29.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/1

—

subraya que los entes regionales y locales ejercen competencias exclusivas y compartidas a la hora de prestar servicios públicos y de contribuir al desarrollo social y económico de sus comunidades, por lo que su plena participación en la elaboración de la legislación de la UE en una fase temprana y en su aplicación sobre el terreno es indispensable para el funcionamiento de la vida democrática de la UE;

—

reconoce que se han producido progresos en este ámbito y encomia el compromiso de la Comisión Europea con esta labor –que ha dado resultados tangibles–, pero considera que es posible y necesario seguir introduciendo mejoras;

—

considera que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, así como el recurso a las evaluaciones de impacto, son aspectos clave para promover el surgimiento de un modelo de gobernanza multinivel en la UE y serán muy beneficiosos para el desarrollo económico de las regiones y la cohesión territorial de la Unión Europea en su conjunto; recuerda que el Tratado estipula que las decisiones deberán adoptarse en el nivel más cercano a los ciudadanos, y que éste no es siempre el nivel del gobierno central. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad debería entenderse como la base que permite aumentar la capacidad de respuesta de todos los niveles de gobierno a las necesidades de los ciudadanos y la eficacia en la toma de decisiones;

—

considera que las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pueden tener consecuencias significativas para los entes regionales y locales –por ejemplo en materia de contratación pública– de maneras no previstas en la legislación original;

—

por último, expresa su preocupación por la tendencia continuada que muestran los Estados miembros a complicar y elaborar en exceso la legislación comunitaria cuando se hace necesaria su incorporación a la legislación nacional (la práctica del goldplating).

Ponente

:

Lord Graham Tope (UK-ALDE), Miembro del Borough londinense de Sutton

1.

sigue cooperando con la Comisión Europea y las demás instituciones de la UE para lograr una mejor legislación en la Unión Europea, a todos los niveles, dentro del espíritu de la gobernanza multinivel;

2.

reconoce que se han producido progresos en este ámbito y encomia el compromiso de la Comisión Europea con esta labor –que ha dado resultados tangibles–, pero considera que es posible y necesario seguir introduciendo mejoras;

3.

recuerda la valiosa aportación realizada por la Sra. Maij-Weggen, en nombre del CDR, como observadora dentro del Grupo de alto nivel sobre la reducción de las cargas administrativas; en este sentido, el CDR reitera el hecho de que los entes regionales y locales y el propio Comité están mejor situados para contribuir al proceso de mejora de la legislación de la UE, en especial dado el porcentaje significativo de legislación de la UE que se aplica a nivel regional y local y su impacto en la vida diaria de los ciudadanos;

4.

acoge con satisfacción la mayor transparencia de la Comisión Europea en la preparación de las nuevas propuestas y las consultas mantenidas, al margen de las instituciones europeas, con las partes interesadas y, sobre todo, con las asociaciones europeas representativas de entes territoriales, así como su aplicación incondicional del «dialogo estructurado» por mediación del Comité de las Regiones. Es importante que haya mecanismos de consulta accesibles y diversos para asegurar que la toma de decisiones de la UE se haga con información representativa de amplios sectores de la opinión pública europea, ya que esto conducirá a una toma de decisiones más equilibrada y a una aplicación más efectiva, especialmente en los casos en los que las autoridades locales y regionales son responsables de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la UE;

5.

subraya que los entes regionales y locales ejercen competencias exclusivas y compartidas a la hora de prestar servicios públicos y de contribuir al desarrollo social y económico de sus comunidades, por lo que su plena participación en la elaboración de la legislación de la UE en una fase temprana y en su aplicación sobre el terreno es indispensable para el funcionamiento de la vida democrática de la UE;

6.

considera que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, así como el recurso a las evaluaciones de impacto, son aspectos clave para promover el surgimiento de un modelo de gobernanza multinivel en la UE y serán muy beneficiosos para el desarrollo económico de las regiones y la cohesión territorial de la Unión Europea en su conjunto; recuerda que el Tratado estipula que las decisiones deberán adoptarse en el nivel más cercano a los ciudadanos, y que éste no es siempre el nivel del gobierno central. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad debería entenderse como la base que permite aumentar la capacidad de respuesta de todos los niveles de gobierno a las necesidades de los ciudadanos y la eficacia en la toma de decisiones;

7.

reitera su compromiso de llevar a cabo campañas de sensibilización sobre la subsidiariedad. A este respecto, la Red de Seguimiento de la Subsidiariedad es una herramienta útil, no sólo por el compromiso de sus miembros para realizar un seguimiento de la subsidiariedad, sino también por su potencial para funcionar como laboratorio para el intercambio de mejores prácticas en la aplicación de la subsidiariedad y la gobernanza multinivel;

8.

acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Comisión Europea para respetar el principio de proporcionalidad en el ejercicio de sus poderes legislativos y reglamentarios, contribuyendo a derogar muchos instrumentos legislativos mediante gran número de propuestas formales de consolidación. Toma nota de que 48 propuestas de simplificación han sido aprobadas finalmente por los colegisladores. A este respecto cabe señalar que no se trata tan solo del número de propuestas de simplificación sino de la reducción efectiva de las cargas administrativas en la práctica;

9.

considera que, mediante la verificación de la necesidad de una intervención a nivel europeo y el examen de las posibles consecuencias de toda una serie de opciones políticas, las evaluaciones de impacto deberían permitir mejorar y simplificar el marco regulador. Una evaluación previa eficaz y sostenible de la nueva legislación comunitaria no es sólo importante para lograr una reducción neta, sino que también es fundamental para mantener la carga administrativa en niveles bajos. Sin embargo, al CDR expresa su inquietud por el hecho de que las subsiguientes enmiendas y modificaciones a las propuestas legislativas introducidas en el Parlamento Europeo y el Consejo puedan tener repercusiones considerables para los entes regionales y locales que quizá no hayan sido previstas en su totalidad por los responsables de la toma de decisiones;

10.

considera que las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pueden tener consecuencias significativas para los entes regionales y locales –por ejemplo en materia de contratación pública– de maneras no previstas en la legislación original;

11.

considera que si la UE quiere ser más transparente y receptiva ante las preocupaciones de la sociedad, es fundamental que la legislación comunitaria se elabore de modo que sea comprensible para aquellos a quienes va destinada. Por consiguiente, el Comité insta a la Comisión Europea a que redacte textos más claros, coherentes e inequívocos para garantizar una aplicación eficaz y uniforme en todos los Estados miembros. Este requisito es aún más importante si se tiene en cuenta que los textos que se adoptan finalmente son a menudo objeto de compromisos que no siempre pueden transponerse con facilidad a la legislación nacional;

12.

en este orden de cosas, reconoce también que la mayor parte de los entes regionales y locales y sus ciudadanos tendrán que servirse no de la legislación comunitaria, sino de su transposición a la legislación nacional. Por consiguiente, es necesario que todos los niveles de gobierno simplifiquen, garanticen la coherencia y expliquen las nuevas reglamentaciones y políticas;

13.

expresa su preocupación por la tendencia continuada que muestran los Estados miembros a complicar y elaborar en exceso la legislación comunitaria cuando se hace necesaria su incorporación a la legislación nacional (la práctica del goldplating);

14.

para terminar, aunque es comprensible que se haga mucho hincapié en las evaluaciones de impacto previas, como parte del esfuerzo de legislar mejor no debería descuidarse la realización de evaluaciones posteriores en las que se comparen los resultados esperados con la situación real. La mayor parte de las nuevas propuestas tiene por objetivo modificar o completar el acervo comunitario vigente. Dentro de un proceso permanente de actualización necesaria de la legislación, en la elaboración de nuevas propuestas es importante tener en cuenta la valiosa experiencia adquirida por los entes regionales y locales al aplicar la legislación de la UE.

15.

insta a que las instituciones de la UE y los Estados miembros hagan que los entes regionales y locales participen más eficazmente, con arreglo a sus competencias, en la elaboración y formulación legislativa comunitaria, con el fin de reforzar la legitimidad democrática del proceso decisorio. El Comité subraya asimismo que esta participación es de especial interés para las regiones con competencias legislativas, ya que tienen la obligación de transponer la legislación comunitaria en sus ámbitos de competencia. A este respecto, el CDR es el mejor portavoz de los entes regionales y locales en sus esfuerzos por participar en el proceso legislativo. Los miembros del Comité de las Regiones tienen una experiencia práctica y un conocimiento detallado de los contextos locales, por lo que son los que mejor pueden evaluar el impacto y la eficacia de la legislación;

16.

considera que es necesario llevar a cabo consultas en todos los niveles de decisión, tanto en la UE como en los Estados miembros. Estos deberán disponer de prácticas adecuadas de consulta de las regiones y los municipios;

17.

señala la importancia creciente de la fase de preparación en el proceso legislativo comunitario. Al mejorar las evaluaciones y la consulta en esta fase temprana, la UE refuerza sus posibilidades de establecer normativas eficaces, más fáciles de aplicar en los entornos dispares de los Estados miembros;

18.

reitera su compromiso de contribuir a efectuar los análisis de impacto relativos a cualquier nueva propuesta legislativa de gran impacto regional y local. En los casos en que las nuevas propuestas entrañan una modificación de la legislación vigente, la evaluación de impacto debe integrar los resultados de la evaluación de la legislación, con lo que se establece un vínculo directo entre la evaluación de impacto previa y la evaluación posterior;

19.

teniendo en cuenta que la evaluación de impacto constituye un ejercicio que consume mucho tiempo y recursos, la planificación debería hacerse con la mayor perspectiva posible de futuro a fin de permitir determinar de manera bilateral los asuntos prioritarios, sobre la base de la Estrategia Política Anual y el Programa legislativo y de trabajo de la Comisión, y quizá en el marco de una reunión técnica anual. Además, debería animarse a las Direcciones Generales de la Comisión Europea a que se dirijan directamente al CDR cuando consideren que el trabajo de evaluación de impacto debe completarse con datos sobre las repercusiones territoriales de las iniciativas previstas;

20.

solicita que las evaluaciones de impacto tomen en consideración a las regiones con competencias legislativas, y que se eviten los acuerdos comunitarios que impliquen una transferencia de las competencias de estas regiones al gobierno central;

21.

insta al Parlamento Europeo y al Consejo a que respeten en mayor medida el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» de 2003 cuando enmienden las propuestas legislativas de la Comisión para que las modificaciones no den lugar a nuevas cargas administrativas y financieras para los entes regionales y locales. Cualquier revisión del Acuerdo Interinstitucional debería contar con la participación del CDR y el CESE;

22.

celebra haber sido representado por la Sra. Maij-Weggen (PPE/NL) en el Grupo de alto nivel sobre la reducción de las cargas administrativas, y sugiere que el CDR sea oficialmente consultado por la Comisión Europea sobre las conclusiones de este grupo antes de la terminación de su mandato (agosto de 2010), a fin de que el CDR pueda comunicar sus resultados a todos los entes regionales y locales de la UE en lo que atañe a sus ámbitos de interés;

23.

se congratula de la intención de reducir las cargas innecesarias para las PYME, así como del proyecto de reforzar la utilización de las tecnologías de la información. Uno de los objetivos de simplificar el marco regulador de la Unión debería consistir en hacer la legislación más simple y más eficaz, y por ende «más orientada hacia el usuario»;

24.

reconoce que legislar mejor va unido a una evaluación periódica de la legislación. Por tanto es conveniente que toda la legislación de la Unión Europea contenga sistemáticamente disposiciones en materia de evaluación, de modo que todos los interesados puedan dar a conocer sus experiencias sobre las consecuencias prácticas de la aplicación y el cumplimiento de la legislación de que se trate;

25.

insta a las regiones con competencias legislativas a reconocer el gran provecho que para ellas podría suponer desempeñar un papel más proactivo en las negociaciones y la transposición de de la legislación europea. Otros tipos de regiones y los entes locales podrían también desempeñar un papel relevante. Asimismo, el CDR anima a los Estados miembros a que faciliten lo más posible esa participación activa;

26.

subraya que los pactos territoriales europeos, tales como las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT), permitirían aumentar la coherencia territorial y la flexibilidad de las políticas de gran impacto local. Dado que se trata de un instrumento con personalidad jurídica que permite a los participantes crear una estructura jurídica estable para la cooperación territorial, las AECT garantizarán un nivel más elevado de gobernanza multinivel y fomentarán una mejor legislación a escala regional y local en toda Europa;

27.

pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para simplificar la legislación nacional y adoptar las directivas comunitarias de manera rápida y adecuada. En el marco de este proceso, deberían consultar a los entes locales y regionales para tener en cuenta sus sugerencias y propuestas;

28.

pide una vez más a los legisladores nacionales que se abstengan de introducir complicaciones innecesarias («goldplating») en la transposición de la legislación comunitaria. En sus informes sobre la aplicación correcta y en el plazo debido de las directivas de la UE, la Comisión podría indicar qué Estados miembros han decidido establecer obligaciones de mayor alcance a nivel nacional;

29.

subraya que la Comisión y el Tribunal de Justicia deben tener en cuenta las consecuencias de las sentencias del Tribunal para los entes locales y regionales;

30.

invita a la Comisión Europa a que defina precisamente los casos concretos que corresponden o no a ayudas públicas, haciendo hincapié en los problemas y las situaciones cuya gestión corresponde a los entes locales y regionales;

31.

pide a la Comisión Europea que utilice un enfoque más orientado hacia los ciudadanos al presentar su programa «Legislar mejor». Los esfuerzos y la comunicación deberían orientarse hacia los ámbitos en que los ciudadanos ven un mayor valor añadido;

32.

recomienda que se emplee un lenguaje más claro en la elaboración de las directivas. Esto permitiría reducir los riesgos de malas interpretaciones que podrían dar lugar a una transposición incorrecta o con retrasos;

33.

reconoce que los legisladores nacionales y los entes regionales y locales, así como sus asociaciones representativas, tienen un papel que desempeñar para mejorar la comunicación sobre la legislación de la UE y su incorporación a la nueva legislación nacional a aquellos que deben aplicarla y al ciudadano ordinario.

29.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/5

—

afirma que esta elevada calidad de vida ha de lograrse dentro de los límites de sostenibilidad que impone un planeta finito  (1) y sobre la base de una sociedad justa y cohesiva desde el punto de vista social, en la que se aproveche al máximo el valor y la contribución de todas las personas y colectivos, y se ofrezcan incentivos y medidas de apoyo encaminadas tanto a atajar la pobreza y la exclusión social, como a instituir una economía sostenible;

—

subraya la importancia de una política de cohesión adecuadamente financiada, para toda la UE, y en la que participen todas las regiones de Europa, como factor clave para respaldar la aplicación de la nueva Estrategia, y rechaza cualquier intento de renacionalizar los Fondos Estructurales o de eliminar la dimensión regional de la política de cohesión en la revisión del futuro presupuesto de la UE;

—

señala que la política de cohesión de la UE cuenta con una estructura establecida de gobernanza multinivel para aplicar los programas de los Fondos Estructurales, y afirma que la nueva Estrategia deberá hacer uso de esas estructuras de asociación ya existentes para subsanar los puntos débiles que presentan actualmente las estructuras de gobernanza. Un alineamiento explícito de las estructuras de gobernanza con los programas regionales de la política de cohesión comunitaria constituye un método mucho más eficaz para garantizar la formulación conjunta de políticas;

—

pide a los dirigentes de la UE que se planteen de manera absolutamente prioritaria el desarrollo de la competitividad de Europa en la economía ecológica para permitir a la Unión Europea asumir un papel de liderazgo en la transformación de la economía mundial sobre una base estable y sostenible. En concreto, ello implica liderar a través del ejemplo, otorgando prioridad a la inversión en las nuevas tecnologías ecológicas y la I+D, en ámbitos como la producción de energía renovable, la eficiencia energética, los métodos sostenibles de producción y consumo, las TIC y las infraestructuras de banda ancha en comunidades remotas, así como el fomento de la protección ecológica y la conservación medioambiental. Las universidades, los centros de investigación y las pymes de Europa desempeñan un papel crucial a la hora de sacar adelante estas iniciativas (2) Esto exige cambios estructurales en la economía europea, como la coordinación de la política macroeconómica y unas políticas activas en el sector del mercado laboral que fomenten la transición hacia una economía ecológica;

Ponente

:

Christine Chapman (UK-PSE), Miembro de la Asamblea Nacional de Gales

1.

apoya la puesta en marcha de una iniciativa que suceda a la actual Estrategia de Lisboa tras 2010, pero considera necesario reequilibrar la Estrategia y fusionar la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible con la Estrategia de Lisboa; aunque acoge favorablemente el compromiso de potenciar el papel de los ciudadanos en sociedades inclusivas y de crear una economía competitiva, conectada y más respetuosa con el medio ambiente, tal como enuncia la consulta de la Comisión sobre la futura estrategia «UE 2020», publicada el 24 de noviembre, expresa su decepción porque la Comisión no propone una visión más ambiciosa y global para reequilibrar y reorientar la estrategia a fin de hacer de Europa una sociedad sostenible y socialmente justa y cohesiva;

2.

subraya que la actual Estrategia de Lisboa no ha logrado que se reconozca de manera suficiente el papel fundamental que desempeñan los entes locales y regionales de toda la UE cuando se trata de aplicar y comunicar dicha Estrategia en la práctica, y reitera el llamamiento que se hace en el Libro Blanco sobre la gobernanza multinivel para subsanar esta carencia en la nueva Estrategia;

3.

constata la gran incertidumbre que reina entre los entes locales y regionales acerca del objetivo general que persigue la actual Estrategia de Lisboa, situación que podría remediarse estableciendo unos objetivos claros en la nueva Estrategia y comunicándolos a la opinión pública de una manera eficaz sobre el terreno;

4.

lamenta que la Estrategia de Lisboa, que tenía por objeto contribuir a la Unión Económica y Monetaria (UEM), no haya ejercido el impacto deseado en lo que respecta a la mejora de la gobernanza económica conjunta a escala de la UE o en lo que afecta a una mejor coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros; y lamenta que, en respuesta a la actual crisis económica, muchos Estados miembros hayan adoptado políticas económicas basadas en consideraciones puramente nacionales en lugar de tratar de organizar acciones coordinadas en el marco del mercado único europeo;

5.

solicita que la nueva Estrategia incluya un objetivo global y explícito orientado a conseguir un elevado nivel de calidad de vida y el bienestar de todos los ciudadanos de la UE. Aunque el empleo constituye un componente fundamental de esta tarea, al igual que la riqueza material, también existen otros factores que hay que tener en cuenta para hacerse una verdadera idea de la calidad de vida y el bienestar, como es el caso, en un sentido más amplio, de los entornos sociales y medioambientales en los que viven las personas (3);

6.

afirma que esta elevada calidad de vida ha de lograrse dentro de los límites de sostenibilidad que impone un planeta finito  (4) y sobre la base de una sociedad justa y cohesiva desde el punto de vista social, en la que se aproveche al máximo el valor y la contribución de todas las personas y colectivos, y se ofrezcan incentivos y medidas de apoyo encaminadas tanto a atajar la pobreza y la exclusión social, como a instituir una economía sostenible;

7.

subraya el papel crucial que desempeñan la educación y la formación a la hora de sensibilizar sobre las cuestiones de sostenibilidad y de fomentar el talento creativo y empresarial en los ciudadanos europeos, así como la necesidad de instaurar una cultura del aprendizaje permanente;

8.

propone dar otro nombre a la nueva Estrategia que evite cualquier confusión con el Tratado de Lisboa, como, por ejemplo, «Calidad de vida para todos: construir un futuro sostenible para Europa en el mundo» o, en su versión abreviada, «Estrategia sostenible para Europa»;

9.

aboga por una estrategia de comunicación más eficaz que, con la participación de los entes locales y regionales, logre una mayor sensibilización y promueva los mensajes principales de la nueva Estrategia.

10.

afirma que la actual crisis financiera, económica, social y medioambiental ha alterado radicalmente el contexto en el que se desarrolla el debate sobre el futuro de la Estrategia de Lisboa, lo cual descarta la opción de seguir actuando como siempre. Esta situación plantea una serie de retos de carácter inmediato, especialmente a la hora de atajar el aumento del desempleo en toda Europa, y en particular entre la juventud, y luchar contra el fantasma del proteccionismo. Asimismo, ha puesto de manifiesto debilidades estructurales en el modelo económico mundial, destacando la necesidad de aplicar un nuevo planteamiento sostenible, tanto en términos ecológicos como sociales y económicos, y una regulación más estricta en el sector bancario y financiero;

11.

reitera que, antes de que la crisis económica golpeara a Europa, y cuando todavía se consideraba que la economía funcionaba relativamente bien, en toda Europa seguían existiendo elevados niveles de pobreza y desigualdades de renta cada vez mayores. Según datos publicados por la Comisión Europea en octubre de 2008, un 16 % de la población europea vive por debajo del umbral de pobreza, una de cada diez personas vive en unidades familiares en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo y el 19 % de los niños vive bajo la amenaza de la pobreza (5). Combatir la pobreza y el aumento de las desigualdades en Europa debe constituir uno de los objetivos centrales de la futura Estrategia;

12.

señala que Europa afronta una serie de desafíos a más largo plazo que deberán abordarse en la nueva Estrategia: el cambio demográfico, el cambio climático, la seguridad energética y la globalización (6), así como la cohesión territorial en toda la UE. Lamenta que, en la consulta de la Comisión sobre la futura estrategia «UE 2020», no se le conceda mayor visibilidad como principio guía a la cohesión territorial; insta a la Comisión a que, en línea con las exigencias en materia de cohesión territorial recogidas en el Tratado de Lisboa, se comprometa a presentar una evaluación del impacto territorial de todas las nuevas propuestas legislativas que afecten a las competencias de los entes locales o regionales;

13.

señala que la crisis dejará como legado en los próximos años una considerable presión sobre las finanzas públicas, como resultado de la crisis social, financiera y económica. Es fundamental disponer de una asignación eficaz de los recursos y de financiación a nivel local, regional, nacional y europeo a fin de garantizar que se realizan las inversiones adecuadas para alcanzar los objetivos generales de la nueva Estrategia. Para que los municipios y regiones puedan contribuir eficazmente a la aplicación de la Estrategia de Lisboa, es preciso que la Unión Europea y los Estados miembros garanticen plenamente el respeto de los principios de la Carta Europea de Autonomía Local del Consejo de Europa en lo relativo a los recursos financieros de las entidades locales (artículo 9);

14.

afirma que tanto para la consecución de una cohesión social efectiva como para la superación de los desafíos a largo plazo, es imprescindible un planteamiento territorial, común a todas las políticas, que tenga presentes las peculiaridades específicas que existen a nivel local y regional en toda Europa. Asimismo, es necesaria una dotación de recursos suficiente en el presupuesto de la UE para apoyar un desarrollo territorial equilibrado en Europa;

15.

propone que la nueva Estrategia conceda prioridad a la inversión en una economía ecológica, aborde la cohesión social, garantice un enfoque de gobernanza multinivel y aporte nuevas ideas sobre cómo medir su propio impacto;

16.

solicita que se incorporen a la nueva Estrategia los objetivos y compromisos de la UE en materia de cambio climático con vistas a crear en toda Europa una economía de bajas emisiones;

17.

pide a los dirigentes de la UE que se planteen como prioridad central el desarrollo de la competitividad de Europa en la economía ecológica para permitir a la Unión Europea asumir un papel de liderazgo en la transformación de la economía mundial sobre una base sana y sostenible. En concreto, ello implica liderar a través del ejemplo, otorgando prioridad a la inversión en las nuevas tecnologías ecológicas y la I+D, en ámbitos como la producción energética renovable, la eficiencia energética, los métodos sostenibles de producción y consumo, las TIC y las infraestructuras de banda ancha en comunidades remotas, así como el fomento de la protección ecológica y la conservación medioambiental. Las universidades, los centros de investigación y las pymes de Europa desempeñan un papel crucial a la hora de sacar adelante estas iniciativas (7). Esto exige cambios estructurales en la economía europea, entre los que figuran la coordinación de la política macroeconómica y unas políticas activas en el sector del mercado laboral que fomenten la transición hacia una economía ecológica;

18.

hace un llamamiento en favor de una Estrategia europea de la capacitación y del empleo ecológicos que ofrezca un marco para la inversión en la capacitación y el conocimiento necesarios para impulsar el desarrollo de una economía sostenible. Los futuros programas de financiación de la UE, entre los que se cuentan el Programa de Aprendizaje Permanente y el Fondo Social Europeo, deben centrarse en apoyar la inversión en el «empleo ecológico» y las «capacidades ecológicas», con especial hincapié en unas pymes nuevas, dinámicas e innovadoras (8);

19.

solicita que la UE adopte un marco coherente de incentivos y mecanismos de apoyo («Legislar mejor desde el punto de vista ecológico») para impulsar la economía sostenible en toda Europa;

20.

pide que se conceda prioridad al intercambio de las mejores prácticas sobre planteamientos innovadores que originen incentivos en los distintos Estados miembros, con el ánimo de alentar y recompensar a los ciudadanos, las empresas y las autoridades públicas de la UE que demuestren una conducta ecológica y penalicen las conductas «no sostenibles»;

21.

reitera que un enfoque ecológico puede crear un círculo virtual para hacer frente a los problemas económicos y sociales. Por ejemplo, los recientes cambios en la normativa de los Fondos Estructurales permiten apoyar medidas de eficacia energética en hogares con rentas bajas;

22.

hace hincapié en la importancia de las iniciativas de abajo arriba que llevan a cabo las comunidades locales para introducir cambios sobre el terreno (9);

23.

destaca el valor y la importancia de los sistemas de seguridad social y protección social que protegen a las capas más vulnerables de la sociedad, así como la necesidad de mantener un Modelo Social Europeo fuerte (10);

24.

reconoce, de conformidad con el Protocolo sobre los servicios de interés general anejo al Tratado de Lisboa, el papel esencial que desempeñan los servicios de interés general y, en particular, los servicios sociales de interés general, cuyas modalidades de organización y financiación deben garantizarse en mayor medida, así como la importancia de los servicios públicos de proximidad para los ciudadanos;

25.

pide que se emprendan acciones para combatir la pobreza infantil y la pobreza intergeneracional en las familias, a la vez que subraya la necesidad de mantener los objetivos de Barcelona en lo referente a los servicios de asistencia infantil (11);

26.

subraya la importancia de una política de cohesión adecuadamente financiada, para toda la UE, y en la que participen todas las regiones de Europa, como factor clave para respaldar la aplicación de la nueva Estrategia, y rechaza cualquier intento de renacionalizar los Fondos Estructurales o de eliminar la dimensión regional de la política de cohesión en la revisión del futuro presupuesto de la UE;

27.

reclama un compromiso para hacer un uso más eficaz de los conocimientos y buenas prácticas ya existentes en el seno de los programas de los Fondos Estructurales de la UE, en beneficio de todas las regiones de la UE;

28.

pide a los dirigentes de la UE que aprovechen en 2010 el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social para comprometerse a dar prioridad a la cohesión social y a la inclusión social, con el objetivo de atajar el creciente desempleo, los desequilibrios en el rendimiento económico regional, la exclusión social, la falta de trabajo y la inactividad económica. El CDR coincide con el informe Barca en que los programas de los Fondos Estructurales de la UE constituyen un instrumento fundamental para luchar contra la exclusión social;

29.

pide que se emprendan acciones para hacer frente a la creciente amenaza del desempleo juvenil, otorgando prioridad a la inversión en educación, formación y desarrollo de las capacidades con programas que fomenten la movilidad de los jóvenes; valora positivamente la Recomendación del Consejo sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios aprobada en noviembre de 2008, a la vez que apoya la propuesta de la Comisión para designar 2011 como Año europeo del voluntariado;

30.

pide que se reconozca en mayor medida la contribución crucial de las mujeres a la población activa y su papel como empresarias e innovadoras. Europa aún tiene mucho que hacer en materia de igualdad de género, como pone de manifiesto un reciente informe de la Comisión Europea que destaca, en particular, el persistente problema de la diferencia salarial entre hombres y mujeres (12) las dificultades para equilibrar la vida profesional y privada, y los estereotipos de carácter sexista (13); por consiguiente, confía en que se prevean recomendaciones e incentivos tanto para la permanencia de las mujeres en el puesto de trabajo como para su incorporación al mundo laboral;

31.

además, solicita un mayor reconocimiento del valor y la contribución de todos los miembros de la sociedad. La nueva Estrategia deberá valorar la importancia de la «sociedad civil» y, en especial, la contribución que realiza al bienestar de los demás el sector terciario, cuidadores y voluntarios, aspecto que pasa a menudo desapercibido. Del mismo modo, la nueva Estrategia deberá fomentar políticas en favor de un envejecimiento activo e iniciativas intergeneracionales;

32.

sostiene que la futura política de cohesión de la UE deberá contemplar un apoyo a las iniciativas de desarrollo local, orientadas concretamente hacia aquellas comunidades del ámbito urbano y rural que deban hacer frente a desafíos de carácter socioeconómico. Este enfoque ya ha sido utilizado con éxito en el pasado en iniciativas como EQUAL, Leader y URBAN, así como en los programas integrales de los Objetivos 1 y 2;

33.

acoge favorablemente un planteamiento en que la normativa en materia de ayudas estatales posibilite apoyar una producción económica sostenible basada en las comunidades locales (por ejemplo, otorgando prioridad a la contratación ecológica o al acceso a infraestructuras de banda ancha en las comunidades rurales remotas);

34.

subraya la necesidad de hacer participar a los entes locales y regionales en el diseño, la aplicación y la evaluación de la nueva Estrategia;

35.

destaca la importancia de los entes locales y regionales a la hora de liderar la respuesta a la crisis financiera y económica sobre el terreno, con vistas a abordar los desafíos inmediatos y a corto plazo (14);

36.

pide una mejor coordinación y cooperación entre los distintos niveles de gobierno en Europa, así como una dimensión regional mucho más potente en la nueva Estrategia;

37.

pide a los dirigentes de la UE que garanticen que el futuro gasto de la Unión concuerde con el cumplimiento de los principales objetivos de la nueva Estrategia y se aplique con el mismo éxito la asignación de Lisboa para los Fondos Estructurales en todos los ámbitos relevantes del presupuesto comunitario;

38.

solicita mayores incentivos para que los gobiernos nacionales se comprometan a aplicar los objetivos de la nueva Estrategia, por ejemplo mediante unos objetivos adecuados de carácter vinculante que garanticen la aplicación eficaz sobre el terreno;

39.

valora positivamente la idea de ligar esta Estrategia al periodo de mandato de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Se debe definir con mayor claridad el papel que desempeña en la nueva Estrategia el Parlamento Europeo en su calidad de órgano elegido democráticamente en Europa, actuando en asociación con el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo;

40.

señala que la política de cohesión de la UE cuenta con una estructura establecida de gobernanza multinivel para aplicar los programas de los Fondos Estructurales, y afirma que la nueva Estrategia deberá hacer uso de esas estructuras de asociación ya existentes para subsanar los puntos débiles que presentan actualmente las estructuras de gobernanza. Un alineamiento explícito de las estructuras de gobernanza con los programas regionales de la política de cohesión comunitaria constituye un método mucho más eficaz para garantizar la formulación conjunta de políticas;

41.

propone que esos marcos existentes de asociación desempeñen un papel activo en la preparación de los programas nacionales de reforma (PNR), y que los programas de los Fondos Estructurales ofrezcan un capítulo regional que sirva a los objetivos globales de los PNR; expresa su preocupación por la falta de sugerencias concretas en el documento de consulta sobre el modo en que la futura estrategia «UE 2020» hará participar a los entes locales y regionales, así como a los parlamentos y asambleas regionales, en el desarrollo y aplicación de la Estrategia y de los PNR;

42.

constata una creciente insatisfacción por el uso que se hace del PIB como indicador principal para medir el rendimiento económico, y pide que se creen nuevos indicadores que permitan medir con mayor propiedad la prosperidad, el bienestar y la calidad de vida en Europa (15);

43.

solicita que estas medidas tengan en cuenta los desafíos más amplios de índole social y medioambiental, como los indicadores de pobreza infantil, la distribución de la renta, los niveles de CO2 y otras emisiones, el impacto en la biodiversidad y otros elementos que componen lo que se define ampliamente como bienestar y que, en toda Europa, registran diferencias dentro de cada país (16);

44.

solicita que los entes locales y regionales participen directamente en el establecimiento de los objetivos e indicadores de la nueva Estrategia. El Pacto de los alcaldes, firmado en enero de 2009, demuestra que los entes locales y regionales pueden sacar adelante cuestiones políticas de la máxima importancia y mostrar mayor ambición en sus compromisos que las instancias de gobierno nacionales y europeas;

45.

resalta que el presente dictamen se remite a la ronda de consultas emprendida en Praga en marzo de 2009 por el CDR sobre el futuro de la Estrategia, así como en la actividad de investigación llevada a cabo en Bruselas, el País de Gales y el Reino Unido. La Plataforma de seguimiento de la Estrategia de Lisboa ha contribuido de manera oportuna a llevar a cabo un análisis exhaustivo de dichos resultados;

46.

considera fundamental que el CDR siga llevando a cabo un control in situ de la nueva Estrategia a través de sus redes y, en particular, de la Plataforma de seguimiento de la Estrategia de Lisboa.

29.5.2010   

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subraya que los responsables políticos (estatales, regionales y locales) están obligados a hacer valer su influencia para lograr que se eliminen los efectos negativos de la crisis y dar prioridad absoluta a las oportunidades que se ofrecen en el ámbito de una economía de baja emisión de carbono e impulsar la Estrategia de Lisboa renovada a través de medidas integradas a largo plazo;

—

señala que, como consecuencia de la crisis económica persistente, miles de trabajadores de los Estados miembros de la UE ya han perdido su trabajo. Esta tendencia se verá reforzada con el surgimiento de nuevos mercados y la deslocalización de las empresas a países con bajos costes de producción. Resulta imprescindible mejorar las capacidades de todos los trabajadores y adecuarlas a las necesidades del mercado de trabajo;

—

opina que una formación inicial de alta calidad sienta las bases de la adquisición de capacidades y aumenta la disposición al aprendizaje durante toda la vida. Las sociedades, y especialmente las de la Unión Europea, avanzan progresivamente hacia una sociedad del conocimiento en la que se producirá una demanda cada vez mayor de trabajadores con un elevado nivel de cualificación y en la que la mayor parte de los empleos se centrará en el sector de los servicios;

—

hace hincapié en que las transformaciones hacia una economía de baja emisión de carbono, a las que obliga el cambio climático, así como el constante desarrollo tecnológico, especialmente en el ámbito de las TIC, requieren reestructuraciones, a veces radicales, de los sectores existentes. Esto entraña a su vez transformaciones en el mercado de trabajo y al mismo tiempo genera un gran potencial de creación de nuevos empleos («green jobs»), que suelen ser de naturaleza multidisciplinaria y requieren conocimientos en numerosos ámbitos;

Ponente

:

Marianne Fügl (AT/PSE), Teniente de Alcalde, Municipio de Traisen

1.

acoge positivamente el compromiso de la Comisión en su Comunicación «Nuevas capacidades para nuevos empleos»;

2.

señala que la crisis financiera y económica más importante de los últimos decenios ya ha generado una crisis del empleo y social, que se agravará en el futuro, por lo que sus repercusiones deben anticiparse y mitigarse (1);

3.

subraya que, por este motivo, los responsables políticos (estatales, regionales y locales) están obligados a hacer valer su influencia para lograr que se eliminen los efectos negativos de la crisis y dar prioridad absoluta a las oportunidades que se ofrecen en el ámbito de una economía de baja emisión de carbono e impulsar la Estrategia de Lisboa renovada a través de medidas integradas a largo plazo;

4.

observa que en este sentido es imprescindible analizar el desarrollo del mercado de trabajo de la Unión Europea para los próximos años;

5.

declara que la Unión Europea y sus 27 Estados miembros tienen un gran número de retos por delante en los años venideros, cuando las estructuras tradicionales y las formas de actuar de la sociedad industrial y de la información se adapten a las nuevas prácticas de la sociedad del conocimiento y la innovación, donde será fundamental la celeridad a la hora de prever el futuro;

6.

señala que, como consecuencia de la crisis económica persistente, miles de trabajadores de los Estados miembros de la UE ya han perdido su trabajo. Esta tendencia se verá reforzada con el surgimiento de nuevos mercados y la deslocalización de las empresas a países con bajos costes de producción. Resulta imprescindible mejorar las capacidades de todos los trabajadores y adecuarlas a las necesidades del mercado de trabajo;

7.

opina que una formación inicial de alta calidad sienta las bases de la adquisición de capacidades y aumenta la disposición al aprendizaje durante toda la vida. Las sociedades, especialmente las de la Unión Europea, avanzan progresivamente hacia una sociedad del conocimiento en la que se producirá una demanda cada vez mayor de trabajadores con un elevado nivel de cualificación y en la que la mayor parte de los empleos se centrará en el sector de los servicios;

8.

considera que, de igual modo, hay que tener más en cuenta el cambio demográfico y el envejecimiento de la población;

9.

hace hincapié en que las transformaciones hacia una economía de baja emisión de carbono, a las que obliga el cambio climático, así como el constante desarrollo tecnológico, especialmente en el ámbito de las TIC, requieren reestructuraciones, a veces radicales, de los sectores existentes. Esto entraña a su vez transformaciones en el mercado de trabajo y al mismo tiempo genera un gran potencial de creación de nuevos empleos («green jobs»), que suelen ser de naturaleza multidisciplinaria y requieren conocimientos en numerosos ámbitos;

10.

señala que todos estos cambios repercuten en los trabajadores, el mercado de trabajo y las empresas;

11.

propone adoptar medidas concretas a largo plazo, centradas en una intervención de amplio alcance para intensificar la cooperación entre las actividades de investigación, educación e innovación (el denominado «triángulo del conocimiento») y establecer una cooperación a nivel de la Unión Europea para intercambiar experiencias y encontrar las soluciones adecuadas;

12.

declara que los entes regionales y locales desempeñan un importante papel para alcanzar los objetivos expuestos en la Comunicación de la Comisión;

13.

valora positivamente el reconocimiento explícito que hace la Comunicación de la diversidad regional en lo que respecta a las necesidades de cualificación y los mercados de trabajo. En la educación primaria y secundaria, por otra parte, los entes regionales y locales son los principales responsables de la formación inicial, que sienta las bases para la adquisición de nuevas capacidades. Muy a menudo recae en ellos la responsabilidad de crear las condiciones marco necesarias para la movilidad y la formación continua, por ejemplo en cuanto a transportes, guarderías o centros de enseñanza;

14.

considera que la movilidad profesional, incluida la transfronteriza, es una condición previa para que exista una mayor libertad de elección y que los trabajadores puedan encontrar nuevos y mejores empleos;

15.

señala que la participación más activa de los entes regionales y locales a través de la cooperación regional reforzada con todas las partes interesadas, el análisis de los mercados de trabajo regionales y la evaluación de las futuras necesidades de cualificación son elementos imprescindibles en el caso de las zonas con deficiencias estructurales, las zonas rurales, las zonas con riesgo de éxodo de sus habitantes y las regiones ultraperiféricas. Para dar una respuesta de la Unión Europea a estos retos también es imprescindible contar con los conocimientos y experiencias de los entes regionales y locales;

16.

se pronuncia a favor de un uso más eficiente de los recursos financieros del Fondo Social Europeo (FSE) teniendo en cuenta a los entes regionales y locales. De este modo podrá garantizarse que los entes regionales y locales dispongan de los fondos adecuados de forma rápida y directa y que se coordine mejor su utilización;

17.

destaca que el mercado de trabajo, tanto en los diferentes Estados miembros como en la Unión Europea en su conjunto, ha de hacer frente a diversos cambios;

18.

señala que en la actualidad casi ningún trabajador se mantiene en un mismo puesto de trabajo durante toda la vida. Un estudio de 2005 indicaba que a lo largo de su vida laboral los trabajadores habían ejercido ya un promedio de cuatro empleos (2). Muchos trabajadores también se han visto afectados por la alternancia de periodos de empleo y desempleo, y la precariedad laboral se va extendiendo cada vez más. En consecuencia, aboga en favor de que se busque un equilibrio más favorable a los trabajadores entre, por una parte, la necesidad fundamental de seguridad social y, por otra, la exigencia de flexibilidad del mercado laboral (como refleja el concepto de «flexiguridad»);

19.

opina que la movilidad profesional desempeña un papel importante en la vida laboral actual; sobre todo los trabajadores más jóvenes y altamente cualificados están dispuestos a asumir nuevos retos profesionales. Se confía más en personas que den muestras de flexibilidad profesional y geográfica para adaptarse a situaciones nuevas y por ende para adquirir nuevas capacidades;

20.

señala que el proceso de envejecimiento demográfico avanza a grandes pasos y de aquí a 2030 el potencial europeo de mano de obra de la Unión Europea podría disminuir en 20 millones de personas (3). Por tanto, ya desde hoy en día los trabajadores deben poseer las capacidades suficientes para poder responder a las exigencias del mercado de trabajo futuro. Es necesario garantizar el acceso a la educación y la formación continua. Al mismo tiempo se necesitan sistemas inteligentes para gestionar la migración que tengan en cuenta las necesidades de los individuos y de los países de acogida y de origen;

21.

hace hincapié en que para la próxima década es previsible una demanda creciente de mano de obra flexible y altamente cualificada con capacidades muy diversas (no solo técnicas, sino también culturales y sociales; por ejemplo, capacidad de comunicación, capacidad de resolver conflictos, etc.). Cada vez se reduce más la diferencia entre lo que se exige a los trabajadores con ocupaciones de un nivel «bajo» y «medio» de cualificación. En general, para ambos tipos de actividad se exigirá un nivel cada vez más elevado de cualificación, a la vez que disminuirá la demanda de ocupaciones que requieran un nivel bajo de cualificación. Al mismo tiempo, aumentará el nivel salarial de los trabajos altamente cualificados y disminuirá el de los trabajos escasamente cualificados. La consecuencia de esta polarización del empleo ha de ser una política salarial orientada hacia la productividad, para evitar que haya sectores con bajo nivel de retribución. Hay que tomar iniciativas en el ámbito de las cualificaciones para que los trabajadores tengan verdaderas oportunidades de movilidad;

22.

anima a los Estados miembros a que desarrollen instrumentos de previsión y anticipación transparentes que permitan fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo intensivos en conocimiento y desarrollar la formación en función de las capacidades que se requieran en el mercado de trabajo;

23.

recomienda que, para poder garantizar la fiabilidad y la eficacia de tales instrumentos de previsión, se tomen medidas, tanto cuantitativas como cualitativas, que permitan efectuar previsiones fiables sobre qué mano de obra o qué capacidades se requerirán en el futuro mercado de trabajo;

24.

opina que, para poder ser competitivos en el mercado de trabajo, los trabajadores tienen que dar sobre todo muestras de flexibilidad, saber reaccionar ante los cambios imprevistos y tener buena capacidad de comunicación (4). Al mismo tiempo deben establecerse las condiciones generales, de modo que la exigencia de flexibilidad no recaiga únicamente sobre los trabajadores, es decir, que los entes públicos de distintos niveles y los interlocutores sociales deben desarrollar de común acuerdo ideas para conciliar la necesidad de seguridad social y las exigencias de flexibilidad del mercado de trabajo. A este respecto también hay que velar por que en el mercado interior de la UE no se fomente la competencia en el nivel más bajo;

25.

pide que se intensifique la colaboración entre empresas, centros de enseñanza y de formación profesional, entes regionales y locales y partes interesadas en este ámbito. En particular hay que fomentar la cooperación entre empresas y centros de enseñanza y de formación profesional, para crear colaboraciones que respondan a la demanda de cualificaciones a medio plazo. Asimismo, se podría obtener información importante mediante la elaboración de estudios cualitativos sobre las expectativas de los empleadores con respecto a los estudiantes y titulados;

26.

respalda la idea de la Comisión de que disponer de información adicional sobre la situación existente en los Estados miembros de la UE es una condición imprescindible para dar una respuesta política adecuada a los retos que se plantean;

27.

pide a la Comisión Europea que siga manteniendo y reforzando la cooperación con el Cedefop (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional) y aproveche los resultados de sus investigaciones, a fin de que se produzca un reconocimiento oportuno y una previsión fundada de las nuevas capacidades necesarias en el mercado de trabajo;

28.

subraya la necesidad de que, al recopilar y hacer uso de la información, se tengan en cuenta las diferencias regionales, ya que es el único modo de poder tomar medidas concretas y adecuadas adaptadas a cada región de los diferentes Estados miembros;

29.

señala que la mano de obra requerida en el futuro mercado de trabajo debe poseer las capacidades necesarias. Por ello, es de gran importancia la educación y la formación profesional continua de los trabajadores. Tanto las universidades como los demás centros educativos y de formación profesional deberán plantearse la enseñanza de las capacidades necesarias para quienes ya se han incorporado a la vida laboral como una tarea de la misma importancia que la educación básica;

30.

subraya la necesidad de formular y poner en práctica estrategias y políticas que permitan reforzar el aprendizaje permanente y aumentar la flexibilidad y la seguridad en el ámbito del empleo;

31.

subraya que ya en la actualidad hay que garantizar el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo y la inversión en ellos. Por esta razón, las empresas tienen la responsabilidad de facilitar formación profesional y continua dentro de las empresas. La formación profesional y continua aumenta la productividad y el crecimiento económico. A este respecto, la Unión Europea y los Estados miembros deben adoptar un enfoque coordinado para ofrecer también incentivos a las empresas y promover el perfeccionamiento profesional;

32.

opina que con los procesos de Bolonia y Copenhague se han dado ya pasos importantes para crear el espacio europeo de educación. Dado que en el futuro se exigirán mayores capacidades en el mercado de trabajo de la Unión Europea, es muy importante para la movilidad profesional de los trabajadores que se reconozcan en mayor medida las titulaciones y cualificaciones de los distintos Estados miembros;

33.

señala que, de aquí al año 2020, el porcentaje de puestos de trabajo que requieren un nivel elevado de formación pasará del 25,1 % al 31,3 % (5). Por otro lado, es preciso contrarrestar el peligro de que haya una oferta excesiva de trabajadores altamente cualificados. Para ello será necesario que –paralelamente a la necesaria cualificación de elevado nivel– se reconozcan a su debido tiempo las capacidades que exige el mercado de trabajo, de modo que se ofrezca también un número suficiente de dichas ocupaciones altamente cualificadas, con el fin de lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajadores altamente cualificados;

34.

considera que la aplicación del Marco Europeo de Cualificaciones debería aumentar la transparencia de las cualificaciones, agilizar el acceso a la formación continua y promover la flexibilidad y movilidad de los trabajadores. A este respecto, el término «movilidad» no concierne únicamente a la movilidad entre empresas, sino también, y sobre todo, dentro de la propia empresa;

35.

recuerda que debe darse la posibilidad de reconocer la formación de los ciudadanos de terceros países y de los trabajadores inmigrantes, a fin de que no se pierdan las capacidades que estos puedan tener o aportar. A este respecto adquiere también gran importancia la colaboración a nivel internacional (por ejemplo: con los países de origen de los trabajadores emigrantes, para contrarrestar la fuga de cerebros);

36.

propugna que la enseñanza de las capacidades debe iniciarse ya en la primera infancia, ya que la disposición al aprendizaje durante toda la vida se favorece principalmente con la formación inicial. Es sobre todo en esta época de la vida cuando los niños adquieren nuevas capacidades con mayor rapidez y facilidad;

37.

opina que la colaboración entre empresas y centros de enseñanza y de formación profesional permite coordinar mejor las cualificaciones y las capacidades necesarias con los puestos de trabajo que se ofrecen, elaborando y aplicando un programa de la UE en materia de cibercapacidades que permita adaptarse en función de las necesidades y situaciones a nivel local y regional. Las prácticas y los cursos de formación proporcionan capacidades adicionales y permiten tener una primera impresión del mundo laboral;

38.

estima conveniente considerar la posibilidad de elaborar una Carta de la Unión Europea del aprendizaje en prácticas. De este modo podrían ofrecerse a los jóvenes más derechos de adquisición y reconocimiento de la experiencia laboral y facilitar el comienzo de su carrera profesional;

39.

opina que, en general, también debería concederse más atención a la calidad del trabajo en la UE. A este respecto cabe recordar que desde 2008 el derecho a un trabajo digno forma parte de los objetivos de desarrollo del milenio fijados por Naciones Unidas;

40.

resalta que crecimiento y empleo no bastan para que la Unión Europea emprenda el camino de la recuperación. Además, deberán establecerse medidas de acompañamiento que contribuyan a la cohesión social;

41.

recuerda que es preciso garantizar a todos aquellos que, por sus intereses y capacidades físicas e intelectuales, no responden a las exigencias de un mercado de trabajo altamente cualificado, el acceso al mercado de trabajo mediante los programas de fomento y acompañamiento al empleo necesarios y, en su caso, asegurarles unos ingresos suficientes o –en los Estados miembros en los que está regulado– el salario mínimo de cada Estado miembro;

42.

pide que se fomente la participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, eliminando a tal fin todos los obstáculos que lo impidan. A este respecto un elemento sustancial es acabar con las diferencias salariales persistentes entre hombres y mujeres («gender pay gap»);

43.

recuerda que hay que tener en cuenta que, debido al envejecimiento demográfico, aumentarán las necesidades de mano de obra, y por tanto las posibilidades de empleo, en el sector de la asistencia social y las profesiones afines, por lo que son importantes las medidas de cualificación correspondientes y la cooperación reforzada a nivel de la Unión Europea, a fin de poder equilibrar las posibles desigualdades de la oferta y la demanda dentro de la UE;

44.

propone que se fomenten tipos de empleo con horarios flexibles, adaptados a las capacidades y al estado de salud de los trabajadores mayores; con ello se posibilitaría sobre todo que las personas mayores permanezcan en el mercado laboral hasta la edad de la jubilación;

45.

opina que, gracias a la cooperación de los entes regionales y locales así como de las empresas y centros educativos y de formación profesional, podrían elaborarse ya modelos «de éxito» para la formación continua, el reconocimiento de la experiencia laboral, la mejora de las capacidades y las posibilidades de empleo. Sería encomiable que se elaboraran y publicaran estos modelos con «las mejores prácticas». Además, hay que realizar una inversión considerable para convertir estas mejores prácticas en conceptos, contenidos didácticos y sistemas educativos, de formación profesional y de aprendizaje aptos para el uso de todos, lo que permitiría desarrollar las capacidades necesarias en el trabajo con un reducido coste adicional para los entes locales (adaptación a gran escala en el uso de las TIC);

46.

señala que será preciso adaptar los actuales instrumentos financieros (FSE, FEDER) para poder responder con eficacia a la evolución de las condiciones del mercado de trabajo.

29.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/16

—

señala que en numerosos casos los entes locales y regionales son responsables de integrar, en todos los niveles, la educación mediática en la educación formal. Por esta razón se debería buscar un procedimiento adecuado que permita apoyar a los entes locales y regionales en su labor de fomento de los proyectos relacionados con la alfabetización mediática;

—

subraya que en la nueva fase de cooperación en materia de formación que se inicia en la UE con el marco estratégico debería tenerse también en cuenta el ámbito de la alfabetización mediática;

—

insiste en que es preciso diferenciar claramente los componentes principales de la alfabetización mediática, puesto que el desarrollo de cada uno de ellos exige una estrategia, unos agentes y unos recursos propios;

—

desea recordar que es conveniente aplicar igualmente el concepto de concienciación de los consumidores en cuanto a la utilización de los medios de comunicación, puesto que un mayor respeto por los derechos de los consumidores tiene la misma importancia crucial en el mundo de los medios de comunicación.

Ponente

:

András Szalay (HU/ALDE), Concejal de Veszprém

1.

El Comité de las Regiones celebra que la Comisión Europea haya explicado la importancia de una política de formación, junto con sus principios fundamentales y sus objetivos, que se desprenden de la definición de alfabetización mediática (1). También tuvo presente el dictamen aprobado por el CDR en su Pleno de los días 8 y 9 de octubre de 2008 (2).

2.

El Comité de las Regiones expresa su confianza en que la Comisión Europea prosiga sus esfuerzos con vistas a un desarrollo coherente de la política en favor de la alfabetización mediática iniciada en 2007 y la invita a integrar en ella el dictamen del CDR, respetando el principio de subsidiariedad y las particularidades de las competencias locales y regionales. El CDR pide asimismo a la Comisión que continúe con la elaboración del plan de acción sobre la alfabetización mediática en colaboración con las demás instituciones de la Unión, la Unesco y los entes locales y regionales. En este contexto, es preciso tener presente lo siguiente:

3.

Por este motivo, el Comité de las Regiones pide que la alfabetización mediática se incorpore como novena competencia clave en el marco de referencia europeo para la educación y la formación permanentes, de conformidad con la Recomendación 2006/962/CE. En efecto, sin la necesidad de destinar importantes recursos comunitarios, tal modificación del grupo de competencias clave ayudaría considerablemente a las instancias responsables de la educación formal en los Estados miembros y las regiones a tomar las decisiones precisas para integrar la educación mediática en los programas curriculares.

4.

Sería oportuno que la Comisión Europea estableciera una distinción clara entre el aprendizaje asistido por Internet –en línea o electrónico– y el desarrollo de la alfabetización mediática, es decir, del análisis crítico de Internet como medio de comunicación en un entorno en línea. Es preciso señalar que el aprendizaje en línea no es lo mismo que la educación mediática y que las competencias en materia de TIC y la competencia digital son cosas distintas de la alfabetización mediática. La alfabetización mediática ha de servir para que los ciudadanos puedan tener un papel activo y para preservar la diversidad cultural y la identidad regional y local (por ejemplo, abrir nuevas posibilidades para dar a conocer su perspectiva y que las personas que viven en la periferia y las minorías puedan expresarse en el espacio público local).

5.

El CDR desea llamar la atención hacia la especial importancia para el futuro de Europa del desarrollo de la alfabetización mediática, unido a la adaptación de los métodos para la educación mediática en el ámbito escolar y fuera de éste. En el contexto de esta adaptación deberá estimularse también la enseñanza de las nuevas tecnologías de la comunicación, de la máxima importancia para la integración social y profesional.

6.

El desarrollo de la alfabetización mediática constituye un elemento fundamental de la protección de los menores y los jóvenes y de la defensa de la dignidad humana en los medios de comunicación, puesto que favorece un uso consciente de los medios de comunicación y la evolución de la industria de los contenidos hacia la autorregulación y la corregulación (6). Con todo, el refuerzo de la alfabetización mediática no puede sino completar los controles estatales y supraestatales, así como la protección legal de los jóvenes en el ámbito de los medios de comunicación. Por otra parte, esta competencia hace que los ciudadanos participen en el debate sobre la responsabilidad de todos los agentes de la sociedad, fomentando así la creación de una ciudadanía activa y consciente de los medios de comunicación. Por tanto, reviste una gran importancia para la cultura política europea y la participación activa de los ciudadanos de la UE. Ello explica la necesidad de que la política europea de educación mediática tenga más relieve en todos los Estados miembros y en todos los ámbitos administrativos y políticos.

7.

La educación dirigida a los jóvenes que viven en un entorno inundado por los medios de comunicación precisa enfoques nuevos desde el punto de vista cualitativo, que tengan también en cuenta los distintos papeles socioculturales de los medios de comunicación y de la escuela en materia de transmisión de información y de valores. Es preciso que en la noción del papel del enseñante se reconozca que los estudiantes se socializan de forma inconsciente en un mundo en el que las respuestas están al alcance de la mano y en el que el discurso simplificador de los medios de comunicación les acerca una interpretación para cada problema. El desarrollo de las competencias básicas debe incluir, asimismo, la interpretación de los contenidos mediáticos, porque el desarrollo de una actitud crítica tiene que ver, sobre todo, con los prototipos que transmiten los medios de comunicación, que se asimilan desde la infancia y determinan inconscientemente nuestra concepción del mundo.

8.

Al aplicar el método abierto de coordinación a la definición de nuevos indicadores y nuevos valores de referencia en materia de educación y formación:

9.

Una de las principales razones por las que la educación mediática avanza tan lentamente es que en la práctica educativa europea no se ha establecido claramente la relación entre alfabetización mediática y alfabetización digital. En la práctica educativa, la utilización de las TIC se ha convertido, sobre todo, en un medio para garantizar el acceso al mundo digital y promover la igualdad de oportunidades. En la actualidad, los jóvenes ya no tienen ninguna dificultad para adquirir los conocimientos necesarios para utilizar el material informático y los programas básicos ni para dominar aplicaciones sencillas. De forma paralela, los enseñantes no poseen competencias suficientes y disponen de un tiempo escaso para desarrollar la interpretación crítica de los contenidos mediáticos a que se accede (también) por medios digitales y de la producción creativa, elementos constitutivos esenciales de la alfabetización mediática.

10.

Es urgente replantearse la relación entre alfabetización digital y alfabetización mediática a fin de asegurarse de que la falta de claridad en cuanto a la delimitación de ambas formas de alfabetización no provoca una disfunción en la educación. Además de las competencias digitales, es necesario ayudar a los jóvenes a desarrollar una mayor capacidad crítica y aptitudes en relación con los contenidos mediáticos, al objeto de enseñarles a tener en cuenta las preocupaciones en materia de seguridad y a tomar conciencia de la necesidad de respetar la vida privada y de los problemas que plantea el tratamiento de datos.

11.

En el contexto de las consultas sobre la política de educación y formación en alfabetización mediática es importante lo siguiente:

12.

En la nueva fase de cooperación en materia de formación que se inicia en la UE con el marco estratégico, debería tenerse también en cuenta el ámbito de la alfabetización mediática.

13.

El Comité de las Regiones, que se manifiesta de acuerdo con la Resolución del Parlamento Europeo en la que se subraya que la alfabetización mediática es absolutamente indispensable para cualquier ciudadano que viva en una sociedad de la información y la comunicación (7), considera que el objetivo que ha de perseguirse es la consecución de una sociedad que haya integrado la alfabetización mediática y que el camino para conseguirlo es la educación mediática. Por ello, recuerda que es totalmente indispensable garantizar la igualdad de acceso a la red de todos los ciudadanos europeos, sobre todo aquellos que sufren la discontinuidad territorial o la lejanía.

14.

Es preciso diferenciar claramente los componentes principales de la alfabetización mediática, puesto que el desarrollo de cada uno de ellos exige una estrategia, unos agentes y unos recursos propios. Así pues, es esencial:

15.

El CDR, aunque no pone en duda la importancia crucial de los ámbitos abordados por la CE en cuanto a las buenas prácticas (la comunicación comercial, la producción audiovisual y los contenidos en línea), considera deseable que se justifiquen estas prioridades temáticas en las futuras recomendaciones. Ciertamente, la ausencia de esta motivación podría provocar que la educación mediática se limite en la práctica a estos tres campos.

16.

Como es de esperar que el desarrollo de aptitudes como la búsqueda consciente de información, la interpretación crítica de los contenidos y el uso creativo contribuirán a garantizar la protección de los menores y los jóvenes, además del respeto de la dignidad humana en los medios de comunicación, junto con las disposiciones reglamentarias que adopten los poderes públicos es preciso intensificar de forma prioritaria las acciones en materia de alfabetización mediática en estos ámbitos.

17.

Es conveniente aplicar igualmente el concepto de concienciación de los consumidores en cuanto a la utilización de los medios de comunicación, puesto que un mayor respeto por los derechos de los consumidores tiene la misma importancia crucial en el mundo de los medios de comunicación.

18.

El Comité de las Regiones desea insistir en que el desarrollo de la educación crítica ante los medios de comunicación no bastará por sí mismo para acabar con los numerosos y distintos prejuicios ligados a la oferta de contenidos (por ejemplo, la violencia gratuita en los medios de comunicación, la violación de los derechos de los consumidores en los servicios mediáticos, la falta de autenticidad y validez, la manipulación). Por otra parte, la educación mediática no representa, o sólo en una pequeña parte, un motor para corrientes como la convergencia de los medios de comunicación, la construcción, el acceso y la interconexión de archivos digitales, la redefinición de los derechos de autor o la regulación en este ámbito, ni siquiera la administración electrónica (9). La educación mediática se ocupa de tales corrientes, las contextualiza y prepara a una ciudadanía de usuarios sensibles ante lo que se produce en la esfera pública y mediática. Por lo tanto, además de desarrollar la educación mediática, es necesario regular en este ámbito al nivel más adecuado, teniendo debidamente en cuenta las competencias y la experiencia de los entes locales y regionales.

19.

En el marco de las recomendaciones y los planes de acción será preciso establecer programas para el desarrollo de los principales componentes de la educación mediática que forman parte de los sistemas de educación y formación de los Estados miembros (también desde el punto de vista de la educación mediática), en la medida en que tendrán en cuenta, a un tiempo, las diversas tradiciones educativas y culturales de los Estados miembros, las notables disparidades derivadas de los distintos modos de formación de los sistemas regionales y la disposición de cada uno a la realización de economías de escala.

20.

En la elaboración de las recomendaciones y planes de acción es esencial tener presentes las buenas prácticas. Respecto de esto, el Comité de las Regiones remite a un dictamen propio (10) en el que se congratulaba de que la Comisión llevase a cabo más actividades para explotar los conocimientos adquiridos en el marco de los programas locales y regionales relativos a la educación mediática desarrollados en toda Europa, aunque también en el marco de la promoción de plataformas para el diálogo, testimonios y redes para el intercambio de buenas prácticas.

21.

No obstante, el Comité de las Regiones manifiesta su preocupación respecto de los siguientes elementos:

Por tanto, es preciso crear una infraestructura organizativa y profesional apropiada: podrían crearse, por ejemplo, «puntos de educación mediática» basados en los puntos mediáticos del programa MEDIA (o bien ampliar el campo de actividad de éstos); también podría reforzarse o desarrollarse la función consultiva profesional del grupo de expertos en educación mediática creado por la Comisión Europea.

22.

En caso necesario, la Comisión Europea puede apoyar a los Estados miembros, respetando su independencia y el principio de subsidiariedad, para que éstos elaboren sus propias estrategias nacionales de educación mediática, teniendo presentes los componentes principales de la alfabetización mediática. En la medida de lo posible sería conveniente que participen en la elaboración de tales estrategias nacionales las autoridades encargadas de la regulación de los medios de comunicación, los responsables de la política de enseñanza y los representantes de los entes locales y regionales, de la sociedad civil, de la industria del contenido y la innovación en el campo de la educación mediática.

23.

Dada la diversidad de situaciones en los Estados miembros y las regiones, el desarrollo de la educación mediática en el marco de las recomendaciones y los planes de acción ha de hacerse de tal modo que pueda trasladarse al contexto socioeconómico local. No obstante, esto exige un estudio más profundo de la situación nacional e incluso regional para tener una visión más precisa, en particular, de la motivación y la actuación de los entes locales, de los organismos que financian a las instituciones y al profesorado que se dedican a la educación mediática.

24.

Dada la rápida evolución del entorno mediático, la educación mediática debería ser objeto de investigaciones y evaluaciones constantes en las que deberían participar las autoridades de los distintos Estados miembros encargadas de regular la comunicación audiovisual y electrónica. Debería fomentarse la cooperación entre ellas por el bien del desarrollo de la alfabetización mediática.

25.

El Comité de las Regiones anima a la Comisión Europea a apoyar la creación de departamentos regionales de investigación e información, en el marco de las estructuras administrativas de los entes locales y regionales, que estudien los problemas de la alfabetización mediática.

26.

Los entes locales y regionales son los agentes clave del desarrollo de la alfabetización mediática, puesto que son los más próximos a los ciudadanos, especialmente por organizar buena parte de los centros de enseñanza, ser propietarios de los medios de comunicación locales y de otras instituciones culturales (bibliotecas, centros comunitarios, etc.) o gestionar los fondos –europeos o de otra procedencia– para el desarrollo. Por lo tanto, se justifica la elaboración de campañas informativas dirigidas a las regiones y los entes locales sobre las recomendaciones de la Unión y sobre las buenas prácticas, así como incrementar las posibilidades de cooperación en materia de educación mediática en las eurorregiones y en las zonas transfronterizas.

27.

Es preciso alentar a las autoridades locales y regionales para que respalden los proyectos, programas y cartas relacionados con la educación mediática para alcanzar, en primer lugar, los objetivos siguientes:

28.

El Comité de las Regiones pide a la Comisión Europea que establezca, a partir de unas bases nuevas, la práctica relativa a la financiación de la política de formación, el apoyo a los proyectos piloto y la investigación en el ámbito de la educación mediática, dado que ésta puede fomentarse con los instrumentos financieros que tiene destinados en el marco de iniciativas actuales (por ejemplo, las cooperaciones regionales Comenius) o futuras. Puesto que la realización de los objetivos marcados exige contar desde un principio con recursos específicos y diversificados, el Comité de las Regiones comparte la postura del Parlamento (11) y considera que está justificado integrar de forma explícita y concreta un programa secundario para el desarrollo de la alfabetización mediática en otros programas de ayuda de la Unión Europea, en particular Comenius, «Aprendizaje permanente», «eTwinning» (hermanamiento electrónico), «Safer Internet» (Internet más segura) y el programa del Fondo Social Europeo.

29.

Especialmente gratificante resulta que la Comisión Europea haya iniciado la elaboración de indicadores de la educación mediática con vistas a una promoción a largo plazo. Al mismo tiempo, el Comité de las Regiones espera que estos indicadores de la educación mediática no se queden en cifras sobre cómo y cuánto tiempo se utilizan los medios de comunicación, porque evaluar la educación mediática supone también recurrir a métodos de medición de la capacidad del individuo (aunque en este terreno es comprensible un cierto escepticismo en cuanto al empleo de indicadores numéricos: ciertamente resulta difícil la conversión cuantitativa del conocimiento creativo y crítico y la clasificación de los contenidos en criterios mensurables).

29.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/22

—

alienta a la Comisión Europea y los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los entes locales y regionales participen de manera plena y eficaz en la gobernanza de las iniciativas relacionadas con el Espacio Europeo de Investigación;

—

opina que los proyectos europeos en materia de TIC que abarquen desde la I+D al despliegue práctico pueden reportar ventajas socioeconómicas importantes a las ciudades y regiones asociadas a ellos;

—

insta a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros a que fomenten de forma activa la participación de los entes locales y regionales en las diversas fases de los procesos de I+D, así como la utilización de innovaciones en materia de TIC en el sector público, a saber mediante el fomento de las mejores prácticas europeas y el asesoramiento y la formulación de recomendaciones metodológicas;

—

insiste firmemente en la importancia específica que tiene para el sector de los servicios aprovechar las ventajas de las TIC, puesto que sectores como la venta al por mayor o al por menor, los servicios empresariales y financieros se encuentran entre los principales inversores en TIC.

1.

señala que las tecnologías de la información y la comunicación, fundamentales para una sociedad de la información abierta a todos, deberían cubrir las necesidades de todos los ciudadanos, incluidas las personas amenazadas por la exclusión social. A este respecto, el CDR ha pedido de manera reiterada que se invierta en investigación a nivel local, regional, nacional y europeo para garantizar el crecimiento y promover la creación de nuevas empresas, y considera que la utilización de TIC en la innovación puede ayudar a superar desafíos socioeconómicos fundamentales;

2.

alienta a la Comisión Europea y los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los entes locales y regionales participen de manera plena y eficaz en la gobernanza de las iniciativas relacionadas con el Espacio Europeo de Investigación. En el campo de la investigación para las TIC, cabe resaltar la importancia que tienen las regiones. Éstas son fundamentales en el desarrollo de estrategias de investigación e innovación regional; a menudo dirigen institutos de investigación; disponen de universidades y otras instituciones de investigación en sus territorios y promueven entornos innovadores. Asimismo, numerosas administraciones y gobiernos regionales gozan de competencias legislativas reconocidas y cuentan con su propio presupuesto para investigación;

3.

desea señalar que el CDR ha identificado la promoción de la inclusión digital como un objetivo fundamental de la Estrategia de Lisboa renovada de la UE, entendiéndose por esto la promoción de una sociedad de la información incluyente e igualitaria a nivel social y regional que utiliza las TIC para aumentar la competitividad y potenciar los servicios públicos;

4.

subraya que los entes locales y regionales se encuentran entre los principales destinatarios de las propuestas de la iniciativa Europa i2010 para la inclusión digital y pueden ser un motor fundamental para su puesta en práctica. La inclusión digital a escala local y regional puede hacer mejorar la calidad de vida de las personas y ser el motor de la actividad socioeconómica entre el público, al tiempo que fomenta servicios públicos regionales y empresas locales más eficientes y personalizados. Por lo tanto, los entes locales y regionales deben contribuir a que todas las generaciones de la sociedad participen en las iniciativas de TIC destinadas a facilitar y hacer más cómodas sus vidas. Las regiones y ciudades tienen a su disposición una serie de medios para explotar al máximo este potencial;

5.

acoge con satisfacción que en esta Comunicación se reconozca a los Estados miembros y a las regiones como principales promotores de una colaboración más estrecha entre los usuarios y los fabricantes de innovaciones de TIC en las diferentes áreas y niveles de las administraciones públicas, que debería conducir a unas hojas de ruta comunes en relación con las necesidades de servicio público que las TIC pueden contribuir a satisfacer (1). El CDR ya expresó su opinión (2) de que los entes locales y regionales deberían participar en una amplia cooperación para mejorar la interoperabilidad en la administración pública y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos;

6.

respalda la conclusión de la Comisión de que el éxito de los esfuerzos para facilitar la aparición de mercados de innovación y lograr la interoperabilidad y la adopción de normas comunes depende del apoyo y participación permanentes de las autoridades nacionales, regionales y locales, y de que dichos esfuerzos deberían ser complementados con actuaciones a nivel regional y local (3);

7.

acoge con satisfacción el deseo de la Comisión de simplificar los procedimientos y reducir las cargas administrativas para que las empresas innovadoras, en particular las PYME locales, quieran participar en las iniciativas locales, nacionales y comunitarias;

8.

opina que los proyectos europeos en materia de TIC que abarquen desde la I+D al despliegue práctico pueden reportar ventajas socioeconómicas importantes a las ciudades y regiones asociadas a ellos. El CDR ya resaltó que las TIC desempeñan un papel importante en la aplicación de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible;

9.

defiende con firmeza que se explote plenamente todo el potencial de Europa para el desarrollo de servicios de TIC en los sectores públicos y privados, y por ende que las TIC se utilicen como un medio para mejorar los servicios de los entes regionales y locales en ámbitos como la sanidad, la educación, la creación de empleo, el orden público, la seguridad y los servicios sociales. Las asociaciones público-privadas que reciben financiación de la UE entre entes locales y regionales y PYME que desarrollan TIC en el sector de los servicios públicos de TIC pueden constituir una base excelente para desarrollar competencias y conocimientos locales en toda la UE;

10.

señala que los entes locales y regionales pueden, y así lo hacen, asumir el liderazgo en la utilización de TIC para aumentar la eficiencia energética y desempeñar una función de liderazgo en la identificación de oportunidades de actuación locales en el ámbito de las TIC, para compartir las mejores prácticas en materia de tecnologías, encontrar socios para proyectos y aportar fondos;

11.

insta a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros a que fomenten de forma activa la participación de los entes locales y regionales en las diversas fases de los procesos de I+D, así como la utilización de innovaciones en materia de TIC en el sector público, a saber mediante el fomento de las mejores prácticas europeas y el asesoramiento y la formulación de recomendaciones metodológicas;

12.

insiste firmemente en la importancia específica que tiene para el sector de los servicios aprovechar las ventajas de las TIC, puesto que sectores como la venta al por mayor o al por menor, los servicios empresariales y financieros se encuentran entre los principales inversores en TIC (4);

13.

observa que las TIC se han convertido en la última década en una tecnología fundamental con potencial para transformar la actividad económica y social y contribuir al crecimiento sostenible, así como al desarrollo competitivo. No obstante, las políticas de apoyo a las TIC no pueden desembocar por sí solas en un mayor rendimiento económico y (5) no pueden realizarse sin el apoyo y la participación activos de los entes locales y regionales;

14.

subraya la necesidad de que los interlocutores sociales, los entes locales y regionales y los gobiernos trabajen juntos para garantizar la puesta en funcionamiento de un círculo virtuoso de mejora de los recursos humanos, cambios organizativos, TIC y productividad y asegurar que se desarrollan y utilizan eficazmente las TIC. Las políticas destinadas a mejorar los conocimientos básicos en TIC, adquirir competencias de alto nivel en TIC, formar a expertos en tecnologías de la información, fomentar el aprendizaje permanente en TIC y perfeccionar las capacidades de gestión y de conexión en red necesarias para la utilización eficaz de las TIC son especialmente importantes (6) y pertenecen al ámbito de las competencias fundamentales de los entes locales y regionales;

15.

coincide plenamente con el concepto de que la movilidad de los investigadores es un factor principal para hacer más atractivas las carreras de investigación en TIC y hace hincapié en lo siguiente:

16.

destaca asimismo la necesidad de contratar a científicos con nivel de excelencia procedentes de terceros países y, por tanto, subraya la importancia de programas de movilidad de la UE, tales como el programa Marie Curie, y se congratula de las medidas de apoyo que se han adoptado en algunas regiones con programas de retorno destinados a los científicos (7);

17.

recuerda las conclusiones del Grupo de expertos sobre el Espacio Europeo de Investigación (8) relativas a la creciente importancia de las partes interesadas nacionales y regionales en el desarrollo de nuevas iniciativas europeas importantes como ERA-NET, Eurostars, el EIT o Iniciativas Tecnológicas Conjuntas o Cluster (agrupaciones);

18.

sugiere que todos los agentes, la UE, los Estados miembros y las regiones deberían analizar todas las maneras posibles de lograr complementariedades entre las políticas y los instrumentos de cooperación existentes y establecer los mecanismos que aseguren que se saca el máximo partido de los programas de coordinación que ya están en marcha para la investigación de las TIC (9). Más concretamente, como ya señaló el CDR en sus anteriores dictámenes (10), desea que se garantice un uso coordinado del 7PM, los Fondos Estructurales y el PCI, pues es esencial para la competitividad de la UE y la sinergia mutua entre las políticas de cohesión, de investigación, de educación superior y de innovación a escala nacional y regional;

19.

desea resaltar otro aspecto de la coordinación de los principales instrumentos de la UE, como el 7PM, los Fondos Estructurales y el PCI, es decir, que no se trata de una simple cuestión de intenciones políticas, sino también de un reto en términos de coherencia política. Garantizar la coherencia política en el caso de los programas a varios niveles y multilaterales requiere la existencia de un sistema eficaz de gobernanza multinivel (11);

20.

señala lo importante que es para las regiones hacer el mejor uso posible de los instrumentos de coordinación del 7PM, con el fin de orientar sus sistemas de investigación e innovación a la excelencia y la obtención del nivel de competitividad necesario a nivel europeo o internacional. Ello incluye la mejora de las redes regionales entre los institutos de investigación, las universidades, las PYME y otros operadores relevantes; la creación de agrupaciones («clusters»), plataformas y polos tecnológicos regionales; y ayudar a los participantes regionales a que entren en contacto con proyectos y programas europeos de colaboración en el ámbito de la investigación y la innovación, por ejemplo ERA-Net y las Plataformas Tecnológicas Europeas (12);

21.

acoge con satisfacción la oportunidad brindada para reconocer en mayor medida el papel desempeñado por los entes locales a la hora de apoyar la investigación en TIC. Las regiones y ciudades pueden facilitar la penetración de nuevos productos en el mercado y fomentar la innovación y la investigación mediante adquisiciones previas a la comercialización;

22.

subraya que los entes locales y regionales también pueden impulsar la demanda de nuevas soluciones basadas en TIC y, por tanto, crear nuevos mercados para el panorama europeo de investigación. Asimismo, las regiones y las ciudades también pueden ajustar sus inversiones en I+D a fin de apoyar ciertos sectores de gran impacto, orientando dichos esfuerzos a las industrias y agrupaciones («clusters») locales existentes o emergentes, y ayudar de esa manera a hacer frente a la recesión económica y la falta de inversión en I+D;

23.

desea señalar la falta generalizada de coordinación de los esfuerzos en distintos ámbitos como la educación, la innovación, la investigación, la inversión y la comercialización de soluciones innovadoras en TIC. A este respecto, el concepto de innovación impulsada por los usuarios puede constituir una herramienta fundamental para lograr mejoras; se usa en cada vez más regiones y ciudades en toda Europa, y ha demostrado ser un motor importante de las inversiones en I+D y de la comercialización de nuevos productos innovadores. Por consiguiente, pide que en la Comunicación de la Comisión Europea se reconozca de forma más pronunciada este concepto;

24.

subraya la importancia de establecer una relación estrecha entre la I+D y las prácticas industriales, y por tanto insta a los Estados miembros y a la Comisión a que realicen todos los esfuerzos posibles para fomentar la rápida transición de la investigación a las prácticas comerciales y públicas cotidianas;

25.

destaca que el proceso destinado a aumentar el potencial de investigación e innovación en Europa para hacer avanzar los límites de las TIC solo se puede conseguir con la participación de las ciudades y los entes regionales. Gracias a su proximidad física, son los principales catalizadores del conocimiento y la innovación en Europa. Un número creciente de regiones europeas está haciendo de la investigación y la innovación una prioridad máxima de su financiación pública (13);

26.

observa que, en el marco de sus políticas de investigación, las regiones contribuyen de modo importante mediante condiciones marco de apoyo (programáticas, estructurales y legislativas) a crear un valor añadido europeo en el ámbito de la investigación y a crear un espacio europeo de investigación lleno de vida (14);

27.

señala que, desde el punto de vista estratégico, siguen apareciendo iniciativas de interconexión en red y agrupaciones («clusters»), mientras que el apoyo a las mismas también evoluciona con vistas a la creación de «nodos» mundiales de enlace de las cadenas mundiales de la innovación, por lo que revisten cada vez mayor importancia los vínculos y la cooperación entre regiones tanto en el interior de un país como entre varios países (15);

28.

hace hincapié en la gran importancia que revisten las ciudades y regiones en el desarrollo de entornos innovadores a través de las políticas locales de innovación, los centros tecnológicos, los viveros de empresas, los parques científicos y los fondos de capital riesgo (16);

29.

acoge con satisfacción la estrategia propuesta por la Comisión para definir y lanzar dos o tres nuevas iniciativas de investigación en FET (tecnologías futuras y emergentes) que sean audaces y emblemáticas e impulsen trabajos de la comunidad investigadora multidisciplinares y de mayor envergadura hacia avances de tipo fundacional en la frontera de las TIC;

30.

reconoce que la programación conjunta, si está bien estructurada y gestionada, puede convertirse en un mecanismo al menos tan importante como el programa marco de la UE en lo que al fomento de la investigación en FET se refiere. A fin de explotar plenamente dicho potencial, el CDR destacaría de nuevo la creciente necesidad de coordinar mejor la financiación pública y privada destinada a la investigación (17);

31.

destaca que la UE y los Estados miembros deberían aprovechar todas las oportunidades para mejorar la eficacia y el potencial de las sinergias entre la plataforma de instrumentos políticos transnacionales existentes y los mecanismos de colaboración, adaptándolos al Espacio Europeo de Investigación (18);

32.

desea reiterar que el plan ERA-NET –programa para la coordinación de las actividades regionales y europeas de investigación– ha acreditado su eficacia y convendría seguir desarrollándolo (19), derivándose dicho éxito de la inclusión de un amplio espectro de partes interesadas tales como los entes locales y regionales;

33.

pide que se realicen mayores esfuerzos para mejorar la apertura y la transparencia de las plataformas tecnológicas europeas, para garantizar la participación de otras partes interesadas además de las empresas y las comunidades de investigación, como por ejemplo los entes locales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil y las PYME (20);

34.

considera que las regiones y entes locales desempeñan un papel crucial en el Espacio Europeo de Investigación (EEI), en tanto que están al servicio de la representación local, acercan su política a los ciudadanos, y se encuentran más cerca de las realidades de los agentes que actúan en ella. Por ello, el CDR sostiene que las regiones han de tener un papel estratégico en las iniciativas que se tomen para fortalecer y ampliar el EEI, especialmente en aquellas relacionadas con la creación de sólidas instituciones de investigación en entornos innovadores y actividades de cooperación en temas de investigación (21);

35.

reitera las proposiciones del CDR a la Comisión y los Estados Miembros para apoyar la capacidad de las regiones y entidades locales europeas para acceder, construir y poner en marcha modernas infraestructuras de investigación:

36.

subraya la importancia de las regiones y entes locales como agentes impulsores de los programas de investigación conjunta –incluidos aquellos que cuentan con la participación de terceros países-, en tanto que están más en contacto con las realidades específicas locales tanto científico-tecnológicas como empresariales y, por lo tanto, con las necesidades de cooperación en áreas estratégicas (24);

37.

considera que la ejecución y la financiación de la hoja de ruta europea («roadmap»), que actualmente contiene treinta y cinco proyectos principales de interés europeo que se desarrollarán en los próximos diez o veinte años (25), constituyen un hito importante en la creación de un Espacio Europeo de Investigación;

38.

pide que se otorgue especial importancia al criterio de excelencia cuando se ejecute la hoja de ruta e insta a los nuevos Estados miembros a que aumenten su participación en dicha iniciativa (26);

39.

apoya las recomendaciones del grupo de expertos sobre el Espacio Europeo de Investigación (27) según las cuales el ESFRI debería seguir mejorando sus métodos de evaluación de las grandes infraestructuras de investigación paneuropea, en particular en lo referente a la transparencia de los procedimientos y la participación de las partes interesadas relevantes;

40.

señala la necesidad de que los entes locales y regionales participen plenamente en la aplicación y revisión de la hoja de ruta de ESFRI, en particular en lo referente al necesario establecimiento de prioridades de los proyectos y la coordinación entre la hoja de ruta del ESFRI y otras actividades similares a escala nacional y regional, incorporando instalaciones tanto físicas como virtuales;

41.

destaca la necesidad de que el mayor número de personas posible reciba información sobre las oportunidades ofrecidas por la e-ciencia, mediante la creación y la promoción de bases de datos públicas sobre mejores prácticas de la e-ciencia, ejemplos y soluciones de éxito disponibles, al tiempo que se garantiza que la información relevante esté disponible en todas las lenguas oficiales de la UE.

29.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/27

—

insiste en que ahora que la UE intenta reducir al mínimo el impacto de la actual recesión económica y fijar el rumbo para recuperar el crecimiento, es esencial, dada la importancia creciente que revisten los sistemas de educación y formación para la Estrategia de Lisboa y la Agenda Social renovada, que se facilite a las partes interesadas relevantes una plataforma de diálogo en materia tanto educativa como económica;

—

destaca la importancia del diálogo entre las universidades y las empresas en todos los niveles de gobernanza como importante instrumento para aprovechar plenamente el potencial del desarrollo socioeconómico regional;

—

pone de relieve que, en toda la Unión Europea, los entes locales y regionales asumen responsabilidades clave en materia de política de educación y formación e insiste en que las entidades locales y regionales son agentes clave del desarrollo de las estrategias regionales de investigación e innovación, ya que a menudo gestionan instituciones de investigación y fomentan entornos innovadores;

—

insiste en la necesidad de centrarse en el papel de la enseñanza superior en el desarrollo local y regional así como en el fomento de la cooperación entre las instituciones de enseñanza superior y los entes locales y regionales, con la participación asimismo de los agentes socioeconómicos regionales y locales.

Ponente

:

Mohammad MASOOD (UK/PPE), Miembro del Consejo municipal de Bradford

1.

agradece la gran variedad de ideas, a menudo estrechamente conectadas con iniciativas de ámbito local y regional, así como la calidad de las reflexiones generadas hasta ahora en el diálogo entre las universidades y las empresas;

2.

destaca la importancia del diálogo entre las universidades y las empresas en todos los niveles de gobernanza como importante instrumento para aprovechar plenamente el potencial del desarrollo socioeconómico regional;

3.

reconoce la importancia del triángulo del conocimiento, consistente en la interacción entre la investigación, la educación y la innovación, como medio de aumentar la capacidad de innovación y de mejorar la empleabilidad de los licenciados en Europa;

4.

reconoce que se ha pasado de la transferencia de tecnología mediante intercambio de conocimientos a sistemas abiertos de puesta en común de conocimientos y de innovación y que es preciso analizar más detenidamente los procesos sociales y comportamientos subyacentes a estos sistemas emergentes;

5.

pone de relieve que, en toda la Unión Europea, los entes locales y regionales asumen responsabilidades clave en materia de política de educación y formación;

6.

insiste en que las entidades locales y regionales son agentes clave del desarrollo de las estrategias regionales de investigación e innovación, ya que a menudo gestionan instituciones de investigación y fomentan entornos innovadores;

7.

hace hincapié en que para el desarrollo de las políticas y la puesta en práctica de los programas se debe acudir a los actuales órganos locales elegidos democráticamente. Basarse en los conocimientos y en la responsabilidad democrática locales mejorará los mecanismos de gobernanza con vistas a las asociaciones entre universidades, empresas y gobiernos locales. Ello permitirá establecer las prioridades y la responsabilidad a nivel local, en aplicación directa del principio de subsidiariedad;

8.

señala que los entes locales y regionales figuran, pues, entre los principales interesados en las políticas e iniciativas encaminadas a profundizar y, aún más importante, ampliar el Espacio Europeo de Investigación, en especial su visión de unas instituciones académicas y de investigación fuertes, integradas en entornos innovadores;

9.

se congratula al comprobar que en el decenio anterior muchas universidades europeas incluyeron formalmente el desarrollo económico regional en su declaración de misión. Actualmente, las agencias de desarrollo regional también prevén políticas de respaldo a las asociaciones entre empresas y universidades en el marco de las estrategias económicas regionales;

10.

destaca que las modalidades de interacción política tienen la máxima importancia en la esfera regional y, a menudo, requieren coordinación tanto vertical, entre los distintos niveles administrativos (europeo, nacional y regional), como horizontal, entre las regiones, para evitar solapamientos y aprender unos de otros;

11.

insiste en la necesidad de alinear las iniciativas y programas nuevos junto con los ya propuestos, tales como el Espacio Europeo de Investigación (EEI), el Instituto Europeo de Tecnología (IET) y el Programa de Aprendizaje Permanente, para fomentar el diálogo entre las universidades y las empresas;

12.

reconoce que las asociaciones entre universidades y empresas dependen, asimismo, de circunstancias regionales específicas; de la capacidad de las agencias de desarrollo para fomentar la colaboración entre universidades y empresas en el ámbito regional; del papel de los clusters empresariales en el desarrollo de las redes de universidades y empresas; y del nivel de inversión empresarial en I&D en la región.

13.

insiste en la necesidad de centrarse en el papel de la enseñanza superior en el desarrollo local y regional así como en el fomento de la cooperación entre las instituciones de enseñanza superior y los entes locales y regionales, con la participación asimismo de los agentes socioeconómicos regionales y locales;

14.

respalda la cooperación entre las universidades y el sector privado, abogando por considerar a las universidades como motores de innovación en sus respectivas regiones;

15.

recomienda a las universidades que exploren nuevas vías de cooperación entre las instituciones públicas y el sector privado, por ejemplo, mediante medidas que les incumban con cargo a fondos comunes de innovación, para mejorar la movilidad en todos los ámbitos;

16.

apoya una estrecha cooperación a escala europea entre empresas, universidades e instituciones de investigación en la que también participen los responsables políticos y administraciones al nivel local, regional y nacional;

17.

considera que el nivel de cooperación sigue siendo muy desigual en los diferentes países y las distintas universidades y disciplinas académicas, pese a los programas de la UE encaminados a crear asociaciones entre estos dos ámbitos –universidad y empresa–, centrándose generalmente en asociaciones en ámbitos específicos como la investigación o la movilidad de los estudiantes;

18.

considera que la medida en que esta cooperación ha influido en las culturas de gestión u organización respectivas de ambos sectores es limitada ya que pocas universidades cuentan con una estrategia para la cooperación con la empresa a nivel de institución y las que disponen de tal estrategia están concentradas en un reducido número de Estados miembros;

19.

expresa su preocupación por que, en muchos países, el marco legal y financiero no contempla aún la posibilidad de recompensar los esfuerzos de las universidades para cooperar con la comunidad empresarial, y, en algunos casos, este marco es incluso disuasorio;

20.

recomienda dotarse de indicadores de rendimiento adecuados para evaluar el alcance del diálogo en curso entre las universidades y las empresas; cualquier evaluación de rendimiento debe incluir indicadores tanto cualitativos como cuantitativos y ha de prestarse la debida atención a la manera en que la selección de dichos indicadores puede influir en el comportamiento de los grupos de usuarios;

21.

anima a las universidades a interesarse por el diálogo entre la universidad y el sector empresarial. El mundo académico ha de afrontar un reto específico consistente en el reconocimiento de su participación en los criterios de promoción. Pese a que muchas universidades afirman reconocer la importancia del diálogo entre las universidades y las empresas, pocas disponen de medios claros y transparentes para contrastar éste con las actividades de investigación y enseñanza y para otorgarle la atención que merece;

22.

considera que la iniciativa empresarial y la mejora de las competencias mediante el aprendizaje permanente constituyen importantes metas de la enseñanza superior;

23.

se congratula de que para financiar la investigación y la innovación se estén realizando esfuerzos en diversas regiones para facilitar una mayor intervención privada, reforzando a tal fin la autonomía de las universidades y los centros de enseñanza superior;

24.

sugiere que se exploren nuevas vías de cooperación entre las instituciones públicas y el sector privado, por ejemplo, en el marco de fondos comunes de innovación, que puedan ser también ejemplares para la utilización y protección a largo plazo de los recursos públicos;

25.

está de acuerdo en que la política de cohesión desempeña un papel especial en el fomento de actividades innovadoras en las regiones; por consiguiente, también cabe acudir al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para financiar los viveros de empresas y los parques científicos (infraestructura y conexiones). Los clusters son particularmente interesantes para las pymes, que encuentran en ellos el entorno que favorece su enlace con la universidad y las grandes empresas y que les permite también acceder a las redes de comercio internacional;

26.

reconoce que también las pymes desempeñan un papel clave, especialmente en materia de innovación y de creación de empleo; anima a que las pymes participen en el diálogo entre las universidades y las empresas así como a que se emprendan iniciativas innovadoras y bien enfocadas para fomentarlo;

27.

respalda la cooperación transfronteriza de instituciones académicas y de investigación con socios no universitarios en el mundo industrial y empresarial, administración, cultura y demás grupos sociales;

28.

considera asimismo que las organizaciones y otros agentes que desempeñan el papel de intermediarios entre las universidades y las empresas pueden cumplir una función esencial para el establecimiento de contactos entre ambas, por lo que deben obtener mayor reconocimiento y recibir un mejor apoyo.

29.

toma nota y se congratula por la multitud de ejemplos de cooperación entre universidades y empresas existentes en toda Europa;

30.

expresa su preocupación por la escasa disponibilidad de ejemplos de buenas prácticas procedentes de los nuevos Estados miembros;

31.

acoge con satisfacción la intención de la Comisión de emprender un estudio para establecer un inventario de las mejores prácticas existentes y pide a la Comisión que tenga en cuenta las necesidades de los entes locales y regionales en dicho inventario.

32.

anima a establecer estructuras asociativas con interesados clave de los entes locales y regionales, empresas, la sociedad y el sector de la enseñanza superior para dar pie al diálogo, mediante, por ejemplo, la organización de talleres y mesas redondas, la creación de parques científicos orientados a la transferencia de tecnología, la organización de actos culturales, científicos o ferias para estudiantes;

33.

aplaude que las instituciones de enseñanza superior dediquen recursos a la elaboración y puesta en práctica de estrategias regionales y urbanas para el desarrollo económico, social, cultural y medioambiental;

34.

insta a que las instituciones de enseñanza superior inviertan conjuntamente en programas que redunden especialmente en beneficio de las empresas y de la comunidad regionales, fomentando al mismo tiempo la financiación de cátedras patrocinadas por empresas que estimulen la interconexión de los diferentes centros de conocimiento e I+D+i, promuevan los foros de intercambio de conocimiento y favorezcan la creación de redes de regiones excelentes en el ámbito de la innovación;

35.

recomienda que las instituciones de enseñanza superior empleen los recursos dedicados a fomentar la participación regional sobre bases sostenibles y plurianuales;

36.

desea garantizar un uso coordinado del 7PM, los Fondos Estructurales, el PCI y el Fondo Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural (FEADER), ya que esta coordinación es esencial para la competitividad y para lograr sinergias entre las políticas de cohesión, investigación, enseñanza superior e innovación a nivel nacional y regional, como ya se ha señalado en anteriores dictámenes del CDR;

37.

aboga por una interpretación amplia del concepto de innovación, que abarque las ciencias sociales y humanas y su fecunda interacción con las culturas urbanas y regionales de sus localidades.

38.

insiste en que ahora que la UE intenta reducir al mínimo el impacto de la actual recesión económica y fijar el rumbo para recuperar el crecimiento, es esencial, dada la importancia creciente que revisten los sistemas de educación y formación para la Estrategia de Lisboa y la Agenda Social renovada, que se facilite a las partes interesadas relevantes una plataforma de diálogo en materia tanto educativa como económica;

39.

se congratula por la iniciativa de la Comisión de estudiar la forma en que los Fondos Estructurales podrían utilizarse para apoyar iniciativas regionales al respecto;

40.

reconoce el potencial que entraña la cooperación entre las empresas y otros ámbitos de la educación –especialmente los centros de enseñanza secundaria y las instituciones de EFP– y las oportunidades que brindan los programas europeos de impulsar dicha cooperación;

41.

reitera la necesidad de un compromiso más sólido de los representantes públicos pertinentes, incluidos los entes locales y regionales, en la próxima fase del Foro de la UE para el diálogo entre las universidades y las empresas;

42.

considera que el Foro de la UE para el diálogo entre las universidades y las empresas debe permanecer centrado en la cooperación en el ámbito de la enseñanza superior;

43.

anima a los entes locales y regionales a respaldar la cooperación entre las universidades y el sector privado y considera a las universidades como motores de innovación en las regiones;

44.

insta a que se prolongue el Foro de la UE para el diálogo entre las universidades y las empresas mediante reuniones plenarias, seminarios temáticos, un sitio web así como el compromiso más sólido de los representantes públicos pertinentes, incluidos entes regionales, y posiblemente interesados de fuera de la UE;

45.

recomienda que se proponga una respuesta efectiva a la iniciativa «Nuevas capacidades para nuevos empleos» y a la recesión económica y que se debata sobre las asociaciones para el desarrollo regional, las asociaciones con pymes, la diversificación de los enfoques del aprendizaje, el aseguramiento de la calidad y la acreditación;

46.

aboga por que la Comisión explore nuevas formas de asociación estructurada entre las empresas y las universidades, a través de los programas pertinentes de la UE.

29.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/31

—

subraya que la clave en la vía hacia un transporte sostenible no es limitar la demanda de servicios de transporte; no se trata tanto de la cantidad de pasajeros o mercancías transportados como de qué manera tiene lugar el transporte. Los hábitos de transporte no sostenibles sólo pueden contrarrestarse mediante una política de precios apropiada en el sector del transporte. Por consiguiente, es importante encontrar una manera apropiada y transparente de repartir los costes del transporte entre todos los modos de transporte;

—

subraya que para incrementar la sostenibilidad del sistema de transporte debe abordarse el problema de la congestión del tráfico. El aumento de capacidad de las redes de transporte por sí solo no constituye una solución, ya que las repercusiones medioambientales de las principales redes pueden alcanzar proporciones insostenibles. Por este motivo, debe reforzarse la competitividad de los sistemas de transporte sostenibles;

—

señala que los entes regionales y locales tienen un claro interés en apoyar las alternativas al transporte por carretera, en particular donde existen estrangulamientos, y especialmente en zonas sensibles y regiones con condiciones naturales difíciles, pues allí se originan problemas cada vez más graves, como contaminación acústica, gases de escape, congestión, retrasos y deterioro rápido de las carreteras, que entrañan grandes gastos de mantenimiento de la red viaria para los entes respectivos;

—

subraya que las redes de transporte urbanas, interurbanas y regionales constituyen una parte integrante importante de las redes de transporte y de las cadenas de suministro globales y, por ello, requieren una atención prioritaria;

—

pide que el Libro Blanco del Transporte envíe una fuerte señal política con miras a la próxima revisión del presupuesto de la UE, para que las futuras dotaciones financieras comunitarias destinadas a los transportes se correspondan con las ambiciones manifestadas por la UE y viceversa.

Ponente

:

Väino Hallikmägi, Concejal del Ayuntamiento de Pärnu, Estonia, (EE/ALDE)

1.

acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión Europa sobre un futuro sostenible para los transportes, que representa una primera etapa de la revisión de la política de transportes de la UE para las próximas décadas;

2.

sostiene el punto de vista de la Comisión de que la política de transportes debe basarse en una visión a largo plazo de la movilidad sostenible de personas y mercancías. Una condición fundamental para desarrollar la política de transportes de acuerdo con esta idea es realizar una evaluación correcta de las tendencias que se perfilan en este sector;

3.

considera que, dado que constituyen una de las condiciones básicas para garantizar la cohesión territorial en la UE, las futuras redes de transporte deben ofrecer una buena comunicación a todas las regiones de Europa. Esta circunstancia será determinante tanto para reforzar la integración social y económica como para garantizar un desarrollo sostenible. La aplicación de la política de transportes requiere que los Estados miembros muestren una voluntad política más decidida y apoyen los sistemas de transporte sostenibles e innovadores;

4.

considera necesario que en el Libro Blanco revisado sobre la política europea en materia de transportes se analicen de forma más exhaustiva y sistemática que hasta ahora los factores externos, su evolución dentro del sector del transporte, sus consecuencias y sus interacciones. Además, deberán abordarse también las repercusiones del cambio climático y de los cambios económicos sobre el desarrollo de este sector y los factores que ejercen una influencia sobre el mismo;

5.

opina que el documento de estrategia debe completarse con un análisis (comparativo) de las repercusiones socioeconómicas y medioambientales de las decisiones políticas y las medidas previstas que en él se exponen. Lo ideal sería que los resultados del estudio se extrapolasen al nivel de los Estados miembros y de las regiones, para poder someter a evaluación las posibles diferencias en las repercusiones de la política común de transportes. Se trata de sopesar todos los posibles planteamientos teóricos sobre la orientación que debe seguir la política de transportes que resulten pertinentes para el debate sobre el futuro del transporte;

6.

considera importante que, al elaborar la política europea de transportes, se dé en mayor medida a los entes regionales y locales de cada uno de los Estados miembros la posibilidad de influir en el proceso de preparación de los planes estratégicos y de toma de decisiones, a fin de garantizar un marco de regulación y planificación que facilite la aplicación de las iniciativas y medidas en el ámbito de los transportes. Los responsables de las decisiones a nivel local y regional disfrutan de la mejor posición para determinar qué medidas se necesitan para solucionar los problemas de transporte a escala local y regional. Por este motivo, cuando se respalda a los entes locales y regionales desde el nivel europeo o nacional es preciso respetar el principio de subsidiariedad;

7.

destaca que en el desarrollo de las infraestructuras del transporte deben fijarse prioridades en relación con las redes o los proyectos. Para poder construir rápidamente las infraestructuras prioritarias se deberá garantizar el apoyo político y financiero de las principales instituciones de la UE y de los gobiernos nacionales;

8.

señala que, en el desarrollo de la red transeuropea de transporte –en la que el enfoque centrado en proyectos seguido hasta la fecha (30 proyectos prioritarios) ha sido sustituido por un planteamiento que distingue entre la red global de transportes y la red principal de la RTE-T–, debe velarse por que se siga prestando también una atención y un apoyo suficientes a las regiones periféricas, regiones fronterizas y regiones con dificultades naturales de la UE a fin de mejorar las conexiones de transporte entre las zonas centrales de la Unión y sus Estados vecinos. Por consiguiente, para garantizar la cohesión territorial interna y externa en Europa debería tenerse en cuenta además, por ejemplo, la diferenciación entre las conexiones o los enlaces prioritarios en la política de transportes de Europa, incluidos los correspondientes mecanismos de financiación. Debe elaborarse una normativa que establezca, de manera más clara que hasta la fecha, con arreglo a qué principios y qué modalidades deben determinarse las redes de la RTE-T y, en caso necesario, modificarse o completarse; se pronuncia a favor de concluir, bajo cualquier circunstancia, los proyectos prioritarios de la RTE-T ya iniciados. También deberían integrarse en la red principal de la RTE-T las ampliaciones y prolongaciones pertinentes que sirvan como enlaces a la red. Asimismo se debe promover una mejor coordinación entre los Estados miembros para evitar desfases en la planificación y ejecución, priorizando los tramos transfronterizos;

9.

destaca la importancia fundamental del transporte de mercancías para el funcionamiento de la economía europea. Al mismo tiempo, el sistema de transporte europeo se ve afectado cada vez en mayor medida por los problemas de la congestión del tráfico, que obedecen en primer lugar al desigual reparto entre los modos de transporte (en las actuales circunstancias de mercado, el transporte por carretera tiene unas excesivas ventajas competitivas), a la escasez de infraestructuras y a la falta de interoperabilidad entre los diferentes modos. El Comité de las Regiones considera que, para una mayor integración de las infraestructuras de transporte específicas, debe darse mayor prioridad a la coordinación y la garantía de coherencia de las correspondientes soluciones tanto en las decisiones que deberán adoptarse en el marco de la RTE-T y de las cuestiones de movilidad urbana, como también a la hora de establecer prioridades de financiación con fondos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión;

10.

destaca que las ciudades son un elemento esencial y fundamental de la red de transporte. En efecto, constituyen los puntos de enlace donde se cruzan los diferentes modos de transporte, donde suelen comenzar y terminar las vías de transporte. Por ello, conviene prestar al transporte urbano la misma atención que a las redes de transporte;

11.

pide que se simplifiquen más los procedimientos de financiación de la UE y considera que es necesaria la coherencia entre los programas de financiación nacionales y comunitarios;

12.

pide que el Libro Blanco del Transporte envíe una fuerte señal política con miras a la próxima revisión del presupuesto de la UE, para que las futuras dotaciones financieras comunitarias destinadas a los transportes se correspondan con las ambiciones manifestadas por la UE y viceversa;

13.

considera que en el sector del transporte por ferrocarril la fragmentación del mercado ferroviario es un problema importante. Resulta también imprescindible eliminar los estrangulamientos existentes en las infraestructuras actuales, sobre todo los que se producen en los tramos transfronterizos o se deben a obstáculos naturales. Para crear una red de ferrocarril europea eficaz que preste servicios de alto valor por lo que se refiere tanto a la duración del transporte y la fiabilidad como a la capacidad de transporte, es necesario desarrollar un conjunto de soluciones sostenibles y eficientes que permitan una mayor transferencia del transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril;

14.

señala que las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a las normas técnicas aplicadas a las infraestructuras -por ejemplo, respecto del ancho de vía y los sistemas eléctricos y de seguridad- aumentan en mayor grado la fragmentación del sector del transporte. Para armonizar los requisitos técnicos y las instalaciones es necesario armonizar las normas técnicas y, por tanto, es necesario invertir en infraestructuras. Al mismo tiempo, debería procederse a la armonización de los distintos sistemas nacionales de formación de maquinistas, así como de las disposiciones relativas a la seguridad y al transporte de mercancías, e implantarse una lengua común para la gestión del tráfico ferroviario, a semejanza del tráfico aéreo, para el transporte internacional, en especial el procedente de terceros países, a fin de reforzar su competitividad frente a los transportes por carretera. En los tramos más saturados deberían crearse las condiciones para que el transporte de mercancías y de pasajeros compartan vías ferroviarias comunes sin interferencias mutuas, o para construir nuevos trazados y separar el transporte de mercancías del transporte de pasajeros, siempre y cuando esto sea técnicamente viable y económicamente razonable;

15.

considera que las infraestructuras adicionales para el transporte de mercancías deben garantizar las conexiones con los centros urbanos, pero por otra parte no deben entrañar un aumento del volumen de tráfico en los centros urbanos que aumente la congestión;

16.

juzga necesario, para la vinculación económica de las regiones periféricas con las regiones centrales europeas, que se construyan puertos en zonas importantes que dispongan de una buena comunicación con la red de transporte multimodal. El Comité de las Regiones considera necesario que se garantice una conexión de transporte multimodal con ramificaciones con las regiones donde el transporte marítimo desempeña un papel muy importante;

17.

destaca que se deben promover la navegación marítima y la navegación interior, que podrían desempeñar un papel clave en la lucha contra el cambio climático. Además, deberían reforzarse de manera considerable programas como las actuales «Autopistas del Mar», debido a su contribución a los objetivos de la UE en materia de transporte y de cohesión territorial. De manera similar, la navegación marítima y la navegación interior podrían contribuir a responder a la creciente demanda en el ámbito del transporte de pasajeros y de carga. Al mismo tiempo, deberían reducirse de forma continua las repercusiones negativas que para el medioambiente se derivan del tráfico de buques, de los puertos y de los centros de logística. El CDR lamenta, por tanto, que el transporte marítimo internacional quede excluido de los mecanismos del Protocolo de Kioto y del calendario para la reducción de los gases de efecto invernadero. No obstante, a fin de evitar, en la medida de lo posible, cualquier desventaja competitiva al sector del transporte marítimo europeo, la Unión Europea debería dar prioridad a que las normas vinculantes se adopten exclusivamente a nivel internacional. Por otro lado, deberían examinarse los efectos que implicaría la imposición de tasas portuarias diferenciadas en función de la incidencia medioambiental de los buques;

18.

está convencido de que el desarrollo de nudos ferroviarios multimodales debe ser una de las prioridades de la política común de transportes. Si se produjera un mayor desplazamiento del transporte de mercancías hacia el ferrocarril, debería garantizarse al mismo tiempo que se cumplen las condiciones de seguridad y las normas medioambientales y que se minimizan en la medida de lo posible las repercusiones negativas para el transporte de pasajeros;

19.

considera que en el desarrollo del transporte aéreo debe tenerse en cuenta y planificarse la reducción de los impactos negativos sobre el medioambiente, como el ruido y la contaminación atmosférica, mediante soluciones técnicas y medidas de ordenamiento territorial. Además, por lo que respecta a la incorporación de los costes medioambientales en las tarifas aéreas no puede olvidarse que el transporte aéreo reviste distinta importancia para cada una de las diferentes regiones y que garantiza también una buena conexión con las regiones periféricas de Europa. Cuando se construyan infraestructuras aéreas la ayuda de la UE debería otorgarse sobre todo a las ciudades de mediano tamaño y a las regiones insulares, con el objetivo de salvaguardar la seguridad del tráfico aéreo y la satisfacción de los clientes;

20.

considera que se debe garantizar una competencia equitativa entre aeropuertos mediante la formulación de normas comunes para el cálculo y la fijación de las tasas aeroportuarias;

21.

subraya que la inversión debe coordinarse mejor. A modo de ejemplo, la financiación de la RTE-T debería seguir fomentando proyectos ferroviarios basados en el mercado, y la ayuda regional debería dirigirse en mayor medida a los modos de transporte que respetan el medio ambiente, con objeto de aumentar la cohesión territorial de la UE;

22.

se remite a la idea fundamental de que una utilización equilibrada y sostenible de los distintos modos de transporte presupone la incorporación de los costes externos (contaminación medioambiental, costes derivados de los accidentes, empleo del tiempo) en los costes del transporte y la aplicación general del principio de «el usuario paga». Al mismo tiempo, los ingresos obtenidos por este medio deberían invertirse en modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente y, de este modo, se garantizarían tanto la participación de los modos de transporte ecológicos como la eficiencia global de todos los modos de transporte y el incremento de la interoperabilidad. Además, en las disposiciones que rijan los correspondientes cálculos también se deberá tener en cuenta en qué medida son viables desde el punto de vista financiero en el entorno socioeconómico respectivo. De lo contrario, los sectores económicos y las empresas que dependen de las conexiones de transporte perderán capacidad competitiva a nivel nacional y europeo;

23.

señala que el objetivo importante y fundamental de los costes reales no debe ponerse en cuestión. En el caso de que una gran parte de las inversiones en infraestructuras del transporte se basaran en el principio de «el usuario paga», esto podría tener como resultado la transformación del tejido económico y social de las distintas regiones. Se recomienda a los Estados miembros que tengan prevista la creación o adaptación de tasas vinculadas a la densidad del tráfico, conforme al enfoque moderno de integrar los costes reales, que valoren también los efectos económicos, ecológicos y sociales de tal medida. De este modo será posible, si se considera que es necesario, preparar a medio y largo plazo las medidas de acompañamiento necesarias y por razones estratégicas (por ejemplo, la reorientación de las ayudas económicas a una determinada región beneficiaria);

24.

recuerda los dictámenes del CDR acerca del Libro Verde (CDR 236/2007) y el Plan de Acción (CDR 417/2008) sobre la movilidad urbana, cuya publicación por la Comisión en septiembre de 2009 responde a un deseo expresado conjuntamente por el Comité de las Regiones y el Parlamento Europeo;

25.

señala la importancia de desarrollar el transporte urbano ya que las ciudades son parte integrante de las redes de transporte y actúan como nudos de enlace de los distintos modos de transporte. El mayor reto en materia de transporte urbano es dar prioridad al transporte público creando para ello las condiciones adecuadas y, así, aumentar su importancia en el transporte de pasajeros, modificar las condiciones del transporte urbano de tal manera que llegue el menor tráfico posible al núcleo de la ciudad, ampliar la red destinada a peatones y ciclistas e incrementar la participación de vehículos eléctricos y la utilización de formas de transporte respetuosas con el medio ambiente;

26.

recomienda a las ciudades que adopten medidas más estrictas para poner coto a los efectos nocivos del transporte urbano para el medio ambiente y que fomenten las formas de transporte sanas. Es importante que la UE respete el principio de subsidiariedad de modo que se creen las condiciones adecuadas para que los entes locales y regionales competentes puedan asumir esta responsabilidad;

27.

considera necesario orientar la política de transporte de la UE de manera que se promueva el desarrollo de sistemas locales de transporte en común para los centros de las ciudades, las periferias y las zonas rurales circundantes, y en particular en la conexión de los sistemas de transporte por ferrocarril –redes ferroviarias, ferrocarriles regionales, líneas de tranvía– a un nuevo tipo de red ferroviaria regional;

28.

considera importante el intercambio permanente de buenas prácticas de desarrollo y utilización del transporte urbano en lo que respecta a los temas siguientes: aparcamientos disuasorios en la periferia, aparcamientos en zonas más céntricas desde donde se pueda llegar caminando al destino, desarrollo de modos de transporte propulsados por electricidad, construcción de redes para el transporte ligero, instalación de carriles reservados para el transporte público, terminales multimodales en los accesos de las ciudades, fomento de los servicios de uso compartido del coche, cambio de los hábitos de transporte mediante medidas de orientación (medidas educativas, campañas de divulgación pública) y restricciones (tasa de congestión, tasas de estacionamiento). La UE debería establecer y seguir desarrollando mecanismos de apoyo a los proyectos de cooperación que estén destinados a la elaboración conjunta de soluciones, así como a la transferencia de las experiencias adquiridas;

29.

considera necesario que en el desarrollo de los medios de transporte públicos multimodales se dé prioridad a los sistemas electrónicos de pago y de expedición de billetes, ya que éstos permiten un cálculo exacto de los costes de las rutas y una planificación de las rutas basada en las necesidades de los viajeros, a la vez que hacen el transporte público más idóneo para el usuario. La utilización de las nuevas tecnologías de la información debe servir de apoyo al desarrollo de sistemas intermodales de transporte inteligentes, y la UE debería facilitar que su uso se extienda;

30.

considera que en el desarrollo tecnológico es preciso respaldar la transferencia de tecnología entre las regiones y entre los diferentes niveles regionales: en la financiación del desarrollo de soluciones técnicas debería apostarse no sólo por las tecnologías que están hechas a medida de las grandes ciudades. En vez de eso, el desarrollo y la financiación deberían estar configurados de manera que la mayor parte de los medios se utilizara para desarrollar soluciones sostenibles y adecuadas para las ciudades de mediano tamaño y las pequeñas ciudades, así como para sus territorios circundantes;

31.

destaca que, para reducir la dependencia del sector del transporte de los hidrocarburos, deben ofrecerse posibilidades de establecer niveles diferenciados de impuestos especiales para los combustibles procedentes de otras materias primas y, en caso de necesidad, de fijarlos por debajo del umbral mínimo acordado en la UE;

32.

señala que para promover la seguridad del transporte es fundamental armonizar y reforzar los mecanismos de control y vigilancia. Al armonizar los requisitos de seguridad deberán tenerse en cuenta, entre otras cosas, las condiciones naturales locales, los tipos de carreteras y las tradiciones culturales. Una condición para la integración de las bases de datos sobre accidentes de tráfico es la normalización –al menos en parte– de los registros utilizados en los bancos de datos nacionales;

33.

considera que en el ámbito del seguimiento del tráfico deben fijarse las condiciones para elaborar e introducir soluciones comunes de carácter general que se basen en las tecnologías de la información y los sistemas de localización global (GPS). El papel fundamental de la UE consiste, además de en fomentar la investigación y el desarrollo, en fijar normas comunes que permitan a los Estados miembros un control exhaustivo de los flujos de tráfico transfronterizos;

34.

destaca que las instituciones educativas deben desempeñar un papel fundamental en la educación para un comportamiento vial seguro y respetuoso del medio ambiente. Deben crearse las condiciones para la inclusión de la educación vial en los planes de estudio de las instituciones educativas de todos los países. En el ámbito de la formación, la UE podría fomentar estudios orientados a la práctica que sirvieran de base para la elaboración de recomendaciones didácticas comunes en forma de materiales y módulos didácticos para los jardines de infancia y las escuelas;

35.

considera especialmente importante el desarrollo de mejores conexiones de transporte con los países vecinos. Ello requiere por parte de las instituciones principales de la UE, los gobiernos de los Estados miembros y los gobiernos de los terceros países inversiones conjuntas en instalaciones fronterizas (terminales, carreteras, puentes) a fin de permitir un tránsito de fronteras rápido y respetuoso con el medio ambiente tanto en el transporte de mercancías como en el de pasajeros. Igualmente importante es alcanzar progresos en la armonización de los procedimientos de tránsito y los trámites de despacho de aduanas y en la intensificación de la cooperación en este ámbito;

36.

considera importante que la política de transportes contribuya a la integración de las regiones ultraperiféricas en sus contextos geográficos propios, apoyando el lanzamiento de servicios marítimos y aéreos respetuosos del medio ambiente que las unan con los países de su ámbito regional, fomentando además, la intermodalidad;

37.

considera que, en el seno de las organizaciones internacionales y en las negociaciones con terceros países sobre cuestiones de transporte, los Estados miembros y las instituciones de la UE deben plantearse como objetivo garantizar condiciones equitativas de competencia en todos los modos de transporte para las empresas de los Estados miembros en lo que se refiere a los impuestos sobre los hidrocarburos, los derechos portuarios, las tasas aeroportuarias, las tasas ferroviarias y diversos requisitos medioambientales. Estas cuestiones son especialmente importantes para la economía de los Estados situados en las fronteras exteriores de la UE. Las diferentes condiciones de competencia deben también tenerse en cuenta en la incorporación de los costes externos a los costes del transporte;

38.

subraya que la libertad de circulación es un derecho fundamental de los ciudadanos de la Unión y un principio rector de la UE. Al mismo tiempo, el principio de la libre circulación de mercancías es uno de los pilares del mercado interior. La clave en la vía hacia un transporte sostenible no es limitar la demanda de servicios de transporte;

39.

señala que no se trata tanto de la cantidad de pasajeros o mercancías transportados como de qué manera tiene lugar el transporte. Los hábitos de transporte no sostenibles sólo pueden contrarrestarse mediante una política de precios apropiada en el sector del transporte. Por consiguiente, es importante encontrar una manera apropiada y transparente de repartir los costes del transporte entre todos los modos de transporte;

40.

subraya que para incrementar la sostenibilidad del sistema de transporte debe abordarse el problema de la congestión del tráfico. Los Estados miembros deberían comprometerse a invertir en infraestructuras respetuosas con el medio ambiente que permitan eliminar los puntos de estrangulamiento. Al mismo tiempo, el aumento de capacidad de las redes de transporte por sí solo no constituye una solución, ya que las repercusiones medioambientales de las principales redes pueden alcanzar proporciones insostenibles. Por este motivo, debe reforzarse la competitividad de los sistemas de transporte sostenibles;

41.

señala que los entes regionales y locales tienen un claro interés en apoyar las alternativas al transporte por carretera, en particular donde existen estrangulamientos, y especialmente en zonas sensibles y regiones con condiciones naturales difíciles, pues allí se originan problemas cada vez más graves, como contaminación acústica, gases de escape, congestión, retrasos y deterioro rápido de las carreteras, que entrañan grandes gastos de mantenimiento de la red viaria para los entes respectivos;

42.

considera que debe aumentarse la competitividad del transporte por ferrocarril y por barco. Para crear una red de ferrocarril europea eficaz que preste servicios de alto valor en lo que se refiere a la duración del transporte y la fiabilidad, pero también a la capacidad de transporte, es necesario reducir la fragmentación del mercado ferroviario europeo. Al mismo tiempo, se deberá crear un espacio marítimo único y dar prioridad a las inversiones en los puertos y sus conexiones con la red de transporte;

43.

señala que el sistema de transporte en las ciudades y regiones ejerce una influencia significativa en el desarrollo regional. Las redes de transporte urbanas, interurbanas y regionales constituyen una parte integrante importante de las redes de transporte y de las cadenas de suministro globales y, por ello, requieren una atención prioritaria;

44.

considera que las futuras redes de transporte deben garantizar un buen acceso a todas las regiones europeas. Al mismo tiempo, los entes regionales y locales y otras partes interesadas afectadas del nivel regional y local deberán ser consultadas sobre todas las iniciativas que puedan tener una influencia sobre el futuro de las redes de transporte europeas, y ello en razón del papel que desempeñen los entes o las partes interesadas en la aplicación de las correspondientes medidas en el ámbito del transporte y a la hora de garantizar el marco normativo y de planificación necesario para la puesta en práctica de las iniciativas de transporte.

29.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/37

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suscribe la necesidad de vertebrar el proceso de toma de decisiones en el marco de la PPC, por ejemplo delegando la regulación y/o gestión de algunas actividades pesqueras en los Estados miembros, en las regiones y en el sector, dentro del marco de las normas comunitarias;

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recomienda que se profundice sobre las ventajas e inconvenientes del establecimiento de derechos de pesca transferibles, con las oportunas cautelas, teniendo en cuenta que las cuotas individuales administradas pueden constituir una vía de reflexión, pero que en cambio las cuotas individuales transferibles representan una amenaza para el equilibrio del sector

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comparte la iniciativa de establecer un régimen diferenciado para la gestión de la pesca artesanal y el marisqueo, manteniendo el acceso a la financiación pública para estas actividades y facilitando que las decisiones específicas de gestión de esta flota se puedan adoptar a nivel regional; recomienda que la pesca costera artesanal no se ligue a la eslora del barco, sino que se consideren además otros parámetros;

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recomienda que se valore para cada área de pesca el mejor sistema de gestión pesquera disponible que mejor encaje con la zona de pesca, las especies objetivo y el tipo de flota, y pide que se examine más a fondo un sistema de gestión de las cuotas basado en las capturas;

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recomienda que se regule el acceso a las ayudas públicas de forma semejante a la realizada en la Política Agrícola Común, instaurándose el concepto de condicionalidad;

—

comparte la idea de que la UE debe facilitar el desarrollo competitivo del sector, incluyendo una hoja de ruta para el año 2010 que determine los límites regionales, la promoción de la acuicultura ecológica y el apoyo a la creación de la Plataforma Europea de Tecnología e Innovación en Acuicultura (EATIP), y subraya asimismo la importancia de la ordenación marítima, los programas de sanidad animal, las normas de etiquetado y los procedimientos de simplificación administrativa;

Ponente

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO (ES/PPE), Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

1.

considera factible el proyecto de futuro de la Comisión para el sector pesquero europeo de aquí a 2020 y expresa su deseo de participar plenamente en el debate sobre las reformas necesarias para realizar este proyecto de futuro causando el menor trastorno posible en el lugar de trabajo y la menor distorsión posible al mercado. La revisión y reforma de la Política Pesquera Común ofrece oportunidades únicas no sólo para poner remedio a las insuficiencias del pasado, sino también para generar confianza y ofrecer garantías de cara al futuro. A través de la plena implicación de las comunidades pesqueras, las poblaciones de peces se gestionarán mejor, las flotas se ajustarán en mayor medida a los recursos disponibles, las operaciones pesqueras se regularán mejor y los rendimientos económicos proporcionarán las salvaguardias necesarias para la seguridad a largo plazo;

2.

piensa que la pesca es un medio de vida en muchas regiones de Europa, así como una fuente de suministro a una industria de transformación altamente dependiente. A pesar de sus reformas y de su antigüedad, la Política Pesquera Común (PPC) no ha logrado corregir los crecientes problemas del sector, que debe afrontar un conjunto de importantes retos: la existencia de sobrepesca, la inadaptación de la capacidad de pesca a los recursos disponibles y al objetivo de sostenibilidad socioeconómica y medioambiental, la necesaria transformación energética de los buques, la precaria situación de un elevado número de recursos pesqueros y un alto grado de subvencionabilidad que ha propiciado una frágil situación económica. Además, los Acuerdos de Asociación Pesqueros firmados con países en desarrollo constituyen una amenaza para la seguridad alimentaria de muchos de estos países, puesto que contribuyen a la sobrepesca e impiden el desarrollo de una industria pesquera local;

3.

opina que la nueva PPC debe conducir a un enfoque más globalizado, en integración con las políticas marítimas y ambientales, con nuevas herramientas para tratar el pertinaz problema del exceso de capacidad de la flota, con fórmulas de bajo coste. Por ello, es preciso configurar un marco político dotado de un sistema de toma de decisiones a medio y largo plazo, con descentralización de determinados aspectos y con unos objetivos precisos. Además, es necesario mejorar la gobernanza del sector, definir mecanismos de observancia que garanticen mejor el cumplimiento de la normativa, y fomentar un sector más comprometido y responsabilizado en la gestión y desarrollo de las medidas de la PPC;

4.

piensa que la acuicultura ofrece el potencial de proporcionar productos sanos, seguros y sostenibles, de elevada calidad, en unas condiciones de estricto respeto medioambiental, constituyéndose como elemento estabilizador del empleo en numerosas regiones de Europa en mayor o menor medida dependientes de la pesca. La Unión Europea ha desarrollado iniciativas para su promoción, plasmadas en herramientas financieras de tipo estructural (IFOP, FEP), así como el impulso y puesta en marcha de estrategias para su desarrollo sostenible. Los logros alcanzados han sido muchos, pero el crecimiento en producción es notablemente inferior a la media mundial, y se plantean ahora retos que pasan por la integración de la acuicultura en las políticas marítimas y medioambientales, la orientación hacia métodos productivos respetuosos con el medio ambiente y enmarcados en una política pesquera sostenible, el fomento de la competitividad, la Gestión Integrada de Zonas Costeras, la mejora de la gobernanza, y la consolidación de las garantías en sanidad y bienestar animal, al igual que se ha conseguido en otras producciones animales, todo ello bajo una rigurosa protección del consumidor;

5.

cree que el crecimiento de la población mundial, las futuras ampliaciones de la UE, la contaminación de las aguas continentales y su repercusión en los ecosistemas costeros y el cambio climático son aspectos que debe contemplar la PPC en su horizonte a medio plazo, porque supondrán un cambio en las tendencias de gestión de las producciones pesqueras y acuícolas;

6.

acoge positivamente la temprana iniciativa de la Comisión de presentar el Libro Verde sobre la reforma de la PPC (COM(2009) 163 final), abriendo el proceso de consulta; el ejercicio de autocrítica sobre el fracaso de la PPC en determinados aspectos; las propuestas de mejora de la actual PPC hasta el 2012; y las reflexiones sobre la nueva PPC a partir del 2013;

7.

está de acuerdo en la existencia de una inadaptación de la capacidad de la flota, más acentuada en determinados segmentos; apoya la puesta en marcha de mecanismos que permitan un ajuste del tamaño de las flotas pesqueras europeas al de los recursos explotables, y la adopción de un planteamiento socioeconómico más sostenible, mecanismos de adaptación que deben optimizar el uso de los recursos públicos financieros, y los considera un elemento básico para que la PPC pueda desarrollarse plenamente en otros aspectos;

8.

destaca el papel fundamental de los entes locales y regionales como una condición previa para el éxito de la PPC y, en concreto, propone que se refuerce la función de los Consejos Consultivos Regionales (CCR);

9.

señala que para la efectiva integración de la PPC en la Política Marítima Integrada (PMI) de la UE, es necesario que los entes regionales y locales de la pesca estén dispuestos a asumir compromisos en este ámbito y a aportar una contribución eficaz;

10.

apoya la promoción de una mejor cooperación entre los guardacostas de los Estados miembros, así como la decisión de elaborar medidas que permitan establecer un sistema de control más integrado;

11.

recomienda que se profundice sobre las ventajas e inconvenientes del establecimiento de derechos de pesca transferibles, con las oportunas cautelas, ya sea a nivel de derecho de pesca colectivo o derecho de pesca individual;

12.

está de acuerdo con la necesidad de que los compromisos y las medidas que se adopten en el seno de la PPC, con el fin de corregir o amortiguar los efectos económicos y sociales de las reducciones de las posibilidades de pesca sean siempre compatibles con la sostenibilidad ecológica a largo plazo;

13.

insta a que se mantengan, e incluso se amplíen, las zonas de conservación pesquera existentes;

14.

suscribe la necesidad de vertebrar el proceso de toma de decisiones en el marco de la PPC, recurriendo en determinados casos al procedimiento de comitología y delegando la regulación y/o gestión de algunas actividades pesqueras en los Estados miembros, en las regiones y en el sector, dentro del marco de las normas comunitarias. Pide, por consiguiente, un método de gestión por fachada marítima, por estuario fluvial y por pesquería (enfoque ecosistémico);

15.

respalda la propuesta de la Comisión de que el sector asuma mayor responsabilidad en la aplicación de la PPC. Los pescadores que ejerzan su responsabilidad de forma correcta deben ser los únicos que tengan acceso a las poblaciones de peces, sin olvidar que son un dominio público y que los gastos de gestión de estos recursos son sufragados en su mayor parte por los contribuyentes;

16.

apoya el desarrollo de una cultura de la observancia. Se debe limitar el acceso de los Estados miembros a la financiación comunitaria cuando éstos no cumplan con sus responsabilidades en materia de control y conservación;

17.

apoya la instauración de sistemas de recopilación de datos a tiempo real que permitan disponer de información técnica y actualizada sobre las capturas;

18.

solicita a la Comisión que la reforma de la PPC tenga en cuenta las necesidades específicas de las regiones ultraperiféricas (RUP), en atención a sus condiciones estructurales y socioeconómicas, y en coherencia con la Estrategia europea para las regiones ultraperiféricas;

19.

anima a la Comisión a asumir el liderazgo mundial en el desarrollo de sistemas para adaptar las políticas de pesca y de zonas marítimas litorales al cambio climático;

20.

comparte la iniciativa de establecer un régimen diferenciado para la gestión de la pesca artesanal y el marisqueo, actividades ligadas a la identidad cultural de muchas regiones europeas, en las que encuentran ocupación numerosos trabajadores que forman parte de microempresas. Acoge positivamente la propuesta de mantener el acceso a la financiación pública para estas actividades;

21.

apoya plenamente la intención de la Comisión de facilitar, con un enfoque ecosistémico, que las decisiones específicas de gestión de esta flota se puedan adoptar a nivel regional, siempre bajo unas normas y principios globales comunitarios;

22.

considera que la participación de la comunidad en las estructuras de asociación local son vitales para aprovechar al máximo la aportación local cuando se trata de definir el potencial y los inconvenientes concretos de una región dada, así como de garantizar que la aplicación es acorde con las condiciones locales;

23.

recomienda profundizar sobre el concepto de pesca costera artesanal y que éste no se ligue a la eslora del barco, sino que se consideren además otros parámetros, como la vinculación económica y social de la actividad con los municipios; la duración de las mareas; tipo de capturas; estar incluido, o no, en un plan de pesca determinado, etc.;

24.

considera que los costes de mantenimiento que suponen las cajas azules son demasiado onerosos para las pequeñas embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal en las proximidades de la costa, por lo que la Comisión debería disponer la utilización de sistemas alternativos menos gravosos;

25.

subraya que esta flota no industrial se ve afectada de forma directa por las distorsiones que genera el mercado globalizado. En este sentido, debería volver a evaluarse la posibilidad de ayudas a nuevas construcciones, dentro de los programas de ajuste, teniendo en cuenta el incremento de esfuerzo por las mejoras tecnológicas, con el fin de disponer de una flota competitiva y ajustada a las posibilidades de pesca que pueda tener la embarcación, y segura para los pescadores, dadas las dificultades de acceso a los caladeros; por otra parte, sería de gran interés establecer la diferenciación obligada en el etiquetado de los productos de esta flota significando su procedencia de manera que el consumidor pueda entenderlo fácilmente;

26.

insta a la Comisión a promover una formación adecuada de los trabajadores del mar, adquiriendo conocimientos empresariales, marinos, medioambientales, de buenas prácticas de higiene, que preserven estos recursos humanos en las zonas dependientes de la pesca, que permitan una diversificación de actividades a otras áreas de interés social y civil como son el apoyo a la lucha contra la contaminación marina o la prestación de auxilio en el mar;

27.

pide a la Comisión que promueva una iniciativa integrada para desarrollar y mejorar las infraestructuras de las regiones insulares y periféricas que dependen de la pequeña pesca costera;

28.

comparte el objetivo de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, donde los Estados miembros aceptaron el concepto de rendimiento máximo sostenible como objetivo que debe alcanzarse en 2015. Este objetivo debe ser un principio rector básico de la PPC. Igualmente, valora positivamente la política de erradicación de los descartes, y propone que se valore el efecto que sobre los ecosistemas tiene la pesca industrial con destino a la fabricación de harinas de pescado;

29.

sugiere delegar en los Estados miembros una mejor regulación de acceso de la flota a las áreas de especial interés para la conservación de los ecosistemas marinos, con vistas a recuperar y mantener un estatus óptimo de estas áreas;

30.

pide que se examine más a fondo un sistema de gestión de las cuotas basado en las capturas, fundamentado en la documentación comprobable de los propios pescadores;

31.

aplaude la iniciativa de la Comisión de proponer un cambio en el sistema de gestión de las pesquerías basado en limitar los días que un buque puede salir a pescar o en la utilización del sistema actual para pesquerías monoespecíficas ;

32.

recomienda que se valore para cada área de pesca el mejor sistema de gestión pesquera disponible que mejor encaje con la zona de pesca, las especies objetivo y el tipo de flota. La unidad de gestión debe ser el área de pesca, y el conjunto de las especies explotadas en la zona, salvo cuando se consideren especies migratorias;

33.

recuerda que la solución de algunos de los problemas pasa necesariamente por el establecimiento de incentivos para los pescadores individuales, y asociaciones (cogestión) que animen al pescador a practicar una pesca responsable;

34.

propone la creación de un «certificado de excelencia pesquera», auditado por una empresa externa que, al igual que en la política marítima, permita garantizar que las pesquerías se desarrollan bajo unas pautas de ajuste riguroso a la normativa;

35.

considera necesario desarrollar un sistema homogéneo de la observancia y el control de la actividad pesquera mediante el establecimiento de patrones bajo normas ISO, tales como la ISO 17020;

36.

recomienda que se contemplen las pesquerías deportivas y recreativas como aspectos cada día más importantes a tener en cuenta para gestionar las pesquerías. La diversificación de las actividades pesqueras hacia la pesca-turismo debe ser una salida potencial para los pescadores a nivel de titulaciones de patronía compatibles con la actividad, y como foco de absorción de empleo y disminución del esfuerzo pesquero;

37.

señala que la aplicación de la estabilidad relativa puede haber motivado en muchas ocasiones que se incrementen los totales admisibles de capturas (TAC) por encima de las recomendaciones científicas, que puede haber aumentado el número de descartes y haber disminuido la potencialidad de hacer un uso racional de los recursos pesqueros;

38.

comparte con la Comisión que el principio de estabilidad relativa no garantiza que los derechos de pesca se utilicen de la manera más eficaz y eficiente posible. Existe una discrepancia entre las cuotas asignadas a los Estados miembros, las necesidades y usos reales de esa cuota por parte de las flotas nacionales. En consecuencia, recomienda que se revise el principio de estabilidad relativa y que se contrasten los ajustes de las necesidades de cuota de las flotas nacionales con la disponibilidad de derechos de pesca;

39.

considera, en cuanto a los derechos de pesca transferibles, que las CIA (cuotas individuales administradas) pueden constituir una vía de reflexión, pero que en cambio las CIT (cuotas individuales transferibles) representan una amenaza para el equilibrio del sector. Tienen por principal efecto concentrar la capacidad de captura en manos de unas pocas grandes empresas, acelerando así la desaparición de la pesca artesanal. Además, resultaría completamente paradójico reflexionar sobre un régimen diferenciado de gestión de las flotas de pesca artesanal y, al mismo tiempo, permitir que la concesión de derechos de pesca se rija únicamente por las reglas del mercado;

40.

apoya la iniciativa de mantener restricciones de posibilidades de pesca dentro de las 12 millas;

41.

comparte la idea de garantizar que todos los productos pesqueros que acceden al mercado comunitario, incluyendo importaciones, procedan de pesquerías gestionadas de manera sostenible, para así garantizar una igualdad de condiciones en el mercado de la UE; propone que se lleve a cabo una evaluación preliminar del impacto medioambiental antes de conceder las licencias de pesca;

42.

recomienda que se promuevan iniciativas que garanticen el origen de los productos pesqueros incentivando, para los productos frescos, un envasado que sea testigo de su trazabilidad y origen;

43.

considera que se deben incentivar los certificados de excelencia pesquera, a nivel extractivo y a nivel de la comercialización como garantía al consumidor del estricto respeto por el recurso;

44.

suscribe la necesidad de que las organizaciones de productores vean reforzadas sus atribuciones en la gestión de las pesquerías;

45.

pide que se promueva la formación continuada y la detección de las necesidades formativas en las organizaciones de productores, como elemento clave para la mejora de los mercados pesqueros;

46.

suscribe la opinión de la Comisión sobre la necesaria puesta en marcha de la Política Marítima Integrada como instrumento clave para avanzar en los asuntos marítimos que afectan de lleno a otras políticas sectoriales, y en particular a la PPC, siempre desde la óptica del desarrollo sostenible de las regiones costeras, y con especial atención a la sostenibilidad de la pesca y a la adaptación al cambio climático;

47.

considera que, de acuerdo con el principio de la cohesión territorial, la futura supervivencia de las comunidades costeras dependerá de la diversificación y de la creación de una base económica sostenible que, brindando un amplio abanico de oportunidades, permita retener el talento de las futuras generaciones, en lugar de obligarlas a emigrar a ciudades más grandes en busca de una calidad de vida mejor;

48.

recomienda que dentro de la PMI el sector pesquero pueda participar en la concepción y desarrollo de otras actividades que pueden ser complementarias a la pesca, como por ejemplo el turismo-pesca, -como la pesca deportiva o el avistamiento de cetáceos-, la lucha contra la contaminación, el salvamento o la limpieza de fondos;

49.

solicita a la Comisión que elabore, en colaboración con los Estados miembros y las regiones, Sistemas de Información Geográfica (SIG) que permitan la ordenación de usos de la costa;

50.

cree que las asociaciones costeras locales formadas por los entes locales y otras partes interesadas relevantes pueden ser esenciales para garantizar que la Gestión Integrada de Zonas Costeras es eficaz y adopta un planteamiento «de abajo arriba»;

51.

pide a la Comisión que promueva el desarrollo de titulaciones de patronías de pesca polivalentes, válidas en el espacio europeo, que permitan la diversificación de las actividades pesqueras y que sean compatibles con otras actuaciones profesionales;

52.

aplaude las iniciativas dirigidas a mejorar la comunicación entre los científicos, responsables de elaboración de políticas, y grupos interesados, especialmente el Comité Consultivo de Pesca y Acuicultura (CCPA) y los Consejos Consultivos Regionales (CCR);

53.

hace hincapié en que los procedimientos de decisión deben fundamentarse sobre datos y conocimientos sólidos y fiables. Manifiesta su conformidad con las iniciativas que emprenda la Comisión al respecto;

54.

recomienda la realización de un cluster sobre actividad pesquera basado en el conocimiento que permita crear una estructura dinámica, transparente y pública, y que sea con el tiempo un portal de difusión del conocimiento sobre las pesquerías en la UE;

55.

está de acuerdo en que la política estructural ha generado efectos indeseables en el sector pesquero, y en algunos casos ha contribuido a agravar los problemas estructurales en vez de resolverlos. También comparte que la reforma debe abordar la resolución de las deficiencias estructurales del sector, pero estableciendo salvaguardas que eviten efectos indeseables o antagónicos a los de la PPC;

56.

recomienda que se regule el acceso a las ayudas públicas de forma semejante a la realizada en la Política Agrícola Común, instaurándose el concepto de condicionalidad. Sería necesario el cumplimiento de los objetivos fijados por la condicionalidad para percibir las ayudas financieras, regulándose al mismo tiempo las penalizaciones y reintegros;

57.

recomienda la introducción de técnicas de pesca más selectivas y respetuosas con el medio ambiente. Los esfuerzos por hacer frente a estos problemas deben, no obstante, tener en cuenta las especificidades regionales;

58.

considera que el principal objetivo en el ámbito de la dimensión exterior de la PPC debe ser el establecimiento de relaciones económicas y de cooperación con terceros países, en régimen de no discriminación y de mutuo beneficio desde la óptica del ejercicio responsable y sostenible de la actividad pesquera;

59.

comparte con la Comisión la valoración de que haya perdido importancia el mantener a nivel internacional la presencia de la flota comunitaria;

60.

felicita a la Comisión por el cambio del principio de «paga, pesca y vete», por el de Acuerdos de Asociación Pesqueros (AAP), basados en un planteamiento más global y que propicia la cooperación, la gobernanza y la seguridad jurídica de las inversiones comunitarias en el exterior. Se deben mantener los acuerdos de pesca con países no comunitarios, como una herramienta que module la adaptación del sector de la pesca, y que incluyan la acuicultura, la inversión y la cooperación como herramientas de desarrollo;

61.

agradece la propuesta de poder explorar la posibilidad de introducir formas regionales de cooperación en un momento en el que se está impulsando la integración de las regiones como un instrumento de desarrollo;

62.

destaca la excelencia de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) como instrumento de gobernanza del sector, y solicita mayor representación y peso de decisión en las mismas, de forma que se ajuste a criterios definidos, como población o número de países de la UE;

63.

considera necesaria la adopción de acuerdos internacionales para la gestión y control de la pesca en el mar Mediterráneo, el mar Báltico y otras zonas marítimas en las que confluyen las aguas territoriales de Estados miembros de la UE y de terceros países que permitan una explotación equilibrada de los recursos, en un ecosistema de elevada biodiversidad y de una fragilidad manifiesta;

64.

apoya la definición de medidas para establecer un sistema de control más integrado que aúne los sistemas de supervisión y seguimiento existentes, en especial en el área del Mediterráneo. En este sentido, pide a la Comisión que lance un primer proyecto piloto en esta zona, que luego podría extenderse a toda Europa;

65.

apela a una mejor cooperación entre los guardacostas de los Estados miembros y Estados ribereños no comunitarios;

66.

acoge positivamente la Comunicación «Construir un futuro sostenible para la acuicultura» (COM(2009) 162 final), dando un nuevo impulso a la «Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea» (COM(2002) 511 final), que permita afrontar los retos para canalizar el importante desarrollo que puede tener esta actividad, en especial en lo referente a la sostenibilidad medioambiental de la producción, y a la calidad y seguridad de sus productos;

67.

considera que la acuicultura comunitaria contribuye a abastecer el mercado comunitario de los productos pesqueros, con un déficit cada día mayor motivado por la disminución del aporte de la pesca extractiva y por el aumento de la demanda;

68.

es consciente de la importancia socioeconómica de la acuicultura en algunas regiones, generando cerca de 65 000 empleos, y con un volumen de negocio que supera los 3 000 millones de euros;

69.

está de acuerdo en seguir promoviendo la acuicultura, y agradece las iniciativas que la Comisión, el Consejo y el Parlamento han tenido para favorecer el crecimiento del sector acuícola merced a la PPC;

70.

comparte con la Comisión las limitaciones que tiene la acuicultura europea para seguir creciendo, tales como: el acceso al espacio necesario para desarrollarse, la dificultad para obtener las autorizaciones, la fragmentación del sector todavía hoy poco organizado, y las numerosas restricciones para acceder a capitales, junto a las estrictas normas comunitarias, que suponen una restricción de la capacidad para competir con respecto a productores asiáticos o sudamericanos;

71.

agradece los esfuerzos financieros realizados por la UE a través de la política estructural para favorecer el desarrollo sostenible de la acuicultura, y propone, igual que para el sector pesquero, la definición de un principio de «condicionalidad» que establezca requisitos de tipo medioambiental, de seguridad alimentaria o bienestar animal, entre otros, sin cuyo cumplimiento se impida y/o limite el acceso a las ayudas públicas;

72.

comparte la idea de que la UE debe establecer una cadena de actuaciones para el desarrollo competitivo del sector que permitan afrontar una demanda creciente de pescado, que no va a poder ser aportado por las poblaciones de peces salvajes;

73.

está de acuerdo con la idea de que sea la UE la que lidere la «revolución azul», tanto en la producción de peces como en tecnología e innovación, al tiempo que genere a nivel europeo organismos de certificación que garanticen la «excelencia en la producción acuícola en la UE»; considera que la UE debe liderar el desarrollo de métodos ecológicos de piscicultura y fomentar la acuicultura únicamente en lugares donde pueda desarrollarse de manera ecológicamente sostenible y garantizar la preservación del medio ambiente marino a largo plazo;

74.

aplaude la iniciativa de la Comisión de establecer un marco adecuado de políticas y actuaciones para el desarrollo de la acuicultura, que propicie la eliminación de obstáculos a nivel de legislación nacional, especialmente en lo que se refiere a su implantación en las zonas costeras en condiciones de igualdad respecto de otras actividades y a la concesión de permisos, y allane el camino para la progresión de este sector estratégico;

75.

solicita a la Comisión que, junto a los Estados miembros, elabore una hoja de ruta para el año 2010 que determine las limitaciones en el crecimiento de la acuicultura europea y las visualice por regiones, promoviendo la creación de ponencias técnicas en el marco de la PMI, de espacios para el desarrollo acuícola, y de las infraestructuras portuarias necesarias;

76.

solicita que se favorezca el acceso a pólizas de seguros que tranquilicen y no socaven las economías, en muchos casos frágiles, de estos productores;

77.

considera adecuada la creación de la Plataforma Europea de Tecnología e Innovación en Acuicultura (EATIP), que va a permitir a la acuicultura europea mantener su liderazgo a nivel mundial, y dotar al sector de líneas estratégicas en I+D, impulsando la búsqueda de métodos de pesca y acuicultura sostenibles;

78.

solicita que se impulse la EATIP como foro dinamizador de la investigación y el desarrollo para encontrar métodos de pesca y acuicultura sostenibles, y se vertebre esta Plataforma en una red de plataformas nacionales singulares en acuicultura, pesca y oceanografía que canalicen de abajo arriba las inquietudes en I+D, y difundan de arriba abajo las innovaciones y tecnologías emergentes;

79.

destaca la importancia de la Ordenación Marítima a la hora de proporcionar espacios y orientaciones para ubicar esta actividad económica. Una planificación adecuada de espacios permite programar el crecimiento de la acuicultura, determinar sus potenciales de producción, evitar conflictos con otros usuarios de la costa o de zonas continentales, y promover las sinergias entre actividades y entornos en las zonas más dependientes de este tipo de actividades, desde una óptica de sostenibilidad ambiental, social, económica y de mercado;

80.

apoya el establecimiento y promulgación de normas de calidad y etiquetado informativo dentro del espacio europeo, así como la cooperación internacional en materia de etiquetado y de certificación;

81.

comparte la necesidad de ampliar la dimensión internacional de la acuicultura europea, y sentar las bases para planes de control de enfermedades que permitan unas producciones zootécnicamente seguras;

82.

solicita un esfuerzo financiero acorde con los retos que se le presentan a la acuicultura comunitaria y con las expectativas que esta actividad genera;

83.

insta a que se analice la situación de las enseñanzas de formación naútico-pesquera y acuícola, y a que se evalúen las necesidades a medio plazo. Solicita, en este sentido, que se establezca una guía de ruta para los Estados miembros, en un marco europeo de libre circulación de profesionales, que permitan el crecimiento formativo del sector y una culturización europea hacia la acuicultura;

84.

comparte con la UE el empeño en garantizar la compatibilidad entre la acuicultura y el medio ambiente, permitiendo la producción de alimentos de calidad, sanos y seguros, fijando medidas de protección de las zonas de producción con arreglo a la Directiva Marco del agua 2006/60/CE, que insta a los Estados miembros a mejorar su medio acuático en los plazos establecidos, y a la PMI, y adoptar medidas que permitan controlar la evolución de los escapes;

85.

considera que para un crecimiento sostenible de las producciones acuáticas son necesarias actuaciones en los campos de la sanidad animal, bienestar animal, disponibilidad de nuevos medicamentos veterinarios para la acuicultura, así como de de piensos para peces de una elevada calidad y medioambientalmente aceptables;

86.

solicita que se revise el estado de aplicación de la Directiva 88/2006 sobre sanidad en los animales acuáticos en los Estados miembros, y que se elabore un SIG sobre enfermedades de la producción acuícola en el mundo;

87.

insta a que se legisle sobre la puesta en marcha de un libro de registro de las producciones acuícolas, que permita a las Administraciones Públicas conocer la situación puntual de las producciones, las siembras autorizadas y sus orígenes, las densidades de siembra y los programas sanitarios que se estén desarrollando;

88.

considera necesario establecer modelos y protocolos de solicitud y autorización de inmersión de alevines, declaraciones de enfermedades, comunicaciones de escapes, información sobre producciones, evaluaciones de los planes de vigilancia ambiental, control y documentación sanitaria para el movimiento de peces por carretera y por barco; tal y como se ha hecho en otras especies de abasto;

89.

solicita una apuesta financiera mayor para: el control del medio ambiente en las granjas de acuicultura, el desarrollo de programas que mejoren la sanidad animal, las adaptaciones al bienestar animal en la producción acuícola, la investigación sobre medicamentos veterinarios y sobre la utilización de materias primas alternativas para la elaboración de piensos para peces;

90.

apoya la idea de garantizar la protección sanitaria de los consumidores y reconocer las ventajas para la salud de los alimentos de origen acuático;

91.

apoya la iniciativa de favorecer la gobernanza del sector acuícola como medio para mejorar la imagen del sector, y crear unas condiciones de igualdad dentro de la UE que contribuyan a su desarrollo sostenible. En este sentido, sugiere a la Comisión la preparación de una guía para la mejora de la gobernanza en el sector de la acuicultura y de la pesca;

92.

considera acertada la propuesta de una aplicación equilibrada de la normativa de la UE, difundiendo el conocimiento y la aplicación de sus instrumentos, profundizando en los procedimientos de simplificación administrativa y en aquellos que impliquen una reducción de la carga administrativa;

93.

comparte con la Comisión la necesidad de realizar un seguimiento apropiado de la actividad del sector acuícola mediante estadísticas fiables, indicadores globales y armonizados, y con una red pública de precios de mercado;

94.

propone a la Comisión la inclusión en la Agencia Europea de Control Pesquero de una unidad de evaluación y control de las producciones acuícolas;

95.

subraya nuevamente la importancia de la profesionalización y de la formación para que se pueda alcanzar un buen nivel de gobernanza;

96.

se ofrece como foro de difusión y como garante de la participación e información al público de los aspectos relacionados con la acuicultura, para contribuir junto con la Comisión a mejorar la gobernanza del sector acuícola.

29.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/45

—

valora positivamente la serie de medidas e iniciativas políticas de la UE, las cuales obligan a los Estados miembros a conciliar los elementos de sus políticas forestales nacionales con los objetivos comunitarios;

—

subraya el gran potencial que presenta el sector forestal y maderero para la realización de los objetivos de la UE para 2020 y considera que debería estudiarse más a fondo la posible utilización de los ingresos por el RCE para apoyar iniciativas en este ámbito;

—

subraya la importancia de que se fomente una gestión forestal multifuncional;

—

valora positivamente las iniciativas de la UE que limitan la deforestación y la degradación de los bosques; destaca que la maleza y masa verde, que contiene cerca de un 90 % de la reserva de microelementos recogidos por las plantas durante la asimilación y constitución de la masa arbórea, representa una cuota de la biomasa obtenida en la UE. Una cuota demasiado alta puede acarrear el empobrecimiento de los hábitats;

—

acepta plenamente el fomento de la utilización de la madera y otros productos forestales procedentes de bosques gestionados de conformidad con el principio de desarrollo sostenible. Esto se refiere, en particular, a la energía y a las materias primas. Anima a que en los distintos niveles de toma de decisiones se considere una posible fecha de introducción de la certificación obligatoria en el territorio de la UE;

—

recomienda apoyar a las regiones para que introduzcan una política forestal de desarrollo sostenible, que sirve para mitigar el cambio climático: incentivos para los sujetos económicos con medidas como descuentos fiscales, participación en los gastos de innovación, contratos preferenciales para la compra de artículos que sean objeto de producción forestal, ayuda técnica y tecnológica, y participando a la hora de sufragar gastos relacionados con la protección del medio ambiente.

Ponente

:

Adam BANASZAK (PL/UEN-AE), Miembro de la Asamblea Regional de Kuyavia-Pomerania

1.

constata que los bosques contrarrestan el cambio climático al almacenar más de la mitad de los recursos mundiales de dióxido de carbono en la biomasa, lo que significa que su degradación y la deforestación suponen una amenaza para el medio ambiente y el clima. Esto se asocia con la necesidad imperiosa de introducir una política forestal sostenible;

2.

considera que los ecosistemas naturales tienen un delicado equilibrio y que la diversidad de la vida animal y vegetal es crucial para nuestra salud y nuestro bienestar. Los bosques autóctonos/naturales son hábitats importantes que deben gestionarse con arreglo a las leyes forestales y regionales. Por consiguiente, los Estados miembros y las regiones deberían tener la posibilidad de tomar una decisión contraria a la plantación de especies de árboles y plantas modificadas genéticamente;

3.

considera oportuno que la Comisión Europea difunda el uso de biomasa forestal para la producción de energía, así como el apoyo de esta actividad por parte del Comité Forestal Permanente, cuyo resultado es el aumento, aunque todavía demasiado pequeño, de la cuota de este combustible en la producción de energía procedente de fuentes renovables. Al mismo tiempo, destaca que la maleza y masa verde, que contiene cerca de un 90 % de la reserva de microelementos recogidos por las plantas durante la asimilación y constitución de la masa arbórea, representa una cuota de la biomasa obtenida en la UE. Una cuota demasiado alta puede acarrear el empobrecimiento de los hábitats. Esto también se deberá tener en cuenta al elegir las técnicas de cosechado de la madera. En las zonas forestales críticas, ya pobres en nutrientes, las ramas y partes de la cima se deberían dejar en el sitio de la tala o en el bosque;

4.

subraya el gran potencial, aún sin utilizar plenamente, que presenta el sector forestal y maderero para la realización de los objetivos de la UE para 2020 y, en particular, la posibilidad de que aumente mucho más la cuota de la biomasa forestal en su condición de materia prima y su uso como material y en la producción de energía, incluyendo la plantación de árboles de crecimiento rápido. Observa que la utilización material y energética de la madera es un modo de luchar contra el cambio climático mediante el almacenamiento de carbono (madera como producto almacenador), ahorro energético en la fabricación en comparación con otros materiales de construcción, ahorro energético en calefacción en invierno y refrigeración en verano (aislantes derivados de la madera), así como sustitución de fuentes de energía fósiles en la producción de calor y electricidad (combustibles derivados de la madera, explotación térmica de madera de recuperación). Debería estudiarse más a fondo la posible utilización de los ingresos por el RCE para apoyar éstas y otras iniciativas;

5.

considera necesario dinamizar de manera racional la silvicultura para intensificar la producción de madera industrial, lo cual implica a su vez el aumento de la madera para energía;

6.

si bien destaca la ausencia de una política forestal comunitaria, valora positivamente la introducción de un plan de acción del sector forestal de la UE para los años 2007-2011, que está en la dirección correcta de las acciones de la Comisión Europea. A su vez, recomienda que, sin demora, se comience a considerar en el marco jurídico y estructural las medidas intersectoriales de la Comisión Europea en materia de bosques que permitan la coordinación de las acciones en este ámbito tras el año 2011. Aparte del plan de acción para los años siguientes, podría crearse una institución a nivel de la UE responsable de la coordinación de la política forestal;

7.

respalda que se forme e informe a los propietarios de bosques sobre las posibilidades de practicar una silvicultura respetuosa de los principios del desarrollo sostenible y que, de esta manera, tome en consideración tanto la protección de la biodiversidad como la producción de árboles de calidad y con el cultivo de variedades de árboles de crecimiento rápido usados con fines energéticos. Pide que se ayude ampliamente, tanto a través de medidas de asesoramiento como económicamente, a dichos propietarios;

8.

apoya las investigaciones y las iniciativas científico-investigadoras orientadas a las tecnologías modernas que permitan la obtención y producción de madera con un menor impacto ambiental (también en plantaciones forestales destinadas a la obtención de madera con fines energéticos) que con los métodos tradicionales, así como aquellas que permitiendo un desarrollo sostenible abaraten los costos de gestión;

9.

celebra y valora positivamente las prestaciones de los sistemas actuales de certificación voluntaria, respalda su conservación y recomienda que se apoyen ampliamente con otros instrumentos, incluyendo financieros, y también, en el futuro, como instrumento para contribuir a que se siga deteniendo la entrada de madera y productos de origen ilegal. Sugiere que esto forme parte de una iniciativa más amplia para la certificación a escala mundial. Recomienda, en línea con iniciativas como FLEGT (aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales), que se ilegalicen la importación y la posesión de madera producida ilegalmente fuera de la UE. Al mismo tiempo, destaca que las condiciones jurídicas y económicas de certificación y de «Natura 2000» se diferencian de forma significativa en los distintos países y regiones. Señala, por otra parte, que la certificación de productos de la madera no es siempre un apoyo óptimo a los objetivos superiores de gestión de zonas protegidas. Recomienda, así, que se tengan en cuenta estas diferencias y exigencias en el sentido de la subsidiariedad y proporcionalidad;

10.

subraya la importancia de que se fomente una gestión forestal multifuncional, la cual, además de las tareas básicas relacionadas con la producción de madera, desempeñe también otras funciones más allá de las productivas con importancia desde el punto de vista económico y forestal, como el turismo, las funciones de bienestar, protección y descanso, la caza, el uso del monte bajo entendido de forma amplia y la obtención de usos específicos (entre otros, resina, corteza para curtir, corcho, etc.). El aumento de la importancia económica de estas funciones más allá de la producción se logrará con el aumento simultáneo de la biodiversidad de los hábitats, e influirá positivamente en el desarrollo de zonas rurales;

11.

destaca la necesidad de que las autoridades regionales y locales colaboren a la hora de tomar decisiones relativas a la política forestal de la UE;

12.

recomienda encarecidamente que aumente a escala comunitaria el apoyo a la introducción de plantaciones de árboles forestales de crecimiento rápido con fines energéticos, cultivados con arreglo a métodos sostenibles desde el punto de vista medioambiental, lo que activará las zonas rurales al crear un mercado laboral adicional y constituirá un factor de desarrollo económico de las microrregiones;

13.

teniendo en cuenta los objetivos 20/20/20, destaca la importancia de que todos los Estados miembros participen en el respeto a la utilización de la biomasa con fines energéticos, de tal forma que se alcance la cuota de energías renovables pretendida en la producción general de energía; hace hincapié, no obstante, en que el desarrollo de la madera para energía debería también ser una preocupación de los entes territoriales tanto desde el punto de vista de la oferta de combustible (gestión específica de los bosques en función de las características de los entes territoriales) como de la demanda (fomentar el mercado local de madera para energía a través de agentes públicos y privados de la zona);

14.

anima a que se siga expandiendo la utilización de la biomasa forestal para la producción de energía y a que el Comité Forestal Permanente continúe apoyando esta actividad, si bien, no obstante, propone que se emprendan medidas que limiten la cuota de biomasa obtenida de maleza y masa verde;

15.

señala que el interés en la producción y uso de la bioenergía procedente de madera dependerá de las condiciones económicas en forma de impuestos, entre otros, en los Estados miembros, así como de la cantidad de subvenciones para el fomento de la utilización de combustibles de madera y de la forma de dirigir este apoyo. Este respaldo ayudará a acelerar el desarrollo de las zonas rurales y generará desarrollo sostenible del medio ambiente en estos territorios. El CDR pide a los Estados miembros que no deparen un trato discriminatorio en su política fiscal a los biocombustibles respecto de los combustibles de origen fósil;

16.

valora positivamente las iniciativas de la UE que limitan la deforestación y la degradación de los bosques, lo que contrarresta el cambio climático y la disminución de los territorios que participan en la fijación del dióxido de carbono;

17.

observa gratamente los efectos de la supervisión sostenible de los bosques destinada a su protección, ya que el estado de estos bosques y su salubridad garantizan un alto coeficiente de absorción de gases de efecto invernadero y la estabilización del clima;

18.

señala la mejora creciente en la gestión de los bosques en parte de los Estados miembros, en los cuales, al respetarse los principios de la economía de desarrollo sostenible al tiempo que se respeta la multifuncionalidad de las zonas boscosas -previniéndose, entre otros, los incendios-, se elimina de manera racional materia orgánica inerte con fines bioenergéticos, teniéndose en cuenta las normas derivadas de la certificación y de «Natura 2000»;

19.

valora positivamente la serie de medidas e iniciativas políticas de la UE, las cuales obligan a los Estados miembros a conciliar los elementos de sus políticas forestales nacionales con los objetivos comunitarios;

20.

teniendo en cuenta que el aumento de la boscosidad incrementa la absorción de dióxido de carbono, y que a ello van asociados efectos beneficiosos para la estabilización del clima, el Comité de las Regiones también recomienda que para el desarrollo de la política rural se aumenten los fondos destinados al mantenimiento y la mejora de las masas forestales existentes, así como a la reforestación de los suelos y a los cuidados culturales asociados a todo ello; insiste en este contexto en que tal aumento de los fondos debe ir supeditado a la condición de que ello no lleve a un deterioro de la biodiversidad;

21.

Teniendo en cuenta que, en determinados países o regiones de la UE, los incendios forestales constituyen la principal amenaza para la conservación de sus ecosistemas forestales constituidos por formaciones de arbolado y matorral, y que son debidos, además de a las desfavorables condiciones meteorológicas, a la acumulación excesiva de combustibles por la falta de aprovechamiento o abandono de los terrenos forestales dada su escasa rentabilidad, que propicia que los fuegos producidos alcancen una mayor intensidad y virulencia, viéndose seriamente dificultadas las tareas de extinción, debe fomentarse y prestarse apoyo a la aplicación de una silvicultura preventiva cuya ejecución haga que las masas forestales sean más resistentes a la propagación del fuego, recurriendo a tratamientos silvícolas para la disminución y modificación del combustible vegetal y a la creación y mantenimiento de cortafuegos. La biomasa residual procedente de estos trabajos debe ser destinada a la producción energética renovable, contribuyendo a mitigar las emisiones de CO2.

22.

aprovechando la experiencia obtenida hasta la fecha relativa a la supervisión de los daños forestales ocasionados por los incendios, por el aumento de insectos dañinos y por los patógenos fúngicos así como el efecto negativo de las inundaciones, con lo que empeora la salud y la vitalidad del bosque, considera que se debe animar a los Estados miembros a que sigan desarrollando las redes de supervisión;

23.

recomienda apoyar a los Estados miembros y a las regiones para que introduzcan una política forestal de desarrollo sostenible, que sirve para mitigar el cambio climático. Se deberían favorecer las iniciativas nacionales, regionales y locales orientadas a crear incentivos para los sujetos económicos con medidas como descuentos fiscales, participación en los gastos de innovación, contratos preferenciales para la compra de artículos que sean objeto de producción forestal, ayuda técnica y tecnológica, y participando a la hora de sufragar gastos relacionados con la protección del medio ambiente;

24.

recomienda la amplia promoción de artículos cuya materia prima de elaboración sea la madera, que constituyen una garantía para el almacenamiento prolongado del carbono absorbido durante la asimilación de dióxido de carbono por las áreas forestales, en particular en la construcción;

25.

subraya la necesidad, ya presentada a escala internacional, de la UE, nacional, regional y local, de que exista un enfoque político intersectorial bien coordinado que contemple adecuadamente la evolución de la situación mundial y cuyo objetivo sea garantizar una gestión de los recursos forestales verdaderamente sostenible, que aúne una estrategia para mitigar el cambio climático con acciones para adaptarse al mismo. Así pues, pide a la UE que asuma un liderazgo mayor en la comunidad internacional y apoya los esfuerzos que realizan los Estados miembros para cumplir con las obligaciones relacionadas con la mitigación del cambio climático contraídas en el marco de la CMNUCC y en el protocolo de Kyoto, así como la ayuda otorgada para adaptarse a los efectos del cambio climático – (6 acciones básicas del programa para el periodo 2007-2011); acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de crear un Mecanismo Mundial del Carbono Forestal (MMCF) en el marco de la CMNUCC, basado en un sistema de financiación permanente, y propone dedicar una parte significativa del resultado de las subastas de derechos de emisión previstas por el RCCDE a la lucha contra la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo;

26.

indica la necesidad de continuar apoyando la política forestal, ya que ésta está estrechamente relacionada con el objetivo de aumentar la eficiencia energética en un 20 % hasta el 2020 y con la reducción del dióxido de carbono, en lo que influye el gran territorio ocupado por bosques, que constituye casi el 35 % de la superficie de Europa. Con el objetivo de lograr dicha eficiencia energética se deberá apoyar la utilización térmica de la biomasa favoreciéndola sobre la producción de energía eléctrica. Para ello se deberá realizar un esfuerzo en su contabilización incluyéndola en los balances energéticos globales, ya que es la utilización de la biomasa más eficiente;

27.

destaca la necesidad de seguir emprendiendo acciones que limiten el aumento de los daños bióticos y abióticos, incluyendo los de origen antropogénico, en los bosques, lo que ya se tuvo en cuenta en el plan de acción para el periodo 2007-2011;

28.

señala el funcionamiento de una serie de buenas soluciones introducidas por la UE que se deberán seguir desarrollando, incorporándose al debate y a la búsqueda de nuevas ideas a expertos de diversos países, en particular de aquéllos en los cuales la economía forestal funciona mejor, y a representantes de los entes locales y regionales de los territorios en los que este sector económico es de especial importancia;

29.

observa el papel destacado de la identificación y difusión de los problemas forestales en toda Europa, incluida la UE, por parte de la MCPFE (Conferencia Ministerial sobre la Protección de los Bosques en Europa), y recomienda el fortalecimiento de la colaboración con esta institución;

30.

recomienda que se comience a considerar en el plano jurídico y estructural las medidas intersectoriales de la Comisión Europea que permitan coordinar las acciones en el ámbito de la política forestal europea, lo que será de gran importancia tras la conclusión del «Plan de acción para el periodo 2007-2011»;

31.

con respecto a la intersectorialidad de las cuestiones forestales, recomienda que se comience a trabajar en la creación de una institución destacada responsable de la política forestal de la UE y que se dote a dicha institución de los instrumentos financieros necesarios;

32.

respalda el apoyo a medidas educativas e informativas en el ámbito de la protección del medio ambiente, aunque considera que los efectos del aumento de la concienciación social sobre el tema de los beneficios resultantes de la economía forestal sostenible siguen siendo insuficientes; de esto se deriva que en las sociedades de la UE sigan sin entenderse plenamente los beneficios resultantes para el desarrollo de las zonas rurales;

33.

recomienda que se aumente el apoyo a las acciones educativas e informativas, en particular tanto para los propietarios de bosques como para los gestores forestales, en materia de economía forestal sostenible y de la cuota de la biomasa forestal en el objetivo orientado a lograr las prioridades 20/20/20;

34.

la ciencia y la economía forestal tienen una importancia clave para la adaptación al cambio climático mediante una modificación de las prácticas relacionadas directamente con el cultivo del bosque que adapte las variedades adecuadas a una localización determinada y restituya los tipos de bosques que garantizarán una mayor flexibilidad con respecto al cambio climático. En especial, se puede ejercer así una importante influencia en los bosques de montaña reforzando su función de protección eficaz contra los riesgos naturales;

35.

respalda las iniciativas científico-investigadoras que analizan las posibilidades energéticas de las diversas variedades de árboles y los modos de plantación para su cultivo, la adaptabilidad a los diferentes entornos climáticos y geográficos y la mejora genética, cuya ejecución conllevará el aumento de la biomasa forestal utilizada tanto para la producción de madera industrial como de madera con fines energéticos, lo que permite aumentar la cantidad recogida para ambos fines. Por otra parte, también se deberán explorar y evaluar sistemáticamente las repercusiones ecológicas;

36.

acepta plenamente el fomento de la utilización de la madera y otros productos forestales procedentes de bosques gestionados de conformidad con el principio de desarrollo sostenible. Esto se refiere, en particular, a la energía y a las materias primas. Asimismo, respalda la certificación que garantiza un modo de gestión de los territorios forestales adecuado y evita la introducción de madera de origen desconocido en el mercado, pero hace hincapié igualmente en el papel de gestión que pueden desempeñar los entes locales y regionales;

37.

apoya que se impulse la certificación mundial de la madera y los productos derivados, por ejemplo con la iniciativa FLEGT contra la tala ilegal de bosques, siempre y cuando se base en los actuales sistemas de certificación (PEFC o FSC), y otras iniciativas orientadas a llegar a acuerdos contra este tipo de fenómeno, las cuales, al favorecer los productos provenientes de entidades certificadas, contribuyen a detener de forma eficaz la entrada de madera y productos de origen ilegal;

38.

anima a que en los distintos niveles de toma de decisiones se considere una posible fecha de introducción de la certificación obligatoria en el territorio de la UE;

39.

teniendo en cuenta que el aumento de la biodiversidad incrementa la resistencia de los bosques, por lo que permite aprovechar las posibilidades potenciales de los hábitats en un grado mucho mayor, señala la importancia de favorecer las acciones orientadas en esta dirección (aumento de la biodiversidad), teniendo siempre en cuenta la multifuncionalidad de los bosques y su desarrollo sostenible y, a tal fin, sugiere que las nuevas plantaciones se gestionen de acuerdo con los principios de sostenibilidad del medio ambiente a fin de proteger los suelos, la flora y la fauna;

40.

subraya que los bosques contrarrestan el cambio climático, entre otros, gracias a su economía multifuncional, al almacenar el 77 % de los recursos mundiales de dióxido de carbono en la biomasa, y desempeñan un papel clave en el ciclo global del carbono, al tiempo que regulan los ciclos biológicos y protegen el suelo y la tierra, por lo que, si no se les presta una atención especial, no se logrará ningún objetivo ecológico;

41.

exhorta a los Estados miembros y a la Unión Europea a que conjuntamente aprovechen la ocasión que brinda 2011 como Año Internacional de los Bosques para realizar un avance decisivo en el sector forestal y de la madera.

29.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/50

—

comparte la opinión de que los abusos sexuales y la explotación sexual de los niños, incluida la pornografía infantil, considerados en el contexto de la trata de personas junto con otras formas de explotación relacionadas con la mendicidad, la participación en los circuitos de la microcriminalidad o la extracción de órganos, constituyen graves violaciones de los derechos humanos y, en particular, de la dignidad humana y de los derechos del niño y exigen la adopción de un enfoque común inflexible por parte de la UE;

—

es consciente de que las imágenes pornográficas de abusos sexuales a niños y otras formas de explotación sexual de los niños están aumentando y extendiéndose mediante el uso de las nuevas tecnologías y de que las medidas para contrarrestar estas prácticas no han sido lo suficientemente rápidas ni eficaces. Por este motivo debe organizarse una respuesta adecuada a todos los niveles, incluida la educación y el desarrollo de las cualificaciones del personal de las instancias competentes a nivel local y regional, a fin de ayudar a detectar y prevenir estas actividades.

—

coincide en que las penas deberán ser efectivas, disuasorias y proporcionadas a la gravedad del delito, también con objeto de hacer que la investigación y el enjuiciamiento sean más efectivos, y de mejorar la aplicación del Derecho internacional y la cooperación judicial;

—

comparte la opinión de que los delitos graves como la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, así como otros fenómenos de explotación relacionados con la trata de seres humanos, exigen la adopción de un enfoque común que abarque la acción judicial contra los delincuentes, la protección de los niños víctimas y la prevención y supervisión del fenómeno, e incluya medidas educativas y de sensibilización pública;

—

hace hincapié en que la trata de seres humanos es a la vez una cuestión mundial y un problema local. Por este motivo, resulta imprescindible que los entes locales se encuentren en la línea de frente de esta lucha. Para que las políticas de aplicación de la ley y enjuiciamiento sean eficaces, se necesita una colaboración amplia entre todos los niveles de gobierno, las organizaciones de empresarios, el sector privado, las organizaciones sindicales y las ONG.

Ponente

:

Ján Oravec (SK/PPE), Alcalde de Štúrovo

1.

comparte la opinión de que los abusos sexuales y la explotación sexual de los niños, incluida la pornografía infantil, considerados en el contexto de la trata de personas junto con otras formas de explotación relacionadas con la mendicidad, la participación en los circuitos de la microcriminalidad o la extracción de órganos, constituyen graves violaciones de los derechos humanos y, en particular, de la dignidad humana (artículo 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales) y de los derechos del niño (artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales y Convención de Nueva York de 1989 sobre los Derechos del Niño), y exigen la adopción de un enfoque común inflexible por parte de la UE;

2.

reitera que los niveles local y regional, por estar más próximos al ciudadano, pueden ser el primer punto de contacto para las víctimas de abusos sexuales. Una mejora en la asignación de recursos contribuirá a una participación más global en las políticas, así como a la elaboración de estrategias para combatir este fenómeno;

3.

es consciente de que las imágenes pornográficas de abusos sexuales a niños y otras formas de explotación sexual de los niños están aumentando y extendiéndose mediante el uso de las nuevas tecnologías y de que las medidas para contrarrestar estas prácticas no han sido lo suficientemente rápidas ni eficaces. Por este motivo debe organizarse una respuesta adecuada a todos los niveles, incluida la educación y el desarrollo de las cualificaciones del personal de las instancias competentes a nivel local y regional, a fin de ayudar a detectar y prevenir estas actividades;

4.

la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, que tiene una amplia dimensión transfronteriza, introduce una aproximación de las legislaciones de los Estados miembros para tipificar las formas más graves de explotación y abusos sexuales contra los niños, ampliar la competencia nacional y prestar una asistencia mínima a las víctimas, tanto antes como después de que se haya emitido el veredicto;

5.

considera que el Protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía y, en particular, el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra los abusos sexuales y la explotación sexual, constituyen medidas cruciales en el proceso de cooperación creciente en este ámbito. Por ello invita a los Estados miembros a que sigan de forma más activa el proceso de ratificación de la Convención del Consejo de Europa;

6.

comparte la opinión de que los delitos graves como la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, así como otros fenómenos de explotación relacionados con la trata de seres humanos, exigen la adopción de un enfoque común que abarque la acción judicial contra los delincuentes, la protección de los niños víctimas y la prevención y supervisión del fenómeno, e incluya medidas educativas y de sensibilización pública. Todas las medidas dirigidas a combatir estos delitos deberán aplicarse teniendo en cuenta los intereses superiores del niño y respetando sus derechos. La Decisión marco 2004/68/JAI debe ser sustituida por un nuevo instrumento que proporcione el marco jurídico general para alcanzar ese propósito y proteja a los niños en todos los Estados miembros frente a criminales procedentes de todos los Estados miembros;

7.

apoya la opinión de que las formas graves de abusos sexuales y explotación sexual de los niños han de ser objeto de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Entre ellas se incluyen las nuevas formas de abusos sexuales y explotación sexual que se sirven de las tecnologías de la información. También es preciso aclarar la definición de pornografía infantil y aproximarla a la contenida en los instrumentos internacionales. También deberán armonizarse las normas relativas a los procedimientos, a fin de garantizar que se trate a los delincuentes de la misma manera y, sobre todo, de evitar demoras innecesarias que puedan difuminar la dimensión rehabilitadora de la pena;

8.

deberá facilitarse la investigación y la acción judicial en los procedimientos penales, habida cuenta de la dificultad de las víctimas para denunciar los abusos y del anonimato de los delincuentes en el ciberespacio. Deberá establecerse un mandato claro de investigación, con una jurisdicción material y territorial claramente definida;

9.

considera que, para contribuir eficazmente a esta lucha, la policía municipal y local, que dispone del conocimiento más amplio posible del contexto local y por ello puede resultar determinante a la hora de descubrir estas actividades delictivas, debe tener la posibilidad de acceder a las bases de datos, estar formada para detectar este tipo de actividades y contar con las competencias adecuadas;

10.

coincide en que deberán modificarse las normas jurisdiccionales para garantizar que las personas que abusan sexualmente de los niños o los explotan en la Unión Europea sean enjuiciadas aunque cometan los delitos fuera de la Unión Europea, en particular a través del denominado turismo sexual. No obstante, la UE también deberá ejercer su influencia política y económica para crear un entorno jurídico similar en terceros países;

11.

coincide en que los niños víctimas deben disfrutar de un fácil acceso a las vías de recurso y no deben sufrir por participar en un procedimiento judicial. Por lo tanto, debería hacerse un uso habitual de las distintas tecnologías disponibles para recoger los testimonios de las víctimas, en particular en el caso de los niños. De esta manera se reducirá la necesidad de repetir los interrogatorios o de mantener contactos directos entre las víctimas y los agresores;

12.

reconoce que, para prevenir y reducir la reincidencia de los delincuentes, éstos siempre deberán ser sometidos a una evaluación de su peligrosidad y de los posibles riesgos de reincidencia en los delitos sexuales contra los niños, y poder acceder voluntariamente a programas o medidas eficaces de intervención, en los que también deberán participar activamente los entes locales;

13.

propone que, cuando la peligrosidad o los posibles riesgos de reincidencia en los delitos así lo aconsejen, los delincuentes condenados puedan ser inhabilitados, con carácter temporal o permanente, en caso necesario, para el ejercicio de actividades que impliquen contactos regulares con niños. Deberá facilitarse la aplicación de tales prohibiciones en el conjunto de la UE, y los entes locales y regionales deberán participar de manera efectiva en el proceso;

14.

para combatir la pornografía infantil, especialmente cuando los materiales originales no se encuentren en la UE, deberán crearse mecanismos para bloquear el acceso desde el territorio de la Unión a las páginas de Internet identificadas que contengan o difundan pornografía infantil;

15.

de acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, esta Decisión marco se limita a lo mínimo necesario para alcanzar estos objetivos a escala comunitaria y no excede de lo necesario a tal fin;

16.

señala que esta Decisión marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, principalmente la dignidad humana, la prohibición de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, los derechos del niño, el derecho a la libertad y la seguridad, la libertad de expresión e información, la protección de datos personales, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y los principios de legalidad y proporcionalidad de las sanciones y los delitos. En particular, la Decisión marco se propone garantizar el pleno respeto de estos derechos. La Decisión marco no pretende regular las actividades sexuales consentidas entre menores;

17.

recuerda que la trata de seres humanos es a la vez una cuestión mundial y un problema local. Por este motivo, resulta imprescindible que los entes locales se encuentren en la línea de frente de esta lucha. Para que las políticas de aplicación de la ley y enjuiciamiento sean eficaces, se necesita una colaboración amplia entre todos los niveles de gobierno, las organizaciones de empresarios, el sector privado, las organizaciones sindicales y las ONG;

18.

coincide en que la trata de seres humanos es un delito grave, cometido a menudo en el marco de la delincuencia organizada, y constituye una grave violación de los derechos humanos. Apoya, por lo tanto, un enfoque holístico, unificado e inflexible por parte de la UE con respecto a este fenómeno, considerándolo una de sus tareas prioritarias;

19.

apoya el compromiso de la Unión Europea en la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos, y con la protección de los derechos de sus víctimas. Con este fin, se adoptaron la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos, y el Plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla (2005/C 311/01);

20.

acoge favorablemente que la Decisión marco adopte un enfoque integrado y global para luchar contra la trata de seres humanos. Un mayor rigor en cuanto a prevención y enjuiciamiento, y la protección de los derechos de las víctimas, son objetivos importantes de esta Decisión marco; los niños, a causa de su edad, pueden encontrarse en situaciones precarias, son más vulnerables y, por tanto, corren mayor riesgo de ser víctimas de la trata de seres humanos. Todas las disposiciones de esta Decisión marco deben aplicarse habida cuenta de los intereses superiores del niño de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas de 1989 sobre los Derechos del Niño;

21.

es consciente de que el Protocolo de las Naciones Unidas del año 2000 para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio del Consejo de Europa de 2005 sobre la lucha contra la trata de seres humanos constituyen avances cruciales en el proceso de reforzar la cooperación internacional en la lucha contra la trata de seres humanos. Al objeto de potenciar el proceso de aproximación de la legislación, esta Decisión marco adopta la definición lata de delito incluida en los instrumentos anteriormente mencionados de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. La definición cubre también los diversos tipos de víctimas –no sólo mujeres, sino también menores y hombres– y las distintas formas de explotación –no sólo la sexual, sino también la laboral, la mendicidad y la participación de menores en redes de pequeña delincuencia, así como la trata de seres humanos relacionada con la extracción de órganos, que puede vincularse al tráfico de órganos, constituyendo todas estas variantes una grave violación de la dignidad humana y la integridad física;

22.

coincide en que las penas deberán ser efectivas, disuasorias y proporcionadas a la gravedad del delito, también con objeto de hacer que la investigación y el enjuiciamiento sean más efectivos, y de mejorar la aplicación del Derecho internacional y la cooperación judicial; las circunstancias agravantes deben tener en cuenta la necesidad de proteger en especial a las víctimas en situaciones de vulnerabilidad, con inclusión de todas las víctimas infantiles y de aquellos adultos que sean vulnerables por razón de sus circunstancias personales o las consecuencias físicas o psíquicas del delito. En cualquier caso, es necesario que todas las instituciones encargadas de la protección del menor y todas aquellas activas en el ámbito de los derechos humanos colaboren, de la misma manera que es esencial que tanto la actividad de investigación a cargo de las agencias de seguridad como la administración de justicia se lleven a cabo con eficacia;

23.

está de acuerdo en que las víctimas deben ser protegidas contra el enjuiciamiento y el castigo, tras una decisión de la autoridad competente, por los delitos en los que se hayan visto implicados como consecuencia directa de ser objeto de los medios ilícitos empleados por los traficantes de seres humanos tales como infracciones de las leyes de inmigración, uso de documentos falsos o delitos contemplados por las leyes relativas a la prostitución; no obstante, las circunstancias deberían juzgarse de manera coherente y sensible; un objetivo adicional de tal protección es animarles a actuar como testigos en procedimientos penales;

24.

si bien la Decisión marco del Consejo de 15 de marzo de 2001 relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (2001/220/JAI) establece un conjunto de derechos de las víctimas en los procedimientos penales incluidos el derecho a la protección y la indemnización, las víctimas de la trata de seres humanos se hallan igualmente en una situación de vulnerabilidad y, por tanto, se requieren medidas específicas para ellas; dichas víctimas que sufren las consecuencias de las actividades delictivas relacionadas con la trata de seres humanos, incluida la extracción de órganos, deben ser protegidas frente a la intimidación y la victimización secundaria, es decir, una mayor victimización o trauma resultante de la forma como se desarrolla el procedimiento penal; por otra parte, deben establecerse medios para garantizar la protección e indemnización efectivas;

25.

considera que las víctimas necesitan poder ejercer de forma efectiva sus derechos; por lo tanto, se les debe proporcionar la asistencia apropiada –en algunos casos universalmente obligatoria– antes, durante y después del procedimiento penal; esta Decisión marco establece la obligación por parte de los Estados miembros de proporcionar a las víctimas asistencia suficiente para que se puedan recuperar, así como para su protección;

26.

está convencido de que la trata de seres humanos mueve enormes sumas de dinero y conlleva el enriquecimiento de los delincuentes implicados en esta actividad ilegal, y anima a los Estados miembros a que utilicen los medios confiscados a los delincuentes para financiar servicios terapéuticos y de integración suplementarios para estos niños;

27.

si bien la Directiva 2004/81/CE prevé la expedición de un permiso de residencia a las víctimas de la trata de seres humanos que sean nacionales de un tercer país, y la Directiva 2004/38/CE regula el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, incluida la protección ante la expulsión, la Decisión marco establece medidas protectoras específicas para las víctimas de la trata de seres humanos, y no se ocupa de las condiciones de su residencia en el territorio de los Estados miembros ni de otros aspectos que sean competencia de la Comunidad;

28.

considera que, además de las medidas adoptadas para los adultos, los Estados miembros deben asegurarse de que haya medidas específicas de protección para las víctimas infantiles;

29.

acoge favorablemente la iniciativa consistente en que los Estados miembros deben establecer o reforzar sus políticas para impedir la trata de seres humanos, incluidas medidas para desalentar la demanda que estimula todas las formas de explotación mediante la investigación, información, mayor sensibilización y educación, así como con campañas de comunicación social a nivel europeo que puedan promover la definición holística de la trata y combatir el fenómeno de la llamada victimización secundaria; en tales iniciativas los Estados miembros deben tomar en consideración las diferencias de trato por razón de género y los derechos del niño;

30.

[la Directiva 2009/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas en materia de sanciones aplicables a los empleadores de residentes ilegales nacionales de terceros países] establece sanciones para los empleadores de residentes ilegales nacionales de terceros países que, sin haber sido acusados o condenados por trata de seres humanos, hagan uso del trabajo o los servicios de una persona a sabiendas de que es víctima de dicha trata; además, los Estados miembros deberán considerar la posibilidad de imponer sanciones a los usuarios de cualquier servicio exigido a una víctima, a sabiendas de que ha sido objeto de trata de seres humanos;

31.

está de acuerdo con la propuesta consistente en que deberán establecerse sistemas de control nacionales, tales como ponentes nacionales o mecanismos equivalentes, para recoger datos y realizar evaluaciones sobre las tendencias de la trata de seres humanos, cuantificar los resultados de la política contra la trata de seres humanos y orientar a gobiernos y parlamentos sobre acciones para evitarla;

32.

señala la necesidad de abordar también los motivos que permiten a los grupos organizados traficar con seres humanos; estos motivos son, sobre todo, la desesperación y la situación económica y social a menudo insostenible en los países de origen; muchas víctimas se ven literalmente arrojadas a los brazos de los grupos organizados ante la perspectiva de una oportunidad para mejorar su situación; los grupos explotan entonces a sus víctimas para el trabajo ilegal, la prostitución, la mendicidad, el tráfico de órganos u otra actividad ilegal;

33.

señala que la detección de este tipo de actividad delictiva, el descubrimiento de su origen y la vigilancia del entorno pueden facilitarse en gran medida con la contribución de la policía municipal y local, que conoce a la perfección el entorno local. Sin embargo, para ello ha de tener acceso a las bases de datos, estar formada para detectar este tipo de actividades delictivas y contar con las competencias adecuadas;

34.

apoya enérgicamente las medidas de la Unión Europea encaminadas a evitar la inmigración ilegal, puesto que los inmigrantes ilegales son, en efecto, víctimas potenciales de la trata de seres humanos;

35.

puesto que el objetivo de la Decisión marco, luchar contra la trata de seres humanos, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos y, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a su dimensión y efectos, a nivel comunitario, la Unión puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad con arreglo a lo establecido en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea; de conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en el citado artículo, esta Decisión marco no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo;

36.

señala que esta Decisión marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios establecidos, en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y especialmente los relativos a la dignidad humana, la prohibición de la esclavitud, de la servidumbre y de la trata de seres humanos, la prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, los derechos del niño, el derecho a la libertad y la seguridad, la libertad de expresión y de información, la protección de los datos personales, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y a los principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas;

37.

reconoce que las personas que han sido objeto de trata de seres humanos siempre sufren un trauma y una estigmatización a raíz de esta experiencia y que, a menudo, los entes locales y regionales son los que tienen la responsabilidad de los servicios de rehabilitación y reinserción. Este papel debería reconocerse y convendría asignar los recursos adecuados para apoyarles en esta tarea.

29.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/55

—

propone que la Directiva encomiende a los Estados miembros que obliguen (y no sólo estimulen) a los productores de AEE a diseñar productos que puedan fácilmente repararse, desmontarse, reutilizarse y recuperarse. La tasa que apliquen los programas de conformidad debería estar vinculada a la posibilidad de reutilizar o reciclar un producto determinado;

—

solicita la aplicación de un índice de recogida distinto a cada categoría de productos, Y recomienda que se calcule el objetivo sobre la base del ciclo medio de vida de los AEE; los Estados miembros deberán también ser una salvaguarda contra la introducción de RAEE pequeños en el flujo de residuos no seleccionados;

—

considera que es necesario introducir una obligación clara y fácilmente comprensible para los productores de financiar los costes de recogida de RAEE y las instalaciones correspondientes. La ampliación de la responsabilidad de los productores a los costes de la recogida selectiva en los hogares debería ser obligatoria, a fin de garantizar una mayor armonización de la responsabilidad financiera y crear condiciones equitativas en la UE;

—

recomienda la introducción de un objetivo separado relativo a la reutilización de aparatos en un porcentaje mínimo del 5 %, con arreglo a la jerarquía de procedimientos en relación con los residuos. Esto podría ayudar a resolver la actual aversión a volver a utilizar los aparatos procedentes de la recuperación y a garantizar la reutilización de los aparatos de alta calidad;

—

cree que la totalidad de los costes de eliminación de los RAEE que contengan sustancias peligrosas de forma que no provoquen daños en la salud humana ni en el medio ambiente debería ser incluida en el precio de los productos; lamenta, no obstante, que no se amplíe la lista de sustancias cuya prohibición se propone en el anexo IV de la Directiva RAEE;

—

hace un llamamiento para que se preste una mayor atención al papel de la educación ecológica, con campañas de concienciación de la sociedad. Hay que apoyar a los entes locales y regionales en la preparación y realización de estas acciones, cuya eficacia tiene una enorme importancia para modelar los comportamientos de los consumidores.

Ponente

:

Jerzy Zająkała (PL/UEN-AE), Alcalde de Łubianka

1.

Destaca la importancia de la regulación responsable de los aspectos relativos a la gestión adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) teniendo en cuenta su importante influencia sobre el medio ambiente y la salud.

2.

Subraya que en la mayoría de los Estados miembros los entes locales y regionales son responsables de la aplicación de la política comunitaria de gestión de residuos. Elaboran planes, conceden autorizaciones y gestionan sistemas para la recogida y el tratamiento de residuos. Por este motivo, deberían desempeñar un papel clave en el proceso de desarrollo de nuevos métodos y propuestas en materia de gestión de residuos.

3.

Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea para la refundición de las directivas y la toma en consideración en su propuesta del contenido de un dictamen anterior del Comité del año 2000, en el que el Comité solicitaba que se redujesen los costes y las cargas injustificados para los operadores del mercado y las administraciones, se mejorase la eficacia y, sobre todo, se limitase el impacto de esta cadena de residuos en rápido crecimiento sobre el medio ambiente.

4.

Afirma que la política medioambiental de la Comunidad se basa en el principio de «quien contamina paga». La responsabilidad del productor, que se desprende directamente de este principio, constituye un elemento clave de la gestión de residuos y es la piedra angular de la Directiva sobre los RAEE.

5.

Señala los retrasos en la transposición de la directiva RAEE, por lo que no se garantiza a tiempo a los entes locales y regionales ni a los productores unas instrucciones claras con respecto a la aplicación adecuada de las normas jurídicas.

6.

Pide que la nueva Directiva sobre los RAEE garantice que los programas de conformidad ofrezcan una compensación apropiada y continuada a los entes locales y regionales correspondientes por los posibles esfuerzos financieros o administrativos que se les exigirán para aplicar la Directiva.

7.

Considera que es preciso examinar ambas directivas en la medida de lo posible de forma paralela y en relación con otros actos jurídicos de la UE sobre esta cuestión, ya que sólo este método permite resolver los problemas de manera adecuada.

8.

Espera que se uniformice la posición de todos los participantes en la cadena de residuos (productores, distribuidores, entes locales y regionales) en lo que se refiere a su responsabilidad en la recogida de RAEE de los hogares. La situación actual, en que los Estados miembros aplican procedimientos diferentes, provoca una diferenciación injustificada de los costes incurridos por dichos participantes, lo que a su vez contribuye a distorsionar las normas de la competencia. Sin embargo, acepta que los métodos de recogida puedan variar de una región a otra, en función de las condiciones y circunstancias locales.

9.

Confirma que la refundición de las directivas es conforme al principio de subsidiariedad. El carácter transfronterizo de las repercusiones sobre la salud y el medio ambiente que conllevan los RAEE y RUSP, así como de la libre circulación de productos en el mercado, hacen que el nivel adecuado de regulación sea el de la UE. Las iniciativas individuales de los Estados miembros pueden conducir a limitar la protección del medio ambiente y a problemas en el mercado interior, como, por ejemplo, el aumento de los costes vinculados a la conformidad para los productores y consumidores.

10.

Señala que el objetivo de la directiva RUSP es lograr una mayor coherencia y sinergia con otros actos jurídicos comunitarios en este ámbito que afectan a los mismos productos, en particular REACH. La clarificación del alcance y las definiciones, la introducción de cláusulas armonizadas relativas a la ejecución de las normas y la mejora del mecanismo de concesión de excepciones aumentan la seguridad jurídica.

11.

Destaca lo acertado de la armonización del ámbito de aplicación de las directivas regulada en el artículo 2 y las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Directiva RAEE. La claridad y la consistencia de estas normas con las disposiciones del Derecho comunitario relacionadas con este ámbito mejora la claridad de la legislación y contribuye a limitar los costes administrativos.

12.

Advierte los aspectos positivos de la armonización relativa al registro de los productores de AEE, aunque señala que el actual sistema de registro ha sido adoptado por algunos Estados miembros en los últimos cuatro años y ha resultado caro. La introducción del nuevo sistema de registro de los productores debería ir precedido de la verificación de su eficacia. Observa al mismo tiempo que deberán seguir cumpliéndose los requisitos establecidos por los entes locales y regionales a efectos de la elaboración de informes.

13.

Expresa su satisfacción por los requisitos mínimos de control que deberán aplicar los Estados miembros y por los requisitos mínimos de vigilancia de los traslados de RAEE, con los que se apoya la aplicación de la Directiva. Insta al mismo tiempo a los Estados miembros a que velen por que se asignen recursos suficientes a los órganos responsables para la aplicación de las disposiciones jurídicas, incluido el apoyo a la formación del personal responsable de garantizarla. Además, debería comprometerse a la red IMPEL (1) en la elaboración de los requisitos mínimos de vigilancia.

14.

Señala la ausencia de normas claras relativas al control y la vigilancia del cumplimiento por los sistemas colectivos e individuales de los requisitos que les han sido impuestos, así como sobre el cumplimiento por parte de los distintos productores de sus obligaciones financieras de conformidad con la Directiva.

15.

Lamenta que en la refundición no se preste la atención suficiente a estimular un mercado paneuropeo para la venta de los productos reciclados y recuperados. Podrían utilizarse para ello instrumentos de regulación de la demanda (adquisiciones públicas ecológicas, incentivos para la compra de materiales reciclados, por ejemplo, con impuestos sobre los materiales vírgenes cuando existan productos reciclados alternativos, etc.). Sin duda esto serviría para reducir el volumen de RAEE e influir positivamente en la confianza de la sociedad en que los RAEE sean tratados adecuadamente.

16.

Hace un llamamiento para que se preste una mayor atención al papel de la educación ecológica, con campañas de concienciación de la sociedad dirigidas a todos los grupos de edad, adaptadas a las condiciones locales y a los modelos de consumo. La eficacia de estas acciones tiene una enorme importancia para modelar los comportamientos de los consumidores. Hay que apoyar a los entes locales y regionales en la preparación y realización de estas acciones.

17.

Insta a la UE y a los Estados miembros a que inicien y apoyen investigaciones científicas en el ámbito de la gestión eficaz de los productos recuperados y sus componentes, así como de la búsqueda de métodos eficaces de concienciación de los ciudadanos sobre actitudes ecológicas.

18.

Insta a la UE y a los Estados miembros a que apoyen actividades encaminadas a aumentar la concienciación de los consumidores y el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros y los entes locales y regionales.

19.

Considera esencial que los acuerdos de recuperación de los RAEE no varíen en función del valor de los materiales.

20.

Señala que es preciso establecer una clara diferenciación entre la reutilización de aquellos productos que no se han convertido aún en residuos (no se les debería incluir entre los objetivos) y la reutilización de productos que se han convertido en residuos, como, por ejemplo, los procedentes de las instalaciones de recogida de residuos gestionadas por los entes locales. Destaca la dificultad existente para vigilar el estado de los RAEE depositados en los puntos de recogida de residuos y el hecho de que en el caso de determinados aparatos antiguos ineficaces resulta más adecuado destinarlos al reciclado antes que a su reutilización.

21.

Acoge favorablemente la clarificación del ámbito de aplicación de la Directiva y que se especifiquen claramente las categorías y tipos de AEE en los anexos a la Directiva RUSP. Señala, no obstante, la posibilidad de que surjan problemas en la clasificación de productos de doble uso. Insta, por lo tanto, a que se considere a estos productos como RAEE procedentes de los hogares. De no hacerse así, en determinadas situaciones esto puede llevar a un traslado injustificado de los costes a otros sujetos y a reducir la financiación para los RAEE procedentes de los hogares. Esta clasificación ofrecería más claridad y más certidumbre a los productores.

22.

Propone que la Directiva encomiende a los Estados miembros que obliguen (y no sólo estimulen) a los productores de AEE a diseñar productos que puedan fácilmente repararse, desmontarse, reutilizarse y recuperarse, con la consiguiente reducción del volumen de aparatos usados en los vertederos y destinados a la incineración. En este contexto cabe mencionar la introducción de un sistema de incentivos en favor de los productores que superen los niveles fijados de recuperación de productos con respecto al nivel exigido para cada grupo de productos.

23.

Desea señalar un problema en la aplicación del índice de recogida en los sistemas colectivos: si se aplica de forma global (para todos los aparatos) a un sistema (colectivo), como propone la Comisión Europea, podrían producirse efectos no deseados. En este caso es probable que los programas de conformidad se centren primero en los aparatos pesados (que aportan la mayor parte del peso al flujo), en vez de en los aparatos muy ligeros. Debe evitarse que este índice de recogida cree un mecanismo que se centre únicamente en los aparatos pesados, en vez de hacerlo en aquellos con elevado impacto medioambiental. Para ello y como requisito mínimo, debería aplicarse un índice de recogida distinto a cada categoría de productos.

24.

Reconoce que la modificación de la fórmula utilizada para calcular el nivel previsto de recogida de RAEE con respecto al método actual –calculado sobre la base del número de kilos por habitante– para pasar a un porcentaje del peso medio de los aparatos introducidos en el mercado, va en la dirección adecuada. No obstante, el período de dos años para calcular la media no tiene en cuenta el ciclo de vida real de determinados tipos de AEE, que con frecuencia supera con creces los dos años. Señala asimismo que un mayor ciclo de vida de los AEE reduce el problema de los residuos, lo cual debería hacer que los consumidores prefieran este tipo de aparatos al tomar sus decisiones.

25.

Recomienda además que se calcule el objetivo sobre la base del ciclo medio de vida de los AEE, y no de la venta de nuevos productos en los dos años precedentes. El plazo de dos años para realizar el cálculo resulta arbitrario y podría generar repercusiones no deseadas para el medio ambiente, ya que los ciclos de vida de los distintos tipos de aparatos eléctricos y electrónicos difieren considerablemente.

26.

Señala su preocupación por el hecho de que el objetivo siga basándose en el peso, pues ello no refleja el impacto medioambiental de los productos, y destaca las dificultades para persuadir a los consumidores de que entreguen los AEE de pequeñas dimensiones para su reciclado. Señala que un gran número de estos aparatos se deposita en contenedores para residuos municipales y por lo tanto va a parar por esta vía a los vertederos. Pide por lo tanto que se tengan en cuenta los aparatos de pequeñas dimensiones en los requisitos para los Estados miembros enumerados en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva.

27.

Subraya que el principio de «quien contamina paga» implica que el coste de gestión de los RAEE debería ser soportado por los consumidores a través de los productores de equipos eléctricos y electrónicos, y no por los contribuyentes, sobre todo a través de los entes locales. Por tanto, ello supone que los productores de equipos eléctricos y electrónicos son responsables del coste de la recogida, la gestión y el tratamiento de los RAEE, además del coste de informar y de adaptar el diseño de los productos. El principio de la responsabilidad del productor ofrece la base para una cooperación adecuada y clara entre los productores y los entes locales y regionales para alcanzar los objetivos de la Directiva.

28.

Señala los temores expresados por los productores de AEE (2) en cuanto a que, si bien es cierto que se les considera responsables con razón del cumplimiento de los objetivos de recogida, sólo tienen una capacidad de control limitada al respecto, por ejemplo, en lo que se refiere a la accesibilidad de los puntos de recogida y la cantidad de residuos generados por los consumidores. El artículo 7, apartado 1, deja, efectivamente, constancia de que, en definitiva, los productores son responsables de alcanzar los porcentajes de recogida. Señala, no obstante, que es necesario:

29.

Pide que la responsabilidad de los productores se amplíe y que la recogida selectiva de los hogares sea obligatoria, no opcional.

30.

Acoge favorablemente el aumento del 5% de los objetivos mínimos fijados en el artículo 11, apartado 1, y el hecho de que dichos objetivos también incluyan actualmente a los productos médicos. Recomienda la introducción de un objetivo separado relativo a la reutilización de aparatos en un porcentaje mínimo del 5%, con arreglo a la jerarquía de procedimientos en relación con los residuos. Esto podría ayudar a resolver la actual aversión a volver a utilizar los aparatos procedentes de la recuperación y a garantizar la reutilización de los aparatos de alta calidad.

31.

Señala que los productores de productos B2C tienen un interés escaso o nulo por fomentar la reutilización de sus aparatos. Por eso no se reutilizan. La inclusión de los objetivos de reutilización en el objetivo de reciclado no alterará la situación. Los productores intentarán cumplir el objetivo simplemente con el reciclado y dejarán de lado la posibilidad de la reutilización. Sin embargo, la experiencia de las organizaciones de reutilización es que un 20-30 % de todos los AEE desechados funciona perfectamente o puede volver a funcionar con pequeñas reparaciones. El CDR se toma muy en serio la jerarquía de procedimientos en relación con los residuos y está a favor de la reutilización de los aparatos enteros. Por lo tanto, propone un objetivo distinto para la reutilización de aparatos enteros.

32.

Recuerda que la flexibilidad que ofrecen determinadas disposiciones de la Directiva actual y la definición poco clara en las legislaciones nacionales de las obligaciones y responsabilidades ha supuesto en muchas ocasiones para los entes locales cargas administrativas y económicas desproporcionadas. Los costes que, según la Directiva, deberían soportar los productores terminan recayendo en los entes locales, porque a ellos corresponde normalmente la obligación legal de la recogida de residuos y tienen que intervenir cuando el sistema de recogida de residuos del productor no funciona debidamente. El CDR considera que los entes locales y regionales no tienen por qué soportar las consecuencias económicas de las carencias de la legislación relativa a los RAEE.

33.

Expresa su inquietud por la persistencia de la elevada contaminación provocada por las sustancias y materiales peligrosos utilizados en los AEE. No sólo siguen utilizándose en estos productos numerosas sustancias y materiales peligrosos, sino que además, durante el reciclado de estos productos y su tratamiento posterior a su retirada de la explotación, se generan otras sustancias dañinas, como dioxinas y furanos.

34.

Señala que es necesario actuar para romper el vínculo entre el crecimiento económico y el aumento del volumen de residuos, incluidos aquellos que contienen sustancias peligrosas. Subraya que la sociedad no debería pagar impuestos adicionales por los costes de gestión de los residuos que contienen sustancias peligrosas. El uso de sustancias peligrosas en los AEE es el resultado de la voluntad de los productores (y distribuidores que importan productos de terceros países), por lo que la totalidad de los costes de eliminación de los RAEE que contengan sustancias peligrosas de forma que no provoquen daños en la salud humana ni en el medio ambiente debería ser incluida en el precio de los productos.

35.

Destaca lo acertado de la decisión de trasladar a un anexo de la directiva la lista de sustancias prohibidas admisibles y de sus concentraciones máximas. Lamenta, no obstante, que no se amplíe la lista de sustancias cuya prohibición se propone en el anexo IV. Esto concierne, en particular, a los HBCDD, DEHP, BBP y DBP en todos los AEE.

36.

Pide que se analicen los distintos argumentos tanto a favor de la plena aplicación de REACH a través de la Directiva RUSP como de los argumentos favorables a que la Directiva RUSP siga siendo un complemento del proceso REACH, teniendo en cuenta que la Directiva RUSP fija un calendario más estricto para la presentación de sustancias químicas que acaban de identificarse como peligrosas, y a las que es necesario sustituir por alternativas más seguras.

37.

Acoge con satisfacción que la revisión cuatrienal se haya sustituido por un período máximo de cuatro años de vigencia para las excepciones, con la posibilidad de solicitar su prórroga, a fin de estimular los esfuerzos para la sustitución de las sustancias y trasladar la carga de la prueba desde los organismos públicos hacia el productor o distribuidor que presenta la solicitud.

38.

Insta a la Comisión a que establezca inmediatamente normas detalladas para conceder excepciones, a fin de proporcionar seguridad jurídica a los operadores económicos, y a que introduzca modos de empleo de los nuevos criterios basados en los efectos y beneficios socioeconómicos a los que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra b), en relación con la concesión y revisión de excepciones.

39.

Destaca la claridad y la coherencia de las disposiciones de los artículos 6 a 8 y señala que la reducción del número de productos no conformes a las normas mediante una vigilancia más rigurosa y armonizada del mercado constituye un método con una buena relación coste-eficacia para aumentar los beneficios que la Directiva conlleva para el medio ambiente.