19.11.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 279/1

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Visto el artículo 158 del Tratado CE,

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Visto el Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (1),

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Visto el Reglamento (CEE) no 2081/93 del Consejo de 20 de julio de 1993 por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2052/88 relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (2),

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Visto el Reglamento (CEE) no 2082/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993, que modifica el Reglamento (CEE) no 4253/88 por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (3),

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Visto el Reglamento (CE) no 214/2000 del Consejo, de 24 de enero de 2000, relativo a las contribuciones financieras de la Comunidad al Fondo internacional para Irlanda (4),

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Visto el Reglamento (CE) no 2236/2002 del Consejo, de 10 de diciembre de 2002, relativo a las contribuciones financieras de la Comunidad al Fondo Internacional para Irlanda (2003-2004) (5),

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Visto el Reglamento (CE) no 1105/2003 del Consejo, de 26 de mayo de 2003, que modifica el Reglamento (CE) no 1260/1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (6),

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Visto el Reglamento (CE) no 173/2005 del Consejo, de 24 de enero de 2005, que modifica el Reglamento (CE) no 1260/1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales para prolongar dos años más la duración de aplicación del programa PEACE y conceder nuevos créditos de compromiso (7),

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Visto el Reglamento (CE) no 177/2005 del Consejo, de 24 de enero de 2005, relativo a las contribuciones financieras de la Comunidad al Fondo Internacional para Irlanda (2005-2006) (8),

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Visto el Reglamento (CE) no 1968/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, sobre las contribuciones financieras de la Comunidad al Fondo Internacional para Irlanda (2007-2010) (9),

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Visto el Reglamento (CE) no 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT) (10),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Programa de apoyo especial para la paz y la reconciliación en Irlanda del Norte» (COM(1994) 0607 final),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Informe sobre el Fondo Internacional para Irlanda presentado en aplicación del artículo 5 del Reglamento (CE) no 177/2005 del Consejo» (COM(2006) 0563 final),

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Visto el Informe Especial no 7/2000 del Tribunal de Cuentas relativo al Fondo Internacional para Irlanda y al Programa especial de apoyo para la paz y la reconciliación en Irlanda del Norte y en los condados fronterizos de Irlanda en 1995-1999, acompañado de las respuestas de la Comisión (apartado 58) (11),

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Vista la audiencia pública sobre la evaluación del programa PEACE y las estrategias para el futuro, organizada por la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo el 20 de noviembre de 2007,

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Visto el Grupo de trabajo para Irlanda del Norte (TFNI), creado tras la visita del Sr. Barroso, Presidente de la Comisión, a Belfast en mayo de 2007,

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Visto el artículo 45 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0133/2008),

A.

Considerando que los programas europeos PEACE I y II, basados en los Reglamentos (CE) no 1105/2003 y no 173/2005 del Consejo, han tenido como objetivo garantizar la paz y han incluido dos elementos fundamentales: aprovechar las oportunidades que ofrece la paz y abordar la herencia del conflicto y de la violencia,

B.

Considerando que la participación de la UE en el programa PEACE ha sido y es muy positiva, y que el vínculo de la UE a tales proyectos de consolidación de la paz, además de proporcionar un instrumento financiero, demostró la importancia de la UE como autoridad neutral dotada de los conocimientos y la visión a largo plazo necesarios para diseñar el programa,

C.

Considerando que el proceso de reconciliación se desarrolla en varios niveles, y que, aunque debe fomentarse activamente, no se puede imponer (12),

D.

Considerando que la consolidación de la paz y la reconciliación son, por su propia naturaleza, precarias, pero son fundamentales para superar los problemas políticos, económicos y sociales en la región, y que los proyectos destinados a instaurar la confianza requieren un espacio para la experimentación y la innovación para ponerlos en marcha,

E.

Considerando que el conflicto en Irlanda del Norte ha creado comunidades separadas, originando profundas divisiones sociales, económicas y políticas,

F.

Considerando que el contacto y el fomento de la confianza pueden acabar cambiando opiniones negativas, y que el fomento del entendimiento mutuo entre los jóvenes contribuye a que los futuros líderes comprendan la historia y la cultura de ambas comunidades,

G.

Considerando que trabajar en colaboración con las comunidades locales requiere probablemente más tiempo, puesto que implica más participantes y más procedimientos, aunque es evidente que los beneficios adicionales que se obtienen son esenciales, ya que el hecho de delegar a un nivel de gestión inferior y elevar el nivel de participación aumenta la sensibilización tanto sobre los programas como sobre la UE,

H.

Considerando que los programas PEACE han dado a los grupos anteriormente marginales y a las personas afectadas significativamente por el conflicto y la violencia la posibilidad de contribuir a la consolidación activa de la paz; que los proyectos que se inscriben en los programas PEACE favorecen a los segmentos más marginales de la sociedad mediante el desarrollo de actividades dirigidas a individuos y grupos, tales como víctimas del conflicto, personas mayores y vulnerables, personas con discapacidad, víctimas de la violencia doméstica, ex prisioneros y jóvenes desempleados (13),

I.

Considerando que mucha gente que ha trabajado en proyectos de consolidación de la paz y reconciliación lo ha hecho de forma voluntaria,

J.

Considerando que es fundamental que los programas para la instauración de la paz, en particular aquellos en los que participan asociaciones de vecinos y grupos de voluntarios, continúen recibiendo apoyo financiero cuando se acaben los fondos del programa PEACE,

K.

Considerando que son bien conocidos los resultados alcanzados por los sectores comunitario y del voluntariado en la lucha contra el declive social y la pobreza y se encuentran en una buena posición para desarrollar y proporcionar servicios de primera línea a los grupos más desfavorecidos de la sociedad; considerando asimismo que las mujeres desempeñan una función muy positiva en la consolidación de la paz,

L.

Considerando que los programas PEACE ha contribuido al desarrollo de proyectos económicos en zonas desfavorecidas creando nuevas empresas,

M.

Considerando que numerosas iniciativas de grupos comunitarios y de voluntarios apoyadas por el programa PEACE II operan de forma ininterrumpida proporcionando servicios comunitarios esenciales, en particular para grupos marginados, y que esperan la confirmación del apoyo financiero para poder continuar proporcionando dichos servicios,

N.

Considerando que uno de los aspectos del desarrollo económico debido al apoyo prestado en el marco de los programas PEACE fue que benefició tanto a zonas urbanas como rurales,

O.

Considerando que la financiación en el marco del Fondo Internacional para Irlanda (IFI) es a menudo complementaria, y que ambos programas, IFI y PEACE, han hecho posible que los proyectos alcancen una fase que les permite acceder a otros instrumentos de financiación de la UE, tales como Interreg,

P.

Considerando que muchas de las acciones contenidas en los subprogramas PEACE, en los programas del IFI y en la iniciativa Interreg presentaban, no obstante, un alto grado de similitud y, en algunos ámbitos, un cierto grado de duplicación de actividades,

Q.

Considerando que la responsabilidad y la transparencia, la participación, el reconocimiento de la interdependencia de todas las personas, la eliminación efectiva de las desigualdades, la promoción de la diversidad y la atención a los grupos vulnerables y la igualdad de oportunidades son elementos importantes en la consolidación de la paz y la reconciliación,

R.

Considerando que en el informe del Comisario temporal encargado de las víctimas y los supervivientes (14) se indica que los grupos de apoyo a las víctimas y a los supervivientes dependen de la financiación, sin carácter de continuidad, en el marco del programa PEACE, y que no está clara la manera en que los proyectos en favor de las víctimas y los supervivientes podrán continuar cuando ya no se disponga de fondos del programa PEACE, y considerando asimismo que el Primer Ministro y el Viceprimer Ministro de Irlanda del Norte han nombrado recientemente a cuatro nuevos comisarios encargados de las víctimas,

S.

Considerando que la protección y la promoción de los derechos humanos son un parte integrante de la instauración de la paz y de la reconstrucción de sociedades que han salido de un conflicto,

1.

Subraya que el refuerzo de la autonomía local es una parte esencial de la consolidación de la paz y que la participación de la sociedad civil mejora la elaboración de las políticas y la forma en que se gobierna la sociedad;

2.

Señala que el desarrollo de diferentes mecanismos de aplicación, junto con el sector del voluntariado, las organizaciones no gubernamentales y las autoridades locales, ha supuesto una gran experiencia en la gestión de fondos de la UE; espera que dichos mecanismos de aplicación ascendente puedan ser utilizados en la ejecución de otros programas de financiación;

3.

Expresa su satisfacción por la contribución de los programas PEACE e IFI al desarrollo social y económico; observa que un centro empresarial instalado antes de la aplicación del IFI en una zona desfavorecida se transformó con el apoyo del IFI y el consejo de distrito local en una red de treinta y dos centros empresariales, lo que contribuyó a fomentar la confianza y la esperanza entre las personas implicadas;

4.

Pone de relieve que la cooperación entre los participantes en programas financiados por PEACE e IFI no debería cesar cuando los programas lleguen a su fin; pide a los departamentos gubernamentales que mantengan esa labor, que ha demostrado ser eficaz, y garanticen la continuidad de una financiación para esta labor inestimable una vez que toda la financiación a título de PEACE llegue a su fin;

5.

Pide a los Gobiernos del Reino Unido y de Irlanda que establezcan, en particular, mecanismos temporales de financiación para los grupos de las comunidades y los grupos de voluntarios con objeto de llenar el vacío entre el final de los programas de financiación PEACE II y el inicio de los programas de financiación PEACE III;

6.

Pide a la Comisión y a los Gobiernos del Reino Unido y de Irlanda que cooperen con el Comisario encargado de las víctimas y los supervivientes con objeto de encontrar un modo que permita que los grupos de apoyo a las víctimas y los supervivientes sigan recibiendo apoyo financiero una vez terminada la financiación del programa PEACE;

7.

Pide a la Comisión, en relación con el TFNI, que refuerce el enfoque de ciudadanía activa de los programas PEACE I y PEACE II cuando estructure iniciativas futuras; recuerda la importancia de un desarrollo regional equilibrado para la estabilización del proceso de paz, incluida la atención a las infraestructuras, que están subdesarrolladas en comparación con otras regiones, y pide al TFNI que sea más positivo en su apoyo a la mejora de las infraestructuras;

8.

Pide que se siga desarrollando la labor transfronteriza, dado que la labor transfronteriza ha sido crucial para la regeneración de las comunidades urbanas y rurales de las zonas fronterizas; insta a que se continúe desarrollando la cooperación entre cámaras locales de comercio y órganos del sector público, así como entre los foros para los sectores comunitario y del voluntariado de ambos lados de la frontera y para las organizaciones de voluntarios que actúan ya sobre una base transfronteriza;

9.

Pide al Gobierno de Irlanda que aplique el Reglamento (CE) no 1082/2006 de forma inmediata;

10.

Insta a que se generalice el recurso a la consulta, a pequeña y a gran escala y con un contenido local, dentro de los programas de financiación, y pone de relieve la importancia de garantizar proyectos que permitan la aprobación de pequeñas ayudas para financiar trabajos necesarios a corto plazo y trabajos cuyos resultados no puedan cuantificarse fácilmente, así como proyectos que garanticen la sostenibilidad a largo plazo y puedan aportar una contribución a las comunidades locales;

11.

Pide que se reduzca la burocracia para garantizar que los pequeños proyectos no tengan que enfrentarse a cargas desproporcionadas;

12.

Reconoce que la instauración de la paz es un proceso evolutivo a largo plazo y que el desarrollo sólido hacia la paz y la reconciliación requiere tiempo; pide un marco temporal más amplio para las ayudas individuales con el fin de permitir que los proyectos cambien la situación; reconoce que no solamente las iniciativas económicas, sino también las culturales y deportivas aportan una contribución importante a la paz y a la reconciliación y que, por consiguiente, se debe seguir apoyándolas;

13.

Toma nota de que el sector de la economía social es un subsector de los sectores comunitario y del voluntariado, cuya consulta es importante para desarrollar zonas y estrategias locales; considera que las otras empresas locales son también participantes influyentes;

14.

Subraya que el desarrollo en zonas rurales requiere una sinergia entre la financiación del desarrollo agrícola, rural y regional y entre la conservación de la naturaleza, el ecoturismo y la producción y utilización de energías renovables mayor que hasta la fecha;

15.

Pone de manifiesto que los ciudadanos deberían tener fácil acceso a la información sobre los logros de los proyectos financiados por PEACE I y PEACE II, así como por el IFI; manifiesta que la experiencia adquirida de tales proyectos debería compartirse con las personas que están comprometidas con otras acciones internacionales de instauración de la paz; pide, a este respecto, que se establezca una base de datos como herramienta de aprendizaje del trabajo para la paz y la reconciliación a escala nacional e internacional; pide, asimismo, que se incluyan todos los niveles de participación en la creación de redes regionales y metropolitanas;

16.

Recomienda que se creen estrategias globales no sólo para disponer de ejemplos de buenas prácticas, sino también para que puedan utilizarse en todas las etapas del ciclo de proyecto, es decir, el diseño del proyecto, la aplicación, la supervisión y la evaluación;

17.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

19.11.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 279/5

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Vistas sus Resoluciones anteriores, de 3 de septiembre de 2002, sobre el comercio y el desarrollo para la erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria (1), de 30 de enero de 2003, sobre el hambre en el mundo y la supresión de las barreras comerciales con los países más pobres del mundo (2), de 10 de abril de 2003, sobre la crisis del mercado internacional del café (3), de 1 de junio de 2006, sobre el comercio y la pobreza: elaboración de políticas comerciales para maximizar la contribución del comercio a la reducción de la pobreza (4), de 15 de febrero de 2007, sobre el impacto macroeconómico del incremento del precio de la energía (5), de 22 de mayo de 2007, sobre una Europa global — Aspectos externos de la competitividad (6), de 23 de mayo de 2007, sobre la ayuda para el comercio de la UE (7), y de 29 de noviembre de 2007, sobre comercio y cambio climático (8),

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Vista la Declaración del Milenio de 8 de septiembre de 2000, que establece los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios fijados de forma colectiva por la comunidad internacional para la erradicación de la pobreza, y la revisión y actualización de la misma con ocasión de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas celebrada los días 14 a 16 de septiembre de 2005,

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Vistos los informes de los tres grupos de trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), titulados «Cambio climático en 2007: el fundamento físico científico», «Cambio climático en 2007: impactos, adaptación y vulnerabilidad» y «Cambio climático en 2007: mitigación del cambio climático», publicados todos ellos en 2007,

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Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Cadenas de productos básicos agrícolas, dependencia y pobreza — Propuesta de plan de acción de la UE» (COM(2004) 0089),

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Vistas las Comunicaciones de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones tituladas «Una Europa global: competir en el mundo – Una contribución a la Estrategia de crecimiento y empleo de la UE» (COM(2006) 0567) y «Una Europa global: una cooperación reforzada para facilitar a los exportadores europeos el acceso a los mercados» (COM(2007) 0183),

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Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la competitividad de las industrias metalúrgicas – Contribución a la Estrategia de Crecimiento y Empleo de la UE (COM(2008) 0108),

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Vistas la Declaración de Pekín y la Plataforma de Acción adoptada en esta ciudad el 15 de septiembre de 1995 por la 4a Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer,

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Visto el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), titulado «La larga sombra del ganado» y publicado en 2006,

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Vistos el trabajo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Acuerdo y la Declaración de Accra adoptados el 25 de abril de 2008 en la UNCTAD XII, celebrada en Accra, Ghana,

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Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada «Estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales», publicada el 21 de diciembre de 2005 (COM(2005) 0670),

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Vista la Declaración de la Cumbre del G 8 titulada «Crecimiento y responsabilidad en la economía mundial», firmada en Heiligendamm el 7 de junio de 2007, y en particular su capítulo «Gestión responsable de las materias primas: transparencia y crecimiento sostenible», según el cual la existencia de mercados libres, transparentes y abiertos es esencial para el crecimiento, la estabilidad y el desarrollo sostenible a escala mundial,

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Visto el cuarto informe del Grupo de alto nivel sobre competitividad, energía y medio ambiente, de 11 de junio de 2007, que apoya el desarrollo de una política relativa a las materias primas basada en un mercado global libre, justo y operativo para las materias primas a través de la política comercial, especialmente los acuerdos internacionales multilaterales y bilaterales, con objeto de garantizar que la UE y los terceros países apoyan unos mercados abiertos y sin distorsiones,

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Visto el artículo 45 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A6-0134/2008),

A.

Considerando que por materias primas y productos básicos debe entenderse los productos agroalimentarios, los productos básicos agrícolas, los metales, los minerales y los productos energéticos, utilizados como material de base en el proceso industrial, ya sea procesados, no procesados o reciclados, como los residuos,

B.

Considerando que desde 2002 el índice de precios para los productos básicos distintos de los combustibles ha aumentado en un 159 %, habiendo aumentado los precios de los metales y los minerales en un 285 % y los precios de las materias primas agrícolas en un 133 %,

C.

Considerando que la economía de la Unión Europea depende en gran medida de la importación de materias primas procedentes de terceros países y que el acceso a las materias primas desempeña un papel vital en la competitividad de la UE,

D.

Considerando que el reciente aumento de precios de las materias primas ha impedido el crecimiento económico en la Unión Europea y pone en peligro la competitividad de la UE,

E.

Considerando que se prevé un nuevo aumento de la demanda mundial de materias primas en el futuro; que este aumento vendrá provocado por el crecimiento económico de las economías emergentes,

F.

Considerando que, en el pasado, la volatilidad a corto plazo de los precios de materias primas y productos básicos ha sido extrema y ha ido empeorando con el tiempo dada la alternancia entre fases de sobreproducción y períodos de escasez,

G.

Considerando que los recientes aumentos de precios en los mercados internacionales no deben ocultar la tendencia a la baja a largo plazo de los precios de las materias primas y los productos básicos, en comparación con los precios de los productos manufacturados,

H.

Considerando que estos aumentos de precios, especialmente cuando vienen dados por las economías emergentes con fines industriales, han planteado retos competitivos a la industria manufacturera de la UE y han suscitado problemas a más largo plazo en relación con la seguridad del suministro de materias primas,

I.

Considerando que al menos el 50 % de los ingresos por exportación de 95 de 141 países en desarrollo proceden de la exportación de productos básicos,

J.

Considerando que la Unión Europea es uno de los principales competidores en el mercado internacional de materias primas y productos básicos, así como un importador neto de materias primas,

K.

Considerando que, debido a las características de la base industrial europea, la Unión Europea depende en un grado muy elevado de las importaciones de materias primas para su competitividad y desarrollo económico,

L.

Considerando que existen numerosos ejemplos de políticas y medidas introducidas por los terceros países, junto con una tendencia a la creación de obstáculos a un acceso libre y justo a las materias primas en los países emergentes, que limitan el acceso de la industria de la UE a las materias primas y los productos básicos,

M.

Considerando que el refuerzo de la investigación y la innovación desempeña un papel importante en el fomento de suministros de materias primas sostenibles,

N.

Considerando que los sistemas Stabex, Sysmin y FLEX reflejan los esfuerzos realizados por la Unión Europea en el pasado y en la actualidad por apoyar a los países en desarrollo afectados por la inestabilidad de los precios y de los ingresos,

O.

Considerando que los recientes aumentos de precios en los mercados internacionales de las materias primas y los productos básicos se deben a un aumento considerable de la demanda en economías emergentes, como las de China, la India y Brasil, al cambio climático, a determinadas prácticas restrictivas de algunos países exportadores, al auge en el mercado de los biocombustibles y a la producción ganadera, así como a la especulación en el mercado de valores,

P.

Considerando que las mujeres constituyen una mayoría significativa de la población mundial pobre, cuya supervivencia y sustento suele depender de la adquisición, la producción y la transformación de materias primas y productos básicos,

Q.

Considerando que la comunidad internacional ha afirmado la necesidad de realizar un esfuerzo a nivel internacional por erradicar la pobreza, a través de los objetivos concretos fijados por los ODM y que deberán cumplirse antes de 2015; considerando que se debe prestar la suficiente atención a la importancia vital que para los países en desarrollo reviste todo lo relacionado con los productos básicos,

R.

Considerando que la explotación sostenible de los recursos naturales podría reducir la pobreza y favorecer el crecimiento económico si se promueve la buena gobernanza; que una gobernanza débil en los países ricos en recursos naturales también puede llevar a la pobreza, la corrupción y el conflicto,

S.

Considerando que la preservación de la biodiversidad y la disponibilidad de tierras cultivadas son elementos fundamentales para el futuro de cualquier economía en el mundo; considerando que toda forma de extracción de materias primas debe tener en cuenta tales imperativos,

T.

Considerando el cambio climático que se está produciendo, en parte, como consecuencia de la actividad humana; considerando que la extracción, producción y transformación de materias primas y productos básicos da lugar a un gran número de emisiones de gases de efecto invernadero; que la industria de la UE se está enfrentando a limitaciones cada vez mayores a la hora de resolver este problema, en detrimento de su competitividad,

U.

Considerando que, en la actualidad, la Unión Europea no prevé una estrategia coherente para hacer frente a los retos que plantea para la competitividad de su economía la creciente competencia por el acceso a las materias primas,

1.

Insta a la Comisión y a los socios comerciales de la UE a abordar con seriedad, en todas las negociaciones sobre acuerdos comerciales, los imperativos del cambio climático de reducir drásticamente la extracción y explotación de los recursos naturales y de fomentar la expansión de tecnologías que ahorren energía y sean renovables y eficientes en relación con los recursos;

2.

Reconoce que el acceso a las materias primas y los productos básicos resulta fundamental para la economía de la UE, habida cuenta de que carece de suministro de varias materias primas en su territorio;

3.

Observa con preocupación la perspectiva de una demanda creciente de materias primas en los mercados mundiales; manifiesta su inquietud ante los límites de la capacidad de prospección en un futuro próximo; toma nota de la limitada participación de las empresas europeas en la prospección de materias primas en terceros países;

4.

Manifiesta su preocupación ante la tendencia a restringir el libre acceso a las materias primas en los terceros países mediante medidas que distorsionan el comercio; reconoce, no obstante, el derecho de los países a restringir el acceso a sus materias primas por motivos medioambientales o para hacer frente a la escasez crítica de suministro en caso necesario; considera que este derecho debe ejercerse junto con otras medidas nacionales;

5.

Manifiesta su preocupación ante las actividades de inversión orientadas a obtener un mejor acceso a las materias primas que no respetan las normas en materia de competencia libre y leal ni los principios de buena gobernanza y sostenibilidad;

6.

Pide a la Comisión que fomente la inversión en investigación y desarrollo en el ámbito de las tecnologías relacionadas con el reciclado de materias primas y el uso eficiente y económico de estas materias; pide a la Comisión y a los Estados miembros que den más importancia a este objetivo en sus actividades de investigación;

7.

Insta a la Comisión a abordar la cuestión del acceso libre y equitativo a los mercados de materias primas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC); pide a la Comisión que persiga de forma activa el objetivo de la eliminación multilateral de las medidas que distorsionan el comercio en el sector de las materias primas, respetando plenamente para los países menos adelantados (PMA) las restricciones basadas en motivos medioambientales;

8.

Pide a la Comisión que negocie el acceso no discriminatorio a los mercados de materias primas, a cambio del acceso a tecnologías que ahorren energía y sean renovables y eficientes en relación con los recursos, en todas las negociaciones bilaterales sobre acuerdos de libre comercio; considera que el propósito de poner fin a todas las medidas de distorsión del comercio que llevan a un aumento del uso y consumo de las materias primas debe constituir un objetivo importante en cualquier acuerdo, respetando plenamente los objetivos de desarrollo;

9.

Pide a la Comisión que incluya la cuestión de las materias primas en la estrategia de acceso al mercado; acoge favorablemente la consulta sobre el suministro de materias primas; pide a la Comisión que elabore una estrategia coherente sobre el suministro de materias primas; recuerda que debe involucrarse al Parlamento en todas las fases de estas actividades;

10.

Lamenta que muchos de los países en desarrollo, y en particular los PMA, se hayan quedado atrapados en la producción y exportación de materias primas y productos básicos cuyos precios, volátiles, han ido disminuyendo a largo plazo, lo que ha supuesto un grave impedimento a la paliación de la pobreza y a la consecución de los ODM, aunque reconoce que el aumento de los precios de los productos básicos ha contribuido a mejorar considerablemente las cuentas exteriores de algunos países en desarrollo que dependen de estos productos; destaca la oportunidad que representa para los países productores la prospección y gestión propia de los yacimientos de materias primas si se respetan las normas fundamentales de transparencia y competencia leal;

11.

Pide a la Comisión que procure lograr la eliminación real de los motivos de distorsión planteando firmemente estas cuestiones en las consultas y negociaciones bilaterales, y que fomente el desarrollo de nuevas normas multilaterales de la OMC;

12.

Apoya los esfuerzos actuales de los países en desarrollo, y en particular de los PMA, por diversificar sus economías y desarrollar actividades económicas en fases más avanzadas del proceso de producción, por incluir asimismo la transformación y la comercialización, y por mejorar la calidad, la productividad y la producción de productos con mayor valor añadido; insta a la Comisión a que respalde las estrategias nacionales de diversificación y desarrollo de productos básicos, a través del Fondo Europeo de Desarrollo cuando sea necesario;

13.

Considera sumamente importante para el desarrollo económico sostenible de los países en desarrollo que se creen marcos económicos regionales y una cooperación regional reforzada entre dichos países; subraya, a este respecto, la importancia del comercio Sur-Sur para el desarrollo económico de estos países;

14.

Considera que, a largo plazo, conviene fomentar la cooperación económica y comercial regional, lo que podría dar lugar a acuerdos de libre comercio; observa al mismo tiempo que, en los diferentes contextos regionales, los acuerdos de libre comercio se enfrentan a dificultades; considera que el acuerdo de libre comercio EuroMed debería ser una prioridad teniendo en cuenta la importancia que reviste el comercio de materias primas en esta región;

15.

Anima a los países en desarrollo, y en particular a los PMA, a que incrementen las inversiones allí donde sea necesario y consoliden la diversificación económica desarrollando las infraestructuras y la capacidad institucional, promoviendo la buena gobernanza en la gestión del desarrollo económico y facilitando el acceso y la distribución en los mercados locales de los productos de pequeños productores, lo que fortalecerá asimismo la integración regional y dará lugar a economías de escala; insta a la Comisión a que haga de la ayuda al comercio una herramienta importante de desarrollo y a que refuerce los mecanismos existentes de transferencia de tecnología, como una manera en particular de gestionar el cambio climático; pide a la Comisión que fomente la transparencia de los ingresos procedentes de las materias primas a través de programas como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE);

16.

Anima a la Comisión y a las empresas de la UE a que promuevan e inviertan en la transferencia de tecnologías respetuosas con el medio ambiente;

17.

Considera que los resultados del Programa de Doha para el Desarrollo deben asegurar unos compromisos justos, equilibrados, equitativos y de apertura del mercado para todos los mercados de las materias primas;

18.

Reconoce que las negociaciones sobre el Programa de Doha para el Desarrollo permitirían reducir significativamente el incremento arancelario; observa que la Unión Europea ya ha suprimido sus aranceles sobre productos agrícolas procedentes de PMA (a través de la iniciativa «Todo menos armas») y de numerosos países ACP (a través de sus Acuerdos de cooperación económica), y anima a los países en desarrollo a identificar y aplicar normas relativas a productos especiales y mecanismos de salvaguardia eficaces para lograr que su producción y mercados sean sostenibles;

19.

Pide a los Estados miembros de la UE y a sus socios en todo el mundo, incluidos los países con economías emergentes, que ratifiquen las normas de base de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las directrices pertinentes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en especial con respecto a la prospección y el refinamiento de materias primas; opina que la participación de la sociedad civil y de los parlamentos nacionales es fundamental para lograr un desarrollo medioambiental y socioeconómico sostenible;

20.

Reconoce que la especulación desempeña un papel significativo en la determinación de los precios de las materias primas y los productos básicos con como consecuencia una mayor volatilidad de los mismos;

21.

Pide a la Comisión que aplique una estrategia amplia y equilibrada en el ámbito del acceso a materias primas teniendo en cuenta los intereses de la industria de la UE y de los países en desarrollo;

22.

Pide a la Comisión que revise su régimen de compensación financiera FLEX para garantizar que sirve de ayuda eficaz a los países en desarrollo, y en particular a los PMA; considera que existe la necesidad de adoptar medidas pertinentes a escala nacional para respaldar el trabajo realizado por la UNCTAD;

23.

Pide a la Comisión que recabe información y elabore estadísticas sobre el comercio internacional con materias primas y productos básicos que tiene lugar en términos reales; opina que existe la necesidad de disponer de una idea clara de los flujos comerciales globales de productos básicos y materias primas, no deformada por transacciones puramente especulativas, que permita seleccionar mejor las medidas de política económica;

24.

Reconoce que la liberalización del comercio de los productos agroalimentarios y de los productos básicos agrícolas ha supuesto un gran desafío para los pequeños productores de los países en desarrollo, y en particular de los PMA, y que, en la medida en que la mayoría de estos pequeños productores son mujeres, la situación de éstas puede verse perjudicada de manera desproporcionada si no consiguen hacer frente a la competencia exterior;

25.

Subraya la naturaleza fundamental del derecho a la alimentación y la necesidad de mejorar el acceso en todo momento de todas las personas a una alimentación suficiente para una vida activa y sana;

26.

Recomienda, por lo tanto, enérgicamente que se adopten todas las medidas necesarias a escala europea e internacional para asegurar unos precios moderados como salida inmediata para la crisis alimentaria; indica que a más largo plazo es necesario el establecimiento de una regulación adecuada para abordar mejor las actividades especulativas; recomienda además el examen de los poderes y de las competencias de los organismos nacionales e internacionales de supervisión en el ámbito de los productos básicos alimentarios para asegurar que en el futuro se tenga la garantía de unos mercados estables y seguros y que la especulación no viole el derecho a la alimentación;

27.

Acoge con satisfacción el establecimiento del grupo de trabajo de alto nivel de las Naciones Unidas encargado de abordar la crisis alimentaria actual y su impacto sobre la pobreza; alienta a los líderes mundiales a participar en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial cuya celebración está prevista en Roma (3-5 de junio de 2008);

28.

Apoya los esfuerzos de los países en desarrollo por garantizar a la población local el acceso a los alimentos; considera que se debe consolidar un espacio político viable para adoptar a escala nacional disposiciones y medidas que permitan el desarrollo de este sector y apoyar a las mujeres que cargan con la responsabilidad de alimentar a sus familias y a las comunidades locales;

29.

Reconoce que los precios cada vez mayores de los productos agroalimentarios y de los productos básicos pueden tener efectos perjudiciales para la seguridad alimentaria y el acceso real a la alimentación en los países en desarrollo con un riesgo de que se produzcan disturbios provocados por la hambruna, la desnutrición o la falta de comida entre las personas más pobres en los países en desarrollo; pide urgentemente que se aumenten los niveles de la ayuda humanitaria para aliviar la crisis alimentaria que amenaza las vidas de 100 millones de personas;

30.

Pide al Consejo y a la Comisión que garanticen que los acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea, ya sean bilaterales, regionales o multilaterales, son conformes al objetivo de desarrollo sostenible; pide a la Comisión que adopte las medidas legislativas necesarias para garantizar que sus evaluaciones del impacto del comercio sobre la sostenibilidad se integran en las orientaciones de la política comercial de la UE, en particular desde una perspectiva climática, de género y de desarrollo sostenible;

31.

Acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión de presentar una Comunicación en 2008 para mejorar las condiciones de acceso sostenible a los minerales y a las materias primas secundarias a escala internacional y de la UE;

32.

Toma nota del aumento de las críticas acerca de los beneficios económicos y medioambientales de la producción de combustibles agrícolas; pide a la Comisión que estimule la investigación y la innovación dedicadas al suministro sostenible de materias primas a través de la extracción y la explotación eficaces de los recursos, el uso eficaz de las materias y la valoración al final de la vida útil;

33.

Opina que la extracción, el almacenamiento y la producción de materias primas y productos básicos deben realizarse de conformidad con el principio de sostenibilidad, que respeta los procesos naturales del ecosistema sin alterarlos;

34.

Insta a la Comisión a que redoble sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo internacional sobre los recursos de zonas en conflicto, cuyo objetivo principal consista en prohibir el comercio de cualesquiera recursos que sean causa o resultado de conflictos armados; insiste entretanto en la necesidad de establecer un reglamento que prohíba la venta o comercialización en la Unión Europea de recursos de zonas en conflicto, e insta a todos los países involucrados en el comercio de diamantes a que se adhieran plenamente al sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes en bruto; pide que se promueva la transparencia a través de la ITIE, entre otras;

35.

Pide de nuevo al Consejo y a la Comisión que fomenten el comercio justo y otras iniciativas comerciales bajo control independiente que contribuyan a mejorar las condiciones sociales y medioambientales, apoyando a los pequeños productores marginales en los países en desarrollo; alienta a las autoridades públicas de la Unión Europea a que incluyan criterios de comercio justo y sostenibilidad en sus licitaciones públicas y políticas de compra;

36.

Muestra su inquietud por el hecho de que los recursos mundiales se destinen cada vez en mayor proporción a la ganadería; recuerda que en el mencionado informe de la FAO «La larga sombra del ganado», de noviembre de 2006, se estima que el 18 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a la industria cárnica y a la ganadería, lo que acelera a su vez el proceso de deforestación en los países en desarrollo; pide a la Comisión que tome las medidas adecuadas también en este ámbito, a fin de establecer mecanismos incentivadores destinados a impedir la deforestación en el marco de las negociaciones internacionales sobre el clima;

37.

Opina que debería aplicarse a escala mundial la ITIE, que tiene por objeto reforzar la gobernanza mejorando la transparencia y la responsabilidad en el sector extractivo, con el fin de ofrecer a los países en desarrollo mejores oportunidades de obtener un valor equivalente al de sus recursos naturales;

38.

Subraya que los altos precios del petróleo refuerzan la necesidad de un enfoque urgente y diferente en la política energética con vistas a mejorar la eficacia energética y un mayor uso de otras fuentes de energía, incluida la energía renovable;

39.

Es consciente de que el cambio climático afectará en mayor medida a las comunidades que padecen ya graves problemas económicos y sociales; es consciente asimismo de que las mujeres son un grupo particularmente vulnerable; apoya los esfuerzos de adaptación realizados a escala local a través de la ayuda internacional financiera y técnica;

40.

Manifiesta su preocupación por el hecho de que China no permita que las empresas extranjeras posean un porcentaje mayoritario en sectores tales como el acero y por haber introducido una serie de mecanismos que restringen la exportación de metales y de materias primas o prestan apoyo estatal para la compra de éstos de fuentes externas; reconoce que estas prácticas crean serias dificultades a la industria de la UE, que deberán afrontarse utilizando todos los instrumentos disponibles, además de mediante un diálogo reforzado;

41.

Señala que la nueva política comercial de algunos países emergentes, en particular China, que buscan materias primas en todo el mundo, sobre todo en África, está teniendo un fuerte impacto negativo en la seguridad del acceso global a los productos básicos; subraya la necesidad de superar el actual enfoque que se basa en una relación de Estado a Estado y que omite toda referencia a los derechos humanos, a la responsabilidad social de las empresas y a las normas medioambientales y sociales, en favor de un enfoque multilateral basado en los criterios de suficiencia y sostenibilidad en la utilización de los recursos;

42.

Celebra la iniciativa de la Comisión de continuar utilizando todos los instrumentos existentes para combatir las prácticas comerciales contrarias a los acuerdos comerciales internacionales, como anunció en la citada Comunicación sobre la competitividad de las industrias metalúrgicas;

43.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como a las organizaciones internacionales pertinentes, como la UNCTAD, la OMC, el Banco Mundial, el Fondo Común para los Productos Básicos y la FAO.

19.11.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 279/12

—

Vistas las Comunicaciones de la Comisión de 12 de septiembre de 2007, titulada «Estrategia para las regiones ultraperiféricas: logros y perspectivas» (COM(2007) 0507), de 12 de mayo de 2004 (COM(2004) 0343) y de 23 de agosto de 2004 (COM(2004) 0543) tituladas «Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas: balance y perspectivas»,

—

Visto el apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE, que será sustituido por los artículos 349 y 355 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que se refiere a las condiciones específicas de las regiones ultraperiféricas, así como la letra a) del apartado 3 del artículo 107 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el apartado 60 de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas del 14 de diciembre de 2007,

—

Vista la Declaración final de la XIII Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, firmada en Madeira el 5 de octubre de 2007,

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2000, sobre el informe de la Comisión sobre las medidas destinadas a aplicar el apartado 2 del artículo 299: Regiones ultraperiféricas de la Unión Europea (1), su Posición, de 7 de julio de 2005, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión (2) y su Resolución, de 28 de septiembre de 2005, sobre una asociación más estrecha con las regiones ultraperiféricas (3),

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Pesca (A6-0158/2008),

A.

Considerando que las Azores, las islas Canarias, Guadalupe, Guayana, Madeira, Martinica y la isla de La Reunión se caracterizan por la permanencia, la intensidad y la acumulación de sus desventajas, como el gran alejamiento del continente europeo, la insularidad o el aislamiento, el clima y relieve difíciles y las pequeñas dimensiones de sus mercados,

B.

Considerando que San Martín y San Bartolomé, administrativa y políticamente separados de Guadalupe, figuran expresamente en los artículos 349 y 355 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (Tratado CE, modificado por el Tratado de Lisboa), como nuevas regiones ultraperiféricas (RUP),

C.

Considerando la estructura de las economías de las RUP, caracterizadas por una relación estrecha con la agricultura y la pesca, que constituyen, junto con los servicios (sobre todo el turismo), actividades económicas que concentran una importante cantidad de empleos en estas regiones,

D.

Considerando la dependencia socioeconómica de las RUP con respecto a los recursos pesqueros de sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), así como la fragilidad biológica de sus zonas de pesca,

E.

Considerando que el entorno geográfico inmediato de las RUP presenta oportunidades de mercado muy limitadas, mientras que los mercados ultraperiféricos son sumamente atractivos para todos los terceros países vecinos,

F.

Considerando que las RUP se encuentran en una situación de dependencia absoluta de los medios de transporte, y que los sobrecostes vinculados al transporte de personas y mercancías, la insuficiencia de las frecuencias o de los servicios de comunicación, el elevado nivel de las tarifas y las dificultades para establecer o mantener un transporte a nivel regional constituyen importantes obstáculos para el desarrollo económico y la accesibilidad de las RUP,

G.

Considerando que, en los tres últimos años, las RUP se han visto directamente afectadas por importantes reformas comunitarias, como las de las perspectivas financieras, la política regional 2007-2013, el Fondo Europeo de Pesca, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, las ayudas públicas, las organizaciones comunes de mercados del azúcar y del plátano y el Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) agricultura y pesca, y que dichas reformas han tenido graves repercusiones en estas regiones,

H.

Considerando que las prioridades políticas de la Unión, que deben ser coherentes con los compromisos internacionales cada vez más estrictos impuestos por la mundialización, en particular con respecto a la OMC, a veces son contrarias a las intervenciones específicas que se realizan a favor de las RUP,

I.

Considerando que el peso relativo de las RUP se ha reducido mucho en la Unión Europea, al pasar de 12 a 27 Estados miembros,

J.

Considerando que la imagen de las RUP, a menudo asimiladas a regiones que reciben inyecciones de créditos comunitarios o nacionales, sin que se subraye el impacto positivo de estas financiaciones, está poco contrarrestada por el valor añadido real que las RUP procuran a la Unión en términos medioambientales, culturales o geoestratégicos, así como en el sector espacial, ventajas cuya visibilidad no es inmediata,

K.

Considerando que las RUP son valiosísimas avanzadillas de Europa en el corazón del Caribe, en la vecindad del Mercosur, en los mares de África y en los océanos Índico y Atlántico, gracias a las cuales la Unión puede ocupar la posición de primer espacio marítimo mundial, con 25 millones de kilómetros cuadrados de ZEE, rica en recursos de todo tipo,

1.

Acoge con satisfacción que, tres años después de la publicación de documentos políticos tan ambiciosos como las Comunicaciones antes mencionadas sobre una asociación reforzada con las RUP, la Comisión presente una nueva Comunicación sobre el tema;

2.

Pide, a la vista de la amplitud de los ámbitos que se abordan y de la complejidad de las políticas correspondientes, que se mantenga en el seno de la Comisión la Unidad RUP de la DG Política Regional y que se refuerce de forma importante su personal, con el fin garantizar los medios indispensables para proseguir sus misiones;

3.

Señala que la Comunicación presenta un balance especialmente positivo de la acción de la Comisión, a pesar de que el número de medidas por las que se congratula sólo responden parcialmente a las necesidades de las RUP (en particular en los ámbitos de los transportes y la accesibilidad, la investigación, la pesca o la cooperación regional) y de que no se hace ninguna referencia a las dificultades a que se enfrentan y los esfuerzos que realizan las RUP, por ejemplo, con ocasión de la renovación de los regímenes de ayudas estatales;

4.

Constata que la intervención de los Fondos estructurales continúa contribuyendo en gran medida al desarrollo de las RUP; sin embargo, desea que el nivel de cohesión alcanzado en estas regiones se mida con otros indicadores distintos del PIB con respecto a la media comunitaria, y que la política de cohesión se combine mejor, y de manera transversal, con las demás políticas comunitarias, con el fin de aumentar las sinergias; pide que la Comisión dé pruebas de mayor flexibilidad y que adapte cada vez más sus políticas actuales y futuras a las realidades ultraperiféricas, sobre la base del artículo 299, apartado 2, del Tratado CE;

5.

Toma nota de los resultados satisfactorios obtenidos en el marco de los POSEI agricultura y pesca, así como en los sectores de la caña de azúcar, el ron y el plátano; desea que se tengan realmente en cuenta las posibles consecuencias financieras para estos sectores agrícolas de las negociaciones internacionales en curso y de las acciones iniciadas en la OMC; mantiene su vigilancia ante la próxima fase intermedia de los POSEI y la evaluación de los regímenes fiscales diferenciados;

6.

Señala que las especificidades de las RUP necesitan una estrategia basada en políticas y medidas que no estén sujetas a criterios transitorios ni a evoluciones coyunturales o artificiales de riqueza, adaptada a las diferentes necesidades de cada una, y que aporte una respuesta a las limitaciones permanentes a las que estas regiones están sometidas;

7.

Solicita a la Comisión que, reconociendo las especificidades y las diferencias entre las RUP, por una parte, y teniendo en cuenta su papel en la política marítima integrada de la Unión Europea, por otra, incluya en su plan medidas de apoyo al sector de la pesca de estas regiones; considera que la Comisión deberá garantizar a las flotas de pesca de las RUP una discriminación positiva en el acceso a los recursos pesqueros existentes en estas regiones, y salvaguardar de manera especial la sostenibilidad de la pesca artesanal;

8.

Lamenta que las propuestas presentadas por la Comisión en el marco de la fase de maduración afecten en su mayoría a medidas ya existentes o en fase de finalización (redes transeuropeas de transporte, redes transeuropeas de energía, Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo y demostración, Programa Marco para la innovación y la competitividad o Política regional); espera aclaraciones sobre los medios concretos y operativos que se ofrecen a las RUP para aprovechar estas oportunidades;

9.

Expresa su preocupación por la importancia cada vez mayor que la Comisión concede a los instrumentos de evaluación de las políticas e instrumentos comunitarios a favor de las RUP, y al cálculo de los efectos cuantitativos de las desventajas de estas regiones para elaborar una metodología de compensación de los costes extraordinarios relacionados con la ultraperiferia;

10.

Espera que esta tendencia a tener en cuenta justificaciones cada vez más aritméticas de las medidas no se convierta en un pretexto para poner en tela de juicio una parte de la política de la Unión destinada a las RUP, ni para disuadir a los agentes institucionales y económicos ultraperiféricos exigiéndoles condiciones demasiado difíciles de cumplir;

11.

Deplora el desinterés manifiesto de la DG Comercio por tener en cuenta las especificidades ultraperiféricas con ocasión de la negociación de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE), y pide encarecidamente a la Comisión que continúe tratando de alcanzar compromisos respetuosos con los intereses de las RUP afectadas, en el marco de los acuerdos definitivos que se celebren con los países ACP;

12.

Espera que la Comisión aporte pruebas de su intención real de favorecer la inserción regional de las RUP, con el fin de dar auténtica consistencia al «plan de acción para la gran vecindad» prometido en 2004;

13.

Expresa su preocupación por determinadas medidas propuestas por la Comisión en el ámbito de los transportes, en particular la evaluación de las necesidades específicas o la consideración de las características externas medioambientales; reafirma la necesidad de un trato diferenciado para las RUP en este ámbito, en particular en lo que respecta a la inclusión de la aviación civil en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS), con el fin de no comprometer los esfuerzos realizados para compensar sus desventajas en materia de accesibilidad;

14.

Opina que las intervenciones comunitarias deben tener el efecto de un catalizador del espíritu de iniciativa para desarrollar, a partir de las RUP y, en particular, en el marco de asociaciones público/privadas, polos de excelencia basados en los sectores que valorizan sus oportunidades y sus conocimientos técnicos, como la gestión de residuos, las energías renovables, la autosuficiencia energética, la biodiversidad, la movilidad de los estudiantes, la investigación en el ámbito del clima o incluso la gestión de crisis;

15.

Recuerda que numerosas acciones y programas que se han de continuar e iniciar destinados a las RUP pueden aportar contribuciones significativas a prioridades comunitarias e internacionales ya establecidas, especialmente en ámbitos tales como el calentamiento climático, la protección de la biodiversidad, las energías renovables, la salud en los países en desarrollo, la alimentación, la diversificación de las actividades económicas y productivas; se felicita por la puesta en práctica del programa NET-BIOME (NETworking tropical and subtropical Biodiversity research in OuterMost regions and territories of Europe in support of sustainable development), que constituye un ejemplo significativo del potencial de las RUP en el ámbito de la investigación científica; no obstante, manifiesta su preocupación por el hecho de que, a pesar de la cantidad de proyectos realizados y de la amplitud del potencial de las RUP, la participación de éstas en el Espacio Europeo de Investigación sigue siendo escasa;

16.

Pide que continúen los esfuerzos realizados hasta ahora en favor de las RUP para aumentar el establecimiento de dispositivos locales de investigación a la altura de las potencialidades, así como favorecer y ayudar el desarrollo de universidades atractivas, de excelentes resultados prácticos, dotadas de medios reales y a la altura de las universidades existentes en los territorios de la Unión;

17.

Felicita a la Comisión por su iniciativa de lanzar un debate sobre el futuro de la estrategia a favor de la ultraperiferia, en forma de una consulta pública, cuyos resultados contribuirán a la elaboración de una nueva propuesta antes de 2009;

18.

Insiste, no obstante, en que este debate no debe circunscribirse a los retos mencionados (cambio climático, evolución demográfica y gestión de los flujos migratorios, agricultura, política marítima), por mucho que sea imposible dejarlos de lado y considera que el debate debe incluir necesariamente la aplicación de la estrategia de Lisboa en las RUP;

19.

Pide encarecidamente que el ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 229 del Tratado CE (y, posteriormente, de los artículos 349 y 355 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea), fundamento de la política de la Unión a favor de sus RUP y pilar de la consideración que les conceden los servicios de la Comisión, se inscriba en el orden del día de los debates, con el fin de conferirles el tono jurídico, institucional y político que requieren;

20.

Subraya la importancia de los servicios públicos para la cohesión económica, social y territorial de las RUP, especialmente en los sectores de los transportes aéreos y marítimos, el correo, la energía y las comunicaciones;

21.

Pide que se adopten urgentemente medidas destinadas a luchar contra el carácter persistente del desempleo, la pobreza y las desigualdades en el reparto de los ingresos en las RUP, que tienen a este respecto unas de las tasas más elevadas de la Unión;

22.

Pide a la Comisión que preste su ayuda a los Estados miembros que prevean la aplicación de la «cláusula pasarela» del apartado 6 del artículo 355 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea;

23.

Considera que las RUP constituyen una oportunidad para la Unión en su reflexión actual sobre las alteraciones climáticas para la observación de los riesgos, la prevención de los daños, la reacción ante los desastres y la preservación de los ecosistemas; pide a este respecto al Consejo que adopte lo antes posible la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de solidaridad de la Unión Europea, que contempla expresamente el carácter específico de la ultraperiferia; desea también que las propuestas de la Comisión para reforzar la capacidad de reacción de la Unión Europea en caso de desastres aprovechen los conocimientos técnicos relacionados con la localización geográfica de estas regiones;

24.

Desea que la futura política común de inmigración preste una atención especial a la situación de las RUP, todas ellas fronteras exteriores de la Unión, rodeadas de terceros países menos favorecidos, sometidas a una presión migratoria muy fuerte que, añadida a un crecimiento demográfico a menudo muy superior a la media comunitaria, provoca tensiones económicas y sociales preocupantes en estas regiones;

25.

Pide que el apoyo comunitario a la agricultura de las RUP, que se menciona de forma más sucinta que los demás temas, sea objeto de reflexiones pausadas sobre la identificación de los retos reales, la necesidad de evolucionar hacia la autosuficiencia local, el nivel de renta de los agricultores, el apoyo a las asociaciones de productores para promover la comercialización de sus productos, la importancia de la dimensión medioambiental y la consideración del impacto de la apertura comercial aplicada en virtud de los AAE y de los futuros acuerdos de libre comercio que se están negociando con varias regiones de América Latina;

26.

Considera que las RUP deben situarse en el centro de la política marítima de la Unión, e insiste en que el debate sobre esta cuestión debe basarse en el papel que dichas regiones pueden desempeñar en materia de explotación sostenible de los mares, océanos y zonas costeras, así como en materia de gobernanza marítima internacional;

27.

Pide a la Comisión, al Consejo y a las otras instituciones de la UE interesadas que garanticen de manera eficaz y adecuada la futura financiación comunitaria de la estrategia de la Unión para ayudar a las RUP y compensar las desventajas de su ultraperifericidad;

28.

Recomienda que los medios para superar la exigüidad de los mercados locales, el entorno competitivo cada vez más abierto y el difícil acceso a las salidas hacia el mercado continental europeo o sus respectivas zonas geográficas, así como la mejora de las financiaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional/Fondo Europeo de Desarrollo (FEDER/FED) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional/Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (FEDER/ICD) para los proyectos de cooperación con los países vecinos, sean también ámbitos prioritarios de reflexión, al igual que la participación efectiva de las RUP en las políticas europeas de innovación y de lucha contra la brecha digital, con objeto de garantizar el pleno acceso de la población de estas regiones a los medios de comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías, como por ejemplo el acceso a la banda ancha de Internet;

29.

Insiste en que la asociación, indispensable para el éxito del debate, no debe reducirse únicamente a las instituciones públicas europeas, nacionales y locales, sino que debe permitir, como en el pasado, la participación en la reflexión de todo el sector económico ultraperiférico, representado por organizaciones estructuradas que viven cotidianamente los efectos de las políticas comunitarias sobre el terreno; pide que, a raíz de la conferencia de cooperación organizada por la Comisión sobre el futuro de la Estrategia Europea para las RUP, que se celebró en Bruselas los días 14 y 15 de mayo de 2008, la Comisión publique cuanto antes una nueva comunicación en la que se tengan en cuenta las cuestiones que se planteen en dicho debate;

30.

Opina que la valorización de los puntos favorables que presentan las RUP como avanzadillas de la Unión fuera del continente europeo es la mejor estrategia para garantizar un desarrollo endógeno y sostenible de estas regiones, en particular mediante un turismo que integre toda la riqueza de su historia y de su patrimonio cultural, artístico y arquitectónico, que la Unión debe preservar;

31.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo, a las autoridades nacionales, regionales y locales de las RUP, así como al Presidente en ejercicio de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas.

19.11.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 279/17

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Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007—2013 — Capacitar a los consumidores, mejorar su bienestar y protegerlos de manera eficaz (COM(2007) 0099),

—

Vista la Resolución del Consejo sobre la estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007—2013, aprobada en la reunión de los días 30 y 31 de mayo de 2007,

—

Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2007, sobre las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos (1),

—

Vista su Resolución, de 6 de septiembre de 2007, sobre el Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo (2),

—

Vista su Resolución, de 4 de septiembre de 2007, sobre la revisión del mercado único: supresión de los obstáculos y las ineficiencias por medio de una aplicación y un cumplimiento mejores (3),

—

Vista su Resolución, de 21 de junio de 2007, sobre la confianza de los consumidores en un entorno digital (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre un mercado único para la Europa del siglo XXI (COM(2007) 0724),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones que acompaña a la Comunicación «Un mercado único para la Europa del siglo veintiuno» — Servicios de interés general, incluidos los sociales: un nuevo compromiso europeo (COM(2007) 0725),

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Vista la Comunicación de la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre oportunidades, acceso y solidaridad: hacia una nueva visión social para la Europa del siglo XXI (COM(2007) 0726),

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Visto el documento del grupo de trabajo de la Comisión sobre iniciativas en el ámbito de los servicios financieros al por menor (SEC(2007) 1520), que acompaña a la Comunicación de la Comisión sobre un mercado único para la Europa del siglo XXI,

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Visto el artículo 45 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0155/2008),

1.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores y se felicita también por los esfuerzos de la Comisión de incorporar la cultura de los consumidores establecida a un nivel más elevado de sensibilización de los consumidores, lo que constituye la base para una mejor transposición y aplicación del marco jurídico existente;

2.

Considera que es necesario un enfoque horizontal de la política de los consumidores y que es vital tener en cuenta el interés de los consumidores en todos los ámbitos políticos pertinentes con el fin de garantizar un elevado nivel de protección para todos los consumidores de la UE; acoge con satisfacción, por lo tanto, el hecho de que la Comisión destaque la necesidad de garantizar que el mercado interior responda mejor a las expectativas y preocupaciones de los ciudadanos; hace hincapié en que la protección del consumidor y la realización del mercado interior no son objetivos contrapuestos, sino que, por el contrario, van de la mano; recuerda a la Comisión, a este respecto, que la política de los consumidores debe estar presente en todos los ámbitos políticos ya desde la etapa de la evaluación de impacto;

3.

Considera que las necesidades relativas a la protección de los consumidores sólo podrán satisfacerse mediante medidas legislativas en caso de que éstas sean mejores, más simples y se preparen con la implicación de todas las Direcciones Generales de la Comisión competentes: Salud y Consumidores; Justicia, Libertad y Seguridad; Mercado Interior y Servicios; Competencia;

4.

Pone de relieve el hecho de que la revisión del acervo en materia de consumo debería conducir a un marco jurídico más coherente para los derechos de los consumidores; recuerda su preferencia por la adopción de un enfoque mixto, es decir, un instrumento horizontal cuyo objetivo fundamental sea asegurar la coherencia de la legislación existente, y permitir colmar las lagunas agrupando, en una legislación coherente, las cuestiones transectoriales comunes a todas las directivas; considera que las cuestiones específicas se deben seguir examinando por separado en las directivas sectoriales; opina que los principios establecidos desde hace mucho en materia de derechos de los consumidores también deben aplicarse en el entorno digital; insta a que, en el contexto de la revisión del acervo, se tomen más medidas para garantizar la protección de los consumidores, incluyendo su privacidad y seguridad, en el mundo digital, sin por ello imponer al sector cargas adicionales e injustificadas;

5.

Lamenta que se ponga escaso énfasis en el Derecho contractual en materia de protección de los consumidores, y pide a la Comisión que aproveche el trabajo efectuado por el proyecto de Derecho contractual, modificándolo al efecto cuando sea necesario;

6.

Apoya a la Comisión, dado que los mayores obstáculos al desarrollo de un mercado interior al por menor incluyen incertidumbres relativas a los contratos del consumidor, en sus esfuerzos por introducir contratos y cláusulas contractuales tipo para los contratos celebrados en línea, que tengan la misma fuerza en todos los Estados miembros;

7.

Subraya el importante papel que desempeñan las organizaciones de consumidores en la mejora de la cultura de los mismos; considera que unas organizaciones de consumidores fuertes e independientes son la base de una política de los consumidores eficaz; pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten una financiación adecuada a estas organizaciones; aconseja a la Comisión que, al elaborar propuestas legislativas relativas a la protección de los consumidores, aumente los contactos con las organizaciones no gubernamentales de consumidores, que están en mejores condiciones de identificar las necesidades reales de los consumidores;

8.

Acoge con satisfacción la propuesta de designar, en el seno de la Comisión, a funcionarios de enlace con los consumidores; insta a que cada Dirección General interesada publique informes anuales sobre la manera en que la política de los consumidores está integrada en su ámbito de responsabilidad;

9.

Considera que un sistema sólido de protección de los consumidores, efectivo en toda Europa, beneficiará a los consumidores y a los productores y vendedores competitivos; subraya el hecho de que esto creará incentivos para que las empresas produzcan y vendan mercancías más duraderas dando lugar a un crecimiento más sostenible; subraya que es necesaria una protección de los consumidores efectiva y mejorada para lograr un mercado interior que funcione mejor;

10.

Pide que se tomen medidas para garantizar que los 27 minimercados nacionales de la UE se transformen realmente en el mayor mercado minorista del mundo; considera que esto exige que los ciudadanos se sientan igualmente seguros si efectúan sus compras por Internet o en la tienda de la esquina, y que las pequeñas y medianas empresas (PYME) puedan confiar en las mismas normas simples en todo el mercado interior; pide a la Comisión que estudie la manera de mejorar la protección de las PYME, en particular, a través de la Ley de las pequeñas empresas;

11.

Subraya que la realización del mercado interior debe ser una prioridad; reconoce la función positiva del euro en la reducción del coste de las transacciones, en hacer más fácil para los consumidores la comparación de precios a través de las fronteras y en el incremento del potencial minorista del mercado interior; anima a los nuevos Estados miembros a que prosigan las reformas para poder adoptar el euro tan pronto como cumplan los criterios de Maastricht y así poder beneficiarse plenamente de los efectos positivos de la moneda única en el mercado interior; pide que se eliminen todas las barreras y los obstáculos que persisten para asegurar la confianza de los consumidores en las compras y otros contratos transfronterizos, sobre todo en lo que se refiere a los servicios, sin olvidar la necesidad de un enfoque específico en relación con la lengua, la cultura y las preferencias de los consumidores;

12.

Subraya que las normas europeas en materia de política de los consumidores, al igual que las iniciativas de autorreglamentación, deben servir de referencia para unas normas y mejores prácticas universales, y celebra que Europa sea pionera en este ámbito y que utilice su poder no coercitivo para mejorar los derechos de los consumidores en todo el mundo;

13.

Anima a la Comisión a que siga apoyando con energía los derechos de los consumidores en relación con la seguridad de los productos garantizando la integridad de la marca CE y mejorando la vigilancia del mercado en todos los niveles nacionales, utilizando el sistema RAPEX (Sistema de alerta rápida para bienes de consumo no alimentarios) y fomentando el intercambio entre los Estados miembros de las mejores prácticas en este ámbito; pide a la Comisión que trabaje con los Estados miembros para garantizar que éstos apliquen de forma adecuada y respeten plenamente la legislación vigente, evaluando la posibilidad de revisar la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos (5) («Directiva sobre la seguridad general de los productos»); recuerda que la marca CE puede interpretarse erróneamente como una indicación de que una tercera parte ha realizado pruebas de seguridad o de calidad o como una marca de origen, pero también que se ha pedido a la Comisión (6) que presente un análisis detallado en el ámbito del mercado de seguridad dirigido a los consumidores, seguido, si procede, de propuestas legislativas;

14.

Acoge con agrado los esfuerzos de la Comisión para reforzar la cooperación en el ámbito de la seguridad de los productos a nivel internacional, en particular con las autoridades chinas, estadounidenses y japonesas; observa que el diálogo permanente y el intercambio de información sobre la seguridad de los productos van en interés de todas las partes y representan un factor esencial para fundamentar la confianza de los consumidores; insta a la Comisión a informar con regularidad al Parlamento sobre esta cuestión;

15.

Considera que, por regla general, se puede pensar que los consumidores actúan racionalmente antes de efectuar una compra, pero que no son plenamente conscientes de sus derechos en caso de problemas; pide, por lo tanto, que se preste más atención al verdadero comportamiento de los consumidores, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los grupos vulnerables como los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad; recuerda la línea presupuestaria recientemente aprobada a propuesta del Parlamento en favor de un proyecto piloto destinado, entre otras cosas, a desarrollar una base de datos sobre los consumidores y a realizar encuestas, entrevistas y una comparación entre los logros alcanzados en los Estados miembros; acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión para establecer un marcador en materia de política de los consumidores que conduzca a una mayor comprensión, entre otras cosas, de las estructuras de los precios y del comportamiento y la satisfacción de los consumidores;

16.

Subraya la necesidad de que todas las medidas de armonización se centren estrictamente en solucionar los problemas reales que encuentran los consumidores en el mercado interior; considera que, cuando exista una auténtica necesidad de armonización, ésta debe llevarse a cabo evitando que la protección de los consumidores en la UE sea irregular y difícil de asumir por las empresas que efectúan un comercio transfronterizo; indica que la situación actual desincentiva a las PYME que quieren comercializar sus productos en toda Europa y confunde a los consumidores;

17.

Opina que se debe prestar especial atención a dotar a los consumidores de las competencias y los instrumentos necesarios para aumentar su confianza en el entorno digital; señala que los datos personales se han convertido en un producto comercial, así como en un ingrediente de los métodos comerciales, por ejemplo para la orientación de comportamiento; opina, por lo tanto, que la protección de datos y las normas de protección de la intimidad deberían incluirse en todas las estrategias relativas a los consumidores; hace hincapié en el hecho de que los datos están disponibles para su uso en todo momento y en cualquier parte del mundo; insiste en la necesidad urgente de que los legisladores elaboren normas mundiales de protección de datos, conjuntamente con las empresas y las organizaciones de consumidores;

18.

Destaca la importante función de los nuevos canales de venta que cada vez se usan más, como el comercio electrónico, para reforzar la competencia en el mercado interior y, en consecuencia, la capacidad de consumir; opina que los mercados financiero, bancario y de seguros están especialmente abiertos al comercio electrónico, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen unas condiciones más favorables para el desarrollo de las compras electrónicas transfronterizas; pide a la Comisión que elabore un estudio sobre los diferentes mecanismos para resolver diferencias entre consumidores y empresas usados en los Estados miembros con el fin de seleccionar y promover los que sean efectivos; alienta la creación de una base sólida de protección de los consumidores, algo fundamental, en particular, en los servicios financieros;

19.

Acoge con satisfacción la utilización del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico como una herramienta para mejorar la comprensión analítica y empírica del comportamiento de los consumidores;

20.

Considera que la protección de los consumidores debería ser parte integrante de los procesos de planificación y de concepción de productos y servicios por parte de las empresas, y que es vital observar la evolución del mercado;

21.

Pide que se tomen medidas para mejorar el diálogo a nivel de la UE entre las organizaciones de consumidores y las empresas, con objeto de incluir a todos los actores en la cadena de valor; considera que un buen diálogo, incluido el intercambio de buenas prácticas, podría reducir los problemas en el mercado interior; apoya las iniciativas destinadas a fomentar la participación de los interesados en la política de los consumidores en consultas y en el desarrollo de políticas; acoge favorablemente los esfuerzos encaminados a reforzar la protección de los consumidores y la consciencia de éstos en los nuevos Estados miembros; subraya la importancia de apoyar permanentemente a las organizaciones de consumidores en la UE, en particular en los nuevos Estados miembros;

22.

Subraya que el desarrollo de una cultura de los consumidores se basa en la educación sistemática de los consumidores en lo que respecta a sus derechos y la afirmación de los mismos; considera que, por este motivo, la UE y los Estados miembros deben invertir más en campañas de información y educación de los consumidores que vehiculen el mensaje correcto al segmento correcto de consumidores; subraya que la educación de los consumidores debe formar parte de una educación permanente y recomienda el uso de las nuevas tecnologías (en especial de Internet) como medio de información de los consumidores;

23.

Opina que, al diseñar la política de los consumidores, debería ponerse más énfasis en las necesidades especiales de los grupos vulnerables, como los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad, y que habría que tener en cuenta el desarrollo demográfico;

24.

Hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta una dimensión de género, al igual que las relativas a la edad y al origen étnico, al desarrollar indicadores y estadísticas para definir ámbitos específicos de problemas a los que se enfrentan los grupos de consumidores;

25.

Recuerda su Resolución sobre las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos; espera con interés el programa de trabajo de la Comisión sobre esta cuestión; pide a la Comisión que aclare más sus intenciones, en su caso, sobre otras iniciativas en este ámbito;

26.

Subraya la importancia de promover las transacciones transfronterizas para aumentar la libertad de elección y reforzar el papel de la política de la competencia y de la educación ante un consumo responsable, a fin de asegurar que los consumidores tengan las mejores opciones en términos de precio, calidad y variedad, en particular en lo que se refiere a los bienes y servicios básicos, tales como alimentos, vivienda, educación, sanidad, energía, transporte y telecomunicaciones; subraya la necesidad, en particular, de una mayor liberalización del mercado de servicios para fomentar la competencia, lo que permitirá ofrecer precios más bajos a los consumidores; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la innovación en el sector de los servicios financieros con el fin de ofrecer mejores opciones a los consumidores;

27.

Subraya, junto a la necesidad de adoptar medidas adecuadas y efectivas de protección del consumidor, la de velar por una buena comunicación sobre estos asuntos, para que el consumidor se forme una idea clara de cómo puede hacer valer sus derechos al amparo de la legislación sobre el mercado interior y de otras disposiciones legislativas que le beneficien;

28.

Opina que debe prestarse especial atención a la protección y la libertad de elección de los consumidores en la realización del mercado interior de los servicios financieros; subraya que los productos financieros, bancarios y de seguros son sumamente complejos, y que si se alienta a los ciudadanos a aumentar la utilización de estos productos, sobre todo cuando se trata de sus futuras pensiones, debe haber unas políticas vinculantes que favorezcan la información y el asesoramiento de los consumidores que garanticen que éstos sean conscientes de todas las opciones disponibles; subraya, sin embargo, que la protección de los consumidores no puede convertirse en una excusa para el proteccionismo; subraya que un mercado de servicios financieros al por menor plenamente integrado debe regirse por las fuerzas del mercado;

29.

Cree, en lo que respecta a los mercados financieros, que el tema clave es la transposición y la completa aplicación de toda la legislación de la UE, así como la armonización en todos los Estados miembros; recomienda que se refuerce la aplicación uniforme de la legislación actual antes de proponer nuevas normas; insta a la Comisión a que, en la nueva legislación, respete el principio de legislar mejor evitando crear una carga adicional injustificada sobre los consumidores y la industria;

30.

Celebra que la estrategia se concentre en una mejor aplicación y compensación, elementos fundamentales para obtener la confianza de los consumidores; considera que obtener la confianza del consumidor es el factor más importante para la realización del mercado interior de bienes y servicios de consumo; aboga porque se insista más sobre esta cuestión;

31.

Considera que los conflictos entre consumidores y agentes económicos deben resolverse en primer lugar extrajudicialmente, pues las soluciones alcanzadas por medios de compensación extrajudiciales pueden ser más rápidas y menos costosas; considera que, para ello, se deben consolidar los centros de consumidores europeos y SOLVIT y se deben conceder más recursos financieros a estas redes; recuerda que los Estados miembros son libres de exigir que la parte que tiene intención de iniciar una acción proceda a una consulta previa, a fin de dar al demandado la oportunidad de poner fin a la infracción impugnada;

32.

Recuerda que los mecanismos alternativos de resolución de litigios son, por su propia naturaleza, una solución alternativa a los mecanismos jurídicos tradicionales; observa que el incentivo de utilizar los mecanismos alternativos de resolución de litigios depende, por tanto, de la existencia de alternativas legales obligatorias que brinden a los consumidores vías de recurso eficaces, de fácil acceso y no discriminatorias;

33.

Recuerda que el crecimiento del comercio electrónico exige una armonización en toda la UE de los mecanismos alternativos de resolución de litigios que satisfaga los criterios de la Recomendación de la Comisión 98/257/CE, de 30 de marzo de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo (7), así como la Recomendación de la Comisión 2001/310/CE, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo (8) señala que es necesaria una mejor elaboración de la solución de litigios en línea, algo que el Parlamento lleva pidiendo por lo menos desde 1999;

34.

Recuerda que la salvaguardia del ejercicio efectivo de los derechos derivados de la legislación comunitaria incumbe, ante todo, a los Estados miembros, que son responsables de la adaptación de su Derecho procesal nacional de forma que los consumidores y los agentes económicos puedan ejercer fácilmente dichos derechos; observa que se debe tener en cuenta, en primer lugar, que la Comunidad no es competente para establecer normas relativas al Derecho procesal nacional, y que el artículo 5 del Tratado CE establece que ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado; observa por consiguiente que, de conformidad con este artículo, deben tenerse en cuenta en la medida de lo posible los rasgos específicos de los ordenamientos jurídicos nacionales, atribuyendo a los Estados miembros la facultad de elegir entre opciones diversas que tengan un efecto equivalente;

35.

Pide a la Comisión que considere las ventajas de crear un cargo especial de Defensor Europeo de los Consumidores para los litigios transfronterizos; observa que algunos Estados miembros disponen en varios sectores de defensores de los consumidores que los ayudan a tratar con los agentes económicos; opina que la Comisión podría estudiar este enfoque país por país;

36.

Observa que en algunos Estados miembros, aunque no en todos, ya existen elementos de un sistema específico de compensación para los consumidores, como las acciones conjuntas, las acciones de grupo, las acciones en representación, los asuntos de referencia y los procedimientos de confiscación de beneficios indebidos; señala que, en consecuencia, los consumidores pueden, en asuntos transfronterizos, enfrentarse a disposiciones jurídicas diferentes a este respecto;

37.

Recuerda que la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (9) ya tiene por objeto la protección de los intereses colectivos de los consumidores; subraya que esta Directiva da a las organizaciones de consumidores, entre otras cosas, el derecho a iniciar acciones inhibitorias; pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo un informe en el que se evalúe en qué medida dicha Directiva ha aportado, o no, las mejoras esperadas en materia de protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por qué;

38.

Considera que, antes de iniciar una reflexión sobre la legislación a nivel comunitario, se debe proceder a un examen pormenorizado de los problemas existentes, si los hay, y de los beneficios previstos para los consumidores;

39.

Considera que en algunos Estados miembros existen limitaciones constitucionales que se han de tener en cuenta al elaborar un modelo europeo de recurso para los consumidores; considera asimismo que es necesario respetar plenamente el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo un informe sobre la manera de lograr el necesario equilibrio entre los derechos de los consumidores, sus organizaciones y los agentes económicos;

40.

Pide a la Comisión que estudie detalladamente la cuestión de las vías de recurso de que disponen los consumidores en los Estados miembros, teniendo en cuenta que toda nueva propuesta presentada por ella en ese ámbito debería basarse en un examen detallado de los problemas actuales y de los beneficios previstos para los consumidores, y que, en lo que se refiere a los procedimientos transfronterizos y a los posibles sistemas de recurso colectivo, debería llevarse a cabo una amplia investigación, aprovechando las experiencias recogidas en este ámbito en todo el mundo, teniendo especialmente en cuenta la preocupación que suscitan los excesos y desventajas del modelo estadounidense y abordando claramente la cuestión de un fundamento jurídico apropiado para establecer un instrumento de este tipo a nivel de la UE; pide por lo tanto a la Comisión que, en su caso, presente una solución coherente a escala europea, que facilite a todos los consumidores el acceso a los mecanismos de recurso colectivo para resolver los litigios transfronterizos;

41.

Pide a la Comisión que consulte al Parlamento y a los Estados miembros acerca de la evaluación de esos estudios;

42.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

19.11.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 279/23

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Vista la Comunicación de la Comisión «Estrategia marco contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos» (COM(2005) 0224),

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Visto el artículo 13 del Tratado CE,

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Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (1),

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Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (2),

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (COM(2006) 0643),

—

Visto el Informe de la Comisión de julio de 2007 sobre la elaboración de legislación contra la discriminación en Europa: comparación de los 25 Estados miembros de la Unión Europea,

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Vistos los informes nacionales sobre la aplicación de la legislación contra la discriminación y los informes temáticos elaborados por la red de juristas expertos en no discriminación creada por la Comisión para apoyar su trabajo y proporcionar información y asesoramiento independientes sobre la evolución en los Estados miembros,

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Vista la Convención internacional de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

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Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y su Protocolo no 12,

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Vista la encuesta especial Eurobarómetro de la Comisión de enero de 2007 sobre la discriminación en la Unión Europea,

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Visto que 2007 se ha declarado Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos y que 2008 se ha declarado Año Europeo del Diálogo Intercultural,

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Visto el artículo 45 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0159/2008),

A.

Considerando que en virtud del artículo 6 del Tratado UE, la Unión Europea se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de derecho, principios comunes de los Estados miembros, y que es importante que las declaraciones políticas sobre la lucha contra la discriminación se acompañen de la elaboración progresiva de legislación y políticas y de su aplicación correcta y plena, especialmente por lo que se refiere a las directivas que prohíben la discriminación y los proyectos de fomento de la igualdad,

B.

Considerando que el artículo 6 del Tratado UE también dispone que la Unión Europea respetará los derechos fundamentales consagrados en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y que, en virtud del artículo 13 del Tratado CE, la promoción de la igualdad y la no discriminación serán prioritarias en la legislación y las políticas de la Unión Europea,

C.

Considerando que el empleo es uno de los requisitos básicos para la inclusión social, pero los índices de desempleo entre muchos grupos, especialmente las mujeres, los migrantes, las personas con discapacidad, las minorías étnicas, las personas de edad y los jóvenes o quienes tienen facultades únicas o no reconocidas, siguen siendo inadmisiblemente elevados; que el índice de desempleo en el caso de las personas víctimas de discriminaciones múltiples es aún más elevado,

D.

Considerando que en la actualidad el derecho comunitario no contempla la discriminación en la mayoría de los ámbitos de competencia comunitaria, y que las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE prevén distintos niveles de protección, lo que crea disparidades en materia de protección contra la discriminación que repercuten en el empleo,

E.

Considerando que la investigación de la Comisión acerca de la elaboración de legislación contra la discriminación en Europa confirma la existencia de un mosaico legislativo a nivel de los Estados miembros, con distintas formas de protección y, con frecuencia, sin método común de aplicación, por lo que la aplicación de las directivas carece de armonía y se crea una situación en la que las personas no conocen suficientemente sus derechos,

F.

Considerando que, de hecho, la aplicación deficiente de las políticas contra la discriminación en los Estados miembros contribuye a la falta de aplicación de las directivas comunitarias que prohíben la discriminación, según ponen de manifiesto informes como el del grupo europeo de expertos sobre la legislación de quince Estados miembros relativa a la lucha contra la discriminación en el empleo por razón de la orientación sexual,

G.

Considerando que en su Resolución de 5 de diciembre de 2007 relativa a las actividades consecutivas al Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007) (3), el Consejo ha pedido a los Estados miembros y a la Comisión que, de acuerdo con sus respectivas competencias, apoyen y refuercen la integración de las cuestiones relativas a la discapacidad en todas las políticas pertinentes;

H.

Considerando que, precisamente por ello, la Comisión ha iniciado acciones judiciales contra varios Estados miembros y que es preciso que siga haciéndolo en caso necesario,

1.

Pide a los Estados miembros que, en su práctica legislativa, tengan debidamente en cuenta los varios motivos de discriminación que se mencionan en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

2.

Recuerda que las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE establecen unos requisitos mínimos, por lo que deberían ser la base sobre la que construir una política comunitaria general contra la discriminación;

3.

Manifiesta su preocupación por las deficiencias de muchos Estados miembros en cuanto a la transposición y aplicación de las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE y por la falta de información a los ciudadanos sobre los posibles recursos legales en caso de discriminación;

4.

Lamenta que las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE no cubran las diferencias de trato de carácter discriminatorio basadas en criterios físicos como la altura o la tez, en especial en relación al acceso a puestos de trabajo cuando no exista relación directa entre dichas características físicas y las aptitudes requeridas para ocupar dichos puestos;

5.

Pide a los Estados miembros que garanticen que, una vez transpuestas todas sus disposiciones, las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE se transpongan correcta, efectiva y plenamente, que se apliquen adecuadamente y que, de conformidad con sus disposiciones, toda excepción esté objetivamente justificada;

6.

Pide a las autoridades competentes de la Unión Europea, a las nacionales y a las locales que coordinen mejor sus esfuerzos con vistas a la aplicación; pide asimismo que se establezca un enfoque unificado para combatir la discriminación, que sea integrador y tenga en cuenta todas las causas de discriminación al mismo tiempo;

7.

Subraya que es de sustancial importancia el papel de las autoridades públicas en la promoción de la igualdad y la prevención de las discriminaciones a través de la elaboración de su política, la prestación de sus servicios y sus prácticas de empleo;

8.

Pide que la Comisión se comprometa a llevar a cabo una revisión sustancial de la aplicación de las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE y a emitir orientaciones interpretativas para garantizar su aplicación total y correcta por parte de los Estados miembros; pide en particular a la Comisión que evalúe la manera en que los Estados miembros han interpretado las excepciones previstas en los artículos 6 y 8 al transponer la Directiva 2000/78/CE a la legislación nacional; recuerda que la aplicación de ambas Directivas requiere una serie de mecanismos y estrategias que incluyen la observancia, un compromiso y un cumplimiento más activos, así como un intercambio eficaz de mejores prácticas;

9.

Pide que las sanciones aplicables en caso de infracción de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la transposición de las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE sean efectivas, proporcionadas y disuasorias;

10.

Pide a la Comisión que controle atentamente la transposición de las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE, así como el cumplimiento de la legislación resultado de dicha transposición y que continúe presionando a los Estados miembros, mediante procedimientos de incumplimiento y de no conformidad, para que cumplan sus obligaciones legales de transponer plenamente y cuanto antes las mencionadas Directivas; considera que la comisión competente del Parlamento debería colaborar en el seguimiento permanente de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de estas Directivas;

11.

Recuerda a la Comisión que el artículo 4 de la Directiva 2000/78/CE únicamente autoriza las excepciones cuando ello sea real y objetivamente necesario para el correcto ejercicio de la actividad profesional; pide a la Comisión que interprete estrictamente este artículo y que denuncie ante el Tribunal de Justicia a los Estados miembros que permitan la inclusión de una definición demasiado amplia en su legislación nacional;

12.

Solicita una evaluación anual de la aplicación por los Estados miembros como parte del método abierto de coordinación y una revisión ampliada de la aplicación de esta legislación cada cinco años como parte de la Agenda Social; considera que los organismos independientes especializados en asuntos de no discriminación, incluida la red de juristas expertos de la Comisión y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que representan a las víctimas potenciales de discriminación deberían tomar parte en dicha evaluación anual y que habría que adoptar medidas concretas para desarrollar la capacidad de las ONG a la hora de facilitar información y apoyo a las víctimas y contribuir de manera constructiva a la evaluación anual;

13.

Considera que la falta de una disposición en la Directiva 2000/78/CE que indique la necesidad de definiciones amplias de discapacidad ha hecho que algunas categorías de personas discapacitadas queden excluidas de la protección legal de dicha Directiva; pide por tanto a la Comisión y a los Estados miembros que aprueben urgentemente estas amplias definiciones de la discapacidad para facilitar la armonización de la legislación contra la discriminación que podría basarse en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

14.

Considera que la falta de un plazo definido para interponer un recurso por discriminación se ha traducido, en algunos Estados miembros, en plazos sumamente cortos, pudiendo así dificultar la presentación de tales recursos;

15.

Considera que las excepciones vinculadas al estado civil contempladas en la Directiva 2000/78/CE han limitado la protección frente a la discriminación por motivos de orientación sexual que prevé dicha Directiva;

16.

Insta a los Estados miembros a que fomenten con mayor eficacia la aplicación de los derechos de los ciudadanos comunitarios inherentes a la Directiva 2000/43/CE y a la Directiva 2000/78/CE e insta a la Comisión, a los Estados miembros, a los sindicatos, a los empresarios, así como a los órganos gubernamentales y no gubernamentales, a que hagan cuanto esté en su mano para mejorar el conocimiento que se tiene de los derechos derivados de dichas Directivas y garantizar a las víctimas de discriminación el acceso a diversas ayudas de defensa para permitirles el ejercicio efectivo de estos derechos en virtud de las mencionadas Directivas; señala que con frecuencia es la víctima quien tiene que hacer frente al responsable de la discriminación, a menudo sin el apoyo de la autoridad pública y sin acceso a la asistencia jurídica; insta por tanto a los Estados miembros a que otorguen competencia a los organismos independientes especializados para que brinden ayuda eficaz a las víctimas de discriminación;

17.

Expresa su preocupación por el escaso conocimiento de la legislación contra la discriminación de los ciudadanos de los Estados miembros y pide a la Comisión, a los Estados miembros, a los sindicatos y a los empresarios que incrementen sus esfuerzos por aumentar este conocimiento; recuerda que las Directivas imponen a los Estados miembros la obligación de divulgar información a la opinión pública sobre las disposiciones pertinentes de las Directivas, utilizando todos los medios adecuados;

18.

Recomienda a los Estados miembros que lleven a cabo estudios independientes sobre las medidas preventivas y restitutorias contra la discriminación y la eficacia de la protección contra los tratos injustos y que garanticen que los organismos formal o informalmente establecidos que participan en la prevención de la discriminación y apoyan a las víctimas de discriminación cuenten con recursos adecuados; recomienda asimismo que la Comisión incluya revisiones similares en su actual ejercicio de control;

19.

Recomienda a los Estados miembros que doten con los recursos y la competencia adecuados a los organismos independientes de modo que puedan desempeñar sus funciones con eficacia e independencia, incluida la de facilitar una sólida experiencia sobre todas las formas de discriminación y una asistencia adecuada a las víctimas de discriminación; alienta a los Estados miembros a que garanticen que el cometido de estos organismos abarca todas las formas de discriminación y pide a la Comisión que establezca criterios que sirvan de base para efectuar controles y asegurar la eficacia y la independencia de estos organismos;

20.

Recomienda a los Estados miembros y a la Comisión que doten con recursos y capaciten a las ONG que representan a grupos discriminados y a aquellas que informan a los ciudadanos y les proporcionan asistencia jurídica en cuestiones de discriminación;

21.

Pide a los Estados miembros que colaboren con los interlocutores sociales competentes para el seguimiento de la correcta aplicación de la legislación comunitaria;

22.

Subraya que en todos los casos los Estados miembros deben garantizar que las víctimas de discriminación reciben asistencia de oficio en los procedimientos judiciales, y, si fuera necesario, mediante financiación pública a través de sistemas de asistencia jurídica;

23.

Pide a la Comisión que apoye de forma práctica y eficaz las medidas que tomen los Estados miembros en el contexto del programa Progress y del Fondo Social Europeo en apoyo de programas que fomenten la igualdad de oportunidades y la eliminación de la discriminación;

24.

Recomienda que, con vistas a ofrecer un nivel de protección más eficaz, los Estados miembros capaciten a asociaciones, organizaciones y otras entidades jurídicas para incoar acciones judiciales, incluso en nombre o en apoyo de las víctimas;

25.

Insta a los Gobiernos de los Estados miembros a que garanticen la igualdad de trato y de oportunidades en las políticas de empleo e integración social y, en particular, a que traten los importantes obstáculos que plantea la discriminación en los procedimientos de contratación;

26.

Recomienda a los Estados miembros que velen por que las asociaciones, organizaciones y otras entidades jurídicas puedan incoar, en nombre de uno o varios demandantes, acciones judiciales en aras del cumplimiento de las Directivas;

27.

Pide a los Estados miembros que, en cooperación con la Agencia Europea de Derechos Fundamentales y la Comisión, recojan, compilen y publiquen periódicamente estadísticas exhaustivas, exactas, comparables, fiables y desglosadas sobre la discriminación; que publiquen dichas estadísticas de forma que resulten fácilmente comprensibles para los ciudadanos y permitan un intercambio más eficaz de mejores prácticas; subraya la necesidad de disponer de fondos suficientes para ello y la importancia de desarrollar formas de recopilación de datos sobre la discriminación conforme a la legislación relativa a la protección de datos;

28.

Pide que se establezcan planes nacionales integrados de acción contra todas las formas de discriminación;

29.

Acoge favorablemente el interés que manifiesta la Comisión por recopilar datos sobre la igualdad, incluida la publicación de un manual europeo sobre estos datos; pide a la Comisión que examine detenidamente los distintos parámetros y cuestiones jurídicas sobre la recogida de datos y que presente propuestas para mejorar el registro de casos de discriminación y estudie criterios comunes para la recopilación de datos; recomienda que la Comisión continúe facilitando formación jurídica a jueces, abogados, sindicatos y ONG para consolidar el impacto a largo plazo de las Directivas, y que lleve a cabo ulteriores investigaciones y análisis del impacto de la legislación por la que se transponen las Directivas;

30.

Acoge favorablemente el interés que manifiesta la Comisión por el fenómeno de la discriminación múltiple y que haya emprendido un estudio al respecto; pide a la Comisión que adopte un concepto equilibrado y amplio de discriminación múltiple, que analice el fenómeno y proporcione datos sobre el mismo y sobre los crímenes motivados por el odio; pide a la Comisión que incluya disposiciones explícitamente destinadas a luchar contra la discriminación múltiple en toda futura legislación adoptada de conformidad con el artículo 13 del Tratado CE, a las que pueda recurrirse por uno o varios motivos;

31.

Subraya la importancia de la creación de redes entre los grupos que actúan en el sector de la lucha contra la discriminación, tanto a nivel europeo como nacional, regional y local;

32.

Pide a los Estados miembros que revisen su legislación nacional y deroguen toda ley incompatible con el artículo 13 del Tratado CE;

33.

Considera que la Directiva 2000/43/CE es la base sobre la que puede construirse un marco general contra la discriminación y para las medidas relativas a la prohibición de la discriminación por motivos de raza u origen étnico; subraya, sin embargo, que es necesario tener en cuenta los aspectos problemáticos que ya se han manifestado y las dificultades que han tenido los Estados miembros para la eficaz transposición y aplicación de esta Directiva;

34.

Subraya que la Comisión debe establecer una definición común, a nivel de la UE, del significado de acción positiva, o por lo menos tratar de llegar a un consenso al respecto, para disipar los mitos acerca de su significado y aplicación en algunos Estados miembros habida cuenta, en particular, de su eficacia para luchar con éxito contra la discriminación y para lograr una igualdad de resultados en algunos Estados miembros;

35.

Señala que ahora la Comisión podría tener la intención de presentar sólo medidas legislativas destinadas a proscribir la discriminación en el acceso a los bienes y servicios únicamente por algunos motivos, pero no por todos; recuerda a la Comisión su compromiso de presentar, conforme a lo previsto en su programa de trabajo para 2008, una directiva global que cubra la discapacidad, la edad, la religión o las creencias y la orientación sexual para completar el paquete de medidas legislativas contra la discriminación, de conformidad con el artículo 13 del Tratado CE; reitera la conveniencia política, social y jurídica de acabar con la jerarquía de la protección contra los distintos motivos de discriminación; está firmemente convencido de que no tiene sentido prohibir la discriminación en un área si al mismo tiempo se permite en otra;

36.

Espera con interés que se desarrolle la definición comunitaria de discapacidad que permita a las personas con discapacidad de toda la Unión Europea disfrutar de los mismos derechos cualquiera que sea el lugar en el que se encuentren dentro de la Unión Europea;

37.

Considera que toda nueva propuesta de directiva para la lucha contra las discriminaciones con arreglo al artículo 13 del Tratado CE tendrá que prohibir toda forma de discriminación, tanto directa como indirecta, en todos los ámbitos abarcados por las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE, la discriminación por asociación, la discriminación ligada a la pertenencia a un grupo protegido y el acoso; considera que toda orden de discriminar constituirá una discriminación y que el fracaso injustificado a la hora de alcanzar un acuerdo razonable debe considerarse una forma de discriminación; considera que las Directivas deben establecer claramente que no existe jerarquía entre las distintas formas de discriminación y que todas deben combatirse con la misma firmeza; insiste en que toda nueva propuesta legislativa debe reflejar debidamente todas las especificidades de los diferentes motivos;

38.

Está firmemente convencido de que el ámbito material de aplicación de la nueva propuesta de directiva para la lucha contra la discriminación con arreglo al artículo 13 del Tratado CE tiene que ser amplio y abarcar todos los ámbitos de competencia comunitaria, así como la educación, el aprendizaje permanente, la protección social, incluida la seguridad social, la vivienda y la asistencia sanitaria, las imágenes de grupos discriminados en los medios de comunicación y en la publicidad, el acceso físico de las personas con discapacidad a la información, las telecomunicaciones, las comunicaciones electrónicas, los medios de transporte y los espacios públicos, las prestaciones sociales, el acceso a los bienes y servicios disponibles para el público y su suministro; considera asimismo que la nueva directiva también debe desarrollar el ámbito de aplicación de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (4) de manera que sea coherente con la protección frente a la discriminación de otros grupos;

39.

Manifiesta su firme convicción de que para luchar contra la discriminación es necesario un enfoque integrado con vistas a la sensibilización, que ya debe comenzar con programas en las escuelas;

40.

Pide a la Comisión que examine de qué manera la futura legislación basada en el artículo 13 puede incorporar otras disposiciones a favor de la aplicación de los principios de no discriminación e igualdad que no dependan de las demandas presentadas por víctimas individuales; considera que dicho examen debe tener en cuenta la manera en que la futura legislación puede exigir la introducción de acciones positivas u obligaciones positivas con el fin de promover la igualdad y vincular las obligaciones relacionadas con la no discriminación y la igualdad a las políticas nacionales de contratación pública;

41.

Considera que las diferencias de trato basadas en la nacionalidad o en la lengua que no se justifican de forma objetiva y razonable con una finalidad legítima ni se establecen por los medios apropiados y necesarios, pueden constituir una discriminación indirecta por razones de origen racial o étnico, contrarias a la Directiva 2000/43/CE;

42.

Considera, asimismo, que debe entenderse que la discriminación afecta a las cuatro libertades fundamentales, en particular a la libre circulación de las personas, y que, por lo tanto, representa un obstáculo al funcionamiento del mercado interior; pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros a que revisen sus disposiciones transitorias que regulan el acceso a sus mercados de trabajo para suprimir la diferenciación entre ciudadanos europeos en este ámbito;

43.

Considera que las comunidades minoritarias, en particular la comunidad romaní, requieren una protección social específica ya que, a raíz de la reciente ampliación de la UE, los problemas de explotación, discriminación y exclusión se han agudizado en los ámbitos de la educación, la sanidad, la vivienda, el empleo y los derechos de la mujer;

44.

Recomienda que, en lo relativo al acceso a la educación de alta calidad para los niños desfavorecidos y romaníes y su injustificada clasificación como niños con discapacidad, se preste particular atención a la lucha contra toda forma de discriminación en el ámbito educativo;

45.

Subraya que las leyes sólo son eficaces cuando los ciudadanos conocen sus derechos y pueden acceder fácilmente a los tribunales; considera, por lo tanto, que la nueva propuesta de directiva para la lucha contra las discriminaciones con arreglo al artículo 13 del Tratado CE debe abordar asimismo los recursos legales y el cumplimiento de las leyes, y recomienda la instauración por parte de cada Estado miembro de uno o varios organismos independientes y eficientes, encargados de fomentar la igualdad de trato y de luchar contra las distintas formas de discriminación, y cuyo mandato abarque todos los motivos de discriminación con arreglo al artículo 13 y todos los ámbitos contemplados en la Directiva 76/207/CEE; considera que las competencias de estos organismos deben incluir la prestación de asistencia independiente a las víctimas de discriminación a la hora de presentar demandas por discriminación, la realización de estudios independientes sobre la aplicación de la legislación pertinente y la formulación de recomendaciones sobre cualquier tema relacionado con dicha discriminación;

46.

Pide que en toda legislación futura con arreglo al artículo 13 del Tratado CE se incluya la obligación de consultar a las ONG, a los organismos independientes especializados en materia de igualdad y a las organizaciones nacionales representativas, y de tenerlas en cuenta en el momento de su elaboración, así como en el proceso de transposición y en el seguimiento de su aplicación;

47.

Considera que la nueva directiva debe incluir la necesidad de que los Estados miembros integren la igualdad en todas las fases de programación, elaboración de políticas y desarrollo de programas en los ámbitos abarcados por la Directiva; que los prestadores de servicios deben organizar y sistematizar su enfoque de la igualdad, y efectuar ajustes para conceder un trato especial a los miembros de los grupos minoritarios que son objeto de desigualdad con el fin de que tengan acceso a los servicios prestados y puedan beneficiarse de los mismos;

48.

Observa con preocupación que, a pesar de que diecinueve Estados miembros han firmado el Protocolo no 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, sólo cinco de ellos han ratificado dicho Protocolo;

49.

Pide que prosiga el proceso de firma, celebración y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluido su Protocolo Facultativo, y recuerda que, tras la ratificación de dicha Convención por parte de la Unión Europea, toda propuesta de normativa comunitaria contra la discriminación debe ajustarse a los requisitos impuestos por la Convención en su totalidad; recuerda al Consejo el llamamiento que le hizo a la Comisión en la Conferencia ministerial extraoficial sobre discapacidad de junio de 2007 para la puesta en marcha de una estrategia europea para la aplicación efectiva de la Convención; en este contexto, pide a la Comisión que evalúe la necesidad de modificar el Derecho comunitario derivado existente o la adaptación de las políticas pertinentes;

50.

Destaca la importancia de una aplicación horizontal y de la integración de la cláusula de no discriminación del Tratado de Lisboa una vez que entre en vigor, por la que la Unión Europea se compromete a luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en la definición y ejecución de sus políticas y acciones;

51.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se integren los principios de igualdad de oportunidades y de no discriminación en la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, las directrices para el método abierto de coordinación sobre la integración social y para los programas nacionales de reforma, así como la normativa que regula los Fondos estructurales; pide por tanto a la Comisión y a los Estados miembros que revisen las orientaciones integradas para el crecimiento y el empleo, en particular las directrices para el empleo, con vistas a garantizar y mejorar la integración y la visibilidad de la dimensión social en el próximo ciclo de la Estrategia de Lisboa; subraya que, para ser eficaces, las políticas relativas a la igualdad y a la no discriminación deben estar estrechamente vinculadas a las políticas sociales, reservando un papel importante a los interlocutores sociales;

52.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que acaben con todas las discriminaciones basadas en los contratos de trabajo garantizando a todos los trabajadores la igualdad de trato, la protección de la salud y la seguridad y unas disposiciones sobre el tiempo de trabajo y de descanso, la libertad de asociación y representación, la protección contra el despido indebido, los convenios colectivos y las acciones colectivas; destaca la importancia del acceso a la formación, así como la protección permanente de los derechos adquiridos estableciendo períodos de educación y formación, mejorando las oportunidades de asistencia, manteniendo los derechos sociales fundamentales como los derechos de pensión, los derechos de formación y el derecho a recibir un subsidio de desempleo durante los cambios de situación profesional, cuando se pasa de un contrato laboral a otro o de un empleo por cuenta ajena a un empleo por cuenta propia;

53.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos.

19.11.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 279/30

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una política marítima integrada para la Unión Europea» (COM(2007) 0575 — SEC(2007) 1283),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Conclusiones de la consulta sobre una política marítima europea» (COM(2007) 0574),

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Vista la propuesta de la Comisión relativa a la Declaración tripartita conjunta por la que se establece un «Día Marítimo Europeo» (SEC(2007) 1631),

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Visto el Libro Verde de la Comisión titulado «Hacia una futura política marítima de la Unión: perspectiva europea de los océanos y los mares» (COM(2006) 0275) y la Resolución del Parlamento de 12 de julio de 2007 (1),

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Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007 sobre la adopción del documento «Plan de Acción del Consejo Europeo (2007 — 2009) Una Política Energética para Europa»,

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Vista la Comunicación de la Comisión «Dos veces 20 para el 2020 — El cambio climático, una oportunidad para Europa» (COM(2008) 0030),

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Vistas las disposiciones contenidas en el Convenio sobre el trabajo marítimo 2006, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 23 de febrero de 2006, que reúne y adapta los Convenios relativos al trabajo marítimo adoptados por la OIT desde 1919,

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Visto el artículo 45 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo, así como las opiniones de la Comisión de Desarrollo Regional, la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la Comisión de Pesca (A6-0163/2008),

A.

Considerando que los océanos y los mares son factores económicos y ecológicos esenciales para la Unión Europea; que la Unión Europea tiene a lo largo de sus regiones costeras y de sus regiones ultraperiféricas una costa de 320 000 km., en la que vive una tercera parte de la población de Europa,

B.

Considerando que la industria y los servicios marítimos, junto con las regiones costeras, aportan en conjunto un 40 % del PIB de la UE,

C.

Considerando que el cambio climático constituye el mayor reto para todas las políticas en el siglo XXI; considerando la amenaza que se cierne sobre las regiones costeras a causa de la elevación del nivel del mar debido al cambio climático, que puede suceder a gran escala y tener consecuencias dramáticas para los residentes en dichas regiones,

D.

Considerando que las regiones marítimas de la UE, y en particular sus regiones ultraperiféricas, desempeñan por una parte, un papel muy importante en relación con la seguridad frente a actos delictivos tales como la inmigración ilegal, el terrorismo y el contrabando y, por otra parte, están expuestas a desastres medioambientales específicos,

E.

Considerando que las acciones criminales contra buques pesqueros, mercantes y de pasaje comunitarios en aguas internacionales próximas a las costas africanas han aumentado en número y frecuencia en el último año, lo que supone un grave peligro para las vidas de las tripulaciones y tiene una repercusión negativa importante en el comercio internacional;

1.

Saluda la adopción por la Comisión de la mencionada Comunicación y del Plan de acción presentado en el documento de trabajo de referencia;

2.

Corrobora su Resolución de 12 de julio de 2007, y se congratula de que la Comisión haya aceptado una buena parte de las peticiones del Parlamento, al menos en cierta medida;

3.

Recuerda que la dimensión marítima excepcional con que cuenta la UE gracias a sus costas y regiones ultraperiféricas ofrece oportunidades únicas en ámbitos como la innovación, la investigación, el medio ambiente y la biodiversidad, que deben tenerse en cuenta en la política marítima integrada de la UE, e indica que las regiones ultraperiféricas son además excelentes plataformas de comunicación en lo que respecta al transporte y la seguridad de la UE y del mundo;

4.

Apoya firmemente el objetivo de la Comisión de potenciar al máximo el tráfico marítimo de corta distancia y el transporte interior por vías navegables entre los Estados miembros e integrarlos rápidamente en el mercado interior, y se congratula de la intención de la Comisión de acelerar sus propuestas a favor de una zona de transporte marítimo común, junto con una estrategia global de transporte marítimo para el período 2008-2018;

5.

Anima a los Estados miembros a reforzar su cooperación mutua y con los países vecinos para un uso adecuado de RTE-T y de otros mecanismos de financiación europeos (tales como Marco Polo) a fin de realizar los proyectos de autopistas del mar y de redes de transporte marítimo de corta distancia;

6.

Saluda la intención de la Comisión de mejorar la coordinación entre las agencias europeas encargadas de la supervisión marítima, subrayando en particular la prevención de actividades ilegales (trata de seres humanos, tráfico de drogas, inmigración ilegal y amenazas terroristas) con una atención especial respecto a las aguas internacionales;

7.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de iniciar una red europea de vigilancia marítima y promover una mejora de la cooperación entre los servicios de guardacostas de los Estados miembros; insta a la Comisión a presentar los resultados del estudio de viabilidad sobre el servicio de guardacostas europeo, cuya publicación y presentación al Parlamento y al Consejo estaban previstas para finales de 2006;

8.

Considera que las agrupaciones marítimas son la forma que mejor puede contribuir a la realización de una política marítima integrada; pide a la Comisión que inicie rápidamente el proyecto de red europea de agrupaciones marítimas;

9.

Apoya la propuesta de celebrar anualmente, el 20 de mayo, un «Día Europeo del Mar»; opina que dicho día debe utilizarse para subrayar el significado de la política marítima más allá del mundo marítimo, con la participación de los ciudadanos en general, las escuelas, las universidades y las organizaciones no gubernamentales; recuerda a la Comisión su propuesta de conceder un premio a regiones marítimas modélicas como medio para promover las mejores prácticas;

10.

Opina, sin embargo, que en conjunto el Plan de acción contiene pocas medidas concretas, y pide a la Comisión que, en el futuro, utilice de un modo más ambicioso los instrumentos de que dispone con arreglo a los Tratados;

11.

Lamenta que el Plan de acción sólo aborde los retos del cambio climático de un modo no vinculante; subraya su opinión de que una de las tareas de la política marítima europea consiste en prevenir y adaptarse a las repercusiones del cambio climático y, con carácter urgente, establecer las necesarias medidas de adaptación, especialmente ante la fusión de los glaciares que lleva a la elevación del nivel del mar, así como frente a la creciente amenaza de inundaciones de puertos y regiones costeras, y pide para ello la contribución de todas las políticas pertinentes, especialmente la política de investigación;

12.

Recuerda que la fusión de los glaciares no sólo provoca una elevación del nivel del mar, sino también daños irreparables a la vida de los seres humanos, los animales y las plantas, y por ello saluda la intención de la Comisión de presentar una iniciativa sobre el Ártico e insta a la comunidad científica y a los responsables de la toma de decisiones a seguir explorando las posibilidades de proteger los casquetes polares;

13.

Insiste en que una buena gestión del territorio marítimo requiere una buena gestión del espacio costero, por lo que todos los proyectos de construcción en el litoral de la Unión Europea deben tener en cuenta las consecuencias del cambio climático, incluidas la elevación del nivel del mar, la erosión de los arenales y el aumento de la frecuencia y la violencia de los temporales;

14.

Apoya los objetivos del Consejo Europeo de marzo de 2007 de reducir a la mitad, antes de 2050, las emisiones de gases de efecto invernadero, y corrobora su petición de que la política marítima aporte una contribución esencial a la reducción de dichas emisiones; ello debería hacerse mediante la inclusión del tráfico marítimo en el sistema de comercio de derechos de emisión y el reforzamiento de los esfuerzos de investigación tanto para utilizar el mar como fuente de energía renovable como para el desarrollo de nuevas tecnologías menos contaminantes para la propulsión de los buques; opina que el papel de Europa como pionera de la lucha contra el cambio climático podría reforzar y ampliar su papel dirigente en los ámbitos de la investigación y las tecnologías medioambientales;

15.

Insta a la Comisión a que muestre mayor ambición en la lucha contra las emisiones de óxidos de azufre y nitrógeno, así como de los desechos sólidos, procedentes de los buques; reitera, en este sentido, la necesidad de una cooperación más estrecha con la Organización Marítima Internacional (OMI), en particular en lo que se refiere a su petición de que:

16.

Acoge con satisfacción las medidas adoptadas para el seguimiento vía satélite de los vertidos incontrolados al mar que efectúan algunos buques; pide, no obstante, que se reglamente la obligatoriedad de utilización por los buques de dispositivos inviolables (ya patentados) que, a modo de cajas negras, permiten registrar, a intervalos cortos de tiempo, los niveles y las entradas/salidas de líquidos en tanques y sentinas; considera que el examen de estos registros permitiría conocer si se han efectuado vertidos incontrolados e ilegales de restos de hidrocarburos contaminantes;

17.

Reitera su llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión, en vista de la contaminación atmosférica que afecta a muchas ciudades portuarias y regiones, para que mejoren significativamente los incentivos del suministro eléctrico desde tierra a los buques atracados en los puertos; pide, en consecuencia, una propuesta de revisión de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el marco comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (2), de modo que los Estados miembros que aplican la exención de impuestos sobre los hidrocarburos para combustible prevista en el artículo 14 de dicha Directiva estén obligados a aplicar una exención de impuestos equivalente al suministro de electricidad desde tierra; señala que la igualdad de trato, a efectos impositivos, de la electricidad y del hidrocarburo para combustible del buque constituiría un incentivo importante para que los puertos y los armadores contribuyeran a reducir la contaminación en las ciudades portuarias al invertir en el suministro de electricidad destinado a los barcos atracados en los puertos;

18.

Indica de nuevo que la contaminación de los mares por efluentes provenientes de tierra constituye una parte significativa de la contaminación total de los mares, y que la Comisión todavía no se ha ocupado de este asunto; reitera por ello su petición a la Comisión de que presente un plan de acción para reducir este tipo de contaminación, y subraya su petición a los Estados miembros para que transpongan sin demora a la legislación nacional los actos jurídicos pertinentes como la Directiva marco sobre aguas (3); subraya que la transposición de la Directiva marco sobre aguas debe acompañarse de un plan de acción para la localización y eliminación de los restos de municiones de la última guerra en el Mar del Norte y en el Mar Báltico;

19.

Insta a la Comisión a que ayude a los Estados miembros a poner en marcha un plan de inventariado y cartografiado de pecios y sitios arqueológicos sumergidos en tanto que parte del patrimonio histórico y cultural comunitario, lo que facilitará el conocimiento y estudio de los mismos y contribuirá a evitar los expolios a los que están siendo sometidos, facilitando así su correcta preservación;

20.

Insta a las instituciones correspondientes a que adopten el paquete marítimo Erika III lo antes posible, y a los Estados miembros a que lo apliquen con rapidez, con el fin de desarrollar mecanismos judiciales suficientes para evitar o paliar accidentes o incidentes con consecuencias desastrosas para el desarrollo de las regiones marítimas, como los del Erika o el Prestige;

21.

Considera que la Directiva marco sobre estrategia marina (4) debe constituir la piedra angular medioambiental de la política marítima integrada para la UE; indica que dicha Directiva establece que las regiones en las que el estado del mar es crítico deben elaborar y aplicar medidas más rápidas para alcanzar un buen estado medioambiental; subraya que, en dichas regiones, es particularmente importante que la Comisión coordine los diferentes sectores, programas y estrategias y proporcione suficiente apoyo económico; indica que, para alcanzar tal política marítima integrada, es necesario incluir actividades basadas en tierra como la agricultura, la gestión de las aguas residuales, el transporte y la producción de energía; opina que dichas regiones pueden constituir zonas piloto para una verdadera y plenamente integrada política marítima;

22.

Saluda la posición de la Comisión de excluir a la gente de mar de diversas partes de la reglamentación social y de protección laboral europea (por ejemplo, la Directiva 98/59/CE (5) relativa a los despidos colectivos, la Directiva 2001/23/CE (6) sobre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, la Directiva 2002/14/CE (7) sobre la información y la consulta de los trabajadores y la Directiva 96/71/CE (8) sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios); propone la revisión de estas directivas en estrecha cooperación con los interlocutores sociales;

23.

Insta a los Estados miembros que aún no lo han hecho a que ratifiquen, en el plazo más breve posible, el Convenio sobre el trabajo marítimo 2006, adoptado para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar y prevenir la competencia desleal en este sector a través de la puesta al día y la recopilación de todas las normas internacionales vigentes en materia laboral;

24.

Insta a la Comisión a actualizar la Directiva 1999/95/CE (9) sobre el tiempo de trabajo de la gente de mar, así como la legislación relativa a asuntos que son responsabilidad de la Comisión pero no están cubiertos, o sólo parcialmente, a nivel comunitario, como la reglamentación relativa a las agencias de contratación o el derecho del trabajador a disponer de un contrato de trabajo debidamente suscrito;

25.

Considera que, para el éxito de la política marítima, es fundamental el compromiso de los interlocutores regionales y locales; subraya, por ello, que tiene que haber una mayor cooperación e interconexión entre las regiones costeras europeas, a través de la promoción de estrategias coordinadas en pro del desarrollo y de la competitividad, así como una mayor vertebración entre los diferentes niveles de gobernanza;

26.

Reitera su petición de proseguir en el futuro el enfoque de una política marítima integrada de la UE y pide a la Comisión que refuerce su marco político, así como la cohesión territorial, social y económica con la Europa del interior y sus políticas; propone que se publique un informe bienal sobre la política marítima europea y que se mantenga periódicamente un intercambio de puntos de vista con todos los interesados; pide a las próximas Presidencias del Consejo que se ocupen de la política marítima en el marco de sus programas de trabajo; pide además que, sobre todo, la Comisión indique claramente una vez al año todos los proyectos financiados por la UE relacionados con el mar;

27.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión tendente a promover las negociaciones para una mejor gestión del uso compartido del mar con terceros países, y apoya firmemente la creciente cooperación con los países vecinos para la protección de los mares más allá de las jurisdicciones nacionales;

28.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a apoyar activamente, en el marco de las Naciones Unidas y la OMI, la iniciativa promovida por varios Estados miembros que tiene por objeto ampliar el derecho de persecución por mar y aire a las aguas territoriales de los Estados ribereños, siempre y cuando estén de acuerdo los países afectados, y a desarrollar un mecanismo de asistencia mutua en casos de piratería marítima;

29.

Pide a la Comisión que establezca, en el marco de la nueva política marítima integrada, un régimen comunitario de coordinación y asistencia mutua que permita a los buques militares que enarbolen pabellón de un Estado miembro situados en aguas internacionales proteger a los buques pesqueros y mercantes de otros Estados miembros lo más rápidamente posible;

30.

Considera de la mayor importancia una estrategia europea global para la investigación marina y marítima, la cual debe ser financiada adecuadamente, tanto con el actual Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración como en futuros programas;

31.

Aboga por que la política marítima sea tenida en cuenta adecuadamente en el presupuesto de la UE y en las políticas e instrumentos de la UE tras 2013, y pide que ello se refleje de manera sintética en los informes periódicos sobre la política marítima europea;

32.

Acoge también con satisfacción la recomendación del Consejo Europeo celebrado el 14 de diciembre de 2007, en el sentido de que la política marítima deberá adaptarse a las diferentes especificidades de los Estados miembros y de las regiones marítimas, en particular de las regiones costeras, las islas y las regiones ultraperiféricas;

33.

Espera con interés, al tiempo que reconoce la competencia de los Estados miembros en este ámbito, la publicación por parte de la Comisión de una hoja de ruta que facilite a los Estados miembros el desarrollo de la ordenación del espacio marítimo; indica la necesidad de mantener un equilibrio adecuado entre los puntos de vista económico, social, territorial y medioambiental;

34.

Señala que la dimensión marítima excepcional que suponen las regiones costeras, las islas y las regiones ultraperiféricas para la Unión Europea ofrece oportunidades únicas en ámbitos como los de la innovación, la investigación, el medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo de tecnologías innovadoras basadas en el mar, oportunidades que no pueden quedar sin explorar en la futura política marítima integrada; reconoce que es pertinente crear centros de excelencia, recomendando incentivar y apoyar a los centros de investigación universitarios ya existentes en las zonas costeras;

35.

Subraya la importancia que reviste la energía undimotriz como fuente energética limpia y alternativa, y pide a la Comisión que tenga en cuenta esta modalidad energética en futuros planes de acción;

36.

Considera que el objetivo principal de una política marítima integrada de la Unión en el ámbito de la pesca debe ser la modernización y el desarrollo sostenible, equilibrado y equitativo del sector en toda la Unión, con el fin de asegurar su viabilidad socioeconómica y la sostenibilidad de los recursos y garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria, el abastecimiento de pescado a los consumidores, el mantenimiento del empleo y la mejora de las condiciones de vida de los pescadores;

37.

Considera que, hasta la fecha, la política pesquera común (PPC) no ha atendido adecuadamente a la sostenibilidad de los recursos marinos ni a la viabilidad económica de las flotas pesqueras y de las comunidades costeras de la Unión y que, en consecuencia, la política marítima integrada de la Unión ha de desarrollarse evitando que aparezcan en la PPC insuficiencias como el exceso de centralización y la incapacidad para tener en cuenta la diversidad regional de las aguas de la Unión;

38.

Opina que la creación de más y mejores empleos vinculados al mar, en particular en el sector de la pesca, depende también de la garantía de una renta justa y adecuada, de condiciones de trabajo dignas (en particular desde el punto de vista de la salud y la seguridad) y del acceso a la formación para los trabajadores de este sector;

39.

Pide a los Estados miembros el reconocimiento mutuo de los diplomas de formación profesional media para los empleos de capitán y de mecánico de barcos pesqueros;

40.

Reitera la necesidad de mecanismos de subvención o compensación para los pescadores afectados por las repercusiones socioeconómicas de las medidas de recuperación de los caladeros o de protección de los ecosistemas, en particular en las regiones y comunidades más desfavorecidas y en las regiones ultraperiféricas;

41.

Reitera la necesidad de reforzar el apoyo a la investigación científica pesquera en los diferentes Estados miembros, principalmente en el ámbito del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración;

42.

Pide el apoyo comunitario a la adopción de medidas eficaces para asegurar los medios adecuados para la evacuación, asistencia y salvamento de las tripulaciones;

43.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.

19.11.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 279/36

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Vista la Comunicación de la Comisión relativa a la simplificación del entorno empresarial en los ámbitos del Derecho de sociedades, la contabilidad y la auditoría (COM(2007)0394),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Europa de resultados — La aplicación del Derecho comunitario» (COM(2007) 0502),

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Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Pequeñas y medianas empresas: La clave para lograr más crecimiento y empleo. Revisión intermedia de la Política Moderna de la PYME» (COM(2007)0592),

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Vistas las Conclusiones de la 2832a sesión del Consejo de Competitividad, de 22 y 23 de noviembre de 2007, sobre una simplificación del entorno empresarial en los ámbitos del Derecho de sociedades, la contabilidad y la auditoría,

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Vista su Resolución, de 24 de abril de 2008, sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y la gobernanza del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) (1), en la que el Parlamento critica la propuesta del CNIC de unas NIIF para PYME y pide a la Comisión que desarrolle un marco contable para PYME moderno y referido específicamente a la UE, reformando, si procede, la legislación vigente en materia de contabilidad,

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Visto el artículo 45 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0101/2008),

1.

Manifiesta su satisfacción por los objetivos generales establecidos por la Comisión en su Comunicación sobre un entorno empresarial simplificado en los ámbitos del Derecho de sociedades, la contabilidad y la auditoría (en lo sucesivo, «la Comunicación»), en la medida en que persiguen el propósito de aliviar la carga que supone para las empresas en Europa el estar supeditadas a gestiones administrativas excesivamente engorrosas y de garantizar a las empresas europeas mayores posibilidades de competir y alcanzar mejores resultados en un entorno mundial altamente competitivo; hace observar que la Comisión debería basarse en sus propuestas legislativas en una evaluación de impacto de la legislación orientada en particular a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas, debiendo garantizarse la seguridad jurídica y el mantenimiento del acervo comunitario en todo en mercado interior y asegurarse la coherencia de los procesos de armonización actualmente existentes en lo que respecta a las obligaciones de información financiera y la auditoría; hace también observar que tienen que tomarse en consideración de manera equilibrada los intereses de todos los actores, incluidos los inversores, los propietarios, los acreedores y los empleados, así como los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

2.

Rechaza, por su obviedad, la opción 1 planteada en la Comunicación, a saber, la de reducir el acervo comunitario en el ámbito del Derecho de sociedades a aquellos actos jurídicos que regulen específicamente cuestiones transfronterizas; no se opone del todo, sin embargo, a la derogación de normas concretas que, en opinión de los afectados, no sean ya necesarias ni tengan interés para las empresas, siempre y cuando la derogación de esas disposiciones no repercuta negativamente sobre el interés público;

3.

Señala, en relación con la opción 1, que las Directivas comunitarias sobre el Derecho de sociedades, es decir, la Segunda (2), la Tercera (3), la Sexta (4) y la Duodécima (5) Directivas, han creado, en el terreno de las actividades transfronterizas de inversores y acreedores, importantes instrumentos de comparación entre empresas, a los que no debería renunciarse;

4.

Señala, asimismo, en relación con la opción 1, que una evaluación integral de costes y beneficios debería tener en cuenta, frente al ahorro resultante de la derogación de esas directivas, el coste ligado a la falta de armonización en un mercado interior compuesto de 27 sistemas diferentes de Derecho de sociedades;

5.

Observa que las principales restricciones burocráticas, como las peticiones de información múltiple y las obligaciones de declaración, sobre todo en materia fiscal y social, son causadas generalmente por las administraciones de los Estados miembros y se sustraen a las competencias comunitarias;

6.

Destaca que, con frecuencia, los Estados miembros no aprovechan el margen de simplificación administrativa que se les brinda, de modo que las empresas no pueden beneficiarse de las medidas adoptadas y que —por el contrario— hay Estados miembros que añaden reglas nacionales más severas a las prescripciones de la UE ya existentes; pide, sin embargo, a la Comisión que examine si la transposición de directivas como, por ejemplo, la de la Directiva relativa a la transparencia (6), ha ocasionado situaciones de sobrerregulación (gold plating) por parte de los Estados miembros; subraya que la Comisión debería estimular el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros poniendo de relieve el impacto efectivo de las diferentes iniciativas en materia de simplificación;

7.

Propone una acción coordinada entre las administraciones fiscales de los Estados miembros a fin de armonizar y simplificar las informaciones que se piden a las empresas;

8.

Se inclina, en principio, por la opción 2 planteada en la Comunicación, de acuerdo con la cual el legislador se concentraría en la adopción de medidas concretas e individuales de simplificación; opina que toda acción de simplificación puede implicar el examen de la posibilidad de derogar algunas obligaciones específicas contempladas en las Directivas;

9.

Destaca que la aplicación de las medidas requiere un plazo, y que hay que dar un margen de tiempo también para ver los resultados prácticos de cada directiva; recuerda que la Tercera y Sexta Directivas sobre el Derecho de sociedades fueron modificadas recientemente por la Directiva 2007/63/CE (7), con un plazo de transposición que vence el 31 de diciembre de 2008; observa que una nueva modificación de estas directivas podría privar de sustancia a las normas armonizadas en materia de conversión, pero considera que es necesaria una actualización;

10.

Recuerda que la Segunda Directiva sobre el Derecho de sociedades ha sido modificada recientemente por la Directiva 2006/68/CE (8), cuyo plazo de transposición vencía el 15 de abril de 2008; señala en este contexto los resultados del estudio de viabilidad de KPMG sobre un régimen alternativo de mantenimiento del capital;

11.

Pide a la Comisión que exponga cómo están relacionadas las Directivas sobre el Derecho de sociedades, en particular la Segunda, Tercera y Sexta de estas Directivas, y las NIIF;

12.

Subraya que el control contable y las obligaciones en materia de publicidad en el caso de las empresas que se abren al público son importantes para el buen funcionamiento del mercado interior y que existen nuevos canales electrónicos de distribución y nuevas tecnologías, como por ejemplo los formatos electrónicos de información (por ejemplo, el XBRL), que permiten satisfacer las obligaciones de publicidad de manera económica, eficaz y rápida; se felicita por la suavización de las obligaciones de publicidad prevista en el marco de la simplificación de la Primera (9) y la Undécima (10) Directivas sobre el Derecho de sociedades; destaca, no obstante, que al igual que ocurre con otras medidas de simplificación, también las obligaciones en materia de publicidad deberían ser revisadas caso por caso con miras a la implantación de medidas de simplificación concretas e individuales, sobre la base de minuciosas evaluaciones de impacto; propone que los regímenes de excepción para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las microempresas se concentren en particular en la reducción de la complejidad administrativa y de los costes administrativos pero no menoscaben los requisitos justificados de información y en el acceso a las oportunidades de financiación; recomienda el intercambio de las mejores prácticas en materia de simplificación y aplicación de normas comunitarias;

13.

Reconoce que las empresas deben tener mayores facilidades para registrar, elaborar, archivar y publicar información estatutaria; recomienda que estas operaciones se efectúen de forma electrónica en un registro interoperable de empresas a escala de la UE; recomienda encarecidamente, en este contexto, el uso de nuevas tecnologías como el formato XBRL; hace hincapié en que esta información debe ser fácilmente accesible para los inversores, los acreedores, los trabajadores y las autoridades públicas de toda la Unión; insta a la Comisión a que presente una hoja de ruta para la introducción del formato de información XBRL en la UE;

14.

Destaca que las modificaciones introducidas en 2006 en las normas contables de la UE exigen, entre otras medidas, una declaración sobre la gobernanza empresarial, así como una mayor transparencia en las operaciones efectuadas fuera del balance contable de las sociedades cotizadas; recuerda que el plazo de transposición de dichas normas termina el 5 de septiembre de 2008; insta a los Estados miembros a aplicar las normas con prontitud; pide a la Comisión que colabore con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) con miras a seguir mejorando la información financiera sobre los instrumentos que operan fuera del balance contable;

15.

Considera que hay motivos que aconsejan proceder a una revisión del Estatuto de la Sociedad Anónima Europea con las miras puestas en una forma jurídica comunitaria más unitaria;

16.

Recuerda que el objetivo de simplificación de las obligaciones administrativas debe alentar a las PYME a aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado interior y a operar más allá de sus fronteras;

17.

Saluda la introducción del concepto de microempresa, categoría de empresas que deberían estar exentas de las obligaciones del Derecho comunitario en materia de contabilidad, auditoría y publicidad; propone mantener en general el volumen de negocios máximo propuesto en la Comunicación para lo que se ha de entender por microempresa, pero expresa su preocupación por el hecho de que el cumplimiento de todos los umbrales pueda causar dificultades especialmente para las empresas con un alto volumen de negocios; propone prolongar adecuadamente los períodos transitorios en materia de obligaciones de información de las sociedades que superan dichos umbrales; propone examinar la posibilidad de introducir períodos transitorios similares para las sociedades que hayan cambiado de estatuto jurídico;

18.

Recuerda, en relación con los umbrales fijados por la Cuarta (11) y la Séptima (12) Directivas sobre el Derecho de sociedades para eximir a las PYME de determinadas obligaciones en materia de contabilidad y auditoría, que la estabilidad y previsibilidad de la reglamentación es muy importante para la seguridad jurídica y la contención de los costes de gestión de las empresas; subraya en este contexto, por una parte, que los umbrales fijados en la Cuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades acaban de ser modificados por la Directiva 2006/46/CE (13), cuyo plazo de transposición por los Estados miembros vence el 5 de septiembre de 2008, y, por otra, que la ampliación de la UE ha traído consigo un aumento de la heterogeneidad de las economías europeas, y que la auditoría contribuye a favorecer el desarrollo de una economía de mercado eficaz, sana y responsable;

19.

Insta a la Comisión a que responda al llamamiento formulado por el Consejo en sus Conclusiones de los días 22 y 23 de noviembre de 2007 para el fomento activo de un intercambio abierto entre los Estados miembros sobre las mejores prácticas en relación con los requisitos generales de información y un mayor uso de los recursos electrónicos de comunicación en las relaciones entre las empresas y las administraciones públicas, y de empresa a empresa;

20.

Pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros a armonizar la clasificación de los requisitos en materia de información financiera, practicada por ejemplo en los Países Bajos, y que impulse las nuevas tecnologías a fin de reducir los costes ligados a las obligaciones de información, sin menoscabo de los beneficios que estas obligaciones proporcionan a los participantes en el mercado, las autoridades políticas y las administraciones públicas;

21.

Pide que no solo se examine la carga administrativa que conlleva la aplicación de las directivas mencionadas en la Comunicación, sino también de aquellas directivas y normas que se hayan implantado a raíz de la legislación Sarbanes-Oxley de los Estados Unidos, tales como las normas de la Directiva relativa a la transparencia, las disposiciones legislativas de la Comunidad acerca de los folletos de oferta de valores (14) y las disposiciones de la Cuarta y Séptima Directivas sobre el Derecho de sociedades;

22.

Destaca que la creación de un entorno simplificado para las empresas debe implicar la instauración de un nuevo marco dispositivo para las mismas; remite en este contexto a la Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades, relativa a los casos de traslado de la sede social de una empresa a otro Estado miembro, y a la posibilidad de elegir entre modelos monistas y duales para las empresas, así como a la propuesta legislativa de la comisión relativa al Estatuto de la sociedad privada europea, anunciada para mediados de 2008;

23.

Está convencido de que en determinados ámbitos se requieren medidas reguladoras que favorezcan una vida empresarial próspera, por ejemplo en relación con la transparencia de los inversores institucionales;

24.

Considera que la instauración de una base imponible consolidada para el impuesto de sociedades haría más útil y más eficaz el Estatuto de la sociedad anónima europea;

25.

Considera que incorporar al balance los activos por impuestos diferidos conlleva para las PYME unas cargas desproporcionadas sin que se constate una utilidad perceptible en materia de información para los receptores del balance anual; propone, en consecuencia, su supresión;

26.

Recomienda la aplicación del principio de «sólo una vez» de modo que las empresas no tengan que proporcionar la misma información más de una vez o a más de un receptor;

27.

Recomienda que se celebren consultas sobre la necesidad y la viabilidad de un organismo regulador de servicios de contabilidad y auditoría;

28.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

19.11.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 279/40

—

Vista la Resolución del Consejo, de 20 de mayo de 1999, sobre la mujer y la ciencia (1),

—

Vista la Resolución del Consejo, de 26 de junio de 2001, sobre la ciencia y la sociedad y sobre las mujeres y la ciencia (2),

—

Vista la Resolución del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, sobre acceso y participación igualitarios de hombres y mujeres en la sociedad del conocimiento para el crecimiento y la innovación (3),

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 18 de abril de 2005, sobre el refuerzo de los recursos humanos en ciencia y tecnología en el Espacio Europeo de Investigación,

—

Vista la Decisión no 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013) (4),

—

Vista la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (5),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de diciembre de 2001, titulada «Plan de acción Ciencia y Sociedad» (COM(2001) 0714),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «La mujer y la ciencia: excelencia e innovación — Igualdad de género en la ciencia» (SEC(2005) 0370),

—

Visto el Libro Verde de la Comisión titulado «El Espacio Europeo de Investigación: nuevas perspectivas» (COM(2007) 0161) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompaña (SEC(2007) 0412),

—

Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2000, sobre la Comunicación de la Comisión «Mujeres y ciencia» — Movilizar a las mujeres en beneficio de la investigación europea (6),

—

Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2004, sobre la conciliación de la vida profesional, familiar y privada (7),

—

Vista la Comunicación de la Comisión de 1 de marzo de 2006 titulada «Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010» (COM(2006) 0092) y su Resolución al respecto, de 13 de marzo de 2007 (8),

—

Vista su Resolución, de 19 de junio de 2007, sobre un marco regulador para medidas de conciliación de la vida familiar y del período de estudios para las mujeres jóvenes en la Unión Europea (9),

—

Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2007, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2007 (10),

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0165/2008),

A.

Considerando que la investigación representa un sector fundamental para el desarrollo económico de la Unión y que la Unión Europea necesita reclutar a 700 000 investigadores adicionales como parte del cumplimiento de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo,

B.

Considerando que las investigadoras son minoría en la Unión Europea, con una media del 35 % de los investigadores que trabajan en el sector público y en la enseñanza superior y sólo del 18 % de los que trabajan en el sector privado,

C.

Considerando que es comúnmente aceptado que la diversidad aumenta la creatividad en el entorno empresarial y lo mismo puede decirse para el sector de la investigación,

D.

Considerando que el porcentaje de mujeres en los grados académicos más altos raramente sobrepasa el 20 %, y que los hombres tienen tres veces más posibilidades que las mujeres de obtener cátedras o puestos equivalentes,

E.

Considerando que los datos sobre los investigadores, desglosados por género, cualificaciones, especialidad científica y edad todavía son difíciles de conseguir, incluso en los Estados miembros,

F.

Considerando que, comparadas con sus colegas de sexo masculino, las investigadoras tienen mayores dificultades para conciliar vida laboral y vida familiar,

G.

Considerando que la ausencia de mujeres en cargos directivos en el sector de la investigación sigue siendo considerable,

H.

Considerando que la representación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones de las universidades no es lo suficientemente alta para garantizar la aplicación de una política de género equilibrada,

I.

Considerando que en una mayoría de países la proporción de mujeres en los consejos científicos no alcanza la paridad,

J.

Considerando que en el Plan de acción para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 uno de los ámbitos prioritarios de la acción de la Unión Europea es la representación equitativa en la toma de decisiones, incluido el objetivo de un 25 % de mujeres en cargos directivos en el sector público de la investigación, que debe alcanzarse antes de finales de 2010,

K.

Considerando que en el Consejo Europeo de Investigación no se ha logrado el equilibrio entre hombres y mujeres, puesto que de los 22 miembros que lo componen sólo 5 son mujeres,

L.

Considerando que en la Unión Europea las mujeres constituyen más del 50 % de los estudiantes y representan el 43 % de los títulos de doctorado, pero sólo una media del 15 % ocupa cargos académicos de alto nivel y, por lo tanto, su influencia es mucho menor en lo que concierne a los puestos de toma de decisiones en la investigación,

M.

Considerando que el informe de la Comisión de 2008 titulado «Mapping the Maze: Getting More Women to the Top in Research» muestra que, si bien unos procedimientos de evaluación y de promoción transparentes y justos son instrumentos necesarios, no son suficientes por sí solos y que es preciso un cambio cultural para mejorar el equilibrio entre hombres y mujeres en la toma de decisiones en el sector de la investigación,

N.

Considerando que el Séptimo Programa Marco de investigación no prevé que las propuestas de proyectos integren obligatoriamente planes de acción relativos a la igualdad entre hombres y mujeres,

O.

Considerando los estudios según los cuales los actuales sistemas de evaluación y reclutamiento no son neutros por lo que concierne al género,

1.

Señala a la atención de los Estados miembros que los sistemas educativos en la Unión Europea mantienen los estereotipos relativos al género, en particular en sectores de investigación como las ciencias naturales;

2.

Considera de suma importancia la promoción temprana de la ciencia como ámbito que interesa a ambos sexos; insta a que esto se tenga en cuenta al planificar el material educativo y la formación de los profesores; exhorta a las universidades y facultades a que examinen sus sistemas de selección para el acceso a las mismas, con objeto de identificar una posible discriminación implícita por motivos de género, y a que corrijan en consecuencia dichos sistemas;

3.

Señala que un numero excesivamente elevado de mujeres abandona la carrera científica con el transcurso de los años; considera que este fenómeno, a menudo descrito como el modelo de la «tubería agujereada» debe analizarse sobre la base de diferentes modelos, entre ellos los «factores de repulsión y atracción»; pide a las autoridades competentes que, en el momento de presentar soluciones, tengan en cuenta diferentes factores como el entorno laboral, los estereotipos profesionales, la competencia, los requisitos de la movilidad y las responsabilidades familiares;

4.

Observa que los criterios convencionales para evaluar la «excelencia» y el «rendimiento» en términos de número de publicaciones no son neutrales en cuanto al género, son limitados y no tienen en cuenta los recursos disponibles, como financiación, espacio, equipos y personal ni las características esenciales de un investigador, como la capacidad de organizar y cohesionar un grupo de investigación, o la de formar a los jóvenes investigadores pertenecientes al grupo;

5.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en sus definiciones de excelencia y de «buen investigador», tengan debidamente en cuenta las diferencias en la carrera científica de hombres y mujeres; subraya que las investigadoras contribuyen al mundo de la investigación con perspectivas y temas de investigación diferentes;

6.

Lamenta que para las mujeres las interrupciones de la carrera científica por motivos familiares repercuta negativamente en las oportunidades profesionales, dado que la mayoría de los colegas de sexo masculino no interrumpen su carrera por lo que pueden llegar a puestos comparables a una edad más temprana y resultar aventajados para su continuación; pide, por lo tanto, que para evaluar la excelencia se pondere el criterio de la edad con la situación familiar, teniendo en cuenta el número de personas a cargo del investigador; pide asimismo a todos los centros de investigación y facultades de la Unión Europea que prevean becas para estudios de doctorado de acuerdo con las disposiciones nacionales en materia de permiso de maternidad;

7.

Señala que los límites de edad para la adjudicación de becas perjudican a los jóvenes, mayoritariamente mujeres, que tienen personas dependientes a su cargo; por ello, pide a la Comisión y a los Estados miembros que, cuando se den estas circunstancias, contemplen medidas legislativas que corrijan esta disfunción, tales como ampliar un año el plazo de solicitud por cada año que se tenga a una persona dependiente a cargo;

8.

Observa que la movilidad es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo y la promoción de una carrera en el sector de la investigación, y subraya que la movilidad puede resultar difícil de conciliar con la vida familiar, por lo que deben aplicarse las correspondientes medidas políticas para hacerlo más viable;

9.

Subraya el papel de las infraestructuras para facilitar el equilibrio sostenible entre vida laboral y vida familiar, así como la importancia de mejorar la seguridad de la carrera científica;

10.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la situación e integren la dimensión familiar a través de horarios de trabajo flexibles, mejores infraestructuras de guardería infantil, así como el acceso transfronterizo a la protección social; pide que las condiciones de la excedencia por cuidado de hijo se fijen de forma que exista una verdadera libertad de elección para hombres y mujeres; hace hincapié en que la conciliación de la vida laboral y familiar es responsabilidad de hombres y mujeres;

11.

Señala que el informe de la Comisión de 2008 llega a la conclusión de que es necesario un alto nivel de compromiso para lograr la igualdad de género en la investigación, y que ese compromiso debe expresarse en los planos nacional e institucional;

12.

Pide a los Estados miembros que analicen los factores que no favorecen la presencia de mujeres en puestos superiores en la universidades y en los rectorados, lo que reduce en gran medida su influencia en la toma de decisiones en el ámbito de la investigación en la Unión Europea, y que propongan soluciones adecuadas;

13.

Alienta a las universidades, a los institutos de investigación y a las empresas privadas a adoptar y aplicar estrategias de igualdad en sus organizaciones y a realizar una evaluación del impacto de género en sus procesos de toma de decisiones;

14.

Pide a la Comisión que lleve a cabo acciones para sensibilizar a la comunidad científica y a los responsables políticos respecto del problema de la igualdad de oportunidades en el sector de la ciencia y la investigación;

15.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan procedimientos de reclutamiento más transparentes, así como la obligación de garantizar el equilibrio entre hombres y mujeres en los grupos de evaluación y comités de selección y otros consejos, y en los comités y paneles elegidos o designados, con el objetivo no vinculante de al menos un 40 % de mujeres y un 40 % de hombres;

16.

Critica el objetivo de la UE poco ambicioso e insuficiente de alcanzar el 25 % de mujeres en puestos de liderazgo en la investigación del sector público y recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que la paridad de género implica al menos el 40 % de mujeres;

17.

Pide a la Comisión que se asegure de que se presta atención a la participación de las mujeres en programas de investigación científica y que, para ello, se proporcione formación específica de sensibilización respecto de la igualdad entre hombres y mujeres a las personas responsables de la toma de decisiones, a los miembros de consejos consultivos y grupos de evaluación, a las personas que redactan las convocatorias de licitación y a las que negocian los contratos;

18.

Pide a la Comisión que vele por que en las licitaciones convocadas en el marco del Séptimo Programa Marco se valore positivamente la representación equilibrada de hombres y mujeres; insta a los Estados miembros a que tomen las mismas disposiciones en relación con sus planes nacionales y regionales;

19.

Considera que los planes de acción relativos a la igualdad de género relativos a las fases de propuesta y evaluación del Séptimo Programa Marco son parte esencial de la estrategia general de la Unión Europea en favor de la integración transversal de la dimensión de género y de la igualdad entre hombres y mujeres; estima, por lo tanto, que deben seguir formando parte integrante de la financiación de la investigación en la UE;

20.

Manifiesta su firme convicción de que, a fin de promover y fomentar una mayor participación de las mujeres en ámbitos como las tecnologías, la física, la ingeniería, la informática y otros;

21.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que emprendan acciones positivas para alentar a las investigadoras, para desarrollar y apoyar los regímenes de tutoría, así como políticas específicas de promoción con objetivos claros; señala que el desarrollo de infraestructuras de apoyo para la orientación y la asesoría en la carrera científica, entre otras medidas dirigidas a las mujeres científicas, tendría resultados especialmente positivos;

22.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten políticas eficaces para eliminar la diferencia salarial por motivos de género; observa que en el ámbito de la ciencia «el principio de la igualdad de la remuneración» debe aplicarse asimismo a las becas y las ayudas;

23.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que destinen fondos específicos de investigación a las mujeres para compensar la escasa financiación destinada a las mujeres que trabajan en la investigación;

24.

Subraya que es importante alentar a las jóvenes a seguir una carrera científica y sugiere que, para ello, la Comisión y los Estados miembros promuevan el ejemplo de las investigadoras y que adopten y apliquen otras medidas para el logro de este objetivo;

25.

Alienta a los Estados miembros a promover acciones de sensibilización para informar y alentar a las jóvenes a proseguir estudios y grados universitarios científicos y tecnológicos; alienta a los Estados miembros a mejorar los procesos de conocimiento compartido, ya que en los Estados miembros existen modelos de opciones educativas muy diferentes;

26.

Señala la necesidad de programas especiales en las universidades que hagan que aumente el interés de las jóvenes y las mujeres por comenzar carreras científicas;

27.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan programas de tutoría y de apoyo a las jóvenes científicas para participar en programas de investigación, y que concedan becas con el fin de ayudarles a seguir en el mundo académico y en la investigación;

28.

Se congratula por las actividades de las organizaciones y agencias no gubernamentales a nivel europeo y nacional destinadas a mejorar la participación de las mujeres en la ciencia y aumentar el número de mujeres en puestos directivos;

29.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las redes de contacto entre las mujeres científicas a escala nacional, regional y de la UE, puesto que se trata de un medio esencial para potenciar a las mujeres, atraer a un mayor número de mujeres a las carreras científicas e incitarles a participar en el debate político y mejorar su evolución profesional;

30.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

19.11.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 279/44

—

Visto el Libro Verde «Mejorar el desmantelamiento de los buques» (COM(2007) 0269), aprobado por la Comisión el 22 de mayo de 2007,

—

Vistos los artículos 2 y 6 del Tratado CE, según los cuales las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en los distintos ámbitos de la política comunitaria, con objeto de fomentar un desarrollo sostenible de las actividades económicas,

—

Visto el documento «Seguridad y salud en el desguace de buques: directrices para los países asiáticos y Turquía», aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en marzo de 2004,

—

Visto el artículo 175 del Tratado CE,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (1) (en lo sucesivo, «Reglamento sobre el traslado de residuos»),

—

Visto el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación (Convenio de Basilea), adoptado el 22 de marzo de 1989 por las Naciones Unidas como marco para la reglamentación del transporte internacional de residuos peligrosos,

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Transportes y Turismo (A6-0156/2008),

A.

Considerando que en diversas playas del sur de Asia y de otros lugares se desguazan enormes buques en unas condiciones de trabajo perjudiciales para el medio ambiente e indignas para los seres humanos; considerando que una parte de dichos buques procede de la Unión Europea,

B.

Considerando que, debido a los costes salariales muy bajos, las medidas de seguridad absolutamente insuficientes y la ausencia total de normas sobre el medio ambiente, al desmantelar los buques en países como Bangladesh, la India o Pakistán se puede ofrecer un precio por la chatarra relativamente elevado, por lo cual muchos armadores optan por dichos países para el desmantelamiento,

C.

Considerando que la Comisión analizó los aspectos económicos del desguace de buques en un estudio realizado en 2000 (2), pero se abstuvo de tomar medidas, pues en el estudio se llegaba a la conclusión de que sería muy difícil conseguir que el reciclado de buques resultase económicamente viable respetando al mismo tiempo unas normas medioambientales racionales; considerando inaceptable que primen los beneficios a corto plazo sobre las vidas humanas y la contaminación medioambiental,

D.

Considerando lamentable que solamente se debatan posibles medidas cuando casos de gran relevancia, como el intento del Gobierno francés de eliminar su portaaviones «Clemenceau» fuera de la UE, dan lugar a la concienciación pública al respecto,

E.

Considerando que la preocupación política, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo, sobre la creciente cantidad de residuos peligrosos exportados por los países industrializados a países en desarrollo, donde su tratamiento se realiza en condiciones de riesgo y sin control, condujo a que en 1995 se introdujera una enmienda en el Convenio de Basilea por la cual queda absolutamente prohibido el traslado de residuos peligrosos desde los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a países que no forman parte de dicha organización (Enmienda de Prohibición de Basilea); considerando que, aunque esta enmienda se ha incorporado en su totalidad al Reglamento sobre el traslado de residuos, lamentablemente no ha entrado aún en vigor a nivel internacional,

F.

Considerando que puede ocurrir que un buque sea considerado como residuo en virtud del artículo 2 del Convenio de Basilea, y que, al mismo tiempo, esté definido como buque en virtud de otras normas internacionales; considerando que se ha aprovechado sistemáticamente esta laguna, lo que ha dado lugar a que la mayoría de los buques de la UE se desguacen en Asia, eludiendo totalmente la prohibición de Basilea y las disposiciones correspondientes del Reglamento sobre el traslado de residuos,

G.

Considerando que el Parlamento pidió ya en 2003 que la Comisión elaborase directrices para colmar esta laguna en la revisión del Reglamento sobre el traslado de residuos, pero el Consejo se negó a aceptarlo y, en lugar de ello, aplazó toda medida ulterior hasta la conclusión del trabajo conjunto de tres organismos internacionales (Convenio de Basilea, OIT y OMI) para establecer requisitos de obligado cumplimiento a nivel mundial,

H.

Considerando que todo buque que contenga cantidades importantes de sustancias peligrosas o que, de acuerdo con la entrada GC 030 del código de la OCDE relativo a los residuos y con la lista del Convenio de Basilea, no haya sido debidamente vaciado de dichas sustancias, constituye un residuo peligroso y que, por consiguiente, el traslado de un buque de esas características desde la UE a un país que no forme parte de la OCDE, con vistas a su desmantelamiento, está prohibido en virtud del Reglamento sobre el traslado de residuos, que transpone al Derecho comunitario el Convenio de Basilea,

I.

Considerando que todos los buques considerados como residuos peligrosos deben ser desguazados de forma respetuosa con el medio ambiente en un país de la OCDE, o ser descontaminados (de modo que no queden residuos peligrosos) para poder exportarse a países que no forman parte de la OCDE; considerando, sin embargo, que este requisito se incumple sistemáticamente,

J.

Considerando que tanto en el Derecho del Mar como en los convenios de la OMI se estipula que los Estados ribereños tienen el derecho y la obligación de aplicar todas las normas internacionales vigentes a fin de proteger el medio ambiente; considerando, sin embargo, que apenas se respeta el Convenio de Basilea en lo que respecta a los buques destinados al desguace, entre otras cosas por la falta de voluntad política para colmar las lagunas y atajar la ocultación estructural de responsabilidades en el sector del transporte marítimo, de la que ofrece el mejor ejemplo el fenómeno de los Estados del pabellón,

K.

Considerando que el Reglamento sobre el traslado de residuos constituye el marco legislativo a nivel de la Unión Europea para la aplicación del Convenio de Basilea, incluida la exportación de buques al final de su vida útil; considerando que la aplicación de dicho Reglamento es insuficiente por lo que respecta a los buques destinados al desguace, dado que los buques de propiedad europea o que operan en aguas europeas o que enarbolan pabellón de la UE emprenden un último viaje «normal» y sólo se consideran residuos una vez que han abandonado las aguas territoriales europeas, sin que haya más mecanismos de control o directrices de cumplimiento para poner fin a estas violaciones del Derecho internacional y comunitario,

L.

Considerando que en el preámbulo del Reglamento sobre el traslado de residuos se afirma que «es necesario garantizar un desguace de los buques seguro y respetuoso con el medio ambiente, a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente»,

M.

Considerando que la OMI está redactando un proyecto de convenio con el fin de colmar las lagunas halladas en el régimen del Convenio de Basilea y de resolver este problema a nivel mundial,

N.

Considerando que en la Séptima Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea, las Partes, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea, con el fin de aplicar un mayor rigor a la prevención de la exportación de buques tóxicos, han pedido a la OMI que continúe considerando la incorporación a sus reglamentos de requisitos de obligado cumplimiento, incluido un sistema de información sobre buques destinados al desguace, que garanticen un nivel de control equivalente al establecido en virtud del Convenio de Basilea, y que continúe trabajando para establecer requisitos de obligado cumplimiento para garantizar una gestión medioambiental racional del desmantelamiento de buques, que podría comprender la predescontaminación,

O.

Considerando que el proyecto de Convenio de la OMI sobre el reciclaje de buques en su forma actual no ha establecido un nivel de control equivalente al del Convenio de Basilea y el Reglamento sobre el traslado de residuos, no evita la exportación de residuos tóxicos a países en desarrollo, no contiene mecanismos basados en el principio de que «quien contamina, paga» ni el principio de sustitución para el diseño ecológico de buques, ni normas auditadas para los astilleros de reciclado de buques, entre otras cuestiones, y en ningún caso podrá ser ratificado por los Estados que reciclan buques en la actualidad ni por los principales Estados del pabellón,

P.

Considerando que, en todo caso, es previsible que transcurran varios años antes de que se establezca tal convenio de la OMI y que a continuación pueden pasar también años hasta su entrada en vigor, debido al prolongado proceso de ratificación,

Q.

Considerando que la UE no dispone de suficiente capacidad para un desmantelamiento limpio de sus buques (con pabellón de la UE o pertenecientes a propietarios de la UE), en particular por lo que respecta a la flota mercante; considerando que esta insuficiencia de capacidad aumentará enormemente en 2010 debido a la retirada acelerada de los petroleros monocasco,

R.

Considerando, por consiguiente, que es de la máxima urgencia tomar medidas reguladoras a nivel de la UE si se quiere evitar que los petroleros monocasco sigan dañando las playas y las orillas de los ríos de Asia meridional; considerando que no hay excusas para no actuar, máxime cuando estos petroleros monocasco pueden identificarse con claridad,

S.

Considerando que, en el momento actual, el mercado primario de desmantelamiento de buques funciona en la mayor parte de los casos en condiciones muy perjudiciales, lo cual es contrario a los principios sociales, medioambientales y sanitarios aceptados en la UE,

1.

Señala que no es éticamente admisible dejar que en el desmantelamiento de buques persistan las condiciones contrarias a la dignidad humana y dañinas para el medio ambiente, ni aceptar así que resulte perjudicada la salud de miles de trabajadores del Extremo Oriente;

2.

Reconoce que la responsabilidad relativa a los problemas sociales y medioambientales existentes en el ámbito del desmantelamiento de buques incumbe en parte a la Unión Europea; pide, por consiguiente, una acción inmediata y concreta por parte de la UE, en cooperación con la OMI, a fin de poner freno al dumping social y medioambiental originado por los regímenes de incentivación económica y alcanzar a escala mundial soluciones acordes con el principio de sostenibilidad;

3.

Considera éticamente inadmisible que algunos contratistas de desmantelamiento empleen a niños para trabajos penosos y peligrosos, y que por el contrario, se les debería proporcionar suficientes posibilidades de educación y recreo;

4.

Acoge con satisfacción el extenso análisis que contiene el Libro Verde antes mencionado en lo que se refiere a los principales problemas sociales y medioambientales provocados por las actividades de desmantelamiento de buques en los países del sur de Asia; subraya, no obstante, que esta iniciativa debería haberse tomado hace diez años por lo menos;

5.

Considera que deben adoptarse rápidamente medidas concretas a escala europea e internacional, cuyo principal objetivo ha de ser la protección del medio ambiente y de la salud pública, sin culpar de los problemas a otros países; considera que, en este sentido, que la manera más completa de alcanzar este objetivo sería la adopción e implementación de un convenio internacional que establezca obligaciones para todas las partes involucradas en el proceso de desmantelamiento de buques, pero es una vía plagada de obstáculos y retrasos, con lo que no debería sustituir a una acción urgente de la UE;

6.

Considera que el desmantelamiento de buques sigue teniendo un impacto social y ecológico, incluso a largo plazo, en particular porque el número de buques en construcción está aumentado con el paso de los años; subraya, por consiguiente, la importancia permanente de la innovación y del desarrollo europeos en el sector de la industria de la construcción naval, con el fin de permitir la construcción de buques mejores y respetuosos del medio ambiente; pide, por tanto, a la Comisión, que lleve adelante sin reservas el programa LeaderSHIP 2015;

7.

Subraya que no se dispone de tiempo, pues las previsiones indican que en 2010 deberán desmantelarse unos 800 petroleros monocasco (3); señala que un futuro Convenio de la OMI pretende esta cuestión, aunque es poco probable que entre en vigor antes de 2012; pide que se tomen medidas eficaces a escala europea antes de 2010, antes de la adopción del Convenio de la OMI y antes del año en que la retirada acelerada de los petroleros monocasco alcance su punto álgido;

8.

Pide a la Comisión que elabore las directrices y mecanismos necesarios para determinar que todo buque destinado al desguace que no cumpla todos los requisitos fijados en los convenios internacionales y, por consiguiente, no disponga de una certificación válida expedida por registros reconocidos por la UE, se considere como «residuo», de conformidad con la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos (4), con objeto de evitar el incumplimiento de las disposiciones del Reglamento sobre el traslado de residuos peligrosos y pide que se examine la cuestión de cuándo un Estado miembro puede ser considerado como un «Estado de exportación» de conformidad con el Reglamento sobre el traslado de residuos, incluidos los Estados portuarios, los Estados de abanderamiento y los Estados con jurisdicción sobre el propietario del buque, y que garantice la retirada segura y sin problemas del mercado de aquellos buques que han alcanzado el límite de su vida operativa;

9.

Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que apliquen con mayor eficacia el Reglamento sobre el traslado de residuos mediante controles y una vigilancia más severos por parte de las autoridades de los Estados miembros, con miras a facultar a los Estados portuarios, los Estados de abanderamiento y los Estados con jurisdicción sobre los propietarios (generadores de residuos) para «dar de baja» a un buque y declararlo residuo independientemente de que siga estando operativo;

10.

Apoya las iniciativas a nivel internacional para alcanzar unas normas mínimas vinculantes sobre el reciclado de buques y para promover el establecimiento de instalaciones de reciclado no contaminantes, teniendo debidamente en cuenta las condiciones de trabajo y las cuestiones afines de salud y seguridad, especialmente en los astilleros de desguace de Asia meridional, con el fin de proteger a los trabajadores y al medio ambiente frente al impacto perjudicial de los residuos peligrosos y las prácticas laborales peligrosas;

11.

Pide a la Comisión que establezca y mantenga un registro donde figuren los buques supuestamente destinados al desguace dentro de unos años y que contemple mecanismos que permitan que estos buques sean considerados «prerresiduos» para los que debe elaborarse un plan de eliminación antes de su venta para el desguace; pide a los Estados miembros y a las autoridades portuarias, que deben disponer de competencia para identificar a los buques que han llegado al final de su vida útil, que utilicen dicho registro para ejercer un mayor control sobre esos buques potencialmente destinados al desguace; considera deseable, en este sentido, la pronta adopción de la propuesta de revisión de la Directiva sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto (5);

12.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que negocien un futuro convenio de la OMI que incluya amplias obligaciones y disposiciones que:

considera que el futuro convenio debe incluir la exigencia de que se eliminen todas las sustancias peligrosas de los buques retirados antes de poder llevarlos para su desguace a países no miembros de la OCDE, o bien que se trasladen a instalaciones de reciclado especialmente acreditadas de países miembros de la OCDE o de la UE que cumplan normas claras en materia de seguridad y medio ambiente;

13.

Pide a la Comisión que tome en consideración posibles medidas para limitar las repercusiones financieras que puedan derivarse del desmantelamiento de buques, estableciendo normas de producción más rigurosas, como la restricción del uso de ciertos materiales peligrosos;

14.

Recomienda encarecidamente que la UE dirija sus esfuerzos a salvaguardar unas normas mínimas que garanticen el máximo nivel de protección del medio ambiente, de la salud y de la seguridad, en particular, con disposiciones relativas al diseño y la construcción de buques, su funcionamiento, su idoneidad para el reciclado, el funcionamiento de las instalaciones de reciclado y el establecimiento de un mecanismo adecuado de control del cumplimiento de las disposiciones en materia de reciclado de buques, dotado de requisitos de certificación y de información;

15.

Insta a la Comisión a que aplique con carácter de urgencia un sistema totalmente fiable de control de la aplicación del Convenio de Basilea en lo relativo al desguace de buques;

16.

Señala que el control sobre la aplicación del futuro convenio de la OMI debe ser tan estricto como el que se ejerce en el caso del Convenio de Basilea: todas las normas y obligaciones pertinentes de la OIT deben incluirse en el convenio, no debe permitirse ninguna excepción, deben eliminarse las graves deficiencias en la interpretación y aplicación del marco regulador existente y debe evitarse que los buques retirados del servicio que contengan sustancias peligrosas o que constituyan en sí mismos una sustancia peligrosa se dirijan a países que no pertenecen a la OCDE, a países miembros de la OCDE que cuenten con instalaciones deficientes o a países queno sean Partes de dicho convenio;

17.

Subraya la necesidad de potenciar los esfuerzos de la Comisión y los Estados miembros, a escala internacional y de la UE, para garantizar unas normas mínimas que aseguren el máximo nivel de protección medioambiental, sanitaria y de seguridad, y la adhesión al principio consagrado en los artículos 34 y 36 del Reglamento relativo a los traslados de residuos (Enmienda de Prohibición de Basilea), que consiste en prohibir las exportaciones de residuos peligrosos a países en desarrollo; pide, con este fin, a la Comisión que proponga un reglamento sobre diseño y construcción de barcos, su utilización a lo largo de sus años de explotación y su preparación para el reciclado, el funcionamiento de las instalaciones de reciclado y el establecimiento de un mecanismo adecuado de control del reciclado, acompañado de obligaciones de certificación y de información;

18.

Pide a la Comisión que tome en consideración las decisiones de la próxima reunión del Grupo de Trabajo Conjunto OIT/OMI/Convenio de Basilea sobre desguace de buques relativas a actividades conjuntas de cooperación técnica y a un enfoque coordinado sobre medidas provisionales a la espera de la entrada en vigor del nuevo convenio de la OMI sobre reciclado de buques;

19.

Insta a la adopción inmediata de medidas para apoyar el desarrollo en la UE de una industria del desguace y la remediación (limpieza previa) competitiva y ecológica; pide a los Estados miembros, en este contexto, que exijan en mayor medida la limpieza previa y un reciclado limpio de todos los buques (incluidos los buques de guerra) de propiedad estatal y que se desmantelen en instalaciones de la UE de una forma segura y respetuosa con el medio ambiente, por medio de licitaciones públicas y en estricto cumplimiento de las normas sobre contratación pública dentro del pleno respeto del Reglamento sobre el traslado de residuos; considera, además, que el desarrollo de actividades de reciclado en los astilleros europeos debe apoyarse en el marco de la política industrial, estructural y de cohesión de la UE;

20.

Considera necesario establecer la obligación de que todos los barcos con pabellón comunitario y todos los que hagan escala en puertos de la Unión Europea posean una lista de los materiales y elementos utilizados en su construcción y equipamiento;

21.

Pide a la Comisión que elabore una lista de instalaciones preferidas de reciclado de buques sujetas a normas reconocidas a nivel internacional en materia de derechos humanos, salud y seguridad; acoge favorablemente la sugerencia de la Comisión de establecer sistemas para la certificación y distintivo de las instalaciones de reciclado seguro y limpio, y considera que las subvenciones de la Comunidad en favor de la industria naval sólo deberían concederse bajo la condición de adhesión al Reglamento sobre el traslado de residuos y a otros requisitos de la UE, como el uso de instalaciones certificadas y regularmente auditadas; subraya que no se trata de destruir el mercado de desmantelamiento de buques en el sur de Asia, sino precisamente de preservarlo mediante el fomento de un desmantelamiento de buques respetuoso con el medio ambiente;

22.

Considera que es necesario que la UE muestre el camino y promueva una actuación global, con el claro objetivo de poner fin de forma gradual a las actuales prácticas de desmantelamiento de buques en el sur de Asia, y que avance hacia la adopción y aplicación de un convenio internacional que fije normas ambientales y sociales para todas las partes implicadas;

23.

Pide una estrategia global que garantice que el reciclado de buques se lleva a cabo de manera que todas las partes implicadas en el proceso (armadores, instalaciones de reciclado o desguace, Estado del pabellón, Estado en el que tendrá lugar el reciclado del buque, etc.) estén coordinadas y asuman la parte de responsabilidad que les corresponde;

24.

Pide a la Comisión que proponga medidas concretas para fomentar la transferencia de conocimientos y tecnología para ayudar a que las instalaciones de desmantelamiento del sur de Asia cumplan las normas internacionales en materia de seguridad y medio ambiente; considera que dicho objetivo también debe tenerse en cuenta en el marco más amplio de la política comunitaria de ayuda al desarrollo relativa a esos países; opina que para ello también debe utilizarse la posible experiencia adquirida por los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales;

25.

Se felicita por los resultados alcanzados entretanto por el proyecto ShipDismantl, financiado a través del Séptimo Programa marco de investigación y desarrollo tecnológico, en cuyo contexto se están poniendo a punto sistemas de apoyo que podrán ser utilizados gratuitamente por todas las empresas de desguace de barcos del mundo; está convencido de que podrán alcanzarse mejoras adicionales a través de nuevas convocatorias de propuestas centradas, de forma específica, en las estrategias relativas al final del ciclo de vida de los barcos;

26.

Pide a la Comisión que estudie en mayor medida y evalúe detenidamente la conveniencia de incrementar la cooperación financiera y de realizar más inversiones directas en determinados centros de desmantelamiento de Asia meridional, contribuyendo de ese modo a la creación de una red de centros de desmantelamiento acreditados y reconocidos por la UE que reporten mayores réditos respecto de la inversión en términos económicos, medioambientales y sociales;

27.

Considera que el principio de «quien contamina paga», el principio de responsabilidad ampliada del productor y el principio de responsabilidad del productor deben aplicarse ampliamente para resolver estructuralmente esta problemática;

28.

Opina que el armador/propietario es en todo momento responsable de los efectos perjudiciales del desmantelamiento tanto para los trabajadores como para la salud pública y el medio ambiente, independientemente del lugar en el que tenga lugar el desmantelamiento (dentro o fuera de la UE);

29.

Acoge favorablemente la propuesta de crear un fondo para el desmantelamiento de buques y pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan con determinación el objetivo de establecer un fondo análogo a nivel de la OMI y de la UE simultáneamente; pide a la Comisión, en este contexto, que examine también los instrumentos financieros existentes implicando tanto a los astilleros como a los armadores, e incluyendo un seguro obligatorio y la utilización de tasas portuarias, impuestos sobre nuevos buques e impuestos anuales relacionados con la inscripción en la OMI, para velar por un reciclado respetuoso con el medio ambiente desde el momento en que el buque inicie su fase operativa, sin olvidar que un buque puede tener más de un propietario a lo largo de su vida útil;

30.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a los Gobiernos de Turquía, Bangladesh, China, Pakistán y la India, así como a la OMI.

19.11.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 279/51

—

Vista su Decisión de 25 de abril de 2007 sobre la constitución y el establecimiento de las competencias, la composición y el mandato de la Comisión Temporal sobre el Cambio Climático, de conformidad con el artículo 175 del Reglamento (1),

—

Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 8 y 9 de marzo de 2007,

—

Vista la Declaración de la Cumbre del G8, celebrada en Heiligendamm, de 7 de junio de 2007, y en particular a la sección titulada «el cambio climático, eficiencia energética y la seguridad energética — retos y oportunidades para el crecimiento económico mundial»,

—

Vistas las conclusiones del Cuarto Informe de Evaluación (AR4) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado en Valencia, España, el 17 de noviembre de 2007, así como los otros estudios encargados por los gobiernos nacionales o realizados por otros organismos de las Naciones Unidas,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Progresos realizados hacia la consecución de los objetivos de Kyoto» (COM(2007) 0757),

—

Vista la reunión interparlamentaria conjunta del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales de los Estados miembros y de los países candidatos sobre el cambio climático, celebrada los días 1 y 2 de octubre de 2007,

—

Vista la decimotercera Conferencia de las Partes (COP 13) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la tercera Conferencia de las Partes o Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (COP/MOP 3), celebrada en Bali, Indonesia, del 3 al 15 de diciembre de 2007,

—

Vistas las audiencias públicas y el intercambio de puntos de vista con expertos de alto nivel, así como los resultados de las visitas realizadas por la delegación de la Comisión Temporal sobre el Cambio Climático del Parlamento, y en particular la información recopilada a partir de las introducciones de los expertos y el debate subsiguiente en la sesión temática «Impacto climático de diferentes niveles de calentamiento», celebrada el 10 de septiembre de 2007,

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Visto el informe provisional de la Comisión Temporal sobre el Cambio Climático (A6-0136/2008),

A.

Considerando que el mandato otorgado a la Comisión Temporal sobre el Cambio Climático pide que ésta formule recomendaciones sobre la futura política integrada de la UE en materia de cambio climático; que dichas recomendaciones deben basarse en investigación puntera e incluir los últimos descubrimientos científicos,

B.

Considerando que el informe provisional de la Comisión Temporal aborda exclusivamente el impacto y los efectos del cambio climático basados en datos científicos; que el informe final formulará propuestas sobre la futura política integrada de la UE en materia de cambio climático, conforme al mandato otorgado a la citada Comisión y sobre la base de toda la información recopilada en el curso de sus trabajos; que dicho informe final incluirá asimismo la posición del Parlamento sobre las negociaciones relativas al marco internacional para la política climática después de 2012, con vistas a la COP 14 que se celebrará en Poznan, Polonia, en diciembre de 2008,

C.

Considerando que el consenso científico sobre los orígenes y las causas del cambio climático está bien establecido y reconocido a nivel mundial, dentro y fuera del IPCC; que el conocimiento y comprensión científicos de los orígenes humanos subyacentes en la tendencia actual hacia el calentamiento global han aumentado considerablemente desde el primer informe de evaluación del IPCC publicado en 1990 y ahora se consideran hechos científicos; que existe un consenso científico profundamente arraigado sobre el papel de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) en el clima global; que, a la luz de la evaluación de riesgos disponible, la incertidumbre exige más bien proceder a la acción y no a su aplazamiento,

D.

Considerando que el conocimiento sobre el cambio climático y las causas del calentamiento global reunido hasta la fecha mediante la investigación y la recopilación de datos es suficiente para poner en marcha la acción política y la toma de decisiones urgentemente necesarias para reducir las emisiones de forma muy sustancial y prepararse para la adaptación a un cambio climático inevitable,

E.

Considerando que, según el AR4 del IPCC, las emisiones globales de CO2 crecieron aproximadamente en un 80 % entre 1970 y 2004, y que este incremento se debe sobre todo al uso de combustibles fósiles,

F.

Considerando que la investigación basada en las observaciones y la elaboración de modelos muestra el peligro de un grave impacto sobre nuestro Planeta si no se adoptan rápidamente medidas para ralentizar o incluso detener nuevos incrementos de las emisiones de CO2 y de otros GEI, como las que enumera el IPCC en la lista de gases de efecto invernadero,

G.

Considerando que, tras el período de revisión y la subsiguiente publicación del AR4 por parte del IPCC, numerosos estudios científicos recientes han medido y aportado datos que confirman la tendencia hacia el calentamiento global y han evaluado las repercusiones del cambio climático para el ser humano, en los aspectos sociales, económicos y ecológicos, así como la necesidad de adaptación a dicho cambio climático y de mitigación del mismo,

H.

Considerando que el informe Stern considera que, si no se toman medidas, el coste anual previsible del cambio climático será de entre el 5 % y el 20 % del PIB en 2050; que en el mismo informe se afirma que podrán alcanzarse los objetivos climáticos si a partir de ahora se destina anualmente el 1 % del PIB a medidas en este ámbito,

I.

Considerando que el continuo debate científico ya no pone en duda las causas subyacentes del calentamiento global y del cambio climático; que todo debate científico no es sino la expresión del progreso científico encaminado a aclarar las incertidumbres o dudas subsistentes y que se caracteriza históricamente por la búsqueda de una comprensión más profunda del impacto humano sobre los procesos naturales,

J.

Considerando que estudios científicos recientes han proporcionado más pruebas de la alteración antropogénica de la atmósfera de la Tierra; que la ciencia física del cambio climático está evaluando las repercusiones concretas de los niveles ya existentes de calentamiento global causado por las emisiones históricas; que los datos recopilados por dichos estudios subrayan la urgente necesidad de aplicar medidas de adaptación y atenuación, a fin de limitar el alarmante peligro para los seres humanos, la biodiversidad de la flora y la fauna, los hábitats y las infraestructuras, sobre todo en los países en desarrollo, pero también en Europa y en las otras partes más ricas del mundo,

K.

Considerando que la ciencia ha identificado determinados «umbrales críticos» en el sistema climático de la Tierra; que dichos «umbrales críticos» representan «puntos de no retorno» para impactos de un cambio climático prácticamente irreversible que no pueden ser controlados razonablemente por el ser humano; que dichos «umbrales críticos» y los imparables procesos biológicos, geológicos y físicos que provocan no pueden incluirse plenamente en los actuales escenarios sobre el clima futuro; que ejemplos de estos «umbrales críticos» son el derretimiento del permafrost, con la consiguiente emisión de importantes cantidades de metano en la atmósfera, el derretimiento de los glaciares, con el aumento del coeficiente de absorción de la radiación solar, y la disminución de la solubilidad del CO2 en los océanos, con el consiguiente aumento de la temperatura; que estos mecanismos, debido al aumento de la temperatura, tienden a agravar paulatinamente el calentamiento global con un efecto de realimentación positiva,

L.

Considerando que se calcula que entre el 20 % y el 30 % de todas las especies podrían experimentar un creciente riesgo de extinción si se produce un calentamiento climático de 1,5° a 2,5° C; que un calentamiento de 3,5° C corresponde a un porcentaje del 40 % al 70 %, por lo que la reducción del cambio climático resulta decisiva para la preservación de la biodiversidad global y el mantenimiento de los servicios relacionados con el ecosistema,

M.

Considerando que más del 70 % de la superficie terrestre está cubierta por océanos; que más del 97 % del total del agua del planeta se encuentra en los océanos; que los océanos constituyen el 99 % del espacio vital de la Tierra; que las proteínas que provee el pescado representan el porcentaje más alto de las proteínas que consumen los seres humanos, y que es la fuente primaria de alimento de 3 500 millones de personas; que tres cuartas partes de las megalópolis del mundo están a la orilla del mar,

N.

Considerando que el consenso científico, tal como se expresa en el AR4 del IPCC, lleva a la conclusión de que el nivel global de emisiones de GEI debe reducirse entre un 50 % y un 85 % en comparación con el del año 2000, a fin de evitar graves peligros; que será cada vez más difícil lograr dicho objetivo si las emisiones globales de GEI continúan aumentando hasta 2020 y después de esa fecha; que casi todos los Estados miembros están haciendo progresos en sus esfuerzos por cumplir los objetivos nacionales resultantes del reparto de la carga de la UE, aumentando así la probabilidad de que la UE alcance para 2012 el objetivo de Kyoto; considerando, no obstante, que a partir de 2012 los Estados miembros tendrán que reducir sus emisiones de GEI de forma más ambiciosa a fin de cumplir los objetivos establecidos en el mencionado Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007, los cuales deberán alcanzar de forma colectiva los países desarrollados, reduciendo sus emisiones de GEI entre un 60 % y un 80 % antes de 2050, en comparación con los niveles de 1990,

O.

Considerando que el AR4 del IPCC muestra que el efecto positivo de la relación entre calentamiento y reducción de los sumideros de carbono en tierra y en los océanos podría requerir una reducción importante adicional de las emisiones, para estabilizar las concentraciones de GEI,

P.

Considerando que existe un consenso político en la UE sobre la importancia capital de lograr el objetivo estratégico de que el incremento medio de la temperatura mundial no supere los 2° C con respecto a los niveles de la era preindustrial; que la temperatura mundial ya se ha incrementado en 0,74° C en el último siglo e inevitablemente continuará aumentando entre 0,5° y 0,7° C debido a emisiones históricas,

Q.

Considerando que, según el AR4 elaborado por el IPCC, las emisiones globales de GEI han aumentado desde la era preindustrial y están aumentando más rápidamente que nunca, con un incremento, debido a las actividades humanas, del 70 % entre 1970 y 2004 y un incremento significativo del 24 % desde 1990; que muchos sistemas naturales de todos los continentes y de la mayor parte de los océanos ya están afectados por el cambio climático regional debido al aumento de las temperaturas, el cambio del régimen de lluvias y de vientos y la creciente escasez de agua,

R.

Considerando que, para el clima, el factor relevante es el total de gases acumulados de GEI emitidos a la atmósfera, y no las emisiones o reducciones relativas, y que por ello, para evitar que se produzca un cambio climático peligroso, el factor determinante más importante es la cantidad total de emisiones de GEI durante los próximos años y decenios,

S.

Considerando que el AR4 elaborado por el IPCC documenta, por primera vez, impactos actuales correlacionados de amplio alcance de los cambios observados en el clima actual de Europa, como el retroceso de los glaciares, la duración creciente de las estaciones, cambios de hábitat de especies y repercusiones sanitarias por la ola de calor de una magnitud sin precedentes; que los cambios observados son coherentes con los que figuran en las proyecciones del futuro cambio climático; que, en general, en Europa, casi todas las regiones se verán afectadas negativamente por algunos impactos futuros del cambio climático y que ello planteará desafíos en muchos sectores socioeconómicos; que se prevé que el cambio climático amplifique las diferencias regionales por lo que respecta a los recursos naturales de Europa, por ejemplo, la disponibilidad del agua,

T.

Considerando que se calcula que el cambio climático, sumado a la urbanización masiva debida al crecimiento demográfico, aumentará el calentamiento urbano, lo cual repercutirá negativamente en la salud y el bienestar de los habitantes de las ciudades,

U.

Considerando que las actuales políticas de mitigación del cambio climático y las correspondientes prácticas de desarrollo sostenible serán, sin embargo, insuficientes para reducir las emisiones globales de GEI en las próximas décadas; que, de acuerdo con las recomendaciones científicas, la oportunidad de lograr la estabilización de la concentración global de GEI en un nivel que corresponda a una probabilidad del 50 % de mantener el cambio climático en un máximo de 2° C seguirá abierta hasta 2015, cuando las emisiones globales alcanzarán su nivel más elevado,

V.

Considerando que la contribución del Grupo de Trabajo III al AR4 del IPCC indica que, a fin de lograr los niveles más bajos evaluados por el IPCC hasta la fecha, así como la correspondiente limitación del daño potencial, el conjunto de las Partes incluidas en el anexo I de la CMNUCC debería reducir sus emisiones para 2020 en un 25 %-40 % respecto al nivel de 1990,

W.

Considerando que el próximo informe de evaluación del IPCC no se publicará probablemente hasta 2012 ó 2013; que el conocimiento adicional que surge de los informes encargados por los gobiernos o realizados por otros organismos internacionales o por instituciones de las Naciones Unidas, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) o la Organización Mundial de la Salud (OMS) están contribuyendo significativamente a una comprensión más profunda del impacto actual y futuro del cambio climático sobre los seres humanos y el medio ambiente y a la adaptación a dicho cambio climático y mitigación del mismo,

X.

Considerando que los resultados de dichos estudios adicionales subrayan en su mayor parte la urgente necesidad de responder sin demora al calentamiento global; considerando, en particular, que los últimos datos publicados por la OMS en diciembre de 2007 indican que el decenio de 1998 a 2007 fue el más cálido de los registrados, mientras que 2007 figurará como uno de los diez años más cálidos registrados, con una anomalía prevista de 0,41° C por encima de la media a largo plazo, y que en algunas zonas de Europa se registraron anomalías de más de 4° C por encima de la temperatura media mensual a largo plazo en enero y abril de 2007,

Y.

Considerando que es necesario contemplar el calentamiento global y los diversos aspectos del cambio climático desde la perspectiva de otros problemas mundiales, como la pobreza o las cuestiones sanitarias mundiales, ya que dichos problemas resultarán exacerbados por los efectos de las temperaturas en ascenso, las sequías, inundaciones, el aumento del nivel del mar y el aumento de la incidencia de condiciones climáticas extremas; que el cambio climático podría obstaculizar la capacidad de los países para seguir el camino del desarrollo sostenible y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio; que el cambio climático podría amenazar gravemente los ejemplos de desarrollo fructífero y que debería constituir, por ello, un asunto central en el ámbito de la cooperación internacional,

1.

Acoge con satisfacción el hecho de que las Partes en la CMNUCC hayan reconocido en su reunión de Bali que el AR4 del IPCC representa la evaluación más exhaustiva y autorizada sobre el cambio climático que se ha realizado hasta la fecha, aportando una perspectiva integrada científica, técnica y socioeconómica sobre asuntos pertinentes, así como el hecho de alentar a que se aproveche la información allí contenida para el desarrollo y la aplicación de políticas nacionales en materia de cambio climático;

2.

Expresa su convicción de que la ciencia progresa al confrontar el conocimiento e hipótesis admitidos con las ideas divergentes, y aplicar procedimientos de revisión inter pares; alaba el trabajo del IPCC y su capacidad para integrar la labor de miles de científicos; considera que el IPCC debería tomarse en serio los nuevos argumentos a fin de seguir garantizando la credibilidad y la calidad de su investigación;

3.

Considera que la ciencia del cambio climático está suficientemente asentada, y reitera su compromiso con el objetivo estratégico de la UE de que el aumento de la temperatura media global no supere los 2° C con respecto a los niveles de la era preindustrial, lo cual, de acuerdo con varios informes científicos, se puede alcanzar con una probabilidad de aproximadamente el 50 % a una concentración atmosférica de GEI de 400-450 ppm de CO2 equivalente, y, según el AR4 del IPCC, requerirá que los países industrializados reduzcan sus emisiones de GEI para 2020 en un 25 %-40 % respecto al nivel de 1990; considera, no obstante, que todos los esfuerzos para frenar las emisiones deberían dirigirse, de hecho, a permanecer muy por debajo de los 2° C del objetivo, puesto que tal nivel de calentamiento ya tendría un considerable impacto en nuestra sociedad y en nuestros modos de vida, y conllevaría asimismo cambios significativos en los ecosistemas y en los recursos hídricos;

4.

Subraya que, conforme aumenten la emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, se producirán repercusiones dramáticas para los ecosistemas y recursos marinos y la comunidad pesquera, así como graves amenazas para los mismos; que los cambios significativos en la temperatura del agua pueden producir cambios en las poblaciones de organismos marinos (migraciones), incluidas la invasión de especies extrañas y la desaparición de las especies autóctonas;

5.

Reconoce que las proyecciones de datos para 2050 muestran claramente que ahora es el momento de actuar; subraya que la oportunidad para iniciar los esfuerzos de mitigación necesarios para realizar el objetivo de 2° C dejará de ser pausible a mediados del próximo decenio;

6.

Hace hincapié en las pruebas científicas de que en todos los continentes y la mayor parte de los océanos se constata que muchos sistemas naturales ya están afectados por los cambios climáticos regionales debido a las emisiones históricas de carbono de los países industrializados; subraya que se ha demostrado científicamente que las causas subyacentes al calentamiento global son principalmente de origen humano y que el nivel de conocimiento acumulado aporta suficientes pruebas de la alteración antropogénica de la atmósfera;

7.

Subraya que la acidificación de los océanos prevista en las proyecciones por el aumento de los niveles de CO2 puede tener efectos muy graves en los ecosistemas marinos, e insta a una mayor investigación en este ámbito para mejorar nuestro conocimiento del problema y definir sus implicaciones para la política;

8.

Opina que las tendencias en materia de pautas relativas a la temperatura, al oxígeno, a la salinidad, al ph, a la clorofila y a la oscilación eólica sólo se perciben claramente al cabo de muchos años; subraya la necesidad de conjuntos de datos y una observación exhaustiva del suelo oceánico y marítimo, para contribuir a explicar los cambios locales que inciden en la pesca de acuerdo con los cambios en nuestra capacidad para distinguir las causas y los efectos de la evolución de los ecosistemas;

9.

Subraya que los resultados científicos demuestran claramente cómo se producirá el cambio climático en un futuro próximo, siguiendo diferentes patrones regionales y demostrando que el calentamiento global constituye tanto un asunto de desarrollo como un asunto medioambiental a nivel mundial, y que la población pobre de los países en desarrollo es la más vulnerable; considera que la adaptación orientada a gestionar las consecuencias inevitables del calentamiento global causado por las emisiones históricas de los países industrializados es tan importante como los esfuerzos intensivos de mitigación orientados a evitar un mayor calentamiento global incontrolable;

10.

Subraya que los umbrales críticos, entre los que se incluyen la pérdida de la selva amazónica por la sequía, el deshielo de los glaciares de Groenlandia y la desaparición de la capa de hielo antártico occidental, el colapso del monzón de la India y una liberación masiva de metano procedente de la tundra siberiana, son difíciles de predecir pero es muy posible que todos ellos alcancen su punto crítico durante el presente siglo con arreglo a las actuales condiciones del cambio climático; subraya que, para poder evitar dichos umbrales críticos, se requerirán unos esfuerzos de mitigación más intensos que los indicados en el AR4 del IPCC;

11.

Se congratula a este respecto por los resultados, siguiendo el asesoramiento científico establecido, de la COP 13 y la COP/MOP 3 y, en particular, de la hoja de ruta de Bali cuya evaluación debería tener lugar en la COP 14 en 2008 y que debería conducir a un acuerdo sobre un régimen general antes de 2009; se congratula asimismo por las funciones otorgadas al grupo de expertos sobre transferencia de tecnología para evaluar las brechas y barreras en el uso y acceso a los recursos financieros concedidos a los países en desarrollo en respuesta a su compromiso de aplicar acciones nacionales adecuadas de mitigación de una forma que pueda medirse, ser objeto de informes y verificarse; se congratula igualmente por la creación del Fondo de adaptación y la inclusión de los bosques en un nuevo acuerdo de protección del clima con vistas a evitar un aumento de la deforestación y de las emisiones de carbono originadas por la quema de bosques o turberas, que también están provocando un enorme daño a las comunidades locales, produciéndose incluso la expropiación de sus tierras mediante procedimientos ilegales o supuestamente legales;

12.

Condena los esfuerzos por descalificar los resultados de los estudios sobre las causas y efectos del cambio climático presentándolos, sin argumentos científicos, como dudosos, imprecisos o cuestionables; no obstante, entiende que el progreso científico siempre se ha caracterizado por las incertidumbres, su progresiva eliminación, y la búsqueda de explicaciones o modelos que vayan más allá de la corriente científica mayoritaria existente;

13.

Considera, por ello, que la continuación de la investigación dirigida a una mejor comprensión de las causas y consecuencias del calentamiento global resulta fundamental para tomar decisiones de forma responsable; no obstante, considera que el nivel de conocimiento acumulado hasta la fecha es suficiente para la formulación urgente de políticas que logren reducir las emisiones de GEI limitando el cambio climático a un aumento de temperatura de 2° C y de medidas para la adaptación al cambio climático actual;

14.

Subraya la necesidad de análisis e investigaciones adicionales sobre las consecuencias del cambio climático, tales como las repercusiones sobre la competitividad económica, los costes energéticos y la evolución social de Europa, el papel del uso de los suelos, los bosques y la deforestación, el papel del medio ambiente marino y el cálculo de los costes externos del cambio climático del sector industrial y, en particular, del de los transportes, incluida la cuantificación de las incidencias de la contaminación provocada por los aviones; considera que es necesario realizar estudios suplementarios con el fin de integrar la adaptación y la atenuación del riesgo en las medidas políticas a favor del desarrollo y la reducción de la pobreza;

15.

Considera que es necesaria una investigación adicional sobre la incidencia de la política de promoción de los biocombustibles y sus efectos en el aumento de la deforestación, en el incremento del área agrícola cultivada y en la oferta alimentaria mundial;

16.

Subraya la necesidad de investigar sobre la fisiología y la ecología de los peces marinos, especialmente en los trópicos, donde se han llevado a cabo trabajos de investigación relativamente poco numerosos; señala que, conforme vaya aumentando nuestro cúmulo de informaciones, los científicos podrán efectuar predicciones más precisas y proponer las soluciones pertinentes; opina que el desembarco de todas las capturas accesorias con fines científicos podría constituir una importante contribución a la base de información; también reconoce la necesidad de mantener la investigación sobre los efectos del cambio climático en las poblaciones de aves marinas debido a la escasez de comida, así como su impacto en las tasas de reproducción y supervivencia;

17.

Considera que la comunicación de las pruebas científicas sobre el impacto humano en el clima mundial debe ser el principal elemento de un esfuerzo más amplio por incrementar la sensibilización pública y lograr y mantener subsiguientemente el apoyo de los ciudadanos a las medidas políticas destinadas a frenar la emisiones de carbono, como la interacción con los diferentes agentes sociales, no sólo en los países industrializados sino también en las economías emergentes; pide al IPCC que publique un resumen de sus informes de evaluación; considera, por otra parte, que son necesarios los cambios individuales en los modos de vida y que deberían formar parte de los programas educativos para divulgar las causas y los efectos del calentamiento global;

18.

Pide, por ello, a la comunidad científica y a los representantes políticos que aúnen sus esfuerzos para incrementar la concienciación y defender que «los pequeños gestos pueden marcar la diferencia», teniendo en cuenta el hecho de que incluso las comunidades con una capacidad bien desarrollada para adaptarse al cambio climático siguen siendo vulnerables frente a los fenómenos extremos e impredecibles;

19.

Subraya el escaso desarrollo actual de la información detallada necesaria para una educación de estilos de vida con baja intensidad de carbono, incluyendo, por ejemplo, la declaración de la huella de GEI en los productos de consumo y el etiquetado con indicación de GEI, y que es preciso desarrollarla rápidamente; subraya que lo ideal sería basar dichas iniciativas en normas compartidas, y que también deberían tenerse en cuenta las emisiones de GEI incorporadas en las importaciones;

20.

Pide a su Comisión Temporal sobre el Cambio Climático que continúe sus trabajos y que, al final de su mandato, presente al Parlamento un informe que contenga las oportunas recomendaciones sobre acciones o iniciativas, así como medidas de adaptación y mitigación que deban emprenderse con vistas a la futura política integrada de la UE en materia de cambio climático, en consonancia con el objetivo de la UE de mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2° C y de acuerdo con los resultados y recomendaciones del AR4 elaborado por el IPCC;

21.

Pide a la Comisión, al Consejo y al Parlamento que promuevan, al más alto nivel de negociación y diálogo, la extensión estratégica a todos los países socios en todo el mundo de las estrategias, principios y normas de mayor excelencia de países de la UE o de terceros países en el ámbito de la investigación científica y de las acciones contra el cambio climático, en consonancia con las recomendaciones de la comunidad científica;

22.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

19.11.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 279/57

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Visto el Informe de 2007 sobre los progresos de Turquía elaborado por la Comisión (SEC(2007) 1436),

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Vistas sus Resoluciones de 27 de septiembre de 2006 sobre el progreso de Turquía hacia la adhesión (1) y de 24 de octubre de 2007 sobre las relaciones UE-Turquía (2),

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Vistas sus Resoluciones de 6 de julio de 2005 (3) y de 13 de febrero de 2007 (4) sobre el papel de las mujeres en la vida social, económica y política en Turquía,

—

Visto el marco de negociación para Turquía, de 3 de octubre de 2005,

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Vistas la Decisión 2008/157/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2008, relativa a los principios, prioridades y condiciones contemplados en la Asociación para la adhesión con la República de Turquía (5) («Asociación para la adhesión») y las decisiones del Consejo de 2001, 2003 y 2006 sobre la Asociación para la adhesión,

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0168/2008),

A.

Considerando que las negociaciones con Turquía se iniciaron el 3 de octubre de 2005 tras la adopción del marco de negociación por el Consejo y considerando que la apertura de estas negociaciones constituye el punto de partida de un largo proceso cuyo final se desconoce,

B.

Considerando que Turquía se ha comprometido a emprender reformas, a mantener buenas relaciones de vecindad y a alinearse progresivamente con la UE y considerando que estos esfuerzos deben considerarse como una oportunidad para que la propia Turquía se modernice aún más,

C.

Considerando que el pleno respeto de todos los criterios de Copenhague y la capacidad de integración de la Unión Europea, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2006, siguen siendo la base de la adhesión de un Estado europeo a la Unión Europea, que es una comunidad basada en valores compartidos,

D.

Considerando que la Comisión, en su Informe de 2007 sobre los progresos de Turquía, llega a la conclusión de que «en las reformas políticas los avances registrados en 2007 fueron limitados»,

E.

Considerando que el pasado año se ha consolidado la democracia turca, se ha elegido un nuevo Parlamento, representativo de la diversidad política del país, y se ha constituido un gobierno dotado de un mandato firme,

F.

Considerando que Turquía continúa sin aplicar las disposiciones derivadas del Acuerdo de asociación CE-Turquía y de su Protocolo adicional,

G.

Considerando que en 2007 se abrieron cinco capítulos de la negociación,

1.

Celebra que el Primer Ministro Erdogan se haya comprometido a que 2008 sea el año de las reformas; insta al Gobierno turco a que cumpla sus promesas haciendo uso de su amplia mayoría parlamentaria para proseguir resueltamente las reformas cruciales para la transformación de Turquía en una democracia próspera y moderna basada en un Estado laico y en una sociedad plural;

2.

Destaca que esta modernización interesa en primer lugar y principalmente a Turquía; reconoce también la importancia estratégica para la UE de una Turquía estable, democrática y próspera; reitera que el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Asociación para la adhesión es vital para Turquía y sus relaciones futuras con la UE;

3.

Subraya su convicción de que solo una sociedad que se guíe por el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y se base en la democracia, el Estado de Derecho y la economía de mercado de orientación social puede evolucionar hacia una sociedad pacífica, estable y próspera;

4.

Subraya la importancia que reviste para Turquía luchar contra todo tipo de discriminación, de conformidad con el artículo 13 del Tratado CE, que exige igualdad para todos independientemente del sexo, el origen racial o étnico, la religión o las convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual;

5.

Toma nota de la reciente revisión de la Asociación para la adhesión; es consciente de que esta revisión, la tercera desde 2001, en la mayoría de los ámbitos prorroga por un nuevo período prioridades no cumplidas; insta al Gobierno turco a que traslade ahora las prioridades y calendarios establecidos en la Asociación a sus planes de reforma, teniendo presente que si se producen nuevos retrasos, resultará afectado gravemente el ritmo de las negociaciones;

6.

Acoge con satisfacción que en 2007 haya prevalecido la democracia sobre las tentativas del Ejército de inmiscuirse en el proceso político; anima al Gobierno turco a que siga haciendo esfuerzos sistemáticos para garantizar que la cúpula política elegida democráticamente asume la responsabilidad plena de la formulación de las políticas interior, exterior y de seguridad, también en relación con Chipre, y que las fuerzas armadas respetan esta responsabilidad reconociendo plenamente y sin ambigüedades el control por parte de las autoridades civiles; destaca, en particular, la necesidad de establecer una supervisión parlamentaria plena de la política militar y de defensa y de todos los gastos correspondientes;

7.

Expresa su preocupación en relación con las repercusiones del asunto de la ilegalización del PAK; confía en que el Tribunal Constitucional de Turquía respete los principios del Estado de Derecho, las normas europeas y las líneas directrices de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa de los días 10 y 11 de diciembre de 1999 relativas a la prohibición y disolución de partidos políticos y medidas análogas; pide al Parlamento turco que adapte la Constitución a dichas normas relativas a la prohibición de partidos políticos;

8.

Pide al Gobierno turco que, a la hora de realizar las reformas, respete el pluralismo y la diversidad en una Turquía laica y democrática, e insta al Gobierno y a todos los partidos políticos a que se comprometan constructivamente con la búsqueda del consenso sobre las etapas importantes de la modernización del país;

9.

Considera que las modificaciones del artículo 301 del Código penal aprobadas por el Parlamento turco el 30 de abril de 2008 se deben considerar un primer paso positivo hacia la reforma radical de dicho artículo, así como de otros artículos del Código penal, y espera nuevas iniciativa en este sentido; subraya que se debe progresar en lo referente a la libertad del expresión, tanto en la teoría como en la práctica; lamenta que el número de personas perseguidas en virtud de disposiciones legales que autorizan restricciones arbitrarias de la expresión de opiniones no violentas haya seguido aumentando en 2007 (6); considera que la derogación del artículo 301 y de otras disposiciones jurídicas que representan una restricción ilegítima a la libertad de expresión, garantizada por el Derecho internacional, sería la mejor solución para que Turquía garantice plenamente la libertad de expresión y la libertad de prensa de acuerdo con los estándares del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales;

10.

Celebra la reciente aprobación por el Parlamento turco de la Ley de fundaciones; celebra la intención de la Comisión de examinar este nuevo acto, y subraya que también debería analizar si esta ley trata todas los inconvenientes que afectan a las comunidades religiosas no musulmanas en lo referente a la gestión y adquisición de inmuebles, incluido el caso de los inmuebles confiscados vendidos a terceros; pide a las autoridades turcas que velen por la aplicación de la ley con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

11.

Insta al Gobierno turco, tras el paso positivo que supone la aprobación de la Ley de fundaciones, a que haga honor a sus compromisos relativos a la libertad religiosa estableciendo, con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un marco legal que permita que todas las comunidades religiosas actúen sin restricciones indebidas, en particular, en lo referente a su estatuto jurídico, la formación de clérigos, la elección de la jerarquía, la educación religiosa y la construcción de lugares de culto; pide que se proteja el patrimonio religioso y cultural; reitera su petición de reapertura inmediata del seminario ortodoxo griego de Halki y de uso público del título eclesiástico de Patriarca Ecuménico; comparte la preocupación expresada por el Consejo el 24 de julio de 2007 en relación con la sentencia del Tribunal de Casación de Turquía relativa al Patriarcado Ecuménico y confía en que esta decisión no seguirá impidiendo que el Patriarcado y otras comunidades religiosas no musulmanas ejerzan sus derechos de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos;

12.

Insta al Gobierno turco a que, con carácter de urgencia, emprenda una iniciativa política en favor de una solución duradera de la cuestión kurda, que solamente podrá basarse en mejoras tangibles de las oportunidades culturales, económicas y sociales al alcance de los ciudadanos de origen kurdo, incluidas las posibilidades reales de aprender kurdo en los sistemas de enseñanza público y privado y emplearlo en la radiodifusión, en la vida diaria y en el acceso a los servicios públicos; considera que la posible ilegalización del Partido de la Sociedad Democrática (DTP) sería contraproducente para llegar a una solución política;

13.

Pide al Partido de la Sociedad Democrática (DTP), a sus diputados y a sus alcaldes que se distancien claramente del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y que se comprometan de manera constructiva con la búsqueda de una solución política a la cuestión kurda en el marco del Estado democrático turco; pide asimismo a todos los demás partidos políticos turcos que se comprometan de manera constructiva con la realización de este mismo objetivo;

14.

Lamenta que se hayan incoado numerosos casos contra alcaldes electos y otros políticos por haber utilizado la lengua kurda o por expresar su opinión sobre la cuestión kurda, como el proceso que desembocó en la reciente condena de Leyla Zana y de 53 alcaldes del Partido de la Sociedad Democrática (DTP);

15.

Reitera sus peticiones anteriores al Gobierno turco de que presente un plan general para impulsar el desarrollo socioeconómico y cultural del sudeste de Turquía, donde más de la mitad de la población sigue viviendo por debajo del umbral de pobreza; opina que este plan general debe abordar también los problemas sociales, ecológicos, culturales y geopolíticos derivados del Proyecto de Anatolia sudoriental; pide a la Comisión que relacione el componente regional de la asistencia del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) (7)a la rápida elaboración de esta estrategia;

16.

Insta al Gobierno turco a que presente una estrategia nacional general para la cuestión las personas desplazadas internamente, que elimine las deficiencias actuales de carácter jurídico y práctico y que brinde el necesario apoyo financiero y de otra naturaleza para abordar adecuadamente el retorno y la compensación de los afectados;

17.

Toma nota del proceso en curso de preparación de una Constitución nueva de carácter civil; considera que se trata de la oportunidad clave para situar la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el núcleo de la Constitución; reitera que debe establecerse un sistema de controles y equilibrios que garantice la democracia, el Estado de Derecho, la cohesión social y la separación entre la religión y el Estado; destaca asimismo que la nueva Constitución debe garantizar la igualdad de género, evitar la utilización de criterios vagos como el de «moralidad general», abstenerse de considerar a las mujeres primordialmente como miembros de la familia o la comunidad y consolidar los derechos humanos de las mujeres, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos, como derechos individuales;

18.

Subraya la necesidad de una participación amplia de la sociedad civil en este proceso constituyente para alcanzar un consenso sobre el futuro constitucional de Turquía que englobe a los partidos políticos, a las minorías étnicas y religiosas y a los interlocutores sociales; constata la decepción y la preocupación de ciertos sectores de la población ante el hecho de que la propuesta de levantar la prohibición de utilizar el velo en las universidades no formase parte de un paquete más amplio de reformas basado en una consulta más amplia a la sociedad civil; reitera su recomendación anterior, contenida en la mencionada Resolución de 27 de septiembre de 2006, sobre el umbral electoral;

19.

Constata los progresos realizados en lo referente a la eficacia del sistema judicial; acoge con satisfacción el plan del Gobierno turco de aplicar una estrategia de reforma para fortalecer la independencia y la imparcialidad del sistema judicial e incrementar la confianza de la población en el sistema judicial; opina que esta estrategia debería procurar con carácter prioritario que la interpretación de la legislación relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales sea acorde a los estándares del Convenio Europeo de Derechos Humanos; observa que esta estrategia no es factible sin un ambicioso programa de reciclaje profesional del poder judicial; expresa su preocupación ante la actitud hostil de una parte importante del poder judicial con respecto a los acuerdos internacionales en materia de derechos y libertades fundamentales y ante las sentencias pronunciadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Turquía;

20.

Insta al Tribunal Constitucional turco a que avance hacia su decisión definitiva sobre la Ley del Defensor del Pueblo, con el fin de que el Gobierno pueda instaurar sin demora la institución del Defensor del Pueblo; recomienda a Turquía que colabore a este respecto con el Defensor del Pueblo Europeo y con los defensores del pueblo nacionales en los Estados miembros de la UE;

21.

Expresa su preocupación ante la hostilidad hacia las minorías, muy presente en determinados sectores de la sociedad, y ante la violencia de motivación política y religiosa; pide al Gobierno turco que adopte medidas contra las organizaciones y grupos que alimentan esta hostilidad, que proteja a todas las personas amenazadas y que temen por su vida y que no ceje en sus esfuerzos por crear un entorno que favorezca el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

22.

Insta encarecidamente a las autoridades turcas a que investiguen a fondo el asesinato de Hrant Dink y los de tres cristianos en Malatya, así como otros casos de violencia de motivación política y religiosa; lamenta la lentitud con que se están juzgando estos casos, las sospechas de parcialidad y el sentimiento de impunidad que despiertan, y pide a las autoridades que proporcionen una aclaración plena de las acusaciones de negligencia por parte de las autoridades competentes, y que pongan a todos los responsables a la disposición de la justicia;

23.

Anima a las autoridades turcas a que investiguen resueltamente a la organización delictiva Ergenekon,, en el estricto respeto de los principios del Estado de Derecho, a que saquen totalmente a la luz sus ramificaciones, que llegan hasta las estructuras del Estado, y a que lleven a los implicados ante los tribunales;

24.

Toma nota de la evaluación por la Comisión de la continuada tendencia descendente de los casos de torturas y malos tratos y de los efectos positivos de las salvaguardias legislativas pertinentes; pide a la Comisión, no obstante, que analice si la legislación antiterrorista y la ley relativa a los poderes de la policía no van en detrimento de este positivo historial; pide al Gobierno turco que intensifique su lucha contra la tortura perpetrada fuera y dentro de los centros de detención y contra la impunidad de las fuerzas policiales, y que ratifique y aplique el Protocolo facultativo del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, disponiendo así la prevención sistemática de la tortura y el control independiente de los centros de detención;

25.

Toma nota del juicio del Primer Ministro Erdogan sobre la asimilación expresado en su reciente visita oficial a Alemania; opina, por consiguiente, que el Gobierno turco debe tomar medidas para permitir que todos los ciudadanos desarrollen su identidad cultural en el Estado democrático turco; destaca, en este respecto, los compromisos expresados en el marco negociador relativos al respeto y la protección de las minorías y el acceso efectivo al aprendizaje de idiomas distintos del turco y a la radiodifusión y los servicios públicos en estos idiomas;

26.

Celebra los progresos registrados en la protección de las mujeres contra la violencia y alaba el trabajo realizado en este respecto por las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil; anima a las autoridades turcas a que continúen eliminando la violencia doméstica, los crímenes llamados «de honor» y los matrimonios forzosos, en particular, mediante la plena aplicación de la legislación pertinente, prosiguiendo campañas públicas intensas, ofreciendo más posibilidades de acogida a las víctimas, incrementando la formación de los cuerpos encargados del cumplimiento de la ley y observando de cerca las iniciativas emprendidas; toma nota con preocupación de que sigue constituyendo un problema el acceso a datos fiables sobre la incidencia de la violencia contra las mujeres e insta al Gobierno turco a que ponga remedio a esta deficiencia;

27.

Reconoce que un número considerable de mujeres ocupa puestos importantes en las esferas económica, política y académica turcas y reitera que la igualdad de trato, el acceso de las mujeres a la educación y su emancipación política, económica y social son elementos clave para el crecimiento económico y la prosperidad de Turquía en el futuro; señala, no obstante, que la tasa global de empleo de las mujeres en Turquía sigue siendo de solo el 23,8 % (8), y que el aumento de la participación de las mujeres en la política ha sido mínimo; pide, por consiguiente, al Gobierno turco que tome nuevas medidas tangibles para incrementar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, dedicando una atención particular a las zonas rurales, y que intensifique su inclusión en los sistemas de salud y de seguridad social, y que prepare instrumentos o medidas transitorias para incrementar la participación política activa de las mujeres;

28.

Elogia al Gobierno turco por su apoyo a proyectos fructíferos de cooperación entre socios de la UE y turcos, tales como el proyecto de hermanamiento que está preparando el camino hacia el establecimiento de un órgano independiente para la igualdad de género y que está formando a 750 funcionarios en materia de transversalización de la perspectiva de género; espera que se cree sin demora este órgano para la igualdad de género;

29.

Observa que no queda claro cuáles son las competencias de la Comisión sobre Igualdad de Oportunidades del Parlamento turco propuesta; alienta al Parlamento turco a crear una comisión especializada con competencias legislativas como instrumento esencial para la mejora de los derechos de la mujer y la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas en Turquía;

30.

Expresa su respeto y su apoyo más firme al trabajo de las organizaciones de mujeres en Turquía, que contribuye a reforzar el papel de las mujeres en la sociedad, a protegerlas frente a la violencia y a fomentar su espíritu empresarial, a la vez que ofrece ejemplos positivos de emancipación de las mujeres y contribuye a la igualdad entre mujeres y hombres;

31.

Alaba a Turquía por la evolución positiva de su economía; reitera su opinión de que solo una sociedad coherente, apoyada por una clase media fuerte, puede disfrutar de prosperidad; lamenta, por consiguiente, el escaso impacto que el alto crecimiento económico tiene en el mercado de empleo, cuya debilidad persiste; señala la necesidad de abordar el problema de la economía sumergida y de hacer sostenibles las bases del sistema de seguridad social; considera que un mayor papel de las pequeñas y medianas empresas podría contribuir a acelerar el crecimiento económico;

32.

Señala el potencial de un diálogo social efectivo para establecer las asociaciones necesarias para el funcionamiento de una economía de mercado de orientación social; expresa su decepción ante los escasos progresos hechos en cuanto a la consolidación de los mecanismos del diálogo social; insta al Gobierno turco a que aplique plenamente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y subraya la necesidad de eliminar las restricciones actuales de la libertad de asociación, el derecho de huelga y el derecho de negociación colectiva;

33.

Manifiesta su preocupación por el uso excesivo de la fuerza realizado por la policía turca contra los participantes en la manifestación del 1 de mayo de 2008 en Estambul; reitera que la libertad de asociación y el funcionamiento pacífico de los sindicatos constituyen un derecho fundamental en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos;

34.

Subraya la importancia del acceso a la educación como clave para una sociedad coherente socialmente; alaba al Gobierno turco y a la sociedad civil por la campaña dirigida a aumentar la matriculación de niñas en las escuelas; señala, no obstante, la necesidad de velar por la inscripción de todos los niños y niñas en el registro al nacer y de mejorar el seguimiento y la observancia de la obligación de escolarización, con el fin de continuar reduciendo el número de niños sin escolarizar; alaba al Gobierno turco por los resultados positivos obtenidos en materia de reducción del trabajo infantil y le anima a que mantenga sus esfuerzos en este respecto;

35.

Expresa su preocupación ante el grado de corrupción; insta a las autoridades turcas a que elaboren una estrategia general anticorrupción con el fin de proseguir con eficacia la lucha contra la corrupción;

36.

Expresa su preocupación ante la gran magnitud de las disparidades en el nivel de desarrollo entre las regiones turcas y también entre las zonas rurales y urbanas; pide al Gobierno turco que presente una estrategia global para abordar estas disparidades; pide a la Comisión que, antes de finales de 2008, facilite al Parlamento información sobre la contribución de la UE a esta planificación estratégica en el marco del instrumento de preadhesión en 2007 y 2008;

37.

Insta, en este contexto, al Gobierno turco a que aplique normas europeas a proyectos con repercusiones importantes, como la construcción de presas en el valle del Munzur y las presas de Allianoi e Ilisu y la extracción de oro en Bergama y en otras regiones, que ponen en peligro tanto el patrimonio histórico como paisajes preciosos y únicos; pide al Gobierno turco que tome la legislación de la UE como orientación para la planificación de proyectos de desarrollo regional;

38.

Condena enérgicamente los actos violentos perpetrados por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y otros grupos terroristas en suelo turco; condena el ataque cometido en Diyarbakir en enero de 2008, en el que murieron seis personas y resultaron heridas más de 60, y expresa su sentido pésame a las familias de las víctimas de este crimen; reitera su solidaridad con Turquía en su lucha contra el terrorismo y pide una vez más al PKK que declare y respete un alto el fuego inmediato e incondicional;

39.

Reitera sus peticiones al Gobierno turco de que no emprenda operaciones militares desproporcionadas en violación del territorio de Iraq; insta a Turquía a que respete la integridad territorial de Iraq, los derechos humanos y el imperio de la ley y a que garantice que se evitan las víctimas civiles; insta al Gobierno turco y al Gobierno regional kurdo de Iraq a que no permitan que el territorio iraquí se utilice como base para actos terroristas contra Turquía; acoge con satisfacción la comunicación que tiene lugar entre los Gobiernos de Turquía e Iraq y pide además medidas para mejorar la coordinación con el Gobierno regional kurdo de Iraq, con el fin de hacer posible una prevención eficaz, bajo responsabilidad iraquí, de los atentados terroristas;

40.

Recuerda el compromiso turco de mantener relaciones de buena vecindad y destaca que espera que Turquía se abstenga de amenazar a países vecinos y que resuelva todos los litigios pendientes pacíficamente de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, otros convenios internacionales pertinentes y con los acuerdos y obligaciones bilaterales; pide a las autoridades turcas, en particular, que, en el espíritu de unas relaciones de buena vecindad, intensifiquen el diálogo con Grecia (por ejemplo, sobre la determinación de la plataforma continental del mar Egeo) y Bulgaria (por ejemplo, sobre el derecho de propiedad y la indemnización de los refugiados búlgaros de Tracia) con miras a resolver todas las cuestiones bilaterales pendientes;