28.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 354/1

1.1

La igualdad entre mujeres y hombres, además de ser un objetivo en sí mismo, es una de las condiciones previas para el cumplimiento de los objetivos de la UE de crecimiento, empleo y cohesión social.

1.2

La valoración a mitad de camino de la Hoja de Ruta de la Igualdad se realiza en un contexto de crisis económica. Se debe observar el impacto y las consecuencias que tiene la crisis sobre las mujeres y los hombres dada la distinta posición que ocupan en la sociedad.

1.3

La igualdad debe formar parte de todas las políticas, especialmente de las sociales y de empleo, y se deben proseguir los esfuerzos para suprimir los obstáculos que impiden la plena e igual participación de mujeres y hombres en el mercado laboral.

1.4

Para asegurar y mejorar la independencia económica de las mujeres se debe mejorar la calidad y la cantidad del empleo femenino – y el apoyo a las trabajadoras autónomas –, combatir el riesgo de precariedad que sufren, así como favorecer un reparto igualitario de las responsabilidades familiares y domésticas.

1.5

La desigualdad salarial tiene un origen estructural: infravaloración de las capacidades tradicionalmente consideradas «femeninas», segregación profesional y sectorial, empleos precarios, interrupciones de la vida laboral, etc. La legislación y los convenios colectivos son instrumentos eficaces en la lucha contra la desigualdad salarial, siendo necesaria la implicación de todos los agentes económicos y sociales.

1.6

Una mayor presencia de mujeres en los ámbitos empresarial y político fomenta la igualdad, su independencia económica, la superación de los estereotipos de género y la promoción de las mujeres en la toma de decisiones.

1.7

Las mujeres son especialmente vulnerables a la exclusión social y la pobreza. La individualización de los derechos sociales, un ingreso mínimo garantizado, la contabilización de los periodos de inactividad o reducción de la jornada laboral por motivos de cuidados son medidas que mejoran la protección social y reducen el riesgo de pobreza de la población.

1.8

La conciliación de vida familiar y laboral es vital para lograr la igualdad y mejorar el empleo de las mujeres: unos servicios sociales públicos y de calidad y la mejora de los permisos maternales, paternales y parentales ya existentes. Se debe avanzar en la corresponsabilidad de todos los agentes sociales en el reparto equitativo de trabajo doméstico y de cuidados.

1.9

El CESE considera necesario promover la representación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones; para ello los Estados miembros (EEMM) deben aumentar su grado de compromiso estableciendo objetivos claros y medidas eficaces (acción positiva, planes de igualdad, etc.).

1.10

Ante la persistencia de la violencia de género y la trata de seres humanos, el CESE estima necesaria la aplicación de la legislación vigente y la elaboración de planes de acción nacionales coordinados por una estrategia global europea, así como incrementar los programas específicos.

1.11

Para combatir los estereotipos sexistas el CESE considera imprescindible educar y formar a la sociedad en modelos no sexistas, ofrecer formación tanto a los hombres como a las mujeres, fomentar la presencia de mujeres en estudios científicos y tecnológicos, mejorar la valoración de los empleos tradicionalmente considerados «femeninos» y evitar el sexismo en los medios de difusión y comunicación.

1.12

La política exterior y de desarrollo de la UE debe ser aprovechada para la promoción de los derechos de las mujeres en el contexto internacional mejorando su capacitación y empoderamiento.

1.13

El CESE considera necesario una plena incorporación transversal del análisis de género en todas las áreas de actuación de la Comisión y la aplicación del análisis de género a los presupuestos tanto a nivel europeo como nacional. Para ello se necesitan recursos humanos capacitados en igualdad además de indicadores desagregados por sexo que permitan visualizar la situación de las mujeres y de los hombres y evaluar el grado de cumplimiento del Plan de Igualdad.

1.14

En la nueva estrategia para la igualdad a seguir a partir del 2010, los objetivos no pueden ser meras recomendaciones realizadas desde la Comisión a los EEMM, sino directrices de obligado cumplimiento con objetivos cuantificables. Para ello es necesaria una mayor implicación política a todos los niveles, y la UE ha de colocarse a la cabeza predicando con el ejemplo, con una revisión proactiva del trabajo realizado y una evaluación del impacto correspondiente a la aplicación.

2.1

El Plan de Trabajo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2006-2010 representa el compromiso de la Comisión Europea para avanzar en la igualdad en colaboración con los EEMM. El CESE, a propuesta de la Comisión, realiza su valoración, analizando el impacto de las medidas adoptadas y su grado de cumplimiento, además de realizar propuestas de actuación de cara a la nueva estrategia a seguir a partir del 2010.

2.2

El CESE reconoce el largo compromiso de la UE con la igualdad: el Tratado de Roma de 1957 incluye el principio de igualdad salarial, el Tratado de Ámsterdam en 1997 utiliza un planteamiento dual que combina la transversalidad con medidas específicas, y el Tratado de Lisboa contiene un compromiso explícito para la eliminación de las desigualdades y la promoción de la igualdad.

2.3

A nivel internacional, la Unión Europea se adhiere a la Plataforma de Acción de Beijing, a los Objetivos del Milenio así como a la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) que sitúa a la mujer en el centro de preocupación de los derechos humanos.

2.4

A pesar de este amplio marco normativo no se han cumplido los objetivos previstos y persisten las desigualdades entre mujeres y hombres. No se han logrado avances sustanciales en ninguna de las seis áreas prioritarias de acción política del Plan de Trabajo para la Igualdad 2006-2010. Teniendo en cuenta esta circunstancia, hay que preguntarse si existe una verdadera voluntad política para llevar a cabo dichos cambios. La incorporación del principio de igualdad de género, factor clave de competividad y de crecimiento, debe ser una prioridad de la nueva Estrategia de Acción de la UE 2020.

2.5

La evaluación del Plan de Trabajo para la Igualdad 2006-2010 se realiza en un contexto de crisis económica y es preciso analizar sus consecuencias sobre las mujeres dada la distinta posición que ocupan en el mercado de trabajo y en las políticas públicas de gasto social, especialmente en los servicios sociales, que son los que más afectan a las mujeres.

2.6

La crisis ha afectado primero a los empleos tradicionalmente ocupados por hombres (construcción, transporte, industria), extendiéndose posteriormente a otros sectores con mayor presencia de mujeres (servicios bancarios, comercio, etc.). Así, en muchos casos, los ingresos familiares se han limitado exclusivamente al salario femenino, habitualmente inferior al de los hombres al estar ocupadas mayoritariamente en el sector de servicios, con contratos a tiempo parcial, temporales o en la economía sumergida. Todo ello tiene a su vez un impacto negativo sobre la economía nacional al reducir el consumo privado, frenando así la recuperación.

2.7

La crisis también afecta a las políticas sociales: la cobertura de la prestación por desempleo es menor en el caso de las mujeres, tanto en cuantía como en duración, dado el lugar a menudo desventajoso ocupado en el mercado laboral. Además, los servicios públicos básicos como la sanidad, la salud, la educación y los servicios sociales reducen su oferta en un momento en que las familias, especialmente las mujeres, más lo necesitan. Al ser sectores que concentran mano de obra femenina, tendrá de nuevo efectos negativos sobre el empleo de las mujeres.

2.8

Las medidas anticrisis no pueden ser neutras al género y, mientras sea necesario, las políticas de recuperación económica así como los actuales programas de los Fondos Estructurales deberán tener en cuenta la distinta posición que ocupan en la sociedad mujeres y hombres.

2.9

La igualdad debe ser una prioridad no sólo para abordar la actual crisis y su posterior recuperación sino también para abordar los retos demográficos y los retos económicos que afectan al modelo social europeo y que inciden en las mujeres y en su independencia económica.

1.

Conseguir la misma independencia económica para las mujeres y los hombres

2.

La conciliación de la actividad laboral con la privada y familiar

3.

La representación paritaria de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones

4.

La erradicación de todas las modalidades de violencia de que son víctimas las mujeres

5.

La eliminación de los estereotipos sexistas

6.

La promoción de la igualdad de género en las políticas exteriores y de desarrollo.

3.1.1.1

Aún son muchos los países que no cumplen con el objetivo de la Estrategia de Lisboa del 60 % de mujeres empleadas. Si los hombres logran una tasa de empleo del 70,9 %, las mujeres sólo alcanzan un 58,8 % (1) y cuando superan los 55 años las mujeres están empleadas en un 36,8 % frente al 55 % los hombres. Las mujeres sufren más el paro, pero a medida que avanza la crisis esta brecha disminuye (9,8 % de paradas frente al 9,6 % de hombres).

3.1.1.2

Además de la cantidad, es necesario mejorar la calidad del empleo de las mujeres, ya que están sobrerrepresentadas en sectores de baja remuneración y en empleos con mayor riesgo de precariedad. El empleo a tiempo parcial es eminentemente femenino (31,5 % de las mujeres frente al 8,3 % de los hombres) y el 14,3 % de las mujeres empleadas tienen un empleo temporal. Por otro lado, cuando son madres, su tasa de empleo desciende en más de diez puntos, reflejo del desigual reparto de las responsabilidades familiares y de la escasa infraestructura de cuidados.

3.1.1.3

El CESE recomienda analizar de forma conjunta la tasa de paro y la tasa de inactividad de las mujeres por motivos familiares (2). Las mujeres, por su condición de cuidadoras, en muchas ocasiones no cumplen con los requisitos para ser consideradas «desempleadas», apareciendo la inactividad como un paro encubierto.

3.1.1.4

Se impone un enfoque multidisciplinar que permita complementar políticas de empleo con medidas sociales y educativas; una formación que elimine los estereotipos en el empleo, unos servicios sociales públicos de calidad que garanticen los cuidados a las personas dependientes y unas campañas de sensibilización para el reparto del trabajo doméstico entre mujeres y hombres.

3.1.1.5

La Comisión debe integrar y promover la igualdad en todos sus programas (tal y como hace el programa PROGRESS). Los Fondos Estructurales constituyen un marco incomparable: permiten conocer el grado de cumplimiento de los países, realizar una evaluación anual del impacto de género de dichas medidas por países e incluso establecer medidas apropiadas y sanciones para quienes no garanticen un empleo femenino en cantidad y de calidad.

3.1.2.1

Lograr la equiparación salarial es imprescindible para lograr la igualdad, pero, a pesar de los avances legislativos, la brecha salarial entre mujeres y hombres asciende a 17,4 %, aumentando hasta un 30 % para las mujeres de más de 50 años.

3.1.2.2

La desigualdad salarial tiene un origen estructural: segregación en sectores económicos poco valorados y en profesiones de baja retribución, mayor presencia en la economía sumergida y en los empleos precarios e interrupción o reducción de la vida laboral por motivos familiares. Estos elementos inciden de forma negativa en su nivel salarial.

3.1.2.3

El CESE (3) recomienda que cada país miembro revise sus dispositivos en cuanto a condiciones de contrato y retribución para evitar la discriminación directa e indirecta de las mujeres.

3.1.2.4

La legislación debe incorporar mecanismos de control que detecten la discriminación por motivos de sexo, fomentando sistemas transparentes de clasificación profesional que valoren y retribuyan de igual forma las cualificaciones, la experiencia y el potencial de todo el personal.

3.1.2.5

La negociación colectiva es un buen instrumento para incorporar sistemas de valoración de puestos de trabajo no sexistas, permisos de formación para la promoción profesional de las mujeres, excedencias y permisos por motivos familiares, distribución flexible del tiempo de trabajo, etc., que reduzcan las diferencias salariales.

3.1.3.1

A pesar de estar altamente cualificadas, las mujeres aún son minoría en puestos de responsabilidad de las empresas. La Comisión ha fomentado la igualdad en el marco de la responsabilidad social de las empresas, ha ampliado las ayudas estatales para las nuevas empresas creadas por mujeres (Reglamento CE no 800/2008) y ha prestado su apoyo a la Red de Mujeres Empresarias. Dicha Red debería implicar, además de gobiernos e instituciones oficiales, a organizaciones relevantes de la sociedad civil para beneficiarse de un intercambio de experiencias y buenas prácticas.

3.1.3.2

Se recomienda poner en práctica las recomendaciones del Plan de Acción de la UE sobre el espíritu empresarial para aumentar la creación de empresas por parte de mujeres con medidas como un mejor acceso a la financiación y al crédito, el desarrollo de redes empresariales de organización y asesoramiento, una adecuada formación profesional y de reciclaje, la promoción de buenas prácticas, etc.

3.1.4.1

Las mujeres son especialmente vulnerables a la exclusión social y a la pobreza. La desigual posición en el mercado laboral y su condición de dependiente en los sistemas de protección social son elementos que contribuyen a dicha situación.

3.1.4.2

Se deben igualar las condiciones de acceso a la protección social para mujeres y hombres. La reducción de la jornada laboral por motivos familiares, el uso de los permisos maternales y/o parentales para el cuidado, el empleo a tiempo parcial o temporal, la segregación y la discriminación salarial son elementos que reducen la cuantía y duración de las futuras prestaciones sociales que obtendrán las mujeres, especialmente de desempleo y de jubilación. Para paliar en parte esta situación de desigualdad es imprescindible, entre otras medidas, el reconocimiento del tiempo dedicado al trabajo no remunerado así como los periodos de reducción de jornada y de inactividad por motivos familiares como cotizados a tiempo completo.

3.1.4.3

El sistema público de protección social debe garantizar un ingreso mínimo digno que reduzca el riesgo de pobreza, prestando especial atención a las mujeres ancianas, las viudas que perciben una pensión derivada y las familias monoparentales encabezadas por mujeres.

3.1.4.4

Especial atención requieren los sistemas privados de pensiones implantados en algunos países, ya que las condiciones de las futuras pensiones se establecen en función de los ingresos individuales y de la esperanza de vida, penalizando especialmente a las mujeres.

3.1.4.5

En 2010 se celebra el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y coincide con el fin de la Estrategia de Lisboa y de la implantación del Método Abierto de Coordinación. La nueva Estrategia UE 2020 debe establecer unos objetivos concretos y unas medidas más eficaces tanto a corto como a largo plazo para combatir la pobreza, en especial de las mujeres.

3.1.5.1

El CESE considera necesaria una nueva estrategia de salud que integre las diferentes necesidades de hombres y mujeres en materia sanitaria, aunque destaca la ausencia de previsión de acciones concretas en esta dirección. Para ello es necesario avanzar en la investigación de la salud de las mujeres y de las enfermedades que les afectan.

3.1.5.2

El envejecimiento de la población y la participación de las mujeres en el mercado de trabajo aumentarán en el futuro la demanda de servicios de cuidado de larga duración. Los EEMM deben garantizar unos servicios sanitarios y sociales públicos de calidad, ya que su ausencia tiene un impacto negativo especialmente sobre las mujeres al ser ellas las que mayoritariamente desempeñan las labores de cuidados.

3.1.6.1

El CESE reitera la necesidad de incorporar la perspectiva de género en materia de política migratoria y de asilo. Las inmigrantes, junto con las mujeres de minorías étnicas, deben ser objeto de una mayor atención, ya que las desigualdades les afectan en mayor medida y se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, especialmente en época de crisis económica (4).

3.1.6.2

La feminización de las migraciones tiene relación directa con la demanda de mano de obra en el sector doméstico y de cuidados, debida en gran medida a la escasez en infraestructuras sociales. Un número importante de mujeres inmigrantes están ocupadas en estos sectores caracterizados por la informalidad y la precariedad. Se debe «profesionalizar» y regularizar este empleo, además de fomentar la cualificación profesional para mejorar la inclusión laboral de las mujeres inmigrantes.

3.2.1

En materia de empleo femenino se han alcanzado los objetivos de la Estrategia de Lisboa a pesar del incumplimiento de los Objetivos de Barcelona en cuanto a estructuras de cuidados infantiles (cobertura del 33 % para menores de 3 años y del 90 % para edades entre 3 y 6 años). Es imprescindible la existencia de una infraestructura de servicios de cuidados, con disponibilidad de plazas y una oferta flexible que garantice una atención personalizada y de calidad: una infraestructura fuera de las horas laborales, para los periodos vacacionales, comedores, centros especializados según el grado de dependencia, etc. Una inversión en servicios sociales no solo tiene consecuencias positivas sobre la economía y sobre el empleo en especial, sino que además posee una alta utilidad social.

3.2.2

La atención a la infancia y a las personas dependientes requiere de unos horarios flexibles, se impone una reorganización de los tiempos de trabajo adaptándolos a las necesidades familiares y laborales y accesibles por igual para mujeres y hombres.

3.2.3

Una parte importante de las mujeres utilizan el empleo a tiempo parcial como medida de conciliación, en parte originado por una insuficiente infraestructura de cuidados. Pero la feminización del empleo parcial no sólo se debe a motivos familiares, sino que en muchos casos es la única vía que tienen las mujeres para acceder al mercado laboral (5).

3.2.4

En materia de permisos, se impone una equiparación de los derechos individuales entre mujeres y hombres, con independencia del tipo de contrato que posean (autónomos, temporales, indefinidos, etc.). En este sentido el CESE valora positivamente el acuerdo alcanzado entre la CES, BUSINESSEUROPE, CEEP y UEAPME para la ampliación del permiso parental (6), aunque considera necesario seguir avanzando hacia la equiparación total. El CESE aplaude la iniciativa de la Comisión para mejorar la protección a las trabajadoras embarazadas, que han dado a luz o están en periodo de lactancia y coincide en que debe garantizarse un permiso de 18 semanas como mínimo (7).

3.2.5

Debe hacerse una apuesta clara por la corresponsabilidad entre todos los agentes sociales de las tareas domésticas y de cuidados, mayoritariamente asumidas por las mujeres, y así aprovechar el capital humano en su totalidad. Es necesaria una campaña en favor del reparto del trabajo doméstico y de cuidados, origen de la desigualdad, y una revalorización de este tipo de trabajos.

3.3.1

Se necesita un compromiso más firme para lograr la paridad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones (8), en el ámbito económico, político, científico y tecnológico. La situación de las mujeres apenas ha variado en los últimos años. Por ello es necesario introducir unos objetivos claros y unos plazos para alcanzarlos, así como políticas específicas y medidas eficaces (acción positiva, planes de igualdad, formación específica, cuotas de participación, campañas de sensibilización, etc.).

3.3.2

La paridad de mujeres y hombres en la política debe ser un eje central en la construcción europea. En las elecciones de junio de 2009 las mujeres ocuparon el 35 % del Parlamento Europeo y en la Comisión son 10 las mujeres frente a 17 hombres. En los parlamentos nacionales representan el 24 % mientras que el 25 % de las carteras ministeriales de los gobiernos nacionales están ocupadas por mujeres (9). En el CESE actualmente hay un 23,6 % de consejeras frente al 76,4 % de consejeros, mientras que a nivel de puestos directivos (directores, subdirectores, secretarios generales adjuntos) las mujeres sólo representan el 16,7 % frente al 83,3 % de los hombres. La representación paritaria entre hombres y mujeres debe ser una prioridad clave para lograr la igualdad a todos los niveles.

3.3.3

Los avances percibidos en el área de la investigación del sector público son muy modestos (el 39 % son mujeres) y apenas se perciben movimientos en el área económica y financiera (no hay mujeres en la dirección de bancos centrales y en sus juntas son el 17 % de los miembros y apenas son el 3 % en los consejos de administración de las grandes empresas).

3.4.1

La violencia contra las mujeres y las niñas continúa siendo un gravísimo problema. Es un fenómeno mundial y sistémico que reviste múltiples formas y manifestaciones. El CESE comparte con la Comisión la preocupación por el número de mujeres víctimas de la violencia, por la amplitud que ha adquirido la trata de mujeres y la prostitución, especialmente entre las inmigrantes, y por la persistencia de actos delictivos cometidos amparándose en las tradiciones y en la religión (10).

3.4.2

Se deben utilizar medidas sociales, económicas y jurídicas adecuadas para reducir y eliminar situaciones que fomentan la violencia contra las mujeres como: la falta de recursos materiales, la dependencia económica, un bajo nivel educativo, la persistencia de estereotipos sexuales, dificultades para acceder al mercado laboral, etc.

3.4.3

Especial atención requieren las mujeres inmigrantes que, bien por su aislamiento con el entorno social o bien por su situación irregular, son más vulnerables. El idioma, las diferencias socioculturales o el desconocimiento de la existencia de estructuras de asistencia les impide en ocasiones solicitar ayuda cuando son víctimas de violencia doméstica. Esta situación se agrava en el caso de mujeres inmigrantes indocumentadas, debiendo habilitarse medidas específicas que eliminen los obstáculos y garanticen sus derechos.

3.4.4

Son necesarios programas específicos (además de continuar con los ya existentes como los programas Daphne) y una mayor financiación para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. Se deben elaborar planes de acción nacionales dentro de una estrategia coordinada a nivel europeo, con medidas concretas y plazos que garanticen su efectiva aplicación. La aplicación de los actuales marcos jurídicos para prevenir la violencia doméstica y proteger a las víctimas y a las personas en peligro – incluidos los niños – ha de constituir una prioridad de los Estados miembros. Además, son necesarios indicadores que ofrezcan un panorama detallado sobre todos los aspectos de la violencia de género, incluidos el acoso sexual y la trata de personas. Unas estadísticas unificadas a nivel de la UE son imprescindibles para realizar un seguimiento y una evaluación en esta materia.

3.4.5

Dado el preocupante número de actos de violencia, incluso de género, que se produce entre los jóvenes, es pertinente la decisión de la Comisión de incluir la lucha contra la violencia de género entre los proyectos del programa de la Juventud en Acción, al tiempo que es necesario incluir la cultura de la no violencia y el respeto de los derechos de todas las personas en todos los programas de educación y formación de infancia y juventud.

3.5.1

Los estereotipos sexistas son actitudes culturales y sociales que presuponen la existencia de roles y funciones «masculinos» o «femeninos» afectando a la formación y a las opciones de empleo y generando una segregación en el mercado laboral. Los estereotipos suponen un freno a la igualdad y a la plena participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones.

3.5.2

A pesar del alto nivel de educación alcanzado, las mujeres siguen concentrándose en sectores económicos (salud y acción social, educación, comercio, administración pública, servicios a las empresas, hoteles y restaurantes, etc.) y en profesiones tradicionalmente consideradas «femeninas» (vendedoras, trabajadoras domésticas, cuidadoras, personal administrativo, etc.), en las categorías laborales más bajas, con menores posibilidades para acceder a mejores puestos. La segregación se mantiene inalterada en los últimos años, ya que el aumento del empleo femenino se registra en sectores dominados ya por las mujeres.

3.5.3

Para luchar contra los estereotipos sexistas se debe:

3.6.1

La Comisión debe seguir promocionando los derechos de las mujeres en el contexto internacional a través de su política exterior y de desarrollo. Debe integrarse la dimensión de género en todos los aspectos de la cooperación con medidas específicas para las mujeres, promoviendo su participación en los procesos de toma de decisión y su capacidad de iniciativa además de fomentar las capacidades de los países en desarrollo para que asuman la promoción de la igualdad.

3.6.2

Es necesario incluir la perspectiva de género en la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) para actuar en situaciones de crisis. En materia de ayuda humanitaria (ECHO) la Comisión deberá prestar especial atención a la mujeres con hijos o familiares a cargo en caso de catástrofes naturales y a las mujeres víctimas de la violencia masculina en períodos de conflicto.

4.1

Se debe incorporar el análisis de género de forma transversal en cada una de las áreas de actuación de la Comisión, incluyendo los presupuestos, realizando una valoración de los progresos en materia de igualdad dentro de su propia estructura. Para ello se necesitan recursos humanos capacitados en igualdad de género y unos buenos indicadores desagregados que permitan visualizar la situación de las mujeres.

4.2

La Comisión debe mantener un diálogo abierto y permanente con organizaciones de mujeres, interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil para comprender mejor los problemas de desigualdad.

4.3

Desde el CESE se solicita a la Comisión que inste a todas las unidades a utilizar un lenguaje no sexista en todos los documentos, en los textos oficiales, en la interpretación de todas las lenguas, así como en las páginas web.

5.1

La igualdad entre las mujeres y los hombres debe abordarse desde una visión global. Las políticas comunitarias no sólo deben tener como objetivo reforzar la participación de las mujeres en todos los ámbitos, hacer frente a los retos demográficos o mejorar el bienestar infantil, entre otros, sino que sus medidas deben orientarse explícitamente a reducir la desigualdad en el reparto de las responsabilidades familiares, de cuidados y domésticas, entre mujeres y hombres en particular, y entre todos los agentes sociales en general.

5.2

La Comisión debe incorporar de forma transversal la igualdad de género con carácter prioritario en todas sus áreas, comisiones, unidades, medidas, políticas, direcciones. El género no es una cuestión que atañe únicamente a la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales.

5.3

Se necesitan especialistas en cuestiones de género que proporcionen formación y materiales suficientes para aumentar la conciencia, los conocimientos y la capacidad del personal europeo en cuanto a igualdad. Es necesario que el Eurostat prosiga desagregando por sexo sus estadísticas, mejorando las metodologías de las ya existentes e incorporando nuevos indicadores que nos permitan conocer mejor la realidad de las mujeres y ofrecer así un panorama completo de la situación en la UE.

5.4

Debe incluirse la perspectiva de género en los presupuestos de la UE y en todos los países miembros. También son necesarios estudios para evaluar el impacto de la actuación pública sobre las mujeres y los hombres.

5.5

Los Fondos Estructurales ofrecen un marco incomparable para que los países miembros incluyan la igualdad de género en sus programas operativos y en las distintas fases de aplicación de los fondos, realizando además una evaluación del impacto de género en cada eje prioritario o ámbito de actuación de dichos programas. Es preciso una mayor coordinación y colaboración entre los fondos estructurales y los organismos de igualdad de cada país para mejorar los resultados.

5.6

La Comisión debe velar por el cumplimiento efectivo de la legislación, presentando ejemplos de buenas prácticas y sancionando a los países que no respeten el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Se debe supervisar y evaluar la igualdad de género en todas sus políticas y en todas sus direcciones. Para ello se necesita un método de evaluación que permita observar y apreciar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, de los logros o retrocesos habidos, e incluso la creación de una unidad de evaluación que supervise y valore de forma sistemática la actuación de los distintos países a través de los indicadores ya contemplados dentro del Plan de Igualdad.

5.7

En caso de modificaciones en el futuro Plan recomendamos modificar el área 1 realizando alguna subdivisión, puesto que engloba problemáticas distintas (empleo, salud, inmigración) que requieren unos medios diferentes para intervenir sobre ellas. Además se aconseja un área nueva «las mujeres y el medio ambiente», ya que las mujeres juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, dada su especial preocupación por la calidad y sostenibilidad de la vida de las generaciones actuales y futuras (11).

5.8

El CESE subraya el importante papel que juegan los interlocutores sociales en la promoción de la igualdad a través del diálogo social y la negociación colectiva. Un buen ejemplo es el Marco de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres de 2005.

5.9

El Instituto Europeo de Igualdad debe jugar un papel importante en cuanto a la mejora de la gobernanza y la revisión de la legislación en vigor en el campo de la sensibilización y de la igualdad. Debe vigilar y garantizar que todas las políticas incluyan y fomenten la igualdad además de impulsar una participación ciudadana y política más responsable y más incluyente en cuanto a cuestiones de género.

5.10

Los problemas económicos y financieros que padece Europa así como los cambios demográficos no deben afectar al objetivo de igualdad y relegarlo a un segundo plano.

28.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 354/8

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) reclama que en la adopción de la estrategia UE 2020, la Líneas Directrices de Empleo y la Agenda Social se incluya un apartado sobre discapacidad para asegurar su transversalidad y mejor coordinación en todas las políticas comunitarias.

1.2

El CESE recuerda que la inclusión de criterios que refuercen las políticas en materia de discapacidad en la futura Estrategia UE 2020 tendrá efectos de rentabilidad económica para el conjunto de la sociedad unidos al avance de la inclusión social y la no discriminación.

1.3

El CESE cree necesaria la adopción de un «Pacto Europeo por la Discapacidad» que siente las bases de una nueva política europea en materia de discapacidad, en consonancia con la futura Estrategia de la Comisión para las personas con discapacidad, en el marco del Tratado de Lisboa y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CNUDPD) y su protocolo, la cual debe ser celebrada con la mayor celeridad posible por la Unión Europea y los Estados miembros (EEMM).

1.4

El CESE reclama políticas que fomenten la innovación, que se basen en datos estadísticos y que hagan visibles a las personas con discapacidad en todas las estadísticas europeas y nacionales relevantes.

1.5

El CESE apoya un mercado inclusivo para todos y señala que las políticas de empleo para las personas con discapacidad deben tener un enfoque que cubra todo el proceso vital vinculado al empleo (lifestreaming) y en particular focalizarse en la educación, la contratación, el mantenimiento en el empleo y la reintegración profesional. Las políticas dirigidas a los jóvenes con discapacidad, al igual que las políticas que actúen en casos de discapacidad sobrevenida deben ser prioritarias en la futura estrategia UE 2020 y en la nueva Estrategia de la Comisión para personas con discapacidad.

1.6

El CESE solicita a la Comisión la presentación de un informe, en el plazo de un año, sobre la implementación de las disposiciones sobre discapacidad y empleo de la Directiva 2000/78.

1.7

El CESE recuerda que la contratación en el medio de trabajo ordinario requiere un desarrollo de servicios sociales adecuados así como incentivos y motivaciones; del mismo modo, reconoce el papel de las empresas que emplean una mayoría de personas con discapacidad y, en general, de las empresas de la economía social y PYMES, que también requieren el apoyo de servicios sociales e incentivos adecuados, recalcando asimismo la importancia de los interlocutores sociales en este campo.

1.8

El CESE reclama políticas de sensibilización que puedan contrarrestar los estereotipos que todavía existen sobre los trabajadores con discapacidad y destaca el papel de los medios de comunicación en la aceptación de la diversidad.

1.9

El CESE ratifica que la accesibilidad es un beneficio para toda la sociedad y no sólo para las personas con discapacidad y supone un incremento de la clientela para las empresas.

1.10

En materia de accesibilidad, el CESE recomienda una implementación progresiva por medio de objetivos comunes a corto, medio y largo plazo (incluyendo una fecha clara y definitiva para los nuevos productos, servicios e infraestructuras y también para los ya existentes).

1.11

El Comité apoya la instauración de una Capital Europea de la Accesibilidad Universal.

1.12

El CESE señala que es urgente la presentación de legislación en materia de accesibilidad electrónica (e-accesibilidad), reafirma su compromiso con el principio de «diseño para todos» y el desarrollo de estándares de accesibilidad, solicita que se presente un plan de acción intensivo al respecto antes de 2011 y cree en el desarrollo de una «Tarjeta Europea de Discapacidad» que facilite el reconocimiento mutuo de derechos y los desplazamientos transfronterizos de las personas con discapacidad.

1.13

Es necesario transversalizar el género en el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de las políticas sobre discapacidad para frenar la situación de invisibilidad y discriminación múltiple de las mujeres y niñas con discapacidad.

1.14

El CESE reconoce la importancia de los interlocutores sociales para asegurar que las personas con discapacidad trabajen en igualdad de condiciones con las demás, en condiciones de trabajo justas y favorables.

1.15

Los interlocutores sociales deben integrar la perspectiva de la discapacidad en todas las acciones y negociaciones intersectoriales, sectoriales y de empresa, en especial en materias de empleo, accesibilidad y protección social.

1.16

El CESE confirma su adhesión total al principio de «nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad» y que este principio debe aplicarse en la Estrategia UE 2020 así como en los programas para personas con discapacidad con financiación pública.

1.17

La UE y los EEMM deben asegurar la promoción y la financiación para el desarrollo de la sociedad civil, garantizando su independencia y su capacidad de participación en la elaboración de políticas y/o provisión de servicios sociales.

2.1

El CESE acoge con satisfacción la petición de la Presidencia española de elaborar el dictamen «Personas con discapacidad: empleo y accesibilidad por etapas para las personas con discapacidad en la UE. Estrategia de Lisboa posterior a 2010».

2.2

El CESE ha construido de forma permanente y transversal en sus dictámenes un acervo desde el primer Dictamen de iniciativa específico sobre la «Integración de las personas con discapacidad en la sociedad», adoptado en julio de 2002 (1); este acervo ha apoyado la igualdad de trato y la no discriminación de las personas con discapacidad (PCD) y sus familias (2).

2.3

Las PCD representan más del 16 % de la población (al menos 80 millones) (3), porcentaje que sigue aumentando con el envejecimiento de la población.

2.4

El CESE reconoce los avances tanto en legislación (4) y aplicación de políticas europeas (5) que, junto a la Declaración de Madrid en 2002 (6), han contribuido a hacer más inclusiva a la UE para las PCD. No obstante, queda espacio para mejorar ya que han tenido un carácter sectorial, fragmentado y han adolecido de la falta de una estrategia unificada como ha sido confirmado por la Evaluación intermedia del Plan de Acción europeo 2003-2010 (7); es necesario igualmente reforzar los servicios de los responsables de políticas europeas para PCD de la Comisión Europea.

2.5

El CESE señala los últimos resultados del Eurobarómetro en 2009 (8) donde destaca un fuerte incremento de la discriminación percibida basada en la discapacidad (8 % en el último año, es decir, un 53 % en 2009 frente al 45 % en 2008) y donde más de un 33 % de las PCD dicen haberse sentido discriminadas en 2009.

2.6

El CESE reconoce que el avance en materia de discapacidad debe mucho a la labor de concienciación y de presión del movimiento europeo de la discapacidad, y sus organizaciones representativas, unidas en torno al Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), así como al apoyo de los interlocutores sociales.

2.7

El CESE recuerda al trío presidencial del Consejo la importancia de tomar en consideración este dictamen en el desarrollo de sus presidencias.

3.6.1.1

El CESE reclama que la adopción de la Estrategia UE 2020 y la Agenda Social mejoren la coordinación y el efecto limitado de la actual Estrategia de Lisboa y la Agenda Social Renovada (12) por lo que ha de incluirse un apartado dedicado a las PCD y sus familias, que debe abordar empleo, educación, inclusión y protección social y accesibilidad entre otras cuestiones, garantizando la presencia de la discapacidad en sus tres líneas principales (13).

3.6.1.2

El CESE recuerda que la inclusión de las políticas en materia de discapacidad dentro de las competencias de la UE en la Estrategia UE 2020 tendrá efectos de rentabilidad económica para el conjunto de la sociedad unidos al avance de la inclusión social y la no discriminación; así aparece demostrado en recientes estudios de análisis coste-beneficio (14).

3.6.1.3

El Pacto Europeo por la Discapacidad debe estar en consonancia con la futura Estrategia de la Comisión para las PCD (15), que sustituirá al actual Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2010.

3.6.1.4

La Estrategia Europea de Empleo (EEE) y el Método Abierto de Coordinación (MAC) en inclusión social, protección social, pensiones, educación, juventud y otras áreas deben seguir incluyendo y mejorar, en sus líneas directrices y objetivos comunes para los EEMM, la discapacidad para que se refleje en sus planes nacionales, incrementando su capacidad analítica e incluyendo los resultados en los informes periódicos.

3.6.1.5

Las políticas europeas apoyarán la erradicación de todos los fenómenos extremos de vulneración de los derechos fundamentales, en particular: internamiento en grandes instituciones cerradas de las PCD, educación segregada, anulación de la capacidad legal o violencia contra las PCD, incorporando el agravante que sufren las mujeres y niñas con discapacidad así como las personas con grandes necesidades de apoyo (16).

3.6.1.6

Necesitamos políticas que fomenten la innovación y que se basen en evidencia estadística. El Pacto buscará el compromiso de visibilidad de las PCD en todo instrumento estadístico relevante (17), contando con fuentes, indicadores y dispositivos estadísticos armonizados, actuales y fieles, creando, entre otros, un módulo permanente sobre discapacidad en la European Labour Force Survey, así como un módulo sobre participación social de las PCD e incluir cuestiones sobre discapacidad en los módulos generales relevantes.

3.6.1.7

El CESE reclama la inclusión de una directriz sobre los derechos de las PCD, basada en la CNUDPD, en las «Directrices sobre Derechos Humanos y Legislación Internacional Humanitaria de la UE» que se adoptarán por el Consejo de la UE.

3.6.2.1

El CESE afirma que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa lleva aparejada nuevas bases jurídicas. Recuerda igualmente el valor de los arts. 10, 11 y 19, así como los arts. 21 y 26 de la Carta de Derechos Fundamentales, que tienen valor de Tratado.

3.6.2.2

La CNUDPD genera nuevas obligaciones para la UE, por tanto el CESE insta:

3.6.2.3

El CESE se felicita por la presentación de la propuesta actual de Directiva de no discriminación más allá del empleo (21) pero señala que no es suficiente en su adecuación con la CNUDPD. Esta directiva, actualmente en discusión en el Consejo, necesita asegurar que el concepto de discriminación reconozca un trato preferencial a las PCD en determinadas circunstancias; el alcance en cuestiones de protección social, salud y educación, señalando que la educación segregada es discriminatoria; la accesibilidad para PCD debe ser aplicada con carácter general; asimismo, los ajustes razonables deben ser aplicables en todos los ámbitos para que su realización pueda tener incentivos públicos; la accesibilidad debe cubrir también a todos los bienes y servicios ofertados al público y, por último; en implementación, deben concretarse más las obligaciones de la UE en este ámbito, con aplicación inmediata a nuevas construcciones y compromisos realistas en construcciones existentes.

3.6.3.1

El Comité recuerda que las disposiciones del Reglamento General de los Fondos Estructurales en relación con la no discriminación y la accesibilidad de PCD, como criterios de selección y de ejecución de proyectos cofinanciados por la UE (22), deben mantenerse y reforzarse en la futura política de cohesión que asegure además acciones para y por el colectivo de las PCD en todos los EEMM, con suficientes facilidades financieras. Estos principios deben extenderse al presupuesto europeo y a otros programas europeos de investigación, competitividad, formación, empleo, asuntos sociales, cooperación al desarrollo, entre otros incluyendo los nuevos programas a partir de 2014.

3.6.3.2

El CESE reconoce que la participación de la sociedad civil en la gestión directa del FSE (en formación y empleo) y del FEDER ha dado resultados muy positivos y anima a la generalización de este modelo en los programas operativos de los Fondos Estructurales a partir de 2013.

3.6.3.3

El CESE considera que el mantenimiento del apoyo financiero a través del Programa Progress de apoyo a las organizaciones europeas de PCD, entre ellas el EDF, así como entidades de integración social, fortalece democráticamente la UE y una sociedad civil estructurada.

4.1

El empleo de las PCD debe incardinarse en la EEE. La situación del empleo de los trabajadores en Europa es complicada pero la de los trabajadores con discapacidad es todavía más difícil; por eso es necesario reforzar un mercado inclusivo para todos.

4.2

El CESE expresa su preocupación ante la situación de desempleo de las PCD ya que, antes de la crisis, el 78 % de las personas con discapacidad severa no tenía acceso al mercado de trabajo, se situaba en un nivel de inactividad que doblaba al del resto de la población y su tasa de empleo todavía se estancaba en un 20 % por debajo de la media de las personas sin discapacidad (23).

4.3

La crisis (que sitúa el paro en la UE en un 10 % (24)) dificulta la situación en el mercado de trabajo para las PCD en un doble sentido: en primer lugar, la entrada al mercado de trabajo será más difícil (25) y, en segundo lugar, la tendencia de los gobiernos será a ajustar sus déficits públicos a través del recorte de todo tipo de ayudas y pensiones. El CESE advierte que las PCD no pueden ser las principales víctimas de la crisis y se opone a un recorte del apoyo para ellas (26).

4.4

Existe el riesgo de que la crisis incremente los riesgos de pobreza de las PCD y sus familias; por otro lado, la crisis puede representar la oportunidad de desarrollar una actividad empresarial más inclusiva, con incentivos y que aumente la productividad de las empresas, contribuyendo a una mejora de la economía en su conjunto.

4.5

El Comité afirma que el fomento del empleo de PCD debe ser uno de los objetivos principales de la EEE y pide que se incluya en las Directrices de Empleo un objetivo que recoja la Conclusión 34 de la propia Cumbre Europea de primavera de 2006 (27):«Uno de los objetivos clave es aumentar la participación en el mercado de trabajo, sobre todo de … los discapacitados …. Para lograr esos objetivos se debería colaborar estrechamente con los interlocutores sociales.» Se debe desarrollar un catálogo de medidas que los Estados tengan que aplicar en sus Planes Nacionales.

4.6

Los interlocutores sociales desarrollan un papel crucial para que las PCD puedan entrar en el mercado de trabajo a través de la negociación colectiva y para su inserción en la empresa. Contribuyen también al desarrollo de las políticas de diversidad y así negociar planes de diversidad de acuerdo con empresarios, que deben recibir un incentivo para avanzar en esta línea y para cuya realización pueden utilizar políticas de responsabilidad social de las empresas. En este sentido, el CESE felicita a los interlocutores sociales europeos que culminaron con éxito sus negociaciones para un nuevo acuerdo autónomo sobre mercados de trabajo inclusivos en diciembre de 2009.

4.7

El CESE solicita la presentación de un informe, en el plazo de un año, sobre la implementación de las disposiciones sobre discapacidad y empleo de la Directiva 2000/78 (28).

4.8

El CESE reafirma que las PCD tienen competencias como cualquier otra persona para desempeñar una vida laboral plena y que no hay que minusvalorar sus capacidades, sino potenciarlas. Las PCD tienen el derecho a trabajar como cualquiera.

4.9

El CESE llama la atención sobre el hecho de que, de acuerdo con la investigación de Eurofund, la incidencia creciente de los problemas de salud mental sitúa a esta discapacidad como la mayor causa de abandono temprano del mercado de trabajo, llegando a representar en algunos países cerca del 40 % (29) de las jubilaciones anticipadas. Es necesario un cambio de mentalidad hacia la situación de estos trabajadores concienciando a ciudadanos y autoridades.

4.10

El CESE recuerda que en el reconocimiento de estas competencias deben existir mecanismos que certifiquen el conocimiento adquirido, sea por la experiencia (no regladas) o en forma de educación reglada. Por eso el CESE aboga por la implantación de un «pasaporte de cualificaciones» (30) que permita a las PCD una movilidad profesional dentro de la UE.

4.11

Las políticas de empleo para las PCD deben cubrir todo el proceso vital vinculado al empleo (lifestreaming  (31)) atendiendo a vivienda, educación básica, formación, endeudamiento familiar, dificultades financieras, salud, entornos desfavorables y economía local, así como la contratación, la retención en el empleo y la reintegración.

4.12

La libre circulación (principio comunitario) no está lograda plenamente para las PCD y repercute en sus desplazamientos para trabajar dentro de la UE, afectando también al estudio, jubilación o cualquier otra actividad.

4.13

Entre las barreras a la libre circulación destaca la imposibilidad de exportar derechos tales como la asistencia personal que podría ser una realidad con medidas concretas de coordinación de los sistemas de seguridad social y campañas europeas de concienciación y formación.

4.14

El CESE recuerda que la «inclusión activa» debe conectar con el mercado de trabajo y asegurar un nivel de ingresos suficientes y un acceso a servicios sociales de calidad que repercuta en una mejora de condiciones de vida, incluso para aquellos que no tienen empleo (32).

4.15

El CESE recuerda que la contratación en el medio de trabajo ordinario requiere servicios de empleo, de rehabilitación profesional, servicios sociales y de salud y mantenimiento/gestión de ingresos, así como incentivos (33).

4.16

El CESE apuesta por la adecuación de las prestaciones sociales y la fiscalidad para que la incorporación al mercado laboral no signifique una pérdida de poder adquisitivo para las PCD y que sean motivaciones para trabajar en empleos de calidad y con remuneraciones justas; también aboga por el establecimiento de incentivos financieros a las empresas para fomentar la contratación, el empleo con apoyo en el mercado ordinario, el autoempleo de PCD y el fomento de su espíritu empresarial a través, entre otras vías, de la microfinanciación (34), así como para las ONG que desarrollen servicios de apoyo a los trabajadores con discapacidad y sus familias.

4.17

Deben establecerse medidas de mantenimiento y recolocación en el empleo de los que padecen una discapacidad sobrevenida, para que esta no signifique un abandono temprano del mercado de trabajo; así como la adecuación del lugar de trabajo y su entorno (ajustes razonables) para las PCD; la garantía de programas de formación y adaptación profesional para PCD que asegure el desarrollo de una carrera profesional (35). En aquellos países donde existan sistemas que establezcan cuotas, debe asegurarse que cumplen los objetivos de contratación a través de mecanismos y apoyo adecuados. La dimensión social de la contratación pública puede reforzar igualmente el empleo de las PCD.

4.18

El CESE cree plenamente en las ventajas que conlleva financiar empleo frente a prestaciones por desempleo, así como la motivación para que las PCD deseen acceder al empleo, para que los empleadores las contraten y para el autoempleo de las PCD.

4.19

El CESE cree en las políticas dirigidas a los jóvenes con discapacidad, incluyendo la educación temprana, y su transición desde la formación hacia al primer empleo, al igual que las políticas que actúen en casos de discapacidad sobrevenida y que garanticen el mantenimiento y la recolocación en el empleo. Estos grupos deben ser prioritarios en la futura estrategia UE 2020 y formar parte de la revisión de la Estrategia de la Comisión para PCD. El CESE recuerda su dictamen SOC/349 para desarrollar una estrategia no solo PARA los jóvenes, sino también CON los jóvenes (36).

4.20

El CESE reconoce el papel de las empresas que emplean una mayoría de PCD y aquellas otras más activas en este campo y, en general, empresas de la economía social, como cooperativas, mutuas, asociaciones o fundaciones que favorecen la inclusión social y la participación en el mercado de trabajo de las PCD con los mismos derechos laborales, otorgándoles el régimen especial de apoyo que se determine por los EEMM.

4.21

El CESE destaca el apoyo a las PYMES para que integren una perspectiva inclusiva del trabajo y desarrollen su papel fundamental para asegurar la eficacia de de las medidas en favor de las PCD en el empleo.

4.22

Las instituciones y organismos europeos y de los EEMM deben conocer la situación y dar ejemplo en la inclusión de trabajadores con discapacidad en su personal, a través de un plan de medidas concretas que mejoren los actuales índices de inserción laboral, que generalmente son muy bajos.

4.23

El CESE señala la importancia que el concepto de flexiguridad tiene para las PCD, es decir, la mejora de las condiciones de flexibilidad y adaptabilidad de los recursos humanos en las empresas, acompañada de una mejora de la calidad de las condiciones de trabajo y de la seguridad en el empleo. Las estrategias deben garantizar la conciliación de la vida laboral y personal, la formación a lo largo de toda la vida y los procesos de transición entre las posibles situaciones diversas y recursos sociales y de empleo, en el ciclo de vida de las PCD.

4.24

El CESE apoya el impulso de los nuevos sectores de empleos verdes y empleos sociales y la promoción de la accesibilidad y el diseño para todos, que son una oportunidad para el empleo de las PCD.

4.25

El CESE defiende las ayudas a los trabajadores con discapacidad que necesitan asistencia, así como los servicios necesarios para que los familiares de una PCD puedan continuar trabajando.

4.26

Las políticas de sensibilización contrarrestan los estereotipos (37) sobre los trabajadores con discapacidad y deben dirigirse a los interlocutores sociales, gerentes, directivos y empleados, los profesionales de la salud y la administración pública (38).

4.27

Los instrumentos de fomento mencionados deben ser fácilmente utilizables por las empresas y trabajadores y estar bien promocionados y utilizados por los organismos públicos.

4.28

Es preciso destacar el papel de los medios de comunicación, como agentes de sensibilización y divulgación claves para fomentar los principios de tolerancia, inclusión social y aceptación de la diversidad en la sociedad europea.

4.29

El CESE apoya el desarrollo de iniciativas innovadoras, como los ya mencionados «pasaporte de competencias» y el lifestreaming, destacando otros ejemplos:

5.1

El CESE recuerda la resolución del Consejo de la UE de 17 de marzo de 2008 en la que se afirma que la «accesibilidad representa nada menos que una piedra angular de una sociedad integradora basada en la no discriminación» (42), con un papel fundamental de los interlocutores sociales, siendo la accesibilidad un requisito previo para el empleo.

5.2

El CESE ratifica su Dictamen exploratorio (43) sobre «Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad» que señala los mismos derechos pero distintas necesidades y diferentes modos de accesibilidad a bienes y servicios.

5.3

El CESE recomienda una implementación progresiva por medio de objetivos comunes a corto, medio y largo plazo (con fecha clara y definitiva para los nuevos y existentes bienes, servicios e infraestructuras) que comprometa a los EEMM, utilizando, entre otros métodos, el potencial de la contratación pública.

5.4

El CESE reconoce que la accesibilidad es fundamental para el disfrute de los derechos políticos y civiles de aplicación inmediata y que ello debe transformarse en planes específicos de accesibilidad, con normas y sanciones que comprometan a todos los poderes públicos y que haya la posibilidad de que los ciudadanos con discapacidad puedan recurrir a mecanismos para defender sus derechos. No deberían volverse a celebrar unas elecciones al PE sin garantía de accesibilidad en los colegios electorales y sin acceso a una participación relevante en las listas electorales de las PCD, debiendo tomarse además a nivel nacional las medidas adecuadas.

5.5

El CESE señala el esfuerzo de los EEMM y la Comisión para garantizar la accesibilidad, cuyo objetivo debe ser alcanzar la accesibilidad universal (edificios públicos, de interés público; empresas privadas, a bienes y servicios, turismo, comercio electrónico, la información, los transportes, tecnologías y las comunicaciones).

5.6

El CESE ratifica que la accesibilidad es un beneficio para todos (envejecimiento, mujeres embarazadas, movilidad reducida, etc.). Las empresas accesibles tendrán una clientela adicional (15 % de los consumidores). Nuevos productos generan más mercados y son una fuente de crecimiento sostenible de la economía.

5.7

Además, el CESE señala que el compromiso con la accesibilidad es un compromiso con los derechos fundamentales de la ciudadanía europea, como ratificó en su Dictamen sobre la «accesibilidad electrónica» (44).

5.8

El CESE recuerda a las instituciones europeas –y en particular a la Comisión– que el número de sus edificios y sistemas de información electrónicos accesibles (p.ej., página Web, sección de consultas públicas de la Comisión) es limitado. Se hace por tanto necesario programar un plan de accesibilidad que muestre el compromiso real con las PCD (45).

5.9

El CESE reclama ayudas de Estado (46) para empresas y servicios privados con el fin de lograr el objetivo de los ajustes razonables de la Directiva 2000/78 (47). El principio de accesibilidad preventiva tiene que desarrollarse en los servicios privados.

5.10

Hay que continuar con el desarrollo de estándares de accesibilidad como apoyo a la legislación en compras públicas tomando como ejemplo la exitosa legislación norteamericana. El CESE recuerda la importancia del diálogo entre instituciones, la industria y la sociedad civil en la definición de dichos estándares (48).

5.11

El Comité apoya la instauración de una Capital Europea de la Accesibilidad Universal, basada en un sistema de concesión de banderas, que otorgue a las ciudades y regiones europeas un reconocimiento de los esfuerzos realizados en la accesibilidad de sus entornos, bienes y servicios y que favorezca el desarrollo sostenible de las entidades locales.

5.12

El CESE espera que los nuevos reglamentos sobre transporte marítimo, autobuses urbanos e interurbanos y taxis integren de forma satisfactoria las diversas necesidades de las PCD adaptando cualquier medio de transporte y el entorno, siguiendo el modelo de los actuales Reglamentos en transporte aéreo y ferroviario.

5.13

El CESE acogió favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre «accesibilidad electrónica» (e-accesibilidad) (49) y pidió a la UE que incorpore las acciones propuestas como marco estratégico europeo para la sociedad de la información. Es urgente la presentación de legislación en materia de e-accesibilidad en materias tales como accesibilidad de sitios Web, comunicación inclusiva, teleservicios, móviles, tecnología digital y cajeros automáticos, entre otros. Estos objetivos estaban ya presentes en 2003 en la Declaración Ministerial de Creta (50) y la Declaración de Riga. Hoy día existen dudas razonables de que se vayan a alcanzar en los plazos establecidos y pide que se realice un plan de acción intensivo antes de 2011 para alcanzar los objetivos.

5.14

El CESE reafirma su compromiso con el principio de «diseño para todos» y considera fundamental la inclusión de este concepto en los currículos formativos tanto a nivel de formación profesional como universitarios para que todos los profesionales apliquen este principio.

5.15

El CESE cree en el desarrollo de una «Tarjeta Europea de Discapacidad» que dote a las PCD en sus desplazamientos transfronterizos del reconocimiento mutuo de sus derechos incluyendo el mismo nivel de acceso al transporte, cultura y ocio, siguiendo el ejemplo de la Tarjeta europea de aparcamiento.

6.1

El CESE señala que las mujeres con discapacidad representan el 60 % de las PCD en Europa y se encuentran en una situación de desigualdad, siguen sufriendo discriminación en el reconocimiento de sus derechos y en el acceso a bienes y servicios (sanitarios, educación y prevención de violencia de género entre otras).

6.2

En una década, los niveles de empleo de las mujeres con discapacidad han permanecido inalterables con alto porcentaje de inactividad y de desempleo, salarios más bajos y dificultades añadidas para incorporarse al mercado laboral.

6.3

Es necesario transversalizar el género en el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de las políticas sobre discapacidad. Se debe disponer de medidas y acciones específicas dirigidas a garantizar el acceso al empleo y a incentivar la contratación de mujeres.

7.1

El CESE hace un llamamiento a los interlocutores sociales para asegurar que las PCD trabajen en igualdad de condiciones con las demás, en condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular en igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, y puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales; alienta especialmente a las PCD a participar en las organizaciones profesionales y sindicales y pide que el trabajo que es subcontratado sea realizado bajo las mismas condiciones laborales (51) (art. 27 de la CNUDPD).

7.2

En empleo, seguridad social, salud y seguridad en el trabajo y en otros contextos, y en las relaciones laborales en general, el diálogo social es crucial en la defensa de los derechos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación para las PCD. Es fundamental para la realización de medidas de acción positiva en materia de empleo y accesibilidad, así como de formación, promoción y asistencia a trabajadores con discapacidad.

7.3

Los interlocutores sociales deben integrar la perspectiva de la discapacidad en todas las acciones y negociaciones intersectoriales, sectoriales y de empresa, en especial en materias de empleo, accesibilidad y protección social, en colaboración con la sociedad civil organizada de PCD.

7.4

Los interlocutores sociales deben participar en lo que suponga seguimiento y aplicación de la CNUDPD en materia de relaciones laborales y protección social.

8.1

El CESE confirma su adhesión al principio de «nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad» (52) y cree en las políticas de responsabilización individual (empoderamiento) y autopromoción de sus derechos.

8.2

El CESE considera que el diálogo civil con las PCD y sus familias es el marco adecuado para la mejora de la gobernanza de la UE, estableciendo mecanismos y protocolos de obligado cumplimiento y generando órganos «ad hoc» de participación y consulta en el seno de la UE.

8.3

Las organizaciones de PCD deben participar en los informes periódicos que evalúen políticas de empleo y accesibilidad, la implementación de la CNUDPD y los programas e instrumentos financieros de la Comisión para garantizar la inclusión de la visión de la sociedad civil, por ejemplo, a través de informes alternativos.

8.4

La UE y los EEMM deben asegurar la promoción y garantizar la financiación para el desarrollo de la sociedad civil garantizando su independencia y su capacidad de participación en la elaboración de políticas y/o provisión de servicios sociales.

28.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 354/16

28.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 354/23

—

la ejecución de un ambicioso plan de investigación y desarrollo en el área de la movilidad y el transporte (motores, carburantes, lucha contra las emisiones, eficiencia energética);

—

la creación de un sitio de intercambio de buenas prácticas del transporte urbano y el transporte de larga distancia;

—

el desarrollo de aparcamientos disuasorios y el impulso del transporte público, especialmente líneas de autobús en carril segregado, tranvía y metro;

—

el perfeccionamiento de las TIC para contribuir a la eficiencia, la fiabilidad y la seguridad del transporte público;

—

la creación de auténticos servicios de gestión de la movilidad en zonas geográficas suficientemente extensas, encargados de optimizar y garantizar la fluidez y la buena conexión entre los diversos modos de transporte;

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la creación de espacios de carga y descarga de proximidad y de centros de distribución para los núcleos urbanos;

—

el mantenimiento de infraestructuras ferroviarias en la ciudad;

—

el fomento, a través de medidas fiscales, de los medios de transporte y las tecnologías más eficientes energéticamente y que emitan menos CO2 y otros contaminantes;

—

la creación de áreas de descanso seguras y confortables para los conductores de camiones y autobuses, y la mejora de las condiciones de trabajo y formación en el sector;

—

la implantación rápida de redes ferroviarias que den prioridad a las mercancías y el desarrollo de una auténtica cultura de servicio al cliente en este ámbito;

—

el fomento, si es necesario con medidas fiscales, de vehículos propulsados por energías alternativas y biocarburantes de tercera generación;

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la puesta en marcha de un auténtico plan europeo de desarrollo de vehículos eléctricos, que sitúe a la Unión en situación de definir o contribuir a la definición de las normas internacionales de este sector en transformación;

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el desarrollo del concepto de «puertos ecológicos» y la implantación de las autopistas del mar;

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la mejora de las condiciones de trabajo y formación de la gente de mar;

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el desarrollo de autopistas fluviales y fluviomarítimas, así como la entrada en servicio de nuevas gabarras adaptadas especialmente al transporte de semirremolques y contenedores;

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la consideración de los imperativos de sostenibilidad y protección del medio ambiente en la selección de las infraestructuras de transporte;

—

la internalización de los costes externos del transporte en todos los sectores para no penalizar indebidamente determinados modos y revelar el auténtico coste del transporte;

—

la adopción por parte de los entes públicos organizadores de objetivos realistas en materia de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y otros contaminantes, y de sostenibilidad del transporte local;

—

la integración de estos objetivos en el diseño de los sistemas de transporte público y la selección de infraestructuras;

—

la realización sistemática de estudios de impacto sólidos y realistas antes de la ejecución de las políticas y medidas propuestas.

—

el transporte entre los países de Europa Occidental aumentará en un 33 %;

—

el transporte entre los países de Europa Oriental aumentará en un 77 %;

—

el transporte desde Europa Occidental hacia Europa Oriental aumentará en un 68 %;

—

el transporte desde Europa Oriental hacia Europa Occidental aumentará en un 55 %.

3.2.1

Este modo de transporte tiene sus características particulares. En efecto, la circulación urbana produce el 40 % de las emisiones de CO2 y el 70 % de las emisiones de los demás contaminantes generados por el transporte por carretera. Por otra parte, la congestión urbana, además de sus efectos nefastos en la salud pública y el medio ambiente, supone un coste estimado de 2 % del PIB de la Unión Europea. Es necesario desarrollar el transporte público, pero éste debe responder a determinados criterios para cumplir los requisitos propios de un auténtico servicio de interés general y de esta manera convertirse en alternativa al automóvil privado: frecuencia, rapidez, seguridad, comodidad, accesibilidad, coste asequible, redes eficientes y facilidad de conexión. El transporte público permite afrontar no solamente los retos medioambientales, sino también desafíos en el ámbito de la cohesión social, como la superación del aislamiento de las periferias urbanas.

3.2.2

Es recomendable utilizar medios de transporte propulsados por energía eléctrica, aunque la electricidad debe producirse de manera sostenible y, si es posible, sin generar emisiones de CO2. También se deben fomentar los sistemas de vehículo compartido.

3.2.3

Es necesario aplicar una auténtica política de movilidad urbana sostenible. Dicha política exige limitar el transporte particular, eventualmente mediante la implantación de peajes urbanos, pero sobre todo mejorando la calidad y facilitando el uso del transporte público, lo cual precisa el desarrollo de infraestructuras y servicios que permitan una intermodalidad eficaz. Dada la situación presupuestaria de numerosos Estados miembros de la Unión Europea, en determinados casos esto podrá facilitarse mediante el desarrollo de colaboraciones entre los sectores público y privado para la creación de las nuevas infraestructuras, como carriles segregados para autobuses, líneas de tranvía, trolebús o metro, nuevas líneas ferroviarias regionales o reexplotación de líneas abandonadas, desarrollo de tecnologías de información y de la comunicación dedicadas al transporte, la modernización y la simplificación del billetaje, etc.

3.2.4

En la práctica, algunas medidas de sentido común, como la creación de aparcamientos disuasorios bien conectados a los centros urbanos, la explotación de líneas de autobuses en carriles segregados o la puesta en explotación de líneas ferroviarias abandonadas permitirían progresos reales con un coste asumible.

3.2.5

El perfeccionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación será un instrumento eficaz para desarrollar la intermodalidad a través de una auténtica política territorial de gestión del transporte. Estas tecnologías permiten una gestión más fina del tráfico y deberán posibilitar la creación de sistemas de optimización energética de los flujos de vehículos en la red vial. También permiten informar a los viajeros en tiempo real a lo largo de todo el trayecto, simplificar y optimizar el billetaje y facilitar las reservas. Gracias a esas tecnologías, el viajero podrá optimizar su itinerario, averiguar los horarios, la frecuencia de paso, e incluso conocer el balance energético del modo de transporte elegido. Las TIC crearán también sinergias entre los modos de transporte, el uso de infraestructuras y la eficiencia energética.

3.2.6

Los problemas de gestión de los sistemas de transporte sobrepasan a menudo el marco municipal, para afectar a un extenso territorio en torno al núcleo urbano. Por iniciativa de los entes locales, se podrían crear, en zonas geográficas amplias y coherentes, auténticos servicios de gestión de la movilidad, por ejemplo, con regímenes de delegación del servicio público. Las misiones de un gestor de la movilidad de este tipo podrían ser las siguientes:

3.2.7

Evidentemente, la autoridad organizadora mantendría la libertad de elección de los operadores locales, la tarifación, la definición de la política de transportes y desplazamientos, y la ordenación del territorio. Garantizaría la transparencia contractual, definiría contratos de objetivos que vincularían al gestor y al ente público interesados, fijaría los objetivos de calidad del servicio, etc.

3.2.8

El CESE ha resaltado ya el papel determinante de los entes locales en la organización del transporte público y la ordenación del territorio. Aunque el principio de subsidiariedad desempeña claramente un papel en este ámbito, la Unión Europea desea legítimamente promover los modelos más sostenibles de transporte urbano. La UE ha concedido ya financiación a través de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, así como en el marco del Programa CIVITAS. Convendría que la Unión Europea fomentase el intercambio de buenas prácticas en el ámbito del transporte urbano, pero también que financiara un esfuerzo de investigación, dentro del próximo programa marco, sobre la interacción entre el transporte y la ordenación urbana.

3.3.1

Este tipo de transporte genera un volumen de tráfico importante. Por ejemplo, en París constituye el 20 % del tráfico y el 26 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. En consecuencia, se ha de optimizar la logística urbana y favorecer la transferencia modal hacia el ferrocarril o las vías navegables cuando ello sea posible.

3.3.2

Cabe imaginar las siguientes posibilidades:

3.4.1

El crecimiento del transporte de mercancías por carretera obliga a afrontar una serie de retos: incremento de las emisiones de CO2, gran dependencia del sector respecto de los combustibles fósiles, necesidad de mejorar las infraestructuras, en particular en los aspectos de seguridad, garantía de unas condiciones y un entorno de trabajo favorables para los conductores.

3.4.2

En lo que concierne a las emisiones de CO2, es necesario intensificar la investigación y desarrollo para reducirlas, especialmente en los ámbitos de nuevos motores y uso de energías alternativas. El fomento por medios fiscales de productos o medidas basados en medios de propulsión alternativos y la reducción de emisiones de CO2 es más eficaz cuando se lleva a cabo una ambiciosa política de investigación. A este respecto se deben internalizar de forma equitativa los costes externos (1) en todos los medios de transporte.

3.4.3

El desarrollo de soluciones tecnológicas y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al transporte de mercancías por carretera serán esenciales para afrontar los desafíos ante los que se encuentra el sector y reducir la dependencia energética, las emisiones de los vehículos y la congestión de las redes. Convendría crear un marco claro para introducir nuevas tecnologías elaborando normas abiertas, garantizando la interoperabilidad e incrementando el gasto en I+D en el caso de las tecnologías que no hayan alcanzado la madurez necesaria para su comercialización. Estas tecnologías deben utilizarse también para reducir la frecuencia de los viajes en vacío mediante una mejor información aplicada a la logística. Pueden ser de gran interés para mejorar la seguridad de los transportes.

3.4.4

Conviene también mejorar las infraestructuras, en especial en cuanto a dotación de zonas de estacionamiento y áreas de descanso equipadas, seguras y vigiladas, que protejan a los conductores de los robos y otros actos de delincuencia garantizando su seguridad.

3.4.5

Por lo que respecta a los conductores, se debe mantener el atractivo de la profesión ofreciendo unas condiciones y un entorno de trabajo favorables, como una jornada laboral reglamentada o tiempos de conducción y descanso armonizados, que no deben quedarse en meras normas legislativas sino aplicarse en la práctica (2).

3.5.1

Aunque el transporte ferroviario de viajeros tiende a mejorar, especialmente en las grandes distancias, gracias a las líneas de alta velocidad, no sucede lo mismo con el transporte de mercancías por ferrocarril, cuya cuota se limita aproximadamente al 8 % del tráfico de mercancías total. En líneas generales, conviene velar por que la modernización y el incremento de la competitividad del transporte ferroviario se lleven a cabo sin desatender los imperativos de seguridad y teniendo muy en cuenta la continuidad del servicio aun en las condiciones meteorológicas difíciles propias de cada estación.

3.5.2

El CESE apoya la propuesta de la Comisión de crear redes ferroviarias que den prioridad a las mercancías, si bien se debe alcanzar una cultura de servicio al cliente, actitud comercial y espíritu competitivo. La apertura a la competencia debería facilitar esta transición.

3.5.3

La idea de unas redes en las que se otorgue preferencia al transporte de mercancías consiste en definir franjas horarias y espacios geográficos en los cuales los trenes de mercancías gocen de paso preferente, sin detrimento del tráfico de viajeros.

3.5.4

Conviene recordar que existen ya ejemplos de esta práctica en la Unión Europea, e incluso algunas líneas están reservadas al transporte de mercancías, como Betuwe entre el puerto de Rotterdam y Alemania. Se pueden citar los proyectos New Opera y Ferrmed.

3.5.5

El desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril es posible si se reúnen determinadas condiciones:

3.5.6

El desarrollo del transporte ferroviario de mercancías precisa también que se impulsen plataformas intermodales de transporte combinado. A este respecto, no cabe sino felicitarse por el desbloqueo del proyecto de enlace de transporte combinado Lyon/Turín, si bien, tras un desarrollo aleatorio del transporte por ferrocarril/carretera, se deben fomentar a partir de ahora las autopistas ferroviarias de transporte combinado (como la autopista alpina o la línea Lorry Rail entre Perpiñán y Luxemburgo), así como las autopistas del mar, entre las que merece citarse el proyecto franco-español Fres Mos entre Nantes Saint Nazaire y Gijón.

3.6.1

El paquete energía/clima impone fuertes limitaciones a los fabricantes de automóviles. Se deberán desarrollar nuevos automóviles propulsados por energías alternativas, en particular, vehículos eléctricos o híbridos. Es importante también no cerrar la reflexión sobre los biocarburantes. Hoy se están desarrollando biocarburantes de tercera generación de mayor rendimiento, como los producidos a partir de algas, que evitan los conflictos que se han planteado en relación con el uso de la tierra agrícola destinada a los productos para la alimentación humana.

3.6.2

Al margen de las cuestiones relativas a las tecnologías disponibles y los vehículos que existen en el mercado, existen otras áreas de progreso, por ejemplo en relación con el ahorro de energía y espacio, actualmente saturado por causa de congestión vial. Cabe citar los cursos de conducción económica que se imparten en algunas grandes empresas o administraciones, las prácticas de uso compartido del automóvil, y el alquiler de pequeños vehículos eléctricos en algunas ciudades.

3.7.1

Se debe fomentar estos medios de desplazamiento en las ciudades, si bien su uso está limitado por factores topográficos, climáticos, así como de edad de los usuarios. Sin embargo, es evidente que los entes locales deberían impulsar los carriles para bicicletas seguros, pues uno de los factores que obstaculizan el incremento del uso de la bicicleta radica en los riesgos que entraña para el ciclista la circulación de automóviles.

4.2.1

Los buques utilizan productos derivados del petróleo altamente contaminantes. Al margen de la necesaria evolución tecnológica conviene analizar con el sector el modo de compensar el impacto medioambiental negativo de esos combustibles. Si no es posible adoptar el sistema de cuotas de CO2, tal vez cabría considerar la introducción de una tasa ecológica. Esta cuestión debería debatirse en el seno de las instancias marítimas internacionales.

4.2.2

En todo caso, el Comité reitera su apoyo a la inversión en investigación y desarrollo en los ámbitos de buques, carburantes y puertos ecológicos, e insiste en que se realicen las autopistas del mar previstas en la RTE.

4.3.1

No es posible eliminar por completo los sucesos marítimos y los naufragios, pero debe hacerse el máximo esfuerzo para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación, tanto en la concepción como en el mantenimiento de los buques. La normativa europea en materia de seguridad marítima figura entre las más completas del mundo. En cambio, se debe aplicar una firmeza y severidad implacables a la lucha contra las descargas incontroladas de hidrocarburos en el mar.

4.4.1

El mantenimiento y el desarrollo del transporte marítimo europeo requiere que los jóvenes se sigan orientando hacia las profesiones marítimas y deseen permanecer en ellas. Se ha de mejorar la calidad de la formación de la gente de mar, así como las condiciones de vida y trabajo a bordo, e intentar reforzar las tripulaciones marítimas.

28.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 354/30

1.1

El sector de la motocicleta reviste una importancia considerable en la UE, tanto en términos económicos como de empleo. Los fabricantes representan realidades muy diferentes, desde los operadores a nivel mundial, activos en todos los segmentos o en segmentos muy especializados, hasta los operadores nacionales, o incluso locales, cuyo trabajo se asemeja a veces más a la artesanía. Lo mismo sucede con los sectores derivados, que se caracterizan por una fuerte presencia de pymes (1).

1.2

Gravemente afectado por la crisis en el último trimestre de 2008, la reducción de la demanda ha provocado en todo el sector una serie de efectos negativos con graves consecuencias en términos estructurales y de empleo (reducción de la demanda en un 31 %, con la consiguiente contracción en un 35 % del volumen de negocios y de pedidos, y un impacto negativo en el empleo). Los datos provisionales correspondientes a 2009 confirman la evolución negativa del mercado, con una contracción del 21 % con respecto a 2008 y del 25 % con respecto a 2007.

1.3

El CESE teme que si no se desarrollan cuanto antes unas políticas específicas de ayuda al sector, a lo largo de 2010 se registrarán más pérdidas sustanciales de puestos de trabajo.

1.4

El CESE organizó una audiencia pública en el marco del 67o Salón Internacional de la Motocicleta (Milán, 12 de noviembre de 2009), al objeto de recabar un mayor número de testimonios de los constructores, proveedores de componentes, sindicatos, usuarios, ONG y universidades. Básicamente, la audiencia confirmó las convicciones que ya se habían ido forjando en el grupo de trabajo.

1.5

En este contexto, el CESE:

2.1

El sector de la motocicleta reviste una importancia considerable en la UE, tanto en términos económicos como de empleo. Si se compara con el sector automovilístico (3), el sector de la motocicleta presenta algunas similitudes, pero, sobre todo, una serie de características específicas, como el tamaño más reducido del sector, una estructura más fragmentada y la mayor diversificación de la producción.

2.2

En las últimas décadas, este sector ha registrado una evolución importante, dado que las marcas europeas tradicionales se han visto sometidas a una creciente competencia japonesa. Los fabricantes japoneses, que se encuentran actualmente entre los principales agentes del sector, han desarrollado actividades de producción directamente en la UE. Con el paso del tiempo, el sector europeo se ha reorganizado a través de reestructuraciones, fusiones y adquisiciones, y se han creado grupos industriales de tamaño mediano a grande, que coexisten con fabricantes en determinados segmentos o nichos de mercado y un número importante de pymes.

Actualmente, los fabricantes «tradicionales» europeos, japoneses y estadounidenses siguen ocupando una posición de liderazgo en el mercado europeo, pero desde los años noventa afrontan una creciente competencia de las economías emergentes. En términos de vehículos fabricados, la UE tiene un peso relativo (1,4 millones) con respecto, en particular, a China (más de 20 millones), India (más de 8 millones) y Taiwán (1,5 millones), aunque su producción se caracteriza por un mayor valor añadido y su superioridad en el plano de la innovación, la calidad y la seguridad.

2.3

El código Eurostat correspondiente al sector de la motocicleta es NACE 35.41. Los datos disponibles más recientes, correspondientes al año 2006, indican que ese año en la UE 27 el sector de la fabricación de motocicletas estaba constituido por 870 empresas, un 80 % de las cuales estaban situadas en seis Estados miembros (Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, España y Austria). El volumen de negocios medio de ocho millones de euros refleja el gran número de pymes, estimado en 650, es decir, un 75 % del total.

2.4

El 90 % de la producción europea proviene de un centenar de constructores de tamaño mediano a grande y mediano a pequeño, que operan en varios países de la UE (junto a los ya citados, República Checa, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y Suecia), además de Noruega y Suiza. El 10 % restante de la producción se divide entre pequeños y muy pequeños constructores.

2.5

Los constructores representan realidades muy diferentes, desde los operadores a nivel mundial, activos en todos los segmentos (motocicletas destinadas a distintos usos, de diferentes cilindradas; scooter de distintas cilindradas; ciclomotores; triciclos y cuatriciclos) o en segmentos muy especializados, hasta los operadores a nivel nacional, o incluso local, cuyo trabajo a veces se asemeja más a la artesanía por sus dimensiones y su proceso de fabricación.

2.6

La reglamentación técnica (homologación europea) define varias categorías de motocicletas, con características diferentes (cilindrada, utilización). A su vez, la Directiva europea sobre el permiso de conducción establece una serie de condiciones de acceso a las motocicletas (ciclomotor AM; motocicleta A1; motocicleta A2 y motocicleta A). Esta complejidad favorece la fragmentación de la producción y reduce las posibilidades de realizar economías de escala.

2.7

La fragmentación de la industria de la motocicleta tiene, en parte, orígenes históricos, pero se debe principalmente a la propia naturaleza del mercado de la motocicleta. Aunque los segmentos ligados más estrechamente a la movilidad utilitaria (en particular, urbana), como los scooter permiten mayores sinergias productivas, especialmente para los motores, los segmentos vinculados a las motocicletas se prestan menos a sinergias como la utilización de motores y componentes comunes en modelos de marcas diferentes. En primer lugar, las características dinámicas son muy diferentes según el tamaño de los vehículos, a lo que se añaden las diferencias debidas a los usos especializados a que se destinan los vehículos y, por último, las distintas expectativas de los usuarios. En muchos casos, existe una fuerte identificación de las distintas marcas con determinadas configuraciones de motores (por ejemplo, el motor «boxer» de BMW, la distribución desmodrómica de Ducati, el V-twin de Moto Guzzi y el motor tricilíndrico de Triumph) o de modelos, en función de la demanda procedente de un mercado esencialmente constituido por apasionados, a nivel europeo y en los mercados de exportación.

2.8

Los vehículos se fabrican en series pequeñas y en números limitados, con lo que el rendimiento del capital invertido es menor con respecto al del sector automovilístico. Esta característica también se observa parcialmente en el sector de los componentes y de la distribución.

2.9

Sostenido por un mercado comunitario en expansión desde el año 2002 (+22 % para el período 2002-2007), el volumen de negocios correspondiente a la fabricación de motocicletas en la UE representaba 7 000 millones de euros en 2006, de un volumen de negocios total de 34 000 millones para el sector de la motocicleta en la Unión Europea. Es interesante señalar que en la UE, durante el período 2004-2006, el sector registró una progresión del 12 %, superior en términos porcentuales a la del sector manufacturero en general y a la del sector automovilístico (+8 % para ambos), con el consiguiente impacto positivo para el empleo.

3.1

La gran fragmentación también es una característica que distingue a los sectores de los componentes y la distribución.

3.2

Parte de los componentes provienen de proveedores del sector del automóvil, que también operan marginalmente en el sector de la motocicleta (sistema de alimentación); pero la mayoría proceden de proveedores específicos (ruedas, tubos de escape, embragues, etc.), debido a la especialización requerida. El número de proveedores del sector se estima en torno a 500. Tradicionalmente, estos proveedores son europeos (y se concentran en Italia, España, Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos), pero en los últimos años, se ha agudizado la competencia de los proveedores asiáticos. Para afrontar esta competencia, algunos proveedores europeos han deslocalizado a Asia parte de su actividad. Sin embargo, los proveedores de componentes europeos dependen exclusivamente de los pedidos de los productores europeos.

3.3

La red de distribución y asistencia responde a una exigencia de proximidad propia al sector de la motocicletas (en particular, los ciclomotores y scooter): en la UE, hay unos 37 000 puntos de venta y asistencia posventa, que suelen gestionar empresas familiares. Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, España, Países Bajos, Grecia y Suecia representan el 91 % del volumen de negocios del sector de la distribución y asistencia; este volumen de negocios ha aumentado en un 5 % en el período 2004-2006.

4.1

En los años 2002-2007, la tasa de empleo en el sector de la motocicleta no ha parado de crecer, y en 2007 se alcanzaron los 150 000 puestos de trabajo en la UE. Es interesante señalar que en la UE, durante el período 2004-2006, el sector registró una progresión del 4 %, comparada con una disminución del 3 % en el sector manufacturero en general y del 5 % en el sector automovilístico. Esta progresión refleja el dinamismo y la innovación que caracterizan a este sector, apoyados por la creciente demanda de vehículos vinculados a la movilidad urbana o al ocio.

4.2

Del número total de empleos, 25 000 están directamente relacionados con la fabricación de motocicletas, situándose esencialmente en Italia, España, Francia, Reino Unido, Alemania, Austria y los Países Bajos. La estacionalidad del mercado de la motocicleta (que se concentra sobre todo en primavera y verano) conduce a unos picos de producción en determinados períodos del año, durante los cuales los fabricantes recurren a trabajadores de temporada. Existe una demanda a este respecto, en favor de una mayor flexibilidad para afrontar las exigencias temporales del mercado.

4.3

Guardan relación con los componentes 20 000 empleos del sector, que se concentran esencialmente en Italia, España, Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Hungría.

4.4

Están relacionados con la venta y la asistencia posventa 105 000 empleos. Por su naturaleza, están presentes en toda la UE, aunque el 92 % de esta mano de obra se concentra en Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Países Bajos, Grecia, Bélgica y Suecia.

5.1

Los datos mencionados muestran que en los últimos años el sector de la motocicleta se ha caracterizado por un gran dinamismo, con un mercado europeo en crecimiento que, en 2007, representaba más de 2,7 millones de vehículos (se estima que el parque de vehículos de la UE ronda los 34 millones). Sin embargo, la crisis que ha golpeado a la UE en los dos últimos años se saldó en 2008 con una reducción del mercado comunitario del 7,4 % con respecto al año 2007. En particular, se ha registrado una reducción significativa del 34 % en el último trimestre de 2008 con respecto al mismo período de 2007. Esta tendencia negativa se ha consolidado en el primer trimestre de 2009, durante el cual las ventas de motocicletas registraron una reducción del 37 % con respecto al mismo período de 2008. En cuanto a los datos, aún provisionales, para 2009, confirman la evolución negativa del mercado, con una reducción global del 21 % con respecto a 2008 y del 25 % con respecto a 2007.

5.2

Los efectos de la crisis se hacen sentir en todo el sector. Para los constructores, la bajada de las ventas, amén de repercutir gravemente en los ingresos, ha provocado una reducción de la producción, destinada a gestionar los excedentes. A su vez, esta reducción ha provocado una contracción de las horas trabajadas, paros en la producción y un menor recurso al trabajo estacional, con la consiguiente revisión de los planes industriales a corto y medio plazo. En algunos casos, ha sido necesario reducir los efectivos de manera permanente, hasta en un 25 %. Algunos constructores medianos o pequeños han pasado a encontrarse bajo administración judicial y han puesto en venta su negocio, mientras que otros incluso han abandonado su actividad. Esta evolución prefigura otras reestructuraciones, aunque resulta difícil prever sus efectos en el tejido económico y social respecto de las posibles deslocalizaciones fuera de Europa.

5.3

Frente a la contracción de la demanda por parte de los constructores, los proveedores de componentes también se ven obligados a reducir la producción, con las consiguientes repercusiones para el empleo. Algunos han tenido que dejar el negocio, y en la situación actual se estima que cerca del 10 % de los proveedores corren el riesgo de quiebra. Esta situación también genera costes adicionales para los constructores, que tienen que afrontar inversiones imprevistas para apoyar a los proveedores de componentes o buscar a otros proveedores, incluso desarrollando nuevos moldes para piezas de aluminio o de plástico, destinadas a sustituir las piezas no disponibles. En la actualidad, los pedidos y el volumen de negocios registran una contracción del orden del 40 %. No es infrecuente que, para seguir siendo competitivos, muchos constructores se dirijan a proveedores del sudeste asiático.

5.4

El sector de la distribución y de la asistencia posventa, debido, en particular, a las dimensiones reducidas de las empresas (pymes y empresas familiares) se ve duramente afectado por la crisis y la reducción de la actividad. En España, por ejemplo, se registró en 2008 una reducción del 25 % de los puntos de venta, con el consiguiente despido de más de 6 000 personas. Si no cambia la tendencia, se prevé que entre 2009 y 2010 cerca del 25 % de las empresas y concesionarios y el 60 % de los agentes dejarán el negocio en ese país. Los efectos de la crisis en la red de distribución generan unos costes adicionales incluso para los constructores, que deben apoyar la red a fin de mantener las salidas para sus productos y poder disfrutar de la recuperación económica, cuando se produzca.

5.5

El CESE teme que, si no se desarrollan cuanto antes unas políticas específicas de ayuda al sector, se registren más pérdidas sustanciales de puestos en trabajo en 2010. Por otra parte, para contribuir al mantenimiento del empleo en este sector, es necesario desarrollar el «diálogo social», favoreciendo la formación permanente y la especialización de los trabajadores, en particular a nivel universitario, y al mismo tiempo apoyar una reducción del trabajo precario.

5.6

Por ahora, las medidas de apoyo a largo plazo de la demanda de motocicletas han sido aisladas e insuficientes. Al contrario de lo que sucede en el sector automovilístico, en Europa sólo Italia ha adoptado rápidamente una medida de fomento del desguace, cuyos efectos en el mercado italiano y, por tanto, europeo, han sido positivos, además de favorecer la retirada de la circulación de los vehículos más contaminantes. En Italia, se ha pasado de la situación inicial de los dos primeros meses de 2009 en la que la contracción del mercado en torno al 35 % daba lugar a una situación positiva para los scooter de baja cilindrada, que se han beneficiado de una contribución de 500 euro por el desguace de vehículos obsoletos. Sin embargo, las motocicletas y los ciclomotores siguen encontrándose en situación negativa, con una reducción global superior al 20 %. En España, se aprobó en el mes de julio un incentivo al desguace de motocicletas, que se había anunciado desde hace varios meses, pero aún no se ha procedido a su aplicación, lo que incita a los consumidores a esperar y retrasar la compra de un vehículo (entre enero y agosto de 2009, se registró una disminución del 52 % para los ciclomotores y del 43 % para las motocicletas, con respecto al mismo período de 2008). Se desprende claramente de este ejemplo la necesidad de un marco normativo europeo que favorezca la estabilidad en los mercados nacionales, contribuyendo a la confianza de los consumidores.

5.7

Sin lugar a dudas, las medidas de apoyo a la demanda benefician a los usuarios, pero no resuelven necesariamente el problema de los proveedores de componentes ni del sector europeo de la motocicleta. En Italia, por ejemplo, la contribución fija de 500 euro ha favorecido de manera exponencial la venta de pequeños scooter de 125 y 150 cc importados de Taiwán y vendidos entre 1 500 y 2 000 euro, y, en menor medida, la producción europea de precios más altos, pero no ha contribuido a sostener la demanda de motos intermedias cuyo precio oscila entre 6 000 y 8 000 euro. Los proveedores de componentes europeos no han obtenido ningún beneficio de esta medida, dado que no abastecen a los fabricantes asiáticos. Para que los beneficios se extiendan a todo el sector, es necesario adoptar medidas de apoyo a la demanda dirigidas a garantizar una contribución que crezca paralelamente al aumento de los precios de estos vehículos, especialmente para los que ofrecen soluciones avanzadas en términos de reducción del impacto medioambiental y sistemas avanzados de seguridad.

5.8

Es urgente agilizar el acceso a la financiación para las empresas de la UE que operan en este sector, a fin de que puedan soportar los gastos adicionales generados por la crisis y continuar invirtiendo en investigación, desarrollo e innovación (fabricantes junto con proveedores de componentes), para seguir siendo competitivas, centrándose en la calidad y la innovación, y producir unos vehículos cada vez más ecológicos y seguros.

6.1

En caso de que los resultados negativos del primer semestre se confirmen para todo el año 2009, el conjunto del sector padecerá en 2010 una reducción de su capacidad crediticia. Incluso en el supuesto de una recuperación inminente, la capacidad de inversión y de investigación y desarrollo se verán reducidas, con efectos negativos a medio plazo y, por tanto, una mayor fragilidad de las empresas y posibles repercusiones ulteriores en el empleo.

6.2

En la última década, desde que se introdujo la norma Euro 1 en 1999 hasta las normas actuales, el sector ha conseguido una reducción significativa de las emisiones de agentes contaminantes, del orden del 90 % para el CO y HC, y del 50 % para el NOx. En cuanto a la reducción de la contaminación acústica, se han obtenido resultados alentadores. Todo el sector (incluidas las asociaciones de consumidores) sigue comprometido con el objetivo de continuar las mejoras, que se conseguirán esencialmente en carretera gracias al uso exclusivo de tubos de escape homologados y a una conducción más ecológica. En lo que respecta a la seguridad, el sector ha demostrado su capacidad de innovación introduciendo una serie de sistemas avanzados de frenado que está instalando progresivamente en los distintos tipos de motocicletas, así como en los nuevos vehículos, como los triciclos y cuatriciclos de motor.

6.3

La Comisión está preparando una propuesta de Reglamento sobre las motocicletas, prevista para los primeros meses de 2010. Aunque es necesario seguir progresando en el ámbito medioambiental y de seguridad, en el contexto económico actual es fundamental evitar cambios mayores y tener en cuenta la capacidad real del sector y el tamaño de sus agentes. Por lo que se refiere a las nuevas normas Euro, es necesario proponer objetivos factibles, con una aplicación gradual que respete los plazos impuestos por el diseño, la producción y la comercialización. El Reglamento debería privilegiar un planteamiento que permita al sector aprovechar su propia capacidad de innovación, garantizándole un grado de flexibilidad que tenga en cuenta la coyuntura económica y la amplia gama de productos (en cuanto a características técnicas y mercado), en particular por lo que se refiere a los sistemas de frenado avanzados. La industria ya ha presentado a la Comisión propuestas en este sentido para la protección del medio ambiente y la seguridad vial.

6.4

Los constructores «tradicionales» están expuestos, y lo estarán cada vez más –sobre todo en el contexto económico actual– a una competencia procedente, en particular, del sudeste asiático, caracterizada por una producción de bajo coste/baja calidad, especialmente en lo referente a las motocicletas de pequeña y mediana cilindrada, en las que los márgenes son reducidos. Los estudios realizados muestran que, a menudo, estos productos importados no se ajustan a las normas de homologación europea y presentan riesgos para la seguridad de los consumidores y para el medio ambiente. Las pruebas realizadas con motocicletas chinas importadas en la UE han dado como resultado casos de no conformidad con la UE como consecuencia de distancias de frenado hasta un 35 % superiores a la de la normativa de homologación europea y emisiones contaminantes hasta 20 veces superiores. También se plantean problemas de falsificación de los vehículos o de piezas de los vehículos de producción europea por parte de los constructores de las economías emergentes, así como de falsificación de certificados de conformidad por parte de empresas comerciales que importan en la UE vehículos no conformes. En un segmento del mercado comunitario que es muy sensible a los precios, es necesario, en aras de una competencia leal, intensificar la supervisión llevada a cabo en el marco de la homologación y comercialización, con controles minuciosos, a cargo de las autoridades o los servicios de control técnico competentes, de la «conformidad de la producción» de los vehículos comercializados para comprobar su conformidad con el tipo homologado y el respeto del derecho de propiedad intelectual.

6.5

En cambio, los consumidores aprecian a los constructores «tradicionales» por el diseño y la calidad de sus productos, así como su grado de innovación y seguridad. Esto se aplica a los vehículos de gama alta de pequeña y mediana cilindrada, y particularmente a los vehículos de gran cilindrada, con alto valor añadido, que se distinguen por las soluciones técnicas adoptadas, y en los que la marca es importante. Estos productos son los que más sufren las consecuencias del contexto económico actual. La mayor difusión de vehículos tecnológicamente avanzados, como los vehículos híbridos o eléctricos que empiezan a aparecer en el mercado, dependerá en gran medida del apoyo que les brinde el sector público y, por ende, de la capacidad de superación de la crisis actual.

6.6

Conviene prestar especial atención a los acuerdos de libre comercio, para garantizar que la liberalización de los derechos de aduana entre la UE y los países del sudeste asiático redunde en beneficio de ambas partes, eliminando asimismo las barreras no arancelarias (como la prohibición de circulación en China de motocicletas con cilindrada superior a los 250 cc), que constituyen graves problemas para los exportadores europeos.

6.7

Para afrontar los desafíos actuales, como ha sido ya el caso en el pasado, los constructores europeos deben continuar en la vía de las reestructuraciones, fusiones y adquisiciones, y desarrollar un mayor número de cooperaciones, a fin de maximizar las posibles sinergias.

6.8

La supervivencia de los proveedores europeos de componentes es fundamental para mantener la especificidad de la producción europea, que los usuarios reconocen como exclusiva. Por tanto, hay que evitar que se repita, por ejemplo, lo ocurrido en el sector de la bicicleta, en el que se ha observado la desaparición de proveedores de componentes importantes, como los chasis, por lo que hoy día Europa depende de China para ensamblar bicicletas.

6.9

Los proveedores europeos de componentes no pueden afrontar una competencia a nivel de precios, y deben apostar por la innovación, el desarrollo de proyectos conjuntos con los constructores para realizar economías de escala –cuando sea posible– y una asociación efectiva que garantice el flujo de pedidos entre constructores y proveedores de productos de gama alta.

6.10

Convendría adoptar un enfoque similar al de CARS 21, específico para el sector de la motocicleta en su conjunto, a fin de afrontar estos desafíos de la mejor manera posible, y de reforzar la competitividad del sector y el empleo.

6.11

Los fondos para la investigación en el marco del Séptimo Programa Marco podrían contribuir al logro de estos objetivos, al privilegiar las empresas que fabrican sus productos en Europa y recurren al sector europeo. A tal fin, una plataforma de investigación dedicada al sector de la motocicleta podría constituir una contribución esencial –en particular para las pymes– mediante la participación en consorcios, a fin de establecer prioridades de investigación, como es el caso en el sector automovilístico.

6.12

La Comisión ha presentado recientemente un plan de acción para la movilidad urbana, entre cuyos objetivos figura el de dar mayor fluidez al tráfico, que es una de las características de la motocicleta. El sector de la motocicleta se ha visto fragilizado por la crisis pero, a largo plazo, se beneficiará de la creciente necesidad de vehículos alternativos con bajos niveles de emisiones para una movilidad más sostenible, en particular en las ciudades, siempre y cuando las actuales dificultades económicas puedan resolverse a medio plazo sin causar daños irreparables.

28.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 354/35

—

capaz de producir en todas las regiones europeas de acuerdo con las condiciones (con frecuencia falseadas) del mercado mundial,

—

que satisfaga al mismo tiempo todas las expectativas relativas a la producción (calidad, seguridad, protección de los recursos naturales, bienestar de los animales, etc.), asumiendo al mismo tiempo los costes europeos,

—

y que garantice, además, un mercado de trabajo moderno y con salarios atractivos que se caracterice por un alto nivel de puestos de trabajo y de seguridad, así como por un alto nivel de formación y de cualificación profesional ulterior.

—

mercados cada vez más volátiles con precios de producción que tienden a la baja;

—

el poder de mercado cada vez más importante de los sectores de la distribución y comercialización frente a los productores, y

—

problemas inconfundibles en materia de producción y comercialización de productos locales y regionales de calidad. En este sentido, falta una normativa específica para la agricultura dirigida a los mercados locales y regionales.

—

no sólo, si el mercado lo requiere, se garanticen y apliquen las pocas medidas vigentes para la estabilización de los mercados, sino que se desarrollen y se introduzcan nuevas ideas compatibles con la OMC para la estabilización de los mercados;

—

en el sector de los productos agrarios se examinen, habida cuenta de los crecientes imponderables en los mercados agrarios internacionales, medidas anticrisis estratégicas en forma de almacenamiento;

—

se reflexione, además, cómo ejercer una influencia estabilizadora en los mercados con ayuda de las organizaciones de productores o de acuerdos sectoriales.

—

en los envases lácteos figuren vacas pastando si la leche procede de animales que ya no disponen de pastos. En su lugar deben fomentarse las correspondientes distinciones de mercado (desde programas en función de una alimentación con heno o con pastos hasta comercializaciones regionales por pequeñas cooperativas o cooperativas de productores);

—

en la publicidad figuren indicaciones de una región distinta del lugar de procedencia de los productos.

—

los pagos directos de los pilares primero o segundo se dirijan únicamente a agricultores en activo, asociaciones que militen en favor del cuidado del paisaje u otras instituciones que gestionen la preservación de los paisajes tradicionales;

—

los pagos directos de los pilares primero o segundo tengan en cuenta el empleo existente y generado en cada explotación;

—

los pagos directos de los pilares primero o segundo remuneren las prestaciones de la agricultura a la sociedad que son necesarias para la conservación del modelo agrícola europeo. La renta de los agricultores debería provenir principalmente de los precios de un mercado regulado donde los costes de producción estén reconocidos por el mercado;

—

los pagos directos de los pilares primero o segundo, en atención a las muy diversas condiciones agroclimáticas existentes en la UE, integren también componentes que en todos los Estados miembros compensen los costes en que incurren los agricultores debido a las condiciones agroclimáticas (5).

28.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 354/43

1.1

La economía mundial ha conocido una integración como nunca antes lo había hecho. Con crisis mundiales de primer orden en un mundo multipolar se necesita una nueva gobernanza y una mayor legitimidad de las organizaciones internacionales. Esta legitimidad tiene que estar basada en valores, normas y objetivos comunes, en la coherencia y en la eficacia, y en la integración de todos los países y de sus ciudadanos. El CESE apoya el que la UE tome parte activa en el desarrollo de una nueva gobernanza de las organizaciones internacionales.

1.2

Incluso desde antes de la crisis actual se admitía que era necesaria una reforma de las organizaciones internacionales, de los organismos de la ONU y de las instituciones de Bretton Woods, pero desde el comienzo de la crisis económica y financiera el proceso de reforma ha ido adquiriendo una mayor importancia. Tan pronto como resultó evidente que el impacto de la crisis financiera era irreversible, el G-20 encabezó la respuesta. A pesar de que los resultados del proceso del G-20 han sido bien recibidos, se cuestiona la legitimidad de sus decisiones. El CESE pide a la UE que desarrolle una articulación eficaz entre el proceso del G-20 y las instituciones representativas de la ONU y que se refuerce el ECOSOC.

1.3

Los países emergentes y en vías de desarrollo deben tener un papel más importante en la gobernanza de las organizaciones internacionales. El CESE apoya una nueva reestructuración del Banco Mundial y del FMI para dar una mayor representación a estos países.

1.4

La gobernanza de las organizaciones internacionales debería basarse en la Carta de las Naciones Unidas y en su Declaración Universal de Derechos Humanos. La UE ha sido una gran promotora de la cooperación multilateral y el CESE apoya esta política. Sin embargo, el CESE observa que el entorno ha cambiado por lo que se refiere a la promoción de los valores multilaterales y por ello considera que es necesario revisar las comunicaciones de la Comisión Europea sobre las políticas de la Unión respecto del multilateralismo  (1).

1.5

Aunque las organizaciones internacionales puedan tener unos objetivos claros, a menudo carecen de eficacia debido al seguimiento inadecuado del curso dado a sus decisiones y de la evaluación de su impacto. La UE ha desarrollado sistemas de seguimiento que son buenas prácticas y podrían ser adoptados a escala internacional para supervisar intervenciones complejas a múltiples niveles. El CESE anima a la UE a introducir estos sistemas de supervisión en las organizaciones internacionales.

1.6

El CESE apoya el aumento de las competencias de las organizaciones internacionales para regular los mercados financieros a escala internacional con el fin de evitar una nueva crisis financiera. El CESE es favorable a la idea de reforzar la regulación europea e internacional en los siguientes ámbitos: el aumento de las reservas, la regulación de los fondos especulativos (hedge funds), la transparencia de los paraísos fiscales, la lucha contra la remuneración excesiva y perversa, la reducción del riesgo de apalancamiento financiero, y la consolidación de los órganos de supervisión a nivel supranacional.

1.7

El CESE apoya cualquier iniciativa de la UE que fomente la cooperación y la coherencia entre organizaciones internacionales. El CESE insta a la UE a dar continuar la acción de la Sra. Merkel y facilitar un diálogo formal entre las organizaciones internacionales para promover la cooperación sobre la base del Programa de Trabajo Decente de la OIT.

1.8

El CESE celebra que el Parlamento Europeo haya aprobado una Resolución sobre la ratificación y aplicación de los Convenios actualizados de la OIT por parte de los Estados miembros y apoya que haya pedido a la Comisión que considere la adopción de una Recomendación a los Estados miembros para que ratifiquen todos los convenios que la OIT ha clasificado como actualizados y contribuyan activamente a su aplicación. El CESE espera poder participar activamente en la preparación de esa Recomendación.

1.9

El CESE reconoce el poder de convicción (soft power) empleado por la UE en las estructuras de gobernanza de las organizaciones internacionales; sin embargo, el Comité considera que en cada una de las organizaciones internacionales la UE debería desarrollar una estrategia para incrementar su poder y reforzar su posición. El CESE debería ser escuchado en reuniones consultivas para preparar esas estrategias.

1.10

El CESE confía en que el nuevo Tratado de Lisboa, la nueva Alta Representante para Asuntos Exteriores y la cooperación diplomática reforzada den como resultado una voz más unificada y una mejor posición de la UE en las organizaciones internacionales. El CESE insta a la UE a ser coherente en sus políticas exteriores y a ser congruente con sus objetivos.

1.11

El proceso de dar forma a la nueva estructura de gobernanza no es muy transparente. Es necesario incluir a los interlocutores sociales y a las organizaciones de la sociedad civil, y el CESE espera que la UE divulgue ampliamente la información sobre este proceso.

1.12

Las organizaciones internacionales ganan en eficacia si están abiertas a consultar a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones sindicales y empresariales. Deben formar parte de unas estructuras consultivas transparentes y de su sistema de seguimiento. El CESE espera que la UE (la CE y los Estados miembros) favorezcan y faciliten una mayor consulta de las organizaciones de la sociedad civil y de los interlocutores sociales en las futuras estructuras de gobernanza de las organizaciones internacionales.

2.1

El debate sobre el sistema de gobernanza de las organizaciones internacionales no es nuevo, pero la rápida difusión y el profundo impacto de la crisis financiera mundial han puesto de manifiesto la debilidad de la gobernanza mundial en una economía globalizada. Han mostrado la interdependencia creciente de todos los países. La crisis no sólo afecta a todas las economías, sino que ha provocado también una gran crisis de empleo que afecta a millones de trabajadores y de empresas que ya eran vulnerables antes. Con el fin de limitar el impacto negativo de la crisis y evitar que vuelva a producirse, es necesario regular mejor el sector financiero, que es por dónde empezó. Pero eso no es todo. Para crear una economía que sea sostenible y esté basada en el valor, es necesario instaurar una forma de gobernanza de la economía mundial nueva y más eficaz, de mayor responsabilidad y más transparente.

2.2

Este dictamen se centrará en las organizaciones internacionales que regulan las políticas sociales, económicas y financieras, dado el continuo proceso de reforma en que se encuentran estas organizaciones y el contexto de la crisis financiera: la ONU, la OMC, la OIT, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el G-20 y el Consejo de Estabilidad Financiera.

2.3

El mundo se enfrenta a una serie de crisis mundiales de primer orden para las que sólo una respuesta a escala mundial puede resultar eficaz. Tal es el caso no solo del reto que supone la actual crisis económica y financiera, sino también de la crisis de los alimentos, el agua y la energía, del aumento de la pobreza, de los problemas medioambientales que incluyen los efectos del cambio climático, de la seguridad y del aumento de la inmigración.

2.4

La globalización ha modificado las relaciones económicas, lo cual debe reflejarse en la estructura de la gobernanza económica mundial. Las relaciones de poder están cambiando, los países BRIC están adquiriendo mayor importancia en términos económicos, políticos y estratégicos. De un mundo bipolar (la guerra fría) hemos pasado primero a un mundo unipolar (la supremacía estadounidense) y después a un mundo multipolar. Las economías emergentes y los países en desarrollo deben participar en las instituciones que integran el nuevo modelo de gobernanza global.

2.5

Estos desafíos únicamente los podrán afrontar instituciones dotadas de legitimidad. Esta nueva estructura de gobernanza solo podrá alcanzar esta legitimidad si es coherente en sus políticas, eficaz a la hora de aplicarlas, e integradora de todas las naciones y sus pueblos.

2.6

En los últimos años se han adoptado ya una serie de iniciativas para revisar el sistema de gobernanza mundial de las organizaciones internacionales y para reformar la ONU. Se han hecho progresos en el enfoque de los programas unificados de las Naciones Unidas (One UN) a nivel nacional, bajo la dirección del Coordinador Residente de la ONU. En 2009, la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación anunció nueve iniciativas para ser aprobadas conjuntamente por los organismos de Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods. A la vez que se estudia el nuevo esquema de gobernanza de la economía mundial, se sugiere reforzar el papel y las competencias del ECOSOC. Desde el comienzo de la crisis económica y financiera el proceso de reforma ha ido adquiriendo una mayor importancia, encabezado por el G-20.

2.7

En Pittsburgh, Estados Unidos, los días 24 y 25 de septiembre de 2009, los dirigentes de los países del G-20 tomaron una serie de decisiones que van a cambiar considerablemente la gobernanza de las organizaciones internacionales. Allí decidieron que el G-20 sería su principal foro de cooperación política internacional. Decidieron que van a continuar sus esfuerzos para regular los mercados financieros y para colocar el empleo de calidad en el centro de la recuperación económica. Acordaron establecer un Marco para un crecimiento económico fuerte, sostenido y equilibrado mediante el cual se comprometieron a formular objetivos comunes –a medio plazo– con el fin de que sus políticas macroeconómicas, fiscales y comerciales fueran congruentes con un crecimiento equilibrado y sostenible de la economía mundial. Concedieron al FMI facultades para asistirlos en la evaluación de sus políticas, al objeto de favorecer el diálogo. Al hacerlo reforzaron de forma considerable el papel del FMI, que ya había sido impulsado antes con una financiación adicional de 500 000 millones de USD. El Banco Mundial ha visto reconfirmadas sus facultades para la reducción de la pobreza con una financiación adicional (100 000 millones de USD) y con un enfoque especial en la seguridad alimentaria y energética para los más pobres. Los dirigentes del G-20 se reunirán nuevamente en junio de 2010 en Canadá, en noviembre de 2010 en Corea y en 2011 en Francia.

2.8

Los dirigentes del G-20 acordaron modernizar el esquema de la cooperación económica. Los derechos de voto de los países emergentes del FMI se incrementarán en un 5 % a costa de las economías más pequeñas, que están sobrerrepresentadas. También se ha solicitado al Banco Mundial que estudie la representación de los países emergentes en su estructura de toma de decisiones.

2.9

Sin embargo, a pesar de que los resultados del G-20 han sido relativamente bien recibidos, se cuestiona la legitimidad de su liderazgo. Los países más pobres del mundo han sido excluidos del debate. La agenda del G-20 no está basada en una política de consenso y no todas las organizaciones internacionales relevantes participan activamente en ella. En el seno de la ONU existe una gran preocupación por el hecho de que se esté erosionando el papel de Naciones Unidas, particularmente en las cuestiones socioeconómicas. Es necesario encontrar un nuevo equilibrio entre el nuevo papel del G-20, la ONU y sus agencias y las instituciones de Bretton Woods. Es de esperar que aparezcan nuevas iniciativas e ideas, en una situación en la que las relaciones económicas y políticas cambian rápida y constantemente.

2.10

Los países del G-20 deben desarrollar una articulación eficaz con procesos representativos de Naciones Unidas, de forma que los intereses de todos los países del mundo se tengan en cuenta en un esquema nuevo e integrador, junto con la creación de un «Consejo de Seguridad Económico Social de Naciones Unidas», un ECOSOC muy reformado con facultades de toma de decisión reforzadas o un «Consejo Económico Mundial» (2). La UE debe adoptar una posición ante todos estos cambios, y algunos observadores temen que el cambio en el equilibrio de poder se haga a costa de la influencia europea en la escena internacional.

2.11

No se presta suficiente atención al papel de la sociedad civil y de los interlocutores sociales en este proceso. El CESE recomienda que el G-20 otorgue un espacio formal a la sociedad civil y a los interlocutores sociales, y anima a los ministros de trabajo de los países del G-20 a que involucren en sus trabajos a entidades representativas de los interlocutores sociales a escala internacional. Aunque algunas organizaciones internacionales conceden un estatus de observador a los interlocutores sociales y a las organizaciones de la sociedad civil, el proceso carece en general de transparencia por lo que organizaciones representativas como el CESE y los Consejos económicos y sociales deberían participar más activamente en ellas.

3.1

Cualquier nueva forma de gobernanza de las organizaciones internacionales debería basarse en los principios y valores de la ONU. Aunque cada organización internacional pueda tener su propia estructura de gobernanza, todo su funcionamiento debería basarse en la Carta de las Naciones Unidas, en los derechos humanos fundamentales, la dignidad humana y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Debería basarse en la justicia y en el respeto de los tratados y las normas internacionales. Debería fomentar el progreso social y unos mejores niveles de vida en mayor libertad. La nueva estructura de gobernanza de las organizaciones internacionales deberá fomentar el desarrollo sostenible y la integración social, y responder eficazmente a los principales problemas mundiales.

3.2

Los valores de la Carta de la ONU y de su Declaración Universal de Derechos Humanos son también los valores de la Unión Europea. La UE está basada en los principios de libertad y dignidad, diálogo y estabilidad y respeto de los acuerdos internacionales. La UE ha sido una gran defensora del multilateralismo y de la ONU y de sus tratados. Ello cuenta con el apoyo del CESE. Sin embargo, el CESE observa que el entorno ha cambiado por lo que se refiere a la promoción de los valores multilaterales y por ello considera que es necesario revisar las comunicaciones de la Comisión Europea sobre las políticas de la Unión respecto del multilateralismo. (Documentos COM(2001) 231 - Construcción de un asociación efectiva con las Naciones Unidas en los ámbitos de desarrollo y asuntos humanitarios, y COM(2003) 526 - La Unión Europea y las Naciones Unidas: la opción del multilateralismo).

3.3

La nueva estructura de gobernanza de la economía mundial debe basarse en el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y estar centrada en abordar cuestiones sociales urgentes como el paro, la pobreza, la seguridad alimentaria y la creciente desigualdad. Debe contribuir a la justicia social y a un mundo más justo. Debe participar más activamente en la promoción de una economía más ecológica y en la protección de bienes públicos como un aire y agua limpios, la biodiversidad y la reducción de las emisiones de CO2.

4.1

El CESE pide a la Comisión Europea y a otras instituciones europeas que promuevan activamente una nueva gobernanza de las organizaciones internacionales, que refuerce su coherencia y les permita contribuir de forma más eficaz al desarrollo sostenible, así como a lograr sus objetivos de trabajo decente y empresas sostenibles.

4.2

Las organizaciones internacionales, y en particular la ONU y sus agencias, tienen unos objetivos claros, pero a menudo carecen de eficacia. Incluso aunque los objetivos hayan sido formalizados en tratados y en normas internacionales, a menudo su ejecución es inadecuada y carece de un sistema eficaz de evaluación de impacto. La nueva gobernanza de las organizaciones internacionales debe poner un mayor énfasis en la aplicación y el seguimiento de sus decisiones.

4.3

La supervisión (monitoring) se ha convertido en una herramienta importante para garantizar la coherencia de la aplicación de las políticas, así como para proporcionar indicaciones a los que gestionan y elaboran las políticas sobre como centrarse en las áreas que más les preocupan. También proporciona «alertas tempranas» que permiten intervenciones oportunas y adecuadas. El CESE propone emplear este enfoque y desarrollarlo, junto con las necesidades de las organizaciones internacionales a una escala internacional mayor y más coordinada, puesto que el éxito de la experiencia europea a la hora de supervisar intervenciones complejas a múltiples niveles ha estimulado la capacidad de gestión común entre las autoridades públicas, los profesionales y el sector privado.

4.4

Las organizaciones internacionales pueden ser más eficaces si cada una de ellas refuerza los objetivos de las otras. Algunas organizaciones internacionales tienen mecanismos de reclamación y de arbitraje vinculante (OMC), otras han desarrollado mecanismos de supervisión, aunque sin facultades de ejecución (OIT). Las políticas de las organizaciones internacionales no deben contradecirse las unas con las otras, y sólo si los organismos de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y la UE trabajan juntos para promover cada uno de ellos las normas de los demás, como la igualdad de género, la sostenibilidad, el trabajo decente y la liberalización del comercio, podrán lograrse todos sus objetivos.

4.5

La gobernanza de las instituciones financieras, el FMI, el Banco Mundial y el Consejo de Estabilidad Financiera, han sido el centro de los debates sobre la gobernanza internacional de la economía mundial. La necesidad de regular los mercados financieros y de hacerlos más transparentes es más urgente que nunca, puesto que ya no es posible adoptar las medidas apropiadas únicamente a nivel nacional. Para que las organizaciones internacionales puedan ser más eficaces a la hora de evitar nuevas crisis, el CESE apoya el aumento equilibrado de sus competencias de regulación de los mercados financieros a escala internacional, sin que lleguen a ser excesivamente restrictivas, limitadoras y burocráticas. El CESE es favorable a la idea de reforzar la regulación europea e internacional en los siguientes ámbitos: el aumento de las reservas, la regulación de los fondos especulativos (hedge funds), la transparencia de los paraísos fiscales, la lucha contra la remuneración excesiva y perversa, la reducción del riesgo de apalancamiento financiero y la consolidación de los órganos de supervisión a nivel supranacional, entre otras cuestiones.

4.6

Se necesita una mayor cooperación internacional para hacer frente al impacto de la crisis financiera en la economía real. Una economía mundial sólida necesita una mayor regulación sobre unos fundamentos más basados en el valor. Una iniciativa importante fue la adoptada por la Canciller alemana Sra. Merkel. En una reunión con la OMC, el Banco Mundial, el FMI, la OIT y la OCDE, propuso a principios de 2009 una «Carta de la gobernanza económica sostenible» (3) que podría sentar las bases de políticas coherentes para alcanzar objetivos conjuntos, en los que cada organización trabajase con arreglo a su propio mandato. Sobre la base de esta Carta los dirigentes del G-20 formularon en Pittsburgh la lista de los «Valores fundamentales de una economía sostenible», en la que señalaban la responsabilidad de las distintas partes interesadas –consumidores, trabajadores, inversores y empresarios– a la hora de incrementar la prosperidad de la población mediante estrategias económicas, sociales y medioambientales coherentes. La OCDE ha preparado una «Norma mundial para el siglo XXI» (Global Standard for the 21st Century) sobre la base de los estándares existentes en materia de gobernanza empresarial (corporate governance), empresas multinacionales, lucha contra la corrupción y cooperación fiscal (4). La Comisión Stieglitz recomienda una serie de medidas drásticas para contrarrestar la caída de la demanda, crear puestos de trabajo y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El CESE recomienda que la UE y sus Estados miembros apoyen estas iniciativas.

4.7

La OIT desempeñará un papel especial en la estructura de la nueva gobernanza. Sus Normas básicas del trabajo y los conceptos de trabajo decente y de empresas sostenibles proporcionan orientación para abordar la crisis de empleo. En su 98a Conferencia, en junio de 2009, las tres partes constitutivas de la OIT firmaron un Pacto mundial para el Empleo, paquete de medidas para invertir las tendencias a la baja del empleo y del crecimiento. El CESE insta a la UE que presione para lograr un diálogo formal entre organizaciones internacionales sobre la base del Programa de Trabajo Decente de la OIT en materia de empleo, desarrollo empresarial, protección social, condiciones laborales humanitarias, relaciones sindicales sólidas y riesgos laborales.

4.8

Para lograr una mayor coherencia, el Comité aconseja a la UE que promueva, tanto interna como externamente, la ratificación de los convenios actualizados de la OIT y la aplicación de su Programa de Trabajo Decente. El Comité insta en particular la ratificación y aplicación de los convenios más pertinentes para el Programa de Trabajo Decente de la OIT, lo que incluye los convenios sobre seguridad y salud en el trabajo y el Convenio no 94 sobre las cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. Las normas de la UE no liberan a los Estados miembros de las obligaciones asumidas al ratificar los convenios de la OIT. El CESE apoya que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 26 de noviembre de 2009, haya pedido a la Comisión que considere la adopción de una Recomendación a los Estados miembros para que ratifiquen todos los convenios que la OIT ha clasificado como actualizados y contribuyan activamente a su aplicación. En la línea de los dictámenes del CESE sobre «La dimensión social de la globalización» (5) y «Promover un trabajo digno para todos» (6), el CESE espera poder participar activamente en la preparación de esa Recomendación.

4.9

Además, el CESE apoya cualquier iniciativa de la UE de fomento de la cooperación entre organizaciones internacionales en materias específicas. Un magnífico ejemplo de ello es la cooperación entre la OMC y la OIT en materia de empleo, la cooperación entre el Banco Mundial y la OIT en cuestiones de seguridad social o la cooperación entre el Banco Mundial y el FMI para la aplicación de las Normas básicas del trabajo. El empleo de los jóvenes, la microfinanciación y la seguridad social son las cuestiones más importantes.

5.1

Los países emergentes o en vías de desarrollo deben tener una participación más importante en las nuevas estructuras de gobernanza mundial que vayan a adoptar las organizaciones internacionales. Sin embargo, su integración tendrá que estar basada en las normas de la ONU y en el respeto de los derechos humanos. El objetivo de garantizar el trabajo decente y la aplicación de las Normas básicas del trabajo de la OIT en países emergentes y en vías de desarrollo debería orientar las políticas de las organizaciones internacionales. El Banco Mundial y el FMI deben volver a reestructurarse al objeto de aumentar la representación y el peso de los países más pobres en sus instituciones y en sus procesos.

5.2

Es necesario asistir a los países en vías de desarrollo con el fin de facilitarles su participación efectiva en proceso de toma de decisiones de la OMC. Deben estar equipados para poder participar más fácilmente en las negociaciones comerciales y hay que animarlos a que mejoren la amplitud de sus conocimientos de los asuntos comerciales así como sus capacidades técnicas y sus competencias en materia de integración de los mercados. Se debe conceder a los países en desarrollo algo de espacio político legítimo en las relaciones comerciales.

5.3

En marzo de 2009 el FMI hizo un análisis de la vulnerabilidad de los países de renta baja frente a los efectos adversos de la crisis financiera mundial y de la actual recesión (7). Según las previsiones de la OIT, más de 200 millones de personas corren el riesgo de descender a un nivel de extrema pobreza, la mayor parte de las cuales viven en economías emergentes o en desarrollo. El número de trabajadores pobres, los que ganan menos de 2 USD diarios, podría alcanzar la cifra de 1 400 millones, lo que minaría todos los progresos realizados durante la última década para reducir la pobreza en el mundo. La pobreza creciente afectará sobre todo a las mujeres, que constituyen el 60 % de los pobres del mundo. En estas condiciones resulta necesario realizar esfuerzos adicionales para alcanzar los ODM. El CESE insta a la UE a cumplir escrupulosamente sus compromisos para realizar los ODM.

6.1

La UE debe desempeñar un papel especial en la escena internacional. La Unión Europea es el primer exportador mundial, el principal donante de ayuda a los países en vías de desarrollo y el mercado mundial de referencia. A pesar de ello, hay estudios que indican que la UE está perdiendo posiciones en la ONU (8). Las resoluciones en materia de derechos humanos de la UE están consiguiendo ahora menos apoyo en la Asamblea General que hace una década, debido al aumento de la influencia de países que, como China o Rusia, se niegan a cualquier forma de interferencia en sus «asuntos internos» (9).

6.2

La UE se juega mucho en el sistema de gobernanza mundial. El modelo europeo de economía social de mercado es único y ha demostrado ser particularmente eficaz para abordar los complejos problemas de la crisis económica actual. La UE y sus instituciones tienen que tomar parte activa para defender sus intereses y poder promover sus valores.

6.3

La UE está representada en todas las organizaciones internacionales que están relacionadas con la gobernanza de la economía mundial, ya sea mediante la presencia de Estados miembros en el consejo de dichas organizaciones, por la coordinación de las políticas de los miembros en esas organizaciones, por estar representada por el miembro que ejerce la presidencia o de forma directa mediante un estatus representativo de la CE. En la mayor parte de las organizaciones internacionales la UE sólo tiene estatuto de observador (salvo en la OMC y en la FAO) y depende de su poder de convicción (soft power) para ejercer su influencia. Aunque este «soft power» y su red de buena voluntad puedan ser eficaces, la UE debería buscar activamente el reconocimiento de una posición formal cada vez que ello sea posible. En cada una de las organizaciones internacionales, la UE debería desarrollar una estrategia para incrementar su poder y reforzar su posición con el fin de promover una gobernanza más eficaz y más justa en estas organizaciones.

6.4

En el FMI, la UE está representada por diferentes portavoces (el presidente del EURIMF, el BCE, el presidente del Eurogrupo, el ministro de Hacienda de la Presidencia de la UE), pero diferencias entre los Estados miembros sobre cuestiones financieras y de desarrollo impiden que Europa hable con una sola voz. Aunque la Comisión Europea está facultada para hablar en nombre de la UE en materia de comercio, en otros asuntos financieros o económicos ni siquiera los dieciséis Estados miembros que tienen una moneda común y que han delegado parte de sus competencias al BCE adoptan necesariamente una posición unitaria. Dada la importancia creciente de las instituciones de Bretton Woods, y en particular del FMI, el CESE insta a la UE y a sus instituciones a que mejoren su coordinación en relación con la gobernanza de estas instituciones. Los países de la UE reúnen juntos el 32 % de los derechos de voto del FMI, frente al 17 % de Estados Unidos. La pérdida de influencia de los Estados más pequeños de la UE para dejar sitio a las economías emergentes puede ser compensada mediante una mejor coordinación política de la UE.

6.5

El CESE pide a la UE que anime al FMI a promocionar políticas que proporcionen acceso al crédito y a la financiación, en particular de las PYME y de los agricultores, ya que en todas las economías nacionales estos sectores actúan como columna vertebral y son los mayores proveedores de puestos de trabajo. El CESE también pide que la UE inste a las instituciones financieras internacionales a que pongan a disposición de los países en desarrollo los fondos necesarios para aplicar medidas anticíclicas y que, de este modo, se abstengan de establecer vínculos condicionales procíclicos.

6.6

Desde el año 2000 la UE ha aumentado significativamente su contribución financiera al Banco Mundial (241 millones de euros en 2008). El CESE reconoce la importancia del Banco Mundial para la erradicación de la pobreza y recomienda que la UE anime al Banco Mundial a adoptar políticas de desarrollo económico que incluyan el trabajo decente así como el acceso a la sanidad, a la educación y a otros bienes públicos. El CESE insta a la UE a apoyar al Banco para que financie planes de recuperación para países afectados por la actual crisis económica y financiera, que estén centrados en apoyar el desarrollo de empresas sostenibles, la creación de empleo, la inversión pública, las políticas activas en materia de mercado laboral, la extensión de la seguridad social básica para todos, unas redes adicionales de seguridad para los más vulnerables e inversiones en «economía ecológica».

6.7

Con arreglo al nuevo Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo tiene competencias de codecisión en el ámbito de la política comercial. Para el CESE esto brinda nuevas oportunidades de reforzar la cooperación con el Parlamento y la Comisión en la política comercial. El CESE ha preparado una serie de dictámenes pertinentes sobre cuestiones comerciales y sobre la necesidad de lograr que las políticas comerciales sean coherentes con las políticas sociales y medioambientales de la UE (10) .

6.8

La UE emplea mucho tiempo en la coordinación de sus puntos de vista y de sus posiciones en las organizaciones internacionales por lo que cada vez se dedica menos tiempo y esfuerzo a obtener apoyos para estas posiciones por parte de otros miembros de las organizaciones internacionales. La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es una de las excepciones positivas recientes. Las organizaciones de la sociedad civil pueden apoyar una posición conjunta. El CESE observa que las votaciones de los Estados miembros de la UE muestran una cierta convergencia e insta a la UE a que se prepare a hablar con una sola voz para evitar la pérdida de influencia por causa de la falta de acuerdo de los miembros. Es de esperar que el Tratado de Lisboa constituya una mejora en este sentido. La ratificación del nuevo Tratado, el nuevo puesto de Alto Representante y la cooperación diplomática reforzada representan una oportunidad para mejorar la posición internacional de la UE.

6.9

La mejor, más coherente y, por lo tanto, más eficaz gobernanza de las organizaciones internacionales comienza en casa. Las políticas de la UE en la ONU y en sus agencias, en el G-20 y en las instituciones de Bretton Woods deberían estar sujetas a los mismos principios y promover los mismos objetivos, dentro del mandato y la estructura de cada una de esas distintas organizaciones. Es necesario un esfuerzo mucho mayor para desarrollar políticas coherentes en las organizaciones internacionales. La política de la UE sobre la coherencia para el desarrollo es un ejemplo positivo. El CESE también hace referencia a la coherencia entre las políticas internas y externas en la Estrategia de Lisboa (11).

7.1

La participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil es un requisito previo para la protección y la promoción de los valores que son fundamentales para las organizaciones internacionales. La sociedad civil se juega mucho en la gobernanza de las organizaciones internacionales. La reciente crisis ha mostrado que la sociedad civil, en forma de contribuyentes, trabajadores, consumidores, ahorradores, propietarios de viviendas y empresarios, paga un alto precio por una gobernanza mundial insuficiente e ineficaz.

7.2

La nueva estructura de gobernanza está tomando forma en las cumbres de diplomáticos de alto nivel. Este proceso no es muy transparente. La sociedad civil organizada y los interlocutores sociales tienen poca información sobre el proceso, y menos aún acceso a la toma de decisiones. Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones sindicales intentan movilizar a la opinión pública y presionar a sus gobiernos para comunicar sus ideas sobre la futura estructura de gobernanza de la economía mundial. Se consulta a ciertos sectores empresariales, pero a otros se les excluye. La voz de las organizaciones de la sociedad civil y de los interlocutores sociales debería oírse más en el proceso de elaboración de las políticas de la UE respecto de las organizaciones internacionales.

7.3

Existen algunos ejemplos de buenas prácticas a nivel nacional, regional e internacional de participación de la sociedad civil en la gobernanza de las organizaciones internacionales. A nivel internacional el ejemplo de la OIT es sobresaliente. Los representantes de los empresarios y de los trabajadores participan en pie de igualdad con los gobiernos en todas las instituciones de la OIT, ya sea en cuestiones de gobernanza, de toma de decisiones, de fijación de normas estándar o de supervisión. El Comité consultivo económico e industrial de la OCDE (BIAC) y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC) son también buenos ejemplos de consulta institucionalizada de los interlocutores sociales. El resto de las organizaciones internacionales organizan consultas con los interlocutores sociales y con otras organizaciones de la sociedad civil de forma menos sistemática, como es el caso del carácter consultivo de las ONG en la ONU, o bien no las organizan en absoluto como ocurre en el G 20. La gobernanza efectiva de las organizaciones internacionales saldrá reforzada si se institucionaliza la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los interlocutores sociales de forma transparente. Las organizaciones internacionales pueden ser también más eficaces si se incluye a las organizaciones de la sociedad civil y a los interlocutores sociales en sus mecanismos de seguimiento y de supervisión y en sus sistemas de alerta temprana.

7.4

El CESE espera que la UE incluya a las organizaciones de la sociedad civil y a los interlocutores sociales en el desarrollo de sus políticas y posiciones respecto de la nueva gobernanza de las organizaciones internacionales. El Comité también espera que la UE promueva en el seno de las organizaciones internacionales una apertura para la consulta de la sociedad civil y de los interlocutores sociales a la hora de debatir sus estructuras de gobernanza. Una consulta digna de este nombre supone transparencia y un acceso fácil a los documentos en unos plazos que permitan tomar en consideración e incluir los puntos de vista de las partes interesadas.

7.5

28.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 354/50

—

Continuar el proceso de ampliación y acelerar el proceso de liberalización del régimen de visados con Albania y Bosnia y Herzegovina con el fin de permitir la exención de visado para sus ciudadanos cuando viajen a los países del espacio Schengen. Asimismo, empezar las negociaciones con Kosovo (1) al respecto.

—

Movilizar todas las fuentes de financiación disponibles para maximizar la inversión en proyectos de infraestructura y utilizar el recién creado Marco de Inversión en favor de los Balcanes Occidentales con este fin.

—

Mantener la dimensión social como prioridad al aplicar el tratado constitutivo de una Comunidad de Transportes. Debería apoyarse el foro social con el fin de que se convierta en un instrumento eficaz para reforzar el diálogo social sectorial a escala regional.

—

Apoyar cambios hacia modos de transporte más ecológicos como las vías navegables y ferroviarias en los Balcanes Occidentales.

—

Tener en cuenta la evaluación del impacto socioeconómico de las redes de transporte en el desarrollo de una política común de transportes.

—

Apoyar la actualización de la Red Principal de Transporte Regional de acuerdo con las necesidades existentes.

—

Considerar esta Red Principal de Transporte Regional de Europa Sudoriental como un futuro elemento de las RTE-T cuando se proceda a revisar la política en este ámbito, con miras a respaldar aún más la integración de los Balcanes Occidentales en la UE.

—

Iniciar un estudio sobre el empleo en los países de los Balcanes Occidentales signatarios de una Comunidad de Transportes. Asimismo, prestar atención adecuada al desarrollo de programas de formación para empresarios y empleados con el fin de que puedan adaptarse mejor a los cambios del mercado laboral.

—

Asignar suficientes recursos humanos para la secretaría de la Comunidad de Transportes encargados de los asuntos sociales y el diálogo social.

—

Por medio del trabajo de los comités consultivos mixtos, animar a los interlocutores sociales de los países de los Balcanes Occidentales a participar de forma activa en el diálogo social a nivel nacional y regional.

—

Organizar una conferencia sobre la política de transportes en los Balcanes Occidentales con participación de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil de los países de los Balcanes Occidentales, la Comisión Europea y el CESE.

—

Determinar los mecanismos necesarios para crear e institucionalizar la cooperación futura con el foro social regional previsto en el tratado constitutivo de una Comunidad de Transportes.

—

Reforzar la cooperación regional en el ámbito de la política y las infraestructuras de transportes.

—

Garantizar una planificación eficaz de la inversión pública de interés regional en el sector del transporte e incrementar el desarrollo de capacidades en este sector.

—

Aplicar las reformas necesarias y acelerar el proceso de adopción del acervo comunitario.

—

Aprovechar las oportunidades para la financiación privada/cofinanciación de proyectos prioritarios así como de proyectos complementarios (asociación entre los sectores público y privado) y crear el entorno adecuado para este tipo de proyectos.

—

Mejorar la transparencia en la contratación pública.

—

Mejorar la gestión de las fronteras y aumentar la capacidad de los pasos fronterizos para poder acelerar y mejorar la calidad del transporte a nivel regional.

—

Desarrollar políticas coherentes a nivel regional que fomenten el transporte intermodal y el desarrollo de sistemas de transporte inteligente.

—

Continuar mejorando los contactos con los países vecinos y resolver las cuestiones pendientes en las relaciones bilaterales.

—

Participar de forma activa en el desarrollo de la estrategia para el Danubio, que se está elaborando en la actualidad, con el fin de beneficiarse de los proyectos conjuntos de infraestructuras con los Estados miembros de la UE y sus vecinos.

—

Incluir a los interlocutores sociales así como a los representantes de otras organizaciones de la sociedad civil competentes en el proceso de elaboración de la política regional de transportes, así como lograr la convergencia entre las políticas de empleo y las reformas.

2.2.1

La UE tiene un interés directo en los Balcanes occidentales, ya que la región está situada en el corazón de Europa. Todos los países de los Balcanes Occidentales son candidatos o candidatos potenciales a la adhesión a la UE. Con el fin de alcanzar este objetivo, deben cumplir todos los criterios y condiciones exigidos para incorporarse. La cooperación regional es una de las condiciones previas para su integración con éxito en la Unión Europea y, por lo tanto, también es un componente esencial del proceso de estabilización y asociación. Por este motivo, la UE desea apoyar el desarrollo de proyectos regionales, incluida la Red Principal de Transporte Regional, que desempeña un papel esencial.

2.2.2

La UE considera que el transporte es una política obvia y conveniente para una cooperación regional eficaz y, en consecuencia, estima que la política de transportes de los Balcanes Occidentales puede ser ambiciosa y hacer avanzar a la región en la adaptación al acervo comunitario. La importancia de la política de transportes se ve todavía más reforzada por el hecho de que cuatro de los diez corredores paneuropeos atraviesan los Balcanes Occidentales. La política de transportes de la UE destinada a esta región tiene tres objetivos principales. El primero es mejorar y modernizar la red del transporte de Europa Sudoriental con vistas al desarrollo económico y social. El segundo es mejorar el tráfico en la red aplicando medidas flexibles y horizontales. El tercero es contribuir a la adecuación de la región respecto del acervo en el ámbito de los transportes. Para desarrollar estas prioridades, la UE está negociando actualmente un tratado constitutivo de una Comunidad de Transportes con los países de los Balcanes Occidentales (véase el punto 4.3).

3.2.1

La longitud total de la red principal de ferrocarril es de 4 615 km, de los que 3 083 km son corredores y 1 532 km rutas. Solo un 15 % de la red principal de ferrocarril se clasifica como en buen estado, mientras que un 19 % se considera en mal o en muy mal estado (5).

3.2.2

El ferrocarril es el enlace más débil de todos los modos de transporte. El análisis de accesibilidad muestra que los trayectos en ferrocarril tienen una duración superior en un 200 % a la duración por carretera cuando se comparan pares idénticos de origen y destino. La infraestructura ferroviaria está infradesarrollada en todos los países de los Balcanes Occidentales. Por lo tanto, son necesarias grandes inversiones ferroviarias en todos los países de la región. Otro de los retos para el futuro es la reestructuración de las empresas de ferrocarril, ya que suele considerarse que tienen una plantilla excesiva.

3.3.1

La longitud total del Danubio (Corredor VII) (6) en su paso por Croacia y Serbia es de 588 km y el Sava es navegable durante 593 km. La Red Principal también incluye siete puertos y dos puertos fluviales (7). El Danubio, excepto en unos 30 km, está en buen estado, mientras que las condiciones del río Sava son mucho peores (8).

3.3.2

Las vías navegables interiores suponen el modo más ecológico y barato de transporte. Sin embargo, su desventaja es la lentitud del transporte.

3.3.3

El transporte intermodal es limitado y en la actualidad se reduce esencialmente al transporte terrestre de contenedores marítimos desde y hacia los puertos. Además, los terminales intermodales existentes todavía están infrautilizados. Sin embargo, el potencial del transporte intermodal se estima en un 10 %, con un aumento previsto que podría llegar hasta el 15 % en 2015 en la red principal.

3.3.4

Puede alegarse que los países de la región están avanzando continuamente en la reforma del sector del transporte mediante la continuación de sus estrategias nacionales de transporte y el establecimiento de una nueva legislación y reglamentos conformes con el acervo y la política de transportes de la UE. En general estos países reconocen que las reformas deben ser coherentes con el interés regional, lo que significa que no deben crear disparidades que puedan frenar el desarrollo y la gestión eficaz de la red principal. Al igual que en el proceso de adhesión a la UE, algunos países están más avanzados que otros.

4.1

La existencia de una política común de transportes para los Balcanes Occidentales se remonta al Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental establecido en 1999. Tal como se ha señalado antes, la UE considera que la cooperación regional es un requisito previo para la futura adhesión de los países de los Balcanes Occidentales a la UE y una condición indispensable para el desarrollo de una política regional de transportes. Por lo tanto, la UE ha animado a los países de los Balcanes Occidentales a desarrollar la cooperación intrarregional y a aumentar la coordinación en el ámbito de la política común de transportes. Para impulsar el desarrollo de la infraestructura de transportes en Europa Sudoriental, la Comisión Europea y los países participantes de la región firmaron en 2004 el Memorándum de Acuerdo sobre el Desarrollo de la Red Principal de Transporte Regional de Europa Sudoriental. A raíz de ello, los diversos foros que se ocupaban de las actividades de infraestructuras de transporte regionales fueron sustituidos por tres órganos principales de coordinación. Las decisiones estratégicas se adoptan en la Reunión anual de ministros. La aplicación del Memorándum de Acuerdo está coordinada por un comité de dirección, y el Observatorio de los Transportes de Europa Sudoriental (SEETO) sirve de secretaría permanente (9). Por medio del Memorándum de Acuerdo los participantes se comprometen de forma conjunta a desarrollar y aplicar un plan de acción plurianual evolutivo que cubra un período de cinco años. Otra función importante del Memorándum de Acuerdo es que proporciona un marco para el proceso coordinado que llevará a la elaboración del tratado constitutivo de una Comunidad de Transportes con los Balcanes Occidentales.

4.2

El tratado constitutivo de una Comunidad de Transportes con los Balcanes Occidentales, que se está negociando en la actualidad, sustituirá al Memorándum de Acuerdo vigente. El objetivo del tratado es establecer un mercado integrado de infraestructuras, servicios y sistemas de transporte terrestre, fluvial y marítimo estrechamente vinculado al correspondiente mercado interior de transportes de la Unión Europea. El establecimiento de una Comunidad de Transportes aceleraría la integración de los sistemas de transportes en la región y con los de la UE. Además de acelerar la adaptación de la legislación pertinente, incluido el acervo social específico, la Comunidad de Transportes permitiría a los usuarios de los transportes y los ciudadanos beneficiarse del proceso de adhesión de forma más rápida. La Comunidad de Transportes también ofrecería seguridad jurídica a los operadores e inversores del sector del transporte, lo que estimularía y aceleraría las inversiones necesarias y el desarrollo económico (10).

4.3

Otros objetivos son crear un marco regulador y de mercado estable que permita captar inversiones para todos los modos de transporte y sistemas de gestión del tráfico, aumentar la eficacia de los modos de transporte y contribuir a una distribución modal más sostenible, así como completar el desarrollo del transporte con avances sociales y el respeto del medio ambiente. Es necesario subrayar que el tratado no entrará en vigor en los países de los Balcanes Occidentales si no aplican todo el acervo necesario.

5.1.1

El principal impulsor de la integración en el sector del transporte es la armonización regulatoria y la coordinación entre autoridades. El número de agentes interesados en el proceso de desarrollo de la política regional de transportes requiere una planificación y una coordinación adecuadas de las actividades.

5.1.2

A nivel nacional, la aplicación del acervo obliga a los gobiernos de los países de los Balcanes Occidentales a planificar y ejecutar reformas importantes en los sectores del transporte, así como en otros sectores afines. El proceso debería completarse con una evaluación de impacto precisa.

5.1.3

Puede señalarse que una planificación eficaz del gasto público y de la cooperación con otras partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales y las instituciones financieras internacionales, debe ser uno de los aspectos importantes para el desarrollo efectivo de la política de transportes.

5.1.4

Otro reto relacionado con ello es la necesidad de armonizar las estrategias nacionales de transporte con los intereses regionales y la coordinación de la aplicación del proyecto de la Red Principal, para apoyar la gestión y el desarrollo eficaces de esta Red.

5.1.5

Por último, la elaboración de los planes de acción plurianuales evolutivos de SEETO para el desarrollo de la Red Principal de Transporte Regional requiere una planificación y coordinación eficaces de las actividades a nivel regional. También será necesaria esta coordinación en el foro social regional, en el que participarán los representantes de los interlocutores sociales y de las demás partes interesadas de los países de los Balcanes Occidentales, incluidas las organizaciones no gubernamentales.

5.2.1

Es prioritaria la necesidad de adaptar la legislación nacional al acervo comunitario y a las normas de la UE en el sector del transporte. El acervo en materia de transporte es especialmente amplio y cubre aspectos como el acceso al mercado y las exigencias sociales, técnicas, fiscales, ambientales y de seguridad. Por lo tanto, los países de los Balcanes Occidentales afrontan el reto de aplicar y hacer cumplir este amplio corpus del acervo sobre transportes que engloba un gran número de reglamentos, directivas y decisiones. Otro reto adicional es la transposición y aplicación selectivas del acervo comunitario.

5.2.2

Debido al elevado grado de fragmentación, las cuestiones relativas al cruce de fronteras son muy importantes en la región de Europa Sudoriental. En la actualidad, las esperas en los controles fronterizos repercuten significativamente en la eficacia y la competitividad de la Red Principal. Los participantes de los Balcanes Occidentales deberían hacer un esfuerzo adicional para mejorar la gestión y los procedimientos en las fronteras y reducir las esperas.

5.2.3

También deben destacarse los aspectos medioambientales. La aplicación de las normas medioambientales es cada vez más importante a la hora de desarrollar los proyectos de infraestructuras. Dado que la legislación medioambiental constituye una parte importante del acervo, no tiene sentido plantearse si se aplicará o no. No obstante, cabe señalar que los países de los Balcanes Occidentales tienen graves problemas para aplicar las leyes medioambientales.

5.3.1

El desarrollo y mantenimiento de las redes de transportes requieren una financiación de la que no dispone el sector público. Por consiguiente, la coordinación de los donantes es importante al respecto. Aparte de la UE, las instituciones financieras internacionales como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (BDCE) y los donantes bilaterales deberían coordinar sus actividades y asignar la financiación necesaria. Otra posibilidad que tienen los gobiernos de los países de los Balcanes Occidentales para financiar las redes de transportes es el recurso a la asociación entre los sectores público y privado.

5.3.2

La conferencia ministerial celebrada en Sarajevo en septiembre de 2009 destacó la importancia de esta opción. En la declaración ministerial los participantes no solo reconocieron y apoyaron el importante papel que desempeña el sector privado en el desarrollo de las infraestructuras, sino que también aceptaron la necesidad de desarrollar un entorno institucional y legislativo que permita la participación del sector privado en proyectos de infraestructuras mediante las asociaciones entre los sectores público y privado. Además, se comprometieron a elaborar proyectos de infraestructuras a nivel regional y apoyaron el establecimiento de una red de asociaciones entre los sectores público y privado de Europa Sudoriental (11). La declaración ofrece un buen marco para incrementar la realización de proyectos de asociación entre los sectores público y privado destinados a desarrollar las infraestructuras de la región. Sin embargo, su aplicación requiere reformas, incluida la modificación de los regímenes legislativos y reguladores, así como el apoyo activo de los socios internacionales –Comisión Europea, instituciones financieras internacionales y donantes bilaterales– mediante asistencia técnica y financiera.

5.3.3

Otra medida importante destinada a asegurar una colaboración más estrecha entre las instituciones financieras internacionales, los donantes bilaterales y la Unión Europea es el Marco de Inversión en favor de los Balcanes Occidentales (MIBO). El MIBO se creó en diciembre de 2009 y consta de un instrumento conjunto de subvención y una línea de créditos conjunta para financiar proyectos prioritarios en los Balcanes Occidentales, en los que los proyectos de infraestructuras desempeñan un papel fundamental (12).

6.1.1

El transporte es uno de los sectores dominantes respecto del empleo en la región. Por lo tanto, los empresarios deberían participar en la elaboración de las políticas y la continuación de las reformas beneficiosas para sus empresas, pero también para los empleados y los ciudadanos de sus países. Las organizaciones del sector del transporte y los empresarios individualmente también deben desempeñar un papel en la negociación de las prioridades para las redes nacionales y regionales de transportes y en el análisis de su impacto en el fomento de la movilidad, la creación y mantenimiento del empleo, así como en los beneficios generales para las economías nacionales.

6.1.2

La relevancia e influencia de las organizaciones empresariales varía de un país a otro dentro de la región. En términos generales, su posición es bastante débil debido sobre todo a la falta de capacidades internas de movilización y las dificultades para ofrecer una representación eficaz y defender sus intereses en las relaciones con el gobierno y demás partes interesadas.

6.1.3

Es necesario potenciar las capacidades de representación y de análisis de los miembros de las organizaciones empresariales, lo que redundaría en beneficio no solo de los países concretos sino también de la UE.

6.2.1

El sector del transporte es uno de los mayores generadores de empleo de la región. Las condiciones laborales y sociales de la mayoría de los países son precarias, con un nivel de desempleo elevado persistente, altos índices de pobreza y de migración de la población activa, así como unos sistemas de seguridad social sobrecargados. En el sector ferroviario, una media del 50 % de la mano de obra ha dejado su trabajo en una década (13). La reforma del ferrocarril que debe realizar cada país implica una reducción de personal, la privatización de los operadores de transporte de mercancías y el cierre de las líneas locales no rentables (14). No cabe duda de que los planes para liberalizar el transporte ferroviario repercutirán en el empleo y las condiciones de trabajo.

6.2.2

La pérdida de empleo también afecta al sector portuario, así como a las comunidades y economías nacionales que dependen de él. Una pérdida de puestos de trabajo similar se ha producido en el sector de la navegación interior.

6.2.3

Los sindicatos desempeñan un papel importante a la hora de evaluar el impacto del desarrollo de la red principal de transporte regional en el empleo con los demás interlocutores sociales. Los sindicatos del sector del transporte de la región, bajo la coordinación de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte, han hecho campaña –tanto ante la UE como a nivel nacional– para que se integren las evaluaciones de impacto social durante la planificación estratégica y la aplicación del tratado constitutivo de una Comunidad de Transportes (15). Otro aspecto de interés para los sindicatos es lograr la convergencia entre las políticas de empleo y la reforma.

28.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 354/56

1.1

El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, ha aportado modificaciones importantes al sistema institucional de la Unión Europea, creando en particular el puesto permanente de Presidente del Consejo Europeo. Al mismo tiempo, el Tratado de Lisboa ha dotado de fundamento jurídico al «trío de Presidencias» (1), en cuyo marco tres Estados miembros desempeñan, durante un período de dieciocho meses y tomando como base un programa acordado previamente, los cometidos propios de la presidencia del Consejo de la UE.

1.2

Desde el punto de vista de la sociedad civil, el artículo 11 del Tratado de Lisboa reviste una importancia especial. Efectivamente, prevé el refuerzo de la democracia participativa, la intensificación y la institucionalización del diálogo con los ciudadanos, la celebración de consultas en profundidad en el marco de la elaboración de las políticas comunitarias y la implantación de la iniciativa ciudadana. Todas estas medidas pueden contribuir a reforzar el diálogo civil.

1.3

El objetivo del presente documento es examinar los temas mencionados en los puntos anteriores. Para ello, insiste en la función particular del CESE como representante institucional de la sociedad civil organizada a nivel europeo, presenta propuestas para consolidar esta función y, paralelamente, apoya plenamente las disposiciones del Tratado de Lisboa destinadas a hacer que el funcionamiento de la Unión Europea sea más eficaz y transparente y aumentar la legitimidad de la UE.

2.1

La Presidencia en ejercicio, o más concretamente la Presidencia en ejercicio del Consejo de la Unión Europea, no constituye una novedad: es una función cuya característica principal consiste en que es ejercida por turnos durante un período de seis meses por cada uno de los Estados miembros de la Unión. Durante este período, el Estado miembro que ejerce la Presidencia es «la cara y la voz» de la UE, determina las estrategias y asume una función y misiones de organización y representación.

2.2

Las misiones de la Presidencia van acompañadas de importantes responsabilidades y dependen de los esfuerzos del conjunto del gobierno. El Estado miembro que ejerce la Presidencia no tiene derecho a defender posiciones nacionales.

2.3

Las normas relativas a la Presidencia fueron modificadas el 15 de septiembre de 2006 mediante una Decisión del Consejo por la que se aprueba su Reglamento interno (2006/683/CE) y sentaron las bases necesarias para la implantación del sistema de «trío» de Presidencias. En sustancia, este Reglamento establece que, para cada período de dieciocho meses, las tres Presidencias que estarán en ejercicio en ese período elaboran, en estrecha cooperación con la Comisión y una vez realizadas las consultas adecuadas, el programa de las actividades del Consejo para dicho período.

2.4

¿Cuál es la ventaja de esta nueva forma de Presidencia? El sistema sigue manteniendo la característica de la Presidencia semestral, que deja cierto margen de maniobra al Estado miembro que ejerce la Presidencia. El programa elaborado de forma conjunta por el «trío» permite una mejor colaboración entre los Estados miembros, que de esta forma pueden garantizar una mayor continuidad y coherencia de las políticas de la Unión y, por lo tanto, de las actividades de la Comunidad.

2.5

El primer grupo de la Presidencia de tipo «trío», compuesto por Alemania, Portugal y Eslovenia, comenzó a funcionar el 1 de enero de 2007 y fue seguido, del 1 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2009, por el «trío» constituido por Francia, la República Checa y Suecia. Se considera, no obstante, que por diversos motivos, pero sobre todo debido a la ausencia de fundamentos jurídicos, son las consideraciones y las aspiraciones nacionales las que predominaban en los trabajos de estos «tríos», en lugar de las posiciones comunes del «trío».

2.6

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el equipo España-Bélgica-Hungría asume las funciones del «trío de Presidencias» desde el 1 de enero de 2010. Su actuación se basa en el programa de trabajo adoptado en la reunión del Consejo Europeo del 17 de diciembre de 2009. Dicho programa, que es muy ambicioso, abarca un gran abanico de ámbitos. Uno de los principales aspectos que contribuyen al éxito de los trabajos es la composición del «trío»: un gran Estado miembro o un país fundador – que disponen, por lo tanto, de considerable experiencia – con un país que se adhirió posteriormente a la Unión y un «nuevo» Estado miembro.

2.7

La experiencia muestra que, aunque los países con mayor peso político también tienen un poder de negociación más fuerte, los países más pequeños pueden compensar sus desventajas –que a veces sólo son aparentes– o su posible falta de experiencia mediante una selección acertada de las prioridades, una buena estrategia de negociación y una disposición nada desdeñable al compromiso.

2.8

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la acción de la Presidencia «trina» creará, en efecto, un precedente en cuanto a la distribución de funciones entre el Presidente del Consejo de la Unión Europea elegido por dos años y medio (y reelegible por una sola vez) y el «trío» que opera con carácter rotatorio, una distribución de funciones cuyos elementos todavía no se perciben claramente en su totalidad. El éxito en este ámbito implica una colaboración estrecha. Considerando que, por lo demás, el sistema actual seguirá aplicándose para un gran número de ámbitos, cabe esperar que los gobiernos nacionales sigan por supuesto esforzándose por «lograr que se hable de ellos» y por ser eficaces durante el semestre de su presidencia. Esta nueva situación también conlleva elementos importantes para las organizaciones de la sociedad civil.

3.1

Se parte del principio de que las misiones que debe realizar la Presidencia rotatoria del Consejo dependen fundamentalmente de los gobiernos nacionales. Para realizarlas se cuenta con la participación determinante de funcionarios públicos (diplomáticos), expertos y responsables políticos. Ni los documentos por los que se rige el desempeño de las funciones de la Presidencia ni el Tratado de Lisboa abordan la participación organizada e institucional de la sociedad civil.

3.2

Al mismo tiempo, tanto las instituciones de la UE como los gobiernos de los Estados miembros que ejercen la Presidencia rotatoria del Consejo reconocen cada vez más que la participación de la colectividad, es decir, de las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, puede contribuir de manera apreciable al éxito de los trabajos. Ello demuestra el reconocimiento del valor de la democracia participativa y la importancia del diálogo civil.

3.3

No obstante, de ello no puede deducirse que existan una política y una práctica únicas en la UE respecto de la manera en que las organizaciones de la sociedad civil se asocian y participan en la realización de los programas de las presidencias del Consejo. En cuanto a la situación a nivel nacional, ésta puede ser muy distinta de un país a otro, y el grado de organización y actividad de la sociedad civil del Estado miembro que ejerce la Presidencia de del Consejo así como la calidad de sus relaciones con su gobierno tienen una influencia determinante. Las relaciones de «asociación» no pueden considerarse en este ámbito como algo característico.

3.4

De lo expuesto puede concluirse también que la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de las prioridades propuestas por el Estado miembro que asume la presidencia del Consejo no es algo que se haya generalizado; esta situación genera lógicamente en la sociedad civil un sentimiento de apropiación insuficiente, e incluso inexistente.

3.5

Dado que el «trío de Presidencias» es un concepto relativamente nuevo, no es sorprendente que solo se asista de vez en cuando a acciones o iniciativas conjuntas, acordadas por adelantado, de las organizaciones de la sociedad civil de los tres Estados miembros correspondientes. A este respecto, los primeros indicios alentadores aparecerán con la presidencia del Consejo ejercida por el «trío» España, Bélgica y Hungría, concretamente en el marco de la preparación y organización de actos de la sociedad civil que gozarán de gran visibilidad (en Málaga en 2010 y en Budapest en 2011).

3.6

Desde hace algunos años existe la costumbre de que el Estado miembro que ejerce la presidencia del Consejo organice, con el apoyo de la Comisión Europea, una reunión representativa de la sociedad civil, lo que se tradujo durante la Presidencia francesa en la organización de un foro de la sociedad civil, de gran alcance, en La Rochelle, en septiembre de 2008. En estas reuniones se debaten las cuestiones que afectan directamente a las organizaciones de la sociedad civil y, en el mejor de los casos, debería incluirse en las prioridades elaboradas por el Estado miembro correspondiente.

3.7

Los años temáticos que decide la Unión Europea (por ejemplo, 2010 como Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) brindan buenas posibilidades para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los programas y actividades de la presidencia del Consejo.

—

invitación de representantes de alto nivel del Estado miembro que ejerce la presidencia del Consejo al pleno del CESE y a las reuniones de otros órganos (secciones, grupos, etc.);

—

determinación de las prioridades y preparación de actividades específicas del CESE en relación con los programas de la Presidencia semestral del Consejo;

—

dictámenes del CESE sobre distintos asuntos a petición y por iniciativa de la presidencia del Consejo;

—

participación en los diferentes programas de la presidencia del Consejo; publicación de dictámenes del CESE sobre asuntos que son objeto de debate;

—

visitas al Estado miembro que ejerce la presidencia del Consejo; participación en programas especializados y refuerzo de los vínculos con las distintas organizaciones de la sociedad civil;

—

participación en manifestaciones de la sociedad civil de gran envergadura y de nivel europeo organizadas en el Estado miembro de la presidencia del Consejo;

—

organización en la sede del CESE de conferencias, presentaciones, actos culturales, exposiciones, etc., que ofrecen al Estado miembro que ejerce la presidencia del Consejo y a las organizaciones de su sociedad civil la posibilidad de darse a conocer;

—

recepción en el CESE de grupos de visitantes (representantes de la sociedad civil) procedentes del Estado miembro de la Presidencia;

—

mayor atención, en el marco de la política de comunicación del CESE, al Estado miembro de la Presidencia y su sociedad civil.

5.1

El punto de partida es el Tratado de Lisboa y su entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009, que establecen las condiciones adecuadas para que la Unión Europea pueda dar respuestas de futuro a los múltiples retos que afronta.

5.2

Nuestro objetivo es el desarrollo de la democracia participativa y la intensificación del diálogo con los ciudadanos, el fortalecimiento del diálogo civil con el fin de poder contribuir también al refuerzo de la legitimidad democrática de las instituciones europeas.

5.3

El artículo 11 del Tratado de Lisboa constituye una buena base para ello. Las nuevas posibilidades que permite este artículo concuerdan perfectamente con anteriores dictámenes del CESE, en particular con su dictamen relativo al documento de la Comisión titulado «La Comisión y las organizaciones no gubernamentales: el refuerzo de la colaboración» (aprobado el 13 de julio de 2000) (2) y sobre «La representatividad de las organizaciones europeas de la sociedad civil en el contexto del diálogo civil» (aprobado el 14 de febrero de 2006) (3). Por lo tanto, no solo es posible sino también necesario que el CESE, como representante institucional de la sociedad civil organizada a nivel europeo, desempeñe un papel activo de impulsor respecto de la realización completa posible de las oportunidades que brinda el Tratado de Lisboa, especialmente su artículo 11, tal como lo ha hecho en su Dictamen sobre el tema «La aplicación del Tratado de Lisboa: la democracia participativa y el derecho de iniciativa de los ciudadanos (artículo 11)» aprobado también el 17 de marzo de 2010) (4).

5.4

En este contexto, la presidencia del Consejo constituye un instrumento adecuado para:

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C 354/59

—

al poner en práctica sus posibilidades de participación, los ciudadanos no deben encontrar obstáculos innecesarios en el camino, dado que esta iniciativa tiene únicamente carácter de «punto del orden del día»;

—

con unas reglas de juego y unas normas claras se facilitará a los organizadores la tarea de promover su iniciativa en los 27 Estados miembros sin toparse con obstáculos nacionales imprevistos.

—

llegado el caso, una vez se sobrepase un determinado umbral en el proceso, debe proporcionarse a los organizadores apoyo financiero;

—

el diálogo civil horizontal,

—

el diálogo civil vertical,

—

los procedimientos de consulta de la Comisión ya en vigor, y

—

la nueva iniciativa ciudadana europea.

4.1.1

Esta disposición confiere al «diálogo civil» horizontal su fundamento jurídico, pero sin definirlo con más precisión. En diversos dictámenes el Comité ya se ha pronunciado sobre el diálogo civil (4)  (5)  (6), que considera un elemento esencial de la participación en el marco del modelo democrático europeo. También ha subrayado ya reiteradamente su disposición a servir de plataforma y multiplicador de este diálogo y contribuir a la creación del espacio público europeo. En este contexto ha destacado en reiteradas ocasiones que, en su calidad de socio e intermediario del diálogo civil, querría contribuir y contribuirá de manera eficaz a su desarrollo. En este contexto está dispuesto a reforzar su papel como lugar de encuentro y a aportar un apoyo práctico, entre otras cosas poniendo a disposición su infraestructura. El Comité atribuye una gran importancia a contribuir a que el diálogo civil encuentre el eco necesario ante la opinión pública (europea) y se transforme en un verdadero debate interactivo.

4.1.2

El Comité señala una vez que debe darse una definición más clara de este instrumento de la democracia participativa y deben detallarse las modalidades concretas de su funcionamiento. Por ejemplo, es preciso clarificar qué criterios de representatividad deben cumplir las asociaciones a que se refiere este apartado para poder participar en el diálogo. Con respecto a la cuestión de la representatividad de los interlocutores de la sociedad civil organizada, el Comité se ha pronunciado ya (7) sobre la importancia de distinguir entre la representatividad cuantitativa (representación legítima de la mayoría de los implicados) y cualitativa (acreditación de la experiencia requerida). El Comité considera que las asociaciones participantes en el diálogo han de ser representativas según criterios tanto cuantitativos como cualitativos.

4.1.3

Asimismo será necesario que el legislador precise con más claridad qué medidas concretas considera necesarias para responder a la obligación de adoptar los «cauces apropiados» (art. 11.1 del Tratado UE).

4.1.4

En este contexto, el Comité considera importante subrayar la diferencia entre el diálogo civil europeo y el diálogo social europeo y alerta de la confusión entre los dos conceptos. El diálogo social europeo constituye también sin duda alguna un componente esencial de una participación cualificada, pero obedece a normas específicas en materia de contenido, participación, procedimientos e impacto. Su consagración jurídica en el Tratado es reflejo de su importancia.

4.2.1

Esta disposición se refiere al diálogo civil vertical y obliga a las instituciones de la Unión a mantenerlo regularmente. El Comité ya se ha pronunciado sobre esta forma de diálogo civil (8) y pide también de nuevo a la Comisión que establezca sus modalidades, en cuanto a su contenido y a su procedimiento jurídico, con más detalle.

4.2.2

Hace ya algún tiempo, anticipándose a esta disposición del Tratado, el Parlamento Europeo creó «Ágora», un instrumento de diálogo civil vertical.

4.2.3

Dado que el artículo 11.2 del Tratado UE obliga a todas las instituciones a mantener un diálogo con la sociedad civil, el Comité pide a todas las demás instituciones, y en especial al Consejo, que indiquen lo antes posible cómo se plantean poner en práctica este artículo del Tratado.

4.2.4

El Comité pide a todas las instituciones de la Unión que utilicen sus redes e infraestructura para poner en práctica este diálogo vertical con la sociedad civil organizada y que efectúen un seguimiento constructivo.

4.3.1

Esta disposición sitúa los métodos de consulta de la Comisión – ampliamente desarrollados hasta la fecha– en el contexto del pilar participativo, ahora reforzado, del modelo democrático europeo. El Comité recuerda (9)  (10) que estos métodos de consulta representan un elemento esencial del principio de «gobernanza europea» instaurado en 2001 por la Comisión (11), que, como iniciativa «de arriba abajo», solo permite indirectamente la acción de la sociedad civil. No obstante, desea señalar una vez más que conviene distinguir entre «consulta», que es una iniciativa de las autoridades, y «participación», que constituye un derecho del ciudadano. La dimensión de la participación activa de la sociedad civil organizada en un proceso «de abajo arriba» no se ve afectada por estas medidas.

4.3.2

El Comité está dispuesto, en el marco de su mandato, a apoyar a la Comisión Europea cuando realice consultas que sobrepasen el marco habitual de las encuestas en línea, por ejemplo, organizando audiencias conjuntas sobre cuestiones específicas o manteniendo consultas abiertas en el marco de los foros de partes interesadas, conforme al método del «espacio abierto».

4.3.3

Ahora bien, la consulta sola no constituye un verdadero diálogo con la sociedad civil organizada. Por esta razón, el Comité pide a la Comisión que revise y estructure el método actual de consulta: por una parte, es importante que el plazo previsto para las consultas sea el adecuado para que la sociedad civil organizada y los ciudadanos tengan verdaderamente tiempo de elaborar sus respuestas y que la consulta no sea puramente pro forma. Por otra parte, es necesario que el proceso de evaluación de los resultados sea más transparente. A fin de instaurar un verdadero diálogo, la Comisión debería responder a las contribuciones y exponer su punto de vista, explicando por qué se han elegido unas propuestas o se han rechazado otras. La Comisión debería debatir activamente con la sociedad civil organizada estas y otras mejoras.

4.4.1

El Comité coincide con la opinión de que la nueva iniciativa ciudadana europea reviste una importancia para la integración europea que sobrepasa ampliamente su dimensión jurídica y debe considerarse como un primer elemento de democracia directa a escala trasnacional, que no obstante, conforme a la formulación de la disposición, está limitada a los ciudadanos de la Unión. El Comité acogería favorablemente que, si se revisa el Tratado, se extendiera también a los nacionales de terceros países que residen permanentemente en el territorio de la Unión.

4.4.2

Cabe destacar que el nuevo derecho de iniciativa ciudadana europea no es asimilable a una «iniciativa popular», tal como existe en muchos Estados miembros, que requiere un referéndum vinculante, sino que se trata de una iniciativa con carácter de solicitud inscrita como «punto del orden del día» en el que se pide a la Comisión que actúe a nivel legislativo. Es un instrumento para las minorías, que únicamente establece la posibilidad de modelar el orden del día político. El derecho de iniciativa legislativo sigue correspondiendo a la Comisión y el eventual proceso ulterior de legislación transcurrirá en el marco del procedimiento previsto.

4.4.3

Evidentemente, este instrumento precisa de ciertas reglas y normas. Pero como los instrumentos de la democracia directa a nivel europeo aún están por crear, la iniciativa ciudadana europea debería dotarse de un marco, a fin de ir desarrollándola gradualmente. El reglamento de aplicación del artículo 11.4 del Tratado UE debería establecer lo antes posible unas condiciones de admisibilidad mínimas y, en los ámbitos en los que falta experiencia a escala de la Unión, debería dejarse un margen de apreciación e interpretación, dado que con la iniciativa ciudadana europea solo puede conseguirse que la Comisión incluya en su plan de acción un tema determinado.

4.4.4

No obstante, el Comité no está de acuerdo en ningún caso con la posición del Parlamento Europeo (12) según la cual «el control del proceso de una iniciativa ciudadana es una tarea política del Parlamento», y se opone a que el legislador controle un proceso en la fase prelegislativa. Tal «control» vulneraría el principio del reparto de poderes. Por esta razón el Comité pide que se cree una «instancia consultiva» independiente o un «servicio de asistencia e información» (helpdesk) destinado a ayudar a los organizadores en la preparación o el lanzamiento de una iniciativa ciudadana europea, con el fin de evitar –de manera general, aunque no puedan excluirse del todo–, conflictos muy obvios con las disposiciones en materia de admisibilidad y de aplicación.

4.4.5

El Parlamento llama muy acertadamente la atención en este mismo informe sobre la necesidad de distinguir entre las peticiones, que deben dirigirse al Parlamento, y las iniciativas ciudadanas, que deben dirigirse como solicitud a la Comisión. En este sentido, los procedimientos y requisitos de ambos instrumentos de participación ciudadana desde la base deben plantearse de manera muy diferente.

4.4.6

La iniciativa ciudadana europea como instrumento de democracia directa también es un medio eficaz de poner en marcha procesos de deliberación transnacionales. Los ciudadanos, que hoy en día están bastante distanciados de la «Europa política», podrán ahora aportar iniciativas y objetivos concretos. Cuanto más se les invite y se les anime a participar en la iniciativa sin que haya obstáculos administrativos innecesarios y prohibitivos, más dejarán de verse a sí mismos como espectadores de decisiones incomprensibles y pasarán de ser «objeto» a ser «sujetos» de la comunidad europea. Un proceso así, puesto en marcha paso a paso, que exige afrontar los grandes problemas europeos, forzosamente favorecerá la formación de una conciencia europea, de un espacio público europeo.

4.4.7

En cuanto al fondo, cabe subrayar que una iniciativa ciudadana europea evidentemente no puede contravenir el Tratado o la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Pero, al igual que en el proceso indirecto/parlamentario, en el proceso directo/ciudadano de formación de opinión puede ocurrir también que haya grupos extremistas que se sirvan de los canales disponibles a tal fin y (ab)usen de ellos para sus propios intereses. Esto constituye un problema serio y fundamental de toda democracia, pero es también su principal ventaja frente a los sistemas no democráticos. Una democracia representativa moderna, basada en pilares tanto indirectos como directos, debe estar en condiciones de poder discutir de manera abierta y transparente acerca de posiciones incómodas e incluso extremistas.

4.5.1

Aunque el Comité no ha sido destinatario directo del procedimiento de consulta ya cerrado, desearía –en anticipación del ulterior debate de las propuestas de reglamento en el Parlamento y el Consejo– aportar su contribución cualificada al proceso de formación de opinión y, en lo que sigue, emite su opinión sobre las cuestiones que plantea el Libro Verde.

4.6.1

El Comité coincide con la Comisión en que el umbral debe determinarse sobre la base de criterios objetivos. No está de acuerdo con la Comisión en que para garantizar que la iniciativa sea representativa de un interés común de la Unión sea necesario un tercio de los Estados miembros, es decir, nueve Estados miembros, pero tampoco aprueba la posición de algunas organizaciones que consideran que el número significativo se alcanza con sólo cuatro Estados miembros.

4.6.2

El Comité se adhiere a la opinión del Parlamento Europeo, que considera como umbral apropiado una cuarta parte de los Estados miembros, es decir, siete Estados miembros en la actualidad. Este valor adopta como referencia el artículo 76 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que los actos jurídicos que garanticen la cooperación administrativa en los ámbitos de la cooperación judicial y policial o en materia penal pueden adoptarse por iniciativa de la cuarta parte de los Estados miembros. El Comité considera que esta es la referencia adecuada para que las iniciativas ciudadanas alcancen una verdadera dimensión europea.

4.7.1

Dado que el Tratado de Lisboa solo menciona «un número significativo de Estados miembros», cabría también la posibilidad de no fijar un número mínimo de participantes por Estado miembro. Pero teniendo en cuenta la exigencia de la doble mayoría mencionada en diversas ocasiones en el Tratado, el Comité comparte el punto de vista de la Comisión de que renunciar a un número mínimo de participantes por Estado miembro sería contrario al espíritu del Tratado.

4.7.2

En lugar de fijar un porcentaje invariable del 0,2 % por Estado miembro, el Comité sugiere un sistema flexible que permita una compensación adecuada entre los Estados miembros. Por ejemplo, podría exigirse un umbral mínimo fijo del 0,08 % (13) para poder admitir las firmas procedentes de un Estado miembro. Una iniciativa ciudadana requiere naturalmente un millón de firmas en total. La combinación de estos dos criterios aseguraría una compensación automática y al mismo tiempo satisfaría las exigencias de representatividad del Tratado y tendría en cuenta la existencia de un verdadero interés europeo.

4.7.3

El Comité considera que un sistema flexible de este tipo, que facilitaría su aplicación, se justifica también por el hecho de que la iniciativa ciudadana europea no da lugar a una decisión vinculante, sino que constituye única y simplemente una «solicitud» dirigida a la Comisión.

4.8.1

El Comité coincide con la Comisión en que para evitar cargas administrativas innecesarias, la condición general requerida para apoyar una iniciativa ciudadana debe ser que el ciudadano esté autorizado a votar en las elecciones europeas en su Estado miembro de residencia. Pese a la simpatía que pueda despertar la participación de los jóvenes (por ejemplo, rebajando la edad mínima a los dieciséis años), no ajustarse a las condiciones que rigen el derecho de voto en las elecciones europeas dificultaría en exceso el control de las firmas y obligaría a casi todos los Estados miembros a establecer dobles registros electorales.

4.9.1

En este punto, el Comité también considera inoportuno imponer requisitos formales muy estrictos; deberían aplicarse los requisitos formales que se requieren para las solicitudes presentadas a las administraciones y deberían establecerse ciertos requisitos mínimos (véase el punto 4.13). El contenido de la iniciativa y de la decisión solicitada debería presentarse de manera concisa y sin ambigüedades. Debe estar siempre claro para cada persona qué es lo que apoya cuando firma una iniciativa ciudadana europea.

4.10.1

No hay razón para no establecer a nivel comunitario normas de procedimiento comunes para la recogida, verificación y autenticación de las firmas que se aparten del Derecho nacional competente, dado que la iniciativa ciudadana europea representa un (nuevo) instrumento transnacional de participación.

4.10.2

Deberían autorizarse todas las formas de recogida de firmas que permitan una verificación de la identidad; la recogida de firmas debería poder efectuarse tanto a través de un portal en línea como directamente en público. El Comité considera una carga excesiva exigir que las autoridades nacionales o un notario confirmen la autenticidad de las firmas. En cualquier caso, además del control de la identidad, hay que garantizar también que las personas que apoyan la iniciativa hayan firmado independiente y libremente. Para ello deberán establecerse disposiciones específicas, en particular en lo que respecta a la recogida electrónica de firmas.

4.10.3

Como datos a efectos de seguridad y autenticación parece suficiente la indicación del nombre y apellidos, dirección, fecha de nacimiento, así como un correo electrónico de verificación en caso de recogida de firmas en línea. El objetivo debe ser que toda iniciativa que cumpla las normas mínimas para la recogida de firmas establecidas por el reglamento no encuentre obstáculos adicionales en ningún país de la Unión. En el caso de los europeos que viven en el extranjero, la firma debería atribuirse al lugar de residencia del participante.

4.10.4

La verificación de las firmas recogidas deberían realizarla los Estados miembros, por ejemplo según el método de control por muestreo practicado en algunos Estados miembros de la Unión.

4.11.1

Las experiencias de las iniciativas ciudadanas llevadas a cabo antes de la adopción del Tratado de Lisboa han demostrado que lanzar una iniciativa puede llevar mucho tiempo; por esa razón, el Comité estima que el plazo de un año propuesto por la Comisión es demasiado corto y aboga por un plazo de dieciocho meses. En referencia a la observación formulada anteriormente de que la iniciativa pone en marcha un proceso que va más allá de su objetivo concreto y da lugar a un auténtico espacio público europeo, a juicio del Comité sería de lamentar que por fijar un plazo relativamente corto de un año se pusiera en peligro el resultado positivo de tal proceso, con todos los efectos jurídicos y sociales que conlleva.

4.12.1

El Comité coincide con la Comisión en que compete a los organizadores de la iniciativa examinar previamente ellos mismos su legalidad y admisibilidad. El registro debería poder efectuarse en un sitio web facilitado por la Comisión que incluya también información sobre el contenido de la iniciativa, a fin de que todos los ciudadanos puedan estar informados de las iniciativas en curso.

4.12.2

A este respecto, el Comité pide que en el futuro sitio web dedicado a la iniciativa ciudadana europea la Comisión cree también un instrumento en línea para la recogida de firmas. Este sitio Web podría servir, entre otras cosas, como foro de debate sobre las diferentes iniciativas existentes y podría contribuir así a la creación de un espacio público europeo.

4.12.3

No obstante, el Comité considera que los organizadores de una iniciativa ciudadana también deberían disponer de un punto de contacto donde puedan recibir asesoramiento, no solo sobre cuestiones de forma sino también de fondo. El Comité está dispuesto a servir de helpdesk(«servicio de asistencia e información»).

4.12.4

Podría tomarse en consideración también crear un sistema de tarjetas amarillas y rojas, con el cual se indicaría a los organizadores de una iniciativa europea, en una fase relativamente temprana, que su iniciativa podría no ser admisible, por ejemplo por criterios de forma, como la no competencia de la Comisión en esa materia, o por vulneración clara de los derechos fundamentales.

4.13.1

En opinión del Comité, los organizadores de una iniciativa deberían proporcionar las informaciones siguientes:

4.13.2

El Comité considera inaceptable la afirmación de la Comisión de que no se ha previsto ofrecer ninguna financiación pública específica a las iniciativas de los ciudadanos, y en particular la afirmación de que esta es la única manera de garantizar la independencia de las iniciativas. La Comisión Europea apoya financieramente estructuras y actividades de numerosas organizaciones no gubernamentales eficaces y ello no da pie a suponer que estos interlocutores de la sociedad civil sean dependientes de la Comisión por estar cofinanciados por ella. Además, la consecuencia lógica de este planteamiento de la Comisión es que solo las grandes organizaciones que disfrutan de patrocinadores financieros potentes tendrían la posibilidad de tomar en consideración una iniciativa ciudadana europea.

4.13.3

Así pues, el Comité plantea a debate la posibilidad de que la UE proporcione una ayuda financiera una vez se supere una etapa inicial, por ejemplo 50 000 firmas procedentes de tres Estados miembros, y ello con el fin de excluir las campañas sin perspectivas de éxito o sin la suficiente seriedad. En este contexto podría desempeñar también un papel importante el sistema sugerido de tarjetas amarillas y rojas.

4.14.1

El Comité considera el plazo de seis meses propuesto por la Comisión como límite máximo absoluto y apoya el planteamiento en dos fases propuesto por el Parlamento Europeo en su resolución (dos meses para el examen de los criterios formales y tres meses para la decisión sobre el fondo (14). La Comisión debería establecer este proceso de decisión interno de la manera más transparente posible.

4.14.2

En caso de que la presentación de la iniciativa ciudadana haya prosperado debe establecerse definitivamente su admisibilidad.

4.14.3

Durante la fase de evaluación política por parte de la Comisión, el Comité podría organizar audiencias –eventualmente con la inclusión del Parlamento y de la Presidencia del Consejo–, para que los organizadores presenten su iniciativa a la Comisión. En caso necesario, el CESE podría complementar este proceso elaborando un dictamen exploratorio o de iniciativa en la materia.

4.14.4

La aceptación, la aceptación parcial o el rechazo de una iniciativa por parte de la Comisión debe justificarse de modo completo y detallado a los organizadores. En caso de rechazo, la Comisión debe publicar una decisión formal que pueda ser recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

4.15.1

En opinión del Comité, es responsabilidad de los organizadores lanzar una iniciativa similar. Cabe recordar una vez más que el nuevo derecho de iniciativa ciudadana europea tiene el carácter de una solicitud inscrita como «punto del orden del día». En consecuencia, el Comité no ve ninguna razón por la que se deban prever prohibiciones o medidas disuasorias en este contexto.

4.16.1

El Comité opina que la Comisión debería encargarse de la traducción del texto a todos los idiomas oficiales para los organizadores de una iniciativa ciudadana que haya conseguido 50 000 firmas procedentes de tres Estados miembros.

—

elaborar durante el plazo de evaluación un dictamen sobre una iniciativa ciudadana que haya sido formalmente aceptada por la Comisión;

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elaborar eventualmente un dictamen para apoyar una iniciativa ciudadana en curso;

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organizar audiencias sobre iniciativas que hayan prosperado (con los organizadores, la Comisión, el Parlamento y el Consejo);

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poner en marcha un «servicio de asistencia e información» (concebido como un punto de contacto puesto a disposición de los ciudadanos para responder a las cuestiones de procedimiento y de otro tipo).

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proporcionar información complementaria (publicación de una guía sobre la democracia participativa, organización de conferencias sobre su aplicación práctica, etc.).

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quince representantes de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros,

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trece representantes de los Jefes de Estado o de Gobierno de los países candidatos,

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treinta representantes de los parlamentos nacionales de los Estados miembros,

—

veintiséis representantes de los parlamentos nacionales de los países candidatos,

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dieciséis representantes de los diputados al Parlamento Europeo,

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dos representantes de la Comisión Europea,

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no se aplica exclusivamente a los turismos, sino que también es de aplicación a otro tipo de vehículos, como los autobuses o los camiones.

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obliga a cada fabricante a elegir entre un sistema de distribución selectiva o de distribución exclusiva, aun considerando como exentos principalmente dos tipos distintos de sistemas de distribución:

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No se permite la acumulación en un mismo contrato de cláusulas de distribución selectiva y de distribución exclusiva. En concreto, no se permite la denominada «cláusula de localización» dentro de un sistema de distribución selectiva, mientras que resultaba posible imponerla a los distribuidores exclusivos.

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El Reglamento distingue entre tres mercados de producto diferentes, en su artículo 8-1:

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Además de los límites de las cuotas de mercado, el Reglamento en su artículo 6, 1,c) consideraba incompatibles la existencia de diferencias de «los precios o las condiciones de suministros de los bienes contractuales o de los bienes correspondientes que difieran sustancialmente de un mercado geográfico a otro», en cuyo supuestos, la Comisión podría llegar hasta retirar la exención del Reglamento.

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Por parte de la Comisión se ha intentado luchar contra los obstáculos al comercio paralelo, y este Reglamento 1400/2002 considera que la limitación de ventas por el distribuidor a los usuarios finales de otros Estados miembros (por ejemplo, haciendo depender el precio de compra y la retribución del distribuidor del destino de los vehículos o del lugar de residencia de los usuarios finales) equivaldría a una restricción indirecta de ventas. Además, ya no se permiten objetivos de ventas, asignación de productos o sistemas de gratificaciones basados en un territorio que sea más reducido que el mercado común.

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«Proyecto de Reglamento de exención relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor» y un

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«Proyecto de Comunicación de la Comisión: Directrices suplementarias relativas a las restricciones verticales incluidas en los acuerdos de venta y reparación de vehículos de motor y de distribución de recambios para vehículos de motor».

a)

Por lo que respecta a los acuerdos relativos a las ventas de vehículos de motor nuevos y a partir del 31 de mayo de 2013: