4.6.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 146/1

(1)

El 26 de abril de 2010 el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de España, que abarca el periodo 2009-2013.

(2)

Tras más de una década de fuerte crecimiento del PIB, la economía española entró en una grave recesión en 2009. La recesión estuvo provocada por una fuerte caída de la demanda interna que reflejaba la reducción de los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante la fase de expansión económica y se agravó por la crisis financiera mundial. En particular, cabe señalar que el auge del crédito ha llegado a su término y ha aumentado rápidamente la tasa de ahorro del sector privado; el sector de la vivienda, sobredimensionado, se está contrayendo, con precios más bajos y un menor nivel de actividad; el déficit exterior ha disminuido a partir de unos altos niveles; y las presiones inflacionistas han remitido.

La recesión ha provocado unas importantes pérdidas de empleo y tasas de desempleo. La crisis actual está pasando también una cara factura a las finanzas públicas españolas. Además de una disminución del nivel de actividad, la evolución de la hacienda pública refleja una política flexible, con aplicación de importantes medidas de estímulo. Ya en 2008, el déficit público rebasó el 3 % del PIB, por lo se inició la aplicación de un procedimiento de déficit excesivo de España en marzo de 2009. La etapa más reciente de este procedimiento ha sido la emisión por el Consejo, en diciembre de 2009, de una recomendación revisada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por la que se insta a España a poner fin a su situación de déficit excesivo en 2013 a más tardar. Los principales retos planteados son la continuación del proceso de ajuste, particularmente la reducción del déficit exterior y el reequilibrio de las fuentes de crecimiento del PIB, que deberían pasar de la demanda interna, en particular el sector de la vivienda al sector exterior. Ello requerirá reformas encaminadas a fomentar la productividad y el crecimiento del PIB potencial y a crear puestos de trabajo de forma sostenida. Al mismo tiempo, ha de incrementarse la competitividad, particularmente mediante unas políticas de reducción de costes adecuadas (contención del aumento de salarios y de los márgenes comerciales con respecto a los socios comerciales). Estos problemas de competitividad estructural, junto con factores cíclicos, que reflejan un crecimiento económico superior al de los principales socios comerciales, generaron un considerable déficit de la balanza por cuenta corriente, que aumentó rápidamente en la última década, alcanzando su máximo en 2007, con cifras de dos dígitos, antes de reducirse a aproximadamente la mitad en 2009. Por último, si hasta ahora el sector público ha compensado la fuerte pérdida de dinamismo del sector privado, ya no queda margen para seguir por esta vía sin poner en peligro la sostenibilidad de la hacienda pública. Así pues, un importante reto para los próximos años es la aplicación de una estrategia de saneamiento presupuestario creíble y sostenida.

(3)

Aunque gran parte de la disminución del PIB real observada en el contexto de la crisis es de carácter cíclico, el nivel de la producción potencial también ha resultado afectado negativamente. Por otra parte, la crisis también puede afectar al potencial de crecimiento a medio plazo a través de una menor inversión, restricciones de crédito y un aumento del desempleo estructural. Además, el impacto de la crisis económica complica los efectos negativos del envejecimiento de la población sobre el potencial de producción y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En este contexto, será esencial acelerar el ritmo de las reformas estructurales con el fin de respaldar el crecimiento potencial. En particular, es importante que España emprenda reformas en las áreas de mercado de trabajo, educación, competencia en los sectores de servicios y electricidad, y eficiencia de la actividad de I+D.

(4)

Según el escenario macroeconómico subyacente en el programa, el PIB real disminuirá un 0,3 % en 2010 y se recuperará a continuación, para alcanzar una tasa de crecimiento del 1,8 % en 2011 y una tasa media de crecimiento del 3 % en 2012-2013. La aceleración estaría impulsada principalmente por la demanda interna, con cierta ayuda adicional procedente del sector exterior. Partiendo de la información disponible (2), este escenario parece basarse en hipótesis de crecimiento del PIB ligeramente favorables para 2010 y claramente favorables para los años posteriores. En particular, es probable que en los próximos años la evolución de la demanda interna sea menos favorable de lo previsto, teniendo en cuenta la intensidad de los ajustes estructurales que están teniendo lugar actualmente, entre los que cabe destacar la disminución de la proporción que representan las inversiones en vivienda en la actividad económica. Las previsiones de moderación de la inflación contenidas en el programa parecen realistas. Se prevé que las necesidades netas de financiación exterior sigan disminuyendo durante el periodo que abarca el programa, reflejando la contención del gran desequilibrio de la balanza de pagos española.

(5)

El programa estima el déficit de las administraciones públicas en 2009 en el 11,4 % del PIB. El significativo deterioro a partir del déficit del 4,1 % observado en 2008 refleja en gran medida los efectos de la crisis sobre la hacienda pública, particularmente por medio del funcionamiento de los estabilizadores automáticos, aunque también es consecuencia de las medidas de estímulo adoptadas de conformidad con el Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE), equivalentes al 2,25 % del PIB. Según el programa, la política presupuestaria volvería a ser restrictiva en 2010 y en los últimos años del programa, de conformidad con la estrategia de salida de la crisis propugnada por el Consejo, y con vistas a corregir el déficit excesivo en 2013 a más tardar y volver a unas finanzas públicas sostenibles.

(6)

Según el programa, el objetivo para el déficit de las administraciones públicas en 2010 se sitúa en el 9,8 % del PIB, cifra notablemente superior a la prevista en el presupuesto para 2010 (8,1 % del PIB). Este deterioro de 1,7 puntos porcentuales del PIB refleja un efecto de base derivado de 2009. El presupuesto para 2010 incluye una serie de medidas discrecionales tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, y supondrá el inicio del saneamiento de la hacienda pública española. En cuanto a los ingresos, el presupuesto incluye, en particular, subidas de los tipos de IVA a partir de julio de 2010, una mayor progresividad del sistema de imposición del ahorro y una reducción temporal de los impuestos sobre las PYME, en favor del empleo. También refleja el efecto adicional de las subidas de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco introducidas a mediados de 2009. Por el lado de los gastos, el presupuesto incorpora la prórroga parcial del conjunto de medidas de inversión dirigido a las administraciones locales, equivalente a medio punto porcentual del PIB. Se prevé que los gastos de inversión correspondientes sean compensados por el ahorro en los gastos corrientes del orden del 0,75 % del PIB. Por otra parte, el presupuesto refleja el abandono de gran número de medidas temporales de estímulo aplicadas en 2008, tales como la reducción de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo mediante una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El efecto combinado del abandono de las medidas temporales de estímulo y la aplicación de nuevas medidas discrecionales previstas para 2010 sería una mejora del saldo presupuestario de hasta 1,75 puntos porcentuales del PIB en 2010, lo cual se ajustaría a la recomendación formulada el 2 de diciembre de 2009 por el Consejo, de conformidad con el artículo 126, apartado 7. Además de las medidas incluidas en el presupuesto para 2010, también se espera que contribuya al saneamiento el denominado «Plan de acción inmediata» para 2010, que redundará en una reducción de los gastos del 0,5 % del PIB con respecto a los previstos en el presupuesto para 2010. La política presupuestaria en 2010, evaluada a la luz de la variación del saldo estructural (saldo presupuestario ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal), será restrictiva, con una mejora de dos puntos porcentuales del PIB.

(7)

El principal objetivo de la estrategia presupuestaria a medio plazo es situar el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB en 2013 a más tardar, de conformidad con la recomendación formulada por el Consejo el 2 de diciembre de 2009 en virtud del artículo 126, apartado 7.

La actualización prevé unos déficit del 7,5 %, el 5,3 % y el 3 % del PIB en 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se espera que en los últimos años del programa el saneamiento sea fuertemente respaldado por el denominado Plan de Austeridad 2011-2013 del Gobierno central, aprobado el 29 de enero de 2010 y que ha de desarrollarse plenamente en los próximos meses, y los acuerdos marco, aún pendientes de aprobación, que contienen una serie de nuevas medidas de reducción del gasto a nivel regional y local. Las principales medidas propuestas están encaminadas a: i) congelar prácticamente la contratación en el sector público, ii) reducir permanentemente el consumo intermedio, las transferencias y otros gastos en un punto porcentual del PIB, iii) reducir la formación bruta de capital fijo en un 0,9 % del PIB, y iv) disminuir los subsidios en un 0,5 % del PIB. Según el programa, el objetivo presupuestario a medio plazo sigue siendo una situación de equilibrio a lo largo del ciclo. Habida cuenta de las previsiones más recientes, el objetivo a medio plazo refleja adecuadamente los objetivos del Pacto. Sin embargo, el programa no prevé su logro en el periodo cubierto por el mismo.

(8)

A lo largo del periodo que abarca el programa, los resultados presupuestarios podrían ser peores que los previstos en el programa. Estos riesgos parecen relativamente poco importantes para 2010, mientras que su importancia sería mayor para 2011 y años posteriores. Aunque las previsiones macroeconómicas incluidas en la actualización sólo son ligeramente favorables para 2010, son claramente favorables para los años siguientes. Existe incertidumbre sobre las medidas de saneamiento previstas, particularmente para los años siguientes a 2010. Dichas medidas aún se encuentran en la fase de propuesta, debiendo desarrollarse y, posteriormente, adoptarse y aplicarse. El cumplimiento de las previsiones presupuestarias de las administraciones autonómicas y locales está sometido a riesgos adicionales que se espera reducir mediante los acuerdos marco.

(9)

En 2009, la deuda pública bruta se estima en el 55,2 % del PIB, cifra significativamente superior a la registrada un año antes (39,7 %). Aparte del considerable aumento del déficit y de la disminución en el crecimiento del PIB, un ajuste stock-flujo significativo, que refleja principalmente el apoyo al crédito, contribuyó al aumento del ratio de deuda.

Se prevé que el ratio de deuda aumente 19 puntos porcentuales durante el periodo del programa, como consecuencia principalmente de unos déficit públicos continuamente elevados, rebasando el valor de referencia del Tratado en 2010 y alcanzando el 74 % del PIB en 2013. No obstante, la evolución del ratio de deuda podría ser menos favorable que la prevista en la actualización, teniendo en cuenta los riesgos asociados al escenario macroeconómico y a los objetivos presupuestarios, la necesidad de reestructurar el sector financiero y, en menor medida, la incertidumbre acerca de los efectos de las garantías concedidas en el contexto del conjunto de medidas de apoyo financiero. Sin embargo, el aumento de la deuda causado por las medidas tomadas en apoyo del sector financiero podría invertirse si resultaran fructíferos el régimen de apoyo y las operaciones financieras asociadas al mismo.

(10)

Según las previsiones de deuda a medio plazo, que suponen que la recuperación de las tasas de crecimiento del PIB hacia los valores previstos antes de la crisis sólo tendría lugar gradualmente y que los ratios de ingresos tributarios volverían a los niveles anteriores a la crisis, y que incluyen el aumento previsto del gasto derivado del envejecimiento de la población, la estrategia presupuestaria prevista en el programa, tomada tal cual y sin ningún otro cambio de política, estabilizaría el ratio deuda/PIB de aquí a 2020.

(11)

Los efectos del envejecimiento de la población sobre el presupuesto a largo plazo serán claramente superiores a la media de la UE, debido principalmente a que durante las próximas décadas se producirá un aumento muy elevado de la proporción que representan en el PIB los gastos en pensiones. La situación presupuestaria de 2009 estimada en el programa, que es significativamente peor que la situación de partida del programa anterior, viene a sumarse a las repercusiones presupuestarias del envejecimiento de la población en la brecha de sostenibilidad. Se observa que el fondo de reserva para pensiones ha acumulado activos con vistas a prefinanciar una parte de los futuros gastos en pensiones. El logro de superávit primarios a medio plazo y la realización de reformas estructurales contribuirían a reducir los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, que, según el informe de sostenibilidad de 2009 de la Comisión, eran elevados (3).

Con arreglo al programa, el 29 de enero de 2010 el Gobierno propuso en el marco de la revisión del Pacto de Toledo una reforma del sistema de pensiones con, entre otras cosas, los siguientos elementos: i) el aumento paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años y la posibilidad de relacionar otros parámetros del actual sistema con dicha prolongación de la vida laboral; ii) reforzar la relación entre contribución y prestación (incluida la posibilidad de establecer cuentas teóricas en una parte del sistema); iii) una relación más flexible entre fondos de pensiones complementarios voluntarios y el sistema público de seguridad social; y iv) una política de asistencia a las familias suficiente y más eficaz.

(12)

Aunque el marco presupuestario a medio plazo ha contribuido a fomentar una planificación presupuestaria plurianual y ha tenido un comportamiento globalmente satisfactorio, dicho comportamiento ha empeorado desde 2008. El marco presupuestario nacional existente ha sido reforzado con la reforma de la Ley de estabilidad presupuestaria en 2007, que introdujo el principio de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo. Ello permitió estabilizar los objetivos presupuestarios en función de la situación cíclica. En 2009 se utilizó al máximo el margen de flexibilidad de la Ley, al permitirse excepcionalmente a las administraciones autonómicas y locales presentar unos déficit superiores a los previstos inicialmente en el marco presupuestario. Sin embargo, la aprobación de los acuerdos marco sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas con las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales instaurarán, cuando se apliquen plenamente, el instrumento para adoptar y supervisar sus planes de reestructuración del gasto con un contenido parecido al del Gobierno central.

(13)

El programa pone de relieve la importancia de la calidad de las finanzas públicas como elemento fundamental de la estrategia de España para salir de la crisis. A este respecto, el programa subraya algunas reformas encaminadas a mejorar la rentabilidad y la eficacia del gasto público, y a modificar las características estructurales del sistema tributario. Por el lado de los ingresos, estas medidas de reforma incluyen modificaciones de las características estructurales del sistema tributario español, tales como el abandono de las reducciones de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo, una mayor progresividad de la imposición sobre el ahorro y un aumento de los tipos del IVA. Por el lado de los gastos, se concede prioridad a los gastos productivos, en particular la educación y la I+D, junto a la necesidad de frenar el consumo público intermedio, previéndose para el mismo una reducción equivalente a 4,3 puntos porcentuales del PIB en el periodo 2011-2013.

(14)

En 2010, la estrategia presupuestaria establecida en el programa es globalmente compatible con la recomendación formulada por el Consejo el 2 de diciembre de 2009 en virtud del artículo 126, apartado 7. Sin embargo, a partir de 2011, teniendo en cuenta los riesgos existentes, la estrategia presupuestaria podría no ser plenamente compatible con dicha recomendación. Aunque, tomada tal cual, la estrategia presupuestaria encaminada a situar el déficit por debajo del 3 % del PIB se ajusta a las recomendaciones, teniendo en cuenta los riesgos mencionados aún no está garantizado el logro de la corrección del déficit excesivo dentro del plazo, y el esfuerzo presupuestario anual medio podría ser inferior al mínimo recomendado del 1,5 % del PIB para el conjunto del periodo. En particular, la estrategia presupuestaria está sometida a riesgos de reducción a la baja, debido al favorable escenario macroeconómico considerado para después de 2010; el resultado podría ser una contribución del crecimiento económico al saneamiento presupuestario menor que la prevista en el programa. Por otra parte, debe definirse más en detalle la senda de ajuste a partir de 2010, especificando las medidas concretas que se prevé adoptar. Asimismo, la estrategia presupuestaria podría no bastar para volver a situar el ratio de deuda en una senda decreciente. Para abordar estos riesgos, debe respaldarse la estrategia con unas medidas plenamente especificadas a partir de 2010 y han de reforzarse suficientemente los planes para los últimos años del programa. Esto también sería apropiado teniendo en cuenta el rápido aumento previsto del ratio de deuda y de los gastos derivados del envejecimiento de la población, así como los persistentes retos que afronta España en materia de ajuste.

(15)

En cuanto a los requisitos en materia de datos que establece el código de conducta para los programas de estabilidad y de convergencia, el programa presenta lagunas en los datos obligatorios y opcionales (4). En sus recomendaciones de 2 de diciembre de 2009, formuladas con arreglo al artículo 126, apartado 7, y encaminadas a poner fin a la situación de déficit excesivo, el Consejo también invitó a España a informar sobre los progresos realizados en la aplicación de dichas recomendaciones en un capítulo aparte en las actualizaciones de su programa de estabilidad. (5)

i)

Aplicar rigurosamente los ambiciosos planes presupuestarios contemplados en el programa con el fin de corregir el déficit excesivo de aquí a 2013, reforzándolos con medidas concretas para los años posteriores a 2010, y estar dispuesta a adoptar nuevas medidas de saneamiento en caso de que se materialicen los riesgos asociados al hecho de que el escenario macroeconómico del programa es más favorable que el escenario en que se basa la recomendación formulada en virtud del artículo 126, apartado 7; aprovechar, tal y como se contempla en la Recomendación del procedimiento de déficit excesivo, nuevas oportunidades al margen del esfuerzo presupuestario, incluidas las resultantes de unas mejores condiciones económicas, para acelerar la reducción del ratio de deuda bruta hacia el valor de referencia del 60 % del PIB.

ii)

Ante el incremento previsto de los gastos derivados del envejecimiento de la población y el rápido aumento del ratio de deuda pública, mejorar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, en particular, aplicando reformas en el régimen de pensiones de jubilación según propuso el Gobierno.

iii)

Garantizar que el marco presupuestario respalde de forma efectiva el logro de los planes presupuestarios a medio plazo presentados, a todos los niveles de las administraciones públicas, y realizar un estrecho seguimiento del cumplimiento de los objetivos presupuestarios a lo largo del ejercicio presupuestario.

iv)

Garantizar que las medidas de saneamiento presupuestario también estén orientadas a proseguir la mejora de la calidad de las finanzas públicas vista la necesidad de proceder a un nuevo ajuste para hacer frente a sus desequilibrios macroeconómicos actuales.

4.6.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 146/7

(1)

El 26 de abril de 2010 el Consejo examinó el programa de convergencia actualizado de Suecia, que abarca el periodo 2009-2012.

(2)

Tras haber sido gravemente afectada por la recesión al final de 2008, la economía sueca se ha estabilizado, aunque el crecimiento del PIB ha sido negativo durante 2009. De una forma que es poco habitual para esta fase del ciclo, la economía sueca ha sido impulsada principalmente por la demanda de consumo, mientras que la producción industrial, la inversión y las exportaciones no han hecho más que tocar fondo, tras sufrir sucesivas caídas. El gasto de las economías domésticas se ha visto respaldado por una política monetaria y una política fiscal expansivas y por una estabilización de la situación de los mercados financieros. Asimismo, la confianza de los consumidores se ha visto reforzada por una mejora de las perspectivas del mercado de trabajo, la subida de los índices de los mercados de valores, y una reanudación de la anterior tendencia alcista de los precios de la vivienda. Al entrar en la recesión económica, la moneda sueca, ponderada en función de los intercambios comerciales, se depreció en cerca del 30 % en menos de un año, pero desde entonces ha recuperado aproximadamente tres cuartos de su pérdida de valor. Su reciente apreciación debería contribuir a atenuar las presiones inflacionistas, que ya son moderadas como consecuencia de la fuerte debilidad de la economía. La recesión y la política fiscal adoptada para hacer frente a la misma han deteriorado el saldo presupuestario del sector público, que ha pasado de un superávit equivalente al 2,5 % del PIB en 2008 a un déficit del 0,8 % del PIB en 2009. Con objeto de garantizar un desarrollo sostenible de las finanzas públicas, un reto esencial será evitar una recuperación con escasa creación de puestos de trabajo, ya que ello llevaría a unos efectos negativos persistentes sobre el desempleo de larga duración y a una reducción permanente de la oferta de trabajo. A este respecto será importante velar por mantener una calidad elevada de las políticas activas del mercado de trabajo, incluso cuando se amplíe su ámbito de aplicación. Otro reto para los responsables políticos será calibrar detenidamente la retirada de las diversas medidas de estímulo a fin de no truncar la recuperación ni contribuir a la acumulación de desequilibrios potencialmente desestabilizadores en el sector de las economías domésticas.

(3)

Aunque gran parte de la disminución del PIB efectivo observada en el contexto de la crisis es de carácter cíclico, el nivel de la producción potencial también se ha visto negativamente afectado. Por otra parte, la crisis también puede afectar al potencial de crecimiento a medio plazo a través de una menor inversión, restricciones de crédito y un aumento del desempleo estructural. Además, el impacto de la crisis económica se combina con los efectos negativos del envejecimiento de la población sobre el potencial de producción y la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este contexto, será esencial acelerar las reformas estructurales con el fin de respaldar el crecimiento potencial. En particular, para Suecia es importante emprender reformas en las áreas de competencia y participación en el mercado laboral.

(4)

Según el escenario macroeconómico, basado en el proyecto de presupuesto para 2010 presentado al Parlamento en septiembre de 2009, el PIB real pasaría de registrar una disminución del 5,2 % en 2009 a crecer un 0,6 % en 2010 y una media del 3,5 % durante el resto del período cubierto por el programa. Partiendo de la información disponible, este escenario parece basarse en hipótesis de crecimiento prudentes para 2010 y claramente optimistas posteriormente, teniendo en cuenta que las tasas de crecimiento previstas son substancialmente superiores al crecimiento potencial estimado a medio plazo. En este contexto, las previsiones de inflación del programa parecen un tanto bajas, aunque esto podría reflejar el fortalecimiento previsto de la moneda sueca.

(5)

El programa estima el déficit de las administraciones públicas en 2009 en el 2,2 % del PIB. El significativo deterioro a partir de un superávit del 2,5 % del PIB en 2008 refleja el impacto de la crisis a través de los efectos de los estabilizadores automáticos y de medidas discrecionales de estímulo, equivalentes aproximadamente al 1,5 % (más del 2 % si se incluye 2010) del PIB, que el Gobierno adoptó conforme al Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE). El deterioro se debió principalmente a la disminución de los ingresos tributarios, resultante de una reducción del número de horas trabajadas y de los tipos impositivos medios, una baja del consumo y una disminución de los beneficios y plusvalías de las empresas. Según el programa, la política fiscal seguiría siendo expansionista en 2010. A la luz de la relativamente favorable situación presupuestaria de Suecia, la continuación de una política fiscal expansionista en 2010 es adecuada y conforme al PERE. Para los últimos años del programa no se prevé un saneamiento estructural.

(6)

Según el programa actualizado, en 2010 el déficit de las administraciones públicas aumentaría hasta el 3,4 % del PIB (2), y ello como consecuencia en parte de un nuevo conjunto de medidas de estímulo equivalentes a aproximadamente el 1 % del PIB. Las principales medidas discrecionales por el lado de los ingresos son relativas a la cuarta fase del «régimen de descuentos impositivos sobre las rentas del trabajo», con un efecto sobre el saldo presupuestario estimado en el 0,3 % del PIB. Una reducción de los impuestos sobre las pensiones supondría un estímulo adicional equivalente al 0,1 % del PIB. Por el lado de los gastos cabe citar medidas que prevén transferencias adicionales del Estado a los municipios, equivalentes aproximadamente al 0,3 % del PIB, así como la asignación de nuevos recursos asignados a la lucha contra la delincuencia y al sistema judicial, a la educación y las actividades de formación, y a medidas encaminadas a respaldar el crecimiento de las pequeñas empresas (los recursos atribuidos representan aproximadamente el 0,1 % del PIB en cada uno de estos casos). La política presupuestaria planeada, evaluada a la luz de la variación del saldo estructural (saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, recalculado aplicando la metodología común, y excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal) será expansionista, con una ampliación del déficit estructural en 1,6 puntos porcentuales. La diferencia respecto de la magnitud del conjunto de medidas de estímulo presupuestario, que equivale al 1 % del PIB, se explica principalmente por unas menores elasticidades tributarias.

(7)

El principal objetivo de la estrategia presupuestaria es situar el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB (tras alcanzar el 3,4 % del PIB en 2010) y mantenerlo en una firme trayectoria decreciente. Según las previsiones presupuestarias, basadas en la hipótesis de mantenimiento de la política económica en el periodo posterior a 2010, el déficit de las administraciones públicas disminuiría gradualmente, del 3,4 % del PIB en 2010 al 2,1 % del PIB en 2011 y el 1,1 % del PIB en 2012. Se espera que el saldo primario siga una trayectoria similar: de un déficit del 2,2 % del PIB en 2010 mejoraría a un déficit del 0,8 % en 2011, antes de pasar a registrar un superávit del 0,4 % del PIB en 2012. Esta sería una mejora bastante significativa, particularmente teniendo en cuenta que no incluye ninguna medida de saneamiento y que el número de horas trabajadas — componente importante de la base imponible del impuesto sobre la renta — no registraría un fuerte repunte en 2011-2012. Por otra parte, el saldo estructural calculado aplicando la metodología común se deterioraría, con una ampliación del déficit del 1,3 % del PIB en 2010 al 1,5 % del PIB en 2011 y el 2,1 % del PIB en 2012.

Sin embargo, dada la existencia de desfases en la evolución cíclica del saldo de las administraciones públicas, que no se tienen en cuenta plenamente en el ajuste cíclico, el saldo estructural podría estar subestimado. El objetivo a medio plazo de Suecia es lograr un superávit del 1 % del PIB durante el ciclo. Teniendo en cuenta el nivel de deuda y las previsiones más recientes, el objetivo a medio plazo se ajusta de forma más que suficiente a los objetivos del Pacto. Sin embargo, el programa de estabilidad actualizado no contempla el logro del objetivo presupuestario a medio plazo dentro del periodo cubierto por el mismo.

(8)

Los resultados presupuestarios tienen probabilidades de resultar mejores de lo proyectado en el programa en 2010, pero, posteriormente, podrían ser peores que lo proyectado. El escenario de referencia del programa actualizado se basa en el proyecto de presupuesto para 2010 publicado en septiembre de 2009 y no tiene en cuenta la mejora de las perspectivas económicas para 2009-2010 que ha tenido lugar posteriormente (3). Los resultados presupuestarios provisionales para 2009 también apuntan a cifras considerablemente mejores de las previstas, especialmente en lo que se refiere a los ingresos por IVA. El déficit de 2009 ascendió sólo al 0,8 % del PIB según la contabilidad nacional recientemente publicada, frente a la previsión del 2,2 % del PIB incluida en el programa actualizado. Esto bien puede repercutir en 2010. Para 2011-2012, el escenario de referencia prevé un fuerte crecimiento del PIB, basándose en el dinamismo de la demanda interna. Sin embargo, el abandono de las medidas de estímulo, y, en particular, la normalización de los tipos de interés, podría debilitar la confianza de los consumidores, especialmente teniendo cuenta el alto nivel de endeudamiento de las economías domésticas. Esta evolución podría verse agravada si disminuyese el actual ritmo de aumento del precio de la vivienda. Aunque la situación del sector financiero ha mejorado claramente, algunos de los mayores bancos siguen registrando grandes pérdidas en el sector del crédito y los márgenes crediticios se están reduciendo. Dada la importancia del sistema bancario para el funcionamiento de la economía, en caso de crisis de la confianza, el Gobierno podría intervenir, lo que podría tener efectos negativos sobre el presupuesto, aunque una parte de los costes del apoyo estatal al sector financiero podría recuperarse en el futuro. Al ser 2010 un año de elecciones, con las elecciones parlamentarias a mediados de septiembre, existen riesgos derivados del ciclo electoral, si bien no se consideran especialmente significativos.

(9)

En 2009, la deuda pública bruta se estima en el 42,8 % del PIB, cifra superior a la registrada un año antes (38,0 % del PIB). Aparte del aumento del déficit y de la disminución del ritmo de crecimiento del PIB, un ajuste stock-flujo significativo, que refleja principalmente un préstamo al banco central, contribuyó al aumento del ratio de deuda. Se prevé que el ratio de deuda aumente 2,4 puntos porcentuales del PIB en el período cubierto por el programa, hasta alcanzar el 45,2 % del PIB en 2012, impulsado principalmente por unos déficit públicos constantemente elevados. Los riesgos para la evolución prevista del ratio de deuda parecen globalmente equilibrados, existiendo ciertos riesgos de subestimación para 2010 y ciertos riesgos de sobreestimación para los años siguientes. La deuda bruta se mantendría muy por debajo del valor de referencia y la situación financiera neta sería positiva.

(10)

Según las previsiones de deuda a medio plazo, que suponen que la recuperación de las tasas de crecimiento del PIB hacia los valores previstos antes de la crisis sólo tendría lugar gradualmente y que los ratios de ingresos tributarios volverían a los niveles anteriores a la crisis e incluirían el incremento proyectado de los gastos debidos al envejecimiento de la población, la estrategia presupuestaria prevista en el programa, tal como se presenta y sin nuevos cambios de política, situaría el ratio de deuda en una tendencia decreciente, reduciéndolo hasta alrededor del 15 % del PIB de aquí a 2020.

(11)

Las repercusiones del envejecimiento de la población sobre el presupuesto a largo plazo serán claramente inferiores a la media de la UE y el gran volumen de activos acumulados por los regímenes públicos de pensiones contribuirá a financiar parcialmente el aumento de los gastos en pensiones. La situación presupuestaria en 2009 estimada en el programa contribuye a la reducción de la deuda pública bruta. El logro de superávit primarios a medio plazo y la realización de reformas estructurales adecuadas contribuirían a reducir los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, que son bajos según el informe de sostenibilidad de 2009 de la Comisión (4).

(12)

El marco presupuestario de la economía sueca puede considerarse sólido y ha contribuido a la significativa reducción de deuda observada desde su introducción. Para aumentar la transparencia, el Gobierno ha adoptado en los últimos años una serie de medidas tendentes a perfeccionar dicho marco y se ha comprometido a seguir examinando sus resultados con objeto de abordar las deficiencias persistentes. En particular, se ha creado un Consejo de Política Fiscal con la misión de evaluar en qué medida el Gobierno ha alcanzado sus objetivos presupuestarios. Este Consejo presentó su segundo informe anual en 2009. El Gobierno también ha reforzado recientemente las normas relativas a los límites máximos de gasto y está estudiando las formas de consolidar el objetivo de superávit. Las deficiencias persistentes guardan relación con el riesgo de que el marco no sea suficiente para impedir unas políticas procíclicas en coyunturas favorables, particularmente a nivel de las administraciones locales. Ello se deriva del hecho de que la exigencia de equilibrio presupuestario no permite a las administraciones locales emplear superávit obtenidos en coyunturas favorables para financiar déficit de coyunturas desfavorables.

(13)

Dado que el logro de una alta tasa de empleo es requisito previo para alcanzar unas finanzas públicas sostenibles, particularmente teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, el Gobierno ha tomado una serie de medidas, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda, encaminadas a mejorar los incentivos al trabajo y a reducir el coste de la contratación, especialmente para los grupos con una tasa de empleo relativamente baja, tales como los jóvenes y los inmigrantes. Se ha reducido la imposición sobre las rentas del trabajo, a través de los descuentos impositivos sobre las rentas del trabajo y un aumento del mínimo exento para el pago de impuestos estatales. Estos recortes tributarios se han complementado con reducciones generales y específicas de las cotizaciones sociales a fin de reducir el coste de la contratación. Se han emprendido reformas de los sistemas de desempleo y del seguro de enfermedad, reduciéndose el nivel y la duración de las prestaciones. Aunque ya ha disminuido el número de personas que reciben prestaciones del seguro de enfermedad, se espera que los efectos de las reformas del impuesto sobre la renta se dejen sentir principalmente a medio plazo.

(14)

Globalmente, la estrategia elegida de aprovechar el punto de partida favorable caracterizado por importantes superávits fiscales, aplicando una política fiscal fuertemente expansionista en 2009 y 2010, puede considerarse en consonancia con el PERE. El hecho de haberse logrado en 2009 unos resultados mucho mejores de lo previsto y la mejora de las perspectivas económicas para 2010 mejoran las perspectivas de que Suecia, junto a muy pocos Estados miembros, sea capaz de evitar un rebasamiento del valor de referencia del 3 % del PIB en esta difícil coyuntura. Sin embargo, no se esperan avances estructurales hacia el objetivo a medio plazo en el periodo 2011-2012, para el que las hipótesis de crecimiento son favorables. Por lo tanto, la estrategia presupuestaria saldría ganando si especificase medidas concretas para los últimos años del programa.

(15)

En cuanto a los requisitos en materia de datos especificados en el código de conducta para los programas de estabilidad y de convergencia, el programa presenta lagunas en los datos obligatorios y opcionales (5).

i)

Aplicar la política presupuestaria planeada para 2010 en consonancia con el PERE, con el objetivo de evitar el rebasamiento del valor de referencia del 3 % del PIB.

ii)

Garantizar el logro del ajuste presupuestario nominal previsto en el programa, en caso necesario adoptando oportunamente medidas de saneamiento encaminadas a evitar que un posible crecimiento inferior al previsto impida el saneamiento previsto de la hacienda pública en los últimos años del programa, y garantizar igualmente el avance hacia el logro del objetivo a medio plazo.

4.6.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 146/12

(1)

El 26 de abril de 2010 el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de los Países Bajos, que abarca el periodo 2009-2012.

(2)

En 2009, la actividad económica sufrió una fuerte contracción, del 4 %. La caída del comercio mundial afectó de forma relativamente severa a la economía neerlandesa, dando lugar a una contribución negativa de las exportaciones netas al crecimiento. La demanda interna también supuso una rémora para el crecimiento durante todo el año, ya que el consumo privado disminuyó como consecuencia de los importantes efectos negativos sobre la riqueza y la confianza, y la inversión se vio afectada por la disminución de la demanda, la reducción de la rentabilidad y el endurecimiento de las condiciones crediticias. El consumo público fue el único componente de la demanda que respaldó la actividad económica, debido principalmente al paquete de estímulo presupuestario (1 % del PIB) que se aplicó de conformidad con el PERE. Para 2010, se espera la reanudación del crecimiento del PIB, que con toda probabilidad estaría impulsado por las exportaciones netas, favorecidas, a su vez, por la recuperación del comercio mundial. El consumo privado se mantendría moderado, ya que la renta disponible se vería afectada negativamente por las menores subidas salariales y el creciente desempleo, y se prevé que la inversión sea afectada por la baja tasa de utilización de la capacidad, la menor rentabilidad y unas condiciones crediticias aún difíciles. La situación presupuestaria se deterioró muy rápidamente en 2009, pasando de un superávit del 0,7 % del PIB en 2008 a un déficit del 4,9 % del PIB, como consecuencia de las medidas de recuperación tomadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis económica, del pleno funcionamiento de los estabilizadores automáticos y de la disminución de los ingresos procedentes del sector del gas. Para 2010 se prevé un nuevo deterioro. Un déficit presupuestario en 2009 que rebasó el valor de referencia del 3 % del PIB dio lugar al inicio del procedimiento de déficit excesivo. En este contexto, el Consejo emitió recomendaciones dirigidas a los Países Bajos en diciembre de 2009, fijando 2013 como plazo para la corrección del déficit excesivo. Situar el déficit por debajo del 3 % del PIB en dicho plazo será uno de los principales retos para la política económica neerlandesa. Otros retos son: lograr la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, seguir reforzando la confianza en el sector financiero y garantizar el acceso de las empresas a la financiación.

(3)

Aunque gran parte de la disminución del PIB observada en el contexto de la crisis es de carácter cíclico, el nivel de la producción potencial también se ha visto afectado negativamente. Por otra parte, la crisis también puede afectar al potencial de crecimiento a medio plazo a través de una menor inversión, restricciones de crédito y un aumento del desempleo estructural. Además, el impacto de la crisis económica agravará los efectos negativos del envejecimiento de la población sobre el potencial de producción y la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este contexto, será esencial acelerar el ritmo de las reformas estructurales con el fin de respaldar el crecimiento potencial. En particular, es importante que los Países Bajos emprendan reformas en el mercado de trabajo — especialmente adoptando nuevas medidas, tales medidas de fomento de la transición en el mercado de trabajo para mejorar la participación de las mujeres, de los trabajadores de edad y de los grupos desfavorecidos con vistas a aumentar el número total de horas trabajadas— y en el sector de I+D, prosiguiendo el establecimiento de incentivos en este sector.

(4)

Según el escenario macroeconómico subyacente en el programa , que se basa para 2010 en las previsiones de la Oficina Nacional de Análisis de la Política Económica de los Países Bajos (CPB), el PIB real, tras disminuir un 4 % en 2009, volvería a crecer en 2010, un 1,5 %, y seguiría creciendo a una tasa media del 2 % durante el resto del período que abarca el programa. Partiendo de la información disponible (2), este escenario parece basarse en hipótesis de crecimiento optimistas para 2010 y 2011 y verosímiles para 2012. Las previsiones de inflación del programa parecen realistas para 2010 y un tanto optimistas para 2011 y 2012. La hipótesis del programa de que la reanudación del crecimiento económico estaría principalmente impulsada por las exportaciones netas es verosímil, mientras que las previsiones relativas a la contribución del consumo privado y de la inversión al crecimiento parecen optimistas. En lo que se refiere al mercado de trabajo, tanto la expansión del empleo como la evolución del desempleo que anuncia el programa parecen algo optimistas a lo largo del periodo cubierto por el mismo.

(5)

Según el programa, el déficit de las administraciones públicas se deterioró considerablemente, pasando de un superávit del 0,7 % del PIB en 2008 a un déficit del 4,9 % del PIB en 2009. Este deterioro fue en gran medida la consecuencia del efecto de la crisis sobre las finanzas públicas, aunque también fue causado por las medidas de estímulo, de un importe equivalente al 1 % del PIB, que el Gobierno adoptó de conformidad con el Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE).Se prevé que la política fiscal siga siendo expansionista en 2010, antes de volverse restrictiva en los últimos años del programa. Conforme a la estrategia de salida de la crisis propugnada por el Consejo, y con vistas a corregir el déficit excesivo en 2013 a más tardar y volver a una situación sostenible de las finanzas públicas, la orientación expansionista de la política fiscal en 2009 y 2010 deberá ir seguida de un significativo endurecimiento a partir de 2011.

(6)

El objetivo presupuestario para 2010 indicado en la actualización del programa es un déficit del 6,1 % del PIB. El programa prevé una disminución del ratio de ingresos equivalente al 0,1 % del PIB respecto de 2009, mientras que el ratio de gastos aumentaría en un 1,1 % del PIB. La previsión presupuestaria del programa para 2010 es 0,2 puntos porcentuales del PIB mejor que el objetivo presupuestario para dicho año, y, tal como se presenta, se ajusta a la recomendación formulada por el Consejo el 2 de diciembre de 2009 en virtud del artículo 126, apartado 7. Las perspectivas macroeconómicas más favorables subyacentes en el programa sólo inciden parcialmente en los resultados presupuestarios, debido principalmente a la concentración del crecimiento en el sector orientado a la exportación, que genera pocos impuestos, y a un efecto de base derivado de 2009 negativo (1 % del PIB). El saldo estructural (saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, y recalculado aplicando la metodología común) sufriría un deterioro, pasando del – 3,75 % del PIB en 2009 al – 4,75 % del PIB en 2010. El efecto global de las medidas discrecionales en 2010 sería insignificante, ya que los mayores gastos discrecionales quedarían compensados por aumentos de los ingresos tributarios. El deterioro del saldo estructural que, no obstante, se observaría en 2010 puede explicarse por unos mayores gastos de intereses y unos menores ingresos procedentes del sector del gas, aunque, sobre todo, por diversos efectos retardados, tales como el creciente desempleo, que implicaría unos gastos mayores y unos ingresos tributarios menores que los que se derivarían de la aplicación de las elasticidades estándar.

(7)

El principal objetivo de la estrategia presupuestaria del programa a medio plazo es situar el déficit por debajo del 3 % del PIB en 2013 a más tardar. Según el programa, el saneamiento debería iniciarse en 2011, siempre que haya unas perspectivas positivas de crecimiento. Este objetivo, tal como se presenta, se ajustaría a la recomendación emitida en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE. Aunque el programa menciona el compromiso de cumplir el plazo de 2013 adoptando medidas adicionales, no se especifica la magnitud ni la naturaleza de las mismas. Por otra parte, el programa no abarca el año 2013. Según el programa, el déficit presupuestario nominal mejoraría, pasando del 6,1 % del PIB en 2010 al 5,0 % del PIB en 2011 y el 4,5 % del PIB en 2012. Se espera que el saldo primario siga una evolución similar. El resultado esperado para 2012 debe considerarse un resultado técnico, basado en una hipótesis de mantenimiento de la política económica, y no un objetivo. Las previsiones presupuestarias del programa implican que en 2013 sería necesaria una mejora adicional del saldo presupuestario nominal de las administraciones públicas superior al 1,5 % del PIB para situar el déficit por debajo del 3 % del PIB. El saldo estructural (recalculado) se prevé que se deteriore, situándose en el – 4,75 % del PIB en 2010, y mejore a continuación, situándose en el – 4 % del PIB en 2011 y el – 3,5 % del PIB en 2012. Para 2011, la estrategia presupuestaria del Gobierno consiste principalmente en un abandono (parcial) del conjunto de medidas de estímulo, de importe equivalente a aproximadamente medio punto porcentual del PIB, y la aplicación de medidas de saneamiento, de importe equivalente a un cuarto de punto porcentual del PIB (1 800 millones de euros). Se espera que el ratio de ingresos aumente gracias a la mejora del marco macroeconómico y al abandono (parcial) de las medidas de estímulo, mientras que el ratio de gastos disminuiría a causa del conjunto de medidas de saneamiento, de un mejor marco macroeconómico y del abandono (parcial) de las medidas de estímulo. Para 2012, el programa prevé un aumento del ratio de ingresos y una estabilización del ratio de gastos, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica. El programa confirma el compromiso con el nuevo objetivo presupuestario a medio plazo, que consiste en un déficit del saldo estructural equivalente al 0,5 % del PIB. A la vista del nivel de deuda y de las previsiones más recientes, el objetivo a medio plazo refleja los objetivos del Pacto. Sin embargo, el programa no prevé su logro en el periodo cubierto por el mismo.

(8)

Las previsiones presupuestarias del programa para 2010 parecen verosímiles, pero los resultados presupuestarios podrían ser peores de lo previsto para 2011 y años posteriores. En particular, las operaciones del Gobierno encaminadas a estabilizar los mercados financieros probablemente se mantendrán en gran parte durante todo el período cubierto por el programa y podrían afectar negativamente a los objetivos presupuestarios. Aunque para 2010 el favorable escenario macroeconómico parece estar sobradamente compensado por las relativamente prudentes previsiones de ingresos del programa, lo que podría incluso dejar cierto margen para superar el objetivo, esto probablemente no ocurriría en el resto del período que abarca el programa. Por otra parte, a partir de 2011 no todos los ahorros relacionados con las medidas de saneamiento podrían realizarse. Por último, las prestaciones sociales podrían resultar superiores a las previstas en el programa habida cuenta de unas previsiones de desempleo un tanto optimistas. El programa tampoco explica totalmente la variación de los ratios de ingresos y de gastos en 2012, para cuando el programa prevé una mejora del saldo presupuestario de medio punto porcentual del PIB sin la aplicación de ninguna medida a tal efecto. La previsión se basa esencialmente en unas hipótesis macroeconómicas y sobre elasticidades optimistas. Sin embargo, para 2011 y 2012 debe observarse que las autoridades neerlandesas están realizando actualmente una revisión substancial del presupuesto, que podría servir de base para nuevas medidas de saneamiento y se prevé que contribuya a intensificar el esfuerzo presupuestario anual medio a partir de 2011, según lo recomendado, por lo que podría llevar a unos resultados presupuestarios mejores de lo previsto, aunque todavía no están claras la magnitud y la naturaleza de ninguna de estas medidas adicionales de saneamiento. El historial de cumplimiento de los objetivos de saneamiento presupuestario por parte de las autoridades neerlandesas es relativamente satisfactorio y no representa un riesgo adicional en la coyuntura actual.

(9)

El ratio deuda pública bruta/PIB rebasaba el valor de referencia del Tratado en 2009 y seguiría una tendencia creciente durante todo el periodo del programa. En 2009, dicho ratio se estima en el 62,3 %, frente al 58,2 % registrado el año anterior. El aumento del ratio de deuda se ha debido en gran parte al déficit presupuestario y a la disminución del crecimiento del PIB, aunque ha sido atenuado por un significativo ajuste stock-flujo positivo que refleja el reembolso por el sector financiero de las ayudas públicas recibidas. Se prevé que el ratio de deuda aumente aún 10 puntos porcentuales del PIB en el período cubierto por el programa, hasta alcanzar el 72,5 % en 2012, impulsado principalmente por unos déficit públicos constantemente elevados. Existen considerables riesgos para el nivel de deuda bruta de las administraciones públicas: a saber, por orden de importancia creciente, el riesgo de unos déficit superiores a los previstos, particularmente en 2011, y el riesgo derivado de las sustanciales garantías concedidas al sector financiero, que actualmente representan cerca del 14 % del PIB. Si se activasen, estas garantías aumentarían aún más el ratio de deuda. En cambio, si las instituciones financieras reembolsasen (anticipadamente) las ayudas públicas recibidas, dicho ratio podría disminuir substancialmente.

(10)

Según las previsiones de deuda a medio plazo, que suponen que la recuperación de las tasas de crecimiento del PIB hacia los valores previstos antes de la crisis sólo tendría lugar gradualmente y que los ratios de ingresos tributarios volverían a los niveles anteriores a la crisis, incluyendo el aumento previsto de los gastos relacionados con el envejecimiento de la población, la estrategia presupuestaria prevista en el programa, tal como se presenta y sin cambios políticios adicionales, no sería suficiente para estabilizar el ratio deuda/PIB de aquí a 2020.

(11)

Los efectos del envejecimiento de la población sobre el presupuesto a largo plazo serán significativamente superiores a la media de la UE, debido a un incremento relativamente elevado de los gastos en pensiones y en cuidados de larga duración. El logro de unos superávit primarios a medio plazo más elevados y la realización de reformas estructurales que frenen el incremento previsto de los gastos derivados del envejecimiento de la población contribuirían a reducir los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, que son elevados según el informe de sostenibilidad de 2009 de la Comisión (3). Se estima que el aumento de dos años en la edad de jubilación (de los 65 a los 67 años) de aquí a 2025 disminuiría la brecha de sostenibilidad y, en caso de adoptarse, constituiría un primer paso para mejorar la sostenibilidad de la hacienda pública.

(12)

El marco presupuestario tendencial introducido en 1994 se ha considerado generalmente eficiente y eficaz (4). Los elementos más importantes de este marco son los limites plurianuales de gasto y el papel de las organizaciones independientes, particularmente la Oficina Nacional de Análisis de la Política Económica (CPB) (5). El marco presupuestario es relativo a un periodo de cuatro años y se basa en un escenario macroeconómico facilitado por la CPB (6), lo que garantiza la objetividad e independencia de estas previsiones. Se fija un objetivo presupuestario para un periodo de cuatro años, basándose en los retos presupuestarios derivados del envejecimiento de la población y de las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A partir de estos objetivos presupuestarios se obtienen unos límites máximos para el gasto, que forman la piedra angular del marco presupuestario. En la práctica se han respetado bien los límites máximos de gasto. En marzo de 2009, el Gobierno decidió excluir de los límites máximos de gasto las prestaciones de desempleo, sensibles a las variaciones de la coyuntura. Esta medida impidió que fuese necesario realizar recortes presupuestarios procíclicos como consecuencia del aumento del desempleo y llevó a un reforzamiento de los estabilizadores automáticos (en aproximadamente el 0,3 % del PIB en 2009). El marco presupuestario tendencial parece haber desempeñado un papel positivo en la actual situación presupuestaria. Durante una fase de recuperación económica, el marco presupuestario tendencial también tendrá un importante valor añadido. Aunque se espera que los estabilizadores automáticos mejoren automáticamente la situación presupuestaria, los límites máximos de gasto servirán como instrumento para controlar el incremento de los gastos.

(13)

En cuanto a la calidad de las finanzas públicas, puede considerarse relativamente adecuado el comportamiento de los Países Bajos en algunos ámbitos. Se trata particularmente de los ámbitos de infraestructuras públicas, servicios generales y gobernanza presupuestaria. En el programa se anunció la intención de seguir mejorando la calidad de las finanzas públicas, mediante una mejora de la reglamentación y la reducción de las cargas administrativas. En lo que se refiere a estas últimas, el objetivo establecido en el programa es alcanzar una reducción neta del 25 % en 2011 respecto de 2007. Las autoridades están llevando a cabo actualmente una revisión substancial del presupuesto, que se centra principalmente en el gasto y tiende a facilitar el proceso de adopción de decisiones relativas a reformas estructurales y a medidas de saneamiento. Por el lado de los gastos, las autoridades están preparando un estudio específico para la revisión del sistema tributario, con el fin de establecer un sistema tributario que genere ingresos estables en el futuro, perturbe lo menos posible la economía e implique una distribución de costes lo más equitativa posible. Esta revisión podría fomentar aún más la calidad de las finanzas públicas a medio o largo plazo.

(14)

Globalmente, la estrategia presupuestaria para 2010 y 2011 establecida en el programa es compatible con las recomendaciones emitidas por el Consejo en virtud del artículo 126, apartado 7. A partir de 2012, considerada tal como se presenta y teniendo en cuenta los riesgos mencionados, la estrategia presupuestaria no parece compatible con las recomendaciones formuladas por el Consejo en virtud del artículo 126, apartado 7, sobre todo porque 2013 no entra en el periodo cubierto por el programa. En particular, para 2010, las previsiones presupuestarias son ligeramente mejores que las contenidas en el presupuesto para dicho año, lo que refleja en parte el mejor escenario macroeconómico, y están sometidas a unos riesgos equilibrados. Para el periodo 2011-2012, el programa prevé un reducido esfuerzo presupuestario anual medio equivalente a tres cuartos de punto porcentual del PIB, previsión que está sometida a los riesgos mencionados anteriormente. En cuanto a 2011, las previsiones presupuestarias del programa están respaldadas por medidas de saneamiento específicas. Por otra parte, la variación prevista del saldo estructural en 2012 (medio punto porcentual del PIB) no se basa en medidas adicionales, ni puede explicarse aplicando elasticidades estándar. Esto indica la necesidad de nuevas medidas de saneamiento para garantizar en el periodo 2011-2013 un esfuerzo presupuestario anual medio equivalente a tres cuartos de punto porcentual del PIB, según lo recomendado por el Consejo, teniendo en cuenta también el hecho de que el programa no abarca el año 2013. El déficit público nominal que presenta el programa para 2012 (4,5 % del PIB), con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, más que presentar un objetivo indica la necesidad de una mejora adicional de como mínimo el 1,5 % del PIB para cumplir el plazo de 2013. Teniendo en cuenta las previsiones de deuda presentadas en el programa y los riesgos mencionados, la actual estrategia presupuestaria tampoco es suficiente para volver a situar el ratio de deuda en una senda decreciente. Aunque en el programa el Gobierno expresa su compromiso de adoptar nuevas medidas para situar el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB en 2013 a más tardar, el programa no indica la forma de lograrlo.

(15)

En cuanto a los requisitos en materia de datos que establece el código de conducta para los programas de estabilidad y de convergencia, el programa proporciona todos los datos obligatorios y la mayoría de los opcionales. En sus recomendaciones de 2 de diciembre de 2009, formuladas con arreglo al artículo 126, apartado 7, y encaminadas a poner fin a la situación de déficit excesivo, el Consejo también invitó a los Países Bajos a informar sobre los progresos realizados en la aplicación de dichas recomendaciones en un capítulo aparte en las actualizaciones de su programa de estabilidad. Los Países Bajos han cumplido en parte esta recomendación. En particular, el programa no abarca el año 2013, último año del periodo de corrección del déficit excesivo.

i)

En el contexto de la revisión substancial del presupuesto, especificar las medidas que respaldarán el saneamiento a partir de 2011 y especialmente en los años siguientes, seguir intensificando el esfuerzo de saneamiento a fin de lograr el ajuste presupuestario anual medio que se requiere para situar el déficit por debajo del 3 % del PIB de aquí a 2013 y, a lo largo del periodo que abarca el programa, utilizar los resultados positivos inesperados que puedan derivarse de una mejora de las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias para acelerar la reducción del déficit y la disminución del ratio de deuda bruta hacia el valor de referencia.

ii)

Seguir mejorando la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo aplicando reformas estructurales que frenen el aumento previsto de los gastos derivados del envejecimiento de la población.

4.6.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 146/18

(1)

El 26 de abril de 2010 el Consejo examinó el programa de convergencia actualizado del Reino Unido, que abarca el período 2009/2010 a 2014/2015.

(2)

La crisis económica y financiera, que comenzó en 2007 tras varios años de fuerte crecimiento, provocó un descenso acumulado de la producción económica en el Reino Unido próximo al 6 %, comenzándose a observar indicios moderados de recuperación en el último trimestre de 2009. El creciente endeudamiento de los hogares y el sector financiero que caracterizó el período previo a la crisis, y que contribuyó a agravarla, generó una intensa y persistente dependencia de las entradas netas de capital. La respuesta del Banco de Inglaterra a la crisis consistió en un programa agresivo de reducciones de tipos de interés, inyecciones de liquidez en apoyo del sector bancario y, desde marzo de 2009, expansión monetaria cuantitativa (quantitative easing). El Gobierno realizó asimismo intervenciones a gran escala destinadas a estabilizar el sistema financiero, en particular a través de importantes inyecciones de capital, garantías de depósito y la provisión de seguros de responsabilidad civil. En consonancia con el Plan Europeo de Recuperación Económica, el Gobierno instrumentó una serie de medidas de estímulo presupuestario de considerable alcance, que, junto con el funcionamiento de los estabilizadores automáticos y los efectos que sobre los ingresos tuvo la caída de los precios de los activos, contribuyeron a un marcado deterioro de las finanzas públicas. El debilitamiento de la sostenibilidad de las finanzas públicas del Reino Unido se vio agravado por el hecho de que el saldo primario presentaba ya un importante déficit estructural en el período que precedió a la crisis, lo que condujo a que el déficit global de las administraciones públicas se situara rápidamente muy por encima del valor de referencia del 3 % del PIB a medida que la crisis se iba haciendo patente. En consecuencia, el 8 de julio de 2008 se abrió al Reino Unido un procedimiento de déficit excesivo, y el 2 de diciembre de 2009 el Consejo dirigió a dicho país las últimas recomendaciones de conformidad con el artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), instándole a que corrigiera el déficit en el ejercicio 2014/2015, a más tardar. Los principales retos a que se enfrenta la economía del Reino Unido en los próximos años consisten en estabilizar las finanzas públicas, al tiempo que los hogares se esfuerzan por reducir su endeudamiento; lograr que la oferta de crédito por parte de un sistema financiero aún frágil, en el que se ha reducido la capacidad de préstamo de numerosos proveedores de crédito, alcance niveles adecuados; y propiciar un desplazamiento de la producción hacia productos con mayor proyección comercial, con vistas a mejorar de manera permanente la balanza exterior.

(3)

Aunque gran parte de la disminución del PIB real observada en el contexto de la crisis es de carácter cíclico, ha resultado también afectado negativamente el nivel de la producción potencial. Por otra parte, la crisis también puede afectar al potencial de crecimiento a medio plazo a través de una menor inversión y menor crédito. Además, el impacto de la crisis económica complica los efectos negativos del envejecimiento de la población sobre el potencial de producción y la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este contexto, será esencial acelerar el ritmo de las reformas estructurales con el fin de respaldar el crecimiento potencial. En particular, es importante que el Reino Unido acometa reformas que mejoren los niveles de cualificación y aumenten la productividad.

(4)

El programa contempla dos escenarios macroeconómicos: un escenario central y un escenario alternativo, más prudente, basado en un crecimiento tendencial inferior en un cuarto de punto al del escenario central. Las previsiones relativas a las finanzas públicas se basan en el escenario alternativo, que se considera escenario de referencia en la evaluación del programa actualizado. El escenario prevé que el crecimiento del PIB se recuperará hasta alcanzar el 2 % en 2010/2011 y el 3,75 % anual entre 2011/2012 y 2014/2015. Sin embargo, a la luz de los datos más recientes, incluso este escenario más prudente, que acabó de elaborarse a principios de diciembre de 2009, parece basarse en hipótesis de crecimiento optimistas, especialmente por lo que respecta a los ejercicios 2010/2011 y 2011/2012 (2). Las previsiones de inflación parecen realistas. El programa no incluye previsiones explícitas de tipos de interés, y parte del supuesto de que la contribución al crecimiento del PIB de los intercambios comerciales netos, el ciclo de existencias y, a partir de 2011, la demanda interna —en particular la inversión fija y el gasto de los hogares— será positiva. Se trata de supuestos plausibles en líneas generales. La contribución de los intercambios netos está en consonancia con los pronósticos de la Comisión, si bien el signo negativo de esa contribución en el segundo semestre de 2009 tiene repercusiones adversas en esos pronósticos. Dos riesgos de corrección a la baja que pesan sobre el gasto de los hogares son, de un lado, el menor ritmo potencial de crecimiento de la renta disponible, debido, entre otras cosas, a una recuperación insuficiente del mercado de trabajo, y, de otro, un nuevo aumento del ratio de ahorro de los hogares.

(5)

El programa estima el déficit de las administraciones públicas en un 12,7 % del PIB en 2009/2010. El importante deterioro que esta cifra supone frente al 6,8 % del PIB registrado en 2008/2009 refleja en gran medida el impacto de la crisis en las finanzas públicas. Se estima que la reducción del ratio de ingresos públicos y el aumento del ratio de gasto público en 2009/2010, ajustados en atención al efecto «denominador» del marcado descenso del PIB nominal, han contribuido alrededor de un 45 % y un 55 %, respectivamente, al deterioro del déficit público. El impacto de la contracción de la actividad económica en las finanzas públicas se vio amplificado por el efecto combinado de la recesión y una acusada depresión de los mercados financiero e inmobiliario, que hasta entonces habían sido una fuente importante de ingresos. Por lo demás, cerca de una cuarta parte del incremento del déficit registrado en 2009/2010 obedeció a las medidas de estímulo, por valor equivalente al 1,5 % del PIB, que el Gobierno adoptó de acuerdo con el Plan Europeo de Recuperación Económica, junto con la decisión de permitir que los estabilizadores económicos funcionaran plenamente para apoyar la economía. Con todo, la acelerada degradación de las finanzas públicas ha afectado gravemente la posibilidad del Reino Unido de aplicar una política fiscal más laxa manteniendo la sostenibilidad presupuestaria y requiere una rápida mejora de la situación presupuestaria. De conformidad con la estrategia propugnada por el Consejo para salir de la crisis, y con vistas a corregir el déficit excesivo de aquí a 2014/2015 y restablecer una situación de sostenibilidad de las finanzas públicas, es preciso un mayor endurecimiento de la política presupuestaria. La aplicación de los planes de consolidación que fija el programa ayudará a apoyar la sostenibilidad a medio plazo y mejorará la situación fiscal.

(6)

La actualización del programa prevé una reducción interanual del ratio de déficit de las administraciones públicas de 0,6 puntos porcentuales en 2010/2011, que lo situaría en el 12,1 % del PIB. La modesta mejora del déficit público refleja íntegramente la previsión de incremento de los ingresos públicos, de un 6,5 % en términos nominales, fruto, en una tercera parte aproximadamente, del aumento del tipo del IVA en enero de 2010 hasta el nivel anterior a las medidas de estímulo. Por otra parte, se prevé que el gasto público siga creciendo a un ritmo elevado, si bien menos sostenido que en la actualidad: así, el aumento será de alrededor de un 4,5 % nominal y un 2,25 % en términos reales frente al ejercicio precedente, manteniéndose el ratio gasto/PIB invariable en relación con dicho ejercicio. En conjunto, las medidas discrecionales que entrarán en vigor en 2010/2011, incluidas las anunciadas en el avance presupuestario (Pre-Budget Report) de 2008, de noviembre de 2008, y en el presupuesto de 2009, de abril de 2009, reducirán el déficit público en un 1,0 % del PIB, aproximadamente. Según las estimaciones, en 2010/2011 la mejora del saldo estructural, es decir, el saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, será aún más modesta, representando un 0,25 % del PIB. La mejora estimada del déficit presupuestario estructural es considerablemente menos importante que el efecto neto de las medidas discrecionales anteriormente mencionadas, lo que refleja la persistencia de efectos de composición de los ingresos que merman su elasticidad global.

(7)

Aunque el programa fija planes de consolidación fiscal para 2010/2011, la actualización no presenta un objetivo a medio plazo para la situación presupuestaria que sitúe las finanzas públicas en una senda sostenible (3). No se ajusta, pues, a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La estrategia presupuestaria a medio plazo del programa es considerablemente menos ambiciosa de lo recomendado por el Consejo el 2 de diciembre de 2009 al amparo del artículo 126, apartado 7, y no atiende a la recomendación de reducir el déficit a un nivel inferior al 3 % del PIB de aquí a 2014/2015.

Concretamente, en 2014/2015 —plazo establecido en la recomendación del Consejo para que el Reino Unido sitúe el déficit por debajo del 3 % del PIB— el déficit público equivaldrá, según las previsiones del programa, al 4,7 % del PIB. La corrección media anual del déficit estructural —recalculado por los servicios de la Comisión con arreglo a la metodología establecida de común acuerdo— entre los ejercicios 2010/2011 y 2014/2015 se estima en un mero 1,0 % del PIB, esto es, 0,75 puntos porcentuales menos de lo recomendado por el Consejo en diciembre de 2009. De los 7,5 puntos porcentuales en que se cifrará la reducción del ratio de déficit público en el período comprendido entre 2011/2012 y 2014/2015, alrededor del 60 % será fruto de la proyectada contención del crecimiento del gasto. De acuerdo con las previsiones, el gasto público primario durante el referido período registrará, en promedio, un incremento próximo al 1,5 % anual, lo que supone una reducción media anual en términos reales del 0,75 %. Cerca de una cuarta parte de la disminución del ratio de gastos entre 2011/2012 y 2014/2015 será el resultado de una reducción de los gastos de inversión. Las medidas discrecionales de aumento de los ingresos, entre ellas un nuevo incremento del impuesto sobre la renta en abril de 2010 y el incremento de los tipos de las cotizaciones sociales que se prevé aplicar a partir de abril de 2011, representan un 10 %, aproximadamente, de la reducción del déficit presupuestario proyectada a partir del ejercicio 2011/2012, en tanto que alrededor del 30 % de la mejora del déficit global será consecuencia de la recuperación cíclica prevista en el programa. El presupuesto para 2010, que se presentó el 24 de marzo de 2010, estima para 2009/2010 un déficit del PIB inferior en un 0,5 % al previsto en el programa, con un resultado mejor de lo previsto que contribuye a lograr en los siguientes ejercicios un déficit inferior. El presupuesto anunciaba nuevas medidas fiscales restrictivas que llegan al 0,1 % del PIB durante todo el período del programa y el déficit previsto para 2014/2015 se sitúa en el 4,2 % del PIB.

(8)

Los resultados presupuestarios podrían ser peores de lo previsto en el programa durante todo el período. Las previsiones del otoño de 2009 de los servicios de la Comisión pronostican un menor crecimiento económico en 2010/2011 y 2011/2012, y, por cuanto se refiere al período comprendido entre 2012/2013 y 2014/2015, se estima poco probable que la economía del Reino Unido alcance una tasa de crecimiento del 3,25 % anual, como se presume en el programa. El contexto macroeconómico marcadamente favorable que contempla el programa entraña riesgos para las previsiones presupuestarias contenidas en el mismo.

Un crecimiento económico más débil de lo esperado a partir de 2011/2012 llevaría a rebasar el objetivo de déficit público establecido en el programa. Si bien el programa de saneamiento a medio plazo del Gobierno se basa, en gran medida, en la hipótesis de una restricción del gasto primario de gran alcance y sin precedentes, respecto del período comprendido entre 2011/2012 y 2014/2015 tal hipótesis no se ve aún respaldada por planes de gasto pormenorizados por ministerio, ya que la actual programación se extiende tan solo hasta el final del ejercicio 2010/2011. La ausencia de límites de gasto detallados por ministerio que avalen las hipótesis de gasto total del programa representa aún otra fuente de incertidumbre en relación con el plan presupuestario a medio plazo del programa. La marcada reducción del crecimiento del gasto a medio plazo que se fija como objetivo en la actualización del programa comporta importantes desafíos en materia de eficiencia y un replanteamiento general de las prioridades en el sector público. En general, son considerables las dificultades que llevará aparejadas la implementación de unos recortes de gastos de la magnitud de los previstos, sin precedentes hasta la fecha y que habrán de mantenerse durante un prolongado período de tiempo. Por lo demás, el Reino Unido ha asumido importantes pasivos contingentes a raíz de sus intervenciones en el sector financiero. A través de su sistema de protección de activos (Asset Protection Scheme), el Gobierno ha acordado garantizar activos del sector bancario por un importe prácticamente equivalente al 20 % del PIB. Aun cuando existe gran incertidumbre en cuanto a la medida en que los préstamos y las inversiones garantizados están expuestos al riesgo de incumplimiento, el sistema podría generar un coste neto al Estado si en el futuro no hay una recuperación total de los costes de la ayuda pública. Se podría reducir así el ritmo del saneamiento presupuestario.

(9)

Se estima que la deuda pública bruta se situará en 2009/2010 en torno al 73 % del PIB, frente al 55,5 % del ejercicio precedente. El incremento del ratio de deuda registrado en 2009/2010 se explica, en aproximadamente tres quintas partes, por el elevado déficit primario, en tanto que el ajuste stock-flujo resultante de los empréstitos contraídos por el Estado para financiar la adquisición de participaciones en el sector bancario y los préstamos otorgados a entidades financieras contribuyó a incrementar dicho ratio en cerca de 3,75 puntos porcentuales. Entre 2010/2011 y 2014/2015 el ratio de deuda experimentará, según las estimaciones, un nuevo aumento de 18,25 puntos porcentuales. En el último de dichos ejercicios el programa vaticina una estabilización en torno al 91,5 % del PIB, pues cabe esperar que la incidencia de la elevada tasa de crecimiento del PIB nominal en el ratio de deuda contrarreste el incremento de la deuda pública debido al saldo primario —que seguirá presentando un déficit al final del período del programa—, y a los pagos de intereses, que, de un 2,2 5 % del PIB en 2009/2010, aumentarán, previsiblemente, hasta aproximarse a un 4 % en 2013/2014. El ratio de deuda está sujeto, además, a diversos riesgos durante el período del programa. Un aspecto positivo es que, de culminar con éxito, la venta de las participaciones en el sector bancario adquiridas a raíz de las intervenciones estatales en el sector financiero podría servir para reducir la deuda pública. Los riesgos de subestimación a que está sujeto el ratio de deuda se derivan, sobre todo, de la probabilidad de que los déficit sean mayores de lo previsto, así como de un efecto «denominador» adverso del PIB, debido a un crecimiento económico inferior a lo esperado en términos reales; por su parte, el impacto del posible aumento del coste de los préstamos por influencia de los mercados nacionales o mundiales, aun siendo moderado, habida cuenta de la dilatada estructura de vencimientos del Reino Unido, contribuiría a empeorar la situación.

(10)

Según las previsiones de deuda a medio plazo, que suponen que la recuperación de las tasas de crecimiento del PIB hacia los valores previstos antes de la crisis sólo tendría lugar gradualmente y que los ratios de ingresos tributarios volverían a los niveles anteriores a la crisis, y que incluyen el aumento previsto de los gastos derivados del envejecimiento de la población, la estrategia presupuestaria prevista en el programa, tomada tal cual y de no modificarse ulteriormente la política económica sería suficiente para estabilizar el ratio deuda/PIB de aquí a 2020.

(11)

Pese a que los efectos a largo plazo del envejecimiento de la población sobre el presupuesto están próximos a la media de la UE, la situación presupuestaria en 2009, de acuerdo con las estimaciones del programa, constituye un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas, aun sin tener en cuenta los citados efectos. La generación de superávits primarios a medio plazo, unida a la introducción de reformas estructurales, contribuiría a reducir los riesgos que pesan sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, que, de acuerdo con el informe de sostenibilidad de 2009 de la Comisión (4), son elevados. El ratio de deuda bruta rebasa el valor de referencia del Tratado durante todo el período del programa.

(12)

La Ley de responsabilidad presupuestaria (Fiscal Responsibility Act, FRA), aprobada por el Parlamento el 10 de febrero de 2010, ha establecido un plan presupuestario que vincula a las autoridades británicas. La FRA define un plan de saneamiento presupuestario (Fiscal Consolidation Plan, FCP) con arreglo al cual el Gobierno debe «reducir a la mitad, en cuatro ejercicios a partir del máximo previsto en 2009/2010, la proporción que representan en el PIB las necesidades netas de financiación del sector público. En legislación delegada dimanante de la Ley, el Gobierno fija, por lo que respecta a las necesidades de financiación, un objetivo para 2013/2014 del 5,5 % del PIB, como máximo». De acuerdo con el FCP, el Gobierno deberá asimismo «reducir las necesidades de financiación en porcentaje del PIB en cada uno de los ejercicios comprendidos entre 2009/2010 y 2015/2016, y garantizar que en 2015/2016 disminuya la proporción que represente en el PIB la deuda neta del sector público». El sistema de «análisis de gastos» plurianuales, en cuyo marco se establecen dotaciones globales de gastos y límites de gastos previsibles por ministerios, permite ejercer un control del gasto más específico. Sin embargo, la contención del gasto público no siempre ha resultado suficiente, habiendo sobrepasado, en promedio, el gasto efectivo total de los ejercicios 2002/2003 a 2008/2009 los límites iniciales establecidos en los análisis de gastos. La Ley de responsabilidad presupuestaria exige también que el Gobierno «exponga (ante el Parlamento) los motivos por los que no se han alcanzado los objetivos». A fin de reducir el riesgo de no alcanzar los objetivos, convendría reforzar el mecanismo para determinar hasta qué punto aquellos son realistas y crear un plan de intervención que se activaría en caso de que las hipótesis subyacentes y las previsiones macroeconómicas se revelaran erróneas.

En conjunto, si bien la FRA representa un avance en la dirección adecuada, el plan de saneamiento previsto en la misma es considerablemente menos ambicioso de lo recomendado por el Consejo el 2 de diciembre de 2009 al amparo del artículo 126, apartado 7, y no es compatible con una reducción del déficit a un valor inferior al valor de referencia del 3% del PIB de aquí a 2014/2015.

(13)

El incremento del ratio de gasto público desde el año 2000, más acusado en los últimos años, pone de manifiesto la necesidad de garantizar la eficiencia del gasto público en el Reino Unido y su eficacia en términos de costes. El Gobierno británico se ha comprometido a lograr un ahorro adicional, a través de un aumento de la eficiencia, equivalente al 2,5 % del PIB durante el trienio que abarca el Comprehensive Spending Review (Análisis global de gastos, CSR) de 2007 (esto es, entre 2008/2009 y 2010/2011). Alrededor de una quinta parte de esa cifra representa ahorros que está previsto realizar durante el período cubierto por el CSR de 2007, a la luz de los resultados del Programa de Eficiencia Operativa (Operational Efficiency Programme, OEP), desarrollado durante un año y que, tras examinar los gastos de funcionamiento del sector público, ha puesto de manifiesto la posibilidad de ahorrar anualmente, mediante una mayor eficiencia, un 1% del PIB, frente a 2007/2008, de aquí a 2013/2014. Cuantificar los resultados satisfactorios que arrojen estas ambiciosas y bien diseñadas iniciativas será determinante a la hora de demostrar que realmente mejoran la calidad de las finanzas públicas y limitar la magnitud del gasto público. A este respecto, han de acogerse favorablemente los planes anunciados por el National Audit Office (Tribunal de Cuentas nacional) de evaluar el ahorro realizado al amparo del CSR de 2007. Por otra parte, el énfasis que pone el Programa de Valor Público (Public Value Programme) en realizar, merced a un aumento de la eficiencia, un ahorro anual en el sector de la sanidad pública próximo al 0,5 % del PIB de aquí a 2012/2013 se antoja particularmente justificado, dado que, desde el año 2000, el gasto del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido ha experimentado un notable aumento, al tiempo que ha disminuido la productividad, al margen de las mejoras registradas en materia propiamente sanitaria.

(14)

En 2010/2011, la estrategia presupuestaria definida en el programa es globalmente compatible con las recomendaciones formuladas por el Consejo el 2 de diciembre de 2009 en virtud del artículo 126, apartado 7, en particular por lo que respecta al comienzo del saneamiento en dicho ejercicio. Sin embargo, la estrategia presupuestaria a partir de 2011/2012 no es compatible con las referidas recomendaciones. Concretamente, y aun de cumplirse lo anunciado, en 2014/2015 —plazo establecido en la recomendación de diciembre de 2009 para que el Reino Unido corrija su situación de déficit excesivo— se prevé un déficit público del 4,7 % del PIB, claramente superior al valor de referencia del 3 % del PIB y sujeto, además, a los riesgos de subestimación antes mencionados. Por otra parte, las medidas anunciadas en el avance presupuestario de 2009, de 9 de diciembre de 2009, en respuesta a las recomendaciones del Consejo, suponen, respecto del período comprendido entre 2010/2011 y 2012/2013, una leve relajación presupuestaria en relación con las previsiones contenidas en el presupuesto de 2009, de abril de 2009, que es incompatible con la recomendación del Consejo de evitar «adoptar otras medidas que contribuyan al deterioro de las finanzas públicas». La corrección media anual del déficit estructural —recalculado por los servicios de la Comisión con arreglo a la metodología establecida de común acuerdo— entre los ejercicios 2010/2011 y 2014/2015 se estima en un 1,0 % del PIB, esto es, 0,75 puntos porcentuales menos de lo recomendado por el Consejo en diciembre de 2009. Asimismo, habida cuenta de las previsiones de deuda contenidas en el programa y de los riesgos señalados anteriormente, la estrategia presupuestaria podría ser insuficiente para volver a situar el ratio deuda/PIB en una trayectoria descendente.

(15)

En cuanto a los requisitos en materia de datos que establece el código de conducta para los programas de estabilidad y de convergencia, el programa presenta algunas lagunas importantes en los datos obligatorios y opcionales (5). En sus recomendaciones de 2 de diciembre de 2009, formuladas con arreglo al artículo 126, apartado 7, y encaminadas a poner fin a la situación de déficit excesivo, el Consejo también instó al Reino Unido a informar sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia de saneamiento presupuestario orientada a la corrección del déficit excesivo en un capítulo específico de las actualizaciones de su programa de convergencia. El Reino Unido no ha atendido completamente a la mencionada recomendación, a pesar de que en el programa se incluía la información.

i)

evitar cualquier posible medida que contribuya al deterioro de las finanzas públicas en 2010/2011, y, de registrarse un crecimiento económico más débil de lo proyectado en el programa, contener el déficit público en 2010/2011 de modo que no supere el nivel previsto en el programa de enero de 2010, en caso de que se materialicen los riesgos asociados al hecho de que el escenario macroeconómico del programa es más favorable que aquel en que se basa la recomendación emitida en virtud del artículo 126, apartado 7;

ii)

fijarse como objetivo una reducción del déficit público más ambiciosa, destinada a situarlo por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado en 2014/2015, a más tardar —en particular intensificando el ritmo de ajuste presupuestario a partir de 2011/2012 de acuerdo con lo recomendado por el Consejo al amparo del artículo 126, apartado 7—, y aprovechar las oportunidades que se presenten, como resultado, por ejemplo, de condiciones económicas y de mercado mejores de las previstas, para acelerar la reducción del ratio de deuda bruta hacia el valor de referencia del 60 % del PIB, mejorando con ello asimismo la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo;

iii)

publicar en 2010 los límites de gasto detallados por ministerio sobre los que reposan las proyecciones globales de gastos para el trienio siguiente al ejercicio 2010/2011, como mínimo;

iv)

aplicar las medidas de ahorro a través de la eficiencia del gasto contenidas en el Programa de Eficiencia Operativa y en otras iniciativas de mejora de la eficacia de costes.

4.6.2010   

ES

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C 146/24

4.6.2010   

ES

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C 146/25

4.6.2010   

ES

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C 146/26

1.

El 28 de mayo de 2010, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa Avnet Inc. («Avnet», Estados Unidos de América) adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la totalidad de la empresa Bell Micro Products Inc. («Bell Micro», Estados Unidos de América) mediante adquisición de acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.5864 — Avnet/Bell Micro, a la siguiente dirección:

4.6.2010   

ES

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C 146/27

1.

El 28 de mayo de 2010, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa Univar Europe Holdings B.V. («Univar», Países Bajos) bajo el control en última instancia de fondos asesorados y gestionados por CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC», Luxemburgo) adquiere el control exclusivo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la empresa Eurochem Holding B.V. («Eurochem», Países Bajos) mediante adquisición de acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.5814 — CVC/Univar Europe/Eurochem, a la siguiente dirección:

4.6.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 146/28

1.

El 26 de mayo de 2010, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), y siguiendo un proceso de remisión conforme a su artículo 4, apartado 5, de un proyecto de concentración por el cual la empresa Total Petrochemicals Feluy S.A. («TPF», Bélgica) perteneciente al Total Group («Total», Francia) adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de parte de la empresa Polimeri Europa Benelux S.A. («Polimeri», Bélgica) consistente en las líneas de producción de poliestireno de Polimeri (y los negocios relacionados de HIPS y GPPS) de Feluy, Bélgica («el objetivo»), mediante adquisición de activos.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.5854 — Total Group/HIPS & GPPS business of Polimeri, a la siguiente dirección:

4.6.2010   

ES

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C 146/29

1.

El 26 de mayo de 2010, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas KKR & Co. L.P. («KKR», EE.UU.) y Triton Managers III Limited y TFF III Limited (conjuntamente, «Triton Fund III», Jersey), pertenecientes al grupo de fondos de inversión Triton («Triton», Jersey), adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la empresa Ambea AB («Ambea», Suecia) mediante adquisición de acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas concentraciones en virtud del Reglamento comunitario de concentraciones (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.5871 — KKR/Triton/Ambea, a la siguiente dirección:

4.6.2010   

ES

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C 146/30

1)

entra en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal y, por dicho motivo, puede inducir a error al consumidor en lo que se refiere al verdadero origen del producto;

2)

es homónima o parcialmente homónima de una denominación ya protegida en la Unión Europea en virtud del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo (1), por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM en el que se ha integrado la organización común del mercado del vino), y del Reglamento (CE) no 110/2008 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas; o está contenida en los acuerdos que la Comunidad ha celebrado con alguno de los siguientes países:

3)

habida cuenta de la reputación de una marca registrada, su notoriedad y la duración de su uso, puede inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto;

4)

pone en peligro la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca registrada o la existencia de productos que se han comercializado legalmente al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de publicación de la presente comunicación, o;

5)

si aporta información que permita concluir que la denominación que se proyecta proteger tiene carácter genérico.