21.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 15/1

A.

Considerando que el cambio climático supone una seria amenaza para la reducción de la pobreza, los derechos humanos, la paz y la seguridad, la disponibilidad de agua y alimentos y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en muchos países en desarrollo,

B.

Considerando que en algunos países en desarrollo se roturan bosques para producir biocarburantes,

C.

Considerando que los países industrializados tienen una responsabilidad histórica en el cambio climático y que están moralmente obligados a prestar apoyo a los países en desarrollo en sus esfuerzos para adaptarse a sus consecuencias,

D.

Considerando que los países en desarrollo han contribuido menos al cambio climático pero serán los que sufrirán más seriamente sus consecuencias, entre las que se incluyen la inseguridad hídrica y alimentaria debida a las sequías y la desertización, el incremento del nivel de los mares, los nuevos desafíos para la agricultura, los nuevos riesgos para la salud, los fenómenos meteorológicos extremos y las presiones migratorias; y que los países en desarrollo tendrán también menor capacidad para hacer frente a estas consecuencias,

E.

Considerando que en muchos países industrializados se presta recientemente gran atención a la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo, y que esa misma tarea urgente se ha descuidado en gran medida en los países de renta baja,

F.

Considerando que las importaciones ilegales e insostenibles de madera a la Unión Europea son un importante factor de deforestación, y que se calcula que cuestan anualmente miles de millones de euros a los países pobres,

G.

Considerando que se estima que la deforestación contribuye al 20 % del volumen total de las emisiones de gases de efecto invernadero supone la pérdida anual de 13 millones de hectáreas de bosques tropicales; y que la deforestación tropical representa una grave amenaza para la biodiversidad y el sustento de más de mil millones de personas pobres que habitan en esos bosques y viven de ellos,

H.

Considerando que las autoridades locales son, con frecuencia, quienes deben abordar a nivel local las consecuencias del cambio climático; que, por consiguiente, para elaborar estrategias efectivas de adaptación al cambio climático y su atenuación es esencial lograr una imbricación adecuada de los niveles internacional, nacional y local de actuación política; y que conviene realizar reformas estructurales a gran escala, sin perjuicio de la aplicación de un enfoque local en favor de las personas pobres,

I.

Considerando que existe una mejor percepción de los riesgos de seguridad que plantea el cambio climático, incluidos los conflictos por recursos naturales escasos, las catástrofes naturales y los grandes flujos migratorios derivados del cambio climático; y que las estrategias de desarrollo para abordar en común los retos climáticos y de seguridad serán esenciales para velar por una respuesta flexible y efectiva en los países en desarrollo,

J.

Considerando que los esfuerzos internacionales en el ámbito de la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de catástrofes (RRC) han sido hasta el momento limitados, fragmentados y mal coordinados, y que en muchos casos los países en desarrollo han tenido dificultades para acceder a dichos esfuerzos, lo que contrasta directamente con los objetivos planteados en el Consenso europeo y en la Declaración de París,

K.

Considerando que las medidas de adaptación al cambio climático, la RRC y la creación de capacidades de desarrollo podrían estar muy interrelacionadas, pero que apenas se han integrado hasta ahora en las actividades de las agencias de cooperación al desarrollo y las instituciones internacionales; y que sería esencial contar con un enfoque coherente común para llevar a cabo la Alianza Mundial para hacer frente al Cambio Climático (AMCC),

L.

Considerando que es necesario crear equipos pluridisciplinarios de gestores de crisis, especialistas en desarrollo, planificadores y expertos en climatología y adaptación climática, que deberían adoptar las mejores prácticas en el ámbito del desarrollo regional,

M.

Considerando que una actuación precoz en la adaptación al cambio climático y la RRC representan un solución claramente rentable; y que los estudios predicen que un dólar gastado en RRC tiene potencial para ahorrar hasta siete dólares en respuesta tras una catástrofe, lo que constituye un argumento de peso a favor de la prioridad del gasto en ayuda al desarrollo,

N.

Considerando, por consiguiente, que debería rechazarse todo intento de doble contabilización de los fondos de la Unión Europea destinados al logro de los ODM y al cumplimiento de las promesas realizadas en el marco de la UNFCCC,

O.

Considerando que toda demora en la toma de decisiones firmes sobre las medidas necesarias para reducir las causas y los efectos del cambio climático conllevará costes mucho mayores,

P.

Considerando que la mayoría de los problemas ambientales, incluidos los derivados del cambio climático, se agravan con el crecimiento demográfico y el mayor volumen de población, en tanto que las tendencias demográficas en materia de crecimiento, distribución y composición de la población son parte integrante del proceso de desarrollo, pues son causa y efecto a la vez del cambio climático y se ven afectadas por éste; y que, en la Conferencia Internacional de 1994 sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo, se destacaron claramente las numerosas ventajas que reportan unas políticas de población diferenciadas, no coercitivas y de orientación local, si bien hasta ahora las cuestiones demográficas siguen sin incorporarse en gran medida en la planificación del desarrollo o la adaptación al cambio climático,

Q.

Considerando que se debe intervenir en todas las políticas en materia de agricultura, agua, gestión de los recursos forestales, sanidad, infraestructuras, educación y demografía, con el fin de lograr una integración efectiva de la adaptación al cambio climático y una atenuación de sus efectos en las políticas de desarrollo,

R.

Considerando que con el descenso de la corrupción mejoraría la eficacia de la adaptación al cambio climático y los esfuerzos para su atenuación,

S.

Considerando que el informe provisional de 2007 del Plan de Acción de la Unión Europea sobre el Cambio Climático y el Desarrollo mencionado anteriormente muestra que los avances en materia de integración del cambio climático en las políticas de desarrollo de la Unión Europea, en particular en los documentos de estrategia por país (DEP) y en los documentos de estrategia regional (DER), han sido insuficientes y demasiado lentos,

T.

Considerando que en la actualidad existe una carencia enorme en lo que a la financiación de la adaptación en países en desarrollo se refiere; y que los costes anuales de adaptación estimados se sitúan entre los 50 y los 80 mil millones de dólares estadounidenses al año, no superando el 0,5 % de esas cifras la suma total de los fondos comprometidos mediante mecanismos de financiación multilaterales a mediados del año 2007,

U.

Considerando que, aún cuando la Unión Europea se haya fijado como objetivo convertirse en paladín de la lucha contra el cambio climático, el presupuesto de la Unión Europea no refleja la prioridad otorgada a las políticas y medidas adoptadas por la Unión Europea para combatir el cambio climático,

V.

Considerando que parte de la financiación de la AMCC procederá del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y del Programa temático de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ENRTP) (de acuerdo con el artículo 13 del Instrumento de Financiación de la Cooperación para el Desarrollo (ICD) (3)),

W.

Considerando que el FED se ha utilizado principalmente para financiar nuevas iniciativas; que la Comisión debería respetar su compromiso de encontrar nuevas fuentes de financiación para preservar el FED; y que la Comisión de Desarrollo ha reclamado en numerosas ocasiones que el FED se integre en el presupuesto de la Unión Europea para velar por el control democrático de su utilización,

X.

Considerando que, de conformidad con el artículo 21 sobre la adopción de documentos de estrategia y programas indicativos plurianuales y el apartado 2 del artículo 35 del ICD, el Parlamento tiene el derecho a ejercer control sobre las acciones de la Comisión tal y como está establecido en los artículos 5 y 8 de la Decisión 1999/468/CE,

Y.

Considerando que hasta ahora el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) apenas resultaba adecuado para cubrir las necesidades de inversión de los países más pobres en tecnologías limpias, pues África acoge menos del 3 % de todos los proyectos del MDL y cerca del 90 % de las reducciones certificadas de las emisiones (RCE) se han concedido para proyectos en China, la India, Corea y Brasil,

1.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de crear una AMCC, que representa un importante reconocimiento de los efectos del cambio climático en el desarrollo; sin embargo, pide a la Comisión que aclare más el valor añadido característico de esta AMCC; en este contexto, subraya que la coordinación y la cooperación con otros actores fundamentales deben ser una parte integrante de la agenda de la AMCC con el fin de garantizar la complementariedad óptima entre iniciativas;

2.

Considera que la AMCC es un importante pilar de la acción exterior de la Unión Europea en cuestión de cambio climático y que constituye una plataforma complementaria y de apoyo para el proceso en curso en el contexto de la UNFCCC y el Protocolo de Kyoto, sirviendo al avance de su aplicación y de la de los acuerdos vinculados a ellos;

3.

Reitera las alarmantes conclusiones del documento mencionado titulado «El cambio climático y seguridad internacional», en el que se advierte de que el cambio climático intensifica los riesgos para la seguridad en la Unión Europea y amenaza con incrementar la carga sobre los Estados y regiones del mundo, de por sí frágiles y propensos a los conflictos, y con socavar los esfuerzos para alcanzar los ODM;

4.

Observa que los esfuerzos para luchar contra el cambio climático han de basarse no solamente en las iniciativas políticas sino también en la sociedad civil, y ello tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo; considera que se deberían lanzar campañas de información pública y programas educativos en escuelas y universidades para proporcionar a los ciudadanos análisis y evaluaciones sobre la situación del cambio climático, así como proponer las respuestas adecuadas, en particular por lo que concierne a los cambios de los estilos de vida necesarios para reducir las emisiones;

5.

Hace hincapié en que la coordinación y la colaboración reforzadas entre la Comisión y los Estados miembros son esenciales en el ámbito de la política de la Unión Europea sobre el cambio climático y el desarrollo; considera que la AMCC representa una oportunidad única para respetar los principios que sostienen el Consenso europeo y la Declaración de París, al igual que el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de 1994 sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo; está convencido asimismo de que una de las funciones esenciales de la AMCC debería ser la de centralizar las iniciativas de los Estados miembros;

6.

Pide a la Unión Europea que sitúe el cambio climático en el centro de su política de cooperación al desarrollo; expresa además su convicción de que la lucha contra el cambio climático debe abordar sus causas estructurales, y reclama una evaluación sistemática del riesgo del cambio climático que cubra todos los aspectos de la planificación política y la toma de decisiones, tanto en la Unión Europea como en los países en desarrollo, incluidos los relacionados con el comercio, la agricultura y la seguridad alimentaria;

7.

Destaca que la AMCC debería adoptar medidas concretas para velar por la coherencia entre el impacto del cambio climático, incluidas las políticas de agricultura, comercio y pesca de la Unión Europea, por una parte, y los problemas relacionados con las ayudas a la exportación, como las ayudas vinculadas, el peso de la deuda, los créditos a la exportación y el uso comercial de la ayuda alimentaria, las privatizaciones forzosas y la liberalización de sectores económicos esenciales, por otra;

8.

Destaca que, debido a que la AMCC, dotada de 60 millones de euros para el período comprendido entre 2008 y 2010, está destinada a complementar el proceso en curso en la UNFCCC, es necesario evitar el solapamiento de las acciones y concentrar los fondos en acciones que proporcionen el mayor valor añadido; considera que, una vez que se haya logrado un acuerdo sobre el cambio climático para el período posterior a 2012, deberán revisarse los objetivos y la financiación de la AMCC de acuerdo con los resultados;

9.

Opina que los fondos ajenos a la UNFCCC no pueden considerarse parte del cumplimiento de los compromisos contraídos por los países desarrollados en el marco de la Convención;

10.

Considera que los 60 millones de euros comprometidos hasta ahora para la AMCC son muy insuficientes; pide a la Comisión que establezca un objetivo de financiación de la AMCC a largo plazo de al menos 2 mil millones de euros anuales para 2010 y de 5-10 mil millones de euros anuales para 2020;

11.

Pide a la Comisión que facilite información detallada sobre los mecanismos financieros existentes para el cambio climático y el desarrollo a nivel nacional e internacional; pide a la Comisión que, sobre la base de esta información, proponga urgentemente qué medidas deben aplicarse para incrementar la ayuda financiera de la Unión Europea para el cambio climático y el desarrollo, asegurando la mejor coordinación y complementariedad posible con las iniciativas existentes;

12.

Destaca que para abordar seriamente el cambio climático conviene prever una nueva financiación mediante nuevas líneas presupuestarias y nuevas fuentes de financiación, como los fondos de ayuda humanitaria en respuesta a las catástrofes provocadas por el clima, los fondos de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y el Instrumento de Estabilidad en el contexto de la política preventiva de seguridad o en respuesta a los conflictos o riesgos de seguridad relacionados con el clima y, si procede, otros fondos de acción exterior, así como los impuestos ecológicos, las asociaciones público-privadas y otros mecanismos innovadores de financiación previstos a tal efecto;

13.

Toma nota con interés de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 19 y 20 de junio de 2008 y de las correspondientes incidencias presupuestarias; considera que estos compromisos presupuestarios sólo podrán abordarse recurriendo a los medios que facilita el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (4); subraya una vez más que deberían preverse nuevos créditos para el desarrollo de nuevas tareas;

14.

Observa, en este contexto, que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de la Unión Europea aún está lejos de lograr el objetivo del 0,56 % de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la Unión Europea en 2010, y que resulta difícil imaginar cómo la Unión Europea podrá cumplir todos sus compromisos sin utilizar recursos nuevos e innovadores;

15.

Pide a la Comisión que incremente la financiación inmediata de la AMCC, lo que podría hacerse inicialmente con carácter de urgencia mediante el ENRTP así como mediante el décimo FED; subraya al mismo tiempo la necesidad urgente de fondos adicionales de ayuda no oficial al desarrollo para la adaptación así como la necesidad de desarrollar mecanismos de financiación innovadores con esta finalidad;

16.

Recuerda a la Comisión que, si se utilizan fondos del ENRTP o del FED para financiar la AMCC, éstos, en cuanto fondos de desarrollo, solo deberían utilizarse para acciones compatibles con la ayuda al desarrollo, de conformidad con la definición del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE; insiste en que ésa sólo debería ser una fuente inicial de financiación y que deberían encontrarse después otras fuentes alternativas de financiación;

17.

Pide a la Comisión que vele por que la financiación de la AMCC mediante el ENRTP y el FED no se haga a expensas de otros objetivos importantes de cooperación al desarrollo como la educación, la sanidad, la igualdad de género y el acceso al agua;

18.

Hace hincapié en que los Estados miembros deben asumir una mayor responsabilidad en la financiación y en la armonización de sus actividades de desarrollo con la AMCC;

19.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que acuerden destinar al menos el 25 % de los ingresos previstos de las subastas dentro del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE de la UE) en el próximo período de comercio a la financiación de la AMCC y a otras medidas de lucha contra el cambio climático en países en desarrollo, incluidas las medidas de protección forestal y reducción de las emisiones derivadas de las roturaciones y la degradación forestal;

20.

Pide a la Comisión que aproveche la próxima revisión del presupuesto de la Unión Europea para reevaluar las prioridades generales de gasto de la Unión Europea y destine fondos adicionales al cambio climático y al desarrollo en general y a la AMCC en particular, incluida la reasignación de fondos de la Política Agrícola Común (PAC);

21.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen urgentemente la idea de un mecanismo global de financiación de la adaptación al cambio climático, a partir del modelo de la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización (FFIIm) y del concepto de ayuda preventiva, con el fin de garantizar unas sumas significativas de financiación de la AMCC dentro de un período de tiempo relativamente corto;

22.

Pide a la Comisión que invite al sector privado a asociarse más estrechamente a la AMCC, pues la financiación pública podría servir de catalizador al incentivar la inversión y ofrecer acceso a los mercados y las tecnologías; anima específicamente a la Comisión a que invierta en el desarrollo de modelos de asociación entre los sectores público y privado en los ámbitos clave, tales como la creación de seguridad hídrica y de infraestructuras en ámbitos vulnerables, en los que la falta de financiación es sustancial en la actualidad, pues el cambio climático afecta a numerosos ámbitos políticos (acceso al agua, salud pública, abastecimiento energético) donde se produce la intervención del Estado y las autoridades locales; recuerda que la prioridad de la Unión Europea debería ser apuntalar la capacidad de actuación pública en esos ámbitos;

23.

Pide a la Comisión que participe en asociaciones con el sector privado de los seguros y que explore métodos para desarrollar planes piloto de seguros con el fin de financiar los costes de la adaptación y de la RCC, dentro del ámbito de los niveles nacional y regional e individual de los seguros;

24.

Lamenta que la implicación general de los Gobiernos, la sociedad civil y las autoridades locales de los países en desarrollo haya sido inadecuada a lo largo del proceso de programación de la AMCC; pide a la Comisión que garantice que durante los procesos de aplicación, de elaboración, de distribución de los fondos y de evaluación se tomen las decisiones en asociación con las partes interesadas;

25.

Pide a la Comisión que se sirva de la AMCC para apoyar y reforzar la capacidad de los países socios para identificar, gestionar y mitigar los desafíos de seguridad que plantea el cambio climático y anima a la Comisión a que destine fondos adicionales a tal fin; pide asimismo a la Comisión que vele por que su Dirección General de Relaciones Exteriores participe plenamente en el proceso de programación y aplicación de la AMCC y por la mayor coherencia entre las políticas de cooperación al desarrollo, cambio climático y de asuntos exteriores y seguridad;

26.

Pide a la Comisión que se sirva de la AMCC para impulsar el diálogo tanto con la comunidad de donantes como con los países socios sobre una mejor preparación y planificación que permita abordar las eventuales migraciones masivas derivadas del carácter inhóspito de ciertas regiones a consecuencia del cambio climático;

27.

Insiste en que la AMCC deberá estar dotada de mecanismos de notificación eficaces, incluidos indicadores detallados de los avances y programas de seguimiento;

28.

Considera que un valor añadido y competencia específica de la AMCC podría ser la creación de un vínculo entre las medidas de adaptación local y los marcos políticos globales en materia de cambio climático y desarrollo; en este contexto, se congratula de su vertiente de «diálogo político» como importante avance para relacionar la agenda de reducción de la pobreza y los ODM con la agenda de cambio climático; no obstante, destaca que la AMCC sólo tendrá éxito si forma parte de una estrategia general de la Unión Europea para las negociaciones después de 2012, en las que será una absoluta prioridad prever un fuerte apoyo a las medidas de atenuación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo;

29.

Anima a la Comisión a servirse del diálogo político y de su prevista declaración común de la Unión Europea, los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) como foro para impulsar la idea de un «contrato global» en que se imbriquen íntimamente las actividades relativas a la cooperación al desarrollo y el cambio climático, prestándose atención a las cuestiones demográficas como elemento explícito integrante, según se prevé en la iniciativa para un Plan Marshall global;

30.

Hace hincapié en la necesidad de acelerar los esfuerzos para integrar la adaptación al cambio climático, la RCC y las medidas demográficas y de salud reproductiva en la ayuda al desarrollo de la Comisión y de los Estados miembros, en especial durante la fase de aplicación, pues esos ámbitos son fundamentales desde una perspectiva sistémica; pide a la Comisión que aproveche la próxima revisión intermedia de los DEP para avanzar en este ámbito;

31.

Insiste en que la Comisión, junto con la AMCC, debe seguir desarrollando su respuesta al Informe provisional sobre el Plan de Acción de la Unión Europea sobre el Cambio Climático y el Desarrollo con la inclusión de muchos elementos importantes que no deben perderse de vista, tales como la creación de órganos de centralización sobre el terreno a fin de mejorar la coordinación y el acceso a la información;

32.

Subraya que el desarrollo y la aplicación de Programas de Acción Nacionales de Adaptación (PANA) mediante fondos procedentes del Mecanismo Mundial para el Medio Ambiente han experimentado muchas limitaciones a causa de la financiación inadecuada, la subestimación de los costes de adaptación, la falta de conexiones con el desarrollo humano, la excesiva burocracia de los canales de acceso y la parcialidad de los proyectos; pide a la Comisión que aborde plenamente estas limitaciones cuando continúe su labor de apoyo a la aplicación de los PANA en los PMA y los PEID a través de la AMCC; en este contexto, acoge con satisfacción la intención de la Comisión de explorar el refuerzo de las capacidades basadas en programas de las instituciones responsables que utilizan apoyo presupuestario;

33.

Hace hincapié en que la utilización con éxito del apoyo presupuestario para la adaptación al cambio climático orientada al desarrollo depende de la utilización profunda de todos los medios disponibles dentro del marco de modalidades de apoyo presupuestario, tales como la discusión de las prioridades políticas, el control a largo plazo y la asistencia técnica en la formulación y ejecución del presupuesto; insiste igualmente en la necesidad de una implicación activa de la sociedad civil y las comunidades locales; insta asimismo a la Comisión a que se prepare para utilizar medidas complementarias cuando el apoyo presupuestario no sea adecuado o cuando no pueda atender a las personas más pobres y vulnerables;

34.

Pide a la Comisión que vele por que la prevista investigación de la AMCC sobre la adaptación en los países en desarrollo posea una verdadera perspectiva ascendente, se oriente hacia los pobres y más vulnerables con arreglo a las necesidades de las comunidades locales y se lleve a cabo en cooperación con las personas afectadas; destaca la importancia de que los resultados de la investigación sobre la adaptación se transmitan a los grupos destinatarios mediante canales accesibles de comunicación;

35.

Pide a la Comisión que destine importantes recursos a la investigación de los factores económicos de la adaptación en los países en desarrollo, incluida una mejor comprensión de los futuros costes de la reestructuración del comercio, la agricultura y las políticas de seguridad y las instituciones; reconoce que las lagunas de conocimiento en ese ámbito son un obstáculo a la adopción de medidas efectivas de adaptación y gasto por parte de los actores tanto públicos como privados;

36.

Hace hincapié en la importancia de que se transfieran conocimientos y tecnología, incluida la tecnología de RRC, a los países socios de la AMCC; para ello, pide sa la Comisión que fomente la creación de una biblioteca virtual en red con información pertinente sobre adaptación climática y que facilite un programa de intercambio de expertos en adaptación climática entre estos países;

37.

Reitera la importancia de que la política sea coherente y pide a la Comisión que aborde la cuestión relativa a la integración del cambio climático en los esfuerzos encaminados a la reducción de la pobreza, cuando revise el presupuesto de la Unión Europea y cuando realice la revisión intermedia de los distintos instrumentos de desarrollo;

38.

Pide a la Comisión que preste mayor atención al impacto del cambio climático en la agricultura y la silvicultura y a la adaptación de la agricultura y la silvicultura al cambio climático; pide a la Comisión que utilice la AMCC para apoyar el desarrollo de unas políticas agrícolas medioambientalmente sólidas, dando la prioridad a garantizar la seguridad alimentaria de la población; pide asimismo a la Comisión que contribuya a crear un marco institucional y financiero apropiado para las personas pobres de las zonas rurales que dependen de la agricultura para su subsistencia;

39.

Destaca que la agricultura en los países pobres en desarrollo se ve afectada directa y considerablemente por el cambio climático, que puede repercutir dramáticamente en la seguridad alimentaria; por consiguiente, reclama a la Comisión que se sirva de la AMCC para elaborar políticas agrarias y métodos de producción que se adapten mejor a las necesidades de la población local y ofrezcan una solución sostenible al alza de los precios de los alimentos; anima, en particular, a la Comisión, a que apoye soluciones innovadoras como la creación de «cinturones verdes» alrededor de las ciudades para responder a las necesidades alimentarias básicas de las poblaciones urbanas en los países en desarrollo;

40.

Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de proponer una estrategia de la Unión Europea para la RRC, lo que supondría un importante paso en la reducción de las diferencias entre los esfuerzos para la RRC, los esfuerzos de desarrollo y los esfuerzos de adaptación al cambio climático; pide, en este contexto, a la Comisión que aclare cómo la AMCC puede facilitar esta integración en la práctica;

41.

Subraya que una estrategia para la RRC no arrojará resultados significativos sin un plan de acción concreto y una reorientación profunda de las dotaciones presupuestarias a fin de garantizar la financiación a largo plazo de la RRC y de la adaptación al cambio climático como parte de la ayuda al desarrollo ordinaria y no como una ayuda humanitaria a corto plazo y mal priorizada, como es el caso en la actualidad;

42.

Subraya que existe una gran necesidad de recursos humanos adicionales en EuropeAid y las delegaciones de la Unión Europea para velar por la aplicación con éxito de la AMCC; pide a la Comisión que destine importantes recursos a éste ámbito en el presupuesto de la Unión Europea para 2009; pide asimismo a la Comisión, en un contexto más amplio, que dedique de forma significativa más recursos a la formación del personal de las direcciones generales y delegaciones de la Comisión en materia de adaptación al cambio climático y en RRC, con especial hincapié en la mejora de los conocimientos prácticos;

43.

Subraya, en la medida en que la AMCC implica acciones de atenuación del cambio climático, que los PMA y los PEID necesitan apoyo técnico y en materia de creación de capacidades para poder incrementar su participación en el MDL; pide asimismo a la Comisión que se movilice activamente en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático con el fin de reforzar el MDL para asegurar la adicionalidad y la coherencia con los objetivos climáticos y de desarrollo; pide también a la Comisión que no se centre excesivamente en el MDL como la herramienta política definitiva, sino que preste también su apoyo a acciones de atenuación más adecuadas a los países más pobres, dando prioridad a las actividades de uso de la tierra, al cambio de uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF) y a las tecnologías con bajas emisiones de carbono;

44.

Pide a la Comisión que desarrolle urgentemente iniciativas políticas complementarias y ambiciosas, en especial en los ámbitos de la protección de los bosques y los mares, el uso sostenible de los recursos naturales y la cooperación en las técnicas de atenuación, en los que las necesidades financieras superan con creces las actuales disponibilidades de la AMCC; pide específicamente una acción decidida de la Unión Europea en forma de ayuda financiera, asistencia técnica y transferencia de tecnología y cooperación para los países en desarrollo para facilitar el uso más temprano posible de las tecnologías con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y de métodos de producción respetuosos con el medio ambiente;

45.

Pide a la Comisión que revise su propuesta de criterios de sostenibilidad para los biocarburantes, estableciendo requisitos más estrictos sobre sus ventajas para el clima y los ecosistemas, teniendo asimismo presentes los efectos del cambio de uso indirecto del suelo y las consecuencias de desarrollo para las comunidades locales; destaca que los criterios de sostenibilidad no deben convertirse en nuevas medidas proteccionistas y que deberían diseñarse mediante el diálogo con los países en desarrollo;

46.

Considera que el Fondo Mundial para la Eficiencia Energética y las Energías Renovables previsto es un instrumento notable en este contexto, que podría desempeñar un papel importante en proyectos de eficiencia energética y en la promoción de las energías renovables en los países en desarrollo;

47.

Pide a la Comisión que desarrolle urgentemente una agenda exhaustiva con el fin de reducir la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, que incluya la promoción de los acuerdos de asociación voluntaria en el marco de los programas del Plan de Acción sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT), y propuestas concretas sobre mecanismos de financiación en la Conferencia de las Partes en la Convención sobre el Cambio Climático (COP 14) que tendrá lugar en Poznan en diciembre de 2008; reitera la importancia de dichos mecanismos compensatorios no únicamente por las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas sino también por la biodiversidad y por las ventajas de los bosques para el desarrollo;

48.

Deplora que la Comisión no haya presentado aún propuestas claras y firmes para prohibir la importación de madera ilegalmente talada y de sus productos derivados en el mercado de la Unión Europea; pide a la Comisión que presente esa propuesta sin demora;

49.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

21.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 15/10

A.

Considerando que el interés y el bienestar de los ciudadanos son esenciales para las políticas europeas, nacionales y regionales y que un mayor nivel de gobernanza y asociación, encaminado a establecer una coordinación y una cooperación mejores entre las distintas autoridades, redundaría en beneficio de todos los ciudadanos de la Unión,

B.

Considerando que las soluciones prácticas que esperan nuestros ciudadanos en materia de servicios públicos (tales como transporte público, agua potable, viviendas sociales y educación pública) sólo pueden lograrse con una buena gobernanza que incluya dos sistemas complementarios: por un lado, el sistema institucional, que prevé el reparto de las competencias y los presupuestos entre el Estado y las autoridades regionales y locales, y por otro, el sistema de asociación, que agrupa a diferentes actores públicos y privados interesados por la misma temática en un territorio determinado,

C.

Considerando que conviene destacar la definición de «asociación» que figura en el reglamento general sobre los Fondos Estructurales, conforme a la cual cada Estado miembro debe organizar

«una cooperación con autoridades y organismos tales como:

D.

Considerando que la asociación debería tener en cuenta a todas las comunidades y grupos relevantes, puede aportar beneficios y un valor añadido a la ejecución de la política de cohesión a través de una mayor legitimidad, una transparencia garantizada y una mejor absorción de los fondos y que también debe evaluarse con arreglo al valor social y cívico que representa,

E.

Considerando que una participación lo más estrecha posible de los distintos socios en la elaboración de los programas operativos garantizará la producción de un documento que tenga plenamente en cuenta las características específicas de un determinado territorio y proporcione la mejor respuesta posible a las exigencias y retos de dicha zona,

F.

Considerando que una mayor asociación con universidades e institutos de enseñanza superior o educación tecnológica, así como la participación del sector privado, pueden ser beneficiosos para las estrategias en el marco de la Agenda de Lisboa y las políticas de la UE en materia de investigación e innovación,

G.

Considerando que el capital social en forma de voluntariado activo está ciertamente ligado al crecimiento económico regional y constituye un factor importante en la reducción de las disparidades regionales,

H.

Considerando que una amplia participación de los socios mencionados en el reglamento general sobre los Fondos Estructurales y una mejor cooperación entre los actores implicados en la ejecución de los programas y los proyectos financiados con cargo a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión permiten imprimir mayor eficacia a la política de cohesión y aumentar el efecto de palanca,

I.

Considerando que un enfoque integrado debe no sólo tener en cuenta los aspectos económicos, sociales y medioambientales del desarrollo de los territorios sino también coordinar los intereses de los distintos actores interesados, teniendo presentes las particularidades territoriales, para poder responder a los retos locales y regionales,

J.

Considerando que tanto una mejor coordinación de las diferentes políticas públicas a todos los niveles administrativos implicados como una gobernanza eficaz son elementos indispensables para el avance del desarrollo sostenible de los territorios,

K.

Considerando que el concepto del enfoque integrado se considera ya una necesidad y que conviene llevarlo realmente a la práctica,

L.

Considerando que las políticas estructurales han ocupado el segundo lugar en importancia del presupuesto de la Unión Europea durante el período de programación 2000-2006 y constituyen las principales políticas de la Unión para el período 2007-2013;

M.

Considerando la conveniencia de organizar una cooperación más eficaz y transparente para todos los actores entre las distintas autoridades y organismos públicos y privados, sin transferir necesariamente competencias jurídicas y sin crear nuevas entidades, permitiendo a todos ser más eficaces gracias a dicha cooperación,

N.

Considerando la conveniencia de prever una participación de las autoridades regionales y locales en la fase más temprana posible de las negociaciones sobre la legislación comunitaria, en especial en el marco de las negociaciones sobre el próximo conjunto de normas en materia de política de cohesión,

O.

Considerando que el concepto de «cuencas de vida y empleo» implica tener en cuenta los territorios elementales pertinentes para abordar las cuestiones fundamentalmente ligadas a la vida cotidiana de los ciudadanos (transporte, servicios públicos, calidad de vida, empleo y actividades económicas locales, seguridad, etc.),

P.

Considerando que el uso de una ordenación territorial correcta puede facilitar una gobernanza eficaz,

Q.

Considerando que un conocimiento de la «gestión del proyecto» por parte de los actores involucrados en la ejecución de la política de cohesión es un factor clave para mejorar y facilitar la gobernanza,

R.

Considerando la conveniencia de sacar partido de las experiencias exitosas de los nuevos métodos de gobernanza y asociación, incluidos aquéllos que ya han sido probados con éxito en programas de los fondos europeos, como el método Leader y las subvenciones globales (de conformidad con los artículos 42 y 43 del reglamento general sobre los Fondos Estructurales),

S.

Considerando que la existencia de unas estructuras y unas estrategias adecuadas de comunicación en todas las fases (decisión, aplicación y evaluación), diseñadas en estrecha cooperación con las autoridades regionales y locales, promueve la difusión de información a todos los sectores de la sociedad, fomentando la transparencia, la participación incluyente y la identificación con la tarea,

1.

Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que exploten plenamente el potencial de los distintos fondos comunitarios (Fondos Estructurales, Programa marco comunitario de investigación y desarrollo y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) destinados a promover el desarrollo regional y urbano con vistas a facilitar una financiación integrada;

2.

Pide a las autoridades nacionales, regionales y locales que durante el actual período de programación intensifiquen la utilización del enfoque integrado;

3.

Propone que, en el marco de la futura política de cohesión, se prevea la obligatoriedad del principio del enfoque integrado; considera que la aplicación de este principio debe llevarse a cabo con arreglo a un calendario específico;

4.

Propone, en aras de la simplificación y la eficacia, que se estudie la viabilidad de fusionar en la futura política de cohesión para el período posterior a 2013 los distintos fondos comunitarios, en particular el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural;

5.

Toma nota de que la aplicación de procedimientos claros y transparentes es un factor de buena gobernanza y pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que, en colaboración con las autoridades regionales y locales y teniendo debidamente en cuenta las sugerencias y opiniones de los posibles beneficiarios, estudien sin demora, con arreglo al calendario que establezca la Comisión, cómo podrían simplificarse y racionalizarse los procedimientos y cómo podrían repartirse más claramente las responsabilidades para la aplicación de la política de cohesión, a fin de reducir la carga burocrática de las personas y organismos implicados;

6.

Pide a la Comisión que promueva el uso del artículo 56 del reglamento general sobre los Fondos Estructurales, que permite las contribuciones en especie a los proyectos cofinanciados por la Unión Europea;

7.

Pide a la Comisión que haga un balance, y se lo presente, de la aplicación del principio de asociación por parte de los Estados miembros en el contexto de la elaboración del marco de referencia estratégico nacional y de los programas operativos, identificando los factores de éxito y de fracaso de la gobernanza y que examine a su vez, en particular, en qué medida se han tenido en cuenta en la elaboración de los programas operativos las opiniones y las propuestas presentadas por los socios;

8.

Pide a la Comisión que elabore una guía que contenga una definición clara y criterios de evaluación, así como una serie de instrumentos, herramientas y buenas prácticas (entre otras cosas para la selección de socios), que facilite la puesta en práctica de asociaciones efectivas, con arreglo al artículo 11 del reglamento general sobre los Fondos Estructurales, respetando el marco institucional propio de cada Estado miembro;

9.

Toma nota de que el proceso de asociación únicamente puede funcionar con socios que cuenten con las competencias y recursos necesarios y pide a las autoridades de gestión que contribuyan al refuerzo de estas capacidades, facilitando a los socios, en una fase temprana y de conformidad con el artículo 11 del reglamento general sobre los Fondos Estructurales, la misma información que esté a disposición de las autoridades y asignando los recursos financieros adecuados a la asistencia técnica, a fin de poner en práctica el principio de asociación, por ejemplo para la formación, el desarrollo de capital social y una mayor profesionalización de sus actividades de asociación;

10.

Deplora que en el actual período de programación no se haya destinado un mínimo cuantificable del volumen de financiación de los Fondos Estructurales a la aplicación del principio de asociación; pide al Consejo y a la Comisión que en la futura legislación destinen un mínimo cuantificable del volumen de financiación de los Fondos Estructurales a la aplicación de ese principio;

11.

Toma nota del importante papel desempeñado por el voluntariado en el proceso de asociación y pide a los Estados miembros y a la Comisión que apoyen y faciliten la valiosa labor realizada por los voluntarios al contribuir en este proceso y el compromiso más firme de las personas y las organizaciones de base en la democracia local mediante una asociación a distintos niveles;

12.

Recuerda la obligación de consulta pública de los ciudadanos y de las organizaciones representativas de la sociedad civil sobre la programación para tener en cuenta sus propuestas y destaca que la participación de la sociedad civil contribuye a legitimar el proceso de toma de decisiones; toma nota de que los esfuerzos por asegurar la participación pública en la fase preparatoria de los programas operativos 2007-2013 no han tenido el éxito esperado; pide, por consiguiente, a la Comisión que identifique las buenas prácticas y facilite su aplicación, a fin de mejorar la participación ciudadana en el próximo período de programación;

13.

Pide a las autoridades de gestión que informen a los socios de cómo y a qué nivel se tienen en cuenta las sugerencias que han realizado en las distintas etapas del proceso de programación de los Fondos Estructurales;

14.

Recuerda que la asociación puede contribuir a la eficacia, la eficiencia, la legitimidad y la transparencia en todas las fases de programación y ejecución de los Fondos Estructurales e incrementar el compromiso con los resultados de los programas y la identificación con éstos; reclama, por consiguiente, a los Estados miembros y a las autoridades de gestión una mejor integración de los socios en una etapa temprana de todas las fases de la programación y ejecución de los Fondos Estructurales, a fin de sacar mayor partido de su experiencia y conocimientos;

15.

Insta a los Estados miembros a garantizar una cooperación más estrecha entre el sector público y el privado mediante la creación de asociaciones público-privadas para ejecutar los Fondos Estructurales, pues las ventajas potenciales de las asociaciones público-privadas siguen estando infrautilizadas;

16.

Señala que los nuevos Estados miembros no han respetado completamente el principio de asociación y que, por tanto, su introducción podría ser gradualmente reforzada;

17.

Pide que los próximos reglamentos sobre los Fondos Estructurales contengan disposiciones específicas, a fin de que la aplicación del principio de asociación sea jurídicamente vinculante en virtud de criterios claramente verificables;

18.

Pide a los Estados miembros que desarrollen lo antes posible las acciones concretas del primer programa de acción para la ejecución de la Agenda territorial de la Unión Europea, especialmente en el marco de su rúbrica 3.1, a fin de reforzar la gobernanza multinivel;

19.

Sugiere que se incluya la dimensión de gobernanza en el marco de la rúbrica 4.1 del primer programa de acción de la ejecución de la Agenda territorial de la Unión Europea, en la que se pide al Observatorio en red de la ordenación del territorio europeo (ORATE) que desarrolle nuevos indicadores para la cohesión territorial;

20.

Opina que una gobernanza multinivel satisfactoria debe basarse en un planteamiento ascendente (bottom-up); pide, en este contexto, a las autoridades regionales y locales que examinen la manera de intensificar su cooperación y contacto con los Gobiernos nacionales y con la Comisión y recomienda llevar a cabo reuniones periódicas entre funcionarios de las administraciones nacionales, regionales y locales;

21.

Alienta a los Estados miembros a que descentralicen la ejecución de la política de cohesión para permitir un buen funcionamiento del sistema de gobernanza multinivel dentro del respeto de los principios de asociación y de subsidiariedad, y les insta a que adopten las medidas necesarias en materia de descentralización tanto a nivel legislativo como presupuestario;

22.

Subraya que la capacidad administrativa regional y local, así como su estabilidad y continuidad, constituyen una condición previa para la eficiente absorción de los fondos y para garantizar su máximo impacto y pide a los Estados miembros que garanticen unas estructuras administrativas apropiadas y el capital humano adecuado en los ámbitos de la contratación, la remuneración, la formación, los recursos, los procedimientos, la transparencia y la accesibilidad;

23.

Pide a los Tribunales de Cuentas nacionales que jueguen un papel más significativo en los mecanismos de control, con objeto de garantizar que los fondos se utilizan adecuadamente, asumiendo sus responsabilidades y desempeñando un cometido más activo;

24.

Alienta a los Estados miembros a que deleguen la gestión de los Fondos Estructurales en las autoridades regionales y locales, sobre la base de términos y criterios preestablecidos que deban ser respetados por las autoridades en cuestión, para implicarlos mejor en la elaboración y ejecución de los programas operativos a través de estructuras formales de coordinación, o al menos a que les concedan subvenciones globales, explotando al máximo las posibilidades existentes, que permitan a las autoridades regionales y locales participar plenamente en el mecanismo de gobernanza multinivel;

25.

Pide a los Estados miembros que no hayan adaptado aún su legislación nacional para permitir la entrada en funcionamiento de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) que lo hagan cuanto antes;

26.

Pide a la Comisión que examine qué nivel NUTS es más pertinente para determinar las zonas en las que, sobre la base de la experiencia adquirida, podría aplicarse mejor en términos territoriales una política integrada para el desarrollo de los territorios, sentando las bases para los siguientes proyectos, en particular:

27.

Se congratula del mayor reconocimiento otorgado a las autoridades regionales y locales y del refuerzo del principio de subsidiariedad en el Tratado de Lisboa; pide a las instituciones europeas que reflexionen sin demora sobre las consecuencias concretas de esta evolución;

28.

Constata que en el seno del Consejo no existe ninguna entidad específicamente consagrada a la política de cohesión para asegurar un seguimiento estratégico de dicha política, que supone la partida presupuestaria más importante de la Unión Europea; pide a los Estados miembros que prevean, en el marco del Consejo, sesiones específicas de los Ministros responsables de la política de cohesión;

29.

Se felicita por la creación, en el seno de la Comisión, de grupos interservicios tales como el relativo a la política urbana y el que se ocupa del enfoque integrado; pide a la Comisión que amplíe esta línea de trabajo transversal y que informe regularmente al Parlamento y al Comité de las Regiones de los resultados de los trabajos de estos grupos;

30.

Se compromete a estudiar la adaptación de su Reglamento para permitir un trabajo transversal sobre los temas que afectan a diversas comisiones parlamentarias (grupos temporales u otros), especialmente en el marco de los trabajos del grupo de trabajo sobre la reforma parlamentaria;

31.

Pide al Comité de las Regiones que refuerce sus acciones para desarrollar la práctica de la gobernanza tanto cuantitativa como cualitativamente;

32.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que apoyen el desarrollo de acciones de formación en gobernanza y asociación, juntamente con el conjunto de organizaciones de enseñanza y de formación públicas y privadas, a fin de afrontar los grandes retos comunitarios;

33.

Pide a los Estados miembros que hagan buen uso de la ordenación territorial, a fin de contribuir a facilitar un desarrollo regional equilibrado;

34.

Pide a los cargos electos, a los funcionarios de las administraciones nacionales, regionales y locales y a los socios involucrados en la gestión de los programas operativos de la política de cohesión con arreglo al artículo 11 del reglamento general sobre los Fondos Estructurales que utilicen los recursos financieros disponibles para asistencia técnica en esos programas para medidas de formación sobre la gobernanza relacionada con los programas, especialmente sobre la «gestión de proyectos»; insta asimismo a la Comisión a que pida a los Estados miembros que hagan una relación detallada de la manera en que se utilizaron sus programas financieros específicos;

35.

Considera que las redes europeas de intercambio de buenas prácticas deberían ampliar sus acciones en materia de gobernanza y asociación, hacer más hincapié en las enseñanzas políticas y estratégicas adquiridas en anteriores ciclos de programación y garantizar el acceso del público a los intercambios de experiencias en todas las lenguas de la Unión Europea y contribuir así a velar por que se apliquen verdaderamente las mejores prácticas;

36.

Se congratula de la iniciativa de la presidencia francesa de la Unión Europea de lanzar un proceso de elaboración de un conjunto de referencias de ciudad sostenible y solidaria y pide que en él se tengan en cuenta las dimensiones de la gobernanza y la asociación;

37.

Propone la creación de un programa similar al programa Erasmus para los cargos electos locales y regionales;

38.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

21.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 15/16

A.

Considerando que el marco regulador de la Unión Europea debe inspirarse en criterios de claridad y eficacia,

B.

Considerando que la mejora de los procedimientos normativos puede contribuir a la consecución de los objetivos de la Unión Europea,

C.

Considerando que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad constituyen el núcleo del Derecho primario y que es absolutamente necesario respetarlos en aquellos ámbitos en los que la Comunidad no posee competencia legislativa exclusiva,

D.

Considerando que la correcta aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad contribuye de manera fundamental a consolidar la autoridad y la eficacia de la legislación comunitaria, así como a crear una mayor cercanía entre las decisiones y los ciudadanos y, en consecuencia, una mayor aceptación de la Unión Europea por parte de estos últimos, y que dichos principios son indispensables para legitimar la oportunidad y el alcance de la acción comunitaria, ya que permiten que los Estados miembros ejerzan su propia competencia legislativa, con un espíritu de colaboración entre los distintos niveles de gobierno, reforzando así la seguridad jurídica,

E.

Considerando que el desarrollo de la normativa comunitaria está sometido actualmente a la aplicación de los principios de subsidiaridad y de proporcionalidad, que exigen el establecimiento de procedimientos de coordinación con las autoridades nacionales legislativas, ejecutivas y judiciales con el fin de garantizar tanto la necesidad como la legitimidad de la acción de la Unión Europea,

F.

Considerando que la Comisión destaca una serie de aspectos importantes para la mejora de la normativa de la Unión Europea, como las evaluaciones de impacto, la reducción de los costes administrativos y la simplificación, la mejora y la actualización de las normas existentes,

G.

Considerando que la Comisión considera importante, a este respecto, el establecimiento de un diálogo abierto con los interlocutores sociales y con los legisladores nacionales,

H.

Considerando que, en su «Primer informe de evolución sobre la estrategia para la simplificación del marco regulador» (COM(2006) 0690), la Comisión anunció aproximadamente 50 iniciativas de codificación para 2006, de las que sólo 36 fueron transmitidas efectivamente al Parlamento, y que para 2007 se anunciaron 200 iniciativas de codificación, de las que sólo 21 fueron presentadas al legislador,

I.

Considerando que, en su Programa renovable de simplificación adjunto al «Segundo informe de evolución sobre la estrategia para la simplificación del marco regulador» arriba mencionado, la Comisión considera equivalentes la revisión y la refundición de los actos vigentes en algunas materias (eficiencia energética de los edificios, aviación civil, etc.),

J.

Considerando que la Comisión se ha comprometido a presentar un programa de acción destinado a reducir de aquí a 2012 en un 25 % las cargas administrativas que pesan sobre las empresas en la Unión Europea, y que, a este fin, ha propuesto una serie de acciones por vía rápida en varios sectores legislativos,

1.

Apoya el objetivo de la Comisión de mejorar la calidad de la legislación comunitaria y reducir la carga legislativa, incluyendo la abolición de la legislación innecesaria que obstaculiza el crecimiento e inhibe la innovación; subraya que es necesario realizar esfuerzos aún mayores en una serie de ámbitos para garantizar que la legislación en materia de mercado interior produce el máximo beneficio económico posible;

2.

Es partidario de una legislación basada en principios y centrada en la calidad, antes que en la cantidad; considera que el debate sobre el tema «legislar mejor» ofrece una buena oportunidad de reflexionar sobre la legislación como el proceso adecuado para alcanzar objetivos políticos claramente definidos mediante la mejora de la legislación comunitaria, a fin de favorecer el crecimiento y el empleo, y mediante el compromiso y la participación de todas las partes interesadas en todas las fases del procedimiento, desde la preparación hasta la aplicación;

3.

Hace hincapié, en el contexto de los esfuerzos por legislar mejor, en la importancia de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad para reducir las cargas burocráticas innecesarias para los Estados miembros y las personas afectadas, así como para garantizar una mayor aceptación por parte de los ciudadanos de la Unión Europea de las medidas que, en virtud de dichos principios, sólo pueden adoptarse al nivel comunitario;

4.

Respalda los esfuerzos realizados por la Comisión para lograr la simplificación del acervo comunitario;

5.

Acoge positivamente la mejora de los procedimientos de consulta de las partes interesadas realizada por la Comisión con vistas a elaborar sus propuestas legislativas, y toma nota de las reacciones generalmente positivas de los consultados al evaluar la forma en que la Comisión ha fomentado su participación;

6.

Lamenta que, a pesar de haber mejorado sus procedimientos, la Comisión siga elaborando documentos diversos relacionados con la simplificación y con «legislar mejor» que contienen listas no coincidentes de iniciativas de simplificación, lo que impide tener una visión general de su estrategia; insiste en que se debe evitar la proliferación de esos documentos; pide a la Comisión que prepare un documento anual único; hace hincapié en que las evaluaciones políticas y la buena cooperación deben desarrollarse al nivel de la Unión Europea, en particular mediante la acción del Parlamento, del Consejo y de la Comisión;

7.

Considera que las evaluaciones objetivas de impacto constituyen un importante instrumento para enjuiciar las propuestas de la Comisión y aboga, en consecuencia, por un control externo e independiente de la ejecución de dichas evaluaciones;

8.

Considera que las consultas y las evaluaciones de impacto son esenciales para una mejor redacción de la legislación comunitaria y que no deben aumentar la burocracia ni presentar obstáculos burocráticos que impidan actuar a la Comisión, sino que, por el contrario, deben ayudar a establecer un marco jurídico sólido que conduzca al crecimiento en la Unión Europea;

9.

Subraya la necesidad de contar con análisis de costes y beneficios que reflejen las estructuras de los costes reglamentarios en la transposición de las directivas al Derecho nacional y modifiquen el marco reglamentario en el que operan las empresas y las personas físicas; es consciente, no obstante, de que estos análisis de costes y beneficios no substituyen el debate político sobre los pros y los contras de actos legislativos específicos;

10.

Opina que, al proponer sus enmiendas, el Parlamento y el Consejo deben tener en cuenta las evaluaciones de impacto tanto de la Comisión como de ambas instituciones legislativas, a fin de mejorar la calidad de la redacción de la legislación;

11.

Considera asimismo que las evaluaciones objetivas de impacto deben basarse parcialmente en una consulta temprana y extensa con los interesados; insta a la Comisión a que en sus evaluaciones de impacto incluya un número suficiente de supuestos y opciones políticas distintas (entre ellas, si es necesario, la de «no hacer nada») como base para unas soluciones rentables y duraderas;

12.

Confía en que la inclusión de una previsión de los costes administrativos en las evaluaciones de impacto permita mejorar la calidad de éstas;

13.

Hace hincapié en la importancia que reviste la evaluación política realizada, a la Unión Europea, por los órganos representativos de los ciudadanos, como el Parlamento, o de las colectividades locales y sociales como, respectivamente, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo;

14.

Expresa sus reservas sobre la oportunidad de fomentar la autorregulación y la corregulación, que pueden acabar traduciéndose en una especie de «abstinencia legislativa» que favorezca solo a los grupos de presión y a los actores poderosos en la vida económica; apoya, por este motivo, la conclusión de la Comisión de que los reglamentos siguen siendo la forma más sencilla de lograr los objetivos de la Unión Europea y de proporcionar seguridad jurídica tanto a las empresas como a los ciudadanos; pide a la Comisión que desarrolle un enfoque más coherente al respecto;

15.

Hace hincapié en que las medidas no legislativas deben respetar el equilibrio de poder y los papeles respectivos de las instituciones; expresa su deseo de aportar una contribución sensata y coherente a dichas medidas basándose en la experiencia; subraya la necesidad de contar con apoyo político para estas medidas innovadoras;

16.

Considera que se debe reforzar el sistema normativo formal de la Unión Europea en los términos recogidos en los Tratados y evitar atajos, incluso por medio de normativas informales sin fuerza vinculante;

17.

Se congratula de que la Comisión haya tomado medidas para poner fin al retraso en la traducción a las nuevas lenguas de la Unión Europea de los textos que se están codificando; deplora que, a pesar de haber anunciado aproximadamente 50 iniciativas de codificación para 2006 y aproximadamente 200 para 2007, la Comisión sólo haya transmitido al Parlamento 36 y 21 propuestas respectivamente;

18.

Insta a la Comisión a que se atenga a las listas de codificaciones y refundiciones publicadas, presentando al legislador, en la medida de lo posible, todas las iniciativas anunciadas y motivando la ausencia de las que se omiten; subraya que la buena voluntad del Parlamento ha quedado demostrada con la reforma de los artículos 80 y 80 bis de su Reglamento, que permiten someter esas iniciativas de simplificación a un procedimiento de adopción más rápido y sencillo;

19.

Recuerda asimismo a la Comisión que las iniciativas de codificación y de refundición son adoptadas por el Parlamento dentro de plazos razonables y que, si bien puede haber plazos más largos para las otras iniciativas de simplificación, dicha situación se debe al hecho de que esas iniciativas constituyen propuestas legislativas ordinarias, que como tales están sometidas al procedimiento normal de adopción y a los plazos usuales;

20.

Confirma su deseo de que la Comisión adopte la refundición como técnica legislativa ordinaria, aun cuando se proponga la «revisión» de los textos vigentes, con el fin de disponer, para cada iniciativa, de una visión completa del texto, incluidas las modificaciones específicas, indicando claramente las partes nuevas y las que permanecen inalteradas;

21.

Pide asimismo a la Comisión que tenga presente que, cuando no sea posible la refundición, la técnica legislativa ordinaria debería prever la codificación, en un plazo de seis meses como máximo, de las sucesivas modificaciones del acto legislativo en cuestión; opina que, de conformidad con el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» (5), se podrían crear estructuras especificas, junto con el Consejo y la Comisión, que prevean la adecuada participación de los interesados con objeto de promover la simplificación;

22.

Recuerda que los instrumentos ambiguos e ineficaces de Derecho indicativo pueden tener efectos negativos sobre el desarrollo del Derecho de la Unión Europea y sobre el equilibro entre las instituciones, por lo que deben utilizarse con suma precaución, cuando estén previstos en los Tratados y sin ignorar en ningún caso el reparto de competencias en el ámbito del Derecho primario, y garantizando en todo caso la seguridad jurídica;

23.

Se congratula de que la Comisión haya decidido transmitir sus nuevas propuestas y sus documentos de consulta directamente a los Parlamentos nacionales para solicitar su reacción en la así llamada fase ascendente del Derecho comunitario, anticipando de este modo las disposiciones del Tratado de Lisboa; respalda plenamente la importancia de esta forma de colaboración a fin de mejorar la calidad y la aplicación de la legislación comunitaria, en particular de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

24.

Considera que la transposición de la legislación comunitaria debería ser objeto de un verdadero seguimiento activo, con el fin de evitar interpretaciones divergentes y la sobrerregulación; pide a la Comisión que desempeñe un papel activo en el procedimiento de transposición, junto con los supervisores y los grupos de expertos, tanto a escala comunitaria como nacional, puesto que el análisis en una fase temprana puede evitar retrasos y cargas innecesarias para las empresas; pide a la Comisión que investigue qué medidas ulteriores podrían tomarse para evitar la sobrerregulación, incluida la introducción de un derecho de acción directa para los ciudadanos; solicita «evaluaciones de impacto de seguimiento» para analizar cómo se transponen las decisiones a escala nacional y local; apoya el uso creciente y adecuado de los reglamentos; sugiere, una vez más, que el Parlamento establezca un procedimiento adecuado de seguimiento de la transposición, en estrecha cooperación con sus homólogos nacionales;

25.

Considera necesaria, con miras a unas relaciones más eficaces con los Parlamentos nacionales, una concepción común de las condiciones fijadas por los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad; apoya plenamente la iniciativa de la Comisión relativa a la inclusión de una serie normalizada de preguntas en este sentido con vistas a elaborar las exposiciones de motivos que acompañan a las propuestas de la Comisión, como se indica en el anexo 3 del Documento de trabajo de la Comisión SEC(2007) 0737;

26.

Se congratula de que la Comisión haya anunciado una revisión del acervo comunitario en materia de Derecho de sociedades, contabilidad y auditoría, y confía en que se presenten cuanto antes propuestas concretas al respecto;

27.

Reitera la necesidad de reducir las cargas administrativas innecesarias que soportan las empresas para ajustarse a las obligaciones de información previstas tanto por la legislación europea como por las disposiciones nacionales de aplicación; hace hincapié en que el objetivo de la Comisión de reducir en un 25 % las cargas administrativas para 2012 debe ser un objetivo neto, lo que significa que las reducciones que se obtengan en los ámbitos contemplados no pueden quedar anuladas por la creación de nuevas cargas administrativas en otros ámbitos; apoya la promoción del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en este sector; pide a la Comisión que examine y, en su caso, reduzca las cargas administrativas que puedan pesar sobre todas las partes interesadas, incluso aunque no se trate de empresas;

28.

Subraya que también son necesarios nuevos esfuerzos para simplificar la interacción de la Comisión con los ciudadanos, por ejemplo en los ámbitos de la contratación pública, los servicios financieros, los programas de investigación, las disposiciones relativas a las ayudas estatales y las solicitudes de subvención con cargo a fondos comunitarios;

29.

Recuerda la importancia de utilizar razonablemente las «cláusulas de revisión» con objeto de garantizar la continua pertinencia de la legislación;

30.

Confirma su voluntad de mantener y reforzar la colaboración con el Consejo y la Comisión para responder adecuadamente a las expectativas de los ciudadanos y las empresas en materia de simplificación de la legislación comunitaria, especialmente en lo que se refiere a las propuestas de actuaciones por vía rápida destinadas a reducir las cargas administrativas; recalca que, de todas formas, el proceso de simplificación de los procedimientos de toma de decisión para reducir los plazos debe respetar las exigencias de los procedimientos previstos en los Tratados;

31.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

21.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 15/21

A.

Considerando que la eficacia de las políticas de la UE está determinada en gran medida por su aplicación a escala nacional, regional y local, y que el cumplimiento del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros debe ser objeto de un seguimiento y control rigurosos con el fin de asegurar que tiene efectos positivos en la vida diaria de los ciudadanos,

B.

Considerando que un control adecuado de la aplicación del Derecho comunitario implica una evaluación de la transposición no sólo a nivel cuantitativo, sino también en cuanto a la calidad y a los métodos seguidos en el proceso de aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros,

C.

Considerando que en los últimos años el número total de procedimientos de violación del Derecho comunitario incoados por la Comisión no dejó de aumentar hasta 2005 (con 2 653 infracciones registradas ese año), disminuyendo ligeramente en 2006 (2 518 infracciones); considerando que la adhesión de diez nuevos Estados miembros no parece haber tenido incidencia alguna en el número de infracciones registradas,

D.

Considerando que el número de procedimientos incoados en 2006 por incumplimiento de la obligación de notificación de las medidas de transposición, para el conjunto de la UE-25, se redujo en un 16 % respecto a 2005 (pasando de 1 079 a 904 asuntos), y que esta reducción se explica, por un lado, por la disminución del número de directivas con plazo definitivo de transposición para el año dado (123 en 2005 y 108 en 2006), y por otro lado, por la mayor puntualidad en las notificaciones de las medidas de transposición por parte de los Estados miembros,

E.

Considerando que las estadísticas facilitadas por la Comisión para 2006 revelan que los tribunales de numerosos Estados miembros son reacios a recurrir al mecanismo de las cuestiones prejudiciales, previsto por el artículo 234 del Tratado CE, quizá debido a un conocimiento aún precario del Derecho comunitario,

F.

Considerando que el principio de igualdad ante la ley exige que los ciudadanos de la Unión disfruten de las mismas condiciones no sólo en lo relativo a la legislación de la Unión Europea, sino también a las leyes nacionales que la transponen y que, por tanto, sería altamente deseable que, al vencimiento de los plazos de transposición de una norma europea, los Estados miembros, además de incluir una referencia explícita en las normas de transposición, indicasen en los Diarios Oficiales qué disposiciones internas van a aplicar la norma en cuestión y qué autoridades nacionales son las encargadas de su aplicación,

G.

Considerando que las reclamaciones de los ciudadanos europeos no desempeñan un papel meramente simbólico en la construcción de la «Europa de los ciudadanos», sino que suponen un instrumento cuantificable y eficaz de control de la aplicación del Derecho comunitario,

H.

Considerando que las peticiones dirigidas al Parlamento constituyen una importante fuente de información sobre las infracciones del Derecho comunitario en los Estados miembros y que en el transcurso de los últimos años el número de peticiones ha aumentado significativamente (alrededor de 1 000 en 2006),

I.

Considerando que las materias más frecuentemente objeto de petición son el reconocimiento de diplomas y calificaciones profesionales, los impuestos, el derecho a la libre circulación dentro del territorio de los Estados miembros y los problemas relacionados con la discriminación,

J.

Considerando que en 2006 el número de reclamaciones formuladas ante el Defensor del Pueblo Europeo (3 830) se mantuvo en niveles estables; que un 75 % de estas reclamaciones excedían del ámbito de competencia del Defensor, puesto que se referían a las administraciones nacionales o regionales de los Estados miembros, y que el 70 % de las investigaciones iniciadas tenían relación con la Comisión, al igual que en años anteriores,

K.

Considerando que la prohibición de la discriminación es uno de los fundamentos de la integración europea, directamente vinculado al funcionamiento del mercado interior, y en especial al principio de la libre circulación de personas, servicios, bienes y capitales, y que garantiza la igualdad de derechos y de oportunidades a todos los ciudadanos de la Unión,

L.

Considerando que la ciudadanía de la Unión, recogida en el Tratado de Maastricht, garantiza a los ciudadanos el derecho a la libre circulación en el territorio de los Estados miembros, así como determinados derechos políticos, de los que las Instituciones de la Unión Europea son garantes,

M.

Considerando que el 30 de abril de 2006 venció el plazo para la transposición de la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho a la libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros,

N.

Considerando que persisten las obstáculos a la libre circulación de los estudiantes y al acceso de estos a la educación superior en otros Estados miembros de la Unión, en forma de trabas administrativas o de sistemas de cuotas (que discriminan a los estudiantes extranjeros en la matriculación universitaria); considerando que la posibilidad de una intervención de la UE se limita exclusivamente a los casos de discriminación por razón de nacionalidad,

O.

Considerando que el artículo 39 del Tratado CE establece que la libre circulación de trabajadores supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo, y que el Derecho comunitario derivado contiene numerosas disposiciones cuyo objeto es combatir eficazmente este tipo de discriminación,

P.

Considerando la relación directa existente entre el nivel de aplicación del Derecho comunitario, por ejemplo en el ámbito de la protección medioambiental, y la posibilidad por parte de los Estados miembros de beneficiarse de fondos habilitados para trabajos indispensables en materia de inversiones, y proyectos de infraestructuras y modernización,

1.

Acoge con satisfacción la mencionada Comunicación de la Comisión de 5 de septiembre de 2007 y el anuncio de la Comisión relativo a su intención de mejorar sus métodos de trabajo con vistas a definir prioridades y verificar más eficazmente los procedimientos utilizados hasta la fecha y la gestión de los mismos; no obstante, observa que la Comisión todavía no ha respondido o actuado con respecto a la citada Resolución del Parlamento, de 21 de febrero de 2008, en la que pide a la Comisión que proporcione información específica sobre diversos aspectos de la aplicación del Derecho comunitario, con especial referencia al desarrollo del mencionado nuevo método de trabajo;

2.

Manifiesta su profunda preocupación por la posibilidad de que el nuevo método de trabajo, que prevé la remisión al Estado miembro interesado (responsable en primer término de la incorrecta aplicación del Derecho comunitario) de las denuncias recibidas por la Comisión, impida a esta última asumir su responsabilidad institucional de «guardiana de los Tratados» que garantiza la aplicación del Derecho comunitario, según establece el artículo 211 del Tratado CE; observa que la Comisión es con frecuencia el único órgano al que los ciudadanos pueden acudir en última instancia para denunciar la falta de aplicación del Derecho comunitario; insta a la Comisión a que presente al Parlamento hasta noviembre de 2008 un primer informe sobre los procedimientos seguidos y los resultados logrados en los seis primeros meses del proyecto piloto lanzado el 15 de abril 2008 con la participación de quince Estados miembros;

3.

Destaca que el artículo 211 del Tratado CE confía a la Comisión la responsabilidad institucional de velar por la aplicación de las disposiciones del Tratado y de las adoptadas por las Instituciones en virtud del mismo, y que el artículo 226 del mencionado Tratado faculta a la Comisión a que actue contra los Estados miembros en caso de incumplimiento por estos de las obligaciones dimanantes del Tratado;

4.

Insta a la Comisión a que aplique exhaustivamente el principio según el cual toda correspondencia susceptible de denunciar una violación real del Derecho comunitario debe quedar registrada como denuncia salvo que se ajuste a las circunstancias excepcionales referidas en el punto 3 del anexo a la comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2002, sobre las «relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario» (COM(2002) 0141); pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre el modo en que se observa dicho principio, aun en los casos en que se aplique el nuevo método; insta a la Comisión a que informe y consulte al Parlamento sobre cualquier modificación de los criterios excepcionales que permiten no registrar las denuncias;

5.

Observa que los principales problemas relativos al procedimiento de infracción son su duración (20,5 meses de media desde el registro del caso dentro del plazo indicado hasta la remisión al Tribunal de Justicia conforme a lo previsto en el artículo 226 del Tratado CE) y una utilización limitada del artículo 228; pide a la Comisión que haga cuanto esté en su mano por reducir el plazo relativamente largo de tramitación de reclamaciones o peticiones y que halle soluciones prácticas a los problemas presentados, decidiendo en cada caso recibido si resulta más adecuado recurrir a métodos alternativos como SOLVIT, que aún carece de una promoción suficiente;

6.

Observa un incremento significativo de los casos de infracciones con una persistente falta de ejecución de las sentencias del Tribunal, controlados en 2006, y destaca dos casos de imposición de sanciones pecuniarias a Estados miembros; pide a la Comisión mayor firmeza en la aplicación del artículo 228 del Tratado CE con el fin de garantizar la correcta ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia;

7.

Pide a la Comisión que, dado el persistente incumplimiento de los plazos de transposición de directivas por parte de los Estados miembros, presente una lista con las directivas con menor índice de aplicación, junto con una explicación de las posibles causas de esta situación;

8.

Se felicita por los esfuerzos desplegados por algunas direcciones generales de la Comisión, en particular la DG de Medio Ambiente, para mejorar los controles de conformidad previstos por las directivas correspondientes, pero no está satisfecho por la respuesta de la Comisión en cuanto a la confidencialidad de los estudios de conformidad; pide nuevamente a la Comisión que publique en su sitio web los estudios requeridos por diversas direcciones generales en relación con la evaluación de la conformidad de las medidas nacionales con el Derecho comunitario;

9.

Constata el insuficiente nivel de cooperación con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por parte de los tribunales nacionales de la mayoría de los Estados miembros, que siguen reacios a aplicar el principio de primacía del Derecho comunitario; destaca además el papel fundamental que desempeña el mecanismo de las cuestiones prejudiciales en la correcta aplicación del Derecho comunitario;

10.

Apoya, por lo anteriormente expresado, los esfuerzos de la Comisión para definir los ámbitos en que podría ser útil una formación complementaria en lo relativo al Derecho comunitario para los jueces nacionales, los profesionales del Derecho y los funcionarios de las administraciones públicas nacionales;

11.

Expresa su convicción respecto al papel fundamental de un consenso sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario y de una cooperación estrecha entre la Comisión, el Consejo de la Unión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo y las comisiones del Parlamento Europeo competentes, para garantizar una intervención eficaz en todos los casos en que los ciudadanos formulen reclamaciones justificadas por violación del Derecho comunitario;

12.

Constata que, si bien el número de violaciones reales del Derecho comunitario señaladas es modesto en relación con el total de las peticiones (sólo 4 en 2006), se trata de una fuente incomparable de información sobre las necesidades más importantes de los ciudadanos europeos, por lo que deberían ser para la Comisión un indicador sobre sus iniciativas legislativas;

13.

Destaca la necesidad de ampliar las actividades de información destinadas a los ciudadanos, a fin de orientar mejor a los reclamantes para que se dirijan al organismo que disponga de las mejores competencias para ocuparse de sus casos, ya sea a nivel nacional ya a nivel comunitario; propugna apoyar la cultura de la buena gobernanza y la vocación de servicio en las instituciones de la UE para garantizar a los ciudadanos un trato adecuado y la posibilidad de un ejercicio pleno de sus derechos;

14.

Sugiere que la Comisión siga considerando la posibilidad de utilizar sus representaciones en los Estados miembros para observar y supervisar la aplicación sobre el terreno;

15.

Destaca la necesidad de considerar la idea, anteriormente debatida, de un punto de acceso común para todas las quejas y problemas de los ciudadanos en relación con el seguimiento de la aplicación del Derecho comunitario, habida cuenta de que el ciudadano se enfrenta actualmente a una multitud de opciones (peticiones, quejas, Defensor del Pueblo Europeo, SOLVIT, etc.), lo que hace pensar que algún tipo de sistema de señalización centralizada podría dar resultados más específicos y oportunos;

16.

Se congratula de que la Comisión haya completado los informes anuales sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario con anexos que detallan las informaciones contenidas en tales informes y presentan estadísticas importantes;

17.

Reconoce que las comisiones permanentes del Parlamento deberían desempeñar una labor mucho más activa en el control de la aplicación del Derecho comunitario; está convencido de que las comisiones deberían recibir un apoyo administrativo suficiente para desempeñar eficazmente esta función; pide al grupo de trabajo sobre la reforma parlamentaria, a la Comisión de Presupuestos y a los demás órganos pertinentes del Parlamento que valoren la posibilidad de crear un grupo de trabajo especial dentro de las secretarías de las comisiones, a fin de garantizar el control continuado y eficaz de la aplicación del Derecho comunitario;

18.

Desea vivamente que se refuerce la cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, a fin de promover e intensificar el control eficaz de la aplicación del Derecho comunitario a nivel nacional, regional y local; considera que los parlamentos nacionales tienen una tarea importante en el seguimiento de la aplicación del Derecho comunitario, y que al mismo tiempo contribuyen a reforzar la legitimidad democrática de la Unión Europea, acercándola a sus ciudadanos;

19.

Señala que, según el Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea anexo al Tratado de Amsterdam, las políticas sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia deberían ser objeto de una participación especial por parte de los parlamentos nacionales y de la Conferencia de Órganos Especializados en Asuntos Comunitarios (COSAC); subraya que dicha participación debería tener lugar tanto en la fase del proceso decisorio como en la de aplicación de la normativa europea, para permitir al legislador europeo y al nacional adoptar las modificaciones y actualizaciones necesarias en los sectores que son y seguirán siendo de competencia compartida; por consiguiente, pide a las comisiones parlamentarias competentes a nivel nacional y europeo que establezcan contactos permanentes sobre los asuntos legislativos específicos, poniendo en común todas las informaciones útiles para un proceso legislativo transparente y eficaz tanto a nivel europeo como nacional; considera favorablemente la organización de encuentros específicos entre legisladores europeos, como el celebrado el 6 de abril de 2008 con los representantes de los parlamentos nacionales con ocasión de la revisión de la Decisión-marco sobre la lucha contra el terrorismo, en el que se pudo valorar, además de los problemas de aplicación de la normativa europea vigente, también la pertinencia de las propuestas de modificación objeto de examen en el Consejo;

20.

Señala que el mecanismo de respeto del principio de subsidiariedad previsto en el Tratado de Lisboa reforzaría el papel de los parlamentos nacionales en el proceso de creación del Derecho comunitario;

21.

Señala que el concepto de ciudadanía amplía de manera significativa la prohibición de la discriminación;

22.

Constata que en los últimos tiempos el Tribunal de Justicia ha empezado a sentar jurisprudencia en materia de libre circulación basándose en el concepto de ciudadanía de la Unión, de lo que se desprende que los Estados miembros no pueden tratar a ciudadanos suyos que hayan ejercido su derecho a desplazarse y residir en otro Estado miembro de manera menos favorable que a aquellos que no lo hayan ejercido;

23.

Pide a los Estados miembros que respeten los derechos dimanantes de la ciudadanía de la Unión, incluido el derecho a ejercer el sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo, que reviste una especial importancia en el contexto de las próximas elecciones de 2009;

24.

Constata que el Parlamento ha recibido peticiones que plantean presuntas infracciones contra las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE por determinados Estados miembros; destaca la importancia fundamental que reviste dicha Directiva para garantizar a los ciudadanos de la Unión Europea la libertad de circulación en su territorio; constata que la Comisión ha anunciado un informe sobre la aplicación de la misma para el segundo semestre de 2008;

25.

Pide a la Comisión que supervise de cerca la transposición de las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE así como la conformidad a las mismas de las normas de los Estados miembros resultantes de su transposición, y que continúe presionando a los Estados miembros –sirviéndose de los procedimientos de infracción o de incumplimiento– para que respeten las obligaciones que les competen en materia de transposición completa y lo más rápida posible de las citadas Directivas; considera que la comisión parlamentaria competente debería participar en el control en curso de las obligaciones de los Estados miembros dimanantes de las mismas;

26.

Observa con satisfacción la adopción por parte de la Comisión, el 2 de julio de 2008, del proyecto (COM(2008)0426) de directiva horizontal de introducción del principio de igualdad de trato fuera del ámbito laboral y de garantía de un acceso igualitario a bienes, servicios, vivienda, educación, protección social y beneficios sociales, proyecto que fue anunciado en la estrategia política anual para 2008 y que supone un complemento básico del actual paquete antidiscriminación;

27.

Pide a la Comisión que analice con detenimiento los casos de aplicación por los Estados miembros de restricciones independientes de la nacionalidad en el acceso a la educación para los estudiantes de otros países, a fin de garantizar la libre circulación de los estudiantes y la igualdad de trato en los sistemas de enseñanza superior de dichos Estados miembros;

28.

Pide en particular a los Estados miembros que pueden beneficiarse en grado máximo de los fondos estructurales correspondientes a los marcos financieros plurianuales para el período 2007-2013 que adapten rápida y adecuadamente sus Derechos internos a las normas de la Unión Europea, especialmente en el ámbito de la protección medioambiental, y que hagan transparentes para los ciudadanos los procedimientos de licitación, de manera que se utilicen eficazmente los fondos estructurales disponibles y se acelere el desarrollo socioeconómico de las regiones;

29.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Gobiernos y Parlamentos nacionales de los Estados miembros.

21.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 15/27

A.

Considerando que los esfuerzos del Parlamento y de la Comisión por establecer un marco jurídico vinculante para el funcionamiento de las agencias reguladoras europeas no han tenido éxito,

B.

Considerando que no se ha conseguido ningún avance sustancial en el proyecto de acuerdo interinstitucional de 2005, debido a la negativa institucional y política del Consejo y a que la Comisión decidió retirar la propuesta de acuerdo interinstitucional y sustituirla por una invitación para participar en un diálogo interinstitucional con el fin de llegar a un enfoque común;

C.

Considerando que las agencias reguladoras, aunque prima facie puedan parecer «micro instituciones», tienen «macro repercusiones» a nivel de la gobernanza europea,

D.

Considerando que sigue existiendo la necesidad de definir, como mínimo, los aspectos estructurales fundamentales de las agencias reguladoras, puesto que se han convertido en un componente para-institucional reconocido en la Unión Europea,

E.

Considerando que la Comisión propone crear un grupo de trabajo interinstitucional, encargado de definir el encuadramiento de las agencias reguladoras así como la competencia de cada una de las instituciones de la Unión Europea con respecto a las agencias,

F.

Considerando que la Comisión debe realizar una evaluación horizontal de las agencias reguladoras a más tardar en 2009-2010 y presentar lo antes posible al Parlamento y al Consejo un informe sobre sus resultados,

G.

Considerando que debe acogerse con satisfacción la decisión de la Comisión de no proponer la creación de nuevas agencias hasta que concluyan los trabajos del grupo de trabajo interinstitucional,

H.

Considerando que la Comisión no debería alejarse de las líneas directrices del proyecto de acuerdo interinstitucional de 2005 en lo referente a la modificación de los actos de base por los que se rigen las agencias reguladoras existentes con el fin de que se ajusten al nuevo planteamiento,

I.

Subrayando que ya existe un marco reglamentario común (3) para las agencias ejecutivas encargadas de la gestión de programas comunitarios durante períodos específicos de tiempo,

1.

Considera que la propuesta de la Comisión es una buena iniciativa y está dispuesto a colaborar en los trabajos del grupo de trabajo interinstitucional a través de sus representantes; opina, sin embargo, que el «planteamiento común» está por debajo de sus expectativas en lo que se refiere a un acuerdo interinstitucional; señala que ello no excluye el desarrollo de otra formas de entendimiento como resultado de los trabajos del grupo de trabajo;

2.

Insta al Consejo, en su calidad de una de las ramas de la autoridad presupuestaria, a que coopere de forma constructiva en los trabajos de este grupo;

3.

Pide al Consejo y a la Comisión que elaboren a la mayor brevedad, junto con el Parlamento, el programa de trabajo del grupo interinstitucional para que pueda iniciar sus trabajos en otoño de 2008;

4.

Opina que el programa de trabajo del grupo interinstitucional debe incluir, entre otros, los puntos siguientes:

5.

Lamenta la ausencia de una estrategia general para la creación de agencias de la UE; señala que las nuevas agencias se están creando en función de las circunstancias concretas de cada caso, lo que provoca un mosaico falto de transparencia en el que las agencias reguladoras, agencias ejecutivas y otros organismos comunitarios constituyen creaciones sui generis;

6.

Toma nota de la posición de la Comisión, según la cual la creación de las agencias reguladoras, que se lleva a cabo conjuntamente con el Parlamento, es expresión de la cooperación entre los Estados miembros y el funcionamiento de tales agencias se basa en la interrelación y el ejercicio de competencias cuya cesión pura y simple a las instituciones de la UE suscitaría objeciones por razones de centralismo;

7.

Pide al Consejo y a la Comisión que trabajen conjuntamente con el Parlamento para elaborar un marco claro, común y coherente sobre la situación futura de las agencias en el sistema de la gobernanza europea;

8.

Opina que debe velarse por la transparencia de las agencias reguladoras, en particular de su funcionamiento, la divulgación y el acceso a la información, así como la programación y la responsabilidad de sus acciones;

9.

Cree que la prioridad del propuesto «marco común» de entendimiento interinstitucional debe ser aspirar a racionalizar el funcionamiento y a maximizar el valor añadido de las agencias reguladoras en términos de mayor transparencia, un control democrático visible y una eficacia reforzada;

10.

Considera necesaria la adopción de principios y normas mínimos comunes en relación con la estructura, el funcionamiento y el control de todas las agencias reguladoras, con independencia de su naturaleza;

11.

Considera que la participación en las actividades de las agencias reguladoras debe garantizarse mediante una estructuración formal de los procedimientos de consulta y diálogo con las partes interesadas;

12.

Considera que la variedad de las estructuras y funcionamiento de las agencias plantea importantes cuestiones relativas a los parámetros reglamentarios, la buena gobernanza y la aproximación institucional en términos de centralización y descentralización;

13.

Aboga por que se garanticen los principios de buena administración mediante un enfoque común de los procedimientos de selección del personal, el presupuesto y la administración de recursos, una gestión eficaz y la evaluación de los resultados;

14.

Examinará si el compromiso de la Comisión en relación con la suspensión de la creación de nuevas agencias debe también cubrir las dos propuestas pendientes en los ámbitos de la energía y las telecomunicaciones;

15.

Subraya la necesidad de establecer el control parlamentario sobre la creación y el funcionamiento de las agencias reguladoras, que debe consistir principalmente en:

16.

Insta a la Comisión a que presente las conclusiones de la evaluación horizontal de las agencias reguladoras con tiempo suficiente, antes de que finalice el período 2009-2010, para que el grupo de trabajo interinstitucional propuesto por la Comisión las pueda tener en cuenta;

17.

Pide a la Comisión que elabore patrones de referencia para comparar dichos resultados y que establezca normas claras para poner fin al mandato de las agencias en caso de bajo rendimiento;

18.

Pide al Presidente y a la Conferencia de Presidentes que den prioridad a la creación del grupo de trabajo que propone la Comisión y considera oportuno que el Parlamento esté representando en dicho grupo por los presidentes o los ponentes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la Comisión de Presupuestos y de otras dos comisiones, que posean experiencia práctica en el control de las actividades de las agencias reguladoras;

19.

Reitera el llamamiento hecho por el Parlamento y la Comisión en el proyecto de acuerdo interinstitucional de 2005 para que se incluya la decisión sobre la sede de una agencia en el acto de base;

20.

Desea reiterar la importancia de garantizar sistemáticamente a nivel interinstitucional la aplicación del procedimiento previsto en el punto 47 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (4) y hace hincapié en la necesidad de velar por un seguimiento adecuado de la Declaración conjunta del Parlamento, el Consejo y la Comisión de 13 de julio de 2007 sobre las agencias descentralizadas;

21.

Está convencido de que es absolutamente necesario contar con un procedimiento detallado para la aplicación de esa disposición; considera que dicho procedimiento puede propiciar la inclusión de algunos de los aspectos importantes del proyecto de acuerdo interinstitucional de 2005 bloqueado, probablemente en combinación con algunas adaptaciones del Reglamento financiero marco de las agencias (5);

22.

Concluye que, si las diferentes evaluaciones indican que la rentabilidad y la eficiencia de la administración descentralizada no quedan garantizadas, la Unión Europea no debería dudar en invertir la actual tendencia a externalizar las tareas de la Comisión y debería establecer unas normas claras para revocar el mandato de las agencias descentralizadas;

23.

Apoya la intención de la Comisión de no proponer ninguna agencia descentralizada nueva hasta que se complete el proceso de evaluación, en particular teniendo en cuenta que los márgenes del actual marco financiero plurianual dificultarían extremadamente en estos momentos la financiación de un nuevo organismo comunitario sin llevar a cabo una seria reprogramación;

24.

Considera, desde el punto de vista presupuestario, que los siguientes aspectos son elementos esenciales de la agenda del grupo de trabajo interinstitucional sobre el futuro de las agencias de la Unión Europea;

25.

Recuerda, en este sentido, la definición de «agencia» establecida en el diálogo a tres bandas de 7 de marzo de 2007, en el que se acordó que, a efectos de aplicación del punto 47 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006, la definición de «agencia» quedaría determinada por el hecho de que el organismo en cuestión fuera creado o no de conformidad con el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (6) (Reglamento financiero);

26.

Desearía hacer hincapié en la importancia que concede a una terminología general clara y coherente en relación con las agencias que debería establecerse para su uso común; recuerda que las «agencias reguladoras» son únicamente un subgrupo de agencias descentralizadas;

27.

Considera que es importante debatir los problemas de calendario así como los aspectos legales y procedimentales que podrían plantearse en el supuesto de que no se llegara a tiempo a un acuerdo sobre la financiación de una nueva agencia, de conformidad con el punto 47 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006, paralelamente a las decisiones adoptadas por el legislador; considera que es igualmente esencial examinar algunas garantías procedimentales a fin de garantizar la plena participación de la autoridad presupuestaria en todos los aspectos que tengan un impacto presupuestario, tales como la ampliación de las listas de misiones de las agencias;

28.

Recuerda que ya en 2005 el Parlamento solicitó en su mencionada resolución que, antes de proponerse una nueva agencia, se realizaran evaluaciones de rentabilidad obligatorias que deberían centrarse, en particular, en la pregunta de si «la opción de la agencia (incluyendo los costes previsibles de control y coordinación) es más rentable que encargar las tareas correspondientes a los diferentes departamentos de la propia Comisión», pero también en cuestiones tales como el mandato y los métodos de trabajo de la agencia o su grado de independencia respecto de la Comisión, puesto que a menudo tienen un interés especial para el legislador;

29.

Hace hincapié en la necesidad de un ejercicio periódico y coordinado de evaluación y control, evitando la duplicación y el solapamiento, a fin de analizar el valor añadido de las agencias descentralizadas ya existentes que ya no están cubiertas por el punto 47 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006; ve en esto un seguimiento del trabajo realizado anteriormente que llevó a la declaración conjunta sobre las agencias comunitarias acordada en el diálogo a tres bandas de 18 de abril de 2007 en el que se acordó que a fin de evaluar regularmente las agencias comunitarias existentes, centrándose especialmente en su rentabilidad y dando una explicación pormenorizada de los criterios utilizados para la selección de las agencias que deben evaluarse;

30.

Toma nota de que el análisis realizado debería responder a algunas cuestiones básicas de rentabilidad y debería llevarse a cabo de acuerdo, entre otros, con los siguientes criterios:

31.

Señala que, dada la repercusión presupuestaria general de las agencias, la Comisión debe demostrar de modo convincente que la gobernanza europea a través de las agencias es la opción más rentable, eficiente y apropiada para aplicar las políticas europeas en el presente y en el futuro inmediato;

32.

Insiste en la necesidad de establecer normas comunes mínimas con respecto, entre otras cosas, a la función y responsabilidad política de la Comisión en relación con la agencia, el apoyo que deben prestar los países que acogen las agencias y la decisión oportuna y transparente sobre la sede de una agencia, aspectos que podrían ser recogidos en los reglamentos constitutivos de las agencias;

33.

Recuerda que las acciones de las agencias han de regirse por principios claros de responsabilidad, con arreglo a las disposiciones del Reglamento financiero; hace hincapié en las obligaciones de las agencias respecto al procedimiento de aprobación de la gestión;

34.

Considera, asimismo, extremadamente importante intentar definir algunas normas comunes relativas a la presentación de los presupuestos de las agencias con el fin de hacer que los indicadores presupuestarios, tales como el nivel de ejecución de las agencias o los diferentes componentes de sus ingresos y los gastos, sean más transparentes y comparables; cree que la presentación general de las subvenciones a las agencias en el presupuesto de la Unión Europea podría tener que ser adaptada a las tareas y funciones de las agencias de nueva generación;

35.

Señala que, de acuerdo con las cifras facilitadas por la Comisión en su mencionada Comunicación, existen actualmente 29 agencias reguladoras que emplean a unas 3 800 personas y cuentan con un presupuesto anual de 1 100 millones de euros aproximadamente, incluida una contribución de la Comunidad de alrededor de 559 millones de euros;

36.

Insiste en que el proceso de auditoría/aprobación de la gestión debe ser proporcionado al presupuesto total de las agencias; señala, en particular, que los recursos de que dispone el Tribunal de Cuentas Europeo no se han incrementado en consonancia con el número de agencias de los últimos años;

37.

Reitera el deseo, expresado en el apartado 7 de sus Resoluciones de 22 de abril de 2008 sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la agencias, de que el Tribunal de Cuentas u otro auditor independiente audite los resultados de las agencias periódicamente y sobre una base ad hoc; considera que dicha auditoría no debería limitarse a los aspectos tradicionales de la gestión financiera y al uso apropiado de los recursos públicos, sino que debería incluir también la eficiencia y la eficacia administrativas, así como una evaluación de la gestión financiera de cada una de las agencias;

38.

Considera que todas las agencias deben proporcionar, además de su organigrama, una relación de su personal permanente y temporal y de los expertos nacionales, así como indicar los cambios en relación con los dos años anteriores;

39.

Señala a la atención el Informe Especial no 5/2008 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la buena gestión financiera de las agencias, con particular referencia a las auditorías de gestión;

40.

Pide a la Comisión que fusione las funciones administrativas de las pequeñas agencias con el fin de crear la masa crítica necesaria para permitir a las agencias cumplir satisfactoriamente con las actuales normas sobre contratos públicos, así como con el Reglamento financiero y el Estatuto de los funcionarios (7);

41.

Insta a la Comisión a iniciar un examen crítico de las solicitudes presupuestarias de las agencias, ya que la mayoría de ellas no utiliza los fondos solicitados;

42.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Gobiernos de los Estados miembros.

21.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 15/33

A.

Considerando que, en julio de 2005, la CPI dictó una orden de detención contra Joseph Kony, Presidente y Comandante en Jefe del LRA, contra el que pesan 33 acusaciones por supuestos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, modificada posteriormente en septiembre de 2005, y que también se dictaron sendas órdenes de detención contra los otros máximos comandantes del LRA, incluidos Vincent Otti, Okot Odhiambo y Domic Ongwen,

B.

Considerando que los 33 cargos que pesan contra Joseph Kony incluyen 12 cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluidos el asesinato, la violación, la esclavitud, la esclavitud sexual, actos inhumanos consistentes en infligir lesiones corporales graves y sufrimiento, y 21 cargos por crímenes de guerra, incluidos el asesinato, el trato cruel de civiles, la dirección intencional de un ataque contra una población civil, el pillaje, la inducción a la violación y el alistamiento forzoso de niños,

C.

Considerando que el LRA lleva luchando en la región desde 1986, supuestamente contra el Gobierno de Uganda,

D.

Considerando que una rebelión armada arrasa el norte de Uganda desde 1986, en la actualidad en nombre del LRA,

E.

Considerando que en agosto de 2006 el Gobierno de Uganda y el LRA firmaron un Acuerdo de Cese de las Hostilidades,

F.

Considerando que en el momento álgido de la violencia en el norte de Uganda, en 2005, alrededor de 1,6 millones de personas huyeron de sus hogares para vivir en campos de desplazados en el interior del país y que decenas de miles de niños se veían obligados a dormir todas las noches en centros urbanos en busca de protección; y que, aunque desde 2006 la mitad de los desplazados internos ha podido regresar a sus hogares o cerca de ellos, la situación sigue siendo crítica para muchos desplazados internos que se muestran reacios a volver a falta de un acuerdo de paz definitivo,

G.

Considerando que las desastrosas consecuencias de este conflicto, que ha dado lugar al secuestro de más de 20 000 niños y ha ocasionado un sufrimiento humano inmenso, en particular entre la población civil, así como flagrantes violaciones de los derechos humanos, el desplazamiento masivo de poblaciones y una ruptura de las estructuras sociales y económicas, son un motivo de profunda preocupación; considerando que el secuestro de niños y su uso como esclavos sexuales o combatientes es un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad,

H.

Considerando que, solo en 2008, el LRA ha llevado supuestamente a cabo entre 200 y 300 secuestros en la República Centroafricana, el sur de Sudán y la República Democrática del Congo, infligiendo, de ese modo, la misma violencia a una nueva generación de víctimas,

I.

Considerando que, en julio de 2008, el LRA atacó al Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés en Nabanga y provocó la muerte de unos 20 de sus soldados,

J.

Considerando que Joseph Kony se ha negado reiteradamente a aparecer en Juba y que, hasta ahora, se ha negado a firmar el acuerdo de paz definitivo «mientras el Grupo Mixto de Enlace no resuelva el asunto de las órdenes de detención de la CPI y otras cuestiones en el marco del Acuerdo»; y que el acuerdo de paz definitivo fue negociado por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para las zonas afectadas por el LRA, el ex Presidente de Mozambique Joaquim Chissano,

K.

Considerando que Joseph Kony utilizó el respiro que le proporcionó el proceso de paz para reagrupar y reorganizar a las fuerzas del LRA en la República Democrática del Congo,

L.

Considerando que, debido a la incapacidad de los Estados Partes para detener a Kony y a los otros comandantes del LRA, el Ejército de Resistencia del Señor está ampliando actualmente sus fuerzas valiéndose de secuestros,

M.

Considerando que, en septiembre de 2008, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el LRA presuntamente secuestró a 90 colegiales congoleños en las ciudades de Kiliwa y Duru, en la República Democrática del Congo, y atacó muchas otras localidades, causando desplazamientos masivos en la zona,

N.

Considerando que la CPI desempeña un papel crucial a la hora de prevenir y reducir la perpetración de los graves crímenes que entran dentro de su jurisdicción, y que constituye un medio esencial para promover el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, contribuyendo de ese modo a la libertad, la seguridad, la justicia y el Estado de derecho, así como al mantenimiento de la paz y al fortalecimiento de la seguridad internacional,

O.

Considerando que la jurisdicción de la CPI cubre los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional y, en particular, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra cometidos después del 1 de julio de 2002,

P.

Considerando que con arreglo al Estatuto de Roma, los Estados Partes se han comprometido a enjuiciar esos delitos en su jurisdicción nacional y a apoyar la intervención de la CPI cuando los Estados nacionales incumplan sus obligaciones,

Q.

Considerando que todos los Estados miembros de la UE, salvo la República Checa, han ratificado el Estatuto de Roma,

R.

Considerando que con arreglo al acuerdo de cooperación antes mencionado, celebrado entre la UE y la CPI, entre otras cosas, con el fin de facilitar el cumplimiento de la obligación de cooperación y asistencia, las Partes acordaron establecer los adecuados contactos periódicos entre la CPI y el Centro de contacto de la UE para la Corte,

S.

Considerando que la UE y sus Estados miembros deben hacer los máximos esfuerzos para garantizar que el mayor número posible de Estados tome parte en la CPI, teniendo este objetivo en mente durante las negociaciones (tanto bilaterales como multilaterales) y en los diálogos políticos con terceros países y organizaciones regionales,

T.

Considerando que la CPI debería integrarse en las relaciones exteriores de la UE, y que la ratificación y la aplicación del Estatuto de Roma deben plantearse en los diálogos políticos y en materia de derechos humanos (en particular en las cumbres y en otras reuniones de alto nivel) con terceros países, también en el contexto de la cooperación al desarrollo, como por ejemplo en el marco del Acuerdo de Cotonú,

1.

Pide al Gobierno de Uganda y a los gobiernos de los países vecinos, en particular la República Democrática del Congo, que cooperen plenamente con la CPI en sus investigaciones y enjuiciamientos; solicita, en particular, cooperación para la detención y la entrega sin demora de Joseph Kony y otras personas inculpadas por la CPI;

2.

Lamenta profundamente la interrupción de los esfuerzos para promover la detención de Joseph Kony y otras personas inculpadas por la CPI; recuerda al Gobierno de Uganda que, como parte del Estatuto de Roma de la CPI, tiene el deber de cooperar plenamente con la CPI;

3.

Toma nota de que el Estatuto de Roma dispone que, una vez que las personas hayan sido entregadas a la CPI, el Gobierno de Uganda puede solicitar que los asuntos se devuelvan a los tribunales de Uganda, a condición de que la CPI estime que los tribunales de Uganda son capaces y están dispuestos a investigar y enjuiciar realmente a los sospechosos del LRA cuyo nombre figura en las órdenes de detención;

4.

Insta al Gobierno de Uganda a abstenerse de concluir acuerdos con el LRA que puedan burlar el Derecho internacional;

5.

Insta a los Estados miembros de la UE, a la Unión Africana (UA) y, en particular, a los países vecinos de Uganda a abordar la ejecución de las órdenes de detención de forma coherente;

6.

Exige la liberación inmediata e incondicional de todas las personas secuestradas por el LRA, y en particular los niños, que se arriesgan a acabar como esclavos sexuales o a ser obligados a luchar en las filas del LRA;

7.

Pide a la comunidad internacional que lleve a cabo investigaciones sobre los últimos presuntos abusos del LRA en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y el sur de Sudán, y sobre unas supuestas investigaciones no difundidas de las Naciones Unidas sobre abusos en la República Centroafricana, así como a divulgar los resultados de las mismas;

8.

Pide a los gobiernos de la región, a la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) y a otros gobiernos que ejercen de observadores internacionales en las conversaciones de paz que rastreen y hagan públicos los movimientos del LRA mediante la intensificación de la vigilancia de las fronteras regionales, y que vigilen e intercepten el flujo de armas y otros suministros para el LRA; aboga por el desarrollo de planes eficaces para ejecutar las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional, si bien minimizando el riesgo para la vida de los civiles y sin hacer un uso excesivo de la fuerza, incluido mediante el uso de la MONUC;

9.

Pide a los Estados miembros de la UE, especialmente los que se han implicado en Uganda y en el proceso de paz de Juba, que se coordinen con los gobiernos regionales, la Secretaría de las Naciones Unidas y las fuerzas de mantenimiento de la paz con miras a la ejecución de las órdenes de detención de la CPI contra los dirigentes del LRA;

10.

Señala el hecho de que la justicia es un objetivo común que ha de ser compartido por la UE y la Unión Africana;

11.

Recuerda que, de conformidad con el Estatuto de Roma, los Estados Partes se han comprometido a poner fin a la impunidad de los delitos más graves que afectan a la comunidad internacional y a contribuir a prevenir tales delitos; está firmemente convencido de que la CPI y los tribunales ad hoc contribuyen al proceso de paz y reconciliación;

12.

Se muestra preocupado por la falta de claros esfuerzos para impedir la desviación de la ayuda internacional al LRA, lo que permite a Joseph Kony rearmarse; insta a recortar las redes de suministro del LRA; pide al Gobierno de Sudán que deje de proporcionar apoyo financiero y militar al LRA;

13.

Pide a la UE y a los donantes internacionales que respalden el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los ex combatientes del LRA, el retorno de los desplazados internos y el derecho de las víctimas a obtener reparación;

14.

Acoge con satisfacción los contactos estrechos y regulares entre altos funcionarios de la CPI y la UE; toma nota del firme apoyo de la UE a la participación en el Estatuto de Roma y a la aplicación del mismo; subraya que el liderazgo de la UE es fundamental para la aplicación del mandato de la CPI;

15.

Está firmemente convencido de que, a largo plazo, la CPI contribuye a la prevención de nuevas atrocidades; señala que la imposibilidad de detener a Joseph Kony tiene como resultado la persistencia de las atrocidades y las violaciones de los derechos humanos; destaca que la paz y la reconciliación no pueden lograrse sin justicia para las víctimas;

16.

Recomienda que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE siga de cerca la situación en el norte de Uganda, así como las violaciones de los derechos humanos por parte del LRA;

17.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Representante Especial de la UE para la región de los Grandes Lagos, al Representante Especial de la UE para la Unión Africana, al Gobierno de Uganda, a los Gobiernos de los Estados miembros de la UE y de los miembros de la Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a las instituciones de la Unión Africana y al Fiscal de la CPI.

21.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 15/38

A.

Considerando que el tráfico de niños sigue siendo un problema persistente, dado que anualmente más de dos millones de niños son, de ese modo, víctimas de los trabajos forzados y la explotación sexual,

B.

Considerando que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información contribuye a aumentar el tráfico de niños, lo que hace que la gestión de este problema sea más difícil,

C.

Considerando que las autoridades nacionales y las ONG de los Estados miembros siguen sin actuar eficazmente contra el tráfico de niños, debido a la insuficiente cooperación transfronteriza, a la falta de formación especializada o a la inadecuada aplicación de las normas jurídicas actuales,

1.

Pide a los Estados miembros que consideren la lucha contra el tráfico de niños como objetivo prioritario de sus políticas nacionales de protección de la infancia;

2.

Pide al Parlamento Europeo y al Consejo que proporcionen los recursos necesarios en el marco de la estrategia de la Comisión para el fomento y la protección de los derechos del niño;

3.

Pide a los Estados miembros que continúen cooperando activamente e intercambiando conocimientos y experiencias con las autoridades competentes de la UE y las ONG, con el fin de prevenir y combatir el tráfico de niños, y proporcionar tratamiento adecuado a las víctimas de dicho tráfico;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, al Consejo y a la Comisión.

21.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 15/40

A.

Considerando que la Unión Europea se encuentra en una situación crítica en cuanto a la crisis financiera, el desafío del cambio climático y la necesidad de establecer un acuerdo institucional claro,

B.

Considerando que la actual crisis financiera, desencadenada por las hipotecas de alto riesgo de EE.UU., tiene su origen, entre otras cosas, en años de política monetaria excesivamente expansionista llevada a cabo por la Reserva Federal de los EE.UU., la falta de transparencia en los mercados financieros, el exceso de endeudamiento de las instituciones financieras, una supervisión deficiente de los mercados financieros, una mala calidad de las evaluaciones y las previsiones erróneas sobre la evolución de los precios de bienes inmuebles, y se ha extendido por todo el mundo debido al carácter cada vez más integrado de los mercados,

C.

Considerando que la innovación en el mercado financiero puede ser útil, pero que los productos financieros deben estar regulados y ser transparentes, a fin de garantizar el justo equilibrio entre la eficiencia y la estabilidad, y considerando que los mercados financieros deben estar al servicio de la economía real,

D.

Considerando que los instrumentos existentes no han logrado contener el impacto de la crisis financiera de tal manera que se minimicen los costes colectivos y se evite el riesgo, y considerando que se necesita asegurar una supervisión coherente al nivel de la Unión Europea de los mercados financieros europeos que están cada vez más integrados; considerando que, no obstante, la estabilidad financiera y la gestión de las crisis incumben no sólo a los supervisores, sino a un abanico más amplio de actores,

E.

Considerando que las conclusiones de la Presidencia dedicadas a la crisis financiera no hacen referencia alguna al Parlamento Europeo como colegislador para aplicar las decisiones del Consejo Europeo,

F.

Considerando que los procedimientos parlamentarios para la ratificación del Tratado de Lisboa se han completado en 24 Estados miembros; considerando que las reformas institucionales incluidas en el Tratado de Lisboa son urgentemente necesarias para garantizar que la Unión Europea funcione de forma fluida y equilibrada, con pleno control democrático,

G.

Considerando que para los importantes acontecimientos políticos de 2009, en particular las elecciones al Parlamento Europeo y el nombramiento de una nueva Comisión, hace falta claridad en lo que respecta a las disposiciones institucionales que se aplicarán,

H.

Considerando que la Unión Europea desempeña un papel importante en la escena mundial en términos de lucha contra el cambio climático, tanto a través de su liderazgo en las negociaciones internacionales como mediante las reducciones significativas a que se ha comprometido en los 27 Estados miembros; considerando que, a este respecto, el Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007 se comprometió a alcanzar unas reducciones de las emisiones de gas de efecto invernadero de por lo menos el 20 % antes de 2020, aumentando las reducciones hasta un 30 % en caso de un acuerdo internacional global,

I.

Considerando que la lucha contra el cambio climático es uno de los principales temas y objetivos de la Unión Europea y que debe abordarse con un enfoque general a nivel internacional,

J.

Considerando que el logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa-Gotemburgo y el paquete sobre la energía y el cambio climático requieren inversiones a largo plazo, y considerando que el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) debe ampliarse más a este respecto.

1.

Subraya enérgicamente la importancia de que las políticas macroeconómicas europeas respondan rápidamente y de manera muy coordinada para relanzar el crecimiento económico global; observa, sin embargo, que los principios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no deben socavarse y que los Estados miembros deben aspirar a la consolidación fiscal;

2.

Se muestra profundamente preocupado por la situación en los mercados financieros y aboga por un refuerzo adicional de la acción coordinada con el fin de devolver la confianza a los mercados;

3.

Acoge con satisfacción las Conclusiones de la Presidencia, que hacen suyas las medidas decididas por el Eurogrupo el 12 de octubre de 2008, como un primer paso, importante y coordinado, para restaurar la confianza en los mercados, para impulsar los préstamos interbancarios y aumentar los fondos propios de los bancos, de modo que puedan continuar prestando a las empresas y a los hogares; se muestra de acuerdo en que estas medidas eran necesarias para poner freno a la actual crisis financiera;

4.

Considera fundamental que los Estados miembros muestren un firme compromiso y una gestión eficiente de la crisis para restablecer unas condiciones estables de mercado, ya que esta es la clave para la confianza; considera que la primera reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la zona del euro, que tomen decisiones en calidad de tales, requiere un mayor desarrollo;

5.

Señala que esta crisis tiene implicaciones que van más allá de los mercados financieros, en particular con respecto a la viabilidad de las empresas, los puestos de trabajo, las finanzas personales y las PYME, y que el impacto de la misma habría sido imprevisible si las autoridades nacionales, el Banco Central Europeo (BCE) y otros bancos centrales no hubieran introducido medidas para devolver nuevamente la confianza al sistema financiero;

6.

Destaca la necesidad de adoptar medidas con respecto a la estabilidad financiera y al riesgo sistémico; insta a la Comisión y al Consejo a que revitalicen la Agenda de Lisboa y adapten los programas nacionales de reforma de los Estados miembros en este momento de distorsión económica hasta el final de este año con el fin de proteger los puestos de trabajo y las rentas de los ciudadanos de la Unión Europea;

7.

Expresa su convicción sobre la necesidad de un entorno macroeconómico sostenible y orientado al crecimiento; recuerda la primordial importancia de mantener el acceso al crédito por parte de los ciudadanos y las PYME, así como las inversiones en infraestructuras de la Unión Europea, para evitar una caída dramática del crecimiento económico y del empleo; hace hincapié en el papel potencial que al BEI incumbe desempeñar a este respecto;

8.

Se muestra decidido a apoyar medidas capaces de devolver la liquidez a los mercados, de modo que las empresas y los particulares puedan volver a beneficiarse de los instrumentos de crédito; es consciente de la necesidad de tranquilizar a los contribuyentes respecto al hecho de que todas las medidas adoptadas reflejarán sus preocupaciones, y señala que el restablecimiento de la estabilidad financiera es fundamental para el crecimiento económico futuro; invita a los Estados Miembros a revisar el funcionamiento del actual sistema financiero si están realmente dispuestos a restaurar la confianza en los mercados financieros y a hacer frente a la crisis financiera a nivel mundial;

9.

Acoge con satisfacción la rápida y amplia reacción de la Comisión en relación con la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas adoptadas en relación con las instituciones financieras; pide a la Comisión, en el contexto del control estricto de las medidas de emergencia, que establezca un equipo interdisciplinario, en el que se incluyan los conocimientos técnicos de la Dirección General de Competencia, los supervisores de los tres Comités de Nivel 3 y el Sistema Europeo de Bancos Centrales, a fin de compartir conocimientos y experiencia y garantizar que en todos los Estados miembros se realizan análisis equilibrados, imparciales y de alta calidad;

10.

Aprecia la decisión de la Comisión de crear un grupo de alto nivel para elaborar una arquitectura de supervisión que sea sólida y sostenible y que prevea una mejor integración y coordinación intersectoriales y transfronterizas; subraya la importancia de que se le dé un mandato preciso, en un calendario reducido, y de que informe al Consejo, a la Comisión y al Parlamento Europeo;

11.

Aprueba la creación de una «unidad para la crisis financiera» y pide al Consejo que llegue a un acuerdo en el plazo más corto posible sobre sus modalidades de funcionamiento y su cooperación con el grupo de alto nivel establecido; critica enérgicamente la ausencia del Parlamento en esta unidad de crisis; apoya la creación de un sistema de alerta rápida más fuerte, dirigido por la Comisión y el BCE dotado de poderes de coordinación y de ejecución, en el que deberían participar los Comités de Nivel 3;

12.

Aprueba la decisión del Consejo de reforzar el papel del BEI como prestador y prestatario;

13.

Expresa su preocupación sobre el riesgo creado en los mercados financieros por el tamaño de los paquetes de apoyo estatal y considera importante que, en interés de los contribuyentes y de los presupuestos de los Estados miembros, cada vez que se gaste dinero público en el rescate de una institución financiera, esto debe ir acompañado de supervisión pública, mejoras de la gobernanza, limitaciones de la remuneración, severa responsabilidad frente a las autoridades públicas y estrategias de inversión para la economía real;

14.

Invita al Consejo a actuar de forma conjunta con el Parlamento y pide a la Comisión que utilice su poder de iniciativa para proponer medidas que refuercen el marco normativo y de supervisión de la Unión Europea y la gestión de las crisis a nivel comunitario;

15.

Subraya la necesidad de analizar cuidadosamente las causas de la crisis financiera actual, en especial si la supervisión y el cumplimiento de las normas existentes resultan adecuadas; reitera su llamamiento en pro de medidas legislativas, en especial sobre la regulación y supervisión de bancos, el papel de los organismos de evaluación de solvencia, la titulización y el control de la titulización, fondos de riesgo y otros tipos de nueva creación, la función del endeudamiento, requisitos de transparencia, normas de liquidación, compensación de mercados extrabursátiles (OTC) y mecanismos de prevención de crisis; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de aumentar la protección mínima para depósitos bancarios y reitera su compromiso de analizar rápidamente la propuesta;

16.

Reitera la necesidad de consolidar el proceso Lamfalussy, como se pidió en su resolución, de 9 de octubre de 2008, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el seguimiento del proceso Lamfalussy: futura estructura de supervisión (1), incluida la supervisión de los mayores grupos financieros transfronterizos por colegios y la disposición de una personalidad jurídica clara y de prerrogativas más fuertes para los Comités de Nivel 3, como medio de mejorar la supervisión en la Unión Europea y de contribuir al diálogo y a la coordinación política internacionales en este ámbito;

17.

Señala que una crisis que trasciende las jurisdicciones nacionales no puede ser abordada únicamente a título individual por las autoridades nacionales y que, en las crisis transfronterizas, la cooperación y la confianza mutua entre las autoridades de control son cruciales; insta a la Comisión y a las autoridades nacionales responsables a elaborar de forma conjunta propuestas adecuadas para una gestión eficaz de la crisis para su examen ulterior por el Parlamento; llama la atención sobre la importancia de reforzar la coordinación a nivel de la Unión Europea para las reuniones del G-8, y cree firmemente en la necesidad de respuestas globales a la crisis que deberían impulsar el establecimiento de un nuevo orden financiero internacional, con la reforma de las instituciones de Bretton Woods;

18.

Acoge con satisfacción la iniciativa de promover lo antes posible una conferencia internacional para debatir las acciones en materia de regulación y supervisión que han de adoptarse para responder a la crisis actual; expresa su convicción de que la Unión Europea debe desempeñar un papel rector a la hora de debatir el futuro de la arquitectura financiera internacional; pide al Consejo Europeo y a la Comisión que asocien al Parlamento Europeo a este proceso;

19.

Insta a la Comisión a que presente sin más demora su propuesta de revisión de la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (2);

20.

Reitera su respeto por el resultado del referéndum irlandés y por los resultados de los procesos de ratificación de los demás Estados miembros, y considera que es posible responder a las preocupaciones expresadas por el pueblo irlandés a fin de garantizar una solución aceptable para todos antes de las elecciones al Parlamento Europeo; está dispuesto a ofrecer al Gobierno y al Parlamento irlandeses cualquier ayuda que puedan requerir para presentar un paquete de propuestas que forjen un consenso más amplio y más informado en la opinión pública irlandesa sobre el futuro de Irlanda en una Unión Europea reformada y consolidada y que sea aceptable para los socios de Irlanda en la Unión Europea;

21.

Pide al Consejo Europeo que defina en su próxima reunión un método y un calendario que le permita lograr este resultado;

22.

Opina que los objetivos climáticos de la Unión Europea para después de 2012 no deben cuestionarse como consecuencia de la actual crisis financiera internacional; se compromete a cooperar estrechamente con el Consejo y la Comisión para lograr un acuerdo eficaz y viable sobre el paquete cambio climático y energía en el plazo más breve posible; subraya, no obstante, que para la industria de la Unión Europea, sus trabajadores y los consumidores es crucial que las medidas previstas para alcanzar estos objetivos se evalúen exhaustivamente para determinar sus repercusiones en la competitividad sectorial y general de las empresas de la Unión Europea; recuerda al Consejo que éste es un procedimiento de codecisión para el que se requiere una mayoría cualificada;

23.

Pide al Consejo que mantenga los ambiciosos objetivos propuestos de alcanzar una proporción obligatoria del 20 % de energías renovables sostenibles en el consumo global final de energía de la Comunidad, y una proporción obligatoria del 10 % de energía a partir de fuentes renovables sostenibles en el sector del transporte de cada Estado miembro en 2020;

24.

Señala el acuerdo del Consejo Europeo para evolucionar hacia una reducción del 30 % en caso de acuerdo internacional, a condición de que otros países desarrollados se comprometan a unas reducciones de las emisiones comparables y de que los países en desarrollo económicamente más avanzados contribuyan adecuadamente según sus responsabilidades y capacidades respectivas;

25.

Recuerda que para la industria de la Unión Europea es crucial que se introduzcan las medidas de flexibilidad necesarias para los sectores más expuestos a la «deslocalización»/«fuga de carbono» y la pérdida de competitividad;

26.

Llama la atención sobre el hecho de que el potencial para que la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono ayude a la disminución sustancial de CO2 en el sector energético y en las instalaciones industriales ha sido reconocido, entre otros, por el Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio climático; pide, por lo tanto, al Consejo que asegure que la financiación adecuada estará disponible, de modo que los 12 proyectos de demostración que ha promovido puedan ser operativos antes de 2015;

27.

Recuerda la necesidad de incluir la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (COM(2007) 0856) como una de las propuestas legislativas del paquete sobre cambio climático y energía;

28.

Aboga por un firme compromiso político a fin de que la economía de la Unión Europea pase a ser una economía con bajas emisiones de carbono, junto con un mayor uso de las fuentes de energía autóctonas, la producción descentralizada de energía y las medidas de ahorro de energía, la eficiencia energética y otras fuentes energéticas con bajas emisiones de carbono, se prosiga la diversificación del abastecimiento energético y se reduzca la dependencia de los combustibles fósiles importados, ya que este cambio es la respuesta más lógica al aumento de los precios del petróleo; afirma que es prioritario que tales medidas estratégicas vayan seguidas de unos compromisos firmes de inversión en investigación y desarrollo;

29.

Invita al Consejo y a la Comisión a seguir con determinación las recomendaciones del Parlamento Europeo relativas a la adopción de una política exterior europea común en materia de energía, sobre todo fomentando la unidad de la Unión Europea en las negociaciones con los proveedores de energía y los países de tránsito y defendiendo los intereses de la Unión Europea en su conjunto, desarrollando una diplomacia energética eficiente, adoptando unos mecanismos más eficaces para responder a las situaciones de crisis y garantizando la diversificación de los proveedores de energía; recuerda la necesidad de que se adopte una estrategia a tal respecto que vaya acompañada de los instrumentos necesarios para llevarla a cabo; y pide que se preste especial atención a la creación de las interconexiones necesarias que faltan, en particular en la parte oriental de Europa;

30.

Acoge con satisfacción el llamamiento del Consejo para reforzar y complementar las infraestructuras críticas; pide a la Comisión que ponga en marcha las redes transeuropeas de energía y establezca un plan prioritario de interconexión, sin descuidar las infraestructuras de recepción y regasificación del gas natural licuado y las instalaciones para su almacenamiento; acoge con satisfacción la especial atención que se presta a las regiones aisladas de la Unión Europea; subraya la importancia de promover el desarrollo de la interconexión europea y de la infraestructura de red para llevar a los mercados mayores niveles de energía eólica marina; toma nota de que las interconexiones transfronterizas requerirán medidas especiales, como, por ejemplo, una financiación preferente o exenciones fiscales; señala que la realización de los enlaces de las redes transeuropeas aún pendientes aumentará la seguridad del suministro, a la vez que contribuirá a la realización del mercado interior;

31.

Subraya la necesidad de intensificar la cooperación con los países vecinos de la región del Mar Negro en un acuerdo institucional y multilateral, incluidas las cuestiones relacionadas con la seguridad del suministro y el tránsito de energía, y la transparencia del funcionamiento del mercado;

32.

Señala que la seguridad del suministro energético es una prioridad para la Unión Europea; subraya a este respecto que el desarrollo de proyectos de energía renovable de la Unión Europea debe desempeñar un papel clave para garantizar el suministro de energía al tiempo que se garantiza el cumplimiento de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo;

33.

Subraya que la eficiencia energética es no sólo el medio más rentable de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sino que también tiene un impacto positivo directo en la economía, a través de facturas de combustible más bajas y del poder cada vez mayor del consumidor para gastar en otros bienes y servicios; pide a los Estados miembros que aceleren la aplicación de las políticas de eficiencia energética y la legislación existentes;

34.

Considera que un mercado interior plenamente operativo es primordial para la seguridad de suministro; toma nota de que el mercado energético de la Unión Europea todavía no se ha completado totalmente y de que su plena aplicación es imperativa; acoge con satisfacción el llamamiento para terminar el paquete legislativo sobre el mercado interior de la energía antes de que termine la legislatura; pide al Consejo que inicie negociaciones con el Parlamento sobre dicho paquete basándose en el acuerdo político alcanzado el 10 de octubre de 2008 en el Consejo de Energía;

35.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Presidencia francesa sobre el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, por cuanto que promueve un planteamiento coherente y equilibrado de la migración en su doble objetivo de proporcionar canales legales de migración y luchar al mismo tiempo contra la migración ilegal; considera, en este contexto, que una política común de inmigración debe basarse en el supuesto de que los migrantes son miembros individuales de la sociedad y potenciales ciudadanos; opina que los Estados miembros deben además intentar establecer políticas de inclusión e integración social claras y eficaces; considera, por tanto, que el Pacto debe ir acompañado de propuestas legislativas concretas;

36.

Se muestra de acuerdo con el Consejo en que el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo debería proporcionar el marco de acción para las futuras Presidencias;

37.

Opina que no puede haber una solución militar a los conflictos del Cáucaso y condena firmemente a todos los que han recurrido a la fuerza y la violencia para cambiar la situación en los territorios georgianos secesionistas de Osetia del Sur y Abjazia;

38.

Recuerda la desproporcionada acción militar por parte de Rusia en Georgia a principios de agosto de 2008 y su profunda incursión en el país, así como su decisión unilateral de reconocer la independencia de Abjazia y Osetia del Sur;

39.

Pide a Rusia que respete la soberanía y la integridad territorial de Georgia, así como la inviolabilidad de sus fronteras tal como han sido reconocidas por todos los Estados miembros de la Unión Europea;

40.

Subraya que la Unión Europea debe revisar su política respecto a Rusia en caso de que Rusia no respete sus compromisos en virtud de los acuerdos de 12 de agosto y 8 de septiembre de 2008;

41.

Acoge con satisfacción la posición del Consejo respecto de la situación en Georgia; recuerda los compromisos de los acuerdos de 12 de agosto y 8 de septiembre de 2008; subraya que la retirada de las tropas rusas de las zonas adyacentes a Osetia del Sur y Abjazia constituye un paso adicional esencial; pide un retorno seguro y rápido de los refugiados acompañado del despliegue de observadores de la Unión Europea sobre el terreno; lamenta el fracaso de las conversaciones entre Rusia y Georgia en Ginebra el 15 de octubre de 2008;

42.

Lamenta, asimismo, que no se permita a la Misión de Observación de la Unión Europea en Georgia (MOUE) la entrada en las dos regiones secesionistas, en las que Rusia planea estacionar a 7 600 tropas del ejército regular para sustituir a los pequeños contingentes de fuerzas rusas de mantenimiento de la paz desplegados en ambos territorios tras los acuerdos de alto el fuego de 1992 a 1994;

43.

Espera con interés las conclusiones de la Conferencia Internacional de Donantes sobre Georgia, de 22 de octubre de 2008; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de proporcionar un firme apoyo político, financiero y práctico a Georgia; pide a la Comisión que presente y dé rápido seguimiento a unas medidas encaminadas a la rehabilitación y la recuperación de las zonas de conflicto y a intensificar la asistencia humanitaria con objeto de reasentar y proporcionar una vivienda antes del invierno a las personas afectadas por la guerra;

44.

Toma nota de que todas las cuestiones pendientes tienen que resolverse en la conferencia internacional que se celebrará en Ginebra, especialmente en lo que respecta a la situación en Osetia del Sur y Abjazia y a su futuro y, en particular, a la continua presencia militar rusa en Akhalgori y Perevi, en Osetia del Sur, y el desfiladero de Kodori, en Abjazia, y señala que hasta entonces las relaciones entre la Unión Europea y Rusia no pueden alcanzar la total normalización;

45.

Recuerda a las autoridades rusas que es importante garantizar que las personas y las organizaciones no gubernamentales que participan en la defensa de los derechos humanos y civiles puedan operar con arreglo a los compromisos de Rusia con el Consejo de Europa, y libres de intimidación;

46.

Pide al Consejo y a la Comisión que estudien la aplicación selectiva del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación y del Instrumento Europeo para los Derechos Humanos y la Democracia a Belarús, haciendo extensivo un mayor apoyo a la sociedad civil de Belarús; hace hincapié en que la oposición democrática de Belarús debe participar plenamente en el diálogo entre la Unión Europea y Belarús;

47.

Pide al Consejo y a la Comisión que entablen un verdadero diálogo con las autoridades de Belarús, basado en un enfoque condicional y gradual, y que incluya referentes, calendarios, cláusulas de revisión y los medios financieros adecuados;

48.

Acoge con satisfacción el apoyo dado por el Consejo Europeo a la «Asociación Oriental» que se está elaborando actualmente en la Comisión para consolidar las relaciones entre la Unión Europea y sus vecinos del Este; subraya que esta Asociación debe tener un contenido concreto y tangible, especialmente por lo que se refiere a la libre circulación y al libre cambio, pero también suficientes recursos financieros dentro del presupuesto de la Unión Europea;

49.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos de los Estados miembros.

21.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 15/46

1.

Presenta las siguientes recomendaciones y observaciones al Consejo:

Sobre el procedimiento

Sobre el alcance y los objetivos

Sobre la protección de datos

2.

Pide a los Estados miembros y a los Parlamentos nacionales que están estudiando actualmente este Acuerdo y/o el Acuerdo con los EE.UU. (Bélgica, República Checa, España, Hungría, los Países Bajos, Polonia) que tengan en cuenta las observaciones y recomendaciones planteadas más arriba;

3.

Recuerda al Consejo que, en caso de entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento debería estar asociado, en par de igualdad, en la revisión de todos los acuerdos PNR;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y Parlamento de Australia.

21.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 15/50

A.

Considerando que el Tratado CE reconoce los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en las Constituciones de los Estados miembros y en diversos tratados y convenios internacionales, como referencias fundamentales en la legislación y las prácticas comunitarias,

B.

Considerando que el Tratado CE establece una serie de principios relevantes; que una de las principales finalidades de la Comunidad es el establecimiento de un mercado interior dotado de una dimensión social, caracterizado por la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de bienes, personas, servicios y capital entre los Estados miembros,

C.

Considerando que uno de esos principios es el reconocimiento de los derechos constitucionales básicos de los ciudadanos, que incluyen el derecho a formar sindicatos, el derecho a la huelga y el derecho a negociar convenios colectivos,

D.

Considerando que los principios fundamentales del mercado interior incluyen la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios,

E.

Considerando que, de conformidad con el artículo 39 del Tratado CE, la libre circulación de los trabajadores supone la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo,

F.

Considerando que el Tratado CE permite restricciones a las libertades fundamentales sólo si persiguen objetivos legítimos compatibles con el Tratado, están justificadas por razones imperiosas de interés general, son apropiadas para lograr los objetivos perseguidos y no van más allá de lo necesario para lograr dichos objetivos; considerando al mismo tiempo que, de conformidad con el artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Carta sólo podrá ser establecida cuando sea proporcional y necesaria y responda efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás,

G.

Considerando que el TJCE reconoce el derecho a emprender acciones colectivas como derecho fundamental que forma parte integrante de los principios generales del Derecho comunitario; considerando que este derecho también quedará consagrado en los Tratados si se ratifica el Tratado de Lisboa;

H.

Considerando que la Comisión Europea ha insistido en varias ocasiones en la importancia del marco regulador nacional existente en materia de empleo y negociación colectiva para la protección de los derechos de los trabajadores;

I.

Considerando que el informe de la Comisión sobre las relaciones laborales en Europa 2006 concluye que un nivel muy desarrollado de negociación colectiva puede ejercer una influencia positiva en la integración social,

J.

Considerando que, de conformidad con el artículo 136 del Tratado CE, la Comunidad y los Estados miembros «tendrán como objetivo […] la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso»; y que, con vistas a conseguir ese objetivo, el artículo 140 del Tratado CE dispone que la Comisión fomentará la colaboración entre los Estados miembros y facilitará la coordinación de sus acciones en los ámbitos de la política social, particularmente en las materias relacionadas con el derecho de sindicación y las negociaciones laborales entre empresarios y trabajadores,

K.

Considerando que, según la exposición de motivos de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, el fomento de la prestación transnacional de servicios requiere unas condiciones de competencia leal y libre y medidas que garanticen el respeto de los derechos de los trabajadores, y que sean coherentes con el marco de referencia del Derecho laboral y de las relaciones laborales de los Estados miembros,

L.

Considerando que la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores expresa claramente en su considerando 12 que «el Derecho comunitario no impide que los Estados miembros amplíen el ámbito de aplicación de su legislación o de los convenios colectivos celebrados por los interlocutores sociales a toda persona que realice un trabajo por cuenta ajena, incluso de carácter temporal, en su territorio, aunque su empresario se halle establecido en otro Estado miembro», y que «el Derecho comunitario no prohíbe a los Estados miembros garantizar el respeto de estas normas por los medios apropiados»,

M.

Considerando que el objetivo de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, a saber, establecer un clima de competencia leal y medidas que garanticen el respeto de los derechos de los trabajadores, reviste importancia para la protección de dichos trabajadores en una era económica en la que crece la prestación de servicios transnacional, a la vez que se respeta el marco de la legislación en materia de empleo y las relaciones laborales en los Estados miembros, con la condición de que no infrinjan la legislación comunitaria,

N.

Considerando que, de conformidad con la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, las legislaciones de los Estados miembros deben establecer un núcleo de disposiciones imperativas de protección mínima para los trabajadores desplazados, que habrán de ser respetadas en el país de acogida, sin impedir la aplicación de las condiciones de trabajo y de empleo que sean más favorables a los trabajadores,

O.

Considerando que el artículo 3, apartado 8, de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores permite aplicar la Directiva ya sea a través de la legislación o a través de convenios colectivos que hayan sido declarados de aplicación universal o que sean de aplicación general a todas las empresas similares en el sector de que se trate o hayan sido celebrados por las organizaciones de empresarios y trabajadores más representativas a escala nacional y que sean aplicables en todo el territorio nacional; considerando que, por su parte, el TJCE afirma que, puesto que el objetivo de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores no consiste en armonizar los sistemas para establecer términos y condiciones de empleo, los Estados miembros tienen plena libertad para elegir un sistema a nivel nacional que no esté expresamente previsto en la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores,

P.

Considerando que el núcleo de disposiciones a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores consiste en las normas internacionales obligatorias que los Estados miembros han acordado conjuntamente; considerando que las disposiciones de orden público mencionadas en el artículo 3, apartado 10, también consisten en las normas internacionales obligatorias que, sin embargo, constituyen un marco, de modo que los Estados miembros gocen de discrecionalidad a la hora de definir su ordenamiento jurídico nacional; considerando que el uso del artículo 3, apartado 10, es importante para los Estados miembros, dado que les permite tener en cuenta diversas cuestiones relativas a los mercados laborales, las políticas sociales y otros ámbitos, incluida la protección de los trabajadores, dentro del respeto del principio de igualdad de trato,

Q.

Considerando que la movilidad de los trabajadores ha contribuido en gran medida al empleo, a la prosperidad y a la integración de la Unión Europea, dando a los ciudadanos nuevas oportunidades para desarrollar sus conocimientos y experiencia y para lograr un mejor nivel de vida,

R.

Considerando que el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea codifica el derecho a la negociación colectiva y a las acciones colectivas,

S.

Considerando que la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores ha brindado a más de un millón de trabajadores la oportunidad de trabajar en el extranjero en unas condiciones seguras sin problemas o conflictos,

T.

Considerando que la aplicación y la ejecución uniformes de las disposiciones de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores son fundamentales para alcanzar sus objetivos, en especial el respeto de las disposiciones existentes en los Estados miembros sobre los convenios colectivos,

U.

Considerando que el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre servicios indica claramente que su objetivo no es sustituir ni menoscabar la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores,

V.

Considerando que, en relación con la libre circulación de mercancías, se ha incluido en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 2679/98 la siguiente cláusula (llamada «cláusula Monti»): «El presente Reglamento no deberá interpretarse en el sentido de que afecta en modo alguno al ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los Estados miembros, incluido el derecho o la libertad de huelga. Estos derechos podrán incluir asimismo el derecho o libertad de emprender otras acciones contempladas por los sistemas específicos de relaciones laborales en los Estados miembros»,

W.

Considerando que el artículo 1, apartado 7, de la Directiva sobre servicios establece que «la presente Directiva no afectará al ejercicio de los derechos fundamentales tal y como se reconocen en los Estados miembros y en el Derecho comunitario. Tampoco afecta al derecho a negociar, celebrar y aplicar convenios colectivos y a emprender acciones sindicales, de acuerdo con la legislación y las prácticas nacionales conformes al Derecho comunitario»,

X.

Considerando que el Consejo Europeo ha establecido principios para la creación de modelos de mercado laboral que ofrecen, además de un alto nivel de seguridad, un alto nivel de flexibilidad (conocido como modelo de «flexiguridad»); considerando que está reconocido que una parte importante del buen funcionamiento del modelo de flexiguridad supone unos agentes sociales fuertes con un margen importante para la negociación colectiva,

Y.

Considerando que el TJCE desempeña el papel de intérprete de la legislación comunitaria a la luz de los derechos y libertades fundamentales, y de garante del respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado CE,

Z.

Considerando que incumbe a los órganos jurisdicionales nacionales determinar, caso por caso, si se cumplen los requisitos referentes a la restricción de las libertades fundamentales y su compatibilidad con la legislación comunitaria,

AA.

Considerando que el derecho a las acciones colectivas y a concluir convenios colectivos es un derecho fundamental que forma parte integrante de los principios generales de la legislación comunitaria; considerando que, en este contexto, el TJCE no debería basarse en una declaración del Consejo y de la Comisión de 24 de septiembre de 1996, que no ha sido aprobada por el Parlamento Europeo (en su calidad de colegislador), que restringiría la interpretación de los conceptos de «medidas de orden público» y «disposiciones nacionales esenciales para el orden político» a meras normas obligatorias establecidas por la legislación,

AB.

Considerando que la sentencia del TJCE de 21 de septiembre de 1999, en el asunto C-67/96, Albany Internacional BV (20) sobre las normas de competencia confirió a los sindicatos un importante y amplio margen en cuestiones de mercado laboral,

AC.

Considerando que se ha comprobado la existencia de puntos de vista e interpretaciones divergentes en el propio TJCE y entre el TJCE y sus Abogados Generales, en los diversos asuntos relativos a la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, en particular en los asuntos Laval y Rüffert antes mencionados; considerando que, cuando dichos puntos de vista e interpretaciones difieren, hay razones para buscar una aclaración del equilibrio entre los derechos y las libertades fundamentales,

1.

Subraya que la libre prestación de servicios es una de las piedras angulares del proyecto europeo, pero que debe equilibrarse con los derechos fundamentales y los objetivos sociales establecidos en los Tratados, así como con el derecho de que disponen los interlocutores públicos y sindicales para garantizar la no discriminación, la igualdad de trato y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo; señala que en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se ha consagrado el derecho a la negociación colectiva y a las acciones colectivas, y que la igualdad de trato es un principio fundamental de la Unión Europea;

2.

Opina que cualquier ciudadano de la Unión Europea debería tener derecho a trabajar en cualquier lugar de la Unión y que, por lo tanto, debería tener derecho a la igualdad de trato; lamenta por ello que este derecho no se aplique de manera uniforme en toda la Unión Europea; considera que los mecanismos transitorios que subsisten deben ser objeto de un examen minucioso por la Comisión para establecer en qué medida son realmente necesarios para evitar distorsiones en los mercados de trabajo nacionales y para suprimirlos, si procede, en el plazo más breve posible;

3.

Hace hincapié en que la libre prestación de servicios no contradice ni está por encima del derecho fundamental de los interlocutores sociales a promover el diálogo social y a emprender acciones colectivas, en particular porque se trata de un derecho constitucional reconocido en varios Estados miembros; subraya que la intención de la cláusula Monti era proteger estos derechos constitucionales en el contexto del mercado interior; recuerda al mismo tiempo que la libre circulación de los trabajadores es una de las cuatro libertades en el mercado interior;

4.

Expresa su satisfacción por el Tratado de Lisboa y el hecho de que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea haya de ser jurídicamente vinculante; observa que ello incluiría el derecho de los sindicatos a negociar y concluir convenios colectivos a niveles adecuados y, en caso de conflicto de intereses, a emprender acciones colectivas (como acciones de huelga) para defender sus intereses;

5.

Subraya que la libre prestación de servicios no está por encima de los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, del derecho de los sindicatos a emprender acciones colectivas, especialmente por tratarse de un derecho constitucional en varios Estados miembros; subraya, por lo tanto, que las sentencias del TJCE en los asuntos Rüffert, Laval y Viking muestran que es necesario aclarar que las libertades económicas establecidas en los Tratados deberían interpretarse de manera que no menoscaben el ejercicio de los derechos sociales fundamentales reconocidos en los Estados miembros y por el Derecho comunitario, incluido el derecho a negociar, celebrar y aplicar convenios colectivos y a emprender acciones colectivas, y que no menoscaben la autonomía de los interlocutores sociales en el ejercicio de estos derechos fundamentales en defensa de intereses sociales y de la protección de los trabajadores;

6.

Subraya que la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores permite a las autoridades públicas y a los interlocutores sociales establecer las condiciones de empleo y trabajo más favorables para los trabajadores, según las diferentes tradiciones en los Estados miembros;

7.

Subraya que el considerando 22 de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores establece que la Directiva no afectará a la normativa de los Estados miembros sobre las acciones colectivas con vistas a defender los intereses profesionales, lo que está confirmado en el artículo 137, apartado 5, del Tratado CE;

8.

Hace por lo tanto hincapié en la necesidad de salvaguardar y reforzar la igualdad de trato, la igualdad de retribución por un mismo trabajo en el mismo lugar de trabajo, como establecen los artículos 39 y 12 del Tratado CE; considera que, en el marco de la libre prestación de servicios o de la libertad de establecimiento, la nacionalidad del empresario, de los empleados, de los trabajadores o de los trabajadores desplazados no pueden justificar desigualdades en lo referente a las condiciones laborales, la retribución o el ejercicio de derechos fundamentales tales como el derecho a la huelga;

9.

Destaca la importancia de prevenir los efectos negativos en los modelos de mercado laboral que ya son capaces de combinar un alto nivel de flexibilidad en el mercado de trabajo con un alto nivel de seguridad y, por el contrario, de seguir promoviendo este enfoque;

10.

Constata que el efecto horizontal de determinadas provisiones del Tratado CE depende de que se cumplan condiciones precisas, entre otras, la condición de que dichas provisiones confieran derechos a un particular que tenga interés en respetar las obligaciones en cuestión; expresa su preocupación por que, en las circunstancias específicas de los recientes fallos del TJCE, el efecto horizontal del artículo 43 del Tratado CE se identificó debidamente, y opina que ello puede dar lugar a más recursos ante el TJCE;

11.

Acoge positivamente que, conforme a los principios y a las tradiciones de la Unión Europea, varios Estados miembros, en cooperación con los interlocutores sociales, han establecido unas elevadas normas para las condiciones de trabajo que mejoran el bienestar de todos los trabajadores y aumentan el crecimiento económico y la competitividad;

12.

Cree que la intención del legislador en las Directivas sobre desplazamiento de trabajadores y sobre los servicios es incompatible con unas interpretaciones que puedan fomentar la competencia desleal entre empresas; considera que las empresas que firman y aplican convenios colectivos podrían sufrir una desventaja competitiva frente a las empresas que se niegan a hacerlo;

13.

Considera que la aplicación y ejecución correctas de las disposiciones de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores son esenciales para asegurar el logro de sus objetivos, a saber, facilitar la prestación de servicios al mismo tiempo que se garantiza la protección adecuada de los trabajadores, así como respetar plenamente los dispositivos en materia de acuerdos colectivos existentes en los Estados miembros a los que se desplazan los trabajadores en el marco de dicha Directiva;

14.

Opina igualmente que la libre prestación de servicios transfronterizos en el mercado interior también queda reforzada si se garantiza que los proveedores nacionales y extranjeros han de cumplir unas condiciones económicas y laborales similares en el lugar de prestación del servicio;

15.

Promueve activamente la competitividad sobre la base del conocimiento y de la innovación, tal como se establece en la Estrategia de Lisboa;

16.

Pone en duda la introducción del principio de proporcionalidad para las acciones contra empresas que, al recurrir al derecho de establecimiento o de prestación de servicios transnacional, menoscaban deliberadamente los términos y condiciones de empleo; considera que no debe cuestionarse en absoluto el recurso a acciones colectivas para defender la igualdad de trato y garantizar unas condiciones de trabajo dignas;

17.

Hace hincapié en que las libertades económicas de la Unión Europea no pueden interpretarse en el sentido de que otorgan a las empresas el derecho a soslayar o eludir las disposiciones y prácticas nacionales en materia social y de empleo o imponer una competencia desleal a las retribuciones y a las condiciones laborales; considera, por lo tanto, que las acciones transfronterizas de las empresas que pueden menoscabar los términos y condiciones de empleo en el país de acogida deben ser proporcionadas y no pueden quedar automáticamente justificadas por las disposiciones del Tratado CE sobre la libre circulación de servicios o la libertad de establecimiento, por ejemplo;

18.

Hace hincapié en que la legislación comunitaria tiene que respetar el principio de no discriminación; destaca también que el legislador comunitario ha de garantizar que no se crea ningún obstáculo ni a los convenios colectivos, por ejemplo a los que aplican el principio de igualdad de retribución por el mismo trabajo para todos los trabajadores en el lugar de trabajo, cualquiera que sea su nacionalidad o la del empleador, en el lugar en que se presta el servicio, ni a las acciones colectivas en apoyo de tal convenio que sean conformes a la legislación o prácticas nacionales;

19.

Reconoce que las sentencias del TJCE en los asuntos Laval, Rüffert y Comisión/Luxemburgo han causado grandes preocupaciones en lo que respecta a la manera en que deben interpretarse las directivas de armonización mínima;

20.

Constata que las consideraciones de carácter social contempladas en los artículos 26 y 27 de la Directiva sobre la contratación pública permiten que los Estados miembros establezcan condiciones leales de competencia determinando condiciones de empleo y de trabajo más allá del nivel de protección mínimo;

21.

Opina que el limitado fundamento jurídico para la libertad de circulación establecido en la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores puede haber conducido a que esta Directiva se interprete como una invitación expresa a la competencia desleal en materia de salarios y condiciones de trabajo; considera, por lo tanto, que podría ampliarse el fundamento jurídico de dicha Directiva para que incluya una referencia a la libre circulación de trabajadores;

22.

Hace hincapié en que el contexto actual puede resultar en que los trabajadores en los países de acogida se sientan presionados por una competencia de sueldos bajos; considera, por lo tanto, que se ha de asegurar en todos los Estados miembros una aplicación coherente de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores;

23.

Recuerda que nueve Estados miembros han ratificado el Convenio 94 de la OIT; lamenta que incluso las resoluciones judiciales no tengan suficientemente en cuenta el Convenio 94 de la OIT; expresa su inquietud ante la posibilidad de que la aplicación de dicho Convenio en los Estados miembros afectados entre en conflicto con la aplicación de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores; pide a la Comisión que aclare urgentemente esta situación y que siga promoviendo la ratificación de este Convenio a fin de fomentar el desarrollo de las cláusulas sociales en las normas sobre contratación pública, lo que en sí constituye un objetivo de la Directiva sobre la contratación pública;

24.

Observa que no se ha reconocido que, de conformidad con los Convenios 87 y 98 de la OIT, las restricciones del derecho a emprender acciones colectivas y de los derechos fundamentales sólo pueden justificarse por razones de salud, orden público u otros factores similares;

25.

Pide a todos los Estados miembros que apliquen correctamente la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores; hace hincapié en que la legislación del mercado laboral y las normas sobre las negociaciones y los convenios colectivos son competencia de los Estados miembros y de los interlocutores sociales; destaca, a este respecto, que incumbe a los Estados miembros mejorar y hacer pleno uso de las medidas de prevención, seguimiento y aplicación, respetando el principio de subsidiariedad;

26.

Considera que la actual legislación comunitaria contiene incoherencias y deficiencias y que, por lo tanto, puede haberse prestado a interpretaciones de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores que eran ajenas a la intención del legislador comunitario, quien pretendía encontrar un equilibrio justo entre la libre prestación de servicios y la protección de los derechos de los trabajadores; pide a la Comisión que prepare las necesarias propuestas legislativas para contribuir a prevenir interpretaciones conflictivas en el futuro;

27.

Celebra, en este sentido, la declaración formulada por la Comisión el 3 de abril de 2008, en la que no sólo se compromete a seguir abordando la competencia basada en bajas condiciones laborales sino también destaca que la libre prestación de servicios no contradice ni está por encima de los derechos fundamentales a la huelga y a afiliarse a un sindicato; respalda la aplicación sin demora de las conclusiones del Consejo de 9 de junio de 2008 para remediar las deficiencias en la puesta en práctica, prevenir nuevas situaciones problemáticas y abusos, y crear el clima deseado de confianza mutua; pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten una cooperación más estrecha entre los Estados miembros, las autoridades nacionales y la Comisión con vistas al seguimiento y al intercambio de buenas prácticas; considera que ésta sería una manera eficaz para combatir los abusos;

28.

Constata la importancia de que las reglas aplicables en los mercados laborales de la Unión Europea sean transparentes e iguales para todos, pero también que las distintas tradiciones políticas dificultan en gran medida el establecimiento de un único modelo de mercado laboral; considera, por tanto, que, en aquellos casos en que ciertos Estados miembros se vean particularmente afectados, deberá realizarse a nivel nacional, un análisis detallado de las consecuencias de las sentencias antes mencionadas, en colaboración con los interlocutores sociales;

29.

Acoge positivamente la indicación de la Comisión de que ahora está dispuesta a reexaminar el impacto del mercado interior en los derechos laborales y en la negociación colectiva;

30.

Sugiere que esto no debería excluir una revisión parcial de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores; considera que cualquier revisión de dicha Directiva debería realizarse tras un análisis pormenorizado, a escala nacional, de los retos concretos a los que se enfrentan los distintos modelos de convenios colectivos, y que la revisión, en caso de considerarse de utilidad, debería abordar en particular cuestiones como las condiciones laborales aplicables, los niveles salariales, el principio de igualdad de trato de los trabajadores en el contexto de la libre circulación de servicios, el respeto de los diferentes modelos laborales y la duración del desplazamiento;

31.

Cree que no se ha de amenazar el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los Estados miembros, en los convenios de la OIT y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos el derecho a negociar, concluir y aplicar convenios colectivos y el derecho a desarrollar acciones sindicales;

32.

Destaca que ha de quedar meridianamente claro que la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores y otras directivas no prohíben a los Estados miembros ni a los interlocutores sociales exigir condiciones más favorables en favor de la igualdad de trato de los trabajadores, y que hay garantías de que la legislación comunitaria se puede aplicar sobre la base de todos los modelos laborales existentes;

33.

Pide a la Comisión que ponga en práctica cuanto antes las decisiones del Consejo sobre la creación de un sistema electrónico de intercambio de información, dado que podría permitir a los Estados miembros luchar con más eficacia contra los abusos;

34.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten medidas en contra de los abusos, en particular de las «empresas buzón», que no se dedican a negocios verdaderos y efectivos en el país de establecimiento, sino que han sido creadas, a veces incluso directamente por el principal contratista en el país de acogida, con el único fin de eludir la plena aplicación de las normas de este país, sobre todo en lo que respecta a los salarios y las condiciones de trabajo; pide a la Comisión que establezca normas claras para luchar contra las «empresas buzón» en su código de conducta para las empresas en el marco de la Directiva sobre los servicios;

35.

Reafirma que los derechos sociales fundamentales no están subordinados a los derechos económicos en una jerarquía de libertades fundamentales; pide por ello que se reafirme en Derecho primario el equilibrio entre los derechos fundamentales y las libertades económicas para contribuir a evitar una carrera hacia unas normas sociales más bajas;

36.

Acoge positivamente la posición común del Consejo sobre una nueva Directiva sobre las agencias de trabajo temporal que prevea un trato no discriminatorio a partir del primer día de trabajo, salvo si los interlocutores sociales adoptan una decisión diferente;

37.

Pide a la Comisión que presente la tan esperada Comunicación sobre la negociación colectiva transnacional en la que proponga la creación de un marco jurídico para los convenios colectivos transnacionales;

38.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

21.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 15/58

A.

Considerando que la segunda ronda de conversaciones entre la UE y Vietnam tuvo lugar en Hanoi los días 20 y 21 de octubre de 2008,

B.

Considerando que la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento celebró una audiencia sobre Vietnam, Laos y Camboya el 25 de agosto de 2008,

C.

Considerando que la próxima reunión en el marco del diálogo sobre derechos humanos entre la troika de la UE y Vietnam está programada para diciembre de 2008,

D.

Considerando que el artículo 1 del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y la República Socialista de Vietnam establece que «el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos constituye el fundamento de la cooperación entre las Partes y de las disposiciones del presente Acuerdo y un elemento esencial del mismo»,

E.

Considerando que la libertad de reunión está siendo objeto de graves restricciones en Vietnam: el Gobierno vietnamita tomó en septiembre de 2008 una serie de medidas —las más severas de las últimas décadas— contra manifestantes católicos pacíficos que participaban en vigilias de oración en Hanoi para pedir la devolución de las propiedades de la Iglesia confiscadas por el Gobierno de Vietnam,

F.

Considerando que la libertad de prensa está siendo objeto de graves restricciones en Vietnam: se ha detenido o sancionado a varios periodistas vietnamitas en 2008 por informar acerca de la corrupción institucional y, el 19 de septiembre de 2008, la policía detuvo y golpeó a Ben Stocking, jefe de la oficina de Associated Press en Hanoi, por cubrir una concentración pacífica de vietnamitas católicos en Hanoi,

G.

Considerando que las minorías étnicas de las mesetas del norte y del centro del país siguen sufriendo discriminación, la confiscación de sus tierras y la violación de sus libertades religiosa y cultural; considerando que ni las organizaciones no gubernamentales independientes ni los periodistas extranjeros tienen libre acceso a las mesetas del centro del país para valorar la situación real de los montagnard, en particular los que fueron repatriados de Camboya por la fuerza; considerando que desde 2001 se ha condenado a penas de cárcel a más de 300 montagnard por realizar actividades políticas o religiosas pacíficas,

H.

Considerando que, a pesar de los constantes y reiterados llamamientos de la comunidad internacional, el patriarca supremo de la Iglesia Budista Unificada de Vietnam, Thích Qung Đ (de 79 años), galardonado con el Premio Rafto en 2006 por su defensa de los derechos humanos, ha sido encarcelado en numerosas ocasiones desde 1982 y aún permanece bajo arresto domiciliario efectivo,

I.

Considerando que el Gobierno vietnamita aún no ha reconocido a la Iglesia Budista Unificada de Vietnam, la mayor organización de budistas de Vietnam,

J.

Considerando que Vietnam ha aplicado una serie de leyes que limitan la libertad de acceso a Internet, con filtros y controles de contenido, y ha detenido a numerosos «disidentes cibernéticos» por utilizar Internet para difundir sus puntos de vista sobre los derechos humanos y la democracia o por participar en debates en línea sobre la democracia; que, el 10 de septiembre de 2008, el escritor en Internet y activista en pro de la democracia Nguyen Hoang Hai, conocido por su pseudónimo Điu Cày, fue condenado a una pena de prisión,

K.

Considerando que determinados miembros de la minoría étnica jemer (jemer krom), en el sur de Vietnam, han sido objeto de persecución religiosa y han visto sus tierras confiscadas; que las autoridades obligaron a colgar los hábitos a una veintena de monjes budistas jemeres krom por su participación en una protesta pacífica en febrero de 2007 que pedía mayor libertad religiosa, y que condenaron a cinco de ellos a una pena de prisión; que las autoridades vietnamitas han puesto al monje jemer krom Tim Sakhorn bajo arresto domiciliario después de su liberación de la prisión en junio de 2008; que las autoridades han utilizado una fuerza excesiva contra agricultores jemeres krom que pedían una solución a los conflictos en torno a las tierras,

1.

Subraya que el diálogo entre la Unión Europea y Vietnam sobre derechos humanos debe tener como resultado mejoras tangibles en Vietnam; pide al Consejo y a la Comisión que evalúen de nuevo la política de cooperación con Vietnam teniendo en cuenta el artículo 1 del Acuerdo de Cooperación de 1995, que basa esta cooperación en el respeto de los principios democráticos y los derechos fundamentales;

2.

Pide a la Comisión que fije parámetros claros para la evaluación de los proyectos de desarrollo actuales en Vietnam, a fin de garantizar que cumplen con la cláusula sobre derechos humanos y democracia contenida en el Acuerdo;

3.

Pide a la Comisión y al Consejo —en el marco de las negociaciones en curso sobre un nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y Vietnam, que incluirá una cláusula clara sobre derechos humanos y democracia, acompañada de un mecanismo de aplicación para dicha cláusula— que planteen a la parte vietnamita la necesidad de poner fin a la actual violación sistemática de la democracia y los derechos humanos antes de la conclusión del Acuerdo y que, en particular, soliciten al Gobierno de Vietnam que:

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros de la ASEAN, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Gobierno y al Parlamento de Vietnam.

21.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 15/61

A.

Considerando que la piratería en alta mar representa una amenaza creciente para la vida humana y la seguridad, especialmente en la región situada frente al litoral de Somalia y el Cuerno de África, incluso para la ayuda humanitaria a unos tres millones y medio de personas que la necesitan,

B.

Considerando, además, que ya se han producido denuncias sobre el incremento de la piratería en otras zonas del mundo, como el Canal de Mozambique, determinadas aguas próximas a la India y el Caribe,

C.

Considerando que el conflicto permanente y la inestabilidad política en Somalia han dado lugar a actos de piratería y robos a mano armada,

D.

Considerando que, en el último año, han aumentado el número y la frecuencia de los ataques criminales contra pesqueros y buques mercantes y de pasajeros comunitarios que navegaban en aguas internacionales frente al litoral africano, lo cual representa un peligro para la vida de las tripulaciones y tiene efectos negativos importantes en el comercio internacional,

E.

Considerando que la libre circulación de los buques que llevan a cabo su actividad comercial legítima en alta mar es una condición imprescindible para el desarrollo del comercio internacional,

F.

Considerando que estos actos de piratería representan una amenaza inmediata para los marinos, cuya subsistencia depende de la seguridad y del ejercicio legítimo de su profesión y de sus actividades comerciales en el mar,

G.

Considerando que los pescadores de la UE han sido uno de los objetivos de los piratas en alta mar y que la amenaza que representa la piratería ha obligado a un número considerable de buques pesqueros comunitarios a retirarse a zonas situadas a cientos de kilómetros del litoral somalí o a reducir su actividad pesquera en la región,

H.

Considerando que varias víctimas de la piratería eran pacíficos ciudadanos que se dedicaban a sus actividades a bordo de embarcaciones de ocio en los mares de la región del Cuerno de África,

I.

Considerando que estos actos de piratería son, en cierta medida, el resultado de la situación de violencia e inestabilidad política que sufre Somalia, pero que, al mismo tiempo, contribuyen a ella, con repercusiones sobre el resto de la región del Cuerno de África, con todas sus rémoras para la población civil somalí en términos de exposición a las amenazas, falta de desarrollo e interrupción de la ayuda alimentaria y de otras actividades humanitarias,

J.

Considerando que en 2007, según se ha informado, 20 miembros de tripulaciones resultaron asesinados, 153 heridos o agredidos y 194 secuestrados,

K.

Considerando que, para hacer frente a la agravación de este fenómeno, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas trabaja actualmente en una nueva resolución, cuyo objeto es movilizar a la comunidad internacional con vistas a una mejor aplicación de los instrumentos de represión y de prevención existentes en el Derecho marítimo y en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

1.

Insta al Gobierno Federal de Transición de Somalia a que, en colaboración con las Naciones Unidas y la Unión Africana, persiga como actos delictivos la piratería y el robo a mano armada perpetrados a partir del litoral somalí contra buques que transportan ayuda humanitaria y detenga a sus autores de conformidad con el Derecho internacional vigente;

2.

Toma nota de la Acción Común 2008/749/PESC, que establece una acción de coordinación militar en apoyo a la Resolución 1816 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (EU NAVCO);

3.

Pide a los Estados miembros que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que renueven las autorizaciones concedidas por la Resolución no 1816(2008) como fue la intención incluida en la resolución no 1838(2008);

4.

Pide a la Comisión que busque soluciones para proteger de la piratería a los buques de pesca, con pabellón de la UE u otros, que faenan en aguas internacionales del noroeste del Océano Índico, cooperando, si procede, con la Comisión del Atún para el Océano Índico;

5.

Lamenta que el Consejo no consultara al Parlamento sobre la decisión de emprender esta operación de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), e insta al Consejo a que le suministre información sobre el alcance de la acción y el cometido exacto que desempeñará la Célula de Coordinación de la UE en el Consejo Europeo en apoyo de la misión marítima de la PESD: EU NAVCO;

6.

Insta al Consejo a que distinga claramente entre el futuro mandato de la PESD y las actividades para combatir la piratería que llevan a cabo sus Estados miembros en el marco de la Operación Libertad Duradera-Cuerno de África, dirigidas a contrarrestar las actividades terroristas; pide, asimismo, que se formulen directrices claras para la detención y el enjuiciamiento de los piratas capturados; insta, asimismo, al Consejo a que evite toda implicación de la EU NAVCO en el actual conflicto de Somalia; pide una coordinación eficaz con otros buques de guerra en la región, y especialmente con los navíos de los Estados Unidos y Rusia;

7.

Insta al Consejo y a la Comisión a que velen por que se revisen y actualicen cuanto antes los instrumentos jurídicos con que cuenta la Organización Marítima Internacional (OMI) para combatir la piratería y el robo a mano armada con objeto de perseguir y condenar a los autores de estos delitos;

8.

Pide al Consejo y a la Comisión que alienten a los Estados ribereños y a los Estados miembros de la UE a que ratifiquen el Protocolo de 2005 de la Convención para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima;

9.

Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que traspongan cuanto antes a sus ordenamientos jurídicos nacionales las disposiciones pertinentes del Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del mar y del Convenio contra la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, que permiten el establecimiento de una jurisdicción clara y, por tanto, garanticen la persecución penal en toda seguridad jurídica en caso de captura de piratas o perpetradores de ataques a mano armada en el mar;

10.

Saluda la intención de la Comisión de mejorar la coordinación con las agencias europeas encargadas de la vigilancia marítima, haciendo especial hincapié en la prevención de actividades ilegales como la trata de seres humanos, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal, centrándose en particular en las aguas internacionales; insta al Consejo a que no equipare el desafío que plantea el terrorismo con las cuestiones de la inmigración ilegal, la trata de seres humanos y el tráfico de drogas;

11.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión dirigida a promover las negociaciones para una mejor gestión del espacio marítimo con terceros países, y respalda firmemente la creciente cooperación con los países vecinos para la protección de los mares más allá de las jurisdicciones nacionales;

12.

Condena categóricamente el comercio de armas y municiones con bandas organizadas que comenten actos de piratería; insta a las organizaciones internacionales competentes a que recomienden las medidas adecuadas para impedir que las armas lleguen a manos de esos grupos piratas;

13.

Pide a la Comisión que facilite información al Parlamento acerca de todas las decisiones que adopte sobre la financiación de proyectos relativos a las rutas marítimas de riesgo en el Cuerno de África, el estrecho de Bab el Mandab y el Golfo de Adén;

14.

Pide a la Comisión que examine de qué forma podría brindarse apoyo práctico a la Agenda de la OMI de Sana'a/Dar es Salaam y, en particular, a la creación de un centro o sistema regional de información marítima en relación con este asunto;

15.

Acoge con satisfacción los progresos realizados por el Consejo Europeo en la preparación de una operación naval de la Unión Europea contra la piratería, con el fin de garantizar la seguridad de los buques de carga que transitan por un corredor naval en el Golfo de Adén;

16.

Lamenta que la acción adoptada del Consejo no afecte a las zonas de pesca de esta región, y pide que se adopten rápidamente medidas en este sentido;

17.

Pide a la Comisión que cree cuanto antes, en el marco de la nueva política marítima integrada, un sistema comunitario de cooperación y coordinación mutua que permita que los navíos militares que enarbolen el pabellón de un Estado miembro en aguas internacionales estén autorizados a proteger a los buques pesqueros y mercantes de otros Estados miembros;

18.

Aplaude, por tanto, la adopción de una enmienda a la primera lectura del Parlamento del Presupuesto general de la Unión Europea para 2009 con el fin de crear una nueva línea presupuestaria destinada a financiar un proyecto piloto que analice las posibilidades de financiación, gestión y coordinación de un plan de acción comunitario para la protección de los buques comunitarios que transiten u operen en zonas amenazadas por la piratería internacional;

19.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que respalden activamente, en el marco de las Naciones Unidas y de la OMI, la iniciativa promovida por varios Estados miembros de extender el derecho de persecución por mar y por aire a las aguas territoriales de los Estados ribereños, siempre y cuando se cuente con el acuerdo de los países interesados, y a que desarrollen un mecanismo de asistencia coordinada para hacer frente a los casos de piratería marítima; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen activamente para asegurar la aprobación de una nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dado que la Resolución 1816(2008) llegará a su término el 2 de diciembre de 2008;

20.

Desea que la Comisión y las Naciones Unidas, al mismo tiempo que se aseguran los convoyes y se ejerce el derecho de persecución de los agresores, no descuiden la vía de la cooperación y la normalización políticas con los Estados de la región, con el fin de permitirles prevenir y luchar mejor contra la delincuencia marítima y sus múltiples causas;

21.

Pide al Consejo y a los Estados miembros que expliquen los objetivos de la operación militar naval de la UE en el marco de la Resolución 1816(2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para reprimir la piratería y el robo a mano armada frente al litoral de Somalia; reconoce que las Resoluciones 1816(2008) y 1838 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se elaboraron en el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas como única vía para legitimar el uso de la fuerza; subraya, no obstante, que en ningún caso se deben considerar los actos de piratería ni los actos contra la piratería como actos de guerra; insta al Consejo Europeo a que aborde la piratería como un delito en virtud del Derecho internacional aplicable;

22.

Pide al Consejo que haga todo lo posible para identificar y desmantelar las redes de delincuencia organizada que se benefician de estas acciones;

23.

Pide a la Comisión y a la comunidad internacional que desplieguen todos los recursos humanos y financieros necesarios para ayudar a la creación de un régimen democrático y estable en Somalia para luchar de forma eficaz y a largo plazo contra la piratería en alta mar;

24.

Pide al Consejo y a los Estados miembros que adopten normas de intervención claras y jurídicamente indiscutibles para las fuerzas navales que participan en estas operaciones;

25.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

21.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 15/64

1.

Constata los progresos realizados por la Comisión en la eliminación de las exigencias de conciliación a los emisores de la Unión Europea en terceros países; reconoce que se han tomado medidas para el reconocimiento de los principios contables generalmente aceptados de Estados Unidos (PCGA de Estados Unidos) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) tal como fueron adoptados por la Unión Europea;

2.

Opina que los principios contables generalmente aceptados de terceros países (PGCA de terceros países) deben considerarse equivalentes a las NIIF adoptadas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 si los inversores están en condiciones de tomar decisiones similares independientemente de que dispongan de estados financieros basados en NIIF de estas características o en PGCA de países terceros y si la garantía en materia de auditoría y la aplicación al nivel de las entidades son suficientes para inspirar confianza a los inversores;

3.

Expresa su convencimiento de que los reguladores deben mantener un diálogo activo con sus homólogos internacionales en lo que respecta a la aplicación y el cumplimiento coherente de las NIIF, y mejorar la cooperación y el intercambio de informaciones;

4.

Toma nota de que las NIIF publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ofrecen una base sólida para que los reguladores se esfuercen por lograr la convergencia de las normas de contabilidad a escala mundial; opina que la aplicación en todo el mundo de unas normas contables internacionales podría mejorar la transparencia y la comparabilidad de los estados financieros, con el consiguiente beneficio importante para empresas e inversores;

5.

Expresa su convencimiento de que la convergencia de las normas de contabilidad es una tarea importante, pero subraya que el objetivo último debe ser que todas las jurisdicciones se hagan cargo de las NIIF, a la vez que respetan su propio marco democrático y jurídico;

6.

Acoge con satisfacción el Reglamento (CE) no 1569/2007,, que ofrece la definición de equivalencia y establece un mecanismo que permite determinar la equivalencia de los GAAP de terceros países; subraya que el Reglamento (CE) no 1569/2007 requiere que la Decisión de la Comisión sea tal que se permita a los emisores de la Comunidad utilizar NIIF adoptadas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 en el tercer país de que se trate;

7.

Señala que los Estados Unidos solamente reconocen los estados financieros preparados con arreglo a NIIF emitidas por el IASB; reconoce, no obstante, que los Estados Unidos ofrecen un breve período de transición durante el cual los estados financieros preparados con arreglo a NIIF adoptadas en virtud del Reglamento (CE) no 1606/2002 también se aceptan sin requisitos de conciliación;

8.

Hace hincapié en que determinados países terceros aún no han comunicado con claridad cuándo se aplicarán las NIIF a sus emisores nacionales;

9.

Considera que el proyecto de Reglamento de la Comisión y el proyecto de Decisión de la Comisión deben ser coherentes con las condiciones contempladas en el Reglamento (CE) no 1569/2007 y con la presente resolución;

10.

Acoge con satisfacción los programas de trabajo presentados recientemente por determinados países terceros para pasar a las NIIF; pide a la Comisión que supervise los avances de la ejecución de estos programas con miras a suprimir el reconocimiento de la equivalencia cuando se llegue a las fechas establecidas para el cambio;

11.

Señala que se han presentado propuestas para desarrollar la gobernanza del IASB;

12.

Toma nota del informe de la Comisión, de 22 de abril de 2008, sobre los progresos hacia la eliminación de las exigencias de conciliación y los esfuerzos de los responsables de la normalización en terceros países para converger con las NIIF;

13.

Propone las siguientes modificaciones al proyecto de Reglamento de la Comisión:

14.

Propone las siguientes modificaciones al proyecto de Decisión de la Comisión: