18.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 15/1

1.

recuerda los compromisos que adquirió en su Resolución respecto de la cumbre sobre el cambio climático de Copenhague, adoptada en el Pleno del CDR de junio de 2009;

2.

reitera su total apoyo a un acuerdo internacional sobre el cambio climático destinado a limitar el calentamiento mundial a no más de 2 °C antes de 2012;

3.

lamenta que, a pesar de la atención mundial al cambio climático y las preocupaciones medioambientales en vísperas de la Cumbre de Copenhague, el acuerdo resultante no pudo responder a las elevadas expectativas de un amplio abanico de partes interesadas esenciales de la UE en la política sobre el cambio climático, incluidos los entes locales y regionales;

4.

respalda los esfuerzos de la Comisión Europea para garantizar un acuerdo obligatorio a nivel internacional sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y pide a la UE que se pronuncie de manera resuelta con una sola voz en la COP 16 de la CMNUCC de Cancún, con arreglo al espíritu y el contexto del Tratado de Lisboa, volviendo a asumir un papel de primer orden en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático;

5.

reconoce que los objetivos sobre cambio climático de la UE solo pueden lograrse si, por una parte, las futuras reducciones de las emisiones se distribuyen de forma equitativa en el conjunto de la comunidad internacional, con la debida consideración de las diferentes capacidades y posiciones de partida de los distintos países y regiones, y, por otra parte, se alcanza un consenso mundial para una acción decisiva respaldada por normas comunes básicas de medición, notificación y verificación periódicas;

6.

reconoce la necesidad de lograr más avances dentro de la UE en la lucha contra el cambio climático, continuar estableciendo objetivos ambiciosos y apoyar y promover los aciertos en su ejecución, especialmente a nivel local y regional; asimismo, pide al Consejo y a la Comisión que adapten y refuercen su estrategia para la política sobre el clima de la UE en caso de que no se vislumbre próximamente ningún tratado internacional sobre el cambio climático;

7.

confía especialmente en un acuerdo sobre la estructura necesaria para asuntos como la adaptación, mitigación, financiación y reducción de las emisiones debidas a la deforestación (en inglés, REDD), reducción del transporte marítimo y aéreo internacionales, establecimiento de nuevos mecanismos del mercado del carbono, así como apoyo a los países menos avanzados y a los países en desarrollo más afectados;

8.

reitera su firme compromiso con los objetivos 20-20-20 de la UE e insta a todos los niveles de gobierno subnacionales del mundo a invertir en la lucha contra el cambio climático, a aumentar la sensibilización pública, a movilizar el apoyo público a las políticas, la inversión empresarial y las fuentes de financiación, y a animar a los productores y consumidores a cambiar sus pautas de comportamiento con el fin de mejorar la eficiencia de los recursos y lograr una economía más respetuosa con el medio ambiente;

9.

destaca que un «Pacto Territorial de los entes regionales y locales sobre la Estrategia Europa 2020», como propone el CDR, podría ser un instrumento muy importante en la lucha contra el cambio climático ya que los objetivos de la iniciativa «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» solo pueden lograrse de manera efectiva mediante una estrecha asociación entre los niveles de gobierno europeo, nacional, regional y local basada en el principio de subsidiariedad;

10.

se muestra dispuesto a incrementar el objetivo hasta el 30 % siempre que se cumplan determinadas condiciones;

11.

señala que la Comisión ha analizado las posibilidades de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más del 20 %. El Comité lamenta que, con arreglo a ese análisis, la Comisión piense que las condiciones actuales no permiten un incremento unilateral del objetivo de reducción de la UE hasta el 30 % y que, por el momento, no lleve a cabo nuevas iniciativas políticas;

12.

hace hincapié en los esfuerzos de las ciudades y regiones de Europa que han adoptado estrategias locales o regionales sobre el clima y la energía con objetivos específicos de mitigación del cambio climático y han firmado el Pacto de los Alcaldes, destinado a reducir las emisiones de CO2 en un 20 % como mínimo antes de 2020;

13.

insta al Consejo y a la Comisión Europea a que incluyan al CDR en el proceso hacia la COP 16 de la CMNUCC de Cancún, con el fin de garantizar un reconocimiento pleno y adecuado del papel que desempeñan los entes locales y regionales en la ejecución de la mitigación del cambio climático y la adaptación a él;

14.

considera que la adaptación al cambio climático y su mitigación deben integrarse, como objetivo explícito, en todas las políticas existentes de la UE, entre ellas las políticas de desarrollo agrario y rural, las políticas de lucha contra la deforestación, transporte, biodiversidad y gestión del agua y de los residuos, así como en los programas de financiación en áreas como las políticas de cohesión, industrial y agraria y la política de cooperación al desarrollo;

15.

pide a la Comisión Europea que presente un paquete completo sobre transporte y cambio climático y recuerda que la inclusión del transporte marítimo y aéreo en un sistema mundial de comercio de derechos de emisión constituirá un paso importante hacia la reducción de emisiones de carbono; considera que este paquete debe tener en cuenta la situación particular de las islas y regiones ultraperiféricas, muy dependientes del transporte aéreo y marítimo, buscando un equilibrio entre la reducción de las emisiones de CO2 y los enormes costes derivados de la adopción de medidas contra el cambio climático en esas regiones;

16.

opina que la UE debe poner en marcha proyectos específicos para apoyar la transición a una economía con bajas emisiones de carbono, basados en la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento sostenible (el «Nuevo Pacto Ecológico»), con el fin de convertirse en la región del mundo más respetuosa con el clima;

17.

considera que la política energética de la UE debe proporcionar un impulso decisivo para la eficiencia energética y la innovación con bajas emisiones de carbono, de forma que la innovación, la eficiencia energética y el rápido uso de nuevas tecnologías consoliden el liderazgo de las empresas europeas en los sectores clave de la economía verde;

18.

recuerda que, si se quiere ahorrar energía con arreglo a los objetivos 20-20-20 de la UE, se necesitará una inversión masiva en sectores como la industria, el transporte y la vivienda, así como en los edificios públicos y comerciales;

19.

considera que un impuesto sobre el carbono, o alguna forma de gravamen directo sobre las emisiones, puede ser una herramienta útil tanto en la creación de incentivos para disminuir el consumo de energía y para la producción de energías más limpias, así como para generar los recursos financieros que requieren las transformaciones necesarias para combatir el cambio climático;

20.

por tanto, sugiere la creación de nuevos instrumentos como líneas prioritarias en los Fondos Estructurales o como fondo separado de inversión energética;

21.

se muestra convencido de que la transición a una economía con bajas emisiones de carbono debe realizarse de manera socialmente responsable y económicamente viable con el mantenimiento y, en caso necesario, la adaptación de los empleos existentes, junto con los nuevos empleos «verdes» que deberían crearse;

22.

recomienda la colaboración público-privada como las alianzas entre pequeñas y medianas empresas y entes locales y regionales con el fin de continuar desarrollando y aplicando las tecnologías con bajas emisiones de carbono, al tiempo que invita a las regiones y ciudades a que firmen pactos locales de intervención climática entre socios públicos y privados a fin de establecer medidas concretas de intervención en materia climática para conseguir el objetivo 20-20-20;

23.

subraya que una acción eficaz de la UE contra el cambio climático requiere la coordinación de los esfuerzos entre los niveles de gobierno local, regional, nacional, europeo y mundial;

24.

hace hincapié en la importancia de considerar el papel de los entes regionales y locales a la hora de combatir el cambio climático. En esta línea y en aplicación del principio de subsidiariedad, el Comité subraya la necesidad de tener en cuenta esos niveles de gobierno, ya que entre sus facultades se encuentran la elaboración de planes de mitigación, así como la adaptación y otras actividades a nivel regional y local de suma importancia en la lucha contra el cambio climático;

25.

señala que, dado que las zonas urbanas producen el 75 % de las emisiones de carbono, las ciudades están en primera línea de nuestra lucha contra el cambio climático e indica que el fracaso a la hora de acordar objetivos vinculantes para la reducción de las emisión de gases de efecto invernadero en Copenhague deja a los entes locales y regionales con la enorme responsabilidad de llevar a cabo acciones decisivas y urgentes en el frente de la mitigación del cambio climático y la adaptación a él. El Pacto de los Alcaldes es un importante paso en la dirección correcta;

26.

destaca que el planteamiento de la UE sobre las sinergias entre la economía verde y las políticas de lucha contra el cambio climático podría servir de inspiración para el resto del mundo si se reconoce plenamente e incrementa el potencial de los entes locales y regionales;

27.

subraya que este planteamiento debe englobar un conjunto integrado de medidas innovadoras en los sectores del transporte, la construcción y la producción de electricidad que represente una nueva revolución industrial con participación de las viviendas particulares en la producción energética;

28.

pide a la Comisión Europea y al Consejo que recuperen un liderazgo creíble y duradero de la UE en el proceso mundial de la política contra el cambio climático, desarrollando y reforzando las competencias, capacidades e instituciones locales, subnacionales, nacionales y regionales, e insta a la Comisión Europea a promover este planteamiento en sus relaciones con los socios mundiales;

29.

confía enormemente en el potencial de los entes locales y regionales europeos para contribuir al liderazgo mundial de la UE, que ofrecerá un ejemplo para que los demás intenten emularla, y, por lo tanto, espera poder aprovechar el nuevo Acuerdo de intenciones con la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos para garantizar que los municipios europeos y estadounidenses logran resultados concretos en el campo de la mitigación del cambio climático y la adaptación a él;

30.

encarece la organización de cursos de formación para los entes locales y regionales sobre el modo en que se debe abordar el cambio climático desde la base y de campañas de concienciación sobre el cambio climático destinadas a los ciudadanos;

31.

recomienda vivamente que se ponga especial énfasis en la integración del cambio climático en el presupuesto a todos los niveles de gobernanza y con este fin:

32.

pide que se fomenten y desarrollen las actividades de asociación de los Estados miembros de la UE con los entes locales y regionales en los países en desarrollo y emergentes y, a este respecto, insta a los entes locales y regionales europeos a aprovechar el acervo disponible de la cooperación descentralizada y a ampliarlo para trabajar con entes subnacionales de los países en desarrollo con el fin de incrementar la sensibilización, el intercambio de buenas prácticas y la transferencia de tecnología, así como para garantizar que los compromisos financieros adoptados en Copenhague se invierten de manera efectiva;

33.

considera que las medidas para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad requieren una mayor convergencia a escala nacional e internacional a fin de reforzarse mutuamente, aprovechando al máximo las oportunidades en un proceso global continuado en el marco de las convenciones internacionales;

34.

pide a la UE que apoye la adopción cada vez mayor de planteamientos basados en ecosistema dentro de la financiación de la CMNUCC, incluido el programa de reducción de las emisiones resultantes de las actividades de deforestación y de la degradación de los bosques (REDD/REDD+), aspirando a ampliar este programa para cubrir no sólo los bosques, sino también otros ecosistemas como los humedales;

35.

reitera su compromiso en favor de un acuerdo obligatorio a nivel internacional e insiste en que los gobiernos nacionales solo podrán cumplir sus objetivos con la participación activa de los entes locales y regionales;

36.

encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Consejo Europeo, la Presidencia belga de la UE, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y la CMNUCC.

18.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 15/4

—

opina que los entes regionales y locales deberían desempeñar un papel más destacado en la formulación de la política medioambiental de la UE, ya que su participación garantizará una mejor aplicación y «responsabilización». Los métodos innovadores de gobernanza multinivel, así como el aprovechamiento de las actuales redes y plataformas, promoverán un compromiso proactivo por parte de los entes regionales y locales. El Pacto de los Alcaldes podría considerarse una referencia a este respecto, y podría ampliarse a otras áreas clave de la política medioambiental de la UE;

—

invita a la Comisión Europea a explorar la posibilidad de organizar conjuntamente un foro anual para analizar los problemas y las soluciones regionales y locales en la aplicación de la legislación ambiental de la UE, y solicita al Parlamento Europeo que le haga partícipe de sus debates específicos con la Comisión Europea sobre la aplicación de la legislación ambiental europea;

—

pide a los Estados miembros que garanticen el respeto del reparto de competencias a nivel interno y la puesta en marcha de procedimientos adecuados para la consulta a los entes regionales y locales, incluida la creación de «equipos de trabajo» (dossier teams) y «equipos de transposición» (transposition teams), integrados por expertos de las administraciones nacionales, las regiones y las asociaciones de entes locales, a fin de que trabajen en conjunción durante todo el ciclo de las políticas;

—

apoya el establecimiento de un marco general vinculante para las inspecciones ambientales. Los detalles de la forma y contenido de las inspecciones deberían regularse nacionalmente y desarrollarse a nivel local y regional, de acuerdo con los principios generales establecidos por la UE y en niveles inferiores de gobierno;

—

hace hincapié en que un 7o PAM sería un pilar clave de la futura Estrategia UE 2020 y es necesario para articular sus repercusiones para la política medioambiental. Debería establecer objetivos y plazos claros, y seguir incluyendo una estrategia temática común sobre la protección del suelo, fijando también el objetivo de adoptar una directiva marco sobre el suelo.

1.

acoge con satisfacción su participación en la iniciativa «Mejores instrumentos para la política medioambiental» y en los trabajos de elaboración del 7o Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente, ya que los entes regionales y locales son elementos clave en la aplicación de la política medioambiental y en la consecución de resultados tangibles;

2.

aplaude la excelente labor en materia medioambiental ya realizada por muchos entes regionales y locales y desea animarles a continuar en esa vía;

3.

reconoce que la aplicación efectiva de la legislación de la UE es un obstáculo. En 2008, el 23,5 % (481) de todas las infracciones tuvo que ver con cuestiones medioambientales (1), lo que implica un perjuicio continuo al medio ambiente y una distorsión de la competencia;

4.

pretende subrayar en este dictamen las posibilidades de aumentar la eficacia de la protección medioambiental en todos los niveles de gobierno y en todas las fases de desarrollo de las políticas;

5.

opina que los entes regionales y locales deberían desempeñar un papel más destacado en la formulación de la política medioambiental de la UE. Su participación garantizará una mejor aplicación y «responsabilización». El concepto de gobernanza multinivel desarrollado por el CDR debería aplicarse a la política medioambiental de la UE; asimismo deberían ampliarse los trabajos, con carácter piloto, sobre los contratos tripartitos entre la UE, los Estados miembros y los entes regionales y locales (2). Esto permitiría un verdadero reparto de responsabilidades entre los diferentes niveles de gobernanza a fin de alcanzar los resultados acordados;

6.

opina que los métodos innovadores de gobernanza multinivel, así como el aprovechamiento de las actuales redes y plataformas, promoverán un compromiso proactivo por parte de los entes regionales y locales, de modo que no tengan que limitarse al cumplimiento de la legislación de la UE a través de los Estados miembros. En las regiones y ciudades de Europa hay muchos ejemplos de que los entes locales han realizado intervenciones ambiciosas en caso de no actuación de los Estados miembros, como la Agenda Local 21, que emana de la Cumbre de la Tierra de 1992. El Pacto de los Alcaldes podría considerarse una referencia a este respecto;

7.

insta a la Comisión Europea a que examine si este enfoque podría ampliarse a otras áreas clave de la política medioambiental de la UE como la biodiversidad, el agua, los residuos, la contaminación acústica y atmosférica y el uso del suelo, desde un enfoque integrado que incluya una coordinación intersectorial;

8.

lamenta el hecho de que, si bien los entes regionales y locales tienen competencias claramente definidas en materia de protección medioambiental, la legislación de la UE en este ámbito se dirige a los Estados miembros y requiere únicamente la designación de una «autoridad competente» (raras veces «autoridades»), mencionando la cooperación solo de manera excepcional (3);

9.

lamenta la falta de énfasis en las acciones de apoyo a la buena gobernanza regional y local dentro de los planes de la Comisión Europea para mejorar la aplicación de la legislación ambiental de la UE (4);

10.

señala que el artículo 11 del Tratado de Lisboa prevé el refuerzo del diálogo y la consulta por parte de las instituciones europeas. Los entes regionales y locales consideran que esta nueva disposición ofrece oportunidades para desarrollar su papel en la formulación de la política de la UE. Además, el principio de subsidiariedad se amplía a los niveles regional y local y el artículo 5 del Protocolo sobre la subsidiariedad señala que los proyectos de actos legislativos deberán incluir una evaluación del impacto financiero de la propuesta y sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros, incluida la legislación regional;

11.

opina que la evaluación de impacto de la Comisión Europea debería ampliarse a los niveles regional y local y el análisis de impacto territorial convertirse en una práctica habitual;

12.

hace un llamamiento al Parlamento Europeo y el Consejo para que enmienden y modifiquen las propuestas legislativas que tengan efectos de gran alcance en los entes regionales y locales, incluida una evaluación de impacto similar a la realizada para la propuesta inicial;

13.

subraya que la aplicación de la legislación ambiental a menudo requiere un importante esfuerzo administrativo y financiero, una competencia técnica y especializada y una voluntad política, por lo que determinar sus efectos en las administraciones regionales y locales puede ayudar a justificar mayores incentivos financieros y a otorgar el necesario apoyo europeo y nacional;

14.

considera imprescindible que la Comisión Europea disponga de instrumentos comunes para dotar de recursos suficientes a las entidades locales y regionales para el cumplimiento de los objetivos establecidos;

15.

insiste en la necesidad de mejorar la comunicación entre todos los niveles de gobierno durante todas las fases de desarrollo de las políticas, incluidas las inversiones en sistemas de información y herramientas cibernéticas que posibiliten la transparencia de la información al público y a las instituciones públicas sobre el medio ambiente. La presión que entraña para los entes regionales y locales la obligación de informar puede reducirse gracias a las TIC sin afectar al impacto de la legislación;

16.

aconseja que los ministerios nacionales de Medio Ambiente creen «equipos de trabajo» (dossier teams): grupos de trabajo verticales integrados por expertos de las administraciones nacionales, las regiones y las asociaciones de entes locales que trabajen en conjunción durante todo el ciclo de las políticas;

17.

desea que se refuerce la promoción del Programa LIFE+ de la UE en todas las regiones de Europa para impulsar acciones locales innovadoras y para incrementar el impacto y la proyección de su componente dedicado a la «política y gobernanza medioambiental»;

18.

acoge con satisfacción la sugerencia de la Comisión Europea de crear redes permanentes integradas por funcionarios de la Comisión Europea y personas de contacto en los Estados miembros (5). Los puntos de contacto de los Estados miembros deberían recibir apoyo de los equipos nacionales encargados de la aplicación, con inclusión de las administraciones regionales y locales;

19.

insta al Consejo a que dé curso sin dilación a la propuesta de Directiva sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, aprobada por el Parlamento Europeo en 2004. Esto supondría la plena aplicación del Convenio de Aarhus y contribuiría a un cumplimiento más adecuado y coherente de la legislación ambiental;

20.

insta a intercambiar conocimientos entre los diferentes sistemas judiciales que se ocupan de las infracciones y del incumplimiento de la legislación ambiental de la UE;

21.

apoya el llamamiento del Parlamento Europeo a establecer un marco general vinculante para las inspecciones ambientales, la creación de un instrumento de inspección ambiental de la UE y el refuerzo de la Red europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente (IMPEL) (6). Un instrumento vinculante para las inspecciones puede reducir la competencia desleal entre las regiones y ciudades de la UE causada por los diferentes regímenes de inspección y asegurar unos procedimientos judiciales normalizados. Sin embargo, los detalles de la forma y contenido de las inspecciones deberían regularse nacionalmente y desarrollarse a nivel local y regional, de acuerdo con los principios generales establecidos por la UE y en niveles inferiores de gobierno;

22.

reitera su recomendación de ampliar la red IMPEL a los niveles regional y local en todos los Estados miembros, lo cual podría incluir el desarrollo reforzado de las redes nacionales IMPEL para difundir ampliamente los resultados (7);

23.

acoge con satisfacción la reciente labor llevada a cabo por las DG REGIO y ENV para garantizar que las acciones de la primera respeten plenamente las exigencias medioambientales y considera que esta coherencia es necesaria en todos los servicios de la Comisión; acoge favorablemente las directrices integradas propuestas en la Estrategia UE 2020, pero considera que requieren una dimensión territorial fuerte;

24.

insiste en que se tenga en cuenta la coherencia de las políticas y el impacto ambiental en la revisión del presupuesto de la UE después de 2013, así como en todos los fondos agrícolas y de cohesión de la UE;

25.

llama la atención sobre la existencia de contradicciones involuntarias entre diferentes elementos de la legislación ambiental. Por ejemplo, la minimización de los residuos debería regularse mediante la Directiva marco de residuos y la Directiva de productos. La simplificación con vistas a una legislación más clara, sin ambigüedades y orientada a los resultados permitirá que la normativa sea más selectiva, se acepte mejor y se aplique con mayor eficacia;

26.

subraya que en la elaboración o revisión de la legislación de la UE, la Comisión Europea debería consultar a los entes regionales y locales. Su valiosa experiencia puede ayudar a detectar de modo precoz las incoherencias con otras políticas o sus repercusiones negativas, con lo que contribuiría a mejorar la eficacia de la legislación;

27.

pide que se simplifiquen las normas sobre la distorsión de la competencia en caso de que supongan un obstáculo a la contratación pública ecológica;

28.

insiste en que la legislación destinada a tratar el impacto ambiental en la fuente es crucial para alcanzar los objetivos medioambientales y garantizar la obligación de coherencia de los entes regionales y locales. A modo de ejemplo, los entes regionales y locales no pueden influir en las normas sobre las emisiones de los vehículos, pero deben cumplir los objetivos de calidad del aire fijados por la UE;

29.

aboga por el uso de los instrumentos de mercado que reflejen el coste total de un bien o servicio de modo que el consumidor pueda apreciar el impacto ambiental de todo su ciclo de vida en el momento de la adquisición y se ponga de relieve la responsabilidad del productor;

30.

pide a los Estados miembros que garanticen el respeto del reparto de competencias a nivel interno y la puesta en marcha de procedimientos adecuados para la consulta a los entes regionales y locales. Una buena colaboración, en particular entre los «equipos de transposición» (transposition teams) de las administraciones nacionales, regionales y locales, refuerza el entendimiento mutuo y la aplicación con éxito de la legislación (8);

31.

resalta el papel central que desempeñan los entes regionales y locales en la recogida de datos sobre el medio ambiente. Para garantizar la coherencia, eficacia y fiabilidad de los informes e indicadores relativos a la situación del medio ambiente en la UE es necesario establecer responsabilidades, dotar de recursos y crear flujos de información adecuados entre los municipios, las regiones y los Estados miembros;

32.

aboga por la transparencia de funciones, en particular entre los servicios encargados de aplicar la legislación ambiental de la UE y los que prestan servicios medioambientales o de infraestructuras y ordenación del territorio;

33.

insta a los ministerios y agencias nacionales y regionales de medio ambiente a elaborar, con la participación de representantes de los entes regionales y locales, documentos de orientación, incluidas propuestas específicas de instrumentos, valores de referencia y modelos, para los procedimientos que deben aplicar los entes regionales y locales. Al mismo tiempo deberían tomar las medidas apropiadas para fomentar la cooperación entre los entes regionales y locales de la UE que afrontan problemas medioambientales similares;

34.

respalda el valor de intercambiar buenas prácticas entre los entes regionales y locales, incluidas formas de superar los problemas de acceso a la información y visibilidad o de diferencias lingüísticas;

35.

felicita a las autoridades que motivan e implican a los ciudadanos en la definición de visiones compartidas sobre la calidad de vida a largo plazo en sus regiones, relacionando los aspectos medioambientales, sociales y económicos;

36.

insta a apoyar la educación y la investigación para reforzar los vínculos entre los ciudadanos y su entorno. Los ciudadanos no son plenamente conscientes de cómo influye el medio ambiente en su vida (9). Al ser el nivel más próximo a los ciudadanos, los entes regionales y locales pueden fomentar una mayor concienciación entre los ciudadanos de todas las edades;

37.

opina que las autoridades deberían introducir procedimientos para difundir la información, preferiblemente a través de Internet, y aplicar el Convenio de Aarhus (10), dando acceso a la justicia en materia de medio ambiente, haciendo partícipe al público del control de la aplicación de la política ambiental de la UE a nivel local y creando instrumentos apropiados para la democracia participativa y la «responsabilización» local;

38.

opina que las Directivas EIA y EAE son instrumentos clave de la política medioambiental regional y local y de la participación del público (11) destinadas a garantizar que se tienen en cuenta los conocimientos de ámbito local y se señalan a la vez las repercusiones en cuanto a costes y competencias;

39.

insta a los entes locales y regionales al uso de mecanismos públicos de control ambiental simplificados y coordinados, que faciliten el cumplimiento de las obligaciones que establece la normativa y promuevan la relación entre las administraciones públicas y el administrado sobre la base de los principios de eficacia, transparencia y responsabilidad compartida;

40.

insta a los entes regionales y locales a integrar el medio ambiente en todas sus áreas de actividad, por ejemplo apoyando a las empresas locales ecológicas con capital inicial de riesgo, inversores informales y microcréditos, junto con asesoría en materia de contratos públicos ecológicos;

41.

anima a los entes locales y regionales a que sean «compradores públicos ecológicos». La contratación pública representa el 16 % del PIB de la Unión y debería garantizar la mayor rentabilidad medioambiental, por lo que se acoge favorablemente el nuevo sitio web sobre contratación pública ecológica (http://ec.europa.eu/environment/gpp);

42.

respalda el pleno uso de las opciones de recuperación de costes que estipula el artículo 9 de la Directiva marco en el sector del agua, a fin de proporcionar incentivos para el ahorro y la eficiencia, y el artículo 14 de la Directiva marco sobre residuos, a fin de que los costes medioambientales sean visibles para el usuario, y pide que en futuras propuestas se incluyan instrumentos económicos semejantes;

43.

respalda la estrecha coordinación entre la planificación (incluida la ordenación territorial sostenible), la fabricación y la distribución en el respeto de los sistemas de planificación nacionales existentes, para fomentar un desarrollo con bajas emisiones de carbono, la producción sostenible, el uso eficiente de los recursos y las energías renovables, creando así empleo ecológico y promoviendo un crecimiento sostenible, al tiempo que se reduce el impacto en el medio ambiente y la salud pública;

44.

aboga por que, a la hora de elaborar la futura política de gestión medioambiental en las regiones fronterizas, así como en las zonas limítrofes con ríos compartidos u otras superficies de agua compartidas fronterizas, se utilicen de manera más eficaz los programas de asociación, como las eurorregiones a nivel local, a fin de influir en sus socios de los países vecinos y elaborar y poner en práctica proyectos comunes para la protección del medio ambiente;

45.

insta a la Comisión Europea a que adopte un enfoque más proactivo solicitando en una fase temprana la contribución del CDR a la elaboración de las políticas mediante la solicitud de dictámenes prospectivos;

46.

se compromete a mantener la cooperación actual con la Comisión Europea en la evaluación del impacto de determinadas propuestas relativas a los entes locales y regionales (evaluaciones del impacto territorial) a través de las redes especializadas del CDR, la Red de Seguimiento de la Subsidiariedad y la Plataforma de Seguimiento de la Estrategia UE 2020;

47.

se compromete a tener en cuenta la experiencia de los profesionales de las administraciones regionales y locales en la elaboración de los dictámenes, lo cual incluye consultas específicas a las redes especializadas del CDR, la Red de Seguimiento de la Subsidiariedad y la Plataforma de Seguimiento de la Estrategia UE 2020, y la organización de audiencias con asociaciones regionales y locales y otras partes interesadas clave;

48.

hace hincapié en que el Tratado de Lisboa ha reforzado el papel del CDR en el proceso decisorio de la UE sobre la política de lucha contra el cambio climático al prever explícitamente la consulta obligatoria al CDR; acoge asimismo con satisfacción la disposición del Tratado de Lisboa sobre el derecho a una nueva consulta en caso de que una propuesta legislativa inicial se vea modificada sustancialmente en el proceso legislativo, permitiendo al CDR elaborar dictámenes revisados;

49.

desea reforzar la cooperación con el Parlamento Europeo y el Consejo, colegisladores en materia de medio ambiente. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo podría explorar la posibilidad de celebrar reuniones conjuntas e invitar a los ponentes del CDR a presentar los dictámenes más importantes del Comité. Los Estados miembros podrían invitar al CDR a participar sistemáticamente en las reuniones informales de ministros de Medio Ambiente (12);

50.

invita a la Comisión Europea a explorar la posibilidad de organizar conjuntamente un foro anual para analizar los problemas y las soluciones regionales y locales en la aplicación de la legislación ambiental de la UE en sectores específicos como el agua o la biodiversidad, la contaminación acústica y atmosférica o los residuos;

51.

hace un llamamiento al Parlamento Europeo para que haga partícipe a la Comisión ENVE del CDR de los debates específicos de la Comisión de Medio Ambiente con la Comisión Europea sobre la aplicación de la legislación ambiental de la UE;

52.

propone que se desarrolle el premio «Capital Verde Europea» y resalta su deseo de participar en el jurado del Premio, para lo cual sugiere:

53.

considera que el 6o PAM ha contribuido considerablemente a cumplir el acervo medioambiental de la UE hasta la fecha y cree que es necesario un 7o PAM;

54.

hace hincapié en que un 7o PAM reforzaría la Estrategia de desarrollo sostenible y sería un pilar clave de la futura Estrategia UE 2020, que hace frecuentes referencias al «crecimiento verde» y a la transición a una economía baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos naturales. Se necesita un 7o PAM para articular qué es lo que se entiende por estos conceptos y traducir sus repercusiones para la política medioambiental;

55.

sostiene que un 7o PAM beneficiará a las empresas al igual que a los entes regionales y locales al proporcionar un marco de programación estructurado a largo plazo que incluya inversiones en las grandes infraestructuras;

56.

señala que la política medioambiental debe integrarse en todas las áreas de las políticas que no pueden conseguirse exclusivamente a través de una legislación específica;

57.

teme que si no se aprueba otro plan de acción al finalizar el 6o PAM, que ha sido el primero en constituir un instrumento legal con decisiones vinculantes, ello podría interpretarse como una falta de compromiso político en un ámbito que está reconocido como preocupación clave para los ciudadanos;

58.

lamenta la falta de referencia explícita al Comité de las Regiones en el 6o PAM e insta a que el principio de gobernanza multinivel en el ámbito del medio ambiente se convierta en un elemento importante del 7o PAM;

59.

opina que un 7o PAM es un documento de planificación estratégica a largo plazo que debería establecer objetivos y plazos claros, pasar de objetivos relativos a objetivos absolutos de reducción de las cargas específicas para el medioambiente (por ejemplo CO2 per cápita) y articular resultados medioambientales claros basados en el informe SOER 2010 (13);

60.

señala que la aplicación de un 7o PAM debería tener en cuenta las competencias y el ámbito de acción política y administrativa de los entes locales y regionales;

61.

opina que debería realizarse una revisión en profundidad de la recogida y gestión de datos para efectuar comparaciones de rendimiento adecuadas y para adquirir una comprensión más razonada de las mejores prácticas;

62.

opina que el 7o PAM debería fomentar el uso de los instrumentos de mercado en combinación con la reglamentación. El 6o PAM promovió el uso de instrumentos económicos para mejorar la eficiencia de recursos y minimizar el impacto ambiental. Cuando se adopta este enfoque se aligera la carga financiera de los entes regionales y locales y se mejora la aplicación;

63.

pide que el 7o PAM prevea que, a partir de 2013, para financiar los programas locales de lucha contra el cambio climático, las regiones y ciudades se beneficien directamente de los recursos financieros generados por el régimen de derechos de comercio de emisión de gases de efecto invernadero;

64.

recomienda que el plazo de tiempo sea largo, hasta 2020 como mínimo, dado que ahora es preciso planificar hasta 2050, y que se acompañe de una evaluación y supervisión a medio plazo, con hojas de ruta claras que incluyan objetivos intermedios;

65.

recomienda que se adopte un enfoque sistemático sobre la eficiencia de recursos, que incluya objetivos específicos y plazos de reducción absoluta del uso de recursos naturales y que se adopte una nueva definición del PIB que tenga en cuenta el impacto medioambiental;

66.

insta encarecidamente a mantener vínculos entre las diferentes áreas políticas y a integrar de manera intersectorial los objetivos y exigencias ambientales como, por ejemplo, los relativos a la ordenación del territorio y planificación urbana, movilidad urbana, agricultura, silvicultura, contaminación atmosférica o acústica y salud;

67.

insta a integrar los objetivos medioambientales en los grandes capítulos presupuestarios como el desarrollo rural y la agricultura;

68.

señala que el 75 % de la población de la UE vive en ciudades que generan el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que también son centros de educación, investigación e innovación. Es necesario que el 7o PAM tenga una clara dimensión urbana y un mecanismo que permita a las ciudades asumir compromisos y competencias;

69.

reconoce que los procesos de erosión del suelo están socavando los objetivos comunes de la UE en el ámbito del clima, la seguridad alimentaria y la biodiversidad. El 7o PAM debería, por lo tanto, seguir incluyendo una estrategia temática común sobre la protección del suelo, fijando también el objetivo de adoptar una directiva marco sobre el suelo.

18.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 15/10

—

El Comité de las Regiones debe participar de forma estructurada (también sirviéndose de los datos de la Plataforma de Seguimiento de la Estrategia Europa 2020) en la aplicación ulterior de la Estrategia Europa 2020. A tal fin, el informe anual de la Comisión Europea para la cumbre de primavera debe incluir un capítulo fijo sobre la participación de los entes locales y regionales en la aplicación de la Estrategia;

—

la política de cohesión debe orientarse también en el futuro a los objetivos establecidos en el Tratado UE en relación con la cohesión económica, social y territorial, en particular reduciendo las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Bajo esa premisa, debe contribuir activamente al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

—

solamente mediante el enfoque horizontal de la política de cohesión se puede garantizar que todas las regiones de la Unión Europea tengan la oportunidad de participar activamente en la aplicación de la Estrategia Europa 2020;

—

ello sería posible mediante un «Pacto territorial con los entes locales y regionales» que determine al nivel de las instituciones europeas la participación de los entes territoriales en la aplicación de la Estrategia Europa 2020, así como una recomendación para pactos territoriales que podrían permitir al nivel nacional una participación estructurada de los entes territoriales en función de sus competencias respectivas.

Ponente General

:

Michael Schneider (DE/PPE)

Secretario de Estado para Asuntos Federales y Europeos,

Delegado del Estado federado de Sajonia-Anhalt ante el Gobierno federal de Alemania

Texto de referencia

:

Consulta de la Presidencia belga

1.

observa que con la presentación de la Comunicación de la Comisión Europea y las conclusiones del Consejo Europeo en relación con la Estrategia Europa 2020 se tomaron decisiones importantes para, con vistas al futuro, orientar las políticas de la UE al fomento del crecimiento sostenible, la innovación y el empleo;

2.

subraya que, en el transcurso de los posteriores debates, las instituciones europeas han acordado objetivos fundamentales y puntos centrales de acción que deberán aplicarse en los próximos meses mediante iniciativas emblemáticas y procedimientos legislativos;

3.

señala que la participación activa de los entes locales y regionales adquirirá un peso fundamental en el desarrollo ulterior de la estrategia, al tiempo que potenciará su papel en la aplicación de la misma;

4.

observa, a este respecto, que la clave del éxito de la Estrategia Europa 2020 reside en el aprovechamiento bien definido del potencial y los recursos de los entes locales y regionales;

5.

destaca la importante contribución que la política de cohesión de la UE puede prestar a la aplicación de la Estrategia Europa 2020;

6.

se congratula de que la Presidencia belga del Consejo haya pedido al Comité de las Regiones un dictamen sobre el papel futuro de la política de cohesión en la aplicación de la Estrategia Europa 2020;

7.

recuerda que el Comité de las Regiones ya trabajó intensamente en los últimos años en torno a la orientación de la Estrategia de Lisboa y a la participación de los entes locales y regionales en su aplicación, y que también se ha interesado por la cuestión de la futura orientación de la Estrategia Europa 2020;

8.

se remite principalmente, en este contexto, a los siguientes documentos:

9.

subraya que el punto de partida para una valoración del papel futuro de la política de cohesión en la aplicación de la Estrategia Europa 2020 deben ser las disposiciones de los Tratados y los objetivos establecidos por las distintas políticas de la UE;

10.

observa, en este contexto, que la contribución de la política de cohesión a la aplicación de la Estrategia Europa 2020 debe situarse en el marco de los objetivos establecidos en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como del objetivo transversal de la cohesión económica, social y territorial introducido por el Tratado de Lisboa en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea;

11.

señala que la política de cohesión tiene por objetivo reforzar la cohesión económica, social y territorial para favorecer el desarrollo armonioso de toda la Unión y reducir las diferencias de desarrollo entre las distintas regiones y el retraso de los territorios más desfavorecidos. A este respecto merecen especial atención las zonas rurales, las áreas económicamente desfavorecidas o que se vieron afectadas por la transformación de la industria y las zonas con desventajas naturales o demográficas graves y duraderas, como las regiones más septentrionales, con densidades de población muy bajas, o las regiones insulares, transfronterizas y de montaña; asimismo, desea resaltar los desafíos que enumera el estudio sobre la Estrategia Europa 2020 para las regiones de la UE, como los que afectan a las regiones de las fronteras exteriores de la UE, así como las zonas urbanas cuya periferia sufre a menudo una degradación progresiva y una creciente depauperación social y económica; considera, además, que el ámbito de la Estrategia Europa 2020 debe cubrir también a las regiones ultraperiféricas, de conformidad con el artículo 349 del TFUE;

12.

observa que los Fondos Estructurales de la UE han contribuido de forma esencial a la aplicación de la Estrategia de Lisboa, pero lamenta la ínfima intervención de los entes territoriales en dicha aplicación;

13.

apoya, por consiguiente, las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010, en las que el Consejo destaca la importancia de favorecer la cohesión económica, social y territorial y desarrollar la infraestructura para contribuir al éxito de la Estrategia Europa 2020, pero lamenta que en dichas conclusiones no se tenga en cuenta de modo suficiente a los entes territoriales;

14.

se remite a la conclusión del Informe Kok en relación con la falta de atención a los entes locales y regionales en la aplicación de la Estrategia de Lisboa y deduce de ella la necesidad de hacer que la participación activa de los entes locales y regionales sobre el terreno sea un presupuesto básico del éxito en la aplicación de la Estrategia Europa 2020;

15.

contempla, por tanto, los siguientes aspectos como condiciones especiales para el éxito en la aplicación de la Estrategia Europa 2020:

16.

advierte, sin embargo, del peligro de seguir lastrando administrativamente la política de cohesión mediante nuevas obligaciones de información que vayan más allá del procedimiento actual;

17.

subraya que, también en el futuro, en el centro de la política de cohesión deberá haber estrategias adaptadas local y regionalmente de forma flexible que contribuyan a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 dando respuesta in situ a las más diferentes necesidades de desarrollo de los entes locales y regionales;

18.

reitera su oposición a la propuesta formulada por la Comisión Europea en su Comunicación de 12 de mayo de 2010 sobre una gobernanza económica reforzada en cuanto a suspender los Fondos Estructurales para los Estados miembros que estén sometidos a un procedimiento de déficit excesivo y se remite a su Resolución de 10 de junio de 2010 (4);

19.

recuerda que la política de cohesión también mantiene un estrecho vínculo con los servicios de interés general en la medida en que las dos políticas participan a la vez de manera transversal en el refuerzo del mercado interior y la cohesión en Europa. Por lo tanto, considera que los servicios de interés general, factor determinante para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, deberían destacarse de manera clara en la Estrategia Europa 2020. Como se preconiza en el Informe Monti sobre una nueva estrategia para el mercado interior (mayo de 2010), la financiación de las infraestructuras de servicios de interés general y los servicios vinculados a la inclusión social, en particular, deberían definirse como objetivos políticos de la futura estrategia de crecimiento de la Unión Europea;

20.

considera una misión fundamental y una aportación esencial de la Estrategia Europa 2020 abordar las reformas estructurales necesarias en Europa, incluidas las instituciones de la UE, para reforzar el crecimiento sostenible, la innovación y el empleo. Dichas reformas estructurales también serán de gran importancia para el éxito de la aplicación de la política de cohesión;

21.

rechaza la adopción de medidas para limitar los aspectos fundamentales de la aplicación de los Fondos Estructurales a los cuellos de botella estructurales identificados en el marco de la Estrategia Europa 2020 si simultáneamente no responden también a los objetivos de la política de cohesión (condicionalidad de los contenidos);

22.

estima, no obstante, que existen posibilidades de que, de forma temprana antes de la siguiente programación de los Fondos Estructurales, y en su caso con una base contractual como la de los pactos territoriales propuestos por el Comité de las Regiones, en el marco de un diálogo cooperativo con los entes locales y regionales, se establezcan objetivos y condiciones marco comunes para la futura aplicación de los Fondos Estructurales, que adquieran un elevado carácter vinculante para todos los interesados y puedan contribuir de este modo a la condicionalidad macroeconómica;

23.

se congratula de que la Estrategia Europa 2020 esté orientada por principio al crecimiento sostenible, la innovación y el empleo, y respalda una mayor participación de la dimensión social y ecológica;

24.

contempla en ello la manifestación de un concepto amplio según el cual la competitividad económica se ha de construir sobre la sostenibilidad y una mayor cohesión social y territorial;

25.

observa que la política de cohesión ya hizo en el pasado una importante aportación al fortalecimiento del crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión Europea, que seguirán teniendo en adelante un papel central en la Estrategia Europa 2020;

26.

subraya que los instrumentos de la política de cohesión, en el marco de los objetivos políticos de cohesión establecidos en los Tratados, pueden contribuir de modo importante a alcanzar las metas de «Europa 2020». Para ello es indispensable preservar el equilibrio entre la misión tradicional de esta política (que sigue siendo actual) y los nuevos desafíos estratégicos comunes para toda la UE. Dicho equilibrio puede lograrse, entre otras cosas, manteniendo el estatus específico de las regiones de la convergencia;

27.

señala que los objetivos de la futura Estrategia Europa 2020 no se orientan de manera preferente al uso cuantitativo de instrumentos presupuestarios, especialmente en el contexto de unos recursos financieros cada vez más exiguos, y estima que el éxito de la aplicación de la Estrategia Europa 2020 dependerá mucho de la naturaleza y de la calidad de los instrumentos empleados y de su aplicabilidad (facilidad de uso). Destaca en este contexto que es legítimo aspirar a la máxima integración de todos los instrumentos de financiación disponibles en la UE, y en particular de aquellos instrumentos que de hecho sirven para la financiación de las empresas de naturaleza similar (como, por ejemplo, el FEDER y el FEADER, en la sección relativa al desarrollo de las zonas rurales);

28.

estima necesario seguir desarrollando instrumentos financieros innovadores en el marco de la política de cohesión, como, por ejemplo, los fondos renovables, para seguir mejorando así el efecto palanca de la política de cohesión en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

29.

señala, con vistas al objetivo del empleo (aumento de la tasa de empleo hasta el 75 % en la población comprendida entre 20 y 64 años en la Unión Europea), que, en el marco del programa de los Fondos Estructurales en vigor, se destinan 14 000 millones de euros de los Fondos al refuerzo de la capacitación de empresas y trabajadores para adelantarse al cambio y eludir sus efectos. Aproximadamente 9 400 millones de euros de dicho importe están destinados a ayudar a las empresas a introducir medidas eficaces de perfeccionamiento de los trabajadores;

30.

subraya, a este respecto, la necesidad de reforzar la interacción entre los fondos con dimensión territorial y, de forma más específica, del Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para crear nuevas posibilidades de empleo o aumentar la capacidad de crear empleo mediante medidas de formación y perfeccionamiento;

31.

apoya, por lo tanto, la propuesta de crear un marco estratégico europeo común que englobe el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP); pide, por tanto, a la Comisión Europea que asegure también en el próximo periodo de financiación dicha interacción de los fondos FEDER y el FSE mediante un reglamento marco común para la política de cohesión;

32.

subraya, en referencia al objetivo de investigación (aumento del gasto en I+D en la Unión hasta el 3 % del PIB), que en el actual periodo de financiación, según los datos de la Comisión, se destinan 86 000 millones de euros, o el 25 % de los fondos de cohesión, a I+D+innovación, y, con ello, contribuyen a la construcción y el desarrollo del esfuerzo investigador de las regiones europeas;

33.

señala que una política de subvenciones orientada a los entes regionales y locales, como se prevé en la política de cohesión, puede asegurar, de forma complementaria a la subvención a la excelencia europea, que una política europea de investigación e innovación pueda desplegar la amplitud de efectos necesaria para que la Estrategia Europa 2020 sea un éxito;

34.

estima que, en referencia al objetivo del clima y la energía (reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, aumento de la proporción de las energías renovables y mejora de la eficiencia energética, ambos el 20 %), la mejora de la calidad ambiental debe seguir constituyendo una prioridad en los programas de los Fondos Estructurales de todos los Estados miembros, y señala que en el periodo de financiación en vigor se le destina un tercio del total de los fondos de cohesión (105 000 millones de euros); además, considera que la constitución de nuevos instrumentos financieros en el ámbito de la política sobre el clima al nivel internacional no debe recortar los recursos asignados a la política de cohesión. En la misma línea, recuerda su llamamiento para que el balance de las inversiones no acarree emisiones adicionales de gases de efecto invernadero;

35.

observa que alrededor de 48 000 millones de euros de dichos fondos contribuyen a medidas de diversos ámbitos relativas a los retos del cambio climático, como, por ejemplo, medidas de protección y adaptación. Entre ellas se cuentan también inversiones como el fomento de los recursos energéticos eficientes y renovables (9 000 millones de euros), así como medidas indirectas, como proyectos sostenibles para el transporte urbano (6 200 millones de euros);

36.

señala, en referencia al objetivo de la formación (reducción del abandono escolar y aumento hasta el 40 % de la proporción de la población entre 30 y 34 años con titulación superior o una cualificación de nivel similar), que la política de cohesión aporta ya una importante contribución en el actual periodo de financiación a numerosos programas operativos para la reducción del abandono escolar. En este contexto deberán tenerse en cuenta los desafíos particulares en materia de accesibilidad y mantenimiento de los centros de formación en los territorios con baja densidad demográfica;

37.

subraya también, sin embargo, que las competencias de la Unión en este ámbito son limitadas y que los Estados miembros deben garantizar la financiación adecuada y las competencias decisorias de los entes locales y regionales y establecer sus objetivos nacionales en relación con sus respectivas situaciones de partida y sus circunstancias nacionales, considerando estos objetivos centrales;

38.

opina, en relación con el objetivo de la pobreza (reducción en 20 millones en la Unión Europea del número de personas que viven en la pobreza o con riesgo de caer en ella), que la política de cohesión, en el marco de su orientación al crecimiento y al empleo, especialmente mediante el fomento de proyectos locales y regionales de integración y empleo, puede contribuir a la lucha contra la pobreza en la Unión Europea; señala que en los nuevos programas se destinan alrededor de 19 000 millones de euros a combatir los obstáculos al empleo, especialmente los que afectan a las mujeres, los jóvenes, los mayores o los trabajadores poco cualificados;

39.

recuerda que, según datos de la Comisión Europea, los programas 2007 y 2008 del Fondo Social Europeo, aún vigentes, han llegado a casi seis millones de personas, el 52 % de las cuales son mujeres. Aproximadamente un tercio de las medidas estaban dirigidas al apoyo a los trabajadores. Otras medidas se dirigían a los desempleados (33 % de los receptores, el 7 % parados de larga duración) y a grupos especialmente amenazados, como emigrantes y minorías (13 %);

40.

observa en este contexto que la Unión Europea, de conformidad con el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se limita a apoyar y completar la actividad de los Estados miembros en este ámbito;

41.

subraya la necesidad de utilizar los Fondos Estructurales para contribuir a contrarrestar las desigualdades en materia de salud;

42.

observa que las iniciativas emblemáticas previstas en el marco de la Estrategia Europa 2020 persiguen metas fundamentalmente temáticas o sectoriales que, sin embargo, cubren también otros aspectos de la política de cohesión;

43.

toma nota de que la Comisión ya se ha referido a la contribución de los Fondos Estructurales para la puesta en práctica de la mayoría de las iniciativas emblemáticas y de que considera la política de cohesión y los Fondos Estructurales importantes catalizadores para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en los Estados miembros;

44.

resalta la necesidad de coordinar las medidas mencionadas en el marco de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 con los procesos y medidas ya existentes, para evitar solapamientos y duplicaciones de los procesos y obligaciones en materia de información;

45.

exhorta a la Comisión Europea a seguir, en el marco del desarrollo de las iniciativas emblemáticas, un enfoque integrado entre los distintos instrumentos de subvención europeos, y a garantizar que se respete y se desarrolle (cuando sea posible y necesario) el enfoque descentralizado de la política de cohesión;

46.

reitera el llamamiento, ya expresado en su dictamen sobre el futuro de la política de cohesión, a evitar que las iniciativas emblemáticas propuestas lleven a la contracción de la política europea de cohesión; Los Fondos Estructurales deben seguir siendo capaces de resolver problemas a escala regional de forma integrada y no pueden verse reducidos al cumplimiento de requisitos sectoriales;

47.

observa, en relación con la iniciativa emblemática «Una agenda digital para Europa», que existen estrechos vínculos entre la agenda digital y las intervenciones de la política de cohesión, especialmente en cuanto a la expansión del acceso a las redes de banda ancha en las zonas rurales o en el desarrollo de nuevos servicios para combatir el cambio demográfico;

48.

observa la posibilidad, en relación con la iniciativa emblemática «Unión por la innovación», de alcanzar una mejor distribución del trabajo y las tareas entre, por una parte, las subvenciones destinadas a la investigación fundamental y las dirigidas a la investigación aplicada orientadas a la excelencia en el conjunto de la Unión y, por otra, las subvenciones a la innovación de carácter descentralizado, a fin de obtener unos amplios resultados;

49.

se remite en este contexto a las medidas de la política de cohesión para la constitución de sistemas regionales de innovación, de instrumentos de cooperación territorial, la facilitación de capital de riesgo y las medidas para una introducción más ágil de productos innovadores y el establecimiento de redes entre los operadores interesados de los campos de la economía, la ciencia y la administración;

50.

reclama una mayor complementariedad en la distribución de papeles entre los instrumentos de la Unión Europea en el caso de las medidas descentralizadas de apoyo a la innovación, pues las subvenciones a la innovación constituyen ya hoy un elemento fundamental de los programas de los Fondos Estructurales de la UE;

51.

celebra, en relación con la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», el objetivo de desligar en el futuro el consumo de recursos y el crecimiento, y señala que –especialmente para la reforma energética, las fuentes de energía renovables, la subvención de la economía de la reutilización y el desarrollo de planes de transporte sostenibles– sería adecuado adoptar un enfoque descentralizado de las políticas de actuación con mayor intervención de los Fondos Estructurales, lo cual implicaría una mayor eficacia de esta iniciativa;

52.

subraya que, ante la diversidad de las medidas concretas en este ámbito, debe realizarse una cuidadosa delimitación de las competencias de la Unión Europea y de los Estados miembros y debe respetarse el principio de subsidiariedad. Además, ha de prestarse mayor atención a la eficacia de las medidas que se aplican a diversos ámbitos;

53.

subraya, en relación con la iniciativa emblemática «Una política industrial para la era de la mundialización», que la política de cohesión contribuye de forma importante al fortalecimiento de la competitividad mediante el aprovechamiento de los potenciales de desarrollo industrial, en especial de las regiones más débiles, mediante la subvención de iniciativas de agrupación y de medidas para las subvenciones a pequeñas y medianas empresas, mediante la construcción de infraestructuras cercanas a los agentes económicos y mediante el apoyo a la diversificación de los emplazamientos industriales;

54.

celebra, en lo tocante a la iniciativa emblemática «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», los esfuerzos de la Comisión para apoyar a la generación más joven en el mundo de la formación y el trabajo, y destaca el fomento de la movilidad de los estudiantes y los trabajadores en prácticas y las medidas de apoyo a la integración de los jóvenes en el mercado del trabajo;

55.

advierte de los grandes solapamientos con los ámbitos de intervención del Fondo Social Europeo y comparte la aspiración de lograr un mejor vínculo de esos objetivos con los correspondientes instrumentos financieros europeos;

56.

observa que el sistema multinivel de la política estructural, desarrollado satisfactoriamente en los últimos años con la valiosa participación de elementos locales y regionales y bajo la observancia de las circunstancias concretas, puede contribuir de forma relevante a la aplicación de la Estrategia Europa 2020;

57.

subraya que, para ello, deben mantenerse o constituirse los siguientes elementos de la política de cohesión:

58.

se reafirma en su opinión de que la orientación al crecimiento y el empleo que ha caracterizado la política de cohesión hasta ahora apunta en la dirección correcta, y no ve por ello necesidad de hacer aún más riguroso el sistema de asignación de fondos ya existente en los Fondos Estructurales. A tal fin, las estrategias adaptadas a nivel local y regional, que tienen en cuenta las diversas necesidades de desarrollo, deben seguir constituyendo la base de la política de cohesión;

59.

exhorta a las instituciones europeas a garantizar, en el marco de una rápida aplicación de la Estrategia Europa 2020 y sus vínculos con la política de cohesión, la posibilidad de una participación democrática y adecuada de los organismos responsables, por ejemplo, concediéndoles suficiente tiempo para asesorarse y formarse su propia opinión en todos los aspectos y manteniendo la transparencia y la comprensibilidad de los procesos de decisión;

60.

señala que la cohesión territorial, que está recogida en el Tratado, debería ser un principio conductor para la puesta en práctica de la Estrategia Europa 2020, así como para otras políticas europeas. El principio de gobernanza multinivel debe integrarse en toda las fases de la puesta en práctica de la Estrategia;

61.

reconoce, sin embargo, la necesidad de reforzar, en caso necesario, las competencias administrativas de los entes locales y regionales para que también puedan ejercer el importante papel que les corresponde en el marco de la Estrategia Europa 2020;

62.

invita, por lo tanto, a las instituciones europeas y a los Estados miembros a definir la participación de los entes territoriales en la aplicación de la Estrategia Europa 2020 en el marco de un «Pacto territorial con los entes locales y regionales», y a describir en él también el papel concreto de las iniciativas emblemáticas; una recomendación para pactos territoriales hará posible al nivel nacional una participación estructurada de los entes territoriales en función de sus competencias respectivas y respetando el principio de subsidiariedad;

63.

propone que la política de cohesión europea se utilice como instrumento central de la participación de los entes regionales y locales en la aplicación de la Estrategia Europa 2020, en el sentido de este pacto territorial. En todas las regiones que reciben fondos de la política de cohesión europea debería ser posible movilizar a los principales agentes in situ mediante «pactos territoriales», a fin de respetar las prioridades y alcanzar los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020;

64.

se pronuncia a favor de que se prevean disposiciones complementarias, dentro de los objetivos de la política de cohesión, que permitan a los entes regionales y locales contribuir activamente en el marco de sus programas operativos a respetar las prioridades de crecimiento y alcanzar los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020;

65.

propone que en el marco del objetivo «cooperación territorial europea» se organicen el intercambio de experiencias y la creación de redes entre los entes regionales y locales a fin de respetar las prioridades de crecimiento y alcanzar los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020, y que, de ser necesario, se recurra también para tal fin al instrumento de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). El ámbito de acción de la cooperación transnacional podría prever ejes prioritarios suplementarios para la participación de los entes regionales y locales en la aplicación de las iniciativas emblemáticas de la Comisión Europea;

66.

propone que la presentación de informes a la Comisión Europea sobre la ejecución de las intervenciones de los fondos europeos se utilice para recabar información sobre los resultados de los esfuerzos de los entes regionales y locales en la aplicación de la Estrategia Europa 2020. De este modo, se evitaría la creación de nuevas estructuras burocráticas y la imposición de nuevas obligaciones de información, puesto que no serían necesarios ni nuevas instituciones ni recursos adicionales;

67.

pide a la Comisión Europea que, tomando como base los informes mencionados arriba, informe de manera regular al Parlamento Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de los pactos territoriales para la Estrategia Europa 2020 en el marco de la política de cohesión de la UE y debata las adaptaciones estratégicas correspondientes;

68.

invita a la Comisión Europea a describir sus consideraciones sobre la futura relación entre la política de cohesión y la aplicación de la Estrategia Europa 2020 en el marco del 5o Informe sobre la cohesión económica y social;

69.

estima que el 5o informe sobre la cohesión, que se publicará a principios de noviembre de 2010, debe servir de plataforma de lanzamiento de un debate en toda la Unión sobre las futuras directrices de la política de cohesión a la luz de la Estrategia Europa 2020, haciendo participar los niveles local y regional, a fin de poderlas aprobar a tiempo, tras una fase de consulta y colaboración, antes del comienzo del nuevo periodo de programación;

70.

observa, además, la necesidad de la participación estructurada del Comité de las Regiones en la aplicación posterior de la Estrategia Europa 2020 y propone, a este respecto, que el informe anual de la Comisión Europea para la cumbre de primavera reserve sistemáticamente un capítulo para la participación de los entes locales y regionales en la Estrategia;

71.

pone de relieve la experiencia territorial facilitada por la Plataforma de Seguimiento de la Estrategia Europa 2020 para analizar la aplicación de la Estrategia Europa 2020 y el trabajo del Comité de las Regiones;

72.

la política de cohesión debe orientarse también en el futuro a los objetivos establecidos en el Tratado UE en relación con la cohesión económica, social y territorial, en particular, reduciendo las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas;

73.

bajo esa premisa, debe contribuir activamente al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

74.

sin embargo, ello sólo será posible si la política de cohesión también se dirige en el futuro a todas las regiones de la Unión Europea;

75.

solamente mediante el enfoque horizontal de la política de cohesión se puede garantizar que todas las regiones de la Unión Europea tengan la oportunidad de participar activamente en la aplicación de la Estrategia Europa 2020;

76.

ello sería posible mediante un «Pacto territorial con los entes locales y regionales» que determine al nivel de las instituciones europeas la participación de los entes territoriales en la aplicación de la Estrategia Europa 2020, así como una recomendación para pactos territoriales que podrían permitir al nivel nacional una participación estructurada de los entes territoriales en función de sus competencias respectivas;

77.

para lograrlo, es necesario que el centro de gravedad principal de las subvenciones de la política de cohesión siga siendo el de las regiones más débiles y con mayores problemas, y que para las regiones que a partir del año 2013 abandonen el nivel más alto de subvención (incluidas las afectadas por el denominado «efecto estadístico») se creen reglas transitorias proporcionadas y justas que tomen en consideración sus puntos débiles para garantizar la sostenibilidad de lo alcanzado;

78.

al mismo tiempo, debe seguir apoyándose a las regiones que ya hoy hacen una importante contribución a la competitividad de la UE. Además, también en las regiones económicamente más fuertes existen ámbitos de debilidad estructural que precisan también de apoyo;

79.

la colaboración territorial puede representar una importante contribución en el marco de la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional para la aplicación de la Estrategia Europa 2020;

80.

también en el futuro el Fondo Social Europeo debe permanecer en el ámbito de la política de cohesión, y esto ha de garantizarse mediante un reglamento marco común;

81.

el Comité de las Regiones debe participar de forma estructurada (también sirviéndose de los datos de la Plataforma de Seguimiento de la Estrategia Europa 2020) en la aplicación ulterior de la Estrategia Europa 2020. A tal fin, el informe anual de la Comisión Europea para la cumbre de primavera debe incluir un capítulo fijo sobre la participación de los entes locales y regionales en la aplicación de la Estrategia;

82.

los entes locales y regionales de la Unión Europea están dispuestos a contribuir al éxito de la Estrategia Europa 2020 en el marco de la aplicación de la futura política de cohesión en Europa.

18.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 15/17

—

considera que el objetivo del PIB no es medir con precisión la capacidad de una sociedad para abordar cuestiones tales como el cambio climático, la eficiencia de los recursos, la calidad de vida o la inclusión social. Por ello propone que los indicadores seleccionados para guiar la elaboración y diseño de políticas y estrategias públicas vayan en consonancia con las prioridades de la Estrategia Europa 2020;

—

constata que las cinco acciones contempladas en la Comunicación para evaluar los logros económicos y el progreso social: a) complementación del PIB con indicadores medioambientales y sociales; b) información casi en tiempo real para la toma de decisiones; c) información más precisa sobre la distribución y las desigualdades; d) desarrollo de un cuadro europeo de indicadores de desarrollo sostenible; y e) ampliación de las cuentas nacionales a temas sociales y medioambientales, son suficientes y sirven de base para las propuestas formuladas en la Estrategia UE 2020. Estas acciones no deben ser sólo herramientas de evaluación posterior, sino que tienen que utilizarse para la toma de decisiones;

—

opina que es necesario mejorar la metodología para disponer a tiempo de información más completa y ajustada a la realidad, que permita contar con indicadores que faciliten el proceso decisorio. Destaca que los índices que puedan ser utilizados por las autoridades locales, regionales, nacionales y europeas deben ser homogéneos y facilitar la creación y difusión de las innovaciones societales y una coherencia en la adopción de decisiones;

—

estima que Eurostat debe tener en cuenta las propuestas de esta Comunicación, pero debería incluir las estadísticas regionales en los aspectos más amplios en materia de calidad de vida, sostenibilidad y distribución de rentas y patrimonio;

—

subraya que la acción de los Fondos Estructurales, incluido el Fondo de Cohesión, después de 2013 no puede ni debe fundamentarse únicamente en el PIB per cápita;

—

apoya los contenidos de la Comunicación y coincide con la Comisión en considerar al PIB como un importante indicador para medir el crecimiento económico y el bienestar de Europa y sus regiones. Para evaluar y decidir políticas comunitarias, no obstante, es deseable la elaboración de indicadores complementarios, que permitan medir con mayor exactitud los progresos en el cumplimiento sostenible de los objetivos sociales, económicos y medioambientales.

Ponente

:

Vicente Álvarez Areces (ES/PSE), Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Texto de referencia

:

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Más allá del PIB - Evaluación del progreso en un mundo cambiante

COM(2009) 433 final

1.

Saluda con satisfacción esta Comunicación, que viene a suponer la oportunidad para el Comité de las Regiones de continuar el debate sobre el futuro de la Unión en un mundo cambiante. Identificar los indicadores que nos muestren certeramente la realidad sobre la que podemos actuar de manera eficaz es un imperativo que nos obliga a trabajar para crear un nuevo modelo de crecimiento.

2.

Recuerda que el CDR ha abordado en varias ocasiones cuestiones afines con el tema planteado en esta Comunicación. En el debate sobre la Estrategia de Lisboa después de 2010, el CDR pidió recientemente (CDR 25/2009) que la próxima Estrategia tenga como objetivo general explícito «un elevado nivel de calidad de vida y el bienestar de todos los ciudadanos de la UE», y reiteró que la lucha contra la pobreza y las desigualdades de renta exige un enfoque territorial en una amplia gama de ámbitos políticos. Asimismo, el CDR hizo constar que existe «una creciente insatisfacción por el uso que se hace del PIB como indicador principal para medir el rendimiento económico, y pide que se creen nuevos indicadores que permitan medir con mayor propiedad la prosperidad, el bienestar y la calidad de vida en Europa».

3.

Recuerda, por otra parte, que en su Dictamen prospectivo sobre el tema «El futuro de la política de cohesión» (CDR 210/2009 fin) se pronunció a favor de «…un enfoque diferenciado en el uso de indicadores, cuidadosamente seleccionados y significativos, para la evaluación de la política de cohesión, con objeto de garantizar una utilización de recursos adaptada a los objetivos y poder disponer de una visión de conjunto de los efectos de la política estructural».

4.

Considera que el debate sobre indicadores más allá del PIB es un debate político que debe llevarnos a explicar qué es el bienestar para las generaciones actuales y futuras y cuáles son las políticas más adecuadas para conseguir ese bienestar.

5.

Señala que la Comisión Europea, en colaboración con Eurostat, la Comisión para el Rendimiento Económico y el Progreso Social - la llamada Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi – y la OCDE, están trabajando en la misma dirección.

6.

Constata que las cinco acciones contempladas en la Comunicación para evaluar los logros económicos y el progreso social: a) complementación del PIB con indicadores medioambientales y sociales; b) información casi en tiempo real para la toma de decisiones; c) información más precisa sobre la distribución y las desigualdades; d) desarrollo de un cuadro europeo de indicadores de desarrollo sostenible; y e) ampliación de las cuentas nacionales a temas sociales y medioambientales, son suficientes y sirven de base para las propuestas formuladas en la Estrategia UE 2020. Estas acciones no deben ser sólo herramientas de evaluación posterior, sino que tienen que utilizarse para la toma de decisiones.

7.

Recuerda que esta Comunicación coincide con el lanzamiento de la Estrategia UE 2020 y el debate político que va a condicionar el desarrollo a medio y largo plazo de la Unión, pero también con el debate de las Perspectivas Financieras más allá de 2013 y va, ciertamente, a influir en las orientaciones de las políticas de cohesión y, por tanto, en sus apoyos financieros. Unos indicadores adecuados facilitan la identificación de diferencias de rentas, nivel educativo (abarcando tanto la educación formal como la informal), disponibilidad de servicios públicos, calidad de servicios sanitarios y oferta de recursos culturales que se observan a nivel regional y local en la UE.

8.

En este sentido, debería considerarse el estudio «Regiones 2020» de la Dirección de Política Regional, que utiliza indicadores regionales con el fin de conocer la situación de cada región ante diferentes desafíos, así como su posición relativa en relación con otras regiones del entorno.

9.

Advierte que, a pesar de que el papel de los entes locales y regionales no se destaca en la Comunicación de la Comisión, los proyectos de mejores prácticas que han tenido éxito sugieren que los entes locales y regionales podrían ser clave en la adopción y difusión de una medición más global del progreso de la sociedad (económico, medioambiental y social), siempre que cuenten con las capacidades y los recursos oportunos, entre ellos el respaldo financiero de la UE o bien de fuentes nacionales. El arraigo de los indicadores que se utilicen para medir el bienestar en un sentido más amplio pasa por la posibilidad de desglosarlos a nivel regional y local, por lo que es necesaria la colaboración de los entes locales y regionales.

10.

Subraya que el principio de igualdad de oportunidades ha de tener particularmente en cuenta los habitantes de las zonas rurales y alejadas, las zonas afectadas por una transición industrial y las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, ultraperiféricas, transfronterizas y de montaña. El objetivo de reducir disparidades entre los territorios de la Unión tiene que prestar especial atención a estas zonas. La fragilidad de estos territorios se debe a tensiones económicas, sociales, demográficas, geográficas, históricas, territoriales y medioambientales. Han de ser objeto de particular atención a la hora de diseñar una tabla de indicadores, que ponga de manifiesto la dotación y accesibilidad de los habitantes de esas zonas a las infraestructuras y a los servicios de interés general. La Carta de indicadores deberá tener en cuenta los compromisos de la Agenda Territorial y de la Carta de Leipzig, para impulsar el policentrismo y una nueva interrelación estructural entre las zonas urbanas y rurales. Evidentemente, la naturaleza de esta interrelación va a condicionar el marco medioambiental y ayudará también a mejorar la calidad de las políticas locales y regionales.

11.

Estima que Eurostat debe tener en cuenta las propuestas de esta Comunicación, pero debería incluir las estadísticas regionales en los aspectos más amplios en materia de calidad de vida, sostenibilidad y distribución de rentas y patrimonio. El anuario estadístico regional de Eurostat debería ser un documento de debate político anual que sirviese para reprogramar políticas comunitarias.

12.

Observa que en la Comunicación Más allá del PIB. Evaluación del Progreso en un mundo cambiante, la Comisión reconoce expresamente las limitaciones del indicador del PIB, al tiempo que propone someter a discusión fórmulas para complementarlo con otros. Pero no evita declarar en las conclusiones de la Comunicación que, a pesar de sus carencias, es aún la mejor medida de la eficacia del mercado. Sin embargo, siendo esto discutible, de lo que trata la Comunicación es de progreso social y bienestar. Y, en ese campo, el PIB no es lo más pertinente.

13.

Observa que se están manteniendo negociaciones internacionales para elaborar un acuerdo en las Naciones Unidas a fin de gestionar la lucha mundial contra el cambio climático a partir de 2012, fecha en que expira el primer período de compromisos del Protocolo de Kioto, y que la UE se ha comprometido unilateralmente a reducir para 2020 sus emisiones al menos un 20 % respecto a los niveles de 1990 y a incrementar esta reducción hasta un 30 % si otros países desarrollados y en desarrollo emisores asumen una parte equitativa de los esfuerzos de mitigación en el marco de un acuerdo global. Las pruebas científicas demuestran que será necesario que para 2050 se haya logrado una reducción de al menos un 50 % respecto a los niveles de 1990. Se trata de objetivos ambiciosos que requerirán la transición a una economía de baja emisión de carbono en la que los métodos de producción y las pautas de consumo sean más eficientes desde el punto de vista de los recursos y consuman menos energía. Es fundamental que los indicadores económicos predominantes reflejen esta nueva orientación.

14.

Recuerda que, tal y como afirma la OCDE, el PIB es un indicador de la producción y no del bienestar que la población obtiene de esa producción. En efecto, muchas actividades incluidas en el PIB significan reducción de bienestar de los ciudadanos (por ejemplo, los altos costes del transporte debidos a la congestión generada por las largas distancias desde la residencia al puesto de trabajo) o las acciones dedicadas a corregir el impacto medioambiental negativo de determinadas actividades. Además, el bienestar de los ciudadanos depende de sus disponibilidades de renta o de la disponibilidad y coste de bienes públicos. En el mismo sentido se pronuncia el informe de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi que nos dice que «la sospecha de que el PIB puede ser un pobre instrumento para medir el bienestar, e incluso la actividad del mercado, ha sido reconocido desde hace mucho tiempo» (1).

15.

Destaca también el hecho de que el PIB no recoge el efecto de factores que afectan al medio ambiente, como los problemas de escasez de recursos, la emisión de CO2, el impacto de los productos contaminantes, la calidad del agua, la biodiversidad, el impacto de la concentración urbana o el despoblamiento rural. Tampoco discierne aspectos sociales de enorme importancia, como son la desigualdad en la distribución personal y regional de la renta, la pobreza o el estado de la salud. Asimismo, no valora actividades que no son reconocibles en el mercado, como es el trabajo irregular, el trabajo en el hogar, el voluntariado o el tiempo libre.

16.

Igualmente, percibe que faltan datos esenciales. Un país puede incrementar su PIB explotando de forma intensiva sus recursos naturales, pero el capital del país disminuirá, dejando para generaciones futuras menos capital disponible. Asimismo, el Comité advierte del riesgo de oponer el progreso económico a otros aspectos del bienestar. La experiencia muestra que, en la mayoría de los casos, un buen desarrollo económico constituye una condición para que en el ámbito político se tengan en cuenta otros aspectos del bienestar.

17.

Transmite a las instituciones de la Unión la opinión de que es necesario unificar y clarificar los mensajes que se quieren hacer llegar a los ciudadanos a través del uso de indicadores relacionados con el PIB y el PIB per cápita. Hace falta una política de comunicación más transparente.

18.

Observa que en documentos oficiales de la Unión, incluidos los Tratados y algunos reglamentos, se utilizan junto al PIB otros indicadores emparentados con él. Por ejemplo, para definir y clasificar las regiones del objetivo «convergencia» (período 2007-2013), se emplea el PIB per cápita. Para determinar qué Estados podrán recibir cofinanciación del Fondo de Cohesión, se utiliza la renta nacional bruta (RNB) per cápita. También se recurre a la RNB en las Perspectivas Financieras, para establecer el límite de gasto presupuestario. Es más, en el Protocolo no 28 sobre la cohesión económica, social y territorial no es el PIB ni la RNB, sino el producto nacional bruto (PNB) per cápita la referencia para decidir en qué Estados miembros podrá aportar contribuciones el Fondo de Cohesión.

19.

Subraya que la acción de los Fondos Estructurales, incluido el Fondo de Cohesión, después de 2013 no puede ni debe fundamentarse únicamente en el PIB per cápita.

20.

Comparte la idea expresada en la Comunicación de que la Comisión pretende desarrollar un indicador medioambiental global, así como mejorar los indicadores de la calidad de vida. Por ello, apoya firmemente la preparación de un proyecto piloto para elaborar un Índice Medioambiental Global que abarque aspectos como las emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida de espacios naturales, la contaminación atmosférica, el uso del agua y la generación de residuos. Dado que ya existen las metodologías para la determinación de este índice compuesto, urge a la Comisión a que haga público el trabajo de elaboración y que lo presente rápidamente para su discusión durante este año 2010, tal y como se prevé en la Comunicación. Como señala la Comisión en su Comunicación, los indicadores no deberían mostrar únicamente los cambios positivos o negativos en el medio ambiente, sino también el nivel de calidad medioambiental. Sin embargo, es importante que los indicadores medioambientales no fomenten el uso de recursos no sostenibles.

21.

Señala que la razón por la que el PIB como indicador no cubre todos los aspectos radica en que los precios de los productos y de los servicios no reflejan plenamente en la actualidad los costes sociales y medioambientales. Por ello, el CDR pide a la Comisión y a los Estados miembros que prosigan sus esfuerzos para garantizar que en la futura legislación se tengan en cuenta los verdaderos costes económicos de un producto.

22.

Asimismo, este índice, que evaluará los resultados de los esfuerzos de protección de los territorios de la Unión y que, en su valor cuantitativo, nos señalará los avances o retrocesos en materia medioambiental, debe abarcar no sólo los países sino, también, las regiones de la Unión. La Comisión deberá introducir en su metodología los elementos necesarios para ampliar el campo de definición del índice. Por otra parte, deberán concebirse instrumentos de incentivación europeos para aquellos territorios que consigan los objetivos planteados o los mejoren.

23.

Recuerda que, durante la conferencia de la UE sobre la cuestión de los indicadores que superen el PIB, la Presidencia portuguesa de la UE pidió que el progreso pudiera medirse en distintos ámbitos territoriales de forma totalmente comparable, y señaló que los indicadores que excluyan la posibilidad de comparaciones entre regiones tendrán un valor limitado. Así pues, el Consejo de Lisboa recomendó establecer un vínculo más claro entre los indicadores macroeconómicos y la dimensión regional.

24.

Opina que es importante el desarrollo de un indicador de calidad medioambiental (que no se quede en una simple posibilidad como dice la Comunicación), en el que no sólo se den las cifras de ciudadanos europeos que viven en un medio ambiente sano, sino que se den a conocer los territorios en los que esa calidad se produce, de forma que se puedan identificar las políticas que la han hecho posible. Por tanto, proponemos que el análisis de calidad medioambiental se realice sobre la base de los diversos territorios de la UE con el fin de facilitar su comparación.

Para ello, es importante que los Mapas y los Indicadores Prioritarios elaborados por la Agencia Europea de Medio Ambiente jueguen un importante papel en la definición de la naturaleza de cada una de las regiones europeas, de modo que se pueda elaborar una política más precisa en cada territorio y una estrategia de solidaridad con aquellas regiones que, por razones históricas, tienen mayores dificultades para abordar la mejora de su calidad medioambiental. El apoyo a la creación de Observatorios Regionales sobre el Medio Ambiente sería una política inestimable para el seguimiento y elaboración de políticas de abajo arriba, en la que cada región mostraría su especificidad y sus elementos comunes con el resto de las regiones europeas. Esto facilitaría la existencia de políticas flexibles y asimétricas a nivel europeo, además de impulsar vínculos favorecedores de cooperación interregional.

25.

En cuanto a la calidad de vida y bienestar, es importante disponer de indicadores del desarrollo sostenible y de la innovación social, como los servicios públicos, la salud, el ocio, la riqueza, la movilidad y el entorno limpio son testimonio y causas de un medio ambiente bueno o malo. En suma, una sociedad, o una región, es sana en términos de desarrollo sostenible si sus dimensiones económicas (producción, distribución y consumo) son compatibles con factores medioambientales y sociales. Los estudios de la OCDE sobre la percepción del bienestar por parte de los ciudadanos son importantes para su utilización.

26.

Apoya la idea de que la información se dé casi en tiempo real para la toma de decisiones, tanto en lo que afecta a los indicadores medioambientales como a los sociales y considera un gran avance la presentación el año pasado del sistema compartido Medioambiental SEIS. Hay que superar el desfase entre el retraso de dos o tres años de los datos medioambientales respecto a los económicos.

En lo que respecta a los indicadores sociales actuales recuerda que Eurostat viene desarrollando una encuesta armonizada, que no ha sido publicada, para los años 2006, 2007, 2008 y 2009, con los resultados sobre las condiciones de vida de las familias de todos los países de la Unión. Por tanto, existe ya una estructura de base que puede adaptarse al nivel regional.

Propone, pues, que se den los pasos para que se elabore una Encuesta Social Armonizada a nivel europeo y regionalizada, que sea una de las referencias para las políticas de cohesión y para la toma de decisiones en ámbitos locales y regionales.

27.

Considera de la mayor importancia la información sobre la distribución de las rentas y las desigualdades y coincide con la apreciación de la Comunicación cuando dice: «La cohesión social y económica son objetivos generales de la Comunidad. Su finalidad es reducir desigualdades entre las regiones y grupos sociales».

No obstante, echamos en falta la referencia expresa a la cohesión territorial, perspectiva que alude, en particular, a aspectos medioambientales y a las desventajas naturales que sufren algunos territorios y que constituyen un hándicap para su desarrollo. Estos aspectos deben ser considerados a la hora de realizar los análisis que sirvan de base a la adopción de decisiones y, para ello, conviene su cuantificación y su posterior análisis comparativo.

La distribución de la riqueza es un motivo de creciente preocupación, puesto que, pese a aumentar el PIB per cápita, pueden también aumentar el número de personas en riesgo de pobreza. Por ello es necesaria una información más precisa sobre la distribución y las desigualdades, que permitirá definir mejor las políticas de cohesión social, económica y territorial.

Además, el análisis del nivel educativo de la mano de obra de una región, tanto de los trabajadores en activo como de los desempleados, será un indicador clave que permitirá hacerse una idea precisa de las disparidades de los niveles educativos entre los diferentes grupos sociales y contribuir de este modo a dar las respuestas políticas apropiadas.

Por otra parte, habría que estudiar por separado los efectos directos e indirectos de la última recesión y sus consecuencias para la prosperidad de las diferentes regiones y grupos sociales, a fin de recabar la información pertinente, formular propuestas y adoptar medidas preventivas para hacer frente a las futuras circunstancias.

28.

Cree, sin embargo, con respecto a los indicadores sociales, que no hace falta llegar a situaciones de pobreza para relacionar los problemas de desigualdad regional o personal con el impacto sobre el medio ambiente. Sólo hace falta pensar que el incremento de desigualdad, sobre todo si esa desigualdad supone una menor capacidad de recaudación fiscal, va a debilitar la posibilidad de afrontar reconversiones necesarias para un nuevo desarrollo sostenible. Asimismo, niveles menores de renta limitan la capacidad de las economías domésticas para abordar los cambios necesarios en el patrón de consumo que implica ese crecimiento sostenible. Bien es cierto, por otra parte, que un modelo de comportamiento sostenible genera a medio y largo plazo un ahorro que compensa la inversión inicial.

Por tanto, los índices de desigualdad de rentas y de divergencia regional deben estar en el centro de interés para las decisiones estratégicas del futuro.

29.

Apoya el proyecto de elaboración de un Cuadro de indicadores de Desarrollo Sostenible , recogido en la Comunicación. En cualquier caso, la utilidad del cuadro debe ser máxima y debe alejarse del esquema de evaluación ex post de carácter académico. Es decir, el cuadro, que debe alcanzar a todos los países y regiones haciendo compatibles los sistemas estadísticos de cada uno de los niveles, debe ser una herramienta para la acción, para la elaboración de orientaciones que sirvan para diseñar las políticas sectoriales y regionales de la Unión Europea y, de ese modo, fomentar la innovación societal, con lo que se incluye en concreto el factor de la sostenibilidad en cualquier construcción estratégica, a la vez que se incorpora la comparación de las mejores prácticas y se acelera el desarrollo deseado. Urge a la Comisión a presentar la versión piloto comprometida en la Comunicación.

30.

Los nuevos indicadores deben ser sólidos, fiables y ampliamente reconocidos para medir el progreso hacia una economía ecológicamente eficiente y han de constituir la base para elaborar un cuadro de indicadores del desarrollo sostenible, es decir, en los campos social, económico y ambiental. La biodiversidad ha de formar parte de estos nuevos indicadores.

31.

En cuanto a una contabilidad económica y ambiental integrada, anima los esfuerzos que se están haciendo para construir una contabilidad verde. En algunos aspectos hay avances significativos gracias a la coordinación de esfuerzos entre Eurostat, los Institutos de Estadística de los Estados miembros y la OCDE, pero es necesario generalizarlos a todos los países de la UE de modo que en 2013 tengamos ya cuentas ambientales de consumo de energía y tratamiento de residuos, así como cuentas monetarias para las subvenciones relacionadas con medio ambiente, dentro de un marco legal común.

También resulta necesario que el Sistema Europeo de Cuentas (SEC) complete su cuadro de indicadores sociales, como la renta disponible de los hogares o la renta disponible ajustada, trasladándolo a todos los Estados miembros y regiones de la UE para fomentar su uso, ya que determina en mejor medida el consumo y el ahorro que el actual indicador del PIB per cápita.

32.

Considera que las cuestiones planteadas por la Comunicación corresponden a la tercera parte, títulos XVIII y XX del TFUE, que se ocupan de la cohesión económica y social y también del medio ambiente.

33.

Entiende que los ámbitos políticos que abarca la Comunicación no son de competencia exclusiva de la Unión Europea, por lo que es de aplicación el principio de subsidiariedad. Sin embargo, procede afirmar que existen aspectos transnacionales que no pueden regularse debidamente con la acción independiente de los Estados miembros o de los entes locales o regionales. Por ello, los objetivos se alcanzarán más eficazmente a través de políticas comunes o la acción coordinada.

34.

Opina que las acciones que se prevén en la Comunicación parecen estar en línea con el principio de proporcionalidad, puesto que no van más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos previstos. En particular la Comisión pretende desarrollar indicadores y otros instrumentos de supervisión como el cuadro europeo de indicadores de desarrollo sostenible.

35.

Solicita a la Comisión Europea, por lo que se refiere a la mejora de la legislación, mayor reconocimiento al papel de los entes locales y regionales, especialmente en cuanto a la necesidad de apoyar su participación en el desarrollo de un nuevo enfoque para medir el progreso social y ecológico. La Comisión debería facilitar asistencia y recursos para la creación de bases de datos estadísticas de ámbito local y regional que abarquen toda la Unión Europea. Estas bases de datos servirán para facilitar el desarrollo de indicadores a nivel de la UE.

36.

Recuerda que los Estados miembros y los entes locales y regionales han definido ya una amplia gama de indicadores medioambientales, económicos, sociales y tecnológicos, individuales y diferenciados, que pueden ayudar a desarrollar indicadores para la UE que reflejen la situación de los Estados miembros también en ámbitos local y regional, para así permitir las comparaciones entre regiones y localidades de toda la UE.

Además de los indicadores a nivel de la Unión Europea, sería conveniente contar con información de otros países, así como la información elaborada por los organismos internacionales.

37.

Hay una clara necesidad de complementar el PIB con estadísticas que cubran otros aspectos económicos, sociales y medioambientales de los que depende de forma crucial el bienestar de los ciudadanos.

El objetivo del PIB no es medir con precisión, a largo plazo, los avances económicos y sociales y, en particular, la capacidad de una sociedad para abordar cuestiones tales como el cambio climático, la eficiencia de los recursos, la calidad de vida o la inclusión social. Por ello propone que los indicadores seleccionados para guiar la elaboración y diseño de políticas y estrategias públicas vayan en consonancia con las prioridades de la Estrategia Europa 2020.

38.

Considera que el tradicional índice del PIB debe ser mejorado y complementado con factores relativos al medio ambiente y al bienestar social. A este respecto entiende que resulta adecuada la creación de un índice medioambiental global, así como una encuesta social armonizada a nivel europeo, nacional y regional.

39.

Opina que es necesario mejorar la metodología para disponer a tiempo de información más completa y ajustada a la realidad, que permita contar con indicadores que faciliten el proceso decisorio. Destaca que los índices que puedan ser utilizados por las autoridades locales, regionales, nacionales y europeas deben ser homogéneos y facilitar la creación y difusión de las innovaciones societales y una coherencia en la adopción de decisiones. Asimismo, es preciso lograr que se entienda mejor la relación entre los diferentes indicadores de bienestar, sobre todo porque, habitualmente, los indicadores que deben completar el PIB cambian a un ritmo bastante más lento que éste.

40.

Solicita que la elección y contenidos de los indicadores sea producto de una amplia participación de abajo arriba de las comunidades locales, regiones, estados y Unión, en un proceso de debate que, por agregación, haga posible la eficacia de objetivos y la legitimidad de la acción política comunitaria a través de una mayor identificación de los ciudadanos con los esfuerzos para salir de la crisis y para mantener el medio ambiente y la calidad de vida.

41.

Constata que, con motivo de la ampliación de la Unión que tuvo lugar en 1995, se adoptó un indicador relacionado con la densidad de población. Este indicador ha permitido describir los obstáculos al desarrollo regional de las zonas septentrionales poco pobladas, entre los que cabe mencionar las largas distancias, el elevado coste que entrañan la prestación de servicios y las infraestructuras, así como la insuficiente estructura económica que dificulta la creación de empresas. Así pues, sería conveniente seguir utilizando indicadores sencillos de este tipo a la hora de dirigir, por ejemplo, la política de cohesión.

42.

Pide que la Unión Europea continúe trabajando coordinadamente con otras instituciones internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, los Institutos Estadísticos, de manera que el esfuerzo que tenemos que hacer esté en el mismo registro que el realizado a nivel mundial por otros organismos internacionales.

43.

Subraya la necesidad de velar por la conformidad de los indicadores con los objetivos centrales de la nueva Estrategia y de las Perspectivas financieras a partir de 2013. Las estrategias comunitarias tienen su reflejo en los presupuestos y esas estrategias tienen que basarse en deseos de futuro que mejoren una realidad que sólo puede basarse en dos fuentes de información: las estadísticas y la opinión de los ciudadanos, además del ejercicio de liderazgo de nuestras instituciones democráticas en Europa.

44.

Apoya los contenidos de la Comunicación y coincide con la Comisión en considerar al PIB como un importante indicador para medir el crecimiento económico y el bienestar de Europa y sus regiones. Para evaluar y decidir políticas comunitarias, no obstante, es deseable la elaboración de indicadores complementarios, que permitan medir con mayor exactitud los progresos en el cumplimiento sostenible de los objetivos sociales, económicos y medioambientales.

18.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 15/23

—

destaca ante todo que los proyectos de CPP no deben percibirse como una solución de financiación a corto plazo, sino que han de analizarse desde la perspectiva del ciclo de vida, desde la planificación y concepción hasta la financiación, puesta en práctica y mantenimiento, de modo que el coste total se evalúe en función de la duración global de los proyectos, cuyos contratos pueden durar a veces hasta treinta años;

—

opina que la colaboración público-privada no es adecuada en todos los contextos, sino que debe considerarse caso por caso en lo que respecta a llevar a cabo proyectos de infraestructuras, facilitar servicios públicos o innovar si ofrece un valor añadido, y

—

considera que es demasiado pronto para que la Comisión regule las concesiones de servicios. No obstante, si la Comisión decide que las concesiones de servicios deben ser cubiertas por las directivas europeas relativas a los contratos públicos, es sumamente importante que la normativa sea lo más sencilla y flexible posible. En tal caso, las disposiciones deberían ser semejantes a las de las directivas sobre concesiones de obras públicas y en ningún caso a las disposiciones que rigen la adjudicación de los contratos públicos de servicios.

Ponente

:

Catarina Segersten-Larsson (SE/PPE), miembro de la Asamblea de la Provincia de Värmland

Texto de referencia

:

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones - Movilizar las inversiones públicas y privadas con vistas a la recuperación y el cambio estructural a largo plazo: desarrollo de la colaboración público-privada (CPP)

COM(2009) 615 final

1.

expresa su satisfacción por el hecho de que la UE y sus Estados miembros estén aplicando planes de recuperación ambiciosos destinados a estabilizar el sector financiero y limitar los efectos de la crisis financiera y económica sobre los ciudadanos y la economía real. Al mismo tiempo, el Comité desea subrayar la importancia que reviste la participación de los niveles locales y regionales;

2.

en el contexto de estos esfuerzos de recuperación, también cree que la colaboración público-privada (CPP) puede ofrecer fórmulas efectivas para llevar a cabo proyectos de infraestructuras, facilitar servicios públicos y, de manera más general, innovar;

3.

destaca ante todo que los proyectos de CPP no deben percibirse como una solución de financiación a corto plazo, sino que han de analizarse desde la perspectiva del ciclo de vida, desde la planificación y concepción hasta la financiación, puesta en práctica y mantenimiento, de modo que el coste total se evalúe en función de la duración global de los proyectos, cuyos contratos pueden durar a veces hasta treinta años;

4.

opina que la colaboración público-privada no es adecuada en todos los contextos, sino que debe considerarse caso por caso en lo que respecta a llevar a cabo proyectos de infraestructuras, facilitar servicios públicos o innovar si ofrece un valor añadido;

5.

pide a los entes locales y regionales que estudien detenidamente cualquier sistema de arrendamiento transfronterizo para las infraestructuras públicas u otros proyectos de CPP que ya hayan suscrito o que tengan previsto suscribir en el futuro, a fin de evitar sorpresas desagradables y repercusiones graves en sus presupuestos;

6.

constata que las soluciones financieras difieren en función de cada Estado miembro. En algunos países, por ejemplo, los propios entes locales pueden destinar créditos a la financiación de grandes inversiones. Así las cosas, el CDR considera que únicamente se debe recurrir en determinados casos a la colaboración público-privada para organizar de modo más eficaz la administración de las finanzas públicas y agilizar la ejecución de proyectos de envergadura;

7.

sostiene que la colaboración público-privada puede representar un buen instrumento para gestionar las inversiones públicas, aunque debe corresponder a los entes locales y regionales juzgar cuál es el método más apropiado para cada proyecto, cada prestación de servicio público y cada innovación. Es importante que la colaboración público-privada se supedite a una evaluación previa para determinar quién o quienes son los más cualificados para asumir los distintos riesgos;

8.

acoge con satisfacción la posibilidad de que los Fondos Estructurales de la UE o el Banco Europeo de Inversiones puedan, bajo ciertas condiciones, proporcionar fondos susceptibles de ser utilizados para impulsar proyectos de colaboración público-privada;

9.

coincide en que la colaboración público-privada puede ser un medio para afrontar los problemas causados por el cambio climático, del mismo modo que también puede servir para mejorar el crecimiento y el empleo en la industria y el sector público de la UE;

10.

considera importante que la pequeña y mediana empresa participe en mejores condiciones en la colaboración público-privada ya que es frecuente que, en este contexto, las PYME constituyan un recurso poco aprovechado a la hora de fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo sostenible;

11.

en la mayoría de las ocasiones, los entes locales y regionales son también los que están mejor capacitados para escoger el modelo de financiación de los servicios, por lo que subraya que los entes locales y regionales desempeñan diversas funciones de diferente índole ya que, además de organizar, dirigir y controlar, también gestionan determinadas prestaciones en régimen directo. Los entes locales y regionales deben definir claramente los objetivos que han de alcanzarse en materia de interés público, calidad de los servicios propuestos y política de precios, al tiempo que deben controlar el cumplimiento de dichos objetivos;

12.

constata que se ha pasado a utilizar el concepto de «colaboración público-privada» en una perspectiva bastante más amplia que lo que se pretendía inicialmente y, por consiguiente, propone de ahora en adelante una definición más restrictiva que incluya las relaciones a largo plazo, la asunción de riesgos conjunta y grandes compromisos económicos. Por este motivo, resulta esencial definir con mayor claridad el concepto de colaboración público-privada de modo que sea posible entablar un debate relevante sobre posibles acciones futuras en la Comunidad;

13.

cree que es importante instituir un sistema internacional de apoyo e intercambio de experiencias ahora que aumenta la presencia de la colaboración público-privada. Sin embargo, el Comité destaca que las condiciones difieren enormemente entre los Estados miembros y que el éxito de esta colaboración pasa por tomar como punto de partida las condiciones locales y regionales. Por consiguiente, el CDR considera esencial que se garanticen ayudas y competencias en los distintos Estados miembros;

14.

considera que, si se crea algún órgano o grupo a nivel de la UE, es crucial que estén representados los entes locales y regionales y que se brinde al CDR la posibilidad de designar a los representantes locales y regionales;

15.

sostiene que las grandes medidas de inversión deben gestionarse en todo momento con el máximo respeto para que los entes locales y regionales y las empresas privadas no se vean inmersos en situaciones insostenibles a la hora de devolver los fondos, ya que la CPP implica compromisos económicos a muy largo plazo. Considera que los recursos de los Fondos Estructurales representan un medio muy importante para acceder a esta colaboración público-privada. En opinión del CDR, el BEI ha de desempeñar un papel cada vez más significativo para contribuir a crear las condiciones idóneas para una colaboración marcada por el éxito y la innovación;

16.

aprecia los esfuerzos realizados por la Comisión para salvaguardar, al nivel de la UE en los procedimientos de contratación pública y concesiones, los principios fundamentales del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, tales como la transparencia, la igualdad de oportunidades, la proporcionalidad o el reconocimiento mutuo;

17.

sostiene que la Comisión podría hacer más para que el Derecho en materia de contratos públicos ofreciera más posibilidades de desarrollar colaboraciones público-privadas;

18.

señala, por lo que respecta a la participación de la UE en organismos de Derecho privado y en inversiones directas en proyectos específicos, que son cuestiones que se deben desarrollar y aclarar y deben ser objeto asimismo de un examen de subsidiariedad antes de que el CDR tenga la posibilidad y esté en condiciones de pronunciarse al respecto;

19.

considera que es demasiado pronto para que la Comisión regule las concesiones de servicios. No obstante, si la Comisión decide que las concesiones de servicios deben ser cubiertas por las directivas europeas relativas a los contratos públicos, es sumamente importante que la normativa sea lo más sencilla y flexible posible. En tal caso, las disposiciones deberían ser semejantes a las de las directivas sobre concesiones de obras públicas y en ningún caso a las disposiciones que rigen la adjudicación de los contratos públicos de servicios;

20.

sostiene que el desarrollo futuro del sector de las CPP no debe reducir las posibilidades de ofrecer trabajo a personas con necesidades especiales, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

18.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 15/26

—

está convencido de que las macrorregiones pueden representar una modalidad innovadora de cooperación europea transnacional e interregional, capaz de crear un marco adecuado para una colaboración –circunscrita a un espacio, un contenido y un tiempo definidos– entre los entes regionales y locales, los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea;

—

señala que las estrategias macrorregionales no han de incluir todos los ámbitos de acción políticos, sino que deben concentrarse en principio en los retos comunes a una macrorregión; quiere también dejar claro que las macrorregiones no son un nivel institucional adicional de la Unión Europea;

—

subraya que las prioridades de actuación conjunta en la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha afectan, en primer lugar, a los ámbitos de la política marina, el medio ambiente, la energía, el transporte/tráfico, la industria y la política científica y sus efectos en la cohesión social;

—

pide a los Estados miembros que apoyen las medidas encaminadas a seguir desarrollando una estrategia macrorregional para esta región, dada la necesidad urgente de hacer frente a desafíos en los ámbitos del transporte, del medio ambiente, de la pesca y de la investigación;

—

pide a la Comisión Europea que aporte recursos para la elaboración de estrategias macrorregionales incluso antes de 2013, y que fomente el desarrollo de una estrategia macrorregional para la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha antes de 2013;

—

reclama que la política de cohesión posterior a 2013 incluya tanto como sea posible las estrategias macrorregionales en sus ámbitos de cooperación territorial, y considera que es urgente definir con precisión su papel y sus funciones en un Libro Verde.

Ponente

:

Hermann Kuhn, Miembro del Parlamento de la Ciudad de Bremen (DE/PSE)

1.

acoge favorablemente la presentación por parte de la Comisión Europea, el 10 de junio de 2009, de la «Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico», que se refiere a dicha macrorregión marítima. La Comisión ya señaló en el momento de la publicación que la Estrategia para el Mar Báltico podía servir de ejemplo para iniciativas similares en otras macrorregiones europeas;

2.

observa que la Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico se caracteriza por un método de trabajo integrado, de carácter voluntario, y una colaboración y consulta activas con los agentes regionales, además de carecer de repercusiones financieras y basarse en un aprovechamiento más coordinado de los recursos existentes. Este método ofrece una buena orientación sobre cómo trabajar con estrategias macrorregionales, teniendo en cuenta que las características y los retos específicos de cada macrorregión deben constituir el punto de partida;

3.

celebra que el Consejo Europeo, en su reunión de los días 18 y 19 de junio 2009, haya pedido a la Comisión que presentara una «Estrategia de la Unión Europea para la región del Danubio»;

4.

recuerda que el Comité de las Regiones ha realizado un seguimiento positivo de estos trabajos desde su inicio, ya que sirven para fomentar la integración política de los entes locales y regionales, y que ha hecho aportaciones a los mismos;

5.

observa que muchas regiones europeas abordan el tema de la «estrategia macrorregional». Así se puso de manifiesto en la Conferencia del Comité de las Regiones del 13 de abril de 2010 sobre el tema «Macrorregiones europeas. Integración a través de la cooperación territorial»;

6.

está convencido de que las macrorregiones pueden representar una modalidad innovadora de cooperación europea transnacional e interregional, capaz de crear un marco adecuado para una colaboración –circunscrita a un espacio, un contenido y un tiempo definidos– entre los entes regionales y locales, los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea. Al mismo tiempo, en la elaboración de esta nueva estrategia debería tomarse en consideración la larga experiencia de la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional;

7.

subraya que una estrategia europea para una macrorregión puede mejorar la coherencia y la coordinación de las acciones políticas en diferentes sectores y en distintos niveles y responder a retos específicos en acciones conjuntas. Puede contribuir a coordinar la utilización de recursos financieros que tengan más en cuenta a los entes locales y regionales conforme a los principios de la gobernanza multinivel e integren de forma más flexible a organizaciones sociales;

8.

parte, por tanto, de la base de que las estrategias macrorregionales constituyen un instrumento para la integración europea y la creciente cohesión económica, social y territorial, paso a paso;

9.

considera necesario verificar cómo se articulan las estrategias y los ámbitos de actuación macrorregionales con otras políticas estratégicas de la Unión, sobre todo con «Europa2020», la política de cohesión y la política marítima integrada.

10.

recuerda que el fomento y el desarrollo de la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional siempre han merecido especial atención por parte del Comité de la Regiones: en el proceso de desarrollo de las eurorregiones, centradas en la cooperación entre regiones fronterizas, así como en el de estructuras europeas en el caso de proyectos interregionales, transnacionales y transfronterizos con la forma jurídica de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT);

11.

señala que el fomento de la cooperación transnacional e interregional también constituye un objetivo y un contenido importante de la política de cohesión. Los programas Interreg IV B ya hacen actualmente alusión directa a estructuras regionales más amplias, como el Mar del Norte o el «Arco Atlántico»;

12.

celebra que el territorio haya adquirido una importancia aún mayor como punto de referencia de las políticas europeas merced a la incorporación del objetivo de la «cohesión territorial» en los Tratados europeos;

13.

acoge con agrado que la política marítima integrada de la Unión, que tiene por objeto aunar las políticas sectoriales dentro de un proyecto integrado, contemple actualmente la regionalización de la estrategia como condición esencial para una ejecución efectiva, ya que de esa manera pueden ajustarse mejor las prioridades y los instrumentos a la situación política, económica y geográfica específica de una zona marítima;

14.

está convencido de que el enfoque de las macrorregiones y de las estrategias políticas asociadas puede representar una modalidad nueva e innovadora de política transnacional e interregional de la Unión Europea. Puede contribuir sustancialmente a la coherencia y la capacidad de acción en una región concreta y unificar con ello, en las condiciones específicas respectivas, la eficiencia económica, la cohesión social y el equilibrio ecológico;

15.

observa que una macrorregión es un territorio «elegido», no «decretado», cuyos límites por tanto no han de coincidir con fronteras políticas y administrativas. Se trata de un ámbito en que distintos agentes deciden cooperar para resolver problemas comunes que no se podrían resolver o sólo se podrían resolver en peores condiciones si se abordaran exclusivamente en otros niveles territoriales. Se trata en cada caso de retos y oportunidades particulares, para cuya solución una región o un Estado miembro resultan demasiado pequeños, pero la Unión y sus normativas demasiado grandes y generales;

16.

concluye de todo ello que las estrategias macrorregionales no han de incluir todos los ámbitos de acción políticos, sino que deben concentrarse en principio en los retos comunes a una macrorregión y que hayan sido definidos conjuntamente en un proyecto asociativo. Así conjugan los principios de la cooperación, siempre que sea recomendable y necesario, con el de la subsidiariedad;

17.

subraya que la macrorregión como «espacio funcional» no tiene unas fronteras establecidas de forma rígida, sino que éstas pueden ser variables en función del problema y de la solución. No obstante, es necesario garantizar un mínimo de coherencia a la hora de establecer qué zona constituye su núcleo (también en el interior). Cada macrorregión está definida en el fondo por los respectivos fundamentos naturales sobre los que ha desarrollado su historia económica, política y cultural;

18.

señala que la macrorregión no es un nivel institucional o constitutivo adicional de la Unión Europea. La macrorregión debería organizarse más bien como forma de acción, como plataforma o red, en que puedan colaborar en torno a objetivos fijados conjuntamente tanto los partícipes locales y regionales como los nacionales y europeos, con inclusión de agentes sociales dentro del espacio delimitado. Además, debería recurrirse a las redes y plataformas existentes;

19.

está convencido de que las estrategias macrorregionales ofrecen grandes oportunidades y posibilidades para el desarrollo ulterior y la concreción del método de la gobernanza multinivel, que el Comité de las Regiones ha convertido en un aspecto central de su trabajo; esto es válido también para la participación abierta y flexible de organizaciones sociales;

20.

señala que los entes regionales y locales son los que mejor conocen las condiciones y problemas concretos de su región y que, por tanto, también deben participar en pie de igualdad en la elaboración y la ejecución de estrategias macrorregionales. Son los agentes más cercanos a los ciudadanos;

21.

opina, no obstante, que la cooperación en la macrorregión no puede ser de naturaleza exclusivamente bilateral o multilateral, sino que debe llevarse a cabo sustancialmente con el apoyo de las instituciones de la Unión Europea, pues estas velan por los objetivos comunes, las normas comunes y los recursos comunes de la Unión;

22.

está convencido de que cada macrorregión necesita una estrategia hecha a su medida. Sólo el desarrollo de una serie de estrategias macrorregionales de muy diversa índole podrá proporcionar suficientes experiencias acerca de las posibilidades y limitaciones de este instrumento;

23.

observa que la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha comprende la zona marítima del Mar del Norte con los accesos al Mar Báltico (Skagerrak y Kattegat), al Atlántico (Canal de la Mancha) y al Mar de Noruega, así como las regiones costeras que bordean esta zona marítima, en la medida en que estén relacionadas directa o indirectamente con el mar y estén influidos por éste o influyan en él. La zona marítima coincide con la delimitación de la región marítima «Mar del Norte en sentido amplio» en los documentos de la Comisión OSPAR y la Directiva de estrategia marina de la UE;

24.

señala que varios Estados miembros de la UE –Suecia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia y Reino Unido–, así como sus entes regionales y locales, están vinculados a la macrorregión del Mar del Norte/Canal de la Mancha, al igual que Noruega y en sentido más amplio Islandia, países que ya mantienen relaciones estrechas con la UE a través de su pertenencia al EEE. Islandia ya ha solicitado su adhesión a la Unión Europea;

25.

observa que el Mar del Norte se encuentra en la plataforma continental y que, por tanto, no se trata de aguas profundas; con 230 variedades ictiológicas y 10 millones de aves marinas, su ecosistema es rico y variado, aunque también es delicado y se encuentra amenazado. Las costas son diversas: fiordos, desembocaduras de ríos, playas, bahías, marismas, todo ello caracterizado por fuertes mareas y, en parte, fuertes corrientes. Los ríos que desembocan en el Mar del Norte y en el Canal de la Mancha vierten las aguas de gran parte de Europa y contaminan adicionalmente los mares con sus descargas;

26.

es consciente de que la región marina del Mar del Norte y el Canal de la Mancha es la zona marítima más transitada del mundo y que, en conjunto, se explota de forma extraordinariamente intensiva: por la navegación marítima (con su concentración máxima en el Canal de la Mancha), la pesca, la extracción de materias primas del fondo marino (petróleo, gas natural, arena y grava), la generación de energía eólica en alta mar y el turismo. Las explotaciones mantienen unas relaciones tensas y conflictivas tanto entre ellas como con respecto a la protección de la naturaleza;

27.

señala que las costas del Mar del Norte y del Canal de la Mancha figuran entre las regiones bien desarrolladas de la UE. En ellas se encuentran dos de los mayores puertos del mundo para el tráfico marítimo intercontinental, otros grandes centros urbanos con una industria tradicional y moderna; el turismo y la agricultura también están bastante desarrollados en muchas partes. Al mismo tiempo, sectores tradicionales como la pesca o la construcción naval están sumidos en una difícil reconversión, agravada además por la actual crisis económica y financiera;

28.

considera que la región del Mar del Norte y del Canal de la Mancha tiene potencial de crecimiento. Esta región podría y debería contribuir a la Estrategia «Europa 2020» y a un crecimiento inteligente, ecológico e integrador en Europa. Un enfoque macrorregional podrá facilitar este proceso;

29.

muestra su preocupación por el hecho de que la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha esté fuertemente contaminada y amenazada desde el punto de vista ecológico: contaminada por las múltiples impurezas y los vertidos al mar; amenazada por los riesgos de la navegación y la producción energética. El cambio climático comporta nuevos riesgos para las regiones costeras inmediatas debido a la subida del nivel del mar y a la proliferación de violentos fenómenos meteorológicos;

30.

señala que las regiones costeras en torno al Mar del Norte y el Canal de la Mancha están estrechamente relacionadas entre sí desde el punto de vista político y cultural desde hace dos milenios a través de movimientos migratorios, estrechos vínculos comerciales, como, por ejemplo, en tiempos de la Liga Hanseática, y tradiciones marítimas comunes. En esta zona estuvo durante muchos siglos el lugar de partida de la navegación alrededor del globo, lo que ha contribuido a marcar la idiosincrasia de los habitantes de la región;

31.

subraya que los países ribereños del Mar del Norte y del Canal de la Mancha se encuentran ante graves problemas y retos comunes, que no pueden ser resueltos ni superados por las regiones o Estados miembros individuales. Emanan fundamentalmente de las especiales circunstancias naturales y geográficas del Mar del Norte, del Canal de la Mancha y de las regiones costeras, que constituyen desde siempre la base de una evolución histórica, económica, social y cultural similar. Se trata sobre todo de lo siguiente:

32.

subraya que las medidas perentorias de conservación del ecosistema del Mar del Norte y sus enlaces con los mares colindantes, la protección de sus recursos, la reducción y prevención de ulteriores contaminaciones, la seguridad tanto en el mar como en tierra, la adaptación al cambio climático, son por su propia naturaleza de carácter transfronterizo y, por tanto, no pueden ser adoptadas exclusivamente por las regiones o los distintos Estados miembros. Esto también es válido para la creación de infraestructuras y planes territoriales transfronterizos: pasillos de navegación, redes de transporte, tendidos de cables y conducciones, interconexión de regiones de protección marina;

33.

subraya que las prioridades de actuación conjunta en la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha afectan, en primer lugar, a los ámbitos de la política marina, el medio ambiente, la energía, el transporte/tráfico, la industria y la política científica y sus efectos en la cohesión social. En estos ámbitos políticos resulta claramente perceptible el valor añadido de una cooperación efectiva en la macrorregión. Sin embargo, también tendrá efectos positivos en los ámbitos políticos que no dependen directamente de las circunstancias geográficas y las evoluciones tradicionales;

34.

subraya que la navegación marítima constituye una piedra angular de la economía europea, un importante factor de empleo y, a pesar de sus repercusiones negativas en el medio ambiente, el medio de transporte más respetuoso con el medio ambiente. Por tanto, el objetivo radica en trasladar a la navegación sobre todo el tráfico de mercancías y en mejorar la interconexión entre las vías navegables y ferroviarias hacia el interior. Conviene coordinar la forma de proceder para el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia, de las autopistas del mar y de su conexión con las vías navegables interiores en la macrorregión del Mar del Norte/Canal de la Mancha;

35.

opina que debe prestarse mayor atención a la mejora y al control de la seguridad del transporte marítimo, sobre todo en regiones de alto riesgo como el Canal de la Mancha. Los escenarios de peligro adicionales que se derivan del aumento de los parques eólicos en alta mar exigen nuevas estrategias conjuntas para la protección contra las catástrofes;

36.

muestra su preocupación por que con la agudización de la competencia en la navegación marítima y la actividad portuaria a raíz de la crisis económica y financiera puedan quedar relegadas a un segundo plano las necesidades de la lucha contra la contaminación de los mares y las costas. Hacen falta medidas de fomento e incentivos para seguir desarrollando estrategias como «Clean Shipping», el «buque de cero emisiones» y «Green Harbour». La «Rotterdam Climate Initiative» y el «Clean Shipping Index» constituyen buenos ejemplos;

37.

está convencido de que las cuestiones relativas a la seguridad en los mares y las medidas para combatir la contaminación ambiental tienen que ser objeto de acuerdos internacionales, pero que tales acuerdos pueden ser preparados e impulsados convenientemente mediante acciones y ejemplos de macrorregiones bien organizadas;

38.

opina que, debido a la importancia creciente que vuelven a tener el tráfico marítimo y las actividades en alta mar, se producirá una demanda creciente y mayores exigencias de cualificación de la mano de obra; se agudizará la competencia internacional en torno a técnicos altamente especializados. Los emplazamientos marítimos en la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha se enfrentan conjuntamente al reto de asegurar la formación y capacitación de técnicos para muy diversas actividades marítimas;

39.

propone que se examine la idea de crear una «academia del mar» como centro de formación virtual conjunto para profesiones marítimas tradicionales y nuevas, en el que se desarrollarían contenidos docentes y normas comunes con el consiguiente reconocimiento mutuo;

40.

subraya que las regiones costeras del Mar del Norte/Canal de la Mancha están siendo gravemente afectadas por los cambios de la división internacional del trabajo en la industria, sobre todo en la construcción naval; el fomento de la construcción naval especializada y altamente tecnificada y de buques de emisiones bajas o nulas es necesario para apoyar a los astilleros frente a la competencia y, al mismo tiempo, para hacer más seguro y sostenible el tráfico marítimo;

41.

llama la atención sobre el hecho de que tanto el mar como la zona costera pueden convertirse en el emplazamiento o la materia prima de nuevas tecnologías e industrias. En este caso se trata de técnicas de alta mar, de biotecnologías «azules», tecnología del agua y de los deltas, de cultivos marinos, de la posible extracción de otras materias primas del fondo del mar. Para estas tecnologías e industrias del futuro deberían formarse conglomerados (clusters) regionales en el espacio del Mar del Norte/Canal de la Mancha, ya que dispone de buenas capacidades científicas e industriales;

42.

acoge con satisfacción que la Comisión haya anunciado en su Programa de Trabajo para 2010 una Comunicación sobre «Crecimiento azul - Una nueva visión para el crecimiento sostenible en las regiones costeras y los sectores marítimos»;

43.

subraya que la política marítima integrada de la UE pone de relieve la necesidad de soluciones ajustadas a la medida de las particularidades (geográficas, económicas, políticas) de los mares regionales y que la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha es uno de dichos mares regionales. El desarrollo de una política marítima integrada para esta región, su materialización en acciones y su control son parte fundamental de una estrategia europea para la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha;

44.

supone, por tanto, que la Comunicación anunciada por la Comisión sobre la Política Marítima Integrada en la región del «Mar del Norte en sentido amplio» pondrá de manifiesto la necesidad de una mayor cooperación entre los ribereños y propondrá objetivos e instrumentos para dicha cooperación;

45.

señala que los entes regionales y locales y los representantes de los sectores interesados in situ son importantes interlocutores en este debate, ya que son quienes mejor pueden evaluar qué medidas son adecuadas;

46.

lamenta que la política de pesca de la Unión Europea no haya alcanzado hasta ahora sus objetivos de forma satisfactoria y se encuentre ante retos importantes: la sobrepesca de muchas especies y en muchas regiones, el estado deplorable de muchas poblaciones –que en parte se hallan por debajo del límite biológico–, las elevadas capacidades de captura que siguen siendo excesivas, la captura ilegal y no regulada, que hasta el momento no ha logrado evitarse de manera eficaz;

47.

recomienda analizar y evaluar para cada zona de pesca qué forma de explotación se adapta mejor a la región marítima, las especies capturadas y el tipo de flota. Para ello habría que reforzar el papel de los Consejos Consultivos Regionales (CCR) y fomentar la integración de los entes regionales y locales;

48.

observa que el desarrollo económico y las crecientes intervenciones humanas se han traducido en una grave contaminación del ecosistema del Mar del Norte/Canal de la Mancha y en notables problemas ambientales: acumulación de basuras (entre otros, residuos plásticos) en el mar y en las playas; mayor contaminación de las aguas con sustancias químicas y metales pesados, contaminación procedente de la navegación y la extracción de petróleo y gas natural en el mar;

49.

tiene la certeza de que solamente podrá conseguirse una mejora sostenible del entorno marino (calidad de las aguas, conservación de la biodiversidad) –incluso en los estuarios– si todos los ribereños del Mar del Norte y del Canal de la Mancha se comprometen con unos objetivos comunes, su ejecución coherente y su control;

50.

observa con gran preocupación que en el fondo del Mar del Norte y del Canal de la Mancha sigue habiendo hoy día gran cantidad de munición (cifrada en un millón de toneladas) de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que constituye un peligro notable para la navegación, el medio ambiente y los seres humanos. El intercambio de información, la cooperación basada en la confianza y el programa de acción conjunto resultan necesarios para poder reducir y eliminar este peligro;

51.

insiste en que, antes de planificar la captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CCS) bajo el fondo marino, es preciso realizar minuciosos estudios para evaluar los riesgos y las consecuencias ecológicas;

52.

señala que la elevación del nivel del mar y la mayor amenaza de inundaciones en la zona costera en situaciones meteorológicas extremas a consecuencia del cambio climático afectan de manera específica y similar a las regiones lindantes con el Mar del Norte y el Canal de la Mancha. Las regiones costeras del Mar del Norte y del Canal de la Mancha deben enfrentarse a estos retos mediante proyectos conjuntos de investigación, el intercambio de información importante y el acuerdo sobre medidas concretas para la protección costera;

53.

observa que los países de la cuenca del Mar del Norte cuentan con una experiencia excepcional para responder a las variaciones del nivel del agua que pueden resultar del cambio climático. Por este motivo, la coordinación de la investigación y la mejora de los conocimientos en esta área pueden servir para aumentar la competitividad, así como para proteger el entorno en el que viven los ciudadanos;

54.

señala al mismo tiempo que las regiones del espacio del Mar del Norte/Canal de la Mancha conceden gran importancia a la protección climática y a la investigación medioambiental, y que aprovecharán conjuntamente sus posibilidades de actuación regionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se materializa en programas regionales de protección climática, en el incremento de la eficiencia energética y en la promoción de energías renovables –tanto en alta mar como en tierra– que sustituyen a las fuentes energéticas de origen fósil;

55.

subraya que la zona costera y, sobre todo, los grandes estuarios tienen que configurarse de manera que sean más resistentes al clima, incrementando en lo posible la calidad natural y la calidad de vida en las regiones costeras y de tierra adentro;

56.

observa que el cambio climático puede perjudicar aún más los ecosistemas marinos debido al calentamiento, la acidificación de las aguas y la invasión de nuevas especies. Además, alterará las posibilidades del turismo en esta región. Se precisan escenarios elaborados conjuntamente y científicamente fundamentados para formular respuestas políticas realitas;

57.

subraya que los efectos transfronterizos, precisamente en un espacio explotado de forma tan intensiva como el Mar del Norte/Canal de la Mancha, exigen reforzar el consenso en las cuestiones de ordenación territorial en la costa y en las aguas. Los proyectos de explotación, que actualmente todavía van en aumento, en un espacio limitado y delicado deben evaluarse y ponderarse a la luz del desarrollo sostenible y de la conservación del entorno natural;

58.

pide que, para la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha, se considere la conveniencia de desarrollar un «derecho minero» común a modo de legislación conjunta para la explotación del fondo marino con normas sobre concesiones y cuestiones de seguridad. También hacen falta disposiciones para el tendido y el uso de cables y conducciones sobre el fondo marino;

59.

llama la atención acerca de la importante función de la zona costera para la protección de las tierras del interior frente el mar. Al mismo tiempo es una valiosa zona natural y de descanso y realiza una contribución importante a la calidad de vida de las personas que viven a orillas del Mar del Norte y del Canal de la Mancha. Debido a la multitud de diferentes intereses de uso (naturaleza, descanso, economía, seguridad, residencia) resulta imprescindible una explotación comedida y eficiente del espacio costero, así como una planificación y un desarrollo integrados;

60.

parte de la base de que continuarán extrayéndose del Mar del Norte petróleo y gas natural. Se precisan unas normas de seguridad estrictas y sistemas comunes para la prevención y limitación de peligros, a fin de controlar en lo posible los riesgos y poder reaccionar, en caso necesario, con rapidez y eficacia;

61.

subraya que, en virtud de las condiciones geográficas, existen grandes posibilidades para la generación de energías renovables en el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, cuya expansión es decisiva para una política climática efectiva. La obtención de energía a partir del viento, las olas, las mareas y las corrientes cuentan en esta zona con condiciones propicias, y su investigación y fomento interesan a todos en la región. A la vista de la rápida expansión de los parques eólicos en alta mar es preciso acordar unas normas para la construcción, la seguridad, la sobrecarga por contaminación acústica y la suciedad producidas por estas instalaciones;

62.

acoge con satisfacción que hayan comenzado los planes para una «red del Mar del Norte» como red universal de transporte de energía, al objeto de poder explotar plenamente el potencial de las fuentes de energía renovables. Ello exige imperativamente la colaboración entre los Estados miembros, las regiones y los interlocutores privados. Mediante el necesario desarrollo de «redes inteligentes», el potencial de generación de energías renovables podría hacer de este espacio una región piloto de «movilidad electrónica»;

63.

reclama un mayor apoyo a la investigación marina y marítima en el contexto del 8o Programa Marco de Investigación y su interconexión, pues todos los ámbitos de actuación mencionados se fundamentan en conocimientos científicos acerca del ecosistema del Mar del Norte y su estado, sobre las consecuencias del cambio climático, los efectos recíprocos de usos que compiten entre sí, etc.;

64.

propone lanzar una iniciativa especial de investigación general para la región, enfocada a integrar los conocimientos de todas las disciplinas sobre la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha. A tal fin deberán aprovecharse las experiencias del Programa Bonus-169 para la región del Mar Báltico;

65.

señala que la vida y el trabajo junto al mar y sobre el mar han generado una dilatada tradición cultural, recuerdos y narraciones. La acción de ganar terreno al mar, la construcción naval y la navegación marítima han supuesto una aportación esencial al carácter y la idiosincrasia de las personas que viven en torno al Mar del Norte y el Canal de la Mancha. La animación y el desarrollo de estas tradiciones como identidad común constituyen asimismo un rasgo positivo para aumentar la notoriedad de esta región en un contexto competitivo;

66.

propone, por tanto, que se fomente la colaboración entre los museos e instituciones culturales dedicados a este tema (por ejemplo, la «Red de museos marítimos del Mar del Norte»). Para facilitar la comprensión de la historia común (y separada) de la región podría ser oportuno elaborar un libro común de historia;

67.

destaca la importancia de la economía creativa y cultural en muchas regiones de la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha y está convencido de que este sector económico adquirirá mayor importancia para el crecimiento y el empleo en esta región, especialmente a través de programas de intercambio cultural y académico, y el vínculo entre cultura y turismo sostenible en todo el territorio;

68.

señala la gran coincidencia existente entre estos aspectos y temas de una estrategia para la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha y los objetivos y directrices de la Estrategia «Europa 2020» y la considera un excelente requisito para el enriquecimiento recíproco entre la orientación estratégica del conjunto de la Unión y la colaboración transfronteriza y transnacional intensiva en una macrorregión definida de los ribereños del Mar del Norte y el Canal de la Mancha;

69.

reconoce, sobre todo en las iniciativas emblemáticas «Unión por la innovación», «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», «Una política industrial para la era de la mundialización», así como «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», las tareas de futuro para las que una estrategia macrorregional de los ribereños del Mar del Norte/Canal de la Mancha podría desarrollar aportaciones concretas y sostenibles;

70.

reitera su opinión de que la cooperación de los interlocutores locales, regionales y nacionales en campos temáticos claramente definidos dentro del contexto de una macrorregión aporta un valor añadido determinante a la puesta en práctica de la estrategia general de la UE, al identificarse los agentes apropiados a escala macrorregional y movilizarse y aplicarse selectivamente los recursos;

71.

subraya la importancia particular que tiene la cooperación de los agentes en el contexto de una macrorregión para la ejecución eficiente y efectiva de la Estrategia 2020 in situ, así como en la experiencia concreta de los ciudadanos y ciudadanas en sus contextos regionales y locales;

72.

señala que entre el Mar del Norte y el Mar Báltico existen numerosos vínculos económicos y políticos. Ambas regiones marítimas afrontan retos similares, en particular en lo que se refiere al sector marítimo, la protección del mar, el cambio climático y la política energética. Por ello se aspira a lograr una estrecha cooperación entre las cuencas del Mar Báltico y del Mar del Norte. Además, debería estudiarse la manera de trasladar a la estrategia del Mar del Norte los procedimientos que han demostrado su eficacia para la estrategia del Mar Báltico;

73.

propone que se examine en qué medida deberían vincularse con vistas al futuro los objetivos y ámbitos de actuación de la política de cohesión con las prioridades acordadas al amparo de las estrategias macrorregionales, por ejemplo asignándose a tal fin determinados recursos financieros de los Fondos Estructurales a dichas estrategias;

74.

observa que en la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha ya existen programas de la UE para la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional que fomentan la cooperación y contribuyen a una mayor cohesión de las regiones, en especial los programas Interreg IV B para el Mar del Norte y el Arco Atlántico. Estos programas –vinculados entre sí de manera más estrecha y flexible o unificados a largo plazo– podrían convertirse en un importante instrumento para el desarrollo y la ejecución de una estrategia para la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha;

75.

exhorta a los entes locales y regionales de la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha a utilizar ya de forma más intensa estos instrumentos de subvención para la cooperación interregional, a fin de formular y desarrollar una estrategia macrorregional;

76.

aboga de nuevo por que al formular la política de cohesión a partir de 2014 se refuerce aún más la cooperación interregional y se incrementen los fondos asignados, sin que ello vaya en detrimento de los objetivos 1 y 2 de la política de cohesión;

77.

toma nota de la opinión de la Comisión Europea acerca de la aplicación, en el momento actual, de los «tres noes» para el desarrollo de estrategias macrorregionales: no a nuevas reglas, no a instituciones nuevas, no a recursos adicionales;

78.

opina, sin embargo, que al mismo tiempo deberían regir «tres síes»:

79.

considera necesario que para la ejecución de estrategias macrorregionales se desarrollen y se apliquen nuevas modalidades de gobernanza (redes, plataformas), enfocadas a la actuación conjunta y a objetivos concretos. Éstas pueden impulsar y desarrollar procesos políticos sin cuestionar los derechos existentes en materia de competencias y soberanía. Es recomendable dotar a la cooperación de una estructura multinivel que aúne distintos planos de gobernanza, poder, recursos y competencias;

80.

recuerda que la Conferencia Internacional de Protección del Mar del Norte ha efectuado entre 1984 y 2006 una labor pionera, promoviendo acuerdos para mejorar la protección del Mar del Norte. Gracias a la entrada en vigor en 1998 del Convenio OSPAR para la protección del medio marino del Nordeste Atlántico, incluido el Mar del Norte, existe un marco vinculante para los acuerdos internacionales en esta región;

81.

subraya que la «North Sea Commission» (NSC), una de las comisiones geográficas de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM), es un socio importante que propugna una mayor cooperación en la región del Mar del Norte y que, en su día, ya elaboró planteamientos para una estrategia en la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha. Entre el grupo interregional «Mar del Norte-Canal de la Mancha» del Comité de las Regiones y la NSC existe ya a este respecto un intercambio intenso desde hace algún tiempo. En este marco, también otras redes locales y organizaciones regionales deben tener la posibilidad de contribuir a este trabajo;

82.

subraya que, para el ámbito del Canal de la Mancha, la «Arc Manche Assembly» desempeña una función importante, que defiende explícitamente una integración del Canal de la Mancha en una estrategia macrorregional común con el Mar del Norte;

83.

está convencido de que la cooperación con estas y otras agrupaciones activas (como, por ejemplo, el «Foro del Mar de Frisia (Wadden Sea Forum)» y organizaciones no gubernamentales representa un componente decisivo para el desarrollo y el éxito de las estrategias macrorregionales;

84.

espera que se pueda conseguir una sinergia mejor entre los fondos disponibles a escala de la UE mientras no existan fondos propios para estrategias macrorregionales. En el caso de las estrategias macrorregionales, debido a la diversidad de los asuntos tratados, tiene que ser posible integrar diferentes recursos existentes en la UE, no sólo los Fondos Estructurales, sino también el PIC, los programas TEN-V y el programa «Marco Polo» en el sector del transporte, el programa marco de I+D, etc.;

85.

opina que la política relativa a las macrorregiones debe tener por objetivo favorecer la acción conjunta dentro de un espacio geográfico, temático y temporal delimitado. Por ello, debería integrarse en un plan de acción «Mar del Norte/Canal de la Mancha 2020».

86.

pide a los Estados miembros de la UE que apoyen las medidas encaminadas a seguir desarrollando una estrategia macrorregional para la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha a escala europea;

87.

considera que, en vista de los acuciantes problemas y retos que se plantean, es necesario poner en marcha desde ahora la elaboración de una estrategia europea para la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha. Pide al Consejo Europeo que encargue dicha elaboración a la Comisión y solicita al Parlamento Europeo que colabore plenamente;

88.

recomienda que la política de cohesión después de 2013 incorpore en la medida que sea posible las estrategias macrorregionales en el ámbito de la cooperación territorial (transfronteriza, transnacional e interregional) y se pronuncia a favor de la aprobación de una estrategia macrorregional antes de 2013, con el fin de que los programas regionales operativos del futuro período de programación puedan contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la aplicación concreta de esta estrategia;

89.

subraya que una estrategia para la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha se fundamenta en la aplicación del principio de subsidiariedad. Tendrá que ocuparse de temáticas y problemáticas que no pueden resolverse únicamente a escala local, regional o nacional;

90.

pone de relieve que la elaboración de esta estrategia tiene que ir acompañada de una amplia consulta pública. Debería realizarse en estrecha colaboración con el Comité de las Regiones, que representa a los entes locales y regionales, y en especial con la «North Sea Commission» de la CRPM, la «Arc Manche Assembly» y otros agentes importantes. También deberían participar Noruega e Islandia, que son miembros del EEE;

91.

pide a la Comisión Europea que habilite antes de 2013 medios de ayuda técnica para la elaboración de estrategias macrorregionales con el fin de que puedan incluirse en las futuras perspectivas financieras de la Unión Europea;

92.

propone a la Comisión Europea que también financie el desarrollo de una estrategia macrorregional para la región del Mar del Norte/Canal de la Mancha hasta 2013 en el contexto de los programas de fomento de la cohesión territorial, en particular Interreg IV B y otros programas de red, como ESPON. De esta forma resultarán claras cuáles son las directivas y acuerdos europeos que ya son aplicables en esta zona;

93.

acoge con agrado que el programa de trabajo de la Comisión Europea prevea la presentación de una «Comunicación para la aplicación de la Política Marítima Integrada en el Mar del Norte en sentido amplio»;

94.

considera imprescindible que se examine con mayor detenimiento y se establezca, en el contexto de un Libro Verde, el papel y la función de las macrorregiones. El Comité de las Regiones ya ha exhortado a ello a la Comisión Europea en su resolución sobre el programa legislativo y de trabajo de la Comisión Europea 2010;

95.

encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen de iniciativa a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a la actual Presidencia del Consejo y a sus socios en el trío de Presidencias (2010-2011).

18.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 15/34

—

acoge favorablemente la Agenda Digital para Europa, una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020. El objetivo general de la Agenda Digital es disfrutar de los beneficios económicos y sociales sostenibles que reportará un mercado único digital basado en redes rápidas y ultrarrápidas de Internet y sus aplicaciones interoperables. La aplicación de la Agenda Digital dependerá del adecuado grado de ambición y compromiso que permitirá a Europa concebir un nuevo modelo económico basado en el conocimiento, una economía de baja emisión de carbono y un elevado nivel de empleo;

—

observa que los entes regionales y locales se encuentran entre los principales destinatarios de las recomendaciones formuladas en la Agenda y que, por lo tanto, pueden erigirse en artífices fundamentales de su aplicación. Las prioridades de la Agenda Digital para Europa a nivel local y regional son requisitos previos para la calidad de vida y la actividad económica y social de los ciudadanos, al tiempo que servirán de estímulo para unos servicios públicos más eficientes y personalizados, así como para las empresas locales;

—

hace hincapié en que el mercado único digital es un elemento esencial de la Agenda Digital para Europa, ya que permitirá crear un mercado paneuropeo en crecimiento, exitoso y dinámico para la creación y distribución de contenidos digitales legales y servicios en línea, y dará a los consumidores un acceso sencillo, seguro y flexible a los contenidos digitales y los mercados de servicios;

—

acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión para simplificar la autorización de derechos de autor, su gestión y la concesión de licencias transfronterizas, mejorando la gobernanza, la transparencia y la concesión de licencias paneuropeas para la gestión de derechos en línea y creando un marco jurídico que facilite la digitalización y difusión de obras culturales en Europa;

—

señala que, a la hora de crear la infraestructura de Internet y desarrollar los servicios correspondientes, será crucial garantizar el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad en todos los niveles, a fin de ofrecer un grado óptimo de privacidad y protección de los datos personales. Un aspecto importante es evitar el empleo no autorizado de todo tipo de información y perfiles personales.

Ponente

:

Markku MARKKULA (FI/PPE), Concejal del Ayuntamiento de Espoo

Texto de referencia

:

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Una Agenda Digital para Europa

COM(2010) 245 final

1.

acoge favorablemente la Agenda Digital para Europa, una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020. El objetivo general de la Agenda Digital es disfrutar de los beneficios económicos y sociales sostenibles que reportará un mercado único digital basado en redes rápidas y ultrarrápidas de Internet y sus aplicaciones interoperables. La aplicación de la Agenda Digital dependerá del adecuado grado de ambición y compromiso que permitirá a Europa concebir un nuevo modelo económico basado en el conocimiento, una economía de baja emisión de carbono y un elevado nivel de empleo;

2.

observa que los entes regionales y locales se encuentran entre los principales destinatarios de las recomendaciones formuladas en la Agenda y que, por lo tanto, pueden erigirse en artífices fundamentales de su aplicación. Las prioridades de la Agenda Digital para Europa a nivel local y regional son requisitos previos para la calidad de vida y la actividad económica y social de los ciudadanos, al tiempo que servirán de estímulo para unos servicios públicos más eficientes y personalizados, así como para las empresas locales;

3.

subraya que, entre los agentes del sector público, los entes regionales y locales son los más cercanos a los ciudadanos y son responsables de los servicios más importantes que afectan al bienestar de éstos. Los entes regionales y locales necesitan urgentemente tener la posibilidad de aprovechar el nuevo potencial tecnológico, especialmente habida cuenta de la crisis económica y de los cambios registrados en la estructura demográfica y las necesidades de las personas. Juntos, los entes regionales y locales y las actividades empresariales asociadas, así como el sector terciario, pueden tener las mejores oportunidades para explotar la innovación. La eficiencia con que se apliquen los conocimientos generados por las universidades y centros de investigación a nivel local y regional reviste una gran importancia;

4.

recuerda que el CDR siempre ha abogado por las inversiones en la investigación sobre las TIC para garantizar el crecimiento y el desarrollo de nuevas empresas, y cree que sólo el uso eficiente de las TIC puede agilizar la innovación para hacer frente a los principales desafíos económicos y sociales que se plantean en toda Europa;

5.

reconoce que, hasta la fecha, los servicios de administración electrónica normalmente han consistido en transferir el papeleo a la burocracia digital. La UE y los Estados miembros deberían ser precursores, encabezando los esfuerzos a nivel europeo y nacional en estrecha colaboración con los entes locales y regionales para impulsar un mayor cambio en las estructuras y procedimientos administrativos mediante la utilización de las TIC a fin de mejorar la racionalidad, la calidad y la productividad del trabajo, dotar de mayor eficacia a las autoridades públicas y reducir los trámites administrativos para las empresas y los ciudadanos en general;

6.

considera que las acciones propuestas en la Comunicación, en su versión actual, no parecen tener en cuenta su conformidad con el principio de subsidiariedad ni con el principio de proporcionalidad; subraya, sin embargo, que los entes regionales y locales deberían participar sistemáticamente en la concepción, aplicación y supervisión de las medidas adoptadas para poner en marcha la Agenda Digital para Europa (especialmente en los ámbitos de acción Interoperabilidad y normas, Acceso rápido y ultrarrápido a Internet, Fomentar la alfabetización, la capacitación y la inclusión digitales, y Beneficios que hacen posibles las TIC para la sociedad de la UE, por ejemplo en relación con los servicios de administración electrónica, el cambio climático y los sistemas inteligentes de transporte);

7.

acoge favorablemente el objetivo de la Agenda Digital para Europa de hacer de Europa un centro neurálgico del crecimiento inteligente, sostenible e incluyente en la escena mundial;

8.

recuerda las conclusiones del Consejo sobre la Agenda Digital para Europa (reunión del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía del 31 de mayo de 2010) (1) que, entre otras cosas, afirma que:

9.

recuerda la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de mayo de 2010 sobre una nueva Agenda Digital para Europa, en la que se afirma que Europa solo se beneficiará de esta revolución digital si se moviliza a todos los ciudadanos de la UE y se les permite participar plenamente en la nueva sociedad digital y si se sitúa a la persona en el núcleo de la acción política; que esta revolución digital ya no puede considerarse una evolución del pasado industrial, sino más bien un proceso de cambios radicales (2);

10.

reconoce que la sociedad de la información ha acelerado considerablemente el progreso económico y social. La transición requerida desde una sociedad de la información a una sociedad verde del conocimiento puede considerarse incluso un tipo de cambio de paradigma. La importancia de la Agenda Digital para Europa queda patente si se tiene en cuenta que la aplicación fructífera de esta iniciativa emblemática es el requisito previo para el éxito de las demás iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020;

11.

reconoce que la calidad de una sociedad viene determinada en gran medida por su capacidad para generar un verdadero aprendizaje, trabajar juntos y producir un nuevo conocimiento visionario. Así, nuestra sociedad impone nuevos requisitos sobre métodos de trabajo, culturas laborales, validez de la información, alfabetización mediática, etc.;

12.

observa que la digitalización y la globalización han propiciado un rápido cambio de los procesos empresariales. Los estudios de la OCDE muestran que las TIC están ejerciendo una considerable influencia en el rendimiento económico y el éxito de determinadas empresas, en particular cuando llevan aparejadas inversión en cualificaciones, cambios organizativos, innovación y creación de nuevas empresas (3);

13.

subraya que la aplicación de la Agenda Digital para Europa no puede separarse del desarrollo de la formación permanente y del capital humano, ni de las medidas necesarias para promoverlo. La clave del éxito es saber cómo y en qué medida se puede animar a las comunidades laborales de la UE y al público en general (es decir, a los individuos y diferentes comunidades) a que desempeñen un papel activo en la creación de una Europa sustancialmente más innovadora y productiva. Para que la Agenda Digital para Europa tenga pleno éxito, es necesario un fuerte compromiso político a todos los niveles (UE, Estados miembros, entes regionales y locales) para apoyar las actividades de base innovadoras, la iniciativa empresarial, las empresas que generen crecimiento y, en particular, las iniciativas de colaboración innovadoras entre el sector público, las empresas y el tercer sector;

14.

hace hincapié en que la capacidad para agilizar los procesos de innovación y la aplicación rápida son factores decisivos para el éxito en las sociedades conectadas en redes. Ello requiere más evaluación comparativa y cooperación entre regiones y ciudades a fin de poder responder a los desafíos con soluciones innovadoras y aplicar las mejores prácticas a las culturas y circunstancias locales;

15.

subraya que la apertura, la reutilización y la neutralidad tecnológica deberían ser los principios orientadores a la hora de desarrollar los servicios públicos;

16.

subraya la necesidad de explotar plenamente todo el potencial de Europa para desarrollar los servicios de las TIC en los sectores público y privado, a fin de mejorar los servicios de los entes regionales y locales en ámbitos como la sanidad, la educación, el orden público, la seguridad y los servicios sociales. Las asociaciones público-privadas que reciben financiación de la UE entre entes regionales y locales y PYME que desarrollan TIC en el sector de los servicios públicos de TIC pueden constituir una base excelente para desarrollar competencias y conocimientos locales en toda la UE (4);

17.

recuerda que el mercado único digital brinda enormes oportunidades a los ciudadanos europeos, no sólo como clientes, sino también en su calidad de empresarios y otro tipo de profesionales del conocimiento en industrias creativas y otras empresas;

18.

hace hincapié en que la aplicación de la Agenda Digital para Europa requiere un importante cambio de actitud mental en toda Europa: disposición para trabajar de una forma horizontal y multidisciplinaria, ruptura de hábitos, superación de los compartimentos estancos y cambio de mentalidad para pasar al trabajo en colaboración. El efecto deseado no podrá lograrse con proyectos convencionales de desarrollo. Los proyectos pioneros a gran escala que aprovechan la experiencia europea de más alta calidad, con la participación de todas las partes interesadas, ofrecen una forma de conseguir el cambio necesario. Especial atención merece la difusión y aplicación de los resultados de los proyectos a nivel local;

19.

subraya que Europa necesita una investigación e innovación más realista y centrada en el usuario. Los laboratorios vivientes (living labs) como plataformas para la colaboración entre la universidad y la industria son un concepto europeo que necesita ser desarrollado en mayor medida, con la participación de los usuarios finales. Los procesos de servicios que se distinguen por su buen funcionamiento permiten a los usuarios participar activamente en la investigación y la innovación, y animan a todas las partes interesadas a seguir una formación continua, lo que puede tener un gran impacto positivo en la renovación de los procesos de servicios a nivel local y aumentar la cooperación regional. La puesta en práctica de la Agenda Digital debería conllevar incentivos que permitieran a los entes locales y regionales y a las universidades desarrollar de manera conjunta los conceptos de «living labs» que resulten necesarios;

20.

reitera que el acceso a la banda ancha de alta calidad a precios asequibles puede aumentar la calidad de vida de los ciudadanos y los servicios prestados por los entes regionales y locales, al tiempo que facilitará la venta de los productos de las pequeñas y medianas empresas, así como de las microempresas. Se espera que las regiones y comunidades remotas, especialmente las ultraperiféricas, se beneficien considerablemente de un acceso más amplio y rápido a los servicios de banda ancha (5);

21.

insta a las ciudades y regiones a que trabajen juntas a fin de crear la masa crítica necesaria para nuevas soluciones innovadoras. La UE y los Estados miembros deberían propiciar condiciones favorables para nuevos tipos de contratación precomercial, aumentando así la disposición del sector público a procurarse más innovación e innovaciones más radicales. La eficiencia energética y los sistemas de tráfico inteligentes son ejemplos de áreas en las que es necesario proceder a nuevos avances radicales para prestar asistencia a las aplicaciones locales;

22.

señala que la gestión de la construcción y la ordenación urbana son sectores con un enorme impacto en la economía local, así como en la calidad del entorno en que se vive. Los nuevos progresos en la gestión de la información pueden desempeñar un papel crucial para conseguir el objetivo de establecer un ambicioso y nuevo sistema sobre el clima. El Building Information Modelling (modelado de información para la edificación) se utiliza activamente en la gestión de los edificios para proporcionar una representación digital de sus características físicas y funcionales. Los conceptos del modelado de información para la edificación deberían hacerse extensivos a la ordenación regional y urbana. De este modo, podrían servir como recurso de conocimiento compartido para una zona, sentando una base fiable para el análisis de los ciclos de vida, el desarrollo de procesos empresariales orientados al usuario y los procesos decisorios que creen valor;

23.

hace hincapié en que el mercado único digital es un elemento esencial de la Agenda Digital para Europa, ya que permitirá crear un mercado paneuropeo en crecimiento, exitoso y dinámico para la creación y distribución de contenidos digitales legales y servicios en línea, y dará a los consumidores un acceso sencillo, seguro y flexible a los contenidos digitales y los mercados de servicios;

24.

señala que abrir el acceso a la información del sector público beneficia a toda la sociedad. El desarrollo de nuevas prácticas que recurren a datos abiertos interrelacionados es un paso hacia los procesos de servicios centrados en el usuario. También puede reportar otros beneficios en forma de servicios innovadores, nuevos modelos empresariales y una mayor eficiencia del sector público, por lo que acoge favorablemente la revisión de la Directiva sobre la reutilización de la información del sector público;

25.

acoge favorablemente la creación de Europeana, la biblioteca, museo y archivo en línea de la UE, encaminada a conseguir que el patrimonio cultural y científico de Europa resulte accesible a todos a través de Internet (6). La accesibilidad al patrimonio cultural de Europa es un instrumento fundamental para fomentar la comprensión de la diversidad cultural, reforzando y uniendo a los pueblos en una Europa multilingüe y multicultural, y aumentando el potencial económico en áreas como el turismo y la educación;

26.

subraya que la falta de normas europeas comunes sobre los correos electrónicos en el comercio electrónico, especialmente en cuanto a la facturación, constituye uno de los mayores obstáculos técnicos para la realización de un mercado único digital eficiente;

27.

apoya la propuesta de revisar la Directiva sobre la firma electrónica, con vistas a establecer un marco jurídico para el reconocimiento y la interoperabilidad transfronterizos de los sistemas seguros de autenticación electrónica;

28.

acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión para simplificar la autorización de derechos de autor, su gestión y la concesión de licencias transfronterizas, mejorando la gobernanza, la transparencia y la concesión de licencias paneuropeas para la gestión de derechos en línea y creando un marco jurídico que facilite la digitalización y difusión de obras culturales en Europa;

29.

subraya la necesidad de equilibrar los derechos de los usuarios con los derechos de propiedad intelectual. Las medidas para proteger los derechos de propiedad intelectual no deberían obstaculizar el derecho de los usuarios a utilizar libremente el contenido digital, tal como pueden hacerlo en el caso de los contenidos en un formato analógico. Tampoco el derecho de los ciudadanos a acceder a los contenidos en línea o a expresarse debería verse limitado por el filtrado de contenidos ni por la denegación del acceso a la red en aras de la protección de los derechos de propiedad intelectual;

30.

acoge favorablemente la propuesta de reformar la regulación de la aplicación de las normas de TIC en Europa para permitir el uso de determinadas normas de TIC desarrolladas por ciertos foros y consorcios, y espera que la Comisión facilite una definición básica de dichas normas, tanto si se llaman normas abiertas como especificaciones abiertas;

31.

está de acuerdo en que los Estados miembros deberían aplicar los compromisos en materia de interoperabilidad y normas contenidos en las declaraciones de Malmoe y Granada, especialmente los relativos a las normas y especificaciones abiertas;

32.

subraya que los entes regionales y locales deberían estar incluidos y participar activamente en una amplia cooperación para mejorar la interoperabilidad en la administración pública y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos (7);

33.

hace hincapié en que las nuevas plataformas participativas y los servicios de creación conjunta interactiva (Web 2.0 y más allá) en los que los usuarios han pasado a ser actores, productores o «productores-consumidores» activos brindan una oportunidad sin precedentes para dar rienda suelta a la creatividad de los ciudadanos europeos. Es esencial crear un entorno y una cultura de apertura y confianza que fomente este desarrollo;

34.

señala que, a la hora de crear la infraestructura de Internet y desarrollar los servicios correspondientes, será crucial garantizar el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad en todos los niveles, a fin de ofrecer un grado óptimo de privacidad y protección de los datos personales. Un aspecto importante es evitar el empleo no autorizado de todo tipo de información y perfiles personales (8);

35.

aboga por una amplia formación de todo el personal, sobre todo en el caso de los técnicos especialistas (por ejemplo, especialistas en redes, sistemas, seguridad, privacidad, etc.), el personal que trabaja directamente con los procedimientos de seguridad que implican diferentes metodologías, y el personal general o indirectamente implicado en los mecanismos de innovación y modernización (por ejemplo, el que imparte alfabetización digital a los consumidores) en relación con cuestiones de confianza y seguridad;

36.

hace especial hincapié en la responsabilidad de quienes producen los contenidos y subraya que la lucha contra los contenidos ilegales y nocivos debe librarse sin imponer restricciones a la libre circulación de la información (el filtrado de contenidos, al que recurren varios Estados miembros, también bloquea algunos contenidos que no se propone bloquear y suele carecer de un proceso transparente y justificable). Se deben establecer medios para proteger especialmente a los usuarios vulnerables. Al mismo tiempo, es necesario implantar métodos que vigilen este material nocivo y lo eliminen de la red desde su punto de origen;

37.

recuerda que los entes regionales y locales tienen un papel clave a la hora de garantizar un acceso a un precio razonable a la banda ancha en aquellas regiones, por ejemplo, en que los mecanismos de mercado son insuficientes para lograrlo por sí solos, llevando a cabo proyectos piloto para salvar las desigualdades de accesibilidad electrónica y optando por un nuevo enfoque que permita centrar en el ciudadano los servicios públicos en línea (9);

38.

propone que la financiación y otras medidas de apoyo favorezcan la aplicación del acceso abierto a las redes de banda ancha que se basen en un arquitectura de red horizontal y un modelo empresarial que separe el acceso físico a la red de la prestación del servicio. Las actuales redes de fibra óptica deberían abrirse a la competencia;

39.

recuerda que, independientemente de su lugar de residencia, se debe garantizar a todos los ciudadanos un buen funcionamiento de las infraestructuras relacionadas con la sociedad de la información. La seguridad y la rapidez de las comunicaciones electrónicas, complementadas por unos servicios móviles e inalámbricos eficaces, son fundamentales para potenciar la competitividad de las regiones, la accesibilidad y la igualdad entre los ciudadanos;

40.

subraya la importancia de garantizar la disponibilidad del espectro de radio para los servicios inalámbricos de banda ancha en las zonas remotas y escasamente pobladas, y acoge favorablemente el compromiso de la Comisión para coordinar las condiciones técnicas y la regulación que rigen el uso del espectro y armonizar las bandas espectrales para crear economías de escala en los mercados de equipos, así como para permitir a los consumidores utilizar el mismo equipo y recibir los mismos servicios en toda la UE;

41.

constata la actual transformación del sistema educativo, en el que son necesarios cambios, incluso radicales. El cometido de la educación ya no estriba en distribuir una ingente cantidad de información. Lo esencial es aprender a aprender, esto es, lograr que las personas mejoren su capacidad de aprendizaje para que, gracias a ella, puedan buscar y manejar la información, algo para lo que la alfabetización digital asume una importancia esencial;

42.

subraya que uno de los principales objetivos de la Agenda Digital para Europa es fomentar la accesibilidad y la posibilidad de uso de la información pública y los servicios electrónicos. La Agenda Digital para Europa debería ser el motor de la plena integración de las TIC en la educación y la formación. La alfabetización digital, las cualificaciones y competencias digitales requieren actividades específicas ye unos entornos de aprendizaje eficaces para todos;

43.

considera que la creación de mecanismos de intercambio de capacidades digitales en Europa puede conseguir la participación y recapacitación de muchos grupos adicionales de personas que, en algunos casos, no suelen ser los destinatarios de las actuales ofertas comerciales o académicas de capacitación digital. Las posibilidades que brindan las TIC para la gestión flexible del trabajo y el teletrabajo ofrecen un potencial significativo de nuevas formas de empleo para estos grupos de ciudadanos. Tales iniciativas requerirán asociaciones público-privadas, sobre todo si tenemos en cuenta que los servicios comerciales y las ofertas de formación necesitan adaptarse específicamente a las necesidades de los diferentes grupos;

44.

hace hincapié en la necesidad de contar con pioneros regionales y locales europeos que hagan frente al desafío del envejecimiento de la población mediante la aplicación de nuevas soluciones sistémicas asistidas por las TIC y pide que se elaboren planteamientos innovadores basados en las TIC para que Europa sea capaz de liderar un envejecimiento activo en un mundo digitalizado;

45.

subraya que las bibliotecas proporcionan una forma útil y eficaz de prestar amplios servicios de información al público en general independientemente de su estatuto social. Las mejores prácticas europeas se ven cuando las bibliotecas se han desarrollado como centros de servicios digitales de cultura e información y están ubicadas en lugares por donde la gente pasa diariamente como, por ejemplo, los centros comerciales. Por ello, el contenido de los nuevos servicios y los nuevos medios digitales de comunicación no deben planificarse sólo sobre la base de criterios económicos, sino en función de las necesidades sociales y culturales;

46.

subraya que una aplicación eficaz debe tener en cuenta que la industria cultural y los sectores creativos dotan de contenido a las tecnologías de la información y de la comunicación, y contribuyen así a su desarrollo. La Agenda Digital desempeña un papel crucial a la hora de desarrollar el potencial que encierran estos sectores y en la creación de un mercado unificado y seguro para los contenidos y servicios en línea de carácter cultural y creativo. Para aprovechar mejor el patrimonio cultural europeo es necesario apoyar activamente su digitalización;

47.

recomienda que se dé gran prioridad al desarrollo de los conceptos asistidos por las TIC y a los métodos para difundir y aplicar los resultados de la I+D a los procesos de la vida real. Un buen ejemplo de esta clase de actividad es el Programa de Innovación y Competitividad (PIC), que constituye una excelente plataforma para fomentar el desarrollo de futuras aplicaciones de Internet. Este programa se podría impulsar aumentando sustancialmente su financiación al objeto de difundir y aplicar a escala local y regional los resultados de los proyectos de I+D que hayan tenido más éxito;

48.

considera importante aprovechar los métodos que brinda la tecnología digital como un medio para promover la participación ciudadana. Por ejemplo, se deberían implantar a escala local y regional unos entornos digitales de diálogo y de trabajo que permitieran a los ciudadanos participar en el desarrollo de los servicios cotidianos que les son más próximos;

49.

subraya que la Agenda Digital para Europa tiene un enorme potencial para actuar como incentivo a fin de que las regiones y los municipios reformen sus procesos de servicio y producción en un marco de cooperación europea. Las regiones y los municipios de toda Europa deberían revisar sus propias estructuras, métodos de trabajo y procesos sobre la base de la cooperación y la evaluación comparativa entre ellos, así como con las universidades y empresas. La cooperación y la financiación a nivel comunitario también permitirían una mayor asunción de riegos. La UE ha de adoptar un nuevo enfoque decidido, basado en la idea de que algunos entes locales y regionales son pioneros y actúan como investigadores, experimentadores y responsables desarrollando nuevas soluciones para todos de cara al futuro;

50.

hace especial hincapié en la importancia de modernizar los procesos de servicios en el sector tanto público como privado a fin de cosechar los beneficios que hacen posibles las TIC a la hora de revisar los procesos. Para agilizar la facturación electrónica y la identificación electrónica, hacen falta pioneros, cooperación y normalización;

51.

subraya la importancia del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) y reconoce que sus prioridades temáticas –la futura sociedad de la información y comunicación, el cambio climático y la energía sostenible- son fundamentales para la Estrategia UE 2020. El EIT puede tener consecuencias prácticas para el nivel local y regional al desarrollar y promover nuevos conceptos y prácticas para la innovación regional y local. Ello requiere que algunos entes regionales y locales estén preparados para invertir suficientemente en desarrollar sus propias regiones a fin de constituir un campo de pruebas para el EIT y las actividades de los living labs en los que diferentes grupos de ciudadanos y de comunidades aportan una contribución activa orientada al usuario;

52.

destaca que incluso las pequeñas instituciones locales y regionales pueden producir conocimientos de interés mundial en especialidades acotadas, en particular cuando forman parte de redes mundiales y colaboran con empresas basadas en el conocimiento (10);

53.

anima a la Comisión a que desarrolle en mayor medida los conceptos del triángulo del conocimiento y los laboratorios vivientes, que aumentan las sinergias entre diferentes actividades, revisten una gran importancia para los desafíos que plantean la vida real y la resolución de problemas, y en los que la dimensión regional es parte natural;

54.

confirma la disposición de los entes regionales y locales a desempeñar un papel cada vez más activo a la hora de fomentar las aplicaciones de las políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación, siempre y cuando en todos los programas y proyectos de la UE se siga un planteamiento en el que los criterios fundamentales de financiación serán la cartografía del conocimiento mundial más avanzado en el campo del proyecto y la eficacia de su utilización;

55.

sugiere que las lecciones en materia de innovación que puedan extraerse de los avances del frente compuesto por la universidad y la industria se apliquen de forma efectiva para reforzar la base necesariamente amplia de competencias de los profesionales del conocimiento en toda Europa;

56.

está de acuerdo en que es necesario fomentar la internacionalización de la gobernanza de Internet y la cooperación mundial para mantener la estabilidad de Internet, sobre la base del modelo de múltiples partes interesadas, y coincide con la Comisión en su respaldo a la continuidad del Foro sobre la Gobernanza de Internet con posterioridad a 2010;

57.

cree que habría que dar al Comité de las Regiones -como representante de los entes regionales y locales y en su calidad de institución con estrechos vínculos con los últimos avances y buenas prácticas de digitalización en toda Europa- un papel proactivo, junto con los entes regionales y locales y sus asociaciones representativas, en el ciclo de gobernanza de la Agenda Digital para Europa (por ejemplo en las reuniones de expertos y en la Asamblea Digital anual). También es necesario otorgar un papel relevante y destacado a los agentes locales y regionales y a sus asociaciones representativas;

58.

señala que la Agenda Digital también desempeña un papel decisivo para el éxito de las demás estrategias emblemáticas. A tal fin se debería incrementar considerablemente la cooperación entre las distintas direcciones generales y programas, y la financiación para la aplicación de la Agenda Digital debería canalizarse, sobre todo, a través de los programas ya existentes.

18.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 15/41

—

señala que el problema de las personas sin hogar es una forma extrema de pobreza y exclusión social, por lo que debe prestársele mayor atención en el marco de la estrategia de la UE sobre protección e inclusión sociales. No es digno de la Unión Europea permitir que haya tantas personas sin hogar. El Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010) es un buen momento para buscar una mayor sensibilización respecto de este problema persistente, que corre el riesgo de empeorar en el contexto de la crisis económica. Cualquier iniciativa para abordar este problema debería, naturalmente, ser concebida en una perspectiva a largo plazo que vaya más allá del año 2010 y de la crisis actual;

—

destaca el significativo papel que desempeñan los entes locales y regionales a la hora de combatir de manera enérgica el problema de las personas sin hogar en la práctica. Son, de hecho, los entes competentes, y disponen además de gran experiencia y de muchos métodos y programas eficaces orientados tanto hacia las intervenciones tempranas como a las urgentes y a largo plazo. Esto hace más necesario clarificar el reparto de responsabilidades entre los diferentes entes y niveles. En este contexto, conviene también mencionar que el problema de las personas sin hogar puede concentrarse en determinadas regiones de un país o en determinados países. Por ello, se necesitan mecanismos europeos y nacionales que permitan brindar un respaldo financiero a las regiones donde el problema esté especialmente extendido, sobre todo en aras de la cohesión territorial y social.

Ponente

:

Tore Hult (SE/PSE), Vicepresidente de la Junta de Gobierno Municipal de Alingsås (Suecia)

1.

recuerda que no será posible lograr la cohesión económica, social y territorial, que es una de las piedras angulares de la UE, mientras una parte de su población carezca de vivienda y esté privada por tanto de cualquier posibilidad de desarrollo personal y profesional. Asimismo, subraya que este problema es especialmente grave en el caso de los niños y los jóvenes;

2.

señala que el problema de las personas sin hogar es una forma extrema de pobreza y exclusión social, por lo que debe prestársele mayor atención en el marco de la estrategia de la UE sobre protección e inclusión sociales. No es digno de la Unión Europea permitir que haya tantas personas sin hogar. El Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010) es un buen momento para buscar una mayor sensibilización respecto de este problema persistente, que corre el riesgo de empeorar en el contexto de la crisis económica. Cualquier iniciativa para abordar este problema debería, naturalmente, ser concebida en una perspectiva a largo plazo que vaya más allá del año 2010 y de la crisis actual;

3.

considera que debe partirse de la base de que los Estados miembros se enfrentan con un problema común. El problema de las personas sin hogar se plantea, independientemente del nivel educativo, cultural o económico previo que estas tuvieran, en todos los Estados miembros. Por este motivo, se requieren medidas conjuntas para la prevención y la reducción de este problema;

4.

insiste en que la falta de hogar es la causa de grandes tragedias personales y conlleva, al mismo tiempo, importantes costes para la sociedad. Si se redujera el número de personas sin hogar, el coste para la sociedad disminuiría, al mismo tiempo que aumentaría el número de ciudadanos que participaría en la sociedad y, de esta manera, se contribuiría al desarrollo de la Unión Europea;

5.

subraya que en el problema de las personas sin hogar confluye toda una serie de circunstancias, por lo que no puede considerarse como causado exclusivamente por cuestiones individuales;

6.

pone de relieve que el problema de la falta de hogar se explica por una serie de factores diversos, como la escasez de vivienda a precios razonables, el empleo mal remunerado, el alcoholismo, la drogodependencia y las deficiencias de los servicios de asistencia para estas adicciones, las enfermedades y desequilibrios psíquicos, la violencia doméstica, el desempleo, las dificultades para las relaciones interpersonales, la pobreza, la puesta en libertad tras el cumplimiento de una condena y la reinserción en la sociedad, así como las transformaciones y reducciones de las prestaciones públicas. Resulta de particular importancia la manera en que los propietarios consideran a las personas sin hogar, y cómo pueden contribuir a abrirles una vía para remediar su situación. Por este motivo, la consecución de resultados en este ámbito precisa coordinación y distintas medidas;

7.

considera que es necesario entender bastante mejor por qué surge el problema de las personas sin hogar y cuáles son los mecanismos que lo mantienen. Solo partiendo de esta base podrán adoptarse medidas eficaces en los distintos ámbitos de acción política;

8.

juzga el problema de las personas sin hogar como una cuestión de enorme gravedad, y estima necesario que se adopten medidas a diferentes niveles, es decir, tanto medidas preventivas y de sensibilización como otras para mejorar los incentivos a la construcción de viviendas;

9.

destaca el significativo papel que desempeñan los entes locales y regionales a la hora de combatir de manera enérgica el problema de las personas sin hogar en la práctica. Son, de hecho, los entes competentes, y disponen además de gran experiencia y de muchos métodos y programas eficaces orientados tanto hacia las intervenciones tempranas como a las urgentes y a largo plazo. Esto hace más necesario clarificar el reparto de responsabilidades entre los diferentes entes y niveles. En este contexto, conviene también mencionar que el problema de las personas sin hogar puede concentrarse en determinadas regiones de un país o en determinados países. Por ello, se necesitan mecanismos europeos y nacionales que permitan brindar un respaldo financiero a las regiones donde el problema esté especialmente extendido, sobre todo en aras de la cohesión territorial y social;

10.

opina que una estrategia global para combatir el problema de las personas sin hogar presupone que las instituciones de la UE sean más activas a la hora de respaldar los progresos y hacer un seguimiento de las medidas adoptadas. Ello no excluye el respeto del principio de subsidiariedad y el reconocimiento del papel esencial de los entes locales y regionales;

11.

constata que las declaraciones internacionales y las legislaciones nacionales reflejan una voluntad creciente de sensibilizar en mayor medida al público sobre el importante problema social que constituye el problema de las personas sin hogar. En varios países, el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución;

12.

señala que muchas de las propuestas y medidas descritas parten de este importante principio común y de los marcos ya existentes, lo que implica que la mayoría de los aspectos esenciales del problema de las personas sin hogar pueden abordarse sin crear nuevos instrumentos normativos;

13.

insta a los Estados miembros, dado que no hay ninguna definición comúnmente aceptada de lo que es el problema de las personas sin hogar, a que utilicen, en la medida de lo posible, la tipología ETHOS (Tipología europea de sin hogar y exclusión residencial). Esto permitiría comparar la situación en los diferentes Estados miembros y los resultados de las diferentes iniciativas. Los conceptos utilizados son los siguientes:

—

sin techo (personas sin cobijo de ningún tipo que duermen en la calle);

—

sin vivienda (por ejemplo, que viven en un alojamiento temporal para personas sin hogar, en albergues, en un alojamiento compartido reservado para determinados grupos o en una vivienda de asistencia);

—

vivienda insegura (en apartamentos sin contrato o con familiares o amigos debido a la escasez de vivienda), y

—

vivienda inadecuada (por ejemplo, viven en cabañas, viviendas que carecen de instalaciones de saneamiento o no cumplen la legislación nacional, caravanas o casetas que no están destinadas a ser habitadas durante todo el año o en condiciones de hacinamiento);

14.

considera que combatir el problema de las personas sin hogar debe ser un asunto prioritario en el marco de las medidas de la UE para la inclusión social, en particular porque el Comité de Protección Social eligió la falta de hogar y la exclusión del mercado de trabajo como temas para 2009. En particular, 2010, como Año Europeo de Lucha contra la Pobreza, es una excelente ocasión para iniciar un trabajo más intenso para combatir la forma más extrema de exclusión, a saber, la falta de hogar;

15.

señala que el acceso a una vivienda de calidad a precios razonables constituye tanto un derecho como un bien primario ligado a la persona. Los Estados miembros deben realizar todos los esfuerzos y tomar todas las medidas que sean necesarias para ayudar a conseguir una vivienda a todas las personas que tienen derecho a ello conforme a la legislación nacional;

16.

observa que es necesario prestar atención no solo a las consecuencias sociales obvias que afectan a las personas sin hogar, sino también a los beneficios socioeconómicos que se producen cuando una persona pasa a tener vivienda y empleo;

17.

llama la atención sobre los costes económicos directos e indirectos que supone para los entes locales y regionales de los Estados miembros el problema de las personas sin hogar. En primer lugar están, obviamente, los costes directos, derivados de los recursos públicos o especiales que deben utilizarse para responder al problema de las personas sin hogar. Además, hay que contar también con la pérdida de ingresos fiscales que supone el empleo no remunerado. En resumidas cuentas, el problema de las personas sin hogar frena el desarrollo económico en muchos países, y es un obstáculo para la sociedad sostenible a largo plazo que deseamos desarrollar y que se describe, por ejemplo, en la Estrategia Europa 2020;

18.

opina que las cifras disponibles sobre las consecuencias económicas justifican los programas preventivos, cuyo coste es muy bajo en comparación con los costes totales derivados del problema de las personas sin hogar;

19.

considera que los Estados miembros deben reconocer la importancia de este problema social y que es necesario avanzar y consolidar el trabajo realizado hasta ahora. Una condición imprescindible para que el trabajo para combatir el problema de las personas sin hogar tenga éxito es la coordinación de las medidas de todos los niveles implicados (local, regional, nacional y supranacional);

20.

observa que la dificultad principal para combatir el problema de las personas sin hogar reside en la diversidad de las políticas que hay que movilizar y en el reparto de responsabilidades entre las distintas autoridades públicas. Para ser eficaz, la lucha contra el problema de las personas sin hogar debe incluir efectivamente, en particular, la política urbanística, la construcción de viviendas, la política social, el empleo y la salud, incluida la salud mental. Se trata así de fomentar actuaciones contractuales y territoriales entre las autoridades responsables de la financiación de la vivienda, las que expiden las licencias urbanísticas y las que gestionan los dispositivos de acompañamiento social;

21.

subraya que, a fin de mejorar la situación, debe prestarse atención tanto a la prevención como al trabajo urgente y a largo plazo;

22.

advierte que los conocimientos disponibles sobre las causas del problema de las personas sin hogar no permiten elaborar políticas que tengan en cuenta por completo la gran heterogeneidad de las situaciones de las personas sin hogar y la gran diversidad de trayectorias que pueden llevar a acabar en la calle. Además, las formas de asistencia a estas personas inducen a menudo una clasificación de los individuos en categorías artificiales, en función de su presencia en un dispositivo o en otro. Esta falta de conocimientos afecta negativamente a las posibilidades de las personas sin hogar de participar activamente en la sociedad;

23.

considera que a partir de ahora hay que superar esta visión y adoptar un enfoque humano y personalizado, basado en la trayectoria propia de cada individuo, para aportar unas respuestas adaptadas. Este enfoque implica que las acciones para combatir el problema de las personas sin hogar se apliquen de la forma más próxima a las personas de que se trata. Los entes territoriales tienen así un papel fundamental que desempeñar;

24.

considera por consiguiente que es necesario optimizar y desarrollar las herramientas estadísticas. Debe estimularse la armonización de datos a escala europea prolongando el trabajo realizado en relación con la tipología ETHOS y, en general, apoyando los enfoques comparativos entre los distintos Estados miembros. Se trata asimismo de estimular la reforma de los instrumentos actuales para dar preferencia a los enfoques por trayectoria, al objeto de tener en cuenta los motivos que han llevado a acabar en la calle, que generan fenómenos de salida-retorno y que contribuyen a una salida definitiva;

25.

solicita a los entes locales y regionales que instauren una colaboración y coordinación interinstitucionales amplias, en distintos ámbitos, para mejorar las medidas y el seguimiento globales del problema de las personas sin hogar. Se necesita una cooperación a largo plazo entre los distintos entes locales y regionales y estrategias a largo plazo, que juntos pueden erradicar este problema y sus causas, ya que las medidas a corto plazo o esporádicas no son suficientes;

26.

considera que buena parte de los Estados miembros carece tanto de datos oficiales fiables sobre la magnitud del problema de las personas sin hogar como información sobre las medidas eficaces para combatirlo. El Comité insta a los Estados miembros a que, a través de la cooperación a nivel de la UE, contribuyan a crear una estrategia global común para combatir el problema de las personas sin hogar, y después velen por que esta estrategia adopte a nivel nacional la forma necesaria para obtener resultados;

27.

opina que disponer de una vivienda es un bien primario ligado a la persona y una condición esencial para arraigarse en la sociedad y el mercado de trabajo. Por este motivo, el Comité de las Regiones insta a la Comisión a que examine más detalladamente la posibilidad de establecer un derecho a una vivienda digna, y qué forma podría adoptar;

28.

cree que se necesitan medidas enérgicas para combatir el problema de las personas sin hogar. A fin de sentar las bases necesarias para la acción futura en este ámbito, es imprescindible que se adopte una posición política conjunta al respecto. De lo contrario, se corre el riesgo de que las medidas sean fragmentarias y no estén debidamente coordinadas. El trabajo que ya se está llevando a cabo en muchos municipios y regiones debe desarrollarse y difundirse. Asimismo, se requieren modelos y métodos nacionales e internacionales para combatir el problema de las personas sin hogar. Las medidas de carácter general para crear opinión y sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos también son muy importantes para contribuir a la acción conjunta;

29.

juzga necesario combatir en la sociedad la idea de que la falta de hogar depende únicamente del individuo, presentando una imagen más matizada de las causas del problema y analizando sus consecuencias para la sociedad. Por consiguiente, la Comisión debería adoptar medidas para crear otra imagen, con más matices;

30.

anima a los entes locales y regionales a que consideren que el derecho a la vivienda forma parte de los bienes primarios ligados a la persona y a que participen en la investigación sobre las causas, las consecuencias y los costes del problema de las personas sin hogar. Una mejora de los conocimientos sobre este problema servirá de base para la acción y las medidas preventivas, y posteriormente permitirá evaluar si lo que se ha hecho ha sido eficaz;

31.

considera que las autoridades públicas difunden de manera deficiente y aprovechan mal el conjunto de los conocimientos recabados hasta ahora. Es necesario establecer un plan más estratégico sobre cómo hacer llegar la información al nivel adecuado;

32.

opina que debe desarrollarse en mayor medida el argumento económico para combatir el problema de las personas sin hogar. En los próximos años debería ser posible presentar una serie de nuevos informes al respecto, y los nuevos conocimientos podrán servir de base para futuras medidas;

33.

propone que se establezca, a nivel de la UE, un sistema permanente para sacar a la luz buenos métodos. El Comité insiste enérgicamente en la necesidad de intercambiar buenas prácticas entre los entes locales y regionales en lo relativo a las campañas de sensibilización, las medidas de prevención, la formación de profesionales y la atención específica a los diferentes grupos de personas sin hogar;

34.

acoge muy positivamente las iniciativas y los proyectos realizados por los entes locales y regionales para combatir el problema de las personas sin hogar, pero constata también que deben intensificarse los intercambios de buenas prácticas, por ejemplo mediante un programa cualitativo de intercambio de profesionales que trabajen directamente con este problema en los diferentes Estados miembros. Este programa de intercambio debe estar dotado de recursos económicos suficientes, y podría desarrollarse para establecer un nuevo tipo de programa de intercambio europeo;

35.

subraya la necesidad de tener una idea más clara de la magnitud y la estructura del problema de las personas sin hogar en la Unión Europea. Así, sería valioso contar con datos desglosados por sexo, edad, nacionalidad, condición social y otros indicadores pertinentes. Sin esta información resulta difícil elaborar las estrategias económicas y sociales necesarias para solucionar el problema de las personas sin hogar. El Comité recomienda que las estadísticas se basen en cómo define el problema de las personas sin hogar la Feantsa (Federación europea de asociaciones nacionales que trabajan con las personas sin hogar). El Comité presupone que esta tarea le será asignada a la Comisión en breve plazo;

36.

considera que la situación de las personas sin hogar, por afectar a un bien primario ligado a la persona, atenta contra los derechos fundamentales y la dignidad de la persona, así como contra el derecho a decidir sobre su propia vida. El problema de las personas sin hogar es especialmente grave para los niños, que a menudo no tienen posibilidad de cambiar su situación. Por este motivo, conviene que la Comisión examine las posibilidades existentes para que los Estados miembros establezcan, a nivel nacional, algún tipo de garantía para acabar con esta situación entre los menores de dieciocho años. Debería evaluarse la posibilidad de incluir a las personas con discapacidad en estas disposiciones;

37.

hace hincapié una vez más en que no disponer de una vivienda constituye en sí un problema, por lo que debe darse mayor difusión a los buenos resultados obtenidos por las primeras tentativas del programa Housing First, sin perder de vista que la oferta de una vivienda debe ir acompañada de medidas de apoyo, que las personas sin hogar necesitan para afrontar los demás problemas que conlleva su situación;

38.

opina que deben llevarse a cabo acciones específicas y campañas de información destinadas a los propietarios de viviendas. Un principio fundamental de esta cuestión debe ser el concepto universal de dignidad humana y el hecho de de que todas las personas desean mejorar su situación y contribuir al desarrollo de la sociedad. En el marco de las acciones para prevenir la escasez de vivienda, los propietarios tienen una importancia destacada, y debe ser posible crear incentivos que permitan poner viviendas a disposición de las personas sin hogar;

39.

señala que es fundamental conceder más importancia a la formación y la mejora de las competencias de los trabajadores en este ámbito. En aquellos países en los que los profesionales de los ámbitos educativo, jurídico, sanitario y psicológico, así como de los servicios sociales y de la policía, se han beneficiado de una formación especializada, se han registrado progresos notables al haberse reforzado, desde una fase temprana, las medidas para combatir el problema de las personas sin hogar. En la preparación de los Fondos Estructurales para el próximo período, deben asignarse más recursos para planteamientos de este tipo;

40.

subraya la importancia del trabajo de prevención llevado a cabo por los entes locales y regionales, aunque no puede prescindirse de las intervenciones de urgencia. Así, debe ser posible ofrecer una vivienda temporal a las personas sin hogar, y resulta inaceptable que estas queden atrapadas en el sistema de albergues. Algunos países han adoptado una estrategia cuyo objetivo es cerrar todos los albergues públicos para personas sin hogar y ofrecerles soluciones individuales que respondan a las necesidades de cada uno. Reviste especial importancia, a este respecto, la prevención de las expulsiones;

41.

señala que los entes locales y regionales deben mejorar su apoyo a los movimientos de voluntariado. El problema de las personas sin hogar es una cuestión de carácter estructural y político que exige un compromiso por parte de todas las autoridades públicas, pero el sector del voluntariado desempeña también un papel importante. Debería examinarse cómo la Unión Europea puede contribuir a que los movimientos de voluntariado tengan un papel más preponderante. Además, habría que utilizar el Año Europeo del Voluntariado 2011 como una oportunidad para aumentar la concienciación y explorar nuevas formas de cooperación con las organizaciones de voluntariado sobre esta importante cuestión;

42.

anima a la creación, a nivel de la UE, de programas económicos especiales destinados a reforzar las acciones nacionales, locales y regionales para combatir el problema de las personas sin hogar y que tengan también como objetivo el desarrollo de los criterios de calidad. El intercambio de experiencias debe alentarse, a fin de optimizar los efectos y la utilización de los recursos. Por este motivo, el Comité recomienda que los futuros fondos europeos se ocupen en mayor grado de esta problemática;

43.

propone que a nivel local y regional se brinde la oportunidad de elaborar programas para integrar a las personas sin hogar en la sociedad y la vida laboral mediante el establecimiento de estructuras que incentiven a los empleadores a darles trabajo. De la misma manera, los entes locales y regionales pueden fomentar la integración por medio de acciones de formación orientadas a arraigar a las personas sin hogar en la sociedad. Debe darse mayor difusión a las experiencias positivas que existen ya en este ámbito;

44.

Deben ponerse en práctica medidas destinadas a difundir e impulsar la información sobre el problema de las personas sin hogar;

45.

recomienda que se cree un centro europeo sobre el problema de las personas sin hogar, que sería el órgano de coordinación que hace falta hoy en día. Su principal tarea sería la coordinación, pero contribuiría también al desarrollo de conocimientos y de estrategias comunes. El Comité de las Regiones pide a la Comisión que examine la posibilidad de crear un centro de este tipo, que se encargaría asimismo de estudiar la situación de las personas sin hogar en los Estados miembros. La función del centro sería coordinar y respaldar las reformas en los Estados miembros, por ejemplo mediante el intercambio de buenas prácticas. Las acciones a nivel europeo pueden tener un auténtico valor añadido, en particular, si se utiliza el método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social y la inclusión social;

46.

considera que el problema de las mujeres sin hogar viene experimentando un incremento continuo y se debe tener en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de estas mujeres en los aspectos socioeconómicos y laborales, así como las dificultades que aún persisten en el acceso a los servicios, por lo que los Estados miembros deberán abordar de manera específica esta cuestión.

18.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 15/46

—

acoge con satisfacción la puesta en marcha de un ambicioso programa de reformas destinadas a consolidar la democracia, la economía de mercado y los principios del Estado de Derecho, el inicio de las negociaciones sobre el nuevo acuerdo de asociación y la apertura del diálogo sobre la liberalización del régimen de visados;

—

señala que sería razonable ampliar la participación del CDR a las dos plataformas restantes, dado que incluyen actividades en las que intervienen directamente los entes locales y regionales (especialmente la Plataforma 2: integración económica y convergencia con las políticas sectoriales de la UE);

—

recomienda la consulta y la intervención de los entes locales y regionales en la negociación del nuevo acuerdo de asociación, en la elaboración de programas piloto de desarrollo regional y en el proceso de seguimiento y evaluación de la aplicación de la política de desarrollo regional. A este respecto, el CDR también desea desempeñar un papel constructivo en la negociación y la conclusión de un protocolo de acuerdo entre la DG REGIO y el Ministerio de Obras y Desarrollo Regional;

—

señala que el refuerzo de la autonomía financiera de los entes locales y regionales será esencial para la gestión futura de los fondos europeos y para acelerar la cooperación regional y transfronteriza;

—

hace hincapié en la importancia de los intercambios de experiencias permanentes convirtiendo en práctica habitual los hermanamientos entre instituciones y comunidades, enseñanza, visitas de estudio y participación de los entes locales y regionales en los órganos regionales de la UE (como miembros u observadores).

Ponente

:

Alin Adrian Nica (RO/ALDE), Alcalde de Dudeștii Noi

1.

señala que, tras las elecciones parlamentarias anticipadas de julio de 2009 y el cambio de gobierno, la República de Moldova puso en marcha un ambicioso programa de reformas destinadas a consolidar la democracia, la economía de mercado y los principios del Estado de Derecho, e implícitamente a iniciar un acercamiento progresivo a la UE. La nueva situación política y la visión del Gobierno de la República de Moldova sobre los procesos de reforma para lograr una adecuación a las normas europeas ofrecen nuevas posibilidades de cooperación entre los entes locales y regionales de la UE y de Moldova;

2.

se felicita por la apertura, en enero de 2010, de las negociaciones sobre el nuevo acuerdo de asociación, que pondrá de manifiesto la importancia de la cooperación entre la UE y Moldova y acercará a ambas partes. El nuevo acuerdo será más ambicioso y superará los límites de la cooperación tradicional entre la UE y Moldova. Contribuirá a hacer progresar el diálogo político y el desarrollo económico y a incrementar el bienestar de los ciudadanos de la República de Moldova. El acuerdo de asociación incluirá la creación de una zona de libre comercio integral y más profunda, que llevará a la integración económica de Moldova en el mercado de la UE por medio de la intensificación de las relaciones comerciales y las inversiones, lo que ampliará la cooperación entre los agentes económicos a nivel local y regional;

3.

apoya la apertura del diálogo sobre la liberalización del régimen de visados, lo que implica a largo plazo la posibilidad de que los ciudadanos moldovos viajen sin visado en el espacio Schengen. En esta misma línea, considera especialmente útil la firma del acuerdo relativo al tráfico fronterizo menor entre Rumanía y la República de Moldova, que entró en vigor en marzo de 2010 y permite a los ciudadanos moldovos que viven en una franja de 50 km de la frontera entre ambos países desplazarse la misma distancia dentro de Rumanía. Estima que ello contribuirá a intensificar los contactos interpersonales así como las relaciones entre las administraciones locales a lo largo de la frontera exterior de la UE con Moldova. Se trata de un paso importante para superar los obstáculos administrativos al desarrollo de asociaciones transfronterizas;

4.

acoge favorablemente la puesta en marcha del programa «Rethink Moldova», lanzado el 24 de marzo en Bruselas, que ofrece una visión estratégica para reformar los ámbitos clave de la República de Moldova y establece prioridades de desarrollo a medio plazo (2011-2013) basándose en tres pilares: la gobernanza responsable, la reactivación y el desarrollo económico, así como la inversión en el capital humano;

5.

señala que la Comisión Europea invitó al Comité de las Regiones a participar en las actividades organizadas en el marco de las Plataformas 1 (democracia, buena gobernanza y estabilidad) y 4 (contactos entre los ciudadanos). No obstante, sería razonable ampliar las consultas a las dos plataformas restantes, dado que incluyen actividades que requieren la participación directa de los entes locales y regionales. A título de ejemplo, cabe citar la cooperación con Moldova en el ámbito de la política regional, basada en las mejores prácticas de la política de cohesión de la UE (Plataforma 2: integración económica y convergencia con las políticas sectoriales de la UE);

6.

desea que el presente dictamen de iniciativa contribuya a promover la democracia local y regional en la República de Moldova y dé un nuevo impulso a los esfuerzos concretos realizados en el marco de las iniciativas de la Política Europea de Vecindad y, más especialmente, en el de la Asociación Oriental. En esencia, el presente dictamen se centra en las posibilidades de encontrar soluciones a los problemas comunes intensificando la cooperación regional y transfronteriza entre los entes territoriales de la UE y Moldova;

7.

señala que, respecto de sus homólogos de otros países miembros de la Asociación Oriental, los entes territoriales de la República de Moldova disponen de ventajas competitivas en su relación con la UE, merced a la vecindad inmediata de Moldava con la UE, las dimensiones de su territorio nacional y la actitud abierta de su gobierno central en relación con la cooperación territorial europea. Según lo que es costumbre en la aplicación de distintos instrumentos de la Política Europea de Vecindad (por ejemplo, el programa de cooperación transfronteriza Moldova-Rumanía-Ucrania 2007-2013) y dada su reducida superficie, el territorio de la República de Moldova en su conjunto así como todos sus entes locales y regionales pueden optar a la realización de proyectos financiados en el marco de asociaciones transfronterizas. Es natural que esta costumbre se mantenga incluso para las iniciativas destinadas a la cohesión territorial a lo largo de las fronteras exteriores de la UE, en el marco de la Asociación Oriental;

8.

comprueba con satisfacción que, en el Programa de trabajo del Gobierno de la República de Moldova para el período 2009-2013, que se titula «Integración europea: libertad, democracia, bienestar», la descentralización del poder y autonomía local constituyen una de las cinco prioridades estratégicas; expresa la esperanza de que la descentralización constituya una opción política irreversible en el programa de las reformas internas de la República de Moldova;

9.

considera importante que las elecciones locales previstas para el verano de 2011 se organicen de acuerdo con los principios europeos de la democracia local, con el fin de mejorar de forma progresiva, y de manera cuantificable, la labor del Gobierno y de las autoridades electorales respecto de las elecciones locales de 2007, que la comunidad internacional consideró libres pero no exentas de irregularidades;

10.

toma nota de que el Gobierno de la República de Moldova ha iniciado un amplio proceso de reflexión sobre las necesidades de modernización y reforma en el ámbito de la autonomía local y regional. El objetivo es llevar a cabo una verdadera descentralización administrativa y fiscal, perfeccionar las políticas sobre equilibrio financiero y asignación de los recursos a nivel local y regional, ampliar la base fiscal de las administraciones locales, fomentar las asociaciones entre los sectores público y privado para desarrollar los servicios públicos, así como consolidar las capacidades administrativas de las autoridades públicas a nivel subnacional;

11.

recomienda, habida cuenta de la reciente evolución respecto de la UE, que los entes locales y regionales intervengan en el proceso de negociación del nuevo acuerdo de asociación entre Moldova y la UE, asumiendo al menos un papel consultivo, e incluso en el marco de una participación institucionalizada. Esta consulta podría adoptar la forma de un diálogo no jerarquizado, estructurado y permanente con las asociaciones de entes locales y regionales en las negociaciones sobre cada uno de los capítulos del futuro acuerdo de asociación que tienen repercusiones directas en el nivel local de la administración pública (se trata de los capítulos sobre reforma interior; turismo; agricultura y desarrollo rural; educación, enseñanza y juventud; cooperación transfronteriza y regional; refuerzo de las capacidades institucionales, etc.). Por el momento, en la lista de las instituciones que participan en la negociación, dentro del organigrama concertado entre las partes, no figuran ni entes locales y regionales ni asociaciones que los agrupen.

12.

se felicita por la creación, el 20 de mayo de 2010, de la comisión parlamentaria especial encargada de modificar y completar el marco jurídico del proceso de descentralización y consolidación de la autonomía local, con el mandato específico de velar por la continuidad de las medidas destinadas a garantizar la aplicación efectiva de los principios constitucionales de la autonomía local y la descentralización de los servicios públicos, en estricto cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local. El Comité acoge favorablemente la intención de dicha comisión de realizar una evaluación completa del marco jurídico que rige todos los aspectos de las actividades de los entes territoriales, planteamiento que permitirá una aplicación integrada de la descentralización, incluso a nivel sectorial, en los ámbitos de la educación, la salud, la protección social, el medio ambiente, el orden público, etc. Expresa la esperanza de que se apliquen con tiempo suficiente las medidas de reforma para reforzar la autonomía local, de forma que todos los mecanismos de aplicación sean operativos en las elecciones locales del verano de 2011;

13.

estima indispensable que se establezca próximamente un diálogo abierto y sistemático con las asociaciones nacionales de entes locales y regionales, con el fin de lograr un consenso entre todos los agentes interesados respecto de la vía que debe seguirse. Reconoce los esfuerzos realizados recientemente para reunir a los entes locales y regionales en una única asociación nacional sin etiqueta política, destinada a representar a las comunidades locales en sus relaciones con los poderes centralizados. El Comité pide a las autoridades de Moldova que estudien la posibilidad de conceder a los entes territoriales el derecho a presentar iniciativas legislativas. Recomienda que la administración pública central y los entes locales y regionales sincronicen sus iniciativas de reforma, lo que constituiría una ocasión favorable para decidir qué competencias siguen en manos del gobierno central y cuáles –completadas con los fondos correspondientes– pueden delegarse, o, en caso de que se disponga de las capacidades administrativas, transferirse a los entes territoriales;

14.

señala que la falta de una práctica sistemática y sólida de gestión autónoma de sus propias finanzas locales por parte de los entes territoriales implica inevitablemente una disminución de sus capacidades para asumir plenamente las responsabilidades en la gestión de los fondos europeos, que requieren capacidades administrativas y de planificación estratégica adecuadas, así como medios suficientes para cubrir el importe de la contribución financiera local. El Comité indica que, dado el papel cada vez más importante de los programas destinados a los entes locales y regionales limítrofes con la UE, el refuerzo de la autonomía financiera de las autoridades públicas locales constituye un elemento esencial del proceso de determinación de las soluciones posibles a los problemas comunes por medio de la cooperación regional y transfronteriza entre los entes territoriales de la Unión Europea y los de la República de Moldova;

15.

espera con interés el establecimiento de un sistema transparente, equitativo y creíble de gestión de las finanzas públicas locales que tenga las siguientes características: supresión de las prácticas rígidas y el clientelismo que sustentan un sistema desequilibrado de distribución discrecional de los recursos presupuestarios entre las comunidades locales; supresión de las posibilidades de influir en la estructura de las rentas acumuladas por los demás niveles administrativos; refuerzo de la independencia del procedimiento presupuestario local garantizando en este nivel de gobernanza fuentes de ingresos adecuadas y previendo la recaudación de impuestos propios, medidas que permitirán una gestión autónoma de los recursos propios y, de forma implícita, establecer políticas de desarrollo económico local; garantía del ejercicio de las competencias transmitidas por el Estado a los entes locales dotándolos de los medios financieros correspondientes; transformación de los procedimientos de equilibrio financiero en verdaderos instrumentos de apoyo a las comunidades desfavorecidas; asignación transparente de los recursos, que permitirá una gestión financiera previsible por todos los entes locales; protección de la autonomía financiera local frente a las interferencias de las autoridades públicas de los demás niveles;

16.

señala que la falta de delimitación clara de las competencias respectivas de los poderes públicos locales y centrales obstaculiza el avance del proceso de descentralización y que el solapamiento de las responsabilidades de los distintos niveles de la Administración Pública tiene repercusiones negativas en la calidad de los servicios públicos. El Comité manifiesta su esperanza de que las reformas que vayan en este sentido garantizarán que los recursos sean proporcionales a las competencias atribuidas. Destaca que la delegación de competencias a las entidades locales solo puede producirse en un marco que prevea la igualdad de las partes, la cobertura íntegra de los costes y la protección jurídica de la autonomía local. El CDR estima que el control administrativo del ejercicio de las competencias delegadas por el Estado a las entidades locales no puede convertirse en una vigilancia de los entes locales por parte del Gobierno central;

17.

comparte la opinión de que la República de Moldova debería seguir de cerca los recientes debates sobre la política europea de desarrollo territorial, generados por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa que se refiere de forma explícita a un nuevo concepto de cohesión territorial. Es probable que esta política, que representa una simbiosis entre las políticas territoriales y la política de cohesión de la UE, tendrá después de 2013 efectos concretos para los países socios y contribuirá a intensificar la cooperación extraterritorial entre los entes locales y regionales en el marco de la Política Europea de Vecindad.

18.

comprueba con satisfacción que la República de Moldova ha completado recientemente el proceso de creación de un marco jurídico e institucional para el desarrollo regional similar al de los Estados miembros de la UE. El Comité se felicita por la creación de las seis regiones de desarrollo, es decir, unidades territoriales funcionales que constituyen el marco de planificación, evaluación y aplicación de la política de desarrollo regional que se inscribe en la nomenclatura de unidades territoriales estadísticas de la UE (NUTS). Asimismo, acoge con satisfacción la constitución del Consejo Nacional de Coordinación del Desarrollo Regional y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que reciben una dotación anual equivalente al 1 % de los ingresos del presupuesto del Estado (alrededor de 8 millones de euros en 2010). También destaca la importancia de la distribución de las fuentes de financiación del fondo, que se basa en un mecanismo transparente y duradero de financiación del desarrollo regional;

19.

espera con interés conocer el papel que desempeñarán las Agencias de desarrollo regional creadas recientemente en las regiones de desarrollo y que tienen la misión de coordinar los esfuerzos de desarrollo en las regiones y de aplicar los proyectos de desarrollo regional destinados a obtener un crecimiento económico sostenible a nivel regional. El CDR recomienda reforzar las capacidades operativas de los consejos regionales para el desarrollo (constituidos con arreglo al principio de paridad entre, por una parte, los representantes de los entes locales y regionales y, por otra parte, los representantes del sector privado y la sociedad civil) y destaca la importancia de contar plenamente con los entes territoriales en el proceso de seguimiento y evaluación de la aplicación de la política de desarrollo regional;

20.

recomienda, dado que Moldova ya dispone del mecanismo y del marco institucional necesarios para el desarrollo regional, compatibles con las normas europeas, establecer programas piloto de desarrollo regional centrados prioritariamente en las interconexiones de las redes energéticas y de transporte, incluido el ferroviario, las necesidades locales de infraestructuras, así como el capital humano y las pymes, definidos con arreglo a la política de cohesión de la UE. El CDR insiste en que sería beneficioso que estos proyectos se destinen de forma prioritaria a las zonas desfavorecidas y a las regiones más perjudicadas por la falta de desarrollo y de crecimiento económico;

21.

recomienda, ya que las instituciones de desarrollo regional son perfectamente operativas, condicionar la ayuda presupuestaria al desarrollo rural que conceda la UE a la República de Moldova en 2010 a la asignación de una parte de su dotación al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

22.

considera que las iniciativas de cooperación transfronteriza constituyen una fuente importante de financiación para los proyectos de desarrollo regional, tanto en el marco de los instrumentos de la Política Europea de Vecindad (Programa de cooperación transfronteriza Moldova-Rumanía-Ucrania 2007-2013, Programa operativo común de la cuenca del Mar Negro 2007-2013) como en el de la cooperación correspondiente a las eurorregiones, en la que participa Moldova: Bajo Danubio (Rumanía-Moldova-Ucrania), Siret-Prut-Dniéster (Rumanía-Moldova), Prut superior (Rumanía-Moldova-Ucrania). Como medida destinada a reforzar la confianza se puso en marcha recientemente una iniciativa de constitución de la eurorregión del Dniéster (Moldova-Ucrania), que también incluirá entes locales de la orilla izquierda de Dniéster, esto es, territorios no controlados por Chisinau. Salvo contadas excepciones, los límites de las regiones de desarrollo Centro, Norte y Sur corresponden a las fronteras de las unidades administrativas territoriales de la República de Moldova que forma parte de las tres eurorregiones. Los problemas que deben recibir una atención especial desde el punto de vista de los socios transfronterizos son los que se refieren a los obstáculos administrativos (fiscalidad, régimen de visados) y a las limitadas capacidades de los niveles local y regional para seleccionar y desarrollar proyectos de calidad;

23.

opina que el calendario de la reforma de los niveles administrativos local y regional a corto plazo debe completarse con un intercambio permanente de experiencias, con el fin de que se adopten las mejores prácticas de los entes territoriales de los Estados miembros de la UE. Debería fomentarse la intensificación de los contactos con el fin de favorecer la transferencia de conocimientos por medio de formas específicas de cooperación entre entes locales y regionales: hermanamiento entre instituciones o comunidades, enseñanza, visitas de estudio y participación de las asociaciones nacionales de entes locales y regionales de Moldova en las asambleas de representantes de los entes territoriales de la UE en calidad de miembros u observadores. Aunque desde hace poco se organizan actividades de este tipo sobre una base específica, es necesario sistematizarlas mediante un amplio programa de consolidación de las capacidades institucionales y de asimilación de las buenas prácticas por los entes locales y regionales. En paralelo, debe destacarse la iniciativa de creación de un acuerdo marco de cooperación entre los entes locales y regionales de Moldova y de los Estados miembros de la UE, basado en las disposiciones del nuevo acuerdo de asociación;

24.

alienta la negociación y la conclusión de un protocolo de acuerdo entre la Dirección General de Política Regional (Comisión Europea) y la autoridad encargada de la política de desarrollo regional en la República de Moldova (Ministerio de Obras y Desarrollo Regional) destinado a fomentar el diálogo sobre la política y la cooperación regionales (en el marco de la Asociación oriental) y reforzar las capacidades administrativas en el ámbito del desarrollo regional a nivel nacional y regional;

25.

recomienda la consolidación de las capacidades institucionales y la realización de un programa de hermanamiento institucional entre las agencias de desarrollo regional creadas recientemente en la República de Moldova y las agencias similares de la UE, así como dentro de las estructuras no gubernamentales (Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Regional - Eurada) y asociaciones de entes territoriales, como el congreso de poderes locales CALM (Congreso de Poderes Locales de Moldova), creado recientemente. El CDR propone que se examine la posibilidad de conceder a los entes territoriales de la República de Moldova el estatuto de observador en varias instituciones europeas interesadas por la política regional (Comité de las Regiones y Comité Económico y Social Europeo).

18.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 15/51

—

considera que la estabilidad política, el desarrollo económico y un alto nivel de vida de los habitantes de Georgia revisten una gran importancia para la UE, aunque el fortalecimiento de las relaciones mutuas es aún más importante con miras al programa de la Sinergia del Mar Negro;

—

acoge positivamente la firma del acuerdo de facilitación de visados con Georgia, puesto que es el mensaje de apertura de la UE a los ciudadanos de Georgia;

—

insta al Gobierno de Georgia a que modifique su legislación para que sea conforme a la Carta Europea de Autonomía Local y a que reconstruya el sistema de gobierno a nivel regional, a fin de que sirva de base para el desarrollo. Parece especialmente indispensable definir jurídicamente el funcionamiento de las regiones como unidades territoriales del país y la formulación de las competencias de los gobiernos regionales;

—

pide que se permita la participación de representantes de los entes locales y regionales de Georgia, junto a los representantes del Gobierno central, desde una fase lo más temprana posible, en los trabajos relativos a los acuerdos, informes y planes de acción elaborados sobre la base de las relaciones bilaterales entre la UE y Georgia;

—

propone la creación de una auténtica dimensión «territorial» de la Asociación Oriental, y, en este contexto, insta a los Estados miembros de la UE y a los países socios, entre los que figura Georgia, a que firmen un acuerdo multilateral que permita el funcionamiento de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en el ámbito de la Asociación Oriental que incluya a Georgia. La AECTpuede ayudar a reforzar la cooperación y desarrollar las relaciones transfronterizas, así como a intercambiar experiencias y contactos interpersonales entre los entes territoriales de Georgia y de los Estados miembros.

Ponente

:

Jacek Protas (PL/PPE), Presidente de la Región de Warmia-Mazuria

1.

señala que el objetivo principal de la UE en Georgia es estimular un gobierno pacífico, seguro y estable, capaz de contribuir a las relaciones de buena vecindad y estabilidad en la región, preparado para compartir los valores europeos y desarrollar la interoperabilidad institucional y jurídica en la región del Cáucaso Meridional y en las relaciones con la UE;

2.

confirma que el apoyo a las reformas democráticas, el Estado de Derecho y una «buena gobernanza» (good governance) constituye una prioridad en las relaciones entre la UE y Georgia, tanto a nivel nacional como local;

3.

considera que la estabilidad política, el desarrollo económico y un alto nivel de vida de los habitantes de Georgia revisten una gran importancia para la UE, aunque el fortalecimiento de las relaciones mutuas es aún más importante tras la última ampliación de la UE a Rumanía y Bulgaria, que comparten un mar común con Georgia, en particular con miras al programa de la Sinergia del Mar Negro ya iniciado;

4.

acoge positivamente la firma del acuerdo de facilitación de visados con Georgia, puesto que es el mensaje de apertura de la UE a los ciudadanos de Georgia;

5.

acoge con satisfacción la inclusión de Georgia en la Política Europea de Vecindad (European Neighbourhood Policy – PEV), en el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (European Neighbourhood and Partnership Instrument – ENPI) y en la Asociación Oriental (Eastern Partnership – EaP), y observa que esta iniciativa permite profundizar las relaciones de la UE con Georgia;

6.

destaca la importancia de la Asociación Oriental en el marco de la PEV. Está de acuerdo con los objetivos de fidelidad a los principios del Estado de Derecho, buena gobernanza, respeto y protección de las minorías, aceptación de los principios de la economía de mercado y de desarrollo sostenible;

7.

celebra que la Comisión Europea haya invitado al Comité de las Regiones a participar en la Asociación Oriental, especialmente en los trabajos de las plataformas temáticas sobre Democracia, buena gobernanza y estabilidad y Contactos entre los ciudadanos;

8.

subraya que la PEV se creó con la finalidad de franquear las líneas divisorias en Europa mediante una expansión gradual de un espacio de democracia, bienestar y seguridad;

9.

insta a la UE y a Georgia a que aprovechen los amplios conocimientos y experiencias adquiridos por los nuevos Estados miembros durante las reformas sociales y económicas a través de los programas de hermanamiento, intercambios y otros programas de apoyo accesibles;

10.

destaca la necesidad de coordinar las distintas iniciativas y programas, así como de fusionar los proyectos e instrumentos que ya funcionan, a fin de evitar la duplicidad de las acciones de la UE;

11.

a la luz de las elecciones locales celebradas en mayo de 2010, acoge con satisfacción los progresos realizados en el cumplimiento de los criterios internacionales pero considera que siguen existiendo deficiencias manifiestas; en particular, aunque las elecciones en términos generales se han organizado de manera transparente, abierta y profesional y se han producido mejoras considerables que muestran que las autoridades tratan de subsanar los fallos anteriores, siguen siendo preocupantes la movilización de los votantes, la falta de equidad en el trato de algunos candidatos y, a veces, la frontera poco clara entre las actividades financiadas por el Estado, las financiadas por el gobierno y la actividad política de los partidos;

12.

destaca el papel fundamental del gobierno territorial en el cumplimiento de los objetivos de la PEVen Georgia. Esta función consiste sobre todo en su contribución al desarrollo local, la mejora de las relaciones económicas locales, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la facilitación y el apoyo de la movilidad mediante el establecimiento de contactos recíprocos;

13.

recomienda la celebración de acuerdos, la cooperación directa, el intercambio de experiencias y la movilidad entre entes locales y regionales de los Estados miembros y el gobierno local de Georgia, a fin de intercambiar experiencias y dispositivos de ayuda al desarrollo a nivel local y regional;

14.

destaca que el refuerzo del gobierno local en Georgia constituye una prioridad. Considera que deberían asignarse más recursos para mejorar las capacidades administrativas a nivel local. Esto prodría lograrse en el marco de la Asociación Oriental con la ayuda de los Comprehensive Institution-Building Programmes (CIB) (Programas globales para el desarrollo de instituciones), que consisten en: hermanamientos, asesoramiento de alto nivel, formación e intercambio de personal, períodos de prácticas o becas para la formación profesional. También parece indispensable apoyar a Georgia en el proceso de construcción de una base académica en materia de investigación sobre gobernanza territorial y desarrollo regional;

15.

recomienda que, con la ayuda práctica de la UE, Georgia modernice las normas administrativas de sus gobiernos locales y amplíe sus capacidades institucionales. Esto puede lograrse fortaleciendo y profundizando el diálogo político, los contactos entre ciudadanos y los instrumentos de hermanamiento, así como el intercambio de buenas prácticas entre socios de la Unión y de Georgia comprometidos en la realización de reformas políticas y sociales;

16.

insta al Gobierno de Georgia a que modifique su legislación para que sea conforme a la Carta Europea de Autonomía Local y a que reconstruya el sistema de gobierno a nivel regional, a fin de que sirva de base para el desarrollo. Parece especialmente indispensable definir jurídicamente el funcionamiento de las regiones como unidades territoriales del país y la formulación de las competencias de los gobiernos regionales;

17.

observa con satisfacción que las autoridades de Georgia han obtenido un gran éxito durante los cuatro años de funcionamiento de los entes locales en su nueva forma. Se ha logrado elaborar una fórmula más eficaz y transparente de financiación de los entes territoriales, continuar el desarrollo de las infraestructuras locales y fomentar una mayor actividad de las comunidades locales. A pesar de estos éxitos, aún queda mucho por hacer;

18.

insta a las autoridades georgianas a que, en el futuro, a medida que se va consolidando el gobierno territorial en Georgia, reflexionen sobre la posibilidad de crear un nivel inferior de gobierno local o incluso de ampliar el número de municipios existentes en la actualidad. En opinión del Comité, la actividad de los entes territoriales en el nivel más bajo garantiza una solución más rápida y eficaz de los problemas locales, un mayor compromiso de los ciudadanos y un sentimiento de mayor responsabilidad en los proyectos comunes. Insta asimismo a que se reflexione sobre la idea de crear entes regionales;

19.

acoge con satisfacción que, a raíz de las nuevas disposiciones legislativas que entrarán en vigor tras las elecciones locales de 2010, haya aumentado la importancia de los Consejos como órganos de representación elegidos en los comicios locales, respecto de las alcaldías;

20.

insta a las autoridades de Georgia a mejorar el mecanismo de transferencia de recursos financieros a los entes territoriales y para satisfacer las necesidades del país en materia de desarrollo regional. Insta a una mayor participación del Ministerio de Desarrollo Regional en ese mecanismo, en detrimento de la competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda, que no está tan preparado para atender las necesidades de las regiones como el servicio especial competente para ello;

21.

observa la necesidad de descentralización financiera en Georgia. La mayoría de los entes locales depende de las dotaciones presupuestarias del Estado para el 90 % de sus ingresos;

22.

insta a las autoridades de Georgia a introducir modificaciones en la Ley Electoral que permitan la participación de candidatos independientes en las elecciones locales del país. Así se reduciría la politización de los entes territoriales en Georgia y se admitiría en los mismos a líderes locales;

23.

recomienda a las autoridades de Georgia la elaboración de mecanismos que permitan una mayor participación de los representantes de los entes locales en la realización y aplicación de la Estrategia de Desarrollo Regional y en otros documentos estatales que afecten al desarrollo de los distintos municipios;

24.

pide que se permita la participación de representantes de los entes locales y regionales de Georgia, junto a los representantes del Gobierno central, desde una fase lo más temprana posible, en los trabajos relativos a los acuerdos, informes y planes de acción elaborados en el contexto de las relaciones bilaterales entre la UE y Georgia, en particular en el marco de la PEVy de la preparación y ejecución del Programa Indicativo Nacional (PIN);

25.

insta al Gobierno de Georgia a elaborar mecanismos de diálogo y consulta con los poderes locales, los interlocutores sociales y la sociedad civil, incluyéndolos en el proceso de cooperación con la UE;

26.

recomienda que se incluya a los entes territoriales en la realización de proyectos en los cuatro ámbitos clave mencionados en la Estrategia de Cooperación Transfronteriza 2007-2013 (Cross-border Cooperation Strategy Paper 2007-2013), a saber:

exhorta a que se actúe en el marco de proyectos de menor escala, entre los que deberán tener prioridad aquellos cuyo fin sea mejorar el nivel de vida de la población;

27.

destaca el papel de las organizaciones no gubernamentales y de los medios de comunicación locales como guardianes y controladores del correcto funcionamiento del gobierno local, de la transparencia de su actuación y de los resultados reales de su trabajo. Los medios de comunicación y las ONG tienen también una gran importancia a la hora de analizar los problemas locales concretos de las comunidades y entes locales y de debatir las posibilidades de solución y la aplicación de las mismas;

28.

recomienda a las instituciones europeas que presten un mayor apoyo a las ONG y los medios de comunicación locales en Georgia;

29.

observa con satisfacción que la Comisión Europea ha reconocido el desarrollo regional y el apoyo al sector agrícola como ámbitos importantes para continuar o incluso ampliar la ayuda a Georgia en el marco del PIN para los años 2011-2013;

30.

acoge favorablemente la creación en Georgia en 2009 del Ministerio de Desarrollo Regional e Infraestructuras, que se ha convertido en un socio fundamental para la UE;

31.

observa con satisfacción que las autoridades de Georgia han hecho del desarrollo regional una de sus prioridades políticas, que tiene como misión reforzar la economía georgiana. El Comité valora positivamente los esfuerzos realizados y los éxitos logrados por Georgia en este ámbito. Señala, al mismo tiempo, que aún queda mucho por hacer, especialmente en el desarrollo de un planteamiento que parta de la base (de abajo arriba);

32.

insta a las autoridades de Georgia a continuar el programa «Georgia sin pobreza», ya iniciado antes de la guerra de 2008, y a desarrollar el sistema de seguro de salud para los más pobres. La pobreza en Georgia sigue siendo un grave problema, que debería resolverse con la ayuda de la UE;

33.

recomienda a las autoridades de Georgia que, con la ayuda de la UE, inicien una lucha activa y decidida contra el desempleo, que sigue siendo un problema muy grave, en particular en las zonas rurales. También recomienda la creación de instituciones cuya misión consistiría en investigar el desempleo y combatirlo. También parece indispensable resolver el problema de la divergencia entre, por una parte, las competencias y la formación de la población y, por otra, las necesidades reales del mercado laboral;

34.

señala la necesidad de proseguir las reformas y el desarrollo de la agricultura georgiana. Insta a las autoridades de Georgia a que acuerden la forma definitiva de la Estrategia de Desarrollo Agrícola en Georgia y la ratifiquen, así como a que aumenten las inversiones públicas y fomenten las inversiones privadas en el sector agrícola. Esto resulta indispensable, ya que el grupo más importante de ciudadanos georgianos que se encuentran por debajo del nivel de pobreza reside precisamente en las zonas rurales;

35.

valora positivamente los esfuerzos de Georgia por aumentar la calidad de sus estudios estadísticos, y, concretamente, la aprobación de una nueva ley sobre estadísticas que prevé la creación de una Agencia Estadística. Recomienda a las instituciones europeas y a los Estados miembros que concedan ayudas para la aplicación de esta legislación;

36.

pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros de la UE que ayuden a Georgia en la preparación y realización de estudios estadísticos, así como en la compilación de sus resultados. Sin unos datos pormenorizados y específicos de las distintas regiones no es posible una política regional eficaz ni el desarrollo regional;

37.

recomienda el apoyo de la UE a la elaboración de un plan de ordenación territorial en Georgia;

38.

otorga gran importancia al problema de la protección del medio ambiente en Georgia. Los recursos naturales -agua, bosques, costas, montañas, aire y otros- revisten una gran importancia para la economía del país. Recomienda a Georgia que siga trabajando en una estrategia relativa al medio ambiente natural y en una ley de protección del medio ambiente. Insta a que, con la ayuda activa de la UE, se elabore una política de protección del medio ambiente y de desarrollo sostenible en Georgia;

39.

observa la necesidad de apoyar la innovación en la ciencia y la economía georgianas. Insta a las instituciones europeas a prestar atención a esta cuestión;

40.

insta a las autoridades de Georgia a aplicar una política consecuente de desarrollo de la economía local y de las pequeñas y medianas empresas a nivel regional. Pueden ayudar a ello las inversiones en infraestructuras locales y los créditos a bajo interés;

41.

señala que la cooperación regional y transfronteriza es un elemento indispensable para resolver los problemas comunes como, por ejemplo, en el ámbito de la administración de los recursos hídricos, la lucha contra la delincuencia organizada, el transporte, la inversión exterior, la energía, la protección del medio ambiente y el cambio climático;

42.

insta a los entes locales de Georgia a realizar gestiones para impulsar la cooperación interregional de las regiones de Georgia y hacer que estas últimas participen en las redes internacionales de cooperación. Recomienda, en este contexto, al gobierno central que regule las cuestiones relativas a la división territorial del país, la definición de las regiones y la fijación de sus competencias;

43.

acoge favorablemente el inicio de la aplicación de la Gestión Fronteriza Integrada del Cáucaso Meridional, así como el nuevo consejo de administración del Centro Regional para el Medio Ambiente del Cáucaso. Insta a que se continúe con el Programa de Lucha contra la Droga del Cáucaso Meridional. Todas estas iniciativas son instrumentos importantísimos para fomentar la cooperación regional y la estabilidad en el Cáucaso Meridional;

44.

propone la creación de una auténtica dimensión «territorial» de la Asociación Oriental, y, en este contexto, insta a los Estados miembros de la UE y a los países socios, entre los que figura Georgia, a que firmen un acuerdo multilateral que permita el funcionamiento de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en el ámbito de la Asociación Oriental que incluya a Georgia. La AECT puede ayudar a reforzar la cooperación y desarrollar las relaciones transfronterizas, así como a intercambiar experiencias y contactos interpersonales entre los entes territoriales de Georgia y de los Estados miembros;

45.

de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea, actuará con firmeza para elaborar una fórmula que permita establecer un diálogo regular y una colaboración más estrecha entre los entes locales y regionales (ELR) de los Estados miembros y de los países de la Asociación Oriental (EaP), en particular, mediante la organización de una conferencia anual de entes locales y regionales de la UE y de la Asociación Oriental;

46.

está de acuerdo con el llamamiento hecho por la Comisión Europea para estrechar la cooperación multilateral, complementando la Dimensión Septentrional y la Sinergia del Mar Negro. Insta a la coordinación de las iniciativas multilaterales en el marco de la PEV, como la Sinergia del Mar Negro y la Asociación Oriental, con miras a desarrollar las relaciones bilaterales entre la UE y Georgia;

47.

observa con satisfacción la adopción por las autoridades de Georgia de la Estrategia Nacional de Integración, cuyo cometido es, entre otras cosas, mejorar las infraestructuras en las regiones pobladas por minorías nacionales. Observa que, pese a estos esfuerzos, la integración y los derechos de las minorías nacionales en Georgia siguen siendo motivo de preocupación;

48.

acoge favorablemente los esfuerzos realizados hasta ahora por las autoridades de Georgia con el objetivo de mejorar el conocimiento de la lengua estatal entre las minorías y la traducción a las lenguas minoritarias de los manuales escolares que forman parte del programa oficial de estudios de Georgia. Es un paso importante hacia la normalización de la educación en todo el país. Deberían continuarse y profundizarse decididamente las acciones en este sentido, ya que el desconocimiento de la lengua georgiana entre los representantes de las minorías sigue siendo un gran desafío;

49.

recomienda que las instituciones de la UE presten especial atención a los casos de discriminación por motivos de origen étnico o creencias religiosas en el territorio de Georgia y otorguen toda su ayuda (técnica, especializada y financiera) para encontrar en Georgia soluciones jurídicas e institucionales propicias al respeto de los derechos de las minorías y a profundizar su integración social y ciudadana;

50.

recomienda a las instituciones de la UE y a otras instituciones internacionales georgianas comprometidas en esta cuestión que fomenten la educación informativa que permita aumentar el nivel de sensibilización jurídica, política y ciudadana entre los representantes de las minorías nacionales y religiosas en Georgia;

51.

insta al gobierno central de Georgia a que elabore mecanismos adecuados que eviten la exclusión de los representantes de las minorías de la vida social, política y ciudadana del país;

52.

insta a las autoridades de Georgia a que elaboren una política que permita un diagnóstico adecuado de los problemas reales de las minorías y su solución rápida y eficaz mediante la participación activa de todos los agentes interesados: principalmente, los representantes del gobierno central, de los entes territoriales y de las minorías, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, de las comunidades locales y de organizaciones internacionales;

53.

señala la importancia capital que revisten la responsabilidad común y la coordinación de las acciones del gobierno, entes territoriales y ONG con respecto a las minorías nacionales y religiosas en Georgia;

54.

acoge favorablemente el compromiso de la UE para acabar con la guerra de agosto de 2008 entre Rusia y Georgia y reparar sus efectos, así como el establecimiento de la Misión de Observación de la UE en Georgia (EUMM) y la ayuda de posguerra a Georgia;

55.

valora positivamente y destaca la importancia de la participación activa de la UE, junto a las Naciones Unidas y la OSCE, en las «Conversaciones de Ginebra» instituidas en 2008 como foro para el diálogo y plataforma del proceso de resolución de conflictos;

56.

acoge favorablemente la cooperación continuada entre la OTANy Georgia sobre las reformas democráticas, institucionales y de defensa, con el fin de preparar a Georgia para una posible adhesión a la Alianza y de lograr una mayor estabilidad en la región;

57.

señala que la UE siempre ha reconocido la integridad territorial de Georgia y la inviolabilidad de sus fronteras, y apoya enérgicamente la resolución pacífica de los conflictos;

58.

recomienda que tanto la EUMM como el Representante Especial de la UE para el Cáucaso Meridional continúen la observación detallada de la evolución de los acontecimientos en las regiones afectadas por los conflictos;

59.

insta a Rusia a que respete las disposiciones de los acuerdos que ha firmado por los que se pone fin al conflicto de agosto de 2008, y que retire sus fuerzas armadas a las posiciones que ocupaban antes del inicio del conflicto armado, así como a que deje de bloquear el acceso de la EUMMal territorio de Abjasia y de Osetia del Sur;

60.

observa con satisfacción la adopción y aplicación por las autoridades de Georgia de una estrategia nacional para los desplazados para el período 2009-2012, que incluye a todos los desplazados internos (Internally Displaced People - IDP);

61.

valora el avance positivo que supone la «Estrategia estatal para los territorios ocupados: compromiso mediante la colaboración», adoptada por el Gobierno de Georgia en enero de 2010, así como la intención de introducir modificaciones en el documento «El Derecho en los territorios ocupados», sobre el que el Consejo de Europa formuló reservas importantes;

62.

se muestra resueltamente favorable a continuar la ayuda a las regiones afectadas por el reciente conflicto. Considera que deberían asignarse recursos adicionales, en particular para ayudar a los refugiados y desplazados internos, para la reconstrucción de viviendas e infraestructuras, para apoyar el diálogo entre las comunidades locales y para medidas que restablezcan la confianza;

63.

destaca que, desde la «Revolución de las rosas», que inició en Georgia un período de cambios y reformas, apenas han transcurrido seis años, durante los cuales Georgia ha vivido una guerra y los efectos de la crisis económica mundial. A pesar de ser un período tan corto y de las dificultades encontradas, Georgia ha logrado realizar grandes avances hacia la democracia, la economía de mercado y el desarrollo;

64.

señala la enorme importancia del apoyo de la UE al gobierno local y al desarrollo regional en Georgia, situada en una región políticamente inestable, propensa a sufrir cambios frecuentes de gobierno, donde desde la caída de la Unión Soviética se han registrado ya más de una docena de conflictos armados o latentes. Georgia está situada en una región sumamente diversa desde el punto de vista de las nacionalidades, las lenguas, las religiones y la historia, y hasta ahora no cuenta con tradiciones democráticas bien arraigadas del tipo europeo. Por este motivo, las inversiones en el desarrollo y la potenciación del gobierno local y los entes territoriales en Georgia tienen una importancia fundamental tanto para mejorar la calidad de vida de sus habitantes como para la democratización del país. También contribuyen a promover los valores europeos y a restablecer la confianza de los ciudadanos de Georgia en la UE;

65.

recuerda que el desarrollo político y económico de Georgia, país vecino de la UE situado en una región estratégica desde el punto de vista de las rutas de abastecimiento energético y de su proximidad a regiones políticamente inestables, reviste una importancia capital para la UE. El apoyo a Georgia en sus aspiraciones de acercamiento a la UE debería constituir una de las prioridades de la Unión Europea.