25.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 76/1

A.

Considerando que el conflicto en la Franja de Gaza ha agravado aún más la crisis humanitaria en esta región, que ha alcanzado niveles inhumanos; y considerando que el 88 % de la población de Gaza depende de la ayuda alimentaria,

B.

Considerando que los pasos fronterizos de entrada y salida de Gaza han estado cerrados durante dieciocho meses y que el bloqueo a la circulación de personas y mercancías obstaculiza la entrega de ayuda humanitaria a la población, y considerando que la cantidad de mercancías que se permite introducir en Gaza es insuficiente para cubrir incluso las necesidades humanitarias elementales,

C.

Considerando que sectores clave de los servicios públicos de la Franja de Gaza se están enfrentando a carencias graves debido a la falta de materiales básicos necesarios para su funcionamiento; considerando que la falta de medicamentos y de combustible en los hospitales sigue poniendo en peligro vidas palestinas,

D.

Considerando que el UNRWA y el Programa Alimentario Mundial (PMA) están desempeñando un papel crucial de suministro de bienes básicos a la población de la Franja de Gaza, con pleno apoyo de la comunidad internacional; considerando que parte de la ayuda alimentaria destinada a mejorar las condiciones de vida en la región ha caducado debido a los obstáculos con que tropieza la cadena de suministro; considerando que los días 3 y 5 de febrero de 2009 Hamás confiscó cientos de paquetes de alimentos y miles de mantas destinadas a civiles de Gaza, que fueron devueltos a raíz de las suspensión por el UNRWA de todas las importaciones de ayuda a la Franja de Gaza,

E.

Considerando que la considerable ayuda financiera de la Unión Europea a los palestinos ha desempeñado un papel importante para evitar una catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza; considerando que, a pesar de todos los obstáculos, la Unión continúa prestando ayuda humanitaria,

F.

Considerando que el 2 de marzo de 2009 se celebrará en Sharm El Sheikh una conferencia internacional para el apoyo a la economía palestina con vistas a la reconstrucción de Gaza,

1.

Reconoce los sufrimientos de la población palestina de la Franja de Gaza y pide el aumento inmediato y sin obstáculos de la ayuda humanitaria que se les facilita, pues es un deber moral prestarla y debe suministrarse sin condiciones ni restricciones; pide a las autoridades israelíes que permitan un flujo continuo y adecuado de ayuda humanitaria, que incluya todos los materiales necesarios para que el UNRWA y otras agencias de las Naciones Unidas e internacionales puedan desempeñar sus funciones y que cubra las necesidades de la población;

2.

Pide una vez más el fin del bloqueo de la Franja de Gaza, en cumplimiento del Acuerdo sobre circulación y acceso de 15 de noviembre de 2005, la reapertura inmediata y sostenible de los pasos fronterizos para personas y mercancías y la prevención del contrabando y el tráfico ilícito de armas y municiones;

3.

Pide una evaluación exhaustiva de los daños sufridos por la Franja de Gaza y un análisis en profundidad de las necesidades de la población de Gaza, que puedan servir como base para los planes de reconstrucción;

4.

Pide la rehabilitación financiera, económica y social de la Franja de Gaza, que es un factor esencial para la seguridad de la región; recuerda que, de acuerdo con los compromisos de la comunidad internacional y de la Unión, la ayuda debe incluir importes en metálico para pagar salarios, pensiones y subsidios a las personas y las familias más vulnerables, y pide a las autoridades israelíes que no impidan las transferencias de dinero bancarias;

5.

Opina, en particular con miras a la conferencia internacional para el apoyo a la economía palestina con vistas a la reconstrucción de Gaza que se celebrará el 2 de marzo de 2009 en Sharm El Sheikh, que para lograr una reconstrucción sostenible y una política de desarrollo de la Franja de Gaza es necesario un alto el fuego duradero apoyado por la reanudación de negociaciones serias de paz entre israelíes y palestinos, junto con un proceso de reconciliación nacional palestina;

6.

Destaca una vez más que el apoyo económico de la Unión a los palestinos no debe verse socavado por la destrucción continua, que está reduciendo el apoyo de la opinión pública europea a los proyectos de reconstrucción;

7.

Pide a la Comisión que elabore una panorámica general y una evaluación de las perspectivas a medio y largo plazo de los proyectos de reconstrucción en la Franja de Gaza financiados por la Unión en el marco de PEGASE (Mecanismo Europeo-Palestino de Gestión y Ayuda Socio-Económica) y ECHO (Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea) y de sus implicaciones presupuestarias; insta a otros donantes a que asuman compromisos en la mencionada conferencia internacional y a que reiteren los compromisos que asumieron en la conferencia de donantes, celebrada en París el 17 de diciembre de 2007;

8.

Destaca una vez más que la rúbrica 4 del presupuesto de la UE sufre una infrafinanciación crónica y que no debe comprometerse ayuda adicional a Gaza en detrimento de otras políticas; destaca además que la financiación adicional solo podrá movilizarse recurriendo a todos los medios previstos en el Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (5);

9.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, al Enviado Especial del Cuarteto a Oriente Próximo, al Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, al Consejo Legislativo Palestino, al Gobierno de Israel y a la Knesset.

25.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 76/3

A.

Considerando que el respeto de los derechos del niño es fundamental para disponer de oportunidades en su propia vida y para progresar hacia la erradicación de la pobreza,

B.

Considerando que los roles de género que una sociedad asigna a sus niños tienen un efecto determinante en su futuro, esto es, en el acceso a los alimentos y a la educación, en su participación como fuerza laboral, en su estatuto en las relaciones sociales, y en su salud física y psicológica,

C.

Considerando que todavía distamos mucho de alcanzar los objetivos de la Convención sobre los Derechos del Niño,

D.

Considerando que 1900 millones —esto es, el 86 %— de los 2200 millones de niños en el mundo viven en países en desarrollo, y que el 98 % de los niños que sufren una situación de pobreza extrema se encuentra también en los países en desarrollo,

E.

Considerando que cada día mueren en el mundo más de 26 000 niños menores de cinco años, muchos de ellos por causas que podrían evitarse, y que, si continúa esta tendencia, el objetivo ODM de reducir en dos tercios el número de muertes infantiles no podrá alcanzarse hasta el año 2045,

F.

Considerando el punto 9 del Programa de acción adoptado por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, reunida en Pekín del 4 al 15 de septiembre de 1995, el cual constituye también un principio fundamental enunciado en todas las conferencias internacionales del decenio precedente relativas a los derechos del niño,

G.

Considerando que si todos los Estados miembros ratifican el Tratado de Lisboa, la protección de los derechos del niño se convertirá en un objetivo específico de la política exterior de la Unión,

H.

Considerando que la Comisión ha recibido el mandato del Consejo de analizar el impacto de los incentivos positivos en la venta de productos obtenidos sin la intervención de trabajo infantil, y de examinar e informar sobre la posibilidad de adoptar medidas adicionales con respecto a aquellos productos obtenidos utilizando las peores formas de trabajo infantil,

I.

Considerando que el derecho de los niños a la educación no es negociable y que la educación y la formación profesional desempeñan un papel importante en la estrategia para la eliminación gradual del trabajo infantil,

J.

Considerando que la explotación comercial de los niños constituye una grave violación de su dignidad humana y es contraria a los principios de justicia social,

K.

Considerando que los compradores de mercancías procedentes del mundo en desarrollo están en una posición clave para detectar y negarse a comprar mercancías fabricadas en su totalidad o en parte con trabajo infantil, y que, por lo tanto, pueden ejercer una efectiva presión económica,

1.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Un lugar especial para la infancia en la acción exterior de la UE», los documentos de trabajo complementarios a ésta y las Conclusiones del Consejo sobre la misma cuestión, como un paso importante hacia la elaboración de una estrategia de la UE sobre los derechos del niño;

2.

Reconoce que las instituciones de la UE han concedido una importancia creciente a los derechos del niño, si bien destaca que queda mucho camino por recorrer hasta hacer realidad los compromisos políticos asumidos, y que no podrá llevarse a cabo ninguno de los planes previstos a menos que se faciliten los medios suficientes;

3.

Destaca la importancia que reviste alcanzar los ODM en lo que se refiere a los esfuerzos dirigidos a salvaguardar los derechos de los niños, e insta a los Estados miembros a que cumplan sus compromisos de ofrecer financiación suficiente y previsible, por medio de una ayuda presupuestaria vinculada a un calendario y dirigida a alcanzar los objetivos señalados para el año 2010;

4.

Pide a la Unión que actúe decididamente para eliminar todo tipo de discriminación contra las niñas (desde el momento de la concepción) y asigne fondos suficientes para la lucha contra las desigualdades derivadas de dicha discriminación;

5.

Acoge favorablemente los principios directores del Plan de Acción de la Comisión sobre los derechos de la infancia en la acción exterior, que incluye un enfoque global y coherente basado en los derechos del niño;

6.

Reconoce que un enfoque basado en los derechos del niño debe tomar como fundamento las normas y principios definidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y orientarse hacia su plena realización;

7.

Insta a la Comunidad Europea a que se adhiera al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y a los demás convenios relativos al ejercicio de los derechos del niño, la adopción, la explotación sexual, el trabajo infantil, la protección de los niños en el marco de los conflictos armados y los malos tratos a los niños;

8.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos, y que refuercen su apoyo a las reformas de los sistemas jurídicos de terceros países destinadas a proteger a los niños;

9.

Destaca que toda acción en favor de los derechos del niño debe respetar el lugar prioritario que corresponde a los padres y a la red familiar inmediata del niño, así como a las personas que lo tienen a su cargo o asumen la custodia del niño, concediendo especial atención a mejorar la posición de las madres;

10.

Recuerda, no obstante, que para el niño que sufra dificultades en su familia puede resultar beneficioso que se le separe momentáneamente de ella como medida de protección, especialmente en caso de problemas psicosociales o psiquiátricos de los padres, o cuando existan pruebas de violencia en la familia, de maltrato o de abusos sexuales;

11.

Destaca la necesidad urgente de prestar una atención especial a las niñas y los niños más vulnerables y excluidos socialmente, entre otros, los discapacitados, los inmigrantes, los pertenecientes a minorías, los niños no acompañados o separados de sus familiares y aquellos que no están al cuidado de sus padres;

12.

Destaca que, con el fin de poner en práctica un enfoque basado en los derechos de los niños, la UE debe llevar a cabo un análisis en profundidad de los derechos del niño, en particular con ocasión de la aprobación o la revisión de los documentos de estrategia nacionales, regionales o temáticos sobre cuya base puedan seleccionarse las acciones y los programas dirigidos a abordar las cuestiones relativas a los niños; a este respecto pide a la Comisión que proporcione al Parlamento, lo antes posible o con ocasión de las revisiones intermedias de los programas de desarrollo, un informe sobre acciones y asignaciones financieras relacionadas con los niños;

13.

Destaca que los derechos del niño deben integrarse de forma sistemática en el diálogo político de la UE y en las negociaciones políticas con los países socios;

14.

Pide a la Comisión que elabore un informe en el que se indique si en los acuerdos internacionales vigentes celebrados entre la Unión Europea y terceros países figura ya una cláusula jurídicamente vinculante en materia de protección de los derechos del niño y, de no ser así, si podría añadirse a los acuerdos;

15.

Considera que debe institucionalizarse la participación de los niños y mejorarse su financiación en los países socios de la UE y en ésta;

16.

Apoya el desarrollo de redes de jóvenes y niños como plataformas duraderas para la participación y consulta de los niños, al tiempo que pide a la Comisión que solicite la participación sistemática de estas redes en los debates relativos a los documentos de estrategia por países, así como en la elaboración de los instrumentos de planificación nacionales;

17.

Insta a la Comisión a que asista a los países socios en la elaboración de previsiones presupuestarias favorables a los niños, especialmente en aquellos casos en que la UE preste un apoyo de tipo presupuestario, y que desarrolle planes nacionales de acción infantil que sean integrados y exhaustivos, con referentes claros, objetivos mensurables, plazos y mecanismos de revisión, y con información sobre los derechos del niño;

18.

Insiste en que el apoyo presupuestario general de la UE debe incluir fondos para la creación de capacidades para ministerios relevantes (tales como los ministerios de Bienestar, Sanidad, Educación y Justicia), con el fin de asegurar que tienen las políticas y herramientas adecuadas para presupuestar y llevar a ejecución servicios para los niños;

19.

Destaca que, en su acción exterior, la Unión Europa debe instar firmemente a los gobiernos de los terceros países a que cumplan las normas internacionales en materia de derechos del niño, en particular en lo que respecta a la prestación de servicios sociales básicos a los niños, tales como la distribución gratuita de alimentos en las escuelas y guarderías, y el acceso a la asistencia sanitaria; subraya, al mismo tiempo, que garantizar el acceso equitativo a la educación de los niños en situaciones de conflicto armado y en situaciones de postconflicto constituye una inversión importante en la prevención de conflictos;

20.

Señala que, a pesar de los últimos desarrollos positivos a nivel comunitario, los recursos institucionales y humanos de la UE dedicados a los derechos del niño siguen siendo insuficientes;

21.

Recomienda el nombramiento de un representante especial de la UE en este ámbito, con el fin de garantizar la visibilidad y la representación de los derechos del niño;

22.

Considera que una persona concreta debería asumir la responsabilidad de los asuntos relativos a los derechos del niño en cada una de las delegaciones de la Comisión, e insta a ésta y a los Estados miembros a que velen por que todo el personal de las oficinas centrales y de las misiones y delegaciones estén convenientemente formados al respecto y reciban notas explicativas sobre el modo de integración de los derechos del niño en las acciones exteriores, así como sobre la forma de gestionar con eficacia y seguridad la participación de los niños;

23.

Pide que la protección de los derechos del niño tal y como se define en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ocupe un lugar destacado en el marco plurianual de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; considera que dicha Agencia debería crear una red con organizaciones, defensores del menor y organizaciones no gubernamentales para beneficiarse de sus conocimientos y experiencia;

24.

Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de abordar las vulneraciones de los derechos del niño, como el trabajo infantil, la trata de niños, los niños soldados, los niños víctimas de conflictos armados y todas las formas de violencia contra los niños, incluidas la explotación sexual y las tradiciones que perjudican a los niños; insiste, no obstante, en que se haga especial hincapié en las causas profundas de estos fenómenos y en la prevención de las vulneraciones de los derechos del niño;

25.

Pide a la Comisión que incluya la lucha contra la impunidad en sus acciones exteriores y en las relaciones con los terceros países, como una medida importante para prevenir que se vulneren los derechos del niño;

26.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que concedan prioridad a la elaboración de estrategias y sistemas nacionales de protección del niño en los países socios, que puedan prestar servicios de apoyo a los niños y a sus familias antes de que pueda causarse ningún daño a los niños;

27.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen estructuras institucionales en los países socios para proteger y promover los derechos del niño, incluyendo defensores del pueblo independientes;

28.

Considera que también deben realizarse esfuerzos para aumentar la comprensión y el respeto por los derechos del niño entre los padres y los cuidadores, así como entre las personas que trabajan con niños, tales como profesores y trabajadores sanitarios;

29.

Insta al Consejo y a la Comisión a que el registro oficial de nacimientos se incluya en la política de cooperación para el desarrollo como un derecho fundamental y un instrumento importante para la protección de los derechos del niño;

30.

Reconoce que el cuidado y la educación de los niños más pequeños constituye un derecho del niño, concretamente en lo que se refiere a la vacunación, la educación por los padres y el acceso a guarderías y escuelas infantiles; que la edad infantil es un momento importante para el desarrollo del niño y que la mala nutrición y la falta de cuidados pueden causar discapacidades físicas e intelectuales;

31.

Destaca que es esencial alcanzar el ODM 2 sobre la educación primaria universal y el ODM 3 sobre la igualdad de género, con el fin de prevenir las violaciones de los derechos de los niños;

32.

Destaca la necesidad de intervenciones especialmente destinadas a las niñas para que tengan las mismas oportunidades que los niños de asistir a la escuela, obtener alimentos suficientes, poder expresar sus opiniones y tener acceso a cuidados sanitarios;

33.

Insta a la Unión a que conceda prioridad al derecho a la educación, especialmente para las niñas, en los programas de ayuda y en el marco del diálogo con los países socios; destaca la necesidad de luchar contra las discriminaciones persistentes en las familias desheredadas que no pueden sufragar los costes de escolarización para todos sus hijos y optan por escolarizar a los niños en detrimento de las niñas;

34.

Destaca que las facilidades y programas educativos deben adaptarse a las necesidades específicas de las niñas y ofrecer, por ejemplo, formas alternativas de educación fuera de las instituciones formales o un horario flexible para tomar en consideración a las niñas que cuidan de sus hermanos;

35.

Destaca que la inversión en la educación de las niñas es la que tendrá el mayor impacto en términos de erradicación de la pobreza, reducción del crecimiento de la población, reducción de la mortalidad infantil, reducción de la malnutrición, aumento de la asistencia a la escuela y mejora de la salud;

36.

Destaca que la educación de calidad debería tener carácter prioritario, especialmente en situaciones de conflicto y vulnerabilidad, y aplaude el proyecto de la Comisión de abordar la cuestión de la educación en sus operaciones de ayuda humanitaria; subraya la necesidad de orientaciones operativas que comprometan a la UE a incluir la educación en todas las fases de su respuesta humanitaria, de acuerdo con las normas mínimas establecidas por la Red de Agencias para la Educación en casos de Emergencia, y pide una financiación y un personal suficientes a nivel de la UE para aplicar este nuevo compromiso político;

37.

Insiste en que ningún niño debe ser privado del derecho fundamental a la educación debido a la falta de recursos económicos y reitera su llamamiento a todos los gobiernos de los países en desarrollo para que establezcan un calendario claro para la rápida abolición de las tasas escolares directas e indirectas para la educación básica, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de educación;

38.

Destaca que, en las relaciones de la UE con terceros países, revisten la mayor importancia los proyectos destinados a desarrollar las competencias sociales de los niños, la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad respecto al medio ambiente, especialmente en el contexto de la lucha contra el cambio climático;

39.

Recuerda que, con el fin de desincentivar el trabajo infantil, es fundamental comprometerse políticamente en favor de opciones coherentes en las políticas de reducción de la pobreza, la enseñanza de calidad y los derechos humanos;

40.

Insta a la Comunidad Europea y a los Estados miembros a que presten un mayor apoyo al comercio justo y a las iniciativas de etiquetado que alientan a las empresas a no recurrir al trabajo infantil; recomienda que se controle mejor el respeto de los códigos voluntarios de conducta sobre derechos laborales básicos y que se hagan más transparentes para los consumidores europeos; considera que la adjudicación de contratos públicos debería subordinarse al respeto de las normas internacionales sobre el trabajo infantil;

41.

Acoge con satisfacción la iniciativa del Consejo de iniciar un estudio sobre el impacto de incentivos positivos sobre la venta de productos producidos sin utilizar trabajo infantil y sobre posibles medidas adicionales, incluyendo medidas comerciales; pide a la Comisión que informe al Parlamento acerca del diseño, aplicación y resultados del estudio;

42.

Insta a la Comisión a que proponga un método uniforme para el etiquetado de productos importados en la UE de manera que se certifique que han sido fabricados sin la utilización del trabajo infantil en cada fase de la cadena de producción, por ejemplo, mediante la indicación «sin trabajo infantil» en el etiquetado de los productos en cuestión, asegurando así que este sistema se ajusta a las normas comerciales internacionales de la OMC;

43.

Llama la atención sobre el ODM 4 relativo a la reducción de la mortalidad infantil y el ODM 6 relativo a la lucha contra el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades, y anima a la Comisión y a los demás donadores a que refuercen los sistemas de sanidad que ofrecen al conjunto de la población servicios de maternidad, neonatalidad y pediatría rentables, y que integren en estos servicios sanitarios medidas vinculadas a determinadas enfermedades, como el suministro de mosquiteros de cama contra la malaria y medicamentos antirretrovirales;

44.

Lamenta las presiones dirigidas a socavar las políticas relativas a los derechos de sanidad sexual y reproductora, que provocan un aumento de los embarazos no deseados y de los abortos practicados en condiciones peligrosas para las jóvenes; insta a la UE a que mantenga los mismos niveles de financiación para todos los servicios de sanidad sexual y reproductora, con miras a alcanzar el ODM 5 relativo a la mejora de la sanidad materna;

45.

Señala los efectos particularmente adversos de la crisis de los precios de los alimentos sobre los niños y subraya la necesidad de estrategias generales para aumentar la seguridad nutritiva, lo que no sólo significa el acceso a alimentos adecuados sino también el acceso a micronutrientes, agua potable, higiene y facilidades sanitarias, cuidados sanitarios, cuidados infantiles adecuados y un medio ambiente saludable;

46.

Saluda el impresionante marco político de la UE para afrontar la tragedia de los niños víctimas de conflictos armados, al tiempo que reclama que se refuercen los mecanismos de control, sensibilización y formación, con miras a asegurar una aplicación adecuada sobre el terreno;

47.

Considera que un asesor en materia de protección infantil debe formar parte de todas las misiones PESD, y subraya que la formación para el personal participante en las misiones de la PESD debe cubrir las cuestiones de protección infantil;

48.

Señala que los programas de Desarme, Desmovilización e Integración (DDI) apoyados por las misiones de la PESD deberían tomar en consideración las necesidades específicas de los niños;

49.

Pide que se preste una atención especial a las necesidades de las madres niñas en situaciones de conflicto y de postconflicto, las de los refugiados y de las niñas internamente desplazadas, así como de las niñas que son victimas de violaciones y violencia sexual;

50.

Pide a la Comisión que invierta en programas destinados a prevenir y responder a la violencia sexual y de género contra niñas y niños, que deben incluir el suministro de equipos de profilaxis a posteriori (PEP) para evitar la infección del VIH, apoyo a los servicios de recuperación y reintegración social, y mecanismos de información confidenciales;

51.

Destaca que la UE debe también apoyar medidas para superar el estigma y la discriminación, ya que a menudo las niñas o las jóvenes vulnerables —como las infectadas por el VIH, víctimas de violación o violencia sexual, que han dado a luz después de una violación o que han abortado— son rechazadas por sus comunidades;

52.

Destaca la situación especialmente difícil de los niños infectados de VIH, enfermos del sida y huérfanos del sida; condena especialmente la violencia contra las mujeres y las jóvenes, basada en la creencia de que las relaciones sexuales con una mujer virgen pueden curar el sida, e insta a que se organicen campañas locales de información para eliminar esta creencia errónea y proteger en mayor medida especialmente a las niñas;

53.

Insiste en la necesidad de respetar la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, para garantizar los derechos de los niños de las familias migrantes;

54.

Pide a la UE que se sirva del programa temático en materia de asilo y migración, que forma parte del Instrumento de Cooperación para el Desarrollo, para prestar ayuda a los grupos especialmente vulnerables, como los hijos de los migrantes y los niños en situación de pobreza;

55.

Pide a la UE que, en su acción exterior, preste especial atención a la situación de los niños ante la discriminación, incluidos los niños en conflicto con la ley y los niños privados de su libertad y ubicados en instituciones cerradas; subraya que los niños deben tener un acceso más fácil a la justicia y a la asistencia especializada, y que su edad debe tenerse en cuenta en los procedimientos judiciales, a través de medidas especiales de protección;

56.

Pide al Consejo y a la Comisión que, cuando elaboren programas de ayuda y negocien planes de acción en materia de justicia y de asuntos interiores con terceros países, aborden la cuestión de la justicia de menores, teniendo en cuenta no sólo la ratificación de las normas internacionales y regionales, sino también su aplicación efectiva;

57.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que fomenten la coherencia de las políticas en los asuntos relacionados con los niños, integrando la cuestión de los derechos del niño en los demás ámbitos políticos importantes como la seguridad, el cambio climático, los movimientos migratorios y la eficacia de la ayuda;

58.

Pide que todas las políticas de la UE con un efecto probable sobre niños en terceros países estén sujetas a evaluaciones del impacto sobre los derechos de los niños antes de su adopción, así como a evaluaciones posteriores; subraya que los niños deben considerarse un grupo distinto y separado, ya que no se ven afectados de la misma manera que los adultos;

59.

Acoge con satisfacción la iniciativa que figura en las conclusiones del Consejo mencionadas, para coordinar mejor y reforzar la división del trabajo en el ámbito de los derechos del niño, mediante una identificación de las actuales políticas y actividades de la Comisión y de los Estados miembros en países piloto;

60.

Expresa su preocupación por el hecho de que aún no se hayan identificado países piloto y pide a los Estados miembros que trabajen estrechamente con la Comisión para asegurar que se identifiquen pronto;

61.

Insta a la Comisión a que desarrolle procedimientos, criterios e indicadores que garanticen que los derechos tradicionales del niño no se supriman del orden del día, y comparte el punto de vista de la Comisión de que, además de integrar los derechos del menor en el conjunto de las políticas, es también necesario llevar a cabo actuaciones concretas en el marco de los fondos geográficos y del Fondo Europeo de Desarrollo, eventualmente en sectores no prioritarios;

62.

Considera que el Parlamento podría desempeñar un cometido más coordinado y sistemático en la supervisión de los compromisos de la UE relativos a la infancia, por ejemplo a través del informe anual sobre los derechos humanos;

63.

Propone que las asambleas interparlamentarias (la APP ACP-UE, Eurolat, la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea) inviten a sus reuniones a organizaciones infantiles pertenecientes al país anfitrión, y apoya la creación de foros juveniles interregionales, como la Plataforma juvenil UE-África;

64.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la Secretaría General de las Naciones Unidas y a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

25.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 76/11

A.

Considerando que las transposiciones de la Directiva 2002/14/CE por parte de los Estados miembros llevan retraso y que algunos Estados miembros se han limitado a transcribir en algunos aspectos sus disposiciones mínimas aplicables,

B.

Considerando que la actual crisis financiera tendrá consecuencias para la economía de la UE en términos de reestructuraciones, fusiones y deslocalizaciones de empresas a escala de la UE,

C.

Considerando que el objetivo de la Directiva 2002/14/CE consiste en establecer un marco general de información y consulta de los trabajadores sobre el futuro de las empresas en que trabajan, así como de consulta efectiva de los trabajadores para anticipar la evolución económica de dichas empresas,

D.

Considerando que la información y la consulta de los trabajadores son elementos fundamentales de una economía social de mercado y que no deberían contemplarse como un obstáculo al desarrollo económico de las empresas,

E.

Considerando que la Unión Europea cuenta con 23 millones de empresas de menos de 250 asalariados, lo que representa el 99 % de las empresas y más de 100 millones de trabajadores, y que las instituciones de la UE tienen el deber de garantizar y mejorar el derecho de los trabajadores a la información y la consulta,

1.

Reconoce que la transposición de la Directiva 2002/14/CE ha sufrido un retraso considerable en algunos Estados miembros y que, en consecuencia, su evaluación requerirá tiempo; subraya, no obstante, que en los Estados miembros en los que no existía un régimen general de información y consulta de los trabajadores los efectos de la Directiva son evidentes;

2.

Insta a los Estados miembros que aún no hayan transpuesto correctamente la Directiva 2002/14/CE a que procedan cuanto antes a dicha transposición;

3.

Considera necesario que las iniciativas de la Comisión en ese sentido, adoptadas en estrecha colaboración con las autoridades nacionales de los Estados miembros interesados y los interlocutores sociales, deben permitir profundizar y resolver las cuestiones problemáticas surgidas con respecto a la interpretación de la Directiva 2002/14/CE y la conformidad de las disposiciones de aplicación;

4.

Constata que, en sus medidas de transposición de la Directiva 2002/14/CE, algunos Estados miembros no han tenido en cuenta ni a determinados trabajadores jóvenes, ni a las mujeres que trabajan a tiempo parcial, ni a los trabajadores empleados para periodos cortos con contratos de duración determinada; anima, en ese contexto, a los Estados miembros a que adapten sus disposiciones relativas al cómputo de la plantilla en las empresas al espíritu y la letra de la Directiva, es decir, que el cálculo de las cifras mínimas se realice siempre sobre la base del número real de trabajadores, sin tener en cuenta ninguna otra condición;

5.

Cree conveniente que los Estados miembros, respetando sus prácticas nacionales, prevean con precisión las condiciones y límites respecto del artículo 6 de la Directiva 2002/14/CE sobre información confidencial, y presten atención a:

6.

Pide a los Estados miembros que, en sus medidas de transposición, procuren:

7.

Exhorta a los Estados miembros que no disponen de sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias, como las que se prevén en el artículo 6, apartado 3, en caso de incumplimiento de las normas que regulan el ejercicio del derecho de información y consulta de los trabajadores, a que procedan a establecerlas;

8.

Pide a todos los Estados miembros que no disponen de sistemas de protección de los representantes de los trabajadores que procedan a su establecimiento;

9.

Sugiere que los Estados miembros en los que la protección de los representantes de los trabajadores ha descansado tradicionalmente en un acuerdo negociado entre las organizaciones sindicales y las patronales, prevean una sólida protección adicional para esos representantes de los trabajadores en caso de fracaso de la negociación;

10.

Considera necesario elaborar y poner a disposición de los Estados miembros la panoplia de sanciones que podrían adoptar contra los empresarios que no respeten el derecho a la información y consulta de los trabajadores según se describe en la Directiva 2002/14/CE;

11.

Destaca que la subsidiariedad no puede servir de excusa para que los Estados miembros no cumplan su obligación de prever sanciones suficientemente severas para disuadir a los empresarios de violar la Directiva 2002/14/CE;

12.

Recuerda la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de junio de 1994 (10), en la que se impone a los Estados miembros cuyo sistema procesal e institucional sea deficiente la obligación de prever los instrumentos jurídicos adecuados y definir las medidas apropiadas de recurso administrativo o judicial, así como sanciones adecuadas, efectivas, proporcionadas y disuasorias para los empresarios que no respeten sus obligaciones de información y consulta de los trabajadores;

13.

Anima a los Estados miembros a inspirarse en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en su definición de las medidas de recurso administrativas o judiciales y de las sanciones para los empresarios que no respeten sus obligaciones de información y consulta de los trabajadores en tanto no se haya revisado la Directiva 2002/14/CE;

14.

Considera que, en las normas de aplicación aprobadas por los Estados miembros se tiene que asegurar el derecho automático de información y consulta de los representantes de los trabajadores con arreglo a la interpretación correcta de la Directiva 2002/14/CE;

15.

Estima que es necesario definir las modalidades de ejecución del mandato de representación de los trabajadores para que éste se lleve a cabo durante las horas de trabajo y se remunere como tal;

16.

Opina que es necesario garantizar a los representantes de los trabajadores de la administración pública y de las empresas del sector público y financiero los mismos derechos de información y consulta otorgados a los demás trabajadores;

17.

Considera que es necesario prever la posibilidad de recurrir a la consulta directa cuando exista una estructura de representación electa o sindical, evitando así que, mediante la consulta directa, el empresario se inmiscuya en cuestiones relativas a la negociación colectiva, como los sueldos, que son competencia de los sindicatos;

18.

Pide que se examine la necesidad de modificar las cifras mínimas de efectivos de la empresa o centro de actividad a partir de los cuales la Directiva 2002/14/CE es de aplicación, con el fin de excluir de su ámbito de aplicación únicamente las empresas muy pequeñas;

19.

Indica a los Estados miembros que, aún cuando siga habiendo dudas sobre la significación precisa del término «empresa» en la Directiva 2002/14/CE, se cuenta con abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia al respecto, y pide a los Estados miembros que se refieran a ella en sus medidas de transposición, con lo que evitarán todo procedimiento de infracción contra ellos;

20.

Pide encarecidamente a la Comisión que, en el plazo más breve posible, adopte las medidas que garanticen la correcta transposición de la Directiva 2002/14/CE por parte de los Estados miembros, verificando todos los aspectos que plantean deficiencias o dificultades, como las disposiciones y prácticas nacionales para el cómputo de la plantilla de las empresas, el uso de las disposiciones específicas previstas en el artículo 3, apartados 2 y 3, y las garantías que se deberían aplicar a la cláusula de confidencialidad prevista en el artículo 6; pide a la Comisión que incoe procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no hayan transpuesto la Directiva o lo hayan hecho deficientemente;

21.

Pide a la Comisión que presente un informe de evaluación sobre los resultados obtenidos por la aplicación de la Directiva 2002/14/CE respecto del fortalecimiento del diálogo social y de la capacidad de anticipación, prevención y empleabilidad en el mercado laboral, así como respecto de su capacidad para evitar dificultades administrativas, jurídicas y financieras en las pequeñas y medianas empresas, adjuntando, si procede, las propuestas oportunas;

22.

Acoge positivamente la propuesta de Reglamento del Consejo relativo al estatuto de la sociedad privada europea (COM(2008)0396, en la que se tienen en cuenta las necesidades específicas de las pequeñas empresas;

23.

Insta a la Comisión, que es responsable del control de los casos de fusión y adquisición, a que vele por el respeto de las normas nacionales y comunitarias en el ámbito de la información y la consulta en el caso de decisiones sobre fusiones o adquisiciones;

24.

Considera que la información que, en caso de ser difundida, podría tener efectos extremadamente perjudiciales para la empresa debe ser objeto de absoluta confidencialidad hasta la adopción de una decisión definitiva sobre cuestiones económicas importantes relativas a la empresa (por ejemplo, en forma de declaración de intenciones);

25.

Pide a la Comisión que dé a conocer periódicamente las mejoras del derecho de información y consulta de los trabajadores, y que incluya esa cuestión en la agenda del diálogo social europeo tanto a nivel interprofesional como sectorial;

26.

Pide a la Comisión que anime a los interlocutores sociales a influir de forma positiva y proactiva la aplicación nacional, por ejemplo mediante la difusión de prácticas acreditadas;

27.

Pide a la Comisión que emprenda cuanto antes iniciativas para reforzar en la Unión Europea una cultura efectiva de cooperación entre los interlocutores sociales en el ámbito de la información y consulta de los trabajadores, teniendo en cuenta la naturaleza de las materias así como las características y el tamaño de las empresas;

28.

Constata con satisfacción que, en el acuerdo alcanzado entre la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte con respecto al Convenio de 2006 sobre el Trabajo Marítimo, se hace referencia a la consulta para determinadas cuestiones, por ejemplo para los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores o la rescisión anticipada del contrato de trabajo;

29.

Se congratula por la iniciativa de la Comisión, en su Comunicación de 10 de octubre de 2007 sobre la reevaluación de la normativa social con vistas a más y mejores puestos de trabajo en el sector marítimo en la UE (COM(2007)0591), de abordar la Directiva 2002/14/CE, y le pide que reexamine minuciosamente la posibilidad de establecer excepciones a la aplicación de dicha Directiva que ofrece el artículo 3, apartado 3, de la misma;

30.

Pide a la Comisión que examine los requisitos en materia de coordinación de las Directivas 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/23/CE, 2001/86/CE, 2002/14/CE y 2003/72/CE y del Reglamento (CE) no 2157/2001, para estudiar la necesidad de proceder a modificaciones para eliminar los solapamientos y las contradicciones; considera que las posibles modificaciones deberían introducirse simultáneamente;

31.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

25.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 76/16

A.

Considerando que el modelo social europeo se ha construido a través de un alto nivel de servicios, productos y empleos generados por la economía social, así como con el apoyo de las capacidades de anticipación e innovación desarrolladas por sus promotores,

B.

Considerando que la economía social se basa en un paradigma social acorde con los principios fundamentales del modelo social y de bienestar europeo, y considerando que la economía socia desempeña hoy un papel clave en la preservación y el fortalecimiento de dicho modelo, al regular la producción y la oferta de numerosos servicios sociales de interés general,

C.

Considerando, en consecuencia, que se deben valorizar los modelos de economía social para alcanzar los objetivos de crecimiento económico, empleo, formación y servicios a la persona que impregnan el conjunto de las políticas de la Unión,

D.

Considerando que la riqueza y el equilibrio de una sociedad se deben a su diversidad y que la economía social contribuye activamente a ella al mejorar y reforzar el modelo social europeo y al aportar un modelo de empresa propia gracias al cual la economía social contribuye a un crecimiento estable y duradero,

E.

Considerando que los valores de la economía social son muy coherentes con los objetivos comunes de inserción social de la Unión Europea y que el trabajo digno, la formación y la reinserción también deben estar vinculados a ellos; considerando que la economía social ha demostrado que puede mejorar en gran medida la situación social de las personas desfavorecidas (como han demostrado, por ejemplo, las cooperativas de microcrédito ideadas por el Profesor Mohammed Yunus, laureado con el premio Nobel, que al facilitar la inserción financiera, han incrementado la influencia de las mujeres) y que facilita sustancialmente la innovación social, apoyando a las personas que se enfrentan con dificultades para encontrar soluciones a sus propios problemas sociales, por ejemplo, para reconciliar su vida profesional y personal, la igualdad de género, la calidad de la vida familiar, y sus posibilidades de ocuparse de sus hijos menores, de sus parientes mayores y de las personas con discapacidad,

F.

Considerando que la economía social representa el 10 % del conjunto de las empresas europeas, es decir, 2 millones de empresas que suponen un 6 % del empleo total, con un potencial elevado para generar y mantener empleo estable, debido, sobre todo, a que es improbable que sus actividades, por su propia naturaleza, puedan deslocalizarse,

G.

Considerando que, en general, las empresas de la economía social son pequeñas y medianas empresas (PYME) que contribuyen a un modelo económico sostenible en el que las personas son más importantes que el capital; considerando que con frecuencia estas empresas están activas en el mercado interior, por lo que necesitan asegurar que sus actividades cumplen las leyes aplicables,

H.

Considerando que la economía social se ha desarrollado en formas organizativas o jurídicas de empresariado como las cooperativas, las mutualidades, las asociaciones, las empresas y organizaciones sociales y las fundaciones, así como en otras formas existentes en cada Estado miembro; considerando que la economía social engloba una serie de conceptos utilizados en los diferentes países, como «economía solidaria» y «tercer sector», y que, aunque esos conceptos no se consideren parte de la economía social en todos los Estados miembros, existen en toda la Unión Europea actividades comparables que comparten las mismas características,

I.

Considerando que es necesario reconocer el estatuto de algunos de los tipos de organización que forman parte de la economía social a escala de la Unión Europea, teniendo en cuenta las normas del mercado interior, con el fin de reducir los obstáculos burocráticos para la obtención de financiación comunitaria,

J.

Considerando que la economía social pone en evidencia un modelo de empresa que no se caracteriza por el tamaño o el sector de actividad sino por el respeto de valores comunes como la primacía de la democracia, de la participación de los actores sociales y de la persona y del objeto social sobre el beneficio individual; la defensa y la aplicación de los principios de solidaridad y de responsabilidad; la conjunción de los intereses de los miembros usuarios con el interés general; el control democrático ejercido por los miembros; la adhesión voluntaria y abierta; la autonomía de gestión y la independencia respecto de los poderes públicos, y la asignación de lo esencial de los excedentes al servicio de la consecución de objetivos como el desarrollo sostenible, el interés de los servicios a los miembros y el interés general,

K.

Considerando que, a pesar de su creciente importancia, la economía social y las organizaciones que participan en ella siguen siendo un sector poco conocido y es, a menudo, objeto de críticas derivadas de enfoques técnicos equivocados; considerando que la invisibilidad institucional es uno de los obstáculos más importantes a que se enfrenta la economía social en la Unión Europea y en algunos de sus Estados miembros, algo que se debe, en parte, a las características de los sistemas nacionales de contabilidad,

L.

Considerando el trabajo detallado llevado a cabo en el marco del intergrupo del Parlamento Europeo sobre economía social,

1.

Subraya que la economía social, mediante la conjunción de rentabilidad y solidaridad, desempeña un papel esencial en la economía europea al permitir la creación de empleos de calidad, el refuerzo de la cohesión social, económica y territorial, la generación de capital social, el fomento de la ciudadanía activa y la solidaridad, junto con un tipo de economía con valores democráticos que sitúa a la persona en lugar preferente, además de apoyar el fomento del desarrollo sostenible y de la innovación social, medioambiental y tecnológica;

2.

Considera que la economía social es importante, tanto simbólicamente como en términos de rendimiento, con el objetivo de fortalecer la democracia industrial y económica;

3.

Reconoce que la economía social solo podrá prosperar y aportar todo su potencial si se reúnen las condiciones y requisitos previos de carácter político, legislativo y operativo adecuados, teniendo en cuenta la riqueza de la diversidad de las instituciones de la economía social y sus características específicas;

4.

Considera que las empresas de la economía social no deben estar sujetas a la misma aplicación de las normas sobre competencia que otras empresas, y que requieren un marco jurídico seguro, basado en el reconocimiento de sus valores específicos, para que puedan operar en igualdad de condiciones con esas otras empresas;

5.

Subraya que un sistema económico en el que las empresas de la economía social tuvieran un papel más importante reduciría el riesgo de especulación en los mercados financieros, en los que ciertas empresas privadas no están sometidas a la supervisión de los accionistas ni de los órganos de regulación;

6.

Recuerda que la pluralidad de las formas empresariales queda reconocida en el Tratado CE y con la adopción del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea;

7.

Recuerda que la Comisión ha reconocido en reiteradas ocasiones el concepto de economía social;

8.

Pide a la Comisión que con sus nuevas políticas promueva la economía social y defienda el concepto de la economía social como un «enfoque diferente de la empresa», cuyo motor principal no es la rentabilidad financiera sino los beneficios para toda la sociedad, de modo que las particularidades de la economía social se tomen debidamente en cuenta en la elaboración de los marcos jurídicos;

9.

Considera que la Unión Europea y los Estados miembros deberían incluir la economía social y sus interlocutores (cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones) en su legislación y políticas; sugiere que estas medidas incluyan un fácil acceso a créditos y a beneficios fiscales, el desarrollo de microcréditos, el establecimiento de un estatuto europeo para las asociaciones, fundaciones y mutualidades, así como financiación comunitaria a la medida e incentivos con vistas a respaldar mejor a las organizaciones de este tipo, creadas con un fin social, que operan en sectores dentro y fuera del mercado;

10.

Observa que es necesario que se reconozcan unos estatutos europeos para asociaciones, mutualidades y fundaciones, con el fin de garantizar que las empresas de economía social se beneficien de un trato igualitario con respecto a la normativa de mercado interior; considera que la retirada de las propuestas de la Comisión para la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Estatuto de la Asociación Europea, y de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Estatuto de la Mutualidad Europea (COM(1991)0273) constituye un grave obstáculo para el desarrollo de estas modalidades de la economía social en la Unión Europea; pide, por tanto, a la Comisión que revise su programa de trabajo en consecuencia;

11.

Pide a la Comisión que dé curso al informe de viabilidad para el estatuto de la fundación europea que debía haberse publicado a finales de 2008, y que emprenda un estudio de impacto para los estatutos de la asociación europea y de la mutualidad europea;

12.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un marco jurídico que reconozca los componentes de la economía social;

13.

Pide a la Comisión que vele por que la sociedad privada europea sea una forma de sociedad que puedan adoptar todo tipo de empresas;

14.

Pide a la Comisión que fije normas claras para determinar qué entidades pueden funcionar legalmente como empresas de la economía social, y que establezca barreras jurídicas eficaces para el acceso, de forma que solamente las organizaciones de economía social puedan aprovechar la financiación destinada a empresas de la economía social o las políticas públicas que tienen el objetivo de promover las empresas de la economía social;

15.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la creación de registros estadísticos nacionales de las empresas de la economía social, que establezcan cuentas satélite nacionales por sector institucional y por sector de actividad y que permitan el cotejo de estos datos en Eurostat, utilizando también las competencias de que se dispone en las universidades;

16.

Señala que la medida de la economía social es complementaria de la medida de las instituciones sin fines de lucro (ISFL); pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan el uso del manual de las Naciones Unidas sobre las instituciones sin fines de lucro en el sistema de cuentas nacionales y que preparen cuentas satélite que aumenten la visibilidad de las ISFL y de las organizaciones de la economía social;

17.

Se manifiesta a favor de que los componentes de la economía social se reconozcan en el diálogo social sectorial e intersectorial de la Unión y sugiere que tanto la Comisión como los Estados miembros impulsen enérgicamente el proceso de inclusión de los agentes de la economía social en la concertación social y el diálogo civil;

18.

Señala que las empresas y las organizaciones de la economía social contribuyen a reforzar el espíritu empresarial, facilitan un mejor funcionamiento democrático del mundo de la empresa, incorporan una responsabilidad social y promueven la integración social activa de los grupos vulnerables;

19.

Subraya que los empleadores en la economía social son importantes agentes de la reinserción, y acoge con satisfacción sus esfuerzos por crear y mantener empleos de alta calidad, buenos y estables, y de invertir en los trabajadores; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen y fortalezcan la economía social en su papel de buen empleador y respeten su estatuto especial;

20.

Subraya que la economía social contribuye a rectificar tres desequilibrios fundamentales del mercado de trabajo: el desempleo, la inestabilidad en el trabajo y la exclusión de los desempleados tanto en el plano social como en el mercado laboral; señala asimismo que la economía social tiene una función en la mejora de la empleabilidad y que crea empleos que normalmente no se deslocalizan, lo que contribuye a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa;

21.

Considera que el apoyo de los Estados miembros a las empresas de la economía social debe interpretarse como una auténtica inversión en la creación de redes de solidaridad que puedan fortalecer el papel de las comunidades y autoridades locales en el desarrollo de las políticas sociales;

22.

Considera que los problemas sociales exigen reflexión, pero que en las circunstancias actuales se precisa sobre todo de la acción; considera que la mayoría de los problemas sociales han de abordarse a través de soluciones locales, con el fin de hacer frente a situaciones y problemas concretos; considera que esta acción, para ser eficaz, requiere normas estrictas en términos de coordinación, lo que implica un elevado grado de cooperación entre las autoridades públicas y las empresas de la economía social;

23.

Constata que, gracias a su fuerte radicación local, las empresas de la economía social permiten crear vínculos entre los ciudadanos y sus órganos de representación regionales, nacionales y europeos y, por lo tanto, pueden contribuir a una gobernanza eficaz de la Unión y a la cohesión social; aprecia en gran medida los esfuerzos de las empresas y de las organizaciones de la economía social por reagruparse en plataformas de coordinación a escala de la Unión Europea;

24.

Señala que la economía social tiene un papel clave que desempeñar en el logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa relativos al crecimiento sostenible y al pleno empleo, ya que hace frente a los numerosos desequilibrios en el mercado de trabajo, en particular mediante el apoyo al empleo femenino, establece y proporciona servicios asistenciales y de proximidad (como servicios sociales, sanitarios y de previsión social), además de crear y mantener el tejido social y económico, contribuyendo así al desarrollo local y a la cohesión social;

25.

Opina que la Unión Europea debe tomar medidas para establecer un marco para el programa de economía social, para consolidar la competitividad local y de la Unión Europea y la capacidad de innovación, teniendo en cuenta el potencial de la economía social para generar estabilidad en un contexto de economías eminentemente cíclicas mediante la redistribución y la reinversión de los beneficios a escala local donde corresponda, la promoción de una cultura empresarial, la vinculación de las actividades económicas con las necesidades locales, el mantenimiento de las actividades de riesgo (por ejemplo, la artesanía) y la generación de capital social;

26.

Pide a las autoridades competentes y a los operadores del sector que evalúen y valoricen el papel de las mujeres en la economía social, tanto en términos de cantidad, visto el alto porcentaje de ocupación femenina en el sector y en todos sus ámbitos, incluidos el asociativo y el voluntariado, como en lo relativo a la calidad y a las modalidades de organización del trabajo y prestación de servicios; manifiesta su preocupación por la persistencia, incluso en la economía social, del fenómeno de la segregación vertical que limita la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones;

27.

Pide a los Gobiernos de los Estados miembros, a las autoridades locales y a los operadores del sector que promuevan y apoyen las posibles sinergias, en el ámbito de los servicios, que puedan producirse entre los agentes de la economía social y los propios usuarios, mediante la ampliación del ámbito de participación, de consulta y de responsabilidad compartida;

28.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta la realidad de la economía social al revisar la política de ayudas estatales puesto que las pequeñas empresas y las organizaciones que operan a escala local tienen grandes dificultades para acceder a la financiación, en particular durante la actual crisis económica y financiera; pide asimismo a la Comisión que no obstaculice las normativas nacionales en materia de sociedades o en materia fiscal, como las destinadas a las cooperativas en los sectores bancario y de la gran distribución, que operan sobre la base de los principios de la mutualidad, de la democracia societaria, de la transmisión del patrimonio entre generaciones, de la indivisibilidad de las reservas, de la solidaridad, de la ética del trabajo y de la empresa;

29.

Subraya que algunas de las empresas de la economía social son microempresas y pequeñas empresas a las que podrían faltar los medios necesarios para actuar en el mercado interior y participar en los programas nacionales y comunitarios; propone apoyo e instrumentos específicos que les permitan contribuir al crecimiento económico sostenible de la Unión Europea, así como, en caso de crisis empresarial, facilitar la posibilidad de transformar las empresas en corporaciones que sean propiedad de los trabajadores;

30.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen programas destinados a las empresas sociales potenciales y existentes para ofrecerles apoyo financiero, información, asesoría y formación, y para simplificar el proceso de su creación (incluida la reducción de los requisitos de capital inicial para estas empresas), con el fin de ayudarles a hacer frente a una economía cada vez más mundializada y que en la actualidad se ve afectada por una crisis financiera;

31.

Subraya que las empresas de la economía social se enfrentan a más dificultades que las grandes empresas, para hacer frente, por ejemplo, a las cargas reglamentarias, para obtener financiación y para tener acceso a nuevas tecnologías y a información;

32.

Subraya la importancia de la economía social en el ámbito de los servicios de interés general; pone de manifiesto el valor añadido de la creación de redes integradas público-privadas, así como al riesgo de instrumentalización, por ejemplo en forma de externalizaciones basadas en la reducción de los costes de las administraciones públicas, haciendo uso también de las contribuciones en forma de trabajo voluntario;

33.

Insiste para que la Comisión continúe su labor de diálogo y aclaración con las partes interesadas y de apoyo a los Estados miembros por lo que concierne a los servicios de interés general y a los servicios sociales de interés general y para que haga uso del método del «conjunto de indicios»;

34.

Pide a la Comisión que se asegure de que las características de la economía social (sus objetivos, valores y métodos de trabajo) se tienen en cuenta en la elaboración de las políticas comunitarias y, en particular, que integre la economía social en sus otras políticas y estrategias en materia de desarrollo social, económico y empresarial, especialmente en relación con la iniciativa sobre la pequeña empresa [«Pensar primero a pequeña escala»«Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas (COM(2008)0394)]; pide que, cuando la economía social se vea afectada, se lleven a cabo evaluaciones de impacto, se respeten los intereses de la economía social y se les dé prioridad; insta a la Comisión, además, a volver a examinar la posibilidad de crear una unidad interservicios de economía social que conecte a todas las direcciones generales relevantes;

35.

Pide a la Comisión que vele por que el Observatorio de las PYME europeas incluya sistemáticamente en sus estudios a las empresas de la economía social y haga recomendaciones para la adopción de medidas dirigidas a ayudar al funcionamiento y desarrollo de las mismas; pide asimismo a la Comisión que adopte las medidas necesarias para hacer posible que las empresas de la economía social se asocien entre sí y sean promovidas por la Red europea de apoyo al negocio electrónico;

36.

Pide a los Estados miembros que apoyen a las pequeñas y medianas organizaciones de la economía social que aspiren a reducir la dependencia de las subvenciones y a reforzar la sostenibilidad;

37.

Pide a la Comisión que aliente a los participantes en la economía social a que se unan a los órganos permanentes de diálogo y a que participen y colaboren en los trabajos de grupos de expertos de alto nivel que puedan estar interesados en los temas relacionados con la economía social; pide a la Comisión que contribuya a reforzar las estructuras de representación de la economía social a escala regional, nacional y comunitaria y que cree un marco jurídico que contribuya a promover la asociación activa entre las autoridades locales y las empresas de la economía social;

38.

Pide a la Comisión que promueva el diálogo entre los organismos públicos y los representantes de la economía social a nivel nacional y comunitario, con el fin de fomentar la comprensión mutua y promover las buenas prácticas;

39.

Pide a la Comisión que apoye el grupo de reflexión de la Unión Europea sobre los bancos cooperativos establecidos por asociación en el sector u otros servicios financieros que puedan ser de interés para las organizaciones de la economía social con el fin de llevar a cabo un estudio sobre la actuación de estas entidades a escala de la Unión Europea, en particular, durante la actual crisis mundial en los sectores de las finanzas y del crédito, y sobre la forma en que evitarán futuros riesgos de este tipo;

40.

Pide a la Comisión que estudie la reactivación de la línea presupuestaria específica de la economía social;

41.

Pide que se organicen programas para promover la experimentación de nuevos modelos económicos y sociales, así como programas marco de investigación, la inserción de temas vinculados a la economía social en las convocatorias de propuestas del séptimo programa marco; pide asimismo que se prevea el uso de un «multiplicador» aplicado a los datos estadísticos oficiales y que se introduzcan instrumentos de medición cualitativa y cuantitativa del crecimiento económico;

42.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren la dimensión «economía social» en la elaboración de las políticas comunitarias y nacionales, y en los programas comunitarios destinados a las empresas en el ámbito de la investigación, la innovación, la financiación, el desarrollo regional y la cooperación al desarrollo, y que apoyen la organización de programas de formación sobre economía social para los administradores comunitarios, nacionales y locales, así como que aseguren el acceso de las empresas de la economía social a los programas y acciones para el desarrollo y las relaciones exteriores;

43.

Exhorta a los Estados miembros a que en la enseñanza superior y universitaria, así como en la formación profesional, prevean programas de formación destinados a transmitir el conocimiento de la economía social y las iniciativas empresariales inspiradas en sus valores;

44.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen el desarrollo de capacidades y de la profesionalidad en el sector, con el fin de reforzar el papel de la economía social en la integración en el mercado de trabajo;

45.

Pide a la Comisión que elabore un marco jurídico comunitario que permita el establecimiento de asociaciones territoriales entre el sector de la economía social y las autoridades locales, definiendo criterios para el reconocimiento y la valorización de la economía social, el fomento del desarrollo local sostenible y la promoción del interés general;

46.

Pide a la Comisión que trate de establecer las condiciones que permitan facilitar las inversiones en la economía social, en particular a través de fondos de inversión, préstamos garantizados y subvenciones;

47.

Pide a la Comisión que vuelva a evaluar:

48.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité de la Protección Social.

25.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 76/23

A.

Considerando que la salud mental y el bienestar son fundamentales para la calidad de vida de las personas y la sociedad, y factores clave para lograr los objetivos de la Unión Europea en el marco de la Estrategia de Lisboa y de la Estrategia revisada para un Desarrollo Sostenible, y que la prevención, la detección precoz, la intervención y el tratamiento de los trastornos mentales palian considerablemente sus consecuencias personales, económicas y sociales,

B.

Considerando que varios documentos estratégicos de la Unión Europea han subrayado la importancia de la salud mental para la realización de estos objetivos, y piden la actuación correspondiente,

C.

Considerando que el valor añadido de la estrategia comunitaria en materia de salud mental se encuentra sobre todo en la prevención y la promoción de los derechos humanos y civiles de las personas con trastornos mentales,

D.

Considerando que los problemas de salud mental abundan en Europa, pues una de cada cuatro personas sufre problemas de salud mental al menos una vez en su vida, y muchas más se ven afectadas de forma indirecta, y que las normas relativas al tratamiento de las enfermedades mentales varían considerablemente entre los distintos Estados miembros, especialmente entre los antiguos Estados miembros y algunos de los nuevos Estados miembros,

E.

Considerando que en materia de salud mental hay que tener en cuenta los aspectos específicos de la dimensión de género, y que es mayor el número de mujeres que de hombres que sufren trastornos mentales y mayor el número de hombres que de mujeres que se suicidan,

F.

Considerando que el suicidio sigue siendo una causa frecuente de muerte prematura en Europa, con más de 50 000 muertes al año en la Unión Europea, y que en 9 de cada 10 casos se ha visto precedido por trastornos mentales, frecuentemente depresiones, y que, además, la tasa de suicidios y de intentos de suicidio entre las personas encarceladas o detenidas es superior a la de la población general,

G.

Considerando que la elaboración de políticas encaminadas a reducir el número de casos de depresión y de suicidio tiene una profunda relación con la protección de la dignidad humana,

H.

Considerando que, aunque la depresión es uno de los trastornos más frecuentes y graves, la lucha contra la misma sigue siendo insuficiente y que sólo unos pocos Estados miembros han implantado programas de prevención,

I.

Considerando, asimismo, que existe todavía una falta de comprensión y de inversiones para la promoción de la salud mental y la prevención de sus trastornos, así como una falta de apoyo a la investigación médica y a las personas con problemas de salud mental,

J.

Considerando que el coste económico para la sociedad de una mala salud mental se estima entre el 3 % y el 4 % del Producto Interior Bruto (PIB) de los Estados miembros; que en 2006 el coste de las enfermedades mentales para la Unión Europea fue de 436 000 millones de euros, y que la mayor parte de estos costes tienen lugar al margen del sector sanitario, sobre todo debido a la ausencia sistemática del trabajo y a la concesión de jubilaciones anticipadas y por invalidez, y que en muchos casos los costes estimados no reflejan la carga financiera adicional de la comorbilidad, que afecta con más frecuencia a las personas que sufren de problemas de salud mental,

K.

Considerando que las desigualdades socioeconómicas pueden agudizar los problemas de salud mental y que los porcentajes de problemas de salud mental son más elevados en los grupos vulnerables y marginales, como los desempleados, los inmigrantes, los presos y los que han sido presos, los consumidores de psicotrópicos, las personas con discapacidad y las personas con enfermedades de larga duración, y que hacen falta acciones específicas y políticas adecuadas para contribuir a la integración y la inclusión social de estas personas,

L.

Considerando que existen importantes desigualdades en el interior y entre los Estados miembros en el ámbito de la salud mental, también en materia de tratamiento y de integración social,

M.

Considerando que las personas con problemas de salud mental corren un riesgo mayor que el resto de la población de contraer una enfermedad orgánica y tienen menos posibilidades de recibir tratamiento para estas enfermedades orgánicas,

N.

Considerando que, aunque la salud física y la salud mental tienen igual importancia y existe una influencia recíproca entre ellas, es todavía frecuente que no se diagnostiquen los problemas de salud mental, o que se subestimen y no reciban un tratamiento adecuado,

O.

Considerando que en la mayor parte de los Estados miembros se ha producido un desplazamiento de la atención institucionalizada de larga duración a la vida con ayuda dentro de la comunidad, y que, sin embargo, este proceso se ha producido sin una planificación ni asignación de recursos adecuadas, sin mecanismos de control, y con frecuencia con recortes presupuestarios, con lo que se corre el riesgo de tener que volver a internar a miles de ciudadanos con enfermedades mentales,

P.

Considerando que en 2008 se creó una plataforma europea de salud mental y de salud física que reúne a representantes de alto nivel de distintas organizaciones clave,

Q.

Considerando que los principios de la salud mental a lo largo de toda la vida se aplican desde los primeros años de vida de una persona, y que las enfermedades mentales son frecuentes entre las personas de corta edad, para las que el diagnóstico y el tratamiento precoces son primordiales,

R.

Considerando que el envejecimiento de la población de la Unión Europea conlleva una mayor incidencia de trastornos neurodegenerativos,

S.

Considerando que la discriminación y la exclusión social que sufren las personas con problemas de salud mental y sus familias no son sólo consecuencia de los trastornos mentales, sino también de su estigmatización, rechazo y marginación, y que son factores de riesgo que oponen obstáculos a la petición de ayuda y al tratamiento,

T.

Considerando que la Unión Europea ha declarado 2010 Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social,

U.

Considerando que la investigación aporta nuevos datos sobre las dimensiones médica y social de la salud mental; considerando que, sin embargo, aún existen lagunas importantes; y que, por lo tanto, no deben obstaculizarse los trabajos en el ámbito de la investigación médica pública o privada imponiendo una serie de barreras administrativas, con frecuencia demasiado complicadas, ni restricciones excesivas por lo que respecta a la utilización de modelos pertinentes para el desarrollo de medicamentos seguros y eficaces,

V.

Considerando que la discapacidad para el aprendizaje (retraso mental) comparte las características de los trastornos mentales y suscita las mismas necesidades,

W.

Considerando que es esencial mejorar en gran medida la formación de los profesionales que han de ocuparse en su trabajo de las enfermedades mentales, como, por ejemplo, los médicos y los miembros de la judicatura,

X.

Considerando que los trastornos mentales ocupan el primer lugar en términos de morbilidad,

1.

Acoge favorablemente el Pacto Europeo para la Salud Mental y el Bienestar, así como el reconocimiento de la salud mental y el bienestar como prioridades básicas de actuación;

2.

Apoya decididamente el llamamiento a la cooperación y la acción de las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros, las autoridades regionales y locales y los interlocutores sociales en cinco ámbitos prioritarios para promover la salud mental y el bienestar de la población –incluidos todos los grupos de edad y diferentes géneros, orígenes étnicos y grupos socioeconómicos–, luchar contra la estigmatización y la exclusión social, apoyar la acción preventiva y la autoayuda, y prestar apoyo y tratamiento suficientes a las personas con problemas de salud mental, a sus familias y a quienes les atienden; subraya que una cooperación así debe cumplir plenamente el principio de subsidiariedad;

3.

Pide a los Estados miembros que aumenten la sensibilización con respecto a la importancia de una buena salud mental, en particular entre los profesionales del sector de la salud, así como entre los grupos destinatarios, como padres, maestros, prestadores de servicios sociales y jurídicos, empleadores, cuidadores y, principalmente, entre el público en general;

4.

Pide a los Estados miembros que, en colaboración con la Comisión y Eurostat, mejoren los conocimientos en materia de salud mental y sobre la relación entre salud mental y los años de vida sana, a través de la creación de mecanismos de intercambio y difusión de información de forma clara, accesible y comprensible;

5.

Pide a la Comisión que proponga indicadores comunes para mejorar la comparabilidad de los datos y facilitar el intercambio de mejores prácticas y de cooperación entre los Estados miembros para la promoción de la salud mental;

6.

Opina que debe darse prioridad a la prevención de la mala salud mental a través de intervenciones sociales, prestando especial atención a los grupos vulnerables; subraya que, en los casos en que la prevención no es suficiente, debe fomentarse el acceso no discriminatorio al tratamiento y que las personas con problemas de salud mental deben tener pleno acceso a la información sobre los nuevos tipos de tratamiento;

7.

Pide a la Unión Europea que aproveche las posibilidades de financiación disponibles en el Séptimo Programa Marco para aumentar la investigación en el ámbito de la salud mental y el bienestar y la interacción entre los problemas de salud mental y física, y a los Estados miembros que exploren las posibilidades de financiar iniciativas sobre salud mental en el marco del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional;

8.

Pide a los Estados miembros que hagan el mejor uso posible de los recursos comunitarios y nacionales disponibles para la promoción de las cuestiones relativas a la salud mental y organicen programas de sensibilización y formación destinados a todas las personas en puestos clave con el fin de fomentar el diagnóstico precoz, la intervención inmediata y la buena gestión en relación con los problemas de salud mental;

9.

Pide a la Comisión que elabore y publique un estudio sobre los servicios de salud mental y sobre las políticas de promoción de la salud mental en toda la Unión Europea;

10.

Insta a los Estados miembros a que aprueben la Resolución 46/119 de las Naciones Unidas sobre «La protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental», elaborada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1991;

11.

Pide a los Estados miembros que reconozcan a las personas que se enfrentan a problemas de salud mental el derecho a un acceso igual, pleno y adecuado a la educación, la formación y el empleo, de conformidad con los principios de un aprendizaje permanente, y que velen por que reciban un apoyo adecuado a sus necesidades;

12.

Subraya que es necesario un proyecto claro y a largo plazo para la prestación de servicios de salud mental comunitarios y en régimen de internado de calidad, eficaces, accesibles y universales, así como la adopción de criterios de control por parte de organismos independientes; pide una mayor colaboración y comunicación entre los profesionales de la asistencia sanitaria primaria y de la salud mental para conseguir una gestión eficaz de los problemas de salud física y mental, mediante el fomento de un enfoque global que tenga en cuenta el perfil general de las personas desde el punto de vista de la salud física y mental;

13.

Pide a los Estados miembros que introduzcan los chequeos de problemas de salud mental en los servicios generales de salud y de problemas de salud física en los servicios de salud mental; pide, además, a los Estados miembros que establezcan un modelo de atención globalizado;

14.

Pide a la Comisión que haga una búsqueda y elabore un registro de las experiencias de los pacientes en relación con los efectos secundarios de la medicación mediante directrices de la Agencia Europea de Medicamentos;

15.

Pide a la Comisión que amplíe el mandato del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para incluir la salud mental;

16.

Pide a la Comisión que difunda las conclusiones de las reuniones temáticas que se celebren en el marco de la aplicación de los objetivos del Pacto Europeo y que proponga un «Plan de acción europeo para la salud mental, la investigación en materia de salud y el bienestar de los ciudadanos»;

17.

Insta a que se cree una Plataforma de la Unión Europea sobre salud mental y bienestar para la aplicación del Pacto Europeo, formada por representantes de la Comisión, de la Presidencia del Consejo, del Parlamento, de la OMS, así como de los servicios usuarios, personas con problemas de salud mental, familias, cuidadores, organizaciones no gubernamentales, la industria farmacéutica, el mundo académico y otros interlocutores relevantes, si bien lamenta que aun no se haya adoptado una directiva a escala europea, tal como lo exige la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la salud mental;

18.

Pide a la Comisión que mantenga la propuesta de Estrategia europea de salud mental y bienestar como objetivo a largo plazo;

19.

Pide a los Estados miembros que desarrollen una normativa actualizada sobre salud mental que sea coherente con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos –igualdad y no discriminación, inviolabilidad de la vida privada, autonomía, integridad corporal, derecho a la información y la participación– y que consolide y codifique los principios, valores y objetivos de la política de salud mental;

20.

Pide que se promulguen directrices europeas comunes para la definición de la discapacidad en virtud de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

21.

Pide a los Estados miembros que apliquen programas intersectoriales de prevención del suicidio, especialmente con destino a los jóvenes y adolescentes, promoviendo una vida sana, reduciendo los factores de peligro como la facilidad de acceso a los medicamentos, las drogas, las sustancias químicas nocivas y el abuso del alcohol; considera, en particular, que debe garantizarse el tratamiento a las personas que ha intentado suicidarse y un tratamiento psicoterápico a las familias de las personas que se han suicidado;

22.

Pide a los Estados miembros que, en cooperación con las organizaciones locales y el público en general, creen redes regionales de información de los profesionales del sector sanitario, los usuarios de los servicios y personas con problemas de salud mental, sus familias, los centros de educación y los lugares de trabajo con el fin de reducir los comportamientos que conducen a la depresión y el suicidio;

23.

Pide una mayor difusión de la información sobre el número único europeo de urgencia 112 para los casos de intento de suicidio o de crisis mental, con miras a la pronta intervención y prestación de asistencia médica de urgencia;

24.

Insta a los Estados Miembros a poner en marcha cursos de formación específicos para los médicos generalistas y para el personal de los servicios psiquiátricos, incluidos médicos, psicólogos y enfermeros, en materia de prevención y tratamiento de los trastornos depresivos, con el fin de mejorar el reconocimiento del riesgo de suicidio y las formas de hacerle frente;

25.

Pide a los Estados miembros que presten apoyo al personal escolar para conseguir un ambiente saludable y establecer relaciones entre las escuelas, los padres, los servicios de salud y la comunidad para reforzar la integración social de los jóvenes;

26.

Pide a los Estados miembros que organicen programas de apoyo a los padres, en particular para las familias desfavorecidas y promuevan la asignación de los puestos de consejero en todas las escuelas secundarias para que atiendan a las necesidades sociales y emocionales de los jóvenes, con especial énfasis en los programas de prevención encaminados a mejorar la autoestima y a la gestión de las crisis;

27.

Subraya la necesidad de diseñar sistemas sanitarios que respondan a la necesidad de prestar servicios especializados de salud mental para niños y adolescentes, teniendo en cuenta el paso de la atención institucional de larga duración a la vida en comunidad con ayuda;

28.

Subraya la necesidad de un diagnóstico precoz y del tratamiento de los problemas de salud mental en grupos vulnerables, teniendo especialmente en cuenta a los menores;

29.

Propone que la salud mental se incluya en los planes de estudios de todas las profesiones en el ámbito de la sanidad y que se prevean la educación y formación permanentes en este ámbito;

30.

Pide a los Estados miembros y la Unión Europea que cooperen en la sensibilización respecto de la cada vez peor situación de la salud mental de los niños con padres emigrantes y que introduzcan en la escuela programas destinados a ayudar a estos jóvenes a hacer frente a los problemas psicológicos relacionados con la ausencia de sus padres;

31.

Declara que el lugar de trabajo desempeña un papel central en la integración social de las personas con problemas de salud mental y pide que, con respecto a estas personas, se apoye su contratación, mantenimiento, rehabilitación y reintegración en el puesto de trabajo, prestando especial atención a la integración de los grupos más vulnerables, incluidas las comunidades étnicas minoritarias;

32.

Insta a los Estados Miembros a promover el estudio de las condiciones de trabajo que puedan facilitar la aparición de trastornos mentales, especialmente entre las mujeres;

33.

Pide a los Estados miembros que fomenten y lleven a la práctica cursos de formación profesional específicos para personas con problemas de salud mental, teniendo en cuenta sus capacidades y su potencial, con el fin de facilitar su integración en el mercado de trabajo y de desarrollar programas de reintegración en el lugar de trabajo; subraya también la necesidad de una formación adecuada de empleadores y trabajadores para hacer frente a las necesidades específicas de las personas con problemas de salud mental;

34.

Pide a los empleadores que promuevan un ambiente de trabajo saludable, prestando atención al estrés laboral, a las causas de la aparición de trastornos mentales en el lugar de trabajo y a la lucha contra los mismos;

35.

Pide a la Comisión que requiera a las empresas y organismos públicos que publiquen anualmente un informe sobre sus políticas y sus acciones en materia de salud mental de los trabajadores con los mismos criterios empleados para informar sobre la salud física y la seguridad en el trabajo;

36.

Insta a los empleadores a que, en el marco de sus estrategias de salud y seguridad en el trabajo, adopten programas que promuevan la salud emocional y mental de sus trabajadores, faciliten opciones de apoyo que sean confidenciales y no estigmatizadoras e introduzcan políticas contra el acoso; pide a la Comisión que los publique en Internet, con el fin de difundir modelos positivos;

37.

Pide a los Estados miembros que garanticen que las personas que tengan derecho a recibir subsidios por enfermedad o incapacidad debidas a problemas de salud mental no se vean privadas del derecho al empleo, y que no pierdan los beneficios derivados de su incapacidad o enfermedad en cuanto encuentren un nuevo empleo;

38.

Pide la plena y efectiva aplicación por los Estados Miembros de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (3);

39.

Pide a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para mejorar y mantener una elevada calidad de vida de las personas de edad, que promuevan una vejez saludable y activa a través de la participación en la vida social, incluyendo el desarrollo de sistemas flexibles de jubilación;

40.

Insiste en la necesidad de fomentar la investigación en relación con la prevención y el tratamiento de los trastornos neurodegenerativos y otras enfermedades mentales relacionadas con la edad; hace hincapié en la necesidad de distinguir, con la perspectiva de una actuación o propuesta futura de la Comisión, entre la enfermedad de Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas parecidas y otros tipos de enfermedades mentales;

41.

Alienta el desarrollo de una interfaz entre la investigación y las políticas en el ámbito de la salud mental y el bienestar;

42.

Destaca la necesidad de evaluar la comorbilidad en las personas de edad y de formar al personal sanitario de acuerdo para aumentar los conocimientos en lo que se refiere a las necesidades de las personas mayores con problemas de salud mental;

43.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en el marco del método abierto de coordinación en lo que se refiere a la protección y a la integración sociales, adopten medidas de apoyo a los cuidadores, desarrollen directrices sobre la atención y el cuidado a largo plazo que contribuyan a evitar los malos tratos a las personas de edad y a permitirles vivir con dignidad en un entorno adecuado;

44.

Pide que se organicen campañas públicas de información y sensibilización a través de los medios de comunicación, Internet, escuelas y lugares de trabajo para promover la salud mental, aumentar el conocimiento de los síntomas más frecuentes de la depresión y la tendencia al suicido, dejar de estigmatizar a las personas con trastornos mentales, animar a los ciudadanos a buscar la asistencia mejor y más eficaz posible y promover la integración activa de las personas que sufren problemas de salud mental;

45.

Subraya el papel determinante de los medios de comunicación para cambiar la imagen de la enfermedad, y pide que se elaboren directrices europeas para una cobertura responsable de la salud mental por parte de los medios de comunicación;

46.

Pide a los Estados miembros que apoyen y alienten el refuerzo de las organizaciones que representan a las personas con problemas de salud mental y a sus cuidadores para facilitar su participación en la elaboración y aplicación de las políticas, así como en todas las fases de la investigación en materia de salud mental;

47.

Considera que eliminar la estigmatización de la enfermedad mental supone el abandono del uso de tratamientos invasivos y de prácticas inhumanas, así como de las prácticas que se basan en una estrategia de custodia;

48.

Considera necesario promover y apoyar las actividades de rehabilitación psicosocial realizadas a través de pequeñas estructuras residenciales públicas, privadas o mixtas, de ciclo diurno o continuado, que son similares a la familia en escala y valores y se insertan en un entorno urbano, para promover la integración durante todas las etapas del proceso de tratamiento y rehabilitación;

49.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de una nueva directiva contra la discriminación por motivos de religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual fuera del ámbito del empleo, y pide la inmediata adopción de esta Directiva para hacer efectiva la protección contra la discriminación de las personas con problemas de salud mental;

50.

Pide a todos los Estados miembros que ratifiquen sin demora el Convenio de la Haya, de 13 de enero de 2000, sobre protección internacional de los adultos;

51.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la oficina europea de la OMS.

25.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 76/30

A.

Considerando que la Unión Europea pierde más del 20 % de su energía por motivos de ineficacia y, si se lograra el objetivo de ahorrar el 20 %, la UE utilizaría alrededor de 400 Mtep (millón de toneladas de equivalente de petróleo) menos en energía primaria y la reducción de las emisiones de CO2 sería de unos 860 millones de toneladas,

B.

Considerando que el consumo de energía, en combinación con la mezcla energética nacional, basada principalmente en fuentes energéticas convencionales, sigue siendo la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea,

C.

Considerando que cada vez se perciben más riesgos complejos con respecto a la seguridad y la dependencia del suministro en el contexto de la importación de fuentes de energía a la UE,

D.

Considerando que más incentivos para invertir en eficiencia energética durante una crisis financiera o recesión y en tiempos de volatilidad e imposibilidad de predecir los precios del petróleo podrían ayudar a estimular la economía,

E.

Considerando que el aumento de los precios de la energía puede convertirse en una de las principales causas de pobreza; que la mejora de la eficiencia energética es la mejor manera de reducir la vulnerabilidad de las personas desfavorecidas,

F.

Considerando que la mejora de la eficiencia energética es también la manera más rentable de lograr los objetivos vinculantes en materia de reducción de las emisiones y energía renovable que la UE se ha autoimpuesto,

G.

Considerando que la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de sus posibilidades inherentes están al servicio del interés común de los Estados miembros; que sería conveniente aplicar diferentes conjuntos de medidas a los Estados miembros para tener en cuenta sus distintas características económicas y climáticas,

H.

Considerando que las medidas de eficiencia energética sólo pueden dar el resultado deseado si se aplican en todas las políticas sectoriales,

I.

Considerando que, habida cuenta de que varios Estados miembros no han presentado un plan nacional de eficiencia energética, la Comisión tiene que adoptar medidas para alentar a un mayor número de Estados miembros a cumplir las decisiones adoptadas en este ámbito,

J.

Considerando que la crisis económica internacional y los fluctuantes precios de la energía acentúan la importancia de la eficiencia energética, que podría mejorar considerablemente la competitividad internacional de las empresas europeas,

K.

Considerando que, de conformidad con la anteriormente mencionada Comunicación de la Comisión titulada «Eficiencia energética: alcanzar el objetivo del 20 %», existe un riesgo real de que no se logre alcanzar el objetivo de eficiencia energética previsto para 2020,

L.

Considerando que, conforme a la propuesta de Directiva sobre la promoción del uso de la energía a partir de fuentes renovables, se requiere que los Estados miembros promuevan y fomenten la eficiencia energética y el ahorro de energía para lograr más fácilmente sus objetivos en materia de fuentes de energía renovables,

M.

Considerando que los edificios residenciales presentan un potencial de ahorro energético de aproximadamente un 27 %,

N.

Considerando que aún no hay objetivos jurídicamente vinculantes para la eficiencia energética a escala de la UE o a nivel nacional,

O.

Considerando la evidente incapacidad de llevar a cabo los proyectos de eficiencia energética,

1.

Acoge con satisfacción los planes de acción elaborados por los Estados miembros; expresa, no obstante, su preocupación por el hecho de que los retrasos en la presentación y las lagunas de contenido de algunos planes nacionales de acción apuntan a deficiencias que podrían hacer peligrar la consecución de los objetivos en materia de eficiencia energética y protección del clima de la UE; subraya que ahora se ha de destacar la ejecución efectiva de las medidas que se centran en la eficiencia energética, incluido el desarrollo de las mejores prácticas y sinergias, y mejor información y asesoramiento sobre la eficiencia energética para los usuarios finales;

2.

Considera oportuno que, como parte del proceso de revisión de los planes de acción en 2009, se examine pormenorizadamente en qué medida la legislación y los planes de acción aprovechan todas las posibilidades existentes para economizar en el ámbito de la eficiencia energética, al igual que la división de responsabilidades entre la Comisión, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales, en términos de aplicación y control;

3.

Insta a la Comisión a que haga de la eficiencia energética y el ahorro de energía la piedra angular de la política energética para Europa; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión expuesto en la anteriormente mencionada Comunicación titulada «Eficiencia energética: alcanzar el objetivo del 20 %» de elaborar un plan de acción revisado de la UE sobre eficiencia energética; pide a la Comisión que el objetivo de alcanzar el 20 % de eficiencia energética para 2020 sea jurídicamente vinculante, como parte de la evaluación que debe elaborar sobre los progresos de la Comunidad hacia dicho objetivo, con arreglo a la Decisión no 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el esfuerzo que habrán de desplegar los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 (13);

4.

Celebra el incremento de los recursos humanos de la Comisión en el ámbito de la eficiencia energética, que, a pesar de que siguen siendo insuficientes para ser plenamente operativos, han acelerado la elaboración de propuestas legislativas en ámbitos como el diseño de productos ecológicos, la eficiencia energética de los edificios y el etiquetado energético, el sector del transporte y los equipos de los usuarios finales; destaca que se percibe una continua necesidad de legislación en estos ámbitos;

5.

Considera que la Directiva 2006/32/CE ofrece un buen marco normativo; toma nota asimismo de que la Directiva se limita, en cuanto a la aplicación, al periodo que va hasta 2016 y, en todo caso, no es suficientemente ambiciosa para lograr el objetivo de una mejora mínima del 20 % de la eficiencia energética de aquí a 2020, por lo que se precisa una revisión en 2012, basada en un amplio estudio sobre las experiencias de los Estados miembros;

6.

Acoge con satisfacción el hecho de que en una serie de Estados miembros los proveedores de energía y las asociaciones profesionales hayan comenzado, en virtud de la Directiva, a mejorar y coordinar sus propios sistemas inteligentes de medición; señala, no obstante, que con el presente marco normativo no es probable que los hogares adopten masivamente el sistema de medición inteligente; apoya, por lo tanto, la introducción obligatoria de contadores inteligentes en todos los edificios en los 10 años siguientes a la entrada en vigor de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (14); pide a la Comisión que vele por un cumplimiento más riguroso de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Directiva 2006/32/CE, con vistas a acelerar la implantación de los sistemas inteligentes de medición;

7.

Considera necesario que la Comisión apoye la introducción obligatoria de la medición inteligente, que elabore un estudio general sobre la experiencia de los Estados miembros en este ámbito; considera que las futuras normas deberían imponer el requisito de equipar la vivienda de los consumidores con indicadores legibles, así como con el sistema de medición y que la Comisión debería asimismo prestar atención a las normas relativas a la compatibilidad de los sistemas de medición y a la comunicación de datos, tarifas diferenciadas y microproducción;

8.

Considera que convendría apoyar las disposiciones que apuntalen el cometido ejemplar del sector público; que, a la luz del creciente coste de la energía, convendría definir los criterios de eficiencia energética para los procedimientos de licitación pública de las instituciones del sector público;

9.

Reconoce que el aumento de la eficiencia energética de los edificios tiene un enorme potencial de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la lucha contra el cambio climático, en términos de adaptación y lucha contra las causas de dicho cambio;

10.

Anima a los Estados miembros a que, siempre que sea posible, hagan un uso importante de fuentes alternativas de energías renovables tales como la eólica, la biomasa, los biocombustibles y también las energías undimotriz y mareomotriz;

11.

Acoge con satisfacción los preparativos de la Comisión para extender la Directiva 2002/91/CE relativa a la normalización de los edificios de bajo consumo energético y cero emisiones de CO2, y pide unos requisitos sobre edificios de energía positiva a escala de la UE, pues de esa manera podrán reducirse los costes para el usuario final; propone que se establezca un calendario concreto para esa normalización y los niveles mínimos de energía a partir de fuentes renovables, tanto para los edificios existentes como para los nuevos;

12.

Destaca que las viviendas figuran entre los sectores de mayor consumo energético y, por ello, insta a que se incrementen las ayudas financieras para la eficiencia energética de los edificios, tanto a nivel nacional como comunitario, y que los actuales incentivos financieros se coordinen con los compromisos previstos en los planes nacionales en el contexto de la revisión de la Comisión de los planes de acción;

13.

Alienta en particular a los Estados miembros y a las regiones a que utilicen los Fondos Estructurales para establecer, en sus territorios, redes temáticas en el marco de la Acción Concertada del Programa de Trabajo de 2008 «Energía inteligente Europa», para divulgar las prácticas de otras regiones de la UE sobre el uso eficiente de la energía y para intercambiar conocimientos y experiencias en este ámbito;

14.

Subraya que las políticas energéticas en los planes nacionales de acción que abordan el sector residencial han de establecer como prioridad la mejora de la calidad global de las viviendas en que residen las personas de bajos ingresos, teniendo en cuenta el hecho de que los precios imprevisibles del combustible van a agravar seriamente la situación económica de estos hogares y pueden crear graves problemas sociales;

15.

Se congratula de que las disposiciones jurídicas sobre el etiquetado de equipos y los requisitos mínimos de eficiencia energética se completen sistemática y continuamente al hilo del plan de acción y la Directiva 2005/32/CE; indica que el ámbito de aplicación de esas normas jurídicas debería ampliarse a otros equipos, teniendo en cuenta los hábitos de consumo;

16.

Recomienda que, para reducir el consumo de corriente en el modo preparado, la Comisión examine la posibilidad de normalizar la alimentación eléctrica externa de varios aparatos; pide a la Comisión que, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2005/32/CE, se asegure de que dichas disposiciones abarcan el ciclo de vida completo de los aparatos en términos de eficacia energética; pide a este respecto que la Directiva se complete con disposiciones relativas al ciclo de vida completo, fiabilidad del producto y posibilidad de reparación;

17.

Considera importante animar a las empresas no incluidas en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión a lograr una mayor eficiencia energética, en particular cuando los costes ocultos u otros problemas impidan que la eficiencia energética se imponga en el mercado; considera necesario para lograr esa eficiencia —además de la extensión del diseño ecológico— la introducción del sistema de «certificados blancos»; considera que para facilitar dicha introducción la Comisión debería completar lo antes posible los controles pertinentes; observa el papel crucial que la eficiencia energética puede desempeñar a la hora de ayudar a los Estados miembros a lograr sus objetivos vinculantes de reparto de los esfuerzos; subraya el potencial particular para las reducciones rentables a través de la mejora de la eficiencia energética en los edificios;

18.

Se congratula del Reglamento (CE) no 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (15) y de las consultas sobre la legislación ulterior para mejorar la eficiencia energética específica de los vehículos; subraya la importancia de futuros objetivos rigurosos sobre las emisiones, que deben fijarse cuanto antes en interés de la seguridad industrial; expresa su decepción ante el hecho de que aún no se ha confirmado el límite de 95g de CO2 para 2020, pedido por el Parlamento; toma nota, no obstante, con preocupación de que no cabe esperar que esa nueva legislación contribuya a una reducción de la creciente demanda energética del transporte;

19.

Celebra la elaboración del Libro Verde titulado «Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana» (COM(2007)0551), pero toma nota de que, al no preverse disposiciones específicas y cuantificables, no será posible aprovechar a fondo las posibilidades de eficiencia energética aún existentes; pide a la Comisión que examine la forma en que la promoción de una movilidad urbana de bajo consumo energético y el desarrollo del transporte público pueden desempeñar un mayor papel en la política estructural y de cohesión, y la forma en que una movilidad eficaz puede ser más determinante en las condiciones aplicables a los proyectos cofinanciados por la Comunidad;

20.

Destaca que la extensión de las herramientas de información y comunicación también permite aplicar al transporte de mercancías por carretera métodos de peaje fuera de la red de autopistas; insta a que se examinen las posibilidades de prever normas uniformes de control para el mercado interior;

21.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de promover la cogeneración eficiente, pero observa que la promoción de esta tecnología podría desempeñar un papel en caso de contribuir eficaz y útilmente a cubrir las necesidades locales de generación de calor; señala que para los sistemas de calefacción urbana la eficacia de la red es tan importante como la de las instalaciones de que disponen los consumidores; estima que, en el futuro, por lo que respecta a las ayudas estructurales, la eficacia de las redes de los sistemas de calefacción urbana existentes deberá ser aún más determinante;

22.

Sigue considerando que las medidas políticas sectoriales específicas socavan en ocasiones los esfuerzos de la Unión Europea en el ámbito de la eficiencia energética; considera que tal situación se percibe en la estructura actual de las ayudas con cargo a los Fondos Estructurales y de Cohesión;

23.

Considera que las PYME tienen un importante papel que desempeñar en la mejora de la eficiencia energética, pero no tienen la misma capacidad para aplicar la legislación o las nuevas normas relativas a la energía; estima, en consecuencia, que las estructuras que se crearán en virtud de la ley de pequeñas empresas (Small Business Act) deberán facilitar información y establecer contactos con las PYME sobre las cuestiones de eficiencia energética;

24.

Pide a los Estados miembros que aumenten su nivel de ambición y conviertan sus planes nacionales de acción sobre eficiencia energética en una herramienta práctica para lograr no sólo sus objetivos sobre eficiencia energética conforme a la Directiva 2006/32/CE, sino también para sus objetivos más amplios y a más largo plazo, especialmente para mejorar la eficiencia energética en un 20 % por lo menos para 2020 y lograr los objetivos nacionales vinculantes en materia de reparto de los esfuerzos con vistas a la reducción de las emisiones;

25.

Pide a los Estados miembros que vayan más allá del objetivo orientativo nacional mínimo de ahorro de energía del 9 % antes de 2016, establecido en la Directiva 2006/32/CE, y que fijen unos objetivos provisionales claros para lograr el objetivo final;

26.

Considera necesario formular en los planes nacionales de acción objetivos realistas, fundados y vinculantes y especificar las medidas que se han de tomar para asegurar el logro de dichos objetivos;

27.

Considera muy importante que los planes nacionales de acción se adapten a la estructura geográfica, climática y económica y a las características de los consumidores, que pueden variar considerablemente entre regiones;

28.

Subraya la relación entre energía y cohesión territorial, como señala el Libro Verde de la Comisión sobre la cohesión territorial (COM(2008)0616), en términos de la contribución positiva de las medidas de eficiencia energética al desarrollo sostenible y a la seguridad energética, así como la importancia de una estrategia territorial bien diseñada y la creación de soluciones a largo plazo para todas las regiones;

29.

Considera necesario que los planes nacionales de acción alcancen los objetivos de eficiencia energética de manera rentable y aseguren el valor añadido de las ayudas públicas;

30.

Pide a los Estados miembros que en las actuales estructuras oficiales de contacto con los ciudadanos prevean servicios de información sobre la eficiencia energética, las mejores prácticas y los derechos del consumidor en el ámbito de la energía y del clima;

31.

Considera indispensable que, a diferencia de la práctica actual de diferentes Estados miembros, los planes nacionales de acción se elaboren con una participación adecuada de los gobiernos locales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil y los agentes económicos a fin de asegurar una mejor aplicación a nivel de base;

32.

Considera importante que en los planes nacionales de acción se preste particular atención a la pobreza causada por el aumento del precio de la energía y a la protección de las personas que corren el riesgo de caer en la pobreza; considera que la mejora de la eficiencia energética y la sensibilización son fundamentales y urgentes;

33.

Pone de relieve la importancia de que los Estados miembros incluyan en sus planes nacionales de acción para la eficiencia energética unos instrumentos financieros apropiados para el ahorro de energía, de acuerdo con el artículo 9 de la Directiva 2006/32/CE; opina que estos instrumentos financieros deberían diseñarse para superar barreras reconocidas a la mejora de la eficiencia energética, tal como el reparto de coste/beneficio entre el dueño y el arrendatario y el período de recuperación más largo que se requiere cuando se han de elevar propiedades más viejas y difíciles de tratar a los estándares contemporáneos de eficiencia energética;

34.

Considera necesario que en los planes nacionales de acción se destaque de manera especial cómo los gobiernos proyectan promover y apoyar las inversiones en eficiencia energética por parte de las PYME; subraya, por lo tanto, que al elaborar los planes nacionales de acción se deberá prestar especial atención a dichas inversiones;

35.

Nota con pesar que en la mayor parte de los Estados miembros la financiación asignada a proyectos de eficiencia energética es aún insuficiente y no se adapta adecuadamente a las variaciones regionales; pide a los Estados miembros y a las regiones que se centren en la ejecución de sus programas operativos respectivos sobre medidas innovadoras, a fin de desarrollar soluciones rentables de eficiencia energética;

36.

Subraya la necesidad, de ahora en adelante, de una ejecución efectiva de estas medidas, incluidos el desarrollo de mejores prácticas y sinergias, la organización del intercambio de información y la coordinación de los actores diversos y dispersos en el sector de la eficiencia energética;

37.

Subraya la necesidad de compromisos más globales y claros en los segundos planes nacionales de acción en 2011 para crear un entorno empresarial favorable y condiciones fiables de inversión para los actores del mercado;

38.

Subraya que el sector privado, apoyado por medidas nacionales, debe desempeñar un papel prominente en la inversión y el desarrollo de tecnologías energéticas nuevas y sostenibles, tomando al mismo tiempo medidas innovadoras para adoptar un planteamiento centrado en mayor medida en la eficiencia energética;

39.

Subraya el papel estratégico que desempeñan las autoridades públicas de la UE, en particular a nivel regional y local, para reforzar la ejecución del apoyo institucional necesario para las iniciativas sobre eficiencia energética tales como las descritas en la Directiva 2006/32/CE; recomienda el reforzamiento de amplias campañas de información y educación, por ejemplo mediante la utilización de etiquetados fácilmente comprensibles sobre la eficiencia energética de los productos, así como por medio de iniciativas piloto y formación en temas energéticos en los territorios de aquellas autoridades regionales y locales que quieran concienciar a los ciudadanos y modificar su comportamiento respecto de la energía;

40.

Pide a los Estados miembros que desarrollen campañas de concienciación a largo plazo sobre eficiencia energética, centrándose en la eficiencia en los edificios, tanto públicos como privados, y también en convencer al público de que la eficiencia energética puede generarles ahorros reales;

41.

Pide a la Comisión que difunda un análisis detallado de la primera ronda de todos los planes presentados para que se conozcan plenamente las causas de los retrasos y que actúe enérgicamente contra ulteriores retrasos y omisiones;

42.

Pide a la Comisión que examine a escala nacional y comunitaria la coherencia de cada política sectorial con los objetivos de eficiencia energética y considera indispensable realizar en este contexto una revisión detallada de los regímenes comunitarios de ayuda;

43.

Pide a la Comisión que aumente significativamente la proporción de Fondos Estructurales y de Cohesión asignados con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (16) a la mejora de la eficacia energética de las viviendas existentes y exija de los Estados miembros que saquen plenamente partido de esta posibilidad;

44.

Alienta a los Estados miembros y a las regiones en particular a que utilicen los Fondos Estructurales para establecer, en sus territorios, redes temáticas en el marco de la Acción Concertada del Programa de Trabajo de 2008 «Energía inteligente Europa», para divulgar las prácticas de otras regiones de la UE sobre el uso eficiente de la energía y para intercambiar conocimientos y experiencias en este ámbito;

45.

Pide a la Comisión que, para el próximo período de programación de los Fondos Estructurales, se base en objetivos de eficiencia energética para reforzar criterios prioritarios relacionados con dichos objetivos y para apoyar la aplicación de medidas y tecnologías concretas destinadas al ahorro de energía y al fomento de su utilización eficiente, incluida la promoción de consorcios para proyectos como la renovación de edificios, la modernización del alumbrado urbano y el transporte ecológico, la modernización de las instalaciones urbanas de calefacción y la producción de calor y electricidad;

46.

Pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para dotar a los Estados miembros de capacidad institucional para preparar y ejecutar planes nacionales de acción efectivos, incluidos el seguimiento oficial y el control de la calidad de las medidas, en particular las derivadas de las obligaciones relativas a los certificados de energía de los edificios y las destinadas a organizar programas públicos de educación y formación sobre eficiencia energética; pide a la Comisión que establezca una base de datos pública de las medidas de eficiencia energética de los Estados miembros o de los elementos más significativos de su aplicación;

47.

Pide a la Comisión que establezca requisitos mínimos relativos a un modelo, metodología y proceso de evaluación armonizados de los planes nacionales de acción sobre eficiencia energética; observa que ello aligerará la carga administrativa de los Estados miembros, asegurará que los planes nacionales de acción sobre eficiencia energética están bien fundados y facilitará la realización de análisis comparativos; opina que dichos modelo y metodología armonizados requerirán capítulos por sectores y deberán establecer una clara distinción entre políticas y acciones en materia de eficiencia energética previamente adoptadas por los Estado miembros, por una parte, y, por otra, nuevas políticas y acciones adicionales; hace referencia a las disposiciones pertinentes de la Directiva propuesta relativa a la promoción del uso de fuentes de energía renovables; destaca que el control por parte de la Comisión y el necesario rechazo de los planes nacionales de acción en el momento de su presentación asegurará una mejor calidad de la aplicación ulterior; pide que se coordinen los planes nacionales de acción y los informes previstos en virtud de los diferentes instrumentos legislativos relacionados con objetivos en materia de cambio climático; insta a la Comisión a que contraste los planes nacionales de acción sobre eficiencia energética con otros planes nacionales de acción e informes, incluidos los presentados en relación con el Protocolo de Kioto y los documentos del Marco Estratégico Nacional de Referencia de los Fondos Estructurales;

48.

Pide a la Comisión que desarrolle principios comunes sobre métodos para medir los ahorros de energía con el respeto debido al principio de subsidiariedad; observa que la necesidad de cuantificación y verificación de los ahorros de energía resultantes de medidas de mejora de la eficiencia energética es de interés no sólo en el ámbito de la Directiva 2006/32/CE, sino también en relación con la medición de la consecución del objetivo de ahorro de energía del 20 % para 2020 y cualquier otro futuro objetivo sobre ahorro energético;

49.

Exhorta a la Comisión a que se asegure de que los planes nacionales de acción sobre eficiencia energética presenten un planteamiento claro y coherente, y en especial, de que los requisitos de la Directiva 2002/91/CE, incluida cualquier modificación subsiguiente, estén completamente integrados en los planes nacionales de acción sobre eficiencia energética, de modo que dichos planes propongan medidas auténticamente adicionales a las mejoras de eficiencia energética ya requeridas conforme a la legislación comunitaria y nacional existente;

50.

Insta a la Comisión a que insista en que los planes nacionales de acción sobre eficiencia energética indiquen cómo se ha de cumplir la obligación contenida en la Directiva 2006/32/CE según la cual el sector público ha de desempeñar una función ejemplar y a que, en su caso, presente una propuesta de legislación comunitaria para velar por el cometido rector del sector público en materia de inversiones en eficiencia energética;

51.

Pide a la Comisión que examine las posibilidades de prever en los procedimientos de licitación pública un conjunto de condiciones de eficiencia energética, incluidas la aplicación obligatoria de las normas de eficiencia energética, otorgando prioridad a los productos «verdes» en los contratos públicos, y la inclusión obligatoria de los costes energéticos de ciclo de vida en la evaluación de las inversiones; destaca que las autoridades públicas a todos los niveles deberían ser las primeras en dar ejemplo a través de la aplicación de la contratación pública verde en sus procedimientos;

52.

Pide a la Comisión que, al hilo del examen de los recursos comunitarios asignados a la investigación y el desarrollo, vele por que se incrementen los fondos destinados a la mejora de la eficiencia energética en el marco de las próximas perspectivas financieras;

53.

Estima que la Comisión debería alentar a los Estados miembros que siguen sin adoptar un plan de acción nacional a que cumplan las decisiones adoptadas al respecto;

54.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

25.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 76/38

A.

Considerando que la Comisión ha tratado de estimular la investigación europea sobre la pesca y la acuicultura desde el Cuarto Programa Marco, con objeto de apoyar a la política pesquera común (PPC),

B.

Considerando que, en el Séptimo Programa Marco, toda la investigación sobre la pesca y la acuicultura se incluye en el contexto más amplio de la investigación relativa a la agricultura (tema 2), mientras que la ciencia marina y la gestión de las zonas costeras se incluyen en las ciencias medioambientales,

C.

Considerando que el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y para la Agricultura (FAO) y el Acuerdo para la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar relativas a la conservación y la gestión de las poblaciones de peces transzonales y de las poblaciones de peces altamente migratorios ponen de relieve la necesidad de desarrollar la investigación y la recopilación de datos para mejorar los conocimientos científicos del sector,

D.

Considerando que la PPC es una de las políticas comunitarias más dependientes de la investigación científica y que la credibilidad de las medidas adoptadas en el marco de esta política pasa por informes científicos de alto nivel,

E.

Considerando que la PPC se basa en principios de buena gobernanza que requieren que la toma de decisiones repose en un asesoramiento científico sólido y produzca resultados en tiempo oportuno,

F.

Considerando que los datos científicos han de constituir la base para el establecimiento de cuotas y el rendimiento máximo sostenible (RMS),

G.

Considerando que los pescadores y los científicos discrepan a menudo sobre el estado del mar y de las poblaciones de peces,

H.

Considerando que la estrategia de investigación marina y marítima, al tiempo que reconoce la importancia de continuar los esfuerzos en las diversas disciplinas marinas y marítimas, se centra en la mejora de las interacciones entre la investigación marina y la investigación marítima en lugar de centrarse en áreas de investigación ya asentadas,

I.

Considerando que los polos de investigación de excelencia existentes en las regiones ultraperiféricas constituyen observatorios privilegiados del medio marino para Europa en el ámbito de la estrategia de investigación marina y marítima,

J.

Considerando que la próxima revisión de la PPC, que da la prioridad a una gestión regional y basada en los ecosistemas, requiere una sólida base de conocimientos científicos,

1.

Considera que es necesario, en las políticas en materia de investigación, prestar una mayor atención a los problemas específicos de la pesca y de la acuicultura, habida cuenta de la importancia económica, social y política de este sector en la Unión;

2.

Se congratula de los nuevos esfuerzos realizados por la Comisión en su estrategia de investigación marina y marítima a fin de movilizar recursos para una mejor integración entre la investigación marina y la investigación marítima;

3.

Recuerda a la Comisión que, de conformidad con el Reglamento (CE) no 2371/2002, tiene la obligación legal de basar sus propuestas relativas a la PPC en un asesoramiento científico válido y en un enfoque de precaución; pide a la Comisión que haga hincapié y difunda la importancia de la investigación científica sobre el estado del mar y de los recursos pesqueros;

4.

Manifiesta su preocupación por la reorganización de los temas en el Séptimo Programa Marco, lo que significa que la investigación sobre la producción de pescado se haya disociado de la pesca y la ecología marina, aunque un claro cambio de orientación de la PPC hacia un enfoque ecosistémico requeriría, por el contrario, una mayor integración;

5.

Lamenta el hecho de que el Séptimo Programa Marco no considere la pesca ni la acuicultura como ejes específicos y que haga sólo referencia al tema 2, «Alimentos, agricultura y pesca, y biotecnología», que abarca la investigación en el ámbito de la pesca, pero sólo de lejos y por extensión; señala que lo mismo sucede con el tema 6, «Medio ambiente (incluido el cambio climático)»;

6.

Pide a la Comisión que revise el Séptimo Programa Marco en la evaluación intermedia, prevista para 2010, teniendo en cuenta la presente Resolución y prestando una mayor atención a los problemas específicos de la pesca y la acuicultura;

7.

Está convencido de que tanto los responsables políticos como los operadores del sector de la pesca tienen necesidad apremiante de una investigación más práctica y de que, dada la duración del Séptimo Programa Marco, es imperativo incluir los objetivos que se han de cumplir;

8.

Considera que, debido a la falta de ejes específicos para la pesca y la acuicultura en el Séptimo Programa Marco, no se incentiva bastante la elaboración de un número suficiente de proyectos de investigación en estos ámbitos, lo cual va en detrimento del interés y de la pertinencia de los proyectos seleccionados;

9.

Subraya que para garantizar una aplicación eficaz de la PPC, es necesario establecer programas específicos en el ámbito de la investigación aplicada y asegurar su financiación a través de una dotación presupuestaria adecuada; considera esencial, para ello, incluir una clave de reparto en el Séptimo Programa Marco;

10.

Pide a la Comisión que la financiación para la investigación aplicada en el ámbito de la PPC en el marco del Séptimo Programa Marco se emplee para fomentar sinergias entre los esfuerzos de investigación de los diferentes Estados miembros y alcanzar la masa crítica necesaria para abordar los grandes retos pluritemáticos de la investigación marina;

11.

Recomienda que, en el ámbito de la investigación científica marina, se dé prioridad no sólo a la investigación destinada a conocer el estado de los recursos pesqueros, sino también a los aspectos ecosistémicos, comerciales, económicos y sociales que sean determinantes para la gestión de las pesquerías, ya que son de importancia crucial;

12.

Considera que, en lo que se refiere en particular a la pesca y la acuicultura, debe darse prioridad a la investigación aplicada, cuyo objetivo fundamental debe ser la mejora de los datos científicos en que se basa la legislación y la gestión pesquera, especialmente en lo que se refiere a los planes de recuperación de las especies en mayor riesgo biológico;

13.

Constata un conflicto de intereses evidente a corto plazo entre pescadores y científicos, mientras que los objetivos a largo plazo son más compatibles; considera que el consenso sobre el estado del mar ha de ser la base de una política pesquera basada en la sostenibilidad; pide a la Comisión que favorezca la colaboración entre pescadores y científicos;

14.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recalquen y dejen bien claro a los pescadores el interés para ellos, a la hora de evaluar sus supuestas pérdidas económicas a corto plazo, de tener en cuenta los beneficios económicos que pueden esperar a medio o largo plazo;

15.

Hace hincapié en el preocupante problema del déficit de científicos jóvenes en la investigación aplicada en el ámbito de la pesca, debido a unas carreras profesionales poco atractivas en comparación a la investigación fundamental y otras disciplinas científicas;

16.

Subraya la necesidad de instaurar de nuevo carreras universitarias interesantes y gratificantes, que ofrezcan salidas profesionales bien remuneradas para esta rama científica;

17.

Apoya una política de educación que motive más a los jóvenes científicos a escoger la investigación aplicada en el ámbito pesquero antes que la investigación fundamental;

18.

Insta a la Comisión a promover la creación de una red europea estable, sobre la base de la infraestructura física existente en los Estados miembros y destinada a la observación y a la recopilación de datos del medio marino, que facilitaría el intercambio de información entre los operadores del sector y los organismos de investigación europeos y mantendría a la Unión Europea en una posición de excelencia; exhorta a la Comisión a que tenga especialmente en cuenta, en esta red, a los polos de investigación existentes en las regiones ultraperiféricas;

19.

Recuerda la necesidad de homogeneizar los diferentes modelos de investigación aplicada vigentes en los Estados miembros a fin de poder comparar mejor los resultados y facilitar la agregación de datos;

20.

Pide a la Comisión que aliente a la comunidad científica a continuar desarrollando más normas de metodología común en la investigación pesquera y a intensificar la cooperación entre centros nacionales de investigación;

21.

Pide a la Comisión que reúna información específica sobre la manera en que se desarrolla actualmente el diálogo entre científicos y pescadores en los diferentes Estados miembros y que haga un inventario de las mejores prácticas;

22.

Subraya que los consejos consultivos regionales tienen un papel importante que desempeñar en el contexto de la investigación aplicada y pide por lo tanto que los científicos puedan ser miembros de pleno derecho de esos organismos;

23.

Observa con preocupación que el importe total de los pagos de los Estados miembros para la recopilación de datos en el sector pesquero no ha dejado de disminuir desde 2006;

24.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que asignen los créditos disponibles en el presupuesto de la Unión Europea para la recopilación de datos en el sector pesquero, en particular los consignados en la línea presupuestaria 11 07 02 «Ayuda para la gestión de los recursos pesqueros (mejora del asesoramiento científico)»;

25.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

25.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 76/42

A.

Considerando que el derecho de los ciudadanos de la UE a establecerse o a prestar servicios en el conjunto de la UE es una libertad fundamental del mercado único que incluye el derecho a ejercer una actividad profesional, con carácter independiente o por cuenta ajena, en un Estado miembro distinto del Estado en que se obtuvo la cualificación profesional,

B.

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra c), del Tratado, la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales constituye una de las actividades de la Comunidad,

C.

Considerando que una mayor movilidad de las personas y servicios entre los Estados miembros y entre las regiones constituye un elemento fundamental para la consecución de la Agenda de Lisboa para el crecimiento y el empleo, y puede fomentar la productividad contribuyendo con nuevas perspectivas, ideas y cualificaciones,

D.

Considerando que la movilidad en la UE sigue siendo baja, habida cuenta de que solo un 4 % de los trabajadores ha vivido y trabajado en otro Estado miembro y que solo un 2 % vive y trabaja actualmente en otro Estado miembro (7),

E.

Considerando que persisten obstáculos importantes para las personas que desean trabajar en otro Estado miembro, y que un 20 % de las quejas recibidas por SOLVIT en 2007 se referían al reconocimiento de las cualificaciones profesionales requeridas para ejercer una profesión regulada,

F.

Considerando que la Comisión inició un procedimiento por incumplimiento sobre la base del artículo 226 del Tratado contra varios Estado miembros por no haber comunicado las medidas de transposición de la Directiva 2005/36/CE,

G.

Considerando que la Directiva 2005/36/CE dice en su considerando 32 lo siguiente: «La introducción a escala europea de certificados profesionales por asociaciones u organizaciones podría facilitar la movilidad de los profesionales, en particular, al agilizar el intercambio de información entre el Estado miembro de acogida y el Estado miembro de origen. Estos certificados profesionales deben posibilitar el seguimiento de la carrera profesional de los profesionales que se establecen en distintos Estados miembros. Dentro del respeto de las disposiciones relativas a la protección de los datos, dichos certificados profesionales pueden contener información sobre la cualificación del profesional (universidades o centros de formación en los que se han cursado estudios, cualificaciones obtenidas, experiencia profesional), el establecimiento legal, las sanciones que se le hayan impuesto en relación con su profesión e información sobre la autoridad competente en su caso»,

H.

Considerando que en su Resolución sobre el impacto y las consecuencias de la exclusión de los servicios sanitarios de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, antes mencionada, pedía «una tarjeta europea que dé acceso a la información sobre las competencias de los profesionales de la sanidad, y que se facilite dicha información a los pacientes», así como que «se desarrolle también un sistema de información sanitaria fiable para los prestadores de servicios sanitarios, obligándose a las autoridades nacionales a compartir dicha información»,

1.

Fomenta todas las iniciativas destinadas a facilitar la movilidad transfronteriza como medio de permitir un funcionamiento eficaz de los servicios y los mercados laborales, y como medio de favorecer el crecimiento económico en la UE;

2.

Destaca la responsabilidad de la UE para facilitar aún más la movilidad geográfica y profesional reforzando la transparencia, el reconocimiento y la comparabilidad de las cualificaciones, así como para garantizar la seguridad de los pacientes y los consumidores;

3.

Destaca, sin embargo, la necesidad de un enfoque coordinado más eficiente de la Comisión en cuanto a las iniciativas cuyo objetivo es facilitar y estimular la movilidad profesional entre los Estados miembros, como EUROPASS (CV europeo), EURES (portal sobre la movilidad del empleo) y el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), así como entre las diversas redes asociadas financiadas o cofinanciadas por la Comunidad implicadas en estos temas, tales como SOLVIT, IMI, EUROGUIDANCE y ENIC/NARIC;

4.

Hace hincapié en la corresponsabilidad de la sociedad civil, incluidos empresarios, sindicatos, organizaciones profesionales y autoridades competentes, para facilitar y mejorar la movilidad en el mercado interior;

5.

Pide a aquellos Estados miembros que se demoran en la transposición de la Directiva 2005/36/CE, que habría debido finalizar el 20 de octubre de 2007, que apliquen las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias;

6.

Pide a la Comisión que refuerce las acciones contra aquellos Estados miembros que aún no hayan transpuesto la Directiva 2005/36/CE;

7.

Pide a la Comisión que evalúe el impacto en la movilidad de la aplicación del artículo 7 de la Directiva 2005/36/CE en el informe que redactará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60, apartado 2, de la citada Directiva;

8.

Pide a los Estados miembros que actúen en pro de un enfoque más armonizado del reconocimiento de las cualificaciones y competencias, que simplifiquen los procesos administrativos de que se trata y que reduzcan los costes en que incurran los profesionales;

9.

Opina que, además de las medidas existentes destinadas a facilitar y a favorecer la movilidad, es necesario establecer, en la mayoría de las profesiones, el valor añadido de una tarjeta profesional europea;

10.

Señala que se han creado o se están creando tarjetas profesionales europeas en algunas profesiones reguladas y armonizadas, como los abogados y los profesionales de la salud, mientras que en otras profesiones no armonizadas o que lo están en menor medida la introducción de tarjetas profesionales parece tropezar con dificultades, dado que la normativa varía de un Estado miembro a otro y que los datos relativos a las cualificaciones deben validarse y ser objeto de reconocimiento mutuo previamente;

11.

Señala que una tarjeta profesional europea podría ser ventajosa incluso para las profesiones no reguladas y no armonizadas, pues tendría un papel de información, particularmente para los empleadores y los consumidores, como sería el caso para la mayor parte de las profesiones liberales;

12.

Invita a la Comisión a que haga un balance de las diferentes iniciativas en relación con el desarrollo de tarjetas profesionales y a que presente un informe al Parlamento Europeo con un inventario representativo de las mismas;

13.

Pide a la Comisión que examine las iniciativas con el fin de determinar si, además de otras medidas, una tarjeta profesional europea podría:

opina que toda nueva acción por parte de las autoridades públicas debería implicar una descripción muy pormenorizada de los tipos de profesiones y de las necesidades específicas que se supone debe cubrir la tarjeta;

14.

Opina que toda tarjeta profesional, si hay una demanda suficiente para su creación, debería ser lo más sencilla, fácil y accesible posible, evitando cualquier nueva carga burocrática, y que podría establecer un «lenguaje común» en cuanto a las cualificaciones de determinadas profesiones;

15.

Advierte de que una tarjeta profesional europea no debería tener efectos negativos sobre la movilidad transfronteriza y que solamente debería servir como prueba del derecho a circular, sin ser por ello la condición de tal circulación; destaca que no debería excluirse a algunos grupos específicos de la posibilidad de prestar servicios en otros Estados miembros y que, en particular para las personas con menos cualificaciones o cualificaciones menos específicas, la tarjeta no debería crear nuevos obstáculos;

16.

Destaca que el uso de una o más tarjetas profesionales europeas debería tener en cuenta la diversidad, por ejemplo, respetando las diferencias entre profesiones o entre Estados miembros; considera que las propias profesiones deberían financiar, si se juzga conveniente, el desarrollo y la creación de una tarjeta profesional europea;

17.

Subraya que, si la correspondiente profesión ya dispone de una tarjeta profesional nacional, sería adecuado, por consideraciones prácticas, integrar las funciones de la tarjeta nacional en la tarjeta profesional europea;

18.

Destaca que la información incluida en una tarjeta profesional europea debería ser fiable, validada y actualizada por las autoridades nacionales competentes; considera que, cuando proceda, la información contenida en los currículum vitae EUROPASS podría también incluirse en la tarjeta profesional europea;

19.

Hace hincapié en el hecho de que el acceso a los datos que figuran en la tarjeta deberían satisfacer las normas más estrictas en materia de protección de la vida privada;

20.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

25.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 76/46

A.

Considerando que el objetivo primordial debe ser la protección de la biodiversidad, incluida la conservación de las especies,

B.

Considerando que el bienestar de los animales siempre debe tomarse en consideración,

C.

Considerando, sin embargo, que hay en juego cuestiones de seguridad alimentaria y aprovisionamiento, en particular para las comunidades que por tradición practican la caza de la ballena,

D.

Considerando que la Directiva sobre los hábitats prohíbe la «perturbación deliberada, captura o muerte» de todas las especies de ballenas en las aguas comunitarias,

E.

Considerando que casi una de cada cuatro especies de cetáceos se consideran actualmente amenazadas, que nueve figuran en la lista de las especies en peligro o en peligro crítico de extinción, y que la situación de muchas especies y poblaciones sigue siendo incierta,

F.

Considerando que, aunque algunas poblaciones de ballenas han logrado cierto grado de recuperación desde la introducción de la moratoria, otras no lo han conseguido y sigue sin conocerse su capacidad para adaptarse a condiciones medioambientales cambiantes,

G.

Considerando que, inicialmente, la moratoria debía permanecer en vigor hasta el establecimiento de un plan de gestión adecuado y permitir que transcurriera un período de tiempo suficiente para que las poblaciones mermadas se recuperaran,

H.

Considerando que no todos los miembros de la CBI suscriben la moratoria,

I.

Considerando que la moratoria no se aplica, en ningún caso, al sacrificio de ballenas con fines científicos,

J.

Considerando que, de hecho, el número de ballenas sacrificadas en virtud de permisos especiales ha aumentado desde la introducción de la moratoria,

K.

Considerando que la CBI (en más de treinta resoluciones) y una serie de ONG y otros organismos han manifestado su profunda preocupación porque la caza de ballenas bajo los actuales permisos especiales es contraria al espíritu de la moratoria sobre la caza comercial de ballenas (Resolución 2003-2 de la CBI); que la carne procedente de esta caza no debe utilizarse con fines comerciales,

L.

Considerando que, a pesar de las recientes mejoras, los métodos utilizados para dar muerte a las ballenas aún no responden a la norma deseada,

M.

Considerando que los cetáceos no sólo están amenazados por la caza, sino también por el cambio climático, la contaminación, las colisiones con buques, las artes de pesca, el sonar y otros riesgos,

N.

Considerando que la Decisión del Consejo antes citada sólo se apoya en el artículo 175 del Tratado CE y hace referencia únicamente a la reunión antes mencionada de la CBI en Santiago de Chile, en junio de 2008,

1.

Acoge con sumo agrado la antedicha Comunicación de la Comisión sobre la acción comunitaria en relación con la caza de ballenas, así como la decisión sobre este mismo asunto que el Consejo adoptó por mayoría cualificada; respalda el mantenimiento de la moratoria general sobre la caza comercial de ballenas y la prohibición del comercio internacional de productos balleneros; trata de poner fin a la caza de ballenas «por razones científicas» y apoya la designación de zonas considerables de los océanos y los mares como santuarios en los que se prohíba indefinidamente cualquier tipo de caza de ballenas;

2.

Pide al Consejo que adopte una nueva posición común de conformidad con el artículo 37 y el artículo 175 del Tratado CE;

3.

Considera que la conservación de las ballenas y otros cetáceos depende en última instancia del desarrollo de medidas que sean objeto de un acuerdo lo suficientemente amplio como para poder ser aplicado de forma eficaz;

4.

Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que participan en el Grupo de Trabajo que obren para obtener dicho acuerdo;

5.

Considera que los debates en el Grupo de Trabajo deben ser objeto de la mayor transparencia posible;

6.

Espera que el Grupo de Trabajo aborde la cuestión del sacrificio de ballenas con fines científicos, a fin de encontrar la manera de poner fin a estas acciones;

7.

Respeta la necesidad de que las colectividades que tradicionalmente practican esta caza para su subsistencia sigan haciéndolo en cantidad limitada, pero pide que se haga más hincapié en la búsqueda y la utilización de métodos humanos de sacrificio;

8.

Pide que este tipo de caza se lleve a cabo únicamente respetando cuotas precisas basadas en el dictamen del Comité Científico de la CBI y regulada por controles estrictos que prevean la consignación íntegra de las capturas y su notificación a la CBI;

9.

Pide también el establecimiento, en zonas adecuadas de todo el planeta, de más zonas marinas protegidas donde las ballenas disfruten de una protección especial;

10.

Observa que de acuerdo con la Directiva Hábitat, que define la posición de la Comunidad en relación con la caza de ballenas (y delfines), no es posible la reanudación de la caza comercial de ballenas en las poblaciones situadas en las aguas de la UE;

11.

Llama la atención sobre la necesidad de utilizar artes de pesca más selectivos para evitar capturas accesorias de otras especies, en particular de cetáceos;

12.

Considera que la dramática historia de la caza comercial de ballenas, junto con los numerosos peligros que pesan actualmente sobre las poblaciones de ballenas (incluidos, entre otros, las capturas fortuitas durante operaciones de pesca, las colisiones con buques, el cambio climático global y la contaminación acústica de los océanos) obligan a la UE a promover en los principales foros internacionales, de forma coordinada y coherente, la máxima protección para estas especies a escala mundial;

13.

Pide también que, fuera de esas zonas reservadas, se proteja a la población de cetáceos de las amenazas derivadas del cambio climático, la contaminación, las colisiones con buques, las artes de pesca, la contaminación acústica antropogénica de los océanos (sonar, estudios sísmicos y ruido procedente de los barcos) y de otros riesgos;

14.

Considera que la Comisión debe, antes de acometer una acción mundial, presentar nuevas propuestas para contrarrestar esas amenazas en lo que concierne a las aguas comunitarias y los buques de la Comunidad;

15.

Opina que la Comisión debe definir un marco regulador revisado para la práctica de la observación de las ballenas, que defienda los intereses económicos y sociales de las regiones costeras en las que se practican dichas actividades, teniendo en cuenta su evolución reciente;

16.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a la Comisión Ballenera Internacional, a los consejos consultivos regionales, al Comité consultivo de pesca y acuicultura y a las organizaciones regionales de ordenación pesquera a las que la UE pertenece.

25.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 76/49

A.

Considerando la importante contribución del sector audiovisual a la economía europea del conocimiento y de la creación, así como el papel primordial que desempeña en la promoción de la diversidad cultural y el pluralismo en la Unión Europea,

B.

Considerando que la convergencia de los servicios de la sociedad de la información y los servicios, redes y dispositivos de los medios de comunicación plantea nuevos retos para la adaptación del actual marco normativo, con derechos y deberes en múltiples ámbitos, y ofrece nuevas y numerosas oportunidades,

C.

Considerando que el hecho de disponer de información fiable, transparente y comparable sobre el mercado europeo del sector audiovisual puede fomentar la competitividad de los operadores, especialmente de los pequeños y medianos, al mejorar su comprensión del potencial de la industria, además de favorecer a los usuarios,

D.

Considerando que el Observatorio Europeo del Sector Audiovisual (en adelante, «Observatorio») contribuye a la competitividad de la industria audiovisual europea mediante la recopilación y divulgación de información detallada sobre el sector audiovisual,

E.

Considerando que el Observatorio ofrece una amplia gama de productos, incluidos servicios en línea, publicaciones y bases de datos, que han resultado muy valiosos para la industria y para los responsables políticos a escala nacional y comunitaria,

F.

Considerando que la acción de la Comunidad en apoyo de la competitividad de la industria contribuirá al logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa,

1.

Reconoce que el Observatorio es la única organización de servicio público paneuropeo dedicada a recopilar y divulgar información sobre la industria audiovisual europea, y que desempeña un papel fundamental al proporcionar información detallada sobre el sector a los organismos públicos y privados;

2.

Subraya que la convergencia de los servicios de la sociedad de la información y los servicios de los medios de comunicación, las redes y dispositivos plantean nuevos retos para la investigación en el sector audiovisual que deberían quedar reflejados en las actividades del Observatorio;

3.

Reitera que los multimedios y las nuevas tecnologías desempeñarán un papel cada vez más significativo en el sector audiovisual y que el Observatorio deberá reforzar oportunamente su capacidad de seguir las novedades con el fin de continuar desempeñando un importante papel en el sector;

4.

Subraya que es necesario proporcionar al Observatorio los recursos necesarios para que continúe respondiendo a su objetivo y poder efectivamente seguir el ritmo de avance de los multimedios y de las nuevas tecnologías;

5.

Pide, al respecto, que el Observatorio amplíe sus actividades para responder más específicamente a los últimos retos creados por la convergencia de los medios de comunicación y los nuevos avances, prestando especial atención al análisis del impacto de la digitalización en la industria audiovisual y cinematográfica en general, y al análisis de los servicios audiovisuales en línea, la televisión móvil y los videojuegos;

6.

Destaca la importancia de los contactos y la coordinación con los reguladores y las partes interesadas nacionales del sector de los medios audiovisuales, con el fin de garantizar la creación de valor añadido;

7.

Acoge con satisfacción la publicación del Observatorio sobre derechos de autor y derechos afines y propone que el Observatorio siga vigilando de forma sistemática la evolución de estos asuntos y, en la medida de lo posible y ateniéndose a la Convención de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (4), extienda su labor de observación a cuestiones del Derecho fiscal y del trabajo en el sector audiovisual europeo;

8.

Pide al Observatorio, en su calidad de organismo especializado, que haga sugerencias y proponga opciones que puedan servir de base para una política europea teniendo en cuenta las mejores prácticas seguidas en otras partes del mundo con trayectorias equivalentes en el ámbito de los medios audiovisuales, como por ejemplo en Asia o en Norteamérica;

9.

Acoge favorablemente la investigación del Observatorio sobre la importancia de las obras audiovisuales de terceros países en el mercado europeo y recomienda que se analicen las posibilidades de desarrollar modelos de cooperación con socios de terceros países en aplicación de la mencionada Convención de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural y de la Directiva sobre medios audiovisuales, en relación con «obras europeas» en el sentido del artículo 1, letra n), de dicha Directiva, y en el marco del proyecto piloto Media International;

10.

Reconoce las diferencias culturales entre Estados miembros que pueden dar lugar a tratamientos diferentes de los contenidos audiovisuales dañinos u ofensivos, especialmente respecto de los menores, aunque tiene en cuenta la necesidad de una armonización mínima en el ámbito de la protección de los menores, prevista en la Directiva de servicios audiovisuales, así como las medidas adoptadas en el marco del programa para un Internet más seguro cuyo objetivo es promover un uso más seguro de Internet y de las nuevas tecnologías en línea, especialmente para los niños, así como luchar contra los contenidos ilícitos o no deseados por el usuario final;

11.

Pide, al respecto, que el Observatorio controle los diferentes instrumentos (jurídicos) y elabore opciones políticas;

12.

Aboga por una divulgación más amplia de las publicaciones del Observatorio a través de una intensificación de la política de comunicaciones, a fin de promover el conocimiento de sus actividades;

13.

Acoge con satisfacción el proyecto de revisión del sitio del Observatorio en Internet, que deberá reflejar los últimos y más altos estándares en multimedios y tecnología, y apoya los esfuerzos previstos para mejorar su diseño y la interactividad que lo harán más informativo y más fácil de usar;

14.

Reconoce que aunque algunas cuestiones específicas, como por ejemplo la alfabetización audiovisual, no forman parte del ámbito de actividades del Observatorio, debería preverse el examen de estas cuestiones;

15.

Alienta al Observatorio a que, en cooperación con sus miembros, proporcione más datos sobre la disponibilidad de determinados servicios audiovisuales específicamente destinados a ayudar a las personas con discapacidad, como el subtitulado, la descripción audio y el lenguaje de signos;

16.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa y al Observatorio Europeo del Sector Audiovisual.

25.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 76/51

A.

Considerando que en su Resolución de 14 de febrero de 2007 dirigió 46 recomendaciones detalladas a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión,

B.

Considerando que, desde la aprobación de la Resolución de 14 de febrero de 2007, se han producido diversos acontecimientos en los Estados miembros, a saber:

C.

Considerando que, el 3 de febrero de 2009, el Comisario competente para Libertad, Seguridad y Justicia declaró ante el Parlamento que había emprendido una serie de acciones para llevar a la práctica las recomendaciones del Parlamento, como pedir por escrito a las autoridades de Polonia y Rumanía que aclaren totalmente la presunta existencia de cárceles secretas en su territorio, y publicar una comunicación con proyectos de nuevas medidas en el ámbito de la aviación civil,

D.

Considerando que las entregas extraordinarias y las detenciones secretas contravienen la legislación internacional en materia de derechos humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que las autoridades de los Estados Unidos están reconsiderando estas prácticas,

E.

Considerando que los secuestrados en algunos Estados miembros en el marco del programa de entregas extraordinarias fueron trasladados a Guantánamo o a otros Estados por las autoridades estadounidenses en vuelos militares o de la CIA que con frecuencia sobrevolaron el territorio de la Unión Europea y en ocasiones incluso hicieron escala en algunos de sus Estados miembros; considerando que quienes fueron trasladados a terceros países sufrieron tortura en cárceles locales,

F.

Considerando que algunos Estados miembros se dirigieron a las autoridades de los Estados Unidos para solicitar la liberación y repatriación de nacionales suyos o residentes en su territorio que habían sido objeto de entregas extraordinarias; que agentes de algunos Estados miembros tuvieron acceso a los presos de Guantánamo o de otros centros de detención y les interrogaron también para verificar los cargos que les imputaban las autoridades de los Estados Unidos, legitimando de este modo la existencia de dichos centros de detención,

G.

Considerando que la Resolución de 14 de febrero de 2007 y los acontecimientos posteriores dan testimonio de que varios Estados miembros participaron o cooperaron, activa o pasivamente, con las autoridades de los Estados Unidos en el transporte ilegal por parte de la CIA y de las fuerzas militares de los Estados Unidos de prisioneros a Guantánamo y a las prisiones secretas, o en su detención en dichos centros, cuya existencia ha sido reconocida por el Presidente Bush —como ha quedado demostrado por las recientes informaciones difundidas sobre la autorización por los gobiernos de las solicitudes de los Estados Unidos de sobrevolar sus territorios, y por informaciones gubernamentales relativas a las cárceles secretas—, y que los Estados miembros tienen una parte de responsabilidad política, moral y legal por el transporte y la detención de las personas encarceladas en Guantánamo y en los centros de detención secretos,

H.

Considerando que el Senado de los Estados Unidos ratificó el acuerdo UE-EE.UU. de extradición y asistencia judicial mutua, ratificado por todos los Estados miembros excepto Italia,

I.

Considerando que, si bien el decreto ejecutivo promulgado por el Presidente Obama el 22 de enero de 2009 supone un considerable paso hacia adelante, no parece abordar plenamente las cuestiones de la detención secreta y el secuestro ni el recurso a la tortura,

1.

Denuncia que hasta ahora ni los Estados miembros ni el Consejo hayan tomado medidas para arrojar luz sobre el programa de entregas extraordinarias y para aplicar las recomendaciones del Parlamento; lamenta la falta de respuestas satisfactorias del Consejo al Parlamento el 3 de febrero de 2009;

2.

Pide a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión que lleven plenamente a la práctica las recomendaciones formuladas por el Parlamento en su Resolución de 14 de febrero de 2007 y que colaboren en la búsqueda de la verdad mediante la realización de investigaciones o cooperando con los organismos competentes divulgando y facilitando toda la información pertinente, y velando por el control parlamentario de la actuación de los servicios secretos; pide al Consejo que haga pública toda la información pertinente sobre el transporte y la detención ilegal de presos, también en el marco del Grupo de Trabajo «Derecho Internacional Público» (COJUR); insta a los Estados miembros y a las instituciones de la UE a que cooperen con todos los organismos internacionales competentes, incluidos los de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, y a que remitan al Parlamento Europeo toda la información pertinente, los informes de investigación parlamentaria y las sentencias correspondientes;

3.

Pide a la Unión Europea y a los Estados Unidos que refuercen el diálogo transatlántico sobre un nuevo enfoque común de la lucha contra el terrorismo basado en valores comunes, como el respeto de las leyes internacionales sobre derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, en un marco de cooperación internacional;

4.

Opina que los acuerdos UE-EE.UU. sobre extradición y asistencia judicial mutua ofrecen un instrumento adecuado para una legítima cooperación legal de los cuerpos de seguridad y las autoridades judiciales en la lucha contra el terrorismo; celebra, por tanto, su ratificación por el Senado de Estados Unidos y pide a Italia que los ratifique a la mayor brevedad;

5.

Celebra que el Presidente Obama haya firmado tres decretos ejecutivos sobre el cierre del centro de detención de Guantánamo, la suspensión de los tribunales militares, el cese del uso de la tortura y el cierre de las prisiones secretas en el exterior;

6.

Destaca, no obstante, que persisten ciertas ambigüedades en relación con el mantenimiento de un número limitado de sistemas de entrega y de centros secretos de detención; expresa su confianza en que se efectúen las aclaraciones pertinentes por lo que se refiere al cierre y prohibición de todos los demás centros de detención secretos gestionados directa o indirectamente por las autoridades estadounidenses en los Estados Unidos o fuera de su territorio; recuerda que la detención secreta es en sí misma una grave violación de los derechos humanos fundamentales;

7.

Reitera que, según el artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, las víctimas de tortura tienen el derecho jurídicamente exigible a una reparación y a una compensación justa y adecuada;

8.

Celebra que próximamente, los días 16 y 17 de marzo de 2009, vayan a visitar los Estados Unidos el Comisario competente para Libertad, Seguridad y Justicia, la Presidencia checa y el Coordinador de la UE de la lucha contra el terrorismo, y pide a los representantes de la UE que planteen la cuestión de las entregas extraordinarias y los centros de detención secretos, ya que constituyen violaciones graves del Derecho internacional y europea en materia de derechos humanos; pide al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior que se celebrará el 26 de febrero de 2009 que adopte una posición firme sobre este asunto y que debata el asunto del cierre de Guantánamo y la reintegración de los reclusos, teniendo debidamente en cuenta la Resolución del Parlamento de 4 de febrero de 2009 a este respecto;

9.

Pide a la Unión Europea, a los Estados miembros y a las autoridades de los Estados Unidos que investiguen y esclarezcan plenamente los casos de abuso y violación del Derecho internacional y nacional en materia de derechos humanos, libertades fundamentales, prohibición de tortura y malos tratos, desaparición forzada y derecho a un juicio justo, cometidos en relación con la «guerra contra el terrorismo», con vistas a determinar las responsabilidades relativas a los centros de detención secretos, incluido Guantánamo, y al programa de entregas extraordinarias, y que velen por que no se repitan en el futuro estas violaciones y por que se prosiga la lucha contra el terrorismo sin violar los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho;

10.

Pide al Consejo, a la Comisión y al Coordinador de la UE de la lucha contra el terrorismo que, tras la visita de la delegación de la UE a los Estados Unidos, le informen sobre la aplicación de los acuerdos sobre asistencia jurídica mutua y sobre extradición, así como sobre la cooperación UE-EE.UU. en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, velando al mismo tiempo por el pleno respeto de los derechos humanos, de manera que la comisión competente pueda tratar estos asuntos en un informe que se elaborará también sobre la base del apartado 232 de su Resolución de 14 de febrero de 2007;

11.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, al Coordinador de la UE de la lucha contra el terrorismo, a los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de la OTAN, al Secretario General y al Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, al Secretario General de las Naciones Unidas, así como al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América.

25.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 76/54

A.

Considerando que es necesaria una definición clara de los intereses comunes de la Unión Europea para alcanzar los objetivos de la acción exterior de la Unión Europea y en particular los de su PESC,

B.

Considerando que cuando la Unión Europea habla con una sola voz goza de considerable autoridad, logra unos resultados tangibles y ejerce una influencia importante sobre el curso de los acontecimientos, una influencia acorde con su poder económico,

C.

Considerando que la PESC, que ahora cuenta con una amplia gama de herramientas operativas consolidadas, está entrando en una nueva etapa, marcada por un mayor énfasis en el pensamiento estratégico y una clara acción prioritaria,

D.

Considerando que, para mejorar la eficacia y coherencia de su acción a escala mundial, la Unión Europea necesita, en primer lugar, los instrumentos de política exterior previstos en el Tratado de Lisboa; considerando que, no obstante, deben utilizarse todas las posibilidades prácticas que ofrecen los Tratados actuales, junto con una fuerte voluntad política común, para fortalecer la coherencia institucional de la acción exterior de la Unión Europea,

E.

Considerando que el Consejo y la Comisión ya han adoptado iniciativas para fomentar un aumento de la sinergia y la coherencia mutuas; considerando que, por lo tanto, el Parlamento debería realizar esfuerzos similares para evitar una fragmentación interna en el ámbito de las relaciones exteriores,

1.

Reitera que la PESC debe estar respaldada por los valores fundamentales de la Unión Europea y de sus Estados miembros, en particular, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de la dignidad de la persona, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fomento de la paz y un multilateralismo efectivo;

2.

Subraya que la Unión Europea debe utilizar la PESC para luchar por los intereses comunes de sus ciudadanos, incluido su derecho a vivir en paz y seguridad en un medio ambiente limpio y a tener un acceso diversificado a recursos vitales tales como la energía;

3.

Cree firmemente que la Unión Europea puede tener más influencia si habla con una sola voz, si cuenta con los instrumentos adecuados, si refuerza su cooperación con las Naciones Unidas y si cuenta con la sólida legitimidad democrática que conlleva el control informado por parte tanto del Parlamento Europeo como de los Parlamentos nacionales, interviniendo a su nivel correspondiente y de conformidad con sus mandatos respectivos; considera, a este respecto, que el Parlamento Europeo debería invitar a los miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa de los Parlamentos nacionales a reunirse con él regularmente con el fin de controlar mediante las herramientas y metodologías apropiadas de análisis los principales desarrollos en el ámbito de la PESC; opina que deberían desplegarse renovados esfuerzos para sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos de la Unión Europea con respecto a la PESC;

4.

Opina igualmente que deberían revisarse las estructuras y organización del Parlamento al objeto de reagrupar y aprovechar mejor todas las experiencias relativas a la PESC, con el fin de prestar una contribución más eficaz y coherente al desarrollo de una PESC más estratégica y democrática;

5.

Lamenta que el presupuesto de la PESC sea muy inferior a sus necesidades y recuerda que, con el fin de ser creíble y responder a las expectativas de los ciudadanos de la Unión Europea, la PESC debe contar con recursos acordes con sus objetivos y metas específicas;

6.

Acoge con satisfacción la celebración regular de reuniones de consulta sobre la PESC entre el Parlamento y la Presidencia del Consejo conforme a lo dispuesto por el mencionado Acuerdo Interinstitucional; subraya, sin embargo, que estas reuniones deberían entenderse como una oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre las próximas necesidades, las acciones previstas en el campo de la PESC y las estrategias a medio y largo plazo de la Unión Europea en terceros países;

7.

Celebraría recibir más información del Consejo sobre las actividades financiadas con cargo al presupuesto del Consejo o mediante el mecanismo Athena y, en particular, sobre cómo se complementa con los créditos correspondientes la financiación de las acciones de la PESC con cargo al presupuesto de la Unión Europea;

8.

Pide que el presupuesto de la PESC sea totalmente transparente para la autoridad presupuestaria y de aprobación de la gestión; reitera su preocupación por la costumbre de transferir créditos no utilizados del capítulo de la PESC y pide a la Comisión que informe al Parlamento a su debido tiempo sobre las transferencias internas, sobre todo habida cuenta de que la mayoría de esas misiones de la PESC, por no mencionar la Misión de Observación de la Unión Europea (MOUE) en Georgia o la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX), son delicadas desde el punto de vista político y abordan situaciones de crisis bien conocidas por el público;

9.

Señala con satisfacción que, por primera vez, el informe del Consejo se refiere sistemáticamente a las resoluciones aprobadas por el Parlamento; lamenta, sin embargo, que el Consejo no participe en un diálogo sustantivo sobre las opiniones formuladas por el Parlamento, ni tampoco se refiera a esas resoluciones en los documentos operativos, tales como las acciones o las posiciones comunes;

10.

Opina que, en lugar de limitarse a proporcionar un catálogo exhaustivo de las actividades realizadas, el informe anual del Consejo debería ofrecer la oportunidad de establecer un diálogo con el Parlamento encaminado a desarrollar un enfoque más estratégico para la PESC, sobre la base de la identificación de los principales desafíos y la definición de prioridades y objetivos para la acción futura;

11.

Insta, por consiguiente, al Consejo a reconsiderar la lógica general y el formato específico del informe a fin de garantizar que incluya una evaluación en profundidad de la política de la Unión Europea hacia terceros países o bloques regionales y la respuesta de la Unión Europea a las crisis de seguridad y humanitarias, así como propuestas concretas para la acción futura;

12.

Opina que los próximos meses ofrecerán una oportunidad única para que la Unión Europea elabore una nueva agenda transatlántica con el nuevo Gobierno de los Estados Unidos, que incluya cuestiones estratégicas de interés común, tales como una nueva gobernanza global basada en organizaciones multilaterales más fuertes, la respuesta a la crisis financiera, el establecimiento de un profundo y amplio mercado transatlántico global, la lucha contra el cambio climático, la seguridad energética, la promoción de una paz duradera en Oriente Próximo, la situación en Irán, Iraq y Afganistán, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, la no proliferación nuclear y el desarme y los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

13.

Considera que la PESC debe seguir centrándose en la salvaguardia de los derechos humanos, la promoción de la paz y la seguridad en los países limítrofes de Europa y, a nivel global, el apoyo a un multilateralismo efectivo y el respecto del Derecho internacional, la lucha contra el terrorismo, la no proliferación de armas de destrucción masiva y el desarme, el cambio climático y la seguridad energética, ya que estas cuestiones constituyen los mayores retos de nuestro planeta y, como tales, están directamente relacionadas con las preocupaciones de los ciudadanos europeos;

14.

Subraya, en lo que se refiere al secuestro y asesinato de rehenes por parte de terroristas islámicos, la necesidad de reforzar la cooperación y la coordinación en materia de política antiterrorista entre los Estados miembros de la UE, los Estados Unidos y la OTAN, con el fin, en particular, de mejorar la eficacia de las operaciones de rescate emprendidas para salvar la vida de los rehenes;

15.

Pide al Consejo que dé curso con determinación a las recomendaciones formuladas por el Parlamento para el desarrollo de una política energética exterior común europea, en particular, fomentando la promoción de la cohesión de la Unión Europea en las negociaciones con los proveedores de energía y los países de tránsito y la defensa de los intereses comunes de la Unión Europea, desarrollando mecanismos más eficaces para responder a las situaciones de crisis y, por último, garantizando la diversificación de los suministros de energía y su uso sostenible y el fomento de las energías renovables;

16.

Celebra que la actual revisión de la EES tenga en cuenta los nuevos retos de seguridad, tales como la seguridad energética, el cambio climático y la seguridad cibernética, y tenga por objetivo mejorar la calidad de ejecución de la propia estrategia; toma nota, en este contexto, del debate mantenido por el Consejo, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales de los Estados miembros sobre el futuro de la seguridad europea; subraya que, lejos de pretender una arquitectura radicalmente nueva, estos debates, con participación de la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos de América y Estados miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa que no pertenecen a la Unión Europea, deben basarse en los logros y valores de la Unión Europea, expresados en el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea y contenidos en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de París;

17.

Considera asimismo que la guerra de Georgia confirma la necesidad de seguir desarrollando, en el marco de la revisión de la EES, la diplomacia preventiva de la Unión Europea, acompañada de unas herramientas adecuadas de prevención de crisis, concretamente el Instrumento de Estabilidad, la planificación de las contingencias y una financiación estable a largo plazo, y la necesidad de que la Unión Europea utilice a fondo sus capacidades y experiencia en materia de gestión de crisis y catástrofes;

18.

Recuerda que la consolidación del estatuto posterior de Kosovo es esencial para el logro de la estabilidad en los Balcanes Occidentales; celebra, por tanto, el consenso alcanzado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 2008, que permitió el despliegue completo de la EULEX en Kosovo, e insta al Consejo a que, en cooperación con la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), alcance una clara relación funcional y un relevo fluido de ambas misiones en el ámbito del Estado de Derecho; pide a la EULEX que logre unos resultados rápidos en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada y en el procesamiento de las personas a quienes se imputan crímenes de guerra; expresa su apoyo al trabajo del Representante Especial de la Unión Europea en Kosovo y le anima a seguir desarrollando su mandato y a fomentar un clima de cooperación práctica entre las autoridades de Pristina y las autoridades de Belgrado en beneficio de las comunidades serbias que viven en Kosovo;

19.

Corrobora que el objetivo de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina sigue consistiendo en asegurar un país estable, pacífico y multiétnico encaminado irreversiblemente hacia la adhesión a la Unión Europea; anima a los dirigentes políticos de Bosnia y Herzegovina a que apliquen el acuerdo alcanzado el 8 de noviembre de 2008 para abordar rápidamente los objetivos y condiciones restantes establecidas por el Consejo de Aplicación de la Paz relativas a la transición de la Oficina del Alto Representante a la Oficina del Representante Especial de la Unión Europea hacia mediados del año 2009; expresa su preocupación por una eventual retirada de la comunidad internacional de Bosnia y Herzegovina; considera, de hecho, que el fin de la participación internacional sólo puede producirse de común acuerdo con las autoridades bosnias y una vez que Bosnia y Herzegovina se convierta en un país estable con instituciones operativas;

20.

Reitera su convicción de que es necesario reforzar los incentivos para que los países socios de la Política Europea de Vecindad efectúen reformas y opina que la reciente crisis en el Cáucaso Meridional ha demostrado claramente la necesidad de una presencia más fuerte de la Unión Europea entre sus vecinos del este de Europa, por lo que apoya el enfoque de la Comisión en su comunicación, de 3 de diciembre de 2008, sobre Asociación Oriental (COM(2008)0823), dirigido a establecer una amplia zona de libre comercio, la supresión gradual de todos los obstáculos a la libre circulación de personas (incluyendo, quizá, la posibilidad de viajar sin visados) y la cooperación en todos los ámbitos de la seguridad, especialmente en materia de seguridad energética; opina que esta Asociación Oriental y la cooperación con el Mar Negro deberían apoyarse mutuamente, estableciéndose así una zona de paz, seguridad, estabilidad y respeto de la integridad territorial; opina que esta asociación debería ir acompañada de una duplicación de la ayuda financiera comunitaria y de una fuerte dimensión política de la que debería ser parte integrante EURONEST, la propuesta Asamblea Parlamentaria Paritaria integrada por los diputados del Parlamento Europeo y de los parlamentos de los países vecinos;

21.

Apoya la decisión del Consejo de volver a colaborar con las autoridades de Belarús, continuando al mismo tiempo el diálogo con todas las fuerzas democráticas del país, siempre que las autoridades belarusas respondan positivamente a esta oferta haciendo progresos tangibles en materia de respeto de los valores democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales; opina que, sobre esta base, se debe desarrollar una cooperación progresiva, basada en la más estricta condicionalidad, con el fin de incluir gradualmente a Belarús en la Asociación Oriental; insta a la Comisión y al Consejo a que adopten cuanto antes medidas efectivas para facilitar los procedimientos de visado para los ciudadanos de Belarús, incluida la reducción de los costes de su entrada en el Espacio Schengen;

22.

Felicita a la Presidencia francesa del Consejo por haber logrado que la Unión Europea desempeñara un papel clave para poner fin a la guerra en Georgia; pide a la Unión Europea y, en particular, a su Representante Especial para la crisis en Georgia, que defiendan el principio de la integridad territorial de Georgia y el respeto a las minorías, tratando al mismo tiempo de llegar a un acuerdo que establezca mecanismos eficaces para el retorno seguro de los desplazados internos y de los refugiados y para la vigilancia eficaz de la seguridad de la región;

23.

Insta al Consejo a que insista en la plena aplicación del acuerdo de alto el fuego y a que garantice que los observadores tengan pleno acceso a todas las zonas afectadas por el conflicto de conformidad con el mandato de la MOUE; concede gran importancia a que se le informe regularmente sobre los informes elaborados por la MOUE;

24.

Opina que la Unión Europea debe ser un observador cercano y comprometerse a contribuir a la resolución de otros posibles conflictos en esta región vecina de la Unión Europea, incluidos el establecimiento de contactos y la apertura de canales de comunicación con todos los actores regionales pertinentes; subraya, a este respecto, que debería establecerse una estrecha cooperación con Turquía;

25.

Considera que la asociación de la Unión Europea con Rusia debe basarse en una estrategia coherente y en un compromiso claro por ambas partes de actuar respetando plenamente el Derecho internacional y sus acuerdos bilaterales y multilaterales; en consonancia con las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 1 de septiembre y 15 y 16 de octubre de 2008, destaca que Rusia debe cumplir los compromisos contraídos en virtud de los acuerdos de 12 de agosto y 8 de septiembre de 2008; expresa su convicción, por consiguiente, de que el acuerdo de Rusia de permitir que observadores internacionales supervisen la situación en Osetia del Sur y Abjasia y el pleno cumplimiento por su parte del contenido del plan de seis puntos son necesarios para la normalización de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea y opina asimismo que sólo será posible una asociación estratégica cuando se respeten y compartan plenamente los valores de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho; pide al Consejo que sitúe a esos valores en el núcleo de las negociaciones en curso sobre un nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación en Rusia;

26.

Deplora el deterioro de la situación en Oriente Próximo y el alto precio en vidas humanas que se ha cobrado el conflicto armado en la Franja de Gaza, que han ido acompañados de la falta de progresos sustanciales en el proceso de paz; advierte sobre la expiración del plazo acordado en la Conferencia de Annapolis de 2007 y expresa su convicción de que la Unión Europea debe desempeñar un cometido político fuerte y visible en la región, en consonancia con los recursos financieros que ha puesto a disposición, en particular para abordar la dramática crisis humanitaria en la Franja de Gaza; pide al Consejo que siga esforzándose por lograr un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza, de conformidad con la Resolución 1860 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que permita iniciar conversaciones de paz entre los pueblos palestino e israelí, en coordinación con otros actores regionales; insta al Consejo a que considere todos los medios de promover una paz duradera en la región, incluido el despliegue de una misión de la Política Europea de Seguridad y Defensa;

27.

Acoge con satisfacción la intención del Consejo de renovar el mandato de la Misión de Policía de la Unión Europea en los territorios palestinos y considera que sigue siendo necesario un apoyo más sólido para el desarrollo del Estado de Derecho y las capacidades policiales; toma nota asimismo de la decisión del Consejo de prorrogar el mandato de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en Rafah y de su determinación y voluntad de reactivar esa misión; considera que esta determinación debería traducirse en iniciativas concretas para restaurar la libertad de circulación en los territorios palestinos;

28.

Manifiesta su satisfacción por los progresos realizados en la Cumbre Ministerial Euromed celebrada en Marsella, los días 3 y 4 de noviembre de 2008, para definir el marco institucional de la Unión para el Mediterráneo; opina que las cuestiones de los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo no pueden abordarse aisladamente; destaca que tanto el diálogo político y cultural como las relaciones económicas, la gestión de los flujos migratorios, las políticas ambientales y la seguridad —incluida la lucha contra el terrorismo— deben ser parte sustancial de la Agenda Euromediterránea; pide al Consejo y a la Comisión que prevean un papel importante y adecuado para Turquía en la Unión para el Mediterráneo; destaca la importancia de que la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea pueda integrarse en la estructura de la Unión por el Mediterráneo como su dimensión parlamentaria;

29.

Considera que la Unión Europea debería reforzar su compromiso en Iraq y, en cooperación con el Gobierno iraquí y las Naciones Unidas, apoyar el proceso de desarrollo de instituciones democráticas, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, así como promover el proceso de reconciliación tanto en el seno de Iraq como entre Iraq y sus vecinos; celebra la ampliación de la Misión Integrada de la Unión Europea en pro del Estado de Derecho en Iraq (EUJUST LEX) y los progresos alcanzados en la preparación del primer acuerdo de comercio y cooperación celebrado entre la Unión Europea e Iraq;

30.

Pide a la Unión Europea que desarrolle una relación más eficaz y completa con Irán, que, además de ocuparse de la cuestión nuclear, comprenda asimismo el comercio y la cooperación energética, la estabilidad regional, así como la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos;

31.

Considera que la Unión Europea debe promover un nuevo enfoque respecto de Afganistán y que debe coordinarlo con el nuevo Gobierno de los Estados Unidos para abrir la puerta a las negociaciones entre el Gobierno afgano y aquellos elementos dispuestos a aceptar la Constitución y a abandonar la violencia; indica que la ayuda debe centrarse más en el Estado de Derecho, la buena gobernanza, la prestación de servicios básicos (concediendo especial atención a la sanidad) y el desarrollo económico y rural, incluida la promoción de alternativas reales a la producción de opio;

32.

Manifiesta su preocupación por el deterioro de la situación de la seguridad en Afganistán; reitera la urgente necesidad de superar los obstáculos institucionales y mejorar la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN con el fin de facilitar el funcionamiento de la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL); considera que la Unión Europea y los Estados Unidos de América deberían coordinar mejor sus respectivas iniciativas en el ámbito de la reforma de la policía; acoge con satisfacción el compromiso de los Estados miembros de aumentar el personal de EUPOL y aboga por su rápido despliegue; expresa su convicción de que el éxito de la operación será muy importante para el futuro de la alianza transatlántica y que, por tal motivo, todos los Estados miembros deberían demostrar un mayor compromiso con la estabilidad en Afganistán;

33.

Pide al Consejo que amplíe su agenda con África para englobar una gama más amplia de políticas que en la actualidad y que la convierta en una prioridad de las acciones exteriores de la Unión Europea;

34.

Considera que el apoyo de la Unión Europea a las Naciones Unidas en el este de Chad sigue siendo importante, como parte de una solución de amplio alcance para Darfur; señala que la EUFOR Chad se irá reduciendo según lo previsto y traspasará sus operaciones a una misión dirigida por las Naciones Unidas; pide al Consejo que facilite una suave transición y que examine, de manera coordinada, la forma en que la Unión Europea puede ayudar al actualmente sobrecargado Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz en el despliegue de la misión de las Naciones Unidas;

35.

Está profundamente preocupado por la difícil situación humanitaria en Somalia; pide a la Unión Europea que estudie la forma en que puede ayudar a las Naciones Unidas, en estrecha coordinación con la Unión Africana, en pos de una rápida solución de este reto humanitario, político y en el ámbito de la seguridad; señala a la atención las crecientes amenazas de la piratería en la costa somalí y acoge con satisfacción, en este sentido, la decisión adoptada por la Unión Europea de poner en marcha una operación marítima de la PESD;

36.

Manifiesta su preocupación por la intensificación de la violencia y el conflicto en la República Democrática del Congo, que podría provocar una grave crisis humanitaria; pide a todas las partes, incluidas las tropas gubernamentales, que cesen la violencia indiscriminada y las violaciones de los derechos humanos de la población civil, que reanuden las negociaciones de paz iniciadas en Goma y en Nairobi y que apoyen el programa aprobado por la Asamblea Nacional de la República Democrática del Congo; opina que la implicación de la Unión Europea en la República Democrática del Congo debe ir más allá de la asistencia técnica proporcionada por la Misión de la Unión Europea en materia de reforma del sector de la seguridad (EUSEC RD Congo) y la Misión de Policía de la Unión Europea (EUPOL RD Congo) y debe proporcionar un apoyo tangible a la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que hasta el momento ha sido incapaz de detener la violencia;

37.

Celebra la importante disminución de las tensiones en la zona del Estrecho de Taiwán y el diálogo en curso entre Pekín y Taipei relativo a las interacciones bilaterales, así como la significativa participación de Taiwán en las organizaciones internacionales; apoya firmemente la declaración del Consejo de 19 de septiembre 2008, que reitera su apoyo a la participación de Taiwán en los foros multilaterales especializados, incluyendo la concesión del estatuto de observador cuando Taiwán no pueda participar como miembro;

38.

Constata el hecho de que las relaciones económicas entre la UE y China han registrado un crecimiento constante y que los contactos interpersonales han aumentado en ámbito y escala; al mismo tiempo, sigue seriamente preocupado por la ausencia de voluntad, por parte de las autoridades chinas, de abordar las numerosas violaciones de los derechos humanos y asegurar que su pueblo disfrute de los derechos y libertades básicas; en este sentido, manifiesta su profunda decepción por las razones dadas para la decisión, tomada por las autoridades chinas, de aplazar la XI Cumbre UE-China; constata que en el primer semestre de 2009 está prevista una nueva cumbre UE-China y espera que en esa ocasión se puedan hacer progresos en todos los ámbitos de cooperación;

39.

Lamenta la decisión de las autoridades chinas de dar por terminadas las conversaciones con los representantes del Dalai Lama y recuerda a dichas autoridades los compromisos contraídos después de los trágicos acontecimientos de marzo de 2008 antes de las Olimpiadas; pide nuevamente al Consejo que designe a un enviado especial para los asuntos relacionados con el Tíbet, encargado de seguir de cerca la situación y de facilitar la reanudación del diálogo entre las partes;

40.

Recuerda la propuesta que formuló en su Resolución, de 15 de noviembre de 2001, sobre una Asociación global y una Estrategia Común para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina (6), reiterada posteriormente en sus Resoluciones, de 27 de abril de 2006 (7) y 24 de abril de 2008 (8), aprobadas con vistas a las Cumbre UE-ALC (América Latina y Caribe) de Viena y Lima respectivamente, de elaborar una Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y la Seguridad que, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas, permita realizar acciones e iniciativas conjuntas de índole política, estratégica y de seguridad; pide al Consejo y a la Comisión que adopten medidas concretas para alcanzar ese ambicioso objetivo;

41.

Se congratula de los esfuerzos por alcanzar acuerdos de asociación birregional con América Latina, los primeros de esta naturaleza que se dispone a concluir la Unión Europea;

42.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretarios General de la OTAN, al Presidente en ejercicio de la OSCE, al Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, al Presidente del Comité de Ministros del Consejo de Europa y al Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

25.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 76/61

1.

Señala que la Unión Europea necesita desarrollar su autonomía estratégica mediante una política exterior, de seguridad y de defensa fuerte y eficaz con el fin de promover la paz y la seguridad internacional, defender sus intereses en el mundo, proteger la seguridad de sus propios ciudadanos, contribuir a un multilateralismo efectivo, favorecer el respeto de los derechos humanos y los valores democráticos en todo el mundo y salvaguardar la paz del mundo;

2.

Reconoce la necesidad de que la Unión Europea persiga estos objetivos mediante la cooperación multilateral en organizaciones internacionales, sobre todo en las Naciones Unidas, y mediante asociaciones con otros agentes clave, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los principios del Acta Final de Helsinki y los objetivos de la Carta de París;

3.

Insiste en la necesidad de reformar la Organización de las Naciones Unidas para hacerla capaz de cumplir plenamente con sus responsabilidades y actuar con eficacia en respuesta a los desafíos planteados a escala mundial y a las amenazas más graves;

4.

Reitera la importancia de las relaciones trasatlánticas y reconoce la necesidad de que se coordinen las acciones de la PESD y la OTAN, pero destaca al mismo tiempo la necesidad de que la asociación sea más equilibrada, sin competencia, y respete la autonomía respectiva y de que predomine la comprensión mutua cuando existan divergencias estratégicas;

5.

Considera que muchas de las nuevas amenazas no son meramente militares, ni pueden atajarse únicamente con medios militares;

6.

Observa que esta política tiene que combinar la utilización de activos y capacidades tanto civiles como militares y requiere una cooperación estrecha y sin fisuras entre todas las partes interesadas;

7.

Hace suyos el concepto de «responsabilidad de proteger», adoptado por las Naciones Unidas en 2005, y el concepto de «seguridad humana», basado en la primacía del individuo y no del Estado; subraya que estos conceptos implican consecuencias prácticas y directrices políticas sólidas para la orientación estratégica de la política europea de seguridad con objeto de poder reaccionar eficazmente ante las crisis; destaca, no obstante, que no existe obligación automática ni recursos disponibles para que la UE realice misiones de PESD, tanto civiles como militares, en todas las situaciones de crisis;

8.

Hace hincapié en que la puesta en común de esfuerzos y capacidades al nivel de la Unión Europea es esencial para superar los efectos combinados del aumento de los costes del material de defensa y las actuales limitaciones del gasto en defensa;

9.

Señala que para una política común de defensa en Europa se requiere una Fuerza Armada Europea que, en consecuencia, esté dotada de sistemas comunes de armamento que garanticen la comunidad de técnicas y la interoperabilidad;

10.

Subraya que la transparencia y la relación coste/eficacia, además de la responsabilidad parlamentaria y la observancia del Derecho internacional en materia de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, son cruciales para asegurar el apoyo público a la defensa europea; pone de relieve, en este sentido, la especial importancia de un control parlamentario eficaz de la PESD en forma de cooperación estrecha entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea;

11.

Considera que la EES actualizada y el futuro Concepto Estratégico de la OTAN deben ser coherentes entre sí y que ello debe reflejarse en la declaración que deberá adoptarse en la Cumbre que se celebrará en Estrasburgo y Kehl los días 3 y 4 de abril de 2009 ocasión del 60 aniversario de la OTAN;

12.

Subraya la importancia decisiva de una aplicación completa y puntual de la EES;

13.

Acoge con satisfacción el informe del Consejo sobre la aplicación de la EES; señala, sin embargo, que, habida cuenta de que muchos de los objetivos de la EES para 2003 siguen en gran medida sin haberse alcanzado, la Unión Europea, fortalecida por el Tratado de Lisboa, debería desempeñar un papel más decisivo en la tarea de reforzar la legitimidad, la transparencia y la eficacia de las instituciones de gobernanza mundial;

14.

Saluda el inicio de la mencionada operación Atalanta de la PESD contra la piratería frente a las costas de Somalia; no obstante, recuerda al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión Europea que el problema de la piratería en aquella región tiene causas más profundas, entre las que se incluye la pobreza en un Estado en quiebra, y requiere acciones europeas de mayor calado para afrontar esos problemas;

15.

Subraya, en lo que se refiere al secuestro y asesinato de rehenes por parte de terroristas islámicos, la necesidad de reforzar la cooperación y la coordinación en materia de política antiterrorista entre los Estados miembros de la UE, los Estados Unidos y la OTAN, con el fin, en particular, de mejorar la eficacia de las operaciones de rescate emprendidas para salvar la vida de los rehenes;

16.

Insiste enérgicamente en pedir que se ofrezcan todas las garantías necesarias mediante la EES y la PESD para garantizar que se aplicarán con éxito las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad, a saber, las resoluciones de 31 de octubre de 2000 (S/RES/1325) y de 19 de junio de 2008 (S/RES/1820), fomentándose la participación de las mujeres, en pie de igualdad con los hombres, en todos los asuntos y decisiones relacionados con la paz y la seguridad y tipificando como crimen de guerra y crimen contra la humanidad el uso sistemático de la violencia sexual contra las mujeres en situaciones de conflicto; lamenta la excesiva lentitud de los progresos en materia de igualdad de género en las operaciones de la PESD;

17.

Señala que en los Estados miembros se sigue pensando con demasiada frecuencia dentro de los límites de los intereses de seguridad nacional y que, por tanto, se desatiende la responsabilidad conjunta de proteger intereses europeos comunes; considera que este planteamiento resulta contraproducente e insta a los Estados miembros a ampliar su perspectiva para hacer que la Unión Europea sea un actor más importante en la escena internacional, estableciendo disposiciones europeas de seguridad más eficaces;

18.

Considera necesario, por consiguiente, definir los intereses de seguridad comunes de la Unión Europea; subraya que sólo con una idea clara de sus intereses comunes podrá conseguir la Unión Europea que sus políticas comunes sean más coherentes y eficaces;

19.

Opina que, además de los desafíos definidos en la EES adoptada en 2003, el interés de seguridad de la Unión incluye la protección de sus ciudadanos y sus intereses dentro y fuera de la Unión Europea, la seguridad de su vecindad y la protección de sus fronteras exteriores y de infraestructuras críticas, así como la mejora de su ciberseguridad, la seguridad del suministro de energía y las vías marítimas, la protección de sus activos espaciales y la protección frente a las consecuencias del cambio climático;

20.

Observa que la Unión Europea reconoce un orden internacional basado en un multilateralismo eficaz sobre la base del Derecho internacional y que de este modo se expresa la convicción de los europeos de que ninguna nación puede hacer frente en solitario a las nuevas amenazas;

21.

Considera que la Unión Europea debe definir más claramente sus ambiciones sobre su papel en el mundo; opina que la Unión Europea no debe tratar de convertirse en una superpotencia como los Estados Unidos, sino que debe garantizar su seguridad, trabajar en favor de la estabilidad en su vecindad y fomentar un sistema global multilateral de seguridad en el marco de las Naciones Unidas, garantizando el respecto de la legislación internacional y la prevención eficaz de crisis y conflictos, así como la resolución de situaciones de postconflicto y la gestión posterior;

22.

Subraya que la Unión Europea da prioridad en la PESD a la prevención de crisis; señala que la seguridad y el Estado de Derecho son requisitos indispensables para el desarrollo y la estabilidad a largo plazo;

23.

Observa que la EES de 2003 pone de relieve las amenazas principales a las que se enfrenta la Unión Europea (terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, conflictos regionales, descomposición del Estado y delincuencia organizada) e identifica objetivos estratégicos, que se han convertido en la base de subestrategias;

24.

Felicita a la reciente Presidencia francesa de la Unión Europea por sus iniciativas en relación con la PESD; toma nota del mencionado informe del Alto Representante de 11 de diciembre de 2008 sobre la aplicación de la EES que aprobó el Consejo Europeo y acoge con satisfacción que en ellas se recogen numerosas recomendaciones incluidas en anteriores informes del Parlamento Europeo sobre la EES y la PESD, particularmente en relación con:

25.

Celebra el compromiso del Consejo con la idea de que en los próximos años la unión Europea sea efectivamente capaz, entre otras cosas y en el marco del nivel de ambición establecido, de desplegar 60 000 hombres en 60 días para una operación de importancia, dentro de la gama de operaciones contempladas dentro del objetivo principal para 2010 y dentro del objetivo principal civil para 2010, planificando y realizando simultáneamente:

26.

Deplora, sin embargo, la forma poco clara en la que se presentan las conclusiones relativas a la EES y la PESD (en cuatro documentos, en vez de en uno); lamenta la redacción empleada, a menudo vaga, con la que no se describe una estrategia real; critica que el Consejo no haya atendido a la solicitud de un Libro Blanco formulada por el Parlamento y que, por consiguiente, sea improbable que se inicie un debate público fructífero y amplio;

27.

Lamenta también que el Consejo no haya tenido en cuenta solicitudes formuladas en anteriores informes del Parlamento sobre la EES y la PESD, principalmente las relativas a:

28.

Sugiere que la EES se revise cada cinco años al comienzo de cada nuevo período legislativo de la Unión Europea;

29.

Lamenta la relativa falta de progresos desde 2003 en el fortalecimiento de la cooperación de la Unión Europea en materia de defensa; reitera, por consiguiente, su petición de que se elabore un Libro Blanco sobre la seguridad y defensa europeas, como herramienta para iniciar un debate público amplio y para garantizar que la EES se aplica de una manera eficiente;

30.

Lamenta que, a pesar de una exhaustiva preparación y como consecuencia de la pérdida de impulso provocada por el actual punto muerto en el que se encuentra Tratado de Lisboa, la revisión de la EES no haya dado lugar a una nueva orientación estratégica, sino simplemente a informes que abordan preocupaciones políticas del día a día a medida que van surgiendo; observa que se ha ampliado el espectro de amenazas, que ahora incluye también, entre otras, la ciberseguridad y la piratería; acoge con satisfacción aspectos innovadores de la revisión, como el hecho de tratar el cambio climático, la seguridad energética (incluido, en el ámbito nuclear, el apoyo a un ciclo multilateral del combustible nuclear y a un tratado multilateral que prohíba la producción de material nuclear fisible para armamento nuclear) y el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, así como otros tratados de desarme, como el nuevo Convenio de Oslo sobre Municiones en Racimo;

31.

Considera inadmisible que solamente se haya celebrado un debate parlamentario limitado y que no haya habido ningún debate público antes de la aprobación del informe que proponía la revisión de la EES;

32.

Considera que la violenta escalada de los conflictos, hasta ahora congelados, de Osetia del Sur y de Abjazia, y el subsiguiente reconocimiento por Rusia de la independencia de estas provincias subraya la urgente necesidad de esforzarse por llegar a soluciones políticas duraderas para estos conflictos en nuestra vecindad; reitera su opinión de que los conflictos del Cáucaso no pueden resolverse con medios militares y su firme condena de quienes han recurrido a la violencia durante el conflicto; insiste en que el ulterior desarrollo de la asociación estratégica europea con Rusia debe incluir un diálogo positivo sobre seguridad, basado en el compromiso declarado de ambas partes con sus valores compartidos, el respeto del Derecho internacional y la integridad territorial y el compromiso con el Acta final de Helsinki y el cumplimiento de las obligaciones que de ella se derivan;

33.

Destaca que la dimensión de seguridad de las relaciones UE-Rusia y el papel de la PESC y la PESD no pueden verse aislados del contexto más amplio de la arquitectura de seguridad europea, que comprende la OTAN, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y disposiciones internacionales como el Tratado sobre misiles antibalísticos y el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa; considera que los acontecimientos objeto de esta estructura de seguridad más amplia deben abordarse mediante el diálogo con Rusia y los Estados Unidos y pide al Consejo que adopte una actitud abierta y constructiva hacia posibles conversaciones entre la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia y terceros Estados pertenecientes a la OSCE, con miras a renovar el consenso transatlántico sobre seguridad, tomando como base el Acta final de Helsinki;

34.

Celebra la acción concertada de la Unión Europea para mediar entre Rusia y Georgia en respuesta al desafío planteado por la guerra de Georgia; señala que la rápida reacción y la unidad de la Unión Europea, que llevaron a la firma de un acuerdo de alto el fuego y al rápido despliegue de una misión de observación en el marco de la PESD, han demostrado su capacidad para la gestión de crisis y la acción común; alaba a la reciente Presidencia francesa de la Unión Europea por su papel positivo al mantener un enfoque europeo común;

35.

Acoge con satisfacción la Decisión del Consejo, de 2 de diciembre de 2008, de constituir una comisión independiente, bajo la dirección de la Unión Europea, que investigará las causas del conflicto de Georgia;

36.

Observa las preocupaciones expresadas por los Estados Bálticos y toma nota de la clara confirmación por parte de la OTAN y sus Estados miembros de que se mantienen sus compromisos en virtud del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte;

37.

Celebra que la OTAN haya decidido volver a utilizar los canales de comunicación existentes y que el Consejo OTAN-Rusia vaya a ser reactivado;

38.

Considera que la Unión Europea y la OTAN deben proseguir un diálogo franco y realista con Rusia que abarque cuestiones tales como la seguridad regional, la energía, la defensa antimisiles, la no proliferación de armas de destrucción masiva, la limitación de fuerzas armadas y la política espacial;

39.

Considera importante promover un diálogo multilateral sobre cuestiones de seguridad en el marco del Consejo de Asociación Euroatlántico;

40.

Señala que, debido a su posición geopolítica, su potencia militar y su peso político, su riqueza de energía y su potencial económico, Rusia tiene una importancia estratégica para Europa;

41.

Subraya que la Unión Europea debe disponer de los medios para aplicar sus políticas y que, además de reforzar sus capacidades diplomáticas, necesita, por consiguiente, capacidades tanto civiles como militares, a fin de reforzar la PESD y cumplir con sus responsabilidades en el mundo;

42.

Señala que desde el inicio de la PESD se han efectuado 22 intervenciones, 16 de las cuales eran de carácter civil; subraya la importancia del componente civil de la PESD; saluda, en este sentido, la creación de la Capacidad Civil de Planeamiento y Ejecución en el Consejo de la Unión Europea; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por poner personal cualificado a disposición de las misiones civiles de la PESD; destaca, a este respecto, la importancia del Objetivo principal civil 2010;

43.

Hace también hincapié en que, al insistirse principalmente en la dimensión militar de la PESD, los avances en el ámbito de las capacidades civiles y la prevención de conflictos son demasiado lentos y que tanto el Consejo como la Comisión deben proponer urgentemente nuevas dinámicas en este ámbito;

44.

Pide que la asociación para la consolidación de la paz se siga desarrollando para convertirse en el Cuerpo Civil Europeo de Pacificación;

45.

Opina que la Unión Europa debe seguir construyendo sus capacidades sobre la base de los objetivos principales civiles y militares; observa que debe esforzarse por poner a disposición permanente una fuerza de 60 000 soldados; reafirma su propuesta de que el Eurocorps debe ser el núcleo de dicha fuerza, reforzado, en caso necesario, con capacidades marítimas y aéreas adicionales; acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado por Alemania y Francia para la permanencia de la Brigada Franco-Alemana en emplazamientos comunes; considera además que la Unión Europea debe poner a disposición permanente un número adecuado de policías, jueces y fiscales; considera desconcertante que el concepto de agrupación táctica de la Unión Europea y los escenarios específicos para posibles misiones no parezcan dar lugar al empleo de las agrupaciones tácticas en las operaciones exteriores de la Unión Europea;

46.

Subraya que el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea gasta más de 200 000 000 000 euros al año en defensa, lo que supone más de la mitad del gasto de defensa de los Estados Unidos; expresa de nuevo su profunda preocupación por la falta de eficiencia y coordinación en el empleo de este dinero; insta, por consiguiente, a realizar mayores esfuerzos para eliminar la duplicación innecesaria entre Estados miembros, concretamente a través de la especialización de las capacidades existentes, velando por que se mancomunen y compartan, y del desarrollo conjunto de nuevas capacidades; elogia a la Agencia Europea de Defensa (AED) por el excelente trabajo que ha llevado a cabo hasta ahora y pide a los Estados miembros de la Unión Europea que se beneficien plenamente del potencial de la AED;

47.

Subraya que las necesidades de capacidad son a menudo tecnológicamente muy similares o incluso son las mismas para las operaciones de las fuerzas armadas, la vigilancia de fronteras, la protección de infraestructuras críticas y la gestión de las catástrofes; insiste en que esto crea nuevas oportunidades para explotar sinergias y reforzar la interoperabilidad entre las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad;

48.

Insta firmemente a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que centren sus esfuerzos en capacidades comunes que puedan ser utilizadas para fines tanto de defensa como de seguridad; considera cruciales, en este contexto, los sistemas de exploración, vigilancia y alerta apoyados en satélites, los vehículos aéreos no tripulados, los helicópteros y los equipos de telecomunicación y el transporte aéreo y marítimo; pide una norma técnica común para telecomunicaciones protegidas y medios para la protección de infraestructura crítica;

49.

Acoge con satisfacción la decisión adoptada por la Junta Directiva de la AED el 10 de noviembre de 2008 sobre la creación de una flota europea del transporte aéreo; toma nota del Memorándum de Acuerdo sobre la participación en esta iniciativa firmado por los Ministros de Defensa de doce Estados miembros de la Unión Europea;

50.

Considera necesario posibilitar la utilización de los sistemas Galileo y GMES (Vigilancia mundial del Medio Ambiente y la Seguridad) para fines de seguridad y de defensa;

51.

Aboga por seguir desarrollando de forma dinámica la cooperación entre las fuerzas armadas nacionales con miras a lograr una sincronización cada vez más estrecha; propone que se dé a este proceso y a estas fuerzas armadas el nombre de «SAFE» («Synchronized Armed Forces Europe»);

52.

Ve en SAFE suficiente margen de acción para Estados miembros neutrales de la Unión Europea y para aquellos que están integrados en alianzas militares, para los que ya colaboran estrechamente con otros y para los que todavía no lo hacen; propone para la organización de SAFE un modelo de participación voluntaria (opt in) basado en una sincronización más intensa;

53.

Aboga por un Estatuto europeo del soldado, en el marco de SAFE, que regule los niveles de instrucción, la doctrina de intervención y la libertad de acción operativa, aquellos aspectos relacionados con los derechos y deberes, el nivel de calidad del armamento, la asistencia médica y la cobertura social en caso de fallecimiento, herida o invalidez;

54.

Aboga, para SAFE, por el principio de un reparto de tareas a escala europea en cuanto a las capacidades militares;

55.

Aboga por una cooperación europea más estrecha en el ámbito de formación, mantenimiento y logística, como condición esencial para un gasto más eficiente en defensa;

56.

Opina que la capacidad de la Unión Europea para una acción autónoma en el ámbito de su política exterior y de seguridad debe mejorarse mediante un refuerzo, orientado hacia los objetivos, de sus capacidades de análisis, planificación, mando e inteligencia; acoge con satisfacción, en este contexto, la decisión del Consejo Europeo de trabajar en favor del establecimiento de una estructura civil y militar integrada de planificación estratégica para las operaciones y misiones de la PESD;

57.

Acoge igualmente con satisfacción la decisión del Consejo Europeo de crear un grupo de alto nivel informal UE-OTAN encargado de consolidar la cooperación entre las dos organizaciones de manera pragmática;

58.

Pide la creación de un cuartel general operativo de la Unión Europea autónomo y permanente con capacidad para llevar a cabo la planificación estratégica y dirigir operaciones y misiones de la PESD;

59.

Apoya la idea de crear un Consejo de Ministros de Defensa con el fin de lograr una mayor coherencia entre las diversas políticas de defensa nacionales, reforzando así las respectivas contribuciones nacionales a la PESD; subraya el objetivo del control parlamentario pleno de las misiones y operaciones de la PESD, también por parte del Parlamento Europeo;

60.

Apoya firmemente la consolidación de un mercado europeo de seguridad y de defensa por medio de la adopción de las propuestas legislativas de la Comisión para los contratos públicos y las transferencias intracomunitarias y sugiere que se adopten nuevas medidas para alcanzar este objetivo, en particular en los ámbitos de seguridad del suministro y seguridad de la información;

61.

Saluda, en este sentido, la adopción de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares (8), por la que el Código de Conducta para las exportaciones de armas se convierte en un instrumento jurídicamente vinculante; celebra asimismo que los Estados miembros de la Unión Europea sigan contando con la posibilidad de adoptar disposiciones particulares todavía más severas;

62.

Recuerda que los sistemas de armamento comunes se han de suministrar a través de una sólida industria europea de defensa que sea capaz de satisfacer los requisitos actuales y futuros de la Fuerza Armada Europea y permita que Europa llegue a ser autosuficiente e independiente;

63.

Pide que se incremente la financiación comunitaria para investigación en materia de seguridad y la creación de programas de investigación conjuntos en los que participen la Comisión y la AED;

64.

Considera particularmente importante reforzar el Colegio Europeo de Seguridad y de Defensa y convertirlo en una estructura permanente que fomente en mayor medida el desarrollo de una cultura de seguridad específicamente europea; insta a la Comisión a que siga financiando actividades de formación a escala de la Unión Europea en el ámbito de la gestión civil de crisis más allá de 2009;

65.

Pide que se adopten nuevas medidas en lo que respecta a la formación común y a los estándares comunes para el personal que ha de desplegarse y cooperar en operaciones civiles y militares, un incremento de la interacción entre las fuerzas armadas y el personal civil de los Estados miembros de la Unión Europea, la coordinación de la formación en materia de crisis, programas de intercambio entre las fuerzas armadas en Europa y la apertura de los ejércitos a ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea;

66.

Apoya enérgicamente los programas europeos coronados por el éxito, tales como Eurofighter, que será la base para la capacidad de aviones de caza de cinco fuerzas aéreas europeas en las próximas décadas; considera, por esta razón, que los Estados miembros de la Unión Europea deben fomentar y apoyar tales iniciativas;

67.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a los Parlamentos de los Estados miembros y a las Secretarías Generales de las Naciones Unidas, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y del Consejo de Europa.