14.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 8/1

A.

Considerando que, por segunda vez en la historia, las Naciones Unidas organizan una Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en Doha del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2008, con vistas a reunir a los Jefes de Estado y de Gobierno y no sólo a los ministros de Desarrollo sino también a los de Finanzas así como a los representantes de las organizaciones financieras internacionales, la banca privada, la sociedad civil y el tejido empresarial para examinar los progresos realizados desde la Conferencia de Monterrey,

B.

Considerando que la consecución de los ODM exige mucha más financiación,

C.

Considerando que la financiación para el desarrollo debería definirse como la manera más rentable de responder a las necesidades de desarrollo a escala mundial y las inseguridades globales,

D.

Considerando que resulta más necesario que nunca contar con recursos financieros predecibles y sostenibles, en particular a la luz del desafío del cambio climático y sus implicaciones, incluidos los desastres naturales, y la particular vulnerabilidad de los países en desarrollo,

E.

Considerando que la UE es el mayor donante de ayuda mundial, un miembro destacado de las instituciones financieras internacionales y el socio comercial más importante de los países en desarrollo,

F.

Considerando que la UE se ha impuesto a sí misma un calendario claro y vinculante para alcanzar el objetivo del 0,56 % del PIB antes de 2010 y el objetivo del 0,7 % del PIB antes de 2015,

G.

Considerando que, si persisten las actuales tendencias con respecto a los niveles de AOD de los Estados miembros, algunos Estados miembros no alcanzarán los objetivos a los que se han comprometido del 0,51 % para la UE-15 (es decir, los Estados miembros de la UE anteriores a la ampliación de 2004) y del 0,17 % del PIB para la UE-12 (es decir, los Estados miembros que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 y el 1 de enero de 2007) antes de 2010,

H.

Considerando que la ayuda programable a África se incrementa a pesar del descenso general de la AOD en 2007,

I.

Considerando que recientemente han surgido nuevos desafíos importantes en materia de desarrollo, incluidos el cambio climático, cambios estructurales en los mercados de los productos básicos, en particular los mercados de los alimentos y el petróleo, y novedades destacadas en la cooperación Sur-Sur, incluidos el apoyo a la infraestructura prestado por China en África y los préstamos del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) en América Latina,

J.

Considerando que en muchos países en desarrollo los servicios financieros no están suficientemente desarrollados como consecuencia de numerosos factores, como las restricciones impuestas a la prestación de servicios, y la falta de seguridad jurídica y de derechos de propiedad,

1.

Confirma su compromiso con la erradicación de la pobreza, con el desarrollo sostenible y con la consecución de los ODM como única manera de llevar la justicia social y una mejor calidad de vida a los cerca de mil millones de personas que viven en la más absoluta pobreza en el mundo, es decir, que poseen una renta inferior a un dólar estadounidense diario;

2.

Pide a los Estados miembros que distingan claramente entre gasto de desarrollo y gasto de política exterior y subraya, a este respecto, que la AOD debería ajustarse a los criterios en materia de AOD establecidos por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE/CAD), así como a las recomendaciones del OCDE/CAD sobre la desvinculación de la AOD;

3.

Destaca que es absolutamente necesario que la UE aspire a alcanzar el máximo nivel de coordinación para lograr la coherencia con otras políticas comunitarias (medio ambiente, migración, derechos humanos, agricultura, etc.) y evitar la duplicación de tareas y la incoherencia de las actividades;

4.

Recuerda que las necesarias acciones que la UE ha de emprender sin demora para hacer frente a las dramáticas consecuencias de los desorbitados precios de los alimentos en los países en desarrollo no deben considerarse ni ejecutarse como parte de los esfuerzos financieros que exige el Consenso de Monterrey; está a la espera, por ello, de que la Comisión presente una propuesta concreta sobre la utilización de los fondos de emergencia;

5.

Subraya que la excesiva y desproporcionada carga administrativa existente en algunos de los países socios va en detrimento de la eficacia de la ayuda al desarrollo; teme que esta carga pueda poner en peligro la consecución de los ODM;

6.

Observa que la UE todavía tiene que encontrar el equilibrio justo entre dos enfoques contradictorios de la ayuda al desarrollo: por una parte, confiar en que los países socios asignan adecuadamente los fondos y ayudar a sus administraciones a desarrollar las herramientas adecuadas para el uso de los mismos, y, por otra parte, asignar la ayuda financiera para impedir el uso indebido o la asignación ineficaz de la ayuda;

7.

Señala que la UE es el mayor donante mundial de AOD al aportar prácticamente el 60 % de la AOD mundial, y celebra que la aportación de la UE a la AOD global vaya aumentando con el paso de los años; pide, no obstante, a la Comisión que facilite datos claros y transparentes sobre la parte correspondiente del presupuesto de la UE destinada a la ayuda al desarrollo de la UE, con el fin de evaluar el seguimiento del Consenso de Monterrey por parte de todos los donantes europeos; manifiesta su pesar por que el nivel de las contribuciones financieras de la UE a los países en desarrollo no es visible, y pide a la Comisión que desarrolle herramientas de comunicación e información adecuadas y específicas para que la ayuda al desarrollo de la UE se vea más;

8.

Se congratula de que la UE haya cumplido su objetivo vinculante en materia de AOD de alcanzar una media de la UE del 0,39 % del PIB antes de 2006, pero toma nota del alarmante descenso de la ayuda de la UE de 47700 millones de euros en 2006 (0,41 % del PIB colectivo de la UE) a 46100 millones de euros en 2007 (0,38 % del PIB colectivo de la UE), y pide a los Estados miembros que incrementen sus respectivos volúmenes de AOD para alcanzar su objetivo prometido del 0,56 % del PIB en 2010;

9.

Insiste en que no debería volver a reducirse el volumen de la AOD comunicada por los Estados miembros; señala que, si continúa la tendencia actual, la UE habrá destinado 75000 millones de euros menos de lo prometido para el período 2005-2010;

10.

Expresa su grave preocupación por que la mayoría de los Estados miembros (18 de los 27, especialmente Letonia, Italia, Portugal, Grecia y la República Checa) no haya logrado incrementar su nivel de AOD entre 2006 y 2007, y por que en algunos países, como Bélgica, Francia y el Reino Unido, se haya constatado incluso una dramática reducción de más del 10 %; pide a los Estados miembros que cumplan el volumen de AOD al que se han comprometido; toma nota con satisfacción de que algunos Estados miembros (Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, España, Suecia y los Países Bajos) estén seguros de alcanzar sus objetivos de AOD para 2010 y expresa su confianza en que esos países mantengan sus altos niveles de AOD;

11.

Celebra la firme posición adoptada por la Comisión en el sentido de que los esfuerzos deben concentrarse tanto en la cantidad como en la calidad de la ayuda al desarrollo concedida por los Estados miembros, y respalda enérgicamente su advertencia respecto de las muy negativas consecuencias que podría tener el incumplimiento por parte de los Estados miembros de sus compromisos financieros; pide a la Comisión que utilice su experiencia y autoridad para convencer a otros donantes públicos y privados de que cumplan sus promesas financieras;

12.

Expresa su gran alarma por que algunos Estados miembros esperan hasta el final del período previsto para incrementar la AOD, lo que supone para los países en desarrollo una pérdida superior a los 17000 millones de euros;

13.

Celebra el enfoque de algunos Estados miembros de elaborar calendarios plurianuales vinculantes de incremento de los niveles de AOD para cumplir el objetivo de las Naciones Unidas del 0,7 % para 2015; pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que den a conocer lo antes posible sus calendarios plurianuales; destaca que los Estados miembros deberían adoptarlos antes de la mencionada Conferencia Internacional de Seguimiento sobre la Financiación para el Desarrollo que se celebrará en Doha y cumplir sus compromisos;

14.

Observa que los descensos de los niveles de ayuda comunicada en 2007 obedecen en algunos casos al inflamiento artificial de las cifras en 2006 debido a la reducción de la deuda; pide a los Estados miembros que incrementen sosteniblemente sus niveles de AOD sirviéndose de cifras desprovistas del factor de reducción de la deuda;

15.

Considera totalmente inaceptable la discrepancia entre las frecuentes promesas de mayor asistencia financiera y el nivel mucho más bajo de los importes realmente desembolsados, y manifiesta su preocupación por las muestras de hastío que están dando algunos Estados miembros en relación con la ayuda;

16.

Subraya que la consulta a los gobiernos socios, los parlamentos nacionales y las organizaciones de la sociedad civil es esencial en la toma de decisiones en materia de volúmenes y destinos de la AOD;

17.

Destaca que la asistencia debe facilitarse oportunamente y expresa su disgusto por la frecuente demora injustificada de los trámites de entrega;

18.

Destaca la necesidad de mostrar flexibilidad en la entrega de fondos de cooperación para responder a circunstancias cambiantes como el incremento del precio de los alimentos, con vistas a que la financiación sea predecible y permita a los países socios planificar un desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático así como la mitigación del mismo;

19.

Solicita firmemente que se respeten plenamente los principios de préstamo y financiación responsables para que las operaciones de préstamo y financiación sean sostenibles en materia de desarrollo económico y medio ambiental y se ajusten a los Principios de Ecuador; pide a la Comisión que intervenga en la adopción de esos Principios y promueva en los foros internacionales medidas para su aplicación vinculante, de tal manera que su ámbito de aplicación se amplíe a los nuevos actores del desarrollo de los sectores público y privado;

20.

Expresa su pleno apoyo a los esfuerzos de los países en desarrollo por preservar la sostenibilidad a largo plazo de la deuda y aplicar la Iniciativa en favor de los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE), pues resulta de vital importancia para alcanzar los ODM; lamenta, no obstante, que los planes de reducción de la deuda excluyan a un gran número de países para los que la deuda sigue siendo un obstáculo para la realización de los ODM; insiste en que se celebre un debate internacional urgente sobre la ampliación de las medidas internacionales de reducción de la deuda a varios países endeudados, que actualmente están excluidos de la Iniciativa PPAE;

21.

Pide a la Comisión que aborde la cuestión de la deuda «odiosa» o ilegítima, es decir, la deuda contraída como consecuencia de préstamos irresponsables, egoístas, imprudentes e injustos, así como los principios de financiación responsable en las negociaciones bilaterales y multilaterales sobre la reducción de la deuda; celebra el llamamiento de la Comisión a intervenir para limitar, en el caso de procedimientos judiciales, los derechos de los acreedores comerciales y de los fondos buitre a ser reembolsados;

22.

Pide a todos los Estados miembros que se adhieran al marco de sostenibilidad de la deuda y que insistan en que su evolución tenga en cuenta la deuda interna de los Estados y sus necesidades financieras; pide a todos los Estados que reconozcan que la responsabilidad de los prestamistas no se limita al respeto del marco de sostenibilidad, sino que también incluye los siguientes aspectos:

23.

Insta a la UE a que fomente los esfuerzos internacionales destinados a instaurar algún tipo de procedimiento internacional de insolvencia o procedimientos de arbitraje justos y transparentes con objeto de poder hacer frente con eficacia y equidad a cualquier crisis futura de la deuda;

24.

Lamenta que la Comisión no haga más hincapié en la movilización de los recursos internos para la financiación del desarrollo, ya que estos recursos son fuente de mayor autonomía para los países en desarrollo; alienta a los Estados miembros a que participen plenamente en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y a que soliciten su refuerzo; pide a la Comisión que exija al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) que en las normas internacionales de contabilidad se integre la exigencia de informar país por país de las actividades de las empresas multinacionales en todos los sectores;

25.

Lamenta que en el paquete de comunicaciones de la Comisión sobre la eficacia de la ayuda (COM(2008)0177) no se mencione la fuga de capitales como factor de riesgo para las economías de los países en desarrollo; indica que la fuga de capitales perjudica gravemente al desarrollo de sistemas económicos sostenibles en los países en desarrollo, y recuerda que la evasión fiscal cuesta cada año a los países en desarrollo más de lo que reciben en forma de AOD; pide a la Comisión que incluya en sus políticas medidas de prevención de la fuga de capitales, según se reivindica en el Consenso de Monterrey, incluido un análisis escrupuloso de las causas de la fuga de capitales, con objeto de acabar con los paraísos fiscales, algunos de los cuales se encuentran en la UE o funcionan en estrecha relación con los Estados miembros;

26.

Señala, en particular, que según el Banco Mundial el componente ilícito de esta fuga de capitales representa cada año entre 1 000 000 y 1 600 000 millones de dólares estadounidenses, y que la mitad de este importe procede de los países en desarrollo; alienta los esfuerzos internacionales emprendidos en favor de la congelación y la restitución de los activos malversados, y pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; lamenta que no se empleen los mismos esfuerzos para luchar contra la evasión fiscal, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la ampliación a nivel mundial del principio de intercambio automático de información fiscal, que soliciten que se adjunte el Código de conducta contra la evasión fiscal en curso de elaboración en el Comité Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) a la Declaración de Doha, y que apoyen la transformación del Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributaciónde las Naciones Unidas en un verdadero órgano intergubernamental, dotado de recursos reforzados y encargado de la lucha internacional contra la evasión fiscal junto con la OCDE;

27.

Se congratula de las propuestas de mecanismos innovadores de financiación presentadas por los Estados miembros y pide a la Comisión que las examine con arreglo a los indicadores de fácil aplicación práctica, sostenibilidad, adicionalidad, costes de transacción y eficiencia; reclama mecanismos e instrumentos financieros que ofrezcan nueva financiación y no hagan peligrar los futuros flujos financieros;

28.

Reclama mecanismos e instrumentos financieros que ofrezcan medidas de movilización del capital privado, según se proclama en el Consenso de Monterrey, y prevean garantías crediticias;

29.

Pide a la Comisión que refuerce considerablemente la financiación de las medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación del mismo en los países en desarrollo, en particular los de la Alianza Global contra el Cambio Climático; subraya la urgente necesidad de obtener una financiación superior a los flujos actuales de la AOD, pues la AOD por sí sola no proporciona un apoyo adecuado para las medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación del mismo en los países en desarrollo; destaca que deben desarrollarse sin demora mecanismos financieros innovadores con este fin, tales como impuestos sobre la aviación y el comercio de petróleo, y mediante la asignación de los ingresos procedentes de subasta resultantes del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE);

30.

Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de crear un mecanismo mundial de financiación de la lucha contra el cambio climático, basado en el principio de anticipación de la ayuda para financiar las medidas de mitigación y adaptación en los países en desarrollo; pide a los Estados miembros y a la Comisión que asuman compromisos financieros importantes con objeto de poder aplicar urgentemente esta propuesta;

31.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que destinen al menos el 25 % de los futuros ingresos procedentes de subasta, resultantes del RCCDE, a la financiación de medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación del mismo en los países en desarrollo;

32.

Pide a la Comisión que desarrolle el acceso de los pequeños empresarios y agricultores a la financiación, con vistas a incrementar la producción alimentaria y dar una solución sostenible a la crisis alimentaria;

33.

Pide al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que examine las posibilidades existentes de crear inmediatamente un fondo de garantía que apoye los programas de microcréditos y de cobertura de riesgos que se ajusten a las necesidades de los productores locales de alimentos en los países en desarrollo más pobres;

34.

Acoge con satisfacción la propuesta de creación de un Fondo Multidonante de Género, lanzada en el seno de las Naciones Unidas, que sería gestionado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), con el objetivo de promover y financiar políticas de igualdad de género en los países en desarrollo; pide al Consejo y a la Comisión que estudien y suscriban dicha iniciativa internacional;

35.

Solicita que se redoblen los esfuerzos por fomentar el desarrollo de los servicios financieros, dado que el sector bancario puede desbloquear la financiación local para el desarrollo y que, además, un sector de los servicios financieros estable constituye la mejor manera de luchar contra la fuga de capitales;

36.

Pide a todas las partes interesadas que reconozcan plenamente el enorme potencial de los ingresos obtenidos a partir de los recursos naturales; considera esencial, en este sentido, que las industrias de explotación de recursos naturales sean transparentes; considera que, si bien la EITI y el Proceso de Kimberley avanzan en la buena dirección, queda todavía mucho por hacer para promover la gestión transparente de las industrias de explotación de recursos naturales y de sus ingresos;

37.

Pide al Consejo y a la Comisión que incluyan el Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto de la UE en el contexto de la revisión a medio plazo 2008/2009, a fin de reforzar la legitimidad democrática de una importante parte de la política de desarrollo de la UE y de su presupuesto;

38.

Toma nota del primer paso, dado en abril de 2008, hacia una mejor representación de los países en desarrollo en el seno del Fondo Monetario Internacional (FMI); lamenta que el reparto de los derechos de voto en el FMI siga respondiendo esencialmente a una ponderación basada en la riqueza; pide a la Comisión y a los Estados miembros que manifiesten su interés por la toma de decisiones por mayoría doble (accionistas/Estados) en el seno de la institución responsable de la estabilidad financiera internacional, el FMI;

39.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aprovechen la oportunidad que ofrece la mencionada Conferencia Internacional de Seguimiento sobre la Financiación para el Desarrollo para presentar una posición común de la UE sobre la ayuda al desarrollo concebida con objeto de alcanzar los ODM mediante un enfoque sostenible;

40.

Pide a los Estados miembros que emprendan una reforma rápida y ambiciosa del Banco Mundial con objeto de que las partes más directamente afectadas por sus programas estén mejor representadas;

41.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Secretario General de las Naciones Unidas y a los dirigentes de la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Grupo del Banco Mundial y el ECOSOC.

14.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 8/7

A.

Acogiendo con satisfacción la publicación del Cuadro de indicadores del mercado interior, que contribuye a reducir el déficit de transposición,

B.

Considerando que todos los Estados miembros están legalmente obligados a transponer todas las directivas relativas al mercado interior dentro de los plazos establecidos,

C.

Considerando que el Cuadro de indicadores tiene como objetivo primordial alentar a los Estados miembros para que velen por una transposición en los plazos establecidos,

D.

Considerando que el déficit actual de transposición del 1,2 % no alcanza el objetivo del 1 % acordado por los Jefes de Estado y de Gobierno en 2007,

E.

Considerando que el factor de fragmentación es del 8 %, lo que significa que 124 directivas no han sido objeto de transposición en al menos un Estado miembro,

F.

Considerando que existen disparidades en los niveles de transposición entre los distintos Estados miembros,

G.

Considerando que puede que una directiva no sea totalmente eficaz, incluso si se ha transpuesto puntual y adecuadamente, en particular cuando su aplicación genera situaciones de inseguridad jurídica que conducen a la presentación de demandas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas e impiden el funcionamiento eficaz del mercado interior,

H.

Considerando que el número de procedimientos de infracción iniciados sigue siendo muy elevado y que gran parte de dichas infracciones se refieren a la ausencia o deficiencia de la transposición,

I.

Considerando que es posible conseguir una situación de ventaja desleal a través de la evasión de determinadas directivas, de su falta de transposición o de su transposición incorrecta,

J.

Considerando que la ejecución de las directivas relativas al mercado interior es fundamental para la realización de la Agenda de Lisboa y la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Gotemburgo,

K.

Considerando que, en promedio, el plazo para presentar un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia supera los 20 meses,

L.

Considerando que algunos Estados miembros no respetan las sentencias del Tribunal de Justicia en los casos de infracción, y que ello va en detrimento del funcionamiento del mercado interior,

M.

Considerando que la carga administrativa en los Estados miembros es excesiva, y que ello se debe tanto a la legislación nacional como a la comunitaria,

1.

Subraya que la ejecución en los plazos establecidos, la correcta transposición y la debida aplicación de las directivas relativas al mercado interior es un requisito previo para el funcionamiento eficaz del mercado interior, y que ello tiene también repercusiones en la competitividad y el equilibrio económico y social en el seno de la Unión Europea;

2.

Subraya la importancia de la implicación en el mercado interior en los niveles nacional, regional y local; subraya el papel de la Comisión para crear asociaciones en el proceso político que puede llevar a conseguir este fin;

3.

Recuerda que el objetivo de déficit de transposición se ha fijado en el 1 % a partir de 2009; insta a los Estado miembros a tomar medidas para alcanzar dicho objetivo;

4.

Insta a aquellos Estados miembros con un déficit particularmente elevado a que adopten medidas inmediatas y a la Comisión a que trabaje en estrecha cooperación con los mismos a fin de mejorar la situación; observa que algunos Estados miembros han demostrado que es posible reducir ese déficit de forma significativa y rápida;

5.

Recuerda que el elevado factor de fragmentación ha de afrontarse urgentemente por parte de los Estados miembros y de la Comisión;

6.

Lamenta que en ocasiones los Estados miembros fijen requisitos adicionales al transponer las directivas a su Derecho nacional; opina que este exceso de regulación («gold plating») es un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior;

7.

Considera que un mercado interior que sea fuerte, abierto y competitivo constituye una parte esencial de la respuesta de Europa ante el reto de la globalización, al fomentar la competitividad de la industria europea, reforzar los atractivos para las inversiones extranjeras y asegurar la protección de los derechos de los consumidores en Europa; por consiguiente, la Comisión debería tener en cuenta la dimensión exterior a la hora de adoptar nuevas iniciativas sobre el mercado interior;

8.

Recuerda que, para conseguir un mercado interior abierto y competitivo, son necesarios instrumentos más precisos y estrictos para mejorar la lucha contra la falsificación y la piratería;

9.

Pide a los Estados miembros que aborden urgentemente la correcta transposición y aplicación de las directivas relativas al mercado interior, mediante el uso de las directrices y mejores prácticas existentes; insta al desarrollo de herramientas más precisas para abordar las deficiencias;

10.

Pide a la Comisión que acelere el proceso de resolución de conflictos en una fase temprana y que ponga de relieve las infracciones con consecuencias más graves para los ciudadanos europeos; también alienta a la Comisión a que prepare una recopilación de los procedimientos de infracción incoados ante el Tribunal de Justicia, con el fin de facilitar información detallada sobre la infracción en cuestión;

11.

Pide a los Estados miembros que cumplan sus obligaciones de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia;

12.

Considera que, si bien el Cuadro de indicadores debe servir primordialmente para alentar a una correcta transposición en los plazos establecidos, también podría tener un desarrollo ulterior como instrumento para ayudar a los responsables de las políticas a identificar los obstáculos y barreras y señalar dónde se requieren nuevas iniciativas; pide a la Comisión que amplíe y profundice el abanico de información y de indicadores incluidos en el Cuadro de indicadores, entre otros, la calidad, las condiciones sociales de los trabajadores y el impacto sobre el medio ambiente y el cambo climático;

13.

Pide a la Comisión que incluya en los futuros Cuadros de indicadores un resumen fácilmente comprensible, con el fin de mejorar el acceso de los ciudadanos y otras partes interesadas; alienta a los órganos nacionales y de la Unión Europea pertinentes a que publiquen el Cuadro de indicadores en sus páginas web y a que intensifiquen sus esfuerzos para promover el Cuadro de Indicadores entre los medios de comunicación;

14.

Lamenta que el Cuadro de indicadores no facilite información sobre cuáles son las directivas que no han sido objeto de transposición; expresa su punto de vista de que determinadas directivas, por ejemplo la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (3), son más importantes que otras para el funcionamiento eficaz del mercado interior; pide a la Comisión que considere indicadores que reflejen mejor la importancia relativa de las directivas para la industria y para los ciudadanos en varios sectores; considera que las evaluaciones de impacto que lleva a cabo la Comisión pueden ser de importancia a tal fin;

15.

Recuerda que la calidad de la legislación comunitaria y su aplicación son sumamente importantes para el funcionamiento adecuado del mercado interior y que el número de asuntos llevados ante el Tribunal de Justicia relacionados con disposiciones ambiguas y con la aplicación incorrecta de legislación secundaria demuestra la necesidad de elaborar la normativa comunitaria con más precisión; pide por lo tanto a la Comisión que introduzca en el Cuadro de indicadores datos sobre el número de procedimientos incoados ante el Tribunal de Justicia referentes a la calidad del derecho derivado y la aplicación incorrecta del mismo;

16.

Acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de introducir un enfoque más sistemático para supervisar el funcionamiento de mercados clave de bienes y servicios a fin de descubrir las deficiencias del mercado y promover instrumentos de política más eficaces; pide, por ello, que figure información más específica de los sectores y de los Estados miembros en el Cuadro de indicadores, así como la inclusión de información precisa; pide que se incluyan también indicadores relativos a los aspectos transfronterizos de los contratos públicos;

17.

Pide a la Comisión que garantice de conformidad con el apartado 34 del Acuerdo Interinstitucional sobre «Legislar mejor», que todas sus propuestas de directiva contengan una disposición específica que obligue a los Estados miembros a elaborar cuadros en los que se ilustre la correlación entre el acto de que se trate y las medidas de transposición, y a comunicar dichos cuadros a la Comisión; a este respecto, deplora que los Estados miembros estén desvirtuando los esfuerzos de la Comisión y del Parlamento en cuanto a la transparencia al oponerse a esta cláusula o al convertir la cláusula en un considerando sin efectos vinculantes;

18.

Considera que la realización de la Agenda de Lisboa y de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Gotemburgo son prioridades políticas y subraya, en particular, la importancia de aplicar aquellas directivas que son necesarias para dicha realización; pide al Consejo que otorgue a los asuntos del mercado interior un papel rector en la estrategia revisada a partir de 2010;

19.

Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de desarrollar instrumentos para mejorar la política en el ámbito del mercado único y herramientas para que dicha política se base más en hechos y esté más centrada, para que sea más descentralizada y accesible y esté mejor comunicada;

20.

Pide a la Comisión que evalúe, mediante estudios sectoriales o de empresas, estudios entre los consumidores, o por otros medios, la calidad y coherencia de la transposición en los Estados miembros a fin de garantizar el funcionamiento eficaz de la legislación;

21.

Subraya que la ejecución tardía e incorrecta priva de sus derechos a los consumidores y a las empresas, provoca un perjuicio a la economía europea y merma la confianza en el mercado interior; pide a la Comisión que desarrolle indicadores para medir los costes en que incurren los ciudadanos y la industria a causa de una transposición tardía e incorrecta; también pide a la Comisión que desarrolle indicadores que reflejen la relación entre la efectividad de la transposición y los procedimientos por infracción incoados contra los Estados miembros;

22.

Acoge favorablemente la intención de la Comisión de presentar nuevas iniciativas para legislar mejor, en particular, para mejorar las evaluaciones de impacto y reducir la carga administrativa, ya que ello también contribuirá al funcionamiento más eficaz del mercado interior; opina que el trabajo en todos estos temas está interrelacionado y debe enfocarse de forma coherente;

23.

Acoge favorablemente el objetivo de reducir en un 25 % la carga administrativa en la Unión Europea para 2012; pide a los Estados miembros que actúen para conseguir este objetivo; opina que el Cuadro de indicadores debe medir los esfuerzos y los avances a nivel nacional y comunitario a este respecto; por tanto, pide a la Comisión que examine la posibilidad de incluir un capítulo en el Cuadro de indicadores sobre esta cuestión;

24.

Lamenta que los ciudadanos aún encuentren muchos obstáculos en relación con la libre circulación en el mercado interior; en este contexto, señala que el 15 % de los casos Solvit que se trataron en 2007 se referían a la libre circulación de las personas y la ciudadanía de la UE; por tanto, pide a los Estados miembros y a la Comisión que intensifiquen sus esfuerzos para asegurar la libre circulación de las personas; en particular, pide a los Estados miembros que creen ventanillas únicas para asistir a las personas en todas las cuestiones jurídicas y prácticas cuando circulen por el mercado interior; también pide a la Comisión que elabore indicadores para medir los obstáculos a la libre circulación de las personas y los incluya en el Cuadro;

25.

Reitera el objetivo de hacer que la legislación relativa al mercado interior funcione mejor; considera que la mejora de su aplicación también depende del desarrollo de la cooperación práctica y de la asociación entre administraciones; pide a los Estados miembros y a la Comisión que sigan desarrollando sistemas de intercambio de mejores prácticas; subraya que, debido al número de autoridades a nivel local, regional y nacional, hay una necesidad de promover y apoyar activamente la cooperación administrativa y la simplificación; señala que el Sistema de Información del Mercado Interior tiene el potencial de desempeñar un papel principal en ese sentido;

26.

Pide a los Estados miembros que creen centros nacionales del mercado interior para promover la coordinación, la simplificación y la visibilidad política de sus esfuerzos para que el mercado interior funcione; subraya que estos centros deben situarse en el interior de instituciones ya existentes, como, por ejemplo, en los Puntos de Contacto Nacionales; insta a los Estados miembros a que velen por mejorar el conocimiento práctico del Derecho de la Unión Europea a todos los niveles de la administración nacional para asegurar que los ciudadanos y las empresas no afronten cargas y obstáculos innecesarios debido a la falta de conocimiento de las normas;

27.

Acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión para establecer asociaciones con los Estados miembros en el proceso de transposición, mediante grupos de trabajo, redes en sectores específicos, reuniones con expertos nacionales y directrices de ejecución; considera que el trabajo de la Comisión respecto a la transposición de la Directiva 2006/123/CE demostrará ser un éxito que debería repetirse en el futuro; subraya que el Parlamento debería estar permanentemente informado sobre los procesos de transposición;

28.

Subraya que los problemas de aplicación se detectan a menudo a través de la red Solvit; observa con preocupación que los centros Solvit suelen tener déficit de personal y que el promedio de tiempo de la tramitación de casos supera las 10 semanas; pide a los Estados miembros que velen por que los centros Solvit cuenten con suficiente personal, y pide a los Estados miembros y a la Comisión que mejoren la eficiencia administrativa a fin de acortar significativamente el tiempo que requiere la tramitación; también pide a los Estados miembros que hagan mayores esfuerzos para promover los servicios de la red Solvit a través de los canales de información adecuados, con el fin de aumentar el conocimiento de Solvit por parte de ciudadanos y empresas;

29.

Celebra la intención de la Comisión de mejorar el sistema de filtro de las preguntas y quejas de los ciudadanos y empresas a través de Solvit y otros servicios de asistencia del mercado único para asegurar que se les dirija de inmediato al órgano administrativo que corresponda, con independencia de la red a la que se hayan dirigido; subraya que la experiencia de Solvit debe alimentar la elaboración de políticas nacionales y de la Unión Europea, dando lugar a cambios estructurales o reglamentarios cuando esto sea necesario;

30.

Pide a la Comisión que organice, en cooperación con el Parlamento y la Presidencia del Consejo, un foro anual sobre el mercado interior en el que participen los Estados miembros y otras partes interesadas, a fin de expresar un compromiso más claro de correcta transposición en los plazos establecidos y facilitar un ámbito para la evaluación comparativa y el intercambio de las mejores prácticas;

31.

Pide al Consejo que dé mayor prioridad a los temas relacionados con el mercado interior, bien creando una nueva formación del Consejo encargada de estas cuestiones, o dándoles la máxima prioridad en el orden del día del existente Consejo de Competitividad;

32.

Recuerda su Resolución, arriba mencionada, sobre la Revisión del mercado único, en la que pedía a la Comisión que incorporara una «verificación del mercado interior»; pide a la Comisión que adopte medidas para introducir dicha verificación;

33.

Considera que tanto el Cuadro de indicadores del mercado interior como el Cuadro de indicadores de los mercados de consumo sirven para promover un mercado interior mejorado, en beneficio de los ciudadanos y de los consumidores;

34.

Acoge favorablemente la intención de la Comisión de velar por un mercado interior mejor comunicado y considera que ambos Cuadros de indicadores constituyen pasos importantes en esa dirección;

35.

Subraya que si bien los dos Cuadros de indicadores están interrelacionados y es importante fomentar su desarrollo coherente, se dirigen, no obstante, a objetivos diferentes y por ello deberían permanecer separados, con diferentes series de indicadores;

36.

Considera que periódicamente debería llevarse a cabo una revisión de los indicadores utilizados, así como de la relación entre los dos Cuadros de indicadores, a fin de adaptarlos al desarrollo del mercado interior;

37.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

14.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 8/12

A.

Considerando que los sistemas educativos y de formación de gran calidad presentan múltiples ventajas que sobrepasan la creación de empleo y la promoción de la competitividad, y son elementos importantes del aprendizaje permanente,

B.

Considerando la importancia de formar personas autónomas, cultas y comprometidas con una sociedad cohesionada, y que la calidad de la enseñanza es un factor decisivo que permite a la Unión Europea lograr su cohesión social y económica, crear empleo y reforzar su competitividad y su potencial de crecimiento en un mundo globalizado,

C.

Considerando que el Fondo Social Europeo puede desempeñar un importante papel en el desarrollo de la educación y la formación, contribuyendo de esta manera a una mejor formación del profesorado,

D.

Considerando que la calidad de la formación del profesorado se refleja en la práctica de la enseñanza y tiene un efecto directo no sólo en el nivel de conocimientos de los alumnos sino también en la formación de su personalidad, especialmente en los primeros años de su escolaridad,

E.

Considerando que el entorno educativo es cada vez más complejo y heterogéneo, con lo que los retos a los que se enfrenta el sector de la enseñanza son cada vez mayores; que entre dichos retos figuran los avances en las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), los cambios en las estructuras familiares y sociales así como la creciente diversidad de estudiantes en muchos centros debido al aumento de la inmigración y a la emergencia de unas sociedades multiculturales, la mayor autonomía de los centros de enseñanza, que implica mayores obligaciones para el profesorado, y la necesidad de prestar más atención a las necesidades de aprendizaje individuales,

F.

Considerando que existe una correlación clara y positiva entre una formación del profesorado de alta calidad y unas tasas elevadas de éxito entre los estudiantes,

G.

Considerando que, a la luz de la creciente oferta informativa generada por el constante avance de la digitalización, conviene desarrollar la capacidad de utilizar eficazmente los medios de comunicación y sus contenidos en aras de los objetivos y las necesidades de las personas, y que la formación mediática es una forma de relación pedagógica con los medios de comunicación que debe permitir a los usuarios desarrollar un enfoque crítico y reflexivo cuando utilicen todos los medios de comunicación,

H.

Considerando que en la Unión más de un 80 % del profesorado de educación primaria y un 97 % de educación preescolar son mujeres, mientras que en educación secundaria su participación se reduce un 60 %,

I.

Considerando que la calidad de la formación del profesorado puede incidir en las cifras de abandono escolar prematuro y en las aptitudes de lectura de los alumnos más mayores,

J.

Considerando que la educación preescolar y primaria tiene una incidencia particularmente importante sobre el posterior nivel de educación de los niños,

K.

Considerando que, aunque en la Unión Europea coexisten más de 27 sistemas de formación del profesorado distintos, los retos a los que se enfrenta la profesión son, en esencia, comunes a todos los Estados miembros,

L.

Considerando que la enseñanza es una profesión vocacional en la que, para retener al buen personal, es importante contar con unos niveles elevados de satisfacción profesional,

M.

Considerando que no sería justo atribuir a los profesores la responsabilidad exclusiva de su acción educadora; que hay que insistir en que la capacidad de los profesores para enseñar adecuadamente a todos sus alumnos, crear un clima de convivencia y reducir los comportamientos violentos tiene mucho que ver con las condiciones en las que se enseña, con los apoyos disponibles, con el número de alumnos con dificultades de aprendizaje que hay en cada aula, con el ambiente sociocultural de los centros escolares, con la cooperación de las familias y con el apoyo social recibido; que el compromiso de los profesores depende en gran medida del compromiso de la sociedad con la educación y ambos se apoyan mutuamente para lograr una enseñanza mejor,

N.

Considerando que se deberían desarrollar todos los esfuerzos para que todos los profesores sientan que forman parte de una profesión respetada y valorada, ya que gran parte de la identidad profesional depende de la consideración social percibida,

O.

Considerando que para atraer a un personal que ejerza sus funciones al más alto nivel en el sector de la enseñanza se precisan unos niveles correspondientes de reconocimiento social, estatus y remuneración,

P.

Considerando que los profesores desempeñan un importante papel social y de desarrollo, así como una importante función ejemplar, que sobrepasa los límites tradicionales de su ámbito de actuación,

Q.

Considerando que el objetivo de «igualdad de oportunidades para todos» está consagrado en el Tratado CE, en particular en su artículo 13, que establece un fundamento jurídico para la lucha contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual,

R.

Considerando que una parte importante de la calidad de los centros escolares tiene que ver con la autonomía de su proyecto y de su gestión,

S.

Considerando que la cualificación profesional adecuada de los profesores de educación física desempeña un cometido muy importante tanto para el desarrollo físico y mental de los niños como para animarles a seguir una forma de vida sana,

1.

Apoya firmemente el análisis según el cual una mayor calidad en la formación del profesorado entraña una mejora sustancial en los resultados de los estudiantes;

2.

Considera que una formación mayor y de más alta calidad para el profesorado, combinada con una política orientada a la selección de los mejores candidatos para la profesión, debería constituir una prioridad clave para todos los ministerios de educación;

3.

Opina que el incremento en los gastos de educación debería ir enfocado a los ámbitos que producen las mejoras más sustanciales en los resultados de los estudiantes;

4.

Pone de relieve que los Estados miembros deben dar más importancia y dedicar más recursos a la formación del profesorado si se quieren conseguir avances significativos en los objetivos de educación y formación para 2010 fijados en la Estrategia de Lisboa, y que, en particular, debe aumentarse la calidad educativa y reforzarse el aprendizaje permanente en la Unión Europea;

5.

Alienta la promoción de un desarrollo profesional continuo y coherente para los profesores a lo largo de su carrera; recomienda que todos los profesores tengan regularmente oportunidad, desde el punto de vista académico, laboral y económico, por ejemplo a través de becas del Estado, de mejorar y actualizar sus competencias y cualificaciones, así como sus conocimientos pedagógicos; considera que estas oportunidades de formación deberían estructurarse de manera que las cualificaciones sean reconocidas en todos los Estados miembros;

6.

Destaca la necesidad de un mayor diálogo e intercambio de experiencias a nivel transnacional, especialmente en lo que respecta a la posibilidad y efectividad de un desarrollo profesional continuo del profesorado de educación preescolar, primaria y secundaria;

7.

Pide que se preste especial atención a la inserción profesional de los profesores que empiezan su carrera; aboga por el desarrollo de redes de apoyo y programas de tutelaje, con los que aquellos profesores y profesoras con más experiencia y capacidad demostrada puedan desempeñar un papel clave en la formación de jóvenes compañeros, transmitiendo la experiencia adquirida a lo largo de su carrera, promoviendo el aprendizaje en equipo y ayudando a resolver las tasas de abandono entre los nuevos profesores; está convencido de que trabajando y aprendiendo juntos, los profesores pueden contribuir a la mejora del rendimiento de un centro escolar y de las condiciones educativas generales;

8.

Pide a los Estados miembros que garanticen que, al tiempo que siguen haciendo hincapié en la contratación y retención de los mejores profesores, en particular velando por que esta profesión sea suficientemente atractiva, la composición del cuerpo docente en todos los niveles de la educación escolar sea un reflejo de la diversidad social y cultural de la sociedad;

9.

Hace hincapié en la estrecha relación que existe entre el hecho de garantizar que la enseñanza sea una profesión atractiva y enriquecedora que ofrece buenas perspectivas de progresión en la carrera y atraer a titulados y profesionales motivados y eficaces; insta a los Estados miembros a que tomen más medidas para promover una imagen atractiva de la docencia para los que quieran desarrollar al máximo su potencial profesional;

10.

Subraya la particular importancia de una política de género y de garantizar la alta calidad de los profesores de la enseñanza preescolar y primaria, así como de ofrecerles el nivel adecuado de apoyo social y profesional que implican sus responsabilidades;

11.

Reconoce la importancia de que los profesores participen de forma continuada en grupos de trabajo y de reflexión sobre su práctica docente; opina que este trabajo debe ser apoyado por tutores y por las autoridades educativas; considera que la participación en tareas de reflexión crítica sobre la labor docente se traduce en un mayor interés por su trabajo y, consiguientemente, en mejores resultados;

12.

Insiste en el importante papel de la escuela para la vida social y educativa de los niños, y para la adquisición de conocimientos y aptitudes que les permitan participar en la sociedad democrática; destaca la importancia de disponer de profesores cualificados, competentes y experimentados que participen en la elaboración de métodos de formación pedagógicos eficaces para el profesorado;

13.

Pide a los Estados miembros que velen por que sólo los profesores de educación física con una formación adecuada puedan enseñar EF en el sistema público de enseñanza;

14.

Subraya las diferencias sustanciales que se registran entre los sueldos medios de los profesores, no sólo de un Estado miembro a otro, sino con respecto al ingreso medio nacional y al PNB per cápita; opina que los profesores deberían beneficiarse de unas buenas remuneraciones que reflejen su importancia en la sociedad y pide que se resuelva la «fuga de cerebros» hacia puestos mejor pagados en el sector privado, en particular en los ámbitos de las ciencias y de la tecnología;

15.

Subraya que los profesores deben estar mejor equipados para hacer frente a las nuevas exigencias que se les plantean; reconoce los retos, pero también las oportunidades, que suponen para ellos los avances en las TIC; anima a que se conceda prioridad a las TIC durante la formación inicial y posterior del personal docente, de modo que el conocimiento de los avances tecnológicos más recientes y sus aplicaciones en la enseñanza, así como la competencia necesaria para beneficiarse de éstos en clase queden garantizados;

16.

Considera que entre los objetivos de la formación debe figurar el de facilitar al profesorado el marco innovador necesario para incluir la perspectiva ambiental en su práctica y en las nuevas asignaturas; opina que deben existir seminarios locales, destinados a cubrir necesidades detectadas en entornos concretos y cursos destinados al profesorado de un mismo centro para poner en práctica proyectos concretos que tengan en cuenta sus necesidades y su contexto particular;

17.

Subraya que la movilidad del profesorado y la mejora de la cooperación y del trabajo en equipo podrían mejorar la creatividad y la innovación de los métodos de enseñanza y facilitaría el aprendizaje basado en las mejores prácticas;

18.

Pide a la Comisión que amplíe los recursos financieros disponibles para apoyar la formación del profesorado mediante el Programa de Aprendizaje Permanente, y en particular intercambios de profesores entre centros escolares de regiones y países vecinos; insiste en que la movilidad facilita la difusión de ideas y mejores prácticas en el ámbito de la docencia, y promueve la mejora de los conocimientos de idiomas extranjeros así como la sensibilización hacia otras culturas; subraya que los profesores deberían beneficiarse de más posibilidades de aprendizaje de lenguas a lo largo de sus carreras, lo que, entre otros, permitiría sacar el máximo provecho de las oportunidades que brindan los programas de movilidad de la Unión Europea;

19.

Pide que la formación mediática sea una materia importante en los planes de estudio del profesorado y que los módulos de pedagogía mediática ya en marcha sean un elemento importante en la formación básica del profesorado;

20.

Destaca el papel fundamental de las asociaciones escolares Comenius y Comenius REGIO en este marco de la movilidad del profesorado;

21.

Apoya firmemente el aprendizaje de lenguas extranjeras desde la edad más temprana y la inclusión de clases de idiomas en todos los programas de la enseñanza primaria; subraya que, para alcanzar este objetivo, resulta vital disponer de una dotación financiera suficiente para atraer y formar a profesores de lenguas extranjeras;

22.

Enfatiza que cada maestro y maestra debe ser un modelo óptimo de dominio en el uso de la propia lengua, ya que ésta constituye un instrumento necesario para la buena transmisión y facilita a los estudiantes un buen aprendizaje del resto de conocimientos y los forma en la habilidad comunicativa, elemento cada día más decisivo en el despliegue de muchas profesiones;

23.

Destaca la necesidad de que, en todos los Estados miembros, los profesores acrediten tener conocimientos de por lo menos una lengua extranjera;

24.

Insta a que, en el marco de la educación mediática y del aprendizaje permanente, se promueva la competencia mediática en la formación del profesorado en el ámbito escolar, postescolar y extraescolar mediante la cooperación de los sectores público y privado;

25.

Subraya que no se puede sustituir el tiempo que los profesores pasan en el aula con los estudiantes y le preocupa que la creciente cantidad de tareas administrativas y de papeleo pueda ir en detrimento de ello y del tiempo dedicado a preparar las clases;

26.

Reclama que se incluya obligatoriamente la formación cívica tanto en los planes de estudio del profesorado como en los centros escolares para que los profesores y los alumnos posean los conocimientos necesarios sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos y los de la Unión Europea y puedan analizar y examinar críticamente las actuales situaciones y acontecimientos políticos y sociales;

27.

Considera que la relación de cada centro escolar con su comunidad local es única y que los directores de los centros escolares deberían gozar de un mayor poder de decisión para poder afrontar las necesidades pedagógicas y los retos educativos específicos de su entorno, en colaboración con los padres y las partes interesadas de la comunidad; subraya que, ante la llegada de una gran diversidad de población inmigrante, el cuerpo de docentes debe estar específicamente preparado para planteamientos y dinámicas de carácter intercultural, no sólo dentro de la escuelas, sino en relación con las familias y su entorno geográfico más próximo, donde la diversidad tiene su espacio natural;

28.

Subraya el impacto extremadamente positivo del Programa Comenius en el profesorado y su importancia para las pequeñas comunidades, especialmente en las zonas social y económicamente desfavorecidas, al promover la inclusión y una mayor concienciación de la dimensión europea de la educación;

29.

Se congratula del acuerdo de los Estados miembros de trabajar juntos para reforzar la coordinación de las políticas de formación del profesorado, en particular mediante el método abierto de coordinación; insta a los Estados miembros a que saquen el máximo provecho de esta oportunidad para aprender unos de otros y pide que se le consulte acerca del calendario y de los avances logrados en este ámbito;

30.

Subraya la necesidad de contar con estadísticas más fiables sobre la formación del profesorado en la Unión, para alentar una mayor cooperación así como el intercambio de información y de las mejores prácticas; propone que los Estados miembros establezcan, en cooperación con la Comisión, unos sistemas que garanticen la fácil disponibilidad de datos comparativos sobre la formación del profesorado tanto en la educación preescolar, como en la primaria y en la secundaria;

31.

Considera que, con vistas a erradicar la violencia de los centros escolares, resulta vital lograr una cooperación más estrecha entre los padres y los directores de las escuelas y prever las herramientas y procedimientos que permitan abordar efectivamente ese fenómeno;

32.

Destaca la importancia de prever una estructura pedagógica adecuada de género en la educación y formación y subraya la importancia de la vertiente de género en la formación del profesorado;

33.

Insta a la Comisión a que difunda «modelos de mejores prácticas» de los Estados miembros que permitan mejorar la preparación general para la vida mediante proyectos escolares, por ejemplo, alimentación sana y deporte, economía doméstica y planificación financiera privada;

34.

Pide a los Estados miembros que incluyan en los planes de estudio del profesorado programas de resolución de conflictos a fin de que los profesores aprendan nuevas estrategias para resolver toda clase de conflictos dentro de las aulas y para abordar asimismo la violencia y las agresiones;

35.

Pide a los Estados miembros que en los planes de estudio del profesorado incluyan nociones básicas sobre la Unión Europea, sus instituciones y su funcionamiento y prevean viajes de estudios de los profesores en fase de aprendizaje a las instituciones de la Unión;

36.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, a la OCDE, a la Unesco y al Consejo de Europa.

14.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 8/18

A.

Considerando que los objetivos del proceso de Bolonia son establecer un Espacio Europeo de Educación Superior de aquí a 2010, incluidas las reformas de la enseñanza superior, la eliminación de los obstáculos que subsisten a la movilidad de estudiantes y profesores, así como mejorar la calidad, el atractivo y la competitividad de la enseñanza superior en Europa,

B.

Considerando que la movilidad de los estudiantes y la calidad de la educación deben seguir siendo uno de los principales elementos del proceso de Bolonia,

C.

Considerando que la movilidad de los estudiantes genera nuevas experiencias y valores culturales, sociales y académicos, así como oportunidades de crecimiento personal y de mejora académica y de la empleabilidad a escala nacional e internacional,

D.

Considerando que la movilidad sigue sin estar al alcance de muchos estudiantes, investigadores y otros trabajadores de la enseñanza, sobre todo en los Estados miembros que se han adherido más recientemente, debido principalmente a la insuficiente dotación de las becas; considerando que los obstáculos a la misma son bien conocidos y que los participantes en el debate los han señalado en repetidas ocasiones,

E.

Considerando que se debe prestar especial atención a la financiación adecuada de los gastos de aprendizaje, subsistencia y movilidad de los estudiantes,

F.

Considerando que el Parlamento siempre ha calificado como prioridad presupuestaria la movilidad de los estudiantes y ha procurado garantizar un nivel adecuado de financiación de los programas comunitarios en el ámbito de la educación; considerando que su firme posición al respecto, a pesar de los recortes efectuados por el Consejo en la propuesta de la Comisión, ha conducido a un incremento de los créditos de los programas Aprendizaje Permanente y Erasmus Mundus negociados en el contexto del marco financiero plurianual 2007-2013 y en recientes procedimientos presupuestarios,

G.

Considerando que es necesario disponer de datos estadísticos fiables sobre la movilidad de los estudiantes para observar, comparar, evaluar y desarrollar las políticas y medidas adecuadas,

H.

Considerando que el reconocimiento del aprendizaje informal y no formal constituye la piedra angular de la estrategia de aprendizaje permanente y que también debe reconocerse la formación de los adultos reviste especial importancia,

I.

Considerando que no se ha de dificultar con obstáculos administrativos, económicos o lingüísticos la decisión de trasladarse al extranjero,

J.

Considerando que la movilidad favorece el aprendizaje de lenguas extranjeras y la mejora de las competencias de comunicación en general,

K.

Considerando que es urgente reformar y modernizar las universidades en cuanto a calidad y estructura de los estudios, innovación y flexibilidad,

L.

Considerando que la calidad de la enseñanza es tan importante como la calidad de la investigación, por lo que debe reformarse y modernizarse en toda la Unión Europea, teniendo en cuenta la vinculación estrecha entre ambas dimensiones,

M.

Considerando que las diferencias entre sistemas nacionales de reconocimiento constituyen un importante obstáculo a la igualdad de trato de los estudiantes, y para el progreso del Espacio Europeo de Educación Superior y del mercado laboral de la Unión Europea,

N.

Considerando que el hecho de que no se reconozcan de manera completa y adecuada los cursos a los que se ha asistido y la falta de equivalencia de las calificaciones obtenidas pueden suponer un obstáculo a la movilidad,

O.

Considerando que es urgente para los países firmantes del proceso de Bolonia promover, coordinar y aplicar un enfoque coherente,

P.

Considerando que el proceso de Bolonia debe crear un nuevo modelo educativo de progreso que garantice el acceso de todos a la formación, cuyo principal objetivo sea transmitir conocimientos y valores, y en cuyo seno se cree una sociedad de futuro real, consciente y libre de desequilibrios sociales,

1.

Considera que el incremento de la movilidad estudiantil y de la calidad de los diferentes sistemas educativos debería ser una prioridad en el contexto de la nueva definición de los principales objetivos del proceso de Bolonia después de 2010;

2.

Subraya que para lograr la movilidad de los estudiantes es necesario tomar medidas transversales en distintos ámbitos políticos; que varios aspectos de la movilidad rebasan el ámbito de la enseñanza superior para incidir en los ámbitos de los asuntos sociales, las finanzas y las políticas de visados e inmigración;

3.

Acoge con particular satisfacción los esfuerzos desplegados por los Estados miembros en el marco de la cooperación intergubernamental para mejorar la calidad y la competitividad de la educación en la Unión, en especial promoviendo la movilidad y velando por el reconocimiento de las cualificaciones y la garantía de calidad, en especial a la luz del escaso margen de maniobra que permiten los ajustados márgenes previstos en la Rúbrica 1a del Marco financiero;

4.

Está convencido de que debe continuar el método de consulta utilizado por los participantes en el proceso: las instituciones y los representantes de los estudiantes deberían cooperar estrechamente para eliminar los obstáculos a la movilidad que subsisten y los problemas de calidad y de ejecución del proceso de Bolonia;

5.

Señala que en la ejecución del proceso de Bolonia se debería prestar especial atención a la estrecha e intensa cooperación y coordinación con el Espacio Europeo de Investigación;

6.

Insiste en la necesidad urgente de disponer de datos estadísticos fiables y comparables, como indicadores comunes, criterios y puntos de referencia, sobre la movilidad y el perfil socioeconómico de los estudiantes, con el fin de resolver la actual falta de datos y promover el intercambio de buenas prácticas;

7.

Pide a las universidades que mejoren y simplifiquen la información disponible, tanto en línea como sobre las llegadas y salidas de los estudiantes; estima que las universidades y las agencias nacionales de Erasmus deberían colaborar con las organizaciones estudiantiles para facilitar toda la información necesaria con la suficiente antelación; considera que las universidades deberían apoyar los derechos de los estudiantes en virtud de los compromisos que han asumido al adherirse a la Carta Universitaria Erasmus;

8.

Destaca que, para que el proceso de Bolonia logre sus objetivos, es necesaria reciprocidad en lo que se refiere al flujo de estudiantes y académicos; destaca la desproporción que existe actualmente en las tendencias y, en particular, el bajo índice de movilidad hacia los Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004 y 2007;

9.

Señala la importancia de la tutoría para la integración social, cultural y lingüística de los estudiantes a su llegada;

10.

Subraya que la mejora del conocimiento de las lenguas constituye una baza considerable y una de las razones para la movilidad de los estudiantes, y destaca la importancia de los cursos intensivos de lengua, antes de los períodos de estudios Erasmus o durante los mismos, destinados a los estudiantes que se incorporan, así como la necesidad de prever, sin discriminación alguna, la atribución de un mínimo de créditos, con objeto de promover estos cursos;

11.

Pide a las universidades de la Unión que lleven a cabo una reforma amplia, innovadora y ordenada de los programas de estudios, habida cuenta de que unos contenidos ambiciosos y de gran calidad, así como la reestructuración de la organización son fundamentales para la movilidad de los estudiantes y para permitir una mayor flexibilidad; sugiere la creación de «períodos de estudios en movilidad» en todos los planes de estudios universitarios para que los estudiantes puedan trasladarse al extranjero;

12.

Pide que se ponga énfasis en la necesidad de programas conjuntos europeos a nivel doctoral, en el apoyo de la movilidad de los estudiantes doctorales y en la creación de un marco para un doctorado europeo;

13.

Subraya que la calidad y la excelencia de la enseñanza son esenciales dado que el desarrollo y la formación continua de los profesores cualificados es fundamental para que resulten atractivas y eficaces, y para lograr los objetivos del proceso de Bolonia;

14.

Reitera la necesidad de un aumento del diálogo y del intercambio de información y experiencias a nivel transnacional con objeto de facilitar la convergencia de la formación del profesorado, incluidos los profesores de educación primaria, y la eficacia del desarrollo profesional permanente;

15.

Pide que se preste asistencia especial a los estudiantes de grupos sociales desfavorecidos, por ejemplo facilitándoles alojamiento barato y digno, y que se tenga en cuenta que, con frecuencia, es necesario prestarles apoyo adicional después de la llegada;

16.

Propone que se cree una carta de identificación de los estudiantes armonizada a nivel europeo que facilite la movilidad y les permita obtener descuentos en el alojamiento y la manutención;

17.

Pide a los Estados miembros y a las autoridades competentes que garanticen un acceso equitativo y universal a la movilidad mediante procedimientos sencillos, flexibles y transparentes de concesión de becas y mediante un apoyo económico adicional para los destinos más onerosos y para aquellos estudiantes que lo requieran; considera fundamental que los estudiantes reciban estas ayudas antes de su partida con objeto de evitarles una carga financiera excesiva;

18.

Se congratula de que, en el marco de la revisión intermedia del marco financiero plurianual prevista en la declaración adjunta al Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera, se pueda considerar la posibilidad de incrementar la dotación presupuestaria concedida a los programas en el ámbito de la educación, en especial la beca Erasmus, con arreglo a los resultados del seguimiento y evaluación del programa;

19.

Señala que se deberían introducir y promocionar nuevos métodos para financiar la movilidad de los estudiantes como por ejemplo préstamos sin intereses o créditos transferibles;

20.

Pide a las universidades europeas que cooperen con el sector privado (por ejemplo, con organizaciones económicas o de negocios como las cámaras de comercio) con el fin de encontrar nuevos mecanismos eficaces para cofinanciar la movilidad de los estudiantes en cada ciclo (licenciatura, máster, doctorado) y mejorar así la calidad de los sistemas educativos;

21.

Sugiere que se entable un diálogo fructífero entre empresas y universidades con el fin de establecer asociaciones innovadoras y buscar nuevas formas de cooperación;

22.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que progresen en el establecimiento de los marcos europeos de referencia (marco de titulación de Bolonia, marco europeo de cualificaciones para el aprendizaje permanente, normas y directrices europeas para la garantía de calidad y Convenio de Lisboa sobre reconocimiento de cualificaciones) con el fin de crear el Espacio Europeo de Enseñanza Superior;

23.

Subraya, por lo tanto, que es urgente aplicar el sistema global, unificado y eficaz de transferencia de créditos académicos de la Comunidad Europea (ECTS), a fin de que las cualificaciones de estudiantes y académicos puedan ser fácilmente transferibles en toda Europa gracias a un marco único común;

24.

Destaca que el sistema de titulación de tres ciclos (título de bachiller, máster y doctorado) podría flexibilizarse utilizando en particular el sistema «4 + 1» en lugar del sistema «3 + 2» para el primer ciclo y para el segundo; opina que en el caso de determinados estudios, este sistema podría ser más adecuado para permitir una mayor movilidad y empleabilidad de los titulados superiores;

25.

Pide que los períodos de prácticas y otras experiencias de movilidad informales y no formales aprobadas por las universidades puedan acogerse al sistema de ECTS y que se reconozcan como parte integrante del programa de estudios;

26.

Pide a las autoridades competentes de los Estados miembros y a las universidades europeas que fomenten y favorezcan el intercambio de buenas prácticas y las iniciativas de sensibilización;

27.

Insta a los Estados miembros a que simplifiquen los procedimientos de concesión de visados y reduzcan los costes de procedimiento para los estudiantes que se desplazan, en particular de los que provienen de los Estados miembros que están más al Este y de los países candidatos a la adhesión, con arreglo a las directivas de la UE sobre visados;

28.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

14.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 8/22

A.

Considerando que, en aras de la calidad de la legislación, cada vez resulta más necesario delegar en la Comisión el desarrollo de los aspectos no esenciales y más técnicos de la legislación, así como su rápida adaptación para tener en cuenta el progreso tecnológico y los cambios económicos; que conviene facilitar esta delegación de poderes dando al legislador los medios institucionales para llevar un control del ejercicio de dichos poderes,

B.

Considerando que, hasta la fecha, el legislador de la Unión no disponía de otra opción que recurrir al artículo 202 del Tratado CE para llevar a cabo esa delegación; que el recurso a esta disposición no ha sido satisfactorio, puesto que hace referencia a las competencias de ejecución de la Comisión y a los procedimientos de control a los que están sujetas estas competencias, procedimientos decididos por el Consejo por unanimidad tras una mera consulta al Parlamento; que estos procedimientos de control se basan fundamentalmente en los trabajos de comités compuestos por funcionarios de los Estados miembros, y que el Parlamento estaba excluido de todos estos procedimientos hasta la adopción de la Decisión del Consejo de 28 de junio de 1999 modificada por la Decisión 2006/512/CE,

C.

Considerando que el artículo 2, apartado 2, de la Decisión sobre comitología introduce medidas en virtud de las cuales un instrumento jurídico básico adoptado por codecisión prevé medidas de alcance general destinadas a modificar elementos no esenciales de dicho instrumento, incluso suprimiendo algunos de esos elementos o completando el instrumento con nuevos elementos no esenciales; considerando que compete al legislador de la Unión definir, caso por caso, los elementos esenciales de cada acto legislativo que sólo podrán modificarse mediante un procedimiento legislativo;

D.

Considerando que la Decisión sobre comitología somete las medidas denominadas «casi legislativas» a un procedimiento de reglamentación con control, en virtud del cual el Parlamento está plenamente asociado al control de estas medidas y puede pronunciarse en contra de las propuestas de medidas presentadas por la Comisión que excedan las competencias de ejecución previstas en el instrumento de base, que no sean compatibles con el objetivo o con el contenido del instrumento de base o que no respeten los principios de subsidiariedad o proporcionalidad,

E.

Considerando que el nuevo procedimiento garantiza el control democrático de las medidas de ejecución cuando son de naturaleza «casi legislativa», poniendo en igualdad de condiciones a los colegisladores, el Parlamento y el Consejo, y poniendo fin, de este modo, a uno de los aspectos más graves del déficit democrático de la Unión; considerando que la decisión sobre comitología permitirá delegar en la Comisión los aspectos más técnicos de la legislación y su adaptación, garantizando así que el legislador se centre en los aspectos esenciales y en mejorar la calidad de la legislación comunitaria,

F.

Considerando que el nuevo procedimiento de reglamentación con control no es optativo, sino obligatorio cuando las medidas de ejecución tienen las características que se especifican en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión sobre comitología,

G.

Considerando que todavía no se ha completado la adaptación en curso del acervo a la Decisión sobre comitología, dado que aún existen instrumentos jurídicos que prevén medidas de ejecución a las que debe aplicarse el nuevo procedimiento de reglamentación con control,

H.

Considerando que pueden entrar en el ámbito de aplicación de los requisitos del artículo 2, apartado 2, de la Decisión sobre comitología no sólo las medidas de ejecución sujetas hasta la fecha al procedimiento de reglamentación, sino también algunas de las medidas sujetas a los procedimientos de gestión o de consulta,

I.

Considerando que el Tratado de Lisboa introduce una jerarquía de normas y crea el concepto de «acto delegado», es decir, «un acto legislativo [que] podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo»; considerando que el Tratado de Lisboa prevé igualmente una nueva forma de tratar los actos de ejecución y prevé, en particular, la codecisión entre el Parlamento y el Consejo como el procedimiento de adopción de la reglamentación que establecerá los mecanismos de control por los Estados miembros sobre los actos de ejecución,

J.

Considerando que la aplicación de las disposiciones correspondientes del Tratado de Lisboa exigirá un proceso intenso y complejo de negociación a nivel interinstitucional y que, por consiguiente, el proceso de adaptación en curso debería concluir lo antes posible y, en cualquier caso, antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa,

K.

Considerando que, en el caso de que el Tratado de Lisboa entre en vigor, será necesario proceder a una nueva adaptación, más compleja, del acervo a las disposiciones del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativas a la delegación de los poderes legislativos; considerando que, si bien la definición de los términos «acto delegado» que figura en el Tratado de Lisboa es similar al concepto de medida «casi legislativa» que contiene la decisión sobre comitología, estos dos conceptos no son idénticos y los regímenes procedimentales que contemplan estos dos instrumentos son totalmente diferentes, por lo que el ejercicio actual de adaptación no puede considerarse como un precedente exacto para el futuro;

L.

Considerando que, por el mismo motivo, los resultados de la adaptación en curso en relación con cada instrumento jurídico individual no pueden considerarse como un precedente para el futuro;

M.

Considerando que parece útil que las instituciones acuerden una norma de adopción estándar para los actos delegados, que la Comisión incluiría regularmente en los proyectos de actos legislativos, aunque los legisladores siempre tendrían la libertad de modificarla; que es necesario proceder a la adopción en codecisión del Reglamento por el que se establece el mecanismo de control por parte de los Estados miembros de los actos de ejecución, de conformidad con el artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

1.

Pide a la Comisión que le presente propuestas legislativas, basándose en los artículos correspondientes del Tratado CE, para completar la adaptación en materia de comitología; pide que estas propuestas se elaboren teniendo presentes los debates interinstitucionales y que contemplen en particular los actos legislativos enumerados en el anexo;

2.

Pide a la Comisión que presente las propuestas legislativas correspondientes para adaptar los actos jurídicos restantes a la decisión sobre comitología, y en particular los enumerados en el anexo;

3.

Pide a la Comisión que, en caso de que los actuales procedimientos de adaptación no hayan concluido antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, presente las propuestas legislativas necesarias para adaptar los actos jurídicos que en ese momento todavía no hayan sido adaptados al nuevo régimen contemplado en el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

4.

Pide a la Comisión que, en cualquier caso, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa presente las propuestas legislativas necesarias para adaptar la totalidad del acervo comunitario a ese nuevo régimen;

5.

Pide a la Comisión que presente cuanto antes, de conformidad con el artículo 291, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el proyecto de propuesta legislativa sobre un reglamento por el que se establecen de antemano las normas y los principios generales relativos al mecanismo de control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión;

6.

Pide que se asignen recursos adicionales al Parlamento Europeo para todos los procedimientos de comitología, no sólo durante el actual período transitorio, sino también en previsión de la eventual entrada en vigor del Tratado de Lisboa, con objeto de garantizar que todos los procedimientos de comitología entre las tres instituciones funcionen de forma satisfactoria;

7.

Constata que estas solicitudes respetan el principio de subsidiariedad y los derechos fundamentales de los ciudadanos;

8.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y la lista que figura en el anexo a la Comisión y al Consejo, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

14.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 8/26

A.

Considerando que actualmente existe una normativa nacional y de la UE en materia de mercados financieros que directa o indirectamente, aunque no de forma exclusiva, se aplica a los fondos de cobertura y a los fondos de capital riesgo/inversión,

B.

Considerando que los Estados miembros y la Comisión deberían garantizar la coherencia de la aplicación y puesta en práctica de dicha normativa; afirma que toda modificación de la legislación vigente debe ser objeto de un adecuado análisis de la relación entre costes y beneficios y no ser discriminatoria,

C.

Considerando que la Comisión no ha respondido positivamente a anteriores peticiones del Parlamento, incluidas las realizadas en las resoluciones mencionadas de los días 15 de enero de 2004, 27 de abril de 2006, 11 de julio de 2007 y 13 de diciembre de 2007,

D.

Considerando que los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión tienen características muy diversas y que no existe una definición unívoca de los mismos, pero se trata en ambos casos de instrumentos de inversión utilizados por inversores sofisticados, más que por clientes minoristas; considerando que no pueden tratarse adecuadamente como una única categoría de productos de cara a una regulación específica,

E.

Considerando que los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión son instrumentos de inversión alternativos cada vez más importantes que no solo constituyen una parte importante y creciente de los activos gestionados a nivel mundial sino que también aumentan la eficiencia de los mercados financieros mediante la creación de nuevas posibilidades de inversión,

F.

F Considerando que, mucho antes de la actual crisis financiera, numerosas entidades mundiales, de la UE y nacionales expresaron su preocupación respecto de los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión en cuanto a su estabilidad financiera, la gestión inadecuada de riesgos, la deuda excesiva (coeficiente de endeudamiento) y la valoración de instrumentos financieros no líquidos y complejos,

G.

considerando que el análisis llevado a cabo por el Foro de Estabilidad Financiera en 2007 concluyó que la mejor manera de abordar los problemas de la estabilidad financiera era a través del incremento de la supervisión de todos los agentes,

H.

Considerando que, en su Informe sobre la estabilidad financiera mundial, de abril de 2008, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó que «hubo una falla colectiva a la hora de dimensionar el grado de apalancamiento de las diversas instituciones —bancos, aseguradores monolínea, entidades públicas, fondos de inversión libre (hedge funds)— y los riesgos relacionados con una corrección desordenada»,

I.

Considerando que la materialización de la Agenda de Lisboa requiere inversiones a largo plazo en crecimiento y en empleo,

J.

Considerando que dichas inversiones a largo plazo requieren mercados financieros que funcionen correctamente en la UE y en todo el mundo, que contribuyan a la economía real, que sólo pueden lograrse garantizando la presencia en la UE de un sector financiero competitivo e innovador,

K.

Considerando que los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión, en muchos casos proporcionan liquidez, favorecen la diversificación del mercado mediante la creación de demanda de productos innovadores y contribuyen a la determinación de los precios,

L.

Considerando que la estabilidad financiera requiere asimismo una mayor cooperación en materia de supervisión, también a escala mundial, lo que exige lógicamente una mejora gradual de las disposiciones vigentes en materia de supervisión en la UE, incluidos unos intercambios regulares de información y un incremento de la transparencia de los inversores institucionales,

M.

Considerando que la Comisión ha de estudiar la posibilidad de regular a los agentes del mercado de los paraísos fiscales a escala mundial,

N.

Considerando que unos niveles adecuados de transparencia hacia los inversores y las autoridades de supervisión son fundamentales para garantizar ese buen funcionamiento y la estabilidad de los mercados financieros, así como para fomentar la competencia entre los agentes y los productos del mercado,

O.

Considerando que la Comisión debe vigilar y analizar las consecuencias de las operaciones de los fondos de cobertura y fondos de capital riesgo/inversión, y considerar presentar una propuesta de directiva sobre disposiciones mínimas de transparencia relativas a la manera de financiar las inversiones en el futuro, la gestión del riesgo, los métodos de evaluación, la cualificación de los gestores y los posibles conflictos de interés, así como la divulgación de las estructuras de propiedad y el registro de los fondos de cobertura,

P.

Considerando que, a fin de satisfacer la necesidad de supervisar la actividad de los mercados, la información sobre la participación en fondos especulativos y la concesión de préstamos deben ponerse a disposición de las autoridades de supervisión competentes sin cargas excesivas,

Q.

Considerando que se espera que el sector de los fondos de inversión siga desarrollando medidas vinculantes en el ámbito de la gobernanza empresarial, con vistas a mejorar la transparencia, que deben también hacerse públicas; pide una mejora de los mecanismos de control,

R.

Considerando que los Estados miembros han de recurrir a sus mejores prácticas para garantizar que los derechos de pensión adquiridos por los trabajadores estén protegidos de posibles quiebras,

S.

Considerando que la Comisión ha de considerar la posibilidad de incluir en la definición del principio de «prudencia», en los casos en que el principio se haya incorporado a la legislación comunitaria vigente, el requisito de que los inversores deban comprobar que los fondos de inversión alternativos en los que invierten cumplen la legislación al respecto y las normas de mejores prácticas de la industria,

T.

Considerando que la actual variedad de definiciones en los Estados miembros sobre la participación privada constituye un obstáculo para el mercado interior y alienta que los productos de alto riesgo se cuelen en el mercado minorista,

U.

Considerando que se ha de crear un sitio Internet de ventanilla única para códigos de conducta, que incluya un registro de los que cumplen la normativa, la información que divulgan y sus explicaciones en caso de incumplimiento; observa que las razones de un incumplimiento pueden ser también una herramienta de aprendizaje; que este sitio debería crearse para la Unión Europea y promoverse a nivel internacional,

V.

Considerando que, en su Informe sobre la estabilidad financiera mundial, de abril de 2008, el FMI advierte que el mercado de la deuda, por lo que se refiere a las empresas, parece vulnerable en la medida en que es probable que los tipos de interés de demora aumenten debido a factores tanto macroeconómicos como estructurales,

W.

Considerando que el reciente aumento de las transacciones de fondos de capital riesgo/inversión ha producido un incremento importante del número de empleados cuyos puestos de trabajo están, en última instancia, controlados por dichos fondos, y que, por lo tanto, debe prestarse especial atención a la legislación comunitaria en materia de empleo (en particular la Directiva 2001/23/CE), que fue elaborada cuando esta situación no existía; considerando que las normativas nacionales y comunitaria en materia de empleo deberían aplicarse sobre una base no discriminación, incluido un trato equitativo y adecuado a todos los agentes económicos con responsabilidades similares hacia los empleados,

X.

Considerando que, en muchos sistemas jurídicos, los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión que poseen y controlan las empresas no se consideran empleadores y, por consiguiente, están exentos de las obligaciones legales que incumben a los empleadores,

Y.

Considerando que, en caso de deudas extremas, las empresas presentan un perfil de riesgo más elevado,

Z.

Considerando que, como en el caso de otras entidades, puede haber conflictos de intereses que surgen bien del modelo de gestión de los fondos de capital riesgo/inversión o de cobertura, bien de las relaciones entre esos instrumentos y otros agentes de los mercados financieros; los esfuerzos destinados a reforzar la legislación comunitaria existente no deberían limitarse a los fondos de capital riesgo/inversión o de cobertura y deberían adecuarse a las normas internacionales, como los principios de la OICV en materia de gestión de los conflictos de intereses mediante proyectos de inversión colectiva e intermediarios del mercado,

AA.

Considerando que los sistemas de remuneración para los gestores de fondos de cobertura y de fondos de capital/riesgo pueden dar lugar a incentivos inadecuados que provocan una asunción de riesgos irresponsable,

AB.

Considerando que los fondos de cobertura figuraron entre los protagonistas que invirtieron en los complejos productos estructurados que fueron afectados por la crisis crediticia y que, en consecuencia, sufrieron pérdidas, como otros inversores,

AC.

Considerando que, para reducir el riesgo de futuras crisis financieras y dadas las fuertes interacciones entre mercados y entre los participantes en el mercado, y teniendo en cuenta el objetivo de establecer condiciones uniformes a través de las fronteras así como entre participantes en el mercado regulado y no regulado, están en curso varias iniciativas en la UE y a escala mundial, incluidas una revisión de las Directivas sobre las exigencias de capital y sobre la adecuación del capital, así como una propuesta de directiva sobre las agencias de clasificación crediticia, a fin de asegurar una reglamentación más coherente y armonizada de aplicación general,

AD.

Considerando que una normativa basada en los principios es un enfoque adecuado para regular los mercados financieros, ya que puede adaptarse mejor a la evolución del mercado,

AE.

Considerando que se impone una acción a escala comunitaria, basada en los siete principios siguientes aplicables a los establecimientos y a los mercados financieros:

AF.

Considerando que tal acción proporcionaría una base jurídica, universal y completa, englobando todos los establecimientos financieros por encima de un determinado tamaño y teniendo en cuenta las prácticas internacionales de supervisión y reglamentarias,

1.

Pide a la Comisión que le presente, antes de finales de 2008, basándose en los artículos 44, 47, apartado 2, o 95 del Tratado CE, una o más propuestas legislativas respecto de todos los actores y participantes relevantes del mercado financiero, incluidos los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión, que respondan a los siete principios enunciados en el considerando AE y sigan las recomendaciones que se detallan en el anexo;

2.

Constata que estas recomendaciones respetan el principio de subsidiariedad y los derechos fundamentales de los ciudadanos;

3.

Considera que las implicaciones financieras de la propuesta o propuestas solicitadas deben cubrirse mediante asignaciones presupuestarias de la UE;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, y las recomendaciones que se detallan en el anexo, a la Comisión y al Consejo, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

14.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 8/34

A.

Considerando que se reconoce que los instrumentos de inversión alternativos tales como los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión pueden ofrecer a los gestores de activos nuevas posibilidades de diversificación de los beneficios, incrementar la liquidez del mercado y las perspectivas de altos rendimientos para los inversores, contribuir al proceso de determinación de precios, a la diversificación del riesgo y a la integración financiera, así como a mejorar la eficiencia del mercado,

B.

Considerando que los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión representan instrumentos de inversión distintos, que difieren con respecto al carácter y a la estrategia de las inversiones,

C.

Considerando que los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión radicados en la UE requieren un marco regulador que respete sus estrategias innovadoras, de manera que puedan seguir siendo competitivos a escala internacional, al tiempo que se mitigan los efectos de dinámicas de mercado potencialmente adversas; considerando, asimismo, que existe el riesgo de que la legislación específica sobre determinados productos sea inflexible y frene la innovación;

D.

Considerando que los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión cuya sociedad de gestión esté domiciliada en la UE deben respetar la legislación comunitaria actual y futura; considerando, asimismo, que las entidades no radicadas en la UE también deben respetarla en el contexto de determinadas actividades,

E.

Considerando que los fondos de cobertura de la UE y los gestores de los fondos de cobertura y de capital riesgo/inversión están sujetos a la legislación vigente, especialmente en lo que se refiere a los abusos de mercado, y que, indirectamente, están sometidos al entorno regulador por medio de las contrapartes y cuando se efectúan operaciones de venta de productos de inversión conexos y sometidos a regulación,

F.

Considerando que, en algunos Estados miembros, los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión están sujetos a regímenes reguladores nacionales y a una aplicación divergente de las directivas de la UE, y que estas normativas nacionales divergentes generan un riesgo de fragmentación del marco regulador en el mercado interior, lo que podría impedir el desarrollo transfronterizo de este sector en Europa,

G.

Considerando que las directivas parecen constituir el instrumento jurídico apropiado para abordar todas las cuestiones pertinentes relacionadas con los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión; considerando, asimismo, que toda directiva sobre transparencia en la materia debería ir precedida de un análisis y una evaluación del impacto en los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión, de la legislación que ya se encuentra en vigor en los Estados miembros y en la UE; que una legislación de este tipo debería constituir el punto de partida de un proceso armonizador, y que cabe la posibilidad de que deban adaptarse las normativas en vigor, si bien es conveniente evitar los cambios que puedan introducir divergencias no justificadas,

H.

Considerando que es evidente que uno de los principales aspectos de esta cuestión es la necesidad de transparencia, el análisis de la misma y la determinación de las instancias en las que podría reforzarse; considerando que la transparencia presenta diferentes facetas, como la transparencia de los fondos de cobertura y, en su caso, de los fondos de capital riesgo/inversión en relación con las sociedades cuyas acciones adquieren o poseen, los intermediarios con alta calidad crediticia, los inversores institucionales como los fondos de pensiones o las entidades bancarias, los inversores por cuenta propia, los socios comerciales, los órganos reguladores y los poderes públicos; considerando, asimismo, que uno de los principales problemas en materia de transparencia radica en la relación entre los fondos de cobertura y, en su caso, los fondos de capital riesgo/inversión, por una parte, y las sociedades cuyas acciones adquieren o poseen, por otra,

I.

Considerando la experiencia de los Estados Unidos, país en que la legislación en materia de libertad de información ha sido utilizada por la competencia para obtener detalles sobre fondos de inversión a niveles destinados a los inversores, lo cual ha comprometido tanto a los inversores como a los fondos,

J.

Considerando que la incongruente aplicación de la Directiva sobre transparencia se ha traducido en niveles divergentes de transparencia en toda la UE y en altos costes para los inversores,

K.

Considerando que la transparencia es una condición esencial para la confianza de los inversores y para entender los productos financieros complejos, y que contribuye, por tanto, al funcionamiento y la estabilidad óptimos de los mercados financieros; considerando, asimismo, que la transparencia contribuye a la debida diligencia, pero no es un sustituto de la misma,

L.

Considerando que la actual crisis de las hipotecas de alto riesgo no puede atribuirse a un solo sector, que requerirá tiempo entender en su verdadera dimensión todas las causas y todos los efectos de dicha crisis, y que entre las muchas causas de la misma se cuentan:

M.

Considerando que la legislación comunitaria dispone de mecanismos como la comitología o los procedimientos Lamfalussy, que permiten reaccionar con flexibilidad ante un entorno empresarial cambiante recurriendo a medidas de ejecución; considerando, asimismo, que este sistema mejorará con el instrumento de los actos delegados, previsto en el Tratado de Lisboa,

N.

Considerando que numerosas y diferentes iniciativas relacionadas con los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión, así como organizaciones como la Organización Internacional de Comisiones de Valores, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y otros organismos del sector, incluidos los relacionados con los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión, han establecido una serie de principios y códigos de mejores prácticas, que pueden complementar y servir de modelo para la legislación de la UE; considerando, asimismo, que debe alentarse a las sociedades y las asociaciones empresariales para que suscriban dichos códigos sobre la base del principio de «cumplir o dar explicaciones», y que la información detallada sobre el cumplimiento debería hacerse pública y evaluarse debidamente,

O.

Considerando que algunos productos negociados en mercados no oficiales (OTC) podrían comercializarse utilizando sistemas más abiertos o visibles, con objeto de incrementar en la medida de lo posible la valoración a precios de mercado y dar una indicación de los posibles cambios de propiedad; que un sistema de compensación más general para los OTC resulta atractivo para fines de supervisión general y de evaluación de riesgos, si bien debe tenerse en cuenta que, para garantizar la igualdad de condiciones en el contexto global, todo nuevo sistema debe introducirse a nivel internacional,

P.

Considerando que los mecanismos de control y divulgación de alcance sectorial contribuyen a responder a las preocupaciones del público y a comprender el impacto económico de los fondos de capital riesgo/inversión, y que ya existe la obligación de que las sociedades públicas y privadas consulten a sus empleados sobre cuestiones que afecten a sus intereses; considerando, asimismo, que no debe introducirse ningún desequilibrio entre la información comercial exigida a las sociedades de gestión de fondos de capital riesgo/inversión y la información que se requiere de otras sociedades privadas,

Q.

Considerando que la legislación relativa a los productos no parece ser el tipo de normativa adecuada para regular este sector caracterizado por la innovación,

R.

Considerando que sería oportuno contar con un sitio Internet que actuara como ventanilla única de los códigos de conducta y que esta ventanilla única debería crearse para la Unión Europea y promoverse a nivel internacional; considerando que este sitio Internet debería incluir un registro de los operadores del mercado que respetan los códigos de conducta, la información divulgada por los mismos y las explicaciones que justifiquen los casos de incumplimiento; considerando que la motivación de los casos de incumplimiento puede ser también un instrumento de aprendizaje,

S.

Considerando que debe llamarse la atención acerca de la necesidad de superar los obstáculos a la difusión transfronteriza de las inversiones alternativas mediante la creación de un régimen europeo de inversión privada para inversores institucionales,

T.

Considerando que, en el contexto de los fondos de capital riesgo/inversión, los costes de todos los requisitos de divulgación adicionales, en particular cuando son frecuentes, deben estar justificados y ser proporcionales a la rentabilidad que deriva de ellos; considerando asimismo que, en todos los contextos, es necesario mejor la relación entre las remuneraciones y el rendimiento a largo plazo,

U.

Considerando que ninguna propuesta se encuentra en curso de elaboración en este ámbito,

1.

Pide a la Comisión que le presente, basándose en los artículos 44, 47, apartado 2, o 95 del Tratado CE, según el asunto de que se trate, una propuesta o propuestas legislativas sobre la transparencia de los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión; pide que esta propuesta o estas propuestas se elaboren a la luz de los debates interinstitucionales y siguiendo las recomendaciones que se detallan en el anexo;

2.

Constata que estas recomendaciones respetan el principio de subsidiariedad y los derechos fundamentales de los ciudadanos;

3.

Considera que la propuesta o las propuestas solicitadas carecen de repercusiones financieras;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que se detallan en el anexo a la Comisión y al Consejo, así como a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros.

14.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 8/41

A.

Reconociendo la singular importancia del procedimiento de petición, gracias al cual los particulares pueden señalar a la atención del Parlamento Europeo cuestiones específicas que son de interés directo para ellos en los ámbitos de actividad de la Unión;

B.

Considerando que la Comisión de Peticiones debe esforzarse siempre por mejorar su eficacia a fin de servir mejor a los ciudadanos de la Unión Europea y responder a sus expectativas,

C.

Teniendo presente que, a pesar de los considerables progresos realizados en el desarrollo de las estructuras y políticas de la Unión durante este período, los ciudadanos siguen teniendo a menudo conciencia de muchas deficiencias en la aplicación de las políticas y programas de la Unión en la medida en que les afectan directamente,

D.

Considerando que, de conformidad con el Tratado CE, los ciudadanos de la UE tienen el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, pero que también pueden canalizar sus reclamaciones hacia otras instituciones u órganos de la Unión Europea, especialmente la Comisión,

E.

Considerando que siguen siendo indispensables las acciones de promoción e información a escala nacional sobre el derecho de petición de los ciudadanos europeos ante el Parlamento a fin de despertar el interés del público y, en particular, para evitar la confusión entre los diferentes sistemas de reclamaciones,

F.

Considerando que es responsabilidad de los Estados miembros aplicar los reglamentos y directivas comunitarios, responsabilidad que pueden delegar en autoridades políticas regionales o locales, dependiendo de sus propias disposiciones constitucionales,

G.

Considerando que es legítimo que el Parlamento ejerza un control democrático sobre las políticas de la Unión y las supervise, sin olvidar el importante principio de subsidiariedad, con el fin de garantizar que la legislación de la Unión se aplica y entiende correctamente y que cumple el fin con el que fue concebida, debatida y adoptada por las instituciones competentes de la Unión,

H.

Considerando que los ciudadanos de la Unión Europea y los residentes en la Unión pueden participar activamente en esta tarea mediante el ejercicio de su derecho de petición ante el Parlamento, con la certeza de que la comisión competente tratará e investigará las cuestiones que les preocupan y les dará una respuesta adecuada,

I.

Considerando que los Tratados actuales ya se comprometen a respetar, como valores fundamentales de la sociedad europea, la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la igualdad y los derechos de las minorías, y que los nuevos Tratados de la Unión Europea y de Funcionamiento de la Unión Europea, si son ratificados por los 27 Estados miembros, reforzarán todavía más estos valores al incorporar la Carta de Derechos Fundamentales, prever la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos e introducir un fundamento jurídico para la iniciativa legislativa ciudadana, así como un sistema de Derecho administrativo adecuado para las instituciones de la Unión Europea,

J.

Considerando que el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea establece procedimientos de actuación de la Unión frente a violaciones graves y persistentes por parte de un Estado miembro de los principios en los que se basa la Unión, tal y como se contemplan en el artículo 6 de dicho Tratado,

K.

Recordando, en este sentido, que los ciudadanos de la Unión Europea suelen dirigirse al Parlamento para obtener reparación cuando consideran que se han infringido los derechos que les reconocen los Tratados y cuando las soluciones por vía judicial les parecen inadecuadas, impracticables, excesivamente lentas o, como a menudo es el caso, costosas,

L.

Considerando que la Comisión de Peticiones, en cuanto comisión competente, no sólo tiene el deber de contestar a las peticiones individuales, sino también de tratar de ofrecer soluciones viables a las preocupaciones manifestadas por los peticionarios, dentro de unos plazos adecuados, y que este aspecto constituye la principal finalidad de su trabajo,

M.

Considerando que las soluciones a las preocupaciones de los peticionarios suelen ser el fruto de una cooperación leal entre, por un lado, la Comisión de Peticiones, y, por otro, la Comisión, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales, que ofrecen conjuntamente soluciones extrajudiciales,

N.

Considerando, no obstante, que no siempre existe una clara voluntad por parte de los Estados miembros y las autoridades regionales y locales para encontrar soluciones prácticas a los problemas planteados por los peticionarios,

O.

Considerando asimismo que, aunque las alegaciones de los peticionarios no siempre estén bien fundadas, éstos tienen derecho a recibir una explicación y una respuesta de la comisión competente,

P.

Considerando que una mayor coordinación interinstitucional debería hacer más efectivo el reenvío automático de las peticiones improcedentes a las autoridades nacionales,

Q.

Considerando que las peticiones pueden ser declaradas improcedentes si no entran dentro del ámbito de actividad de la Unión Europea, y que los ciudadanos no deben utilizar el procedimiento de petición como vía de recurso contra las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales o políticas nacionales con las que no estén de acuerdo,

R.

Considerando fundamental que el Parlamento se dote a sí mismo de poder real, normas, procedimientos y recursos para responder eficazmente y a tiempo a las peticiones que reciba,

S.

Considerando que el procedimiento de petición puede contribuir de forma positiva a legislar mejor, en particular al identificar ámbitos señalados por los peticionarios en los que la legislación de la Unión Europea sea deficiente o inefectiva en relación con los objetivos del acto legislativo en cuestión; considerando que, con la cooperación y bajo la autoridad de la comisión legislativa competente, se podría poner remedio a estas situaciones revisando los actos legislativos en cuestión,

T.

Considerando que el procedimiento de petición contribuye asimismo de forma significativa a detectar casos en los que los Estados miembros no aplican correctamente la legislación comunitaria, lo que lleva en ocasiones a la Comisión a incoar procedimientos de infracción en virtud del artículo 226 del Tratado CE,

U.

Considerando que el procedimiento de infracción está concebido para garantizar que se hace cumplir al Estado miembro de que se trate la legislación comunitaria vigente y que su incoación queda al arbitrio de la Comisión, sin que ninguna disposición prevea una intervención parlamentaria directa en el mismo; señalando, no obstante, que alrededor de un tercio de las infracciones están relacionadas con cuestiones sometidas al Parlamento por los peticionarios,

V.

Considerando que un procedimiento de infracción puede resolverse con éxito y, aun así, no ofrecer reparación directa a las cuestiones concretas suscitadas por los peticionarios individuales y que esto es perjudicial para la confianza de los ciudadanos en la capacidad de las instituciones de la Unión Europea para satisfacer sus expectativas,

W.

Considerando que en 2007, cuando la composición de la Comisión de Peticiones pasó de 25 a 40 miembros, se registraron en el Parlamento 1 506 peticiones (lo que supuso un aumento del 50 % en comparación con 2006), 1 089 de las cuales se declararon improcedentes,

X.

Señalando que en 2007 participaron en las reuniones de la Comisión de Peticiones un total de 159 peticionarios, sin contar a muchos otros que asistieron en calidad de observadores,

Y.

Considerando que en 2007 se organizaron seis misiones de investigación en Alemania, España, Irlanda, Polonia, Francia y Chipre, que dieron lugar a informes y recomendaciones que se enviaron posteriormente a todas las partes interesadas y, en particular, a los peticionarios,

Z.

Considerando que se organizaron nueve reuniones con toda la Comisión de Peticiones, en las que se examinaron más de 500 peticiones individuales, con la ayuda inestimable de representantes de la Comisión, y de cuyo resultado se informó a todos los peticionarios,

AA.

Considerando que los ámbitos de interés prioritario para los ciudadanos de la Unión Europea, tal y como se reflejan en el procedimiento de petición, son los siguientes: el medio ambiente y su protección, incluidas las deficiencias de la Directiva sobre la evaluación del impacto medioambiental, la Directiva sobre un marco comunitario de actuación para la política de aguas, la Directiva sobre la calidad del agua destinada al consumo humano, las Directivas sobre residuos, la Directiva sobre hábitats, la Directiva sobre aves y la Directiva sobre el blanqueo de capitales, entre otras, así como cuestiones de interés general como la contaminación y el cambio climático, los derechos de propiedad privada e individual, los servicios financieros, la libre circulación de trabajadores y los derechos de éstos, incluidos los derechos de pensión y otras disposiciones de seguridad social, la libre circulación de mercancías y la fiscalidad, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la libertad de establecimiento y las denuncias de discriminación por motivos de nacionalidad, sexo o pertenencia a minorías,

AB.

Considerando que el objeto de las peticiones realizadas en 2007 y el curso que se les dio hizo que se abordaran cuestiones importantes de actualidad, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua, la regulación de los servicios financieros y el suministro energético de la Unión Europea,

AC.

Teniendo presentes las relaciones permanentes y constructivas que se han establecido entre el Defensor del Pueblo Europeo, encargado de investigar las reclamaciones de los ciudadanos por casos de mala administración por parte de las instituciones de la Unión Europea, y la Comisión de Peticiones, que mantiene regularmente informado al Parlamento sobre el Informe Anual del Defensor del Pueblo Europeo o sobre los informes especiales —último recurso de que dispone el Defensor del Pueblo cuando no se tienen en cuenta sus recomendaciones—, de los que se elaboró uno en 2007,

AD.

Considerando que, mediante decisión de 15 de noviembre de 2007, la Conferencia de Presidentes rechazó la solicitud presentada en junio de 2005 por la comisión competente para autorizar la elaboración de un informe especial del Defensor del Pueblo al Parlamento sobre la mala administración de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude,

AE.

Considerando las perspectivas de futuro, según las cuales se reforzará todavía más la participación de los ciudadanos de la UE en la actividad y trabajo de la Unión Europea, en particular con la introducción de una «iniciativa ciudadana» prevista por el Tratado de Lisboa, si es ratificado por los 27 Estados miembros, que hará posible que un grupo de al menos un millón de ciudadanos de distintos Estados miembros presente una propuesta de acto legislativo, y para la cual se establecerán procedimientos específicos en los que tomarán parte la Comisión —a la que se dirigirán inicialmente dichas iniciativas—, el Parlamento y el Consejo,

AF.

Considerando que la Comisión de Peticiones, si sus actuaciones son eficaces y eficientes, envía una señal clara a los ciudadanos de que se están tratando sus preocupaciones legítimas y establece una verdadera conexión entre los ciudadanos y la Unión Europea, pero que si se registran demoras inaceptables y una falta de voluntad por parte de los Estados miembros para aplicar las recomendaciones de conformidad con la legislación comunitaria, entonces sólo se consigue aumentar la distancia entre la Unión Europea y sus ciudadanos y, en muchos casos, se confirma la opinión de éstos de que existe un déficit democrático,

AG.

Considerando que, a lo largo de 2007, los miembros de la Comisión de Peticiones se han beneficiado de la considerable mejora de la herramienta de gestión y base de datos «ePetition», puesta en marcha por su secretaría en colaboración con el servicio responsable de las tecnologías de la información, y gracias a la cual todos los miembros de la comisión y los grupos políticos pueden acceder directamente a las peticiones y a la documentación conexa, mejorando así su capacidad de dar un servicio eficaz a los peticionarios,

AH.

Constatando, no obstante, que el Parlamento no ha conseguido dotarse de los recursos necesarios para hacer un mejor uso de Internet en el procedimiento de petición, tal y como se solicitó en la resolución de 2007 sobre la actividad de la Comisión de Peticiones, y que no ha logrado hacer efectivo el artículo 192, apartado 2, del Reglamento, según el cual «se creará un registro electrónico a través del cual los ciudadanos podrán asociarse al peticionario, añadiendo su propia firma electrónica a una petición admitida a trámite e inscrita en el registro»,

AI.

Considerando importante que los ciudadanos de la Unión Europea estén debidamente informados del trabajo realizado por la Comisión de Peticiones, ya que serán ellos quienes elijan un nuevo Parlamento en las próximas elecciones europeas previstas para junio de 2009,

1.

Acoge con satisfacción la colaboración entre la Comisión de Peticiones y los servicios de la Comisión y el Defensor del Pueblo, así como el clima de cooperación reinante entre las dos instituciones, que tratan de responder a las preocupaciones de los ciudadanos de la Unión Europea; se muestra firmemente convencido, no obstante, de que resulta prioritario permitir que la Comisión de Peticiones consolide todavía más su capacidad de investigación independiente gracias, en particular, al refuerzo de su secretaría y de su competencia jurídica; se compromete a agilizar aún más los procedimientos internos de la Comisión de Peticiones con el fin de facilitar el procedimiento de peticiones, en particular en lo que respecta a los plazos dentro de los cuales se tratan las peticiones, su admisibilidad, investigación y seguimiento, la organización de reuniones de la comisión, la cooperación con otras comisiones parlamentarias que puedan tener un interés o competencia en determinadas peticiones, así como las iniciativas de la comisión, como las misiones de investigación;

2.

Subraya el reconocimiento del alcance normativo de la Carta de los Derechos Fundamentales, si se ratifica íntegramente el Tratado de Lisboa, y que, desde un punto de vista formal, esto consagrará su carácter vinculante autónomo, y recuerda la necesidad de considerar medidas concretas para definir el impacto de la Carta sobre los derechos de los ciudadanos y, por consiguiente, sobre el trabajo y las competencias de la Comisión de Peticiones;

3.

Reitera su solicitud a su Secretario General de que lleve a cabo una revisión urgente del portal de los ciudadanos de la página web del Parlamento para dar mayor proyección a todo lo relacionado con el derecho de petición, y de que garantice que se proporciona a los ciudadanos los medios para que puedan asociarse a una petición añadiendo sus firmas electrónicas, tal y como establece el artículo 192, apartado 2, del Reglamento; insta a que el portal de los ciudadanos garantice la interoperabilidad del programa de navegación para que los ciudadanos gocen de igualdad de derechos en este sentido;

4.

Considera que el procedimiento actual de registro de las peticiones retrasa innecesariamente su examen y se muestra preocupado por que esto pueda interpretarse como una falta de sensibilidad hacia los peticionarios; insta a su Secretario General a que tome las medidas necesarias para traspasar el registro de peticiones de la Dirección General de la Presidencia a la secretaría de la comisión competente;

5.

Pide el inicio de negociaciones entre el Parlamento y la Comisión con el fin de coordinar mejor el trabajo de estas instituciones sobre las reclamaciones, de forma que se facilite, agilice y simplifique el procedimiento de tramitación de reclamaciones y lo haga más transparente y expedito; insta al Secretario General a que informe a la Comisión de Peticiones en un plazo de seis meses;

6.

Respalda la formalización del procedimiento con arreglo al cual las peticiones relacionadas con el mercado interior podrán transferirse a la red Solvit con el objetivo de acortar sensiblemente los procedimientos de peticiones en el ámbito de las cuestiones del mercado interior como los impuestos sobre automóviles, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, los permisos de residencia, los controles fronterizos y el acceso a la educación, manteniendo intacto el derecho del Parlamento a examinar la cuestión si no se le diera una solución satisfactoria con Solvit;

7.

Reitera la necesidad de una mayor participación por parte del Consejo y de las Representaciones Permanentes de los Estados miembros en las actividades de la Comisión de Peticiones y les insta a aumentar su presencia y su participación en interés de los ciudadanos;

8.

Considera que, en el contexto del refuerzo de la secretaría de la Comisión de Peticiones y en el contexto del desarrollo del sistema «ePetition», la introducción de un dispositivo informático de seguimiento en línea destinado a los peticionarios contribuiría a crear un proceso más transparente y eficiente mediante, entre otras cosas, una actualización regular de la situación y la solicitud de información adicional; toma nota de que esa medida respondería mejor a las expectativas de los ciudadanos de la Unión Europea al mismo tiempo que fomentaría un mejor desempeño de las responsabilidades institucionales que recaen sobre el Parlamento y su Comisión de Peticiones;

9.

Pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Peticiones a la hora de decidir si incoa procedimientos de infracción contra los Estados miembros y reitera su petición de que, cuando se incoe algún procedimiento relacionado con una petición que está siendo examinada por la Comisión de Peticiones, la Comisión se lo notifique a ésta directa y oficialmente;

10.

Reitera, en este contexto, la naturaleza representativa de la Comisión de Peticiones, así como el papel y la misión institucionales que desempeña ante los ciudadanos y residentes de la Unión Europea;

11.

Manifiesta su inquietud por el excesivo plazo de tiempo requerido por los servicios de la Comisión y, en su caso, el Tribunal de Justicia, para concluir un procedimiento de infracción y pide —al tiempo que reconoce que esto suele deberse a una obstrucción lenta y a menudo deliberada por parte de las administraciones de los Estados miembros afectados— que se introduzcan plazos más estrictos; manifiesta sus dudas acerca de la eficacia de los llamados «procedimientos de infracción horizontales», cuya conclusión lleva más tiempo; pide que se revise el procedimiento de infracción destinado a garantizar un mayor respeto de la aplicación de los actos legislativos de la Comunidad Europea;

12.

Pide a las instituciones afectadas que hagan un mejor uso de este procedimiento como medio para garantizar el pleno respeto de la legislación comunitaria y lamenta profundamente que, a menudo, la lentitud de los procedimientos y la frecuente confusión acerca de lo que está en juego conduzcan de facto a violaciones de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros, que actúan así impunemente contra los intereses de las comunidades locales directamente afectadas que han dirigido sus peticiones al Parlamento;

13.

Considera problemático que el sistema actual de control de la legislación comunitaria permita que los Estados miembros retrasen el cumplimiento de la misma hasta que la amenaza de una sanción pecuniaria resulta inminente, y logren eludir su responsabilidad por incumplimientos intencionados en el pasado, así como que los ciudadanos no suelan disfrutar de un acceso adecuado a la justicia ni de soluciones a escala nacional, y ello incluso cuando el Tribunal de Justicia dictamina que un Estado miembro no ha respetado los derechos de los ciudadanos amparados por la legislación comunitaria;

14.

Recomienda que se dé prioridad a garantizar una Comisión de Peticiones eficaz y eficiente en todos los aspectos de su funcionamiento desde el principio hasta el final, ya que se trata de un compromiso real y tangible con los ciudadanos que indica que la Unión Europea está dispuesta y es capaz de responder a sus preocupaciones legítimas;

15.

Se muestra preocupado y consternado por que, aun cuando la Comisión de Peticiones respalda a menudo a los peticionarios en cuanto al fondo de su solicitud, éstos suelen enfrentarse a graves dificultades para obtener compensación de las autoridades y tribunales nacionales implicados; opina que estas deficiencias sistémicas necesitan ser examinadas en mayor medida, en particular por lo que al sector de los servicios financieros se refiere, como ilustran los resultados de la Comisión de Investigación sobre la Crisis de Equitable Life Assurance Society, que se inició a raíz de las peticiones recibidas por el Parlamento y sobre la que se elaboró un informe en 2007;

16.

Acoge con satisfacción que en 2007 la Comisión y el Tribunal de Justicia actuaran con rapidez, incluso adoptando medidas cautelares, para evitar la destrucción inminente en el valle del Raspuda, debido a la construcción del eje de carreteras «Vía Báltica», de una zona protegida en virtud de la Directiva sobre hábitats, cuestión ésta sobre la que la Comisión de Peticiones indagó por sí misma de forma independiente, llevando a cabo una misión de investigación y realizando recomendaciones específicas; lamenta que no existan más ejemplos similares;

17.

Insta a la Comisión a que, cuando examine peticiones y denuncias relacionadas con la política medioambiental —una de las cuestiones de interés predominante para los peticionarios de la Unión Europea —, esté más pronta a actuar para evitar las infracciones de la legislación comunitaria; observa que el principio de cautela no tiene, en la práctica, valor jurídico suficiente y que las autoridades responsables de los Estados miembros suelen hacer caso omiso de él, a pesar de estar obligadas a aplicar el Tratado CE;

18.

Lamenta que la Comisión no apoye a la Comisión de Peticiones cuando ésta, a resultas en particular de una misión de investigación, obtiene pruebas concluyentes de que no se están respetando los derechos de los ciudadanos consagrados en el Tratado o de que no se está aplicando la legislación, y pide que se establezcan nuevos procedimientos que permitan que el Parlamento someta directamente el asunto al Tribunal de Justicia;

19.

Reconoce plenamente que el procedimiento de petición, tal y como se contempla en el Tratado, está dirigido fundamentalmente a ofrecer soluciones extrajudiciales a los problemas planteados por los ciudadanos de la Unión Europea por medio de un proceso político y, en ese sentido, se congratula de que en muchos casos se obtengan resultados satisfactorios;

20.

Reconoce asimismo que, en muchas ocasiones, no puede brindarse una solución satisfactoria a los peticionarios debido a las deficiencias de la propia legislación comunitaria aplicable;

21.

Pide a las comisiones legislativas competentes que, cuando preparen o negocien actos legislativos nuevos o revisados, presten mayor atención a los problemas puestos de manifiesto gracias al procedimiento de petición;

22.

Pide a la Comisión que se interese más por el empleo dado a los Fondos de Cohesión en aquellos ámbitos de actividad de la Unión Europea en los que los grandes proyectos de infraestructuras tienen efectos importantes para el medio ambiente, e insta a los Estados miembros a que garanticen que los fondos de la Unión Europea se destinan al desarrollo sostenible en beneficio de las comunidades locales, ya que el número de éstas que presenta peticiones al Parlamento para protestar porque las autoridades regionales y locales no respetan siempre dichas prioridades va en aumento; se congratula de la labor realizada por la Comisión de Control Presupuestario y el Tribunal de Cuentas al respecto;

23.

Constata que las peticiones recibidas, en particular, de ciudadanos de los nuevos Estados miembros se refieren cada vez más a la restitución de propiedades, aunque esta cuestión siga siendo fundamentalmente de competencia nacional; insta a los Estados miembros afectados a que garanticen que su legislación en materia de derechos de propiedad derivados de un cambio de régimen respetan plenamente los requisitos del Tratado y las disposiciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, tal y como exige asimismo el artículo 6 del Tratado de la UE, en su versión modificada por el Tratado de Lisboa; hace hincapié en que las peticiones recibidas en este sentido no se refieren al régimen de propiedad en sí sino al derecho a adquirir propiedades de forma legítima; insta, en este contexto, a la Comisión a que se muestre particularmente vigilante en sus negociaciones no sólo con los Estados miembros actuales, sino también con los países candidatos;

24.

Reitera su compromiso de defender el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea a la propiedad privada legalmente adquirida y condena todo intento de despojar a las familias de sus propiedades sin un proceso justo, compensación adecuada ni respeto por su integridad personal; observa un incremento del número de peticiones recibidas sobre este mismo asunto, en particular en 2007 por lo que respecta a España, y toma nota asimismo del informe y las recomendaciones de la misión de investigación realizada por la Comisión de Peticiones para examinar este problema por tercera vez; constata que siguen en curso procedimientos de infracción relativos a las Directivas sobre contratación pública;

25.

Toma nota también de las críticas expuestas por la Comisión de Peticiones tras su misión de investigación en Loiret (Francia), en 2007, y pide en particular a las autoridades francesas que actúen con firmeza para garantizar el cumplimiento de las directivas comunitarias que podrían infringirse de seguir adelante el proyecto de construcción de puentes sobre el río Loira, dado que el valle del Loira no sólo está protegido por las Directivas sobre hábitats y aves, sino que ha sido declarado patrimonio mundial por la Unesco y uno de los últimos ríos salvajes que quedan en Europa;

26.

Manifiesta su preocupación continua por la falta de aplicación de las disposiciones de la Directiva sobre la calidad del agua destinada al consumo humano en Irlanda, la falta de evaluación previa a la decisión adoptada en 2007 de retirar un monumento nacional situado en Lismullin, en el trazado del proyecto de la autopista M3 cerca de Tara en el condado de Meath —que condujo a la decisión de la Comisión de interponer un recurso contra Irlanda ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas debido a que el amplio enfoque de Irlanda sobre la retirada de monumentos nacionales en circunstancias tales como las de Lismullin no respeta plenamente los requisitos de la Directiva 85/337/CEE (2), por los problemas a los que se enfrentan las comunidades locales en Limerick y por otras cuestiones suscitadas en el informe de la misión de investigación a Irlanda que la Comisión de Peticiones realizó en 2007; observa que algunos de estos asuntos están siendo objeto de procedimientos de infracción;

27.

Toma nota del informe sobre la misión de investigación a Polonia, en el que se hicieron recomendaciones relativas a la protección del valle del Raspuda y al último bosque primigenio de Europa; insta a la Comisión a que prosiga su labor con las autoridades polacas para encontrar trazados alternativos a la red de carreteras «Vía Báltica» y a la red ferroviaria, de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el informe de la Comisión de Peticiones; insta asimismo a la Comisión a que garantice que se dispone de la financiación necesaria para atenuar la presión existente sobre la red vial en Augustow, de forma que se proteja a la población local y se preserve el medio ambiente de la zona;

28.

Toma nota de la misión de investigación a Chipre realizada en noviembre de 2007 por el presidente y los miembros de la Comisión de Peticiones; insta a las partes afectadas a que prosigan sus esfuerzos por alcanzar una solución negociada en las cuestiones de mayor interés para los peticionarios, sobre todo en lo que se refiere a la zona inaccesible de Famagusta, que debería restituirse a sus legítimos propietarios, y acoge con satisfacción el hecho de que las dos partes en Chipre estén debatiendo en un nuevo marco de esfuerzos renovados para resolver el problema de Chipre; subraya, por otra parte, la importancia de la aplicación inmediata de la Resolución 550 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (1984) que establece el compromiso de devolver la ciudad de Famagusta a sus legítimos habitantes;

29.

Constata el creciente número de peticiones y cartas recibidas por la Comisión de Peticiones sobre la custodia de los hijos, cuestión ésta muy delicada y en la que resulta extremadamente difícil intervenir, por ejemplo en el caso de las peticiones relativas al servicio social de menores alemán (Jugendamt), debido a la actuación en muchas ocasiones de los tribunales y la dificultad de reivindicar la competencia en la materia de la Unión Europea como tal —excepto en aquellos casos en que los padres proceden de Estados miembros diferentes;

30.

Hace constar que, en 2007, muchos peticionarios británicos a los que las autoridades aduaneras y fiscales británicas habían confiscado sus bienes seguían sin haber obtenido reparación alguna, a pesar de que la Comisión inició procedimientos de infracción contra el Reino Unido por incumplimiento de las disposiciones del Tratado en favor de la libre circulación de mercancías; insta a las autoridades británicas a que propongan una solución equitativa, que incluya el pago de gratificaciones a los peticionarios que sufrieron graves pérdidas financieras antes de que las autoridades revisaran su modo habitual de proceder y, según la Comisión, comenzaran a actuar de conformidad con las directivas correspondientes;

31.

Hace constar asimismo que en Grecia las autoridades aduaneras siguen confiscando, solamente como medida de carácter excepcional, los vehículos de los nacionales griegos que se encuentran provisionalmente en el extranjero y que vuelven a Grecia en coches con matrícula extranjera, que a muchos de ellos se les ha acusado de contrabando y que no se ha dado a sus casos el curso adecuado, tal y como ya informó la Comisión de Peticiones al Parlamento; insta a las autoridades griegas a que compensen económicamente a los peticionarios que han sido víctimas de tales prácticas; toma nota de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 7 de junio de 2007 en el asunto C-156/04 Comisión/Grecia, que considera que la mayor parte de las explicaciones proporcionadas por las autoridades griegas en este caso son satisfactorias; acoge con satisfacción la aplicación de la nueva legislación adoptada por la autoridades griegas con objeto de solucionar las carencias que la mencionada decisión había puesto de manifiesto;

32.

Lamenta que, entre las peticiones más antiguas pendientes de resolución se encuentre la de los profesores de lengua extranjera en Italia («lettori»), a pesar de las dos decisiones dictadas por el Tribunal de Justicia y del apoyo de la Comisión y de la Comisión de Peticiones a su causa y quejas; insta a las autoridades italianas y a cada una de las universidades afectadas, incluidas entre otras las de Génova, Padua y Nápoles, a que actúen para dar una solución justa a las legítimas reclamaciones de estos profesores;

33.

Señala que la Comisión de Peticiones examinó, entre otras, en 2007 la petición relativa a una sede única —presentada no obstante en 2006—, que recibió el apoyo de 1250000 ciudadanos de la UE y que abogaba por una sede única para el Parlamento Europeo en Bruselas; observa que, en octubre de 2007, el Presidente devolvió la petición a la Comisión de Peticiones, la cual solicitó posteriormente al Parlamento su opinión al respecto, teniendo en cuenta que la designación de la sede de la institución se rige por las disposiciones del Tratado y que los Estados miembros tienen competencia para decidir en esta materia;

34.

Se muestra decidido a revisar la denominación de la Comisión de Peticiones en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea de cara a la próxima legislatura, para garantizar que refleje de forma comprensible la naturaleza de la comisión —cosa que, por lo visto, no ocurre ahora mismo en todas las lenguas— y subraye el elemento de democracia participativa intrínseco al derecho de petición; sugiere que la denominación de «Comisión de Peticiones Ciudadanas» podría ser de más fácil comprensión;

35.

Se muestra preocupado por el número de peticiones recibidas que llaman la atención sobre los problemas de registro electoral que padecen los ciudadanos de la Unión Europea expatriados o pertenecientes a minorías dentro de un Estado miembro; insta a los Estados miembros a que presten particular atención a las facilidades que se ponen a disposición de todos los ciudadanos de la Unión Europea y los residentes en la Unión Europea con derecho de sufragio pasivo para garantizar su plena participación en las próximas elecciones europeas;

36.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como a sus comisiones de peticiones y a sus defensores del pueblo nacionales u otros órganos competentes análogos.

14.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 8/49

A.

Considerando que las regiones de montaña representan el 40 % del territorio de Europa y que en ellas habita el 19 % de la población,

B.

Considerando que en algunos Estados miembros, como Austria, Grecia, Portugal, Italia y España, más del 50 % del territorio corresponde a regiones de montaña y que en estas zonas la población agrícola sigue desempeñando un papel esencial,

C.

Considerando que las regiones de montaña, sobre todo las de alta y media montaña, son paisajes transformados por el hombre que reflejan la interacción armónica entre los seres humanos y los biosistemas y forman parte del patrimonio natural,

D.

Considerando que las regiones de montaña padecen fuertemente las repercusiones del cambio climático y de fenómenos meteorológicos extremos como la sequía, los incendios, etc.,

E.

Considerando que las regiones de montaña no son homogéneas sino que comprenden, entre otras cosas, distintas formas de macizos y de altitudes (alta y media montaña, glaciares, zonas no productivas),

F.

Considerando que las regiones de montaña se distinguen de otros paisajes de la Unión Europea por factores específicos (terrenos en declive, diferencias de altitud, dificultad de acceso, crecimiento, épocas de crecimiento más cortas, peor calidad de los suelos, meteorología y condiciones climáticas) y resultan desfavorecidas en múltiples aspectos debido a desventajas naturales permanentes; que, en consecuencia, en algunas regiones de montaña se registra la desertización y reducción progresivas de la producción agrícola,

G.

Considerando que las regiones de montaña, sobre todo las de alta y media montaña, poseen un potencial modélico para productos de calidad, servicios de valor elevado y zonas de descanso y recreo, que sólo puede activarse de forma sostenible mediante un uso de los recursos y las tradiciones integrado y orientado hacia el largo plazo,

H.

Considerando que en las regiones de montaña se obtienen productos animales de particular calidad y que en los procesos de producción se hace un uso amplio y sostenible de los recursos naturales, de los pastizales, de variedades particularmente adaptadas de plantas forrajeras y también se emplean técnicas tradicionales,

I.

Considerando que la montaña, sobre todo la alta y media montaña, es un hábitat «multifuncional» en el que la agricultura y la economía en general están estrechamente vinculadas a los aspectos sociales, culturales y ecológicos y que, por consiguiente, es necesario apoyar a las regiones de montaña mediante con la financiación apropiada,

J.

Considerando que, como consecuencia de los déficit estructurales permanentes, la economía de las regiones de montaña es especialmente sensible a las oscilaciones del ciclo económico y depende a largo plazo de la diversificación y especialización de los procesos de producción,

K.

Considerando que con los Convenios europeos para la protección de algunas regiones de montaña —el Convenio para la protección de los Alpes de 7 de noviembre de 1991 (Convenio de los Alpes), y el Convenio Marco para la Protección y el Desarrollo Sostenible de los Cárpatos de 22 de mayo de 2003 (Convenio de los Cárpatos)— son importantes instrumentos de una política integrada para las regiones de montaña, aunque subsistan carencias en su ratificación y aplicación,

L.

Considerando que la actividad agrícola, silvícola y pastoril en las regiones de montaña, que con frecuencia comprende actividades múltiples, representa un ejemplo para el equilibrio ecológico que no se debe ignorar,

M.

Considerando que la mayoría de las explotaciones agrícolas de las regiones de montaña son empresas familiares con un elevado riesgo financiero,

1.

Señala que los esfuerzos de los Estados miembros en favor de las regiones de montaña, sobre todo las de alta y media montaña, se diferencian muy considerablemente entre sí, no apuntan hacia un desarrollo global, sino puramente sectorial, y no se inscriben en un marco integrado para toda la UE, a diferencia de lo que sucede para las regiones marítimas (COM(2007)0574);

2.

Subraya que el artículo 158 del Tratado CE relativo a la política de cohesión, modificado por el Tratado de Lisboa, afirma que las regiones de montaña padecen desventajas naturales y permanentes, al tiempo que reconoce su diversidad, y pide que se les preste especial atención; lamenta, no obstante, que la Comisión aún no haya elaborado una estrategia global para apoyar eficazmente a las zonas de montaña y otras regiones que padecen desventajas naturales permanentes, a pesar de las numerosas solicitudes en este sentido por parte del Parlamento;

3.

Subraya la necesidad de una buena coordinación de las distintas políticas comunitarias destinadas a garantizar un desarrollo armonioso, en particular para las regiones, como las zonas de montaña, que padecen desventajas naturales permanentes; manifiesta, en este sentido, que es oportuno separar la política de cohesión de la Comunidad de la política de desarrollo rural en el actual período de programación 2007-2013, resultante de la integración del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en la Política Agrícola Común (PAC); considera que este nuevo enfoque debe supervisarse de cerca a fin de evaluar su impacto en el desarrollo regional;

4.

Señala que las zonas de montaña sufren desventajas que hacen más difícil para la agricultura adaptarse a las condiciones de la competencia y que acarrean costes adicionales de manera que no puede producir productos muy competitivos a bajo precio;

5.

Propone que, en la perspectiva del Libro Verde sobre la cohesión territorial que se adoptará en otoño de 2008, de conformidad con los objetivos de la Agenda territorial y la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial, la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, adopte un enfoque territorial para abordar los problemas en los diferentes tipos de territorios de montaña y disponga la incorporación de estas medidas en el próximo paquete legislativo sobre los Fondos Estructurales;

6.

Desea que la Comisión desarrolle una auténtica estrategia integrada de la Unión Europea en favor de las zonas de montaña y considera que la publicación de un libro verde que les esté dedicado es un primer paso importante en esa dirección; pide a la Comisión que lleve a cabo una consulta pública de gran alcance en la que participen las autoridades regionales y locales, los agentes socioeconómicos y ambientales y las asociaciones nacionales y europeas que representan a las autoridades regionales en las zonas de montaña, con el fin de precisar mejor la situación de estas regiones;

7.

Acoge con satisfacción la publicación del Libro Verde sobre cohesión territorial como punto de partida para las distintas formas de organización territorial de la Unión Europea, y pide en ese contexto una PAC con un primer y un segundo pilar para que, ante los desafíos internacionales, las condiciones económicas puedan configurarse eficazmente en la Unión Europea con vistas a una agricultura de montaña eficiente y multifuncional, sin descuidar la necesidad de instrumentos asociados a la función de producción, incluidos los relativos al transporte de la leche;

8.

Insta al mismo tiempo a la Comisión a que, en el marco de sus competencias, en un plazo de seis meses tras la aprobación de la presente resolución, elabore una estrategia de la Unión Europea integrada para el desarrollo y el aprovechamiento sostenible de los recursos de las regiones de montaña (Estrategia de la Unión Europea para las zonas de montaña); pide asimismo que, sobre la base de dicha estrategia y tras consultar a las autoridades regionales y a los representantes de la sociedad civil, que conocen y defienden las condiciones y necesidades locales (por ejemplo, en función de las distintas regiones de montaña), se elaboren programas nacionales de acción con medidas de aplicación concretas, tomando debidamente en consideración las iniciativas regionales existentes;

9.

Subraya la importancia de delimitar las regiones de montaña como condición previa para la adopción de medidas específicas para, por ejemplo, la agricultura de montaña, así como la necesidad de una diferenciación objetiva de estas regiones en función del grado de sus desventajas naturales, que los Estados miembros deben seguir desarrollando de forma reforzada sobre la base de la actual cartografía de regiones elegibles;

10.

Pide a la Comisión que, con miras a la transferencia de conocimientos y al fomento de la innovación, elabore un catálogo de los programas y proyectos financiados, desglosado por temas de relevancia para las regiones de montaña;

11.

Pide a la Comisión que, en el contexto del programa de trabajo del Observatorio en red de la ordenación del territorio europeo, preste especial atención a la situación de las regiones acuciadas por desventajas naturales permanentes, como las regiones de montaña; considera que un conocimiento sólido y exhaustivo de la situación en estas regiones es esencial para elaborar medidas diferenciadas que aborden mejor sus problemas;

12.

Destaca el papel de la agricultura de montaña para la producción, la conservación y el uso extensivo del paisaje, como base multifuncional para otros sectores de la economía y como elemento distintivo del paisaje transformado por el hombre y de las estructuras sociales tradicionales;

13.

Considera que, debido a su atractivo para el turismo, muchas zonas de montaña tienen que hacer frente a una presión urbanística y, al mismo tiempo, proteger el paisaje tradicional para que no pierda su carácter agrícola, su belleza y sus cualidades, esenciales para el ecosistema;

14.

Observa que en las regiones de montaña, sobre todo las de alta y media montaña, la agricultura exige un mayor esfuerzo (entre otras cosas, gran intensidad de mano de obra y necesidad de trabajo manual), y entraña costes más elevados (por ejemplo, necesidad de maquinaria especial, costes más elevados de transporte) debido a las condiciones naturales y a los riesgos;

15.

Pide que se tenga mucho más en cuenta y de forma específica la multifuncionalidad de la agricultura de montaña en las futuras reformas de la PAC y que se adapten las directivas marco para el desarrollo rural y los programas nacionales al papel de los agricultores de montaña no sólo como meros productores sino también como pioneros económicos para otros sectores, y que se favorezca una cooperación sinérgica (por ejemplo, financiación de proyectos de ecoturismo y comercialización de productos de calidad, etc.); señala, en particular, la necesidad de compensación financiera de las prestaciones ecológicas de la agricultura de montaña;

16.

Ensalza el trabajo de los agricultores de montaña; señala que las condiciones de dicho trabajo, en particular por lo que concierne a la posibilidad de ganar un ingreso adicional, al equilibrio de la vida laboral y a la capacidad de fundar una familia, no se deben complicar con la burocracia, sino que deben mejorarse mediante la sinergia de las políticas sectoriales; pide a la Comisión y a los comités competentes (comitología) que examinen las disposiciones existentes y futuras (sobre todo la obligación de registro) en el sentido de la iniciativa «Legislar mejor», o que las simplifiquen con vistas a una simplificación global de los procedimientos administrativos;

17.

Hace hincapié en que los pagos compensatorios para las regiones de montaña, en especial las de alta y media montaña, deben continuar en el futuro y destinarse exclusivamente a obviar las desventajas naturales permanentes y los costes adicionales asociados a las dificultades de explotación; dichas compensaciones se justifican a largo plazo habida cuenta de la falta de alternativas de producción y de que la disociación completa causaría inevitablemente una reducción de la actividad que afectaría a todos los sectores; subraya que las necesidades de las zonas de montaña no pueden quedar cubiertas únicamente con los fondos destinados al desarrollo rural;

18.

Pide que se refuercen las ayudas para los jóvenes agricultores y se destinen mayores recursos al fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular con medidas que favorezcan a la familia y disposiciones en materia de trabajo a tiempo completo y parcial, modelos de sueldos combinados, modelos de actividades secundarias, equilibrio de la vida laboral y capacidad de fundar una familia, como factores vitales; pide a la Comisión que elabore planteamientos, en el marco de las reflexiones y los proyectos sobre la «flexiseguridad», con la participación de los afectados;

19.

Pide que se mantenga el equilibrio demográfico en estas regiones que a menudo se ven confrontadas a problemas como consecuencia de la emigración de la población;

20.

Está convencido de que es prioritario mantener una densidad de población suficiente en las regiones de montaña y de que se necesitan medidas para luchar contra la desertización y atraer a nuevos habitantes;

21.

Insiste en la importancia de garantizar un nivel elevado de servicios de interés económico general, mejorar la accesibilidad y la interconexión de las zonas de montaña y ofrecer las infraestructuras necesarias, en particular en lo que respecta al transporte de pasajeros y de mercancías, la educación, la economía basada en el conocimiento y las redes de comunicación, incluido el acceso a la banda ancha, para facilitar las conexiones con los mercados de las tierras altas y las zonas urbanas; pide a las autoridades competentes que fomenten con tales fines las asociaciones público-privadas;

22.

Hace hincapié en que las asociaciones de productores, las cooperativas ganaderas, las iniciativas colectivas de comercialización de los agricultores y las asociaciones intersectoriales que crean valor añadido en la región mediante un planteamiento de desarrollo integrado (por ejemplo, los grupos LEADER) y estrategias sostenibles de explotación contribuyen a la estabilidad y seguridad de la producción agraria en los mercados y deben recibir mayores ayudas;

23.

Pide que se concedan ayudas financieras específicas a la industria lechera (explotaciones y empresas de transformación) que en las regiones de montaña, en particular las de media y alta montaña, desempeña una función central, dada la falta de alternativas; pide, en el contexto de la reforma de las cuotas lecheras, una estrategia de «aterrizaje suave» para las zonas de montaña y medidas complementarias, (compensaciones especiales) para atenuar las repercusiones negativas que dejen un margen de maniobra para los procesos de adaptación y mantengan las bases para la explotación; pide que se pongan a disposición recursos adicionales del primer pilar; en particular en forma de prima a las vacas lecheras;

24.

Pide a los Estados miembros que establezcan, haciendo hincapié en el apoyo a una agricultura sostenible y adaptada en las zonas de montaña, pagos adicionales por hectárea para la agricultura biológica y los pastizales extensivos, así como ayudas a las inversiones en instalaciones ganaderas adaptadas a las especies;

25.

Recuerda que en las regiones de montaña las empresas ofrecen productos de calidad gracias al uso renovado de los conocimientos y procedimientos tradicionales, y son un factor clave de creación de empleo, por lo que deben ser tenidas en cuenta en los regímenes de ayudas de la Unión Europea;

26.

Pide medidas especiales de fomento debido a los costes más elevados y a la mano de obra necesaria, en particular, para la entrega de leche y productos lácteos desde y hacia el valle; reitera la introducción de un fondo para las vacas lecheras en las zonas de montaña;

27.

Destaca la importancia transsectorial de los productos típicos regionales y tradicionales de calidad; pide que en el marco de la estrategia de la Unión Europea para las zonas de montaña se prevean medidas de fomento y protección de estos productos o de los procedimientos de elaboración y su certificación, por ejemplo con arreglo a lo establecido en el Reglamento (CE) no 509/2006, de 20 de marzo de 2006, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios (5) y en el Reglamento (CE) no 510/2006, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (6), así como de protección contra las imitaciones; pide que se destinen fondos específicos en el marco de los programas de la Unión Europea para la promoción de los alimentos de calidad (como los de pastos de montaña, los quesos de granja y la carne de calidad superior);

28.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ayuden a las agrupaciones de agricultores y a las comunidades locales a establecer etiquetas regionales de calidad tal como se menciona en el apartado 27; sugiere que el apoyo se preste mediante una mejora de la información y una formación apropiada para los agricultores y los transformadores locales de productos alimenticios, así como mediante ayudas financieras para el establecimiento de instalaciones locales de transformación así como de campañas de primera promoción;

29.

Pide que se cree un fondo para las regiones desfavorecidas, incluidas las de montaña, empleando, entre otros recursos, los créditos del segundo pilar, infrautilizados por falta de la correspondiente cofinanciación nacional;

30.

Pide que, en aplicación del artículo 69 del Reglamento (CE) no 1782/2003, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (7), se preste apoyo financiero especial y específico a las zonas de montaña y se les garantice un acceso concreto y libre de trabas burocráticas al mismo, y que se eleve al 20 % el límite máximo previsto en dicho artículo;

31.

Recuerda que las zonas de montaña permiten desarrollar productos agrícolas de calidad y una mayor diversidad de los mismos en el mercado europeo, preservar determinadas especies animales y vegetales, mantener las tradiciones y fomentar las actividades industriales y turísticas, así como luchar contra el cambio climático a través de la protección de la diversidad biológica y la captación de CO2 mediante las praderas permanentes y los bosques, y que una explotación sostenible de los bosques hará posible la producción de energía utilizando residuos de la madera;

32.

Pide que se tengan en cuenta los intereses de los productores y criadores de ganado en las zonas de montaña, en particular en lo que respecta a las razas autóctonas, en las disposiciones en materia de salud animal, protección de los animales y fomento de su cría (programas de cría, conservación de registros, control del rendimiento, etc.);

33.

Señala que las acciones de la Comisión en el marco de la política de competencia y de comercio internacional tienen consecuencias para el desarrollo de las zonas de montaña; pide, en consecuencia, que responda en mayor medida y de forma más específica a las necesidades de estas regiones en el contexto de las futuras adaptaciones, en particular de las negociaciones en el marco de la organización mundial de comercio por lo que concierne a la flexibilidad respecto de las disposiciones relativas a las ayudas de Estado y por lo que concierne a la consideración de los servicios de interés general en el Derecho de la competencia;

34.

Pide que se preste una atención especial a los criadores de ganado de las zonas de montaña afectadas por los incendios, pues los pastizales de las zonas afectadas sólo pueden utilizarse en los cinco años posteriores de manera limitada y con gran precaución;

35.

Pide que en la «Estrategia» se atienda a las formas de paisaje de las zonas de montaña (pastizal de montaña, bosques protegidos, alta y media montaña, prados, paisajes de especial belleza) y se prevean para los pastos, las praderas , los bosques y las demás superficies desfavorecidas y sensibles tanto incentivos para su protección como modelos de explotación sostenible que induzcan su revalorización, su regeneración, su protección frente a la erosión y un aprovechamiento racional del agua y contrarresten los fenómenos no deseados, en particular el abandono del aprovechamiento de los pastizales con el subsiguiente enselvamiento o extensión excesiva de los mismos;

36.

Subraya, con vistas al mantenimiento de la biodiversidad, la necesidad de establecer bancos de datos para la conservación del material genético endógeno de las especies de plantas y animales, en particular, de la flora de alta montaña; pide a la Comisión que examine si puede lanzarse la iniciativa de un plan de acción internacional y cómo puede hacerse;

37.

Subraya que en algunas zonas de montaña de la Unión Europea, sobre todo en los nuevos Estados miembros, aumenta el riesgo de despoblación así como de decaimiento de las actividades sociales de la población que vive en ellas y que en esas regiones existe además el riesgo de un retroceso o incluso un abandono de la actividad agrícola, lo que podría provocar cambios en el paisaje y el ecosistema;

38.

Subraya que las primas para los pastos son esenciales para el mantenimiento de las actividades agrícolas en las regiones de montaña y que deben por consiguiente mantenerse;

39.

Insiste en la importancia de una estrategia silvícola a largo plazo que responda a las repercusiones del cambio climático, al ciclo natural y a la composición natural de los ecosistemas forestales, y cree mecanismos de prevención, de lucha y de compensación en situaciones de crisis (por ejemplo, los huracanes y los incendios forestales) y estímulos para la explotación integrada de los bosques; señala las posibilidades de transformación y valorización sostenibles de la madera y de los productos de la madera procedentes de las regiones de montaña a escala local (como productos de calidad con bajos coste de transporte y con ello ahorros de CO2, materiales de construcción o biocarburantes de segunda generación);

40.

Subraya la importancia de la gestión del agua en las zonas de montaña y hace un llamamiento a la Comisión para que incite a las autoridades locales y regionales a desarrollar una relación de solidaridad entre las partes superior e inferior de las cuencas, inclusive a través de una financiación adecuada para apoyar el uso sostenible de los recursos hídricos en estas zonas;

41.

Subraya que estas regiones son particularmente vulnerables a las consecuencias del cambio climático y pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que fomenten la aplicación inmediata de medidas destinadas a proporcionar una protección contra las catástrofes naturales, en particular los incendios forestales, en estas regiones;

42.

Señala que las regiones de montaña requieren nuevos medios para proteger su territorio contra las inundaciones, haciendo hincapié en la prevención, mientras que los agricultores y silvicultores pueden apoyar medidas de prevención de las inundaciones por medio de los pagos relacionados directamente con la zona que reciben en el marco de la PAC;

43.

Señala que la protección total y global contra la erosión del suelo y de los edificios y la conservación de los acuíferos deben ser siempre parte constitutiva de las prácticas agrícolas y forestales, con el fin de minimizar los riesgos de inundaciones y de erosión del suelo y para prevenir la sequía y los incendios forestales, así como para aumentar la oferta de aguas subterráneas y superficiales en las zonas rurales;

44.

Hace hincapié en que los bosques de hoja y de coníferas, como sectores de la economía, zonas de recreo y hábitat, requieren especiales cuidados y en que la explotación no sostenible de los bosques causa riesgos ecológicos y de seguridad (desprendimientos, corrimientos) y debe contrarrestarse con medidas adecuadas;

45.

Recuerda que en el apartado 15 de su Resolución de 16 de febrero de 2006 sugiere que en las regiones de montaña se fomente la separación entre bosque y pasto y se introduzcan, por simples razones de seguridad, los caminos obligatorios;

46.

Recuerda que las montañas son barreras naturales y a menudo también barreras nacionales y que por ello resulta esencial, a la vista de problemas comunes como el cambio climático, las epizootias y la extinción de variedades, la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional y el fomento de la misma;

47.

Observa con satisfacción los esfuerzos desplegados en pro del turismo sostenible y del uso eficiente de la naturaleza como «ventaja económica» mediante modelos sostenibles y al mismo tiempo tradicionales de ocio y deporte tomando en consideración las particularidades de esas zonas; resalta la función de los usuarios de la naturaleza que, respetándola, benefician a su propia salud;

48.

Insta a una mayor coordinación del desarrollo rural y la ayuda estructural y al desarrollo de programas comunes;

49.

Propone combinar el desarrollo rural y el fomento estructural y desarrollar programas unificados;

50.

Destaca el interés que reviste la introducción de una estrategia integrada para la toma de decisiones y los procedimientos administrativos, como la planificación regional, la concesión de licencias para proyectos de construcción y la renovación de viviendas por medio de prácticas orientadas al medio ambiente, el patrimonio y la planificación urbana, con miras a garantizar el desarrollo sostenible en las regiones de montaña; recomienda que se aproveche el potencial de las regiones de montaña para fomentar el desarrollo integral del turismo y el uso de la innovación en el desarrollo de la tierra, y apoya, a tal fin, las iniciativas locales y descentralizadas y las cooperaciones entre las diferentes regiones de montaña;

51.

Hace hincapié en que las superficies no aptas para el cultivo y la producción deben ser utilizadas del mejor modo posible, por ejemplo mediante el mantenimiento del bosque, la caza sostenible, la pesca, etc., para impedir su enselvamiento, el riesgo de incendios, la erosión y la pérdida de biodiversidad;

52.

Menciona la importancia de las regiones de montaña, tanto de alta como de media montaña, para la protección de la naturaleza y de la biodiversidad y para el mantenimiento de los hábitats; señala, sin embargo, especialmente la necesidad de mantener la explotación agrícola y silvícola en las zonas «Natura 2000» y los parques de protección de la naturaleza; pide una interconexión reforzada de estas regiones mediante la introducción de normas mínimas para las superficies de compensación ecológica en las zonas agrícolas (en su caso un 5 %);

53.

Insta a la Comisión a que preste todo el apoyo posible a la inclusión de las regiones de montaña en el patrimonio natural de la humanidad y a que aproveche todas las posibilidades de que dispone para proteger dichas regiones;

54.

Señala los excepcionales recursos hídricos de las regiones de montaña, que pueden explotarse de forma sostenible como sistemas naturales de irrigación y fuentes de agua potable y energía, así como para el turismo balneario; subraya la necesaria solidaridad entre las zonas situadas río arriba y río abajo para la gestión de esos recursos; subraya, en este contexto y para prevenir posibles conflictos, la necesidad de elaborar, mediante la cooperación, soluciones para el aprovechamiento de las reservas de agua «del manantial al valle»;

55.

Pide a la Comisión que promueva la aplicación del Protocolo relativo a la agricultura de montaña del Convenio de los Alpes, en estrecha cooperación con las instituciones del Convenio de los Alpes, para apoyar en la mayor medida posible la interconexión de la agricultura en las regiones de montaña con otros ámbitos políticos y que, en ese contexto, adopte las medidas necesarias para que concluya la ratificación de aquellos protocolos del Convenio de los Alpes que todavía no forman parte del acervo comunitario y para que la Unión Europea se adhiera al Convenio de los Cárpatos como parte contratante;

56.

Pone de relieve la importancia del voluntariado (en particular para el rescate en montaña, la protección civil y la beneficencia) en la prestación de servicios y en el cuidado del patrimonio cultural y natural en la montaña;

57.

Ensalza el trabajo de las organizaciones e institutos de investigación que se movilizan en favor de las regiones de montaña y subraya que para la elaboración de la estrategia de la Unión Europea para las regiones de montaña y de otras medidas semejantes debe recurrirse a sus conocimientos técnicos y a su motivación;

58.

Resalta el papel que desempeña el fomento de la formación y la especialización profesional básica y complementaria y, en el sentido de la diversificación de las capacidades y posibilidades profesionales, las iniciativas y proyectos relativos al aprendizaje permanente;

59.

Opina que es necesario invertir en centros locales de formación avanzada en economía agrícola para las regiones de montaña, con el fin de formar profesionales capacitados para gestionar actividades en un entorno de montaña, proteger la tierra y desarrollar la agricultura;

60.

Pide que se preste especial atención al mantenimiento del paisaje así como al desarrollo y la modernización de las infraestructuras en las regiones de montaña de difícil acceso y que se colme la brecha digital y que se hagan públicos los resultados de los programas marco de investigación (por ejemplo, sobre gobernanza electrónica);

61.

Señala la necesidad de unos servicios eficientes de proximidad para el mantenimiento de la población y para la competitividad; pide que se apoye específicamente a las corporaciones territoriales locales en el ámbito de los servicios de interés general;

62.

Subraya la necesidad de favorecer las soluciones de movilidad sostenible y un planteamiento integrado entre las exigencias transnacionales (tránsito, corredores de largo recorrido) y locales (por ejemplo, acceso a zonas de muy distinta altitud y movilidad urbana);

63.

Pide que se preste apoyo a las regiones de montaña en lo relativo a la gestión del transporte, a la protección frente al ruido y a la conservación del paisaje, elementos básicos para la calidad de vida y un turismo sostenible, con medidas de transferencia del transporte de la carretera a la vía férrea (por ejemplo, refuerzo de las zonas sensibles en la «Directiva sobre costes del transporte» (8));

64.

Subraya la importancia de los «espacios de transición» entre las llanuras y las regiones de montaña para la puesta a disposición de infraestructuras y servicios privados y públicos de alta calidad (por ejemplo, universidades, aeropuertos, hospitales); pide que se apoye la mejora de la accesibilidad desde el entorno inmediato de esas instalaciones, en particular mediante el transporte público;

65.

Subraya que, merced al aprovechamiento inteligente de las más distintas fuentes de energía, las regiones de montaña constituyen un ejemplo de combinación energética diversificada, soluciones constructivas energéticamente eficientes y biocarburantes de segunda generación, y que deben apoyarse los proyectos de investigación en esta dirección; subraya, sin embargo, que el desarrollo de los biocarburantes de segunda generación no debe conducir a una competencia entre las zonas dedicadas a esa producción (baldíos, zonas de monte bajo, etc.) y las zonas de pastizales;

66.

Aconseja a los Estados miembros que mejoren la estructura y los procedimientos para la prestación de ayuda financiera destinada a apoyar el desarrollo de las regiones de montaña y, al mismo tiempo, que simplifiquen los procedimientos administrativos y el acceso a los recursos destinados a apoyar la protección y el uso sostenible de los bienes territoriales: el patrimonio cultural y los recursos naturales y humanos;

67.

Considera que, para el mantenimiento de las demás actividades, como el desarrollo de los biocombustibles y del agroturismo, que suponen un aumento de ingresos de la población local, es necesario desarrollar en las zonas de montaña una agricultura sostenible, moderna y multifuncional, y pide a la Comisión y al Consejo que tengan en cuenta específicamente, en la PAC y en la política regional, las necesidades de las regiones de montaña: la llegada de nuevos agricultores, compensación de los costes adicionales vinculados al problema de la inaccesibilidad, por ejemplo con respecto a la recogida de leche, mantenimiento de los servicios en las zonas rurales y desarrollo de las infraestructuras de transporte;

68.

Señala la vulnerabilidad de las montañas y los glaciares respecto del cambio climático, que resulta de sus características topográficas y sus desventajas estructurales, pero también su potencial como «laboratorios de pruebas» para tecnologías innovadoras y que imiten a la naturaleza en el ámbito de la protección del clima; pide a la Comisión que elabore una política climática diferenciada para las regiones de montaña y que, para ello, recurra a los conocimientos ya disponibles (por ejemplo, Convenios de los Alpes y de los Cárpatos); pide que se emprendan las actividades de investigación y se adopten medidas de transición en este ámbito;

69.

Pide que se asiente la coordinación para las regiones de montaña y las zonas desfavorecidas en una relación funcional con la PAC y el segundo pilar (desarrollo rural);

70.

Señala expresamente que una agricultura sostenible y el desarrollo de las regiones de montaña no sólo son importantes para la población de estas regiones sino que también lo son para la de las regiones adyacentes (por ejemplo, las llanuras), por lo que la estrategia de la Unión Europea para las regiones de montaña también influye en la sostenibilidad de estas regiones en lo que respecta al abastecimiento de agua, la estabilidad del medio ambiente, la biodiversidad, el reparto equilibrado de la población y la diversidad cultural; pide a la Comisión que al elaborar la estrategia para las regiones de montaña, examine la forma en que las iniciativas ya existentes para la integración de las regiones de montaña y las regiones adyacentes pueden incluirse ventajosamente en la misma;

71.

Encarga a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que siga el curso de la presente Resolución en el Consejo y la Comisión;

72.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

14.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 8/57

A.

Considerando que el Pacto Molotov-Ribbentrop de 23 de agosto de 1939 entre la Unión Soviética y Alemania dividió Europa en dos esferas de intereses mediante protocolos secretos adicionales,

B.

Considerando que las deportaciones, los asesinatos y la esclavización de masa perpetrados en el contexto de los actos de agresión del estalinismo y el nazismo entran en la categoría de crímenes de guerra y contra la humanidad,

C.

Considerando que, conforme al Derecho internacional, la prescripción no se aplica a los crímenes de guerra y contra la humanidad,

D.

Considerando que la influencia y la trascendencia del orden y de la ocupación soviéticos en y para los ciudadanos de los Estados post-comunistas son poco conocidos en Europa,

E.

Considerando que el artículo 3 de la Decisión no 1904/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por la que se establece el programa Europa con los ciudadanos para el período 2007-2013 a fin de promover la ciudadanía europea activa (1) instituyó la acción «Memoria histórica activa de Europa» para evitar que se repitieran los crímenes del nazismo y del estalinismo,

1.

Propone que se proclame el 23 de agosto Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo para preservar la memoria de las víctimas de las deportaciones y las exterminaciones de masa, enraizando al mismo tiempo más firmemente la democracia y reforzando la paz y la estabilidad en nuestro continente;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, a los Parlamentos de los Estados miembros.

14.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 8/60

A.

Considerando que la conversión del sistema analógico a la televisión digital terrestre hasta finales de 2012 liberará, gracias a la mayor eficiencia de transmisión de la tecnología digital, una cantidad de espectro sin precedentes en la Unión Europea, lo que permitirá reasignar el espectro y ofrecerá nuevas oportunidades de crecimiento del mercado y para la expansión y variedad de los servicios de calidad que se ofrecen al consumidor,

B.

Considerando que podrá sacarse pleno partido de las ventajas por el uso del espectro radioeléctrico desde el punto de vista de la eficacia mediante una acción coordinada a escala comunitaria,

C.

Considerando que el espectro radioeléctrico es fundamental para la prestación de una amplia gama de servicios y para el desarrollo de mercados impulsados por la tecnología cuyo valor se estima en el 2,2 % del PIB de la UE y es, por consiguiente, un factor clave en el crecimiento, la productividad y el desarrollo de la industria, de conformidad con la Estrategia de Lisboa,

D.

Considerando que el espectro radioeléctrico es al mismo tiempo un recurso natural escaso y un bien público, y que su uso eficaz es crucial para garantizar el acceso al mismo de las distintas partes interesadas que desean ofrecer servicios conectados,

E.

Considerando que gran parte del espectro se está utilizado en la actualidad para fines militares con tecnología analógica y que, por consiguiente, el gran aumento de la cantidad total de espectro disponible para las comunicaciones electrónicas públicas incluirá también esta parte después de la conversión al sistema digital,

F.

Considerando que los Estados miembros carecen de un calendario común para la conversión al sistema digital; considerando que en muchos Estados miembros los planes de transición a la tecnología digital están muy desarrollados, mientras que en algunos otros ya ha tenido lugar la conversión,

G.

Considerando que la Comunicación de la Comisión sobre un planteamiento común del uso del espectro liberado por la conversión al sistema digital es parte integrante del paquete sobre las comunicaciones electrónicas aprobado por la Comisión en noviembre de 2007, en lo que se refiere a la reforma del marco normativo de las comunicaciones electrónicas,

H.

Considerando que en la Unión Europea actualmente está en marcha la asignación o reasignación de frecuencias de emisión a los organismos de radiodifusión digital, por lo que estas frecuencias asignadas y, por tanto, bloqueadas, durante muchos años,

I.

Considerando que la neutralidad tecnológica es fundamental para el fomento de la interoperabilidad y es esencial para una política de conversión al sistema digital más flexible y transparente, que tenga en cuenta el interés general,

J.

Considerando que el Consejo pidió a los Estados miembros que procedieran, en la medida de lo posible, a la conversión al sistema digital antes de 2012,

K.

Considerando que todos los Estados miembros han hecho públicas sus propuestas en materia de conversión al sistema digital,

1.

Reconoce la importancia de la iniciativa i2010 como componente de la renovada Estrategia de Lisboa y destaca la importancia de la eficacia del acceso y el uso del espectro para la consecución de los objetivos de Lisboa; hace hincapié en este contexto en la necesidad de acceder a los servicios de banda ancha con objeto de superar la brecha digital;

2.

Destaca la necesidad de la conversión al sistema digital que, junto con el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y comunicación y con el dividendo digital, va a contribuir a salvar la brecha digital y al logro de los objetivos de Lisboa;

3.

Constata las divergencias en los sistemas naciones de asignación y explotación del espectro, así como las disparidades nacionales existentes, y destaca que estas diferencias pueden suponer un obstáculo para la consecución de un mercado interior que funcione eficazmente;

4.

Subraya que la magnitud del dividendo digital variará de un Estado miembro a otro en función de las circunstancias nacionales y de la política audiovisual y de medios de comunicación a escala nacional;

5.

Reconoce que el aumento de la eficiencia del espectro de la televisión digital terrestre debe permitir reasignar alrededor de 100 MHz del dividendo digital a servicios móviles de banda ancha y a otros servicios (como, por ejemplo, los servicios de seguridad pública, la identificación por radiofrecuencia y las aplicaciones de seguridad en carretera) y garantizar al mismo tiempo que los servicios de difusión puedan continuar desarrollándose;

6.

Observa que, en la actualidad, la mayoría de los Estados miembros están a la zaga con respecto a otros países desarrollados en cuanto a la inversión en infraestructuras de comunicaciones de nueva generación y subraya que alcanzar el liderazgo en el desarrollo de Internet y la banda ancha es fundamental para la competitividad y la cohesión de la Unión Europea a escala internacional, en particular para potenciar las plataformas digitales interactivas y la prestación de nuevos servicios en línea en el ámbito del comercio, la sanidad, la formación y la administración; destaca que se han de aumentar las inversiones a escala nacional y de la Unión Europea para alentar la adopción de productos y servicios innovadores; subraya que los esfuerzos destinados a asegurar el acceso a los servicios de banda ancha no se han de centrar exclusivamente en el dividendo digital;

7.

Está convencido de que podrán ofrecerse en breve nuevos paquetes multiplay, que contienen tecnologías y servicios innovadores, mediante una mayor convergencia tecnológica y, al mismo tiempo, observa que la aparición de estas ofertas depende fundamentalmente de la disponibilidad de cantidades de espectro de gran valor, así como de nuevas tecnologías interactivas que permitan una interoperabilidad, conectividad y cobertura ininterrumpidas, como las tecnologías multimedia móviles y las tecnologías de acceso inalámbrico a la banda ancha;

8.

Observa que la convergencia tecnológica es una realidad que ofrece nuevos medios y oportunidades a los servicios tradicionales; subraya que el acceso a las partes del espectro que anteriormente estaban reservadas a la radiodifusión puede permitir que aparezcan nuevos servicios siempre y cuando el espectro se gestione de la manera más eficaz posible para evitar las interferencias con la emisión de programas de radiodifusión digital de alta calidad;

9.

Pide una estrecha cooperación entre los Estados miembros para lograr un mercado interior de las comunicaciones electrónicas eficaz, abierto y competitivo que permita el despliegue de nuevas tecnologías de red;

10.

Subraya la importancia estratégica de un entorno en la Unión Europea en el que haya espacio para la innovación, las nuevas tecnologías, los nuevos servicios y los nuevos operadores con el fin de potenciar la competitividad y la cohesión europeas; destaca que es esencial dar a los usuarios finales libertad de elección en relación con los productos y servicios para alcanzar el desarrollo dinámico de los mercados y de las tecnologías en la Unión Europea;

11.

Destaca que el dividendo digital brinda a la Unión Europea la oportunidad única de desarrollar nuevos servicios como la televisión móvil y el acceso inalámbrico a Internet y de mantener el liderazgo mundial en tecnologías multimedia móviles, superando al mismo tiempo la brecha digital y proporcionando nuevas oportunidades para los ciudadanos, los servicios, los medios de comunicación y la diversidad cultural dentro de la Unión Europea;

12.

Pide a los Estados miembros, con pleno respeto a su soberanía en este ámbito, que analicen el impacto de la conversión digital en el espectro utilizado en el pasado para fines militares y, si procede, que reasignen parte de este dividendo digital específico para nuevas aplicaciones civiles;

13.

Reconoce que la coordinación a escala de la Unión Europea fomentaría el desarrollo, aumentaría la economía digital y permitiría a todos los ciudadanos un acceso a precio razonable y equitativo a la sociedad de la información;

14.

Insta a los Estados miembros a liberar sus dividendos digitales lo antes posible, permitiendo a los ciudadanos de la Unión beneficiarse del despliegue de nuevos servicios innovadores y competitivos; subraya que, a estos efectos, es necesaria la cooperación activa entre Estados miembros para superar los obstáculos existentes a nivel nacional para la asignación o reasignación eficaz del dividendo digital;

15.

Destaca que los organismos de radiodifusión son agentes esenciales en la defensa de los principios del pluralismo y la democracia, y cree firmemente que las oportunidades derivadas del dividendo digital permitirán a los organismos de radiodifusión públicos y privados ofrecer un número mucho mayor de programas que favorezcan los objetivos de interés general, contemplados en las legislaciones nacionales, como la promoción de la diversidad cultural y lingüística;

16.

Considera que el dividendo digital debe ofrecer una oportunidad a los organismos de radiodifusión para desarrollar y ampliar sus servicios, teniendo también en cuenta otras posibles aplicaciones sociales, culturales y económicas, como las aplicaciones nuevas y abiertas de banda ancha diseñadas para superar la brecha digital, en la que no deben permitirse obstáculos para la interoperabilidad;

17.

Subraya las ventajas potenciales de un enfoque coordinado sobre la utilización del espectro en la Unión Europea en términos de economías de escala, del desarrollo de servicios inalámbricos interoperables y de evitar la fragmentación, que conduce a un aprovechamiento deficiente de este recurso escaso; considera que, a pesar de que son necesarias una coordinación y una flexibilidad mayores para la explotación eficaz del espectro, la Comisión y los Estados miembros deberían garantizar un equilibrio adecuado entre flexibilidad y nivel de armonización, con objeto de obtener los máximos beneficios del dividendo digital;

18.

Observa que puede lograrse una asignación eficaz del dividendo digital sin afectar a ninguna de las partes que en la actualidad disponen de licencias de espectro en la banda de frecuencia ultra alta (UHF) y que puede conseguirse efectivamente el mantenimiento y la expansión de los actuales servicios de radiodifusión, garantizando a la vez la asignación de suficientes recursos del espectro en la banda UHF para las nuevas tecnologías de acceso inalámbrico a la banda ancha y tecnologías multimedia móviles, con vistas a ofrecer nuevos servicios interactivos a los ciudadanos de la Unión;

19.

Considera que, cuando recurran a licitaciones para la asignación de frecuencias, los Estados miembros deberían adoptar un enfoque común por lo que respecta a las condiciones y metodología de las licitaciones y la asignación de los recursos generados; pide a la Comisión que presente orientaciones en este sentido;

20.

Subraya que la pauta principal en la adjudicación del dividendo digital debería servir al interés general garantizando el mejor valor social, cultural y económico, en el sentido de que los ciudadanos reciban una oferta de servicios y contenido digital reforzada y más amplia en términos geográficos, y no sólo para obtener los máximos ingresos públicos posibles, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los actuales usuarios de los servicios de medios audiovisuales y reflejando la diversidad cultural y lingüística;

21.

Hace hincapié en que el dividendo digital ofrece a la Unión Europea una oportunidad única para desarrollar su papel de líder mundial en tecnologías multimedia móviles y, al mismo tiempo, superar la brecha digital mediante un mayor flujo de información, conocimientos y servicios que conecten a todos los ciudadanos de la Unión entre sí y ofrezcan nuevas oportunidades a los medios, la cultura y la diversidad en todo el territorio de la Unión Europea;

22.

Insiste en que una de las posibilidades para que el dividendo digital contribuya a alcanzar los objetivos de Lisboa consiste en aumentar la disponibilidad de los servicios de acceso a la banda ancha para los ciudadanos y agentes económicos en el conjunto de la Unión Europea, afrontando la brecha digital mediante beneficios para las zonas menos favorecidas, apartadas o rurales y garantizando la cobertura universal en los Estados miembros;

23.

Lamenta el acceso desigual de los ciudadanos de la Unión a los servicios digitales, especialmente en el ámbito de la radiodifusión; señala el hecho de que las regiones rurales y las regiones periféricas se ven desfavorecidas de manera especial (en términos de rapidez, variedad y calidad) por lo que se refiere a la expansión de los servicios digitales; insta a los Estados miembros y a las autoridades regionales a que hagan todo cuanto esté en sus manos para garantizar que la conversión digital se lleva a cabo de manera rápida y equitativa para todos sus ciudadanos;

24.

Subraya que la brecha digital no solo es un problema rural; hace hincapié en la dificultad de dotar a algunos edificios de pisos de construcción antigua de la infraestructura necesaria para las nuevas redes; destaca las ventajas que puede aportar el espectro en la superación de la brecha digital tanto en zonas urbanas como rurales;

25.

Destaca la contribución que el dividendo digital puede hacer a la prestación de servicios sociales interoperables y reforzados a los ciudadanos —en especial a aquellos que viven en zonas menos favorecidas o aisladas, como las zonas rurales y menos desarrolladas y las islas—, como la administración, la sanidad, la formación y la educación electrónicas;

26.

Pide a los Estados miembros que refuercen las medidas que permiten a los usuarios con discapacidad, a los usuarios de edad avanzada y a los usuarios con necesidades sociales especiales aprovechar al máximo las ventajas que reporta el dividendo digital;

27.

Confirma el valor social de los servicios de seguridad pública y la necesidad de tener en cuenta sus limitaciones de funcionamiento en los acuerdos sobre el espectro motivados por la reorganización de la banda UHF como consecuencia de la desaparición de los servicios analógicos;

28.

Subraya que la principal prioridad de la política «Aprovechar plenamente las ventajas del dividendo digital en Europa» consiste en garantizar que los consumidores disfruten de un muy amplio abanico de servicios de calidad a la vez que se respetan plenamente sus derechos, teniendo en cuenta una utilización eficaz del espectro liberado por la conversión al sistema digital;

29.

Subraya que el dividendo digital ofrece nuevas e importantes posibilidades para las políticas audiovisual y de los medios de comunicación; por tanto, está convencido de que las decisiones en materia de gestión del dividendo digital deben promover y proteger objetivos de interés general relacionados con las políticas audiovisual y de los medios de comunicación, como la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad cultural y lingüística, así como los derechos de los menores;

30.

Alienta a los Estados miembros a reconocer el valor social, cultural y económico de permitir que los usuarios sin licencia accedan al dividendo, en particular las pequeñas y medianas empresas y el sector no lucrativo y de incrementar con ello la eficiencia del uso del espectro mediante una concentración de esos usos sin licencia en las frecuencias hasta ahora no utilizadas (espacios en blanco);

31.

Pide un enfoque gradual en este terreno; opina que deben tenerse en cuenta las consecuencias para las redes de menor envergadura —especialmente las locales inalámbricas— no sujetas actualmente a requisitos de licencia, y que debe promoverse el acceso universal a la banda ancha, especialmente en las zonas rurales;

32.

Pide a los Estados miembros que respalden las medidas destinadas a estrechar la cooperación entre las autoridades de gestión del espectro para tomar en consideración zonas en las que la asignación del espectro de espacios en blanco sin licencia permitiría la emergencia de nuevos servicios y tecnologías para fomentar la innovación;

33.

Anima a los Estados miembros a considerar en el contexto de la asignación de los espacios en blanco las necesidades de acceso abierto sin licencia al espectro por parte de prestadores de servicios no comerciales y educativos y a comunidades locales con una misión de servicio público;

34.

Destaca que, para facilitar del acceso al dividendo digital a los usuarios sin licencia, uno de los premisas fundamentales debería ser la toma en consideración de las necesidades de los colectivos sociales amenazados de exclusión, en especial los usuarios con discapacidad, los usuarios de edad avanzada y los usuarios con necesidades sociales especiales;

35.

Reconoce las ventajas de nuevas tecnologías, como WiFi y Bluetooth, que han surgido en la banda sin licencia de 2,4 GHz; reconoce que algunas frecuencias se adaptan mejor a determinados servicios; cree que la asignación de una pequeña cantidad de espectro sin licencia a otras frecuencias más bajas podría fomentar todavía más la innovación en nuevos servicios;

36.

Subraya por tanto que las frecuencias se deben asignar de forma transparente, teniendo en cuenta todos los posibles usos del nuevo espectro y sus beneficios para la sociedad;

37.

Anima a los Estados miembros a evaluar de manera pormenorizada el valor social y económico de cualquier espectro liberado en los próximos años por la conversión del sistema analógico al sistema digital;

38.

Reconoce la importancia del Acuerdo de Ginebra de 2006 de la UIT (Conferencia Regional de Radiocomunicaciones 2006 (CRR-06)) y de los planes nacionales de asignación de frecuencias, así como las decisiones de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 (CMR-07) en la reorganización de la banda UHF;

39.

Pide a los Estados miembros que desarrollen, hasta finales de 2009 y con una metodología común, estrategias nacionales para el dividendo digital; insta a la Comisión a ayudar a los Estados miembros en el desarrollo de sus estrategias nacionales para el dividendo digital y a promover las buenas prácticas a escala de la UE;

40.

Subraya que la inminente transición en algunos Estados miembros y las diferencias en los planes nacionales de transición requieren una respuesta a nivel comunitario que no puede esperar hasta la entrada en vigor de las directivas de reforma;

41.

Reconoce el derecho de los Estados miembros a decidir qué uso dar al dividendo digital, pero afirma también que un planteamiento coordinado a escala comunitaria incrementa en gran medida el valor del dividendo y es la manera más eficaz de evitar las interferencias nocivas entre los Estados miembros y entre estos y terceros países;

42.

Reitera que, en interés de los ciudadanos de la Unión, el dividendo digital se debe gestionar de la forma más eficiente y efectiva posible, con el fin de evitar interferencias con la prestación de programas de televisión digital de gran calidad a un número creciente de ciudadanos y respetar los derechos e intereses de los consumidores, así como su inversión en equipos.

43.

Subraya que los Estados miembros pueden tener en cuenta las licitaciones abiertas a todas las tecnologías con el fin de asignar las frecuencias que son liberadas a causa del dividendo digital y hacer que dichas frecuencias sean comerciables; considera, sin embargo, que este procedimiento debería ajustarse plenamente al Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, a la planificación nacional de frecuencias y a los objetivos de la política nacional con objeto de evitar interferencias perjudiciales entre los servicios ofrecidos; advierte del riesgo de fragmentación del espectro que lleva al aprovechamiento deficiente de recursos que son escasos; solicita a la Comisión que vele para que cualquier futuro plan de espectro coordinado no cree nuevos obstáculos para la innovación futura;

44.

Respalda un planteamiento común y equilibrado del uso del dividendo digital que permita a los organismos de radiodifusión seguir ofreciendo y ampliando sus servicios y a los operadores de comunicaciones electrónicas utilizar este recurso para desplegar nuevos servicios que aborden otros usos sociales y económicos importantes, pero subraya que, en cualquier caso, la adjudicación del dividendo digital deberá estar abierta a todas las tecnologías;

45.

Hace hincapié en el hecho de que la política sobre el espectro debe ser dinámica y permitir tanto a los organismos de radiodifusión como a los operadores de comunicaciones utilizar nuevas tecnologías y desarrollar nuevos servicios que les permitan seguir desempeñando un papel importante en la consecución de los objetivos de la política cultural y de los medios de comunicación, facilitando al mismo tiempo nuevos servicios de comunicaciones de calidad superior;

46.

Subraya las potenciales ventajas, en términos de economías de escala, innovación, interoperabilidad y prestación de potenciales servicios paneuropeos, de una planificación del espectro más coherente e integrada a escala comunitaria; alienta a los Estados miembros a que cooperen entre sí y con la Comisión con el fin de identificar subbandas de espectro comunes del dividendo digital para diferentes agrupamientos de aplicaciones que se puedan armonizar según el principio de neutralidad tecnológica;

47.

Cree que el agrupamiento en la banda UHF debe basarse en un planteamiento ascendente según las particularidades de los mercados nacionales, asegurando al mismo tiempo que se lleve a cabo dicha armonización a escala comunitaria cuando esto cree un valor añadido evidente;

48.

Apoya, a fin de lograr un uso más eficaz del espectro y facilitar la creación de servicios nacionales, transfronterizos y paneuropeos innovadores y de éxito, un planteamiento coordinada a escala comunitaria, basado en agrupamientos diferentes del espectro UHF para servicios unidireccionales y bidireccionales, que tenga en cuenta las posibles interferencias perjudiciales derivadas de la coexistencia de diferentes tipos de red en la misma banda, los resultados de la CRR-06 de Ginebra de la UIT y de la CMR-07, y las autorizaciones existentes;

49.

Considera que la parte del espectro armonizada a escala comunitaria dedicada a los servicios de emergencia podría proveer acceso a las futuras tecnologías de banda ancha para la recogida y transmisión de información que se necesita para la protección de vidas humanas gracias a una respuesta más eficiente de los servicios de emergencia;