31.5.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 161/1

A.

Considerando que una política migratoria justa y realista en la Unión Europea, que conlleva la creación de un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), debe incluir un programa de reasentamiento eficaz, sólido y viable, que proporcione una solución duradera para los refugiados que no pueden volver a su país de origen y cuya protección o sustento no puede asegurarse en los países de primer asilo,

B.

Considerando que el reasentamiento no solo satisface un objetivo humanitario en relación con las personas reasentadas, sino que también alivia a países terceros de la carga asociada a la acogida de un gran número de refugiados y constituye un medio muy útil de distribución de las responsabilidades,

C.

Considerando que actualmente solo diez Estados miembros reasientan a los refugiados sobre una base anual, con escasa coordinación entre sí sobre las prioridades de reasentamiento, lo que hace que no se utilice de manera estratégica el reasentamiento como instrumento de política exterior de la UE,

D.

Considerando que el uso estratégico del programa de reasentamiento puede tener ventajas directas e indirectas no solo para los refugiados que se reasientan sino también para el resto de refugiados que permanecen en el país de primer asilo, para el país de acogida, así como para otros países y para el sistema internacional de defensa en su conjunto,

E.

Considerando que el programa de reasentamiento puede ayudar a que la inmigración irregular sea menos atractiva para los refugiados que intentan entrar en la Unión Europea,

F.

Considerando que la necesidad de mostrar solidaridad hacia los terceros países que acogen un gran número de refugiados que necesitan protección internacional, es importante y refleja la necesidad de mostrar solidaridad también dentro de la UE,

G.

Considerando que la participación de la UE en el reasentamiento mundial de los refugiados sigue siendo bastante modesta y que ello repercute negativamente en la ambición de la UE de desempeñar un papel prominente en los asuntos humanitarios mundiales y en la escena internacional,

H.

Considerando que la solidaridad efectiva debe situarse en el centro de las políticas comunes de inmigración y de asilo entre los Estados miembros, lo que debería permitir un reparto equitativo de la responsabilidad de cumplir las obligaciones internacionales relativas a la protección de los refugiados, así como respecto de los terceros países que soportan una pesada carga al acoger a numerosos refugiados,

I.

Considerando que, en su Resolución de 7 de mayo de 2009, el Parlamento Europeo también hace un llamamiento a la solidaridad obligatoria en el reasentamiento de refugiados en la UE, cuando, entre otras cosas, las capacidades de recepción de un Estado miembro sean insuficientes, a fin de facilitar el reasentamiento de beneficiarios de la protección internacional en otros Estados miembros, siempre que los afectados accedan a ello y se respeten sus derechos fundamentales,

J.

Considerando que debe fomentarse la cooperación con terceros países que ya han aplicado varios programas de reasentamiento, a fin de aprovechar su experiencia mediante el intercambio de las mejores prácticas en materia de medidas de recepción e integración y de calidad general de las iniciativas de reasentamiento,

K.

Considerando que las organizaciones locales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, especialmente el ACNUR, deben participar en todas las etapas del programa de reasentamiento de la UE, aportando información específica, conocimientos técnicos, previsiones logísticas y experiencia,

L.

Considerando que el programa europeo de reasentamiento no tiene por qué hacer más complejo el procedimiento de reasentamiento,

M.

Considerando que se espera que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) comience a funcionar en 2010 y que pueda ofrecer apoyo a los Estados miembros en la ejecución de iniciativas de reasentamiento, asegurando al mismo tiempo la coordinación de las políticas dentro de la UE; considerando que la OEAA deberá intervenir de forma activa en las deliberaciones que tengan lugar entre los Estados miembros, la Comisión y el ACNUR,

N.

Considerando que debe prestarse atención no solo a la necesidad de hacer participar a más Estados miembros en el reasentamiento de refugiados, sino también a la calidad, la viabilidad y la eficacia del reasentamiento, centrándose en las medidas de integración,

O.

Considerando que se debe asegurar a los refugiados acceso inmediato a cursos de lengua y cultura y, en caso necesario, a la atención médica y psicológica,

P.

Considerando que el acceso a oportunidades de empleo para los adultos y la integración escolar inmediata de los menores son un paso fundamental de cara al éxito de una iniciativa de reasentamiento eficaz, por lo que los afectados deben tener acceso a servicios de orientación educativa y profesional,

Q.

Considerando que existen diversas entidades, tanto en la administración pública (municipios) como en la sociedad civil, entre las que se cuentan organizaciones no gubernamentales, organizaciones benéficas, escuelas y servicios sociales, que tienen la experiencia y los conocimientos necesarios para aplicar medidas de seguimiento,

R.

Considerando que la cooperación con las entidades antes mencionadas –en especial los municipios– ha sido de gran valor para la acogida e integración de los refugiados en los países con una práctica consolidada de reasentamiento,

S.

Considerando que el establecimiento de prioridades debería ser lo más flexible posible, sin descuidar nunca la prioridad efectiva que debe darse a las categorías de personas más vulnerables, conforme a lo indicado por el ACNUR,

T.

Considerando que el reasentamiento se debe llevar a cabo como un complemento y sin dejar de tener en cuenta otras soluciones sostenibles previstas para las personas que buscan protección internacional en la UE, y considerando asimismo que los esfuerzos de reasentamiento de refugiados no deben ir en perjuicio de los intentos de garantizar un acceso justo y eficaz al asilo en la UE,

U.

Considerando que los programas de reubicación interna también desempeñan un papel importante y deben ser apoyados paralelamente a las actividades de reasentamiento a las que se hace referencia en el presente informe,

V.

Considerando que, en su Resolución de 7 de mayo de 2009, el Parlamento Europeo también solicita que se establezca un sistema para que los beneficiarios de la protección internacional en Estados miembros que se enfrentan a presiones específicas y desproporcionadas puedan reasentarse en otros Estados miembros, previa consulta con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y garantizándose que el reasentamiento se ajusta a unas normas no discrecionales, transparentes e inequívocas, que se deben aplicar también a petición del Parlamento,

W.

Considerando que sin acceso a la información, recursos humanos, asesoramiento y un seguimiento permanente de los esfuerzos de reasentamiento, los Estados miembros que nunca han participado en los programas de reasentamiento se enfrentarán a grandes dificultades para incorporarse a los mismos, y será difícil cumplir el objetivo consistente en conseguir que participen más Estados miembros,

1.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de proponer un cambio en el Fondo Europeo para los Refugiados a fin de integrar el impacto del programa de reasentamiento de la UE;

2.

Valora positivamente los objetivos generales establecidos en la Comunicación sobre el programa de reasentamiento de la UE tal como se menciona anteriormente y la creciente atención dedicada al reasentamiento en la política general de asilo de la UE;

3.

Solicita que se adopten medidas para informar a los Estados miembros y a las autoridades locales de las ventajas que resultan del reasentamiento de refugiados;

4.

Recuerda, sin embargo, que una línea presupuestaria y el apoyo financiero no son suficientes para establecer un verdadero programa de reasentamiento en toda la UE;

5.

Insta a los Estados miembros a que fomenten la elaboración de mecanismos de financiación privada e iniciativas público-privadas más amplias, con objeto de apoyar el programa europeo de reasentamiento;

6.

Pide un programa más ambicioso que garantice la calidad y eficacia del reasentamiento, con directrices específicas sobre un nuevo modelo de establecimiento de prioridades, incentivos para estimular a más Estados a reasentar a los refugiados, coherencia del reasentamiento con otras políticas europeas de asilo y normas sobre las condiciones de recepción y las medidas de seguimiento que deben adoptarse en cada iniciativa de reasentamiento;

7.

Considera que, dentro de las nuevas perspectivas financieras (2013–2017), es preciso establecer una dotación específica para el reasentamiento; opina que esta dotación podría materializarse en un fondo específico para el reasentamiento que debería financiar un programa de reasentamientos más ambicioso;

8.

Celebra la apertura del nuevo Centro de Tránsito y Evacuación (ETC) en Rumanía, que ofrece un refugio temporal para los refugiados a los que urge el reasentamiento o para los refugiados que no pueden permanecer en los países de primer asilo; pide a la Comisión que saque partido de esta iniciativa y también impulse el reasentamiento a través del ETC;

9.

Acoge positivamente las iniciativas ad hoc que han puesto en marcha algunos Estados miembros para recibir refugiados a los que urge el reasentamiento, aunque reconoce que las iniciativas de este tipo deben adoptar una forma más estructurada;

10.

Subraya que un programa eficaz de reasentamiento de la UE debe proporcionar protección y soluciones duraderas tanto para las situaciones de los refugiados que se han prolongado en el tiempo como para ofrecer respuestas rápidas y adecuadas en caso de emergencia o de urgencia imprevista, y que el establecimiento de prioridades anuales debe permitir una reacción rápida en los casos de crisis humanitarias repentinas, que pueden ocurrir durante todo el año;

11.

Insiste en la importancia de permitir la ejecución de trabajo de campo para preparar el reasentamiento de los refugiados, evaluar sus necesidades y hacer posible una planificación adecuada de las futuras fases del reasentamiento, al margen de la información que puedan facilitar el ACNUR y las ONG y otras organizaciones;

12.

Aboga por una colaboración pública-privada con ONG y otros agentes sociales, como organizaciones religiosas y étnicas, para contribuir a la realización de los reasentamientos y al fomento del trabajo voluntario en este campo;

13.

Cree que los municipios que ya participan o van a participar en los reasentamientos deberían crear asociaciones y hermanamientos con otros municipios de su país de origen y de los Estados miembros, a fin de intercambiar experiencias en este campo y reforzar la cooperación en el territorio de la UE;

14.

Subraya la necesidad de un marco estructurado de colaboración como medio para recopilar conocimientos especializados y hacer posible que se recoja y se comparta la información; subraya asimismo que un programa eficaz de reasentamiento de la UE debe proporcionar a los Estados miembros (a los que ya participan en el programa y a los que desean participar) acceso a recursos humanos, asesoramiento especializado e información compartida, elementos que pueden ser útiles en cualquier fase de la iniciativa de reasentamiento; reconoce que todos los implicados en el reasentamiento, y especialmente los refugiados reasentados, constituyen una importante fuente de información para la valoración de las iniciativas de reasentamiento;

15.

Pide que se examinen e intercambien entre los Estados miembros las mejores prácticas que promuevan la eficiencia, entre las que se puede incluir la promoción de programas conjuntos, la evaluación inter pares, la creación de misiones conjuntas, la utilización de infraestructuras comunes (como los centros de tránsito) y la organización de misiones a los Estados miembros para evaluar el reasentamiento en curso;

16.

Pide que no se pase por alto la pertinencia de las medidas de seguimiento sobre la calidad de la recepción e integración en el Estado miembro de acogida; considera que el éxito del reasentamiento se debe definir no solo en términos del desplazamiento físico de los refugiados de un país tercero a un Estado miembro, sino también en términos de la aplicación de medidas que permitan la integración de los refugiados en el país de acogida;

17.

Pide que se preste especial atención a los recursos humanos de cualquier programa de reasentamiento actual o futuro de la UE, a fin de garantizar un procedimiento que permita buenas prácticas de adaptación e integración de los refugiados en la sociedad de acogida, ya que la experiencia demuestra que los esfuerzos de reasentamiento deben ser llevados a cabo con la supervisión de los funcionarios y expertos adecuados;

18.

Reconoce la falta de cooperación estructurada en lo que concierne a las actividades de reasentamiento en la UE, que requieren una considerable preparación logística, como las misiones de selección y orientación, reconocimientos médicos y cribados de seguridad, dispositivos de viajes y visados y programas de recepción e integración, como se menciona en la Comunicación COM (2009)0447;

19.

Confirma además que la inexistencia de mecanismos de cooperación y coordinación entre los Estados miembros eleva los costes de las operaciones relacionadas con el reasentamiento, disminuye su atractivo y reduce su impacto estratégico;

20.

Recomienda, por consiguiente, la creación de un servicio específico dotado del personal adecuado para llevar a cabo la necesaria coordinación entre todas las actividades de reasentamiento en curso en los Estados miembros;

21.

Considera que el marco institucional más apropiado para este servicio de reasentamiento sería la OEAA, en cuyo seno se podría cooperar en el ámbito de las políticas de la UE en materia de asilo y migración;

22.

Considera que este servicio podría establecer un estrecho contacto con el ACNUR y las ONG locales, a fin de obtener información importante que transmitir a los Estados miembros y las instituciones de la UE en relación, por ejemplo, con las prioridades urgentes, las técnicas de integración, etc.;

23.

Insiste además en que el servicio de reasentamiento podría desempeñar un papel importante en la supervisión y evaluación de la eficacia y calidad del programa de reasentamiento a escala de la UE, mediante la publicación de informes anuales sobre todas las actividades, basándose en la información recopilada por las instituciones y autoridades participantes en las iniciativas de reasentamiento en los Estados miembros;

24.

Desea destacar que el servicio de reasentamiento debe llevar un seguimiento de las ONG, organizaciones benéficas y otras entidades que puedan cooperar con las autoridades públicas en el proceso de reasentamiento de refugiados; señala además que el citado servicio debe publicar periódicamente documentos en los que se indiquen las normas y criterios que deben cumplir estas entidades a fin de ser elegibles para participar en los planes de reasentamiento de la UE;

25.

Subraya que la OEAA puede proporcionar una contribución muy útil para garantizar la coherencia y complementariedad entre el programa de reasentamiento de la UE y otras políticas de asilo europeas;

26.

Reconoce que un programa de reasentamiento adecuado requiere una actualización periódica de las nacionalidades y categorías de refugiados a las que debe darse prioridad en el proceso de reasentamiento, con especial atención a las emergencias geográficas y a las personas particularmente vulnerables, que son las más necesitadas de protección;

27.

Considera que las prioridades anuales de la UE deben ser establecidas por la Comisión, tal como se ha propuesto, con la participación fuerte y eficaz del ACNUR y del Parlamento Europeo en todas las etapas de la identificación y evaluación de los candidatos al reasentamiento;

28.

Propone que una delegación de miembros de las comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), Asuntos Exteriores (AFET) y Desarrollo (DEVE) participe en la reunión anual del grupo de expertos en reasentamiento;

29.

Considera que un programa de reasentamiento de la UE debe incluir procedimientos específicos para la participación del Parlamento Europeo en la elaboración de las prioridades anuales de la UE;

30.

Alienta a la OEAA a asumir un papel importante en la definición del programa de reasentamiento en la UE;

31.

Defiende el principio según el cual, en consonancia con la necesidad de adaptabilidad de las prioridades anuales de la UE, debería haber categorías que permanezcan estables todos los años, de modo que los Estados miembros puedan reasentar a las personas particularmente vulnerables en cualquier momento del año;

32.

Sugiere que se habilite a los Estados miembros para prepararse para procedimientos de emergencia en caso de circunstancias humanitarias imprevistas, por ejemplo cuando los refugiados sean objeto de ataques armados o cuando accidentes o catástrofes naturales tengan un fuerte impacto en los campos de refugiados; considera que estos procedimientos permitirían que el reasentamiento se llevase a cabo en un corto período de tiempo, realizándose los trámites administrativos con arreglo a un calendario comprimido o, en algunos casos, tras el desplazamiento de los refugiados; recomienda que este esfuerzo se considere como uno de los objetivos del programa de reasentamiento de la UE;

33.

Lamenta que solo diez Estados miembros tengan actualmente programas de reasentamiento, establecidos sin coordinación entre sí;

34.

Reconoce que la participación de los Estados miembros sigue siendo voluntaria, habida cuenta de las divergencias en las condiciones de acogida, los socios colaboradores y los criterios jurídicos que se utilizan para decidir a quién reasentar;

35.

Reconoce que algunos Estados miembros, principalmente del sur de Europa, se enfrentan a retos particulares porque están ubicados en las fronteras exteriores de la Unión;

36.

Pide, sin embargo, mayores incentivos para animar a más Estados miembros a participar en el programa de reasentamiento de la UE; reconoce que, aunque es importante una mayor asistencia financiera, no se debe socavar la contribución que la OEAA puede proporcionar al respecto ayudando a homogeneizar la situación mediante un incremento de la calidad de los servicios ofrecidos a los refugiados en los Estados miembros y la oferta de asistencia a través de las prácticas más eficaces para el alojamiento y la integración;

37.

Sugiere que se facilite una ayuda económica más sustancial a los Estados miembros interesados en comenzar a participar en el programa de reasentamiento de la UE, a fin de ayudarles a establecer un programa de reasentamiento sostenible y aliviar la carga inicial que conlleva la creación de una iniciativa de este tipo; sugiere que, para evitar un impacto excesivo en el Fondo Europeo para los Refugiados, el valor de la ayuda financiera se iguale al del resto de Estados miembros tras los primeros años de participación en el programa;

38.

Considera que no será posible aumentar el número de refugiados reasentados en la UE sin un marco administrativo y especializado para apoyar el programa y la creación de estructuras permanentes para preparar el reasentamiento y el seguimiento del proceso de integración;

39.

Considera que un programa eficaz de reasentamiento de la UE debe incluir disposiciones sobre las medidas de seguimiento, insistiendo en la calidad del reasentamiento en cada Estado miembro y en la existencia de normas de alto nivel en todas las fases, desde el reconocimiento hasta la acogida e integración de los refugiados;

40.

Pide a los Estados miembros participantes en el programa de reasentamiento que evalúen las medidas adoptadas en el procedimiento de reasentamiento para garantizar y mejorar la integración de los refugiados; opina que los Estados miembros también deben realizar un seguimiento periódico de la integración de los refugiados;

41.

Opina que las autoridades gubernamentales deben fomentar la máxima cooperación con las entidades no gubernamentales (ONG internacionales y locales, por ejemplo) y sacar provecho de la experiencia y proximidad de estas últimas a la hora de aportar las iniciativas mejores y más eficaces para el reasentamiento de los refugiados; considera que la participación de la sociedad civil en el programa europeo de reasentamiento fomentará el apoyo y la aceptación por parte de los Estados miembros y de las autoridades locales;

42.

Aboga por la realización de esfuerzos intensivos por parte de todas las entidades participantes para otorgar a los refugiados, especialmente a los más vulnerables, acceso a una vivienda adecuada, atención sanitaria, educación, cursos de idiomas y asistencia psicológica, así como acceso al mercado laboral, a fin de garantizar el éxito de la integración;

43.

Pide a la OEAA, concretamente a través del servicio de reasentamiento propuesto, que establezca criterios claros para el reasentamiento de calidad en estrecha colaboración con el ACNUR, las ONG y las autoridades locales, y que lleve un seguimiento del reasentamiento de los refugiados, a fin de contribuir a la evaluación y posterior mejora de las actividades de reasentamiento en los Estados miembros;

44.

Subraya una vez más el papel de la OEAA como entidad que podría fomentar la sensibilización respecto de algunas deficiencias en las iniciativas de reasentamiento, asistir a los Estados miembros en la búsqueda de soluciones específicas, y fomentar las mejores prácticas si se la dota de un servicio permanente de reasentamiento;

45.

Pide que se organice un debate anual conjunto de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Asuntos Exteriores para que contribuyan al desarrollo del programa;

46.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

31.5.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 161/8

A.

Considerando que la educación y la formación de calidad son indispensables para la realización personal de las personas, la igualdad y la lucha contra la exclusión social y la pobreza, la ciudadanía activa y la cohesión social,

B.

Considerando la necesidad prioritaria de mejorar la calidad de la enseñanza y de la formación de todos los estudiantes con el fin de alcanzar mejores resultados y mayores competencias, por medio, en primer lugar, de nuevas políticas más intensas dirigidas a aumentar la oferta formativa,

C.

Considerando que, pese a cierta mejora en materia de educación y formación lograda en la Unión Europea, no se alcanzarán la mayoría de los puntos de referencia comunitarios fijados para 2010; considerando que en particular los niveles de competencias siguen sin ser adecuados y que un tercio de la población europea posee cualificaciones académicas de muy bajo nivel,

D.

Considerando que diez años después del inicio del proceso de Bolonia no se ha alcanzado el objetivo de convergencia de la enseñanza superior entre los Estados miembros,

E.

Considerando que las políticas de educación y formación deberían permitir que todos los ciudadanos, con independencia de su edad, sexo, estado de salud, condiciones físicas y psíquicas, y sus orígenes lingüísticos, étnicos, nacionales, religiosos y socioeconómicos, adquieran, actualicen y desarrollen sus cualificaciones y competencias a lo largo de su vida,

F.

Considerando que la educación y la formación son elementos clave de la ejecución de la Agenda Social Renovada respecto a las oportunidades, el acceso y la solidaridad; considerando que la ejecución de dicha agenda ayudaría a crear más y mejor empleo y a brindar a los ciudadanos europeos la oportunidad de alcanzar su potencial,

G.

Considerando que es necesario realizar un esfuerzo continuo para que las mujeres tengan igualdad de acceso a todos los niveles de educación y que las opciones educativas no estén predeterminadas por estereotipos de género,

H.

Considerando la aplicación plena de las competencias clave, que deben ser objeto de nuevas medidas políticas a escala nacional y europea,

I.

Considerando que uno de los principales retos para la educación y la formación en Europa es la reforma de la educación para alcanzar un aprendizaje basado en un sistema educativo integral que prepare a los jóvenes para ser felices y convertirse en ciudadanos activos preparados para entrar en el mercado laboral,

J.

Considerando que la aplicación y el desarrollo adicional de estrategias de aprendizaje permanente sigue planteando un reto importante para numerosos Estados miembros; que hay que hacer un mayor hincapié en abarcar todo el ciclo vital, en lugar de centrarse en grupos o sectores específicos,

K.

Considerando que los beneficios de la inversión educativa sólo se aprecian a largo plazo y que es importante evitar que la agenda política los deje de lado; considerando que debemos abogar por el establecimiento de directrices de la UE sobre la calidad de los sistemas educativos y de formación, y evitar restricciones presupuestarias, o por lo menos los recursos destinados a esta materia deberían aumentar y no disminuir; considerando por tanto la necesidad de que la Unión Europea adopte mecanismos presupuestarios que no estén sujetos a la planificación anual en lo relativo al tema de la formación y la enseñanza,

L.

Considerando que la inversión en la educación y formación y la mejora y adaptación de conocimientos y destrezas de todos los ciudadanos es un factor determinante como medida preparatoria para salir de la crisis y para responder a los desafíos a largo plazo relativos a la competitividad económica mundial, el empleo, la consolidación de la ciudadanía activa y la integración social,

M.

Considerando que más del 80 % de los profesores de educación primaria y el 97 % de los profesores de educación preescolar de la Unión son mujeres, mientras que en la educación secundaria la cifra correspondiente es sólo el 60 %, y que en la enseñanza superior y el sistema de investigación es inferior al 40 %,

N.

Considerando las crecientes dificultades a que se enfrentan los docentes, a medida que los entornos educativos se hacen más complejos y diversos: cambios en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), restricciones financieras provocadas por la crisis económica, cambios en las estructuras sociales y familiares y multiculturalismo,

O.

Considerando que para abordar estos retos esenciales será importante poner en práctica el Marco Estratégico UE 2020 para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación,

P.

Considerando que las competencias digitales adquirirán cada vez más importancia en la evolución de la economía basada en el conocimiento y el mercado laboral de la UE; considerando que estas competencias ofrecen oportunidades de recuperación económica, fomento del espíritu empresarial y un mayor acceso al empleo,

Q.

Considerando que la actividad deportiva es una de las herramientas más eficientes contra las adicciones, como son el tabaco, el alcohol y las drogas, puesto que desde este punto de vista los alumnos escolares y estudiantes de universidad constituyen uno de los grupos sociales más expuestos; considerando que la condición primaria de las actividades deportivas de los alumnos y estudiantes es la existencia de una infraestructura adecuada,

1.

Acoge favorablemente la comunicación de la Comisión anteriormente mencionada «Competencias clave para un mundo cambiante»;

2.

Señala que, pese a los avances de los últimos años, los ciudadanos europeos todavía no están suficientemente cualificados; destaca que uno de cada siete jóvenes (entre 18 y 24 años) abandona la escuela prematuramente (6 millones de abandonos en la UE 27), que una cuarta parte de los jóvenes de 15 años de edad tienen una capacidad de lectura baja, que alrededor de 77 millones de personas (casi una tercera parte de la población europea entre los 25 y los 64 años de edad) carece de cualificaciones académicas o que éstas son de muy bajo nivel, que sólo una cuarta parte de la población posee cualificaciones superiores y que demasiados ciudadanos europeos carecen de cualificaciones en TIC; hace hincapié en que los bajos niveles de cualificación son un problema constante en toda la UE y expresa su preocupación por el aumento del número de jóvenes que no saben leer correctamente a los 15 años de edad (21,3 % en 2000 y 24,1 % en 2006);

3.

Pide a la Comisión que continúe el debate sobre las «Nuevas capacidades para nuevos empleos»; señala que, para 2020, 16 millones de puestos de trabajo adicionales precisarán de cualificaciones superiores y que cuatro millones de puestos de trabajo adicionales requerirán cualificaciones intermedias, mientras que habrá 12 millones de empleos menos que requieran cualificaciones inferiores; señala que en 2015 una gran mayoría de los empleos de todos los sectores exigirán cualificaciones en TIC; pide que este debate incluya a todas las partes interesadas, incluidos profesores, estudiantes, organizaciones profesionales competentes, ONG y sindicatos del sector, actores de la sociedad civil y, en particular, asociaciones de padres y alumnos y representantes de las empresas;

4.

Considera imprescindible poner en práctica políticas dirigidas a aumentar la calidad de la enseñanza y de la formación de todos los estudiantes; subraya que, para que los sistemas de enseñanza europeos estén a la altura del reto de la competitividad global es necesario aumentar la oferta formativa disponible, que debe ser superior y de ámbito más amplio que las demandas inmediatas profesionales y del mercado laboral;

5.

Considera esencial el aprendizaje de lenguas para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y para fomentar su movilidad y la igualdad de oportunidades;

6.

Insta a los Estados miembros a una aplicación más amplia del marco europeo de cualificaciones;

7.

Insta a que se preste atención no sólo a los denominados nuevos «trabajos verdes», sino también a los «trabajos blancos»; señala que, para 2030, el porcentaje de personas mayores de 65 años respecto a las que tienen entre 15 y 64 años aumentará del 26 % de 2008 a un 38 % en 2030; destaca que, por lo tanto, cada vez es más necesario poner en práctica políticas comunes para el envejecimiento activo, especialmente iniciativas de alfabetización, de recuperación y de actualización de las competencias clave en materia de TIC, para combatir la fractura digital, causa cada vez más común de la exclusión social de los ancianos;

8.

Observa que la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia UE 2020 subraya que la tasa de empleo femenino es especialmente baja (únicamente el 63 % de las mujeres trabaja, en comparación con el 76 % de los hombres) y que por ello se necesitarán políticas para promover la igualdad de género a fin de aumentar la participación en la fuerza de trabajo; destaca que, por consiguiente, la política de educación y formación debe tener por objetivo cerrar esta brecha en el mercado laboral y contribuir así a alcanzar un crecimiento sostenible y la cohesión social; insiste en la importancia de una educación no sexuada, y ello desde la más tierna edad;

9.

Pide que se preste especial atención a la necesidad de facilitar la integración de las personas discapacitadas, con independencia de su edad, educación y formación, haciendo especial hincapié en la integración real de los niños discapacitados en los centros de enseñanza desde sus primeros años de vida; subraya la necesidad de realizar inversiones y de una estrategia a largo plazo para eliminar cualquier umbral en este ámbito;

10.

Considera que toda educación debería fomentar la adquisición de competencias democráticas mediante el apoyo a los consejos de estudiantes y permitiendo que los estudiantes se corresponsabilicen de su educación, de conformidad con una Carta de los derechos de los estudiantes; pide a este respecto un amplio debate en la sociedad europea acerca de la función y el papel de la educación, y propone que el Ágora de los Ciudadanos sea el foro para dicho debate;

11.

Pide a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a los empleadores que, en estrecha colaboración con los establecimientos educativos y de formación, fomenten la mejora de las cualificaciones de las personas desfavorecidas;

12.

Reconoce que la globalización ha transformado profundamente las sociedades europeas y recomienda que se incluya la enseñanza sobre el desarrollo a escala mundial en toda la educación para que los ciudadanos puedan hacer frente a las amenazas y aprovechar las oportunidades que ofrece un mundo en pleno cambio;

13.

Considera esencial que los conocimientos digitales y sobre los medios de comunicación se introduzcan en todos los niveles educativos y de formación y se ofrezca una introducción a las nuevas tecnologías, y que se enseñe a todos por igual el uso consumado y autocrítico de las formas modernas de comunicación y los contenidos mediáticos en todos los niveles educativos y de formación; recalca la urgente necesidad de mejorar las cualificaciones de todos los ciudadanos europeos en el ámbito digital; señala que la formación y educación en las TIC, tanto a escala nacional como de la UE, son una necesidad, en vista de la creciente importancia de estas cualificaciones en un mercado laboral en plena evolución;

14.

Destaca la importancia de prestar un apoyo suficiente y de alta calidad al desarrollo de las competencias docentes y para introducir nuevas formas de organización del aprendizaje en entornos escolares atractivos;

15.

Subraya la importancia de la educación artística y cultural y del deporte en la educación y la formación, así como la necesidad de prestarles una especial atención, no sólo a través de la educación preescolar, primaria y secundaria, sino durante todo el ciclo vital; considera además que, desarrollar capacidades profesionales o técnicas y la educación cultural y social forman parte integrante de las políticas de educación y formación puesto que contribuyen a desarrollar aptitudes distintas de las escolares, que pueden favorecer la realización personal y el aprendizaje de fundamentos;

16.

Insta a los Estados miembros a ofrecer suficientes recursos para las inversiones con fines deportivos de los centros educativos, además de reforzar la colaboración entre el sector público y el privado en este ámbito;

17.

Pide a los Estados miembros que realicen inversiones suficientes en educación a fin de garantizar que todas las categorías puedan acceder al mercado laboral;

18.

Subraya la importancia de utilizar la historia y la lengua como vehículos para alcanzar la integración social y cultural europea;

19.

Llama la atención sobre la importancia de una educación de gran calidad en la primera infancia, para la temprana adquisición de competencias clave, para el aprendizaje de la propia lengua materna y de la lengua del país de residencia y, en particular, para apoyar a los niños de entornos desfavorecidos y con necesidades (de aprendizaje) especiales a fin de luchar contra la pobreza y la exclusión social del futuro;

20.

Llama la atención sobre la importancia de promover una cultura de lectura ya desde la educación preescolar, y sobre la importancia del acceso al material de lectura ya desde la edad de preescolar;

21.

Destaca la importancia de la educación en la lengua materna, en particular en el caso de las minorías tradicionales;

22.

Subraya la importancia del multilingüismo para la movilidad: por ese motivo, pide a los Estados miembros que introduzcan el aprendizaje de un segundo idioma en una etapa inicial;

23.

Resalta que es esencial adoptar medidas de apoyo pedagógico para los hijos de inmigrantes, a fin de facilitar su adaptación al entorno educativo y social del país de acogida;

24.

Subraya la necesidad de fomentar y apoyar actuaciones que aumenten la creatividad de los niños desde las primeras etapas de la vida, lo que servirá para allanar el camino para una cultura europea de la innovación;

25.

Llama la atención sobre los objetivos de Barcelona, que para 2010 persiguen proporcionar cuidados infantiles a, como mínimo, el 90 % de los niños de entre tres años de edad y la edad de escolarización obligatoria y a un mínimo del 33 % de los niños de menos de tres años de edad; y garantizar unos cuidados infantiles asequibles para el mayor número de personas posible;

26.

Subraya la necesidad de seguir desarrollando y fortaleciendo el aprendizaje de idiomas en la educación primaria y secundaria, también en lo que respecta a los niños inmigrantes, y la importancia de que la enseñanza se realice en la lengua materna, en el caso de las minorías tradicionales;

27.

Apoya la idea de una pedagogía que haga posible una consulta más frecuente y una participación mayor de los alumnos en la gestión del proceso educativo, una participación activa de los padres de alumnos en la comunidad educativa y el desarrollo de unas relaciones de confianza entre alumnos y profesores, y que de ese modo estimule el espíritu de iniciativa y la adquisición de las competencias sociales y cívicas indispensables para una ciudadanía activa;

28.

Hace hincapié en la importancia de integrar las nuevas tecnologías al programa educativo como herramienta esencial de aprendizaje en el ámbito de un sistema educativo actualizado; respalda la idea de que los niños adquieran competencias para un uso responsable y autocrítico de los contenidos mediáticos y, en particular, de Internet a temprana edad bajo una supervisión adecuada, y considera esencial sensibilizar a los niños en las cuestiones relacionadas con la defensa de la privacidad, la protección de los datos personales y el respeto de las normas en materia de derechos de autor;

29.

Considera que los avances cosechados en la adaptación de los planes de estudio escolares a las competencias clave constituyen un paso positivo, pero que es esencial realizar esfuerzos adicionales, incluso mediante el reconocimiento y la certificación de las competencias adquiridas a través del aprendizaje no formal e informal, para respaldar la adquisición de competencias clave por quienes corren el peligro de sufrir el fracaso escolar y la exclusión social;

30.

Solicita que se impulse la actividad física y deportiva en las escuelas, y la creación y participación en campeonatos escolares, lo que sirve para mejorar la salud, fomentar la integración y ayudar al desarrollo de valores que contribuyan a crear pautas de comportamiento positivas;

31.

Respalda la educación y la formación de los niños procedentes de familias de inmigrantes, destacando la importante contribución de la educación en el éxito de la integración de los inmigrantes en las sociedades europeas;

32.

Aboga por una estrategia exhaustiva para la adquisición de competencias clave, desde la adaptación de los planes de estudio escolares hasta el apoyo al desarrollo profesional y la formación continua de profesores, para conseguir una comunidad educativa con una elevada formación; considera que deben ofrecerse incentivos a los profesores para que mejoren su enseñanza y se centren en su desarrollo profesional;

33.

Insta a los Estados miembros a introducir en los centros de enseñanza general nuevas vías y materiales para jóvenes con una de las dificultades de aprendizaje más comunes, la dislexia, para darles de ese modo la oportunidad de concluir con éxito sus estudios a pesar de su limitación de aprendizaje;

34.

Hace hincapié en la importancia de la educación integrada para evitar prejuicios sociales y discriminaciones, a fin de contribuir así a la solidaridad social europea;

35.

Insta a una mayor movilidad entre las instituciones de educación superior, el mundo empresarial y la educación y formación profesionales (estudiantes, profesores, empleadores y formadores), para impulsar un aprendizaje centrado en el estudiante y la adquisición de competencias como el espíritu empresarial, el entendimiento intercultural, el pensamiento crítico y la creatividad, cada vez más necesarias en el mercado laboral; considera que, a tal fin, deben eliminarse urgentemente los obstáculos existentes en la UE, prestando especial atención a los obstáculos de carácter financiero y de reconocimiento, a fin de mejorar las experiencias de movilidad para todos los estudiantes; apoya el aseguramiento de la calidad de la enseñanza superior como medio para reforzar la movilidad con fines académicos y de investigación, y como condición previa para la igualdad de oportunidades de empleo para los ciudadanos de la Unión;

36.

Destaca la importancia de dotar a todos los jóvenes de una sólida base de competencias elementales, que es fundamental para favorecer la movilidad durante toda la vida y hacer frente a la evolución del mercado laboral y la emergencia de nuevas necesidades económicas y sociales;

37.

Pide que se fomenten los programas de investigación para fortalecer el «triángulo del conocimiento», esencial para impulsar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea;

38.

Pide a los Estados miembros que modernicen el programa de la enseñanza superior y, en particular, que coordinen los planes de estudio con las exigencias del mercado laboral;

39.

Insta a las instituciones de educación superior a que modernicen sus cursos y, en términos generales, aceleren el Proceso de Bolonia;

40.

Considera que las instituciones de educación superior deben hacerse más abiertas y estar más preparadas para todos, en especial alumnos que no han seguido un itinerario tradicional y de grupos desfavorecidos, y que los sistemas de becas bien dotados son especialmente adecuados para este propósito, ya que por medio de ellos se estimula a los jóvenes de familias desfavorecidas socialmente a iniciar estudios universitarios; considera además que los Estados miembros deben aplicar políticas específicas destinadas a garantizar el derecho fundamental a la educación para todos, incluidos los jóvenes con menos oportunidades económicas, y que debe estudiarse la posibilidad de establecer en el futuro un indicador compuesto para analizar la equidad en la enseñanza superior como parte del Marco estratégico de educación y formación;

41.

Recuerda en este contexto las Conclusiones del Consejo de mayo de 2007 (6) sobre los indicadores desarrollados para el seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing relativos a la educación y formación de las mujeres, en particular a la enseñanza superior y la investigación; lamenta no obstante, que estos indicadores no se hayan tenido plenamente en cuenta en el seguimiento de la aplicación del programa de trabajo Educación y Formación 2010; recomienda a este respecto su uso como instrumento para seguir los avances hacia la igualdad de género en la educación y la formación;

42.

Señala que si bien se han logrado avances en lo relativo al acceso de la mujer a la enseñanza superior, las mujeres siguen estando subrepresentadas en las disciplinas de matemáticas, ciencias y tecnología (tan sólo un 32 % de los graduados son de género femenino, y un 68 % son de género masculino); apunta que la reducción de los desequilibrios de género en estos ámbitos contribuiría a disminuir la escasez de personal cualificado que se registra en estos sectores en la UE;

43.

Considera que la educación no formal constituye un ámbito educativo complementario de la educación formal y recomienda que sea tratado como tal en las políticas del programa Educación y Formación 2020;

44.

Pide una inversión mayor, más efectiva y más amplia en la educación superior;

45.

Insta a los Estados miembros a alentar las asociaciones entre las instituciones de educación superior, universidades, centros de investigación y el mundo empresarial (a escala internacional, nacional, regional y local) y la inversión económica en educación superior por parte del mundo empresarial;

46.

Pide a los Estados miembros que asignen los recursos necesarios al sector de la enseñanza superior a fin de que pueda responder a los retos mundiales, dado que constituye un instrumento importante para la recuperación económica y social tras la reciente recesión;

47.

Invita a los Estados miembros a que promuevan la educación de las minorías tradicionales en su lengua materna por medios legislativos, administrativos y financieros;

48.

Insiste en que la educación y formación profesionales de alta calidad son esenciales para la preparación de los nuevos profesionales, así como para la acción sobre las «nuevas capacidades para nuevos empleos», prestando una especial atención a la ampliación de la formación laboral y el aprendizaje, también para los jóvenes licenciados, mediante acuerdos entre las universidades y las empresas; así como también favorecer periodos de estudios y prácticas de estudiantes de formación profesional en otros países de la Unión Europea, tal y como sucede con el programa Erasmus en el ámbito universitario; pide que se aumente el apoyo y el prestigio de la formación profesional;

49.

Subraya la necesidad de modernizar los programas de formación profesional tomando en consideración las competencias clave a fin de, por un lado, mejorar su calidad y hacer que resulten más atractivos para los jóvenes y, por otro lado, hacer que sean más apropiados para satisfacer las necesidades de desarrollo del mercado laboral; considera que los programas de formación profesional deben mejorar las competencias transversales clave;

50.

Subraya la necesidad de adoptar, sobre la base de las buenas prácticas existentes, un modelo de reconocimiento de los créditos de formación vinculados a las competencias de la ciudadanía para aquellos jóvenes que participan en acciones de voluntariado y de servicio civil promovidas por asociaciones sin ánimo de lucro o en el contexto de la cooperación al desarrollo;

51.

Insta a mejorar la transición entre la educación y la formación profesional secundaria y la educación superior, garantizando así unas mejores cualificaciones;

52.

Subraya la dimensión de aprendizaje permanente de la Recomendación sobre competencias clave e insiste en que, para lograr su aplicación plena, hace falta seguir avanzando en materia de educación y formación profesional y educación de adultos, incluso mediante el reconocimiento legal del derecho, para todos, a la formación para toda la vida;

53.

Subraya la importancia de intercambiar experiencias y mejores prácticas entre Estados miembros en el ámbito de la formación profesional;

54.

Solicita una actuación rápida para abordar el creciente número de personas con un bajo nivel de capacidad de lectura, prestando un especial apoyo a las administraciones locales porque son las de más fácil acceso para los ciudadanos; pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que presten atención a la cifra todavía demasiado alta de personas analfabetas y que luchen contra este problema de forma consecuente, también en el caso de las personas adultas;

55.

Manifiesta su profunda preocupación por el aumento constante de jóvenes desempleados, especialmente con la actual crisis económica; insta a los Estados miembros a que garanticen que los mercados laborales son flexibles, de modo que los jóvenes puedan encontrar empleo y cambiar de trabajo con facilidad;

56.

Subraya la necesidad de mejorar la inclusión de los proveedores de servicios educativos en el desarrollo de unos marcos nacionales de cualificaciones globales, y de dar mayor importancia a la educación previa, incluida la adquirida de manera oficiosa o ad hoc;

57.

Señala que no se lograrán los objetivos respecto a cuatro de los cinco puntos de referencia adoptados en 2003; insta a la Comisión, a los Estados miembros, a las autoridades regionales y locales y a otros agentes a analizar sus causas y a adoptar las medidas necesarias para invertir la situación;

58.

Subraya la importancia de un diálogo y una consulta estructurados y permanentes entre las personas que se encuentran en las fases finales de su educación y formación, los centros de enseñanza superior y las empresas;

59.

Respalda el objetivo de elevar la participación de los adultos en el aprendizaje permanente, del 12,5 % al 15 % para 2020, y pide que se tomen las medidas oportunas; insta, por ello, a las universidades a que hagan posible un acceso más amplio a los estudios, diversifiquen y amplíen el círculo de los estudiantes, y que reestructuren los programas de estudios para hacerlos atractivos a los adultos que deseen volver a estudiar; pide a la Comisión y a los Estados miembros que lleven a cabo iniciativas más enérgicas de apoyo y divulgación de las instituciones de formación permanente, como las escuelas de segunda oportunidad; pide que se tenga en cuenta y promueva la perspectiva de género en la aplicación de las estrategias de aprendizaje permanente; llama la atención sobre el papel fundamental que desempeñan las universidades para la tercera edad en el aprendizaje permanente;

60.

Señala que uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los adultos que desean participar en la educación y la formación consiste en la carencia de mecanismos de apoyo para sus familias; por tanto, anima a los Estados miembros a que establezcan medidas de apoyo como vía para garantizar que todos los estudiantes y trabajadores con cargas familiares (como el cuidado de hijos u otras personas dependientes) tengan la oportunidad de actualizar y/o mejorar sus cualificaciones y competencias sobre la base de las buenas prácticas experimentadas al respecto, dentro de la programación del Fondo Social Europeo, con los cheques de servicio y para la conciliación; considera que deben estudiarse en particular las oportunidades de aprendizaje digital, ya que permite una mayor flexibilidad para combinar, la educación, el trabajo y la atención a las personas;

61.

Recomienda al Instituto Europeo de la Igualdad de Género que adopte medidas de cara a mejorar la recopilación y el análisis de datos comparables sobre igualdad de género en el ámbito de la educación y la formación, y que facilite y actualice periódicamente las estadísticas sobre los indicadores de la Plataforma de Acción de Beijing;

62.

Recomienda a los centros de enseñanza y formación que se esfuercen por mejorar la comunicación sobre los programas abiertos a los adultos, y simplifiquen los procedimientos administrativos de acceso a dichos programas;

63.

Exhorta a la Comisión Europea a que tenga plenamente en cuenta la experiencia de las partes interesadas y su papel en la aplicación de la estrategia de Educación y Formación 2020;

64.

Pide a la Comisión Europea que incluya la educación no formal, la educación y formación profesional y a los escolares en los futuros indicadores de movilidad para la estrategia de Educación y Formación 2020, y que adopte los indicadores de movilidad de estudiantes del Proceso de Bolonia;

65.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

31.5.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 161/16

A.

Considerando que la Unión Europea y el mundo entero están atravesando la crisis económica más grave de los 60 últimos años, que la economía real debe hacer frente a la peor recesión de este período y que se prevén unas condiciones de empleo difíciles a pesar de la relativa recuperación económica,

B.

Considerando que, independientemente del tipo de empresa o sector en el que opere, hay una serie de cuestiones relacionadas con la dirección de las empresas que resultan importantes en el contexto general de la deontología de la conducta empresarial, tales como la obligación de diligencia, la transparencia, la responsabilidad social de las empresas, la gestión del riesgo, la sostenibilidad económica de las decisiones de inversión financiera, las prácticas del consejo de dirección o del consejo de supervisión, o el ejercicio de los derechos de los accionistas; y que la reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto que es necesario analizar estas cuestiones de forma constante, preservando la estabilidad financiera, con objeto de ayudar a encontrar soluciones que permitan a las empresas afrontar los desafíos actuales y de contribuir a fomentar el crecimiento económico y una tasa de empleo más elevada en la UE,

C.

Considerando que la crisis también ha puesto de manifiesto la existencia de una relación estrecha entre la gestión del riesgo y la política remunerativa, y la importancia de esta última para los mecanismos que determinan el buen funcionamiento de las empresas, y que, por esta razón, la gestión del riesgo debe ser tenida en debida cuenta a la hora de establecer la política remunerativa, de modo que garantice que se incluyan sistemas de gestión del riesgo especialmente sólidos en un enfoque más amplio y equilibrado de la gobernanza de la empresa, y se asegure que, si se establecen incentivos, se constituyan como elemento de equilibrio unos sistemas adecuados de gestión del riesgo,

D.

Considerando que las empresas de todos los sectores comparten una serie de clases de riesgo, aunque algunos tipos de riesgos son específicos de un sector concreto (como los riesgos que afrontan las empresas activas en el sector financiero) y que una gestión del riesgo deficiente, como consecuencia de un control inadecuado del cumplimiento de las normas de supervisión y unos incentivos inadecuados en las políticas de remuneración, han tenido un papel central en la reciente crisis financiera,

E.

Considerando que la gestión del riesgo se debe entender y aplicar en el plano del conjunto de la organización y no sólo de sus unidades operativas individuales, y que también debe ser pública, transparente y estar sujeta a obligaciones de presentación de informes,

F.

Considerando que toda solución debe garantizar que, cuando se asuma el riesgo, éste sea acorde con el propósito de las actividades y la estrategia de la empresa, sin olvidar la gestión efectiva del riesgo, y que se debe considerar que una gestión efectiva del riesgo constituye uno de los elementos más importantes de una buena gobernanza corporativa en todas las empresas,

G.

Considerando que una de las primeras medidas adoptadas por la Comisión tras la crisis se refería la cuestión de la política remunerativa, complementando las Recomendaciones de la Comisión 2004/913/CE y 2005/162/CE, que tenían por objeto garantizar una política remunerativa apropiada mediante el establecimiento de buenas prácticas para su diseño, con una nueva recomendación relativa al sistema de remuneración de los consejeros de las empresas que cotizan en bolsa y la publicación de una recomendación sobre las políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros,

H.

Considerando que el grado de recomendación varía, dependiendo del tipo de empresa en relación con su tamaño, su organización interna y la complejidad de sus actividades, y que pueden establecerse distinciones entre empresas financieras (coticen o no en bolsa) y entre sociedades cotizadas pero no financieras, y entre ramos diferentes del sector financiero, como la banca, los seguros y la gestión de fondos,

I.

Considerando que en el contexto de la remuneración hay que tener en cuenta varios factores, tales como i) los programas de remuneración, incluida su estructura, transparencia y simetría, así como la relación entre remuneración e incentivo, ii) el proceso de determinación de los programas de remuneración, incluida la definición de interlocutores, funciones y responsabilidades, iii) el control sobre los programas de remuneración, prestando especial atención a los accionistas, y iv) la remuneración total, incluidos los salarios y las pensiones,

J.

Considerando que algunos aspectos de los principios, de importancia crucial, recogidos en las recomendaciones no están claros y deben llevarse a la práctica de manera adecuada, tales como el concepto de los criterios de rendimiento, que deben ayudar a establecer la relación entre remuneración y rendimiento, la noción de «rendimiento inadecuado» en el caso de los pagos por rescisión, el pago por rescisión y los componentes variables de la remuneración en el sector de los servicios financieros,

K.

Considerando que, dadas las constantes dificultades para definir la relación entre remuneración y rendimiento, hay que centrar la atención en la efectividad del proceso de determinación de la política de remuneración y en la transparencia, debiendo basarse ambos en una sólida gobernanza definida y evaluada con referencia a un marco temporal adecuado centrado en el medio y el largo plazo, que permita evitar políticas de gestión de riesgo peligrosas y no sostenibles basadas en el corto (o el cortísimo) plazo, con funciones definidas e independientes y en las responsabilidades de las personas implicadas,

L.

Considerando que ninguna solución adoptada debe basarse en el principio del modelo único y que las empresas han de ser flexibles para ajustar los sistemas a sus propias necesidades,

M.

Considerando que se necesita una evaluación ex post de la política de remuneración y el rendimiento,

N.

Considerando que la transparencia se ha erigido en un elemento importante de la buena gobernanza y que no se debe limitar a la mera publicación, sino que también debe conllevar que las empresas sean capaces de explicar la elección de una determinada política remunerativa,

O.

Considerando que la publicación de la política remunerativa de los consejeros de una forma clara y fácilmente entendible debe, en principio, favorecer el proceso de toma de decisiones sobre la política remunerativa, en particular por parte de los accionistas y que esta publicación puede incluir información detallada en las cuentas anuales o en el informe de remuneración sobre la remuneración total y otros beneficios concedidos a los consejeros a título individual,

P.

Considerando que el objetivo de la empresa debe ser la implicación constructiva de los accionistas y los empleados, que ello exige el análisis de otras medidas para su participación efectiva en la elaboración de la política remunerativa de la empresa (como la posibilidad introducida en Alemania de que las empresas obtengan la aprobación de los accionistas de una política remunerativa por niveles a través de una votación consultiva), en particular porque los accionistas no siempre desean o están dispuestos a asumir una función más activa y que ello también debe suponer que se analicen formas de garantizar una conducta más proactiva que reactiva por parte de los accionistas con respecto a los consejos,

Q.

Considerando que al ser notable, especialmente en las empresas que cotizan en bolsa, la no participación de los accionistas, debe fomentarse el voto electrónico en las asambleas generales de accionistas,

R.

Considerando la necesidad de que la legislación vigente relativa a la información y consulta a los trabajadores en la gestión de su empresa se aplique debidamente para que se pueda entablar un verdadero diálogo con los dirigentes empresariales y llegar a una definición clara de las prácticas en materia de remuneraciones y los objetivos de las empresas,

S.

Considerando que forma parte de las competencias de los consejos de administración de las sociedades establecer criterios para la remuneración de los directivos y fijar los niveles de dicha remuneración,

T.

Considerando que las normas voluntarias son esenciales para mejorar el rendimiento de los consejos y que puede ser necesaria una revisión de buenas prácticas,

U.

Considerando que el objetivo debe ser la creación de consejos de administración y de vigilancia competentes, capaces de aplicar un criterio objetivo e independiente y que se debe evaluar la efectividad y eficiencia de los consejos,

V.

Considerando que, dadas las deficiencias reconocidas del actual sistema de gobernanza empresarial, una parte (por ejemplo, un tercio) de los consejeros deberían ser profesionales remunerados, responsables solamente ante los accionistas y subordinados a ellos; considerando que la responsabilidad y la subordinación se filtrarán con arreglo a la experiencia profesional,

W.

Considerando que, a pesar de que la legislación en este ámbito puede resultar una opción más compleja y prolongada que la adopción de recomendaciones, el planteamiento de la legislación indicativa no resulta satisfactorio,

X.

Considerando que la Comisión tiene previsto complementar las recomendaciones con propuestas legislativas dirigidas a incluir los sistemas de remuneración en el ámbito de aplicación de la supervisión prudencial, y que ha propuesto, en concreto, revisar la Directiva sobre los requisitos de capital, y considerando que la Comisión pretende examinar otras medidas en relación con los servicios financieros no bancarios,

Y.

Considerando que las recomendaciones publicadas por la Comisión sobre las empresas que cotizan en bolsa no constituyen necesariamente orientaciones generales adecuadas para el desarrollo de buenas prácticas en las empresas que no cotizan en bolsa,

Z.

Considerando que la aplicación uniforme y coherente, en toda la Unión Europea y de todas las partes implicadas, de cualquier instrumento adoptado en este ámbito resulta fundamental,

1.

Acoge con satisfacción las medidas destinadas a tratar los aspectos deontológicos de la gestión de las empresas, que, como la reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto, no están ni mucho menos resueltos y, en este contexto, las dos recomendaciones publicadas por la Comisión;

2.

Señala, no obstante, que el planteamiento del derecho indicativo no resulta satisfactorio;

3.

Por tanto, acoge con satisfacción la primera propuesta legislativa de la Comisión que permite al legislador de la Unión Europea abordar convenientemente las cuestiones pertinentes, tales como la modificación de la Directiva sobre los requisitos de capital;

4.

Suscribe los principios incluidos por la Comisión en su Recomendación de 30 de abril de 2009, en primer lugar sobre la estructura de la remuneración y la gobernanza en materia de remuneración de los consejeros y los directivos de las empresas que cotizan en bolsa y, en segundo lugar, sobre la estructura de la remuneración, el proceso de diseño y de aplicación de la política de remuneración (la gobernanza), la transparencia de la política de remuneración y el control prudencial (la supervisión) en el sector financiero, aunque subraya que la transposición al Derecho nacional de dichas recomendaciones por parte de los Estados miembros se ha llevado a cabo de manera insatisfactoria;

5.

Subraya que la UE necesita un nuevo modelo productivo, social y medioambiental orientado al largo plazo, que respete el interés general -de las empresas, los accionistas y los trabajadores- y una nueva arquitectura financiera basada en un sistema de normas prudenciales y deontológicas y sometida a autoridades de supervisión nacionales y europeas dotadas de poderes vinculantes; considera asimismo que el sector financiero debe responder a las necesidades de la economía real, contribuir a promover un crecimiento sostenible y dar muestras del mayor grado posible de responsabilidad social;

6.

Recuerda que durante la fase de renovación económica, además de las medidas de ayuda a la economía real, revisten particular importancia, y deberían ser tomadas en cuenta por todas las partes interesadas, las medidas de protección en favor del empleo, la formación y las condiciones de trabajo;

7.

Subraya que las políticas de remuneración orientadas a una buena gestión sostenible de la empresa no se basan solo en razones deontológicas, sino también en razones eminentemente económicas, pues tales políticas inciden directamente en el patrimonio de las empresas y en sus propias perspectivas de desarrollo, así como en las de la economía en general, y en el mantenimiento y la creación de un nivel de empleo más elevado;

8.

Considera que las disposiciones en relación con las políticas retributivas de los consejeros de bancos y de otras entidades de crédito no deben ser meras recomendaciones, sino que deben adoptar la forma de disposiciones vinculantes conectadas con un régimen de supervisión, con objeto de evitar que las partes variables de la remuneración (bonificaciones, opciones de compra de acciones, incentivos), alienten políticas de inversiones y de gestión de empresa demasiado arriesgadas y desligadas de las consecuencias que provocan en la economía real;

9.

Insiste en que la gestión empresarial y las políticas de remuneración deben respetar y fomentar los principios de equidad salarial y de igualdad de trato de hombres y mujeres, consagrados por los Tratados y las directivas de la Unión Europea;

10.

Considera necesarias nuevas acciones legislativas europeas para resolver la existencia de normas nacionales distintas en materia de remuneración corporativa en los casos en los que los consejeros de una sociedad (de cartera) se trasladan de un Estado Miembro a otro o de una empresa a otra de un Estado miembro diferente, o cuando las empresas hacen uso de su derecho a la libre circulación en el mercado interior, por ejemplo, a través de fusiones transfronterizas;

11.

Considera importante destacar la responsabilidad social general de los consejos de administración en cuanto al desarrollo sostenible y a largo plazo de empresas establecidas en un Estado miembro de la UE y que se incluya entre las obligaciones de los consejos de administración estructurar la remuneración de los consejeros de un modo que refleje tal objetivo y sea transparente para el público europeo;

12.

Insta a la Comisión a que proponga modificaciones específicas por sectores de la legislación en materia de servicios financieros para garantizar la coherencia de la política de remuneración de las entidades bancarias y las no bancarias; Asimismo, pide a la Comisión que presente propuestas legislativas en el ámbito del derecho de sociedades para contribuir a la resolución de cuestiones de gobernanza empresarial y garantizar la coherencia de la política de remuneración de todos los tipos de empresas;

13.

Invita a la Comisión a que fomente y respalde una aplicación efectiva de las medidas adoptadas a escala de la Unión Europea, centrada fundamentalmente en las empresas transfronterizas, y a que cumpla su iniciativa de presentar un informe de evaluación sobre la aplicación de ambas recomendaciones por parte de los Estados miembros; en este contexto, solicita a la Comisión que incluya en las conclusiones del informe de evaluación un programa apropiado de actividades legislativas y no legislativas que puedan ser necesarias;

14.

Pide que se apliquen con eficacia las normas de consulta y participación de los trabajadores elegidos en el marco de la Directiva 2001/86/CE (5) por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea;

15.

Considera que la Sociedad Anónima Europea es una plataforma adecuada para las mejores prácticas encaminadas a introducir principios éticos en la dirección de las empresas transnacionales y a aplicarlos en la práctica;

16.

Solicita a los Estados miembros que apliquen de forma efectiva medidas como las recogidas en la Directiva sobre los derechos de los accionistas, a fin de eliminar los obstáculos e intensificar la participación de los accionistas en la votación, en particular en lo que respecta a la votación transfronteriza;

17.

Solicita a todas las partes interesadas que participen activamente en una revisión de las prácticas corporativas y en la modificación de la cultura corporativa;

18.

Pide una mayor promoción de mujeres a puestos de dirección mediante la adopción de una recomendación de la Comisión sobre la introducción de un régimen para proveer puestos en los órganos decisorios de empresas y en otros órganos e instancias;

19.

Propone que las autoridades nacionales de supervisión, además de evaluar con mayor rigor la independencia de los miembros de los órganos directivos de las empresas, se doten de mecanismos más eficaces para luchar contra la corrupción, cuya aplicación permitirá no solo reforzar la gestión ética de las empresas, sino mejorar también sus resultados económicos;

20.

Respalda la creación de un marco uniforme y exhaustivo en materia de gestión del riesgo, una cuestión que en la actualidad parece abordarse en diversos códigos y normas aplicables en los Estados miembros sólo de forma fragmentaria;

21.

Destaca que, en el caso de los delitos económicos, es posible iniciar procedimientos penales contra los miembros individuales del consejo de administración de una empresa que sean responsables de dichos delitos;

22.

Pide a la Comisión que promueva el uso de una orientación mediante las mejores prácticas para las empresas que no cotizan en bolsa, que tiene en cuenta las especificidades y las diferencias de estas empresas;

23.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

31.5.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 161/21

A.

Considerando que la inversión en acciones destinadas a los jóvenes es fundamental para el futuro de las sociedades europeas, particularmente en una época en que la proporción de jóvenes respecto del total de la población mengua constantemente,

B.

Considerando que todos los jóvenes son un valor añadido para la sociedad y deben ser reconocidos como tal,

C.

Considerando que, al diseñar las políticas de hoy en día, las generaciones actuales tienen una importante responsabilidad con respecto a los jóvenes y las generaciones del futuro; que los políticos y los investigadores tienen que tener en cuenta las opiniones de los jóvenes para que estos se hagan oír,

D.

Considerando que la Unión Europea dispone de importantes instrumentos para la elaboración de políticas en el ámbito de la juventud, que han de ser no obstante explotados, comunicados e integrados plenamente por los Estados miembros,

E.

Considerando que empleo significa más que simplemente trabajo remunerado: se trata de un agente de socialización y puede ser una importante fuente de ayuda, estructura y formación de la identidad,

F.

Considerando que una situación laboral insegura puede hacer que los jóvenes se abstengan de crear una familia o pospongan el momento de hacerlo, lo que repercute en la evolución demográfica,

G.

Considerando que la juventud europea de hoy en día se enfrenta a unas tasas de desempleo cada vez mayores y se ve perjudicada por la crisis económica; que, en particular, los jóvenes menos cualificados tienen más posibilidades de caer en el desempleo y que conviene, por lo tanto, velar por que los jóvenes reciban la mejor formación posible que les garantice un rápido acceso al mercado laboral y una larga permanencia en él,

H.

Considerando que debe apoyarse un acceso en igualdad de condiciones para todos los jóvenes a una educación y una formación de gran calidad a todos los niveles y que se deben seguir promoviendo las posibilidades de aprendizaje permanente,

I.

Considerando que se debe facilitar la transición de los jóvenes de la educación y la formación al mercado laboral,

J.

Considerando que es urgente conceder prioridad absoluta a los problemas de abandono escolar y analfabetismo, especialmente entre los adolescentes y entre los presos jóvenes,

K.

Considerando que las cuestiones relacionadas con la salud, la vivienda y el medio ambiente son de gran importancia para los jóvenes y pueden tener graves consecuencias para sus vidas y su futuro; que es necesario promover un entorno favorable en términos de educación, empleo, inserción social y salud,

L.

Considerando que, además de poder contar con un entorno familiar sano, los jóvenes necesitan ayuda para satisfacer sus necesidades de autonomía e independencia,

M.

Considerando que ni en la Comunicación de la Comisión ni en la Resolución del Consejo se incluyen explícitamente los aspectos ambientales, y ello a pesar de que son cruciales para los jóvenes y tienen unas repercusiones considerables en la salud, la calidad de vida y el bienestar de las generaciones futuras; considerando, por lo tanto, que en una estrategia de la UE en materia de juventud se deberían mencionar claramente las cuestiones ambientales en los ámbitos de acción,

N.

Considerando que la participación activa en la sociedad no solo es una medida importante contra el empobrecimiento de la juventud, sino que contribuye también a su desarrollo personal, a mejorar su integración en la sociedad, a la adquisición de competencias y al desarrollo de un sentido de la responsabilidad,

O.

Considerando la importancia que en la estrategia para la juventud de la UE tiene el trabajo juvenil, no sólo como actividad de ocio dirigida a los jóvenes y por ellos practicada, sino también para permitirles adquirir experiencia práctica y desarrollarse a nivel personal,

P.

Considerando que el aprendizaje y la experiencia participativa en la sociedad refuerzan la comprensión y la participación activa en la democracia y sus procesos,

Q.

Considerando que se debería comunicar mejor a los jóvenes la existencia de programas europeos destinados a ellos con objeto de aumentar su participación,

R.

Considerando que una política eficaz en el ámbito de la juventud puede contribuir al desarrollo de una mentalidad europea,

1.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Una estrategia de la UE para la juventud: inversión y capacitación»;

2.

Se congratula de la Resolución del Consejo relativa a un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018);

3.

Señala que la definición del concepto de «juventud» varía de un Estado miembro a otro; observa que en este concepto influyen diferentes circunstancias sociales y que ello permite que exista margen para que cada Estado miembro adopte un enfoque diferente;

4.

Considera que los programas y los fondos comunitarios deberían reflejar la ambición que supone Europa para los jóvenes;

5.

Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente las disposiciones del Tratado de Lisboa en lo que se refiere a la política en el ámbito de la juventud, por ejemplo el fomento de la participación de los jóvenes en la vida democrática, una atención especial a los jóvenes y las jóvenes deportistas y el cumplimiento legal de la Carta de los Derechos Fundamentales;

6.

Reconoce que el método abierto de coordinación reforzado constituye, con el debido respeto al principio de subsidiariedad, la herramienta adecuada para cooperar en las cuestiones políticas en el ámbito de la juventud, a pesar de sus deficiencias, su uso restringido, su déficit de legitimidad, la inexistencia de una cooperación eficaz entre los expertos y los políticos electos, la falta de una integración adecuada con las prioridades nacionales y el riesgo de una «confusión de responsabilidades» entre los diferentes niveles; considera que, para obtener resultados a largo plazo, el método abierto de coordinación debería reforzarse;

7.

Subraya que el método abierto de coordinación necesita ser puesto en práctica por todos los actores implicados con una firme voluntad política para que pueda rendir al máximo; considera que los errores de aplicación constituyen un obstáculo fundamental para la consecución de los objetivos establecidos;

8.

Reconoce la importancia que reviste la colaboración entre las instituciones a escala local, regional, nacional y europea para la consecución de los objetivos de esta estrategia, y pide la participación activa de la Comisión, los Estados miembros y los representantes de la juventud para la aplicación de una estrategia para la juventud;

9.

Pide una cooperación más estrecha sobre las cuestiones relacionadas con la juventud entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo, y destaca la necesidad de una cooperación más integrada con y entre los Parlamentos nacionales en el marco del proceso del método abierto de coordinación;

10.

Se felicita de la definición clara del enfoque dual, de la introducción de métodos de trabajo y, sobre todo, de la lista clara de instrumentos de aplicación establecida por el Consejo; solicita que el Parlamento pueda participar en la definición de las prioridades de los ciclos de trabajo; pide que la cooperación europea en el ámbito de la juventud se base en datos y sea pertinente y concreta;

11.

Subraya la necesidad de desarrollar indicadores claros y fáciles de utilizar a escala nacional y europea, con los que se puedan mejorar, ampliar y actualizar los conocimientos reales de la condición juvenil, así como medir y comparar los avances en la aplicación de los objetivos fijados en común; subraya la importancia de una supervisión y evaluación permanentes;

12.

Destaca la importancia de llevar a cabo una evaluación sobre el estado de aplicación de la estrategia de la UE para la juventud; hace hincapié en que los informes de los Estados miembros sobre los progresos realizados en el ámbito de la juventud deberían estar disponibles al público para sensibilizar en mayor medida a la sociedad; destaca la necesidad de observar el modo de vida de los jóvenes europeos y los cambios que se están produciendo para poder evaluar los progresos reales;

13.

Considera que se debería desarrollar más el aprendizaje entre pares como un medio de facilitar el intercambio de buenas prácticas y contribuir a la coherencia de las acciones emprendidas a nivel nacional;

14.

Considera que, para contar con una estrategia integral de la UE para la juventud, la elaboración de políticas en el ámbito de la juventud y los programas y acciones de la UE deberían vincularse entre sí de forma precisa y transparente; considera, en particular, que los resultados de la aplicación de los programas de la UE deben servir de base para la elaboración de políticas en el ámbito de la juventud y la estrategia de la UE para la juventud en general, y viceversa;

15.

Destaca, asimismo, la necesidad de una evaluación en profundidad de los programas actuales ya en aplicación para posibilitar una gestión sólida de la calidad y, llegado el caso, mejorar considerablemente el programa para el futuro;

16.

Señala la necesidad de movilizar y adaptar los programas y fondos sociales de la UE para la juventud y de simplificar los procedimientos de acceso a los mismos; destaca la gran importancia de encontrar un enfoque práctico y no burocrático en este ámbito para aplicar una estrategia integrada que permita mejorar la vida de los jóvenes; hace hincapié en la importancia que reviste la participación de los jóvenes en la aplicación de programas para la juventud con objeto de que se tengan mejor en cuenta sus necesidades;

17.

Destaca la importante función de los programas Comenius, Erasmus y Leonardo da Vinci en el desarrollo de las políticas europeas de enseñanza y formación; reitera su prioridad política de considerar estos programas como una pieza clave en el desarrollo de la estrategia de la UE en materia de juventud, en especial para la próxima generación de programas plurianuales;

18.

Considera que deben hacerse aún más esfuerzos para fomentar la movilidad de los jóvenes en Europa y que, en los programas de movilidad, se debe prestar atención a los intercambios entre jóvenes al margen de la formación reglada, otorgando un margen suficiente para los mismos;

19.

Pide a la Comisión que, en el marco de los nuevos programas de movilidad, dedique especial atención a la movilidad de los trabajadores jóvenes, y a tal fin pide que se amplíe el actual régimen especial de visados para estudiantes de manera que incluya también a los trabajadores jóvenes;

20.

Señala la necesidad de implicar a los medios de comunicación en la divulgación de los programas para la juventud;

21.

Reconoce que la mejora de la situación de los jóvenes es una tarea intersectorial que se ha de tener en cuenta en cada ámbito político; anima a las instituciones europeas y a los Estados miembros a que promuevan la creación, en todas las carteras y ministerios, de un área de la juventud que ayude a reforzar la elaboración de políticas de juventud adecuadas; pide asimismo a la Comisión que nombre a «jóvenes funcionarios» en sus direcciones generales y que les siga formando; considera que el objetivo perseguido ha de ser evaluar los documentos de la Comisión desde la perspectiva de la política en materia de juventud; acoge por tanto con suma satisfacción el enfoque intersectorial como un factor necesario para lograr el máximo grado de eficacia; considera que la inclusión de las cuestiones relacionadas con la juventud en todos los ámbitos políticos es un factor clave para el éxito de la estrategia para la juventud;

22.

Destaca la necesidad de institucionalizar la justicia intergeneracional a nivel europeo y de que este principio sea adoptado por los Estados miembros, con vistas a una regulación justa de las relaciones entre generaciones;

23.

Subraya firmemente que la crisis económica mundial está teniendo un impacto notable en la juventud y que ello debería influir en gran medida en la fijación de prioridades para los distintos campos de acción; considera que, para ello, se debería identificar un abanico de medidas de acompañamiento de la estrategia de salida en el ámbito social, y prestar especial atención a la revisión de los sistemas de protección social y de seguridad social;

24.

Subraya la importancia de eliminar todas las clases de discriminación entre los jóvenes, como la discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión, discapacidad, edad u orientación sexual;

25.

Destaca la importancia de considerar a los jóvenes un grupo prioritario dentro de la visión social de la UE;

26.

Hace particular hincapié en la necesidad de ofrecer a los jóvenes con discapacidad una ayuda eficaz y a medida, así como una igualdad de oportunidades concretas en el acceso físico, sensorial y cognitivo a la educación, el empleo, la cultura, el ocio, el deporte, las actividades sociales y la participación en los asuntos públicos y civiles;

27.

Aboga por que las medidas adoptadas garanticen el respeto de la diversidad y la integración con éxito de los jóvenes y los niños;

28.

Pide a los Estados miembros que identifiquen conexiones intersectoriales entre las políticas en el ámbito de la juventud y las políticas en materia de educación, formación, empleo, cultura y de otro tipo;

29.

Destaca la necesidad de unas relaciones más estrechas entre las políticas destinadas a los jóvenes y a los niños;

30.

Anima a los Estados miembros a que intensifiquen la interacción entre los vértices del consabido triángulo (educación, investigación, innovación) como elemento clave del crecimiento y la creación de empleo; recomienda encarecidamente que se promuevan criterios comunes para un mayor reconocimiento mutuo de la enseñanza no formal y de la formación profesional agilizando por ejemplo la adopción del sistema del marco europeo de cualificaciones para el reconocimiento de las titulaciones y la transparencia y validación de las competencias;

31.

Pide a los Estados miembros que tomen más iniciativas para invertir en las competencias oportunas para los empleos que demanda el mercado y les anima a que vinculen los currículos educativos a las demandas de los mercados laborales, que prevean disposiciones legislativas para la formación profesional de corta duración (en aquellos casos en los que todavía sea necesario) y que utilicen, cuando sea posible, la validación de las competencias y el reconocimiento de las cualificaciones;

32.

Señala a la atención el problema del abandono escolar y la necesidad de adoptar medidas para garantizar que un porcentaje cada vez mayor de jóvenes complete la enseñanza obligatoria;

33.

Alienta con firmeza a los Estados miembros a que, en el marco de una financiación reforzada, promuevan la movilidad de todos los jóvenes en el aprendizaje y la formación, factor éste clave para adquirir conocimientos y experiencia laboral; destaca la importancia de la movilidad de los jóvenes, también en las regiones limítrofes con la UE, garantizando una amplia participación en los programas europeos que benefician a la juventud;

34.

Insta a los Estados miembros a que hagan todo lo posible para cumplir los objetivos estratégicos y alcanzar los parámetros fijados en el Marco estratégico actualizado para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020), en particular por lo que respecta a las personas con un rendimiento insatisfactorio y a aquéllas que abandonan la escuela antes de tiempo;

35.

Pide a los Estados miembros que creen las vías suficientes para que las personas que han abandonado el sistema educativo puedan reincorporarse a él, y que garanticen que aquéllas que han cursado una formación profesional dispongan de las pasarelas adecuadas para acceder a los niveles superiores de educación, y les insta a que tomen medidas y ofrezcan programas orientados a los jóvenes que se hayan quedado rezagados o hayan abandonado los estudios antes de tiempo a causa de una situación difícil o de una mala elección;

36.

Destaca la importancia de facilitar a los jóvenes acceso al asesoramiento y la orientación sobre la transición de la enseñanza al trabajo;

37.

Pide a los Estados miembros que velen por que los niños y los jóvenes, sea cual sea el estatus jurídico de sus familias, tengan derecho a la enseñanza pública, y que les ayuden a alcanzar, con el debido respeto a su cultura y lengua propias, un dominio suficiente del idioma del país de acogida y un conocimiento de la cultura de este como herramienta de integración;

38.

Pide a los Estados miembros que garanticen la igualdad de acceso a la educación de los jóvenes, independientemente de su origen social o su situación financiera, así como la igualdad de acceso a la educación para los jóvenes desfavorecidos de familias con bajos ingresos;

39.

Pide a los Estados miembros que apliquen la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que desarrollen la formación inclusiva, tanto en el ámbito de la educación formal como de la informal;

40.

Subraya la importancia que reviste un nuevo sistema de formación del profesorado continuo y efectivo con objeto de ayudar a los jóvenes estudiantes a afrontar con más éxito los retos de nuestra sociedad en rápida transformación;

41.

Destaca la importancia de fomentar la alfabetización mediática;

42.

Recuerda el papel fundamental de la educación para desarrollar positivamente las actitudes personales;

43.

Se muestra enormemente preocupado por el aumento constante de jóvenes desempleados, subempleados o con empleos precarios, especialmente con la actual crisis económica; apoya firmemente la petición al Consejo Europeo de que garantice que en la Estrategia de Lisboa posterior a 2010 y en la Estrategia Europa 2020 se incluya una perspectiva sobre la juventud y de que apoye el mantenimiento de iniciativas acordes con los objetivos generales del Pacto Europeo para la Juventud; apoya firmemente la propuesta de desarrollar medidas adecuadas orientadas a los jóvenes en los programas de recuperación elaborados en el marco de los planes económicos y financieros de crisis;

44.

Destaca la necesidad fundamental de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europea de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo, y considera que la Agenda 2020 de la UE renovada debería permitir que la UE se recupere totalmente de la crisis dirigiéndose con mayor rapidez hacia una economía innovadora y generadora de empleo; en este sentido, pide que la Agenda renovada se centre más en los jóvenes;

45.

Pide a los Estados miembros que adopten medidas contra la precariedad y las malas condiciones laborales que afrontan los jóvenes en el mercado laboral y que apoyen activamente la conciliación de la vida laboral y la vida personal y familiar;

46.

Alienta a los Estados miembros a tener en cuenta la dimensión intergeneracional en las políticas de fomento del empleo;

47.

Pide a los Estados miembros que favorezcan el acceso de los jóvenes a todo tipo de puestos de trabajo en buenas condiciones de empleo para evitar la falta de correspondencia entre trabajo y cualificación, lo que supone un desperdicio de conocimientos; en este sentido, recomienda mejorar la calidad de los períodos de prácticas y los derechos de los trabajadores en prácticas, asegurando que la mayoría de los programas de prácticas ofrecen a los jóvenes una cualificación y les conducen a trabajos remunerados;

48.

Pide también a los Estados miembros que ofrezcan más oportunidades de empleo, apliquen políticas de protección social para los jóvenes desfavorecidos, garanticen las mismas oportunidades a los jóvenes que viven en la periferia y en los centros urbanos, y presten un apoyo especial a las madres jóvenes;

49.

Recuerda el riesgo de fuga de cerebros y las consecuencias negativas para los países de origen de los jóvenes; pide a los Estados miembros que exploren y elaboren estrategias para retener a los jóvenes en aquellos países y regiones que generan una inmigración importante, fenómeno que adopta diversas formas, como fuga de cerebros, déficit de personal cualificado y trabajos mal remunerados, flexibles, no cualificados y, a menudo, de temporada;

50.

Exige a los Estados miembros que eliminen las situaciones en que se constata una disparidad, por motivos de sexo, en cuanto a los niveles de remuneración entre los jóvenes;

51.

Exige a los Estados miembros que garanticen, en esta era de globalización, el derecho a un empleo digno y a la seguridad social, buscando un equilibrio entre flexibilidad y seguridad;

52.

Pide a los Estados miembros que garanticen la plena transferibilidad de los logros sociales con objeto de no poner en peligro la protección social de los jóvenes activos en movilidad;

53.

Subraya la importancia de efectuar períodos de prácticas en empresas e instituciones ya durante los estudios, lo que puede facilitar la posterior búsqueda de un puesto de trabajo;

54.

Propone que se promueva una cultura empresarial entre los jóvenes mediante una mejor comunicación sobre el mundo empresarial, apoyando a tal efecto el desarrollo de estructuras y redes europeas y alentando a los jóvenes a que trabajen por cuenta propia y recurran a los instrumentos de microcrédito y microfinanciación; destaca la importancia del aprendizaje permanente;

55.

Respalda la necesidad de sinergias entre el mundo académico y la realidad productiva y de formas avanzadas de integración entre universidades y empresas;

56.

Alienta a los Estados miembros a que apoyen las iniciativas privadas de los jóvenes, en particular mediante programas nacionales que complementen los programas europeos;

57.

Señala la necesidad de desarrollar políticas para conciliar la vida laboral y personal, y fomentar que los jóvenes funden una familia; señala también la necesidad de garantizar ingresos suficientes a los jóvenes con objeto de que puedan tomar decisiones de forma independiente, en particular la de fundar una familia;

58.

Subraya que las repercusiones del cambio climático y medioambiental y la degradación del medio ambiente tienen un efecto negativo sobre las vidas de los jóvenes y solicita que se adopten medidas sostenibles a este respecto;

59.

Pide a los Estados miembros que incluyan en los programas de estudios formas adecuadas de sensibilización para la prevención de los riesgos relacionados con la salud y el medio ambiente;

60.

Lamenta profundamente que no se haga ninguna referencia en el marco de la cooperación a las políticas relativas a los consumidores; considera que algunos problemas de salud pueden estar relacionados con la producción y comercialización de alimentos poco saludables;

61.

Subraya la necesidad de tener en cuenta la especial vulnerabilidad de los jóvenes y los niños en la elaboración de políticas relativas a los consumidores o al medio ambiente; subraya la necesidad de garantizar un nivel elevado de protección de los jóvenes consumidores mediante acciones como campañas informativas y educativas;

62.

Destaca la importancia de seguir luchando contra el uso de las drogas y los daños derivados del consumo de alcohol y tabaco y otras clases de adicción, entre ellas los juegos de azar, preferentemente por medio de la prevención y la rehabilitación; pide a los Estados miembros que saquen el máximo provecho del Plan de Acción de la UE en materia de lucha contra la droga y de la Estrategia de la UE para apoyar a los Estados miembros en la lucha contra los efectos nocivos del alcohol y de otras formas de dependencia;

63.

Recuerda asimismo que los niños y los jóvenes están expuestos a muchas escenas de violencia en los medios de comunicación; sugiere que este asunto se examine más detenidamente y que se tomen todas las medidas necesarias para anular sus efectos en su salud mental;

64.

Recomienda acompañar a los jóvenes en la utilización de las nuevas tecnologías mediante políticas de educación sobre los medios de comunicación y de concienciación ante los peligros de su uso incontrolado;

65.

Destaca la importancia de informar a los jóvenes sobre cuestiones de carácter sexual a fin de proteger su salud;

66.

Hace hincapié en el elevado e invariable número de casos de embarazo entre menores de edad, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que sensibilicen y eduquen a los jóvenes sobre esta problemática;

67.

Pide a los Estados miembros que velen por que los niños y los jóvenes inmigrantes tengan acceso, independientemente del estatuto legal de sus familias, a una atención sanitaria básica;

68.

Hace hincapié en el papel del deporte como un conjunto de actividades idóneas para promover estilos de vida saludables en la juventud y fomentar el sentimiento de equipo, el juego limpio y el sentido de la responsabilidad, así como en la importancia de informar a los jóvenes para luchar contra la violencia en las canchas, y pide programas especiales para jóvenes con discapacidad;

69.

Pide a los Estados miembros que, en sus esfuerzos en favor de la participación de los jóvenes en el deporte, tengan en cuenta las cuestiones específicas de género y presten, asimismo, apoyo a los deportes menos populares;

70.

Destaca la importancia de promover entre la juventud campañas educativas destinadas a combatir el dopaje y a apoyar el juego limpio en el deporte;

71.

Subraya la importancia de un diálogo y de una concertación estructurados y de carácter permanente con los jóvenes; anima con ahínco a que se promueva la participación de los jóvenes y de las organizaciones juveniles a todos los niveles (local, nacional e internacional) en la elaboración de las políticas generales y, en particular, de la política en materia de juventud, a través de un diálogo estructurado;

72.

Subraya la importancia de tomar en consideración el método de consulta a los jóvenes, de modo que se pueda tener en cuenta un amplio abanico de puntos de vista juveniles; está a favor de la creación de estructuras en las que todos los actores puedan trabajar conjuntamente, influir en pie de igualdad en las acciones y decisiones políticas, y proporcionar los medios necesarios para crear esas estructuras;

73.

Insta a los Estados miembros a que incluyan a las organizaciones juveniles en el proceso de elaboración de políticas, incluso a nivel local;

74.

Destaca la importancia de que, en el diálogo estructurado, los representantes de los jóvenes sean realmente representativos, y recomienda que la Comisión consulte a los representantes de los consejos nacionales de jóvenes en relación con los temas prioritarios para la juventud;

75.

Coincide en la necesidad, a menudo mencionada, de reconocer y apoyar a las organizaciones juveniles y su importante contribución para la educación no formal; pide a la Comisión y al Consejo que insten a los Estados miembros a que creen parlamentos y consejos de jóvenes a nivel local y les presten su apoyo, y a que pongan en marcha los programas correspondientes;

76.

Subraya la necesidad de contar con la participación de más jóvenes, de más diversa procedencia, para aumentar la representatividad; aboga por que se fomente la participación desde una edad temprana; en este contexto, alienta la reflexión sobre el fortalecimiento de los vínculos entre escuelas, organizaciones juveniles y otras organizaciones de la sociedad civil, e insta a fomentar un reconocimiento más generalizado de la enseñanza no formal;

77.

Sugiere la creación de sistemas para premiar a los jóvenes que participan activamente en la sociedad, con el objetivo principal de establecer una cultura de derechos y obligaciones;

78.

Subraya la necesidad de llevar a cabo esfuerzos especiales para alentar a los jóvenes que residen en zonas periféricas y rurales, y en barrios pobres, a que participen activamente en actividades europeas; lamenta, a este respecto, que, en el marco de la cooperación, no se proponga ninguna acción específica para que los programas de la UE lleguen mejor a los jóvenes, especialmente a los que viven en regiones alejadas y a los que no pertenecen a organizaciones políticas, sociales o no gubernamentales; solicita a la Comisión un compromiso definitivo en este ámbito;

79.

Destaca la necesidad de incrementar las medidas destinadas a la introducción eficaz de un intercambio de opiniones e informaciones en el marco de una cooperación trilateral entre las comunidades científica, empresarial y política a nivel local, regional, nacional y europeo;

80.

Pide a los Estados miembros que favorezcan el acceso de los jóvenes a las nuevas tecnologías para impulsar su creatividad y capacidad innovadora, y generar un interés por la cultura, las artes y la ciencia;

81.

Pone de manifiesto su extrañeza por la ausencia de cualquier referencia explícita a los retos culturales en la comunicación de la Comisión; añade que estos retos no podrán limitarse al espíritu empresarial y a las nuevas tecnologías;

82.

Acoge con beneplácito que se incluya en la Resolución del Consejo el papel que desempeñan las actividades socioculturales, complementarias a las desempeñadas por el sistema educativo y las familias; observa que estas actividades contribuyen de forma decisiva a la lucha contra la discriminación y la desigualdad, y favorece el acceso de los jóvenes al ocio, la cultura y los deportes;

83.

Subraya que es importante el apoyo a la cultura de la juventud y el reconocimiento de la misma cuando los Estados miembros le asignan fondos, lo cual resulta fundamental para desarrollar la creatividad de los jóvenes;

84.

Acoge con satisfacción la propuesta incluida en la Resolución del Consejo de promover una formación especializada para los jóvenes trabajadores en los ámbitos de la cultura, los medios de comunicación y las competencias interculturales;

85.

Sugiere que se incluya la perspectiva de los jóvenes en las políticas, programas y acciones en el ámbito de la cultura y de los medios de comunicación;

86.

Considera que se debería estimular a las instituciones culturales (museos, bibliotecas, teatros, etc.) para que cuenten con una participación más activa de niños y jóvenes;

87.

Pide a la Comisión y al Consejo que elaboren un carnet joven europeo para que los jóvenes puedan acceder a las instituciones culturales de toda la UE a un coste mínimo;

88.

Se congratula de la decisión del Consejo de designar 2011 «Año Europeo del Voluntariado» y de las medidas establecidas en la Recomendación del Consejo sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios en la Unión Europea;

89.

Opina que el voluntariado juvenil debería apoyarse, entre otras cosas ampliando el Programa de Voluntariado Europeo, y ayudando a los jóvenes desfavorecidos a comprometerse a realizar actividades de voluntariado;

90.

Considera que, en función de los resultados de la evaluación de la Acción preparatoria Amicus, deben preverse otras acciones;

91.

Considera que las actividades voluntarias no deben sustituir a las oportunidades de empleo profesional y remunerado, sino traer aparejado un valor añadido para la sociedad;

92.

Pide la introducción y el reconocimiento mutuo de un «pasaporte europeo del voluntariado» como complemento al actual pasaporte para los jóvenes «Youth Pass»; en este pasaporte se consignará el trabajo voluntario realizado por los niños y los jóvenes y podrá presentarse a los empleadores potenciales como prueba de una cualificación;

93.

Se felicita de que 2010 haya sido designado «Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social», sobre todo en el contexto de crisis económica y financiera, que está repercutiendo especialmente en los jóvenes;

94.

Considera que, ante la perspectiva de envejecimiento de las sociedades, la equidad intergeneracional constituye un gran reto; pide a los Estados miembros que tengan en cuenta el interés de los jóvenes y de las generaciones futuras en el desarrollo de sus políticas, especialmente en tiempos de crisis económica y financiera;

95.

Subraya asimismo la necesidad de desarrollar más programas de sensibilización para los grupos marginalizados, como los jóvenes inmigrantes y las personas con necesidades especiales (las personas con discapacidad, los jóvenes necesitados de reinserción social tras el cumplimiento de una condena en prisión, las personas sin hogar, las personas con contratos precarios, etc.);

96.

Reconoce la necesidad de concienciar a los jóvenes con discapacidad y pide a las instituciones europeas que adopten medidas para garantizar en el futuro la plena integración de los jóvenes con discapacidad;

97.

Reitera su exigencia de que se garantice la igualdad de género desde una edad temprana y en todos los ámbitos de la vida; acoge, por lo tanto, con especial satisfacción que la resolución del Consejo tenga como objetivo mejorar el cuidado de los menores y promover la responsabilidad compartida entre los padres, con objeto de ayudar a conciliar el trabajo y la vida privada de los jóvenes de ambos sexos;

98.

Destaca la importancia de sensibilizar a los niños y los jóvenes sobre todo tipo de discriminación, sea cual sea el ámbito en que se produzca, y de luchar enérgicamente contra cualquier tipo de extremismo;

99.

Recomienda que se establezcan prioridades en cada Estado miembro para garantizar que ningún menor se vea desprovisto de acceso a la atención social;

100.

Subraya la importancia de la inclusión digital en un entorno digital; alienta a los Estados miembros a desarrollar conceptos en el contexto de la educación formal e informal para garantizar el acceso a la información, a la educación y a la cultura, así como para mejorar las competencias de los jóvenes con relación a los medios de comunicación;

101.

Recomienda una ayuda directa al desarrollo destinada a medidas en beneficio de los jóvenes y a combatir el consumo y el tráfico de drogas en los países en desarrollo;

102.

Se muestra favorable a fomentar actividades de interés público que proporcionen a los jóvenes un sentido de la responsabilidad, tales como el voluntariado con relación al cambio climático, al desarrollo o a la ayuda humanitaria; acoge con satisfacción, a este respecto, las oportunidades que la creación de un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria brindará a los jóvenes, con miras a la participación en las actividades humanitarias de la Unión Europea, la creación de un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria, y pide a los Estados miembros que se aseguren de que los jóvenes son plenamente conscientes de la existencia del mismo;

103.

Insta a la Comisión a que examine la posibilidad de mejorar las actividades de cooperación internacional en el ámbito del voluntariado juvenil;

104.

Pide a los Estados miembros que desarrollen programas de intercambio y hermanamiento con comunidades y países terceros a fin de promover el diálogo intercultural y alentar a los jóvenes a iniciar proyectos conjuntos;

105.

Subraya la importancia de mejorar y aplicar a gran escala el programa Erasmus Mundus;

106.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

31.5.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 161/32

A.

Considerando que toda la legislación debe ser proporcionada al objetivo y no debería promulgarse sin haber realizado una evaluación de impacto completa en la que se analice la carga financiera que impondría la legislación y que incluya un análisis detallado de costes y beneficios,

B.

Considerando que la simplificación debe beneficiar ante todo a los agricultores y no solo a las autoridades nacionales y a los organismos pagadores en los Estados miembros, como se ha observado predominantemente,

C.

Considerando que una nueva PAC debe permitir a los agricultores concentrarse en el objetivo fundamental de ofrecer alimentos seguros, de calidad y cuyo origen pueda identificarse, al mismo tiempo que ha de apoyarlos a la hora suministrar bienes públicos no comerciales,

D.

Considerando que el objetivo debe ser reducir los costes de aplicación de la PAC y, al mismo tiempo, las cargas administrativas que pesan sobre los productores de la Unión, para permitir que los agricultores dediquen más tiempo a trabajar sus tierras,

E.

Considerando que una nueva PAC debe ser competitiva de forma sostenible,

F.

Considerando que es necesario velar por una legislación clara y comprensible, que ofrezca seguridad jurídica a las autoridades competentes y a los agricultores, así como eliminar la legislación innecesaria,

G.

Considerando que la distribución de la ayuda única por explotación debe garantizar la equidad,

H.

Considerando que es necesario un marco jurídico para gestionar las importantes cuestiones jurídicas vinculadas a la PAC,

I.

Considerando que la nueva PAC debe estar más orientada hacia el mercado, de acuerdo con las recientes reformas de la política agrícola común, y centrarse en reducir el proteccionismo excesivo, manteniendo al mismo tiempo disponibles los instrumentos de asistencia a los agricultores en épocas de acusada volatilidad económica,

J.

Considerando que la nueva PAC debe ser más sencilla y tener mayor capacidad de reacción,

K.

Considerando que la legislación ha de ser más flexible con el fin de que la PAC pueda reconocer regiones y territorios específicos, sin poner en peligro el carácter común de la PAC,

L.

Considerando que debe promoverse el intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros y autoridades locales,

M.

Considerando que la política agrícola común reviste una importancia central en la UE-27 como un medio no solo de garantizar un suministro adecuado de alimentos seguros, sino asimismo de continuar respondiendo a retos tales como la conservación de las zonas rurales, las regiones montañosas, las zonas desfavorecidas, las zonas ultraperiféricas y la multifuncionalidad de la agricultura europea,

1.

Hace hincapié en que la PAC debe intentar armonizar la normativa eliminando la duplicación existente; pide asimismo a la Comisión que, cuando se introduzca una nueva normativa, se intente al mismo tiempo eliminar cargas innecesarias;

2.

Insta a la Comisión a que consulte periódicamente y de manera generalizada a las partes interesadas del sector agrícola, con el fin de evaluar mejor el impacto de la normativa sobre el terreno y de determinar las normas más prácticas, sencillas y transparentes para los agricultores;

3.

Hace hincapié en que se requiere una mayor simplificación de la PAC para reducir los costes que su aplicación tiene para las instituciones de la UE, los Estados miembros y los propios beneficiarios; considera que, de esta forma, la política será más comprensible para los agricultores y los contribuyentes;

4.

Pide a la Comisión que armonice las normas de la PAC eliminando la duplicación de tareas y reduciendo la burocracia, con el fin de incrementar la competitividad del sector agrícola en todos los Estados miembros;

5.

Destaca que las medidas de la PAC deben ser proporcionadas al riesgo y que debe optarse por la vía legislativa únicamente si ello es auténticamente justificable, evitando así una construcción jurídica que resulte difícil de comprender por los agricultores;

6.

Pide que la PAC se guíe por los resultados en lugar de centrarse en la legislación, y que los Estados miembros y sus autoridades regionales ofrezcan más ayuda y asesoramiento a los agricultores mediante instrumentos y métodos de comunicación adecuados;

7.

Espera que, con arreglo a los principios de «legislar mejor», toda la legislación futura esté acompañada de una evaluación de impacto completa que tenga en cuenta las cargas reglamentarias y administrativas y que se garantice que la nueva legislación sea proporcionada a los objetivos que pretende lograr;

8.

Cree que, siempre que sea posible, los Estados miembros deben permitir la autocertificación;

9.

Considera que los Estados miembros deben tener la opción de introducir en los planes de desarrollo rural un régimen a tanto alzado por parcela, en particular para las pequeñas explotaciones, a condición de que el cumplimiento de las obligaciones contraídas esté garantizado;

10.

Reconoce el interés del principio de condicionalidad como uno de los conceptos centrales de los pagos directos con arreglo a la PAC y que se recomienda una simplificación considerable, pero sin reducir su eficacia;

11.

Hace hincapié en la necesidad de que la PAC sea más sencilla, más transparente y más equitativa;

12.

Destaca que la simplificación de la PAC no tiene que traducirse necesariamente en un menor apoyo a los agricultores y en el desmantelamiento de los instrumentos tradicionales de gestión de los mercados; pide que, de cara al futuro, la Unión Europea ponga en marcha mecanismos eficientes para frenar la volatilidad de los precios;

13.

Hace hincapié en que la simplificación de la PAC debe ir acompañada de medidas de información para los beneficiarios, y pide a la Comisión que amplíe y desarrolle medidas de información sobre la política agrícola común;

14.

Pide que sea posible corregir errores de forma autónoma, lo que permitiría a los receptores de los pagos que incumplan involuntariamente las normas informar a las autoridades sin que ello tenga como consecuencia que puedan ser objeto de una sanción pecuniaria;

15.

Señala que el sistema de multas para los agricultores por errores cometidos en las solicitudes de pago debe ser proporcionado a la magnitud de la infracción y que las sanciones no deben aplicarse en el caso de errores menores ni, en particular, en el caso de errores que se produzcan sin culpa del agricultor;

16.

Señala que las multas administrativas, incluida la obligación de devolver pagos percibidos por el agricultor, no deben basarse en circunstancias objetivamente ajenas al control del agricultor;

17.

Señala el problema de los agricultores con cónyuges que dirigen explotaciones agrícolas separadas y que, por tanto, deberían tener derechos y obligaciones independientes con respecto a solicitudes de pago en virtud de la PAC;

18.

Cree que el objetivo fundamental de las inspecciones es asesorar a los agricultores y orientarlos correctamente para que cumplan los requisitos legales mejor y del modo menos oneroso posible; considera, por tanto, que las inspecciones deben seguir siendo efectuadas por las autoridades públicas con el fin de garantizar que son independientes e imparciales;

19.

Hace hincapié en que, según las Naciones Unidas, la producción mundial de alimentos debe incrementarse en un 70 % para 2050 con el fin cubrir la demanda de 9 000 millones de personas;

20.

Considera que deben fijarse requisitos de condicionalidad y que estos deben tener en cuenta también el tamaño de las explotaciones, de forma que se reduzca la carga en las pequeñas explotaciones en las que el riesgo es menor;

21.

Insiste en que, cuando los Estados miembros apliquen sanciones a los agricultores por incumplimientos de la normativa, esas sanciones deberán aplicarse de una forma transparente, sencilla y proporcionada que tenga en cuenta la realidad sobre el terreno;

22.

Considera que los requisitos legales relativos a los controles de la condicionalidad deben ser fácilmente comprensibles por parte de los agricultores y las autoridades de control;

23.

Cree que el objetivo fundamental de los controles consiste en alentar a los agricultores a cumplir en mayor medida la legislación y que cabría la posibilidad de reducir los controles anuales de la condicionalidad respecto de los requisitos legales de gestión o sustituirlos por controles aleatorios cuando no se hayan registrado más que algunas infracciones en los años anteriores;

24.

Hace hincapié en que el requisito de efectuar controles de seguimiento respecto de las infracciones leves (límite de significación) debe reducirse hasta convertirlo en un muestreo aleatorio;

25.

Considera que debe eliminarse el uso de requisitos legales de gestión que no puedan controlarse de un modo sencillo o que no sean mensurables;

26.

Considera que debe autorizarse a los Estados miembros o, según proceda, a las autoridades regionales o locales a reducir la cuota de inspección hasta un límite mínimo específico si disponen de un marco para el análisis de riesgos que cumpla los requisitos de la legislación de la Unión y de pruebas de un nivel elevado de cumplimiento;

27.

Pide que, en cada Estado miembro, se introduzca un marco relativo al análisis de riesgos que cumpla la legislación de la Unión, con el fin de reducir las cuotas de inspección hasta un límite inferior específico;

28.

Considera que, proporcionando más ayuda y consejo a los agricultores mediante instrumentos eficientes de información y asesoramiento, como un servicio telefónico de ayuda o por Internet, se contribuiría a evitar infracciones y se facilitarían a los Estados miembros los medios para reducir las cuotas de sus inspecciones;

29.

Considera necesaria una coordinación de las actividades de control efectuadas —o que vayan a efectuarse— en las explotaciones agrícolas por las distintas partes cuyo cometido funcional o legal sea llevar a cabo dichos controles, con miras a reducir el número de visitas de inspección a las explotaciones;

30.

Considera necesaria la elaboración de un plan de comunicación sobre la condicionalidad con el fin de aportar tanta información como sea posible a agricultores y consumidores acerca de los requisitos y beneficios derivados de los bienes y servicios públicos suministrados por los agricultores cuyas actividades observan dichos requisitos;

31.

Considera que el número de requisitos de condicionalidad debe reducirse y que debe actualizarse su alcance;

32.

Pide que se autorice un sistema viable y transparente de indicadores con el objetivo de simplificar los instrumentos de evaluación para las verificaciones de la condicionalidad, y pide que se suprima el sistema actual y se elimine la posibilidad de imponer dos sanciones o más por un único error; pide a la Comisión que analice la desproporción existente entre las infracciones de la normativa sobre identificación de los animales, que suponen aproximadamente el 70 %, y las de los demás requisitos, y que proceda a los cambios oportunos;

33.

Considera que debe elaborarse un único texto legislativo sobre la condicionalidad; considera que las externalidades positivas producidas por las explotaciones agrícolas, en términos de bienes y servicios públicos, deben recibir una remuneración equitativa;

34.

Pide que se mantengan algunas normas de condicionalidad precisas y constantes que los Estados miembros puedan aceptar y respetar;

35.

Considera que los agricultores deben tener acceso a sistemas viables que les permitan presentar solicitudes relativas a pagos directos con facilidad y sin burocracia innecesaria, normalmente en su lugar de residencia;

36.

Cree que, con el fin de simplificar las normas del régimen de pago único, debe eliminarse la obligación de enviar anualmente la misma información detallada;

37.

Considera que debe requerirse el envío de menos información con las solicitudes, pues los datos necesarios pueden obtenerse en los organismos pagadores de los Estados miembros;

38.

Pide que se autoricen unas modalidades de pago más flexibles que permitan efectuar pagos incluso antes de completar definitivamente todas las verificaciones;

39.

Insta a la Comisión a que examine la definición de tierras subvencionables y su interpretación en los Estados miembros;

40.

Cree que debe revisarse a definición actual de tierras subvencionables a los efectos del pago único con el fin de asegurar de no sean elegibles los solicitantes que no sean agricultores en activo;

41.

Considera el futuro régimen debe tener en cuenta los principios de simplificación y que la simplificación, la transparencia y la equidad deben ser las prioridades clave de la reforma de la PAC;

42.

Pide a la Comisión que revise el sistema de control y liquidación de cuentas;

43.

Considera que, a la hora de aplicar controles de regulación, efectuar auditorías para determinar el cumplimiento e imponer correcciones de carácter financiero, la Comisión debe adoptar un planteamiento más proporcionado y, en última instancia, basado en los riesgos;

44.

Pide a la Comisión que presente propuestas que permitan mejorar la auditoría y el sistema de control para la PAC;

45.

Considera que deben evitarse las principales disparidades existentes en la ayuda directa entre los Estados miembros con el fin de garantizar un trato igual de los agricultores en toda la Unión Europea y para evitar las distorsiones en el mercado y la competencia;

46.

Reconoce que, con el fin de hacer frente a los retos medioambientales, incluida la adaptación al cambio climático y su mitigación, los agricultores tienen un papel importante que desempeñar a la hora de definir las medidas prácticas requeridas para lograr estos objetivos, y cree que la celebración de acuerdos sobre resultados en vez de la vía normativa es el mejor mecanismo para alcanzar dichos objetivos;

47.

Hace hincapié en que una reducción de la carga administrativa referente a la verificación y la información impuesta a las organizaciones de productores en el sector de las frutas y hortalizas aumentaría el atractivo de estas organizaciones para los agricultores y les llevaría a asociarse y a actuar juntos;

48.

Hace hincapié en que una única auditoría es suficiente cuando los pagos se efectúan sobre la base de un régimen de certificación existente (por ejemplo, regímenes de ayuda a la producción ecológica o para medidas de carácter medioambiental);

49.

Observa con preocupación el elevado nivel de errores en las solicitudes de pagos directos registrado en algunos Estados miembros; hace hincapié en que esos errores pueden achacarse principalmente al equipo ortofotográfico utilizado y no a los agricultores; pide que tales errores se sancionen únicamente en casos de intento claro de fraude;

50.

Considera que hay que regularizar los actos legislativos que planteen conflictos con otros actos legislativos (por ejemplo, legislación medioambiental y régimen de pago único) antes de imponerlos a los agricultores;

51.

Considera que las definiciones de la legislación sobre desarrollo rural deben revisarse y, en caso necesario, ampliarse con el fin de velar por la coherencia con la legislación referente a los pagos directos;

52.

Cree que se ha de incrementar la transparencia respecto de las sanciones y obligaciones para los agricultores;

53.

Pide que se definan con precisión las obligaciones que incumben a los agricultores, con objeto de eliminar la falta de transparencia en las sanciones;

54.

Espera que se recurra a una visión más amplia y a largo plazo del control de estos regímenes, prestando más atención a las repercusiones y los resultados finales que a las tasas específicas de error derivadas de las medidas de desarrollo rural o de carácter ambiental;

55.

Subraya que se necesita una revisión y simplificación del complejo régimen actual de indicadores y que el sistema de verificación, los informes anuales y las evaluaciones ex ante, intermedias y ex post han conducido a un sistema extraordinariamente complejo de indicadores e informes;

56.

Solicita a la Comisión que examine el uso de acuerdos sobre resultados como método más sencillo y eficiente para suministrar bienes públicos en el futuro;

57.

Pide la introducción de un sistema de indicadores simplificado y coherente que, indirectamente, daría lugar a una mayor facilidad de comprensión y aplicación, evaluaciones pertinentes y menos burocracia;

58.

Considera que las normas relativas a la subvencionabilidad del IVA con cargo al segundo pilar de la PAC, especialmente las actividades realizadas por los organismos que se rigen por el Derecho público, deben armonizarse con las aplicadas para los Fondos Estructurales;

59.

Hace hincapié en que la simplificación de la PAC debe ir acompañada de la simplificación de su aplicación, y pide a los Estados miembros que reduzcan al mínimo los trámites burocráticos requeridos para los posibles beneficiarios de la PAC, especialmente en el ámbito del desarrollo rural;

60.

Pide a los Estados miembros que, en sus programas de desarrollo rural, pongan a disposición de los beneficiarios potenciales sistemas que garanticen la transparencia, y que les concedan el tiempo necesario para preparar las solicitudes de financiación y cumplir los diversos criterios de elegibilidad para los regímenes de ayuda; pide a la Comisión que vele por que este aspecto sea un elemento permanente de los debates bilaterales con los Estados miembros;

61.

Insta a la Comisión a que examine el sistema de identificación de animales utilizado en cada Estado miembro y que procure establecer un sistema uniforme de identificación que garantice la eliminación de la normativa innecesaria, en particular, el examen de los números del productor y de la explotación, el número de registros requerido y la diferencia entre productor y explotación;

62.

Pide que se lleve a cabo una armonización de gran calado de las normas de identificación de los animales, actualmente muy diferenciadas;

63.

Considera que debe simplificarse al máximo la información sobre el movimiento de ovinos y caprinos y la comunicación de información a las bases de datos y a las autoridades, utilizando todos los instrumentos de comunicación disponibles, en especial las nuevas tecnologías;

64.

Considera que para el ganado ovino y caprino, así como para el porcino, es suficiente la identificación del rebaño;

65.

Pide que se aplace la obligación de identificación electrónica para el ganado ovino y caprino que se inició el 31 de diciembre de 2009, dado su coste excesivo en un momento de crisis económica;

66.

Pide que se establezca una amnistía de tres años para las sanciones relativas a la condicionalidad que se refieran a la identificación electrónica de ganado ovino y caprino, dado que se trata de una tecnología nueva y compleja que requerirá algún tiempo hasta que los agricultores se habitúen a ella y se pruebe en la práctica; pide asimismo a la Comisión que lleve a cabo un examen de la normativa;

67.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

31.5.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 161/38

—

de 19 de abril de 2007 en el asunto C–295/05 (Tragsa),

—

de 18 de diciembre de 2007 en el asunto C–532/03 (Servicios irlandeses de transporte de urgencia en ambulancia),

—

de 13 de noviembre de 2008 en el asunto C–324/07 (Coditel Brabant SA),

—

de 9 de junio de 2009 en el asunto C–480/06 (Stadwerke Hamburg),

—

de 10 de septiembre de 2009 en el asunto C-206/08 (Eurawasser),

—

de 9 de octubre de 2009 en el asunto C-573/07 (Sea Srl),

—

de 15 de octubre de 2009 en el asunto C-196/08 (Acoset),

—

de 15 de octubre de 2009 en el asunto C-275/08 (Datenzentrale BW),

—

de 25.3.2010 en el asunto C-451/08 (Helmut Müller),

—

«Evaluación del impacto económico de las directivas de contratación pública Markt/2004/10/D Final Report», Europe Economics de 15 de septiembre de 2006,

—

«The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A Case Study of the 1999/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement Directives», Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA), de septiembre de 2009,

A.

Considerando que la crisis económica y financiera ha puesto de relieve la gran importancia económica que reviste la contratación pública y que las consecuencias de la crisis en las corporaciones municipales son ya claramente visibles, que al mismo tiempo los poderes públicos sólo pueden llevar a cabo correctamente su cometido en aras del interés del público si gozan de la seguridad jurídica necesaria y si los procedimientos de contratación no son excesivamente complejos,

B.

Considerando que el buen funcionamiento del mercado de contratación pública es esencial para el Mercado Interior a fin de estimular la competencia transfronteriza, fomentar la innovación, promover una economía con bajas emisiones de carbono y alcanzar las mayores ventajas para las autoridades públicas,

C.

Considerando que el derecho de contratación pública sirve para garantizar el uso eficiente de fondos públicos y ofrecer a las empresas interesadas la posibilidad de obtener contratos públicos en un contexto de competencia leal,

D.

Considerando que la revisión de las Directivas de contratación pública del año 2004 debería simplificar, modernizar y flexibilizar los procedimientos e introducir una mayor seguridad jurídica,

E.

Considerando que el Tratado de Lisboa reconoce el derecho a la autonomía administrativa de las entidades regionales y locales en el Derecho primario de la Unión Europea, que refuerza el principio de subsidiariedad y que introduce el derecho de los Parlamentos nacionales y del Comité de las Regiones a interponer recursos,

F.

Considerando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha examinado un número desproporcionado de procedimientos de infracción en este ámbito, lo que indica que numerosos Estados miembros tienen dificultades para cumplir las Directivas en materia de contratación pública,

G.

Considerando que, con vistas a garantizar el desarrollo de las políticas europeas de forma que colmen las aspiraciones de los ciudadanos europeos, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea incorpora la noción de economía social de mercado, una cláusula social y un protocolo sobre los servicios de interés general con los que se definen los valores compartidos de la Unión,

H.

Considerando que el Convenio no 94 de la OIT establece que los contratos públicos de carácter general deben recoger cláusulas que garanticen una remuneración equitativa y condiciones de trabajo que no sean menos favorables que las establecidas, por ejemplo, en convenios colectivos,

1.

Lamenta que hasta ahora no se hayan alcanzado los objetivos de la revisión efectuada en 2004 de las Directivas de contratación pública, en particular en lo relativo a la simplificación de las normas de licitación y la creación de una mayor seguridad jurídica; espera, no obstante, que las últimas sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contribuyan a resolver las cuestiones jurídicas pendientes y que se reduzca el número de procedimientos de recurso; insta a la Comisión a tener en cuenta y seguir con insistencia, en cualquier revisión de las normativas europeas, los objetivos de simplificación y racionalización del proceso de contratación pública;

2.

Lamenta, por otra parte, que la interacción de las legislaciones europea, nacionales y regionales, especialmente como consecuencia de la abundancia excesiva de propuestas de legislación indicativa (por no prever sanciones) presentadas por la Comisión y sus servicios y de la interpretación de la legislación por los tribunales europeos, haya dado lugar a un régimen jurídico complejo y opaco que ocasiona graves problemas jurídicos, sobre todo a los organismos públicos, empresas privadas y proveedores de servicios de interés general, que para resolverlos se ven obligados a efectuar importantes gastos administrativos o a solicitar asesoramiento jurídico externo; insta a la Comisión a que remedie cuanto antes esta situación y a que, en el marco de la iniciativa «Legislar mejor», estudie asimismo los efectos de las normas indicativas, con el fin de restringir esas propuestas a aspectos clave y los evalúe a la luz de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, teniendo en cuenta los cinco principios que figuran en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea de 2001 (apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia);

3.

Señala que, como consecuencia de ello, los compradores públicos a menudo deben dar prioridad a la seguridad jurídica por encima de otras necesidades y, en vista de la presión que sufren los presupuestos públicos, a menudo tienen que adjudicar el contrato o servicio de que se trate a la oferta de menor precio y no a la más ventajosa desde un punto de vista económico; manifiesta su temor de que esta situación debilite la base de innovación y la competitividad a nivel mundial de la UE; insta a la Comisión a que ponga remedio a esto y elabore medidas estratégicas para que las autoridades publicas puedan adjudicar los contratos a las ofertas más económicas y de mejor calidad;

4.

destaca que deben coordinarse mejor las iniciativas europeas en el ámbito de la contratación pública, a fin de no poner en peligro la coherencia con las Directivas de contratación pública, lo cual ocasionaría problemas jurídicos a los usuarios; reclama, por tanto, que se introduzcan medidas de coordinación obligatoria en el seno de la Comisión, bajo la égida de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios, que se encarga de la contratación pública, y con participación de otras Direcciones Generales competentes; pide una presencia uniforme en Internet, con el fin de mejorar la transparencia y simplificar el uso de la normativa aplicable;

5.

Lamenta la falta de transparencia en la composición del grupo consultivo interno de la Comisión sobre contratación pública, así como en los resultados de los trabajos de dicho grupo (ACPP) o el papel y las competencias del Comité consultivo para la apertura de la contratación pública (CCO), e insta a la Comisión a que vele por que la composición de este comité y la del nuevo comité asesor previsto sobre colaboraciones público-privadas tengan una composición equilibrada, de forma que incluya a sindicalistas y representantes empresariales, en particular de las PYME, y actúen con mayor transparencia; pide que se le mantenga adecuadamente informado y se le remita toda la información disponible en cada etapa y al término del procedimiento;

6.

Estima que, dado que los contratos públicos afectan a las arcas públicas, deberían ser transparentes y estar abiertos al control público; Pide claridad a la Comisión con el fin de garantizar la seguridad jurídica a las autoridades públicas sobre todo a nivel local, de forma que les permita informar a los ciudadanos sobre sus obligaciones contractuales;

7.

Hace hincapié en que los contratos públicos deben adjudicarse en condiciones de transparencia, para que todas las partes interesadas reciban el mismo trato y la relación entre el precio y la calidad del proyecto sean el criterio definitivo, de forma que el adjudicatario sea el que presente la mejor oferta, no la más barata;

8.

Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación ex-post de las Directivas de contratación pública, teniendo en cuenta los puntos de vista expresados en el presente informe; espera que esta revisión se efectúe contando con una amplia participación de todas las partes interesadas y en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo; Defiende que cualquier revisión tenga en cuenta todo el marco y comprenda la Directiva sobre procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos, así como un análisis de las legislaciones nacionales de transposición de la Directiva sobre procedimientos de recurso, a fin de impedir una mayor fragmentación de la legislación sobre contratación pública; considera prematuro evaluar los efectos prácticos de esta Directiva, ya que no se ha transpuesto todavía a la legislación de todos los Estados miembros;

9.

Recuerda que el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, reconoce por vez primera el derecho a la autonomía administrativa de las entidades regionales y locales en el Derecho primario de la Unión Europea (artículo 4, apartado 2, del Tratado de la UE); destaca que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha invocado en varias sentencias el derecho a la autonomía administrativa municipal, y que ha sentenciado que una autoridad pública puede llevar a cabo las funciones de interés público que le incumben con sus propios recursos y también colaborando con otras autoridades públicas (C-324/07); recuerda, asimismo, la decisión de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de junio de 2009 (C-480/06), según la cual el Derecho comunitario no prescribe ninguna forma jurídica determinada a las autoridades públicas para el ejercicio conjunto de las funciones de interés público; considera, por tanto, que los supuestos de colaboración público-privada, como la cooperación entre municipios y la colaboración intraestatal, no están sujetos a la normativa de contratación pública si cumplen los criterios siguientes:

10.

Señala que la Comisión ha dejado claro que no todas las actuaciones de las autoridades públicas están sujetas a la legislación en materia de contratación pública; y que, mientras la legislación comunitaria no exija la creación de un mercado en un sector determinado, los Estados miembros pueden decidir si desean prestar servicios públicos por sí mismos y en qué medida;

11.

Señala que las conclusiones de la resolución mencionada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen validez no sólo directamente para la cooperación de municipios, sino que tienen validez general, por lo que deben ser aplicadas a la cooperación de otros poderes adjudicadores públicos;

12.

Observa que, en su sentencia de 10 de septiembre de 2009 (C-573/07), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que la mera posibilidad de una apertura de capital de una empresa que haya tenido anteriormente la condición de empresa pública no puede tomarse en consideración como un factor que convierta la licitación competitiva en un requisito, salvo que el carácter de empresa pública se vea modificado durante el período de validez del contrato, alterando así las condiciones esenciales del contrato, lo que requeriría una nueva licitación pública; observa que se ha producido un gran desarrollo en relación con las normas de cooperación entre entidades públicas como resultado de la jurisprudencia del TJUE y acoge con satisfacción las sentencias dictadas recientemente por dicho tribunal en este campo; pide por tanto a la Comisión y a los Estados miembros que difundan ampliamente la información sobre las implicaciones jurídicas de estas sentencias;

13.

Señala que, de conformidad con el artículo 1, apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/17/CE y con el artículo 4 de la Directiva 2004/18/CE, la concesión de servicios constituye «un contrato que [presenta] las mismas características que el contrato de servicios, con la salvedad de que la contrapartida de prestación de servicios [consiste], bien únicamente en el derecho a explotar el servicio, bien en dicho derecho acompañado de un pago»; destaca que las concesiones de servicios quedaron excluidas del ámbito de aplicación de las Directivas de contratación pública para ofrecer un margen de flexibilidad mayor a las empresas adjudicadoras y a los contratistas; recuerda que también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado en diferentes sentencias que las concesiones de servicios no están cubiertas por las citadas directivas, sino más bien por los principios generales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (prohibición de discriminación, principio de igualdad de trato y obligación de transparencia), y que las entidades públicas adjudicadoras tienen el derecho de garantizar la prestación de servicios por medio de una concesión si consideran que ésta es la mejor forma de servir los intereses públicos, incluso si se limita considerablemente el riesgo vinculado a la explotación por las propias características de derecho público de la prestación, y, no obstante, este riesgo operativo limitado se transfiere en su totalidad (asunto C-206/08 de 10 de septiembre de 2009, apartados 7275);

14.

Toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 19 de noviembre de 2009, sobre el desarrollo de la colaboración público-privada, y espera con interés la correspondiente evaluación; espera que la Comisión extraiga las conclusiones pertinentes de las colaboraciones público-privadas que no han tenido éxito; destaca la necesidad de tener debidamente en cuenta tanto la complejidad de los procedimientos como las grandes diferencias en las culturas y las prácticas jurídicas de los Estados miembros en materia de concesión de servicios; considera que las Directivas de contratación pública de 2004 y la jurisprudencia complementaria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han permitido una gran evolución en el proceso de definición del concepto de concesión de servicios y el marco jurídico correspondiente; Insiste que cualquier propuesta legislativa en materia de concesión de servicios sólo estaría justificada si pretende poner remedio a las distorsiones del funcionamiento del mercado interior; señala que dichas distorsiones no han sido identificadas hasta ahora, por lo que un acto legislativo sobre concesión de servicios resulta innecesario hasta que no se haya logrado una mejora visible del funcionamiento del mercado interior;

15.

Acoge con satisfacción la aclaración de las condiciones jurídicas en las que se aplica la normativa sobre la contratación pública a los supuestos de colaboración público-privada institucionalizada, dada la gran importancia que la Comisión concede, en su Comunicación de 19 de noviembre de 2009, a la lucha contra el cambio climático, al fomento de las energías renovables y al transporte sostenible; señala que las Directivas de contratación pública se aplican siempre que se atribuye un contrato a una empresa participada por el sector privado, aunque sea en un grado muy pequeño; destaca, sin embargo, que tanto la Comisión, en su Comunicación de 5 de febrero de 2008, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 15 de octubre de 2009 (C-196/08), han constatado que cuando se atribuyen y transfieren determinadas misiones a una colaboración público-privada que acaba de constituirse, no es necesario proceder a una doble licitación; destaca, no obstante, que deben cumplirse las siguientes condiciones para que pueda atribuirse una concesión a una empresa mixta público-privada creada especialmente para este propósito sin necesidad de proceder a una licitación:

considera, por tanto, que se ha aclarado también la cuestión de la aplicación de la normativa sobre la contratación pública a las colaboraciones público-privadas, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que informen debidamente en ese sentido;

16.

Hace hincapié, no obstante, en que la reciente crisis financiera ha arrojado una nueva luz sobre la forma en que a menudo se financian las asociaciones público-privadas y se comparten los riesgos; pide a la Comisión que evalúe correctamente los riesgos financieros que implica la creación de colaboraciones público-privadas;

17.

Acoge con satisfacción la sentencia del TJUE en el asunto C-451/08; Estima que deben tenerse en cuenta los amplios y ambiciosos objetivos de la Directiva al interpretarla, pero que no debe darse por supuesto que su alcance pueda extenderse indefinidamente, apelando a la finalidad de la medida, pues de lo contrario se correría el riesgo de que todas las actividades urbanísticas hubieran de someterse a la Directiva, dado que, por definición, las disposiciones sobre la posible ejecución de obras de construcción modifican sustancialmente el valor de los solares en cuestión; considera que la normativa en materia de contratación pública en los últimos años ha penetrado en ámbitos que, originalmente, no deben atribuirse a las contrataciones públicas, y sugiere, por tanto, poner un énfasis aún más enérgico en el criterio de compra al aplicar las normas de contratación pública;

18.

Recuerda que el Parlamento Europeo es parte en el asunto Alemania c. Comisión, relativo al recurso interpuesto el 14 de septiembre de 2006 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la Comunicación interpretativa de la Comisión de 1 de agosto de 2006 sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas de contratación pública, al tiempo que espera una pronta decisión en este asunto;

19.

Pide a la Comisión que evalúe las repercusiones que tienen las Directivas en materia de contratación pública sobre las microempresas, pequeñas y medianas empresas, en particular en su función de subcontratistas, y que examine la posibilidad de llevar a cabo en el futuro una revisión de estas Directivas en caso de que sean necesarias nuevas normas para la adjudicación de subcontratas para evitar que las PYME subcontratistas obtengan condiciones inferiores a las del contratista principal del contrato público;

20.

Pide a la Comisión que simplifique los procedimientos de contratación pública a fin de evitar que los gobiernos locales y las empresas inviertan grandes cantidades de tiempo y dinero exclusivamente en trámites burocráticos. hace hincapié en que la simplificación de los procedimientos facilitará a las PYME el acceso a estos contratos y les permitirá participar con mayor equidad e igualdad de oportunidades;

21.

Considera que la subcontratación es una forma de organización del trabajo que resulta adecuada para los aspectos especializados de la ejecución de obras; destaca que la subcontratación debe cumplir todas las obligaciones impuestas a los contratistas principales, en particular en lo relativo a derecho laboral y seguridad; opina que, a tal fin, sería oportuno establecer una relación de responsabilidad entre el contratista y el subcontratista;

22.

Se pronuncia a favor de la admisión sistemática de ofertas alternativas (o variantes); recuerda que las condiciones de licitación, en particular, la admisión de ofertas alternativas, es fundamental para la promoción y propagación de soluciones innovadoras; enfatiza que las descripciones de necesidades con referencia a los requisitos de rendimiento y funcionales, y la admisión explícita de variantes, ofrece a los licitantes la posibilidad de proponer soluciones innovadoras;

23.

Alienta la creación en Internet un portal único para todas las informaciones relativas a la contratación pública, una auténtica red que incluya todas las licitaciones; señala que el objetivo debe ser proporcionar formación e información, para encaminar a las empresas hacia la contratación directa y explicar la legislación aplicable, en particular a las PYME (que generalmente no tienen muchos recursos humanos y administrativos con experiencia en la terminología relacionada con la contratación y procedimientos), y que los servicios de asistencia especializada también puedan ayudarles a evaluar si realmente cumplen las condiciones de la oferta, y, si es así, en la realización de sus ofertas;

24.

Toma nota de que las PYME han luchado para tener acceso a los mercados de contratación pública y que se debería poner más empeño en desarrollar una «estrategia de las PYME»; pide, por tanto, a los Estados miembros, en el marco de esta estrategia, que colaboren con los poderes adjudicadores para fomentar las oportunidades de subcontratación en su caso, desarrollar y difundir técnicas de mejores prácticas, con el fin de evitar los procesos de precalificación demasiado ordenancistas, utilizar normas de licitación que garanticen que los proveedores no tienen que empezar desde cero, y establecer un portal centralizado para dar publicidad a los contratos; pide igualmente a la Comisión que haga un inventario de las iniciativas de los Estados miembros en este ámbito y promueva una difusión más amplia del Código Europeo de Buenas Prácticas de la Small Business Act;

25.

Anima a los Estados miembros a promover un «programa de desarrollo de proveedores», como el existente en algunos países; señala que este instrumento puede utilizarse para fomentar el diálogo entre proveedores y adjudicadores, lo que permitiría a los actores reunirse en una fase temprana del proceso de adquisición; subraya que este mecanismo es esencial para estimular la innovación y mejorar el acceso de las PYME a los mercados de contratación pública;

26.

Insta a la Comisión a que haga más para asegurar una función más importante para las PYME europeas en la contratación pública internacional, y a que intensifique sus esfuerzos para prevenir la discriminación de las PYME europeas igualando las disposiciones específicas a que recurren ciertas partes en el ACP (como Canadá y los EE.UU.); observa que unas medidas para mejorar tanto la transparencia como el acceso a los mercados nacionales de contratación ayudarían a las PYME a acceder a tales mercados;

27.

Pide a la Comisión que garantice la inclusión, en el ACP renegociado de la OMC, de una cláusula que permita a la UE dar preferencia a las PYME a la hora de adjudicar contratos públicos, en línea con las cláusulas ya aplicadas por otros Estados que son parte en dicho Acuerdo;

28.

Llama la atención sobre la gran importancia que reviste la contratación pública para la protección del clima y el medio ambiente, la eficiencia energética, la innovación y el estímulo de la competencia, y reitera la necesidad de alentar y respaldar a las administraciones públicas para que introduzcan en los procedimientos de contratación, entre otros, criterios ambientales y sociales; acoge con satisfacción las medidas prácticas adoptadas para asistir a las autoridades y otros organismos públicos en relación con los procedimientos de contratación pública sostenible, Pide a la Comisión que emplee la opción de uso de contratación pública ecológica como instrumento para promover el crecimiento sostenible;

29.

Reitera el llamamiento que figura en su informe de febrero de 2009 para que la Comisión elabore un manual sobre contratación pública precomercial, el cual debería ilustrar con ejemplos el reparto de riesgos y beneficios de acuerdo con las condiciones del mercado; considera asimismo que los derechos de propiedad industrial deben conferirse a las empresas que participan en la contratación pública precomercial, lo que fomentaría el entendimiento entre las autoridades públicas y estimularía a los proveedores a participar en los procedimientos de contratación pública precomercial;

30.

Acoge con satisfacción la creación del servicio de ayuda del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Comisión, que ofrece información práctica y asistencia a las empresas y otras organizaciones para evaluar, notificar y mejorar sus resultados medioambientales en la contratación pública; pide a la Comisión que considere la posibilidad de crear un portal en línea más genérico que ofrezca asesoramiento práctico y asistencia a quienes usan el proceso de contratación pública, en particular a los actores que participan en procedimientos de contratación complejos y de colaboración;

31.

hace hincapié en la falta de claridad en el ámbito de la contratación pública socialmente responsable, y pide a la Comisión que facilite ayuda a este respecto en forma de manuales; llama la atención, en este mismo contexto, sobre las modificaciones que el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales han introducido en el marco legal, y espera que la Comisión las tenga debidamente en cuenta; pone de relieve el problema subyacente a esta situación, esto es, que los criterios sociales se refieren esencialmente al proceso de producción, que la mayoría de las veces no son reconocibles en el producto final y que los sistemas de producción globalizada y la complejidad de las cadenas de suministro dificultan la tarea de control de dichos criterios; espera, por tanto, que se definan criterios precisos y verificables y que se cree una base de datos con criterios específicos para los productos también en el ámbito de la contratación pública socialmente responsable; llama la atención sobre las dificultades y los costes que entraña para las entidades públicas contratantes la verificación del cumplimiento de los criterios, y pide a la Comisión que preste la asistencia debida en este ámbito y promueva instrumentos apropiados para certificar la fiabilidad de las cadenas de suministro;

32.

Pide a la Comisión que deje claro que las autoridades públicas podrán tomar como base para los contratos públicos los criterios sociales, tales como el pago de salarios con arreglo a los correspondientes convenios y otros requisitos pertinentes; insta a la Comisión a elaborar directrices u otras medidas prácticas adoptadas para asistir a las autoridades y otros organismos públicos en relación con los procedimientos de contratación pública sostenible, al tiempo que alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que organicen con frecuencia actividades de capacitación y campañas de sensibilización en este ámbito; aboga por un proceso transparente en el que participen los Estados miembros y las autoridades locales para el ulterior desarrollo de los criterios pertinentes; señala que, en el caso concreto de los criterios sociales, un proceso de este tipo es especialmente prometedor;

33.

Pide a la Comisión que anime a las autoridades públicas a utilizar criterios de comercio justo en sus licitaciones públicas y políticas de compra basados en la definición de comercio justo reconocida en la resolución del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2006 sobre comercio justo y desarrollo y la reciente Comunicación de la Comisión Europea de 5 de mayo de 2009; reitera su petición anterior de que la Comisión promueva el uso de dichos criterios, por ejemplo, para la elaboración de orientaciones constructivas para la contratación pública en el ámbito del comercio justo; acoge con satisfacción la aprobación del dictamen del Comité de las regiones de 11 de febrero de 2010 en el que se pide la adopción de una estrategia europea común para el comercio justo para las autoridades locales y regionales;

34.

Sugiere la creación de una base de datos jurídica frecuentemente actualizada, que incluya especialmente las normas relativas a criterios medioambientales y sociales que deberá ponerse a disposición de las autoridades públicas a fin de que los adjudicadores cuenten con orientaciones adecuadas y una serie de normas claras a la hora de elaborar las licitaciones con el fin de verificar fácilmente que cumplen la norma correspondiente; y espera que los Estados miembros y todas las partes implicadas participen plenamente en este proceso; observa que este proceso desde abajo debe tener en cuenta la valiosa experiencia y los conocimientos que a menudo existen a nivel local, regional y nacional; advierte, por otra parte, de las consecuencias negativas de la fragmentación del mercado debido a las numerosas y variadas etiquetas regionales, nacionales, europeas e internacionales, especialmente en los ámbitos de la innovación y la investigación;

35.

Destaca la importancia de las normas en materia de contratación pública, ya que pueden ayudar a las autoridades adjudicadoras a alcanzar sus objetivos y permitirles que utilicen procesos comprobados para adquirir productos y servicios, que realicen un procedimiento de licitación más rentable y que garanticen que la contratación pública cumpla otros objetivos de las políticas públicas, como la sostenibilidad o la compra a pequeñas empresas;

36.

Reconoce que la formación y el intercambio de experiencias entre las autoridades públicas y la Comisión Europea es indispensable para superar algunas de las complejidades del mercado de contratación pública; expresa su preocupación, no obstante, por el hecho de que se debiliten estas iniciativas debido a los recortes de los presupuestos públicos, por lo que pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que utilicen los recursos y mecanismos a su disposición, como las revisiones horizontales contempladas en la Directiva sobre servicios, para promover que pequeños grupos de expertos en contratación pública de una región examinen las actividades de otra región de la UE, lo que contribuiría a infundir confianza y difundir buenas prácticas entre los distintos Estados miembros;

37.

Invita a la Comisión y a los Estados miembros a que organicen cursos de formación y campañas de sensibilización para las autoridades locales y los responsables políticos, y que incluyan a todas las partes interesadas, en particular a los proveedores de servicios sociales;

38.

Hace hincapié en que el Tribunal de Cuentas indica regularmente en sus informes anuales sobre la ejecución del presupuesto de la UE, así como en su último Informe anual sobre el ejercicio 2008, que el incumplimiento de las normas de la UE en materia de contratación pública es una de las dos causas más habituales de errores e irregularidades en la aplicación de proyectos europeos cofinanciados con cargo a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión; pone de relieve en este contexto que, con frecuencia, las irregularidades se deben a la inadecuada transposición de las normas de la UE y a las diferencias en las normas aplicadas por los Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en cooperación con las autoridades regionales y locales, revisen las diversas series de normas aplicables a los contratos públicos, a fin de unificar dichas normas y simplificar todo el marco jurídico de los contratos públicos y, en particular, con vistas a reducir el riesgo de errores e incrementar la eficacia en la utilización de dichos Fondos Estructurales;

39.

Considera que no solo los costes y la complejidad pueden ser desmedidos sino también el tiempo necesario para concluir los procedimientos de contratación pública, y la amenaza de acciones judiciales en forma de lentos procedimientos de recurso obstaculizados a menudo por actores varios, y acoge con satisfacción, por lo tanto, el hecho de que, concretamente en 2009 y 2010, los planes de recuperación permiten aplicar a los grandes proyectos públicos versiones aceleradas de los procedimientos expuestos en las directivas relativas a los contratos públicos; pide a los Estados miembros que recurran al procedimiento y ayuden a las autoridades locales y regionales a utilizar estos procedimientos, en cada caso de conformidad con las normas estándar y los reglamentos en materia de contratación pública;

40.

Pide a la Comisión que considere la posibilidad de utilizar, incluso después de 2010, procedimientos acelerados en el contexto de los Fondos Estructurales y prorrogar el incremento temporal de los límites, en particular con vistas a acelerar las inversiones;

41.

Señala que el mercado interior y los mercados internacionales están cada vez más interrelacionados; considera, en este contexto, que los legisladores del mercado interior de la UE y los negociadores de la UE en el ámbito del comercio internacional deben tener siempre en cuenta las posibles consecuencias mutuas al llevar a cabo sus actividades, y que han de aplicar una política coherente encaminada siempre al fomento de los valores de la UE en el ámbito de las políticas de contratación pública, tales como la transparencia, una posición contraria por principio a la corrupción y el progreso de los derechos sociales y humanos; pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y a la Comisión de Comercio Internacional que mantengan reuniones informativas conjuntas para favorecer las sinergias;

42.

Destaca que un sólido marco de contratación gubernamental constituye una condición previa para un mercado justo y orientado a la libre competencia, y contribuye a la lucha contra la corrupción;

43.

Destaca además, en el contexto de los compromisos de la UE en materia de contratación pública internacional, la importancia de reforzar los mecanismos contra la corrupción en el ámbito de la contratación pública, y subraya la necesidad de centrar los esfuerzos en la garantía de la transparencia y equidad en el uso de fondos públicos;

44.

Insta a los veintidós Estados observadores del Comité de Contratación Pública a que aceleren el proceso de acceso al ACP;

45.

Pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de incluir, en los acuerdos sobre contratación pública con socios internacionales, disposiciones que exijan el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos fundamentales establecidas en convenios y acuerdos internacionales.

46.

Si bien se opone enérgicamente a las medidas proteccionistas en el ámbito de la contratación pública a escala mundial, cree firmemente en el principio de reciprocidad y proporcionalidad en dicho ámbito; pide a la Comisión que considere la posibilidad de imponer restricciones proporcionales específicas al acceso a determinados sectores de los mercados de contratación pública de la UE, para aquellos socios comerciales que se benefician de la apertura del mercado de la UE pero que no han demostrado intención alguna de abrir sus mercados a las empresas de la UE, con el fin de alentar a nuestros socios a que ofrezcan a las empresas europeas condiciones de reciprocidad y proporcionales en el acceso al mercado;

47.

Destaca lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Directiva 2004/17/EC; pide a los Estados miembros que hagan pleno uso de la posibilidad de informar a la Comisión sobre problemas de acceso de sus empresas a los mercados de terceros países, y pide a la Comisión que adopte medidas efectivas para asegurar que las empresas de la Unión se beneficien de un verdadero acceso a los mercados de terceros países;

48.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

31.5.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 161/47

A.

Considerando que la OCDE ha propuesto que se defina la noción de coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) como el hecho de obrar para que los resultados de la política de desarrollo de un gobierno no se vean erosionados por otras políticas de ese mismo gobierno que tengan impacto en países en desarrollo, y que, en la medida de lo posible, estas otras políticas favorezcan objetivos de desarrollo (13); considerando asimismo que la Unión Europea ha elaborado una noción de coherencia de las políticas en favor del desarrollo destinada a reforzar las sinergias entre las políticas de la UE, y que la falta de actuación política en este sentido podría repercutir negativamente en los resultados que se esperan de la cooperación al desarrollo;

B.

Recordando el compromiso de la Unión Europea de adoptar medidas para favorecer la coherencia de las políticas en favor del desarrollo, de conformidad con las conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo en 2005 (14),

C.

Considerando que existe una diferencia entre la coherencia entre las políticas (evitar que existan contradicciones entre diferentes ámbitos políticos externos) y la coherencia en favor del desarrollo (la obligación de que todas las políticas de la UE que tengan impacto en países en desarrollo tengan en cuenta los objetivos de desarrollo),

D.

Considerando que el articulo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece la reducción, y, a largo plazo, la erradicación de la pobreza como el objetivo principal de la política de la UE en materia de cooperación para el desarrollo; considerando que la CPD contribuye a los objetivos de cooperación para el desarrollo de la Unión a través de todas sus políticas,

E.

Considerando que existen claras incoherencias entre las políticas de la UE en materia de comercio, agricultura, pesca, cambio climático, derechos de propiedad intelectual, migración, finanzas, armamento y materias primas; considerando que la CPD puede contribuir a la reducción de la pobreza mediante la detección de sinergias fundamentales entre las políticas de la UE,

F.

Considerando que las deficiencias de la CPD se deben a la falta de apoyo político, a los mandatos poco claros, a la falta de recursos, a la falta de instrumentos de supervisión eficaces y de indicadores, y a que, en caso de conflicto de intereses, no se concede prioridad a la CPD,

G.

Considerando que las compensaciones financieras concedidas por parte de la Unión en el marco de los Acuerdos de Asociación en el Sector Pesquero (AAP) no han contribuido a la consolidación de las políticas pesqueras de los países asociados, y ello debido, en gran medida, a una falta de seguimiento de la aplicación de estos acuerdos, a la lentitud con la que se facilita la asistencia, o incluso, a veces, a la no utilización de esta asistencia,

H.

Considerando que el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio consiste en reducir a la mitad el número de personas que padecerán hambre en el año 2015, pero que, sin embargo, alrededor de mil millones de personas siguen careciendo de alimentos todos los días, cuando el planeta produce suficientes alimentos para satisfacer las necesidades de la totalidad de su población,

I.

Considerando que las subvenciones de la Unión a las exportaciones de productos agrícolas europeos producen un efecto desastroso sobre la seguridad alimentaria y el desarrollo de un sector agrícola viable en los países en desarrollo,

J.

Considerando que la UE se ha comprometido a alcanzar de aquí a 2015 el objetivo de las Naciones Unidas de destinar el 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y que, entre tanto, el objetivo de ayuda de la UE en su conjunto es de 0,56 % para 2010,

K.

Considerando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de noviembre de 2008, según la cual las operaciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en los países en desarrollo deben priorizar el desarrollo, por encima de cualquier objetivo económico o político,

L.

Considerando que la crisis ha puesto de manifiesto que la AOD tiene un valor insustituible en lo concerniente a los países más pobres y a la dotación de financiación al desarrollo de un modo más predecible y fiable que otros flujos financieros,

M.

Considerando que un elevado número de estudios han puesto de manifiesto que de los países en desarrollo salen aproximadamente 900 000 millones de euros al año de flujos financieros de carácter ilícito, lo que constituye un grave obstáculo para los ingresos fiscales de los países en desarrollo y, por ende, para sus capacidades de autodesarrollo,

1.

Acoge favorablemente la mayor atención que prestan la Comisión, el Consejo y las Estados miembros a la CPD, así como su compromiso con la misma, como prueban los informes bienales;

2.

Reafirma su propio compromiso para reforzar la CPD en la UE y en sus trabajos parlamentarios;

3.

Subraya que la Unión Europea es, con diferencia, el principal donante de ayuda en el mundo (la ayuda de la UE se elevó a 49 000 millones de euros en 2008, lo que representa el 0,40 % de la RNB), y que se espera que el volumen de ayuda aumente hasta 69 000 millones de euros en 2010 para satisfacer la promesa colectiva del 0,56 % de la RNB de la UE realizada en la Cumbre del G8 en Gleneagles en 2005; señala que esto liberaría 20 000 millones de euros adicionales para objetivos de desarrollo;

4.

Recuerda la aprobación, en octubre de 2007, de la estrategia de la UE en materia de ayuda al comercio, por la que la Unión Europea se comprometió a aumentar su ayuda colectiva relacionada con el comercio a 2 000 millones de euros anuales de aquí a 2010 (1 000 millones de la Comunidad y 1 000 millones de los Estados miembros);

5.

Pide a los países en desarrollo, especialmente a los que más se benefician de la ayuda de la UE, que aseguren la buena gobernanza en todos los asuntos públicos, y especialmente en la gestión de la ayuda recibida, e insta a la Comisión a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación transparente y eficaz de la ayuda;

6.

Acoge favorablemente el programa de trabajo de la CPD 2010-2013 como una directriz para las instituciones de la UE y los Estados miembros, y reconoce su papel como sistema de alerta rápida para las futuras iniciativas políticas; también celebra que se hayan establecido vínculos mutuos entre los distintos ámbitos políticos;

7.

Recuerda la responsabilidad de la Unión Europea para tener en cuenta los intereses de los países en desarrollo y de sus ciudadanos;

8.

Considera que todos los ámbitos políticos de la UE que tengan un impacto exterior deben plantearse de forma que contribuyan a y no actúen en contra de la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como para la consecución de los derechos humanos, incluidos la igualdad de género y los derechos sociales, económicos y medioambientales;

9.

Subraya la necesidad de tener en cuenta los aspectos relevantes de la coherencia de las políticas para el desarrollo en los acuerdos comerciales bilaterales y regionales y en los acuerdos comerciales multilaterales firmemente anclados en el sistema basado en las normas de la OMC, y en este contexto insta a la Comisión y a los Estados miembros a trabajar activamente con el resto de los socios relevantes de la OMC que puedan contribuir a lograr en un futuro muy próximo un resultado de la Ronda de Doha equilibrado, ambicioso y orientado al desarrollo;

10.

Subraya que las denominadas «cuestiones de Singapur», tales como la liberalización de los servicios, la inversión y las adquisiciones gubernamentales, la introducción de normas de competencia y un mayor respeto de los derechos de propiedad intelectual, no conducen a alcanzar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio;

11.

Pide encarecidamente que la Unión Europea, los Estados miembros y el BEI asuman un papel de primer plano en dicho marco y que reduzcan el atractivo de las inversiones realizadas a través de paraísos fiscales, adoptando para ello normas relativas a la contratación pública y a la atribución de fondos públicos que prohíban a toda empresa, banco u otro tipo de institución inscritos en un paraíso fiscal beneficiarse de fondos públicos; pide, en este sentido, a la Comisión y a los Estados miembros que aprovechen la revisión intermedia de la actividad crediticia exterior del BEI para realizar mejoras concretas en sus capacidades de evaluación de los beneficiarios de sus préstamos y para asegurar que sus inversiones en los países en desarrollo contribuyan efectivamente a erradicar la pobreza mediante la presentación de informes anuales sobre los progresos realizados;

12.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que faciliten una evaluación de los acuerdos pesqueros con terceros países, para que la política exterior de la Unión en el ámbito de la pesca sea totalmente coherente con su política de desarrollo, fortaleciendo la capacidad de los países asociados con la UE de garantizar una pesca sostenible en sus propias aguas, lo que mejorará la seguridad alimentaria y el empleo local en el sector;

13.

Recuerda que el acceso de la UE a los recursos pesqueros de terceros países no debería constituir, en modo alguno, una condición para la ayuda al desarrollo en dichos países;

14.

Insta a la Comisión a que, además de las cláusulas sociales, incluya cláusulas relativas a los derechos humanos en todos los AAP, a fin de que la Unión Europea pueda recurrir a medidas apropiadas en caso de violaciones graves de los derechos humanos en los terceros países signatarios de AAP con la Unión;

15.

Recuerda que el 75 % de la población mundial pobre vive en zonas rurales, pero que sólo el 4 % de la AOD se destina a la agricultura; pide, por tanto, a la Comisión, a los Estados miembros y a los países en desarrollo que concedan la máxima prioridad a la agricultura en sus agendas para el desarrollo;

16.

Manifiesta su preocupación por el impacto negativo que las instituciones financieras que se dedican principalmente a la organización de la evasión fiscal pueden tener sobre el desarrollo en los terceros países; en este sentido, pide a la Comisión que intensifique la cooperación en materia de gobernanza fiscal, en particular con los países que se mencionan en el anexo 1 de su propuesta legislativa del 24 de abril de 2009 (A6-0244/2009), que reciben fondos europeos para el desarrollo;

17.

Acoge favorablemente la recomendación que se recoge en las conclusiones del Consejo del 14 de mayo de 2008, que contemplan la inclusión de una cláusula relativa a la buena gobernanza en materia fiscal en los acuerdos comerciales, dado que constituye un primer paso hacia la lucha contra las disposiciones y las prácticas fiscales que fomentan la evasión y el fraude fiscales; pide a la Comisión que incluya de inmediato una cláusula de este tipo de cara a los futuros acuerdos comerciales;

18.

Pide a la Comisión y a los países ACP que continúen su diálogo en materia de migración con vistas a reforzar el principio de la migración circular y su facilitación mediante la concesión de visados circulares; destaca que el respeto de los derechos humanos y en el trato equitativo de los nacionales de los países ACP se ve gravemente comprometido por acuerdos bilaterales de readmisión concluidos con países de tránsito en un contexto de externalización por parte de Europa de la gestión de los flujos migratorios que no garantizan el respeto de los derechos de los migrantes y pueden conducir a readmisiones «en cascada» que ponen en peligro su seguridad y su vida;

19.

Insta al Consejo a que llegue rápidamente a un acuerdo global sobre la propuesta de revisión de la Directiva en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, en particular por lo que se refiere a los países que se mencionan en el anexo 1 de su propuesta legislativa antes citada, que reciben fondos europeos para el desarrollo;

20.

Subraya la importancia de incluir al FED, que es el principal instrumento de la UE para la financiación de la cooperación para el desarrollo, en el marco de la CPD; reafirma su apoyo a la plena inclusión en el presupuesto del FED, en el contexto del control parlamentario democrático y de la transparencia en su ejecución, teniendo en cuenta, en particular, la creciente importancia de la aplicación de políticas de desarrollo de la UE que establecen facilidades especificas (como, por ejemplo, la estrategia UE-África);

21.

Insta a la Comisión no sólo a controlar los objetivos de crecimiento económico, sino también a prestar especial atención a la reducción de las desigualdades en la distribución de las rentas, tanto en el interior de cada país en desarrollo como a escala mundial; debe prestarse especial atención al crecimiento de los procesos participativos de autodesarrollo sostenible a través de formas asociativas de tipo cooperativo y metodologías PRA («Participatory Reflection and Action»), que, basadas en el consenso y la participación de las comunidades locales, garantizan modelos organizativos más eficaces y de efecto duradero, otorgando un papel central a la economía social para el desarrollo;

22.

Insta a la Comisión a fomentar acciones de ayuda al desarrollo que, teniendo en cuenta los efectos de la crisis económica, puedan prevenir el aumento de la inseguridad y la conflictividad, la inestabilidad política y económica mundial, y el aumento de la emigración forzosa (los «refugiados del hambre»);

23.

Pide a los países en desarrollo que presten servicios públicos básicos y garanticen el acceso a la tierra, así como el crédito a los pequeños agricultores, con el fin de promover la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza, lo que reducirá la concentración en grandes explotaciones y la explotación intensiva de los recursos con fines especulativos, que conllevan la destrucción de los ecosistemas; pide, asimismo, a la Comisión que apoye estas políticas;

24.

Insta a la Comisión a evaluar el impacto de la brecha digital entre los países ricos y los países pobres, prestando especial atención al peligro de que las tecnologías de la información contribuyan a la discriminación, ya que marginan a quienes, por razones sociales, económicas o políticas no tienen acceso a estos nuevos productos que son la vía de introducción de la nueva revolución informática;

25.

Pide que los mandatos para evaluar la CPD sean claros, que se fijen objetivos operativos claros y precisos, y que se establezcan procedimientos detallados para la realización de este ejercicio;

26.

Subraya la crucial importancia de enfocar la CPD como un proyecto a largo plazo con el fin de asegurar un apoyo duradero a la CPD; subraya la importancia de una oportuna evaluación de las políticas con vistas a evitar las repercusiones negativas en los países en desarrollo; pide que con este fin se compruebe el impacto de las actividades de los agentes privados europeos y no europeos, especialmente de las multinacionales;

27.

Pide que se evalúen mediante un análisis comparativo el enfoque, la metodología y los resultados de las políticas de cooperación y de ayuda extraeuropeas y los correspondientes niveles de colaboración internacional, prestando especial atención a las intervenciones de China en África;

28.

Subraya que la decisión del Consejo de concentrarse en cinco amplias áreas de la CPD en 2009 no debe sustituir a la supervisión de los 12 ámbitos políticos tradicionales: comercio, medio ambiente, cambio climático, seguridad, agricultura, acuerdos bilaterales de pesca, políticas sociales (empleo), migración, investigación/innovación, tecnologías de la información, transporte y energía; pide, además, a la Comisión, que detecte las incoherencias cuando las políticas europeas tengan un impacto negativo sobre el desarrollo y que proponga soluciones; pide a la Comisión que establezca mecanismos para incluir nuevos ámbitos políticos que no están incluidos de forma satisfactoria en los actuales 12, como las materias primas;

29.

Recuerda sus principales compromisos internacionales consistentes en destinar el 0,7 % del PIB a la AOD para 2015, porcentaje que se debería consagrar, exclusivamente, a la erradicación de la pobreza; expresa su preocupación por la posibilidad de que el enfoque «AOD-plus» diluya la contribución de la UE a la AOD destinada a la lucha contra la pobreza; expresa su preocupación por que los fondos reunidos en virtud del enfoque «AOD-plus» no estén sujetos a ninguna obligación jurídica de ser destinados a la erradicación de la pobreza o a la contribución a conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

30.

Constata con preocupación que en el enfoque «AOD-plus» no se menciona el flujo de capitales que las políticas incoherentes originan desde los países en desarrollo hacia la UE, ni se tienen en cuenta tampoco los perjuicios que a eso suman la desleal competencia tributaria y el flujo ilegal de capitales;

31.

Manifiesta su preocupación por el hecho de que el enfoque «AOD-plus» se centre únicamente en la entrada de flujos financieros procedentes de la UE en los países del sur y pase por alto la salida de flujos financieros de los países del sur destinados a la UE, lo que transmite una visión engañosa de las direcciones de los flujos financieros;

32.

Pide a la Comisión que clarifique el enfoque del «conjunto de la Unión» y su impacto sobre la política en favor del desarrollo de la UE; expresa su preocupación por la posibilidad de que este enfoque se integre en las próximas perspectivas financieras;

33.

Exhorta a los miembros europeos del CAD de la OCDE a que rechacen cualquier intento de ampliación de la definición de la AOD, incluidos los enfoques del «conjunto de la Unión» y «AOD-plus» propuestos recientemente por la Comisión, así como elementos distintos de la ayuda como los flujos financieros, el gasto militar, la cancelación de deudas, en particular la cancelación de las deudas del crédito a la exportación, y el dinero que se destina en Europa a estudiantes y refugiados;

34.

Reconoce que el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de AOD es imperioso, pero sigue sin ser suficiente para hacer frente a la urgencia del desarrollo y reitera su llamamiento a la Comisión para que identifique urgentemente fuentes de financiación del desarrollo adicionales e innovadoras, y que presente propuestas destinadas a establecer un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales a fin de generar recursos adicionales para contrarrestar los peores efectos de la crisis y no apartarse del camino hacia la consecución de los ODM;

35.

Recuerda con firmeza a la Comisión y a los Estados miembros que la AOD tiene que seguir siendo el eje de la política europea de cooperación al desarrollo, destinada a erradicar la pobreza; subraya por ende que si se van a promocionar fuentes innovadoras de financiación al desarrollo, han de ser fuentes adicionales, utilizadas en un enfoque en favor de los pobres, y que no pueden utilizarse para reemplazar, en modo alguno, a la AOD;

36.

Teme que en casi ningún país en desarrollo se cumpla prácticamente ninguna de las metas de los ODM para 2015; insta, por ello, a los Estados miembros a que cumplan su objetivo común a través de legislación vinculante, y a que establezcan calendarios anuales para cumplir las promesas realizadas; acoge favorablemente, teniendo esto en cuenta, el proyecto de ley en materia de desarrollo internacional propuesto por el Gobierno del Reino Unido en enero de 2010;

37.

Recuerda que, dentro del marco institucional de la UE, propone el nombramiento de un ponente permanente para la «coherencia de las políticas en favor del desarrollo», cuyo mandato consistiría en realizar un seguimiento de las posibles incoherencias en las políticas de la UE e informar de ellos a la Comisión DEVE;

38.

Pide a la Comisión que aplique referencias sistemáticas claras e indicadores actualizados periódicamente para medir la CPD, como por ejemplo, los indicadores para el desarrollo sostenible, así como que mejore la transparencia con respecto al Parlamento Europeo, los Estados beneficiarios de la ayuda y la sociedad civil;

39.

Pide a los países en desarrollo que establezcan indicadores específicos por país en relación con la CPD, en la línea de los indicadores generales de la UE, con el fin de evaluar las necesidades y logros reales en términos de desarrollo;

40.

Opina que si las acciones y medidas de la política en favor del desarrollo de la UE no respetan los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión, que se enumeran en el artículo 208 del Tratado de Lisboa y en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, ello constituirá una infracción de una obligación que podrá ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en virtud de los artículos 263 y 265 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

41.

Subraya la importancia de la coherencia entre las políticas de comercio y de desarrollo para un mejor desarrollo y una aplicación tangible y, a este respecto, acoge con satisfacción el Informe UE 2009 sobre la coherencia política del desarrollo (COM(2009)0461);

42.

Reitera la necesidad de coherencia entre la política comercial y otras políticas (medioambiental y social), en particular en lo que respecta a los acuerdos comerciales que contengan incentivos para la producción de biocombustibles en los países en desarrollo;

43.

Recuerda la importancia de la coherencia política entre el comercio y el desarrollo y subraya que la aplicación de los capítulos relativos al desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales debe dar ocasión a la Comisión Europea para promover la buena gobernanza y la aplicación de los valores fundamentales europeos;

44.

Considera que la decisión reciente de la UE de restablecer los subsidios a la exportación de leche en polvo y otros productos lácteos es una violación flagrante de los principios fundamentales de la coherencia política para el desarrollo, y pide al Consejo y a la Comisión que revoquen esa decisión inmediatamente;

45.

Pide que se ponga fin a las subvenciones a la exportación; a este fin, recuerda el compromiso contraído en Doha en 2001 por todos los Miembros de la OMC de entablar negociaciones sobre la Ronda para el Desarrollo con objeto de corregir los actuales desequilibrios del sistema comercial y poner el comercio al servicio del desarrollo, contribuyendo a la erradicación de la pobreza y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo de Milenio;

46.

Pide a la Comisión que, a fin de garantizar que la DG Comercio disponga de un mandato coherente para las negociaciones comerciales, tenga debidamente en cuenta las condiciones previas del Parlamento Europeo para dar su consentimiento a la celebración de acuerdos comerciales;

47.

Pide a la Comisión que haga cuento esté en su mano para asegurar la protección de las partes afectadas en caso de perturbaciones temporales de los mercados mientras el Protocolo del azúcar toca a su fin y se concluye la reforma del régimen comunitario del azúcar;

48.

Propone un desarrollo más amplio de los instrumentos existentes en la UE para la reducción de los aranceles aduaneros, como por ejemplo el sistema de SPG/SPG+ y los Acuerdos de Libre Comercio y los AAE, y una mayor integración de las normas laborales y medioambientales establecidas internacionalmente que figuran en dichos instrumentos;

49.

Insta nuevamente a la Comisión a que utilice plenamente los mecanismos del SPG y el SPG+ para fomentar la capacidad institucional en los países en desarrollo a fin de mejorar su propia coherencia interna al formular estrategias de desarrollo;

50.

Subraya que la consulta sistemática de las organizaciones laborales y los sindicatos sobre la aplicación de las normas sociales y ambientales en terceros países, especialmente antes de la celebración de acuerdos de asociación económica o de la concesión del SPG+, garantizaría una mayor coherencia en las políticas comerciales al servicio del desarrollo sostenible en los países en desarrollo;

51.

Reconoce que, según el informe de seguimiento de la Comisión sobre ayuda al comercio de 2009 (COM(2009)0160 final, p. 30), los compromisos de la UE de ayuda al comercio con los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) pasaron de 2 975 millones de euros en 2005 a 2 097 millones de euros en 2007, que la parte ACP de los compromisos de la UE de ayuda al comercio pasó del 50 % al 36 % en el mismo período, y que ello no es coherente con anteriores promesas de dar prioridad a la erradicación de la pobreza y al desarrollo;

52.

Acoge con satisfacción, a este respecto, todas las iniciativas actuales en el ámbito del comercio con los países en desarrollo en el ámbito de la UE y la OMC, en particular, la iniciativa «Todo menos armas» (EBA), el SPG y el SPG+, la asimetría y los períodos de transición en todos los acuerdos europeos de asociación (AEP) existentes y el programa de trabajo para la ayuda al comercio 2010-2011, y pide que se revise el último de éstos, con objeto de darle mayor fuerza para estimular el crecimiento sostenible;

53.

Reconoce el importante papel que el sistema SPG+ de la UE puede desempeñar en el fomento de la buena gobernanza y el desarrollo sostenible en los países en desarrollo, y alienta a la Comisión a que vele por que esta herramienta sea eficaz y que los convenios y convenciones de la OIT y de las Naciones Unidas se apliquen correctamente sobre el terreno;

54.

Reitera que la UE debe apoyar a los países en desarrollo que utilizan las «flexibilidades» contenidas en el Acuerdo TRIPS con el fin de proporcionar medicamentos a precios asequibles en los programas nacionales de salud pública;

55.

Acoge con satisfacción la cláusula de salvaguardia relativa a la seguridad alimentaria incluida en los acuerdos de asociación económica y alienta a la Comisión a que garantice su aplicación efectiva;

56.

Deplora las disposiciones TRIPS + incluidas en el Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM-CE y en el acuerdo que está siendo ultimado con los países de la Comunidad Andina y América Central, disposiciones que crean obstáculos para acceder a medicamentos esenciales;

57.

Insta a la Comisión a que ponga fin a su actual enfoque de los ADPIC-plus en las negociaciones de AAE concernientes a productos farmacéuticos y medicamentos, con el fin de que los países de desarrollo puedan facilitar medicamentos a precios asequibles en el marco de sus programas nacionales de salud;

58.

Señala que ninguna medida contemplada en la negociación del ACTA encaminada a reforzar la facultad de inspección transfronteriza e incautación de bienes debería incidir negativamente en el acceso global a unos medicamentos legales, asequibles y seguros;

59.

Manifiesta su preocupación por los recientes casos de incautación por parte de las autoridades aduaneras de los Estados miembros de la UE de medicamentos genéricos en tránsito en puertos y aeropuertos de la UE, y subraya que dicha conducta es contraria a la declaración de la OMS sobre el acceso a la medicina; pide a los Estados miembros relevantes que pongan rápidamente fin a esta práctica; insta a la Comisión a que asegure al Parlamento que el ACTA que se está negociando en la actualidad no impida el acceso a la medicina a los países en desarrollo;

60.

Considera que el desafío que supone el cambio climático debe ser abordado por medio de unas reformas estructurales y pide la realización de una evaluación sistemática de riesgos del cambio climático en todos los aspectos de la planificación política y la toma de decisiones, incluidos el comercio, la agricultura y la seguridad alimentaria; pide, igualmente, que se utilicen los resultados de dicha evaluación para formular documentos de estrategias nacionales y regionales claros y coherentes, así como en todos los programas y proyectos de desarrollo;

61.

Acoge con satisfacción los recientes comentarios de la Comisión en el sentido de que va a examinar de nuevo el Reglamento (CE) no 1383/2003, que ha tenido consecuencias imprevistas para el tránsito por la UE de los medicamentos genéricos destinados a los países en desarrollo;

62.

Considera que iniciativas como el consorcio de patentes Unitaid para los medicamentos contra el VIH/SIDA pueden ayudar a dar coherencia a las políticas de salud y de propiedad intelectual de la UE;

63.

Acoge con satisfacción el apoyo de la Comisión a propuestas para ayudar a las comunidades indígenas a explotar sus conocimientos tradicionales y recursos genéticos y beneficiarse de los mismos;

64.

Acoge con satisfacción los comentarios de la Comisión en el sentido de que la UE podría reducir los aranceles sobre los bienes y servicios favorables al medio ambiente con países afines en caso de que no se pueda alcanzar un acuerdo en el marco de la OMC;

65.

Apoya a la Comisión en su objetivo de facilitar la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, especialmente tecnología con baja emisión de carbono y resistente al clima, que es esencial para la adaptación al cambio climático;

66.

Reconoce la importancia económica de los envíos de dinero a los países en desarrollo, pero subraya la necesidad de abordar la cuestión de la «fuga de cerebros» en la aplicación de los acuerdos comerciales bilaterales, en particular en el sector de la salud;

67.

Destaca el trabajo realizado por muchas organizaciones de la sociedad civil sobre la evasión de impuestos por multinacionales de la UE en los países en desarrollo, como el reciente informe de la ONG británica Christian Aid, y pide a la Comisión que tenga en cuenta sus recomendaciones en futuras negociaciones;

68.

Acoge favorablemente los mecanismos para mejorar la CPD en el seno de la Comisión, como el sistema de consulta interservicios, el proceso de evaluación de impacto, la evaluación de impacto sobre la sostenibilidad y el Grupo interservicios en favor de la calidad y, cuando proceda, la evaluación ambiental estratégica; se interroga, no obstante, sobre los criterios que ha aplicado la DG de Desarrollo al decidir revocar iniciativas políticas no coherentes, y pide una mayor transparencia en cuanto a los resultados de las consultas interservicios; pide que se facilite al Parlamento Europeo la información recopilada en las evaluaciones del impacto en un formato más comprensible, y que se asocie en mayor medida a estos mecanismos tanto al Parlamento Europeo como a los parlamentos nacionales y a los parlamentos de los países en desarrollo;

69.

Solicita que la estrategia de «ayuda para el comercio» sea beneficiosa para todos los países en desarrollo y no sólo para los que se muestren partidarios de una mayor liberalización de sus mercados; pide a la Comisión que, durante las negociaciones comerciales, en particular en el contexto de los Acuerdos de Asociación Económica, no imponga en contra de la voluntad de los países en desarrollo la apertura de capítulos de negociación sobre los «temas de Singapur» y los servicios financieros, y que no concluya ningún acuerdo de ese tipo sin que dichos países hayan podido establecer, de antemano, un marco regulador y de supervisión; nacional apropiado;

70.

Pide a la Comisión que se incluyan sistemáticamente normas sociales y medioambientales jurídicamente vinculantes en los acuerdos comerciales que negocie la Unión Europea, a fin de promover el objetivo de un comercio al servicio del desarrollo;

71.

Pide a la Comisión que inicie antes las evaluaciones de impacto, es decir, antes de que el proceso de elaboración de las iniciativas políticas esté demasiado avanzado, y que las fundamente en estudios basados en pruebas fehacientes existentes o realizados expresamente para este fin, y que incluya de forma sistemática las dimensiones social, medioambiental y de derechos humanos, debido a que un análisis prospectivo es más útil y práctico dada la falta de datos y la complejidad de la evaluación de la CPD; pide a la Comisión que incluya los resultados de las evaluaciones de impacto en los documentos estratégicos regionales y nacionales del Instrumento de Cooperación al Desarrollo junto con sugerencias para su seguimiento;

72.

Expresa su preocupación por el hecho de que, de las 82 evaluaciones de impacto realizadas por la Comisión en 2009, sólo una estuviera dedicada al desarrollo; insiste en la necesidad de dar un enfoque sistemático a la medición del rendimiento de la CPD; insta, por tanto, a la Comisión a que asigne a la unidad de estudios prospectivos y coherencia política de la DG DEVE una función central para la mejora del estudio de la CPD;

73.

Pide a la Comisión que implique al Parlamento Europeo en el proceso de elaboración del informe de la Comisión sobre la CPD, por ejemplo, en relación con el cuestionario o el calendario, y que tenga en cuenta los informes de propia iniciativa del Parlamento;

74.

Pide a la Comisión que implique a las delegaciones de la UE en sus trabajos de CPD, designando responsables de los puntos focales de la CPD en cada delegación, con el fin de supervisar el impacto de la política de la UE a nivel de los países socios; pide que la CPD se integre en la formación del personal; pide a la Comisión que publique anualmente los resultados de las consultas de campo realizadas por las delegaciones de la UE; para ello, pide a la Comisión que garantice que las delegaciones de la UE tengan la capacidad suficiente para realizar consultas amplias con los gobiernos locales y los parlamentos, así como para asegurar la oportunidad de que los interlocutores no estatales y la sociedad civil participan activamente en lo referente a la CPD;

75.

Propone que se imparta formación al personal de la Comisión y a los miembros de las delegaciones del Consejo que trabajen en el ámbito de la CPD con el fin de aumentar su sensibilización sobre este objetivo político;

76.

Pide a la Comisión que concentre en el Comisario de Desarrollo toda la responsabilidad en materia de asignaciones por país, documentos estratégicos temáticos nacionales y regionales, programas indicativos plurianuales nacionales, programas de acción anuales, así como para la programación y ejecución de la ayuda en todos los países en desarrollo, en estrecha colaboración con el Alto Representante y la Comisaria de Ayuda Humanitaria, a fin de evitar enfoques incoherentes entre la Comisión y el Consejo;

77.

Insta a los Estados miembros y a sus parlamentos nacionales a que fomenten la CPD por medio de un programa de trabajo específico con unos plazos vinculantes a fin de mejorar el programa europeo de trabajo de la CPD y las acciones de ayuda, garantizando a la vez que la ejecución del programa no tenga efectos contrarios a las estrategias de desarrollo de los países asociados;

78.

Propone que la CPD se incluya en la revisión intermedia del ICD, en particular en los programas temáticos relevantes;

79.

Sugiere que se incluyan compromisos específicos de CPD en el programa de trabajo de todas las Presidencias;

80.

Propone que el Consejo mejore el trabajo de las estructuras existentes para reforzar la CPD, por ejemplo, celebrando más reuniones conjuntas de los grupos de trabajo y facilitando el acceso del público al programa de trabajo;

81.

Sugiere que se elabore un informe bienal del Parlamento Europeo sobre la CPD; sugiere a todas las comisiones que elaboren informes sobre la perspectiva de desarrollo de sus ámbitos específicos;

82.

Subraya la importancia de la cooperación entre las comisiones del Parlamento Europeo; para ello, sugiere que, cuando una comisión delibere sobre cuestiones delicadas relacionadas con la CPD, se vincule estrechamente a las demás comisiones relevantes, y cuando una comisión organice una audiencia de expertos sobre un asunto delicado concerniente a la CPD, se incluya a las demás comisiones relevantes en la organización de la audiencia;

83.

Pide que se clarifique el aspecto institucional de la comunicación de la Comisión sobre la coherencia de las políticas (COM(2009)0458) con respecto a una mejora de la asociación y el diálogo con los países en desarrollo en materia de la CPD; pregunta si esta mejora de la asociación también va a incluir un mecanismo mediante el cual se asesore a los países en desarrollo acerca de lo que pueden hacer para fomentar la CPD y se planifique el fomento de la capacidad nacional para evaluar la CPD;

84.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

31.5.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 161/58

A.

Considerando que, en los últimos años, la Unión Europea ha creado un sistema de normas sociales en el transporte por carretera mediante la adopción del Reglamento (CEE) no 3821/85, del Reglamento (CE) no 561/2006 y de la Directiva 2006/22/CE, con el fin de incrementar la seguridad en la vía pública y garantizar una competencia leal,

B.

Reconociendo que los sistemas de sanción han ido evolucionando a lo largo de la historia en los Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, presentan grandes diferencias, con multas, en casos extremos, que pueden ser hasta diez veces más elevadas en un país que en otro,

C.

Considerando que la situación jurídica de los transportes internacionales ha llegado a un punto en que es difícilmente comprensible para las empresas y, especialmente, para los conductores; que los Estados miembros tienen grandes dificultades para transponer debidamente los reglamentos, y que la situación actual no es compatible con el mercado interior,

D.

Preocupado por las noticias sobre las deficiencias que presenta el tacógrafo digital, que lo hacen muy vulnerable a la manipulación,

1.

Acoge favorablemente el informe de la Comisión sobre el análisis de las sanciones por infracciones graves de las normas sociales en el transporte por carretera, tal como se establecen en la legislación de los Estados miembros; lamenta, sin embargo, que debido a la falta de datos de algunos Estados miembros el informe no represente un análisis completo de la situación actual en Europa; pide a la Comisión que reclame a los Estados miembros los datos que faltan;

2.

Constata que el informe de la Comisión se basa en una clasificación de las infracciones con arreglo al nuevo anexo III de la Directiva 2006/22/CE, sin tener en cuenta el plazo de aplicación establecido en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2009/5/CE de la Comisión;

3.

Insta, por lo tanto, a la Comisión a que presente antes de finales de 2010 un informe actualizado y completo sobre la aplicación del nuevo anexo III de la Directiva 2006/22/CE;

4.

Señala que en los últimos períodos de notificación se han producido demoras importantes, de modo que en el informe actual (24o informe de la Comisión sobre el análisis de las sanciones por infracciones graves de las normas sociales en el transporte por carretera), de 3 de agosto de 2009, por ejemplo, únicamente se han contemplado las cifras del período 2005- 2006 y, por consiguiente, apenas se pueden extraer conclusiones sobre la situación actual de la armonización de las normas sociales para los usuarios del transporte por carretera;

5.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan cuanto esté en su mano para garantizar que se cumplen con más prontitud los objetivos establecidos en el artículo 17 del Reglamento (CE) no 561/2006 con objeto de disponer de estadísticas más recientes con miras a la adopción de las próximas medidas de armonización;

6.

Señala que el anexo IV del Reglamento (CE) no 1071/2009 también contiene una lista de infracciones graves en el sentido de ese Reglamento; entiende, por lo tanto, que es absolutamente necesario proceder a una clasificación armonizada de las infracciones graves de las normas sociales;

7.

Observa que las diferencias entre las sanciones por infracciones graves de las normas sociales en el transporte por carretera previstas en la legislación de los Estados miembros no afectan sólo al importe de las multas, sino también a los tipos y a la clasificación de las sanciones;

8.

Señala que dichas diferencias pueden explicarse por factores económicos y geográficos, así como por los distintos sistemas jurídicos de los Estados miembros para la persecución de los delitos y sus diferentes planteamientos políticos en materia de seguridad vial;

9.

Constata que las normas sociales en el transporte por carretera, en particular el Reglamento (CEE) no 3821/85 y el Reglamento (CE) no 561/2006, así como la Directiva 2006/22/CE, dejan un gran margen de interpretación a los Estados miembros; lamenta que las numerosas formulaciones imprecisas que contiene la normativa europea conlleven inevitablemente una transposición desigual al Derecho nacional de los Estados miembros; considera que para conseguir una mayor armonización se necesita en primer lugar una interpretación uniforme y vinculante estos Reglamentos y esta Directiva;

10.

Lamenta que algunos Estados miembros no prevean la graduación de las sanciones en función de la gravedad de la infracción; insta a los Estados miembros a que adopten disposiciones legislativas nacionales que ejerzan un efecto eficaz, proporcionado y disuasorio y tengan en cuenta la gravedad de las infracciones;

11.

Hace hincapié en que un sistema de sanción eficaz, equilibrado y disuasorio sólo se puede basar en unas sanciones claras, transparentes y comparables entre los Estados miembros; pide a los Estados miembros que busquen soluciones legislativas y prácticas para reducir las diferencias, muy importantes en algunos casos, existentes en el tipo y el nivel de las sanciones aplicadas;

12.

Pide a la Comisión Europea que, previa consulta a los órganos de inspección y los representantes del sector del transporte, presente una interpretación uniforme y vinculante del Reglamento sobre los tiempos de conducción y los períodos de descanso; considera que los órganos de inspección deben tener en cuenta esta interpretación;

13.

Opina que, para lograr una mayor aproximación de los tipos de sanciones y del importe de las multas, se requiere una clasificación de las multas vinculada a una clasificación de las sanciones, así como el establecimiento de sanciones mínimas y máximas para cada infracción de las normas sociales en el transporte por carretera; destaca que, para racionalizar las sanciones, se debe equilibrar la necesidad de que las multas guarden proporción entre los distintos Estados miembros sobre la base de criterios objetivos (por ejemplo, el PIB o factores geográficos) con la imposición de un elemento disuasorio eficaz contra las infracciones graves;

14.

Observa que el nuevo anexo III de la Directiva 2006/22/CE, introducido por la Directiva 2009/5/CE de la Comisión, debe considerarse una piedra angular de todo enfoque uniforme de la clasificación de las infracciones de las normas sociales en el transporte por carretera previstas en la legislación de los Estados miembros; insta a los Estados miembros a que adopten las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para la pronta transposición de la Directiva 2009/5/CE de la Comisión;

15.

Recuerda, asimismo, que el Tratado de Lisboa ha introducido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea un nuevo apartado 2 en el artículo 83 sobre la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros en materia penal; pide a la Comisión que examine estos nuevos medios legislativos en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y, en un plazo de doce meses, presente al Consejo y al Parlamento Europeo un informe sobre las posibles medidas de armonización, incluidos los aspectos relativos a la seguridad vial y a la aplicación transfronteriza de multas, si no lo ha hecho previamente;

16.

Celebra que la Comisión haya elaborado unas «directrices», conforme al artículo 22, apartado 4, del Reglamento (CE) no 561/2006, para asistir a los Estados miembros con la interpretación y aplicación nacional del Reglamento; observa, no obstante, que esas directrices no son jurídicamente vinculantes, por lo que no se ha logrado el objetivo de garantizar una transposición uniforme en los Estados miembros;

17.

Opina que, para realizar un mercado interior del transporte y aumentar la seguridad jurídica de conductores y empresarios, es preciso armonizar la interpretación de la aplicación de la legislación social; pide a la Comisión Europea, en este contexto, que, en colaboración con Corte, Tispol y Euro Contrôle Route, presente propuestas para poner fin a la aplicación discriminatoria de la legislación social en el transporte por carretera; señala, en este sentido, la necesidad de contar con una interpretación común, artículo por artículo, de la aplicación del Reglamento (CE) no 561/2006 y del Reglamento (CEE) no 3821/85;

18.

Pide a los Estados miembros que tengan presentes esas directrices a la hora de aplicar las normas sociales, a fin de conseguir una transposición armonizada;

19.

Destaca que sólo se puede evitar la competencia desleal y garantizar la seguridad en el transporte por carretera mediante la aplicación coherente y no discriminatoria de la legislación vigente; hace hincapié en que un enfoque armonizado y eficaz de los controles es esencial para la transposición de las normas sociales en el transporte por carretera;

20.

Señala que la situación del transporte en cuanto a infraestructuras, volumen de tráfico y congestión del tráfico presenta grandes diferencias entre los Estados miembros, por lo que estima que estos factores, entre otros, podrían tomarse en consideración para determinar la frecuencia de los controles, teniendo presente que uno de sus objetivos principales consiste en garantizar el respeto de las normas sociales;

21.

Considera que, a fin de eliminar los obstáculos al mercado único europeo y reforzar la seguridad vial, la Comisión debería desarrollar y promover esos enfoques armonizados de los controles e intervenir con carácter regulador; pide a la Comisión que, para alcanzar estos objetivos, cree un instrumento de coordinación eficaz y adecuado a escala europea;

22.

Pide a la Comisión que elabore unas recomendaciones y pautas europeas mínimas para la formación de los órganos de inspección y la coordinación de la cooperación entre esos órganos; pide a la Comisión que mejore la obtención de datos estadísticos a fin de poder efectuar análisis más pertinentes de la eficacia de la aplicación y favorecer un enfoque armonizado de los Estados miembros en cuestiones de aplicación;

23.

Pide a los Estados miembros que proporcionen formación al personal de control basándose siempre en los últimos avances en materia de obtención de datos y que colaboren estrechamente con la Comisión Europea en la aplicación de normas comunes con objeto de fomentar un enfoque armonizado de los controles y, de este modo, crear seguridad jurídica;

24.

Considera que es preciso realizar controles más frecuentes y exhaustivos tanto en la carretera como en los locales de las empresas; pide a la Comisión que garantice que los Estados miembros respetan el número de controles que han de efectuar con arreglo al artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2006/22/CE; insta a la Comisión a que informe al Parlamento Europeo sobre las medidas adicionales que tiene previsto adoptar con respecto a dichos controles;

25.

Pide a la Comisión que le presente lo antes posible un informe sobre el control de las deficiencias que presenta el tacógrafo digital y las medidas aplicadas para evitar su vulnerabilidad;

26.

Subraya que, con arreglo al Reglamento (CEE) no 3821/85, el tacógrafo digital debe mejorarse como instrumento de control; considera que la Comisión debe examinar de qué manera las autoridades de control pueden lograr una descarga de datos del tacógrafo digital más rápida;

27.

Hace referencia al punto de contacto de transacciones desproporcionadas creado por Euro Contrôle Route, y pide a los conductores y a las empresas de transporte que denuncien ante esta ventanilla la aplicación desproporcionada y discriminatoria de la legislación social en el transporte por carretera;

28.

Considera que un folleto comprensible en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea sería de utilidad para las empresas y los conductores de vehículos pesados; subraya que ese folleto debería proporcionar a los conductores y empresas afectados más información sobre las normas sociales pertinentes y las sanciones aplicables a las infracciones en los distintos Estados miembros; opina que dicha información también debe estar a disposición de las empresas y los conductores procedentes de terceros países; resalta el interés de utilizar sistemas de transporte inteligentes para facilitar a los conductores información en tiempo real;

29.

Está convencido de que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación actuales, así como de los sistemas de transporte inteligentes, debe permitir a las empresas y los conductores obtener información sobre las normas sociales vigentes y las sanciones que conlleva la infracción de las mismas;

30.

Pide a todos los Estados miembros que refuercen la colaboración sobre la base de las estructuras ya existentes, como Euro Contrôle Route, y mejoren de este modo la coordinación de los controles comunes, el intercambio de buenas prácticas y la organización conjunta de programas de formación para los órganos de control;

31.

Considera que se deben utilizar todas las tecnologías disponibles para informar en tiempo real a los conductores de camiones, incluidos los de los países vecinos, sobre las normas sociales y las sanciones aplicables en función de las infracciones cometidas en los distintos Estados miembros, por ejemplo, en lo concerniente al uso del GPS u otros dispositivos disponibles;

32.

Insta a los Estados miembros a que creen infraestructuras adecuadas, que incluyan un número suficiente de plazas de aparcamiento seguras y de servicios, en la red europea de carreteras, de manera que los conductores puedan respetar realmente las disposiciones relativas a los tiempos de conducción y los periodos de descanso y se puedan realizar los controles con eficacia; señala que en esas instalaciones ha de concederse especial importancia al aspecto de la seguridad; pide a la Comisión que publique periódicamente, en el formato más adecuado, las instalaciones disponibles, tanto públicas como privadas, que se encuentran a lo largo de la red europea de carreteras, informando de los servicios ofrecidos para los profesionales de la carretera;

33.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten y financien proyectos de construcción de aparcamientos seguros, un elemento indispensable para que los conductores respeten las disposiciones del Reglamento (CE) no 561/2006;

34.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

31.5.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 161/62

A.

Preocupado porque la corrupción socava el Estado de Derecho, conduce al uso inadecuado de los fondos de la UE proporcionados por los contribuyentes y causa distorsiones del mercado, y ha contribuido a la actual crisis económica,

B.

Considerando que la Unión ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y que el 78 % de los ciudadanos de la Unión están de acuerdo en que la corrupción es un problema de primera importancia en su país (Eurobarómetro, diciembre de 2009),

C.

Considerando el énfasis que ha puesto el Parlamento Europeo en la lucha contra la corrupción en su Resolución sobre el Programa de Estocolmo en materia de libertad, seguridad y justicia,

D.

Considerando el Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre), en el que se elaboró esta declaración,

1.

Insta a las instituciones europeas a adoptar una política global de lucha contra la corrupción y a crear un mecanismo claro para controlar la situación en los Estados miembros de manera regular;

2.

Pide a la Comisión que proporcione todos los recursos necesarios para aplicar este mecanismo de control y asegurarse de que sus conclusiones y resultados sean objeto de un seguimiento eficaz;

3.

Pide a la Comisión y a los organismos pertinentes de la Unión que adopten todas las medidas necesarias y faciliten los recursos suficientes para garantizar que los fondos de la UE no estén sujetos a la corrupción, y que adopten sanciones disuasorias allá donde se descubran casos de corrupción y fraude;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes (1), al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

31.5.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 161/63

A.

Considerando que, en virtud del artículo 31 del Reglamento (CE) no 1333/2008, hasta que concluya el establecimiento de las listas comunitarias de aditivos alimentarios según lo dispuesto en el artículo 30 de dicho Reglamento, la Comisión puede aprobar medidas que modifiquen los anexos de la Directiva 95/2/CE, entre otras,

B.

Considerando que el anexo IV de la Directiva 95/2/CE incluye una lista de los aditivos alimentarios que pueden utilizarse en la Unión Europea y de las condiciones de su utilización,

C.

Considerando asimismo que los criterios generales para la utilización de aditivos alimentarios quedan recogidos en el anexo II de la Directiva 89/107/CEE y que, puesto que dicha Directiva se ha derogado y sustituido por el Reglamento (CE) no 1333/2008, los criterios pertinentes se encuentran ahora en, entre otras disposiciones, el artículo 6 de dicho Reglamento, relativo a las condiciones generales para la inclusión de aditivos alimentarios en las listas comunitarias,

D.

Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 6 de dicho Reglamento, se autorizará el uso de un aditivo alimentario en la Unión Europea únicamente si cumple determinadas condiciones, entre otras, la recogida en el apartado 1, letra c), de que no induzca a error al consumidor, y la recogida en el apartado 2, de que presente ventajas y beneficios para el consumidor,

E.

Considerando que el artículo 6 de dicho Reglamento también dispone, en el apartado 1, letra a), que únicamente se autorizará el uso de un aditivo alimentario cuando no plantee problemas de seguridad para la salud del consumidor,

F.

Considerando, además, que el Reglamento (CE) no 178/2002 (conocido como el «Reglamento relativo a la legislación alimentaria general») y, en particular, su artículo 8, establece, entre otros aspectos, que la legislación alimentaria tendrá como objetivo proteger los intereses de los consumidores y ofrecerles una base para elegir con conocimiento de causa los alimentos que consumen, así como prevenir cualquier otra práctica que pueda inducir a engaño al consumidor,

G.

Considerando que el proyecto de Directiva de la Comisión y, en particular, su considerando 25 y el punto 3, letra h), de su anexo prevén que se incluya, en el anexo IV de la Directiva 95/2/CE, un preparado enzimático basado en la trombina con fibrinógeno como aditivo alimentario para alimentos reconstituidos,

H.

Considerando que la trombina, cuando proviene de partes comestibles de animales, funciona como «pegamento para la carne» y su finalidad como aditivo alimentario es unir distintas piezas de carne para producir un único producto cárnico,