11.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/1

1.1

El CESE acoge favorablemente la iniciativa de la Presidencia francesa. Asimismo, desearía mencionar la Recomendación del Consejo de 20 de noviembre de 2008 sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios en la Unión Europea (1). No obstante, a la vista de la gran variedad de sistemas existentes relativos a la participación activa de los jóvenes en la sociedad, la mejor manera de enfocar esta cuestión es sentar las bases de una iniciativa europea sobre un marco de las siguientes características:

1.2

Una participación activa en la sociedad, con inclusión de intercambios internacionales, resulta muy beneficiosa para el desarrollo personal, en particular de los jóvenes, así como para el avance de la sociedad civil organizada en Europa. Esta actividad brinda a los voluntarios una oportunidad única de aprendizaje formal e informal y les permite adquirir competencias sociales y lingüísticas. Asimismo, puede despertar en ellos un sentimiento de ciudadanía europea y consolidar su intención de mantener este compromiso en el futuro. La inclusión en el sistema de otros grupos de edad, como las personas mayores, permite aprovechar sus experiencias vitales. Esto repercute también positivamente en su salud y su calidad de vida. La actividad común de personas de distintos grupos de edad en el marco del voluntariado también puede ampliar el entendimiento entre generaciones.

1.3

El CESE considera que la Unión debe fijar unos ambiciosos objetivos encaminados a aumentar la participación de los ciudadanos en la sociedad civil. Un primer paso consistiría en seguir las recomendaciones que el CESE formuló en su anterior dictamen (2).

1.4

Por este motivo, el CESE desearía que los Estados miembros pongan en marcha una cooperación entre organizadores de actividades de voluntariado, en virtud de la cual se dote de una dimensión transnacional a las formas existentes de servicio de voluntariado.

1.5

La UE podría fomentar una iniciativa cívica europea (3) combinando políticas y actividades para la realización de programas de intercambio que no solo vayan destinados a los jóvenes. Uno de sus objetivos podría ser contribuir a la integración europea. El Comité considera que, lógicamente, la Unión Europea debería consagrar mayores recursos financieros a dichos programas. En un primer momento debería ser posible duplicar la tasa de participación actual en los intercambios de jóvenes y aumentar considerablemente la tasa de participación de otros grupos de edad.

1.6

El CESE considera que es necesario orientar en mayor medida esta acción a las personas desfavorecidas, y en particular a los jóvenes con menos oportunidades.

1.7

Para garantizar una mejora de la cooperación entre los programas nacionales y europeos existentes, sería fundamental reducir los obstáculos técnicos, así como las dificultades relativas a la cobertura de los seguros de salud y de accidente. A tal efecto, la Unión Europea podría examinar la posibilidad de crear un distintivo para los programas de intercambio que cumplen los requisitos de calidad fijados por ella. Independientemente del tipo de actividad de voluntariado, la calidad es esencial, y debe ser garantizada por los medios adecuados.

1.8

El Comité considera importante promover la presencia de terceros países de modo que esto contribuya a los trabajos de la UE para alcanzar los Objetivos del Milenio y a aplicar la política comunitaria de ayuda al desarrollo y humanitaria.

1.9

La UE ha de evaluar este ámbito iniciando y apoyando la investigación y desarrollando elementos estadísticos.

1.10

Por otra parte, hay que resolver cuestiones relativas a los seguros, la sanidad y la seguridad. Debería asegurarse que los voluntarios disfrutaran, durante su servicio, de una protección social adecuada, lo cual no resulta fácil cuando las disposiciones de seguridad social aplicables a los voluntarios transnacionales difieren de un país a otro. Por este motivo, el CESE alienta a la Comisión a que busque un enfoque común para estas cuestiones, y pide a los Estados miembros y las instituciones pertinentes que resuelvan estos aspectos esenciales.

1.11

El CESE es consciente de que esta cuestión requiere un seguimiento, por ejemplo una conferencia en la que participen todos los organismos nacionales de servicios, la Comisión Europea y las organizaciones no gubernamentales activas en el ámbito tanto de la juventud como del servicio voluntario, a fin de promover el desarrollo de una iniciativa cívica europea.

2.1

El CESE acoge con satisfacción la iniciativa de la Presidencia francesa de solicitar al CESE la elaboración de un dictamen exploratorio sobre «El servicio cívico europeo».

2.2

No obstante, dada la variedad de sistemas existentes actualmente para la participación activa de los jóvenes en la sociedad, ya sea a través del servicio cívico, el voluntariado u otro tipo de participación, cualquier iniciativa europea debe establecer un marco y una definición claros. El CESE considera que la mejor manera de abordar esta cuestión a nivel europeo es ir más allá del servicio cívico tradicional y basar la iniciativa europea en un marco de las características siguientes:

2.3

Podría denominársela «iniciativa cívica europea» y abarcar una amplia gama de tradiciones y prácticas de voluntariado, incluidos los servicios cívicos existentes en los diferentes Estados miembros.

2.4

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea ya contemplaba el intercambio de trabajadores jóvenes para promover y reforzar la solidaridad entre los pueblos de Europa.

2.5

En un dictamen anterior sobre el voluntariado (4), el CESE formuló una serie de recomendaciones, como las siguientes:

2.6

El CESE considera que, si bien se han hecho avances importantes, muchas de estas recomendaciones y propuestas aún no se han aplicado. En el presente dictamen, el CESE reitera la necesidad de llevar a la práctica las recomendaciones del dictamen anterior, así como de fijar unos objetivos más ambiciosos en relación con una forma específica de voluntariado: los servicios voluntarios.

2.7

El CESE cree que es necesaria una mayor participación de la sociedad civil en la integración europea. Una ambiciosa iniciativa cívica europea, abierta a todos los grupos de edad, podría contribuir a subsanar la falta de confianza entre los ciudadanos de a pie y la Unión Europea. Impulsar la ciudadanía activa de todos los ciudadanos es una contribución en favor de los principios comunitarios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, igualdad entre los hombres y las mujeres y no discriminación.

2.8

El CESE subraya la necesidad de una mayor participación en la sociedad civil, más activa, de todas las personas, pero en especial de los jóvenes y las personas desfavorecidas, a fin de fortalecer su sentido de la ciudadanía y la solidaridad. Asimismo, se necesita impulsar la cooperación entre los Estados miembros, la Comisión Europea y el CESE en este ámbito.

2.9

Las políticas de juventud y las actividades ciudadanas tienen su fundamento jurídico en los artículos 149 y 151 del Tratado en vigor, los cuales excluyen toda armonización de las disposiciones jurídicas pero brindan a la UE la posibilidad de fomentar la cooperación entre los Estados miembros y de promover los intercambios entre jóvenes. El Tratado de Lisboa amplía en cierta medida el alcance de las políticas de juventud, puesto que incorpora la participación de los jóvenes a la vida democrática europea.

2.10

En virtud del Tratado de Lisboa, tras su entrada en vigor y a fin de establecer un marco para que los jóvenes europeos puedan aportar contribuciones comunes a las acciones de ayuda humanitaria de la Unión, se creará un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria.

2.11

En la actualidad, las actividades de voluntariado se realizan principalmente a través del método abierto de coordinación, en el marco de los tres elementos prioritarios de las políticas de juventud de la Unión Europea, a saber:

2.12

Son varias las razones por las que conviene reflexionar sobre el incremento de la participación activa en la sociedad en Europa. La Unión Europea asume una responsabilidad mayor que cualquier otro continente en la consecución de los Objetivos del Milenio. Es uno de los principales donantes mundiales. Implicar a los ciudadanos europeos en los principales desafíos mundiales no sólo contribuirá a su propio desarrollo personal, sino que estimulará, además, el entendimiento mutuo y ayudará a establecer las redes que exige un mundo globalizado.

2.13

En ocasiones, los servicios civiles nacionales han constituido una alternativa al servicio militar. No obstante, la reducción progresiva del servicio militar obligatorio y el aumento de la profesionalización del ejército en los Estados miembros han conllevado una mengua de dichos servicios. Por otra parte, el desarrollo de los servicios de voluntariado juvenil también podría representar una opción atractiva para la integración de los jóvenes en la sociedad, tanto más en un momento de reducción del servicio militar o civil.

2.14

El voluntariado y otras iniciativas cívicas sociales despiertan cada vez mayor atención. En 2004, la Presidencia italiana invitó a los representantes de los Estados miembros de la UE, de los países en vías de adhesión y de la Comisión Europea a reunirse en Roma para celebrar la primera Conferencia europea sobre el servicio cívico de los jóvenes. En sus conclusiones, la presidencia italiana de la conferencia recomendaba, entre otras cosas:

3.1.1

El Servicio Voluntario Europeo (SVE) forma parte del programa «La juventud en acción», y acoge a voluntarios de dieciocho a treinta años, cuya estancia en el extranjero puede durar de dos a doce meses. Estos jóvenes pueden beneficiarse de una formación específica y su experiencia de aprendizaje queda reconocida formalmente en un «Youthpass» (pasaporte para la juventud). Entre 1996 y 2006, treinta mil voluntarios participaron en el Servicio Voluntario Europeo.

3.1.2

A partir de 2009 se incluye a las personas mayores en las formas institucionalizadas del voluntariado europeo, en el marco del programa Grundtvig. Aunque la escala de estos intercambios sea en principio reducida, cabe destacar el hecho de que la Comisión Europea está buscando maneras de apoyar el trabajo de voluntariado realizado por distintos grupos de edad. Además, las actividades realizadas en el marco del programa «Europa para los ciudadanos» de la CE crean posibilidades reales de intercambio de voluntarios de distintos países y diferentes grupos de edad.

3.1.3

Desde hace muchos años, miles de organizaciones activas en los países de la UE vienen realizando una cooperación bilateral, donde el intercambio de voluntarios es un elemento importante. Esta cooperación es descentralizada, pero no se dispone de datos que permitan constatar las dimensiones de este fenómeno. No obstante, si se tienen en cuenta solamente los intercambios efectuados por las organizaciones que poseen estructuras a nivel mundial, no cabe duda de que en ellos participa un número importante de europeos, sobre todo jóvenes.

3.1.4

El SVE se rige por una serie de valores centrales y normas de calidad, que se encuentran recogidos en su Carta. Con el fin de protegerlos y salvaguardarlos, se exige la previa acreditación de las organizaciones interesadas en enviar o acoger voluntarios del SVE o en coordinar un proyecto en este contexto.

3.1.5

El programa europeo Erasmus ha contribuido muy positivamente al aumento de la movilidad de los estudiantes universitarios y a la colaboración entre las instituciones de educación superior. Alrededor del 90 % de las universidades europeas colaboran en él y desde su comienzo en 1987 han participado 1,9 millones de estudiantes. El programa pretende ampliar aún más sus acciones de movilidad en el futuro, habiéndose fijado el objetivo de alcanzar 3 millones de estudiantes Erasmus para 2012.

3.1.6

El programa Leonardo da Vinci apoya la movilidad de quienes cursan una educación o formación profesional inicial, de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia y del personal docente especializado en educación y formación profesional.

3.2.1

El CESE reconoce la variedad de formas y tradiciones del servicio cívico y otras modalidades de voluntariado en los Estados miembros, que apuntan todas ellas a la ciudadanía activa, la solidaridad y el desarrollo social. El Comité destaca el papel y la contribución de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito del trabajo juvenil o del servicio voluntario. También es consciente de que no se dispone de mucha información para describir los programas de los Estados miembros relativos a los servicios cívicos o las actividades de voluntariado.

3.2.2

En algunos Estados miembros, como Alemania, Italia y Francia, ya se han puesto en funcionamiento diferentes servicios cívicos (de carácter obligatorio o voluntario) para jóvenes. Otros países están en curso de aplicar servicios de este tipo, o examinan la posibilidad de hacerlo.

4.1.1

Por consiguiente, el CESE acogería con satisfacción que los Estados miembros caracterizados por una fuerte tradición e intereses en este ámbito iniciaran una cooperación en virtud de la cual se dote de una dimensión transnacional a las formas existentes de servicio cívico/civil.

4.1.2

El CESE conviene en que la falta de acciones coordinadas de los sistemas nacionales y la escasez de información disponible limitan las posibilidades que ofrece el SVE, lo que resulta preocupante. El Comité también acoge con satisfacción los esfuerzos para que el SVE adquiera una mayor notoriedad, comparable a la del programa Erasmus.

4.2.1

El CESE considera que la Unión debe fijar unos ambiciosos objetivos encaminados a aumentar la participación de los ciudadanos en la sociedad civil. Un primer paso consistiría en seguir las recomendaciones que el CESE formuló en su anterior dictamen (véase el punto 2.5).

4.2.2

La UE debería promover una iniciativa cívica europea que combine políticas y actividades para la realización de programas de intercambio que no solo vayan principalmente destinados a los jóvenes, sino que tengan también un componente europeo más acusado. Los participantes deberían prestar parte de su servicio, en lo posible, en un país diferente al suyo. El Comité considera que la Unión Europea debería consagrar mayores recursos financieros a dichos programas.

4.2.3

En un primer momento, el objetivo debería ser duplicar la tasa de participación actual en los intercambios de jóvenes voluntarios. Este objetivo debería ser posible, teniendo en cuenta que hoy en día más de cien mil estudiantes participan en el programa Erasmus, mientras que son muy pocos los jóvenes europeos que participan en otros programas de intercambios juveniles en Europa. A largo plazo, estos programas podrían aspirar a alcanzar los niveles de participación del programa Erasmus.

4.2.4

El CESE considera necesario centrarse en mayor medida en los jóvenes desfavorecidos, que son los que más se beneficiarían de una participación en la sociedad civil, pero a menudo carecen de los medios financieros o de las cualificaciones educativas necesarios.

4.2.5

Una iniciativa de este tipo debería incluir también a grupos distintos de los jóvenes. Europa está envejeciendo, pero hoy en día las personas de edad avanzada son más activas que en otros tiempos y también desean desempeñar un papel más visible en la sociedad. La inclusión en el sistema de otros grupos, como las personas jubiladas, contribuiría al concepto de «envejecimiento activo», así como al estrechamiento de lazos entre nuevos grupos de ciudadanos de diferentes países. Además, este tipo de actividades permitiría a las personas de edad avanzada estar integrados en la vida social, aportar sus experiencias y sentirse útiles. Todo ello repercutiría positivamente en su salud y calidad de vida. Por otra parte, cuando jóvenes y mayores actúan juntos en actividades de voluntariado, ello permite fomentar el entendimiento entre generaciones, el intercambio de experiencias y el respaldo mutuo.

4.2.6

Es importante garantizar una mejor cooperación entre los programas nacionales y europeos existentes. Con ello se reducirían los obstáculos técnicos, como la falta de reconocimiento mutuo de las experiencias de servicio cívico y de las cualificaciones de los jóvenes o las cuestiones relativas a la cobertura de los seguros de salud y de accidente. A tal efecto, la Unión Europea debería crear un distintivo para los programas de intercambio que cumplen los requisitos de calidad fijados por ella.

4.2.7

El apoyo estatal desempeña hoy un importante papel para estimular el desarrollo de programas y garantizar la aplicación de unas normas de calidad. No obstante, ningún país sufraga la totalidad de los costes de los proyectos de voluntariado, especialmente cuando son transnacionales, por lo que a menudo se requieren fuentes privadas de financiación. Así pues, para fomentar los intercambios e instituir una iniciativa cívica europea, la UE debe aumentar sustancialmente el presupuesto comunitario destinado a las actividades de voluntariado, incluidos los intercambios, a fin de sufragar, por ejemplo, los gastos de coordinación, los incentivos y las subvenciones cruzadas entre países. Asimismo, el CESE alienta a los Estados miembros a que aumenten los fondos destinados a estas actividades.

4.2.8

El Comité considera importante promover la presencia de terceros países, de modo que los voluntarios puedan prestar servicios en el extranjero a la par que contribuyen a los trabajos de la UE para alcanzar los Objetivos del Milenio y a aplicar la política comunitaria de ayuda al desarrollo y humanitaria. Una iniciativa que fomente un marco más amplio y un mayor número de intercambios también debería estar coordinada con el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria previsto en el Tratado de Lisboa. A largo plazo, el Cuerpo debería incluir también a otros grupos que los jóvenes. En este marco, resulta importante asegurarse de que las políticas de visado de la UE no obstaculizan inútilmente este tipo de intercambios.

4.2.9

Por último, la UE ha de poner de relieve y evaluar este ámbito iniciando y apoyando la investigación y desarrollando el material estadístico. La cooperación entre los servicios cívicos existentes debe ser objeto de un debate más extenso, así como de un seguimiento y una supervisión, todo ello en el marco institucional apropiado.

4.3.1

La iniciativa cívica europea contribuiría a respaldar los valores tanto universales como comunitarios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos, además de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Por otra parte, también debería estar orientada a desarrollar las capacidades sociales y lingüísticas y la capacidad de entablar contactos, así como la construcción y el funcionamiento de la UE, y a adquirir e intercambiar experiencias. El deseo de adquirir conocimientos, de comprenderse mejor y de conocer mejor sus propias capacidades se cuentan entre las razones más frecuentes del compromiso de los jóvenes en el voluntariado, y contribuyen además a responder a los desafíos de la sociedad del conocimiento.

4.3.2

El CESE cree que existe un considerable margen para la cooperación transnacional y el intercambio de voluntarios en una gran variedad de ámbitos (como la inclusión social, las necesidades humanas, la infancia y la juventud, los deportes, la información, la protección del patrimonio, la cultura y el arte, el medio ambiente, la protección civil, etc.) que pueden impulsar la dimensión europea de la ciudadanía.

4.3.3

El CESE considera que la iniciativa cívica europea también podría reforzar la cooperación entre los Estados miembros, los países candidatos y los países beneficiarios del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) desde el punto de vista de la ciudadanía activa y el sentido de solidaridad.

4.3.4

Por otra parte, el servicio cívico permite a los voluntarios acumular una experiencia y unos conocimientos no formales importantes que son muy apreciados en el mercado laboral, además de constituir una red de contactos. Asimismo, el voluntariado les permite adquirir competencias y conocimientos clave en ámbitos como las relaciones públicas, las comunicaciones, la expresión personal, las capacidades sociales, la gestión y la formación profesional. De esta manera, el voluntariado puede constituir una parte importante del currículum y de la carrera profesional. No obstante, es necesario garantizar el reconocimiento de las actividades de voluntariado de los jóvenes, así como de sus necesidades de aprendizaje no formal.

4.3.5

Por otra parte, también se plantean desafíos. El primero de ellos es la ausencia de un estatuto jurídico del voluntario. La legislación de cada país define el estatuto y la organización de los voluntarios en su territorio y, en menor medida, en el extranjero. Sin embargo, ninguna legislación nacional confiere a los voluntarios del SVE, por ejemplo, un estatuto jurídico equiparable.

4.3.6

Por otra parte, hay que resolver cuestiones relativas a los seguros, la sanidad y la seguridad. Debería asegurarse que los voluntarios disfrutaran, durante su servicio, de una protección social adecuada, lo cual no resulta fácil cuando las disposiciones de seguridad social aplicables a los voluntarios transnacionales difieren de un país a otro. Por este motivo, el CESE alienta a la Comisión a que busque un enfoque común para estas cuestiones, y pide a los Estados miembros y las instituciones pertinentes a que resuelvan estos aspectos esenciales.

4.3.7

No deben escatimarse esfuerzos para evitar cualquier posible conflicto en cuanto a la diferencia entre empleo remunerado y voluntariado. Por este motivo, es imprescindible definir claramente las diferencias entre los trabajadores por cuenta ajena y los voluntarios, así como, cuando proceda, las responsabilidades de estos últimos. Las actividades de voluntariado no deben sustituir al empleo, y por este motivo la cooperación con los interlocutores sociales resulta fundamental.

5.1

La sociedad civil organizada constituye el ámbito principal en el que se desarrollan las actividades de voluntariado. Son muchas las organizaciones de la sociedad civil que participan ya en el SVE y en otros programas europeos. Las organizaciones de voluntariado deberían seguir desempeñando un papel fundamental, incluso en un programa ampliado de intercambio.

5.2

Es cierto que, con frecuencia, las organizaciones benéficas y de voluntariado prestan toda una serie de servicios sociales en Europa. Paralelamente, la participación en movimientos populares es, en muchos casos, cada vez menor. En este contexto, una iniciativa cívica europea podría contribuir tanto a aumentar la participación de los ciudadanos en la sociedad civil organizada como a aumentar las oportunidades de autodesarrollo. Revisar y abordar el papel y la posición de las organizaciones sin ánimo de lucro en la sociedad podría conducir a un cambio en las aportaciones concretas de estas organizaciones y a una sensibilización con respecto al valor añadido que ofrecen a la sociedad.

5.3

Asimismo, una iniciativa cívica europea podría contribuir a una sociedad civil más fuerte y más vibrante. Con ello se beneficiaría el capital social en términos de confianza, de menor corrupción y de participación en las asociaciones de voluntariado.

5.4

Con frecuencia, las organizaciones de la sociedad civil han tenido que hacer frente al problema de la acreditación de las organizaciones y la calidad de los periodos de intercambio. El CESE anima a la sociedad civil organizada, tanto a escala de los Estados miembros como de la Unión, a que coopere en la búsqueda de principios comunes en el ámbito de la acreditación y del desarrollo de criterios comunes de calidad adicionales. Sería conveniente que esta tarea se hiciera en cooperación con las administraciones públicas competentes.

5.5

El CESE considera que esta cuestión requiere un seguimiento, por ejemplo mediante una conferencia en la que participen todos los organismos nacionales de servicios, la Comisión Europea y las organizaciones no gubernamentales activas en el ámbito tanto del trabajo juvenil como del servicio voluntario, a fin de promover el desarrollo de un marco para una iniciativa cívica europea.

11.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/8

1.1

El presente dictamen tiene por objeto mejorar la cooperación y la transferencia de conocimientos entre los centros de investigación (Research Performing Organisations), la industria y las PYME, dado que esta cooperación desempeña un papel decisivo en el desarrollo de productos y procesos innovadores derivados de los resultados de la investigación científica.

1.2

El CESE recomienda informar sistemáticamente a los trabajadores de la industria y de las PYME sobre el rico acervo en materia de conocimientos y tecnología disponible en las universidades y centros de investigación de la UE y sobre la forma de establecer los contactos correspondientes. Por este motivo, el Comité recomienda a la Comisión que se esfuerce por lograr un sistema paneuropeo de búsqueda por Internet que integre y complete los sistemas de información existentes hasta la fecha, satisfaciendo así mejor que hasta ahora las necesidades especiales en materia de información.

1.3

El CESE apoya los esfuerzos encaminados a dar libre acceso por Internet a las publicaciones científicas. Estos esfuerzos, sin embargo, implican en general un mayor coste para los presupuestos públicos. Por ello habrá que tratar de establecer acuerdos de colaboración mutua entre los Estados miembros de la UE y con los países extracomunitarios. En todo caso, con la publicación de sus resultados los centros de investigación y sus científicos no deben ver limitada su libertad de elección del foro o la publicación más idóneos para la difusión y reconocimiento mundial de dichos resultados.

1.4

El CESE recomienda proseguir la reflexión sobre el libre acceso a los datos de las investigaciones, pero definiendo también los límites de esta actividad. No se trata de establecer el acceso prematuro a cualquier tipo de dato que surja en el proceso de investigación, incluidos los denominados datos brutos. El Comité recomienda que la Comisión proceda de forma prudente y gradual, con la participación de los investigadores afectados.

1.5

Teniendo en cuenta las distintas «culturas de trabajo» de los centros de investigación y de la industria, el CESE recomienda velar por un justo equilibrio entre los intereses en juego. Este equilibrio concierne al posible conflicto de intereses entre la temprana publicación de resultados y la necesaria confidencialidad, así como a los derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes.

1.6

El CESE, por consiguiente, acoge con satisfacción que entretanto la Comisión haya puntualizado que sus recomendaciones sobre el tratamiento de la propiedad intelectual, incluida la investigación por contrato, no pretendían interferir en la libertad de contratación entre los socios de la cooperación. Las recomendaciones de la Comisión deben servir de ayuda, pero nunca convertirse en un corsé.

1.7

El CESE reitera sus recomendaciones sobre una patente común europea, con un adecuado período de gracia (grace period) para el inventor que no perjudique el requisito de novedad.

1.8

En el desarrollo de las infraestructuras de investigación –como, por ejemplo, los aceleradores, las fuentes de radiación, los satélites, los instrumentos astronómicos terrestres o los reactores de fusión–, los centros de investigación no son básicamente proveedores de nuevos conocimientos, sino promotores y clientes. El CESE recomienda revisar las experiencias disponibles en materia de aplicación de las normas sobre ayudas, presupuesto, contratación y competencia vigentes en la UE y en los Estados miembros, con el fin de comprobar si se acomodan al objetivo de mantener y aprovechar del mejor modo posible las capacidades y conocimientos especializados adquiridos en la realización de dichos proyectos en beneficio de la competitividad europea, y también con vistas a los correspondientes proyectos de seguimiento posteriores, o si son necesarios nuevos planteamientos en materia de política industrial a este respecto.

2.1

El CESE ha publicado numerosos dictámenes (1) en materia de política de investigación, en los que ha puesto de relieve la importancia fundamental de una investigación y desarrollo lo suficientemente amplios para cumplir los objetivos de Lisboa y de Barcelona.

2.2

Un aspecto especialmente relevante de estas recomendaciones es el relativo a la cooperación entre los centros de investigación, incluidas las universidades (Public Research Organisations (PRO) o Research Performing Organisations), la industria y las PYME, así como a la transferencia de conocimientos necesaria para ello, con el fin de desarrollar procesos innovadores y productos comercializables. Para profundizar en dicho aspecto, el presente dictamen se centra en los temas señalados en los capítulos 3 a 5: (a) Publicaciones e informaciones, (b) Cooperación en el desarrollo de productos y procesos comercializables, y (c) Cooperación en el desarrollo de infraestructuras de investigación (2).

2.3

Estos temas afectan al equilibrio –y también a la oposición– entre cooperación y competencia. Por una parte, la cooperación es necesaria para mantener y reforzar la competitividad de la industria europea frente a los países no pertenecientes a la UE. Por otra parte, no se puede distorsionar la posición competitiva de las empresas europeas entre sí, aspecto regulado por las normas sobre ayudas de Estado que tratan de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior (legislación europea sobre ayudas).

2.4

El conflicto de intereses que esto provoca constituye el telón de fondo de las cuestiones y recomendaciones que se exponen a continuación, en particular las relativas a los derechos de propiedad intelectual y a la consiguiente problemática de la libre transmisión de la información.

2.5

El tema de la cooperación también ha sido abordado por la Comisión y por el Consejo. Esto se ha reflejado, entre otras cosas, en una Recomendación de la Comisión (3) sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y un código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación. La finalidad de estos instrumentos consiste en inducir a los Estados miembros y a los organismos de investigación a adoptar procedimientos uniformes. Sin embargo, precisamente estas recomendaciones, a pesar de lo razonable de la mayoría de sus objetivos y propuestas, han planteado a su vez nuevas dudas y preguntas entre los organismos afectados en torno al tratamiento de los derechos de propiedad intelectual en la investigación asociada y por contrato. En el presente Dictamen se tienen en cuenta tales preguntas y su clarificación ulterior por la Comisión.

—

La investigación tiene necesidad de divulgar sus resultados cuanto antes, con el fin de que los demás científicos y grupos de investigación tengan la posibilidad de verificarlos. Por otra parte, esto permite aprovechar las sinergias derivadas de una inmediata comunicación mutua dentro de la comunidad científica, especialmente cuando varios laboratorios colaboran en un programa común de investigación y desarrollo.

—

También los entes públicos deben exigir normalmente la pronta publicación de los resultados obtenidos en las investigaciones que hayan promovido, para garantizar que las ayudas y la competencia funcionen correctamente.

—

No obstante, en el caso de los resultados que comportan invenciones, también los organismos de investigación financiados con fondos públicos tienen que solicitar el registro de la patente antes de publicar dichos resultados, ya que de otro modo carecerían del requisito de novedad y no serían patentables. Este requisito, que también se aplica al acceso abierto, se destaca asimismo en la recomendación de la Comisión sobre la gestión de la propiedad intelectual (15).

—

Para eliminar el conflicto de intereses resultante de esta situación, el CESE ha recomendado reiteradamente que se introduzca en la legislación de los Estados miembros en materia de patentes, y en el futuro derecho de patentes comunitario, un período de gracia (grace period) para la publicación (16) que no perjudique el requisito de novedad.

—

Por otra parte, normalmente a las empresas les conviene, teniendo en cuenta su situación competitiva, tratar de forma confidencial los resultados del desarrollo de sus productos, como mínimo hasta disponer de un nuevo producto listo para salir al mercado o hasta que los correspondientes derechos de patente estén asegurados.

5.1

Nuevos horizontes tecnológicos – Ejemplares únicos. Además de la cooperación entre la investigación y la industria abordada arriba, existe otra categoría igualmente importante, en la que los centros de investigación no actúan principalmente como proveedores de nuevos conocimientos destinados al desarrollo de productos (o procesos) innovadores en serie, sino como promotores y clientes. Es lo que ocurre sobre todo con el desarrollo de infraestructuras de investigación innovadoras, como, por ejemplo, los aceleradores, las fuentes de radiación, los satélites, los instrumentos astronómicos terrestres o los reactores de fusión. En estos casos, la industria desarrolla y fabrica importantes componentes individuales innovadores, a menudo como consecuencia de proyectos de desarrollo previos.

5.2

Especialización y riesgo. Este campo generador de innovación presupone la presencia en las empresas de trabajadores especializados con la máxima capacitación, así como la disposición de los empresarios a asumir riesgos ante posibles fracasos. En efecto, el rendimiento económico inmediato suele ser escaso, dado que en este tipo de productos se trata casi siempre de ejemplares únicos, y que las empresas suelen subestimar los esfuerzos necesarios, ya que por lo general se ven forzadas a traspasar ampliamente las fronteras de los conocimientos técnicos disponibles.

5.3

Mecanismo impulsor del progreso técnico. Aunque los proyectos de este tipo generan en las empresas en cuestión un incremento notable de sus capacidades tecnológicas avanzadas –lo que mejora a largo plazo su competitividad en las áreas conexas y fomenta el progreso técnico en general–, las empresas suelen tropezar con dificultades para mantener su capacidad de trabajo en la especialidad correspondiente cuando no se prevén pedidos inmediatos, lo cual incluye a los colaboradores e ingenieros, cuya dedicación a los procesos de desarrollo y fabricación de productos en serie resulta mucho más rentable.

5.4

Aplicación de las normas sobre competencia y sobre contratación. La aplicación de las normas actuales sobre competencia y contratación puede complicar la situación, entre otras razones porque no se permite sin más que la empresa que ha realizado el proyecto de desarrollo reciba automáticamente el contrato de fabricación. Esto puede suponer que dicho contrato se adjudique a otra empresa con menos experiencia, la cual, precisamente por ello, subestime las dificultades y presente una oferta más atractiva económicamente. Este problema ha llevado incluso a que algunas empresas no presenten ofertas para este tipo de proyectos o no acepten la adjudicación de los mismos. Tampoco el instrumento de la «contratación precomercial» (23) aborda de manera suficiente el problema descrito, ya que después no se generan productos en serie.

5.5

Estado del problema y búsqueda de soluciones. Tampoco el CESE puede recomendar a este respecto una solución ideal. No obstante, quiere llamar la atención sobre un problema grave que no sólo encarece y retrasa estos grandes proyectos, sino que tampoco permite aprovechar de manera óptima las capacidades y experiencias adquiridas, porque a menudo se consiente su pérdida. Por ello, recomienda que la Comisión convoque un grupo de expertos de alto nivel (24) para analizar las experiencias acumuladas. Este grupo podría determinar si la actual legislación en materia de ayudas de Estado, presupuesto, competencia y contratación y su aplicación práctica tiene en cuenta suficientemente esta particular situación, o si son necesarios instrumentos innovadores en una política industrial en esta materia.

5.6

ITER. El CESE tiene la impresión de que la Comisión es plenamente consciente del problema que existe, por ejemplo, con el proyecto internacional ITER, y que en este sentido ya se han adoptado las correspondientes medidas orientadas a la participación de la industria. El mismo procedimiento debería aplicarse también, en la medida de lo posible, a los requisitos de las infraestructuras de investigación de nueva creación (Lista del ESFRI).

—

Séptimo Programa Marco de I+D (INT/269, CESE 1484/2005 – DO C 65/9, 17.3.2006)

—

Nanociencias y nanotecnologías (INT/277, CESE 582/2006 – DO C 185/1, 8.8.2006)

—

Evaluación quinquenal de las actividades de investigación comunitarias (1999-2003) (INT/286, CESE 729/2006 – DO C 195/1, 18.8.2006)

—

Programas específicos de IDT (INT/292, CESE 583/2006 – DO C 185/10, 8.8.2006)

—

Investigación e innovación (INT/294, CESE 950/2006 – DO C 309/10, 16.12.2006)

—

Participación de las empresas – Aplicación del Séptimo Programa Marco (2007-2013) (INT/309, CESE 956/2006 – DO C 309/35, 16.12.2006)

—

Participación de las empresas – Aplicación del Séptimo Programa Marco 2007-2011 (Euratom) (INT/314, CESE 957/2006 – DO C 309/41, 16.12.2006)

—

La inversión en conocimiento e innovación (Estrategia de Lisboa) (INT/325, CESE 983/2007 – DO C 256/17 de 27.10.2007)

—

Liberar y aumentar el potencial de Europa para la investigación, el desarrollo y la innovación (INT/326, CESE 1566/2006 – DO C 325/16, 30.12.2006)

—

Instituto Europeo de Tecnología (INT/335, CESE 410/2007 – DO C 161/28, 13.7.2007)

—

Libro verde – El Espacio Europeo de Investigación – Nuevas perspectivas (INT/358, CESE 1440/2007 – DO C 44/1, 16.2.2008)

—

Iniciativa sobre medicamentos innovadores / Creación de empresa común (INT/363, CESE 1441/2007 – DO C 44/11, 16.2.2008)

—

Iniciativa tecnológica sobre sistemas de computación empotrados / Creación de empresa común (ARTEMIS) (INT/364, CESE 1442/2007 – DO C 44/15, 16.2.2008)

—

Constitución de la empresa común «Clean Sky» (INT/369, CESE 1443/2007 – DO C 44/19, 16.2.2008)

—

Creación de la empresa común ITC-ENIAC (INT/370, CESE 1444/2007 – DO C 44/22, 16.2.2008)

—

Programa de investigación y desarrollo para las PYME (INT/379, CESE 977/2008 – DO C 224/18, 30.8.2008)

—

Regiones europeas competitivas gracias a la investigación y la innovación (INT/383, CESE 751/2008 – DO C 211/1, 19.8.2008)

—

Empresa Común – Pilas de Combustible e Hidrógeno (INT/386, CESE 484/2008 – DO C 204/19, 9.8.2008)

—

Asociación europea para los investigadores (INT/435, CESE 1908/2008 – Pendiente de publicación en el Diario Oficial)

—

Marco jurídico comunitario para las infraestructuras de investigación europeas INT/ 450, CESE 40/2009 – Pendiente de publicación en el Diario Oficial)

11.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/15

1.1

El CESE se muestra convencido de la importancia de garantizar la plena operatividad del principio de libre circulación de mercancías, previsto en el Tratado y perfeccionado mediante el marco común presentado en julio de 2008 y los posteriores reglamentos sectoriales, para que los productos legalmente comercializados en un Estado miembro puedan serlo, sin ninguna dificultad, en todo el territorio de la UE con garantías en materia de seguridad, salud y protección medioambiental durante todo el ciclo de vida del producto, desde su diseño hasta el tratamiento de los residuos.

1.2

El CESE apoya la iniciativa de la Comisión de revisar las disposiciones recogidas en la Directiva 89/106/CEE sobre los productos de construcción, conocida como DPC, para adecuarlas a las exigencias actuales, actualizarlas y establecer un marco normativo europeo seguro e inequívoco.

1.3

El CESE está convencido de que es indispensable asociar, a partir de la fase de diseño, la calidad del medio ambiente al conjunto de las condiciones tipológicas y morfológicas de los complejos de viviendas y edificios; es preciso ahorrar en el uso de los recursos naturales, mejorar el bienestar en las condiciones de alojamiento de las personas, así como dar mayor responsabilidad respecto de los procedimientos, procesos y técnicas con el fin de cumplir los requisitos de calidad y seguridad para los trabajadores y los consumidores finales.

1.4

El CESE considera que debe reforzarse el sistema europeo de normalización de los productos de construcción mediante el apoyo a los organismos de normalización y la incorporación a la legislación de los aspectos sobre la seguridad en el trabajo, la utilización de las construcciones y su demolición.

1.5

El CESE considera que el extraordinario potencial de los productos innovadores para la construcción, en cuanto a reducción de los efectos negativos del cambio climático y calidad del alojamiento, debe formar parte de la cultura de los técnicos, las empresas de construcción y los usuarios, para poder contribuir de forma concreta y eficaz al respeto del medio ambiente y al ahorro de energía.

1.6

El Comité reitera que la libre circulación de bienes debe constituir un motor esencial de la competitividad y el desarrollo económico y social del mercado único europeo y que el refuerzo y la modernización de los requisitos de comercialización de productos sanos y seguros son una garantía de calidad para los ciudadanos europeos y los agentes del sector.

1.7

El CESE considera importante que se garantice un marco reglamentario europeo armonizado para la comercialización y la fabricación de los productos de construcción en el mercado único europeo (EEE).

1.8

El CESE concede mucha importancia a la necesidad de restituir la credibilidad del marcado CE y la calidad del sistema de acreditación de los organismos notificados. Es conveniente desarrollar un marco jurídico que garantice la coherencia, comparabilidad y coordinación del sistema descentralizado, la efectividad y eficacia de la supervisión del mercado, así como unas definiciones y procedimientos unívocos y simplificados.

1.9

El CESE recomienda que se asignen recursos financieros adecuados para apoyar los programas comunitarios de formación e información, destinados a todos los agentes públicos y privados interesados –especialmente con campañas de formación de los formadores–, así como un programa de acompañamiento y supervisión de su aplicación.

1.10

El CESE considera esencial la normativa sobre los procedimientos que responden a un compromiso preciso de simplificación, sobre todo, para las PYME y las microempresas, con un acceso simplificado al sistema de marcado CE y la activación de Solvit (1) en los puntos nacionales de contacto de productos (PCP), de modo que puedan solucionar fácilmente sus problemas.

1.11

El CESE considera conveniente que las nuevas normas y los anexos técnicos vayan acompañados de guías técnicas sobre el desarrollo de los requisitos básicos para las actividades vinculadas al uso de materiales primarios o secundarios ecológicos y para los productos innovadores.

1.12

El CESE defiende la necesidad de una aplicación específica del sistema comunitario de intercambio rápido de alarma y de información RAPEX al sector de los productos de construcción y considera importante que las infracciones y los fraudes comprobados se publiquen en el Diario Oficial de la UE y en un portal Web europeo para los productos de construcción.

1.13

El Comité considera que los plazos de aplicación del Reglamento, para que esta sea completa y eficaz, son demasiado cortos y deben ser evaluados teniendo en cuenta las necesidades de formación e información para «metabolizar» los cambios impuestos.

1.14

Por último, el CESE pide a la Comisión que presente al Parlamento, al Consejo y al CESE un informe bienal sobre la aplicación del Reglamento, que incluya un capítulo dedicado a los requisitos de salubridad y seguridad de los productos de construcción y a las infracciones y los fraudes registrados al respecto.

3.1

El Reglamento propuesto tiene por objetivo garantizar una información fiable y exacta sobre el rendimiento de los productos de construcción en todo el mercado interior europeo (EEE) mediante:

4.1

El CESE apoya la iniciativa de adecuar la legislación comunitaria sobre el tema, actualizar el contenido y establecer un marco normativo y reglamentario europeo seguro e inequívoco, claro, transparente y equilibrado para todos los agentes públicos y privados del mercado interior europeo, con un lenguaje común propio, especificaciones técnicas armonizadas (normas europeas armonizadas y Documentos de Evaluación Europeos (DEE)) y requisitos básicos de las obras (RBO), que integre plenamente los imperativos del desarrollo sostenible, el derecho de los ciudadanos a la salud y el uso sostenible de los recursos naturales, además de simplificar los procedimientos para las PYME.

4.2

La Comisión considera que el sector de la construcción constituye un mercado europeo de vanguardia, pero que presenta una «insuficiente coordinación de la normativa, no sólo a escala de la UE (…)». Este aspecto, «junto con una estructura empresarial predominantemente local, producen una carga administrativa considerable y una gran fragmentación del mercado de la construcción sostenible» (8).

4.3

El CESE considera que, en la revisión de la DPC y su transformación en Reglamento, deberían tenerse en cuenta especialmente los siguientes parámetros fundamentales:

4.4

El Comité se muestra de acuerdo con la necesidad de mejorar la calidad del sistema de acreditación de los organismos notificados y establecer unos criterios más rigurosos de designación, gestión y supervisión de tales organismos, de conformidad con la normativa general sobre este tema que se establece en la Decisión no 768/2008/CE y el Reglamento (CE) no 765/2008 de 9 de julio de 2008.

4.5

El sistema de vigilancia del mercado, en vista de la creciente globalización, debe garantizar un marco normativo común con vistas a una aplicación eficaz y coherente de la legislación en todo el territorio comunitario y los Estados miembros deben garantizar recursos adecuados para la realización de estas tareas. En todo caso, debe fijarse de forma explícita la obligación de los Estados miembros de designar un organismo en el que puedan presentarse reclamaciones y que sea accesible al público.

4.6

El CESE considera que debe establecerse una atribución clara e individual de las responsabilidades de los distintos agentes, garantizando la plena trazabilidad de los productos, especialmente respecto de la funcionalidad de los materiales de construcción durante todo su ciclo de vida, la seguridad y la salubridad –sobre todo, la seguridad de los trabajadores y de los usuarios finales–, así como la protección integrada del entorno de alojamiento y uso en general.

4.7

Se trata de recuperar la confianza en los marcados de conformidad. Debe recuperarse el valor intrínseco del marcado CE, así como reforzar las posibilidades de perseguir las infracciones y de garantizar la protección jurídica. El CESE destaca que el paso al nuevo régimen de marcado CE implicará costes para las empresas e inversiones iniciales considerables de las autoridades públicas en las infraestructuras de normalización y vigilancia, en particular para lograr que los organismos notificados alcancen el nivel de excelencia.

4.8

El CESE considera que el refuerzo del sistema europeo de normalización de los productos de construcción debe completarse con una mayor promoción de la elaboración y aplicación de normas internacionales, con el fin de facilitar el acceso a los mercados y al comercio internacional y conferir una dimensión mundial a los mercados de materiales de construcción.

4.9

El CESE recomienda la fijación de plazos de aplicación más adecuados que los de la propuesta, debido a la necesidad de una información amplia y extensa, pero también a los indispensables períodos de adaptación a los cambios de metodología, procedimientos y comportamiento para la transición de la DPC al Reglamento.

4.10

El CESE estima esencial prever recursos financieros adecuados para apoyar los programas comunitarios de formación, información, acompañamiento y supervisión de la aplicación, destinados a todos los agentes públicos y privados interesados.

4.11

El CESE recomienda que las nuevas normas y anexos técnicos vayan acompañados de guías técnicas sobre el desarrollo de los requisitos básicos de las obras con el fin de:

—

uno dedicado a la comunicación, la información y la formación para el desarrollo de una cultura amplia sobre la construcción sostenible;

—

otro dedicado al ahorro energético, el uso sostenible de los recursos naturales y la salud, la higiene y la seguridad durante todo el ciclo de vida del producto –desde su diseño hasta la demolición, cuyos requisitos básicos figuran en el anexo 1 pero que, a juicio del CESE, deben mencionarse de forma explícita en el texto del Reglamento.

11.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/21

1.1

El CESE considera que el desarrollo responsable de las nanociencias y los nanomateriales (N+N) es la punta de lanza europea para afrontar el desafío del progreso económico y social a escala mundial.

1.2

El CESE destaca la necesidad de un desarrollo acelerado de las aplicaciones industriales y multisectoriales de las nanotecnologías, en estrecho paralelismo con:

1.3

El CESE suscribe los principios enunciados en el código de conducta sobre las nanotecnologías, y considera que también pueden aplicarse a la revisión del marco jurídico europeo relativo a las N+N.

1.4

El CESE manifiesta su preocupación por la lentitud de los progresos registrados en las aplicaciones comerciales de las nanotecnologías y en la investigación sobre los efectos de los nanomateriales en el medio ambiente, la salud y desde el punto de vista toxicológico.

1.5

El CESE está convencido de que la complejidad, la rápida evolución y la transversalidad científica de las nanotecnologías requieren un enfoque multidisciplinario, sobre todo en el ámbito de los riesgos, en un marco reglamentario, ético y social. Este enfoque es imprescindible para ofrecer soluciones aceptables respecto de la gestión de los riesgos, basadas en datos fiables, completos y responsables.

1.6

Un sistema óptimo de gobernanza debe respetar un equilibrio entre los múltiples aspectos del desarrollo responsable de los nanomateriales. El CESE recomienda, pues, que el Observatorio europeo de las nanotecnologías se convierta en una estructura permanente, para que pueda proporcionar análisis basados en datos científicos y económicos fiables y examinar su impacto en la sociedad y los posibles riesgos para el medio ambiente, la salud y la seguridad, en colaboración con las demás agencias europeas interesadas.

1.7

El CESE considera necesario adoptar un marco normativo de referencia integrado, además de un sistema de gobernanza, con el objetivo de responder de manera clara y fiable a las necesidades emergentes, especialmente en materia de métodos comunes de clasificación, metrología y pruebas de validación de los protocolos existentes y de los protocolos nuevos, así como de investigación prenormativa y conormativa.

1.8

Para el CESE, se impone llevar a cabo una acción decidida en materia de educación y formación interdisciplinaria, integrando en este esfuerzo, con ayuda de infraestructuras de excelencia, la evaluación y prevención de riesgos.

1.9

El CESE considera importante desarrollar una acción europea de comparación de resultados de las iniciativas anunciadas en materia de evaluación y prevención de riesgos en Europa, Estados Unidos y Japón, así como en las economías emergentes.

1.10

Opina, asimismo, que conviene apoyar los trabajos europeos de normalización técnica y reglamentaria del CEN, CENELEC y ETSI, en particular, mediante mandatos de la Comisión claros y transparentes, que deberán proyectarse a nivel internacional en los trabajos del Comité ISO/TC 229, facilitando así la seguridad de los intercambios mundiales de nanotecnologías, nanoproductos y sistemas más complejos que integren N+N.

1.11

El CESE recomienda reforzar el diálogo estructurado con la sociedad civil, sobre bases seguras y transparentes, para que Europa se exprese con una sola voz en este ámbito vital para nuestro futuro en el contexto internacional.

1.12

El CESE pide que en el informe de 2009 sobre el Plan de acción se dedique un capítulo específico a:

2.1

En los últimos años, la Comisión se ha convertido en el principal organismo de financiación pública en el ámbito de las N+N: con el 6o Programa Marco, aportó 1400 millones de euros para financiar acciones de IDT+D, mientras que durante el primer año del 7o Programa Marco 2007-2013 se asignaron cerca de 600 millones de euros, de los cuales 28 millones para la investigación relativa a la seguridad de las N+N, lo que representa una cantidad total destinada a este ámbito de casi 80 millones de euros (1).

2.2

Se han constituido varias plataformas tecnológicas europeas dedicadas a las aplicaciones de las nanotecnologías, como la nanoelectrónica (ENIAC), la de nanomedicina y la de química sostenible.

2.3

A nivel mundial, el gasto público y privado global en el ámbito de las N+N alcanzó durante el período 2004-2006 los 24 000 millones de euros. Más de un cuarto de esta cifra procedía de Europa, y, de este porcentaje, el 5-6 % (2) de fondos de la Comisión.

2.4

Las disposiciones del 7o Programa Marco de IDT+D 2007–2013 (3) relativas a las N+N prescriben el respeto de los aspectos éticos fundamentales, cuyos principios se recogen en la Carta de los Derechos Fundamentales.

2.5

En cuanto al informe sobre el tercer diálogo internacional para una I+D responsable en el ámbito de las nanotecnologías, puso de relieve el compromiso contraído en los siguientes ámbitos:

2.6

El compromiso de una serie de organizaciones a nivel internacional se ha puesto de manifiesto, en particular, en las siguientes iniciativas:

2.7

En el informe sobre las nanociencias y nanotecnologías de la Real Sociedad británica (4), se afirma que mientras no se tenga más información sobre el impacto medioambiental de las nanopartículas y los nanotubos, se recomienda evitar, en la medida de lo posible, la liberación en el medio ambiente de nanotubos y nanopartículas fabricados.

2.8

Los recubrimientos autolimpiadores que limitan la utilización de detergentes, los agentes descontaminantes para eliminar el óxido de nitrógeno en el aire, las células fotovoltaicas de nueva generación, los materiales aislantes térmicos, los sistemas de captura del CO2, los nanofiltros para el aire y el agua, así como numerosas aplicaciones en el diagnóstico médico y en determinadas terapias no invasivas, están ya presentes en forma de nanomateriales en numerosos objetos de uso común (5).

2.9

El problema radica, en particular, en la necesidad de adaptar los protocolos de evaluación de los riesgos de toxicidad, a corto y largo plazo, a los nanomateriales y a los fenómenos de acumulación y combinación con otras sustancias en el ecosistema, en los tejidos orgánicos y en el hombre.

2.10

Las normas y los controles de evaluación de riesgos en entornos complejos pueden variar entre «in vitro» e «in situ», y la investigación en este ámbito (6) debería ir más allá de los productos de protección convencionales: filtros, cartuchos respiratorios, prendas de vestir de protección, guantes, objetos todos ellos probados con nanopartículas de grafito de 10 a 50 nanómetros.

2.11

Como destaca la Comisión, y como ha subrayado ya el CESE en varias ocasiones, «el enfoque “integrado, seguro y responsable” se ha convertido en el elemento central de la política de la UE en relación con las nanotecnologías». Éstas tienen un ámbito de aplicación especialmente extenso y ramificado, que requiere una amplia visión de conjunto para determinar y explotar los puntos de convergencia e interdependencia en esta disciplina, que se extiende de la física nuclear a la tecnología de plasmas, de la nanomecánica a la fabricación textil.

2.12

Dado que los nanoprocesos se desarrollan en una dimensión nanoscópica (10-9), muy difícil de imaginar para los no expertos, los nanomateriales requieren entablar desde el principio un diálogo constructivo con los consumidores, con el fin de definir y evitar los riesgos, así como de disipar posibles temores no fundados.

2.13

El CESE ha destacado ya la necesidad de «acelerar el desarrollo de aplicaciones industriales y multisectoriales, así como del marco económico y social, jurídico, fiscal y financiero en el que deben inscribirse las iniciativas de nuevas empresas y de profesiones innovadoras» y de «garantizar los aspectos éticos, medioambientales, de salud y seguridad durante todo el ciclo de vida de las aplicaciones científicas» (7).

2.14

En otro dictamen más reciente (8), el CESE ha indicado que era necesario «un diálogo visible y transparente con la sociedad civil que garantice su concienciación al respecto, sobre la base de valoraciones objetivas de los riesgos y las oportunidades de las N+N», y «una atención constante a la salvaguardia de los aspectos éticos y medioambientales, así como de los relativos a la salud y la seguridad de los trabajadores y de los consumidores».

2.15

En 2008, la Comisión aprobó una Recomendación (9) relativa a la investigación responsable en los sectores de las N+N, en la que proponía un código de conducta basado en siete principios:

—   sentido: las actividades de investigación sobre N+N deben ser comprensibles para el público, respetar los derechos fundamentales y llevarse a cabo en interés del bienestar de las personas y de la sociedad;

—   sostenibilidad: el respeto de los principios éticos y de desarrollo sostenible requiere que las actividades de investigación en el ámbito de las N+N no resulten perjudiciales para el medio ambiente, las personas, los animales ni los vegetales;

—   precaución: respeto del principio de precaución (10) para evitar posibles impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente;

—   participación: transparencia, respeto al derecho legítimo de acceso a la información, apertura a todas las partes interesadas;

—   excelencia: adopción de los mejores patrones científicos, incluidos los que fundamentan la integridad de la investigación y los relacionados con las buenas prácticas de laboratorio (11);

—   innovación: la gobernanza de las actividades de investigación sobre N+N debe fomentar la máxima creatividad, flexibilidad y capacidad de planificación para el crecimiento y la innovación;

—   rendición de cuentas: los investigadores y las organizaciones de investigación deben rendir cuentas por los impactos sociales, ambientales y sobre la salud humana que su investigación sobre N+N pueda tener para las generaciones presentes y futuras.

La Recomendación prevé que los Estados miembros presenten cada año un informe sobre los resultados de la aplicación de dicho código y las buenas prácticas seguidas.

2.16

El CESE suscribe los principios enunciados en el código de conducta y considera que también pueden aplicarse a la revisión del marco normativo europeo relativo a las N+N.

2.17

El CESE manifiesta su preocupación por la lentitud de los progresos registrados en las aplicaciones comerciales de las nanotecnologías y en la investigación sobre los efectos de los nanomateriales en el medio ambiente, la salud y desde el punto de vista toxicológico.

2.18

Aunque en la actualidad el nivel de riesgo relativo a la exposición de los trabajadores y los ciudadanos parece aún limitado, el CESE considera imprescindible reforzar los instrumentos de diálogo con el mundo de la investigación y la industria, al objeto de incorporar estos elementos –en igualdad de condiciones con los recursos humanos y financieros– en todas las investigaciones y aplicaciones sobre los nanomateriales, desde el momento de su diseño.

2.19

El CESE destaca que el gran número de disciplinas y sectores interesados corresponde a una multiplicidad de instrumentos jurídicos y normativos comunitarios pertinentes (más de 90), por lo que su complejidad puede poner en entredicho la gran transparencia de las disposiciones comunitarias y su claridad para los ciudadanos y consumidores.

2.20

Un esfuerzo de divulgación jurídica, el desarrollo de un sitio Web interactivo y de democracia participativa con las organizaciones de la sociedad civil, así como la difusión de guías de buenas prácticas permitirían facilitar la comprensión del marco normativo, especialmente para las PYME, los consumidores y los ciudadanos.

2.21

Un sistema óptimo de gobernanza debe estar en condiciones de mantener un equilibrio entre los múltiples aspectos del desarrollo responsable de los nanomateriales. El CESE recomienda crear una estructura permanente de referencia, sobre la base, en particular, de los resultados del Observatorio europeo de las nanotecnologías, lanzado en 2008 como proyecto financiado por la UE (12), cuyo objetivo sería proporcionar análisis fiables, completos y responsables sobre una base científica y económica, examinar las cuestiones éticas, prever los posibles riesgos para el medio ambiente, la salud y la seguridad, y desarrollar nuevas normas.

2.22

El CESE está convencido de que la complejidad, la rápida evolución y la transversalidad científica de las nanotecnologías requieren un enfoque multidisciplinario (reglamentario, ético y social), imprescindible para ofrecer soluciones fiables respecto de la gestión de los riesgos, basadas en análisis serios, completos y responsables, organizando, documentando y comunicando con exactitud información completa sobre los nanomateriales fabricados.

3.1

La Comisión considera que es necesario, en particular:

4.1

El CESE considera que un desarrollo responsable de las N+N, que es la punta de lanza europea para afrontar el desafío del progreso económico y social a escala mundial, requiere abordar este proceso desde el principio mediante un enfoque multidisciplinario, que permita mantener un diálogo permanente con la sociedad civil, con vistas a su aceptación.

4.2

Aunque aprecia el esfuerzo de análisis realizado por la Comisión respecto de la multiplicidad de medidas comunitarias existentes, el CESE considera que hay que ir más lejos y elaborar un marco coherente que proporcione una base transparente y de fácil acceso, necesaria para mantener un diálogo estructurado con la sociedad civil, que el CESE ha reclamado ya en varias ocasiones (13).

4.3

A juicio del CESE, es preciso desarrollar prospectivas sobre la evaluación del riesgo nanotecnológico, así como un marco normativo de referencia integrado y un sistema de gobernanza a nivel internacional, para aportar respuestas claras, fiables y completas y evaluar su impacto en las cuestiones éticas, así como los posibles riesgos para el medio ambiente, la salud y la seguridad de los ciudadanos, junto a su posible evolución.

4.4

El CESE pide, por tanto, que se siga desarrollando la iniciativa comunitaria dirigida a:

4.5

Por último, el CESE pide que en el informe de 2009 previsto por el Plan de acción 2005-2009 se dedique un capítulo a los progresos realizados en los aspectos reglamentarios de evaluación y prevención de riesgos, la eficacia de los protocolos de ensayo y los progresos registrados en este ámbito, así como las nuevas prioridades de acción.

11.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/27

1.1

El CESE, de forma reiterada, ha solicitado la simplificación del acervo legislativo comunitario. De hecho, la superposición de normas modificadas a lo largo de su vigencia ha creado dificultades en su aplicación, e incluso, en muchos casos, un exceso de burocracia que limita la fluidez de las instituciones reguladas.

1.2

No obstante, también se ha pronunciado, para que este proceso de simplificación no suponga una desregularización ni una reducción de la seguridad jurídica, que debe operar en cualquier ámbito europeo.

1.3

La regulación jurídica del mercado interior y la relación entre los operadores económico-sociales europeos han permitido, por un lado, armonizar las distintas legislaciones, y, por otro, hacer posible la libre circulación de personas y capitales, sin que se produzca una merma de los derechos y obligaciones de las partes que intervienen.

1.4

Por este motivo, y teniendo en cuenta las consecuencias que ha tenido la falta de regulación y de transparencia de alguna de las instituciones clave del mercado interior, proponemos que la Comisión valore si las modificaciones de simplificación propuestas solo van a tener efectos positivos, la reducción de costes económicos, o, si por el contrario, pueden originar efectos en la seguridad jurídica de las operaciones de concentración, mediante las fusiones o escisiones.

1.5

En este sentido, el CESE entiende que deberían separarse de forma clara las normas que regulan las PYME europeas, mayoritarias como organización empresarial en el mercado interior europeo, de las que se aplican a las grandes corporaciones, especialmente las que se financian a través de los mercados bursátiles. De hecho, la exigencia de unanimidad para muchas de las disposiciones propuestas puede entenderse como referida a las sociedades de capital de menor y medio tamaño, ya que en otro caso seria impensable.

1.6

Mientras esta separación no se realice, deberían mantenerse las normas garantistas, no solo para los accionistas, sino también para los acreedores y trabajadores, y buscar medidas de apoyo para las PYME que les haga menos gravoso económicamente el cumplimiento de la legislación vigente

2.1

Una de las preocupaciones de la Comisión respecto al mercado interior ha sido establecer un proceso de simplificación de las normas comunitarias, especialmente las referidas a las cargas administrativas que recaen sobre las empresas europeas; se tiene en cuenta que la mayoría de estas empresas son PYME, y en consecuencia muchas de las obligaciones que contienen las Directivas societarias están pensadas para las grandes sociedades de capital, que captan fondos en el mercado bursátil.

2.2

En el Consejo de primavera de 2007 (1) se aprobó el programa de acción para la simplificación y la reducción de cargas administrativas que innecesariamente dificulten la actividad económica de las empresas. Se fijo el objetivo de reducción de dichas cargas administrativas en un 25 % para 2012.

2.3

Dentro del Derecho de sociedades ya se han realizado propuestas de simplificación en dos ámbitos, en el derecho material, en la llamada 1a Directiva de constitución de sociedades anónimas (2) y 2a Directiva de constitución y modificación de capital social (3), así como las de derecho instrumental (4) especialmente a las normas contables, así como los requisitos de información de las sociedades cotizadas.

2.4

De las Directivas, cuya modificación se propone ahora, dos ya han sido objeto de propuestas de simplificación: la 3a Directiva, referida a las fusiones, y la 6a Directiva que regula las escisiones (5) en un tema de gran importancia, la intervención de peritos independientes en los casos de fusión y escisión de SA. El CESE se pronunció (6) de forma critica al considerar que la falta de un criterio objetivo y externo a la sociedad podía perjudicar los intereses de terceros, acreedores y trabajadores.

3.1

La Propuesta de Directiva, objeto de este Dictamen, afecta directamente a tres Directivas: La 3o referida a las fusiones, la 6a referida a las escisiones, y por ultimo la Directiva de fusiones transfronterizas, de más reciente aprobación (7). Además, de forma indirecta, modifica la 2a Directiva (8), ya que al introducirse en las normas sobre fusiones y escisiones la exención del informe pericial sobre las aportaciones no dinerarias, afecta a las normas de modificación de capital, contenidas en esta Directiva.

3.2

En conjunto, las medidas de simplificación propuestas en las tres Directivas hacen relación:

3.3

Tanto en la 3a como en la 6a Directivas actualmente se exige la presentación de tres informes: un informe de los administradores sobre los fundamentos jurídicos y económicos de ambas operaciones; un informe de peritos independientes; y un estado contable, en el caso de que las cuentas anuales sean anteriores, en seis meses. Todos ellos deben ser aprobados por las Juntas generales de cada sociedad interviniente en la fusión o en la escisión.

3.4

La propuesta reduce dichos requisitos cuando se produzca una renuncia por unanimidad de todos los accionistas, para el informe escrito de la gestión, y con respecto al informe contable se aplicarán las normas establecidas en la Directiva de transparencia (9) siempre que las sociedades tengan valores admitidos a cotización.

3.5

Respecto a la modificación de la 2a Directiva, modificación del capital, se propone eximir a la sociedad del informe de los peritos para las aportaciones no dinerarias.

3.6

Una propuesta importante con relación a la publicación de los informes de las fusiones y escisiones es la utilización de las nuevas tecnologías, Internet, para dar conocimiento de los mismos.

3.7

Respecto a la protección de los acreedores se establece una modificación del derecho de oposición a las operaciones de fusión y escisión, hasta que se garantice el pago de sus créditos, se propone su supresión. Sin embargo, en los casos de fusiones transfronterizas no se autoriza a suprimir el informe de peritos para las aportaciones no dinerarias, de cara a su protección, con vistas a garantizar un valor oponible en los diversos Estados en los que se encuentren las sociedades.

4.1

El CESE considera, en conjunto, positiva la simplificación de la legislación comunitaria, y, más concretamente, la de las normas societarias, debido a la carga administrativa que soportan las empresas europeas, en especial las PYME, como representación del tejido económico de la UE. No obstante, ya ha señalado que en ningún caso este proceso de simplificación debe originar una inseguridad jurídica para todos los intervinientes en el mercado interior.

4.2

Entendemos el interés de la Comisión en la protección de los accionistas como titulares de la empresa, pero no hay que olvidar a los otros interesados en cualquier operación jurídica que pueden verse afectados en sus legítimos derechos. En este sentido entendemos, y apoyamos, la posición que mantuvo el PE (10) y que recordaba la necesidad de tener en cuenta los intereses de todas las partes interesadas (inversores, propietarios, acreedores y trabajadores). Esta es una posición ya mantenida con anterioridad (11) por el CESE, que volvemos a reiterar, con la finalidad de mantener la transparencia y confianza de los actores económico-sociales del mercado interior europeo.

4.3

Por lo que respecta a la simplificación propuesta y referida a los requisitos de presentación de informes en los supuestos de fusión y escisión, que permite sustituir la publicación registral por una publicación reiterada en una pagina Web de los documentos que tengan que ponerse a disposición de accionistas y acreedores (también es aplicable a las fusiones transfronterizas), habría que hacer algunas consideraciones críticas. En primer lugar, esta modificación no puede considerarse garantista de los derechos, tanto de los accionistas como de los acreedores, en tanto en cuanto pierde el carácter publico que emana de un Registro, y en segundo lugar se pierde la posibilidad de utilizar dicha información como prueba fehaciente de su contenido en cualquier litigio. Creemos por ello que la transparencia en este tipo de operaciones debe primar a un ahorro de costes económicos, de ahí nuestra consideración de una mayor salvaguarda de dicho principio.

4.4

Por el contrario, sí nos parece apropiado no repetir el informe contable en el caso de las sociedades cotizadas (12), ya que no solo se realizan conforme a las disposiciones establecidas, sino que cuentan con la intervención de las autoridades bursátiles. En todo caso, la ampliación a otras sociedades no cotizadas, siempre que se de la unanimidad de todos los accionistas de todas las sociedades, parece distorsionar el sentido de la norma, es decir, si ya existe un conocimiento contable de las cuentas societarias, conforme a una disposición legal, no hay necesidad de su repetición, pero este no es el caso del art. 9 ii) b) de la 3a Directiva, en el que se excluye su elaboración si se da la unanimidad de los accionistas.

4.5

Un tema que nos parece preocupante es la modificación propuesta a la 2a Directiva 77/91/CEE, que se añade a las efectuadas anteriormente. Se propone la no aplicación del art. 10, referido a las aportaciones nos dinerarias, y a la valoración de las mismas por un experto independiente, cuando se trate de fusión o escisión y se aplique la normativa de los informes periciales exigido en sus respectivas normas. Entendemos que el informe fija la parte del capital, que corresponde a cada accionista, y el capital es la cifra de responsabilidad de cada sociedad frente a los terceros. El CESE quiere insistir en su posición sobre la transparencia, y especialmente en la garantía que deben tener todos los interesados y afectados, y es un mal comienzo que no haya un informe «objetivo» de la capacidad patrimonial de la sociedad, representado por el valor nominal del capital social, como mínimo.

4.6

Por ultimo, la oposición de los acreedores a las operaciones de fusión o escisión, hasta obtener una garantía de pago, cuando dispongan de un titulo legítimo de crédito frente a las sociedades que participan en dichas operaciones jurídicas, ha sido una de las formas de dar confianza y fluidez de las operaciones mercantiles. La reducción de esta garantía, al establecerse que los acreedores tendrán que exigir ante «las autoridades administrativas o judiciales» las garantías adecuadas, así como la prueba «de forma convincente» de que sus derechos esta en juego no ha obtenido las garantías adecuadas de la sociedad: art. 12.2. D. 82/891/CEE. Esta inversión de la carga de la prueba debería hacer reflexionar sobre la conveniencia de esta modificación, al considerar que pondrá mayores dificultades a operaciones mercantiles hasta ahora ordinarias, originando un posible incremento de operaciones garantizadas con efecto ejecutivo.

11.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/30

1.1

Con la aplicación progresiva del proceso electrónico de datos a los servicios financieros se podría llegar a pensar que el dinero electrónico es ya una realidad. Los cheques se leen y clasifican electrónicamente y los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta y otros tipos de mecanismos de pago leen electrónicamente las tarjetas de débito y de crédito. Todas estas aplicaciones están basadas en el crédito disponible en una cuenta bancaria, el cual puede estar limitado por los depósitos realizados o puede haber sido fijado por el banco (como, por ejemplo, en las tarjetas de crédito). En todos estos casos el banco ha realizado previamente averiguaciones para determinar la capacidad de reembolso y la buena fe de su cliente, emitiendo talonarios de cheques y tarjetas de débito y de crédito en consecuencia. El acceso a este sistema electrónico de crédito depende de la solvencia. Muchos sectores de la sociedad – los que no tienen acceso, o tienen sólo un acceso restringido, a los servicios bancarios – no pueden participar en él.

1.2

El dinero electrónico (e-M) es diferente. No depende del crédito. Requiere un pago por adelantado. El pago anticipado se convierte luego en un sustituto electrónico de dinero en efectivo que se almacena por medios electrónicos que son gestionados por un emisor de dinero electrónico. Los soportes electrónicos que contienen los pagos anticipados pueden ser portátiles, normalmente en forma de una tarjeta de prepago, o pueden ser archivos de acceso en línea por Internet. El dinero electrónico permite realizar pagos sin efectivo, de importes (generalmente) pequeños, en distintos entornos como, por ejemplo, en puntos de venta o mediante comunicaciones en línea a través de móviles o de Internet. La tenencia de dinero electrónico no está directamente vinculada a la solvencia. Todo lo que se necesita es la capacidad para hacer el pago por adelantado.

1.3

No es probable que el dinero electrónico llegue nunca a cubrir todas las necesidades que ahora satisface el dinero en efectivo. No es probable que pueda sustituir la caja de billetes de 500 Euros que se guarda bajo la cama, pero debería permitir gestionar las transacciones para las que uno lleva consigo moneda fraccionaria y billetes. Aun así, por el momento esta sustitución ha sido muy lenta. Las iniciativas que han tenido éxito han estado relacionadas con el desarrollo de la sociedad de la información. El dinero electrónico tendría que avanzar en paralelo con la sociedad de la información. Debería ser el dinero de la sociedad de la información. La sustitución que pueda producirse en el futuro dependerá, sin duda, de iniciativas empresariales y de innovaciones técnicas que tengan lugar en la sociedad de la información. El objeto de esta Directiva es suprimir los obstáculos a la invención y a la innovación. El CESE apoya este objetivo.

1.4

A finales de los años noventa la Comisión Europea observó que los emisores de dinero electrónico se reducían a las entidades de crédito, e intentó ampliar el número de los tipos de negocio que ofrecían estos servicios. Con el fin de desarrollar el mercado, la Comisión introdujo la Directiva 2000/46/CE sobre el dinero electrónico para facilitar el acceso de entidades no crediticias (entidades de dinero electrónico) al mercado de dinero electrónico.

1.5

El objetivo de la Directiva 2000/46/CE era crear un régimen normativo adecuado a la magnitud de los riesgos que representaban las nuevas entidades de dinero electrónico, al amparo del cual podrían desarrollarse la tecnología y la innovación. El resultado no fue muy satisfactorio. El dinero electrónico está aún lejos de producir todos los beneficios potenciales que se esperaban de él y no es todavía una alternativa creíble frente al dinero en efectivo.

1.6

Como consecuencia, la Comisión acometió un amplio análisis de la evolución del dinero electrónico. Concluyó que algunas de las disposiciones de la Directiva 2000/46/CE habían dificultado el desarrollo del mercado de dinero electrónico, obstaculizando la innovación tecnológica. El proceso de consulta y evaluación identificó dos problemas principales. El primero era la falta de claridad de la definición de dinero electrónico y del ámbito de aplicación de la Directiva 2000/46/CE. El segundo problema se refería al marco jurídico, que establecía el régimen prudencial y la aplicación de las disposiciones contra el blanqueo de dinero a los servicios de dinero electrónico. La conclusión alcanzada fue que la mayor parte de las disposiciones de la Directiva 2000/46/CE necesitaban ser modificadas, por lo que se decidió reemplazar la actual Directiva 2000/46/CE por una nueva Directiva, cuyo borrador, el documento COM(2008) 627 final, es objeto del presente Dictamen.

1.7

El objetivo de esta nueva Directiva es permitir el diseño de unos servicios de dinero electrónico nuevos, innovadores y seguros, permitir el acceso al mercado de nuevos actores y fomentar una competencia real y efectiva entre todos los participantes del mercado. En opinión del CESE, esta Directiva es oportuna porque el compromiso de los consumidores con la sociedad de la información ha aumentado exponencialmente desde finales de la última década y ahora existe una demanda contenida y no satisfecha de servicios de dinero electrónico fáciles de manejar por los consumidores. La Directiva pretende suprimir los obstáculos a las iniciativas empresariales que puedan satisfacer esta demanda.

1.8

La introducción de un nuevo régimen normativo en el sector financiero es un problema potencial a la vista de la crisis del sistema bancario y de la preocupación general sobre la ineficacia de la normativa reguladora de la banca. A pesar de estas preocupaciones, el CESE expresa su satisfacción por el hecho de que el régimen propuesto sea adecuado y proporcionado. La nueva normativa no es aplicable a los bancos responsables de la crisis crediticia; la disminución en el requisito de capital inicial sólo sirve para reducir las barreras de acceso; las reservas de capital de las entidades de dinero electrónico serán proporcionales a las de los bancos; los fondos representativos de créditos de los usuarios estarán específicamente protegidos mediante la limitación de su posible inversión; los importes dinerarios implicados son insignificantes. Si las entidades de dinero electrónico llegasen a convertirse en una fuerza real del mercado de pagos, existen disposiciones en la propia Directiva que permiten modificarla a la luz de la experiencia.

1.9

El CESE manifiesta su preocupación en relación con la protección de los consumidores e insta a la Comisión a que realice en la Directiva los cambios oportunos respecto de los límites a la inversión de los fondos propios, la conversión inmediata en dinero electrónico de las cantidades recibidas, la protección de los fondos propios en entidades híbridas y la eliminación de la comisión de reembolso anticipado en los contratos de dinero electrónico.

1.10

El dinero en efectivo es anónimo. Una simple transacción en efectivo no revela la identidad de la persona que realiza el pago. Los sistemas de pago mediante dinero electrónico pueden ser anónimos o prever una identificación. La elevación del límite del valor de almacenamiento hasta la cifra de 500 EUR debería hacer más atractivo el uso del dinero electrónico para los potenciales usuarios, especialmente para los que no tienen acceso, o tienen sólo un acceso restringido, a los servicios bancarios. Aunque racionalmente estos límites no deberían representar un riesgo desproporcionado de blanqueo de capitales, en relación con lo que es posible con grandes sumas de dinero en efectivo, siguen existiendo algunas reservas sobre el límite propuesto.

1.11

La moneda fraccionaria y los billetes tienen un coste de producción y manipulación para los bancos y los comerciantes. Es evidente que el público de la Unión Europea sigue aferrado al dinero en efectivo como medio de pago y de almacenamiento de valor. En el actual período de incertidumbre hay un enorme incremento de billetes de banco en circulación.

1.12

Esta Directiva, por sí misma, no cambiará las cosas. Lo que sí hará será eliminar obstáculos a la innovación tecnológica y empresarial. Ninguna autoridad puede obligar al público en general a usar el dinero electrónico. Los bancos están en condiciones de llevar la iniciativa pero, salvo en el caso de Bélgica con la tarjeta Proton, no han hecho grandes progresos. Los datos sobre la utilización de tarjetas de viaje, tarjetas de teléfono y comercio por Internet indican claramente que las aplicaciones de la sociedad de la información tienen tendencia a difundir el uso del dinero electrónico. Además, el dinero electrónico es a menudo el producto de otro negocio, de forma que el emisor es con frecuencia una empresa híbrida que no se dedica en exclusiva al dinero electrónico. Esta vinculación entre el dinero electrónico y otros tipos de negocio resulta vital para la generalización del dinero electrónico. La Directiva ha sido redactada para facilitar esta evolución, y por ello cuenta con el apoyo del CESE.

1.13

Una preocupación fundamental es la referida al desarrollo de las disposiciones contra el blanqueo de dinero. El CESE no puede aceptar que dos directivas distintas establezcan límites diferentes. Ello crea una confusión jurídica inadmisible. Si se mantienen los límites que establece esta Directiva, es necesario modificar la Directiva sobre blanqueo de capitales.

1.14

El CESE insta a todos los Estados miembros a que adopten políticas positivas a la hora de aplicar la nueva Directiva. Es importante que las distintas reglamentaciones se desarrollen en consulta con el sector, y se redacten de forma que no sean una carga ni para los emisores de dinero electrónico ni para sus clientes, siendo insignificantes las cantidades que están en juego. En función del enfoque que adopten, las autoridades nacionales tienen en sus manos la posibilidad tanto de apoyar como de suprimir este sector incipiente. El CESE considera que este sector debería ser apoyado en todos los Estados miembros.

1.15

Esta Directiva es importante. Tiene repercusiones potenciales de largo alcance. El CESE insta a los participantes presentes y futuros del sector del dinero electrónico a reevaluar sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas a la luz de esta Directiva. Se está dando una segunda oportunidad a este mercado.

2.1

Los puntos 2.2, 2.3 y 2.4 explican las características principales del dinero electrónico y su vinculación con la sociedad de la información. Hay una serie de ejemplos sobre el modo en que la participación del consumidor en la sociedad de la información está llevando a la adopción del dinero electrónico.

2.2

El uso de las tarjetas RFID (1) puede servir para ilustrar la situación. El chip de identificación por radiofrecuencia puede registrar valores monetarios, por lo que es una aplicación frecuente para pagar el acceso a los sistemas de transporte. Hong Kong introdujo la tarjeta Octopus en 1997. Es una tarjeta de almacenamiento de valor, inteligente, sin contacto y recargable. Además de usarse como medio de pago en casi todos los transportes públicos de Hong Kong, se usa también como medio de pago en tiendas de artículos de consumo, supermercados, restaurantes de comida rápida, en los parquímetros de las calles, máquinas expendedoras, etc. Estas tarjetas son usadas por el 95 % de la población de Hong Kong de entre 16 y 65 años. Este ejemplo muestra cómo el compromiso del consumidor con una aplicación de la sociedad de la información lleva a un mayor desarrollo del dinero electrónico. En Londres, la tarjeta de identificación por radiofrecuencia sin contacto denominada Oyster es ahora de uso general en el transporte público. Los usuarios están esperando que se extienda a los quioscos de prensa, las tiendas de artículos de consumo y los restaurantes de comida rápida que proliferan alrededor de las estaciones y nudos de comunicaciones. Es seguro que se producirán avances de este tipo, tanto en el Reino Unido como en otros Estados miembros, en cuanto se generalicen las tarjetas de identificación por radiofrecuencia.

2.3

Otro ejemplo más difundido es la cuenta de prepago para teléfonos móviles, que ya puede ser utilizada para el pago de actividades tan diversas como líneas de asistencia en caso de problemas informáticos, entradas para competiciones, donaciones, juegos interactivos, entretenimiento para adultos y servicios de noticias e información. Como en el caso de las tarjetas de viaje prepagadas, las cuentas de teléfono de prepago son consideradas dinero electrónico cuando el valor almacenado empieza a ser aceptado por empresas distintas del operador telefónico o de transporte de que se trate.

2.4

Internet también favorece el dinero electrónico, porque éste puede satisfacer dos necesidades importantes. La mayoría de las aplicaciones que hacen posible el comercio directo entre las empresas y los consumidores a través de Internet conllevan transacciones a crédito. Aquellos que no tienen acceso a los servicios bancarios están excluidos automáticamente, puesto que no disponen de tarjetas de débito o de crédito. Mediante el uso de una tarjeta de dinero electrónico pueden disfrutar de las ventajas de Internet. Se ha producido también un crecimiento importante de las transacciones realizadas directamente entre consumidores (C a C) por Internet, estimulado por salas de subastas como e-Bay. No es posible realizar una transacción directa entre consumidores mediante una tarjeta de débito o de crédito. El pago tiene que hacerse mediante dinero electrónico de forma segura. Ello tiene mucho que ver con la aparición de sistemas como PayPal, (2) que tiene una relación simbiótica con e-Bay.

2.5

Los datos sobre utilización de tarjetas de viaje, tarjetas de teléfono y comercio por Internet indican que las aplicaciones de la sociedad de la información difunden el uso del dinero electrónico. También indican que el dinero electrónico puede ser el subproducto de otro negocio, de forma que el emisor del dinero electrónico es con frecuencia una empresa híbrida. Esta vinculación entre el dinero electrónico y otros negocios resulta vital para la generalización del dinero electrónico. La Directiva ha sido redactada en consecuencia.

2.6

Las entidades de crédito, como los bancos, reúnen todas las condiciones necesarias para ser emisores de dinero electrónico y operan bajo regímenes normativos apropiados. Hasta cierto punto, las entidades de crédito han tomado la iniciativa. En Bélgica, la tarjeta Proton es producto de un consorcio de bancos. Combina una tarjeta de débito con funciones propias de una tarjeta monedero, y su uso está muy difundido entre clientes de bancos en Bélgica. Hay ciertas perspectivas de que se pongan en circulación más tarjetas combinadas de este tipo con funciones de dinero electrónico basadas en tecnología RFID sin contacto. Aun así, existe un conflicto de interés evidente entre el dinero electrónico y otras líneas de producto de las entidades de crédito, como las tarjetas de débito o de crédito.

2.7

Las cifras sobre el escaso número de entidades de dinero electrónico plenamente autorizadas (20 entidades de dinero electrónico y 127 entidades acogidas a una excepción) o sobre el escaso volumen de dinero electrónico emitido (actualmente la cantidad total de dinero electrónico en la Unión Europea asciende a 1 000 millones de euros, frente a los más de 600 000 millones de efectivo) demuestran que en la mayoría de los Estados miembros el dinero electrónico no ha despegado todavía. Además, la cantidad de efectivo en circulación ha aumentado considerablemente desde la introducción del euro en 2002.

2.8

Como consecuencia, la Comisión acometió un amplio análisis de la evolución del dinero electrónico. El proceso de consulta y evaluación reveló dos problemas principales respecto de la actual Directiva 2000/46/CE. El primero era la falta de claridad de la definición de dinero electrónico y del ámbito de aplicación de la Directiva. El segundo problema se refería al marco jurídico, que establecía el régimen prudencial y la aplicación de las disposiciones contra el blanqueo de dinero a los servicios de dinero electrónico.

2.9

Además, la Directiva 2007/64/CE sobre servicios de pago entrará en vigor en noviembre de 2009. La importancia de la Directiva sobre servicios de pago radica en que establece un régimen especial para las entidades de pago análogo al régimen de las entidades de dinero electrónico. La Directiva sobre servicios de pago no es compatible con la Directiva 2000/46/CE por lo que, salvo que se revise el régimen actual de la Directiva 2000/46/CE, su entrada en vigor producirá una mayor inseguridad jurídica.

2.10

Resultado de todo lo anterior fue que la mayor parte de las disposiciones de la Directiva 2000/46/CE necesitaban ser modificadas, por lo que se ha decidido reemplazar la actual Directiva 2000/46/CE por una nueva Directiva, cuyo borrador es objeto del presente Dictamen.

3.6.1

La Directiva 2000/46/CE disponía que las entidades de dinero electrónico tenían que tener un capital inicial de 1 000 000 EUR. Esto se considera ahora excesivo respecto de los riesgos asumidos, así como también un obstáculo a la formación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) innovadoras en el ámbito del dinero electrónico. En la nueva propuesta el capital inicial exigido queda reducido a 125 000 EUR.

3.6.2

Además de los requisitos de capital inicial, las entidades de dinero electrónico deben poseer permanentemente fondos propios en proporción al pasivo exigible. En la Directiva 2000/46/CE esta proporción era del 2 %. Ahora la proporción requerida es del 5 %, reduciéndose a medida que aumenta el volumen, sobre aquel de los siguientes valores que sea más elevado: el valor pendiente o el volumen de pagos mensuales.

3.6.3

Existen límites a la inversión de los fondos propios representativos de valor electrónico exigible, pero sólo si el emisor lleva a cabo actividades distintas de las de pago (artículo 9).

3.6.4

Respecto de la lucha contra el blanqueo de dinero, las modificaciones del régimen de la tercera Directiva sobre blanqueo de capitales que se proponen son coherentes con las necesidades del negocio y con la práctica del sector. El límite del importe de dinero electrónico que puede aceptarse en una sola vez a cambio de efectivo se aumenta de 150 EUR a 500 EUR (artículo 16).

3.6.5

La Directiva 2000/46/CE permitía que los Estados miembros no aplicasen muchos de los requisitos de autorización con el fin de facilitar el acceso al mercado de nuevos agentes y la innovación. Estas cláusulas de excepción eran aplicadas de distinta forma por los Estados miembros, creando un conjunto de normas que no eran iguales para todos los participantes del mercado. Con arreglo al nuevo régimen las cláusulas de excepción siguen existiendo (artículo 10) pero, tal como disponen los artículos pertinentes de la Directiva sobre servicios de pago, las entidades de dinero electrónico acogidas a cláusulas de excepción no pueden operar a través de las fronteras de los Estados miembros. En otras palabras, allí donde hay cláusulas de excepción no hay «concesión de pasaporte» posible.

—

Las disposiciones están diseñadas para las PYME innovadoras de la comunidad de pagos. La reciente crisis bancaria ha surgido a causa de los riesgos crediticios asumidos por los bancos. No se permitirá a las entidades de dinero electrónico conceder crédito sobre la base de los fondos de los usuarios, a fin de que ese riesgo no se produzca.

—

El requisito de fondos propios (puntos 3.6.1 y 3.6.2 anteriores) exige que el capital inicial de 125 000 EUR deba incrementarse proporcionalmente si aumentan de valor los fondos propios. La disminución en el requisito de capital inicial sólo sirve para reducir las barreras de acceso. La Directiva establece unos requisitos de capital importantes para volúmenes de fondos propios más elevados.

—

Las reservas de capital de las entidades de dinero electrónico serán proporcionales a las de los bancos y los fondos representativos de créditos de los usuarios estarán específicamente protegidos mediante la limitación de su posible inversión.

—

Los importes dinerarios implicados son insignificantes. Si las entidades de dinero electrónico llegasen a convertirse en una fuerza real del mercado de pagos, existen disposiciones en la propia Directiva que permiten modificarla a la luz de la experiencia.

4.3.1

Los límites a la inversión de los fondos propios solamente son aplicables, por ahora, a las entidades de dinero electrónico híbridas. En aras de una mayor garantía para los clientes, estas disposiciones deberían ser de aplicación a todas las entidades de dinero electrónico.

4.3.2

Las entidades de dinero electrónico no pueden tener dinero de sus clientes en depósito. Las cantidades recibidas deberían convertirse inmediatamente en dinero electrónico. Esta medida de protección no está recogida en la Directiva.

4.3.3

Debería modificarse el artículo 9 con el fin de hacer expreso el requisito de que los fondos propios, respecto del pasivo de dinero electrónico en circulación, deban estar específicamente protegidos por entidades híbridas.

4.3.4

El artículo 5.4 no permite el cobro de comisiones si el reembolso se produce en la fecha de finalización del contrato pero, según el artículo 5.5, se podrá cobrar comisión cuando el reembolso tenga lugar antes de que finalice el contrato. Esta última disposición debería retirarse puesto que no hay diferencias entre el reembolso realizado durante o al término de la vigencia del contrato, y porque sería probable que ello diese como resultado una serie de terminaciones de contratos en los que el requisito prudencial de diligencia debida con respecto al cliente quedaría atenuado.

11.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/36

1.1.

El Comité apoya la iniciativa de la Comisión de poner en marcha el programa ISA, expresando su convencimiento de que el programa seguirá garantizando y reforzando con eficacia y eficiencia la interoperabilidad entre los nuevos y complejos sistemas del mercado único europeo.

1.2.

El CESE considera esencial, para garantizar el ejercicio concreto de las libertades previstas por el Tratado, la puesta en funcionamiento integral de mecanismos de interoperabilidad, en beneficio no sólo de las administraciones e instituciones, sino también de los ciudadanos, las empresas y, en general, la sociedad civil organizada.

1.3.

Sin duda alguna, se requiere una estrategia específica centrada en la seguridad de los datos personales y económicos. Además, tal como ha venido reiterando el CESE en sus dictámenes (1)«… el aspecto de la seguridad de la información no puede, de ningún modo, disociarse del refuerzo de la protección de los datos personales y de la salvaguardia de la libertad, derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales».

1.4.

El Comité subraya que es necesario que los usuarios puedan disponer de sistemas interconectados que sólo puedan adquirirse con una garantía de protección de datos, tanto personales como industriales o administrativos. Por otra parte, es preciso establecer cuanto antes, a nivel jurídico, un sistema europeo de inculpaciones/sanciones aplicables al uso abusivo de redes y datos, contribuyendo al mismo tiempo a la interoperabilidad de los procedimientos jurídicos de la Unión.

1.5.

El Comité estima que siguen siendo insuficientes las medidas tomadas para evitar la fragmentación del mercado y garantizar una dimensión paneuropea efectiva a un sistema de administraciones públicas interconectadas, interactivas y accesibles.

1.6.

El Comité pide que la propuesta de programa ISA vaya acompañada de una iniciativa comunitaria consistente, que comprometa a los Estados miembros y a la Comisión con instrumentos vinculantes que aporten certidumbre y vigor renovados a un marco común de interoperabilidad reforzado.

1.7.

Es imprescindible que la nueva Estrategia Europea de Interoperabilidad defina, junto con el marco común, las prioridades en materia de políticas comunitarias, que exijan una intensificación de los esfuerzos a favor de la creación de instrumentos, estructuras y servicios comunes, además de previsiones presupuestarias claras.

1.8.

EL CESE estima que es necesario lograr una convergencia digital que garantice:

para evitar la «exclusión digital» y garantizar un alto nivel de fiabilidad y confianza entre los usuarios y los proveedores de servicios.

1.9.

El CESE considera necesaria una mayor coordinación y cooperación con los otros programas comunitarios, que contribuyen a aportar nuevas ideas y soluciones en materia de interoperabilidad paneuropea.

1.10.

El Comité reafirma la importancia de los programas informáticos abiertos, sobre todo en el ámbito de la administración electrónica, para garantizar no sólo la seguridad y la perennidad, sino también la confidencialidad de las informaciones o de los pagos, así como la conveniencia de conocer el «código fuente», y considera que debe fomentarse el uso de programas informáticos de código fuente abierto que permiten estudiar, modificar, redistribuir y reutilizar soluciones informáticas de gran valor para las administraciones públicas.

1.11.

El Comité considera que debería reforzarse el marco de referencia europeo en materia de interoperabilidad, desde una perspectiva multidimensional que incluya los aspectos políticos de una visión común sobre las prioridades compartidas, los aspectos jurídicos de sincronización legislativa y los aspectos técnicos, semánticos y organizativos.

1.12.

El Comité estima que sería conveniente concebir un método europeo para el cálculo de la relación calidad-precio de los servicios interoperables SPAE creados por las administraciones públicas.

1.13.

El Comité considera que una campaña de información y formación en la materia es una condición sine qua non para el éxito de la iniciativa. Asimismo, resulta esencial organizar un diálogo social y civil, a nivel europeo, así como conferencias paneuropeas periódicas de los servicios en línea para dar a conocer, respaldar y orientar los trabajos de las administraciones, en los diferentes países, en un marco común de desarrollo.

—

la importancia de consolidar las iniciativas europeas de forma que repercutan en beneficio no sólo de las administraciones e instituciones, sino también de los ciudadanos, las empresas y, en general, de la sociedad civil organizada;

—

la necesidad de contar con una autoridad de certificación eficaz a nivel europeo que permita garantizar unos niveles adecuados de seguridad en el acceso a la información y su intercambio;

—

la importancia de conseguir la máxima visibilidad, accesibilidad e interoperabilidad de las redes para el usuario final;

—

la necesidad de promover iniciativas en los distintos niveles para garantizar la formación continua de los usuarios y permitir que las infraestructuras de redes se utilicen también para actividades de formación permanente;

—

la exigencia, habida cuenta de lo delicados que pueden ser los datos procesados, de garantizar un alto nivel de seguridad de las redes mediante instrumentos adecuados de protección y, en su caso, protocolos de transmisión asegurada en el ámbito central y periférico.

3.1.

La propuesta de la Comisión tiene por objeto promover –gracias a la puesta en marcha del programa ISA (soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas)–una eficiente y eficaz interacción electrónica, transfronteriza e intersectorial, para posibilitar la prestación de servicios públicos electrónicos que fomenten la aplicación de las políticas y actividades comunitarias, prestando especial atención al mercado único e impidiendo la interposición de diversos obstáculos electrónicos en los Estados miembros.

3.2.

El programa ISA está destinado a apoyar y promover:

3.3.

La dotación financiera propuesta para la ejecución del programa ISA durante el período comprendido entre 2010 y 2015 queda fijada en 164,1 millones de euros, de los que 103,5 millones se asignan para el período que acaba el 31 de diciembre de 2013, conforme a la programación financiera para el período 2007-2013, y 60,6 millones para el bienio 2014-2015.

4.1.

El Comité apoya decididamente las iniciativas destinadas a garantizar un funcionamiento pleno y eficaz del mercado único europeo ampliado y considera fundamental, para garantizar el ejercicio concreto de las libertades previstas en el Tratado, la puesta en práctica integral de mecanismos de interoperabilidad, que redunden en beneficio no sólo de las administraciones e instituciones, sino también de los ciudadanos, las empresas y, en general, la sociedad civil organizada.

4.2.

El Comité estima que, a pesar de la realización de tres programas plurianuales sucesivos (IDA I, IDA II e IDABC), las medidas tomadas siguen siendo insuficientes para evitar la fragmentación del mercado y garantizar una dimensión paneuropea efectiva a las administraciones públicas interconectadas, que permita prestar servicios sin obstáculos y discriminaciones a fin de preservar la unidad del mercado y el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de las empresas comunitarias en toda la Unión.

4.3.

El Comité apoya la iniciativa de la puesta en marcha del programa ISA, siempre y cuando este último no represente una mera prolongación y refinanciación de los programas que se han ido sucediendo desde 1993 hasta la fecha, y garantice una «Estrategia Europea de Interoperabilidad» eficiente y eficaz y un «Marco Europeo de Interoperabilidad» (10), que constituyen dos aspectos esenciales de un mercado único integrado, y de una economía europea competitiva y sostenible, en el marco de la Estrategia de Lisboa renovada.

4.4.

El Comité pide que la propuesta de programa ISA vaya acompañada de una iniciativa comunitaria sólida, que comprometa a los Estados miembros y a la Comisión con instrumentos vinculantes que aporten certidumbre y vigor renovados a una estrategia europea y un marco común de interoperabilidad que, a su vez, garanticen pistas comunes seguras y transparentes tanto a los operadores públicos y privados como a los usuarios nacionales y transnacionales.

4.5.

A juicio del Comité, es imprescindible que la nueva Estrategia Europea de Interoperabilidad defina, junto con el marco común, las prioridades en materia de políticas comunitarias, al objeto de garantizar la aplicación eficaz de las propuestas de directiva y de reglamento previstas.

4.6.

El Comité considera que siguen siendo insuficientes los esfuerzos de coordinación y cooperación con otros programas comunitarios que contribuyen a la aportación de nuevas ideas y soluciones en materia de interoperabilidad paneuropea -en particular, el programa marco para la innovación y la competitividad (programa de apoyo a la política en materia de TIC) y el Séptimo Programa Marco Comunitario de IDT+D-, y recomienda la creación de un comité interprogramas encargado de la interoperabilidad, compuesto por los responsables de la gestión de todos los programas interesados, para preparar convocatorias de propuestas en sinergia.

4.7.

El Comité estima que en cuanto se conciban nuevas estructuras operativas para las administraciones públicas, debería verificarse la plena compatibilidad de estas últimas con los principios de interoperabilidad paneuropea, mediante mecanismos de notificación previa, tales como los adoptados para la elaboración de nuevos criterios técnicos normativos (11). El principal obstáculo sigue siendo de orden cultural, pues quedan administraciones que aún no están ni preparadas ni convencidas de la necesidad de aceptar soluciones tecnológicas e innovadoras abiertas, en una estructura europea de interoperabilidad.

4.8.

El Comité considera que una campaña de información y formación en la materia es una condición sine qua non para el éxito de la iniciativa, al igual que la organización de conferencias paneuropeas periódicas de los servicios en línea para garantizar, en particular sobre la base de evaluaciones comparativas del rendimiento de las administraciones, a diferentes niveles, una verificación y reorientación constantes del programa de trabajo.

4.9.

La convergencia digital requiere la interoperabilidad de los equipos, de las plataformas y de los servicios, la seguridad y la fiabilidad, la gestión de las denominaciones y los derechos (12), la accesibilidad y la facilidad de uso, y la utilización de sistemas informáticos y arquitecturas técnicas neutras desde el punto de vista lingüístico, así como importantes iniciativas locales de formación permanente destinadas a los usuarios, especialmente los más vulnerables, para evitar la exclusión social.

4.10.

El Comité reafirma la importancia de los programas informáticos públicos, sobre todo en el ámbito de la administración electrónica, para «garantizar la seguridad y la perennidad de los programas informáticos, la confidencialidad de las informaciones o de los pagos», así como la conveniencia de «conocer el código fuente con el fin de garantizar el mantenimiento del código, su estabilidad y su seguridad, incluso en caso de desaparición del editor» (13).

4.11.

El Comité estima que sería conveniente concebir un método europeo de cálculo de la relación calidad-precio de los servicios interoperables SPAE (14), creados por las administraciones públicas, que no sólo tienen en cuenta el rendimiento de las inversiones, de la propiedad, de la flexibilidad y de los niveles de reducción de las cargas administrativas, sino también, y sobre todo, del valor global en términos de viabilidad y fiabilidad del mercado único para los ciudadanos y las empresas.

4.12.

El Comité considera que debería reforzarse el marco de referencia europeo en materia de interoperabilidad, desde una perspectiva multidimensional que incluya los aspectos políticos de una visión común sobre las prioridades compartidas, los aspectos jurídicos de sincronización legislativa y los aspectos técnicos, semánticos y organizativos.

4.13.

El CESE estima, que desde el punto de vista social, sería conveniente que las administraciones nacionales instaurasen un diálogo, a nivel europeo, en el marco del diálogo informal EUPAN/TUNED (15), con los representantes del personal de las administraciones interesadas, a fin de lograr la participación de ciudadanos suficientemente informados.

4.14.

En lo que respecta a los instrumentos genéricos existentes y los nuevos instrumentos, en el ámbito del modelo conceptual «GPSCM» (16), definido por la Comisión y los Estados miembros, sería conveniente:

4.15.

A juicio del Comité, debería definirse un marco común para los criterios técnicos normativos públicos, elaborados por el CEN, el Cenelec y el ETSI, que permita aplicarlos a todas las partes interesadas.

4.16.

El Comité considera que debería fomentarse el uso de programas informáticos de código fuente abierto, puesto que estos últimos permiten estudiar, modificar, redistribuir y reutilizar soluciones informáticas de gran valor para las administraciones públicas, tanto en términos de rentabilidad como de verificación de la aplicación de las normas, de cobertura funcional más allá de los límites impuestos por las licencias y los derechos de autor, de viabilidad a largo plazo de las soluciones adoptadas y de adaptación a las necesidades locales.

11.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/41

1.1

El CESE expresa su apoyo a la propuesta de la Comisión, al considerar que la liberalización del uso de la banda de frecuencia de 900 MHz hace necesaria una iniciativa legislativa a nivel comunitario.

2.1

El 25 de julio de 2007 la Comisión presentó una propuesta de Directiva para la derogación de la Directiva 87/372/CEE (1), con la que pretendía suprimir la reserva de la banda de 900 MHz para los sistemas de GSM en los Estados miembros de la UE, instaurada en virtud de la Directiva 87/372/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1987, relativa a las bandas de frecuencia a reservar para la introducción coordinada de comunicaciones móviles terrestres digitales celulares públicas paneuropeas en la Comunidad.

2.2

Esta banda de 900 MHz resulta particularmente valiosa, pues sus buenas características de propagación permiten salvar distancias mayores que las bandas de frecuencias más elevadas, facilitando así la llegada de los modernos servicios de voz, de datos y multimedia a las zonas rurales y poco pobladas.

2.3

El objetivo de la propuesta se consideraba necesario para contribuir al logro de la iniciativa «i-2010-Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo» (2) y obtener un mayor grado de competencia mediante la utilización de la banda de 900 MHz por otras tecnologías, concediendo a los usuarios la mayor libertad posible de elección de servicios y tecnologías.

2.4

La Comisión, en cumplimiento de lo establecido en la Decisión no 676/2002/CE, remitió un mandato a la CEPT para que elaborase unas condiciones técnicas menos restrictivas, y en cumplimiento del mismo se han elaborado unas condiciones basándose en el principio de que la banda de 900 MHz puede coexistir y es plenamente compatible con el GSM y el UMTS.

2.5

El CESE emitió un dictamen (3) sobre dicha propuesta apoyando la misma, al considerar que su aprobación fomentaría la innovación y la competitividad, incrementaría la competencia en el mercado de las comunicaciones electrónicas y aumentaría la capacidad de elección de los consumidores.

2.6

Como consecuencia de los debates del «iter legislativo», el 19 de noviembre de 2008 la Comisión presentó una nueva propuesta de Directiva (4) que pretende modificar la Directiva 87/372/CEE.

3.1

La actual Directiva exige que los Estados miembros reserven la totalidad de las bandas 890-915 MHz y 935–960 MHz para el GSM. Esta limitación impide el uso de estas bandas por sistemas paneuropeos distintos del GSM capaces de prestar servicios avanzados interoperables de voz, de datos y multimedia con un elevado ancho de banda. Estos nuevos sistemas paneuropeos, tales como el UMTS, ofrecen capacidades superiores a las del sistema GSM y han ganado viabilidad en los veinte años transcurridos desde la Directiva por los avances tecnológicos registrados.

3.2

Como la liberalización del uso de la banda espectral de 900 MHz podría dar lugar a falseamientos de la competencia, en especial en los casos en que no se hayan asignado espectro a algunos operadores móviles en la banda ancha de 900 MHz, éstos podrían quedar en desventaja en términos de costes y de eficiencia frente a los operadores que podrían prestar servicios de 3G en esa banda.

3.3

La Propuesta viene a definir como «sistema GSM» una red de comunicaciones electrónicas que se ajusta a las normas sobre el GSM publicadas por el ETSI, en particular la EN 301 502 y la EN 301 511; y como «sistema UMTS» una red de comunicaciones electrónicas que se ajusta a las normas sobre el UMTS publicadas por el ETSI, en particular la EN 301 908-1, la EN 301 908-2, la EN 301 908-3 y la EN 301 908-11.

3.4

Con arreglo al marco regulador de las comunicaciones electrónicas, y en particular la Directiva 2002/20/CE (5), los Estados miembros pueden modificar y/o reconsiderar los derechos de uso del espectro y, por lo tanto, cuentan con los instrumentos necesarios para hacer frente, en su caso, a estos posibles falseamientos de la competencia, por lo que pondrán en vigor las medidas adecuadas, en especial, examinando si la aplicación de la propuesta podría falsear la competencia en los mercados móviles afectados.

11.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/43

1.1

El Comité considera que la simplificación planteada en la propuesta de Reglamento es necesaria. No obstante, comprueba que no se trata únicamente de un ejercicio de simplificación, sino que la Comisión introduce cambios en las medidas técnicas establecidas con un propósito armonizador.

1.2

El CESE estima que el ejercicio de armonización que se pretende realizar implica necesariamente modificar algunas de las medidas técnicas y debe en consecuencia estar precedido de evaluaciones científicas, tanto biológicas como socioeconómicas.

1.3

Dado el alto carácter técnico de las medidas contempladas en la propuesta de reglamento, el CESE considera que no debe pronunciarse sobre las propuestas de cambio hasta que no estén efectuadas dichas evaluaciones. Asimismo, estima que la eficacia de las nuevas medidas técnicas debe contrastarse previamente por profesionales pescadores a bordo y en caladero.

1.4

El Comité considera que todas las medidas técnicas deben estar incluidas en este reglamento del Consejo, evitándose así la posibilidad de que algunas de ellas sean incluidas en reglamentos posteriores de la Comisión.

1.5

El CESE apoya plenamente la propuesta de evaluación periódica sobre la eficacia de las medidas técnicas planteada por la Comisión.

2.3.1

La petición efectuada por el Consejo a la Comisión en junio de 2004 de revisión de las medidas técnicas aplicables a la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico y el Mar del Norte, a fin de simplificarlas y de tener en cuenta determinadas características regionales, y

2.3.2

El Plan de acción de la Comisión, refrendado por el Consejo en abril de 2006, para la simplificación de la normativa comunitaria, conforme al cual todas las medidas técnicas esparcidas en distintos reglamentos, incluido el reglamento anual sobre las posibilidades de pesca y los planes de recuperación de determinadas poblaciones, deberán integrarse en un solo reglamento.

3.1

El CESE considera que se trata de una propuesta de reglamento eminentemente técnica. El ejercicio de simplificación es necesario, en línea con las medidas aprobadas por el Comité en su dictamen sobre el plan de acción de simplificación de la normativa comunitaria. No obstante, no se trata exclusivamente de una simplificación, sino que la Comisión ya introduce cambios a la normativa actual con un propósito armonizador y prevé tener en cuenta las diferencias regionales estableciendo disposiciones específicas para cada una de las «zonas CCR» (Consejos Consultivos Regionales). Esta regionalización también implicará cambios en la normativa actual.

3.2

La Comisión prevé que esta propuesta de reglamento defina los principios rectores comunes a todas las zonas de pesca y que varios reglamentos posteriores de la Comisión, siguiendo el procedimiento de «comitología», regulen los aspectos puramente técnicos de carácter regional.

3.3

El Comité considera que, si bien es necesario regular las medidas técnicas teniendo en cuenta las especificidades de las distintas regiones de la UE, el enfoque planteado no es el más adecuado, y estima preferible que todas ellas sean contempladas en este reglamento del Consejo, en lugar de que sean incluidas en reglamentos posteriores de la Comisión.

3.4

El CESE considera que, de esta forma, las medidas técnicas se adecuarán mejor al contexto de la nueva política pesquera común adoptada en 2002, especialmente en lo que atañe a los consejos consultivos regionales (CCR), aprobados por Decisión del Consejo de 19 de julio de 2004, y a la integración de consideraciones medioambientales como la protección de hábitats marinos y la reducción de descartes, medidas todas ellas aplicables de forma específica en una región concreta correspondiente a un determinado Consejo Consultivo Regional (CCR).

3.5

El Comité considera que, previamente a su aprobación y para evitar errores como los del pasado, la eficacia de las nuevas medidas técnicas propuestas se debe contrastar por profesionales pescadores a bordo y en caladero.

3.6

Dada la complejidad del texto y de las medidas técnicas propuestas, el CESE considera que la propuesta de reglamento debería incluir un anexo con gráficos que faciliten su comprensión.

4.1

El articulado de la propuesta de reglamento integra las medidas técnicas, que cubren una amplia gama de objetivos entre los que destaca la protección de los juveniles, fundamentalmente mediante la limitación de su captura a través del aumento de la selectividad de las artes de la pesca o estableciendo vedas o cotos. Otras medidas se destinan a proteger determinadas especies o ecosistemas mediante la restricción del esfuerzo pesquero, imponiendo por ejemplo el cierre de ciertas zonas, y otro gran grupo de medidas van encaminadas a la reducción de los descartes.

4.2

Además de definir el ámbito de aplicación, la propuesta de reglamento recoge todas las disposiciones sobre tamaño mínimo de desembarque para cada una de las especies de recursos acuáticos vivos. Con relación al ámbito de aplicación y a la inclusión de las importaciones, el CESE desea que se aclare qué ocurrirá cuando las tallas mínimas legales de los productos importados sean inferiores a las establecidas en la UE. Para el Comité, lo razonable sería que, en la UE, no se pudiera comercializar productos de la pesca de terceros países con talla inferior a la comunitaria.

4.3

Las artes de pesca son extensamente enumeradas estableciendo para cada una de ellas las dimensiones mínimas en la red y en el copo, la profundidad máxima a la que se pueden calar, así como las prohibiciones de utilización de copos que no tengan los tamaños y la forma indicados, es decir cuando el número de mallas de igual dimensión alrededor de cualquier circunferencia del copo aumente del extremo anterior al posterior, o cuando no estén fabricados con los materiales y grosores permitidos.

4.4

El Comité considera adecuado y necesario el ejercicio de simplificación planteado por la Comisión Europea. No obstante, el CESE estima que la tentativa de armonización que se pretende realizar, implicando modificaciones de algunas de las medidas técnicas, debe estar precedida de evaluaciones científicas, tanto biológicas como socioeconómicas.

4.5

En este sentido, dado el carácter extremadamente técnico de las medidas contempladas en la propuesta de reglamento, el CESE considera que no debe pronunciarse sobre las propuestas de cambio hasta que no estén efectuadas dichas evaluaciones.

4.6

Los recursos acuáticos vivos capturados con una talla inferior a la reglamentaria no podrán conservarse a bordo ni trasbordarse, desembarcarse, trasportarse, almacenarse, venderse, exponer ni ponerse en venta, sino que deberán devolverse inmediatamente al mar. El CESE llama la atención de la Comisión Europea sobre el efecto que puede tener esta disposición sobre los descartes. Parece contradictorio que, por un lado, se pretendan prohibir los descartes y, por otro, se prohíba mantener a bordo determinadas capturas.

4.7

Con relación a la norma de la red única, el CESE muestra su preocupación por los efectos que ésta puede ocasionar. La Comisión debería tener en cuenta que, en los casos de pesquerías multiespecíficas donde es necesario utilizar más de una malla, los pescadores tendrán que volver a puerto para cambiar el arte de pesca con más frecuencia que en la actualidad, lo que implicará unos costes de explotación adicionales que afectarán a la ya maltrecha rentabilidad de las flotas.

4.8

La propuesta de reglamento del Consejo establece que cuando la cantidad de pescado capturado que no tenga la talla reglamentaria supere el 10 % de la cantidad total capturada en cada lance, el buque deberá alejarse a una distancia superior a cinco o diez millas náuticas de la zona de pesca inicial, dependiendo de la dimensión de malla admisible para cada especie, y durante todo el lance siguiente deberá mantener una distancia mínima de cinco o diez millas náuticas con respecto a la posición en que haya efectuado el lance anterior.

4.9

El Comité muestra su preocupación por esta medida puesto que la Comisión, al generalizar, no tiene en cuenta las especificidades de las diferentes áreas y pesquerías, pudiendo provocar la aparición de casos de inseguridad jurídica, máxime cuando no se precisa si se trata de capturas objetivo o accesorias. El CESE considera que la puesta en marcha de otro tipo de medidas, como las vedas espacio-temporales, pueden tener efectos más positivos que la propuesta.

4.10

Con el objetivo primordial de proteger el medio ambiente, se prohíbe capturar, conservar a bordo, trasbordar, almacenar, desembarcar, vender, exponer o poner en venta organismos marinos capturados con métodos que impliquen el uso de explosivos, sustancias venenosas o soporíferas, corriente eléctrica o cualquier tipo de proyectil. Así mismo queda prohibido efectuar a bordo de un buque de pesca cualquier transformación física o química del pescado para la producción de harina o aceite de pescado, así como el trasbordo de capturas de pescado entre buques para estos fines.

4.11

El CESE muestra su satisfacción por la imposición de estas medidas de protección del medio ambiente que emanan de la aplicación de la nueva política pesquera común del año 2002 e insta a la Comisión a que todas ellas sean aplicadas rigurosamente a la totalidad de la flota pesquera comunitaria.

4.12

El Comité muestra su conformidad con los procedimientos que plantea la Comisión para aprobar medidas urgentes de conservación adoptadas por los Estados miembros que afecten a todos los buques pesqueros comunitarios o medidas aplicables únicamente a buques de pesca que enarbolen su pabellón. No obstante y con el fin de evitar posibles abusos por parte de determinados Estados miembros, se debería permitir la posibilidad de que actores u organismos independientes deban verificar la idoneidad y necesidad de las mismas.

4.13

Asimismo, al CESE le parece oportuno que los Estados miembros y/o los consejos consultivos regionales puedan presentar a la Comisión propuestas sobre cuestiones relativas a la elaboración de planes para reducir o eliminar los descartes en el mar y mejorar la selectividad de las artes de pesca.

4.14

El Comité también aprueba que la propuesta de reglamento del Consejo excluya de su aplicación las actividades de pesca realizadas únicamente con fines científicos, siempre que cuenten con autorización del Estado miembro de pabellón. No obstante, no considera necesario que se admita a bordo un observador del Estado miembro ribereño durante las actividades de pesca de investigación científica en sus aguas.

4.15

Finalmente, se introduce una evaluación que anteriormente no existía sobre la eficacia de las medidas técnicas, que el CESE apoya plenamente. Esta evaluación se efectuará cada cinco años y en base a los datos incluidos en dicho documento la Comisión propondrá al Consejo la totalidad de las modificaciones necesarias que haya que introducir.

11.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/46

1.1

El CESE valora positivamente el «Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible» presentado por la Comisión, y que incluye el desarrollo de una serie de medidas nuevas y la modificación de varias disposiciones legislativas. El CESE ha afirmado en anteriores ocasiones su compromiso con el desarrollo sostenible como vía para el desarrollo medioambiental, económico y social en la Unión Europea.

1.2

El Comité desea poner de manifiesto la vulnerabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (PYME), en estos momentos de crisis económica y financiera, y la necesidad de garantizar que el Plan de Acción se aplique de un modo tal que potencie la eficiencia y la competitividad empresarial y contribuya al relanzamiento de la economía, al tiempo que se promueve una producción y un consumo sostenibles.

1.3

El Plan de Acción propuesto por la Comisión adolece en cierta medida de indefinición en cuanto a contenidos y alcance, dudas que, sin embargo, deben despejarse cuanto antes para facilitar su aplicación y para la correcta evaluación por los sectores económicos afectados. En este sentido, el CESE pide a la Comisión que el desarrollo de sus planes se lleve a cabo con la debida colaboración de los sectores implicados, y teniendo siempre en consideración criterios científicos y técnicos sólidos, claros y aplicables en la práctica.

1.4

El CESE defiende firmemente, como medida complementaria al esfuerzo que deberán llevar a cabo los sectores económicos, el desarrollo de medidas de apoyo, especialmente en el ámbito del I+D+i, y recuerda que es precisamente en épocas de crisis cuando deben potenciarse estas actividades.

1.5

Es muy importante que la Comisión acepte, en el desarrollo del Plan de Acción, la participación de todos los sectores implicados. En este sentido el CESE quiere expresar su preocupación en torno al foro del comercio al por menor, una iniciativa parcial y rechazable en la medida en que impondría a los suministradores condiciones sin su consentimiento y por la fuerza de la posición en el mercado. Sólo una sustitución del foro del comercio al por menor por una mesa con todos los sectores implicados en pie de igualdad es aceptable y viable.

1.6

En relación con la propuesta de eco-diseño, el CESE quiere llamar la atención sobre el hecho de que los requerimientos medioambientales deben definirse en términos de los objetivos que se pretenden conseguir, más que en las soluciones técnicas que se puedan arbitrar a través del eco-diseño. El desarrollo continuo de las mejoras medioambientales de los productos debe conseguirse a través del análisis de su ciclo de vida, que, a su vez, debe referirse a una serie de indicadores como: emisión de gases de efecto invernadero, consumo de agua, uso de energías no renovables, reducción de la biodiversidad, contaminación del aire y del suelo, etc. Sólo una consideración amplia de todos estos factores, a través de la metodología y el soporte científico adecuado, pueden llevarnos a la solución idónea.

1.7

En materia de etiquetado, el CESE quiere recordar que la etiqueta es un instrumento importante, si bien no es el único medio existente para informar al consumidor, que lo idóneo es la armonización de disposiciones en esta materia para facilitar el cumplimiento de los objetivos, y que determinados sectores como la alimentación tienen ya exigentes requisitos en la materia. El CESE considera que la educación de los consumidores es la mejor manera de lograr que éstos tomen conciencia y puedan escoger con conocimiento de causa y modificar así sus modelos de consumo.

1.8

Por último, el CESE quiere reiterar que todos los esfuerzos que los agentes económicos europeos deban poner en marcha en aplicación del Plan de Acción de la Comisión deben aplicarse a los productos importados, de forma que no se instale un sistema discriminatorio y gravoso para los productores europeos en su propio mercado interior.

2.1

La Unión Europea ha dado pasos importantes en la búsqueda de los objetivos de crecimiento y empleo establecidos en la Estrategia de Lisboa. Ahora se pretende que estos avances económicos se integren en un marco de sostenibilidad; a juicio de la Comisión, ésta es una necesidad que debe abordarse de manera inmediata.

2.2

De esta forma, la Comisión presenta su estrategia en la Comunicación COM(2008) 397 final, que pretende apoyar una visión integrada a nivel comunitario para el impulso del consumo y la producción sostenible y la promoción de una política industrial sostenible. Esta estrategia complementa las ya existentes en materia de uso de la energía, especialmente el paquete de energía y clima adoptado por la Comisión en 2008.

2.3

El documento de la Comunicación presenta un Plan de Acción que pretende mejorar las características energéticas y medioambientales de los productos y potenciar, a su vez, su utilización por parte de los consumidores. El objetivo último es mejorar el comportamiento medioambiental de los productos durante todo su ciclo de vida, aplicándolo a los productos con mayor posibilidad de reducir el impacto medioambiental. Así, el auténtico desafío consiste, pues, en crear un círculo virtuoso mejorando el comportamiento medioambiental de los productos a través de su ciclo de vida, promoviendo y estimulando la demanda de mejores productos y tecnologías de producción, y ayudando a los consumidores a mejorar su elección a través de un etiquetado mas coherente y simplificado, todo ello sin olvidar la mejora de la competitividad de la economía europea.

2.4

Las medidas que acompañan a este Plan de Acción son ocho, como se detallan a continuación.

2.5

Todos estos objetivos que se detallan en el Plan de Acción vienen acompañados de tres propuestas legislativas:

así como una Comunicación sobre contratación pública verde.

—

Informe de situación bienal sobre la Estrategia de la UE para un Desarrollo Sostenible (1)

—

Impacto de las normas medioambientales europeas en las transformaciones industriales (2)

—

La producción ecológica (3).

11.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/50

1.1

La etiqueta ecológica comunitaria debería seguir siendo un instrumento voluntario. El carácter voluntario del sistema le permite establecer criterios elevados y ambiciosos con vistas a la promoción de productos y servicios respetuosos del medio ambiente.

1.2

El Comité insiste en la necesidad de mejorar la administración del sistema, permitiendo que funcione con una gestión de tipo más comercial.

1.3

El Comité está de acuerdo con la Comisión en que el número de categorías de productos y de titulares de licencias debe aumentar sustancialmente.

1.4

El Comité considera que una etiqueta ecológica para todos los productos alimenticios, frescos y transformados, constituiría el primer paso hacia una verdadera «ecologización» de la cadena del suministro. No obstante, el Comité considera que la etiqueta ecológica para productos alimenticios sólo puede concederse si se tiene en cuenta el ciclo vital completo del producto. De la propuesta no se desprende claramente qué tipo de productos alimenticios se propone la Comisión incluir en el Reglamento.

1.5

El Comité considera que el envasado sólo se debería incluir entre los criterios de la etiqueta ecológica cuando ello sea pertinente para dicho grupo de productos.

2.1

En julio de 2008 la Comisión publicó una Propuesta de Reglamento relativo a un sistema de etiqueta ecológica comunitaria. La propuesta tiene por objeto sustituir al Reglamento (CE) no 1980/2000 de 17 de julio de 2000, relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica.

2.2

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ya ha abordado en el pasado esta cuestión. El Comité manifestó su punto de vista sobre la propuesta original (1) y también ha realizado numerosas propuestas sobre el futuro del sistema en el marco de otros dictámenes recientes (2).

2.3

Para la elaboración del presente dictamen también se han tomado en consideración diferentes opiniones de los órganos competentes, diversos grupos de interés europeos y las empresas que participan en el sistema. En concreto, el CESE ha contado con las aportaciones de los representantes de diferentes empresas, ONG de defensa del medio ambiente y organizaciones de consumidores, que realizaron una serie de presentaciones en el marco de la audiencia organizada en la sede del Comité.

3.1

El estado del medio ambiente suscita preocupaciones cada vez más graves.

Las modernas pautas de producción y consumo han contribuido al aumento de la demanda de energía y recursos que se utilizan de forma no sostenible, lo que pone en peligro el objetivo de reducir el impacto negativo de la actividad humana en el medio ambiente, la salud y los recursos naturales.

3.2

Por consiguiente, las economías actuales afrontan el enorme desafío de conciliar la sostenibilidad medioambiental con el crecimiento económico y el bienestar para corregir los errores cometidos en el pasado.

3.3

La crisis financiera que acusan las economías de todo el mundo no debe ahogar los esfuerzos realizados para mitigar el impacto del cambio climático y para proteger el medio ambiente. Por el contrario, la «ecologización» de la cadena de producción debería considerarse como un primer paso para aplicar ésta progresivamente a todos los sectores industriales.

3.4

En este contexto, un consumo y una producción sostenibles refuerzan las posibilidades de las empresas de transformar los retos medioambientales en oportunidades económicas y ofrecen una mejor solución a los consumidores.

3.5

El reto consiste en mejorar el comportamiento general de los productos en términos medioambientales a lo largo de todo su ciclo de vida, promover la demanda de mejores productos y tecnologías de producción y ayudar a los consumidores a elegir estando bien informados.

3.6

Por consiguiente, el Comité apoya una etiqueta ecológica multicriterios acreditada por terceros, basada en un enfoque del ciclo de vida (3) que pueda constituir un elemento importante de esos instrumentos políticos (4).

3.7

El Comité se manifiesta completamente a favor de iniciativas dirigidas a desarrollar una política comunitaria en materia de producción y consumo sostenible, plenamente integrada en las demás políticas comunitarias, con vistas a desarrollar un «mercado ecológico» para garantizar que los productos y servicios se ajustan a unas definiciones comunes inequívocas y se encuentran disponibles en todos los Estados miembros.

3.8

La experiencia adquirida durante el uso del sistema de la etiqueta ecológica justifica la modificación del Reglamento en vigor.

Las deficiencias actuales del sistema actual se pueden resumir como sigue:

El Comité indica su punto de vista sobre las deficiencias señaladas en el apartado «observaciones específicas», en el que comenta las medidas propuestas por la Comisión para mejorar el sistema.

3.9

Por último, el éxito de la aplicación del sistema de etiqueta ecológica comunitaria también reviste una enorme importancia, ya que constituye el único instrumento político voluntario relativo a los productos e impulsado por la demanda existente para la promoción de la sostenibilidad.

11.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/55

1.1

El CESE acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea de proceder a regular de forma armonizada el comercio de los productos derivados de las focas. La situación actual de esta actividad no es sostenible y es oportuno promover cambios sustantivos a escala internacional.

1.2

Este Comité, ante la ausencia de una base jurídica específica en el Tratado para abordar las cuestiones de bienestar animal, estima acertada la elección del artículo 95 del TCE «fragmentación del mercado interior» para intervenir legislativamente en esta materia. La jurisprudencia comunitaria avala la legitimidad de esta decisión.

1.3

El Comité propone un aplazamiento de la entrada en vigor del sistema de excepciones y sugiere a la Comisión que presente un informe detallado en 2012 sobre la evolución de las legislaciones en materia de caza de focas que sirva de base para la eventual concesión de excepciones a partir de 2012.

1.4

Durante los tres primeros años de aplicación del nuevo régimen la prohibición debería ser absoluta, con la única excepción de la caza practicada por el pueblo esquimal Inuit con una finalidad de subsistencia.

1.5

Para garantizar la viabilidad de las medidas incluidas en la propuesta legislativa es imperativo que la Comisión pueda articular sistemas de control efectivos. La actividad de control no puede gestionarse de forma exclusiva por el Estado solicitante de una excepción. La Comisión debe velar por la correcta aplicación sobre el terreno de lo estipulado en las correspondientes disposiciones legislativas.

1.6

El Comité solicita a la Comisión que elabore los estudios oportunos para determinar los efectos que el cambio climático puede producir en la conservación de la especie.

2.1

El grupo de animales conocido como pinnípedos engloba a un total de 33 especies de focas, leones marinos, osos marinos, elefantes marinos y morsas. Son mamíferos de tamaño variable que se reúnen en grandes grupos para reproducirse ya sea sobre la tierra o el hielo.

2.2

Aunque las organizaciones ecologistas (1) empiezan a alertar de una fuerte reducción de la población de focas debido entre otros factores a los efectos del cambio climático, las organizaciones de cazadores y los gobiernos de los Estados donde se reproducen las focas niegan cualquier problema de conservación de la especie, resaltando los cerca de 15 millones de focas susceptibles de caza. En los últimos años el debate sobre la caza de focas se ha centrado en cuestiones de bienestar animal, dejando en segundo lugar los aspectos relacionados con la conservación de la especie. La UE cuenta con una legislación específica sobre conservación de las focas (2).

2.3

La caza comercial de focas se produce en Canadá, Groenlandia, Namibia, Noruega y Rusia. Todos estos países han desarrollado diferentes legislaciones para regular la práctica de la caza de focas. La ausencia de datos fiables sobre la población de focas y el número de especimenes sacrificados anualmente ha sido reconocida por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA). Atendiendo a los datos suministrados por las autoridades de cada Estado, el principal país donde se produce la caza de focas es Canadá, con cerca de 300 000 especímenes sacrificados anualmente. Según datos del Gobierno canadiense (3) se cazaron 275 000 focas durante 2008, con un total de 17 000 licencias concedidas. A gran distancia de Canadá destacan Groenlandia (4) y Namibia (5) con 160 000 y 80 000 especimenes sacrificados anualmente.

2.4

En la Unión Europea se produce la matanza y despellejamiento de focas en dos Estados: Finlandia y Suecia. En el Reino Unido (Escocia) se fabrican productos derivados de focas. En el territorio de la Comunidad esta actividad no tiene una dimensión comercial como ocurre en Noruega o Canadá, sino que tiene una doble finalidad recreativa y de control de la población piscívora.

2.5

Las focas son sacrificadas para utilizar sus pieles para abrigos, su grasa para aceites, la carne para comida de animales y sus genitales, cada vez más apreciados en el continente asiático, para la fabricación de afrodisíacos.

2.6

Existen diferentes formas de matar a las focas. Los instrumentos más habituales son los rifles y el hakapik (una especie de pico terminado en forma de martillo). Este tipo de arpón, denominado hakapik, es un instrumento en apariencia primitivo y rústico pero se considerada por los científicos como el método más eficaz para aturdir y matar rápidamente a una foca.

2.7

La AESA señaló en su dictamen científico (6) publicado en 2007 que «es posible matar las focas de forma rápida y eficaz sin causarles dolor o angustias innecesarias». Sin embargo, reconoce que en la práctica no siempre se produce un sacrificio compasivo y eficaz. Las diversas legislaciones nacionales se encargan de regular las dimensiones y las formas de usar el hakapik, así como el calibre de los rifles y la velocidad de la bala.

3.1

El 26 de septiembre de 2006 el Parlamento Europeo adoptó una declaración (7) en la que solicitaba a la Comisión Europea la elaboración de propuestas legislativas con objeto de regular la importación, exportación y la venta de productos procedentes de dos tipos de focas; la foca rayada y la foca de capucha. Asimismo, en la declaración se pedía un tratamiento específico para la caza tradicional de focas practicada por la comunidad Inuit.

3.2

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una recomendación sobre la caza de focas en la cual se instaba a sus miembros a prohibir aquellas formas de caza crueles que no garantizan una muerte instantánea del animal.

3.3

En los últimos años Bélgica, los Países Bajos y Eslovenia han elaborado normas nacionales con objeto de prohibir la fabricación y comercialización de productos derivados de la foca. Otros países de la UE han decidido también regular esta materia y su legislación nacional se encuentra en la actualidad en fase de elaboración.

3.4

La Comisión Europea lanzó a inicios de 2007 una consulta de las partes interesadas que concluyó con el dictamen científico presentado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) (8). En abril de 2008 la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea publicó un estudio sobre el impacto potencial de una prohibición de productos derivados de focas.

3.5

El 23 de julio de 2008 la Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento (9) relativa al comercio de productos derivados de la foca. La base jurídica elegida han sido los artículos 95 y 133 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. El artículo 95 se refiere a la fragmentación en el mercado interior y el artículo 133 se ciñe a la política comercial común. Los criterios para recurrir a la base jurídica que proporciona el artículo 95 han sido establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

3.6

La propuesta de Reglamento de la Comisión prohíbe la comercialización, importación, exportación y tránsito de productos derivados de la foca en la Comunidad. Sin embargo, se establece un sistema de excepciones que permitirá aplicar excepciones a la regla general en caso de que se cumplan una serie de condiciones de bienestar animal recogidas en el Reglamento (10). Las citadas condiciones pretenden garantizar que las focas han sido sacrificadas o despellejadas sin dolor, angustia u otras formas de sufrimiento innecesarias.

3.7

La Comisión Europea otorga una exención automática a la caza de focas tradicional practicada como un medio de subsistencia por la comunidad Inuit. La normativa de aplicación establecerá las medidas adecuadas para garantizar el origen de los productos derivados de la foca.

3.8

Los Estados miembros remitirán a la Comisión cada cinco años un informe sobre las medidas adoptadas para la ejecución del Reglamento.

4.1

El CESE acoge con gran satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea de proceder a regular de forma armonizada los métodos aceptables para la caza de focas y la comercialización de sus productos derivados.

4.2

La propuesta de Reglamento se centra en el bienestar animal y no aborda la problemática relacionada con la conservación de la especie. Las organizaciones ecologistas europeas han subrayado la necesidad de incluir los aspectos de conservación en el texto legislativo. Sin embargo, la UE cuenta con una sólida legislación en materia de conservación y dispone de instrumentos específicos sobre la conservación de las focas que son complementarios con las medidas incluidas en la propuesta.

4.3

Es evidente que el cambio climático (principalmente el fenómeno del deshielo) afectará de forma directa a las condiciones de vida y reproducción de las focas. Por este motivo se demanda a la Comisión Europea que realice las evaluaciones y estudios científicos pertinentes con el fin de proporcionar datos reales sobre el potencial efecto negativo del cambio climático en la población de focas, y en su caso, revise y adopte los instrumentos de naturaleza comunitaria en materia de conservación.

4.4

La UE no dispone en el Tratado de la Comunidad Europea de una base jurídica específica para regular los aspectos relacionados con el bienestar animal. La ausencia de esta base jurídica explícita conduce a la UE a colmar esta omisión a través del recurso a otras bases jurídicas distintas pero igualmente legítimas para abordar esta cuestión. En este caso, el controvertido artículo 95 «fragmentación del mercado interior» ofrece a la UE la posibilidad de armonizar legislaciones con el trasfondo del bienestar animal, concepto que ha sido calificado por la jurisprudencia comunitaria como de «interés general». El CESE señaló en su dictamen sobre las pieles de perros y gatos (11) su aceptación de la citada base jurídica para legislar en materia de bienestar animal y subrayó su conformidad con las reglas de comercio elaboradas en el seno de la Organización Mundial del Comercio.

4.5

La ausencia de un control comunitario en la materia, la falta de datos (reconocida oficialmente por la AESA) y el interés económico subyacente dificultan una visión real y no distorsionada de la caza de focas fuera de la UE. Los posibles cambios legislativos en los países donde se sacrifican las focas, con objeto de adecuarse a los nuevos criterios comunitarios, no tienen por qué implicar, en la práctica, una mejora sustancial en las condiciones de sacrificio de las focas.

4.6

La prohibición general acompañada de un sistema de excepciones a posteriori supone un instrumento novedoso que puede significar un valioso precedente en futuros procesos normativos comunitarios. Por lo tanto, El CESE no rechaza totalmente el esquema comunitario de excepciones pero pide un aplazamiento de su entrada en vigor de modo que durante los tres primeros años de la aplicación del Reglamento la prohibición general sea total con la única excepción de la comunidad Inuit, cuya subsistencia depende de la caza de focas. El aplazamiento permitiría a la UE desarrollar técnicamente un sistema de excepciones más detallado y riguroso que el esquema general que se plantea en la propuesta original, facilitaría los controles y proporcionaría nuevos elementos de juicio para valorar la posible concesión de las excepciones.

4.7

La presentación de un informe comunitario en 2012 sobre los cambios experimentados en las legislaciones estatales sobre caza de focas, aplicación práctica y mecanismos de control, podría ser de gran utilidad para que la autoridad comunitaria pueda valorar a partir de esa fecha los avances realizados y la posible concesión de excepciones. La ausencia de datos justifica un mayor esfuerzo comunitario que permita recabar todos aquellos datos relevantes y necesarios.

4.8

El CESE desea que la propuesta legislativa de la Comisión suponga un incentivo real para que aquellos Estados donde se produce la caza de focas puedan adaptar sus legislaciones y prácticas hacia formas más «humanas» de matar a las focas. El statu quo actual respecto la matanza de focas no es sostenible y deben impulsarse los cambios necesarios aún reconociendo las limitaciones de competencia de la UE en este ámbito.

4.9

El CESE subraya la necesidad de que los Estados miembros adopten un sistema de sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas con objeto de garantizar el alcance y la eficacia de la nueva normativa relativa a la caza de focas. Un eficaz sistema sancionador contribuirá al reforzamiento del mercado interior y la protección de los consumidores.

5.1

A pesar de que la propuesta de reglamento no aborda la cuestión de la justificación de la caza de focas, resulta oportuno que el CESE se pronuncie sobre determinadas cuestiones recurrentes en el debate sobre la caza de focas. En primer lugar, debe señalarse sin ambigüedad que la matanza de focas no puede definirse como una actividad pesquera sino como la caza de mamíferos. En segundo lugar, es cuestionable que pueda culparse a las focas de la disminución de los recursos marinos y en concreto de los bancos de bacalao. Ningún estudio científico puede avalar esta tesis con la que se pretende justificar en algunos Estados el recurso a la caza de focas. La complejidad del ecosistema marino impide pronunciarse con rotundidad en este sentido.

5.2

La Comisión no diferencia en su propuesta entre la caza de focas que se produce a gran y pequeña escala. Esta filosofía de la Comisión es acertada si tenemos en consideración que el objetivo último de la propuesta reside en los principios del bienestar animal. La introducción de excepciones particulares para los países europeos que practican la caza de focas a pequeña escala no puede justificarse bajo la óptica del bienestar animal y podría cuestionar la legalidad internacional del conjunto de la propuesta.

5.3

La labor de control en este ámbito resulta especialmente difícil, compleja y se realiza en condiciones climáticas muy adversas. Los controles deben determinar el número real de animales sacrificados y el grado de cumplimiento sobre el terreno de las disposiciones legislativas en la materia. Un sistema de control gestionado íntegramente por el país que solicita una excepción no parece, a priori, la mejor fórmula para garantizar su independencia. La UE debería formar un equipo de expertos que realizase los controles in situ en aquellos países que solicitaren la excepción. La financiación de este cuerpo europeo de inspectores debería correr a cargo del país que desee exportar al mercado comunitario. De este modo, la UE dispondría de más información para valorar la efectividad del sistema de certificación y etiquetado.

5.4

La puesta en marcha de un sistema de certificación y un etiquetado facultativo en los países que soliciten la excepción responde a la sensibilidad expresada reiteradamente por los ciudadanos europeos y recogida en la consulta pública organizada por la Comisión. Las iniciativas sobre certificación y etiquetado deben ir acompañadas, en todo caso, de medidas generales de prohibición de la comercialización de productos derivados de focas. En caso contrario, sería dudoso que se pudieran alcanzar los objetivos de bienestar animal que persigue la Comisión en su propuesta.

5.5

Los requisitos de certificación deben ser desarrollados en la normativa de aplicación del Reglamento con objeto de definir de forma precisa las condiciones de certificación y etiquetado. En el pasado la falta de precisión en este ámbito ha dado lugar a un etiquetado impreciso que ha inducido a confusión y error al consumidor. Es habitual encontrar en el mercado productos que han sido elaborados con productos derivados de focas que son etiquetados como «aceite marino» o «aceite de pescado». Resulta imprescindible que en el etiquetado de estos productos se indique no sólo la especie de foca de la que proceden sino también el origen del animal.

5.6

El Comité que asistirá a la Comisión Europea en el procedimiento de autorización de excepciones debería facilitar la participación de todas aquellas organizaciones y operadores con interés en dicho procedimiento.

11.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/59

—

la eficiencia y el ahorro energéticos,

—

la utilización y la conservación de los suelos,

—

el agua y el aire,

—

las emisiones,

—

la gestión de residuos,

—

la protección de la biodiversidad,

—

mejorar la cultura de los trabajadores, los empresarios y los ciudadanos sobre los problemas de medio ambiente,

—

influir en una producción sostenible,

—

favorecer un comercio sostenible,

—

fomentar un consumo sostenible.

2.1

El desarrollo de los instrumentos voluntarios debe considerarse un elemento importante de la política comunitaria del medio ambiente, sobre todo cuando la propia Comisión reconoce que «los instrumentos voluntarios […] tienen un gran potencial pero aún no se han desarrollado plenamente» (3).

2.2

Los instrumentos voluntarios en el ámbito del medio ambiente pueden presentar ventajas importantes, siempre y cuando:

2.3

Entre los instrumentos voluntarios elaborados, adoptados y perfeccionados por la Unión cabe destacar, además del sistema EMAS, la etiqueta ecológica de la UE (4), la declaración de producto medioambiental (Environmental Product Declaration – EPD) y la evaluación del ciclo de vida (Life Cicle Assessment – LCA), los contratos públicos «ecológicos» (Green Public Procurement – GPP) (5), el sistema de etiquetado Energy Star  (6), los acuerdos voluntarios (7), el Programa 21 y la norma EN ISO 14001.

2.4

Las sinergias con otros instrumentos de política medioambiental han dado siempre buenos resultados, por ejemplo con el Sistema de Gestión Medioambiental definido por la norma ISO 14001 (8), que ha alcanzado 35 000 certificaciones, y que se basa fundamentalmente en el compromiso de la dirección de una empresa de ajustarse a la legislación, la mejora continua y la prevención de la contaminación.

2.5

Por otro lado, en el marco del Plan de acción para la producción y el consumo sostenibles y para una política industrial sostenible (9), sobre el que el Comité está elaborando en la actualidad un dictamen, el sistema EMAS se presenta como un instrumento que puede tener sinergias con:

2.6

Desde 1992 el Comité considera que el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) desempeña un papel importante de estímulo y mejora de la protección del medio ambiente, y estima que el sistema preconizado mejora la protección del medio ambiente, sobre todo porque sus objetivos medioambientales deben alcanzarse por medios organizativos dentro de las empresas, con la mayor atención que ello impulsa, y mediante más información mejor difundida (11), con la participación de todos los trabajadores.

2.7

El Reglamento (CE) no 761/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo, del 19 de marzo de 2001, ha sustituido al Reglamento de 1993 y ha ampliado la posibilidad de certificación a todos los centros tras una revisión basada «en la evolución de la política comunitaria en el ámbito del medio ambiente, que valoriza los instrumentos voluntarios y la responsabilidad de los diferentes agentes en el ámbito de la promoción del desarrollo sostenible» (12). El Comité no ha dejado de señalar que valoraba positivamente esta revisión (13).

2.8

En particular, el Comité ha confirmado una vez más que entre los elementos fundamentales del sistema EMAS cabe citar los siguientes:

2.9

Entre los objetivos complementarios que el sistema EMAS puede contribuir a alcanzar cabe destacar:

2.10

Por consiguiente, el Comité considera positiva la iniciativa de la Comisión de emprender una revisión de la legislación actual por la que se regula la participación voluntaria en el sistema EMAS, a fin de permitir que se aproveche todo su potencial.

3.1

El objetivo de la propuesta de revisión del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) es, mediante la aprobación de un nuevo reglamento que deroga el Reglamento (CE) 761/2001 y la Decisión 2001/681/CE, así como la Decisión 2006/193/CE, el siguiente:

—

organismos competentes para el registro,

—

organismos de acreditación,

—

autoridades competentes en la aplicación de la legislación medioambiental,

—

verificadores medioambientales.

—

una producción sostenible,

—

un comercio sostenible,

—

un consumo sostenible.

11.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/65

1.1

El CESE acoge favorablemente esta propuesta de la Comisión. Representa un importante paso adelante en la dirección adecuada y puede mejorar el bienestar de los animales durante el proceso de sacrificio.

1.2

El Comité acoge favorablemente la propuesta consistente en hacer plenamente responsable al explotador del matadero del bienestar de los animales durante el proceso de sacrificio mediante el requisito de aplicar procedimientos de trabajo normalizados, la introducción de certificados de competencia y la necesidad de designar a un encargado del bienestar animal.

1.3

El Comité señala que el veterinario oficial debe desempeñar el papel principal de supervisión, a fin de garantizar la plena aplicación de procedimientos correctos en materia de bienestar animal durante el proceso de sacrificio. Debería comunicarse inmediatamente al veterinario oficial cualquier cambio en los procedimientos de trabajo normalizados.

1.4

En particular, el veterinario oficial debería ser responsable de realizar verificaciones periódicas para garantizar que se realiza adecuadamente la supervisión de los procedimientos de sacrificio.

1.5

La propuesta consistente en permitir excepciones en caso de sacrificio ritual de animales es totalmente incoherente con los objetivos en materia de bienestar animal durante el proceso de sacrificio contenidos en la propuesta de Reglamento.

1.6

El Comité acoge con gran satisfacción los nuevos procedimientos para proceder al vaciado sanitario y a la matanza de emergencia. En particular, es importantísimo el requisito consistente en establecer un plan de acción para garantizar el cumplimiento de las normas de este Reglamento antes del inicio de la operación. Cabe acoger muy favorablemente la propuesta de publicar un informe de evaluación en el plazo de un año a partir de la fecha final de la operación de vaciado sanitario.

2.1

En la UE ha aumentado la importancia de la preocupación por el bienestar animal, y esto es significativo en una sociedad que se considera avanzada y civilizada.

2.2

En 2004 y 2006 dos dictámenes científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sugerían que se revisara la Directiva vigente 93/119/CE.

2.3

Se han detectado problemas específicos relacionados con la legislación de la UE, como la falta de una metodología armonizada para los nuevos métodos de aturdimiento, así como la ausencia de responsabilidades claras de los explotadores y directores de mataderos. También es necesaria una formación adecuada del personal que participa en el sacrificio de animales.

2.4

Es necesaria una mayor claridad en lo que se refiere a las condiciones de bienestar de los animales sacrificados con fines de control de enfermedades. Las normas en materia de bienestar animal deberían ser aplicables, en la medida de lo posible, cuando haya que sacrificar animales en una situación de urgencia a fin de evitar demoras y sufrimientos innecesarios a los animales.

2.5

Es necesario mejorar la comprensión del bienestar animal y su integración en la preparación y manipulación de los animales antes del sacrificio.

2.6

Se derogará la Directiva 93/119/CE, y se la sustituirá por el Reglamento propuesto, pero el ámbito de aplicación de la legislación no variará.

2.7

Al cambiar una directiva por un reglamento, la propuesta garantiza una aplicación uniforme y simultánea en toda la UE coherente con los principios del mercado único.

3.1

El Reglamento propuesto establece normas sobre la matanza de animales mantenidos con vistas a la producción de alimentos, lana, cuero, piel u otros productos, y sobre las operaciones vinculadas a ella.

3.2

Se permitirá una excepción en caso de matanza de emergencia a fin de evitar dolor y sufrimiento innecesarios al animal o si su plena aplicación diera lugar a un riesgo inmediato para la salud o la seguridad humanas.

3.3

El Reglamento no se aplicará si los animales son matados:

3.4

Durante la matanza o las operaciones vinculadas a ella no se causará a los animales dolor, angustia o sufrimiento si puede evitarse. Los explotadores de empresas deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se trate adecuadamente a los animales y sufran el mínimo estrés antes del sacrificio.

3.5

De conformidad con el artículo 4, apartado 1, los animales se matarán únicamente mediante un método que garantice la muerte instantánea o previo aturdimiento.

3.6

No obstante, si así lo prescriben los ritos religiosos, los animales podrán matarse sin aturdimiento previo, a condición de que la matanza se lleve a cabo en un matadero. Los Estados miembros podrán decidir la no aplicación de esta excepción.

3.7

El anexo I contiene una lista de los métodos de aturdimiento y una descripción detallada de los requisitos técnicos, y el aturdimiento deberá efectuarse de acuerdo con estos métodos. Deberá comprobarse la eficacia del proceso de aturdimiento sobre una muestra de animales suficientemente representativa a fin de garantizar el funcionamiento adecuado y coherente de dicho proceso.

3.8

Podrán adoptarse códigos comunitarios de buenas prácticas relativos a los métodos de aturdimiento establecidos en el anexo I de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 22, apartado 2. Este procedimiento se introdujo mediante decisión del Consejo de 1999 por la que se establece el procedimiento para que la Comisión ejerza los poderes que se le confieren para aplicar la legislación a través de un comité de reglamentación. Cada Estado miembro tendrá un representante en el comité, que estará presidido por un representante de la Comisión.

3.9

Los explotadores de empresas elaborarán y aplicarán procedimientos de trabajo normalizados para asegurarse de que la matanza y las operaciones vinculadas a ella se lleven a cabo de conformidad con el artículo 3, apartado 1. Estos procedimientos de trabajo normalizados se pondrán a disposición de la autoridad competente cuando ésta así lo solicite. Por lo que respecta al aturdimiento, los procedimientos de trabajo normalizados tendrán en cuenta las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes sobre el uso del equipo. Además, deberá disponerse de inmediato de una instalación alternativa en caso de que surjan problemas con el equipo de aturdimiento.