31.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 99/1

1.

El BCE celebra el objetivo de la directiva refundida propuesta de proporcionar un marco completo y más armonizado para los sistemas de garantía de depósitos (SGD). El BCE valora que la directiva refundida propuesta incluya numerosas de las recomendaciones formuladas en: a) el dictamen del BCE CON/2008/70 (3) sobre una propuesta anterior de modificación de la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 1994 relativa a los sistemas de garantía de depósitos (4), y b) la contribución del Eurosistema a la consulta pública de la Comisión Europea sobre la revisión de la Directiva 94/19/CE (5). El BCE aprecia que la directiva refundida propuesta incluya sus recomendaciones en cuanto a: a) una mayor armonización de los criterios de admisibilidad y niveles de cobertura de las garantías de depósito (6); b) el reforzamiento de los requisitos de información exigidos a las entidades de crédito en relación con el grado de protección de los depósitos proporcionado por los SGD pertinentes (7), y c) la introducción de planes de financiación parcial ex ante para todos los SGD (8). El BCE considera que dichos elementos del marco regulador de los SGD son fundamentales desde el punto de vista de la estabilidad financiera.

2.

El BCE observa igualmente que el informe de la Comisión Europea que acompaña a la directiva refundida propuesta (9) contempla el desarrollo de medidas adicionales, a nivel de la Unión, de coordinación de las garantías de depósitos una vez sus fondos alcancen el nivel previsto. Al mismo tiempo, la reciente comunicación de la Comisión sobre un marco a nivel de la UE para la gestión de crisis en el sector financiero (10) hace referencia a las posibles sinergias entre los SGD y los recién creados fondos de resolución para entidades financieras. El Eurosistema, debido al papel que desempeña en la estabilidad financiera, tiene gran interés en este tema y seguirá la evolución de estos trabajos en colaboración con la Comisión.

3.

El BCE reconoce que la directiva modificadora propuesta por la que se actualiza la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores (11), va a mejorar la armonización de los sistemas de indemnización de los inversores en la Unión. Si bien el BCE no va a comentar en detalle este instrumento legislativo, considera importante que el marco regulador de la Unión continúe basándose en los perfiles de riesgo distintos de depositantes e inversores.

4.

La directiva refundida propuesta exige que todas las entidades de crédito sean miembros de SGD que ofrezcan garantías de depósitos armonizadas (12) y que se financien, en principio, mediante aportaciones ex ante individuales de los miembros de los SGD. El BCE considera que la armonización es precisa para garantizar la igualdad de condiciones en el contexto del mercado único de servicios financieros de la Unión. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (en adelante, «el Comité») apoya también una adhesión amplia a los SGD (13). Al mismo tiempo, el BCE reconoce el prolongado buen funcionamiento en algunos Estados miembros de sistemas mutuos voluntarios, que proporcionan protección a los depósitos mediante medidas distintas de las garantías de depósitos predefinidas, por ejemplo, mediante acuerdos de rescate mutuos. El BCE entiende que la directiva refundida propuesta no pretende limitar la capacidad de los sistemas mutuos voluntarios de ofrecer protección a las entidades adheridas en la forma que les es característica, y que sería paralela a las garantías de depósitos que, conforme a la directiva refundida propuesta, se ofrecerían a los clientes de dichas entidades. En este contexto, el BCE celebra el período transitorio de 10 años que, para alcanzar el nivel previsto de financiación ex ante, establece la directiva refundida propuesta a fin de aliviar la carga a la que se somete a las entidades de crédito que no estuviesen previamente obligadas a hacer aportaciones a SGD (14).

5.

El BCE recomienda (15) que, para excluir los depósitos de las autoridades públicas del régimen de la directiva refundida propuesta, se utilice la redacción original, más precisa, de la Directiva 94/19/CE, haciendo por tanto referencia a las autoridades «estatales y de las administraciones centrales» y a «las administraciones públicas regionales, provinciales, municipales o locales» (16).

6.

El BCE celebra el principio de reducir más los plazos de reembolso de los depósitos garantizados (17). Sin embargo, la consecución del objetivo de reducir dicho plazo a 7 días podría resultar difícil, ya que ha de introducirse poco tiempo después la reducción inicial a 20 días hábiles que los Estados miembros debían aplicar antes del final de 2010 (18). El BCE recomienda (19) que se modifique la directiva refundida propuesta disponiendo que la Comisión: i) prepare un examen de la aplicación de la reducción inicial a 20 días hábiles, y ii) basándose en los resultados del examen, formule propuestas en cuanto a una o varias posibles reducciones adicionales del plazo de reembolso.

7.

Según la directiva refundida propuesta, los SGD deben alcanzar una financiación ex ante del nivel definido como porcentaje de los depósitos admisibles en un período transitorio de 10 años (20). El BCE celebra la introducción expresa de un nivel de financiación ex ante, lo que mejora considerablemente la estabilidad financiera y la igualdad de condiciones, desplazando la carga de la financiación de los SGD a las entidades de crédito miembros de los mismos, es decir, a las entidades que controlan los riesgos asegurados por los SGD. El BCE entiende que el nivel de financiación ex ante es objeto de un debate en el marco del proceso legislativo de la Unión. El BCE recomienda (21) definir el nivel de financiación ex ante por referencia a los «depósitos cubiertos», es decir, los depósitos admisibles que no sobrepasen el nivel de cobertura (22), teniendo en cuenta que los depósitos cubiertos reflejan con más precisión el nivel del pasivo de los SGD que los depósitos admisibles.

8.

En lo referente al cálculo de las aportaciones individuales de los miembros de los SGD, el BCE celebra en principio el modelo propuesto de aportaciones parcialmente basadas en el riesgo y de disposiciones que garanticen la comparabilidad de las distintas clases de activos (23). Este modelo, siguiendo las recomendaciones del Centro Común de Investigación de la Comisión (24), tiene como objetivo simplificar el cálculo lo suficiente como para permitir la comparabilidad de las aportaciones individuales, a la vez que aplica una serie de indicadores básicos (basados en el riesgo) y complementarios (no basados en el riesgo). El BCE recomienda (25) que la directiva refundida propuesta establezca elementos detallados de la metodología de cálculo que se especifiquen aún más en las normas y directrices técnicas que adopte la Autoridad Bancaria Europea (ABE), sobre la base de datos empíricos verificados y promoviendo la igualdad de trato.

9.

Si la financiación ex ante resulta insuficiente para reembolsar a los depositantes, la directiva refundida propuesta establece tres pasos para la financiación adicional ex post. El BCE formula al respecto las siguientes observaciones:

10.

El BCE entiende que se está considerando la posible retirada de la propuesta original de imponer límites en lo referente al importe acumulado de los depósitos e inversiones de un SGD en relación con una única entidad (31). El BCE considera que se deben evaluar esos posibles límites a la inversión, en el contexto, entre otros, del impacto que puedan tener sobre los mercados de instrumentos de clases concretas de activos. A este respecto, pueden ser pertinentes consideraciones específicas en relación con las inversiones de SGD en instrumentos emitidos por las entidades del sector público de los Estados miembros.

11.

Finalmente, y desde la perspectiva de la integración financiera, el BCE apoya la disposición de la directiva refundida propuesta según la cual si una entidad de crédito deja de ser miembro de un sistema y se adhiere a otro, las contribuciones de los seis meses anteriores a su retirada se abonan o transfieren al nuevo sistema (32). Esta disposición puede facilitar la reorganización de entidades de crédito transfronterizas. No obstante, a fin de evitar posibles abusos, la disposición debería limitarse a la transferencia al nuevo sistema de las contribuciones abonadas (excluyendo la posibilidad de reembolso), y no debería incluir las contribuciones extraordinarias efectuadas para cubrir deficiencias de recursos del SGD original (33).

12.

El BCE celebra que la supervisión de los SGD por los Estados miembros se refuerce mediante pruebas de estrés y que estas se sometan a evaluaciones entre iguales a cargo de la ABE y el Foro Europeo de los Fondos de Garantía de Depósitos (34). Que la ABE reciba información de los SGD y de las autoridades competentes, especialmente en lo relativo a la financiación de los SGD y a los préstamos transfronterizos entre ellos, puede contribuir a garantizar la igualdad de condiciones y abordar algunos de los problemas antes tratados en relación con los mecanismos de préstamo transfronterizo.

31.3.2011   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 99/8

31.3.2011   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 99/9

(1)

El artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (1), autoriza a los Estados miembros cuyas redes eléctricas cumplan determinados criterios a proceder a la asignación transitoria gratuita de derechos de emisión a las instalaciones de generación de electricidad. Tales criterios están vinculados a la necesidad de modernizar el sistema energético y los Estados miembros que decidan acogerse a esta opción deberán, al mismo tiempo, adoptar medidas para garantizar inversiones en el sistema energético destinadas, por ejemplo, a la mejora de las infraestructuras o a las tecnologías limpias, por un importe equivalente al valor de los derechos de emisión asignados de forma gratuita correspondientes.

(2)

Cabe subrayar que los Estados miembros que cumplen los citados criterios no están obligados a escoger esa opción y pueden muy bien abstenerse de hacerlo a la vista de los ingresos de las ventas en subasta a los que deberían renunciar. Con todo, los Estados miembros que sí decidan acogerse a la opción deben cumplir las disposiciones del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE.

(3)

Es necesario contar con un sistema de comercio de derechos de emisión armonizado para aprovechar al máximo las ventajas que reporta el comercio de derechos de emisión y evitar el falseamiento de la competencia en el mercado interior. A este respecto, la Directiva 2003/87/CE establece que la venta en subasta ha de ser el principio básico para la asignación de derechos de emisión, ya que es el sistema más sencillo y, en general, se considera el más eficiente desde el punto de vista económico. La subasta garantiza además la igualdad de condiciones para que siga desarrollándose la competencia en el mercado interior de la electricidad.

(4)

Por otra parte, la Directiva 2003/87/CE establece explícitamente que la venta completa en subasta debe ser la norma para el sector eléctrico de 2013 en adelante, teniendo en cuenta la capacidad del sector de hacer recaer el coste de oportunidad del CO2 en los consumidores por medio de las tarifas eléctricas y, por tanto, generar beneficios adicionales («ganancias inmerecidas»). La venta en subasta eliminará esas ganancias inmerecidas.

(5)

Algunas disposiciones del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE establecen supuestos de inaplicación de una serie de principios esenciales de la Directiva 2003/87/CE y, más concretamente, los de un planteamiento plenamente armonizado para toda la Unión en materia de asignación de derechos, la introducción de la venta en subasta como método de asignación por defecto y la exclusión explícita de la asignación gratuita de derechos de emisión en el sector de la generación de electricidad. Estos principios y normas tienen como objetivo que el régimen alcance el grado más elevado posible de eficiencia económica. Así pues, la aplicación del artículo 10 quater no ha de comprometer esas normas y objetivos generales de la Directiva 2003/87/CE.

(6)

En este contexto y teniendo también muy presente el temor de muchos Estados miembros ante el falseamiento de la competencia que pueda derivarse de la aplicación del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE, la Comisión considera necesario ofrecer orientaciones sobre la aplicación del artículo 10 quater por las siguientes razones:

(7)

El artículo 10 quater, apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE determina el número máximo de derechos de emisión que pueden asignarse gratuitamente en 2013 a las instalaciones que reúnan las condiciones requeridas en los Estados miembros admisibles. Conforme a esa disposición, este número debe disminuir gradualmente en los años siguientes, de modo que en 2020 ya no haya asignaciones gratuitas.

(8)

Al evaluar una solicitud de conformidad con el artículo 10 quater, apartado 6, la Comisión examinará si el número máximo de derechos de emisión disponibles gratuitamente al amparo del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE en 2013 en un Estado miembro determinado sobrepasa el número resultante del cálculo que figura en el anexo I, basado en el artículo 10 quater, apartado 2.

(9)

El artículo 10 quater, apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE establece claramente que «el total de los derechos de emisión asignados de forma transitoria y gratuita […] disminuirá gradualmente, de modo que en 2020 ya no haya asignaciones gratuitas». Por este motivo, es obligatorio presentar una trayectoria gradual creíble y convincente desde el comienzo de la asignación gratuita de derechos de emisión en 2013 hasta su final en 2020.

(10)

Habida cuenta del imperativo legal de suprimir gradualmente la asignación gratuita de derechos de emisión, pasando de un porcentaje máximo de un 70 % a un 0 % en un período máximo de siete años, una trayectoria gradual creíble y convincente hacia la desaparición de dicha asignación gratuita en 2020 lleva aparejada una clara tendencia descendente que se refleje en las etapas intermedias entre el 70 % y el 0 %.

(11)

Al evaluar las solicitudes presentadas en virtud del artículo 10 quater, apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE, la Comisión examinará si los Estados miembros están procediendo a una transición gradual creíble y convincente para llegar a la venta completa en subasta. Retrasar excesivamente las reducciones daría lugar a la asignación gratuita de un número global más elevado de derechos de emisión a lo largo del período completo 2013-2020 y entrañaría por tanto un falseamiento indebido de la competencia en el mercado de la Unión. Esta situación no sería compatible con lo dispuesto en el artículo 10 quater, apartado 5, de la Directiva. La Comisión considera que los Estados miembros gozan de cierto margen discrecional para fijar una trayectoria de reducción adecuada. La Comisión estima que se cumplirá el requisito de reducción gradual y la competencia no se verá indebidamente falseada si el Estado miembro interesado prevé una trayectoria lineal o no lineal de reducción en la que la disminución de los derechos de emisión asignados gratuitamente entre dos años consecutivos cualesquiera del período comprendido entre 2013 y 2020 se desvíe como máximo un 50 % de la disminución anual media necesaria en los años restantes para llegar al 0 % en 2020.

(12)

Solamente pueden optar a la asignación gratuita de derechos de emisión para la generación de electricidad las instalaciones que estaban en funcionamiento a 31 de diciembre de 2008. En la solicitud que presenten de conformidad con el artículo 10 quater, apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE, los Estados miembros deberán demostrar que las instalaciones de sus respectivos territorios que se considera pueden optar a la asignación transitoria gratuita de derechos de emisión al amparo del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE cumplen esta condición notificando las emisiones verificadas de dichas instalaciones en el período 2008-2010, así como el número de permiso y el titular de la cuenta de la instalación de que se trate, tal y como figuran en el diario independiente de transacciones comunitario (DITC). Esta información servirá también para demostrar que la instalación sigue funcionando y no ha abandonado sus actividades entretanto.

(13)

Existe también la posibilidad de que las instalaciones opten a la asignación transitoria y gratuita de derechos de emisión al amparo del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE cuando el proceso de inversiones correspondiente «se haya iniciado físicamente», como muy tarde, el 31 de diciembre de 2008.

(14)

Ello significa que las decisiones acerca de la construcción de una nueva central eléctrica se habrán tomado sin verse influidas por la perspectiva de recibir derechos de emisión gratuitos por la nueva instalación.

(15)

A la luz de lo anterior, se considerará que un proceso de inversiones se ha iniciado físicamente, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2008 cuando pueda demostrarse que la decisión de inversión no se ha visto afectada por la posibilidad de optar a la asignación gratuita de derechos de emisión. A tal fin, los Estados miembros podrían presentar pruebas justificadas de que:

La Comisión entiende que, en este contexto determinado, las obras de construcción que se hayan iniciado físicamente podrían incluir el trabajo preparatorio para la construcción de la central en cuestión, pero siempre deberán contar, en caso necesario, con la autorización explícita de la autoridad nacional competente. Es conveniente que los Estados miembros presenten ese documento de autorización, que deberá poseer un estatuto jurídico sustantivo y haber sido expedido de conformidad con la legislación del Estado miembro o de la Unión. Si no se exige el requisito de autorización explícita del trabajo preparatorio, será necesario presentar otras pruebas que demuestren que las obras de construcción se han iniciado físicamente.

La lista anterior no debe considerarse exhaustiva, puesto que los Estados miembros pueden disponer de otros medios para presentar pruebas documentales de que una decisión de inversión determinada no se ha visto influida por la opción de recibir derechos de emisión gratuitos.

(16)

Cuando lleve a cabo la evaluación de conformidad con el artículo 10 quater, apartado 6, de la Directiva 2003/87/CE, la Comisión exigirá pruebas claras y justificadas de que se cumplen estas condiciones. Los Estados miembros incluirán toda la información pertinente a este respecto en la solicitud que presenten con arreglo al artículo 10 quater, apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE. De no ser así, la Comisión desestimará la lista de instalaciones que figuren en dicha solicitud.

(17)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 quater, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE, los Estados miembros pueden asignar de forma transitoria y gratuita derechos de emisión a instalaciones para la generación de electricidad. La expresión «instalaciones para la generación de electricidad» no se define en la Directiva 2003/87/CE. Al tratarse de una excepción a la regla general de la Directiva 2003/87/CE de que no deben asignarse gratuitamente derechos de emisión con respecto a la producción de electricidad, se ha de interpretar la expresión de modo que no obstaculice la consecución de los objetivos de la Directiva.

(18)

Este planteamiento se ve respaldado por la necesidad de evitar que la aplicación del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE tenga efectos negativos que puedan afectar al sector industrial del Estado miembro interesado y al mercado de toda la Unión.

(19)

A fin de determinar el alcance de la expresión «instalaciones para la generación de electricidad», se hace referencia al concepto de «generador de electricidad» definido en el artículo 3, letra u), de la Directiva 2003/87/CE, al que también se alude en el artículo 10 quater, apartado 2, de dicha Directiva. Este concepto engloba todas las instalaciones que producen exclusivamente electricidad y las instalaciones que producen calor y electricidad (2). Quedan excluidas de esta definición, sin embargo, las instalaciones que desarrollan otras actividades, enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE, además de la combustión de combustibles, es decir, la generación de calor y/o electricidad.

(20)

Basándose en las anteriores consideraciones, la Comisión estima que pueden optar a la asignación gratuita de derechos de emisión conforme al artículo 10 quater, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE:

(21)

En la evaluación que efectúe de conformidad con el artículo 10 quater, apartado 6, de la Directiva 2003/87/CE, la Comisión se cerciorará de que se presentan las pruebas necesarias para garantizar el cumplimiento de los criterios antes mencionados.

(22)

Para determinar las emisiones atribuibles a la electricidad en el caso de las instalaciones de producción combinada de calor y electricidad, los Estados miembros deberán garantizar la compatibilidad con las medidas de desarrollo contempladas en el artículo 10 bis, en particular con el artículo 10 bis, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE, y deberán hacer referencia a la metodología de asignación mencionada en el artículo 10 quater, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE.

(23)

Con arreglo al artículo 10 quater, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE, los Estados miembros interesados deben presentar a la Comisión un plan nacional de inversiones. La Comisión recomienda que dicho plan nacional se base en una serie de principios comunes que garanticen una aplicación equitativa y coherente de los objetivos derivados de la Directiva 2003/87/CE en general y del artículo 10 quater en particular:

Principio no 1: El plan nacional deberá indicar las inversiones que contribuyen directa o indirectamente (inversiones en redes y servicios auxiliares) a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de forma rentable.

Principio no 2: Las inversiones recogidas en el plan nacional deben tener por objeto eliminar en el futuro, en la medida de lo posible, las situaciones a que hacen referencia el artículo 10 quater, apartado 1, letras a) (3) y b) (4), y la primera condición de la letra c) (5), de la Directiva 2003/87/CE.

Principio no 3: Las inversiones han de ser compatibles entre sí y con otros actos legislativos pertinentes de la Unión. No deben reforzar posiciones dominantes ni falsear indebidamente la competencia y el comercio en el mercado interior y, siempre que sea posible, deben consolidar la competencia en el mercado interior de la electricidad.

Principio no 4: Las inversiones recogidas en el plan nacional han de constituir un complemento de las inversiones que los Estados miembros deben efectuar para cumplir otros objetivos o requisitos legales derivados de la normativa de la Unión. Por otra parte, no deben corresponder a las inversiones que serían necesarias para responder a la creciente oferta y demanda de electricidad.

Principio no 5: Las inversiones recogidas en el plan nacional deben contribuir a la diversificación y a la reducción de la intensidad de carbono de la combinación de electricidad y las fuentes de abastecimiento de energía para generación de electricidad.

Principio no 6: Las inversiones habrán de ser económicamente viables cuando dejen de asignarse gratuitamente derechos de emisión en virtud del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE al finalizar el período transitorio de asignación de tales derechos, con excepción de las tecnologías emergentes específicas previamente definidas que aún se encuentren en fase de demostración recogidas en el anexo III.

(24)

En la medida de lo posible, las inversiones que figuren en el plan nacional deberán cumplir estos principios. Cuando no pueda garantizarse que una inversión cumple todos los principios citados, el Estado miembro interesado deberá ofrecer explicaciones detalladas al respecto. En cualquier caso, tales inversiones no deberán ser contrarias a dichos principios ni comprometer los objetivos subyacentes. Tampoco deberán suponer un obstáculo para el logro de los objetivos establecidos en los Tratados o en otros actos legislativos pertinentes de la Unión.

(25)

Al analizar una solicitud presentada con arreglo al artículo 10 quater, apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE, la Comisión examinará en qué medida las inversiones indicadas cumplen los citados principios. Si la información facilitada por los Estados miembros en la solicitud que presenten en virtud del artículo 10 quater, apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE no es lo suficientemente detallada para que la Comisión pueda proceder a una evaluación exhaustiva que le permita llegar a una conclusión debidamente fundada, la Comisión podrá solicitar información adicional. En caso de que esta información adicional no pueda presentarse a su debido tiempo, la Comisión desestimará las partes correspondientes del plan nacional. La Comisión también podrá valerse de información y opiniones procedentes de otras fuentes para proceder a la evaluación de la solicitud.

(26)

Sobre la base de las disposiciones de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (6), los Estados miembros deberán comprobar si es necesaria una evaluación de impacto ambiental del plan nacional.

(27)

La Comisión subraya además que la asignación gratuita de derechos de emisión a los generadores de electricidad y la financiación de las inversiones correspondientes de conformidad con el artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE es constitutiva, en principio, de ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE. De acuerdo con el artículo 108, apartado 3, del TFUE, los Estados miembros deben notificar a la Comisión las medidas que entrañen ayudas estatales. Una vez efectuada la notificación, los Estados miembros no pueden ejecutar las medidas proyectadas hasta que en el procedimiento haya recaído una decisión definitiva de la Comisión. La Comisión tiene previsto adoptar criterios de compatibilidad para evaluar este tipo de ayuda en un futuro próximo. Las solicitudes presentadas en virtud del artículo 10 quater, apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE y cualquier decisión subsiguiente de la Comisión se entienden sin perjuicio alguno de las obligaciones de notificación de las ayudas estatales que impone a los Estados miembros el artículo 108 del TFUE, y los Estados miembros deberán prever en consecuencia las notificaciones de ayudas estatales que puedan ser necesarias. A la hora de evaluar la asignación gratuita de derechos y los planes nacionales en el marco del artículo 107, apartado 3, del TFUE, la Comisión se cerciorará de que estos últimos no entrañan un falseamiento indebido de la competencia, teniendo en cuenta el objetivo de interés común que se persigue a través del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE. En particular, cuando el plan nacional concentre la ayuda en un número limitado de beneficiarios o cuando la ayuda pueda reforzar la posición de los beneficiarios en el mercado, los Estados miembros deberán demostrar que la ayuda no falseará indebidamente la competencia más allá de lo estrictamente necesario a la luz de los objetivos generales de esta Directiva.

(28)

Habida cuenta del título y del contexto general del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE, las inversiones admisibles en el marco de esa disposición han de efectuarse en el sector eléctrico y deben haberse emprendido del 25 de junio de 2009 en adelante. Con todo, no quedan excluidas, en principio, las inversiones en otros sectores energéticos, a condición de que exista una poderosa justificación para ello sobre la base del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE.

(29)

Los Estados miembros se encuentran en condiciones idóneas para decidir cuáles son las inversiones que más pueden contribuir a la modernización de su sector de generación de electricidad, y a ellos compete determinar las inversiones que cumplen los requisitos establecidos en la Directiva. Les corresponde asimismo la labor de coordinar los informes sobre la ejecución de las inversiones efectuadas en el marco del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE a escala nacional (7).

(30)

Es conveniente que los Estados miembros incluyan en sus planes nacionales una lista de las instalaciones que efectúen las inversiones recogidas en el plan nacional, así como una lista de las inversiones previstas resultantes de la asignación gratuita de derechos de emisión. Asimismo, deberán explicar en qué medida se financiarán las inversiones con los beneficios de los derechos de emisión asignados gratuitamente y en qué año del ciclo de inversión se producirá esa financiación.

(31)

Las inversiones financiadas con los beneficios derivados de la asignación gratuita de derechos de emisión en virtud del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE podrían completar otras inversiones parcialmente financiadas con otras fuentes de la Unión (por ejemplo, fondos disponibles de la reserva de nuevos entrantes contemplada en el artículo 10 bis, apartado 8, de la Directiva 2003/87/CE, fondos regionales, RTE-E, Plan Europeo de Recuperación Económica, Programa Energético Europeo para la Recuperación, Plan EETE, etc.) si cumplen los requisitos establecidos en el presente documento y son compatibles con esos instrumentos o fuentes. En tales casos, empero, únicamente la parte de la inversión que se beneficie de fondos derivados de la asignación gratuita de derechos de emisión al amparo del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE será pertinente a los efectos de dicho artículo 10 quater, siempre y cuando se respete la normativa de la Unión sobre límites globales de financiación.

(32)

En el anexo IV se aclara de forma más pormenorizada lo que la Comisión entiende por «infraestructuras», «tecnologías limpias» y «diversificación de la combinación de fuentes energéticas y fuentes de abastecimiento», términos y expresiones empleados en el artículo 10 quater, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE.

(33)

En el anexo V se presenta un lista no exhaustiva de los tipos de inversión admisibles en el marco del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE.

(34)

Según el artículo 10 quater, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE, el importe de las inversiones incluidas en el plan nacional ha de ser equivalente, en la medida de lo posible, al valor de mercado de los derechos de emisión gratuitos. El valor de mercado de los derechos de emisión debe emplearse como punto de referencia para que los Estados miembros que pueden optar a la asignación gratuita determinen en sus planes nacionales el importe que debe invertirse a escala nacional.

(35)

Dado que los Estados miembros han de estar en condiciones de indicar en sus planes nacionales el importe concreto que tienen la intención de invertir en el marco del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE, el valor de mercado de los derechos de emisión que vayan a asignarse gratuitamente de conformidad con el artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE ha de determinarse por anticipado y no debería ajustarse posteriormente (8).

(36)

La Comisión recomienda fijar el valor de mercado de los derechos de emisión asignados gratuitamente a partir de las previsiones basadas en modelos de los precios europeos del carbono que se recogen en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 2010 que acompaña a la Comunicación (2010) 265 final de la Comisión (9). Dicho documento presenta previsiones actualizadas atendiendo a las nuevas circunstancias en la Unión.

(37)

Por consiguiente, los Estados miembros deberían utilizar como referencia los valores anuales establecidos en el anexo VI, ateniéndose a la normativa vigente y a los objetivos de reducción de las emisiones, a fin de determinar el valor de mercado anual de la asignación gratuita de derechos de emisión aplicado en sus planes nacionales. A la luz de las normas sobre ayudas estatales pertinentes, los Estados miembros pueden decidir adoptar valores más elevados para determinar el importe que se ha de invertir: las cifras del anexo VI representan únicamente el nivel mínimo que debe aplicarse.

(38)

Excepto en caso de que un Estado miembro pueda establecer que esta labor resultaría objetivamente imposible, el valor de las inversiones efectuadas en el marco del artículo 10 quater de la Directiva en un Estado miembro determinado debe corresponder al valor de mercado de los derechos de emisión asignados gratuitamente en el marco de su solicitud. En las solicitudes presentadas de conformidad con el artículo 10 quater, apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE, los Estados miembros deberán incluir las pruebas necesarias para que la Comisión pueda efectuar su evaluación con arreglo al artículo 10 quater, apartado 6, de la Directiva 2003/87/CE.

(39)

La Directiva 2003/87/CE reconoce implícitamente que la asignación gratuita de derechos de emisión puede dar lugar a ganancias inmerecidas, especialmente cuando los titulares de las instalaciones pueden hacer recaer el valor financiero de los derechos de emisión en sus clientes. Tal es el caso de los productores de electricidad y es este uno de los motivos por los que la Directiva 2003/87/CE prevé que la venta en subasta sea la norma de asignación por defecto con el fin de «acabar con las ganancias inmerecidas» (10).

(40)

El artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE establece una excepción con respecto al principio de la venta en subasta como método de asignación por defecto al prever la asignación gratuita de derechos de emisión a los generadores de electricidad, aceptando implícitamente con ello que se generen ganancias inmerecidas. Con todo, el citado artículo 10 quater establece claramente el objetivo de que tales beneficios se utilicen para modernizar la generación de electricidad en el Estado miembro interesado.

(41)

Las medidas establecidas por la normativa de la Unión deben interpretarse a la luz de sus objetivos. Sobre la base de las disposiciones del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE y habida cuenta de su objetivo subyacente, cabe concluir que las ganancias inmerecidas que obtengan las empresas beneficiarias de la asignación gratuita de derechos de emisión deben destinarse a la modernización de la generación de electricidad en el Estado miembro interesado. Cabe inferir igualmente que una óptima utilización del valor de los derechos de emisión asignados gratuitamente entraña que esos derechos no se destinen a financiar inversiones que las empresas en cuestión hayan efectuado para dar cumplimiento a otros objetivos y requisitos legales derivados de la normativa de la Unión. De otro modo, constituirían tan solo beneficios suplementarios, que la Directiva 2003/87/CE pretende eliminar, y serían por tanto contrarios a los objetivos de la Directiva. Por otra parte, ello falsearía indebidamente la competencia de forma incompatible con el artículo 10 quater, apartado 5, de la Directiva.

(42)

Por estos motivos, el beneficiario de derechos de emisión asignados gratuitamente al amparo del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE deberá destinar el valor de los derechos de emisión gratuitos a una inversión incluida en el plan nacional de conformidad con el artículo 10 quater, apartado 1. Las empresas que reciban derechos de emisión gratuitos sin efectuar dicha inversión o que reciban más derechos de emisión gratuitos de los necesarios para emprender la inversión o las inversiones pertinentes, recogidas en el plan nacional, deberán estar obligadas a suministrar el valor de los derechos excedentes a la entidad que realice la inversión.

(43)

Dado que el plan nacional destinado a modernizar la generación de electricidad en el Estado miembro interesado puede incluir inversiones que vayan a ser efectuadas por empresas que no están sujetas a la observancia del régimen de la Unión (11), no todas las empresas designadas para efectuar inversiones que figuren en el plan nacional recibirán/podrán recibir derechos asignados gratuitamente. A la luz de las disposiciones del artículo 10 quater, apartados 1 y 4, de la Directiva 2003/87/CE, los gestores de las redes de transporte o distribución, en la acepción del artículo 2, apartados 4 y 6, de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (12), son titulares de la red con arreglo al artículo 10 quater, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE. Es posible que estas empresas no se dediquen en general a la generación o al suministro de electricidad. Por tanto, no podrán recibir derechos, aunque sí se les podrá solicitar que efectúen inversiones recogidas en el plan nacional.

(44)

De acuerdo con el principio no 3 de los principios que han de presidir el plan nacional, así como con el apartado 27 del presente documento de orientación, cuando las inversiones en generación o suministro de electricidad recogidas en el plan nacional de conformidad con el artículo 10 quater, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE den lugar a un falseamiento indebido de la competencia o amenacen con reforzar una posición dominante, los Estados miembros deberán examinar si procede exigir a los beneficiarios de los derechos de emisión gratuitos que financien inversiones en redes de transporte o distribución, o en generación o suministro de electricidad, de modo que se evite ese falseamiento de la competencia.

(45)

Tampoco puede descartarse que algunas empresas reciban un número de derechos de emisión gratuitos de valor inferior al necesario para cubrir una inversión incluida en el plan nacional. En tal caso, puede resultar oportuno permitir a dichas empresas que realicen la inversión pertinente incluida en el plan nacional.

(46)

Por estos motivos, cuando resulte necesario y apropiado, los Estados miembros podrán crear un mecanismo que tome en consideración la transferencia de fondos correspondiente en los casos antes mencionados.

(47)

Ese mecanismo debería tener en cuenta en todos los casos los siguientes requisitos:

(48)

Destinar los ingresos que los Estados miembros puedan obtener de la venta en subasta (14) u otros ingresos estatales a la financiación de las inversiones enumeradas en el plan nacional les reportará ganancias inmerecidas a los generadores de electricidad que reciban derechos gratuitos en virtud del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE. Habida cuenta de los considerandos 15 y 19 de la Directiva 2009/29/CE, que modifica la Directiva 2003/87/CE, así como del artículo 10 quater, apartado 5, letra e), y del planteamiento y objetivos generales de la Directiva, que establece la venta en subasta como método de asignación por defecto, la Comisión desestimará toda solicitud presentada en virtud del artículo 10 quater, apartado 5, que siga ese enfoque.

(49)

Los Estados miembros que hagan uso de la opción de asignar derechos de forma gratuita al amparo del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE pueden decidir que dichos derechos solo puedan usarse para su entrega por parte de la instalación en el año para el que se han asignado. La empresa que reciba derechos sujetos a esta condición no podrá vender esos derechos en el mercado, conservarlos para otro año o permitir que los entregue otra instalación (incluso de la misma empresa).

(50)

El Estado miembro que establezca esta condición corre el riesgo de aplicar el artículo 10 quater de forma incompatible con los objetivos y la estructura del régimen de la Unión, que tiene como objetivo reducir globalmente las emisiones de forma rentable y eficiente desde el punto de vista económico. Sería ilegal que los Estados miembros aplicaran la Directiva 2003/87/CE de forma contraria a sus objetivos.

(51)

Un titular de derechos intransferibles carecería de incentivos para adoptar las medidas de reducción de las emisiones que están a su disposición y son viables a precios inferiores al precio vigente de los derechos de emisión. Al titular de esos derechos intransferibles siempre le resultaría más oneroso aplicar tales medidas de reducción que limitarse a cubrir las emisiones con derechos intransferibles.

(52)

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión recomienda encarecidamente a los Estados miembros que no hagan uso de la opción de asignar derechos de emisión intransferibles. No obstante, los Estados miembros que, pese a todo, consideren necesaria esta opción deberán demostrar que solamente recurren a ella en la medida necesaria para alcanzar uno de los objetivos del artículo 10 quater que no puede lograrse más eficientemente por otros medios. En los motivos expuestos por los Estados miembros se deberán tomar debidamente en consideración los incentivos creados con respecto a las reducciones de emisiones y el aumento de los gastos de observancia del régimen de comercio de derechos de emisión a que pueda dar lugar la elección de asignar algunos derechos intransferibles.

(53)

Sin perjuicio de las anteriores consideraciones, la Comisión estima que al menos la mayoría de los derechos de emisión asignados gratuitamente de conformidad con el artículo 10 quater de la Directiva debería ser transferible. Recomienda limitar los derechos intransferibles a un número que no supere el nivel total de emisiones derivado del suministro de electricidad a sectores que no amenazan con falsear la competencia en el sector industrial del Estado miembro interesado o de la Unión (por ejemplo, el sector residencial). Con arreglo al artículo 10 quater, apartado 5, letra e), y al apartado 6 del mismo artículo, la Comisión tendría que desestimar las solicitudes que dieran lugar a un falseamiento indebido de la competencia.

(54)

A la hora de evaluar las solicitudes presentadas de conformidad con el artículo 10 quater, apartado 5, la Comisión estudiará, a la luz de los objetivos de la Directiva 2003/87/CE en general y del objetivo específico de su artículo 10 quater en particular, si el número de derechos de emisión gratuitos intransferibles está justificado —es decir, si es necesario y proporcional—, así como si esta manera de proceder puede entrañar un falseamiento indebido de la competencia. La Comisión desestimará las solicitudes presentadas al amparo del artículo 10 quater, apartado 5, si comprueba que no se cumplen estas condiciones.

(55)

De acuerdo con el artículo 10 quater, apartado 6, de la Directiva 2003/87/CE, la Comisión debe evaluar la solicitud sobre la base de todos los elementos pertinentes, entre ellos los enumerados en el artículo 10 quater, apartado 5. También tomará en consideración las obligaciones que se derivan de los Tratados y los principios generales de la normativa de la Unión. Al objeto de asegurar un proceso de evaluación eficaz, es conveniente que la solicitud se base en el modelo que figura en el anexo VII del presente documento. La Comisión no comenzará a evaluar la solicitud hasta que se haya presentado toda la información pertinente con los justificantes necesarios que la sustenten.

(56)

El artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE se introdujo para impulsar la modernización del sector de la generación de electricidad en los Estados miembros que pudieran optar al régimen. Por este motivo, el artículo prevé una excepción con respecto a uno de los principios esenciales de la Directiva. De acuerdo con la jurisprudencia prevaleciente, la interpretación y aplicación de esa excepción se han de limitar a lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo establecido en el artículo 10 quater sin hacer peligrar los objetivos generales de la Directiva 2003/87/CE.

(57)

En lo tocante al valor de los derechos de emisión asignados de forma gratuita y su relación con el importe de las inversiones impuestas por el artículo 10 quater, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE, es importante señalar que los derechos de emisión asignados gratuitamente reportarían ganancias inmerecidas a las empresas que se benefician de ellos si el valor de esos derechos no se destinara a inversiones o si se destinara a inversiones realizadas para dar cumplimiento a otros objetivos y requisitos legales derivados de la normativa de la Unión. En tal caso, no existiría la contribución correspondiente al logro del objetivo por el que se ha aceptado la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 quater.

(58)

Conviene señalar, además, que las ventajas que se derivan de los derechos de emisión asignados de forma gratuita en virtud del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE pueden dar lugar a un falseamiento indebido de la competencia incompatible con el artículo 10 quater, apartado 5, letra e), si tales derechos no se destinan a la finalidad para la que se asignan.

(59)

Por estas razones, en la evaluación de la Comisión se considerará primordial comprobar que el valor de los derechos de emisión gratuitos concedidos a las instalaciones admisibles de conformidad con el artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE se destina a las inversiones realizadas por estas instalaciones y, de no ser así, se verificará que el valor de los derechos de emisión gratuitos se pone a disposición de instalaciones/titulares o empresas que no han recibido derechos de emisión, o no han recibido suficientes derechos de emisión para cubrir las inversiones respectivas incluidas en el plan nacional.

(60)

A fin de garantizar la transparencia y una evaluación bien fundamentada de las solicitudes por parte de la Comisión, los Estados miembros deberían publicar tales solicitudes antes de presentarlas a la Comisión para que esta pudiera obtener información y opiniones de otras fuentes. Toda solicitud presentada por un Estado miembro deberá considerarse información medioambiental y quedará sujeta a los requisitos establecidos en la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (15), y en el Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (16). Los Estados miembros también deberán comprobar si es precisa una evaluación de impacto ambiental de su plan nacional sobre la base de las disposiciones de la Directiva 2001/42/CE.

(61)

Los Estados miembros deben establecer disposiciones de control y aplicación claras y efectivas con respecto a las inversiones previstas en el plan nacional con el fin de garantizar la debida ejecución de dichas inversiones. Según el artículo 10 quater, apartado 5, letra d), de la Directiva 2003/87/CE, esas disposiciones deben detallarse en la solicitud de asignación gratuita de derechos de emisión.

(62)

Los Estados miembros deben controlar y velar por la correcta ejecución de las inversiones indicadas en sus planes nacionales. A la hora de evaluar la solicitud de asignación gratuita de derechos de emisión de un Estado miembro de conformidad con el artículo 10 quater, apartado 6, de la Directiva 2003/87/CE, la Comisión considerará especialmente importante que el Estado miembro prevea disposiciones de control y aplicación claras y efectivas para la ejecución del plan nacional, entre las que figurará un mecanismo que asegure un atento control y una ejecución eficaz de las inversiones recogidas en el plan nacional. A tal fin, los Estados miembros deberán garantizar que tienen en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para someter las inversiones a control a través de las autoridades nacionales competentes indicadas claramente en la solicitud.

(63)

A este respecto revisten importancia los siguientes aspectos:

(64)

Los resultados del proceso de control y aplicación, acompañados de pruebas fundadas, deberán incluirse todos los años en los informes anuales que los Estados miembros deben presentar a la Comisión de conformidad con el artículo 10 quater, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE. En particular, se adjuntarán a los informes copias de los documentos de certificación del auditor externo (firmadas y con sellos oficiales), acompañadas de una traducción oficial al inglés (en caso de que no estén redactadas ya en esa lengua). Los Estados miembros podrán decidir hacer públicos los informes anuales de los titulares de instalaciones pertinentes.

(65)

Los informes anuales de los Estados miembros sobre las inversiones efectuadas para modernizar la generación de electricidad con arreglo al artículo 10 quater, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE deberán presentarse todos los años a la Comisión el 31 de enero como muy tarde, a partir de 2014. En ellos se examinarán la naturaleza y el importe de las inversiones efectuadas durante el año anterior (17).

(66)

Los informes anuales confirmarán con pruebas fundadas que las inversiones se están llevando a cabo sobre el terreno, cumplen los requisitos establecidos en la Directiva 2003/87/CE y en el presente documento de orientación, y, en particular, contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

(67)

Asimismo, los informes demostrarán que el importe anual invertido se corresponde con el importe total de las inversiones previstas para todo el período contemplado en la solicitud, de acuerdo con el plan nacional del Estado miembro, habida cuenta del valor de mercado de los derechos de emisión asignados de forma gratuita definido en el presente documento de orientación. No es preciso que las inversiones coincidan anualmente con el valor de mercado determinado de los derechos de emisión asignados de forma gratuita. Con todo, cualquier diferencia entre el valor de los derechos de emisión gratuitos y el importe de las inversiones se deberá corregir el año siguiente a aquel en que se produzca para así mantener una trayectoria de inversión creíble a lo largo del período cubierto por la solicitud, habida cuenta del número decreciente de derechos de emisión que pueden asignarse de forma gratuita.

(68)

Según el artículo 10 quater, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE, los informes anuales deben basarse en los informes que presentan cada doce meses las instalaciones generadoras de electricidad a los Estados miembros sobre la realización de las inversiones consignadas en el plan nacional. También deberían basarse en fuentes de información suplementarias, especialmente datos oficiales y datos verificados de forma independiente. Es conveniente que los informes incluyan las fuentes de datos y las referencias de los documentos probatorios.

(69)

Los informes anuales de los Estados miembros a la Comisión deberán ponerse a disposición de los interesados de forma transparente. De conformidad con el artículo 10 quater, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE, dichos informes deberán publicarse. En cualquier caso, se deberá tener en cuenta el carácter confidencial de la información delicada desde el punto de vista comercial.

(70)

En su evaluación conforme al artículo 10 quater, apartado 6, de la Directiva 2003/87/CE, la Comisión se cerciorará de la exactitud de los informes anuales sobre la base de las pruebas aportadas. Podrá solicitar información suplementaria si no se presentan todas las pruebas pertinentes.

(71)

En caso de que un Estado miembro no presente pruebas suficientes en sus informes anuales de que las inversiones recogidas en el plan nacional se llevan a cabo de acuerdo con el calendario y el valor de los derechos de emisión asignados gratuitamente establecidos en el plan nacional, y a menos que:

la Comisión considerará que se incumplen las condiciones inherentes al artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE en relación con la asignación de derechos de emisión gratuitos y las inversiones requeridas por el artículo 10 quater, apartado 1. Dado que tales condiciones son esenciales para alcanzar los objetivos subyacentes al artículo 10 quater, una falta de inversión reporta ganancias adicionales a la empresa interesada y no contribuye al logro de los objetivos subyacentes a la Directiva 2003/87/CE en general y a su artículo 10 quater en particular. En consecuencia, ello puede entrañar una aplicación ilegal de la Directiva 2003/87/CE contraria a sus objetivos. También puede plantear serias dudas a la Comisión en relación con la normativa sobre ayudas estatales. En caso necesario, la Comisión iniciará una investigación en virtud del artículo 108, apartado 2, del TFUE o un procedimiento de infracción. Un procedimiento en virtud del artículo 108, apartado 2, del TFUE puede dar lugar a la suspensión de la asignación gratuita al amparo del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE de un número de derechos de emisión correspondiente al importe de la falta de inversión. Si no se corrige la situación, el Estado miembro interesado deberá, en última instancia, subastar el número de derechos correspondiente de conformidad con el reglamento adoptado en virtud del artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE.

31.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 99/29

—

Fase 3 de la convocatoria en nombre de los consorcios de los proyectos conjuntos de investigación para becas para la excelencia de los investigadores (REG) y becas para la movilidad de los investigadores (RMG).

—

Convocatoria PEIM 2009 — Energía,

—

Convocatoria PEIM 2010 — Industria y medio ambiente.

31.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 99/30

—

los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea;

—

los países de la AELC: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza;

—

los países candidatos: Turquía y Croacia.

31.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 99/31

—

Comisión técnica científica de salud y bienestar de los animales (Comisión AHAW)

—

Comisión técnica científica de aditivos alimentarios y fuentes de nutrientes añadidas a los alimentos (Comisión ANS)

—

Comisión técnica científica de peligros biológicos (Comisión BIOHAZ)

—

Comisión técnica científica de materiales en contacto con los alimentos, enzimas, aromatizantes y auxiliares tecnológicos (Comisión CEF)

—

Comisión técnica científica de contaminantes de la cadena alimentaria (Comisión CONTAM)

—

Comisión técnica científica de aditivos y productos o sustancias utilizados en los piensos para animales (Comisión FEEDAP)

—

Comisión técnica científica de organismos modificados genéticamente (Comisión GMO)

—

Comisión técnica científica de productos dietéticos, nutrición y alergias (Comisión NDA)

—

Comisión técnica científica de asuntos fitosanitarios (Comisión PLH)

—

Comisión técnica científica de productos fitosanitarios y sus residuos (Comisión PPR)

—

Comité científico (SC)

—

contribución al debate, la preparación y la adopción de dictámenes científicos de la Comisión técnica científica o del Comité Científico y sus grupos de trabajo,

—

provisión de asesoramiento científico en materias de la competencia de la Comisión técnica científica o el Comité Científico,

—

provisión de asesoramiento científico sobre la realización y la organización de las actividades científicas de la Comisión técnica científica o el Comité Científico.

Se exigirá a los miembros del Comité Científico y de las Comisiones técnicas científicas que asistan a las reuniones de dos días de duración que se celebrarán habitualmente en Parma, Italia. Tales reuniones tendrán lugar entre seis y diez veces al año.

Además, deberán participar, según convenga, en algunas reuniones de los grupos de trabajo que constituyan las Comisiones técnicas científicas o el Comité Científico. Estas reuniones suelen celebrarse de seis a treces veces al año.

La asistencia a las reuniones de las Comisiones técnicas científicas, el Comité Científico y los grupos de trabajo requiere cierto grado de trabajo preparatorio, incluida la lectura y redacción previas de documentos. La lengua de las reuniones y de la mayoría de los documentos será el inglés.

Los solicitantes, en caso de ser designados como miembros, deberán declarar su compromiso a participar en las actividades del Comité Científico o de las Comisiones técnicas científicas.

La EFSA, de conformidad con su Reglamento financiero, sufragará los costes de desplazamiento, así como las dietas y los gastos de alojamiento de los miembros. Por cada día completo de asistencia a las reuniones se abonará una indemnización especial (2).

i)

Nivel educativo que corresponda a unos estudios universitarios completos de al menos cuatro (4) años acreditados por un título en alguno de los campos siguientes: ciencias de la agronomía/agricultura, nutrición animal, bioquímica, biología, química, ecotoxicología, ciencias medioambientales, epidemiología, microbiología alimentaria, tecnología alimentaria, medicina humana, ciencias de la vida, medicina del trabajo, farmacología, farmacia, salud pública, toxicología, medicina veterinaria y áreas relacionadas;

ii)

además, al menos diez (10) años de experiencia profesional pertinente al ámbito de competencias de la comisión o comisiones, desarrollada tras obtener el título correspondiente;

iii)

conocimiento exhaustivo de la lengua inglesa (3);

iv)

los solicitantes estarán obligados a cumplimentar la declaración de intereses incluida en la solicitud de manera precisa, veraz y completa (4). Nótese que, de no cumplimentarse dicha parte del formulario de manera completa, la solicitud se rechazará (5);

v)

los solicitantes deberán ser ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea (UE), de un país de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), o de los países candidatos a la adhesión a la UE; los expertos de terceros países también podrán presentar solicitud, pero sólo serán considerados para su incorporación como miembro al Comité Científico o a las Comisiones técnicas científicas si el nivel de conocimiento técnico especializado no puede encontrarse entre los ciudadanos de la UE, la AELC o los países candidatos a la adhesión a la UE.

—

experiencia en la evaluación científica de riesgos y/o la prestación de asesoramiento científico en ámbitos relacionados con la alimentación y la seguridad alimentaria en los ámbitos de competencia y especialidad del Comité científico o la comisión técnica científica elegida (para las Comisiones técnicas científicas, un máximo de 25 puntos del total de 100, con un coeficiente de ponderación de 5; para el Comité Científico, un máximo de 30 puntos del total de 100, con un coeficiente de ponderación de 6),

—

excelencia científica acreditada en uno o, preferiblemente, varios campos vinculados al ámbito de competencia del Comité científico o la comisión técnica científica elegida (para las Comisiones técnicas científicas, un máximo de 20 puntos del total de 100, con un coeficiente de ponderación de 4; para el Comité Científico, un máximo de 15 puntos del total de 100, con un coeficiente de ponderación de 3),

—

experiencia en la revisión paritaria de trabajos y publicaciones científicos, preferiblemente en campos relativos al ámbito de competencia del Comité científico o de la comisión técnica científica elegida (un máximo de 15 puntos del total de 100, con un coeficiente de ponderación de 3),

—

capacidad de analizar informaciones y expedientes complejos, a menudo a partir de una amplia variedad de disciplinas y fuentes científicas, y de preparar proyectos de dictámenes e informes científicos (un máximo de 10 puntos del total de 100, con un coeficiente de ponderación de 2),

—

experiencia profesional en un entorno multidisciplinar, de preferencia en un contexto internacional (un máximo de 10 puntos del total de 100, con un coeficiente de ponderación de 2),

—

experiencia en la gestión de proyectos relacionados con asuntos científicos (un máximo de 10 puntos del total de 100, con un coeficiente de ponderación de 2),

—

capacidades de comunicación demostradas, basadas en la experiencia docente, las presentaciones públicas, la participación activa en reuniones, y publicaciones (un máximo de 10 puntos del total de 100, con un coeficiente de ponderación de 2).

Política de la EFSA en materia de declaraciones de intereses

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doipolicy.pdf

Documento de orientación sobre declaraciones de intereses

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiguidance.pdf

Procedimiento de determinación y gestión de posibles conflictos de intereses

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiconflicts.pdf

31.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

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568 Yongdeok-ri

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