stellt die Kommission fest, dass sich der Darlehensvertrag vom 28. Juni 2007 zwischen der […] und der MFAG aus folgenden Gründen ebenfalls nicht als Benchmark eignet. Erstens, auch dieser Darlehensvertrag wurde zu einem anderen Zeitpunkt und mit einem anderen Darlehensnehmer (MFAG und nicht FLH) geschlossen. Zweitens, die Gewährung des Darlehens war an konkrete Bedingungen geknüpft (z. B. Grundstückserwerb und Kapitalzuführungen der Gesellschafter in Höhe von 380 Mio. EUR).

98.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen der Kommission keine Informationen hervor, denen zu entnehmen wäre, ob die Gesellschafter der FLH eine Bewertung der Ausfallwahrscheinlichkeit vorgenommen haben, um die Risikomarge entsprechend festzusetzen.

99.

Unter diesen Umständen kann sich die Kommission bei ihrer Prüfung, ob die Gesellschafterdarlehen zu günstigen Zinssätzen gewährt wurden, auf die Mitteilung über die Referenzsätze stützen. Die Kommission weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass laut Mitteilung die Ratings nicht speziell von Rating-Agenturen eingeholt werden müssen; von Banken zur Feststellung von Ausfallquoten verwendete Ratingsysteme können ebenfalls akzeptiert werden. Nach Auffassung der Kommission reicht allerdings ein Telefonvermerk nicht als Beleg für das Rating eines Unternehmens aus. Deshalb ersucht die Kommission die Bundesregierung, für die FLH ein Rating vorzulegen, das aus der Zeit der Darlehensgewährung stammt. Ein Rating von einer Bank, in dem insbesondere die 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit des Darlehens ausgewiesen ist, würde in diesem Falle auch ausreichen.

100.

Da kein Rating vorliegt, weist die Kommission darauf hin, dass bei Darlehensnehmern, die keine Bonitätsgeschichte und kein auf einem Bilanzansatz basierendes Rating haben, der Basissatz bei hoher Besicherung um mindestens 400 Basispunkte, bei normaler Besicherung um 600 Basispunkte und im Falle fehlender Sicherheiten um 1 000 Basispunkte angehoben werden sollte.

101.

In der vorliegenden Sache stellt die Kommission fest, dass die Gesellschafterdarlehen anscheinend ohne Besicherung gewährt wurden. Deshalb vertritt die Kommission die vorläufige Auffassung, dass der Basiszinssatz um [≥ 400] Basispunkte hätte erhöht werden müssen.

102.

Aus den vorstehenden Erwägungen heraus kann die Kommission zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Untersuchung nicht eindeutig feststellen, ob die Maßnahmen der FLH-Gesellschafter mit dem Vorgehen eines marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers vergleichbar sind und folglich keine staatliche Beihilfe zugunsten der FLH darstellen würden. Deshalb ersucht die Kommission die Bundesregierung und Beteiligte, zur Frage Stellung nehmen, ob in der in Rede stehenden Sache die vorgenannten Darlehen zu marktüblichen Konditionen gewährt wurden.

Selektivität

103.

Nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV ist eine Maßnahme nur dann eine staatliche Beihilfe, wenn eine Begünstigung „bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige“ vorliegt. In der vorliegenden Sache stellt die Kommission fest, dass die Gesellschafterdarlehen ausschließlich der FLH gewährt werden. Folglich handelt es sich um eine selektive Maßnahme im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV.

Verfälschung des Wettbewerbs und Beeinträchtigung des Handels

104.

Stärkt eine von einem Mitgliedstaat gewährte Förderung die Stellung eines Unternehmens gegenüber anderen Wettbewerbern im Handel innerhalb der Union, so muss dieser als durch die Förderung beeinträchtigt angesehen werden. Nach ständiger Rechtsprechung (29) ist eine wettbewerbsverfälschende Maßnahme bereits dann gegeben, wenn der Empfänger der Beihilfe auf wettbewerbsoffenen Märkten mit anderen Unternehmen konkurriert.

105.

Zwischen Flughäfen besteht Wettbewerb. Das Gericht hat bestätigt, dass der Flughafen Leipzig/Halle insbesondere bei Frachtflügen im Wettbewerb mit Flughäfen in anderen Mitgliedstaaten, vor allem mit dem Flughafen Brüssel (Belgien) und dem Flughafen Vatry (Frankreich), steht (30). Des Weiteren handelt es sich bei dem von der FLH betriebenen Flughafen Leipzig/Halle um einen Flughafen der Kategorie C, d. h. um einen „großen Regionalflughafen“ im Sinne der Gemeinschaftlichen Leitlinien für die Finanzierung von Flughäfen und die Gewährung staatlicher Anlaufbeihilfen für Luftfahrtunternehmen auf Regionalflughäfen (31) (im Folgenden „Flughafen-Leitlinien 2005“) (32).

106.

Aus den vorstehenden Gründen stärkt nach Auffassung der Kommission ein etwaiger wirtschaftlicher Vorteil, der der FLH aufgrund der ihr gewährten Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung der verschiedenen Entwicklungs- und Ausbauprojekte am Flughafen Leipzig/Halle erwachsen könnte, ihre Position gegenüber ihren Wettbewerbern auf dem europäischen Markt für Flughafendienste. Deshalb vertritt die Kommission die Auffassung, dass die in Rede stehende öffentliche Finanzierung den Wettbewerb verfälscht bzw. zu verfälschen droht und den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt.

Schlussfolgerung

107.

Aus den vorgenannten Gründen vertritt die Kommission in der gegenwärtigen Phase der Untersuchung die vorläufige Auffassung, dass die Gesellschafterdarlehen, die der FLH von ihren öffentlichen Gesellschaftern gewährt wurden, staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV beinhalten. Sollte nachgewiesen werden, dass die Gesellschafterdarlehen staatliche Beihilfen beinhalten, hätten die Darlehen vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Kommission gewährt werden müssen; in diesem Falle hat die Bundesregierung das Verbot von Artikel 108 Absatz 3 AEUV nicht beachtet.

3.1.3.    Beihilfecharakter der Kapitalzuführungen in Höhe von 255,625 Mio. EUR zugunsten der FLH

Staatliche Mittel und Zurechenbarkeit

108.

In der vorliegenden Sache wird die FLH die Infrastruktur am Flughafen Leipzig/Halle durch Eigenkapitalzuführungen (z. B. durch Umwandlung der Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital) ihrer öffentlichen Gesellschafter und der MFAG, an der nur ein öffentlicher Gesellschafter beteiligt ist, finanzieren. In der vorliegenden Sache übte der Staat daher zu jedem Zeitpunkt eine direkte bzw. indirekte Kontrolle über die fraglichen Mittel aus.

109.

Die Entscheidung, diese staatlichen Mittel zu gewähren, ist ebenfalls der öffentlichen Hand zuzurechnen, da die öffentlichen Gesellschafter die Kapitelzuführungen zugesagt haben.

Wirtschaftlicher Vorteil

110.

Durch die Kapitalzuführungen reduzieren sich die Investitionskosten, die der Flughafenbetreiber normalerweise zu tragen hätte, so dass ihm hieraus ein Vorteil erwächst.

111.

Ließe sich aufzeigen, dass in diesem Fall der Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers eingehalten wurde, könnte geltend gemacht werden, dass die der FLH gewährten Kapitalzuführungen keine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 EG-Vertrag darstellen.

112.

Hierzu erklärte der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil in der Sache Stardust Marine, „dass Mittel, die der Staat einem Unternehmen unter Umständen, die den normalen Marktbedingungen entsprechen, unmittelbar oder mittelbar zur Verfügung stellt, nicht als staatliche Beihilfen anzusehen sind (33).

113.

Folglich muss die Kommission prüfen, ob die FLH-Gesellschafter bei der Finanzierung des Ausbaus des Flughafens wie privatwirtschaftliche Kapitalgeber gehandelt haben. Es ist zu prüfen, ob unter ähnlichen Umständen ein privater Kapitalgeber, der unter den üblichen marktwirtschaftlichen Bedingungen tätig ist, für die Infrastruktur- und infrastrukturbezogenen Projekte die gleichen oder ähnliche geschäftliche Vereinbarungen eingegangen wäre wie die FLH-Gesellschafter.

114.

Im „Stardust Marine“-Urteil stellte der Gerichtshof fest, „dass man sich für die Prüfung der Frage, ob sich der Staat wie ein umsichtiger marktwirtschaftlich handelnder Kapitalgeber verhalten hat, in den Kontext der Zeit zurückversetzen muss, in der die finanziellen Unterstützungsmaßnahmen getroffen wurden, um beurteilen zu können, ob das Verhalten des Staates wirtschaftlich vernünftig ist, und dass man sich jeder Beurteilung aufgrund einer späteren Situation enthalten muss (34).

115.

Das Verhalten eines marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers wird von Renditeaussichten geleitet (35). Der Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers gilt in der Regel als eingehalten, wenn Struktur und Zukunftsaussichten des Unternehmens eine normale Rendite in Form von Dividendenzahlungen oder Wertzuwächsen des Kapitals, gemessen an einem vergleichbaren Privatunternehmen, innerhalb eines angemessenen Zeitraums erwarten lassen.

116.

Dabei spielen etwaige positive Rückwirkungen auf die Wirtschaft der Region, in der der Flughafen liegt, keine Rolle, da die Kommission bei der Würdigung, ob es sich bei der Maßnahme um eine Beihilfe handelt, prüft, ob „ein privater Investor in einer vergleichbaren Lage unter Zugrundelegung der Rentabilitätsaussichten und unabhängig von allen sozialen oder regionalpolitischen Überlegungen oder Erwägungen einer sektorbezogenen Politik eine solche Kapitalhilfe gewährt hätte (36).

117.

Die Kommission muss sich daher bei der Prüfung nach dem Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers in die Lage der fraglichen öffentlichen Stellen zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung versetzen.

118.

In der vorliegenden Sache, bei der es um Investitionen in Infrastruktur- und infrastrukturbezogene Projekte geht, stellt Deutschland offenbar die Anwendbarkeit des Grundsatzes des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers in Frage. Sie macht geltend, dass dieser Grundsatz nicht auf Verkehrsinfrastrukturen anwendbar sei, da es hier keine vergleichbaren privatwirtschaftlichen Kapitalgeber gebe. Nach Angaben Deutschlands hätten privatwirtschaftliche Kapitalgeber kein Interesse an Flughäfen, und schon gar nicht, wenn umfangreiche Investitionen notwendig seien. Dies würde bedeuten, dass Investitionen, die private Betreiber nicht tätigen würden, automatisch nicht in den Anwendungsbereich der Vorschriften für staatliche Beihilfen fallen würden. In der Rechtsprechung der europäischen Gerichte wurde jedoch klargestellt, dass Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die ein markwirtschaftlich handelnder Kapitalgeber nicht ausüben würde, Elemente staatlicher Beihilfe enthalten (37).

119.

Dieser Argumentation kann die Kommission nicht zustimmen. Die Anwendung des Grundsatzes des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers kann nicht ausgeschlossen werden, nur weil der Privatsektor sich an der Finanzierung von Flughafeninfrastrukturen nicht beteiligt. Eine wirtschaftlich schwierige Situation entbindet den öffentlichen Kapitalgeber nicht davon, so umsichtig zu handeln wie es ein privater Kapitalgeber in derselben Situation getan hätte.

120.

Die Bundsregierung ist nicht der Auffassung, dass die FLH-Gesellschafter als marktwirtschaftliche Privatinvestoren handelten, indem sie das Eigenkapital des Flughafens erhöhten und das Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital umwandelten. Die Kommission hält fest, dass der Bundesregierung zufolge den Kapitalerhöhungen weder ein Geschäftsplan noch langfristige Rentabilitätsaussichten zugrunde lagen.

121.

Daher kann nicht der Schluss gezogen werden, dass die Investition marktkonform ist. Die Kommission kommt daher zu dem Schluss, dass der FLH durch die Kapitalerhöhungen ein Vorteil erwuchs.

Selektivität

122.

Es gilt dieselbe Argumentation wie für die Gesellschafterdarlehen (siehe Randnummer 81). Es handelt sich um selektive Maßnahmen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV.

Verfälschung des Wettbewerbs und Beeinträchtigung des Handels

123.

Es gilt dieselbe Argumentation wie für die Gesellschafterdarlehen (siehe Randnummer 81). Der wirtschaftliche Vorteil, der der FLH durch die Kapitalzuführungen zur Finanzierung der verschiedenen Entwicklungs- und Ausbauprojekte am Flughafen Leipzig/Halle erwächst, wird ihre Position gegenüber ihren Wettbewerbern auf dem europäischen Markt für Flughafendienste stärken. Die untersuchte öffentliche Finanzierung verfälscht folglich den Wettbewerb bzw. droht ihn zu verfälschen und beeinträchtigt den Handel zwischen Mitgliedstaaten.

Schlussfolgerung

124.

Aus den vorstehenden Gründen vertritt die Kommission die Auffassung, dass es sich bei den Kapitalzuführungen der öffentlichen Gesellschafter zugunsten der FLH um staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV handelt. Da die Kapitalzuführungen vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommission gewährt wurden, hat die Bundesregierung das Verbot von Artikel 108 Absatz 3 AEUV beachtet.

125.

Die Kommission hält fest, dass die möglicherweise in den Gesellschafterdarlehen enthaltene Beihilfe der Differenz zwischen dem marktüblichen Zinssatz und den für die in Rede stehenden Gesellschafterdarlehen tatsächlich gewährten Zinssätze und das Beihilfeelement der Kapitalzuführungen dem Gesamtbetrag der geplanten Zuführungen entspricht.

3.2.   Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Binnenmarkt

126.

Die Kommission hat geprüft, ob die nach obigen Ausführungen ermittelte Beihilfe als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden kann. Artikel 107 Absatz 3 AEUV sieht bestimmte Ausnahmen vom allgemeinen Beihilfeverbot des Artikels 107 Absatz 1 AEUV vor.

127.

Die in Rede stehende Beihilfe kann nur auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AUEV beurteilt werden, dem zufolge „Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft“, als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden können. In diesem Zusammenhang lässt sich anhand der Flughafen-Leitlinien 2005 prüfen, ob Beihilfen für Flughafenbetreiber nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden können. In diesen Leitlinien werden verschiedene Kriterien aufgeführt, die die Kommission zu berücksichtigen hat.

128.

So muss die Kommission nach Randnummer 61 der Flughafen-Leitlinien 2005 insbesondere die Erfüllung folgender Voraussetzungen prüfen:

(i)

Der Bau und Betrieb der Infrastruktur dient einem klar definierten Ziel von allgemeinem Interesse (Regionalentwicklung, Zugänglichkeit usw.);

(ii)

die Infrastruktur ist für die Erreichung des beabsichtigten Ziels notwendig und angemessen;

(iii)

die mittelfristigen Perspektiven für die Nutzung der Infrastruktur, insbesondere der bestehenden, sind zufriedenstellend;

(iv)

alle potenziellen Nutzer erhalten einheitlichen und diskriminierungsfreien Zugang zu der Infrastruktur, und

(v)

die Entwicklung des Handelsverkehrs wird nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt, das dem gemeinschaftlichen Interesse zuwiderläuft.

(i)   Bau und Betrieb der Infrastruktur dienen einem klar definierten Ziel von allgemeinem Interesse (Regionalentwicklung, Zugänglichkeit usw.)

129.

Das Infrastrukturprojekt umfasst Verbesserungsmaßnahmen an einem Luftfracht-Drehkreuz und einem multimodalen Güterverkehrszentrum an dem Flughafen. Der Luftfrachtsektor, insbesondere das Expressfrachtgeschäft, weist ein beträchtliches Wachstum auf. Die Luftfrachtunternehmen erweitern derzeit ihre Betriebskapazitäten. An den drei großen Luftfracht-Drehkreuzen in Deutschland — Frankfurt/Main, München und Köln/Bonn — bestehen jedoch Nachtflugbeschränkungen. Sollte der Flughafen Frankfurt/Main seine Nachtflüge einstellen oder drosseln müssen, so wäre in Deutschland ein ernster Engpass in Bezug auf die Luftfrachtkapazitäten die Folge.

130.

Das Projekt ist Teil der Strategie in dem (bis 2020 reichenden) Übersichtsplan des transeuropäischen Verkehrsnetzes aus dem Jahr 2004, der den Ausbau dieses Flughafens als „Gemeinschaftsnetzpunkt“ ausweist. Der Flughafen liegt in Mitteldeutschland (in der Nähe von fünf Hauptstrecken des transeuropäischen Verkehrsnetzes und gesamteuropäischen Korridoren) und befindet sich im Schnittpunkt zweier Bundesautobahnen, die jeweils den Norden und Süden Europas (A 9) sowie West- und Osteuropa (A 14) miteinander verbinden; er verfügt zudem über eine Verkehrsanbindung im Schienen- und Straßennetz. Diese Anbindung erleichtert die intermodale Güterbeförderung. Das Projekt dient daher der „Entwicklung eines integrierten europäischen Luftverkehrsnetzes“ gemäß Nummer 12 des vorgenannten Aktionsplans, demzufolge „es wünschenswert [wäre], die vorhandene latente Kapazität von Regionalflughäfen zu erschließen, sofern die Mitgliedstaaten dabei gemeinschaftliche Rechtsvorschriften für staatliche Beihilfen beachten“.

131.

Die Verwirklichung des Projekts dürfte sich positiv auf die gesamte Region auswirken und deren wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung wesentlich voranbringen. Insbesondere wird die Anbindung der Region verbessert und ihre Attraktivität für Investoren und Besucher steigen. Dies sollte positive Effekte für die Beschäftigung mit sich bringen, zumal die Arbeitslosigkeit in der Region Halle/Leipzig weit über dem bundesdeutschen Durchschnitt liegt.

132.

Durch die in Rede stehenden Investitionen wird die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur besser, sicherer und rationeller gestaltet, wodurch wiederum die Sicherheit und Effizienz des Flughafens gesteigert werden.

133.

Es ist somit festzustellen, dass Bau und Betrieb der Infrastruktur einem klar definierten Ziel von allgemeinem Interesse dienen und die Entwicklung eines Flughafens mit hohem Frachtanteil unter Berücksichtigung regionaler Gesichtspunkte der einschlägigen EU-Politik entspricht, so dass dieses Vereinbarkeitskriterium in der vorliegenden Sache erfüllt ist.

134.

Die Kommission kann daher feststellen, dass Bau und Betrieb der Infrastruktur einem klar definierten Ziel von allgemeinem Interesse dienen.

(ii)   Die Infrastruktur ist für die Erreichung des beabsichtigten Ziels notwendig und angemessen

135.

Wie oben ausgeführt, wird für den Flughafen ein allmählicher, aber beträchtlicher Anstieg der Passagierzahlen und des Frachtvolumens prognostiziert. Im Jahr 2007 lag das Passagieraufkommen bei 2,7 Mio. Fluggästen, und Schätzungen zufolge wird diese Zahl 2020 auf rund 4,6 Mio. angestiegen sein. Auch für den Frachtverkehr wird ein Anstieg vorausgesagt, vor allem angesichts weiterer Nachtflugbeschränkungen an anderen deutschen Flughäfen (Frankfurt/Main u. a.).

136.

Jedoch konnte die Bundesregierung nicht nachweisen, dass alle von ihr geplanten und finanzierten Infrastrukturinvestitionen für die Erreichung der von ihr gesetzten Ziele notwendig sind und dass das Projekt nicht unverhältnismäßig umfangreich oder aufwändig ist.

137.

Aus diesen Gründen gelangt die Kommission zu der vorläufigen Auffassung, dass die fragliche Infrastruktur notwendig ist. Auf der Grundlage der sehr begrenzten Informationen hat die Kommission jedoch Zweifel, ob das in Rede stehende Projekt dem gesetzten Ziel angemessen ist. Sie fordert die Bundesregierung daher auf, zusätzliche Informationen zu übermitteln, die es der Kommission erlauben, die Angemessenheit des Projekts im Lichte der gesetzten Ziele zu beurteilen.

(iii)   Die mittelfristigen Perspektiven für die Nutzung der Infrastruktur, insbesondere der bestehenden, sind zufriedenstellend

138.

In der Mitte Europas gelegen, verfügt der Flughafen mit einem Markt mit rund 7 Mio. Einwohnern im Umkreis von 100 km und seiner Anbindung an ein Schienen- und Straßennetz über ein großes Wachstumspotenzial. Der Luftfrachtsektor verzeichnet, wie oben ausgeführt, erhebliche Zuwachsraten (im internationalen Passagierflugverkehr lag das durchschnittliche Wachstum zwischen 2007 und 2011 bei ca. 5,0 %, im Frachtbereich bei 4,3 %) (38). Durch Nachtflugbeschränkungen sind der aktuellen Flughafenkapazität jedoch Grenzen gesetzt.

139.

Die Bundesregierung rechnet mit einem Anstieg der Passagierzahlen und des Frachtvolumens am Flughafen Leipzig/Halle bis 2020 auf rund 4,6 Mio. Passagiere bzw. 1,14 Mio. Tonnen.

140.

Somit bestehen mittelfristig gute Perspektiven für die Nutzung der neuen Infrastruktur, insbesondere in Verbindung mit der vorhandenen Infrastruktur, die durch die geplanten Arbeiten optimiert werden wird.

141.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der vorangegangenen Ausführungen dürften die Nutzungsperspektiven für den Flughafen Leipzig/Halle mittelfristig gut sein.

(iv)   Alle potenziellen Nutzer erhalten einheitlichen und diskriminierungsfreien Zugang zu der Infrastruktur

142.

Um auszuschließen, dass die Beihilfen für den Flughafen an die Nutzer der Infrastruktur weitergeleitet werden, hat die Bundesregierung bestätigt, dass alle potenziellen Nutzer (Fluggesellschaften und Luftfrachtunternehmen) einheitlichen und diskriminierungsfreien Zugang zu der Infrastruktur erhalten.

143.

Nicht bestätigt hat die Bundesregierung hingegen, dass volumenabhängige Preisnachlässe gewährt werden, und ob diese dann so ausgestaltet sind, dass sie nicht de facto nur eine Fluggesellschaft begünstigen, sondern Größenvorteile oder andere Kosteneinsparungen widerspiegeln bzw. in irgend einer Weise einer ökonomischen Logik folgen, so dass es für den Flughafenbetreiber wirtschaftlich von Vorteil ist, sie zu gewähren (39).

144.

Die Kommission kann beim derzeitigen Sachstand nicht feststellen, dass alle Nutzer des Flughafens einheitlichen und diskriminierungsfreien Zugang zu der Infrastruktur erhalten. Die Kommission ersucht die Bundesregierung um weitere Informationen über volumenabhängige Preisnachlässe.

(v)   Die Entwicklung des Handelsverkehrs wird nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt, das dem gemeinschaftlichen Interesse zuwiderläuft

145.

Nach Randnummer 15 der Flughafen-Leitlinien 2005 fällt der Flughafen in die Kategorie C. Zwar werden Wettbewerb und Handel auf EU-Ebene beeinflusst, doch muss die Kommission feststellen, ob dies in einem Ausmaß geschieht, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufen könnte.

146.

Die Kommission stellt zunächst fest, dass das angemeldete Infrastruktur- und infrastrukturbezogene Projekt zur Optimierung der Flughafenkapazität beiträgt und die Betriebssicherheit und Effizienz verbessert.

147.

Wie oben ausgeführt, bestehen an den wichtigsten deutschen Frachtflughäfen, die mit Leipzig/Halle konkurrieren, Kapazitätsengpässe oder Nachtflugbeschränkungen, so dass der künftige Wettbewerb begrenzt ist. Der Flughafen Leipzig/Halle steht jedoch auch im Wettbewerb mit Flughäfen in anderen Mitgliedstaaten wie Vatry und Brüssel. Die von der Bundesregierung vorgelegten Informationen reichen nicht aus, um die Kommission in die Lage zu versetzen, die Auswirkungen des in Rede stehenden Vorhabens auf diese Flughäfen zu beurteilen (40).

148.

Daher kann die Kommission beim derzeitigen Sachstand nicht feststellen, dass die Entwicklung des Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt wird, das dem gemeinschaftlichen Interesse zuwiderläuft. Die Kommission ersucht die Bundesregierung und die Wettbewerber des Flughafens Leipzig/Halle um Vorlage weiterer Informationen über die Auswirkungen der angemeldeten Maßnahmen auf den Wettbewerb zwischen diesen Flughäfen.

Notwendigkeit der Beihilfe und Anreizeffekt

149.

Um als mit dem Binnenmarkt vereinbar genehmigt zu werden, müssen staatliche Beihilfen für Flughäfen die in den Flughafen-Leitlinien 2005 genannten Vereinbarkeitskriterien erfüllen, sie sollten gleichzeitig jedoch — wie jede andere Beihilfemaßnahme — notwendig und angemessen sein, um das angestrebte rechtmäßige Ziel zu erreichen (41).

150.

Die Kommission hat zu prüfen, ob die staatliche Beihilfe für die FLH das begünstigte Unternehmen dazu veranlasst hat, eine Tätigkeit aufzunehmen, die zur Erreichung eines im öffentlichen Interesse liegenden Ziels beiträgt und die das Unternehmen ohne die Beihilfe i) gar nicht oder ii) in begrenztem Umfang oder in anderer Weise ausführen würde. Die Beihilfe wird nur dann als angemessen betrachtet, wenn dasselbe Ergebnis nicht mit einer geringeren Beihilfe und geringerer Wettbewerbsverzerrung erreicht werden könnte. Folglich müssen Höhe und Intensität der Beihilfe auf das für die Durchführung der zu fördernden Tätigkeit absolut notwendige Minimum beschränkt werden.

151.

Die Bundesregierung hat im Zusammenhang mit einigen der Maßnahmen geltend gemacht, dass Einnahmen aus den Leistungen die Kosten für die Schaffung der Infrastruktur nicht decken. Jedoch wurde die Höhe des zu erwartenden akkumulierten Verlusts nicht ermittelt. Auch hat Deutschland nicht in Betracht gezogen, dass die Einnahmen des Flughafens beispielsweise durch höhere Flughafennutzungsentgelte gesteigert werden könnten.

152.

Die Bundesregierung führt ferner an, dass die Maßnahmen ohne öffentliche Finanzierung nicht durchgeführt würden und die Investitionsrendite auch mit öffentlicher Finanzierung bei Null läge. Die zugrundeliegenden Berechnungen wurden jedoch nicht übermittelt.

153.

Deutschland vertritt die Auffassung, dass die angemeldete Finanzierung sowohl hinsichtlich des Beihilfebetrags als auch bezüglich der Beihilfeintensität auf das notwendige und rechtlich vorgesehene Minimum beschränkt ist. Ferner beträfen die Maßnahmen langfristige Infrastrukturinvestitionen, die im Hinblick auf die künftige Erhöhung von Fracht- und Passagieraufkommen an dem Flughafen erforderlich seien. Die Bundesregierung argumentiert, die Maßnahmen seien weder unverhältnismäßig umfangreich noch unangemessen kostenintensiv, ohne jedoch entsprechende Nachweise zu erbringen. Die Kosten seien durch genaue Vorausplanung und Kostenvoranschläge auf ein Minimum gesenkt worden. Eine weitere Einschränkung der öffentlichen Finanzierung ist nach Auffassung der Bundesregierung nicht möglich, da eine Infrastruktur diesen Umfangs nicht aus Eigenmitteln eines Flughafenbetreibers finanziert werden könne.

154.

Der Anmeldung zufolge liegt den Maßnahmen weder ein Geschäftsplan zugrunde noch erfolgt die Finanzierung amortisationsbezogen. Daher hat die Bundesregierung der Kommission beispielsweise keine Berechnung des Nettogegenwartswerts des Investitionsprojekts mit und ohne Beihilfe vorgelegt; entsprechend ist auch die Kapitalrendite für diese Projekte unbekannt. Folglich ist die Kommission beim derzeitigen Sachstand nicht in der Lage, das Marktversagen im vorliegenden Fall korrekt zu beurteilen. Die Kommission ersucht die Bundesregierung um Vorlage aller Unterlagen und Informationen, die relevant sein könnten, um die Anreizwirkung der in Rede stehenden Beihilfemaßnahmen auf den Begünstigten nachzuweisen.

155.

Die Flughafen-Leitlinien 2005 lassen die Frage der Beihilfeintensität offen. Von Mitgliedstaaten veranschlagte Beihilfeintensitäten werden jeweils im Einzelfall beurteilt, und zwar auf Grundlage einer umfassenden Beurteilung der Angemessenheit der Beihilfeintensität angesichts von Flughafengröße, Art der Investition und vorherrschenden Wettbewerbsbedingungen in der betreffenden Region.

156.

Die betreffenden Investitionen sind mit den Investitionen an folgenden Flughäfen vergleichbar:

Flughafen

Flughafenkategorie

Beihilfeintensität

Flughafen Murcia (42)

Kategorie C

(1-5 Mio. Passagiere)

11 %

Flughafen Danzig (43)

Kategorie C

(1-5 Mio. Passagiere)

37 %

Flughafen Warschau (Okęcie) (44)

Kategorie B

(5-10 Mio. Passagiere)

30 %

157.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der sehr guten Nutzungsperspektiven für den in Rede stehenden Flughafen vertritt die Kommission die vorläufige Auffassung, dass eine Beihilfeintensität von 100 % zu hoch sein dürfte und dass die FLH in der Folge unerwartete Gewinne machen könnte, die den Wettbewerb unnötig verzerren.

158.

Hinzu kommt, dass einige Investitionsprojekte bereits abgeschlossen wurden. Daraus ergeben sich ernste Zweifel an der Notwendigkeit der Beihilfen, da der Begünstigte in der Lage gewesen ist, die fraglichen Investitionsprojekte ohne oder mit niedrigeren staatlichen Beihilfen zu finanzieren.

159.

Die Kommission ersucht die Bundesregierung um Vorlage weiterer Informationen darüber, ob und inwiefern die staatliche Finanzierung von in Rede stehenden Maßnahmen darauf abzielt, dass der Begünstigte sein Verhalten ändert. Soweit die Maßnahmen den laufenden Flughafenbetrieb betreffen und folglich die laufenden Ausgaben des Flughafenbetreibers senken, wären solche Betriebsbeihilfen nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts grundsätzlich nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar (45):

Schlussfolgerung

160.

Aus den genannten Gründen sind in der in Rede stehenden Sache nach Auffassung der Kommission nicht alle in den Flughafen-Leitlinien 2005 genannten Voraussetzungen für die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt erfüllt. Nicht erfüllt sind nach vorläufiger Auffassung der Kommission die Kriterien der Notwendigkeit und der Angemessenheit der Beihilfe.

161.

Daher zweifelt die Kommission daran, dass die Finanzierung der angemeldeten Infrastrukturmaßnahmen als nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden kann.

162.

Die Maßnahmen scheinen auch nicht in den Geltungsbereich einer anderen im AEUV vorgesehenen Ausnahmeregelung zu fallen. Die Kommission kann daher beim derzeitigen Sachstand nicht ausschließen, dass sie unrechtmäßige und nicht mit dem Binnenmarkt vereinbare staatliche Beihilfen beinhalten.

4.   BESCHLUSS

Aus diesen Gründen ersucht die Kommission die Regierung der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens Stellung zu nehmen und alle sachdienlichen Informationen für die beihilfenrechtliche Würdigung der Beihilfemaßnahme zu übermitteln. Andernfalls wird die Kommission auf der Grundlage der ihr vorliegenden Informationen einen Beschluss bzw. gegebenenfalls eine Anordnung zur Auskunftserteilung erlassen. Die Kommission bittet die Bundesregierung, den potenziellen Empfängern der Beihilfe unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.

Die Kommission erinnert die Bundesregierung an die aufschiebende Wirkung von Artikel 108 Absatz 3 AEUV und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen unter Umständen vom Empfänger zurückzufordern sind.

Die Kommission weist Deutschland darauf hin, dass sie die Beteiligten durch Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung dieses Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union von der Beihilfesache in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die Beteiligten in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt der Europäischen Union und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens in Kenntnis setzen. Alle Beteiligten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats ab dem Datum dieser Veröffentlichung Stellung zu nehmen.»


(1)  FLH es una filial de MFAG, que tiene una participación del 94 % en FLH. Las restantes acciones son propiedad del Estado libre de Sajonia, el Landkreis de Sajonia del Norte y la ciudad de Schkeuditz. Los accionistas de MFAG son: 76,64 % el Estado libre de Sajonia; 18,54 % el Estado federado de Sajonia-Anhalt; 2,52 % la ciudad de Dresde; 0,2 % la ciudad de Halle; 2,1 % la ciudad de Leipzig. No hay accionistas privados.

(2)  DO L 346 de 23.12.2008, p. 1.

(3)  Asuntos acumulados T-455/08 Flughafen Leipzig-Halle GmbH y Mitteldeutsche Flughafen AG/Comisión y T-443/08 Freistaat Sachsen y Land Sachsen-Anhalt/Comisión, (en adelante: «asunto Leipzig/Halle»), [2011], todavía no publicado en la Rec., véase también el asunto T-128/98 Aéroports de Paris/Comisión Rec. 2000 p. II-3929, confirmado por el TJCE, asunto C-82/01P, Rec. 2002 p. I-9297, y asunto T-196/04 Ryanair/Comisión Rec. 2008 p. II-3643, apartado 88.

(4)  DO C 312 de 9.12.2005, p. 1.

(5)  Das europäische Luftfrachtdrehkreuz von DHL Express befand sich bis 2008 am Flughafen Brüssel. Nachdem es zu Problemen mit behördlichen Nachtfluggenehmigungen gekommen war, verhandelte DHL mit mehreren Flughäfen über einen neuen Standort für sein europäisches Drehkreuz. In der engeren Wahl waren Leipzig, Brüssel und der französische Flughafen Vatry. DHL beschloss schließlich, sein europäisches Drehkreuz bis spätestens 2008 nach Leipzig zu verlegen. Vgl. auch die Entscheidung der Kommission vom 23. Juli 2008 in der Beihilfesache C 48/06 DHL — Flughafen Leipzig/Halle (ABl. L 346, S. 1).

(6)  Vgl. Planfeststellungsbeschluss der zuständigen Planfeststellungsbehörde für die Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld vom 4. November 2004 und erste Änderung des Beschlusses vom 9. Dezember 2005.

(7)  Am Flughafen Leizpig/Halle existieren zwei Rollspangen, die öffentliche Verkehrswege kreuzen (Autobahn A14, Hochgeschwindigkeitsstrecke der Bahn, 4-streifige Staatsstraße), so dass für die Rollspangen eine Brückenkonstruktion notwendig ist.

(8)  Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt (ABl. L 355 vom 30.12.2002, S. 1).

(9)  ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6.

(10)  Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist eine wirtschaftliche Tätigkeit jede Tätigkeit, die darin besteht, Güter oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt anzubieten. Vgl. Rechtssache C-35/96, Kommission/Italien, Slg. 1998, I-3851, sowie Rechtssachen C-180/98 bis C-184/98, Pavlov, Slg. 2000, I-6451.

(11)  Verbundene Rechtssachen T-455/08, Flughafen Leipzig-Halle GmbH und Mitteldeutsche Flughafen AG/Kommission, und T-443/08, Freistaat Sachsen und Land Sachsen-Anhalt/Kommission, (im Folgenden „Rechtssache Leipzig/Halle“), Slg. 2011, noch nicht in der Sammlung veröffentlicht, vgl. auch Rechtssache T-128/89 Aéroports de Paris/Kommission, Slg. 2000, II-3929, bestätigt durch den Europäischen Gerichtshof, Rechtssache C-82/01P, Slg. 2002, I-9297, sowie Rechtssache T-196/04, Ryanair/Kommission, Slg. 2008, II-3643, Randnr. 88.

(12)  Rechtssachen C-159/91 und C-160/91, Poucet/AGV und Pistre/Cancava, Slg. 1993, I-637.

(13)  Rechtssache Leipzig/Halle, Randnr. 102 f.

(14)  Rechtssache C-364/92, SAT Fluggesellschaft mbH/Eurocontrol, Slg. 1994, I-43.

(15)  Entscheidung der Kommission vom 19. März 2003, N 309/02, Luftsicherheit – Ausgleich der Betriebsverluste nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

(16)  Rechtssache C-343/95, Calì & Figli/Servizi Ecologici Porto di Genova, Slg. 1997, I-1547; Entscheidung der Kommission vom 19. März 2003, N 309/2002; Entscheidung der Kommission vom 16. Oktober 2002, N 438/02, Subventionen zugunsten der Hafenverwaltungen für die Durchführung hoheitlicher Aufgaben in Belgien.

(17)  Entscheidung der Kommission vom 19. März 2003, N 309/02, Luftsicherheit – Ausgleich der Betriebsverluste nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

(18)  Vgl. Entscheidung der Kommission vom 7. März 2007, N 620/06, Einrichtung des Regionalflughafens Memmingen.

(19)  ABl. L 355 vom 30.12.2002, S. 1.

(20)  http://www.lba.de/DE/Betrieb/Luftsicherheit/Luftsicherheit_node.html

(21)  Rechtssache Leipzig/Halle, Randnr. 115.

(22)  Entscheidungen der Kommission in den Beihilfesachen NN 17/07 und N 112/08 vom 20. Februar 2009 zum Flughafen Kassel-Calden.

(23)  EuGH, Urteil vom 16. Mai 2002, Rechtssache C-482/99, Frankreich/Kommission (Stardust Marine), Slg. 2002, I-4397.

(24)  Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten: Anwendung der Artikel 92 und 93 EWG-Vertrag und des Artikels 5 der Richtlinie 80/723/EWG der Kommission über öffentliche Unternehmen in der verarbeitenden Industrie (ABl. C 307 vom 13.11.1993, Randnr. 11, S. 3). Diese Mitteilung bezieht sich auf die verarbeitende Industrie, gilt aber analog auch für andere Wirtschaftszweige. Siehe auch EuGH, Urteil vom 30. April 1998, Cityflyer/Kommission, Rechtssache T-16/96, Slg. 1998, II-757, Randnr. 51.

(25)  […]

(26)  […]

(27)  […]

(28)  […]

(29)  EuG, Urteil vom 30. April 1998, Het Vlaamse Gewest/Kommission, Rechtssache T-214/95, Slg. 1998, II-717.

(30)  Rechtssache Leipzig/Halle, Randnr. 93, und C 48/06, DHL und Flughafen Leipzig/Halle, Randnr. 8.

(31)  ABl. C 312 vom 9.12.2005, S. 1.

(32)  2007 wurden auf dem Flughafen Leipzig/Halle insgesamt 2,7 Mio. Passagiere abgefertigt. Nach dem „Masterplan zur Entwicklung der Flughafeninfrastruktur zur Stärkung des Luftverkehrsstandortes Deutschland im internationalen Wettbewerb“ vom Dezember 2006 wird bis 2020 mit 4,6 Mio. Passagierbewegungen am Flughafen Leipzig/Halle gerechnet.

(33)  EuGH, Urteil vom 16. Mai 2002 in der Rechtssache C-482/99, Stardust Marine, Randnr. 69.

(34)  Urteil in der Rechtssache Stardust Marine, a.a.O., Randnr. 71.

(35)  Urteil des Gerichts erster Instanz vom 12. Dezember 2000, Rechtssache T-296/97, Alitalia/Kommission, Slg. 2000, II-3871, Randnr. 84; Rechtssache C-305/89, Italien/Kommission, Slg. 1991, I-1603, Randnr. 20.

(36)  Siehe Flughafen-Leitlinien 2005, Randnr. 46.

(37)  Urteil in der Rechtssache Leipzig/Halle, a.a.O., Randnr. 115.

(38)  IATA-Prognose Passagier- und Frachtverkehr 2007-2011, Oktober 2007.

(39)  Beschluss der Kommission vom 18. Februar 2011, staatliche Beihilfe NN 26/09, Griechenland – Entwicklung des Flughafens Ioannina.

(40)  Rechtssache Leipzig/Halle, Randnr. 93, und C 48/06, DHL und Flughafen Leipzig/Halle, Randnr. 8.

(41)  Nach ständiger Rechtsprechung kann die Kommission eine Beihilfe nur dann für mit dem Binnenmarkt vereinbar erklären, wenn sie zur Erreichung eines rechtmäßigen Ziels notwendig ist (vgl. Rechtssache 730/79, Philipp Morris, Randnr. 17, Rechtssache C-390/06, Nuova Agricast, Randnr. 68, Rechtssache T-162/06, Kronoply, Randnr. 65).

(42)  Beschluss der Kommission vom 4. Juni 2010 in der Beihilfesache N 63/10, Garantía para la obtención de financiación para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia – Staatliche Garantie für den Bau des Flughafens Murcia (ABl. C 217 vom 11.8 2010, S. 1).

(43)  Beschluss der Kommission vom 4. Juli 2008 in den Beihilfesachen N 152/08 und N 153/08, Pomoc na rozbudowę portu lotniczego Gdańsk-Rębiechowo – Staatliche Beihilfen für die Entwicklung des Flughafens Danzig (Rębiechowo)(ABl. C 46 vom 25.2.2009, S. 7).

(44)  Beschluss der Kommission vom 11. Februar 2009, Sache N 472/08, Pomoc na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Investitionsbeihilfen für Flughäfen im Rahmen des operationellen Infrastruktur- und Umweltprogramms (ABl. C 79 vom 2.4.2009, S. 1).

(45)  Rechtssache T-459/93 Siemens SA/Kommission, Slg. 1995, II-1675, Randnr. 48. Siehe in diesem Sinne auch das Urteil vom 8. Juli 2010, Freistaat Sachsen und Land Sachsen-Anhalt/Kommission, Rechtssache T-396/08, Randnrn. 46-48 und die Rechtssache C-156/98, Deutschland/Kommission, Slg. 2000, I-6857, Randnr. 30.


28.9.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 284/24


Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto COMP/M.6400 — ECE/Metro/MEC JV)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2011/C 284/04

1.

El 21 de septiembre de 2011, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG («ECE», Alemania), bajo el control de D. Alexander Otto, y Metro Group Asset Management Services («MAMS», Alemania), filial al 100 % de Metro AG («Metro», Alemania), adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la empresa MEC Metro-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG («MEC», Alemania), mediante adquisición de acciones en una empresa en participación de nueva creación.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

ECE: servicios de asesoría y de gestión empresarial relativos a la adquisición, la concepción, la planificación y la construcción de edificios comerciales y otros bienes inmuebles, así como el alquiler, la gestión, la explotación y la venta de dichos bienes,

MAMS: prestación de servicios esenciales en el marco de la división inmobiliaria de Metro Group relativos a la administración, la concepción, el alquiler, la construcción y la explotación de los bienes pertenecientes a la cartera inmobiliaria de Metro Group,

MEC: servicios de gestión de patrimonio para comercios minoristas.

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6400 — ECE/Metro/MEC JV, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento comunitario de concentraciones»).


OTROS ACTOS

Comisión Europea

28.9.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 284/25


Nueva publicación de una solicitud con arreglo al artículo 7, apartado 5, y al artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios

2011/C 284/05

Esta publicación otorga un derecho de oposición con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo (1). Las declaraciones de oposición deben llegar a la Comisión en el plazo de seis meses a partir de la presente publicación.

FICHA RESUMEN

REGLAMENTO (CE) No 510/2006 DEL CONSEJO

«KRAŠKI PRŠUT»

No CE: SI-PDO-005-0417-29.10.2004

DOP ( ) IGP ( X )

En el presente resumen figuran los principales datos del pliego de condiciones a efectos informativos.

1.   Servicio competente del Estado miembro:

Nombre:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Dirección:

Dunajska cesta 58

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14789109

Fax

+386 14789055

E-mail:

varnahrana.mkgp@gov.si

2.   Agrupación:

Nombre:

GIZ Kraški pršut

Dirección:

Šepulje 31

SI-6210 Sežana

SLOVENIJA

Tel.

+386 57310300

Fax

+386 57310330

E-mail:

Composición:

Productores/transformadores ( X ) Otros ( )

3.   Tipo de producto:

Clase 1.2.

Productos a base de carne (cocidos, salados, ahumados, etc.)

4.   Pliego de condiciones:

[resumen de los requisitos de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 510/2006]

4.1.   Denominación del producto:

«Kraški pršut»

4.2.   Descripción:

El «Kraški pršut» (jamón del Carso) es un producto cárnico secado al aire/madurado elaborado a partir de perniles frescos enteros de porcino.

El «Kraški pršut» se distingue por su forma estándar, claramente reconocible. Los perniles frescos se preparan sin las pezuñas, aunque se conservan la corteza y la grasa. Un pernil fresco debe pesar 9 kg como mínimo. La musculatura se extiende de 5 a 7 cm por debajo de la cabeza del fémur (Caput ossis femoris) y es visible en el interior del pernil; la corteza y la grasa se recortan un poco más hacia el jarrete.

Las favorables condiciones climáticas de la región del Carso (Kras) hacen posible el secado de perniles enteros. Una de las características específicas de la elaboración del «Kraški pršut» es la salazón, en la que se utiliza exclusivamente sal gorda marina. Sus propiedades organolépticas características, que se plasman en un menor contenido de humedad debido a un mayor grado de deshidratación, se desarrollan durante un período de secado/maduración lo suficientemente largo. El producto se caracteriza por un contenido de sal relativamente elevado (hasta un 7,4 %) y una textura más firme en boca. El grado de deshidratación y un período de maduración lo suficientemente largo dan a las lonchas de jamón un color rojo rosado característico que se oscurece en los bordes. El producto posee un aroma y un sabor intensos. Ese aroma tan pronunciado pone de manifiesto el grado de maduración y distingue al producto de los demás jamones.

4.3.   Zona geográfica:

La región del Carso está situada en la parte occidental del Litoral esloveno central. La salazón, el secado y la maduración del «Kraški pršut» se llevan a cabo en una zona delimitada del Carso en la que se producen tradicionalmente estos jamones.

Esta zona está delimitada por una línea que va desde Kostanjevica na Krasu hasta Opatje Selo, llega hasta la frontera entre Eslovenia e Italia y sigue por esa frontera hasta el paso fronterizo de Lipica y de ahí recorre la carretera de Lokev, abarcando esa ciudad, y seguidamente la carretera a Divača, para continuar hacia la localidad de Brestovica pri Povirju y los pueblos de Štorje, Kazlje, Dobravlje, Ponikve y Kobdilj, atravesando Mali Dol hacia Škrbina, Lipa y Temnica para regresar a Kostanjevica na Krasu.

4.4.   Prueba del origen:

Todos los productores de «Kraški pršut» deben producirlo dentro de la zona geográfica establecida para la producción de «Kraški pršut». A fin de garantizar la rastreabilidad y calidad del producto, todas las fases de la producción han de llevarse a cabo en esa zona geográfica. Se lleva un registro de los productores y establecimientos que producen «Kraški pršut». En él se anota asimismo la cantidad de «Kraški pršut» producida por cada productor. Todas las fases de producción son supervisadas por el organismo de control mencionado en el punto 4.7., acreditado de conformidad con la norma europea EN 45011.

Antes de la salazón, los perniles frescos se marcan al fuego en un lugar visible de la corteza. La marca lleva un número de serie e indica el día, el mes y el año. Estas indicaciones son obligatorias y forman parte integrante de los controles del proceso de producción en su conjunto y la rastreabilidad. Se lleva un registro del número de jamones de cada lote producidos por cada productor. El número de lote se completa con pormenores sobre los controles de las etapas esenciales del proceso de producción.

Una vez finalizados el secado y la maduración, los jamones se someten a análisis sensoriales y de laboratorio para determinar su calidad y se les aplica la denominación «Kraški pršut». La denominación «Kraški pršut» y el número del productor se marcan al fuego en la corteza de los jamones enteros y en las mitades y cuartos de jamón. El marcado al fuego garantiza la calidad del producto y acredita que este se ha producido en la zona geográfica definida de conformidad con el pliego de condiciones y ha sido sometido a los controles pertinentes.

4.5.   Método de obtención:

no se ha determinado ninguna raza porcina específica para la producción del «Kraški pršut»,

los perniles frescos deben seleccionarse de 24 a 120 horas después del sacrificio, descartándose los perniles en mal estado y los de peso inferior a 9 kg. Los perniles se han de mantener a una temperatura comprendida entre – 1 °C y + 4 °C. No pueden utilizarse perniles congelados. El espesor de la grasa en la parte externa del pernil fresco preparado, medido a partir de la cabeza del fémur (Caput ossis femoris) no debe ser inferior a 10 mm,

se marca al fuego el comienzo de la salazón, indicándose el día, el mes, el año y el lote,

proceso de salazón seca: frotamiento, desangrado, uso de sal gorda marina. La cantidad de sal se determina en función del peso de los perniles,

los perniles salados se colocan en estanterías,

la salazón y la postsalazón se llevan a cabo a una temperatura comprendida entre + 1 °C y + 4 °C. La duración del proceso depende del peso de los perniles,

se elimina la sal de la superficie de los perniles,

secado en frío con circulación de aire a una temperatura comprendida entre + 1 °C y + 5 °C,

secado en frío con ligera circulación de aire a una temperatura comprendida entre + 1 °C y + 7 °C. La duración de la fase completa de secado en frío, incluida la salazón, es de al menos 75 días y debe alcanzarse un grado de secado de al menos un 16 %,

se lavan los perniles en agua caliente, se secan y preparan para el secado/la maduración,

se recorta la musculatura alrededor de la cabeza del fémur (Caput ossis femoris) y, de ser necesario, en la parte en que se ha extraído el hueso ilíaco,

secado/maduración a temperaturas comprendidas entre + 12 °C y + 18 °C. Si los perniles pesan 9 kg al comienzo del proceso, el período completo de producción será de al menos 12 meses y se prolongará proporcionalmente si el peso es superior,

la musculatura se engrasa en varias etapas durante el proceso de secado/maduración. El engrasado depende del contenido de agua, el valor aw y el grado de secado alcanzado. Para el engrasado se emplea grasa de cerdo con sal, pimienta, harina y, en caso necesario, se añaden antioxidantes,

se procede a la medición del grado de secado, que ha de ser de al menos un 33 % en relación con el peso inicial de los perniles,

los jamones madurados se conservan en un lugar seco y bien ventilado. El jamón entero y loncheado, envasado al vacío o en atmósfera controlada se mantiene a una temperatura máxima de + 8 °C,

se llevan a cabo análisis sensoriales para comprobar la conformidad del aroma insertando en la musculatura la punta de una aguja de hueso de caballo,

se llevan a cabo análisis de laboratorio para determinar el contenido de sal (que ha de ser como máximo de un 7,4 %) y el valor aw (que ha de ser inferior a 0,93).

A fin de garantizar la calidad y los procedimientos específicos, el «Kraški pršut» solamente puede deshuesarse, trocearse (en mitades o cuartos) y envasarse para la venta al por menor en establecimientos certificados para la producción de «Kraški pršut». Para garantizar la seguridad microbiológica y conservar las propiedades organolépticas típicas del jamón tales como el aroma, el color y la textura, tan solo dichos establecimientos están autorizados a cortar el jamón en lonchas y envasarlo al vacío o en atmósfera modificada.

4.6.   Vínculo:

La indicación geográfica está vinculada principalmente a la tradición de la producción del «Kraški pršut» y a su arraigada reputación.

El Carso es una meseta de paisajes variados situada en Eslovenia suroccidental. Forma un conjunto natural que se distingue claramente de las demás regiones vecinas. Fue la primera región de Europa y del mundo conocida por sus características cársticas. El suelo es calcáreo y las tierras de cultivo –las «tierras rojas»– producen escasos rendimientos. El Carso es el punto de encuentro entre el suave clima mediterráneo y el viento frío continental que sopla desde el noreste hacia el Golfo de Trieste, conocido con el nombre de «viento bora». La diversidad de la meseta del Carso y la proximidad inmediata del mar dan lugar a vientos y brisas continuados y a una humedad relativamente baja, lo cual, unido a la composición del suelo y la vegetación, garantiza desde tiempos remotos unas condiciones microclimáticas favorables para el secado de la carne.

El amplio éxito actual, la reputación y el desarrollo de la producción de jamón en el Carso deben atribuirse a las técnicas tradicionales e individuales empleadas por los agricultores. Es probable que el secado de carne se remonte a los primeros pobladores de la región. El desarrollo de Trieste como gran centro urbano y la construcción de carreteras como la de Viena a Trieste, que atravesaba el Carso, aumentaron la demanda de este jamón en los sectores del comercio y la hostelería, así como su reputación. Al tiempo que crecían la demanda y la reputación del «Kraški pršut», también aumentaba el interés por su producción.

En 1689 Valvasor escribió lo siguiente sobre los habitantes del Carso:

«Los habitantes de estas tierras viven muy pobremente y se las apañan como pueden. Se dan por satisfechos con un trozo de tocino (que pueden digerir sin dificultades debido a sus duros quehaceres), una cebolla y un simple mendrugo de pan moreno de salvado. En algunos lugares carecen de madera y, especialmente en verano, de agua.» (Rupel, 1969).

En 1960 Melik A. escribió en su obra Slovensko Primorje:

«La ganadería porcina está bien desarrollada en el Carso. Todos los agricultores quisieran poder sacrificar cerdos para satisfacer sus propias necesidades. La cría de cerdos está vinculada a la producción alimentaria de huertos y campos. Las temperaturas invernales son las idóneas y la carne se conserva “cruda” y secada en forma de “Kraški pršut”».

Así pues, a lo largo del tiempo los conocimientos técnicos han ido evolucionando con la experiencia y se han convertido en una tradición. En la producción de productos cárnicos secos, los habitantes del Carso siempre utilizan la salazón, empleando una cantidad moderada de sal para que sus productos presenten el equilibrio adecuado entre lo salado y lo dulce. Los perniles y las espaldas se salan por completo. En otras zonas de Eslovenia los perniles se suelen trocear y se recurre a la salazón en salmuera, combinándose la salazón seca y la salazón húmeda.

En aras de la calidad, son necesarias normas rigurosas y un control permanente a lo largo del proceso de producción. La considerable contribución de cada agricultor ha generado una rica experiencia que se ha convertido en tradición. La maestría adquirida en cada una de las fases de producción en condiciones climáticas naturales ha dado lugar, a través del proceso de maduración, al desarrollo de las características organolépticas típicas del jamón; a saber: su aroma, su sabor, su color y su textura. Estas características se han convertido en la norma y contribuyen al renombre del «Kraški pršut». Este jamón es un ejemplo de armonía entre hombre y naturaleza. Los conocimientos especializados basados en la experiencia adquirida se han desarrollado con el tiempo, confiriendo al «Kraški pršut» su forma y características organolépticas fácilmente reconocibles.

En 1953 se comenzaron a organizar compras de jamones. En esa época, las cooperativas agrarias compraban anualmente de 3 000 a 4 000 jamones a los agricultores de la región de Carso en general. Los jamones pesaban más de 8 kg y el período de secado y maduración era de 18 meses. Algunos de esos jamones se exportaban a Italia. También compraban jamones los restaurantes y hoteles de Eslovenia, que así podían aumentar la oferta del sector. A fin de satisfacer la demanda del mercado, las cooperativas y empresas optaron por producir jamones. De 1963 a 1977, las técnicas de salazón, ahumado y secado eran exactamente las mismas que las utilizadas en las explotaciones agrícolas. También en 1963 se comenzó a utilizar la mención «Kraški pršut».

El año 1977 supuso el comienzo de una nueva era en la producción del «Kraški pršut» y de otras especialidades cárnicas secas, ya que los productores empezaron a utilizar instalaciones de producción equipadas con medio técnicos especiales, denominadas «pršutarne». La forma y propiedades organolépticas típicas del jamón son un reflejo de la cultura gastronómica del Carso.

4.7.   Estructura de control:

Nombre:

Bureau Veritas d.o.o.

Dirección:

Linhartova 49a

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14757670

Fax

+386 14747602

E-mail:

info@bureauveritas.si

4.8.   Etiquetado:

La denominación «Kraški pršut» se marca al fuego en la corteza de los jamones enteros sin deshuesar y deshuesados y en los cuartos y mitades de jamón.

Una característica reconocible del «Kraški pršut» es su logotipo en forma de jamón estilizado, con la denominación «Kraški pršut». Este logotipo va acompañado del número del productor y aparece en la etiqueta de los productos finales, como los jamones sin deshuesar, deshuesados, presentados en mitades o cuartos o los jamones en lonchas envasados al vacío o en atmósfera modificada.

El «Kraški pršut» también lleva en la etiqueta la mención «indicación geográfica protegida» o el símbolo comunitario correspondiente, el número de certificado mencionado y el símbolo de calidad de la República de Eslovenia.


(1)  DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.


28.9.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 284/30


Anuncio a la atención de Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed y Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al-Husayn Ould Muhammad Salim, añadidos a la lista mencionada en los artículos 2, 3 y 7 del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida, en virtud del Reglamento (UE) no 960/2011 de la Comisión

2011/C 284/06

1.

La Posición Común 2002/402/PESC (1) insta a la Unión a congelar los fondos y recursos económicos de los miembros de la organización Al-Qaida y otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas a ella, como se contempla en la lista establecida con arreglo a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267(1999) y 1333(2000), lista que actualizará periódicamente el Comité de las Naciones Unidas establecido en virtud de la RCSNU 1267(1999).

En la lista establecida por dicho Comité de las Naciones Unidas figuran:

Al-Qaida,

personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados con Al Qaida, así como

personas jurídicas, entidades y organismos propiedad de cualquiera de dichas personas, entidades, organismos o grupos asociados, controlados por ellos o que les apoyen de cualquier otra forma.

Los actos o actividades que indican que un individuo, un grupo, una empresa o una entidad está «asociado con» Al-Qaida son:

a)

la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades por parte de Al-Qaida, o de cualquier célula, afiliado, grupo aislado o derivado de ellos, o en coordinación con los mismos, así como en su nombre, representación o apoyo;

b)

el suministro, la venta o el transporte de armas y material conexo a cualquiera de ellos;

c)

el reclutamiento para cualquiera de ellos; o

d)

cualquier otro apoyo a sus actos o actividades.

2.

El Comité de la ONU decidió el 15 de septiembre de 2011 añadir a Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed y Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al-Husayn Ould Muhammad Salim a la lista en cuestión. Estos podrán en todo momento presentar al Ombudsman de las Naciones Unidas una solicitud de reconsideración de la decisión de incluirles en la citada lista de las Naciones Unidas, acompañando su solicitud de toda documentación justificativa. Dicha solicitud deberá enviarse a la dirección siguiente:

Naciones Unidas — Oficina del Ombudsman

Oficina TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 2129632671

Fax +1 2129631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Para más información consúltese: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Con arreglo a la Decisión de las Naciones Unidas citada en el apartado 2, la Comisión ha adoptado el Reglamento (UE) no 960/2011 (2), por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida (3). La modificación, efectuada de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra a), y el artículo 7 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 881/2002, añade a Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed y Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al-Husayn Ould Muhammad Salim a la lista del anexo I de dicho Reglamento (en lo sucesivo denominado «el anexo I»).

Las siguientes medidas del Reglamento (CE) no 881/2002 se aplican a las personas y entidades incluidas en el anexo I:

1)

la congelación de todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, pertenencia o tenencia la ostenten las personas concernidas, y la prohibición de que nadie ponga fondos y recursos económicos a su disposición, directa ni indirectamente, ni de que los utilice en beneficio suyo [artículos 2 y 2 bis  (4)]; así como

2)

la prohibición de la concesión, venta, suministro o transferencia, directa o indirectamente, de asesoramiento técnico, ayuda o formación relacionados con actividades militares a cualquier persona concernida (artículo 3).

4.

El artículo 7 bis del Reglamento (CE) no 881/2002 (5) establece la posibilidad de un proceso de revisión cuando las personas citadas en la lista presenten alegaciones. Las personas y entidades añadidas al anexo I por el Reglamento (UE) no 960/2011 podrán presentar a la Comisión una solicitud relativa a la revisión de las razones de su inclusión en la lista. La solicitud deberá remitirse a:

Comisión Europea

«Medidas restrictivas»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Se recuerda igualmente a las personas y entidades afectadas que tienen la posibilidad de impugnar el Reglamento (UE) no 960/2011 ante el Tribunal General de la Unión Europea con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 263, párrafos cuarto y sexto, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

6.

A efectos de una buena administración, se recuerda a las personas y entidades incluidas en la lista del anexo I la posibilidad de solicitar a las autoridades competentes del Estado o Estados miembros correspondientes que figuran en el anexo II del Reglamento (CE) no 881/2002 la autorización de utilizar fondos o recursos económicos bloqueados para sufragar gastos básicos o pagos específicos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 bis del citado Reglamento.


(1)  DO L 139 de 29.5.2002, p. 4.

(2)  DO L 252 de 28.9.2011, p. 8.

(3)  DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.

(4)  El artículo 2 bis se insertó en virtud del Reglamento (CE) no 561/2003 del Consejo (DO L 82 de 29.3.2003, p. 1).

(5)  El artículo 7 bis se insertó en virtud del Reglamento (UE) no 1286/2009 del Consejo (DO L 346 de 23.12.2009, p. 42).


Corrección de errores

28.9.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 284/32


Corrección de errores de la «Reglamentación relativa al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo»

( Diario Oficial de la Unión Europea C 216 de 22 de julio de 2011 )

2011/C 284/07

En la página 22, en el artículo 10:

donde dice:

«1.   Cuando la solicitud se refiera a documentos de terceros, el servicio competente, en su caso y en coordinación con el servicio que esté en posesión de los documentos solicitados, comprobará la aplicabilidad de una de las excepciones previstas en los artículos 4 o 9 del Reglamento (CE) no 1049/2001.»,

debe decir:

«1.   Cuando la solicitud se refiera a documentos de terceros, el servicio competente, en coordinación —si procede— con el servicio que esté en posesión de los documentos solicitados, comprobará la aplicabilidad de una de las excepciones previstas en los artículos 4 o 9 del Reglamento (CE) no 1049/2001.».

En la página 23, en el artículo 15:

donde dice:

«3.   El Vicepresidente y la Mesa decidirán, sobre la base de la propuesta elaborada por el servicio competente, por delegación del Secretario General. Este servicio consultará al delegado para la protección de los datos, que emitirá su dictamen en un plazo de 3 días laborables.»,

debe decir:

«3.   El Vicepresidente y la Mesa decidirán, sobre la base de la propuesta elaborada por el servicio competente, por delegación del Secretario General. Este servicio podrá consultar al delegado para la protección de los datos, que emitirá su dictamen en un plazo de 3 días laborables.».

En la página 24, en el artículo 21:

donde dice:

«1.   Para completar el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1049/2001, si el volumen de los documentos solicitados supera las veinte páginas, se podrá cobrar al solicitante una tasa de 0,10 euros por página más los gastos de porte. Los gastos correspondientes a otros soportes se decidirán en cada caso, sin que puedan exceder de un importe razonable.»,

debe decir:

«1.   Para completar el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1049/2001, si el volumen de los documentos solicitados supera las veinte páginas, se podrá cobrar al solicitante una tasa de 0,10 euros por página más los gastos de porte. Los gastos correspondientes a otros soportes se decidirán caso por caso, sin que puedan exceder de un importe razonable.».