ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2010.348.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 348

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

53o año
21 de diciembre de 2010


Número de información

Sumario

Página

 

II   Comunicaciones

 

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

 

Comisión Europea

2010/C 348/01

No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5949 — Deutsche Bank/Actavis) ( 1 )

1

2010/C 348/02

No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6069 — Mitsui Renewable/FCCE/Guzman) ( 1 )

1

2010/C 348/03

No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6034 — Nordic Capital/SafeRoad/ViaCon) ( 1 )

2

 

IV   Información

 

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

 

Consejo

2010/C 348/04

Aviso a la atención de las personas y entidades a las que se aplican las medidas restrictivas previstas en la Decisión 2010/788/PESC del Consejo

3

 

Comisión Europea

2010/C 348/05

Tipo de cambio del euro

5

2010/C 348/06

Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en su reunión, de 13 de febrero de 2009, en relación con un anteproyecto de Decisión de la Comisión relativa a la supresión del artículo 7 de la Decisión 2007/53/CE relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 82 del tratado CE y al artículo 54 del acuerdo EEE contra Microsoft Corporation y a la derogación de la Decisión C(2005) 2988 final — Ponente: República Checa

6

2010/C 348/07

Informe final del Consejero Auditor — En el asunto COMP/C-3/37.792 — Microsoft — Supresión del artículo 7 de la Decisión 2007/53/CE de la Comisión y derogación de la Decisión C(2005) 2988 de la Comisión

7

2010/C 348/08

Resumen de la Decisión de la Comisión, de 4 de marzo de 2009, por la que se suprime el artículo 7 de la Decisión 2007/53/CE relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 102 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 54 del Acuerdo EEE contra Microsoft Corporation y por la que se deroga la Decisión C(2005) 2988 final (asunto COMP/C-3/39.792 — Microsoft) [notificada con el número C(2009) 1361 final]  ( 1 )

8

 

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS

2010/C 348/09

Relación anotada de los mercados regulados y de las disposiciones nacionales mediante las que se aplican los requisitos de la MiFID (Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

9

 

V   Anuncios

 

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL COMÚN

 

Comisión Europea

2010/C 348/10

Anuncio de la expiración inminente de determinadas medidas antidumping

16

 

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

 

Comisión Europea

2010/C 348/11

Ayuda estatal — Italia — Ayuda estatal C 26/10 (ex NN 43/10) — Régimen de exención del impuesto municipal sobre bienes inmuebles concedido a entidades no comerciales por los bienes inmuebles utilizados para fines específicos — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ( 1 )

17

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

 


II Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 348/1


No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.5949 — Deutsche Bank/Actavis)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2010/C 348/01

El 22 de septiembre de 2010, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32010M5949. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.


21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 348/1


No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.6069 — Mitsui Renewable/FCCE/Guzman)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2010/C 348/02

El 14 de diciembre de 2010, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32010M6069. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.


21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 348/2


No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.6034 — Nordic Capital/SafeRoad/ViaCon)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2010/C 348/03

El 14 de diciembre de 2010, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32010M6034. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.


IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 348/3


Aviso a la atención de las personas y entidades a las que se aplican las medidas restrictivas previstas en la Decisión 2010/788/PESC del Consejo

2010/C 348/04

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Se comunica la siguiente información a las personas y entidades que figuran en el anexo de la Decisión 2010/788/PESC del Consejo.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha designado a las personas y entidades que deben ser incluidas en la lista de personas y entidades a las que se aplican las disposiciones de los apartados 13 y 15 de la Resolución 1596 (2005), actualizada por el apartado 3 de la Resolución 1952 (2010).

Se advierte a las personas y entidades afectadas de la posibilidad de presentar al Comité de la ONU establecido de conformidad con el apartado 8 de la Resolución 1533 (2004) una solicitud, junto con la documentación probatoria correspondiente, para que se reconsidere la decisión de incluirlas en la lista de la ONU. Dicha solicitud deberá remitirse a la siguiente dirección:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Para más información: :http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Además de la decisión de la ONU, el Consejo de la Unión Europea ha determinado que las personas y entidades que aparecen en el anexo mencionado deberán ser incluidas en la lista de personas y entidades sujetas a las medidas restrictivas previstas en la Decisión del Consejo 2010/788/PESC. Los motivos de la designación de las personas y entidades afectadas se encuentran en las entradas correspondientes del anexo de la Decisión del Consejo.

Se advierte a las personas y entidades afectadas de la posibilidad de presentar a las autoridades competentes de los Estados miembros correspondientes, indicadas en los sitios web que figuran en el anexo II del Reglamento (CE) no 1183/2005, una solicitud para obtener la autorización de utilizar los fondos bloqueados para necesidades básicas o pagos específicos (véase el artículo 3 del Reglamento).

Las personas y entidades afectadas podrán dirigir al Consejo, a la dirección arriba indicada, la solicitud, junto con la documentación probatoria correspondiente, para que se reconsidere la decisión de incluirlas en las citadas listas.

Asimismo se advierte a las personas y entidades afectadas de la posibilidad de recurrir la decisión del Consejo ante el Tribunal General de la Unión Europea, con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 275, párrafo segundo, y en el artículo 263, párrafos cuarto y sexto, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.


Comisión Europea

21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 348/5


Tipo de cambio del euro (1)

20 de diciembre de 2010

2010/C 348/05

1 euro =


 

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,3147

JPY

yen japonés

110,10

DKK

corona danesa

7,4499

GBP

libra esterlina

0,84620

SEK

corona sueca

8,9860

CHF

franco suizo

1,2698

ISK

corona islandesa

 

NOK

corona noruega

7,8605

BGN

lev búlgaro

1,9558

CZK

corona checa

25,265

EEK

corona estonia

15,6466

HUF

forint húngaro

274,83

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,7094

PLN

zloty polaco

3,9966

RON

leu rumano

4,2915

TRY

lira turca

2,0470

AUD

dólar australiano

1,3232

CAD

dólar canadiense

1,3316

HKD

dólar de Hong Kong

10,2258

NZD

dólar neozelandés

1,7718

SGD

dólar de Singapur

1,7315

KRW

won de Corea del Sur

1 517,48

ZAR

rand sudafricano

8,9648

CNY

yuan renminbi

8,7750

HRK

kuna croata

7,3843

IDR

rupia indonesia

11 886,00

MYR

ringgit malayo

4,1372

PHP

peso filipino

58,467

RUB

rublo ruso

40,4550

THB

baht tailandés

39,681

BRL

real brasileño

2,2466

MXN

peso mexicano

16,3115

INR

rupia india

59,7140


(1)  Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.


21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 348/6


Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en su reunión de 13 de febrero de 2009 en relación con un anteproyecto de Decisión de la Comisión relativa a la supresión del artículo 7 de la Decisión 2007/53/CE relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 82 del tratado CE y al artículo 54 del acuerdo EEE contra Microsoft Corporation y a la derogación de la Decisión C(2005) 2988 final

Ponente: República Checa

2010/C 348/06

1.

El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que debe suprimirse el artículo 7 de la Decisión 2007/53/CE y debe derogarse la Decisión C(2005) 2988 final.

2.

El Comité Consultivo recomienda la publicación de su Dictamen en el Diario Oficial de la Unión Europea.


21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 348/7


Informe final del Consejero Auditor

En el asunto COMP/C-3/37.792 — Microsoft — Supresión del artículo 7 de la Decisión 2007/53/CE de la Comisión y derogación de la Decisión C(2005) 2988 de la Comisión (1)

2010/C 348/07

El 24 de marzo de 2004, la Comisión adoptó la Decisión 2007/53/CE relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 82 del Tratado (CE) y al artículo 54 del Acuerdo EEE contra Microsoft Corp. (asunto COMP/C-3/37.792 — Microsoft, DO L 32 de 6.2.2007, p. 23).

El artículo 7 de esta Decisión («la Decisión») establece un mecanismo adecuado para ayudar a la Comisión a supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la Decisión por parte de Microsoft.

Mediante Decisión C(2005) 2988 de 28 de julio de 2005 («la Decisión sobre el administrador»), la Comisión estableció un mecanismo de supervisión al disponer la designación, las funciones y obligaciones de un administrador supervisor. Su cometido consiste en asistir a la Comisión en la supervisión del cumplimiento de la Decisión (2).

En su sentencia de 17 de septiembre de 2007, el Tribunal de Primera Instancia (3) confirmó las partes sustantivas de la Decisión que había sido recurrida por Microsoft. No obstante, el Tribunal anuló el artículo 7 de la misma en la medida en que obligaba a Microsoft a presentar una propuesta para el establecimiento de un mecanismo que había de incluir la designación de un administrador facultado para poder acceder, con independencia de la Comisión, a la asistencia, la información, los documentos, los locales y los empleados de Microsoft, además de al código fuente de sus distintos productos.

Tras llegar a la conclusión de que el mecanismo de supervisión establecido por la Decisión sobre el administrador ya no es adecuado a efectos de supervisar el cumplimiento de la Decisión 2007/53/CE por parte de Microsoft, por carta de 28 de enero de 2009 la Comisión comunicó tanto a Microsoft como al administrador supervisor su intención de suprimir el artículo 7 de la Decisión y de derogar la Decisión sobre el administrador.

Microsoft respondió mediante correo electrónico de 10 de febrero, sin hacer comentario alguno a propósito de la Decisión que se tiene intención de adoptar. El administrador supervisor respondió mediante carta de la misma fecha sin manifestar opinión alguna sobre decisiones de la Comisión que inciden en las cuestiones objeto de supervisión.

En mi opinión, el proyecto de Decisión final, dirigido a Microsoft, no incluye elementos de hecho o de derecho que no hubieran sido manifestados en la carta enviada a Microsoft y al administrador supervisor el 28 de enero de 2009.

Habida cuenta de lo anterior, considero que en el presente asunto se ha respetado plenamente el derecho a ser oídos de Microsoft y del administrador supervisor.

Bruselas, el 16 de febrero de 2009.

Karen WILLIAMS


(1)  De conformidad con los artículos 15 y 16 de la Decisión 2001/462/CE, CECA de la Comisión, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia — DO L 162 de 19.6.2001, p. 21.

(2)  Véase el artículo 7 de la Decisión y el artículo 3 de la Decisión sobre el administrador.

(3)  Asunto T-201/04, Microsoft/Comisión, Rec. 2007, p. II-3601.


21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 348/8


Resumen de la Decisión de la Comisión

de 4 de marzo de 2009

por la que se suprime el artículo 7 de la Decisión 2007/53/CE relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 102 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 54 del Acuerdo EEE contra Microsoft Corporation y por la que se deroga la Decisión C(2005) 2988 final

(asunto COMP/C-3/39.792 — Microsoft)

[notificada con el número C(2009) 1361 final]

(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2010/C 348/08

El 4 de marzo de 2009, la Comisión adoptó una Decisión por la que se suprime el artículo 7 de la Decisión 2007/53/CE relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al artículo 54 del Acuerdo EEE contra Microsoft Corporation y por la que se deroga la Decisión C(2005) 2988 final. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, la Comisión publica por la presente los nombres de las partes y el contenido principal de la Decisión, teniendo en cuenta el interés legítimo de las empresas en la protección de sus secretos comerciales. La Decisión está disponible en el sitio Internet de la Dirección General de Competencia en la siguiente dirección:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

(1)

El 24 de marzo de 2004, la Comisión dirigió a Microsoft Corporation («Microsoft») una decisión relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), en aquel momento artículo 82 del Tratado CE (Decisión 2007/53/CE de la Comisión, «la Decisión»). En ella, la Comisión constató que Microsoft había infringido el artículo 102 del TFUE y el artículo 54 del Acuerdo EEE. La Comisión impuso una serie de medidas destinadas a poner término de manera efectiva a las infracciones en cuestión.

(2)

El artículo 7 de la Decisión reza así: «En el plazo de 30 días a partir de la notificación de la presente Decisión, Microsoft Corporation presentará a la Comisión una propuesta para el establecimiento de un mecanismo apropiado que ayudará a la Comisión a supervisar el cumplimiento de esta Decisión por parte de Microsoft Corporation. Ese mecanismo incluirá un administrador supervisor independiente de Microsoft. En caso de que la Comisión considere que el mecanismo de supervisión propuesto por Microsoft Corporation no es apropiado se reserva el derecho a imponer tal mecanismo mediante una Decisión.».

(3)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Decisión, y tras recibir una serie de propuestas insuficientes de Microsoft, el 28 de julio de 2005, la Comisión dirigió a Microsoft la Decisión C(2005) 2988 («la Decisión sobre el administrador»), por la que se imponía un mecanismo de supervisión, incluida la designación de un administrador supervisor.

(4)

De conformidad con la Decisión sobre el administrador, en octubre de 2005 se procedió a la designación de un administrador supervisor, que ha ejercido su mandato bajo la supervisión de la Comisión y financiado por Microsoft.

(5)

El 7 de junio de 2004, Microsoft interpuso un recurso de anulación de la Decisión ante el Tribunal General.

(6)

Mediante sentencia de 17 de septiembre de 2007 en el asunto T-201/04 («la sentencia») (1), el Tribunal General anuló el artículo 7 de la Decisión en la medida en que exigía a Microsoft que propusiera (y reservaba a la Comisión el derecho a imponer) un mecanismo de supervisión que incluía a un administrador supervisor que tendría sus propias facultades investigadoras con independencia de la Comisión y que tendría que ser financiado por Microsoft.

(7)

Merced a un grupo de peritos externos, la Comisión dispone de un asesoramiento técnico de calidad similar a la ofrecida por el administrador supervisor. En consecuencia, la Comisión ha decidido contar en lo sucesivo, en la medida en que sea necesario, con el concurso de estos peritos externos para que le ayuden a supervisar el cumplimiento de la Decisión por parte de Microsoft.

(8)

El Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitió un dictamen favorable el 13 de febrero de 2009.

(9)

La Decisión de 4 de marzo de 2009 suprime el artículo 7 de la Decisión y deroga la Decisión sobre el administrador.


(1)  Asunto T-201/04 Microsoft/Comisión, Rec. 2007, p. II-3601.


INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS

21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 348/9


Relación anotada de los mercados regulados y de las disposiciones nacionales mediante las que se aplican los requisitos de la MiFID (Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

2010/C 348/09

El artículo 47 de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE, DO L 145 de 30.4.2004) autoriza a cada Estado miembro a otorgar la condición de «mercado regulado» a los mercados constituidos en su territorio que cumplan con su normativa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, inciso 14, de la Directiva 2004/39/CE, se entiende por «mercado regulado» un sistema multilateral, operado o gestionado por un gestor del mercado, que reúne o brinda la posibilidad de reunir -dentro del sistema y según sus normas no discrecionales- los diversos intereses de compra y de venta sobre instrumentos financieros de múltiples terceros para dar lugar a contratos con respecto a los instrumentos financieros admitidos a negociación conforme a sus normas o sistemas, y que está autorizado y funciona de forma regular de conformidad con lo dispuesto en el título III de esa misma Directiva.

El artículo 47 de la Directiva 2004/39/CE exige que cada Estado miembro mantenga una lista actualizada de los mercados regulados por él autorizados. La información contenida en dicha lista deberá comunicarse a los demás Estados miembros y a la Comisión Europea. En virtud del mismo artículo (artículo 47 de la Directiva 2004/39/CE), la Comisión deberá publicar anualmente en el Diario Oficial de la Unión Europea una lista de los mercados regulados que le hayan sido notificados. La presente lista ha sido elaborada en cumplimiento de esta obligación.

En la lista adjunta se indica la denominación de cada uno de los mercados que según las autoridades nacionales competentes se ajustan a la definición de «mercado regulado». Además, se indica la entidad gestora de dichos mercados, así como la autoridad competente responsable de elaborar o aprobar la normativa del mercado.

Como consecuencia de la disminución de las trabas al ejercicio de la actividad y de la especialización de los segmentos de negociación, la lista de «mercados regulados» está sujeta a mayores modificaciones que las previstas en la Directiva de Servicios de Inversión 93/22/CEE. El artículo 47 de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros exige además a la Comisión Europea que publique la lista de mercados regulados en su página de Internet y que la actualice regularmente. Por consiguiente, la Comisión, además de la publicación anual de la lista en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, mantendrá una versión actualizada en su página oficial (http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm). Dicha lista se actualizará periódicamente con arreglo a la información comunicada por las autoridades nacionales. Se insta a estas últimas a que continúen informando a la Comisión de cualquier incorporación o supresión efectuada en la lista de mercados regulados de su Estado miembro.

País

Denominación del mercado regulado

Entidad gestora

Autoridad competente para la designación y supervisión del mercado

Austria

1.

Amtlicher Handel (Mercado oficial)

2.

Geregelter Freiverkehr (Mercado semioficial)

1.-2.

Wiener Börse AG

1.-2.

Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autoridad de Supervisión de los Mercados financieros)

Bélgica

1.

a)

Le marché «Euronext Brussels»/De «Euronext Brussels» markt,

b)

Le marché des instruments dérivés d'Euronext Brussels/De markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels.

1.

Euronext Brussels SA/NV.

1.

a)

Reconnaissance: Ministre des Finances sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA).

Erkenning: Minister van Financiën op advies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)

b)

Surveillance: CBFA.

Toezicht: CBFA.

2.

Le marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie/De gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten.

2.

Fonds des rentes/Rentenfonds

2.

a)

Reconnaissance: Législateur (art. 144, §2 de la loi du 2.8.2002).

Erkenning: Regelgever (art. 144, §2 van de wet van 2.8.2002).

b)

Surveillance: Comité du Fonds des rentes, pour compte de la CBFA.

Toezicht: Comité van het Rentenfonds, voor rekening van de CBFA

Bulgaria

1.

Официален пазар (Mercado oficial)

2.

Неофициален пазар (Mercado no oficial)

Българска Фондова Борса — София АД (Bolsa de Bulgaria — Sofía JSCo)

Комисия за финансов надзор (Comisión Financiera de Supervisión)

Chipre

Bolsa de Chipre

1.

Mercado principal

2.

Mercado paralelo

3.

Mercado alternativo

4.

Mercado de obligaciones

5.

Mercados de las sociedades de inversión

6.

Mercado de grandes proyectos

7.

Mercado de transporte transoceánico

1.-7.

Bolsa de Chipre

1.-7.

Comisión del Mercado de Valores de Chipre

República Checa

1.

Mercado principal (Hlavní trh)

1.-2.

Bolsa de Praga (Burza cenných papírů Praha, a.s.)

1.-5.

Banco Nacional de Chequia

2.

Mercado libre (Volný trh)

3.

Mercado oficial

3.

RM-SYSTEM, bolsa checa (RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.)

4.

Mercado de futuros

4.-5.

Bolsa de la energía de Praga (Energetická burza Praha)

5.

Mercado de contado

Dinamarca

1.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Mercado de acciones

Mercado de deuda

Mercado de derivados

1.

Bolsa de Copenhague

Finanstilsynet (Autoridad de Supervisión financiera de Dinamarca)

2.

Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Mercado Danés Autorizado, SL (DAMP)) (mercado autorizado = negociación corriente de valores admitidos a negociación pero que no cotizan en bolsa)

2.

Mercado Danés Autorizado (DAMP)

Estonia

1.

Väärtpaberibörs (Bolsa de valores)

Põhinimekiri (Mercado principal)

Võlakirjade nimekiri (Mercado de obligaciones)

Fondiosakute nimekri (Mercado de fondos)

2.

Reguleeritud turg (Mercado regulado)

Lisanimekiri (Mercado secundario)

NASDAQ OMX Tallinn AS

Finantsinspektsioon (Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia)

Finlandia

Arvopaperipörssi (Bolsa de valores)

Pörssilista (Mercado oficial)

Pre-lista (Mercado previo)

Muut arvopaperit -lista (Mercado de otros valores)

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Designación: Ministerio de Finanzas.

Supervisión:

Aprobación de las normas: Ministerio de Finanzas;

Supervisión del cumplimiento: Finanssivalvonta (Autoridad de supervisión financiera de Finlandia)

Francia

1.

Euronext Paris

2.

MATIF

3.

MONEP

Euronext Paris (1.-3.)

Propuesta de la Autorité des marchés financiers [Autoridad de los Mercados Financieros — AMF).

Reconocimiento por parte del Ministerio de Finanzas (véase el artículo L.421-1 del Code monétaire et financier (Código monetario y financiero)].

Alemania

 

 

Börsenaufsichtsbehörden der Länder (Autoridades de Supervisión Bursátil de los Estados Federados) y Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin).

 

 

Autoridades de los Estados Federados:

1.

Börse Berlin (Segundo mercado regulado de Berlín)

1.

Börse Berlin AG.

1.&2.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Berlin

2.

Tradegate Exchange (Mercado regulado)

2.

Tradegate Exchange GmbH

3.

Börse Düsseldorf (Mercado regulado)

3.

Börse Düsseldorf AG.

3.

Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

4.

Frankfurter Wertpapierbörse (Mercado regulado)

4.

Deutsche Börse AG.

4.&5.

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden

5.

Eurex Deutschland

5.

Eurex Frankfurt AG

6.

Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Mercado regulado, Startup market)

6.

BÖAG Börsen AG

6.

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Arbeit

7.

Niedersächsische Börse zu Hannover (Mercado regulado)

7.

BÖAG Börsen AG

7.

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Hannover

8.

Börse München (Mercado regulado)

8.

Bayerische Börse AG

8.

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, München

9.

Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Mercado regulado)

9.

Börse-Stuttgart AG

9.

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart

10.

European Energy Exchange

10.

European Energy Exchange AG, Leipzig

10.

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Dresden

Grecia

1.

Bolsa de Atenas

Mercado de valores

Mercado de derivados

1.

Bolsa de Atenas

1.

Comisión del Mercado de Capitales de Grecia

2.

Mercado secundario de valores electrónico (HDAT-Mercado de deuda)

2.

Banco de Grecia

2.

Comisión del Mercado de Capitales de Grecia

Hungría

Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Bolsa de Budapest)

Részvényszekció (Sección de acciones)

Hitelpapír szekció (Sección de deuda)

Származékos szekció (Sección de derivados)

Áru szekció (Sección de materias primas)

Szabadpiaci szekció (Sección libre)

Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Bolsa de Budapest)

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Autoridad de supervisión financiera de Hungría)

Irlanda

Mercado principal de valores de la Bolsa de Irlanda

Irish Stock Exchange Ltd.

El Banco Central de Irlanda autoriza los mercados regulados y (a excepción de las condiciones de admisión a cotización) supervisa el cumplimiento de los requisitos de la MiFID por el gestor del mercado.

Italia

1.

Mercado electrónico de acciones (MTA)

2.

Mercado electrónico de deuda (MOT)

3.

Mercado electrónico de fondos abiertos y ETC (ETF-Plus)

4.

Mercado electrónico de derivados titulizados (SeDeX)

5.

Mercado de vehículos de inversión (MIV)

6.

Mercado italiano de derivados para la negociación de los instrumentos financieros previstos en el artículo 1, apartado 2, letras f) e i) de la Ley de Finanzas Consolidada (IDEM)

1.-6.

Borsa Italiana SpA

Consob autoriza las sociedades que gestionan mercados y aprueba sus estatutos y reglamentos.

En los mercados mayoristas de deuda pública, la empresa gestora recibe la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas teniendo en cuenta el dictamen de CONSOB y del Banco de Italia.

7.

Mercado mayorista de deuda pública italiana y extranjera (MTS)

8.

Negociación mayorista de renta fija y variable privada emitida por organizaciones internacionales con participación pública (MTS Corporate)

9.

Negociación mayorista de deuda pública via Internet (BondVision)

7.-9.

Società per il Mercato dei Titoli di Stato — MTS SpA

Letonia

NASDAQ OMX Riga:

Mercado principal

Mercado de deuda

Mercado secundario

Mercado de fondos

JSC NASDAQ OMX Riga

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Comisión del Mercado Financiero y de Capitales)

Lituania

Nasdaq OMX Vilnius:

Mercado principal de Nasdaq OMX Vilnius

Mercado secundario de Nasdaq OMX Vilnius

Mercado de deuda de Nasdaq OMX Vilnius

Mercado de fondos de Nasdaq OMX Vilnius

Nasdaq OMX Vilnius

Comisión Lituana del Mercado de Valores

Luxemburgo

Bolsa de Luxemburgo

Société de la Bourse de Luxembourg S.A.

Comission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Supervisión del Sector Financiero)

Malta

Bolsa de Malta

Bolsa de Malta

Autoridad Maltesa de Servicios Financieros

Países Bajos

1.

a)

Mercado de contado Euronext Amsterdam:

Euronext Amsterdam

b)

Mercado de derivados Euronext Amsterdam

1.

NYSE Euronext (International) BV, NYSE Euronext (Holding) BV, Euronext NV, Euronext (Holdings) NV en Euronext Amsterdam NV

1.-3.

Autorización del Ministerio de Finanzas previa consulta a la Autoridad competente para los Mercados Financieros de los Países Bajos.

Supervisión por la Autoridad competente para los Mercados Financieros de los Países Bajos y el Ministerio de Finanzas de los Países Bajos.

2.

Endex

2.

ENDEX European Energy Derivatives Exchange N.V.

Polonia

1.

Rynek podstawowy (Mercado principal)

2.

Rynek równolegly (Mercado paralelo)

1.y2.

Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Bolsa de Varsovia)

1.-3.

Komisja Nadzoru Finansowego (Comisión de Supervisión Financiera)

3.

Regulowany Rynek Pozagiełdowy (OTC)

3.

BondSpot S.A.

Portugal

1.

Eurolist by Euronext Lisbon (Mercado oficial)

2.

Mercado de Futuros e Opções (Mercado de futuros y opciones)

1.-2.

Euronext Lisbon — Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.

El Ministerio de Finanzas autoriza los mercados previa propuesta de la Comissao do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), autoridad responsable de la regulación y supervisión de los mercados.

3.

MEDIP — Mercado Especial de Dívida Pública (Mercado especial de deuda pública)

3.

MTS Portugal — Sociedade Gestora do Mercado Especial de Dívida Pública, SGMR, S.A.

4.

MIBEL — Mercado Regulamentado de Derivados do MIBEL (Mercado de la energía)

4.

OMIP — Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), Sociedade Gestora de Mercado Regulamentado, SA (OMIP).

Rumanía

1.

Piața reglementată (Mercado regulado de contado — BVB)

2.

Piața reglementată la termen (Mercado regulado de derivados— BVB)

1.y2.

S.C. Bursa de Valori București S.A. (Bolsa de Bucarest S.A.)

1.-4.

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (Comisión Nacional de Valores de Rumanía)

3.

Piața reglementată – (Mercado regulado de derivados — BMFMS)

4.

Piața reglementată la vedere (Mercado regulado de contado — BMFMS)

3.y4.

S.C. Bursa Monetar Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu (Bolsa Monetaria, Financiera y de Materias Primas)

Eslovaquia

1.

Mercado de valores cotizados

Mercado principal

Mercado paralelo

2.

Mercado libre regulado

Bolsa de Bratislava

Banco Nacional de Eslovaquia

Eslovenia

Mercado oficial de la Bolsa de valores de Liubliana (Borzni trg)

Ljubljanska borza (Bolsa de Liubliana)

Agencija za trg vrednostnih papirjev (Agencia de los mercados de valores)

España

A.

Bolsas de Valores (todas incluyen un mercado primario y un mercado secundario)

 

CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)

Banco de España, responsable del mercado de deuda pública.

1.

Bolsa de valores de Barcelona

Α1.

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona S.A.

2.

Bolsa de valores de Bilbao

Α2.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao S.A.

3.

Bolsa de valores de Madrid

Α3.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid S.A.

4.

Bolsa de valores de Valencia

Α4.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia S.A.

B.

Mercados oficiales de Productos Financieros Derivados

 

1.

MEFF Renta Fija

B1.

Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Fija S.A.

2.

MEFF Renta Variable

B2.

Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable S.A.

C.

Mercado MFAO de Futuros del Aceite de Oliva

C.

(MFAO) Sociedad Rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, S.A.

D.

AIAF Mercado de Renta Fija

D.

AIAF Mercado de Renta Fija

E.

Mercados de Deuda Pública en Anotaciones

E.

Banco de España

Suecia

1.

Nasdaq OMX Stockholm AB

Mercado regulado de acciones e instrumentos financieros asimilados a acciones

Mercado regulado de derivados

Mercado regulado de obligaciones e instrumentos financieros asimilados a obligaciones

1.

Nasdaq OMX Stockholm AB

Finansinspektionen (Autoridad de Supervisión Financiera)

2.

Nordic Growth Market NGM AB

Mercado regulado de acciones y otros valores asimilables

Mercado regulado de otros instrumentos financieros

2.

Nordic Growth Market NGM AB

Reino Unido

1.

EDX

1.

EDX London Limited

1.-6.

Financial Services Authority (Autoridad de Servicios Financieros)

2.

PLUS-Markets Group — PLUS-listed Market

2.

PLUS Markets plc

3.

Mercado Internacional de Futuros y Opciones de Londres (LIFFE)

3.

LIFE Administsration and Management

4.

Bolsa de metales de Londres

4.

The London Metal Exchange Limited

5.

Intercontinental Exchange (ICE) Futures Europe

5.

ICE Futures Europe

6.

Bolsa de Londres — Mercado regulado

6.

London Stock Exchange plc

Islandia

OMX Nordic Exchange á Íslandi (Mercado regulado)

OMX Nordic Exchange

Fjármálaeftirlitið (Autoridad de Supervisión Financiera)

Liechtenstein

No disponible

No disponible

No disponible

Noruega

1.

Bolsa de Oslo (Mercado oficial)

Mercado de acciones

Mercado de derivados (financieros)

Mercado de deuda

1.

Oslo Børs ASA

Finanstilsynet (Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega)

2.

Oslo Axess

Mercado de acciones

2.

Oslo Børs ASA

3.

Nord Pool (Mercado oficial)

Mercado de derivados (materias primas)

3.

Nord Pool ASA

4.

Imarex

Mercado de derivados (materias primas)

4.

Imarex ASA

5.

Fish Pool

Mercado de derivados (materias primas)

5.

Fish Pool ASA


V Anuncios

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL COMÚN

Comisión Europea

21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 348/16


Anuncio de la expiración inminente de determinadas medidas antidumping

2010/C 348/10

1.   Conforme a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1), la Comisión Europea anuncia que, a menos que se inicie una reconsideración de conformidad con el procedimiento siguiente, las medidas antidumping que se mencionan a continuación expirarán en la fecha indicada en el cuadro.

2.   Procedimiento

Los productores de la Unión podrán presentar por escrito una solicitud de reconsideración. Esta deberá aportar pruebas suficientes de que la expiración de las medidas podría dar lugar a una continuación o reaparición del dumping y del perjuicio.

En caso de que la Comisión decida reconsiderar las medidas en cuestión, se dará a los importadores, los exportadores, los representantes del país exportador y los productores de la Unión la oportunidad de completar, refutar o comentar los elementos que figuren en la solicitud de reconsideración.

3.   Plazo

Con arreglo a lo anteriormente expuesto, los productores de la Unión podrán remitir por escrito una solicitud de reconsideración a: Comisión Europea, Dirección General de Comercio (Unidad H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË (2), a partir de la fecha de publicación del presente anuncio y, a más tardar, tres meses antes de la fecha que figura en el cuadro.

4.   El presente anuncio se publica de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1225/2009.

Producto

Países de origen o de exportación

Medidas

Referencia

Fecha de expiración

Tubos sin soldadura de hierro o de acero

Croacia

Ucrania

Rusia

Derecho antidumping

Reglamento (CE) no 954/2006 del Consejo (DO L 175 de 29.6.2006, p. 4), modificado por el Reglamento (CE) no 812/2008 del Consejo (DO L 220 de 15.8.2008, p. 1)

30.6.2011


(1)  DO L 343 de 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 348/17


AYUDA ESTATAL — ITALIA

Ayuda estatal C 26/10 (ex NN 43/10) — Régimen de exención del impuesto municipal sobre bienes inmuebles concedido a entidades no comerciales por los bienes inmuebles utilizados para fines específicos

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2010/C 348/11

Por carta de 12 de octubre de 2010, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con la medida antes citada y con una disposición relacionada con las entidades no comerciales.

Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre las medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Dichas observaciones se comunicarán a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA RESPECTO DE LA CUAL SE INCOA EL PROCEDIMIENTO

Están sujetas al impuesto municipal sobre bienes inmuebles (ICI, en sus siglas en italiano), introducido en 1992 por el Decreto Legislativo no 504/92, todas las personas físicas o jurídicas que estén en posesión de bienes inmuebles. El impuesto lo pagan tanto las personas residentes como las no residentes, independientemente del uso que se haga de los bienes inmuebles. El importe del impuesto se calcula sobre la base del valor catastral del bien. Entre las categorías de bienes inmuebles que pueden acogerse a la exención fiscal total figuran los bienes de propiedad inmobiliaria utilizados por entidades no comerciales que lleven a cabo exclusivamente actividades de asistencia social, bienestar social, sanitarias, educativas, de alojamiento, culturales, recreativas, deportivas y actividades religiosas y de culto. La exención en cuestión se aplica a estas actividades siempre que no sean exclusivamente comerciales por naturaleza.

El artículo 149 del texto único del impuesto sobre la renta (TUIR, en sus siglas en italiano) establece las condiciones que implican la pérdida del carácter no comercial de una entidad. En concreto, el artículo 149, apartado 1, del TUIR establece que una entidad pierde su calidad de entidad no comercial cuando lleva a cabo de forma predominante una actividad comercial. El artículo 149, apartado 4, del TUIR establece que las condiciones recogidas en el artículo no se aplican a las instituciones eclesiásticas que han obtenido un estatuto civil y a los clubes deportivos de aficionados.

EVALUACIÓN DE LA MEDIDA

La Comisión considera que ambos regímenes fiscales parecen cumplir todas las condiciones pertinentes para ser considerados ayuda estatal.

En concreto, las medidas parecen constituir una excepción del régimen fiscal italiano. Por lo que se refiere a la exención del impuesto municipal sobre bienes inmuebles, y dado que aparentemente los bienes inmuebles utilizados por entidades no comerciales podrían ser utilizados también para actividades comerciales, y teniendo en consideración que, por norma general, un uso no comercial de un bien inmueble no está sometido al impuesto mientras que el uso comercial está plenamente gravado, la medida relativa a la exención del impuesto municipal sobre los bienes inmuebles de las entidades no comerciales parece otorgar una ventaja comparativa. Por lo que respecta al artículo 149, apartado 4, del TUIR, en este estadio la Comisión opina que la disposición que excluye de la aplicación de las normas relativas a la pérdida de la calidad de entidad no comercial únicamente a las instituciones eclesiásticas y a los clubes deportivos de aficionados, constituye prima facie una medida selectiva, ya que se aplica solo a dichas entidades.

Por lo tanto, hay indicios de que las medidas otorgan una ventaja económica consistente en la reducción de la carga impositiva de las entidades concernidas e implican el uso de recursos estatales.

Las medidas parecen afectar al comercio entre Estados miembros y distorsionar, o amenazar con distorsionar, la competencia en la medida en que al menos algunos de los sectores que se benefician de la exención parecen estar expuestos a la competencia y al comercio en la Unión Europea.

No parece que sean de aplicación las excepciones previstas en el artículo 107, apartados 2 y 3, y las ayudas pueden ser incompatibles con el mercado interior, excepto por lo que respecta a algunas entidades que trabajan para la promoción de la cultura y la conservación del patrimonio.

En este estadio, la Comisión no puede excluir que algunas de las actividades que se benefician de las medidas en cuestión puedan considerarse servicios de interés económico general.

Por consiguiente, la Comisión considera que, al aplicar la medida en cuestión, las autoridades italianas podrían haber concedido ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE.

Considerando sus dudas en cuanto a la compatibilidad de la ayuda, la Comisión propone incoar el procedimiento de investigación formal establecido por el artículo 108, apartado 2, del TFUE.

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, toda ayuda concedida ilegalmente podrá ser recuperada de su beneficiario.

TEXTO DE LA CARTA

«In seguito all’esame delle informazioni fornite dalle autorità italiane sui provvedimenti in oggetto, la Commissione informa l'Italia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) (1).

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Nel 2006 la Commissione ha ricevuto una serie di denunce incentrate fondamentalmente sui due regimi seguenti:

a)

l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (in appresso “ICI”) per gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché di attività di religione e di culto [articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992], e

b)

la riduzione alla metà dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli enti elencati all’articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, ossia principalmente enti di assistenza sociale, istituti di istruzione e di studio senza fine di lucro, ed enti con fini di beneficenza ed istruzione (compresi gli enti ecclesiastici). Tale disposizione contempla anche gli istituti autonomi per le case popolari, nonché fondazioni ed associazioni aventi scopi esclusivamente culturali.

(2)

A seguito delle denunce ricevute in merito alla sopra menzionata esenzione dall’ICI, il 5 maggio 2006 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni sul regime in questione, cui l'Italia ha risposto con lettera del 7 giugno 2006.

(3)

Con lettera dell’8 agosto 2006, in seguito all’entrata in vigore di alcuni emendamenti alla legislazione ICI, i servizi della Commissione hanno comunicato ai denuncianti che, in base ad un’analisi preliminare, non vi era motivo di proseguire l’indagine.

(4)

Il 5 settembre 2006 le autorità italiane hanno presentato ulteriori informazioni relativamente all’ICI, evidenziando le modifiche alla legislazione in materia entrate in vigore nel luglio 2006.

(5)

Con lettera del 25 ottobre 2006 i denuncianti hanno nuovamente affermato la non conformità dell’esenzione dall’ICI per gli enti non commerciali con l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Con lettera del 14 novembre 2006 i servizi della Commissione hanno ribadito ai denuncianti che, in base alle informazioni disponibili, non vi era motivo di proseguire ulteriormente l’indagine su tale esenzione.

(6)

Con lettera del 25 gennaio 2007 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni sulla riduzione del 50 % dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a certi enti. Le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste con lettera del 2 luglio 2007.

(7)

La Commissione ha ricevuto dai denuncianti ulteriori lettere in merito all’esenzione dall’ICI nel gennaio e nel settembre 2007. Nella lettera del 12 settembre 2007 i denuncianti hanno portato all’attenzione della Commissione l’articolo 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (in appresso “TUIR”), che, a loro avviso, accorderebbe un trattamento fiscale favorevole solo agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche.

(8)

Il 5 novembre 2007 la Commissione ha invitato le autorità italiane a presentare ulteriori informazioni su tutte le disposizioni che, secondo i denuncianti, concedono un trattamento preferenziale. Lo stesso giorno la Commissione ha anche richiesto ai denuncianti di dimostrare gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi delle misure denunciate, e di presentare dati sul presunto pregiudizio subito come conseguenza dell’applicazione di tali misure.

(9)

Le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste con lettere del 3 dicembre 2007 e del 30 aprile 2008.

(10)

Il 21 maggio 2008 i denuncianti hanno trasmesso ulteriore documentazione riguardante, a loro dire, l'esenzione dall’ICI applicata agli enti non commerciali e la riduzione del 50 % dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, concentrandosi principalmente sul presunto aiuto accordato agli enti ecclesiastici.

(11)

Il 20 ottobre 2008, i denuncianti hanno inviato una lettera di costituzione in mora (art. 265 TFUE), chiedendo alla Commissione di avviare il procedimento di indagine formale e di adottare una decisione formale in merito alle loro denunce.

(12)

Il 24 novembre 2008 la Commissione ha inviato un’ulteriore richiesta di informazioni alle autorità italiane, che hanno risposto con lettera dell’8 dicembre 2008.

(13)

Con lettera del 19 dicembre 2008, i servizi della Commissione hanno comunicato ai denuncianti di ritenere, in base ad un’analisi preliminare, che le misure contestate non configurassero un aiuto di Stato e che non fosse quindi necessario continuare l’indagine.

(14)

Il 26 gennaio 2009 le autorità italiane hanno emanato una circolare volta a chiarire il campo d'applicazione dell’esenzione dall’ICI per gli enti non commerciali. Il 2 marzo 2009 i denuncianti hanno scritto alla Commissione esprimendo la loro insoddisfazione per la legislazione vigente e criticando la sopra menzionata circolare.

(15)

Il 18 giugno 2009 i denuncianti hanno inviato un e-mail ai servizi della Commissione chiedendo informazioni sullo stato dell’indagine, e l'11 gennaio 2010, con un altro e-mail, hanno nuovamente domandato alla Commissione di avviare il procedimento di indagine formale. I servizi della Commissione hanno risposto con lettera del 15 febbraio 2010, confermando le argomentazioni avanzate nella precedente corrispondenza del 19 dicembre 2008 e ribadendo l'assenza di motivi per procedere ulteriormente l'indagine.

(16)

Il 26 aprile 2010 due denuncianti hanno proposto ciascuno un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale contro la lettera della Commissione del 15 febbraio 2010 (2).

(17)

Alla luce di ulteriori nuovi elementi e sulla base di tutte le informazioni di cui attualmente dispone, la Commissione è giunta alla conclusione che, a questo stadio, non è possibile escludere che le misure in questione possano costituire regimi di aiuti di Stato, ed ha pertanto deciso di proseguire l'indagine.

2.   DESCRIZIONE DELLE MISURE

2.1.   Osservazioni preliminari. Riduzione alla metà dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche: aiuto esistente

(18)

Per quanto riguarda la riduzione del 50 % dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche [vedi punto 1, lettera b)], la Commissione è giunta alla conclusione che tale misura potrebbe costituire un aiuto di Stato esistente. Infatti, lo speciale trattamento fiscale per i soggetti di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 601/73 risale almeno alla legge 6 agosto 1954, n. 603. Più precisamente, l’articolo 3 di tale legge prevedeva un’esenzione totale dall’imposta sulle società per una serie di enti, inclusi quelli ora figuranti all’articolo 6 del D.P.R. n. 601/73 (3). Risulta dunque che il trattamento preferenziale per gli enti in questione esisteva prima dell’entrata in vigore del trattato CE, e che le modifiche intervenute successivamente a tale data hanno semplicemente ridotto l’entità del vantaggio fiscale concesso da tale misura. La Commissione ritiene quindi che la misura in oggetto possa configurare un aiuto esistente (4), e sarà trattata nell’ambito di un procedimento relativo agli aiuti esistenti.

(19)

Ciò posto, il presente procedimento verterà solo sull’esenzione dall’ICI concessa agli enti non commerciali e sull’articolo 149, quarto comma, del TUIR, descritti più dettagliatamente in appresso. Nessuna delle due misure è stata mai notificata alla Commissione.

2.2.   Esenzione dall’imposta comunale sugli immobili

(20)

L’attuale sistema relativo all’ICI è stato introdotto col Decreto legislativo n. 504/92. Soggetti passivi dell’imposta sono tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso di immobili (per motivi di proprietà, diritto di usufrutto, uso, abitazione od enfiteusi). L’imposta è corrisposta sia da residenti che da non residenti, indipendentemente dall’uso che viene fatto dell’immobile.

(21)

L’importo da corrispondere è calcolato sulla base del valore catastale dell’immobile.

(22)

Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/92 [in appresso “articolo 7, c. 1, lettera i)”], sono totalmente esenti dall’imposta gli immobili utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione e di culto.

(23)

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis del Decreto legge n. 203/2005, convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248, e dell’articolo 39 del Decreto legge n. 223/2006, l'esenzione di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504/92 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera anche se sono di natura commerciale, alla sola condizione che tali attività non abbiano natura esclusivamente commerciale.

(24)

Le autorità italiane hanno chiarito che l'esenzione dall’ICI di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), si applica se ricorrono due condizioni cumulative:

i)

gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali (5). La legge definisce enti non commerciali gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

ii)

gli immobili devono essere usati esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 7, c. 1, lettera i).

(25)

Con circolare n. 2/DF del Ministero delle Finanze, del 26 gennaio 2009 (in appresso “la Circolare”), le autorità italiane hanno precisato quali enti possano essere considerati non commerciali e le caratteristiche che devono presentare le attività svolte dagli enti non commerciali affinché questi possano godere dell’esenzione in questione.

(26)

La Circolare ricorda che gli enti non commerciali possono essere sia pubblici che privati. Secondo la Circolare, possono essere considerati enti non commerciali pubblici i seguenti soggetti (6): lo Stato, le regioni le province, i comuni, le camere di commercio, le aziende sanitarie, gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie, gli enti pubblici non economici, gli istituti previdenziali e assistenziali, le Università ed enti di ricerca e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB). Fra gli esempi di enti non commerciali privati menzionati nella circolare figurano: le associazioni, le fondazioni e i comitati, le organizzazioni non governative (ONG), le associazioni sportive dilettantistiche, le organizzazioni di volontariato, gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus e gli enti ecclesiastici, appartenenti alla Chiesa cattolica e ad altre confessioni religiose.

(27)

La Circolare precisa altresì che le attività svolte negli immobili esenti dall’ICI di fatto non dovrebbero essere disponibili sul mercato (7) oppure dovrebbero essere attività svolte per rispondere a bisogni socialmente rilevanti che non sono sempre soddisfatti dalle strutture pubbliche né dagli operatori privati commerciali.

(28)

La Circolare sviluppa una serie di criteri per ciascuna delle attività elencate all’articolo 7, c. 1, lettera i), per stabilire quando ciascuna di esse debba essere considerata non di natura esclusivamente commerciale. Ad esempio, nei settori delle attività sanitarie e sociali, è richiesto che i beneficiari abbiano concluso una convenzione o un contratto con le pubbliche autorità, condizione necessaria per fornire servizi che siano almeno parzialmente finanziati o rimborsati dal servizio sanitario nazionale o dagli organismi pubblici competenti. Per quanto riguarda le attività didattiche, la scuola deve soddisfare gli standard di insegnamento, deve accogliere alunni portatori di handicap, deve applicare la contrattazione collettiva e deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; gli eventuali avanzi di gestione, inoltre, devono essere reinvestiti totalmente nell’attività didattica. Per quanto attiene alle sale cinematografiche, esse devono proiettare film di interesse culturale, film ai quali sia stato rilasciato l’attestato di qualità, o film per ragazzi. Quanto alla ricettività, in particolare alla ricettività turistica, è richiesto che le attività non siano rivolte a un pubblico indifferenziato ma a categorie predefinite, e che il servizio non sia fornito per l’intero anno solare. Il fornitore di servizi deve inoltre applicare rette di importo ridotto rispetto ai prezzi di mercato e non deve comportarsi come un normale proprietario d'albergo.

2.3.   Articolo 149 del TUIR

(29)

L’articolo 149 TUIR è contenuto nel Titolo II, Capo III del TUIR. Il Capo III stabilisce le disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali, come le norme per il calcolo della base imponibile e per la loro tassazione (8). L’articolo 149 individua le condizioni che possono portare alla perdita della “qualifica di ente non commerciale”.

(30)

In particolare, l’articolo 149, primo comma, del TUIR stabilisce che un ente non commerciale perde tale qualifica qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

(31)

Il comma 2 dell’articolo 149 del TUIR indica quali criteri per la definizione di “commercialità” dell’ente la prevalenza dei redditi annui derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, nonché la prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale rispetto alle restanti attività. La forma giuridica adottata dagli enti in questione non influisce in alcun modo sulla perdita della “qualifica di ente non commerciale”.

(32)

L’articolo 149, quarto comma, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 149, commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

3.   POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE

(33)

Per quanto riguarda l'esenzione dall’ICI per gli enti non commerciali in relazione allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), le autorità italiane hanno in primo luogo indicato che, di norma, l'uso non commerciale di immobili è generalmente esente da imposizione, mentre l'uso commerciale è tassato interamente. In secondo luogo, le autorità italiane hanno argomentato che la misura in oggetto è giustificata dalla “logica del sistema fiscale”. In particolare, sarebbe in linea con la logica del sistema fiscale italiano un trattamento differenziato fra le attività a fini di lucro, da un lato, e le attività di carattere sociale, come quelle assistenziali, caritatevoli e religiose, dall’altro. Tale trattamento preferenziale è stato stabilito al momento dell’entrata in vigore della legislazione sull’ICI, e il regime fiscale più favorevole riservato alla categoria di immobili di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i) riguarderebbe un ampio numero di fabbricati, identificati in base a criteri oggettivi, secondo principi di utilità sociale e beneficio sociale.

(34)

Quanto all’articolo 149, quarto comma, del TUIR, le autorità italiane hanno spiegato che tale disposizione è volta a preservare la competenza esclusiva del Ministero dell’Interno, che è la sola autorità competente a revocare il riconoscimento degli enti ecclesiastici come persone giuridiche agli effetti civili. Il riconoscimento di tale ente come persona giuridica agli effetti civili, e quindi indirettamente il riconoscimento della sua qualifica non commerciale, nonché la sua revoca, sarebbe quindi una prerogativa esclusiva del Ministero dell’Interno italiano. Questo potrebbe spiegare il contenuto dell’articolo 149, quarto comma e, secondo le autorità italiane, costituirebbe altresì il motivo per tenere conto del controllo esercitato dal Ministero dell’Interno ai fini della valutazione della misura in termini di aiuto di Stato. Le autorità italiane hanno spiegato che il termine “ente ecclesiastico” non si riferisce solamente agli enti di culto cattolico ma anche a quelli appartenenti ad altre confessioni religiose.

4.   VALUTAZIONE

4.1.   Esistenza dell’aiuto

(35)

L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che: “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”

(36)

Secondo una giurisprudenza costante, “la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento” (9). Analogamente, il fatto che un’entità non persegua scopi di lucro non è un criterio determinante per stabilire se si tratti o meno di un’impresa (10).

(37)

Per quanto riguarda l'esenzione dall’ICI concessa agli enti non commerciali, la Commissione ritiene, a questo stadio del procedimento, che a beneficiarne possano essere delle imprese, poiché la disposizione di legge si riferisce ad attività che risultano, almeno parzialmente, rientrare nel campo d’applicazione del diritto UE della concorrenza (11). Analogamente, per quanto riguarda l’articolo 149, quarto comma, del TUIR, la Commissione ritiene che i beneficiari di tale disposizione possano svolgere attività economiche e quindi essere qualificati come imprese relativamente a tali attività.

(38)

A questo stadio del procedimento, la Commissione ritiene inoltre che i criteri stabiliti dalla Circolare per escludere la natura commerciale (ai sensi della legislazione italiana) delle attività di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), non possano escludere la natura economica (ai sensi del diritto UE della concorrenza) delle stesse attività. Ad esempio, nei settori delle attività sanitarie e sociali, la Circolare richiede una convenzione con le pubbliche autorità. Ciò, tuttavia, risulta semplicemente essere la condizione necessaria per ottenere almeno un parziale rimborso dal servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda le attività didattiche, la Circolare, da un lato, sembra esigere il rispetto di una serie di obblighi affinché l’attività svolta sia paritaria rispetto a quella statale, e d’altro lato richiede che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nella stessa attività didattica. Questi obblighi non sembrano tali da escludere la natura economica dell’attività. Quanto alle sale cinematografiche, i requisiti della Circolare, piuttosto che escludere la natura economica del servizio fornito, sembrano imporre agli operatori interessati di essere attivi in particolari segmenti di mercato (qualità, interesse culturale, film per ragazzi) qualora intendano ottenere l’esenzione fiscale. Lo stesso sembra verificarsi relativamente alle attività ricettive, laddove l’obbligo di applicare rette di importo ridotto rispetto ai prezzi di mercato e di non comportarsi come un normale albergo non sembra a sua volta escludere la natura economica dell’attività, come sostenuto anche dai denuncianti.

4.1.1.    Risorse statali

(39)

La Commissione osserva che il provvedimento comporta l'impiego di risorse statali, poiché il Tesoro italiano rinuncia a un gettito fiscale per l'importo corrispondente all’abbattimento dell’imposta.

(40)

Una perdita di gettito fiscale equivale in effetti al consumo di risorse statali sotto forma di spese fiscali. Consentendo ad enti, che possono essere classificati come imprese, di ridurre gli oneri fiscali attraverso esenzioni, le autorità italiane rinunciano ad entrate che spetterebbero loro se non vi fosse l’esenzione. Pertanto l’esenzione dall’ICI — nella misura in cui prevede un’esenzione dal pagamento di tale imposta — comporta una perdita di risorse statali. Analogamente, l’articolo 149, quarto comma, del TUIR implica una perdita di risorse statali e interessa risorse statali nella misura in cui prevede la non applicazione, agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche, delle norme riguardanti la perdita della qualifica di ente non commerciale e dei vantaggi fiscali legati a tale status (vedi sezione in appresso) nel caso in cui detti enti svolgano prevalentemente attività commerciali.

4.1.2.    Vantaggio

(41)

Secondo la giurisprudenza, il concetto di aiuto vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi che in varie forme alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa (12).

(42)

Poiché l’esenzione dall’ICI riduce gli oneri generalmente inclusi nei costi operativi di imprese in possesso di immobili in Italia, essa sembra pertanto concedere agli enti interessati un vantaggio economico rispetto ad altre imprese che non possono beneficiare di tali agevolazioni fiscali pur svolgendo attività economiche analoghe.

(43)

L’articolo 149, quarto comma, del TUIR, consentendo agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche di beneficiare delle disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali (più precisamente, per gli enti ecclesiastici, la possibilità di optare per il regime forfetario applicabile agli enti non commerciali, e per le associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di beneficiare del regime forfetario previsto dalla legge n. 389 del 16 dicembre 1991) (13), anche qualora gli enti in questione non possano più essere considerati come enti non commerciali, permette a tali enti di godere di un trattamento fiscale più vantaggioso. L’articolo 149, quarto comma risulta quindi apportare un vantaggio economico rispetto ad altre imprese che non possono beneficiare di tale trattamento fiscale vantaggioso pur svolgendo attività analoghe.

4.1.3.    Selettività

(44)

La comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (14) (in appresso la “comunicazione della Commissione”) indica che: “Il principale criterio per applicare l'articolo 92, paragrafo 1 (ora articolo 107, paragrafo 1, del TFUE) ad una misura fiscale è dunque il fatto che tale misura instauri, a favore di talune imprese dello Stato membro, un’eccezione all’applicazione del sistema tributario. Occorre quindi determinare innanzitutto quale sia il sistema generale applicabile. Si dovrà poi valutare se l’eccezione a tale sistema o le differenziazioni al suo interno siano giustificate dalla natura o dalla struttura del sistema stesso, ossia se discendano direttamente dai principi informatori o basilari del sistema tributario dello Stato membro interessato.”

(45)

In altre parole, per valutare la selettività di una misura, occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, detta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga. La determinazione del contesto di riferimento assume un’importanza maggiore nel caso delle misure fiscali, dal momento che l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto ad un livello di tassazione definito “normale” (15).

(46)

Tuttavia, come chiarito anche dalla Corte di giustizia, “una misura in deroga rispetto all’applicazione del sistema fiscale generale può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario. In proposito va operata una distinzione fra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi” (16).

(47)

La Corte di giustizia ha inoltre sostenuto in più occasioni che l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non fa alcuna distinzione fra le cause o le finalità degli aiuti di Stato, ma li definisce in relazione ai loro effetti (17). Il concetto di aiuto di Stato non si applica tuttavia ai provvedimenti statali che operano delle differenziazioni fra le imprese, laddove tale differenziazione scaturisca dalla natura o dalla struttura generale del sistema cui appartengono. Come spiegato nella comunicazione della Commissione, “talune condizioni possono essere giustificate da differenze oggettive tra i contribuenti”.

(48)

Pertanto, in linea con la giurisprudenza, la Commissione valuterà la selettività delle misure fiscali in oggetto seguendo tre fasi. In primo luogo verrà definito il regime comune o “normale” del sistema fiscale applicabile, che costituisce il sistema di riferimento. Occorrerà in secondo luogo valutare e stabilire se i vantaggi apportati dalla disposizione fiscale in questione derogano rispetto al sistema di riferimento, nella misura in cui la disposizione porta ad una differenziazione fra operatori economici che, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime, si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. In terzo luogo, se tale deroga sussiste, sarà necessario esaminare se la stessa risulta dalla natura o dalla struttura del sistema tributario in cui rientra e se potrebbe quindi essere giustificata dalla natura o dalla logica di tale sistema. In tale contesto, in linea con la giurisprudenza, uno Stato membro deve dimostrare se tali differenziazioni discendono direttamente dai principi informatori o basilari del sistema.

a)   Sistema di riferimento

(49)

L’ICI è stata introdotta nel 1992 ed è un’imposta autonoma, dovuta ai comuni. La Commissione ritiene pertanto che il sistema di riferimento per la valutazione della misura in questione sia l’ICI in sé.

(50)

Per quanto riguarda l’articolo 149, quarto comma, del TUIR, figurante, come sopra indicato (cfr. punto 29 e segg.), nella sezione relativa al trattamento fiscale degli enti non commerciali, la Commissione ritiene che il sistema di riferimento per la valutazione della misura in questione sia il trattamento fiscale di altri enti non commerciali.

b)   Deroga al sistema di riferimento

i)   Esenzione dall’ICI

(51)

Ai sensi degli articoli 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 504/92, soggetti passivi dell’ICI sono tutte le persone giuridiche in possesso di immobili, indipendentemente dall’uso che ne viene fatto. L’articolo 7 indica quali categorie di immobili sono esenti dall’imposta (18).

(52)

Pertanto, a questo stadio, va ritenuto che l'esenzione dall’ICI per gli immobili di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504/92 deroghi al sistema di riferimento, secondo il quale è tenuta a pagare l’ICI ogni persona giuridica, e quindi ogni impresa, in possesso di immobili, indipendentemente dall’uso che ne viene fatto.

(53)

La Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire ulteriori informazioni riguardo agli enti e alle attività di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto Legislativo 504/92, che sono stati l'oggetto delle denunce ricevute. Le autorità italiane hanno argomentato che una tale esenzione potrebbe essere giustificata da differenze oggettive tra i contribuenti. Di norma è esente dall’ICI l'uso non commerciale di un fabbricato, mentre l'uso commerciale è tassato interamente.

(54)

Tuttavia, a questo stadio, la Commissione ritiene che gli enti non commerciali possano svolgere, in certi casi, attività economiche. In tal caso potrebbero trovarsi nella stessa situazione giuridica e fattuale di qualsiasi altra società che eserciti un’attività economica. La Commissione ha ricevuto ad esempio dai denuncianti informazioni riguardanti presunte prestazioni, da parte degli enti ecclesiastici, di servizi sanitari o ricettivi, che sono in concorrenza con servizi analoghi offerti da altri operatori economici. A tale riguardo, le autorità italiane hanno indicato alla Commissione che un ente ecclesiastico che svolga un’attività economica, né marginale né direttamente legata alle attività di culto, deve essere trattato come qualunque altro operatore economico che eserciti la stessa attività. Le autorità italiane hanno inoltre precisato che gli enti ecclesiastici sono soggetti a controlli amministrativi da parte delle autorità competenti, come qualsiasi altro ente e contribuente. Tuttavia, come sopra indicato, risulta che gli enti non commerciali possano svolgere attività commerciali, che sono necessariamente di natura economica ai sensi del diritto UE della concorrenza. Ad esempio, la relazione finale della Commissione ministeriale di studi sulle problematiche applicative dell’esenzione dall’ICI disposta dall’art. 7, c. 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992, nella versione inviata dai denuncianti alla Commissione, precisa che le attività sanitarie e didattiche sono necessariamente di natura commerciale, poiché sono fornite in forma organizzata verso corrispettivi (paragrafo 3.2.). Attività di siffatta natura sono qualificate come attività di natura economica ai sensi del diritto UE della concorrenza. Tuttavia, se tali attività sono svolte da un ente non commerciale [e non sono prevalenti (19)], l’ente interessato godrà dell’esenzione dall’ICI per l’immobile utilizzato nell’esercizio di tali attività, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi previsti dalla Circolare. Se un ente commerciale svolge la stessa attività non godrà dell’esenzione fiscale, anche se soddisfa i requisiti della Circolare.

(55)

A questo stadio del procedimento la Commissione ritiene quindi che l'esenzione dall’imposta comunale sugli immobili prevista per le categorie di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504/92 configuri prima facie una misura selettiva ai sensi della giurisprudenza.

ii)   Articolo 149, quarto comma, del TUIR

(56)

Quanto all’articolo 149, quarto comma, del TUIR, a questo stadio la Commissione stima che tale disposizione configuri prima facie una misura selettiva: solo gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche, difatti, hanno la possibilità di mantenere la qualifica di ente non commerciale anche qualora non possano più essere considerati enti non commerciali.

c)   Giustificazione in base alla logica del sistema tributario

(57)

Una misura può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario qualora discenda direttamente dai principi informatori di tale sistema. Come costantemente sostenuto dalla Corte di giustizia, spetta allo Stato membro fornire tale giustificazione.

(58)

Nelle loro dichiarazioni, le autorità italiane hanno sostenuto che le misure in oggetto non derogano alla logica inerente del sistema tributario italiano (vedi sopra, sezione 3). Tuttavia, a questo stadio del procedimento, esse non hanno fornito prove sufficienti che consentano alla Commissione di ritenere che le misure in questione possano essere giustificate sulla base dei principi inerenti a tale sistema.

(59)

In particolare, per quanto riguarda l’esenzione dall’ICI, a questo stadio la Commissione non può condividere la posizione delle autorità italiane, secondo cui il valore sociale di un’attività costituisce un valido motivo per giustificare una misura secondo la logica del sistema tributario. La nozione di aiuto di Stato, infatti, non dipende dall’obiettivo perseguito dalla misura, e in ogni caso l’esenzione dall’ICI non si applica a tutte le imprese che esercitano tali attività di alto valore sociale, ma solo ad alcune di esse (quelle svolte da enti non commerciali). In sintesi, l’approccio delle autorità italiane risulta essere in contrasto con quanto statuito dalla Corte di giustizia nella causa Cassa di Risparmio di Firenze  (20), anch’essa riguardante un’agevolazione fiscale concessa a persone giuridiche senza scopo di lucro che perseguivano fini di utilità sociale. La Corte di giustizia ha dichiarato che:

“l’agevolazione fiscale in parola è concessa in considerazione della natura giuridica dell’impresa, persona giuridica di diritto pubblico o fondazione, e dei settori in cui tale impresa svolge la propria attività.

L’agevolazione deroga al regime fiscale generale senza essere giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui si inserisce. La deroga non è basata sulla logica della misura o sulla tecnica impositiva, ma deriva dall’obiettivo del legislatore nazionale di favorire finanziariamente enti ritenuti socialmente meritevoli.

Una tale agevolazione è quindi selettiva.”

(60)

Con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 149, quarto comma, del TUIR, le autorità italiane hanno altresì spiegato che tale disposizione è volta a preservare la competenza esclusiva del Ministero dell’Interno. A tale riguardo, senza alcun pregiudizio in ordine alla valutazione di tale giustificazione, a questo stadio la Commissione ritiene che la misura in questione non sia comunque giustificata sulla base dei principi inerenti al sistema tributario italiano, ma eventualmente in base ad altre considerazioni che non riguardano tale sistema.

4.1.4.    Effetti sugli scambi tra Stati membri e distorsione della concorrenza

(61)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la misura deve incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza. Nella fattispecie, almeno alcuni dei settori che beneficiano dell’esenzione dall’ICI, come quelli relativi all’offerta di servizi ricettivi e sanitari, sono aperti alla concorrenza e agli scambi all’interno dell’Unione europea. Parimenti potrebbero esserlo anche altri settori, come ad esempio l'istruzione. Pertanto, a questo stadio la Commissione stima che sia la misura ICI che la disposizione riguardante gli enti non commerciali, potenzialmente applicabili a diversi settori economici, incidano sugli scambi tra gli Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

4.1.5.    Nuovi aiuti

(62)

Entrambe le misure possono essere qualificate come nuovi aiuti. L’ICI è stata in effetti introdotta nel 1992, e l’esenzione fiscale in questione non è stata notificata né altrimenti approvata dalla Commissione. L’esenzione si applica a un ampia gamma di attività che non erano chiuse alla concorrenza quando l’ICI è stata introdotta, ed ha carattere annuo. Pertanto, ogni deroga alle normali disposizioni di questo regime fiscale configura necessariamente un nuovo aiuto nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Analogamente, l’articolo 149 (ex articolo 111-bis) del TUIR è stato introdotto nel 1998, e neanch’esso è stato notificato o altrimenti approvato dalla Commissione. Per questo motivo la deroga di cui all’articolo 149, quarto comma del TUIR può essere qualificata come nuovo aiuto, nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

4.1.6.    Conclusioni

(63)

Poiché risultano ricorrere tutte le condizioni enunciate all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, a questo stadio del procedimento la Commissione ritiene che la misura di esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici (articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504/92), e l'articolo 149, quarto comma, del TUIR, comportino un aiuto di Stato che può essere qualificato come nuovo aiuto.

4.2.   Compatibilità

(64)

Le misure che costituiscono aiuti di Stato possono essere considerate compatibili sulla base delle deroghe previste all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE.

(65)

Ad oggi la Commissione nutre dubbi sul fatto che le misure in questione possano considerarsi compatibili col mercato interno. Le autorità italiane non hanno presentato alcuna argomentazione atta ad indicare che nella fattispecie si applichi una delle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, in base alle quali un aiuto di Stato può essere considerato compatibile col mercato interno.

(66)

Non risultano applicarsi, nella fattispecie, le deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE, riguardanti gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, e gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

(67)

Non risultano applicarsi neppure le deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, che prevedono l'autorizzazione degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349 TFUE, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale. Parimenti, non sembra si possa ritenere che le misure in questione siano destinate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia italiana, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

(68)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE prevede che possano considerarsi compatibili col mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune. Secondo la Commissione non si può escludere che alcuni enti, come gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività didattiche, culturali e ricreative, abbiano ad oggetto la promozione della cultura e della conservazione del patrimonio, e possano quindi rientrare nel campo d'applicazione di tale articolo.

(69)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti concessi per agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. A questo stadio, tuttavia, la Commissione non ha elementi per valutare se i vantaggi fiscali apportati dalle misure in esame siano legati a specifici investimenti idonei a beneficiare di aiuti sulla base di regole e orientamenti comunitari, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici. La Commissione ritiene, al contrario, che le misure in questione sembrino costituire una riduzione degli oneri che gli enti interessati dovrebbero normalmente sostenere nel corso della propria attività, e che debbano pertanto essere considerate come aiuti al funzionamento. In base alla prassi della Commissione, questi aiuti non possono essere considerati compatibili col mercato interno poiché non agevolano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, e poiché gli incentivi in questione non sono limitati nel tempo, decrescenti e proporzionati a quanto necessario per porre rimedio a specifici svantaggi economici delle regioni interessate.

(70)

La Commissione non può infine escludere, a questo stadio, che alcune delle attività beneficiarie delle misure in questione possano essere classificate ai sensi della legge italiana come servizi di interesse economico generale a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE e secondo la giurisprudenza Altmark. Le autorità italiane non hanno tuttavia fornito alcuna informazione che consenta alla Commissione di valutare se sia così e di esprimersi sull’eventuale qualifica di aiuto di queste misure e sulla loro compatibilità col mercato interno.

5.   CONCLUSIONI

(71)

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale, conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, in relazione al regime previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/92 e in relazione alla disposizione di cui all’articolo 149, quarto comma, del TUIR.

Decisione

(72)

La Commissione invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell’aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della presente.

(73)

La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziale dell’aiuto.

(74)

La Commissione fa presente al governo italiano che l’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ha effetto sospensivo e che in forza dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro di recuperare un aiuto illegalmente concesso presso il beneficiario.

(75)

Con la presente la Commissione comunica all’Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Inoltre informerà gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell’accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e informerà infine l’Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»


(1)  Con effetto dal 1o dicembre 2009, l’articolo 87 e l’articolo 88 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente dall’articolo 107 e dall’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE, ove necessario.

(2)  Cfr. le cause T-192/10, Ferracci/Commissione (GU C 179 del 3.7.2010, pag. 45) e T-193/10, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione (GU C 179 del 3.7.2010, pag. 46).

(3)  Come sottolineato dalla Corte di giustizia, “in una situazione in cui la modifica di un regime esistente ha l’effetto di ridurre l’importo degli aiuti che possono o che devono essere corrisposti, essa non ha lo stesso effetto di un aiuto nuovo, in quanto quest’ultimo implica, per definizione, l’aumento degli oneri a carico dello Stato” (sentenza del 4.3.2009, causa T-265/04, Tirrenia, punto 127).

(4)  Sentenza del Tribunale del 4.3.2009, cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, Tirrenia di navigazione contro Commissione, punto 127.

(5)  Più precisamente l'articolo 7, lettera i) del Decreto legislativo 504/92 si riferisce ai soggetti di cui all’articolo 87 (ora articolo 73), primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 917/86 (TUIR). La definizione contenuta in quest’ultima disposizione è quella di enti non commerciali.

(6)  Non è chiaro se l’elenco contenuto nella circolare sia esaustivo o meno.

(7)  Cfr. la circolare n. 2/DF del 29 gennaio 2010, punto 5.

(8)  Vedi articolo 143 e segg. del TUIR.

(9)  Sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner contro Macroton GmbH, Racc. 1991, pag. I-1979, punto 21.

(10)  Sentenza della Corte di giustizia del 1.7.2008, causa C-49/07, MOTOE, Racc. 2008, pag. I-4863, punti 27 e 28.

(11)  Ad esempio, la Commissione ministeriale si riferisce a quattro sentenze della Corte di Cassazione, la n. 4573, 4642, 4644 e 4645 dell’8 marzo 2004, relative a un ente ecclesiastico che gestiva una casa di cura e un pensionato secondo modalità commerciali (punto 1.3). Contrariamente all’interpretazione data dalla Corte di Cassazione, basata sulla versione originale dell’articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto legislativo n. 504/92, la Commissione ministeriale indica che, in base alle disposizioni dell’articolo 7, comma 2-bis del Decreto legge n. 203/2005, convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248, e dell’articolo 39 del Decreto legge n. 223/2006, tali situazioni dovrebbero rientrare nell’esenzione dall’ICI.

(12)  Sentenza della Corte di giustizia del 8.11.2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Racc. 2001, pag. I-8365, punto 38.

(13)  Cfr. l’articolo 145 del TUIR.

(14)  GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(15)  Sentenza della Corte di giustizia del 6.9.2006, causa C-88/03, Portogallo contro Commissione, Racc. 2006, pag. I-7115, punto 56.

(16)  Sentenza della Corte di giustizia del 6.9.2006, causa C-88/03, Portogallo contro Commissione, Racc. 2006, pag. I-7115, punto 81. Cfr. Anche la sentenza della Corte di giustizia del 29.4.2004, causa C-308/01, GIL Insurance, Racc. 2004, pag. I-4777, punto 68.

(17)  Si vedano ad esempio: sentenza della Corte di giustizia del 29.2.1996, causa C-56/93, Belgio contro Commissione, Racc. 1996, pag. I-723, punto 79; sentenza della Corte di giustizia del 26.9.1996, causa C-241/94, Francia contro Commissione, Racc. 1996, pag. I-4551, punto 20; sentenza della Corte di giustizia del 17.6.1999, causa C-75/97, Belgio contro Commissione, Racc. 1999, pag. I-3671, punto 25, e sentenza della Corte di giustizia del 13.2.2003, causa C-409/00, Spagna contro Commissione, Racc. 2003, pag. I-10901, punto 46.

(18)  Come indicato sopra, al par. 37, al presente stadio del procedimento non può essere escluso che gli immobili di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), possano essere usati per lo svolgimento di attività economiche.

(19)  Se tali attività fossero prevalenti, generalmente l’ente non sarebbe considerato non commerciale (si veda: Commissione ministeriale, paragrafo 2.2.1.).

(20)  Sentenza della Corte di giustizia del 10.1.2006, causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze, Racc. 2006, pag. I-289, punti 136-138.