6.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 56/1

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO

de 1 de marzo de 2010

sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior

2010/C 56/01

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

1.	ACOGE POSITIVAMENTE la Comunicación de la Comisión, de 11 de septiembre de 2009, titulada «Mejorar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior» (1);

2.	RECUERDA su Resolución, de 25 de septiembre de 2008, sobre un plan europeo global de lucha contra la falsificación y la piratería (2);

3.	RECUERDA la Comunicación de la Comisión, de 16 de julio de 2008, titulada «Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa» (3);

CONSIDERANDO los instrumentos comunitarios adoptados para luchar contra la infracción de los derechos de propiedad intelectual, en particular Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (4), el Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos (5), la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (6) y la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (7);

5.	CONSIDERANDO sus Conclusiones, de 20 de noviembre de 2008, relativas al desarrollo de las ofertas legales de contenidos culturales y creativos en línea y a la prevención y la lucha contra la piratería en el entorno digital (8);

6.	CONSIDERANDO sus Conclusiones, de 22 de mayo de 2008, sobre un planteamiento europeo de la alfabetización mediática en el entorno digital (9) y sus Conclusiones, de 27 de noviembre de 2009, sobre la alfabetización mediática en el entorno digital (10);

CONSIDERANDO la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (11);

CONSIDERANDO la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (12);

9.	RECORDANDO su Resolución, de 23 de octubre de 2009, sobre una estrategia reforzada de cooperación aduanera (13);

10.	RECORDANDO su Resolución, de 16 de marzo de 2009, sobre un plan de acción aduanero de la Unión Europea para luchar contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial, para los años 2009 a 2012 (14);

11.	RECORDANDO su Decisión 2009/371/JAI, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (15);

12.	RECORDANDO su Decisión 2002/187/JAI, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia (16);

13.	RECORDANDO sus Conclusiones de 24 de septiembre de 2009 tituladas «Mejorar el funcionamiento del mercado interior» (17);

14.	CONSIDERANDO la Recomendación 2009/524/CE de la Comisión, de 29 de junio de 2009, sobre medidas para mejorar el funcionamiento del mercado único (18);

15.	CONSIDERANDO las actuales actividades internacionales destinadas a apoyar la lucha contra la falsificación y la piratería, incluida en particular la negociación sobre el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación; (19)

16.

DESTACANDO la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual, que son fundamentales para fomentar la cultura y la diversidad, y aprovechar plenamente la investigación, la innovación y la actividad creativa de las empresas europeas, en especial las pequeñas y medianas empresas, con objeto de respaldar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea y que Europa sea más competitiva en el mundo;

17.	DESTACANDO que, a este respecto, la Unión Europea se ha visto llamada a proseguir sus esfuerzos para aumentar la eficacia del sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual, a fin de luchar más eficazmente contra las violaciones de estos derechos;

18.	REITERANDO su ambición de lograr una aplicación coherente y estricta en todo el mercado interior, que evite la creación de trabas al comercio legítimo, y proporcione seguridad jurídica, al tiempo que protege los intereses de consumidores y usuarios;

19.

DESTACANDO que en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines, la piratería de bienes culturales y creativos en un entorno digital en rápido desarrollo daña la comercialización legal de los medios, dificultando la aplicación de modelos de negocio competitivos de suministro legal de contenido cultural y creativo, poniendo en entredicho la adecuada retribución de los titulares de los derechos y frenando el dinamismo de la industria cultural europea que brinda acceso a una oferta cultural legal, diversa y de alta calidad;

20.	RECONOCE la responsabilidad compartida de la Comisión y los Estados miembros para lograr un funcionamiento más eficaz del mercado interior, en particular en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual;

21.

RECONOCE la importancia de impulsar nuevos modelos empresariales competitivos que amplíen la oferta legal de contenido cultural y creativo y al tiempo eviten y combatan la piratería, como medio necesario para promover el crecimiento económico, el empleo y la diversidad cultural; por ello, es preciso aumentar los esfuerzos para fomentar la creación y el acceso a contenidos y servicios en línea en la Unión Europea y, para ello, es necesario encontrar soluciones sólidas que sean prácticas, equilibradas y atractivas tanto para los usuarios como para los titulares de los derechos;

22.

RECONOCE la importancia de fomentar una cooperación administrativa entre organismos en el ámbito del respeto de los derechos de propiedad intelectual e INVITA a la Comisión a que, en estrecha colaboración y coordinación con las autoridades o instituciones competentes de los Estados miembros, siga analizando los mecanismos administrativos nacionales vigentes;

23.	RECONOCE la necesidad de unas medidas más basadas en elementos concretos y orientadas al logro de resultados y, en este contexto, celebra la reciente creación y el trabajo del Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería;

24.

INVITA a la Comisión a que detalle en mayor medida el ámbito de las competencias, funciones y papel del Observatorio, y respalde su actividad a través de las estructuras institucionales existentes. El Observatorio funcionará en pleno o en grupos de trabajo ad hoc y aprovechará plenamente los conocimientos nacionales disponibles, en particular, como los de los interlocutores nacionales designados por los Estados miembros con arreglo al artículo 19 de la Directiva 2004/48/CE;

25.	ACEPTA las principales líneas de actuación presentadas por la Comisión y alienta a las autoridades nacionales, los titulares de derechos, las organizaciones de consumidores y demás interesados de todos los sectores a que participen y contribuyan a los trabajos del Observatorio;

26.	PIDE a los Estados miembros que elaboren estrategias nacionales contra la falsificación y la piratería, y establezcan estructuras transparentes de coordinación en este ámbito;

27.

RECONOCE la importancia de unos datos fiables y comparables sobre falsificación y piratería e INVITA a la Comisión, los Estados miembros y al sector a que faciliten al Observatorio información disponible, y que elaboren y aprueben conjuntamente, en el contexto del Observatorio, planes para recabar más información, y que elaboren conjuntamente una metodología común para recabar datos;

28.

OBSERVA la importancia de la concienciación del público sobre las consecuencias de la falsificación y la piratería para la sociedad y la economía, en particular el peligro potencial que suponen los productos falsificados y pirateados para la salud y la seguridad, así como para la competitividad, la creación, la innovación y el empleo europeos, y alienta a la Comisión, los Estados miembros y los interesados, incluidos los consumidores, a que analicen y pongan en práctica campañas de concienciación eficaces. El Observatorio evaluará las consecuencias financieras en cooperación con la Comisión, para determinar los recursos financieros adecuados. Las campañas se centrarán en audiencias seleccionadas específicamente, tales como consumidores y jóvenes;

29.	DESTACA, en el contexto de la creación y el funcionamiento del mercado interior, la importancia de utilizar todos los medios adecuados para garantizar un respeto eficaz de los derechos de la propiedad intelectual en toda la Unión con arreglo al acervo de la Unión vigente;

30.

INVITA a la Comisión, de acuerdo con el artículo 18 de la Directiva 2004/48/CE y en estrecha colaboración con los Estados miembros, a que analice la aplicación de dicha Directiva, incluyendo una evaluación de la eficacia de las medidas tomadas y, en caso necesario, proponga las modificaciones pertinentes para garantizar una mejor protección de los derechos de propiedad intelectual;

31.

HACE HINCAPIÉ en la importancia de simplificar la ejecución transfronteriza de resoluciones judiciales para asegurar una protección eficaz de los derechos de la propiedad intelectual; a este respecto, insta a la Comisión y a los Estados miembros a que consideren el modo de apoyar la revisión del Reglamento Bruselas I (20);

32.

INVITA a la Comisión a que estudie la conveniencia de presentar una propuesta modificada de Directiva sobre medidas penales destinadas a luchar contra la falsificación y la piratería. Dicho estudio incluirá una evaluación de la medida en que la acción es esencial para garantizar una aplicación eficaz de una política de la Unión en un ámbito sometido a medidas de armonización, así como un estudio de las consecuencias, costes y beneficios de nuevas medidas;

33.

PIDE al Observatorio que convoque reuniones periódicas de expertos, con representantes de las autoridades públicas, órganos del sector privado y organizaciones de consumidores, para promover soluciones satisfactorias y proporcionadas contra la falsificación y la piratería. El Observatorio prestará especial atención a la recopilación de mejores prácticas en los sectores público y privado, y códigos de conducta en los sectores privados. En su informe anual, el Observatorio tendrá en cuenta las conclusiones de las reuniones de expertos y mesas redondas pertinentes;

34.

FOMENTARÁ el uso, dentro de los límites de la legislación sobre protección de datos, de la red europea de cooperación administrativa mencionada en la Resolución del Consejo de 25 de septiembre de 2008, con objeto de garantizar intercambios de información rápidos y asistencia mutua entre las autoridades encargadas del respeto de los derechos de propiedad intelectual;

35.

INVITA al Observatorio a que publique cada año un informe anual global que abarque el ámbito, magnitud y principales características de la falsificación y la piratería, así como sus consecuencias para el mercado interior. Dicho informe se preparará con la información pertinente facilitada por las autoridades de los Estados miembros, la Comisión y el sector privado, dentro de los límites de la legislación sobre protección de datos;

36.

INVITA al Observatorio a que amplíe el estudio de las causas, consecuencias y efectos de violaciones de los derechos de propiedad intelectual en la innovación, competitividad, mercado laboral, sanidad, seguridad, creatividad y diversidad cultural del mercado interior y a que estudie la necesidad de aplicar programas de formación a escala de la Unión Europea para los implicados en la lucha contra la falsificación y la piratería;

37.

INVITA a la Comisión a que evalúe, en estrecha cooperación con los Estados miembros, cuál sería la mejor forma de mejorar la coordinación, cooperación, intercambio de información y asistencia mutua entre todas las autoridades nacionales y europeas implicadas en la lucha contra la falsificación y la piratería con la cooperación de los actores económicos;

38.

INSTA a los Estados miembros y a la Comisión a que exploren cuál sería la mejor forma de utilizar la experiencia y los conocimientos disponibles en la Unión Europea y en las oficinas nacionales de la propiedad intelectual para estudiar las posibilidad de facilitar información a los titulares de los derechos, en particular las pequeñas y medianas empresas, mediante el refuerzo de los portales y servicios de asistencia existentes y de posible nueva creación, de modo que puedan proteger eficaz y eficientemente su propiedad intelectual;

39.	CELEBRA el nuevo e innovador planteamiento de la Comisión, que facilita el diálogo entre interesados, con vistas a llegar a medidas voluntariamente aceptadas que reduzcan la falsificación y la piratería de conformidad con el marco jurídico;

40.	ALIENTA a la Comisión, los Estados miembros y los interesados a que continúen los diálogos en curso y a que pongan empeño en llegar a acuerdos sobre medidas prácticas voluntarias destinadas a reducir la falsificación y la piratería en el mercado interior, tanto en línea como autónomamente;

41.

INVITA a los Estados miembros a que comuniquen a la Comisión cualquier acuerdo vigente mencionado en el punto anterior y ALIENTA a la Comisión a que analice, en cooperación con los Estados miembros y los actores económicos, la eficacia de dichos acuerdos en la lucha contra la falsificación en el mercado interior, para presentar las mejores prácticas existentes;

42.

INVITA a la Comisión, dentro de los límites de la competencia de la Unión Europea, en los casos en que los diálogos con los interesados no permitan alcanzar soluciones aceptadas, a evaluar la situación en cooperación con los Estados miembros y a remitir propuestas para un seguimiento adecuado, incluyendo propuestas legislativas en caso necesario y pertinente;

43.	INVITA a los Estados miembros y a la Comisión a que trabajen para fomentar unos niveles adecuados y eficaces de protección de la propiedad intelectual, tanto en acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales, teniendo debidamente en cuenta el acervo de la Unión.

(1) COM(2009) 467 final, de 11 de septiembre de 2009.

(2) DO C 253 de 4.10.2008, p. 1.

(3) COM(2008) 465 final, de 16 de julio de 2008.

(4) DO L 195 de 2.6.2004, p. 16.

(5) DO L 196 de 2.8.2003, p. 7.

(6) DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.

(7) DO L 111 de 5.5.2009, p. 16.

(8) DO C 319 de 13.12.2008, p. 15.

(9) DO C 140 de 6.6.2008, p. 8.

(10) DO C 301 de 11.12.2009, p. 12.

(11) DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

(12) DO L 337 de 18.12.2009, p. 37.

(13) DO C 260 de 30.10.2009, p. 1.

(14) DO C 71 de 25.3.2009, p. 1.

(15) DO L 121 de 15.5.2009, p. 37.

(16) DO L 63 de 6.3.2002, p. 1.

(17) Documento del Consejo 13024/09.

(18) DO L 176 de 7.7.2009, p. 17.

(19) La Comisión seguirá informando a los Estados miembros y al Consejo, así como al Parlamento Europeo y a los principales agentes interesados según proceda.

(20) Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.1.2001, p. 1).

COMUNICACIONES QUE PROCEDAN DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

6.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 56/10

AYUDA ESTATAL — PORTUGAL

Ayuda estatal C 33/09 (ex NN 57/09 ex CP 191/09) — Restructuración del Banco Privado Português

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2010/C 56/08

Por carta de 10 de noviembre de 2009, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Portugal su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de ayudas estatales

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Dichas observaciones se comunicarán a Portugal. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.

RESUMEN

I. PROCEDIMIENTO

El 13 de marzo de 2009, la Comisión aprobó una garantía estatal por la que se avalaba un crédito de 450 millones EUR concedido al Banco Privado Português (en adelante, «BPP») por seis bancos portugueses el 5 de diciembre de 2008. La medida se autorizó sobre la base de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado CE, por un período de seis meses, condicionada, entre otras cosas, a la presentación de un plan de reestructuración.

2.	El 23 de junio de 2009, Portugal informó a la Comisión de que la garantía del Estado había sido prorrogada por un período de seis meses.

El 15 de julio de 2009, la Comisión instó a las autoridades portuguesas a que presentaran sin más dilación el plan de reestructuración de BPP. Como no sucedió así, la Comisión envió, por carta de 6 de octubre de 2009, un recordatorio oficial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999.

II. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

El BPP es una institución financiera con sede en Portugal que ofrece servicios de banca privada, asesoría empresarial e inversión privada. Los clientes del BPP son depositantes privados e institucionales, diversos fondos de pensiones, compañías aseguradoras, etc. BPP opera en Portugal, en España y, en menor medida, en Brasil y Sudáfrica.

5.	Según las autoridades portuguesas, los problemas de liquidez del BPP tuvieron su origen en el deterioro de la situación económica mundial, que redujo considerablemente la capacidad de la entidad para gestionar su liquidez.

La Decisión de la Comisión de 13 de marzo de 2009 por la que se aprobó la garantía para BPP, señalaba que la remuneración de la garantía del Estado, establecida en 20 puntos básicos, era considerablemente inferior a la que, normalmente, se habría considerado adecuada para bancos en dificultades. La Comisión consideró que, a título excepcional, cabía considerar esa remuneración adecuada para mantener el banco a flote, aunque sólo por el corto período de la fase de reestructuración. Ese nivel de remuneración se condicionó además a la presentación de un plan de reestructuración. La Comisión adelantó que, a largo plazo, el coste de la intervención pública en favor de BPP se reflejaría en el plan de reestructuración dirigido a reestablecer la viabilidad del banco y que también tendría en cuenta el impacto sobre la competencia del apoyo prestado en las medidas compensatorias.

7.	El 23 de junio de 2009, Portugal comunicó a la Comisión que la garantía aportada por el Estado se había prorrogado por otros seis meses. Sin embargo, Portugal ni notificó esa prórroga ni solicitó la aprobación de la Comisión. Es más, ni siquiera se ha presentado el plan de reestructuración de BPP.

III. EVALUACIÓN DE LA MEDIDA

La medida inicial, aprobada por la Comisión el 13 de marzo, se consideró compatible a condición de que se limitara a un período de seis meses y que, transcurrido ese período, Portugal presentara un plan de reestructuración. La Comisión consideró que la presentación del plan de reestructuración era un requisito inexcusable habida cuenta del nivel excepcionalmente bajo de la remuneración.

9.	A falta de un plan de reestructuración, la Comisión no puede evaluar si la garantía del Estado concedida el 5 de diciembre de 2009 es compatible con el mercado común tanto por lo que se refiere a su duración como a la remuneración de la garantía.

10.	En conclusión, la Comisión tiene dudas sobre la compatibilidad con el mercado común de la garantía concedida por Portugal a BPP. Por ello, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE y conmina a Portugal para que presente el plan de reestructuración.

TEXTO DE LA CARTA

«A Comissão vem informar Portugal que, na sequência do exame das informações fornecidas pelas Autoridades portuguesas relativamente à medida em epígrafe, decidiu dar início ao procedimento previsto no artigo 88.o, n.o 2, do Tratado CE no que se refere à garantia estatal a favor do Banco Privado Português (a seguir designado “BPP”).

A Comissão informa ainda as Autoridades portuguesas de que decidiu ordenar a Portugal, em conformidade com o artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, que lhe apresente o plano de reestruturação do Banco Privado Português.

1. PROCEDIMENTO

(1)

Em 13 de Março de 2009, a Comissão aprovou uma garantia estatal relativa a um empréstimo de 450 milhões de EUR concedido em 5 de Dezembro de 2008 ao BPP por seis bancos portugueses. A medida foi autorizada por um período de seis meses com base no artigo 83.o, n.o 3, alínea b), do Tratado CE, sob reserva, nomeadamente, da apresentação de um plano de reestruturação. Em 23 de Junho de 2009, Portugal informou a Comissão de que a garantia estatal havia sido prorrogada por um período adicional de seis meses.

(2)

Em 15 de Julho de 2009, a Comissão convidou as Autoridades portuguesas a apresentarem, de imediato, o plano de reestruturação do BPP. Uma vez que o plano solicitado não fora apresentado, em 6 de Outubro de 2009, a Comissão enviou uma carta de insistência oficial, em conformidade com o artigo 5.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 659/1999.

2. DESCRIÇÃO

2.1. O beneficiário

(3)

O BPP é uma instituição financeira com sede em Portugal, que presta serviços de private banking, corporate advisor e private equity. A clientela do BPP é constituída por depositantes particulares e institucionais, incluindo cinco caixas de crédito agrícola mútuo, uma caixa económica, vários fundos de pensões e companhias de seguros. O BPP desenvolve actividades em Portugal, Espanha e, em menor grau, no Brasil e na África do Sul.

(4)

As acções do BPP não estão cotadas na bolsa de valores e, por conseguinte, não é possível seguir o seu valor de mercado. Em 30 de Junho de 2008, o total dos activos do BPP elevavam-se a 2,9 mil milhões de EUR, o que representava menos de 1 % do total dos activos do sector bancário português. O BPP é detido a 100 % pelo grupo Privado Holding SGPS (sociedade gestora de participações sociais) S.A. Em 30 de Junho de 2008, a maioria das acções desta sociedade gestora de participações sociais (51,5 %) era detida por 12 accionistas.

2.2. Dificuldades financeiras do banco

(5)	Segundo as Autoridades portuguesas, o BPP começou a registar dificuldades financeiras devido à deterioração da situação económica mundial, que reduziu significativamente a sua capacidade em matéria de gestão da liquidez.

(6)

Em 24 de Novembro de 2008, o BPP informou o Banco Central de Portugal (“Banco de Portugal”) de que corria o risco de não estar em condições de satisfazer as suas obrigações em matéria de pagamentos. Em 5 de Dezembro de 2008, o BPP recebeu um empréstimo de 450 milhões de EUR, acompanhado de uma garantia do Estado, nas condições seguidamente descritas. O empréstimo e a garantia cobrem apenas as responsabilidades do passivo do BPP registadas no balanço à data de 24 de Novembro de 2008 e o empréstimo só será utilizado para reembolsar depositantes e outros credores e não poderá cobrir as responsabilidades de outras entidades do grupo.

2.3. A medida de auxílio de emergência

(7)

Em 5 de Dezembro de 2008, o BPP concluiu com seis importantes bancos portugueses (Banco Comercial Português, S.A., Caixa Geral de Depósitos, S.A., Banco Espírito Santo, S.A., Banco BPI, S.A., Banco Santander Totta, S.A., Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL) um contrato de empréstimo, acompanhado de uma garantia do Estado, num montante de 450 milhões de EUR. O empréstimo foi concedido por um período de seis meses, renovável até dois anos, com uma taxa de juro equivalente à taxa EURIBOR + 100 pontos de base. A remuneração do empréstimo foi calculada com base no custo do financiamento para os bancos credores, à data da operação.

(8)

Segundo as Autoridades portuguesas, sem uma garantia estatal nenhum mutuante estaria disposto a financiar o BPP a uma taxa razoável, dada a sua grave situação financeira. A garantia do Estado que acompanha o empréstimo foi concedida em conformidade com a Lei n.o 112/97, ou seja, fora do âmbito do regime português de garantias (Lei 60-A/2008), aprovado pela Comissão em 29 de Outubro de 2008 (1). Em especial, as Autoridades portuguesas afirmaram que o regime geral de garantias, reservado aos bancos solventes, não constituiria um quadro adequado para a intervenção estatal a favor do BPP, devido à crescente deterioração financeira do banco e aos riscos específicos relacionados com esta operação.

(9)

A remuneração da garantia do Estado foi estabelecida em 20 pontos de base, tendo em conta as contragarantias apresentadas pelo BPP. As contragarantias são as seguintes: i) Direito de garantia prioritária relativamente a diversos activos, especificados num contrato celebrado entre Portugal, o BPP e o Banco de Portugal; ii) Primeira hipoteca relativamente a activos imobiliários propriedade do BPP. Estas contragarantias têm um valor estimado de cerca de 672 milhões de EUR. A prestação de contragarantias é regida por um “acordo” celebrado entre a Direcção-Geral do Tesouro, o BPP e o Banco de Portugal, no qual este último foi nomeado entidade de custódia e gestão das contragarantias, em nome da Direcção-Geral do Tesouro.

(10)	Durante o período de vigência do empréstimo coberto pela garantia do Estado, o BPP compromete-se a não vender ou dar em garantia os seus activos actuais ou futuros ou ainda a deles dispor de outra forma.

(11)	A Comissão aprovou a medida por um período de seis meses a contar da data de concessão da garantia do Estado, ou seja, até 5 de Junho de 2009.

(12)	A fim de prorrogar a validade da garantia para além do período inicial de 6 meses (ou seja, para além de 5 de Junho de 2009), as Autoridades portuguesas comprometeram-se a apresentar uma notificação específica à Comissão.

2.4. Prorrogação da medida de auxílio de emergência

(13)

Por mensagem de correio electrónico de 23 de Junho de 2009, Portugal informou a Comissão de que tinha tomado a decisão de prorrogar a garantia do Estado por um período adicional de seis meses (Despacho n.o 13364-A/2009 do Ministério das Finanças, de 5 de Junho de 2009). Contudo, Portugal não notificou a prorrogação nem solicitou a aprovação da Comissão.

(14)	Uma vez que a decisão da Comissão apenas aprovara este auxílio por um período de seis meses (ou seja, até 5 de Junho de 2009), o auxílio de emergência tornou-se ilegal a partir de 6 de Junho de 2009.

2.5. Atraso na apresentação do plano de reestruturação

(15)

No contexto da análise, pela Comissão, da medida de auxílio de emergência, Portugal comprometeu-se a apresentar um plano de reestruturação do BPP no prazo de seis meses a contar da intervenção estatal (ou seja, até 5 de Junho de 2009). Na sua decisão de Março de 2009 em que aprovava a medida, a Comissão considerou que a apresentação do plano de reestruturação constituía um requisito incontornável, dado o nível de remuneração excepcionalmente baixo.

(16)	Portugal não respeitou o compromisso acima referido.

(17)	Em 24 de Abril de 2009, os administradores do BPP apresentaram um plano de reestruturação ao Banco de Portugal.

(18)	Por carta de 5 de Junho de 2009, as Autoridades portuguesas explicaram à Comissão que o atraso na apresentação do plano de reestruturação do BPP se devia ao facto de o Plano de Recuperação e Saneamento proposto pelo BPP não ter sido aceite pelo Banco de Portugal.

(19)

Em 9 de Junho de 2009, o Ministério das Finanças e da Administração Pública publicou um documento onde se afirmava que o Plano de Recuperação e Saneamento apresentado em 24 de Abril de 2009 pelo BPP ao Banco de Portugal propunha, nomeadamente, uma operação de capitalização com uma contribuição do Estado de 200 milhões de EUR sob a forma de acções ordinárias, acções preferenciais e prestações suplementares sem qualquer remuneração.

(20)

O Governo considerou a solução inviável. O documento acima referido referia igualmente que “O Banco Privado Português, pela sua dimensão, pela sua quota de mercado, bem como pelo modelo de negócios que tem desenvolvido — essencialmente assente na gestão de patrimónios — não apresenta, atentas também as actuais condições de funcionamento do sistema financeiro nacional e internacional, um risco sistémico relevante que fundamente a existência de um interesse público que justifique o envolvimento de dinheiros públicos tal como pretendido no referido plano. Acresce que o Plano de Recuperação e Saneamento proposto pelo BPP não se enquadra nas regras do regime de recapitalização, constantes da Lei 63-A/2008, nem nas orientações sobre a matéria definidas a nível da União Europeia, tendo em vista assegurar o respeito pelas regras comunitárias da concorrência, dado que estamos perante um cenário de ajudas de Estado”.

(21)

O documento do Governo referia ainda que um grande número de clientes do BPP colocou as suas poupanças sob a gestão do banco, que as aplicava na aquisição de instrumentos financeiros distribuídos por várias dezenas de sociedades veículos sedeadas em jurisdições “offshore”. Apesar dos riscos inerentes a estas aplicações, o BPP assegurava uma taxa de remuneração e garantia, na maturidade, a totalidade do capital investido por estes clientes (aplicação de “Retorno Absoluto”). A existência desta garantia nunca foi comunicada às autoridades de supervisão, nem foi sequer assumida e registada pelo banco no seu balanço. Ao esconder esta responsabilidade, evitou-se que os accionistas do banco tivessem de injectar mais capital, para cumprir as exigências legais e regulamentares aplicáveis. Além disso, a acção inspectiva da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários portuguesa e do Banco de Portugal detectou irregularidades graves que consubstanciam a prática de crimes no âmbito do BPP.

(22)

A partir deste mesmo documento emitido em 9 de Junho, a Comissão tomou conhecimento de que o Governo português não é insensível às preocupações dos clientes do BPP detentores de aplicações de “Retorno Absoluto” que vêem em risco o seu investimento, tendo procurado, junto das autoridades de supervisão, identificar uma solução que minimizasse eventuais perdas. A solução prevista pelo Governo teria, nomeadamente, as seguintes características: 1. Criação de um novo instrumento financeiro, representativo da actual carteira de Retorno Absoluto indirecto, que substituiria as actuais posições dos investidores; 2. O instrumento financeiro seria emitido e gerido por uma entidade independente do BPP, gerida e detida por instituições bancárias nacionais.

(23)	Em 15 de Julho de 2009, a Comissão convidou as Autoridades portuguesas a apresentarem de imediato o plano de reestruturação do BPP, mesmo a título provisório, recordando que o auxílio de emergência se tornou ilegal a partir de 6 de Junho de 2009. Portugal não apresentou ainda o plano solicitado.

(24)	Por carta de 31 de Agosto de 2009, as Autoridades portuguesas informaram a Comissão de que seria constituído a curto prazo um fundo de investimento especial, a fim de salvaguardar os interesses dos clientes do BPP, e que tal solução não implicaria quaisquer recursos estatais.

3. APRECIAÇÃO DO AUXÍLIO

3.1. Existência de auxílio

(25)

Nos termos do artigo 87.o, n.o 1, do Tratado CE, são incompatíveis com o mercado comum, na medida em que afectem as trocas comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

(26)

A Comissão recorda que tinha já concluído na decisão relativa ao auxílio de emergência que a garantia do Estado constitui um auxílio estatal. A Comissão considera, na presente fase, que a prorrogação da garantia constitui igualmente um auxílio estatal. O acordo de garantia permite que o BPP obtenha financiamento numa situação em que não lhe era possível encontrar um financiamento adequado no mercado. Esta medida proporciona uma vantagem económica ao BPP e reforça a sua posição em relação aos seus concorrentes em Portugal e noutros Estados-Membros, que não beneficiam de apoio público. Por conseguinte, deve continuar a considerar-se que a medida provoca uma distorção da concorrência e afecta o comércio entre Estados-Membros. A vantagem é concedida através de recursos estatais e é selectiva, uma vez que apenas beneficia um banco.

(27)	A Comissão salienta que uma vez que o BPP desenvolve actividades transfronteiras e internacionais, uma eventual vantagem proveniente de recursos estatais afectaria a concorrência no sector bancário e o comércio intracomunitário.

3.2. Compatibilidade do auxílio

3.2.1. Aplicação do artigo 87.o, n.o 3, alínea b), do Tratado CE

(28)

Portugal alega que o elemento de auxílio contido na garantia deve ser apreciado com base no artigo 87.o, n.o 3, alínea b), do Tratado CE. Nos termos desta disposição, a Comissão pode declarar compatíveis com o mercado comum os auxílios destinados a “sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-Membro”. A Comissão recorda que o Tribunal de Primeira Instância salientou que o artigo 87.o, n.o 3, alínea b), do Tratado CE deve ser aplicado restritivamente e que a perturbação em questão deve afectar o conjunto da economia do Estado-Membro (2).

(29)

Em 13 de Outubro de 2008, a Comissão adoptou uma Comunicação relativa à aplicação das regras relativas aos auxílios estatais às medidas adoptadas em relação às instituições financeiras no contexto da actual crise financeira global (“Comunicação relativa ao sector bancário”) (3). Nessa Comunicação, a Comissão admite que, dada a gravidade da actual crise dos mercados financeiros e o seu impacto potencial na economia global dos Estados-Membros, o artigo 87.o, n.o 3, alínea b), do Tratado CE pode, nas presentes circunstâncias, servir de base jurídica para as medidas de auxílio adoptadas para combater esta crise sistémica.

(30)

No que se refere ao caso em apreço, a Comissão salienta igualmente que, na sua decisão de aprovação do auxílio de emergência, apreciou a aplicabilidade do artigo 87.o, n.o 3, alínea b), do Tratado CE tendo concluído que o auxílio poderia ser considerado compatível com base nesta disposição após 5 de Junho de 2009, sob reserva de uma nova notificação da medida e desde que Portugal apresentasse um plano de reestruturação do banco credível e fundamentado.

3.2.2. Compatibilidade nos termos do artigo 87.o n.o 3, alínea b), do Tratado CE

(31)	A medida inicial, aprovada pela Comissão em 13 de Março de 2009, foi considerada compatível, sob reserva da apresentação de um plano de reestruturação. Uma vez que tal plano não foi apresentado, a medida de auxílio tornou-se ilegal.

(32)	A renovação da garantia sem a aprovação da Comissão constitui claramente uma medida ilegal. Na presente fase, existem dúvidas quanto ao facto de a medida poder ou não ser considerada compatível.

(33)

Em primeiro lugar, na decisão de 13 de Março de 2009 que autorizava a concessão da garantia, a Comissão aceitou a argumentação apresentada pelo Banco de Portugal, segundo a qual, num país como Portugal, o incumprimento mesmo de um banco de dimensão média como o BPP poderia ter um efeito de dominó em diversas instituições financeiras, de que resultariam graves perturbações para a economia do país.

(34)

Existem dúvidas quanto ao facto de este argumento continuar a ser válido. Com efeito, no documento de 9 de Junho de 2009 acima referido (ver ponto 19), o Governo português afirmou que a situação do BPP não apresentava um risco sistémico relevante que fundamentasse a existência de um interesse público que justificasse o envolvimento de dinheiros públicos.

(35)	Em segundo lugar, no que se refere à remuneração da garantia, a Comissão salientou que um prémio de 20 pontos de base é inferior ao nível resultante da aplicação da recomendação do Banco Central Europeu de 20 de Outubro de 2008.

(36)

Na sua decisão de 13 de Março de 2009, de aprovação da medida de emergência inicial, a Comissão afirmou claramente que a aceitação deste nível de remuneração ficava condicionada à apresentação do plano de reestruturação e que os custos da intervenção pública a favor do BPP deviam, a longo prazo, reflectir-se no plano de reestruturação, que tomará em consideração o impacto concorrencial do apoio concedido através de medidas compensatórias.

(37)

O plano de reestruturação deve ser elaborado em conformidade com a Comunicação da Comissão sobre o regresso à viabilidade e avaliação das medidas de reestruturação (4), devendo nomeadamente abordar as seguintes questões:

—	apresentação e análise da estratégia e modelo de negócios do banco, a fim de considerar a sua viabilidade a longo prazo num futuro razoável para que possa continuar a satisfazer as necessidades em matéria de crédito da economia, sustentando desta forma a recuperação económica,

—	minimização dos auxílios estatais, incluindo a necessidade de garantir a contribuição do banco para eventuais custos de reestruturação,

—	minimização das distorções da concorrência resultantes do investimento do Estado;

—	alterações a nível da gestão,

—	restrições a nível do comportamento comercial, nomeadamente no que se refere aos seguintes aspectos: (i) redução do balanço do banco e (ii) restrições relativamente a novas actividades de concessão de empréstimos na pendência da reestruturação do banco,

—	compromisso no sentido de o banco se abster de actividades publicitárias ou promocionais que façam referência à medida de recapitalização enquanto vantagem em termos concorrenciais.

(38)

Em terceiro lugar, no que se refere à limitação temporal, a Comissão considerou positivo o facto de a medida de auxílio se limitar a seis meses, tendo afirmado inequivocamente que uma eventual prorrogação da garantia para além do período inicial de seis meses teria de ser notificada à Comissão para aprovação.

(39)

Tendo em conta o facto de a remuneração da garantia ser inferior ao nível normalmente exigido em conformidade com a Comunicação relativa ao sector bancário e considerando que a Comissão apenas autorizou este nível na condição de Portugal apresentar um plano de reestruturação que, a mais longo prazo, abordaria de forma adequada esta vantagem, na ausência de tal plano, a Comissão tem dúvidas quanto ao facto de a garantia concedida por Portugal em 5 de Dezembro de 2008, bem como a sua prorrogação após 5 de Junho de 2009, serem compatíveis com o mercado comum no que se refere tanto à duração como à remuneração da medida.

CONCLUSÃO

(40)	À luz do que precede, a Comissão tem, na presente fase, dúvidas quanto ao facto de a garantia estatal a favor do BPP poder ser considerada compatível com o mercado comum.

(41)	Além disso, a Comissão decide ordenar a Portugal, ao abrigo do artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 659/99 do Conselho, que apresente o plano de reestruturação do BPP no prazo de 30 dias úteis.

(42)	O procedimento formal de investigação não prejudica as conclusões que possam vir a ser tiradas subsequentemente em relação ao novo instrumento financeiro que Portugal tenciona criar a fim de minimizar as perdas incorridas pelos clientes do BPP.

4. DECISÃO

À luz do que precede, a Comissão decidiu dar início ao procedimento previsto no artigo 88.o, n.o 2, do Tratado CE relativamente à garantia do Estado a favor do BPP.

Além disso, em conformidade com o artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 659/1999, a Comissão decidiu emitir uma injunção para prestação de informações, a fim de ordenar a apresentação do plano de reestruturação no prazo de 30 dias úteis a contar da data de recepção da presente carta.

A Comissão deseja, em especial, receber observações sobre todos os pontos relativamente aos quais expressou dúvidas.

Solicita-se a Portugal que envie de imediato uma cópia da presente carta ao beneficiário do auxílio.

A Comissão recorda às Autoridades portuguesas o efeito suspensivo do artigo 88.o, n.o 3, do Tratado CE e remete para o artigo 14.o do Regulamento (CE) n.o 659/1999, segundo o qual qualquer auxílio concedido ilegalmente pode ser objecto de recuperação junto do beneficiário.

A Comissão comunica às Autoridades portuguesas que informará as partes interessadas através da publicação da presente carta e de um resumo da mesma no Jornal Oficial da União Europeia. As partes interessadas serão convidadas a apresentar as suas observações no prazo de um mês a contar da data da referida publicação.».

(1) Decisão de 29.10.2008 no processo NN 60/08 — Regime de garantias a favor das instituições de crédito em Portugal.

(2) Ver, quanto aos princípios, os processos apensos T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e Volkswagen AG/Comissão, n.o 167, Colectânea 1999, p. II-3663. Confirmado pelas decisões da Comissão nos processos C-47/1996, Crédit Lyonnais (JO L 221 de 1998, p. 28), ponto 10.1, C-28/2002, Bankgesellschaft Berlim (JO L 116 de 2005, p. 1), pontos 153 e segs. e C-50/2006, BAWAG, ainda não publicada, ponto 166. Ver decisões da Comissão de 5 de Dezembro de 2007 no processo NN 70/07, Northern Rock (JO C 43 de 16.2.2008, p. 1), de 30 de Abril de 2008, no processo NN 25/08, Auxílio de emergência ao WestLB (JO C 189 de 26.7.2008, p. 3) e de 4 de Junho de 2008, no processo C-9/2008 SachsenLB, ainda não publicada.

(3) Comunicação da Comissão — Aplicação das regras relativas aos auxílios estatais às medidas adoptadas em relação às instituições financeiras no contexto da actual crise financeira global (JO C 270 de 25.10.2008, p. 8).

(4) Comunicação da Comissão sobre o regresso à viabilidade e avaliação, em conformidade com as regras em matéria de auxílios estatais, das medidas de reestruturação tomadas no sector financeiro no contexto da actual crise (JO C 195 de 19.8.2009, p. 9).

		ISSN 1725-244X doi:10.3000/1725244X.C_2010.056.spa
Diario Oficial de la Unión Europea		C 56

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	53o año 6 de marzo de 2010

Número de información	Sumario	Página
	I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes
	RESOLUCIONES
	Consejo
2010/C 056/01	Resolución del Consejo, de 1 de marzo de 2010, sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior	1

	II Comunicaciones
	COMUNICACIONES QUE PROCEDAN DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
	Comisión Europea
2010/C 056/02	No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5783 — Statoil/Svitzer/FTTS (JV)) ( 1 )	5

2010/C 056/03	No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5773 — Qatar Petroleum/General Electric Company/PII Group) ( 1 )	5

2010/C 056/04	No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5611 — Agilent/Varian) ( 1 )	6

	IV Información
	INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
	Consejo
2010/C 056/05	Información relativa a las declaraciones de la República de Chipre y Rumanía sobre su aceptación de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para pronunciarse con carácter prejudicial sobre los actos a que se refiere el artículo 35 del Tratado de la Unión Europea	7

	Comisión Europea
2010/C 056/06	Tipo de cambio del euro	8

2010/C 056/07	Decisión de la Comisión, de 5 de marzo de 2010, por la que se designa un miembro del Comité Consultivo Europeo de Estadística ( 1 )	9

	V Dictámenes
	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA
	Comisión Europea
2010/C 056/08	Ayuda estatal — Portugal — Ayuda estatal C 33/09 (ex NN 57/09 ex CP 191/09) — Restructuración del Banco Privado Português — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE ( 1 )	10

2010/C 056/09	Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5751 — Euroports/DP World/Trilogiport JV) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado ( 1 )	16

	Moneda	Tipo de cambio
USD	dólar estadounidense	1,3582
JPY	yen japonés	121,48
DKK	corona danesa	7,4421
GBP	libra esterlina	0,90250
SEK	corona sueca	9,7178
CHF	franco suizo	1,4632
ISK	corona islandesa
NOK	corona noruega	8,0490
BGN	lev búlgaro	1,9558
CZK	corona checa	25,771
EEK	corona estonia	15,6466
HUF	forint húngaro	266,78
LTL	litas lituana	3,4528
LVL	lats letón	0,7089
PLN	zloty polaco	3,8755
RON	leu rumano	4,0910
TRY	lira turca	2,1001
AUD	dólar australiano	1,5043
CAD	dólar canadiense	1,4011
HKD	dólar de Hong Kong	10,5438
NZD	dólar neozelandés	1,9708
SGD	dólar de Singapur	1,9004
KRW	won de Corea del Sur	1 548,62
ZAR	rand sudafricano	10,1274
CNY	yuan renminbi	9,2718
HRK	kuna croata	7,2653
IDR	rupia indonesia	12 542,52
MYR	ringgit malayo	4,5690
PHP	peso filipino	62,541
RUB	rublo ruso	40,5220
THB	baht tailandés	44,311
BRL	real brasileño	2,4215
MXN	peso mexicano	17,2152
INR	rupia india	61,9260