27.8.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 232/1

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Solidaridad en materia de salud: reducción de las desigualdades en salud en la UE»

(2010/C 232/01)

I. RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Introducción

1. acoge favorablemente la determinación de la Comisión de apoyar y complementar los esfuerzos de los Estados miembros y de las entidades locales y regionales para abordar las desigualdades en materia de salud de la Unión Europea. El reconocimiento de la magnitud del desafío que representan las desigualdades en materia de salud existentes entre los Estados miembros y dentro de los Estados miembros es un hecho significativo. Se considera oportuna y merece aprobación la opinión de la Comisión de que las desigualdades en materia de salud representan un desafío al compromiso de la UE respecto a la solidaridad, la cohesión social y económica, los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, la Comisión debería haber puesto un mayor énfasis en el objetivo de la «cohesión territorial» recientemente introducido en el Tratado de Lisboa;

2. reconoce y hace suya la definición de «salud» utilizada por la OMS como estado de completo bienestar físico y mental que no corresponde meramente a la ausencia de afecciones o enfermedades;

3. recuerda a la Comisión que el Tratado de Lisboa exige ahora a las instituciones, de conformidad con el artículo 3, que promuevan el bienestar de los ciudadanos europeos;

4. llama la atención de la Comisión sobre el trabajo emprendido por la OMS, del que es autor sir Michael Marmot, titulado «Subsanar las desigualdades en una generación - Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud». El CDR considera que esta obra debe ser un referente clave para la UE a la hora de abordar las desigualdades en materia de salud;

5. acepta la evaluación que hace la Comisión, según la cual el problema de las desigualdades en salud es muy complejo y su evolución depende de múltiples factores, entre los que cabe citar: el reconocimiento de que las desigualdades pueden considerarse a todos los niveles, del europeo al de nuestros vecinos; la existencia de una gradación social y la estrecha relación existente entre salud y riqueza; las consecuencias sanitarias de las desventajas para los grupos vulnerables y socialmente excluidos; y los efectos diversos de las decisiones en materia de política social en la prestación de cuidados sanitarios y apoyo social;

6. acoge favorablemente el equilibrio que logra en gran medida el estudio entre la cooperación europea y la subsidiariedad, de conformidad con el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); no obstante, señala a este respecto que la reducción de las desigualdades en el ámbito de la salud dentro de los Estados miembros es, también de conformidad con al Tratado de Lisboa, competencia de las políticas sanitarias nacionales;

Contribuciones de la política de la UE para reducir las desigualdades en salud

7. reconoce la contribución que pueden aportar en general las políticas de apoyo de la UE de acuerdo con el objetivo impuesto en el artículo 168 del TFUE, así como en el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en cuanto a que «Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana»;

8. recuerda que el «derecho a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales» está consagrado en el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE;

9. acoge favorablemente los objetivos generales de la estrategia sanitaria de la UE, estrategia que apoya el acceso a la atención sanitaria y la prevención de las enfermedades, y el fomento de una vida saludable;

10. insta a la Comisión a que proporcione al Comité de las Regiones garantías de que la propuesta de directiva sobre aplicación de los derechos de los pacientes a la atención sanitaria transfronteriza tendrá plenamente en cuenta el impacto de las desigualdades en materia de salud en caso de que dicha propuesta se aplique;

11. habida cuenta de la importancia que el artículo 168 del TFUE concede a la mejora de los servicios sanitarios en las zonas transfronterizas, el Comité de las Regiones pide apoyo para las regiones lindantes con los diferentes Estados miembros a fin de que puedan desarrollar acuerdos voluntarios para reducir las desigualdades transfronterizas. El Comité de las Regiones pone de relieve a este respecto las oportunidades que ofrece el instrumento que representa la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) activada ya por varios grupos. No obstante, el Comité de las Regiones considera evidente que deben evaluarse cuidadosamente los acuerdos destinados a ampliar en mayor medida la atención sanitaria transfronteriza con el fin de asegurarse de que el desplazamiento transfronterizo de pacientes no favorezca, en detrimento de otros, a grupos que disfrutan ya de atención sanitaria, exacerbando de ese modo las desigualdades en materia de salud. Es preciso que todas las regiones se comprometan claramente a que los acuerdos transfronterizos ofrezcan un acceso justo a los grupos vulnerables y de pocos recursos que permita una mejora en sus prestaciones sanitarias allí donde los derechos de esos grupos estén en competencia para recursos sanitarios. El acceso transfronterizo a la salud debe ser posible sólo previa autorización, de modo que las personas de rentas modestas tengan igualdad de acceso a los servicios;

12. se congratula de que el papel de la Política Agrícola Común en relación con las cuestiones sanitarias sea valorado, y reconoce la contribución a una correcta nutrición y una vida sana de programas tales como el de distribución de leche en las escuelas, de alimentos para las personas con mayores carencias y de fruta en las escuelas. La distribución de alimentos en establecimientos públicos, como colegios u hospitales, ha de partir de la base de proporcionar productos sanos, nutritivos y procedentes de productores locales, siempre que sea posible. También acoge con satisfacción que se reconozca el impacto que la PAC y otras políticas pueden tener sobre la salud en zonas rurales mediante las intervenciones adecuadas en los factores que determinan la salud desde un punto de vista social. El CDR reconoce que las zonas rurales afrontan desafíos sanitarios específicos: el acceso limitado a la atención sanitaria en las zonas rurales puede dar lugar a desigualdades en materia de salud en algunos Estados miembros; asimismo, el vínculo existente entre economía agrícola y migración puede dar lugar a que existan comunidades con necesidades sanitarias específicas y a desigualdades en materia de salud. En ambos casos, la PAC puede desempeñar un papel en la mejora de las condiciones de vida y es, por tanto, significativa;

13. no está de acuerdo en que sea suficiente decir que la política de medio ambiente de la UE y las políticas de mercado en el marco de la Política Agrícola Común apoyan una serie de iniciativas que pueden contribuir a la mejora de la salud; aunque la PAC posee potencial para contribuir a ello, no está estructurada fundamentalmente para dar prioridad a obtener resultados en materia de salud o resolver desigualdades en materia de salud, y es legítimo considerar el impacto negativo en materia de salud que puede provocar una planteamiento desquilibrado de la producción de productos lácteos y carne en comparación con la fruta y verduras. La reforma de la PAC brindará la oportunidad de examinar de nuevo esos desequilibrios; la importancia de fomentar unos resultados en materia de salud buenos y equitativos debe señalarse en todas las fases del proceso de reforma;

Desigualdades en materia de salud y cuestiones económicas

14. lamenta que la Comisión no aborde plenamente la cuestión del consumo excesivo del alcohol y de otras drogas como factor que deteriora la salud y contribuye a las desigualdades en materia de salud; en lo que respecta al alcohol, el CDR reconoce el especial desafío que plantea esta cuestión a los responsables políticos, los cuales deben sopesar también las consecuencias que el problema tiene en la economía local y territorial y a las que contribuyen aspectos tanto públicos como privados. En este sentido, conviene reconocer que regular el consumo plantea dificultades, pero ello no es razón para pasar por alto sus repercusiones sobre la salud ni para un relajamiento de la vigilancia ante el abuso en el consumo de alcohol y de otras sustancias que pueden alterar el estado psíquico;

15. reconoce que los Estados miembros de toda la UE afrontan una grave crisis financiera y económica, y que ello repercutirá inevitablemente en la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Si bien es cierto que la situación económica puede dar lugar a que se incremente la brecha existente en el plano de la salud, esta situación no debería servir de excusa para no adaptar las políticas a fin de atajar mejor las desigualdades. El fracaso de las instituciones financieras a nivel mundial obliga a los Estados miembros, regiones y municipios a revisar su enfoque a fin de construir comunidades sostenibles. Las políticas excesivamente centradas en la prosperidad económica pueden generar desequilibrios en materia de salud. Aunque las dificultades económicas pueden dar lugar a una menor prosperidad económica, ello no es obstáculo para dar una mayor prioridad a reducir las desigualdades económicas, sociales y en materia de salud. La Comisión tiene ahora, en el contexto del 7PM y de la planificación presupuestaria, la oportunidad de revisar las prioridades y conceder más importancia a las medidas que aborden el tema de la desigualdad;

16. señala que la actual situación de dificultades económicas significa que la dimensión económica de los servicios sanitarios y el impacto económico de una población sana son cada vez más importantes. Los servicios sanitarios poseen importancia como empleadores y generan prosperidad económica a través de sectores asociados, tales como la investigación y la innovación en materia de salud, lo que representa una oportunidad en especial para las economías emergentes. Al mismo tiempo, la desaparición de una parte de la fuerza laboral como consecuencia de fallecimientos prematuros o discapacidades representa una merma de la productividad y un aumento de la presión sobre los sistemas de protección social;

17. respalda el reconocimiento de la importancia de una mejor salud para todos los grupos de población en el contexto del envejecimiento de la población. Los sistemas de protección social están empezando a percibir ya los efectos del cambio demográfico. Aunque la mayor esperanza de vida no puede sino alegrarnos, si los sistemas de protección social han de mantenerse al nivel con el que los europeos cuentan, deberá hacerse más para gestionar la demanda de servicios. Por tanto, es prioritario incrementar la esperanza de vida con buena salud para aquellos cuyas expectativas son peores. Habida cuenta de la magnitud de los cambios socioeconómicos que ocasionará el envejecimiento de la población en la UE, el CDR desea enfatizar la importancia de las labores de investigación y desarrollo orientadas hacia la mejora de los cuidados sanitarios prestados a las personas mayores;

Contribución de la política de cohesión de la UE a la reducción de las desigualdades en materia de salud

18. suscribe la afirmación de que la política de cohesión de la UE es esencial para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de cohesión económica y social y de que puede ser una herramienta poderosa para luchar contra las desigualdades en materia de salud. 2010 representa una oportunidad importante, con el desarrollo y el acuerdo sobre la Estrategia Europa 2020, para considerar la posibilidad de asignar Fondos Estructurales a partir de 2013. El Comité prevé que la estrategia de UE 2020 se centre fuertemente en la lucha contra la exclusión, lo que a su vez se relacionará claramente con las desigualdades en materia de salud;

19. está convencido de que los Fondos Estructurales de la UE pueden ampliar la asistencia sanitaria local como parte de una estrategia de desarrollo regional. Ello debe ser así porque no todos los ciudadanos europeos tienen acceso a las mismas oportunidades, lo que incluye las que se refieren a la salud, lo cual es uno de los objetivos fundamentales de la política de cohesión de la UE y de los Fondos Estructurales;

20. toma nota de los tres ámbitos susceptibles de mejora que señala la Comisión: conocer mejor las oportunidades de utilizar fondos en este ámbito; coordinación entre los diferentes departamentos nacionales y capacidad técnica para desarrollar inversiones en este campo. Sin embargo, no considera que sean precisamente esos tres ámbitos los que deban tener la máxima prioridad en cuanto a mejoras. En concreto, podría tener mayor impacto la coordinación entre las agencias regionales y locales, en los casos en que son las responsables de la prestación directa de servicios. Asimismo, puede suceder que la capacidad técnica exista a nivel nacional pero no en las agencias sanitarias del nivel regional y local y que, por tanto, las intervenciones deban dirigirse al nivel adecuado para obtener los resultados deseados.

Recopilación de datos, seguimiento y análisis

21. apoya la sugerencia de desarrollar mejor el grado de avance hacia la Estrategia Europa 2020 reflejando la importancia de reducir las desigualdades en materia de salud. El indicador de esperanza de vida con buena salud proporciona una medida de los resultados en materia de salud, pero debe complementarse con medidas que reflejen la importancia de reducir la brecha entre las personas más sanas y los menos sanas;

22. acepta la apreciación de que existen variaciones de un Estado miembro a otro a la hora de compilar y analizar datos. El desarrollo, por parte de Eurostat, de indicadores relacionados con la salud resulta útil. Asimismo considera que el apoyo mutuo de los Estados miembros mediante la transferencia de conocimientos técnicos para la mejora de la asistencia sanitaria de la población es un medio eficaz para reducir las desigualdades en salud entre Estados miembros;

23. insta a la Comisión a que reconozca la especial dificultad que plantea hacer un seguimiento de los resultados en materia de salud de los inmigrantes y de las comunidades de inmigrantes. Es probable que las poblaciones en tránsito o los inmigrantes presenten peores resultados en materia de salud y pueden encontrarse con obstáculos específicos para acceder a prestaciones sociales. La Comunicación considera a los inmigrantes un grupo vulnerable. Para lograr un seguimiento eficaz de los datos debe tomarse en consideración a los retos específicos que presenta el seguimiento de los resultados en materia de salud cuando los grupos de población son inmigrantes o se hallan en tránsito;

24. insta a la Comisión a que reconozca las desigualdades en materia de salud basadas en el género y a respaldar la recolección, seguimiento y análisis de información en materia de salud diferenciada en función del sexo así como de estadísticas sobre cuestiones de género. Especial atención merece el derecho de las mujeres y los hombres a la atención sanitaria preventiva, con vistas a salvar eficazmente las desigualdades existentes entre los distintos Estados miembros y dentro de ellos;

El papel de los entes regionales y locales

25. se congratula de que sea reconocido el papel que desempeñan los entes regionales y locales, tanto a la hora de facilitar resultados en materia de salud, como en la prestación de servicios que condicionan los determinantes sociales de la salud;

26. propone que se conceda más importancia al papel que desempeña la acción local para promover modos de vida saludables e impedir las condiciones que conducen a una mala salud. Algunas regiones ya han desarrollado sus propias estrategias para cumplir los objetivos citados en la Comunicación y para definir un marco de la política general de fomento de la salud. El Comité insiste en que los programas educativos de fomento de la alimentación y los hábitos saludables en las escuelas son esenciales. Existen numerosas agencias que pueden contribuir a una acción preventiva más contundente, pero en muchos casos una prevención eficaz exigirá una acción a nivel absolutamente local adaptada a la medida de las necesidades de comunidades específicas. Aunque la naturaleza de los problemas que conducen a una mala salud pueden ser comunes a los distintos Estados miembros, la difusión de mensajes en favor de una vida saludable suele exigir intervenciones a pequeña escala que se basan en un conocimiento de las circunstancias locales. Estas intervenciones pueden ser eficaces en localidades situadas en lugares distantes de diferentes Estados miembros: zonas que se hallan separadas geográficamente pueden afrontar problemas semejantes, tales como un elevado nivel de desempleo por el cierre de la industria pesada. Las intervenciones futuras deberían aspirar a poner en contacto a pequeñas comunidades de un extremo a otro de la UE que afrontan desafíos semejantes que pueden no ser compartidos con regiones vecinas más cercanas. La colaboración a nivel nacional puede resultar ineficaz a la hora de extraer enseñanzas sobre planteamientos que son eficaces en comunidades especialmente pequeñas;

27. apoya enérgicamente la opinión de la Comisión de que la mejora del intercambio de información y la coordinación de políticas entre diversos niveles de gobierno y diversos sectores puede generar una acción más eficaz y lograr un impacto más amplio y consistente. El Comité desea proponer que esa opinión se exprese de manera más contundente: no basta con decir que esa coordinación e intercambio de información pueden generar una acción más eficaz y lograr un mayor impacto, sino que es preciso señalar que constituye un requisito previo importante para la reducción de las desigualdades en materia de salud. El compromiso en la reducción de las desigualdades en materia de salud ofrece una excelente oportunidad a los Estados miembros para valorar el nivel de cooperación dentro de sus fronteras e inspirarse en los Estados miembros que han tenido mayor éxito en la creación de asociaciones entre distintos niveles de gobierno y diversos sectores;

Estructuras de cooperación a nivel de la UE

28. reitera el interés, ya demostrado previamente por el Comité de las Regiones, de dar relevancia a la cuestión de las desigualdades sanitarias en la cooperación regional en materia de salud. El Comité de las Regiones se ha comprometido con el principio de una interacción estructurada liderada por los miembros del Comité. El Comité está también interesado en servirse de esa interacción estructurada para proceder a una colaboración con la DG SANCO y sus trabajos sobre desigualdades en materia de salud;

29. considera que la interacción estructurada del Comité de las Regiones debe verse complementada por su representación en los comités y grupos de trabajo de la UE que se ocupan de temas de salud. Aunque a los Estados miembros se les reconoce la discrecionalidad para designar a los representantes que asisten a estos grupos de trabajo, sería beneficioso revisar los avances que se han realizado a nivel local y regional en relación con la lucha contra las desigualdades en materia de salud;

Grupos vulnerables

30. se congratula de que se reconozcan las necesidades de los grupos vulnerables, así como la especial atención que debe darse a las personas en situación de pobreza, los grupos de inmigrantes desfavorecidos y los pertenecientes a minorías étnicas, las personas con discapacidad, las personas mayores y los niños que viven en la pobreza;

31. pide que se tengan en cuenta las necesidades de otros grupos vulnerables, particularmente en los casos en que se puedan prever desigualdades en materia de salud. Comprender la naturaleza cambiante de la sociedad y de las desigualdades que surgen como consecuencia de ello es vital para abordar la desigualdad evitable. Esto puede incluir las necesidades de los adultos que viven aislados como resultado de una ruptura familiar, de las personas privadas de libertad, de las personas que reciben cuidados en centros o de las personas que viven en zonas rurales con una base económica menguante. También debe tenerse en cuenta la importancia de comprender las influencias sociales y culturales que prevalecen en diferentes grupos comunitarios, a causa de la relevancia que pueden tener en los comportamientos individuales;

32. pone de relieve que la acción para apoyar a grupos vulnerables debe reconocer la ambigüedad del término «migrantes». Por lo que respecta a las desigualdades en materia de salud, cualquier movimiento de población – al margen de que el desplazamiento se haya producido dentro de la UE o proceda de terceros países – puede dar lugar a desventajas sociales, a un acceso deficiente a las prestaciones sociales y, por tanto, a desigualdades en materia de salud. Los grupos de población que se han desplazado dentro de la UE tienen un acceso desigual a servicios tales como la vivienda, y pueden convertirse en grupos de personas sin techo. El hecho de carecer de vivienda puede tener repercusiones graves sobre la salud. Deberían tomarse medidas concretas para evaluar los resultados en materia de salud de las poblaciones que se desplazan dentro de la UE;

Papel de los entes regionales y locales en la financiación y la prestación de servicios

33. considera que cuando las entidades locales y regionales disponen de un flujo de fondos destinado a sanidad debería reconocérseles flexibilidad a la hora de decidir si centrarse en desarrollar competencias, conocimientos y la capacidad de las agencias que prestan los servicios o bien en desarrollar infraestructuras de cuidados sanitarios. Aunque la inversión en infraestructuras sanitarias puede ser prioritaria para algunos Estados miembros y algunas regiones o localidades que carecen de infraestructuras desarrolladas, en otras zonas con desigualdades significativas en materia de salud, las infraestructuras sanitarias sí están bien desarrolladas. En estas zonas podría ser necesario dirigir la inversión a un nivel más local para desarrollar competencias, conocimientos y capacidad en las agencias de servicios sanitarios y en la población local;

34. señala que, aun reconociendo que la aplicación a nivel nacional de la legislación de la UE sobre salud y seguridad en el trabajo contribuye a las desigualdades en materia de salud al proteger la salud de los trabajadores, las entidades regionales y locales pueden también tener un papel que desempeñar a la hora de modelar las mejores prácticas en materia de empleo. Esto afecta a las entidades, no solo por ser importantes empleadoras en sus regiones y localidades, sino también por su capacidad de influir en la práctica del empleo de otras organizaciones y partes interesadas en sus regiones y localidades;

35. recuerda su solicitud en favor de una mayor seguridad jurídica para quienes prestan servicios sociales de interés general en relación con las normas de competencia de la UE y espera que la Comisión recoja esta propuesta en su programa de trabajo de 2010. Señala a este respecto el compromiso del Presidente de la Comisión Europea de elaborar un marco de calidad para los servicios públicos;

Recomendaciones

El Comité de las Regiones recomienda:

36. un mayor reconocimiento en la Estrategia Europa 2020 de que la salud y el bienestar son elementos clave para luchar contra la exclusión;

37. la posible utilización de los Fondos Estructurales para contribuir a abordar las desigualdades en materia de salud;

38. la inclusión de otros indicadores, además de los indicadores de vida saludable, en el seguimiento de la Agenda de Lisboa, especialmente de indicadores que reflejen la brecha en resultados de salud entre los diferentes grupos;

39. el reconocimiento de que la actual crisis financiera continuará exacerbando las desigualdades en materia de salud de aquellos ciudadanos de la UE que han perdido el empleo, la vivienda o se ven en situación pobreza. Insta a que se lleven a cabo mayores inversiones en la financiación de programas tales como el Séptimo Programa Marco o Progress a fin de contribuir a que los entes locales y regionales aborden sus desigualdades en materia de salud tanto a corto plazo, cuando concluyan los actuales programas, como a largo plazo, para resolver la cuestión de la creciente brecha existente en materia de salud;

40. el reconocimiento y la difusión por parte de la UE de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS y de las respuestas de los gobiernos nacionales a dicha comisión de la OMS;

41. el compromiso con el Método Abierto de Coordinación como herramienta para compartir mejores prácticas y comparar resultados a fin de abordar las desigualdades entre los Estados miembros en materia de salud sin socavar los esfuerzos ya realizados en el nivel local y regional.

Bruselas, 14 de abril de 2010.

El Vicepresidente primero del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

27.8.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 232/7

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Abordar los efectos del envejecimiento de la población de la UE (Informe de 2009 sobre el envejecimiento demográfico)»

(2010/C 232/02)

I. INTRODUCCIÓN

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1. acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión «Abordar los efectos del envejecimiento de la población de la UE», en la que se observa que el envejecimiento tendrá importantes repercusiones en materia de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración. La Comunicación de la Comisión subraya que los responsables políticos disponen aún de un «margen de maniobra» de aproximadamente diez años antes de que la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial llegue a la jubilación. La urgencia, los desafíos y las posibilidades son grandes y requieren actuaciones políticas específicas. Las acciones que se emprendan para afrontar el envejecimiento de esta generación tienen que estar muy vinculadas a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, con vistas a corregir la situación actual de mayor pobreza o de peores condiciones socioeconómicas de las mujeres mayores, además de una peor calidad de vida debido a una mayor morbilidad y mayor dependencia muy relacionada con los condicionantes de género;

2. expresa su agradecimiento a los entes regionales y locales, organizaciones no gubernamentales y otros socios del Comité por su activa contribución a la elaboración del presente dictamen. En especial, con ocasión de la reunión ECOS del 4 de septiembre de 2009, la mesa redonda del 18 de noviembre de 2009 y el grupo de trabajo del 14 de diciembre de 2009;

3. subraya que el envejecimiento no es un asunto aislado, sino que forma parte de una amplia transición demográfica. Esta transición es causa de importantes divergencias en lo que a volumen y composición de la población se refiere al nivel local y regional. Muchos factores distintos influyen en la evolución concreta e impacto de dicha transición demográfica (tasa de natalidad, tasa de mortalidad, disposición a cambiar de domicilio e inmigración). El envejecimiento es un proceso autónomo. Percibir y reconocer este proceso autónomo es condición para abordar con éxito los efectos del envejecimiento de la población;

4. observa que, por cada persona de más de 65 años, se pasará de cuatro personas en edad de trabajar a una proporción de sólo dos a uno. Es éste un pronóstico a largo plazo. Las previsiones a largo plazo son útiles, pero el envejecimiento de la población no es un asunto para mañana o pasado mañana. Es un asunto para hoy. Son ya más de sesenta las regiones que tienen una tasa de dependencia de las personas de edad avanzada (old-age dependency) superior al 29 % y más de setenta las que han de afrontar una pérdida demográfica (algunas de ellas con una disminución superior al 1 % anual);

5. señala que, en el caso de las mujeres de edad avanzada, las personas con discapacidad y los inmigrantes, el objetivo de envejecer en buen estado de salud puede plantear ciertos retos específicos a los que hay que dar respuesta;

6. considera que el envejecimiento es una cuestión que debe tratarse en el marco de la Estrategia «EUROPA 2020», y opina que se deben aprovechar las oportunidades que ofrece el envejecimiento para reforzar la cohesión social, económica y territorial. La Estrategia «EUROPA 2020» consiste precisamente en que cada ciudadano y cada región contribuyan a la fuerza de la Unión en función de sus cualidades y características específicas. Los ciudadanos europeos que envejecen en buen estado de actividad y salud forman un potencial muy desaprovechado. Esto requiere no sólo una política destinada a los mayores, sino a todos los ciudadanos europeos en todas las etapas de la vida;

7. ha observado en ocasiones anteriores que las consecuencias del envejecimiento de la población se manifiestan en primer lugar al nivel de los entes territoriales. Los entes regionales y locales desempeñan importantes cometidos en los ámbitos de la sanidad, bienestar, cuidados remunerados y gratuitos, el mercado laboral y la oferta de servicios y equipamientos en materia de vivienda, transporte (público) y educación. Los entes regionales y locales tienen la responsabilidad de abordar en su región de modo creativo e innovador las consecuencias del envejecimiento en el marco de la Estrategia «EUROPA 2020». Es necesario para ello la solidaridad entre jóvenes y mayores, entre zonas en crecimiento y zonas con disminución de la población, entre zonas rurales y urbanas y entre regiones y Estados miembros;

II. RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES:

8. se pronuncia a favor de un «new deal» con tres prioridades de fondo para abordar los efectos del envejecimiento de la población en la UE, que pueden hacerse operativas de modo concreto en experiencias piloto interregionales o transregionales. Tales prioridades se adaptan a los objetivos de la Comisión. Se subraya la responsabilidad principal de los entes regionales y locales en materia de asistencia sanitaria, mercado laboral y oferta de equipamientos:

—	envejecer en buen estado de salud: con el objetivo de fomentar una población europea en buen estado de actividad y salud el mayor tiempo posible;

—	tasa de población activa y productividad laboral: con el objetivo de fomentar una sociedad europea en la que cada cual esté en condiciones de aprender, participar y contribuir a lo largo de toda la vida al desarrollo de la sociedad, incluida la posibilidad de un trabajo remunerado o no remunerado;

—	accesibilidad de servicios y equipamientos: con objeto de reevaluar la oferta de equipamientos para la población en envejecimiento;

9. señala que existe una relación directa entre las tres prioridades y, por tanto, aboga en favor de un enfoque horizontal. Las personas que envejecen en buen estado de salud pueden recurrir más fácilmente a servicios y equipamientos y tienen más posibilidades en el mercado laboral. Para aumentar la productividad laboral es esencial disponer de una población activa sana y una buena oferta de servicios y equipamientos. Además, a partir de los servicios y equipamientos se puede contribuir a un envejecimiento en buen estado de salud y se puede aumentar la tasa de población activa y productividad laboral. Aboga también por un enfoque de género que promocione un envejecimiento saludable y en igualdad de condiciones de mujeres y hombres;

10. distingue en estas tres prioridades una agenda explícitamente social. En el trato con los mayores la sociedad europea muestra su solidaridad. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la lucha contra todas las formas de discriminación (especialmente, discriminación por razones de edad), la eliminación de obstáculos a la participación social de los mayores y la oferta de una red específicamente social. Los usuarios de esta red, además, deberán poder contar con un trato digno. Tal agenda social es una responsabilidad común de las autoridades y sus interlocutores (sociales);

11. se suma a la iniciativa de declarar el «Año del envejecimiento en buen estado de actividad y salud y de la solidaridad intergeneracional», en el que deberán participar plenamente los niños, durante el próximo mandato de la Comisión y considera que las prioridades y las experiencias piloto propuestas constituyen una importante aportación a dicho año;

12. observa que se puede recurrir como fuente de inspiración a agentes locales que se esfuerzan en hacer participar activamente en la sociedad a los ciudadanos (incluidos, en el marco del presente dictamen, los de más edad). Abordar los efectos del envejecimiento de la población requiere la colaboración de toda la sociedad civil. Se trata al respecto de lograr la participación activa de ciudadanos, organizaciones sociales, centros de investigación y organizaciones privadas. La iniciativa social de estas distintas partes interesadas puede hacer la diferencia y es indispensable para proyectar y aplicar las experiencias piloto propuestas;

ENVEJECER EN BUEN ESTADO DE SALUD

«Sanos y activos el mayor tiempo posible»

13. entiende por «envejecer en buen estado de salud» todas las acciones que contribuyen a luchar contra el proceso de envejecimiento físico, psíquico y social. «Envejecer en buen estado de salud» requiere un planteamiento global durante toda la vida (empezando ya en la infancia). Conviene prestar atención a las causas de los problemas de salud que se presentan a lo largo de la vida de las personas. Es necesario explorar igualmente las posibilidades de una prevención eficaz, así como los factores del entorno que influyen en la salud;

14. subraya expresamente que el envejecimiento de la población europea es una evolución (autónoma) positiva y un indicio de bienestar. Envejecer en buen estado de salud tiene que ver con la pregunta de cómo la población podrá conservar el mayor tiempo posible su salud y bienestar y seguir participando activamente en la sociedad, destacando expresamente a tal fin su contribución económica y social. Lo importante en este contexto no es la edad (biológica), sino la situación de vida;

15. señala que envejecer en buen estado de salud brinda la oportunidad de frenar el aumento de los costes ocasionado por el envejecimiento de la población. Cuanto mayor sea el número de las personas que puedan envejecer en buen estado de salud tanto mayor será su contribución social y económica a la sociedad. Para fomentar el envejecimiento en buen estado de salud se necesitan nuevos enfoques sociopolíticos, innovaciones, investigación (terapéutica y otras, como, por ejemplo, ayudas técnicas) y amplia orientación sobre oferta de productos. También se necesita promover profesionales competentes de los ámbitos sociales y sanitarios fundamentalmente, reforzando los programas docentes de las diferentes carreras universitarias o no universitarias sobre el tema del envejecimiento, con el fin de contar con profesionales formados y capacitados en la manera de abordar el envejecimiento en sus diferentes vertientes, sobre todo promoviendo perfiles profesionales que tienen que ver con los cuidados, la dependencia y la promoción de la salud. «Envejecer en buen estado de salud» contribuirá así expresamente a la Estrategia «EUROPA 2020»;

16. opina que, para reducir los costes derivados del envejecimiento de la población, las autoridades competentes deberían poner en práctica políticas que permitan a las personas mayores seguir viviendo en casa el mayor tiempo posible, y las animen en este sentido;

OBJETIVOS

17. expresa su deseo de que las regiones de Europa busquen activamente puntos de contacto dentro de la propia actuación política en lo que se refiere al envejecimiento en buen estado de salud. Se puede buscar en común las mejores maneras de fomentar la innovación e investigación en el ámbito de «envejecer en buen estado de salud» y hacer el seguimiento de los progresos. Se necesita una política de innovación específica para llevar a buen puerto este planteamiento. Las autoridades responsables deberán adoptar junto con sus interlocutores (científicos) la iniciativa de fomentar el tema del envejecimiento en buen estado de salud;

18. aboga en favor de una cooperación dentro de las regiones y entre ellas y define los siguientes cometidos principales en el tema de «envejecer en buen estado de salud». Se pone el acento en la salud. Las demás prioridades enfatizan respectivamente el incremento de la población activa y la oferta de servicios y equipamientos:

—	Sentar una base sana a temprana edad. Envejecer en buen estado de salud requiere un buen punto de partida. Intervenir a temprana edad brinda mejores perspectivas al planteamiento de posibles riesgos en materia de salud, como sobrepeso, hábitos de alimentación y estilo de vida.

—

Asistencia adecuada y rápida reintegración. Si durante la vida se presentan problemas de salud, conviene tratarlos rápida y apropiadamente, es decir, con los menores costes posibles. Las personas podrán así reintegrar y seguir participando óptimamente en la vida social. Esto contribuirá de modo importante a, por ejemplo, aumentar la tasa de población activa y favorecer el apoyo social.

—

Asistencia (prolongada) a los mayores. La asistencia a los mayores requiere un enfoque especial. En primer lugar, porque, en mayor o menor medida, los mayores son vulnerables, lo cual puede tener un importante impacto en el éxito del tratamiento. En segundo lugar, porque los achaques de salud de las personas mayores son en medida creciente una combinación de dolencias. Para una oferta asistencial (prolongada) a los mayores es necesario que el personal de asistencia pueda recibir una formación suficiente, moderna y eficaz en terapéutica y otros aspectos de salud (como la rehabilitación);

TASAS DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

«Aprender, trabajar y participar en la sociedad a lo largo de toda la vida»

19. subraya que las personas mayores deben tener derecho a unos ingresos de vejez por encima del umbral de pobreza, que les garanticen una vida digna. Muchas personas mayores, en particular mujeres, viven en la pobreza o están expuestas a este riesgo;

20. observa que la participación (social) contribuye de manera importante a la sensación de bienestar y satisfacción de los mayores. En este contexto, la participación en el mercado del empleo es la condición más importante. El incremento de la población activa y de la productividad es, además, una condición importante para mantener saneada la economía, e igualmente la hacienda pública y el sistema de seguridad social en el contexto del envejecimiento de la población. La participación en la vida activa es un derecho, pero también (mirando a su propio futuro) un deber para todo ciudadano. Esto requiere la necesaria flexibilidad de empresarios y trabajadores. Esto significa también expresamente la obligación para los interlocutores sociales y poderes públicos de posibilitar sin restricciones la participación en el mercado del empleo. En este contexto, el Comité de las Regiones recomienda una amplia directiva de lucha contra la discriminación en materia de accesibilidad de diversos bienes y servicios (uno de cuyos componentes principales debería ser la lucha contra la discriminación por razones de edad). En materia de tasa de población activa siguen registrándose actualmente importantes diferencias entre regiones y grupos objetivo. En una sociedad moderna (en envejecimiento) se deben reconocer y aprovechar óptimamente las competencias de los mayores. La preocupación por puestos de trabajo de buena calidad – adaptados específicamente – puede tener por efecto que las personas tengan una vida laboral más larga. Esto es algo que trasciende las meras condiciones laborales. Afecta también a variaciones en el trabajo, etc. Es inaceptable que, por razones de edad, e igualmente de sexo, antecedentes (étnicos) o discapacidad, se limite la participación en la vida activa y se excluya del mercado laboral;

21. subraya que la formación desempeña un importante papel en el incremento de la población activa y de la productividad laboral. Es hora de un cambio de paradigma cultural en dirección a un aprendizaje y trabajo orientados al mantenimiento de la capacidad de inserción profesional a lo largo de la vida y – por consiguiente – participación (social) basados en las cualificaciones a lo largo de toda la vida. Esto significa que es necesario garantizar el acceso a servicios y equipamientos para cursos, períodos de prácticas y formaciones. Es una responsabilidad compartida que, para su puesta en práctica, tienen ciudadanos, entes públicos, empresarios, trabajadores y centros de investigación;

22. considera que desde el aprendizaje y el trabajo basados en las cualificaciones a lo largo de toda la vida se puede pasar a un período de jubilación que adquiera en última instancia el carácter de una «etapa laboral adaptada y, por tanto, basada en las cualificaciones». La «economía plateada» brinda muchas posibilidades para el refuerzo de la economía. El voluntariado y la asistencia, en particular, son también maneras valiosas de realizar tal etapa laboral adaptada. Lo principal es que los ciudadanos permanezcan activos durante toda la vida;

23. considera que la inmigración laboral (selectiva) puede contribuir también a luchar contra la escasez de mano de obra en el mercado del trabajo. Así, por ejemplo, la Comisión señala que una política de inmigración legal bien organizada tiene un papel que desempeñar en la eliminación de la escasez de mano de obra. En este contexto cabe prestar atención al reconocimiento de títulos y simplificación de procedimientos (teniendo en cuenta el riesgo de los posibles efectos negativos de la fuga de cerebros en el país de origen);

OBJETIVOS

24. recomienda que se mejoren las posibilidades de empleo de toda la población activa. Las competencias y cualificaciones de cada cual – y, por tanto, explícitamente también de las personas mayores – deben aprovecharse óptimamente. La salud y condiciones de trabajo sanas son factores cruciales para las posibilidades de empleo de las personas. Aprovechar mejor las cualificaciones actuales es en primer término responsabilidad de los interlocutores sociales. Se puede hacer un llamamiento a los ciudadanos para que se formen a lo largo de toda la vida como requisito para que puedan posicionarse y adaptarse adecuadamente a las exigencias y desafíos siempre cambiantes de la economía y la sociedad. Los poderes públicos intervienen con la misión de facilitar y estimular. Conviene sacar el máximo provecho de la creatividad y espíritu de empresa de ciudadanos y sector privado; los centros de educación y formación permanente deben adecuar sus programas a las necesidades de las personas mayores, para permitirles desarrollar los conocimientos y competencias necesarios a este efecto. Es esencial que se anime y ayude a los ciudadanos de edad avanzada a acreditar y validar sus competencias;

25. aboga en favor del aumento de la tasa de población activa y la productividad laboral desde la perspectiva de unas políticas específicas determinadas y adaptadas a la región y al grupo destinatario. Las condiciones marco que se proponen son:

—	invertir en educación, formación y en la adquisición de competencias, para fomentar la movilidad hacia arriba de los jóvenes en el mercado laboral;

—	promover reglamentaciones que permitan conciliar mejor vida laboral y privada, para lo cual cabe tener en cuenta, por ejemplo, los servicios de asistencia a la infancia, el permiso parental y para cuidados y las innovaciones tecnológicas (teletrabajo);

—

fomentar el buen estado de salud en el lugar de trabajo. Aunque el promedio de la esperanza de vida dentro de la UE sigue aumentando, las personas no conservan un buen estado de salud durante más tiempo. El mercado del empleo debe organizarse de tal modo que las personas puedan participar en él pese a sus eventuales limitaciones y achaques de salud. En tal contexto se necesitarán condiciones de trabajo (más) sanas y más adecuadas;

—	acreditar y validar las competencias y la experiencia de los ciudadanos de edad avanzada;

—

explorar las posibilidades que permitan un mayor acceso al mercado laboral a trabajadores (cualificados) extracomunitarios para funciones en que la escasez predomine (como, actualmente, en partes del sector sanitario y determinados sectores con grandes necesidades de investigación y, con miras al futuro, posiblemente también en otros sectores);

26. subraya que, con frecuencia, el riesgo de perder una parte o la totalidad de los derechos de pensión si se dispone de ingresos adicionales una vez alcanzada la edad de la jubilación explica que los trabajadores en edad avanzada no sigan activos. Es necesario examinar las posibilidades de adoptar normas más flexibles en este sentido en los niveles adecuados;

27. subraya la importancia de sensibilizar a las empresas, y en particular a los responsables de recursos humanos y las oficinas de contratación, para que contraten a personal de edad avanzada, en particular mujeres. Convendría también respaldar a las empresas que, en particular, se esfuerzan en velar por la movilidad interna de los trabajadores de edad avanzada y establecer regímenes de horario flexible, o que tienen en cuenta, en sus estrategias de formación y desarrollo profesional, las necesidades específicas de los trabajadores de edad avanzada. La Comisión Europea debería recopilar y difundir las buenas prácticas de este tipo. Asimismo, resulta fundamental sensibilizar e informar también a los empleados de edad avanzada en este sentido;

GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

«Reevaluar la oferta de equipamientos»

28. entiende por oferta de servicios y equipamientos la amplia infraestructura social, económica y territorial (física) que contribuye a la calidad de la vida local y regional. Conviene al respecto distinguir entre servicios y equipamientos regionales y locales (como transporte público, cuidados, educación, actividades sociales, asistencia sanitaria) y mecanismos sociales nacionales (como jubilación). La oferta de servicios y equipamientos requiere un enfoque global y coherente que permita aprovechar las posibilidades sociales, económicas y territoriales;

29. observa que la actual oferta de servicios y equipamientos no está adaptada a la demanda resultante del envejecimiento. La política debe fijarse el objetivo de que las personas puedan hacer un uso óptimo de servicios y equipamientos, para que puedan seguir participando activamente en la sociedad. Esto significa, en el contexto de una demanda en aumento y fondos públicos insuficientes, que es necesario reevaluar la oferta de servicios y equipamientos. Se debe aprovechar al máximo el potencial de la innovación o utilizarlo de otra manera. El envejecimiento, además, constituye un desafío suplementario para la búsqueda de trabajadores en número suficiente y con buenas cualificaciones, que forman la base necesaria para el acceso a los servicios y equipamientos. El aumento de la productividad laboral y de la tasa de población activa aportará una contribución en este contexto (pero además se necesitarán otros enfoques);

30. subraya que los servicios y equipamientos no siempre pueden ofertarse ya al modo tradicional en zonas con fuertes cambios demográficos. Se propicia, por ejemplo, con miras a la denominada e-inclusión, otro modo de garantizar una sólida accesibilidad. Cabe remitirse al respecto a servicios en línea, por ejemplo, en los ámbitos de sanidad, formación, cuidados y asistencia. La distinción tradicional y a menudo relacionada con la edad entre equipamientos físicos y servicios electrónicos es cada vez más difícil y requiere con miras al futuro un planteamiento renovado adaptado a cada zona. A partir de tal planteamiento renovado será necesario implantar una red coordinada al nivel regional de servicios y equipamientos físicos, e igualmente accesibles (electrónicamente): por ejemplo, un pequeño paso inicial podrían ser las cadenas telefónicas;

31. subraya, por otra parte, que un buen sistema de transportes públicos y adaptados contribuirá en gran medida a la accesibilidad de servicios y equipamientos, especialmente si los servicios están situados en lugares céntricos y, por tanto, un buen sistema de transportes (públicos) puede facilitar su accesibilidad. Esto se aplica tanto a equipamientos (asistenciales) para mayores como, por ejemplo, a escuelas y centros de estudios para jóvenes y adultos. Es importante a tal fin la adaptación regional del sistema de transportes (públicos);

32. se remite a la iniciativa de la OMS destinada a promover ciudades saludables, en las que los equipamientos y servicios se adapten mejor, en conexión con la infraestructura física, a la población en envejecimiento. La participación activa (de los mayores) desempeña un importante papel en la preparación política con miras a las «ciudades saludables». Este enfoque guarda estrecha relación con la accesibilidad de servicios y equipamientos propuesta por el Comité;

OBJETIVOS

33. expresa su deseo de que el mayor número de personas posible pueda hacer uso de servicios y equipamientos durante el mayor tiempo posible, para que pueda seguir participando activamente en la sociedad. En los próximos años se deberá reevaluar desde el punto de vista de la demanda cambiante la oferta de servicios y equipamientos regionales y locales. Cabe tener presente al respecto que la demanda no sólo debe basarse en la edad, sino precisamente en el estilo de vida. En efecto: a diferencia de un estilo de vida malsano, cuando el estilo de vida es sano, la demanda de equipamientos de las personas suele ser en menor número y de otra clase;

34. aboga en favor del desarrollo e intercambio de conocimientos sobre la oferta de servicios y equipamientos (tanto dentro de las regiones como entre ellas). Los objetivos principales son:

—

Reforzar la cooperación. La oferta de servicios y equipamientos requiere una buena cooperación. La cooperación regional y local entre entes públicos, centros de investigación, organizaciones sociales (en especial, las ONG) y mundo empresarial es la fuerza motriz que refuerza la base social (cualitativa y cuantitativamente).

—

Estimular espíritu de empresa creativo, innovación y e-inclusión, incorporando el fenómeno del envejecimiento de la población europea como una gran oportunidad para incrementar la competitividad de los agentes económicos. El sector público y privado, regional y local, afronta el desafío de recurrir a nuevos proyectos y tecnologías para organizar y financiar óptimamente la oferta de servicios y equipamientos. Cabe pensar en las infraestructuras de banda ancha y los servicios de inclusión en línea (domótica, teleasistencia, comercio electrónico y educación a distancia), pero también en el desarrollo de nuevos sistemas de transporte regional o el perfeccionamiento de los actuales sistemas de transporte público.

—	Modificar la oferta. La oferta de servicios y equipamientos, tanto de servicios en línea como de servicios asistenciales informales, se adapta a la demanda cambiante de los ciudadanos.

—	Fomentar el uso de las TIC para conseguir una mayor inclusión social y territorial de las personas mayores;

CONCLUSIONES

35. aboga en favor de un enfoque específico por zonas para abordar las consecuencias del envejecimiento de la población para los temas: 1) envejecer en buen estado de salud; 2) aumentar la tasa de población activa y la productividad laboral y 3) garantizar el acceso a servicios y equipamientos. El Comité de las Regiones se pronuncia al respecto por un planteamiento global del envejecimiento de la población como parte de una amplia transición demográfica. En tal planteamiento cabe incluir un enfoque a lo largo de toda la vida, aprovechamiento óptimo de oportunidades y diferenciación regional. Así se dará paso a un new deal, con vistas a «abordar las consecuencias del envejecimiento de la población en la UE», que tome en consideración la responsabilidad de los entes regionales y locales en cuanto a su competencia para brindar soluciones creativas e innovadoras en su región;

36. pide, por tanto, a la Comisión que preste especial atención a los aspectos siguientes:

—	Estimular una mayor concienciación, intercambio de conocimientos, innovaciones tecnológicas y el desarrollo de mejores prácticas y estrategias de acción por parte de todas las partes interesadas de la Unión (ONG, centros de investigación, sector público y privado).

—

Efectuar el seguimiento y la previsión al nivel regional del envejecimiento demográfico como contribución indispensable para la preparación y aplicación de las políticas. Existen importantes disparidades regionales que no resultan visibles en los seguimientos que se efectúan al nivel nacional, pero que son indispensables para anticipar el impacto del envejecimiento de la población.

—

Incluir el tema del envejecimiento de la población como parte de una amplia transición demográfica en los distintos programas europeos, como instrumento para apoyar enfoques regionales, específicos por zonas, globales e innovadores. En este contexto, las regiones abogan en favor de una colaboración estrecha y directa con la Comisión;

37. propone que, en colaboración con la Comisión, en las experiencias piloto transregionales o interregionales se adopte un punto de partida basado en las tres prioridades. Las experiencias piloto tienen por principal objeto el intercambio de conocimientos y mejores prácticas. Esto va explícitamente más allá que la toma de conciencia. En las experiencias piloto se deben aplicar e intercambiar planteamientos concretos. Teniendo en cuenta el carácter global del tema del envejecimiento de la población, el Comité estima necesario que la difusión del conocimiento se realice no sólo dentro de las prioridades, sino también, explícitamente, entre ellas. El desarrollo de conocimientos se facilita dentro de las experiencias piloto. Para la aplicación de los programas concretos, los socios de las experiencias piloto pueden recurrir por sí mismos a las distintas fuentes de financiación de la UE. En el folleto «How to promote ageing well in Europe: instruments and tools available to local and regional actors» (Fomentar un buen envejecimiento en Europa: instrumentos al alcance de los agentes locales y regionales), el Comité describe, junto con AGE, las fuentes de financiación existentes (CDR, 2009). Es un instrumento valioso para la puesta en marcha de experiencias piloto. Los miembros del Comité elaborarán propuestas a tal efecto;

38. define el marco siguiente para las experiencias piloto: las experiencias piloto deben destinarse a generar conocimientos prácticos y conocimientos científicos (tanto aplicados como fundamentales) que contribuyan a «abordar los efectos del envejecimiento de la población de la UE». La investigación fundamental debe contribuir a reducir a largo plazo las futuras necesidades en materia de asistencia. En este marco, los estudios de cohorte y los biobancos son una importante fuente de información. Para saber cómo la persona puede envejecer en buen estado de salud y, así, diferir la demanda de asistencia debemos conocer los procesos (celulares) causantes del envejecimiento. En la formación concreta de colaboraciones interregionales o transregionales de centros de investigación, entes territoriales (descentralizados) y partes interesadas privadas se deben desarrollar y someter a prueba en la práctica enfoques innovadores adaptados a cada zona. En este contexto pueden desempeñar también un papel importante los interlocutores sociales, centros de bienestar y asistencia sanitaria y otras organizaciones no gubernamentales. Las colaboraciones regionales pueden articularse en torno a competencias específicas de conocimientos o agrupaciones de intereses disponibles en una determinada región, o bien en torno a cuestiones de fondo en materia de envejecimiento de la población que afectan a regiones específicas. Una de las posibilidades al respecto es acudir a los programas actuales de Interreg. Para completar los objetivos mencionados por prioridad, se subrayan los aspectos siguientes:

—

envejecer en buen estado de salud: reforzar la red asistencial (asistencia en la que cooperan distintos socios asistenciales que ejercen su actividad durante la vida y la demanda asistencial correspondiente de un ciudadano) valorizando para ello los resultados de la investigación en forma de productos, tecnologías y servicios nuevos y aprovechando las experiencias prácticas para los programas de investigación.

—	tasa de población activa y productividad laboral: con el objetivo de fomentar una sociedad europea en la que cada cual esté en condiciones de aprender, participar y a lo largo de toda la vida contribuir al desarrollo de la sociedad, incluida la posibilidad de un trabajo remunerado o no remunerado.

—	accesibilidad de servicios y equipamientos: el desarrollo de enfoques específicos por zonas para la reevaluación de la oferta de equipamientos;

39. pide al Parlamento Europeo que suscriba el llamamiento del Comité de las Regiones con miras a abordar el tema urgente y actual del envejecimiento de la población (como parte de una amplia transición demográfica) al nivel regional mediante experiencias piloto interregionales o transregionales y contribuir a su puesta en práctica.

Bruselas, 14 de abril de 2010.

El Vicepresidente Primero del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

27.8.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 232/14

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el futuro de la política de cohesión

(2010/C 232/03)

I. RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Introducción

1. acoge positivamente que la Comisión Europea haya abierto en una fase temprana el debate sobre la futura configuración de la política europea de cohesión tras 2013, por medio del Cuarto Informe sobre la Cohesión de mayo de 2007, el Libro Verde sobre la cohesión territorial de septiembre de 2008, el Informe Barca de abril de 2009 y su Informe intermedio sobre la cohesión económica y social;

2. asimismo, acoge con satisfacción que la Comisión Europea le haya solicitado la elaboración de un dictamen prospectivo sobre cómo la política de cohesión puede seguir constituyendo un instrumento eficaz para un desarrollo armonioso y estable de la Unión Europea y cómo puede responder a los retos futuros que plantea la puesta en práctica de la política europea;

3. subraya que, tras aprobarse el Tratado de Lisboa, el desarrollo de una política que permita reforzar la cohesión económica, social y territorial debe seguir siendo un objetivo prioritario de la UE, a fin de fomentar un desarrollo armonioso de la Unión en su conjunto. En este contexto, un objetivo específico es reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. En el grupo de estas regiones, deberán recibir especial atención las regiones rurales, las afectadas por las transformaciones industriales y las regiones con desventajas geográficas o demográficas significativas y permanentes, como son las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña. También es preciso reconocer los problemas de las zonas urbanas, como las ciudades que han sufrido carencias durante mucho tiempo;

4. considera por consiguiente que la evolución de la política de cohesión deberá posibilitar que en el futuro ésta pueda seguir contribuyendo de manera duradera a superar los retrasos en el desarrollo, consolidar el crecimiento sostenible y el empleo en las regiones de Europa, reforzar la inclusión social y la competitividad en todos los Estados miembros y regiones, preservar la subsidiariedad y la viabilidad financiera y mejorar la efectividad de la política comunitaria;

5. considera que el debate sobre el futuro de la política de cohesión debe preceder al de la revisión del sistema de financiación europeo en la medida de que es preciso fijar los objetivos políticos antes de determinar qué recursos se han de asignar; las cuestiones relativas al marco financiero de la futura política de cohesión no se abordan en el presente dictamen. Estas cuestiones deberán resolverse con ocasión de la futura revisión del sistema de financiación y las negociaciones relativas a las próximas perspectivas financieras. No obstante, el Comité de las Regiones se pronuncia ya a favor de que en el futuro se siga asignando una parte sustancial del presupuesto de la UE a la financiación de medidas de política estructural a cargo de los entes locales y regionale.

Retos futuros de la política de cohesión tras 2013

6. comparte la opinión de la Comisión Europea de que se perfilan nuevos retos en relación con la cohesión económica, social y territorial, que será necesario resolver teniendo en cuenta las características concretas del desarrollo territorial, los recursos disponibles y la estrategia de desarrollo. Adaptarse a los problemas y las oportunidades cambiantes es un rasgo característico de la política regional y estructural. Por esta razón, el Comité de las Regiones está convencido de que el nivel regional, en asociación con los agentes del nivel local, puede hacer una contribución particularmente valiosa a la hora de abordar problemas como el cambio climático, la política de abastecimiento energético, el desarrollo demográfico o la mundialización, en estrecha coordinación con los esfuerzos de los niveles superiores de gobierno. Es importante que se apliquen los principios de la gobernanza multinivel y que los diversos niveles administrativos colaboren entre ellos;

7. señala que estos retos, si incrementan los desequilibrios económicos y sociales en las regiones de Europa, tendrán repercusiones para la política de cohesión. Por ello, debe evaluarse en qué medida es necesario también prestarles más atención en la configuración de la política de cohesión. Por tanto, también debería examinarse si no convendría proceder a ciertas adaptaciones legislativas o recurrir a procesos políticos de carácter general para abordar estos retos;

8. subraya que la política europea de cohesión puede ser también útil para dar respuesta a estos nuevos retos, pues refuerza la competitividad y el atractivo de las regiones. Por ejemplo, ya está contribuyendo a la protección del clima y la gestión de las numerosas consecuencias del cambio climático, así como a asegurar el abastecimiento energético, gracias al fomento de las innovaciones ecológicas y a medidas para reforzar la eficiencia energética y desarrollar las energías renovables. En el pasado, gracias a esta flexibilidad, la política estructural europea ha sabido responder a nuevos retos, y está en condiciones de seguir haciéndolo;

9. no considera necesario, a la vista de estos nuevos desafíos, crear instrumentos de política estructural esencialmente nuevos ni formular nuevos objetivos suplementarios. En este contexto, siguen vigentes los objetivos globales de política estructural de reforzar la competitividad y el empleo en todas las regiones de Europa y acelerar la cohesión de las regiones más atrasadas. Los Fondos Estructurales europeos deben seguir utilizándose con este fin en todas las regiones de la Unión también después de 2013, para poder garantizar la cohesión económica y social y limitar los desequilibrios territoriales entre regiones y en el seno de las regiones;

10. respalda, por consiguiente, los objetivos de la Agenda Territorial de la UE y los principales resultados del debate acerca del Libro Verde sobre la Cohesión Territorial, que consideran las estrategias integradas de desarrollo regional orientadas hacia el potencial como instrumentos prometedores para reforzar la convergencia en Europa. Para hacer frente a los retos que tiene ante sí, Europa no puede permitirse renunciar a una orientación conjunta de las políticas en los diferentes niveles y sectores. Solo una coordinación concertada entre las políticas europeas, nacionales y regionales podrá dar una respuesta eficaz a estos nuevos retos;

11. se pronuncia a favor de una evaluación detallada acerca de cómo podrían utilizarse los instrumentos de los Fondos Estructurales de la UE, junto con otros, principalmente para aprovechar las oportunidades que brindan estos nuevos retos para acelerar la cohesión en Europa, mejorar su competitividad en el mundo y evolucionar hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Dicho análisis ha de ir en paralelo con el de las interacciones entre política de cohesión y Estrategia de Lisboa para el período 2007-2013 y aclarar si el encauzamiento de los Fondos Estructurales en función de los objetivos de esta Estrategia ha tenido un impacto en la cohesión. Tal análisis podría permitir reorientar las directrices estratégicas para la política de cohesión si fuese necesario;

12. señala que, en el actual período de financiación 2007-2013, los Fondos Estructurales de la UE ya han contribuido de forma esencial a la consecución de la Estrategia de Lisboa al implicar en mayor medida a las regiones en su aplicación, y pide por tanto que se aproveche el potencial de la política estructural europea en la aplicación de la Estrategia de Lisboa renovada y que la política de cohesión se oriente al cumplimiento de sus objetivos conservando al mismo tiempo su objetivo inicial, que consiste en reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de los territorios menos desarrollados y del resto de la UE. La eficacia y los efectos de la política de cohesión dependen esencialmente de las correspondientes condiciones macroeconómicas. El apoyo, en las regiones, de un marco favorable en materia de política económica, así como de competitividad y empleo, es primordial para conseguir un crecimiento económico regional que se mantenga por sí mismo. En este contexto, la política de cohesión debe considerarse como la política complementaria más importante para reforzar la competitividad de las regiones atrasadas;

13. destaca por otra parte que la eficacia y el impacto de la política de cohesión dependen intrínsecamente de las condiciones macroeconómicas. La presencia de un entorno económico favorable que pueda apoyar la competitividad y el empleo en las regiones reviste una importancia crucial para lograr en las regiones un crecimiento económico que se autoalimente. Desde este punto de vista, conviene ver en la política de cohesión la posibilidad de un fortalecimiento más importante de la competitividad en las regiones menos desarrolladas;

14. aprueba por tanto la afirmación formulada por la Comisión Europea en su Comunicación sobre la Estrategia Europa 2020, en el sentido de que la cohesión económica, social y territorial seguirá constituyendo el núcleo de la Estrategia Europa 2020. La política de cohesión y los Fondos Estructurales no sólo son por sí mismos importantes instrumentos de la política de la Unión, sino que también resultan catalizadores decisivos para un crecimiento innovador, sostenible e integrador en los Estados miembros y las regiones. Para el éxito de esta Estrategia es indispensable vincular estrechamente, tal como en ella se recomienda, los objetivos económicos, sociales y medioambientales. No obstante, las iniciativas emblemáticas propuestas no deben dar lugar a una restricción de la política europea de cohesión. Los Fondos Estructurales deben seguir manteniendo la capacidad de aportar una solución integrada a los problemas que se plantean a nivel regional y no deben quedar reducidos a la realización de objetivos sectoriales;

15. subraya que la política de cohesión europea contribuye de manera importante tanto al fomento de la cohesión social como a la disminución de los desequilibrios sociales en la Unión Europea. No obstante, el Comité de las Regiones señala que, teniendo en cuenta las repercusiones sociales de las crisis financiera y económica, la política de cohesión social debe configurarse en unidad con la cohesión económica y territorial, y no debe descuidarse en el futuro. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la política de cohesión debería ser una política a largo plazo, que debe ser capaz de reaccionar ante cambios a corto plazo provocados por el deterioro de la situación económica;

16. está convencido de que, como consecuencia de los efectos de la crisis económica y financiera para el mercado de trabajo, una estrategia europea de cohesión que se oriente al empleo ganará incluso más importancia en el futuro. Para poner en práctica esta estrategia, el Fondo Social Europeo (FSE) resulta indispensable, pues constituye el instrumento de apoyo más importante de las políticas laboral y de empleo. El Fondo Social Europeo debe mantenerse como un instrumento financiero al servicio del objetivo de cohesión social en el marco de la política de cohesión. Además, es necesario mantener un enfoque integrado en la aplicación de los Fondos Estructurales a los territorios europeos. Se le deben asignar los recursos financieros necesarios para poder alcanzar de manera segura los objetivos de las políticas europeas del mercado de trabajo y de empleo, así como los objetivos de inclusión social;

17. considera que el valor específico de la política europea de cohesión debe poder medirse por sus resultados, y en este contexto remite a su dictamen sobre el efecto palanca de la política europea de cohesión. Los Fondos Estructurales europeos constituyen un instrumento importante para ofrecer a todas las regiones la posibilidad de aprovechar su potencial endógeno de desarrollo en relación con el crecimiento sostenible, el empleo y el bienestar. Estos programas, elaborados en función de prioridades europeas comunes, se basan en estrategias de desarrollo acordadas de antemano y se aplican de manera descentralizada. Contribuyen así de forma tangible al desarrollo del potencial de crecimiento en los entes locales y regionales;

18. señala que, de todos los éxitos de la política de cohesión, cabe destacar el impulso que ha dado a la investigación y la innovación, así como a los servicios que requieren un nivel elevado de conocimientos. De este modo, muchos importantes proyectos de desarrollo estructural –en particular, en el ámbito de las infraestructuras científicas y técnicas y en el desarrollo de enfoques innovadores en la política laboral y de empleo– únicamente han podido realizarse, tanto en las regiones atrasadas como en todas las demás regiones de Europa, gracias a las ayudas procedentes de los Fondos Estructurales. De esta manera ya se han llevado a cabo en toda Europa proyectos que ilustran magníficamente el valor añadido europeo de estas ayudas. Una política de cohesión con un enfoque regional complementa la exigencia europea de excelencia, al asegurar que la política de innovación europea tenga una propagación suficiente para poder garantizar el éxito de la Estrategia UE 2020. En esta dirección de maximizar y reforzar los impactos y resultados en materia de investigación e innovación en las regiones, habría que remarcar la importancia de la coordinación de programas e instrumentos de financiación de las políticas dirigidas a la innovación e investigación y la política de cohesión;

19. señala asimismo que los Fondos Estructurales europeos no solo tienen un efecto directo a través de las ayudas que proporcionan. También contribuyen de manera esencial a centrar en torno a objetivos comunes las estrategias regionales y de política estructural de las partes interesadas de diferentes niveles. Por este motivo, el Comité de las Regiones está convencido de que de esta manera se refuerza claramente la eficacia del conjunto de los recursos europeos, nacionales, regionales y locales destinados a la cohesión económica, social y territorial. Gracias al sistema de gobernanza multinivel, que supone un reparto descentralizado de responsabilidades en las regiones asistidas, Europa puede perseguir objetivos comunes a través de medidas coherentes, al mismo tiempo que se deja margen para las prioridades regionales y locales. En esto reside, en opinión del Comité de las Regiones, el valor añadido de la política estructural europea, que no se reduce a una solidaridad financiera;

20. considera que la evaluación ex-post continuada del último período de financiación y la próxima revisión intermedia deberían utilizarse para destacar los efectos positivos y el potencial de las ayudas de los Fondos Estructurales.

Los principios de la política de cohesión tras 2013

21. respalda la afirmación del Informe Barca de que la política estructural también debe considerarse en el contexto de los objetivos generales de la Unión Europea de mejorar el crecimiento, el bienestar y la cohesión y mantener la paz, y estima importante seguir aplicando esta política a todas las regiones de Europa, prestando especial atención a las regiones más débiles. La política estructural constituye un pilar esencial del proceso de integración de la Unión y hace posible que el ciudadano se identifique con el proyecto europeo. Por eso, la fórmula para la futura política europea de cohesión podría ser combinar programas europeos de ayuda que obedezcan a un cierto marco estratégico con competencias regionales y locales para resolver problemas, a fin de alcanzar la cohesión económica, social y territorial;

22. considera útil proceder a una reflexión sobre el método para evaluar la huella de carbono de los proyectos financiados por los Fondos Estructurales. Recomienda, en particular, inscribir la futura programación en una perspectiva de neutralidad en lo que al carbono se refiere. Como ya han previsto varios Estados miembros, el balance de las inversiones no debería acarrear emisiones adicionales de gases de efecto invernadero;

23. señala en este contexto que el enfoque descentralizado de la política de cohesión ha demostrado ser valioso y debería conservarse. No obstante, convendría examinar qué procesos podrían simplificarse aun más, a fin de reducir la burocracia para la gestión de la política de cohesión;

24. aboga por un enfoque diferenciado en el uso de indicadores, cuidadosamente seleccionados y significativos, para la evaluación de la política de cohesión, con objeto de garantizar una utilización de recursos adaptada a los objetivos y poder disponer de una visión de conjunto de los efectos de la política estructural;

25. señala que hay otros ámbitos de acción europeos que influyen en la cohesión económica, social y territorial, y que por tanto también deberían tomar en consideración los objetivos de la política de cohesión, y pide a la Comisión Europea que lleve a cabo estudios sobre el impacto territorial ex-ante de las propuestas legislativas o no legislativas en ámbitos con una clara dimensión territorial (servicios públicos, transporte, energía, medio ambiente, competencia, agricultura, etc.). También pide a la Comisión Europea que preste especial atención a esta circunstancia en la elaboración del quinto informe sobre la cohesión económica, social y territorial. Por otra parte, el Comité de las Regiones desea manifestar explícitamente su satisfacción por los esfuerzos de la Comisión por conciliar en mayor medida la política de cohesión con otras políticas eficaces con claro impacto territorial y por crear sinergias;

26. considera que, de hecho, la política de cohesión de la UE también está estrechamente relacionada con las disposiciones europeas en materia de ayudas estatales y las aplicables a los servicios de interés económico general. Por tanto, una reforma de la política de cohesión de la UE debería conllevar una evaluación de la normativa europea sobre estas ayudas. Es posible que se requieran varias soluciones diferenciadas, como en el caso de los emplazamientos e inversiones de las «industrias del futuro» que compiten a escala mundial. En materia de servicios de interés económico general, el CDR anima a la Comisión a recurrir a la nueva base jurídica que brinda el artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular para precisar la compatibilidad de los mecanismos de financiación de dichos servicios respecto de los dispositivos comunitarios pertinentes;

27. confirma que el principio de asociación y, por consiguiente, la participación de los interlocutores económicos y sociales y otros agentes regionales y locales, han resultado valiosos en todas las fases de las ayudas de los Fondos Estructurales para lograr una mayor aceptación de las medidas y una mayor adecuación a los objetivos perseguidos, y propone, en este contexto, que se respalde el refuerzo de los intercambios interregionales de buenas prácticas a fin de consolidar dicha asociación. Por el contrario, el Comité considera inútil elaborar nuevas disposiciones jurídicas para estructurar esta asociación a nivel europeo;

28. considera necesario que, a la vista de los recursos financieros, que cada vez son más limitados, se evalúe periódicamente la eficacia y eficiencia de la política de cohesión europea. En este contexto, un mayor uso de recursos privados ofrece oportunidades suplementarias a la aplicación de la política de cohesión. En todo caso, la utilización de los recursos privados debe ser siempre un aliciente en el ámbito de la política de cohesión y nunca una sustitución;

29. confirma la necesidad de facilitar el uso de fondos renovables en el marco de la política de cohesión en los ámbitos adecuados, para que en su aplicación se apueste así en mayor medida por los instrumentos basados en el préstamo, y en este contexto reconoce el papel que desempeñan el Banco Europeo de Inversiones y los instrumentos Jeremie y Jaspers en el desarrollo y la aplicación de los programas de los Fondos Estructurales basados en préstamos;

30. aboga por un uso más consecuente de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en la política de cohesión. Sin embargo, estos principios no deben reducirse a consideraciones de eficacia. El sistema descentralizado vigente hasta ahora de la política de cohesión europea –con la elaboración de programas operativos a nivel nacional y regional por medio de un diálogo con la Comisión basado en la colaboración y la aplicación de estos programas operativos por parte de los entes nacionales, regionales y locales de manera autónoma– ha resultado ser eficaz. Este sistema debe mantenerse e incluso desarrollarse, con vistas a reforzar la autonomía regional y local en la aplicación operativa de la política de cohesión europea;

31. desea subrayar su satisfacción por los avances realizados durante el período de financiación 2007-2013 para orientar de manera más estratégica la política estructural de la UE. Esta orientación basada en los objetivos y no en los requisitos de subvencionabilidad permite a las regiones elegir las medidas e instrumentos que les resultan apropiadas e incluso adaptarlas en caso necesario, sin perder por ello la coherencia con los objetivos globales europeos;

32. reitera, por otra parte, la necesidad de coordinar mejor las acciones de desarrollo rural del segundo pilar de la PAC con la política regional, con el fin de garantizar más complementariedades entre el desarrollo rural y el urbano. Esta coordinación podría desembocar en un marco estratégico a nivel europeo en forma de orientaciones estratégicas comunitarias comunes a los Fondos Estructurales y al Feader;

33. está convencido de que la elaboración consecuente de informes y la práctica coherente de controles en la perspectiva de los objetivos estratégicos europeos, para la evaluación de los progresos realizados y la comprobación de la fiabilidad de los procedimientos de control y de auditoría seguidos en los Estados miembros, con vistas al objetivo de efectuar controles menos numerosos pero más eficaces, en combinación con un sistema de verificación transparente y sólido, sería una importante contribución a un enfoque de este tipo. De esta manera se evitarían trámites burocráticos innecesarios;

34. considera que también han resultado valiosos los programas monofondo introducidos para el FEDER y el FSE. El principio de estos programas monofondo ha permitido simplificar significativamente los procedimientos de aprobación y revisión respecto de los programas multifondo utilizados antes. La posibilidad de introducir también en los programas, hasta cierto punto, medidas de otros fondos, ha creado la flexibilidad necesaria. Debería reforzarse más la coordinación entre los fondos y sus programas operativos respectivos con el objetivo último de lograr una mayor complementariedad entre el FSE y el FEDER en el ámbito local y regional;

35. hace hincapié en el deseo generalizado de que se reduzca la burocracia y, por consiguiente, se simplifiquen los procedimientos administrativos en la asignación, uso, liquidación y control de los recursos financieros procedentes de los Fondos Estructurales, algo que debería aplicarse también a las orientaciones para la planificación de los futuros programas;

36. señala que, en el actual período de financiación, se han endurecido los requisitos de aplicación y las disposiciones de control financiero. En algunos casos no se han confirmado las simplificaciones anunciadas, sino su contrario, con costes desproporcionados como resultado. Además, los análisis de seguimiento muestran que se ha obstaculizado la eficacia del trabajo de desarrollo. Por este motivo, el Comité de las Regiones aboga por procedimientos de control simples y transparentes, pero eficaces. En este sentido, el Comité no considera necesario llevar a cabo, en cada período de financiación, un examen de conformidad completo de los procedimientos, sino que el reconocimiento de las disposiciones nacionales en vigor en materia de ayudas debería considerarse suficiente. También debería examinarse, con el mismo objetivo de simplificación, la estructura de los órganos de auditoría, las normas de control y la definición e identificación de los márgenes de error. La práctica recurrente de establecer disposiciones y normas con efecto retroactivo complica la situación, dificulta una administración apropiada y tendrá que evitarse en el futuro; una pista complementaria que cabe estudiar sería la aplicación de un principio general de proporcionalidad para adaptar las exigencias reglamentarias de control a la dimensión de los proyectos financiados por los Fondos Estructurales;

37. señala que la nueva disposición del Tratado de Lisboa por la que los Estados miembros podrán asumir responsabilidades en la ejecución del presupuesto de la UE brinda nuevas posibilidades de simplificación. El CDR sugiere que podría lograrse una mayor simplificación si la Comisión analiza los procedimientos de auditoría de los Estados miembros y estudia la posibilidad de establecer «contratos de confianza» con las regiones a fin de evitar duplicaciones en los procedimientos de auditoría. Con vistas a reducir las cargas, debería aplicarse el principio de proporcionalidad de la reglamentación a los proyectos pequeños.

La futura arquitectura de la política de cohesión tras 2013

38. acoge positivamente los evidentes avances conseguidos en términos de claridad y simplificación desde que, en 2000, se reformara la política estructural de la UE renunciando al gran número de objetivos y de iniciativas comunitarias específicas. Estos avances no pueden volver a ponerse en entredicho;

39. considera que la decisión de restringir los objetivos a un número limitado, de implicar a todas las regiones europeas –a pesar de ponerse un énfasis particular en las más atrasadas– y de proceder a un reparto de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, asignando a las regiones la responsabilidad de desarrollar y aplicar los programas de manera descentralizada, ha resultado fundamentalmente valiosa;

40. no obstante, considera necesario mejorar también en lo sucesivo la cohesión económica, social y territorial en la UE, al igual que su competitividad, con la ayuda de la política europea de cohesión, a fin de asegurar el crecimiento económico sostenible, un alto nivel de empleo, la inclusión social y la calidad y eficacia de los servicios públicos, y señala que deberá garantizarse la igualdad de trato para los países y regiones afectados en toda Europa. También en el futuro deberá subvencionarse en particular a las regiones atrasadas, independientemente del Estado miembro en el que se sitúen. La política de cohesión constituye una de las claves del compromiso ciudadano, a nivel local y regional, con las estrategias políticas globales de la UE;

41. opina que en la actualidad la política de cohesión en gran medida se ha convertido también en un instrumento para fomentar la innovación, la competitividad y el crecimiento e impulsar así el empleo sostenible;

42. comparte la opinión de la Comisión de que la política europea de cohesión debe seguir prestando especial atención a contribuir a cerrar la brecha económica que padecen las regiones más débiles de los nuevos Estados miembros. Por este motivo, el Comité de las Regiones aboga por que la política de cohesión siga centrándose de manera particular en estos Estados miembros y sus regiones. La política de cohesión debería contribuir también a explorar las oportunidades que brindan el mercado interior y la integración europea en su conjunto. No obstante, debe evitarse que la política de cohesión de la UE evolucione en dirección a convertirse en un mero instrumento para la transferencia de fondos;

43. considera que, para reforzar la cohesión en Europa, seguirá siendo necesario, en el futuro, asegurar que la mayor parte de los Fondos Estructurales europeos se destine a las regiones atrasadas, de modo que se pueda seguir progresando para compensar los principales desequilibrios regionales. El método actual para determinar cuáles son estas regiones menos desarrolladas –regiones cuyo PIB per cápita no alcanza el 75 % de la media europea a nivel de las NUTS II– ha funcionado bien como criterio de selección de las regiones que reciben ayuda. Para la evaluación de la política de cohesión sería preciso encontrar indicadores de nivel inferior a NUTS II que saquen a la luz características específicas del ámbito regional;

44. aboga, pues, por que también las regiones que ya no pueden recibir las ayudas máximas sigan pudiendo beneficiarse de un apoyo a través de instrumentos de financiación fiables, adecuados y generales que tengan debidamente en cuenta la situación específica de estas regiones, a fin de movilizar su potencial a largo plazo, lo que favorecerá asimismo al conjunto de la UE. Solo así podrán preservarse los resultados alcanzados hasta el momento en ellas gracias a las ayudas con cargo a los Fondos Estructurales. En el caso de estas regiones (incluidas las afectadas por el denominado «efecto estadístico»), deben preverse disposiciones de transición apropiadas y justas en el marco del objetivo de convergencia, para evitar la interrupción brusca de las ayudas una vez alcanzado el umbral del 75 % y ofrecerles la seguridad que necesitan para seguir fortaleciendo su competitividad. En todo caso, la ayuda a las regiones que abandonan por primera vez el objetivo convergencia debe quedar garantizada, independientemente de cuáles sean la futura estructura de la política regional y sus respectivos objetivos;

45. acoge positivamente que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea hayan reconocido de manera explícita la situación particular de las regiones que a partir de 2013 ya no podrán beneficiarse de las ayudas máximas del objetivo de convergencia;

46. suscribe el punto de vista del Parlamento Europeo cuando solicita a la Comisión «que […] prevea un sistema más general de asistencia transitoria gradual para las regiones que superen pronto el umbral del 75 % del PIB, a fin de ofrecerles un estatuto más claro y una mayor seguridad de desarrollo»;

47. subraya que, en las regiones del objetivo «competitividad regional y empleo», las ayudas globales asignadas en el marco de la política europea de cohesión deberían mantenerse tras 2013, porque en estas regiones se encuentran grandes bolsas de pobreza, y porque en todas ellas se han agravado las disparidades sociales y territoriales. En efecto, estas regiones contribuyen de manera significativa a la aplicación de la Estrategia de Lisboa. Sin embargo, únicamente podrán contribuir a largo plazo a la cohesión y la competitividad si consiguen mantener de forma continuada la competitividad, la innovación y un alto nivel de empleo al mismo tiempo que se respetan las exigencias de sostenibilidad;

48. acoge con satisfacción que, como anuncia la Comisión Europea en su Quinto informe intermedio sobre la cohesión, la mayoría de los Estados miembros se hayan pronunciado a favor de mantener el objetivo de «competitividad regional y empleo», y que así se haya previsto tanto en el documento de reflexión elaborado por la antigua Comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner, en abril de 2009, como en el estudio presentado por Fabrizio Barca sobre la reforma de la política europea de cohesión;

49. coincide con la Comisión en que también las regiones más fuertes desde el punto de vista estructural, que en la actualidad se acogen al segundo objetivo de los Fondos Estructurales («competitividad regional y empleo»), necesitan aumentar sus inversiones en creatividad e innovación y acelerar la transformación de nuevas ideas en nuevos productos, servicios o procesos;

50. señala por tanto que, teniendo en cuenta las disposiciones incluidas en el nuevo Tratado de la UE en relación con la cohesión territorial, la dimensión territorial de la política de cohesión ganará en importancia en el futuro. Invita a la Comisión Europea a tener presentes las 400 contribuciones recibidas durante la consulta relativa al Libro Verde sobre la cohesión territorial en sus reflexiones sobre el futuro de la política de cohesión (véase el dictamen del CDR). Por consiguiente, las regiones mismas deberían determinar sus puntos fuertes y desarrollar estrategias adecuadas a sus necesidades. Como en el futuro la ordenación del territorio seguirá siendo atribución de los Estados miembros, deberá tomarse en consideración cómo se organiza el reparto de competencias a nivel nacional. La asociación de los niveles local y regional debería asegurar un desarrollo territorial centrado en los resultados, indisociablemente vinculado a la realidad y a las condiciones geográficas y que haga un uso eficaz de los recursos;

51. defiende, por consiguiente que, en el marco de la política europea de cohesión, se mantenga la dimensión urbana. Las ciudades, al igual que las regiones metropolitanas, son motores importantes de crecimiento e innovación. No obstante, para que puedan seguir cumpliendo esta función, se necesitan también en el futuro medidas que permitan crear estabilidad social y económica, tanto en las ciudades como en las zonas urbanas con problemas específicos, sobre todo en las regiones menos desarrolladas de la UE. Las ciudades y las áreas metropolitanas son también vectores de difusión de los procesos de desarrollo en su periferia. Además, garantizan el acceso a los conocimientos, bienes y servicios en un nivel adecuado. La elaboración de la política urbana debería efectuarse apoyando los factores endógenos de desarrollo de las zonas urbanas y potenciando las relaciones y los acuerdos entre zonas urbanas;

52. sugiere que en la política de cohesión se reconozca cada vez más la interrelación entre las zonas urbanas y las rurales dentro de unas áreas económicas funcionales más amplias. La política de cohesión puede aportar un planteamiento integrado para el desarrollo que aborde los problemas de las zonas urbanas y rurales, tanto en su interior como en las distintas combinaciones existentes entre ellas. Por este motivo, se necesita una mayor coordinación de los objetivos e instrumentos de los Fondos Estructurales y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Puesto que los problemas de las regiones son específicos a cada una de ellas, se aboga por que cada región, dentro de ciertos límites, pueda definir sus propios objetivos y medidas para poder dirigir su propio desarrollo con la ayuda de los fondos de la UE;

53. considera que debe concederse mayor importancia al respaldo de las zonas rurales y al papel de las ciudades de mediano o pequeño tamaño de estas zonas. Solo así podrá darse respuesta a los déficits estructurales, la tendencia a la emigración y el envejecimiento de la población que se registran en muchas zonas rurales de la Unión Europea. Por este motivo, se necesita una mayor armonización de los objetivos e instrumentos de los Fondos Estructurales y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader);

54. señala la necesidad de que, de acuerdo con el principio de cohesión territorial introducido por el Tratado de Lisboa, se dedique especial atención a las regiones afectadas por las transformaciones industriales y las regiones con desventajas geográficas o demográficas significativas y permanentes, como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña;

55. destaca que las ayudas actuales a la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional del tercer objetivo de los Fondos Estructurales («cooperación territorial europea») han dado fruto, por lo que deberían mantenerse y reforzarse tras 2013. La cooperación territorial contribuye de manera esencial a reforzar la capacidad de la Unión Europea y su cohesión económica, social y sobre todo territorial, al utilizar el potencial suplementario que ofrecen las redes de que disponen los entes locales y regionales. En este sentido, en el futuro los programas como ESPON, «Las regiones, por el cambio económico» o Urbact deberían agruparse en tanto que medidas transversales de cooperación territorial de modo que estas tres formas de cooperación salgan beneficiadas. En el caso de las regiones fronterizas, todas las que cumplan el requisito de contribuir a la cohesión económica, social y territorial deben seguir siendo elegibles para recibir ayudas enmarcadas en el Objetivo de Cooperación Territorial;

56. considera positiva a este respecto la iniciativa de la Comisión Europea de constituir la Asociación Europea de Cooperación Territorial (AECT), y pide a los entes locales y regionales que utilicen este instrumento en mayor medida que hasta ahora en la aplicación de la cooperación territorial. Asimismo, solicita a la Comisión Europea que, en sus propuestas sobre la configuración futura de la cooperación territorial, aborde las anomalías de las reglamentaciones actuales, como el capítulo transfronterizo, que entorpece la creación de áreas funcionales de cooperación marítima entre regiones (por la limitación de los 150 km), y defina también con mayor detalle el papel de las macrorregiones y las estrategias temáticas. Por ello, se debe garantizar una mayor participación de los entes locales y regionales en la elaboración y puesta en práctica de las estrategias;

57. se manifiesta en favor de que se examine la propuesta de Fabrizio Barca de reservar una pequeña parte del presupuesto de la política de cohesión del próximo período de financiación a las medidas innovadoras gestionadas directamente por la Comisión Europea, con objeto de fomentar los enfoques innovadores en la política regional en toda la Unión.

Sistema de aplicación de la política de cohesión

58. considera que, a lo largo de varios períodos de programación, la responsabilidad descentralizada de las regiones en la elaboración y aplicación de programas operativos sobre la base de estrategias de desarrollo regionales, que se inscribe en un sistema de coordinación y asociación con los niveles superiores de gobierno, ha resultado valiosa. Por ello, en el futuro debería conservarse el sistema de gestión compartida de los recursos, acompañado de una programación y una aplicación a nivel regional. En este caso, conviene reforzar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Es sobre todo a nivel regional y local donde puede explotarse el potencial de desarrollo existente, movilizando a los actores regionales y locales y aunando sus esfuerzos mediante la creación de redes;

59. se muestra claramente a favor del mantenimiento de las competencias regionales en la política estructural europea y se opone a la transferencia al nivel europeo de las competencias en materia de selección de proyectos;

60. afirma que conviene proseguir e intensificar los esfuerzos para reducir la carga burocrática y simplificar los procedimientos, y propone que, en el curso del actual período de financiación, se tengan en cuenta las conclusiones del grupo de trabajo de la Comisión sobre la simplificación administrativa a la hora de configurar los futuros procedimientos administrativos, y que el Comité de las Regiones participe en este trabajo desde una fase temprana. Para utilizar de manera eficaz los recursos resulta indispensable contar con procedimientos más sencillos y transparentes;

61. considera que sería útil examinar si no convendría transferir al sistema descentralizado de los Fondos Estructurales de la UE otros ámbitos de la política europea de ayudas que hasta ahora siguen estando gestionados de manera centralizada por la Comisión Europea; por ejemplo, en el ámbito de las ayudas a la innovación, de modo que pasen a ser competencia de los entes regionales, tanto más cuanto que las ayudas a la innovación constituyen ya una de las piedras angulares de los programas de los Fondos Estructurales. Por su parte, las regiones tienen en cuenta los planes de desarrollo locales de las ciudades y los niveles subregionales en la elaboración de sus estrategias de desarrollo regional, y movilizan a los agentes regionales y locales no estatales en la puesta en práctica de sus programas, lo que permite asociar activamente al nivel subregional en la aplicación de la política estructural europea;

62. insiste en que estos últimos años los entes locales y regionales han acumulado un gran acervo de experiencias, por lo general positivas, en relación con estos planes de desarrollo, la creación de estructuras de gestión regional a nivel subregional y los planes integrados de desarrollo urbano. Recientemente, la Dirección General de Política Regional reagrupó estas experiencias bajo la denominación de «métodos de desarrollo local», experiencias que ya han sido integradas en los programas operativos de los períodos 2000-2006 y 2007-2013, así como en su aplicación;

63. considera que, gracias a una política de ayudas plurianual, orientada hacia prioridades europeas comunes, basada en una estrategia de desarrollo regional y aplicada a escala regional, los Fondos Estructurales europeos ofrecen un valor añadido respecto de las políticas regionales nacionales. El carácter plurianual de la programación ofrece un marco sólido para todas las partes implicadas, al mismo tiempo que permite que se adopten enfoques políticos innovadores. Garantiza asimismo que la política estructural se oriente hacia objetivos y prioridades estratégicos, y protege del riesgo que supone una política de financiación a corto plazo, mal concebida y que conserva por tanto, muy a menudo, estructuras obsoletas. Los programas de siete años de duración aplicados desde 2000 han mostrado su utilidad. En ningún caso se debe reducir la duración del ciclo del programa. Dado que la política regional es parte esencial de la política europea, debe rechazarse toda tentativa de renacionalizarla;

64. desea subrayar expresamente su apoyo a la cultura de la evaluación que, gracias a los Fondos Estructurales europeos, se va imponiendo gradualmente en la política de ayudas de todas las regiones y permite mejorar continuamente la calidad de las estrategias y los instrumentos. La implicación de todas las regiones en las ayudas con cargo a los Fondos Estructurales europeos permite un intercambio de experiencias entre las autoridades nacionales y regionales en toda Europa y les brinda la posibilidad de aprender unas de otras gracias a los ejemplos de buenas prácticas. De la misma manera, este proceso ofrece una base amplia y sólida para el desarrollo posterior de la política estructural europea.

Papel futuro de los entes locales y regionales y del Comité de las Regiones

65. ve con malos ojos la tendencia creciente a confiar la aplicación de los programas estructurales al nivel nacional, y propone elaborar un informe periódico sobre la participación de los entes locales y regionales en la aplicación de la política de cohesión en el marco del informe intermedio sobre la cohesión económica, social y territorial. En este contexto, el Comité de las Regiones remite a los trabajos de su Plataforma de Seguimiento de la Estrategia de Lisboa;

66. subraya la necesidad de reforzar aun más el papel de los entes locales y regionales en el desarrollo, la aplicación y la evaluación de la política de cohesión, en aras del respeto al principio de subsidiariedad y de la proximidad con los ciudadanos;

67. propone asimismo que siga aprovechándose la colaboración con el Comité de las Regiones para poder instaurar una cooperación con los entes locales y regionales a nivel europeo en relación con la futura configuración y aplicación de la política de cohesión.

Conclusiones

68. con su objetivo de desarrollo armonioso de la Unión Europea mediante la reducción de las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, la cohesión económica, social y territorial constituye un elemento central del modelo de integración europeo, que se ha visto aun más reforzado por el Tratado de Lisboa; por ello es necesario que continúe también después de 2013;

69. asimismo, gracias a su enfoque descentralizado y su sistema de gobernanza multinivel, la política de cohesión es la única política de la Unión Europea que permite vincular los objetivos de la Estrategia Europa 2020 con los nuevos retos a que se enfrentan los entes locales y regionales. Por ello, es necesario seguir orientando la política de cohesión hacia los objetivos de crecimiento sostenible, inclusión social, empleo y lucha contra el cambio climático. La política de cohesión vincula entre sí a los distintos niveles de gobernanza, reforzando, además, la dimensión regional y local. En este sentido, las siete iniciativas emblemáticas contempladas en la Estrategia Europa 2020 deben considerarse medidas adicionales y complementarias;

70. conviene seguir concentrando la mayor parte de los medios disponibles de la política de cohesión en los Estados miembros y las regiones europeas que más lo necesitan y con mayores desventajas, para ayudarles a superar sus retrasos en materia de desarrollo y contribuir así de manera concreta a la igualdad de oportunidades entre las regiones y la solidaridad europea. Los criterios utilizados para determinar la subvencionabilidad de una región han demostrado ser eficientes;

71. también las regiones en transición necesitan un respaldo específico, para evitar que la interrupción de la financiación ponga en peligro los logros alcanzados gracias a los Fondos Estructurales. La continuidad de la intervención europea debe ofrecer a estas regiones un marco seguro de desarrollo, y permitirles reaccionar a su propia situación específica;

72. el objetivo de «competitividad regional y empleo» debe seguir contribuyendo a que todas las demás regiones de la Unión Europea refuercen, sobre todo, la innovación, la cohesión social y la competitividad;

73. dado su elevado valor añadido europeo, la cooperación territorial debe seguir siendo en el futuro un objetivo específico orientado al fomento de la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, a fin de que pueda aportar, en particular, una contribución activa a la cohesión territorial en Europa;

74. asimismo, la política de cohesión podría prever la posibilidad de desarrollar nuevos enfoques innovadores en materia de política regional. Para ello, se pedirá que se estudie la posibilidad de destinar una parte modesta de los recursos de la Comisión Europea al fomento de medidas innovadoras;

75. los principios actualmente aplicados en la política de cohesión por lo que respecta al sistema de gobernanza multinivel, la programación plurianual, la colaboración, la concentración, la gestión de los programas sobre la base de indicadores y la evaluación han funcionado correctamente. Por tanto, debe rechazarse la idea de acortar el período de programación de siete años;

76. el sistema actual de gestión de los recursos resulta demasiado complicado y puede dar lugar a errores. Por ello, el objetivo común de todas las partes implicadas debe seguir siendo reducir los márgenes de error y simplificar tanto la gestión de los recursos como los procedimientos de liquidación y control. En este contexto, deberían encontrarse soluciones adaptadas en mayor medida que hasta ahora a las diferentes situaciones nacionales, adoptando concretamente el principio de proporcionalidad;

77. el enfoque de la política de cohesión basado en la subsidiariedad debe conservarse y seguir desarrollándose. Se trata, sobre todo, de reforzar aun más el papel de los entes locales y regionales en todas las fases de programación, aplicación y evaluación de esta política;

78. es necesario que los resultados de los niveles local y regional ocupen un lugar más destacado que hasta ahora en la evaluación de la política de cohesión. El Comité de las Regiones respalda todos los esfuerzos destinados a orientar la aplicación de la política de cohesión sobre la base de estos principios.

Bruselas, 15 de abril de 2010.

El Vicepresidente Primero del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

27.8.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 232/23

Dictamen del Comité de las Regiones sobre «La estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico»

(2010/C 232/04)

I. RECOMENDACIONES POLÍTICAS

1. La Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico (COM(2009) 248 final) constituye un importante documento para el desarrollo de la Unión Europea. A la vez que crea un marco de cooperación regional en el Mar Báltico, este documento abre paso a la aparición de macrorregiones en la Unión Europea. La ampliación de la Unión Europea ha propiciado el desarrollo político de macrorregiones. Los Estados miembros aunados por su proximidad geográfica afrontan unos retos y objetivos comunes cuyas soluciones se buscan a través de la cooperación regional.

2. En la Comunicación de la Comisión Europea se afirma que, a pesar de ser una región muy heterogénea desde distintas perspectivas, los países del Mar Báltico comparten muchos intereses comunes y muestran su interdependencia de numerosas maneras. En la Comunicación se señala además que la región del Mar Báltico «podría ser un modelo de cooperación regional donde pueden probarse y desarrollarse nuevas ideas y planteamientos a lo largo del tiempo como ejemplos de buenas prácticas». El Comité de las Regiones señala que la Estrategia debería apoyar los objetivos de la política de cohesión de la UE. Existen grandes disparidades regionales y subregionales en lo que se refiere a los servicios públicos y las infraestructuras.

3. La Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico es, ante todo, una política interior europea que abarca tanto aquellas actividades cuya competencia recae en la Unión como otras cuestiones externas a ella. Al aplicar la estrategia, se pretende reforzar la coordinación política y la acción legislativa recurriendo a un enfoque integrado.

4. La Comisión afirma que «una mejor coordinación y un uso más estratégico de los programas comunitarios son ingredientes fundamentales, especialmente en tiempo de crisis, para garantizar que los fondos y las políticas de la región contribuyan plenamente a la estrategia». En numerosas ocasiones se ha destacado que la estrategia ha de aportar un valor añadido a la Unión Europea. «Dentro del marco financiero y jurídico existente hay también posibilidades para realizar una acción efectiva a través de una cooperación y de una coordinación más estrechas».

5. La Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico es un documento relevante no sólo para el Mar Báltico, sino también para otras macrorregiones europeas en ciernes. La región del Mar Báltico sirve de piloto para la macrorregionalización de la Unión Europea. Las soluciones que se alcancen en esta región con vistas a promover y aplicar dicha estrategia servirán de ejemplo y constituirán buenas prácticas para el resto de las hipotéticas macrorregiones. Los interlocutores locales y regionales del Mar Báltico instaurarán prácticas que serán de utilidad para otras regiones europeas. En este contexto, cabría mencionar, por ejemplo, el documento de la Comisión Europea sobre la Estrategia para la región del Danubio, actualmente en fase de elaboración. Existen, además, otras macrorregiones donde se debate actualmente la necesidad de contar con un documento y una estrategia similares.

6. La aparición de macrorregiones en la Unión Europea no es una cuestión inequívoca. A efectos de los entes locales y regionales, es necesario que estrechen y amplíen su cooperación para que englobe los distintos ámbitos de acción de la política europea y permita superar así los límites que éstos imponen. Las macrorregiones no deberían constituir un nuevo nivel institucional entre la Unión y los Estados miembros, sino un instrumento de cooperación entre las regiones, los Estados miembros y la Unión. Las macrorregiones solamente podrán aportar valor añadido a la integración europea si se traducen en un incremento de la cooperación estatal, regional y local que refuerce las políticas europeas.

7. De acuerdo con el documento en cuestión, el grado de cobertura de la macrorregión depende del asunto del que se trate: estamos en principio ante una estrategia interior de la Unión Europea que engloba a ocho de sus Estados miembros. En el documento también se afirma, no obstante, que es necesaria una estrecha colaboración entre la UE y Rusia para abordar de manera conjunta muchos de los retos de la región. El Comité de las Regiones destaca también la importante cooperación de un socio no perteneciente a la UE como Noruega en la región del Mar Báltico. Con Belarús hay que entablar una cooperación constructiva.

La dimensión exterior

8. Aunque las estrategias regionales de la UE revistan un carácter interno, éstas pueden ser de gran importancia para los terceros países limítrofes con las macrorregiones. Entre los países ribereños del Mar Báltico hay dos países que reúnen estas características, Noruega y Rusia. La relación de Noruega con la región del Mar Báltico transcurre a través del Acuerdo del EEE, por el que este país queda vinculado al mercado interior de la Unión. La posición de Noruega no varía a estos efectos. Sin embargo, el ámbito de acción de la Estrategia del Mar Báltico incluye algunos sectores políticos no cubiertos por el Acuerdo del EEE. Éste es el caso, por ejemplo, de la política marítima de la Unión Europea. De enorme importancia para Noruega, se trata de un sector en el que este país desempeña un papel relevante.

9. La posición de Rusia y su relación con Europa son diferentes. Estas relaciones se rigen por acuerdos y programas específicos, y se basan en el Acuerdo de Colaboración y Cooperación de 1994 entre la UE y sus Estados miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra. Además, Rusia y la UE han firmado un gran número de acuerdos de carácter específico y entre ambas partes se ha instituido un sistema de consulta política. La aplicación de los acuerdos no ha progresado de la manera esperada y, a pesar de diversos intentos, no se ha logrado renovar el Acuerdo de Colaboración y Cooperación.

10. La relación entre Rusia y Europa en la región del Mar Báltico se fundamenta en gran medida en sus relaciones y programas bilaterales.

11. En la Comunicación de la Comisión acerca de la Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico se destaca la política de la Unión Europea por lo que respecta a la Dimensión Septentrional. En dicho documento se afirma que «las relaciones con terceros países deberían llevarse a cabo fundamentalmente a través de la Dimensión Septentrional con la opción de utilizar canales alternativos cuando resulten útiles».

12. La política de la Dimensión Septentrional, en cuanto programa político de la Unión, complementa la estrategia del Mar Báltico. Esta misma política sirve también para vincular a Islandia en la cooperación que se desarrolla en dicha región.

13. En la ejecución de la estrategia habría que prestar más atención a las cuestiones relacionadas con su dimensión exterior. Debería ampliarse el campo de acción de la dimensión exterior del Mar Báltico para que englobe también a dos países de la cuenca hidrográfica del Mar Báltico como Belarús y Ucrania. Una vinculación más estrecha de estos países a la hora de ejecutar la estrategia sería una medida idónea para lograr una mayor convergencia con los valores europeos.

14. El éxito de la estrategia depende de que los terceros países de la región puedan participar en su puesta en práctica. De este modo, la cooperación transfronteriza en la UE se presenta necesaria en cuestiones como el medio ambiente, el transporte, la logística y la seguridad ciudadana. La política energética en la región del Mar Báltico es también una política del ámbito báltico que traspasa las fronteras de la UE.

15. En la práctica, la estrategia se materializa en forma de proyectos concretos, lo cual no tiene por qué implicar necesariamente amplias conexiones políticas. Son precisamente estos proyectos concretos los que permiten mostrar los beneficios mutuos que podrían derivarse, por ejemplo, de la interacción con Rusia.

16. Los entes locales y regionales desempeñan un papel importante a la hora de llevar a la práctica la dimensión interior y exterior de la estrategia. Estos entes mantienen numerosos marcos de asociación más allá de las fronteras de la Unión Europea. Por ejemplo, los lazos entre ciudades hermanadas brindan las posibilidades de aprovechar diversos aspectos de dicha estrategia. Con vistas al desarrollo de la estrategia comunitaria para la región del Mar Báltico, tanto la Unión como los demás interlocutores de la región deberán buscar y dotarse de medios que permitan consolidar la dimensión exterior de dicha estrategia y reforzar así su ejecución.

17. La región del Mar Báltico tiene a su disposición los programas e instrumentos de financiación normales de la Unión Europea. Más concretamente, el desafío estriba en lograr que estos instrumentos sirvan al cumplimiento de los objetivos establecidos en la estrategia. Esta circunstancia es, si cabe, más importante cuando se tiene en cuenta que la Comunicación de la Comisión no incluye propuestas de financiación adicional ni recursos complementarios. Para cumplir los objetivos de la estrategia, es importante velar por el pleno aprovechamiento de los recursos europeos pertinentes de que se dispone, tanto ahora como en los futuros períodos de programación.

18. La Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico se basa, como debe ser, en la aplicación del principio de subsidiariedad. En otras palabras, la estrategia ha de abordar de manera prioritaria aquellas cuestiones que no se puedan resolver únicamente con instrumentos de ámbito nacional y local. Los puntos prioritarios del documento se resumen en cuatro objetivos principales:

—	permitir un desarrollo sostenible,

—	aumentar la prosperidad de la región,

—	aumentar la accesibilidad y el atractivo de la región, y

—	garantizar la seguridad en la región.

19. Con vistas a la aplicación de la estrategia, la Comunicación de la Comisión incorpora un Plan de Acción específico a tres niveles. En primer lugar, este Plan de Acción establece cuatro pilares que se corresponden con los cuatros puntos principales de la estrategia. Los pilares se dividen en quince ámbitos prioritarios que se distribuyen a su vez en 78 proyectos denominados «insignia». Teniendo presente la aplicación de la estrategia, estos proyectos prioritarios se han seleccionado de manera que promuevan el cumplimiento de los objetivos o brinden la posibilidad de abordar cuestiones de importancia para la región. Son proyectos de temática general y, a menudo, muy amplia. Por su parte, los proyectos insignia son de carácter concreto y práctico.

20. Durante la fase de elaboración de la estrategia, la Comisión inició un proceso intensivo de consultas con los interesados de la región. Estas consultas tuvieron tres componentes principales: documentos oficiosos de los gobiernos y de otros organismos oficiales de la región; actos con participación de los interesados para permitir que ONG y participantes de los sectores público y privado aportaran su experiencia y, por último, consultas públicas a través del sitio de internet Europa con una respuesta muy amplia.

21. Estas consultas han implicado a un total de 109 grupos interesados, con participación de los ocho Estados miembros ribereños y de tres países no pertenecientes a la UE (Rusia, Noruega y Belarús). Asimismo se han escuchado las opiniones de 48 organismos gubernamentales y 31 entes locales y regionales, así como de 19 representantes del sector privado. El proceso de consultas ha reflejado ampliamente los puntos de vista y las propuestas de estas partes interesadas durante la fase de elaboración de la estrategia.

22. Sería necesario ofrecer a las instancias que han participado en el proceso de consultas, y en particular a los representantes de las organizaciones y los entes locales y regionales, una oportunidad estable de participar en el desarrollo de la estrategia. En opinión del Comité de las Regiones, se debe prestar gran atención a la evaluación y el seguimiento de la Comunicación y de su Plan de Acción. La propuesta que recoge la Comunicación para la organización de un foro anual es positiva pero insuficiente. El Comité considera que esta evaluación debe ser continua y que ha de estar abierta a todos los interesados que así lo deseen.

23. Basándose en estas consultas, la Comisión ha llegado a la conclusión de que no se necesitan nuevos órganos para ejecutar la estrategia. «La región del Mar Báltico tiene muchas estructuras cooperativas: no deberíamos crear otras nuevas que podrían imponer gastos administrativos generales añadidos sin contribuir a una acción efectiva». La región del Mar Báltico cuenta con cientos de organizaciones y redes distintas. La mayoría de ellas se fundaron a principios de los noventa, tras el desplome del sistema impuesto por la guerra fría, para promover la adaptación a la cooperación europea de unos Estados que aspiraban por aquel entonces a incorporarse a la UE.

24. A pesar de su gran número, muchas de estas organizaciones y redes han perdido su razón de ser y han dejado de ser necesarias como consecuencia de la ampliación que tuvo lugar en 2004. No todas las asociaciones que se crearon para impulsar la adhesión a la UE han encontrado nuevas funciones ni tareas por lo que, con su ejecución, la Estrategia de la región del Mar Báltico podría ofrecerles nuevos cometidos. Sería necesario que todas las partes interesadas reflexionaran de manera conjunta sobre qué amplitud debería tener esta red para garantizar su utilidad de cara a la aplicación de la estrategia.

25. La activación de estas organizaciones y redes exige una amplia campaña informativa y de comunicación sobre el contenido y las oportunidades que ofrece la estrategia, circunstancia a la que no se presta atención en la propuesta de la Comisión. El Comité de las Regiones propone obligar a las delegaciones de la Comisión Europea en los Estados miembros a organizar unas actividades de información lo suficientemente exhaustivas y diversificadas.

26. No obstante, el Comité desea destacar que la acción conjunta de los entes locales y regionales y de sus organizaciones y redes ha permitido intensificar sus actividades tras la ampliación de la Unión Europea. Estas instancias han mostrado gran interés durante el proceso de consultas y sus posiciones han sido, en numerosas ocasiones, cuidadosamente justificadas.

27. En la Comunicación de la Comisión se señala asimismo que no basta con una estrategia. «Debe haber acciones concretas y visibles para superar los retos con los que se enfrenta la región. En su Plan de Acción, por lo tanto, la Comisión insiste en que los Estados miembros y otros interesados asuman su responsabilidad como socios principales para ámbitos prioritarios específicos y proyectos insignia».

28. El Comité de las Regiones afirma que este deseo no se ha cumplido en la primera fase de aprobación del Plan de Acción. En el Plan se ha asignado primordialmente la aplicación de los ámbitos prioritarios a los Estados miembros. De quince ámbitos prioritarios, sólo uno es de responsabilidad regional, el desarrollo de la política turística regional, que ha recaído en el Estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. En este mismo ámbito de actuación, la promoción de la sanidad ha recaído en la Asociación de la Dimensión Septentrional para la Salud Pública y el Bienestar Social (NDPHS). Está previsto que los ámbitos prioritarios se lleven a la práctica en estrecha cooperación con la Comisión.

29. Las regiones no habían asumido la dirección de ninguno de los 78 proyectos insignia en el momento en que se aprobó la Comunicación, aunque son precisamente éstos los proyectos donde las regiones podrían desempeñar un destacado papel. El Comité de las Regiones cree que, de ahora en adelante, cuando se adopten decisiones acerca de los proyectos insignia, se deberá ofrecer a los entes locales y regionales la posibilidad de participar activamente en la aplicación de dichos proyectos.

Ejecución de la estrategia

30. El Comité de las Regiones señala que el Plan de Acción no presta la suficiente atención cuando se trata de esbozar la aplicación de la estrategia. La Estrategia para el Mar Báltico sirve de piloto de un nuevo modelo de cooperación estratégica en una macrorregión, donde son importantes tanto el nivel de compromiso de las distintas instancias de gobierno como la coordinación de las actividades. En opinión del Comité de las Regiones, la Comisión deberá apoyar ante todo la aplicación y la gestión del Plan de Acción con flexibilidad, pero también con determinación.

31. Por lo que respecta a su aplicación, el Plan de Acción plantea un modelo de actuación a tres niveles que se corresponde, a grandes rasgos, con el modelo de gobernanza multinivel. El modelo de actuación propuesto concuerda con el método actualmente en uso en la Unión Europea. Esta propuesta vincula la aplicación de la estrategia al procedimiento ordinario de la Unión. Las líneas de actuación ofrecidas al Consejo se basan en las propuestas de la Comisión, y la Comisión deberá presentar también al Consejo informes de situación sobre los avances de la estrategia. Con vistas a garantizar la aplicación de la gobernanza multinivel, el Comité de las Regiones cree que es importante adoptar el método unieuropeo, que asegura la participación de los entes locales y regionales en la ejecución de la estrategia.

32. De conformidad con el modelo de gobernanza multinivel, la Comisión desempeña un papel central en la ejecución de la estrategia. La Comisión será responsable de la «coordinación, la supervisión, los informes, la facilitación de la aplicación y el seguimiento. En asociación con los interesados de la región, debería elaborar informes provisionales de forma regular, y utilizar su poder de iniciativa para hacer propuestas con vistas a la adaptación de la estrategia y del Plan de Acción siempre que sea necesario». La coordinación debería hacer un seguimiento de cómo está contribuyendo el uso de fondos a las prioridades de la estrategia.

33. El Plan de Acción no recoge propuestas sobre cómo se organizarán los trabajos de la Comisión teniendo presente la estrategia. El punto de partida es que «las autoridades de programación pueden revisar los criterios de asignación y facilitar la selección de proyectos que se ajusten a la estrategia. Asimismo, la Comisión acogerá con satisfacción las modificaciones apropiadas de los programas si fueran necesarias». El riesgo estriba precisamente en que la Comisión no disponga de recursos suficientes para afrontar sus numerosos ámbitos de actuación atendiendo a la ejecución de la estrategia. Podría ser de utilidad crear en el seno de la Comisión distintos grupos de trabajo multisectoriales que, formados por funcionarios, gestionaran las actividades relacionadas con la estrategia. De cara a su aplicación, la Comisión desempeña un papel tan esencial que deberían asignársele recursos suficientes para la planificación, el seguimiento, la coordinación y la elaboración de informes.

34. El tercer nivel de la aplicación lo conforman los «socios». La aplicación práctica es fundamental para la ejecución de la estrategia, y el Plan de Acción esboza este aspecto de manera muy general. La idea consiste en que tanto la ejecución práctica como sus responsables se alineen en función de los objetivos de la estrategia. El cometido de la Comisión también es fundamental a este respecto, ya que «trabajará en asociación con las otras instituciones, Estados miembros y regiones, instituciones financieras internacionales, organismos de programación transnacionales y organizaciones intergubernamentales tales como Helcom, con el fin de identificar a los organismos de coordinación de las áreas prioritarias y los socios que dirijan los proyectos insignia».

35. De acuerdo con la definición recogida en el Plan de Acción, una macrorregión es «una zona que abarca varias regiones administrativas que tienen suficientes asuntos en común para justificar un planteamiento estratégico único». En esta definición se hace referencia a regiones administrativas y no a Estados, lo que da a entender que, como base regional, se considera que los entes locales y regionales se hallan en pie de igualdad con los Estados. El Comité de las Regiones cree que se debe otorgar a los entes locales y regionales un papel destacado en este proceso, ya que constituyen la instancia de gobierno más próxima al ciudadano. Su notoria contribución podrá acercar aún más la estrategia a la ciudadanía, algo esencial para el éxito de las actividades. La proximidad y la aceptación del ciudadano son un requisito imprescindible para llevar a buen puerto la estrategia, y la mejor manera de llevar a la práctica estos principios pasa por la cooperación entre los agentes del ámbito local y regional.

36. El nivel local y regional posee también sólidos conocimientos sobre las condiciones y necesidades que presenta la región del Mar Báltico. Estos agentes tienen una experiencia amplia y de gran utilidad, tanto en términos de cooperación mutua como de actividad conjunta con ONG. También cabe recordar que los entes locales y regionales poseen una larga experiencia de actividad tripartita con la Comisión Europea y los gobiernos de los Estados miembros en lo referente a los instrumentos de financiación y la gestión de las políticas de la Unión. Por lo general, se trata de instancias que asumen competencias en materia de política europea. Además, hay que señalar que los entes locales y regionales han prestado gran atención y han expresado un gran deseo de participar en las consultas a las partes interesadas.

37. El Comité de las Regiones espera que la Comisión reconozca el importante papel que desempeñan los entes locales y regionales, así como sus capacidades de cara a la ejecución de la estrategia. Así, sería necesario otorgarles una posición central, en cuanto elemento consolidado del sistema de gobernanza multinivel, cuando se definan y elijan los órganos de coordinación y los responsables de los proyectos insignia correspondientes a los ámbitos prioritarios.

38. El Comité de las Regiones señala con satisfacción que, a propuesta del Parlamento, el presupuesto de la Unión Europea destina una asignación con vistas a promover esta Estrategia. Aunque modesta si se tienen en cuenta las necesidades, el Comité considera que esta asignación presupuestaria es una iniciativa esperanzadora, y espera que se incremente en los próximos años. En opinión del Comité, los fondos deberían destinarse especialmente a mejorar las posibilidades de las numerosas partes interesadas regionales, o que operan en la región, de desarrollar sus actividades y participar en la aplicación de la Estrategia.

39. El Comité de las Regiones opina que la propuesta del Plan de Acción de organizar un foro anual es digna de apoyo pero insuficiente, si se hace un seguimiento de la ejecución de la estrategia. No basta con que el foro se proponga «reunir a los socios implicados en diversos aspectos de la estrategia, incluso procedentes de terceros países interesados, para revisar y debatir los avances de la estrategia y hacer recomendaciones sobre su aplicación». El control de la aplicación de la estrategia exige un seguimiento más concreto también en el plano práctico. A este respecto, hay que plantearse cuál es la mejor manera de garantizar la divulgación de la información sobre los resultados que arrojan las distintas medidas. Igualmente, se ha de encontrar el modo de recopilar el material informativo ya existente sobre la región del Mar Báltico de manera que contribuya al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Estrategia.

40. El Plan de Acción destaca en numerosas ocasiones la importancia que reviste el compromiso de los interesados. El éxito de la ejecución de la estrategia exige un sólido compromiso político por parte de los agentes regionales. Buscar y consolidar este compromiso político representa una cuestión esencial. La Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico se ha publicado en unas circunstancias excepcionales, en medio de una profunda recesión mundial.

41. La recesión afecta de manera excepcionalmente virulenta al sector económico de la región báltica. No hace mucho tiempo, esta región económica era una de las que registraban mayor crecimiento en toda Europa. En junio de 2009, cuando se publica el Plan de Acción, es una de las que más sufren la crisis. Esta crisis puede ser un factor que acelere la ejecución de dicho Plan. La Estrategia de la región del Mar Báltico puede aportar nuevas fórmulas para superar la crisis económica. Por otro lado, el Plan de Acción estima que los plazos de aplicación de las medidas que recoge la estrategia podrían sufrir un retraso como consecuencia de la crisis que afecta a las economías públicas.

42. Para lograr el compromiso de los agentes con la estrategia es imprescindible recabar un interés activo de los interesados durante su fase de elaboración. En este cometido, los gobiernos de los Estados miembros desempeñan una función clave. Los gobiernos establecen los objetivos de la estrategia y adoptan las decisiones acerca de sus líneas principales y prioridades. Además, los gobiernos ocupan también una posición clave para suscitar interés entre los demás agentes regionales y para lograr su compromiso. Con sus decisiones, los gobiernos han de crear las condiciones necesarias para asegurar la participación activa del resto de las partes interesadas.

43. Se han creado distintas instituciones para la cooperación intergubernamental en la región del Mar Báltico. La cooperación nórdica cuenta desde los años cincuenta con sus propios órganos, el Consejo Nórdico y el Consejo de Ministros Nórdico. Análogamente, los tres países bálticos crearon un Consejo de Ministros Báltico y un Consejo Báltico. En 1992 nacieron dos organizaciones comunes a todo el Mar Báltico, el Consejo de los Estados del Mar Báltico (CBSS) y la Conferencia Parlamentaria del Mar Báltico (BSPC).

44. El refuerzo de la cooperación intergubernamental no precisa la creación de nuevos órganos, sino la consolidación y el aprovechamiento de la labor que realizan las instituciones ya existentes, para impulsar la aplicación de la Estrategia del Mar Báltico. Esta estrategia también podría ofrecer un nuevo campo de acción a las distintas organizaciones.

45. Un organismo compuesto por representantes de tres parlamentos podría servir a las fuerzas políticas de foro de diálogo sobre la acción política relacionada con el Mar Báltico. De este modo se podría despertar el interés de los partidos y los diputados, y su compromiso con la política para el Mar Báltico, todo lo cual podría revestir gran interés para la ejecución de la estrategia.

46. Las demás organizaciones y órganos de cooperación de la región del Mar Báltico también sirven de foros para la ejecución de la estrategia y son, ante todo, instrumentos para lograr que los agentes contraigan un compromiso con ella. Además, la Estrategia del Mar Báltico brinda nuevas oportunidades para relanzar las actividades de muchas organizaciones que han perdido su razón de ser.

Bruselas, 14 de abril de 2010.

El Vicepresidente primero del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

27.8.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 232/29

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Plan de acción sobre la movilidad urbana»

(2010/C 232/05)

I. OBSERVACIONES GENERALES

Antecedentes

1. En 2008 el Comité de las Regiones (1) respondió al Libro Verde de la Comisión Europea Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana (2). A continuación se publicó un Plan de Acción de Movilidad Urbana (3) en abril de 2009, en respuesta a un informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo (4) en el cual el Comité de las Regiones expresaba su satisfacción por las numerosas actuaciones de la UE en estas materias.

2. El Comité de las Regiones ha propugnado un modelo en el que los Planes de Movilidad Urbana se apliquen a través de acuerdos a largo plazo en el seno del sector público o entre agentes públicos y privados, denominados Acuerdos de Movilidad, y ha pedido a la Comisión que cree un instrumento financiero en el marco de la Política de Cohesión que se ponga a directamente disposición de las regiones y zonas urbanas, para animar a éstas a crear planes de movilidad. El diseño y ejecución de los Planes de Movilidad Urbana han de ser competencia de las propias ciudades.

3. Se pidió también a la Comisión Europea que añadiera valor al proceso financiando iniciativas, concediendo premios y fomentando el intercambio de buenas prácticas mediante un sistema similar al de las «banderas azules», que se usa para reconocer la calidad de una zona costera, que utilizase indicadores específicos para señalar las zonas urbanas con bajos niveles de contaminación y congestión.

4. Considera necesaria una armonización europea, sobre todo en lo que se refiere a los requisitos técnicos de los vehículos (por ejemplo, el equipamiento de los vehículos existentes con filtros de partículas para las emisiones de gasóleo), equipamientos de infraestructuras y servicios de transporte, así como la señalización (placas y señales) para el acceso de los camiones a zonas con protección medioambiental de acuerdo con las normas europeas de emisiones y ruido.

5. Además, el Comité de las Regiones (5) se mostró favorable a dar más realce a la dimensión social de la movilidad urbana, al ser éste un instrumento que fomenta la cohesión social y territorial en las zonas urbanas y periurbanas.

6. La Comisión ha adoptado un Plan de Acción de Movilidad Urbana (6) que propone veinte medidas para estimular y ayudar a los entes regionales y locales a alcanzar sus objetivos en materia de movilidad urbana sostenible. Así, por primera vez se presenta un paquete amplio y viable en este ámbito.

7. Las medidas propuestas por la Comisión Europea se ejecutarán en los cuatro años siguientes a la aprobación del Plan de Acción, aunque la Comisión examinará la aplicación del Plan en el año 2012, momento en el que se valorará la necesidad de tomar otras iniciativas.

Comentarios sobre el Plan de Acción de Movilidad Urbana de la Comisión Europea

8. El Comité de las Regiones felicita a la Comisión Europea por haber publicado finalmente un Plan de Acción de Movilidad Urbana que refleja los principales factores que permiten mejorar la movilidad de nuestras ciudades.

Argumentos económicos y medioambientales en favor de un plan de acción

9. La Comisión ha señalado que el 72 % (7) de la población europea vive en zonas urbanas. Esa cifra se incrementará hasta el 84 % en 2050. Las zonas urbanas se enfrentan al desafío de hacer sostenible el transporte desde las perspectivas de la competitividad económica (congestión) y el medio ambiente (calidad del aire, ruido).

10. El Comité de las Regiones reconoce la crucial importancia de la movilidad urbana y el transporte urbano para el futuro de Europa, pues estos factores afectan a los tres pilares principales del desarrollo sostenible:

—

el pilar económico, ya que la congestión del tráfico constituye un obstáculo a la competitividad (retrasos, mayores costes del transporte de mercancías, etc.). Las áreas urbanas son los motores económicos de Europa, al generarse en ellas más del 70 % de la riqueza de la UE. Sin embargo, el 7 % de dicha riqueza se pierde en los costes externos ocasionados por los accidentes, la congestión y los daños causados a la salud y al medio ambiente;

—

el pilar medioambiental, puesto que la contaminación producida por el tráfico de automóviles y camiones y la congestión de las áreas metropolitanas, las ciudades y las vías interurbanas constituye uno de los principales obstáculos para que la UE cumpla el objetivo 20-20-20. El transporte motorizado en las ciudades representa el 40 % de las emisiones de gas de efecto invernadero creadas por el transporte por carretera, y hasta el 70 % de otros contaminantes. Es evidente que la introducción de un cambio modal (la solución principal es el transporte público) contribuirá a la sostenibilidad del desarrollo europeo;

—

el pilar social, dado que la mejora de los sistemas de transporte público y la reducción de la congestión tendrán un efecto positivo sobre la calidad de vida de los ciudadanos y la salud pública, y asimismo brindarán a los barrios y comunidades desfavorecidos un mejor acceso a los centros urbanos, donde se encuentran oportunidades laborales, servicios (salud, educación) y cultura.

Funciones y responsabilidades

11. El Comité de las Regiones acoge con satisfacción la plena comprensión del principio de subsidiariedad que demuestra la Comisión Europea, la cual reconoce en el Plan de Acción que las políticas de movilidad urbana son principalmente competencia de los ámbitos local, regional y nacional, aun cuando las decisiones a nivel local suelen relacionarse con un marco creado por las políticas regionales, nacionales y de la UE.

12. La Comisión Europea entiende que se puede ganar mucho con una estrategia de colaboración que respete plenamente el principio de subsidiariedad y las competencias y responsabilidades de todos los niveles de gobernanza.

13. Las veinte medidas propuestas en el Plan de Acción se refieren principalmente a los instrumentos que ayudan a las ciudades y regiones a desarrollar una política de movilidad sostenible y reflejan la mayoría de las recomendaciones que el CDR ha realizado en el pasado. Estos instrumentos son los siguientes:

—	intercambio de información y mejores prácticas;

—	publicación de información y documentos de orientación sobre la elaboración de Planes de Movilidad Urbana;

—	diálogo con los operadores del transporte público para definir compromisos voluntarios en materia de derechos de los viajeros;

—	guía de Internet sobre vehículos limpios y debates con los Estados miembros sobre la manera de incluir las técnicas de conducción que ahorran energía en los temarios de los exámenes de obtención del permiso de conducir;

—	un observatorio sobre la movilidad urbana;

—	varios estudios en el ámbito de la movilidad urbana, incluida la forma en que funcionan las distintas «zonas verdes» en la UE.

14. El Plan de Acción de Movilidad Urbana de la Comisión brinda una oportunidad para crear un marco europeo que ayude a las autoridades locales, regionales y nacionales a tomar medidas en las zonas urbanas donde sea necesario desarrollar redes de transporte sostenible e introducir soluciones tecnológicas nuevas, respetando las competencias y responsabilidades de los distintos actores, para introducir medidas que ofrezcan a los ciudadanos de la UE modos ecológicos de transporte en las zonas urbanas y cambiar los comportamientos de movilidad urbana a fin de cumplir los objetivos medioambientales y de competitividad económica, así como los objetivos de cohesión social de la UE.

15. Plan de Acción de la Comisión Europea define seis temas que surgen de la consulta sobre el Libro Verde, todos los cuales merecen un comentario más detenido.

Promover políticas integradas

16. Tal vez la más importante de las tres acciones propuestas dentro de este tema sea ayudar a los entes locales y regionales a elaborar Planes de Movilidad Urbana sostenibles que abarquen el transporte de mercancías y de viajeros en las zonas urbanas y periurbanas. Esta iniciativa era una recomendación clave del Comité de las Regiones (8).

17. Sin embargo, un añadido interesante –que merece apoyo– es la propuesta de introducir una dimensión de movilidad urbana en los Planes de Acción para una Energía Sostenible que deberán elaborar las ciudades que participen en el Pacto de los Alcaldes (9), a fin de promover un enfoque integrado que vincule la energía y el cambio climático con las cuestiones relacionadas con el transporte sostenible y la movilidad.

18. La Comisión prevé también facilitar información sobre el vínculo entre las medidas de movilidad urbana sostenible y los objetivos de la política regional, incluida la relación entre transporte urbano y la red transeuropea de transporte.

Responder a las necesidades de los ciudadanos

19. Se reconoce que los derechos de los viajeros y la oferta de información sobre fiabilidad, seguridad, etc. son aspectos necesarios para atraer a la población al autobús, tranvía, metro y otros modos de transporte público. La Comisión tiene el propósito de determinar las mejores prácticas en toda la UE y definir un conjunto de compromisos voluntarios para reforzar los derechos de los usuarios del transporte público, una iniciativa que el Comité de las Regiones ha respaldado en el pasado (8).

20. La Comisión Europea tiene intención de colaborar con los operadores del transporte público y otros agentes para facilitar la distribución de información sobre viajes, siendo el objetivo final crear un portal de Internet a escala de la UE centrado especialmente en los nudos principales de la red RTE-T y sus conexiones locales y regionales, tal como había sugerido ya el Comité de las Regiones (8).

21. La Comisión propone realizar un estudio sobre las normas de acceso a las llamadas «zonas ecológicas», que permitirá fomentar el intercambio de buenas prácticas. La propuesta apoya la sugerencia del Comité de las Regiones (8) de crear un premio europeo anual que recompense las iniciativas de transporte excelentes y transferibles, a la manera de un sistema de «banderas azules» concedidas a las zonas con bajos niveles de contaminación ambiental y congestión (un sistema de «banderas verdes»). La Comisión Europea propone que para la Semana Europea de la Movilidad se optimice el sistema de premios existente y se introduzca un galardón especial para fomentar la adopción de Planes de Movilidad Urbana.

22. Dado que la conducción eficiente desde el punto de vista energético es un elemento obligatorio de la formación y evaluación de los conductores profesionales, la Comisión debatirá con los Estados miembros si este aspecto se podría incluir también en los exámenes destinados a los particulares.

«Ecologizar» el transporte urbano

23. La Comisión Europea considera que una actuación de la UE puede contribuir a reforzar los mercados de nuevas tecnologías de vehículos no contaminantes y carburantes alternativos. Por lo tanto, propone seguir apoyando los proyectos de investigación y demostración financiados con cargo al Séptimo Programa Marco con el fin de facilitar la comercialización de vehículos con niveles de emisión bajos o nulos, haciendo referencia específicamente a la Iniciativa Europea en favor del Coche Ecológico (10), que se ocupa de los vehículos eléctricos y las infraestructuras conexas en las zonas urbanas.

24. Se elaborará una guía sobre vehículos limpios y de bajo consumo energético para su publicación en Internet, que podrá ser utilizada como referencia para la adquisición de vehículos destinados a servicios públicos.

25. Una vez creado el marco de la UE para la internalización de los costes externos, la Comisión pondrá en marcha un estudio sobre los aspectos urbanos de dicha internalización, que examinará la eficacia y eficiencia de las soluciones en materia de precios del transporte según las cuales el usuario paga los costes externos (medioambientales, de congestión, etc.).

Intensificar la financiación

26. Una recomendación específica del Comité de las Regiones (8) es condicionar la financiación y cofinanciación europeas de los proyectos de transporte urbano a la existencia de Planes de Movilidad Urbana integrados, para incentivarlos en mayor medida. El Comité de las Regiones propugnó la introducción de instrumentos financieros europeos en un régimen de cofinanciación basado en la existencia de Acuerdos de Movilidad Urbana públicos-públicos/públicos-privados que atrajeran fondos del sector privado y de programas de financiación nacionales, regionales y locales.

27. El Plan de Acción de la Comisión indica que la financiación de la UE, incluidos los instrumentos del BEI, puede proporcionar incentivos importantes y contribuir a atraer fondos privados, ayudando a los entes locales a desarrollar sistemas innovadores de asociaciones público-privadas. La Comisión desearía ayudar a los poderes públicos y a las partes interesadas a examinar las oportunidades de financiación existentes y crear regímenes innovadores de asociación entre el sector público y el sector privado.

28. Por otra parte, la Comisión ha reconocido que debe continuar apoyando la iniciativa Civitas más allá de la tercera generación de proyectos que se inició en 2008, tal como ya había propugnado el Comité de las Regiones (8).

Compartir experiencias y conocimientos

29. La Comisión Europea tiene el propósito de realizar un estudio sobre las maneras de mejorar la recogida de datos sobre transporte y movilidad urbana y crear una plataforma virtual para compartir información, datos y estadísticas, seguir la evolución en este ámbito y facilitar el intercambio de mejores prácticas: todo ello basándose en iniciativas existentes (11). Esta iniciativa había sido acogida ya favorablemente por el Comité de las Regiones.

Optimizar la movilidad urbana

30. La Comisión Europea está interesada en facilitar la transferencia hacia modos de transporte más respetuosos del medio ambiente y una logística de mercancías eficiente, para lo cual propone organizar una conferencia sobre el transporte urbano de mercancías en 2010. El Comité de las Regiones se congratula por esta iniciativa.

31. La Comisión prevé también ofrecer ayuda para la aplicación de los sistemas inteligentes de transporte; cabe esperar que con protocolos de comunicación y transferencia de datos interoperables que mejoren la movilidad urbana en relación, por ejemplo, con la expedición y el pago electrónico de billetes, la gestión e información del tráfico, etc.

II. RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

32. Acoge con satisfacción el Plan de Acción de Movilidad Urbana de la Comisión Europea y apoya las medidas presentadas, en la medida en que no ponen en peligro el principio de subsidiariedad y la responsabilidad primaria de los Estados miembros y los entes locales y regionales, al entender que los desafíos de la movilidad urbana son tan importantes como las infraestructuras de transporte regional y de larga distancia, y en todo caso, responden a acciones complementarias en uno y otros campos territoriales y funcionales de actuación.

Financiación de la transferencia modal hacia el transporte público

33. Considera que las iniciativas puramente tecnológicas (nuevas tecnologías de motores, mejores carburantes y otras) que apoya el Séptimo Programa Marco no bastarán para conseguir unos sistemas de transporte público de alta calidad, seguros y asequibles que generen un importante cambio modal y reduzcan la congestión en las zonas urbanas. Debe promoverse la transferencia modal hacia todas las modalidades de transporte público, hacia los desplazamientos en bicicleta y a pie.

34. En consecuencia, insta a la Comisión a que preste la debida atención a la movilidad urbana con criterios claros de sostenibilidad en zonas urbanas y periurbanas de la UE, mediante los Fondos Estructurales y la Política de Cohesión, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

35. Asimismo, insta a que se tengan en cuenta las necesidades en materia de transporte urbano en la futura revisión de las perspectivas financieras de la UE; especialmente, habida cuenta de la importante contribución que los planes de movilidad urbana pueden aportar en relación con las bases económicas, medioambientales y sociales de desarrollo sostenible en las zonas metropolitanas.

36. Apoya las propuestas del Parlamento Europeo en el sentido de que en las Perspectivas Financieras para el período 2014-2020 habría que examinar la posibilidad de crear un instrumento financiero europeo que permitiera la cofinanciación de:

—	planes de movilidad urbana e

—	inversiones en un tipo de movilidad urbana y metropolitana que satisfaga los objetivos medioambientales y socioeconómicos de la UE.

37. Considera que estas medidas están justificadas, ya que la dotación de sistemas de transporte público de gran cobertura, alta calidad, seguros y asequibles en las ciudades europeas y zonas periurbanas permitiría:

—

reforzar el crecimiento económico y la competitividad mediante una reducción de la congestión y de los costes del transporte, mejorar la ordenación de los tráficos de viajeros y mercancías, la creación de puestos de trabajo en apoyo de los sistemas de transporte público y el efecto multiplicador de dichas inversiones (12);

—	mejorar la calidad del medio ambiente mediante la disminución de las emisiones de CHG y otros contaminantes, la reducción del tráfico rodado y el ahorro de energía (13), la mejora la calidad del aire y la reducción de los efectos sobre la salud respiratoria y cardiovascular.

—	reforzar la cohesión social y territorial (14) aumentando la movilidad de los habitantes, especialmente en las comunidades excluidas que viven en suburbios pobres y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de las zonas residenciales y los lugares turísticos en los centros urbanos.

Adoptar un enfoque integrado de las políticas urbanas

38. Considera necesaria una mayor coherencia entre las políticas e iniciativas europeas y, en particular, un enfoque integrado de las políticas urbanas y de planificación territorial a fin de evitar que las iniciativas contra la congestión y la contaminación, que desarrollan planes integrados y sostenibles de movilidad urbana en las zonas metropolitanas, no se vean contrarrestadas por actuaciones en otros campos, por ejemplo, la ordenación urbana y la dotación de viviendas.

39. Reafirma su apoyo a la elaboración de Planes de Movilidad Urbana, al menos en las grandes ciudades y las zonas urbanas y periurbanas, que permitan afrontar los retos de la accesibilidad para todos los habitantes, las necesidades de transporte de esas áreas, así como la congestión y los impactos medioambiental y sobre la salud.

40. Propugna la introducción de incentivos europeos de modo que, en las zonas urbanas y periurbanas adecuadas, la financiación y cofinanciación europeas de proyectos de transporte urbano y metropolitano estén condicionadas a la existencia de Planes de Movilidad Urbana y a la aprobación de Acuerdos de Movilidad, a través de asociaciones público-privadas que atraigan fondos del sector privado y de programas de financiación locales, regionales y nacionales.

41. Es consciente de que numerosas ciudades han elaborado ya Planes de Movilidad, pero piensa que, si este enfoque se extendiera a todas las principales zonas urbanas con participación activa de las partes interesadas, las ciudades seguirían pudiendo adaptar libremente los Planes de Movilidad a sus propias circunstancias y la Comisión podría demostrar el valor añadido de la actuación a nivel de la UE.

42. Observa que, como en anteriores ocasiones, la Comisión ha pedido a los entes locales que elaboren y ejecuten planes de transporte urbano sostenible (15), y considera que la Comisión debe animar a los Estados miembros a otorgar carácter obligatorio a esta medida para todas las grandes zonas urbanas o periurbanas y ofrecer a las ciudades y las regiones los incentivos adecuados para facilitarles la elaboración de este tipo de planes.

43. Insiste en que debe incrementarse la financiación de la iniciativa Civitas, aunque sólo para que vaya más allá de los proyectos de demostración y ayude al intercambio de buenas prácticas para contribuir al fomento y aplicación de los planes de movilidad urbana.

44. Insta a la Comisión a que incentive en mayor medida el desarrollo y aplicación de los Planes de Movilidad Urbana mediante la creación de un premio europeo anual que recompense las iniciativas de transporte más destacadas y transferibles, como parte de un sistema europeo de «banderas verdes» que se concederían, por ejemplo, a las zonas urbanas que adopten Planes de Movilidad Urbana y alcancen bajos niveles de contaminación ambiental y congestión urbana o que hayan modificado con particular éxito la distribución modal.

45. Recomienda a la Comisión que adopte un conjunto de indicadores que sirvan de criterios para la concesión de la «bandera verde» urbana, aunque reconoce que el logro de bajos niveles de contaminación (atmosférica y acústica) y congestión (rapidez y fiabilidad de los trayectos) constituye un desafío variable para las ciudades, dado el alto grado de heterogeneidad de las ciudades y el transporte urbano.

46. Recomienda asimismo, para la concesión a las ciudades de una bandera verde, tener en cuenta el fomento de una mentalidad ecológica o respetuosa con el medio ambiente en las zonas urbanas, y quizás el fomento del uso de posibilidades de locomoción alternativas (mediante la construcción de vías peatonales y carriles para bicicleta o la propagación de otros medios de transporte alternativos, etc.).

Fomentar la transferencia modal

47. Acepta que los ciudadanos de la UE, más conscientes hoy de los desafíos del cambio climático, pueden haberse vuelto más receptivos a la adopción de medidas que hagan que el usuario pague los costes externos de los sistemas de transporte (ambientales, de congestión y otros) cuando las autoridades no invierten en transporte público: principio de «quien contamina paga».

48. Insta a la Comisión a iniciar rápidamente el estudio propuesto sobre los aspectos urbanos de la internalización de los costes externos de los modos de transporte (16), (17) de modo que puedan adoptarse medidas que contribuyan a reequilibrar los costes de dichos modos y a implantar sistemas de transporte más sostenibles en las zonas urbanas.

49. Entiende que las orientaciones dadas por la Comisión Europea en relación con las distintas opciones que existen para reflejar los costes externos de la movilidad en los precios del transporte favorecen que los usuarios opten por los modos de transporte respetuosos del medio ambiente, contribuyendo así a la transferencia modal y a explicar a los ciudadanos que el transporte individual «parece» más barato únicamente porque los costes externos no están incluidos en las cuentas económicas del transporte.

50. Acoge con satisfacción el apoyo prestado por la Comisión a la investigación sobre vehículos poco contaminantes y de alta eficiencia energética y sobre carburantes alternativos, pero observa que, aunque el progreso tecnológico contribuirá al cumplimiento del programa medioambiental, son necesarias también medidas que favorezcan la transferencia modal para poder afrontar los problemas medioambientales y de congestión que sufren las zonas urbanas.

Ampliación de los derechos de los pasajeros

51. Se congratula de las propuestas de la Comisión Europea en materia de derechos de los viajeros e información sobre seguridad y fiabilidad del transporte pero, dado que estas propuestas se limitan a compromisos voluntarios basados en las mejores prácticas europeas, insta la Comisión a que intensifique sus efectos con campañas de comunicación y sensibilización en todos los Estados miembros, en colaboración con las autoridades nacionales y los entes regionales y locales.

52. Pide que las citadas campañas de sensibilización incluyan información relativa a los efectos de las medidas en materia de movilidad urbana y las decisiones de movilidad de los ciudadanos europeos sobre el medio ambiente y la competitividad económica de Europa y sus regiones.

Bruselas, 15 de abril de 2010.

El Vicepresidente Primero del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

(1) Dictamen sobre el Libro Verde sobre el transporte urbano (Ponente: Albert Bore) - CDR 236/2007 fin.

(2) COM(2007) 551.

(3) Dictamen sobre el Plan de Acción de Movilidad Urbana (Ponente: Albert Bore) - CDR417/2008 fin.

(4) Informe sobre un Plan de Acción Movilidad Urbana (Ponente: Gilles Savary) - 2008/2217(INI).

(5) Dictamen sobre el «Libro Verde sobre la Cohesión Territorial» (Ponente: Jean-Yves Le Drian) - (CDR 274/2008) fin.

(6) COM(2009) 490 final.

(7) Naciones Unidas: World Urbanization Prospects: The 2007 Revision.

(8) Véase la nota 3.

(9) www.eumayors.eu.

(10) http://ec.europa.eu/research/transport/info/green_cars_initiative_en.html.

(11) Por ejemplo, www.eltis.org.

(12) Las inversiones en el transporte público tienen un efecto multiplicador de entre 2 y 2,5 en las economías locales y regionales - Quinto Programa Marco de la CE (2005): Estudio Transecon.

(13) Son posibles ahorros de energía de entre 400 kg y 500 kg de carburante por habitante y año en las ciudades del transporte público tiene una alta cuota modal – UITP.

(14) Véase la nota 5.

(15) Estrategia temática para el medio ambiente urbano – COM(2005) 718.

(16) Las tarifas para los viajeros de los servicios ferroviarios y autobuses se están incrementando más rápidamente que los costes derivados del uso del automóvil privado – Agencia Europea de Medio Ambiente, Informe 3/2004.

(17) Un futuro sostenible para los transportes: hacia un sistema integrado, tecnológico y de fácil uso (Ponente: Väino Hallikmägi) – CDR 146/2009 fin.

27.8.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 232/36

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Estrategia y retos principales de la ampliación (2009-2010) — Países candidatos»

(2010/C 232/06)

I. RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Recomendaciones generales

1. Reitera que el objetivo de la UE es promover la paz, los valores y la prosperidad de sus pueblos. Por esta razón, la Unión está abierta a todo país europeo que satisfaga los criterios de Copenhague.

2. Señala que el proceso de ampliación constituye un factor importante para garantizar la paz y la estabilidad en el continente europeo y ofrece a los ciudadanos de los países candidatos una oportunidad añadida para disfrutar de la paz y la prosperidad que se desarrolla gracias al espacio económico común.

3. Subraya que la Unión Europea debe reafirmar su decidido compromiso en favor de una perspectiva de integración para con todos los países europeos que cumplan los criterios de adhesión, así como las condiciones de admisión establecidas en el Proceso de Estabilización y Asociación.

4. Hace hincapié en que el éxito de la integración depende de la manera en que cada país candidato prepare su adhesión y satisfaga los criterios de Copenhague.

5. Reitera su pleno apoyo a las medidas y reformas llevadas a cabo por los países candidatos con el fin de cumplir los criterios de adhesión.

6. Llama la atención sobre la importancia esencial que reviste el respeto del principio de relaciones de buena vecindad y de cooperación regional para el proceso de integración. Invita a los países candidatos a resolver de manera aceptable para todas las partes los problemas aún no resueltos con los países vecinos con arreglo a las prioridades, principios y valores europeos.

7. Señala la importancia de que los entes locales y regionales y sus asociaciones participen en una fase temprana en el proceso de adhesión, teniendo en cuenta que se trata de un proceso estructural, profundamente democrático, que no puede ponerse en práctica solo a nivel central sin una participación activa de todos los niveles de gobierno y sin el pleno respeto de los principios de subsidiariedad y proximidad.

CROACIA

Progresos realizados por Croacia en el proceso de adhesión

8. Felicita a Croacia por sus constantes progresos en el cumplimiento de los criterios de adhesión a la Unión y de las obligaciones derivadas de dicha adhesión.

9. Expresa su satisfacción por el acuerdo bilateral alcanzado en el conflicto referente a la frontera con Eslovenia, acuerdo que ha permitido llegar a una solución aceptable para ambas partes.

10. Anima a Croacia a que intensifique sus esfuerzos para cumplir todos los criterios y objetivos de referencia necesarios, incluida la plena cooperación con el TIPY en los asuntos aún sin resolver, y a que acelere las reformas en algunos sectores clave como condición necesaria para la conclusión de las negociaciones de adhesión en 2010.

11. Aprecia los esfuerzos realizados por Croacia en la lucha contra el fraude. Señala, no obstante, que el fraude se extiende aún en numerosos sectores y recomienda que se intensifiquen los esfuerzos y se incrementen las capacidades administrativas de las instancias encargadas de la lucha contra el fraude, así como la cultura de responsabilidad política en todos los niveles.

12. Aprueba las garantías jurídicas y el respeto general de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, aunque pone también de relieve las amenazas y las presiones políticas a las que se ven sometidos los periodistas que investigan casos de corrupción y de delincuencia organizada.

13. Expresa su preocupación por la aplicación insuficiente de la legislación en materia de lucha contra la discriminación. Los recientes recortes presupuestarios no pueden utilizarse como pretexto para no aplicar plenamente la legislación. Señala que la discriminación de las minorías constituye un especial problema, dado que en la práctica la protección contra la discriminación y su persecución penal no se ajustan a las normas de la UE.

Reforzar las capacidades de los entes locales y regionales

14. Valora positivamente la rápida organización y elevada participación, así como la activa implicación de las mujeres, en las primeras elecciones por sufragio directo de alcaldes y prefectos que se organizaron en mayo de 2009.

15. Acoge favorablemente la adopción de la «Estrategia nacional para la educación de dirigentes y funcionarios de los entes locales y regionales para el periodo 2009-2013». Reconoce la importancia de esta estrategia para mejorar las capacidades de los gobiernos locales en lo que respecta a la prestación de servicios descentralizados a los ciudadanos. Señala, no obstante, las grandes carencias de los procedimientos administrativos y reconoce que la base jurídica para la creación de una administración pública moderna y profesional presenta todavía deficiencias.

16. Subraya que no se ha adoptado una estrategia de descentralización debido a la falta de compromiso a nivel político y lamenta la ausencia de coordinación general entre el nivel político y técnico, así como entre la administración central y local. Insta a las autoridades nacionales a establecer procedimientos que les permitan estar representados de manera satisfactoria en el proceso legislativo y recomienda que se adopten medidas para mejorar la situación económica de los entes locales y regionales.

17. Anima a adoptar medidas más concretas en materia de formación y mejora de las capacidades profesionales y los conocimientos de las autoridades croatas a nivel central, regional y local; propone en este contexto que se intensifique la cooperación con los Estados miembros de la UE, para que se puedan aprovechar más rápidamente sus experiencias y cumplir cuanto antes las condiciones del Tratado de Adhesión a la UE.

18. Reconoce los progresos realizados para simplificar la inscripción de las empresas en los registros establecidos a tal efecto, pero subraya que el entorno empresarial se ve afectado negativamente por el gran número de instancias parafiscales existentes a nivel nacional y local, por la corrupción y por la ineficiencia de la administración pública.

19. Opina que los entes regionales y locales y sus asociaciones han de participar en el proceso de adopción del acervo comunitario. Subraya que los entes locales y regionales deben estar bien preparados para asumir las obligaciones que se derivan de la futura adhesión a la UE y para beneficiarse de las oportunidades que ésta brinda.

ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

Progresos realizados por la Antigua República Yugoslava de Macedonia en el proceso de adhesión

20. Llama la atención sobre la recomendación de la Comisión y las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de diciembre de 2009 y anima al Gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a garantizar unas relaciones de buena vecindad y, más en concreto, a redoblar sus esfuerzos para encontrar, por la vía de la negociación, una solución mutuamente aceptable a la cuestión de su denominación, bajo la égida de las Naciones Unidas.

21. Subraya la importancia de las relaciones de buena vecindad y exhorta al Gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a trabajar junto con todos los socios en pro de una mayor cooperación regional.

22. Acoge favorablemente la decisión de la UE según la cual los ciudadanos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia pueden viajar sin visado en la zona Schengen a partir del 19 de diciembre de 2009.

23. Pide a las autoridades de la Antigua República Yugoslava de Macedonia que prosigan su labor de reformas, en particular en los ámbitos de la reforma de la administración pública y la justicia, los derechos de la mujer y las relaciones interétnicas, con arreglo al Acuerdo Marco de Ohrid de 2001, que prevé en particular la protección de los derechos de las personas de todo origen étnico y su mayor participación en la vida pública y en la administración pública.

24. Valora positivamente los satisfactorios avances realizados a la hora de reforzar y aplicar el marco de la lucha contra la corrupción, si bien la corrupción sigue siendo un fenómeno muy extendido que constituye un grave problema. Anima a redoblar los esfuerzos necesarios, especialmente por lo que respecta a la aplicación del marco jurídico.

Reforzar las capacidades de los entes locales

25. Acoge favorablemente la propuesta de creación de una nueva Comisión de Autogobierno Local.

26. Valora positivamente que se recurra a la cooperación transfronteriza para fomentar el diálogo entre los entes locales y regionales de los países vecinos.

27. Toma nota con satisfacción de las conclusiones de los observadores enviados por la OSCE – Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) y por el Consejo de Europa según las cuales las elecciones presidenciales y locales celebradas en 2009 «(…) respetaron la mayoría de los criterios de la OSCE y las normas internacionales para las elecciones democráticas». Pide al Gobierno que prosiga la aplicación de las demás recomendaciones de la OSCE-OIDDH y confía en que se ocupará de esclarecer todas las irregularidades que se constaten.

28. Anima a continuar los esfuerzos de descentralización y a aumentar la transferencia de competencias a los municipios, como principios fundamentales del Acuerdo Marco de Ohrid, si bien observa que es preciso intensificar dichos esfuerzos, en particular en lo que respecta al marco financiero para los municipios. Apoya asimismo la labor realizada por la Unión de Municipios (ZELS), que asume un importante papel a la hora de impulsar el proceso de descentralización.

29. Acoge favorablemente la entrada en vigor de la Ley sobre cooperación intermunicipal, de junio de 2009, y confía en que se aplicará efectivamente, al igual que la legislación de tipo similar que se elabore.

30. Destaca las mejoras en la recaudación de los impuestos locales y los esfuerzos realizados para reforzar las capacidades de los municipios en lo que respecta a la gestión del impuesto sobre el patrimonio, los recursos económicos, la deuda y el control financiero.

31. Señala que algunos municipios, especialmente los menos poblados, siguen teniendo capacidades administrativas limitadas por lo que respecta a la gestión de los recursos económicos, los impuestos y el control financiero, y lamenta las deficiencias que aún subsisten en los entes locales en el ámbito de la transparencia y la responsabilidad.

32. Está convencido de que es necesario mejorar la cooperación entre los niveles central y local, y de que el Ministerio de Entidades Locales debe facilitar en mayor medida el proceso de descentralización.

33. Reclama un mayor esfuerzo en la lucha contra el tráfico de seres humanos prosiguiendo la aplicación del Plan de acción nacional de lucha contra el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal (PAN) y mejorando en este ámbito la coordinación a nivel local.

34. Acoge con satisfacción que los empleados municipales estén recibiendo una formación cada vez mayor para poder aplicar las partes del acervo comunitario que corresponden al nivel local y administrar los recursos proporcionados por la UE. Anima a proseguir estos esfuerzos.

35. Destaca que las capacidades administrativas en materia de elaboración y aplicación de la legislación medioambiental distan mucho de ser eficientes, tanto a nivel nacional como local, y destaca la importancia de remediar con eficacia esta situación, teniendo en cuenta asimismo sus posibles repercusiones para el medio ambiente de los países vecinos.

TURQUÍA

Progresos realizados por Turquía en el proceso de adhesión

36. Acoge con satisfacción el amplio debate público sobre una serie de cuestiones tradicionalmente delicadas, como el papel del poder judicial, los derechos de los ciudadanos de origen kurdo, los derechos de la comunidad aleví, el papel de las fuerzas armadas y las relaciones de Turquía con sus vecinos, y elogia al Gobierno turco por su actitud constructiva y su papel al iniciar este diálogo.

37. Observa que, en lo que a reformas concretas se refiere, los progresos en 2009 han seguido siendo limitados, y anima al Gobierno a plasmar sus iniciativas políticas en cambios legislativos concretos y a ponerlos en práctica.

38. Lamenta que, aun en los ámbitos en los que existe legislación acorde con los criterios políticos de Copenhague, su aplicación sigue siendo insuficiente, en particular en materia de derechos de las mujeres, no discriminación, libertad religiosa, libertad de expresión, tolerancia nula de la tortura y lucha contra la corrupción.

39. Manifiesta su preocupación por la situación en el ámbito de la libertad de expresión y la libertad de la prensa, en particular tras la multa sin precedentes impuesta a un grupo de comunicación.

40. Lamenta los escasos progresos realizados en el ámbito de la libertad de culto, e insta al Gobierno a que establezca un marco jurídico conforme al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que permita que todas las comunidades religiosas no musulmanas y la comunidad aleví puedan desarrollar su actividad sin restricciones indebidas.

41. Lamenta el hecho de que el Gobierno turco siga expresando reservas sobre el respeto de los derechos de las minorías tal como están garantizados por el Derecho internacional. Insta por ello al Gobierno turco a que aproxime su política a las normas internacionales en este ámbito y a los partidos políticos a que apoyen sus esfuerzos. Pide asimismo a Turquía que adopte medidas conformes a las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa con respecto a la minoría griega de las islas de Imbros (Gökçeada) y Ténedos (Bozcaada), con el fin de mantener el carácter intercultural de las dos islas como modelo de cooperación entre Grecia y Turquía.

42. Expresa su condena por las constantes violaciones de los compromisos que se derivan del protocolo adicional al Acuerdo de Asociación entre la UE y Turquía e invita a la parte turca a poner en práctica este texto en su integridad y sin discriminaciones.

43. Exhorta a todas las partes interesadas a que apoyen enérgicamente las negociaciones en curso sobre la cuestión chipriota y a que contribuyan de modo concreto a garantizar una solución global, basada en el esquema de una confederación bizonal y bicomunitaria dotada de una única identidad y personalidad jurídica internacional, de conformidad tanto con las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la materia como con los principios fundadores de la UE. Les exhorta también a facilitar la creación de un ambiente propicio para la negociación con la retirada de las tropas turcas de Chipre, Estado miembro de la UE, la regulación de la cuestión de los colonos y la devolución de la zona cerrada de Famagusta a sus habitantes legítimos.

44. Señala la importancia de Turquía como país de tránsito de la migración irregular. Toma nota de la reanudación de las negociaciones sobre un acuerdo de readmisión UE-Turquía, e insta a Turquía a que entretanto aplique plenamente los acuerdos bilaterales vigentes en materia de readmisión con los Estados miembros. Pide asimismo al Gobierno turco que refuerce su cooperación con la UE por lo que respecta a la gestión de la inmigración, incluida la Agencia Frontex, que garantiza la vigilancia de las fronteras exteriores de la UE.

45. Respecto de otras cuestiones de índole regional, el CDR acoge con satisfacción la mejora de las relaciones que Turquía mantiene con sus vecinos, especialmente el acuerdo conjunto con Armenia, e insiste en la gran importancia de ratificar rápidamente los protocolos sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, así como de seguir desarrollando las relaciones bilaterales con Armenia. El CDR espera de Turquía que prosiga sus esfuerzos en favor de unas relaciones de buena vecindad y la resolución pacífica de los conflictos.

Reforzar las capacidades de los entes locales

46. Acoge con satisfacción las elecciones locales, en general libres y justas, celebradas en marzo de 2009.

47. Expresa su pesar por la lentitud de los progresos en lo que respecta a la transferencia de competencias a los entes locales, en particular para la creación de consejos municipales operativos, que constituyen la condición fundamental para reforzar la participación de la población en la toma de decisiones de los gobiernos locales.

48. Insta a una mayor transparencia y responsabilidad, en particular en el ámbito de los controles internos y externos de las finanzas de los entes locales, y subraya la importancia de la descentralización y el refuerzo de las capacidades de los entes locales para ejercer las competencias que les sean atribuidas.

49. Valora positivamente la prioridad que se otorga al pleno empleo en las negociaciones, así como la adopción de un Programa nacional para la adopción del acervo, si bien señala al mismo tiempo que debe darse también prioridad a los pequeños avances para poner en práctica con eficacia las políticas y las reformas constitucionales.

50. Llama la atención sobre el Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo (no 16/2009), referente a la gestión de ayuda de preadhesión concedida a Turquía por la Comisión Europea e invita a ésta última a aplicar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, fijando objetivos y aplicando los programas sobre la base de los criterios de adhesión.

51. Acoge favorablemente la creación de Agencias de Desarrollo y se felicita de que las partes regionales y locales interesadas participen en la elaboración del presupuesto de cada una de las Agencias. Señala no obstante la falta de claridad de los criterios de selección y la falta de transparencia del procedimiento.

52. Señala que la adopción del acervo en el ámbito de la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales son aún muy limitadas.

53. Expresa su esperanza y su convicción de que las autoridades y demás instituciones de Turquía analizarán detenidamente las insuficiencias y observaciones críticas mencionadas y adoptarán medidas jurídicas y administrativas adecuadas para subsanarlas.

Bruselas, 14 de abril de 2010.

El Vicepresidente primero del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

27.8.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 232/41

Dictamen del Comité de las Regiones sobre «Mejorar las Directivas EIA y EAE»

(2010/C 232/07)

I. RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

A. Observaciones generales y papel del poder regional y local

1. afirma la importancia de las Directivas EIA y EAE como instrumentos fundamentales de la política de medio ambiente local y regional en la medida en que evitan probables consecuencias para el medio ambiente por parte de los programas, planes o proyectos de inversión pública o privada;

2. señala que la aplicación de ambas Directivas puede imponer costes adicionales a las empresas y administraciones públicas;

3. estima, sin embargo, que ninguna de las dos Directivas establece normas medioambientales obligatorias al dejar a las autoridades nacionales la labor de garantizar el control de la calidad de la Evaluación de Impacto Ambiental y de la Evaluación Ambiental Estratégica;

4. admite que, aunque en las Directivas EAE y EIA se garantice la participación pública y la transparencia en el proceso decisorio, quedan algunas lagunas por resolver, sobre todo en la fase inicial de la consulta pública, así como en la forma y el acceso de los ciudadanos a la información;

5. subraya que existen distintos pasajes en los que ambas Directivas podrían solaparse. A pesar de incidir en temas diferentes – la EAE se aplica en la fase inicial de ciertos planes y programas públicos y privados, mientras que la EIA se aplica en la fase de evaluación de los proyectos públicos y privados –, la frontera entre la definición de plan, programa y proyecto no siempre está clara, persistiendo la duda de si el objeto de la evaluación satisface los criterios para requerir la aplicación de ambas Directivas o sólo de una de ellas. Por este motivo, la evaluación debe hacerse en dos etapas;

6. hace hincapié en la necesidad de establecer en las dos Directivas vínculos formales con la Directiva de hábitats, en particular, en lo que se refiere a su aspecto de evaluación apropiada, y el Plan de Acción para la Biodiversidad con una metodología bien establecida para determinar el impacto del cambio climático.

B. Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

7. confirma que todos los Estados miembros han constituido marcos reglamentarios completos y aplican la EIA, y que, en algunos casos, incluso se han superado las exigencias mínimas impuestas por la Directiva;

8. sin embargo, observa que en algunos ámbitos la EIA necesita mejorar y pide que se celebre un debate de expertos a nivel de los Estados miembros, sobre todo en la selección, en la participación pública, en la calidad de los datos, en los procedimientos de la EIA transfronteriza y en la coordinación entre la Directiva EIA y otras directivas y políticas;

9. propone simplificar y aclarar el mecanismo de selección, previsto en el artículo 4 junto con los anexos II y III, detallando los criterios de selección del anexo III y estableciendo, en la Directiva, umbrales, criterios o activadores. Se observa que, a la hora de establecer umbrales, algunos Estados miembros suelen sobrepasar su margen de apreciación, bien porque sólo tienen en cuenta algunos de los criterios del anexo III bien porque exceptúan algunos proyectos de antemano. Por otra parte, sigue habiendo muchos casos en los que no se tienen en cuenta los efectos acumulativos, y también plantea problemas el hecho de «fragmentar» los proyectos, sobre todo en el caso de grandes planes de inversión. Asimismo, propone detallar las características técnicas de los proyectos incluidos en los anexos I y II para aclarar el ámbito concreto de aplicación;

10. recomienda la introducción en la Directiva de la obligación de delimitar el campo de aplicación, para determinar el contenido y el alcance de los temas que deben incluirse en la información medioambiental de la EIA, así como un proceso transparente de acreditación de los consultores cuando se recurra a sus servicios;

11. asimismo, recomienda, como medida para contribuir a la calidad de la EIA y, por consiguiente, para mejorar su eficacia, que se introduzca en la Directiva la evaluación obligatoria de las alternativas estudiadas, el establecimiento del período de validez de la EIA y el seguimiento obligatorio del impacto ambiental significativo que pudiera tener la realización de los proyectos; así como de la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas;

12. subraya que el público debe tener la posibilidad real de participar desde el principio en el proceso de toma de decisiones. La consulta pública debe comenzar lo antes posible, por ejemplo, en la fase de selección y delimitación del campo. Asimismo, deben elaborarse requisitos mínimos para poner a disposición del público interesado la documentación de la EIA.

C. Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)

13. hace hincapié en que la visión general de la aplicación y la efectividad de la Directiva EAE varía de unos Estados miembros a otros en lo que respecta a la configuración institucional y jurídica del procedimiento de evaluación ambiental estratégica y en lo referente a cómo perciben su papel los Estados miembros (1);

14. subraya que, aunque hace falta adquirir más experiencia en la aplicación de la Directiva EAE, la Directiva contempla una serie de elementos – que cada Estado miembro deberá describir –, que podrán ser especificados en una revisión. Así hace hincapié en la necesidad de:

—	regular claramente el ámbito de aplicación de la Directiva (artículo 3, apartado 2, letra a) junto con el apartado 3) con respecto a la posibilidad de que el plan o programa produzca efectos en el medio ambiente;

—	definir mejor el contenido del informe medioambiental (artículo 5 y anexo I). La identificación de la amplitud y el grado de especificación correctos de la evaluación, así como un conjunto de criterios normalizados en materia de medio ambiente, pueden mejorar la eficacia de la Directiva;

—	proporcionar en el informe medioambiental (artículo 5, apartado 1) una definición específica de alternativas razonables con carácter obligatorio;

—	imponer la obligación de establecer métodos e indicadores que permitan supervisar los efectos significativos (artículo 10) de la aplicación de los planes o programas en el medio ambiente, así como la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas;

15. recuerda que la experiencia demuestra que la introducción de la EAE en la ordenación regional y local del uso del suelo aumenta los costes de la operación aproximadamente entre el 0,1 y el 1 %, mientras que el tiempo de aprobación de las mismas se incrementa entre un 20 y un 25 % respecto al tiempo habitual, por lo que, a la hora de introducir cambios en la EAE, habrá que tenerlo presente;

16. considera vital la necesidad de desarrollar capacidades en los Estados miembros para asegurar una aplicación eficaz de la Directiva EAE. En este sentido, debe incentivarse considerablemente el aumento de las capacidades, en especial a través de campañas dirigidas a la contratación y formación de peritos en EAE y la elaboración de documentos de orientación;

17. propone que todas las iniciativas que se adopten contemplen los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y legislar mejor, así como la necesidad de entablar un amplio debate con todas las partes interesadas, mejorar la protección de la naturaleza, aumentar el grado de armonización y simplificar los actuales procedimientos;

18. señala que se puede ahorrar tiempo y dinero, y evitar la duplicación de los procedimientos dado que los ciudadanos han tenido ya la oportunidad de conocer las soluciones previstas a lo largo de las audiencias públicas; por ello una EAE resulta superflua como procedimiento encaminado a asegurar la participación pública. Podría llevarse a cabo una EAE para examinar las alternativas en términos de los objetivos, las tecnologías utilizadas y la potencial contaminación de un objeto concreto con posibles efectos medioambientales negativos en un determinado territorio.

Bruselas, 15 de abril de 2010.

El Vicepresidente Primero del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

(1) Para más información sobre la aplicación y eficacia de ambas directivas se pueden consultar los siguientes estudios de la Comisión Europea:

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/eia_study_june_09.pdf

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/study0309.pdf.

27.8.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 232/44

Dictamen del Comité de las Regiones sobre los temas «Transformar el dividendo digital en beneficios sociales y crecimiento económico» y «Una asociación público-privada para la Internet del futuro»

(2010/C 232/08)

I. RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

Observaciones comunes a las dos Comunicaciones

1. acoge favorablemente las Comunicaciones de la Comisión tituladas «Transformar el dividendo digital en beneficios sociales y crecimiento económico» y «Una asociación público-privada para la Internet del futuro», en la medida en que la utilización del dividendo digital y el desarrollo de la Internet del futuro pueden contribuir significativamente a la reducción de la fractura digital, así como a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa y la subsiguiente estrategia UE 2020, y satisfacer algunas necesidades importantes de los ciudadanos europeos en materia social, cultural y económica;

2. recuerda que ha insistido en repetidas ocasiones en el hecho de que una brecha digital persistente genera exclusión social y retraso económico. Desde un punto de vista social y económico es necesario hacer realidad la igualdad de oportunidades en materia de competencias digitales y de acceso al entorno digital;

3. recuerda también que la inclusión digital desempeña un papel crucial en la consecución de los objetivos de la iniciativa «i2010 – Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo» (1) y, por tanto, también en la consecución de los objetivos de desarrollo económico y social de la Estrategia de Lisboa (2);

4. destaca que la exigencia de un acceso a Internet de banda ancha a un precio asequible es esencial para la cohesión social y territorial y el crecimiento económico, así como para la inclusión digital en la Unión Europea, en particular en el contexto actual de crisis económica y social profunda;

5. observa que, al tratarse de un servicio comparable a otros servicios públicos como el suministro de agua o electricidad, la banda ancha se considera cada vez más como un servicio público (3). Por este motivo, la banda ancha debería estar disponible a un precio razonable para todos los ciudadanos de la Unión Europea;

6. insiste en la importancia de los entes locales y regionales, como se reconoce en la estrategia «i2010 – Una sociedad de la información europea», puesto que representan el motor del crecimiento económico a escala local y generan, utilizan y poseen numerosos productos y servicios de información digital; en algunos Estados miembros, son también las autoridades competentes en esta materia. Los entes locales y regionales deben por lo tanto participar plena y eficazmente en la gobernanza de la sociedad de la información (4);

7. destaca en este contexto el papel clave y la responsabilidad que corresponde a los entes locales y regionales garantizando un acceso equitativo y a un precio razonable a la alta velocidad en aquellas regiones en las que los mecanismos de mercado son insuficientes para lograrlo por sí solos, llevando a cabo proyectos piloto para salvar las desigualdades de accesibilidad al mundo digital y optando por un nuevo enfoque que permita centrar en el ciudadano los servicios públicos en línea (2);

8. considera que los entes locales y regionales deberían participar en una amplia cooperación para mejorar la interoperabilidad en la administración pública y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos (5);

9. sugiere que se aproveche plenamente el potencial de Europa en materia de desarrollo de los servicios TIC en los sectores público y privado y que se utilicen así las TIC como medio para mejorar los servicios prestados por los entes locales y regionales en ámbitos como la salud, la educación, el orden público, la seguridad y los servicios sociales. Las asociaciones público-privado (APP) respaldadas por la UE entre los entes locales y regionales y las PYME que desarrollan las TIC en el ámbito de los servicios públicos de TIC pueden constituir una excelente base para la edificación de un núcleo de competencias y conocimientos a nivel local en toda la UE (6).

Observaciones particulares sobre la Comunicación de la Comisión «Transformar el dividendo digital en beneficios sociales y crecimiento económico»

10. está de acuerdo con la Comisión en que la transición de la televisión terrestre analógica a la digital en Europa liberará radiofrecuencias de gran utilidad, dada la mayor eficiencia de la transmisión digital. El potencial que ofrece este «dividendo digital» para el suministro de un amplio abanico de servicios es considerable ya que, en esa gama de frecuencias, las señales de radio pueden recorrer largas distancias y los equipos que utilizan estas frecuencias pueden funcionar fácilmente dentro de los edificios. Por consiguiente, el Comité está convencido de que se trata de una ocasión única para Europa de responder a la demanda creciente en materia de frecuencias radioeléctricas, en particular para proporcionar conexiones inalámbricas de banda ancha a las zonas rurales, reduciendo así la brecha digital, para promover la adopción de nuevos servicios inalámbricos como las aplicaciones de nueva generación en el sector de la banda ancha móvil y para favorecer el desarrollo de la radiodifusión terrestre.

El dividendo digital: una herramienta en favor del desarrollo económico

11. toma nota de que, según el estudio «Exploiting the digital dividend - a European approach» (Explotar el dividendo digital - un enfoque europeo) encargado por la Comisión, la estimación del valor total que podría generar el dividendo digital en un período de 15 años se sitúa entre 150 000 y 700 000 millones de euros para el conjunto de la Unión Europea; destaca en este contexto que, según las disposiciones recientemente revisadas del marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (7), las radiofrecuencias constituyen un bien público que posee un importante valor social, cultural y económico;

12. observa que el acceso al dividendo digital facilitará el suministro de servicios de banda ancha en el conjunto de la Unión Europea, contribuirá así a la realización del mercado único de servicios de comunicación electrónicos y, por consiguiente, constituirá un elemento importante de la productividad y la competitividad de la economía europea.

El dividendo digital: una herramienta para combatir la brecha digital

13. manifiesta su convicción de que la persistente brecha digital impide el desarrollo y el mantenimiento de la cohesión social y de la prosperidad y genera exclusión social y económica. A este respecto, la iniciativa i2010 debe contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, de manera más general, de la sociedad (2);

14. recuerda las dificultades con que tropiezan los mercados para instalar en algunas zonas geográficas redes de banda ancha y alta velocidad a un precio razonable. El Comité insta, pues, a la Comisión a que promueva la utilización de las radiofrecuencias que se liberarían para desarrollar políticas y orientaciones que compensen esta incapacidad del mercado y faciliten las iniciativas del Estado y del sector público para desarrollar en estas zonas redes abiertas y separadas funcionalmente de los servicios (3).

La apertura del espectro y las ventajas para el desarrollo de los servicios públicos

15. reitera que el acceso a conexiones inalámbricas de alta calidad y a un precio razonable puede contribuir a mejorar la facilidad de acceso a los servicios prestados por los entes territoriales, así como la calidad de estos servicios, facilitando al mismo tiempo a las microempresas y PYME la comercialización de sus productos. Se espera que las regiones y comunidades remotas, en particular las ultraperiféricas, se beneficien considerablemente de un acceso más amplio y rápido a los servicios de banda ancha (8);

16. considera que la utilización del dividendo digital permitiría el desarrollo de servicios de lo que se denomina «administración electrónica», cuyo campo de aplicación abarcaría, en particular, los siguientes ámbitos: las relaciones de los usuarios con las administraciones; la contribución de las administraciones a la animación del debate público (difusión de los datos públicos esenciales, foro público, consultas en línea y, en general, los nuevos mecanismos de consulta a los ciudadanos); las relaciones de las empresas con la administración (declaraciones de los datos sociales, declaraciones de contrataciones, transferencias de datos fiscales y contables); la aplicación de las técnicas del comercio electrónico a las adquisiciones y contratos públicos (e-procurement); los nuevos métodos de trabajo y organización en la administración (transformación de los oficios, trabajo cooperativo, trabajo a distancia). La utilización del dividendo digital permitiría así compensar los inconvenientes vinculados al alejamiento de las zonas rurales con una mejor comunicación entre la administración y los usuarios, tanto particulares como empresas;

17. subraya que uno de los hilos conductores del objetivo de modernización económica de la política europea de cohesión para el período 2007-2013 se centra en el aumento de la capacidad de atracción de los Estados miembros, las regiones y las ciudades, garantizando la accesibilidad y unos servicios de calidad y de nivel adecuados. El Comité considera que este enfoque respalda el desarrollo de los servicios públicos en línea y el crecimiento de la economía del conocimiento, pues da dinamismo a las capacidades de investigación y de innovación (2).

Un enfoque coordinado a escala comunitaria

18. toma nota del hecho de que, también según el estudio «Exploiting the digital dividend - a European approach», la instauración, antes de 2015, de una adecuada coordinación europea en lo que se refiere al conjunto de las radiofrecuencias del dividendo digital permitiría aumentar el impacto económico de este dividendo de 20 a 50 millones de euros en 15 años, en función, principalmente, del nivel real de la futura demanda de servicios avanzados como la radiodifusión terrestre y la banda ancha inalámbrica;

19. toma también nota de que, tanto la CEPT (9) (Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones) como el Grupo de política del espectro radioeléctrico (Radio Spectrum Policy Group, RSPG) (10) han insistido en el carácter no vinculante de todo enfoque armonizado. Son varias las razones a favor de este carácter no vinculante: las diferencias debidas al tamaño y a la topografía de los Estados, el nivel de competencia con las demás plataformas de suministro de servicios como satélites o redes de cable, o incluso el uso de las radiofrecuencias en países limítrofes que no forman parte de la Unión Europea. Por otra parte, el Comité considera que, en virtud del principio de subsidiariedad, corresponde a los Estados miembros -o a los entes locales o regionales si disponen de esta competencia- la decisión de asignar una banda de radiofrecuencias a un uso particular. Reconoce no obstante que se necesita una coordinación a nivel europeo de las condiciones técnicas corrientes para maximizar las economías de escala en materia de inversión y garantizar un uso eficaz del espectro;

20. considera, pues, que un enfoque armonizado del dividendo digital se justifica siempre que sea no vinculante y tenga en cuenta las características de los Estados miembros y de las políticas que pretenden aplicar. Por ello, el Comité acoge favorablemente la intención de la Comisión de tomar una decisión de armonización de las condiciones técnicas de uso de la banda de frecuencias de 800 MHz, al tiempo que no obliga a los Estados miembros a abrir esta banda a nuevas aplicaciones distintas de la radiodifusión.

El dividendo digital y las políticas nacionales en el ámbito de los medios de comunicación

21. constata que la política comunitaria en materia de dividendo digital tendrá un impacto en las políticas de los Estados miembros en materia de medios de comunicación, y más concretamente en materia de desarrollo de la televisión digital hertziana. Cada Estado miembro de la Unión Europea dispone actualmente de un número equivalente de coberturas televisivas nacionales. La asignación de una subbanda de radiofrecuencias a servicios distintos de la radiodifusión tendrá sin embargo un impacto en estas coberturas que variará según los Estados miembros, poniendo así en peligro el principio del acceso equitativo de cada Estado miembro al espectro radioeléctrico. El Comité considera, pues, que la política comunitaria en materia de dividendo digital ha de tener en cuenta esta dificultad, y debe procurar que todos los Estados miembros dispongan de capacidades equivalentes para efectuar sus políticas nacionales en materia de desarrollo de los medios de comunicación digitales;

22. destaca el papel esencial de los servicios de los medios de comunicación en la promoción de la diversidad cultural, el pluralismo y la democracia participativa, y en la construcción y refuerzo de la identidad de las comunidades locales, regionales y nacionales en Europa. Observa que la televisión hertziana sigue siendo el medio más importante para ofrecer estos servicios a los ciudadanos. Reconoce las aspiraciones y necesidades de los ciudadanos en lo que se refiere a la diversidad de los programas, a la calidad de los servicios, la movilidad y el suministro de servicios con valor añadido, incluso a través de las plataformas terrestres.

El dividendo digital y las políticas en materia de urbanismo y respeto del medio ambiente

23. observa que la utilización del dividendo digital en las comunicaciones inalámbricas requerirá la instalación de un número mayor de antenas que para la radiodifusión, lo que puede tener un impacto en el urbanismo y el medio ambiente. Observa asimismo que los entes locales y regionales tienen, en general, competencias en estas materias. Señala, por lo tanto, la necesidad de lograr un justo equilibrio entre la instalación inevitable de nuevas redes y el ejercicio de estas competencias.

Observaciones particulares sobre la Comunicación de la Comisión «Una asociación público-privada para la Internet del Futuro»

Investigación y desarrollo

24. felicita a la Comisión por su compromiso de seguir apoyando la investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la Internet del futuro a través del 7o Programa Marco (PM7) y más allá de los excelentes resultados conseguidos hasta la fecha, y recomienda la utilización del programa marco para la competitividad y la innovación (PCI), que representa una excelente plataforma para promover la implantación de futuras aplicaciones de Internet. El Comité hace un llamamiento particular, como lo ha hecho ya en dictámenes anteriores (11), para que se proceda a una utilización coordinada del 7o programa marco de investigación (PM7), los Fondos Estructurales (FE) y el programa para la competitividad y la innovación (PCI), coordinación que es fundamental para la competitividad de la UE y para lograr una sinergia entre las políticas de cohesión, investigación, enseñanza superior e innovación a nivel nacional y regional (6);

25. observa que existe una falta general de coordinación en algunos sectores como la educación, la innovación, la investigación, la inversión y la comercialización de soluciones TIC innovadoras. A este respecto, el concepto de «innovación centrada en el usuario» puede ser una herramienta esencial de mejora, que se utiliza en un número creciente de regiones y ciudades de Europa y está resultando ser un elemento central de la inversión en I+D y de la entrada en el mercado de nuevas innovaciones. Por eso preconiza que se le reserve un lugar más importante en la Comunicación de la Comisión Europea (6);

26. recuerda que ya ha destacado la importancia de una estrecha relación entre la I+D y las prácticas industriales, y pide por lo tanto a los Estados miembros y a la Comisión que hagan todos los esfuerzos posibles para promover una transferencia rápida de la investigación hacia las prácticas comerciales y públicas de la vida cotidiana (6);

27. recuerda que los entes locales y regionales pueden crear un entorno innovador idóneo para las actividades de investigación y explorar nuevas formas de cooperación institucional entre el sector público y el privado y de cooperación regional transfronteriza. Para ello, además de las inversiones de los entes locales y regionales, sería conveniente disponer también de la ayuda económica de los Estados miembros y de la UE (12).

Interoperabilidad

28. observa que el desarrollo de plataformas interactivas, como la Web 2.0, resulta hoy más útil gracias a sus complejas funciones para compartir la información y a su avanzada interoperabilidad entre un elevado número de redes, y a las posibilidades que ofrecen para crear o suministrar contenido, tanto por parte de particulares como mediante sistemas de cooperación y colaboración. En este contexto, el desarrollo rápido de las tecnologías de almacenamiento masivo resulta esencial para las bases de datos de las administraciones públicas, que contendrán las descripciones de los objetos indicados por su dirección en Internet (13);

29. considera que el éxito de los esfuerzos realizados para facilitar la creación de mercados de innovación y llegar a una interoperatividad y a normas comunes depende de un apoyo continuo y de una participación de los entes nacionales, regionales y locales, y señala que estos esfuerzos deben ser completados con acciones a nivel regional y local.

La seguridad de los datos y el respeto de la vida privada

30. considera que, durante la creación de la infraestructura de la Internet del futuro y la puesta a punto de los servicios que se ofrezcan, será crucial garantizar el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad a todos los niveles, a fin de ofrecer un grado óptimo de privacidad y protección de los datos personales, además de evitar el empleo no autorizado de todo tipo de informaciones y perfiles personales como preferencias de consumo, problemas médicos, historiales clínicos, etc. (13);

31. recuerda que la garantía del respeto de la privacidad depende de determinados factores como la estructuración de las entidades del sector público (la mayoría de ellos en el ámbito local), la convergencia de la legislación europea, el fomento de una cultura innovadora entre los funcionarios públicos, incluido el uso de un código ético común, y la gestión de las aplicaciones basadas en las TIC (13);

32. pide que se organicen acciones de formación de gran envergadura para todos los trabajadores del sector, con especial atención al personal técnico especializado (por ejemplo, en ámbitos como redes, sistemas, seguridad, privacidad, etc.), al personal que trabaje directamente con procedimientos de seguridad que utilicen distintas metodologías y al personal relacionado en general o indirectamente con tareas de innovación y modernización (por ejemplo, alfabetización digital de los consumidores) (13);

33. recuerda que ya ha recomendado anteriormente un trabajo de refuerzo y consolidación para prevenir, gestionar y resolver los problemas de seguridad de las redes desde una fase temprana, tarea que promueve la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) (2).

Necesidad de una acción común a nivel europeo para el desarrollo de la Internet del futuro

34. celebra la intención de la Comisión de asociar el Foro de la Internet del Futuro (FIF) a la aplicación de las propuestas enunciadas en la Comunicación, en la medida en que es necesaria una coordinación de las acciones a nivel europeo con el fin de evitar la dispersión de los esfuerzos y definir objetivos comunes de interés público. Dado que los poderes locales y regionales son actores importantes del desarrollo de la Internet del futuro, el Comité considera que los poderes locales y regionales deberían tener la posibilidad de participar en el FIF, y pide a la Comisión que presente propuestas en este sentido.

Bruselas, 15 de abril de 2010.

El Vicepresidente Primero del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

(1) COM(2005) 229 final.

(2) CDR 5/2008 fin.

(3) CDR 304/2008 fin.

(4) CDR 247/2009 fin.

(5) CDR 10/2009 fin.

(6) CDR 156/2009 fin.

(7) Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, DO L 337 de 18.12.2009.

(8) CDR 252/2005 fin.

(9) Informe 22 de la CEPT - Informe B de la CEPT a la Comisión Europea en respuesta al mandato relativo a las «consideraciones técnicas sobre las opciones de armonización del dividendo digital», de 1.7.2008.

(10) Dictamen del RSPG sobre las implicaciones del dividendo digital en la política de la UE relativa al espectro radioeléctrico, 14.2.2007 – Dictamen del RSPG sobre el dividendo digital, de 18.9.2009.

(11) CDR 263/2007 fin.

(12) CDR 84/2007 fin.

(13) CDR 247/2009

27.8.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 232/49

Dictamen del Comité de las Regiones sobre «Desarrollo de una estrategia común en la UE para las tecnologías facilitadoras esenciales»

(2010/C 232/09)

I. RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

1. acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea (Comisión) de elaborar la Comunicación «Preparar nuestro futuro: desarrollo de una estrategia común en la UE para las tecnologías facilitadoras esenciales» (la Comunicación KET);

2. observa que dichas tecnologías pueden convertirse en valiosos activos para los ciudadanos, las empresas y las administraciones, y contribuir a la mejora de los productos y la calidad de los servicios públicos;

3. acoge positivamente otras referencias e informes, como la Comunicación «Nanociencias y nanotecnologías: un plan de acción para Europa 2005-2009» (Informe sobre las nanotecnologías), por su apoyo al futuro desarrollo de las tecnologías facilitadoras esenciales. Observa que la Comunicación KET reconoce que las nanotecnologías son una de las cinco tecnologías facilitadoras esenciales más relevantes estratégicamente;

4. toma nota del papel esencial de los entes locales y regionales en el fomento de un diálogo serio y con conocimiento de causa con la opinión pública, y para abordar desde la proximidad las preocupaciones de los ciudadanos;

5. respalda la propuesta de la Comunicación KET de concentrarse más en los proyectos estratégicos conjuntos de programación y demostración, así como en la búsqueda de un enfoque más estratégico y coordinado, no solamente por parte de la UE y los Estados miembros, sino también de las regiones;

6. se felicita por la referencia que se hace en la Comunicación KET al fomento de las agrupaciones (clusters) y redes regionales de innovación, que se consideran elementos esenciales para la creación y el mantenimiento de una innovación de categoría mundial que contribuyen a enraizar firmemente los conocimientos en una región determinada;

7. reconoce la importancia de los KET para la competitividad internacional de la UE y el desarrollo sostenible; destaca que se debe intensificar el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los Estados miembros y otras regiones europeas, y resalta la importancia de aprovechar las mejores prácticas mundiales;

8. reafirma la importancia de las sinergias entre el Programa Marco, los Fondos Estructurales y las políticas nacionales en relación con los objetivos más amplios de competitividad y cohesión de la UE:

9. reconoce la importancia de la revisión del marco de ayudas estatales en relación con la innovación, y pide a la Comisión que le mantenga informado de la evolución en este ámbito;

10. apoya la propuesta de la Comisión de crear un grupo de expertos de alto nivel encargado del desarrollo y difusión de una estrategia de KET a largo plazo y pide a la Comisión que le mantenga informado desde el primer momento sobre las actividades de dicho grupo, incluidos sus análisis y recomendaciones políticas;

11. apoya la necesidad mencionada en el Informe sobre las nanotecnologías de integrar los aspectos de la salud, la seguridad y el medio ambiente en el desarrollo de este ámbito científico, y de establecer un diálogo efectivo con todas las partes interesadas;

12. reconoce la importancia de revisar cuidadosamente la reglamentación europea vigente, tal como pide el Parlamento Europeo, sincronizándola con la reglamentación y las normas técnicas regionales, ya que una excesiva heterogeneidad normativa podría ir en detrimento de la competitividad internacional de las regiones europeas y los Estados miembros;

13. considera que, tal como se formulan en la Comunicación KET, las acciones propuestas no plantean ninguna objeción en lo referente al cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad;

Impacto de las KET en la competitividad y la innovación

14. resalta la importancia de las KET como fundamento de aplicaciones prácticas, su papel potencial en el nuevo plan europeo de innovación y sus posibilidades para mejorar la calidad de vida y la competitividad de las regiones europeas;

15. reconoce que, además de la necesidad de prestar una atención permanente a la competitividad de determinados sectores, es importante señalar que la futura prosperidad de Europa dependerá cada vez más de las actividades intersectoriales (1);

16. observa que el fomento de una gran variedad de aplicaciones de conocimientos específicos en varias cadenas de innovación puede conducir a la creación de nuevos puestos de trabajo en todos los niveles y garantizar el mantenimiento de los conocimientos en las regiones (1);

17. pide que se revise el Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico de la UE y que éste se adapte en mayor medida a las necesidades de las PYME, a fin de facilitar la participación de estas en los proyectos europeos conjuntos y potenciar las posibilidades de desarrollo de las KET a nivel regional;

18. reconoce que ya en la actualidad Europa muestra un menor poder de atracción para las inversiones industriales en este ámbito.

Aspectos sociales de las KET

19. reconoce la importancia, mencionada en la Comunicación KET, del conocimiento y comprensión de las KET por parte de la opinión pública, así como de una estrategia proactiva que reúna a las partes interesadas para abordar las preocupaciones de los ciudadanos y comunicar abiertamente las ventajas y los riesgos de las nuevas tecnologías;

20. reconoce la necesidad de comprender bien y comunicar las ventajas y riesgos de las tecnologías, tal como ha expresado el CDR en anteriores dictámenes (2), y de realizar, si es necesario, estudios que permitan conocer mejor dichos riesgos en relación con los beneficios esperados;

21. a este respecto, acoge con satisfacción el mayor papel que se concede al Grupo Europeo de Ética en el debate sobre las oportunidades y riesgos de las biotecnologías y las nanotecnologías;

22. coincide en la importancia de abordar las esperanzas y preocupaciones de la sociedad en estas materias, tal como se menciona en el Informe sobre las nanotecnologías y los documentos que lo acompañan;

23. anima a que se fomente la cooperación entre la UE y el nivel nacional y regional en las cuestiones éticas y socioeconómicas;

24. considera que la UE debe crear un Grupo Operativo Europeo sobre Innovación Social, no al margen de la política industrial de la UE, sino situado en su centro (1);

25. insta a los Estados Miembros a decidir coordinada y conjuntamente con las regiones sus políticas de innovación, así como las medidas y herramientas para estimularlas, de forma que los resultados obtenidos respondan también a las necesidades que se experimentan en los niveles local y regional (3);

26. celebra que la Comisión se fije el objetivo de estudiar, en el marco de la política comercial y de acuerdos bilaterales, cómo poner fin a prácticas inaceptables de subsidios en terceros países y, por tanto, a la competencia en materia de subvenciones. En caso de que los terceros países no se muestren favorables a ello, convendría, no obstante, que la UE y los Estados miembros defendiesen sus intereses tecnológicos o económicos con medidas eficaces, para garantizar la permanencia en Europa de las tecnologías facilitadoras esenciales y, con ellas, de la economía basada en el conocimiento;

Infraestructura y cohesión

27. pide que se preste mayor atención a las actividades de sensibilización en los niveles regional y local y al fomento de la actualización y mejora de las infraestructuras, elementos estos necesarios para el desarrollo y aplicación de las KET;

28. señala que las infraestructuras europeas de investigación están radicadas principalmente en Europa occidental, y que debe fomentarse una mejor distribución geográfica;

29. reconoce la necesidad de desarrollar un marco europeo que garantice que las infraestructuras de investigación funcionen con mayor eficacia y se eliminen las barreras a la investigación internacional;

30. insta a que se tenga especialmente en cuenta a las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) como otro instrumento legal para establecer infraestructuras de investigación de dimensión europea;

31. subraya la importancia de los entes locales y regionales en el fomento de los programas de investigación conjunta, por tratarse de actores esenciales en el desarrollo de las estrategias regionales de investigación e innovación que a menudo gestionan centros de investigación y apoyan los entornos de innovación;

32. propone incorporar incentivos a los Fondos Estructurales en apoyo de la investigación y la innovación, incluidos porcentajes de financiación diferenciales en favor de las inversiones destinadas a proyectos en este ámbito;

33. anima a las ciudades y regiones a que apoyen la transferencia de conocimientos e innovación desde la base científica a la industria, mejoren la contribución del capital riesgo, también para la cooperación transfronteriza, y apoyen a los solicitantes y usuarios de patentes relativas a invenciones tecnológicas;

34. destaca el papel especial de la política de cohesión en el apoyo a las actividades de innovación en las regiones;

35. observa que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) puede ofrecer apoyo financiero para el desarrollo de cualificaciones y la modernización de las estructuras y sistemas educativos, financiando incubadoras de empresas y parques científicos y facilitando así las conexiones entre PYME y universidades;

Mayor participación de las PYME en las asociaciones público-privadas

36. reafirma que la política industrial europea debe prestar una atención más expresa a la interacción entre las grandes empresas y las PYME, y especialmente entre estas últimas y los centros de investigación (1); subraya la importancia crucial de una fuerza laboral cualificada para esta interacción, y para enraizar la industria en el nivel regional;

37. recuerda el papel esencial que desempeña la cooperación entre las instituciones públicas y el sector privado, particularmente en lo que respecta a las universidades y organismos de investigación (4); observa la importancia de vincular los planes de estudio universitarios con las tecnologías pertinentes para la fuerza laboral de una región, a fin de mantener en ésta el conocimiento y la competitividad.

38. insta a que las regiones den un giro importante a la utilización de los Fondos Estructurales, sobre todo para fomentar la demanda de investigación e innovación, impulsando una innovación abierta y orientada por el usuario como un potencial regional (5);

Evolución de sectores específicos

39. reconoce que en algunos sectores se empiezan a producir de forma intermitente innovaciones espectaculares en productos y comercialización, por ejemplo, en los sectores de la alimentación y los productos farmacéuticos (ciencias de la vida), la tecnología biomédica, la automoción y los sistemas de alta tecnología (1);

40. señala que la biotecnología ofrece alternativas prometedoras para la industria química, además de sus aplicaciones en el ámbito de la salud y la alimentación animal y humana (2);

41. pide que se desarrolle la coexistencia de distintas prácticas agrarias, no solo en interés de una buena agricultura, sino también de la tolerancia y la confianza entre explotaciones colindantes en el intercambio de información, la coordinación y la cooperación (2);

42. acoge con satisfacción las actividades de la Comisión orientadas a garantizar un uso seguro y eficaz de la biotecnología moderna en los países en desarrollo y a fomentar la capacidad de estos últimos para evaluar y gestionar los riesgos biotecnológicos, a fin de apoyar la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos de esos países (2);

43. subraya la necesidad de elaborar metodologías adecuadas de evaluación de la seguridad de las nanotecnologías y de aplicar una política y un marco reglamentario adecuados antes de que se produzca una mayor penetración de las mismas;

44. subraya la necesidad de dar prioridad al desarrollo de una evaluación más sólida de la sostenibilidad de las tecnologías, especialmente dedicando mayor atención a las primeras fases del desarrollo, mucho antes de la comercialización; observa que ello podría conducir a la elaboración de marcos metodológicos independientes para la evaluación y gestión de riesgos y para los estudios de impacto social;

45. pide que se fortalezca la función prospectiva de todos los servicios de la Comisión, en especial en el ámbito tecnológico, a fin de facilitar la detección temprana de nuevas cuestiones. Es preciso analizar la pertinencia, coherencia y eficacia de la legislación y la política, su aplicación y sus repercusiones sociales y económicas (2).

Bruselas, 14 de abril de 2010.

El Vicepresidente primero del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

(1) CDR 39/2006 fin.

(2) CDR 174/2007 fin.

(3) CDR 283/2008 fin.

(4) CDR 83/2007 fin.

(5) CDR 263/2007 fin.

		ISSN 1725-244X doi:10.3000/1725244X.C_2010.232.spa
Diario Oficial de la Unión Europea		C 232

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	53o año 27 de agosto de 2010

Número de información	Sumario	Página
	I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes
	DICTÁMENES
	Comité de las Regiones
	84o Pleno de los días 14 y 15 de abril de 2010
2010/C 232/01	Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema Solidaridad en materia de salud: reducción de las desigualdades en salud en la UE	1

2010/C 232/02	Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema Abordar los efectos del envejecimiento de la población de la UE (Informe de 2009 sobre el envejecimiento demográfico)	7

2010/C 232/03	Dictamen del Comité de las Regiones sobre el futuro de la política de cohesión	14

2010/C 232/04	Dictamen del Comité de las Regiones sobre La estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico	23

2010/C 232/05	Dictamen del Comité de las Regiones sobre el Plan de acción sobre la movilidad urbana	29

2010/C 232/06	Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema Estrategia y retos principales de la ampliación (2009-2010) — Países candidatos	36

2010/C 232/07	Dictamen del Comité de las Regiones sobre Mejorar las Directivas EIA y EAE	41

2010/C 232/08	Dictamen del Comité de las Regiones sobre los temas Transformar el dividendo digital en beneficios sociales y crecimiento económico y Una asociación público-privada para la Internet del futuro	44

2010/C 232/09	Dictamen del Comité de las Regiones sobre Desarrollo de una estrategia común en la UE para las tecnologías facilitadoras esenciales	49