31.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/1

—

cree que el diálogo intercultural constituye un instrumento clave para fomentar el entendimiento de la diversidad cultural y fortalecer y acercar a los pueblos en una Europea multilingüe y multicultural;

—

está convencido de que el diálogo entre las diferentes religiones y visiones del mundo es una de las vías principales para un diálogo intercultural sostenible;

—

por lo tanto, pide al Parlamento Europeo que impulse una Carta Europea para el diálogo intercultural y propone a la Comisión Europea y a los Estados miembros que organicen una plataforma europea permanente para el diálogo intercultural en la que estén presentes los entes locales y regionales, con vistas a desarrollar un diálogo sistemático que nazca en nuestras ciudades y regiones;

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cree que las competencias de los entes locales y regionales son muy importantes en la promoción del diálogo intercultural;

—

cree que los entes locales deberían entablar un diálogo abierto con los distintos grupos o sectores de la sociedad y después fomentar y respaldar la comunicación entre ellos, organizar encuentros y educar al ciudadano mediante conferencias, festivales, exposiciones y otros tipos de actividades;

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señala que en muchos Estados miembros los entes locales y regionales son responsables de la legislación relativa a la política de integración y su aplicación, de tal modo que su papel resulta esencial en la integración de los inmigrantes;

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cree que el diálogo intercultural es imprescindible para una buena integración. Por ser los más próximos a los ciudadanos, los entes locales y regionales pueden estimular el reconocimiento mutuo y una participación más activa en el diálogo intercultural.

Ponente

:

Sr. BELICA (SK/PPE), Presidente de la Región Autónoma de Nitra

1.

cree que el principio básico que subyace en el proceso de integración europea es el respeto y la promoción de la diversidad cultural. En este sentido, el diálogo intercultural constituye un instrumento clave para fomentar el entendimiento de la diversidad cultural y fortalecer y acercar a los pueblos en una Europa multilingüe y multicultural;

2.

subraya que el concepto de diálogo intercultural, unido al de cohesión social y territorial, puede contribuir a infundir los valores básicos de la vida privada, social y cívica, como son la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia, el respeto, los valores tradicionales, la lucha por el progreso social y la comprensión de la diversidad social y cultural. También puede impulsar la capacidad de comunicación entre personas y grupos de distintas culturas, y su disposición a vivir juntos de manera solidaria;

3.

subraya que la igualdad de acceso a la cultura y la libertad de expresión cultural son rasgos esenciales del sistema europeo de valores y condiciones para el diálogo intercultural y la integración;

4.

insiste en que, para promover eficazmente el diálogo intercultural, es precisa una cooperación a escala local y regional en la que participen los responsables locales y regionales, los interlocutores sociales, los centros de educación y formación, las ONG, los jóvenes, las organizaciones deportivas y culturales, las estructuras de representación de los inmigrantes y otros agentes apropiados próximos a los ciudadanos. Las asociaciones religiosas y seculares son también voces importantes en este diálogo, pues ayudan a crear la necesidad de comprensión y tolerancia mutuas, siempre que efectivamente transmitan tal necesidad;

5.

está convencido de que el diálogo entre las diferentes religiones y visiones del mundo es una de las vías principales para un diálogo intercultural sostenible. Las organizaciones de diferentes creencias son piezas fundamentales de nuestra sociedad y, en el ámbito local y regional, las autoridades públicas y religiosas gozan de una posición que les permite desarrollar conjuntamente métodos de trabajo para promover el entendimiento mutuo y reforzar el diálogo intercultural. Respaldar los métodos y actividades que se desplieguen en los ámbitos local y regional puede, además, conducir al desarrollo del principio del entendimiento mutuo;

6.

por lo tanto, pide al Parlamento Europeo que impulse una Carta Europea para el diálogo intercultural y propone a la Comisión Europea y los Estados miembros que organicen una plataforma europea permanente para el diálogo intercultural en la que estén presentes los entes locales y regionales, con vistas a desarrollar un diálogo sistemático que nazca en nuestras ciudades y regiones;

7.

cree que las competencias de los entes locales y regionales son muy importantes en la promoción del diálogo intercultural. A ellos corresponde una gran responsabilidad a la hora de conformar y defender nuestra rica diversidad cultural. Tienen un papel crucial en la difusión y aplicación de las mejores prácticas y el intercambio de experiencias en el diálogo intercultural, en especial a través de la coordinación de redes locales y regionales multidimensionales que engloben a todos los agentes pertinentes;

8.

cree que los entes locales y regionales podrían utilizar su posición para concienciar sobre la compleja situación actual y la coexistencia de distintas identidades culturales y creencias. Por tanto, es importante que comprendan verdaderamente a los distintos grupos, su actividad y su influencia en la sociedad. Así pues, se hace necesario definir el mayor número posible de partes interesadas por el diálogo intercultural a fin de incluirlas en las estructuras que posibiliten un intercambio directo e intensivo con los entes locales y regionales respectivos;

9.

observa que numerosas iniciativas interculturales se gestionan a escala local o regional. Los entes locales y regionales, por su proximidad a los ciudadanos, tienen una posición estratégica apropiada para responder —junto con otros agentes locales— a las necesidades y exigencias concretas de los distintos grupos culturales de su territorio. y para fomentar un mayor diálogo intercultural;

10.

cree que los entes locales deberían entablar un diálogo abierto con los distintos grupos o sectores de la sociedad y después fomentar y respaldar la comunicación entre ellos, organizar encuentros y educar al ciudadano mediante conferencias, festivales, exposiciones y otros tipos de actividades. Los entes locales y regionales deberían entablar un diálogo abierto en el que pudieran participar con imparcialidad, respetando la libertad y los derechos de la persona y del grupo. Posteriormente actuarían como meros intermediarios, tal vez ofreciendo «servicios de orientación» (información, proyectos);

11.

cree que los inmigrantes deben tener la oportunidad de votar en las elecciones locales, regionales y al Parlamento Europeo;

12.

así pues, anima a las autoridades y los grupos políticos pertinentes a que fomenten su participación para facilitar su integración en la sociedad;

13.

cree que el diálogo intercultural es imprescindible para una buena integración. Por ser los más próximos a los ciudadanos, los entes locales y regionales pueden estimular el reconocimiento mutuo y una participación más activa en el diálogo intercultural;

14.

recomienda a la Unión Europea establecer, dentro de sus competencias, marcos claros y condiciones previas para una buena integración, aunque también reconoce que la política de inmigración e integración es competencia nacional y que es preciso respetar el principio de subsidiariedad;

15.

destaca la necesidad de crear y apoyar estructuras de gestión (ventanillas únicas) para los asuntos de tipo práctico que se plantean a los inmigrantes (en paralelo a los problemas burocráticos normales), capaces de ofrecer información útil especialmente destinada a los recién llegados;

16.

señala que en muchos Estados miembros los entes locales y regionales son responsables de la legislación relativa a la política de integración y su aplicación, de tal modo que su papel resulta esencial en la integración de los inmigrantes. Es preciso tener presentes las diferencias entre los sistemas nacionales así como la situación geográfica de cada Estado miembro y los usos y costumbres actuales y las particularidades históricas y culturales al elaborar los marcos europeos comunes recomendados en el punto 14. Esto supone, además, que los entes locales y regionales deberían aplicar un modelo basado en la integración que se adecue a sus circunstancias concretas;

17.

subraya que los entes locales y regionales con frecuencia participan en la definición de la eficacia y efectividad de una serie de aspectos de la política de integración con su forma de cumplir con sus responsabilidades en este ámbito;

18.

pide que se provean recursos adecuados para medidas de integración en el ámbito local y regional y que, al mismo tiempo, se profundice en los programas existentes. Los entes locales y regionales deberían contar con un respaldo en la gestión del proceso de integración, tanto en información y financiación como en el desarrollo de las mejores prácticas. Así pues, es recomendable incluir líneas de acción y medidas que permitan financiar proyectos e integrar a los inmigrantes local y regionalmente;

19.

llama la atención hacia la magnitud de la inmigración a la Unión Europea. Es una circunstancia que exige incrementar la cooperación y el diálogo en la esfera cultural para garantizar que las diferencias culturales no provoquen discordancia, sino que se conviertan en instrumento de desarrollo, en una herramienta para reforzar la tolerancia y unir a los pueblos en una Europa multicultural, basada en el respeto mutuo y la solidaridad;

20.

pide que se intensifiquen los esfuerzos por elaborar una política europea común dirigida a gestionar la inmigración irregular. Muchos de los aspectos jurídicos de la inmigración irregular rebasan las competencias de los entes locales, aunque las consecuencias de este fenómeno se perciben ante todo y sobre todo a nivel local y regional. Deberán encontrarse vías y realizarse esfuerzos para consultar a las regiones y al ámbito local a la hora de elaborar políticas comunes al respecto y tratar los problemas específicos de la migración irregular en el contexto del diálogo intercultural;

21.

opina que los entes locales y regionales desempeñan un papel especial en el ámbito de la política de inmigración, porque proporcionan muchos de los servicios que son importantes para una buena integración –como la vivienda, la atención sanitaria, la educación, los programas de capacitación y de idiomas, etc.– y son los primeros afectados por los problemas que se plantean en este ámbito;

22.

recalca que el proceso de integración a veces dura varias generaciones —sobre todo a escala local— y, en consecuencia, considera fundamental que los entes locales y regionales proporcionen una integración efectiva —estructural, social, económica y cultural— contribuyendo a que los recién llegados no sufran discriminación, que se respeten sus derechos y puedan acceder a los recursos, el empleo y los servicios, de tal forma que sea un prerrequisito absoluto el que puedan desarrollar un papel pleno en la sociedad europea. Es esencial el acceso —cuya regulación compete a los Estados miembros— al mercado de trabajo normal;

23.

recomienda que se analice la posibilidad de crear en todos los Estados miembros un sistema de redes de entes locales y regionales, a fin de incrementar la cooperación para afrontar eficazmente los flujos migratorios e integrar de manera consciente a los refugiados, por medio de proyectos locales fomentados por los propios entes locales;

24.

se remite al Año europeo del diálogo intercultural (2008), que constituye un importante impulso para la integración de personas con historial de inmigración fomentando la comprensión de las diversas culturas. La Comisión debería examinar si la celebración anual de un «Día europeo de la integración y la tolerancia intercultural» puede sensibilizar en mayor medida y destacar el enriquecimiento de la diversidad cultural;

25.

recomienda crear las condiciones para integrar a las familias de los inmigrantes con las familias y las comunidades locales, mediante la puesta en práctica de programas integrados para la rehabilitación del entorno construido y de la ordenación urbanística, la prestación de servicios, la mejora de la calidad del medio ambiente y la lucha contra la exclusión social, todo ello con la participación activa de los inmigrantes. Señala la necesidad de investigar más para compilar las experiencias de los Estados miembros de los últimos años en cuanto a la capacidad para ofrecer vivienda a los emigrantes, con particular atención a aquellas experiencias que prevén la puesta en práctica de programas de rehabilitación en barrios caracterizados por la presencia de inmigrantes;

26.

anima a los entes locales y regionales a que hagan uso de las actuales posibilidades de financiación comunitaria para ofrecer a emigrantes, solicitantes de asilo y refugiados ayuda para encontrar empleo, acceso a servicios sociales, sanitarios y de vivienda. Los entes locales y regionales deberían garantizar la calidad y cantidad de los servicios públicos, así como programas de educación y aprendizaje, además de la calidad de vida en las ciudades, con un urbanismo eficaz y una política de vivienda adecuada que evite la degradación de las zonas urbanas, además de establecer programas eficaces para la regeneración de las áreas urbanas degradadas;

27.

llama la atención sobre el hecho de que, sin proyectos de acogida e integración ni un empleo estable, también los inmigrantes pueden terminar en las redes de explotación y delincuencia, o incluso convertirse voluntaria o involuntariamente en delincuentes, creando una posible fuente de perturbaciones por lo que respecta a la seguridad y la cohesión social;

28.

sugiere que los Estados miembros, en colaboración con los entes locales y regionales, y con todos los agentes económicos y sociales, se esfuercen por mejorar, en el marco de las competencias nacionales, el acceso de los inmigrantes al trabajo y luchen contra la discriminación en el mercado laboral. Los Estados deberían informar a los inmigrantes de las posibilidades que existen y animarles a que se preparen para tener un empleo mediante programas, incluso específicos, de formación continua;

29.

considera que la sensación de pertenencia a un lugar comienza a desarrollarse ya en la escuela, y que los programas de acogida e integración podrían formar parte de todos los sistemas de enseñanza preescolar, escolar y universitaria de los Estados miembros;

30.

cree que los entes locales y regionales deben insistir en el papel y la importancia de la educación como medio esencial para concienciar sobre la diversidad;

31.

pide que se preste más atención al potencial cultural, lingüístico e intelectual de los inmigrantes, aún más importante para la Unión Europea en el mundo globalizado;

32.

insiste en la necesidad de apoyar una enseñanza que se oriente al mutuo entendimiento. Para conseguirlo, el programa de estudios debería adaptarse de forma que refleje el entorno multicultural de la UE y el principio de apoyar activamente el diálogo multicultural;

33.

recalca de forma especial la enseñanza de otras lenguas y el desarrollo de los fundamentos del multilingüismo en la etapa preescolar. Subraya la importancia de dominar la lengua del país de acogida y de la zona en la que se vive; sugiere, por tanto, que se tomen medidas adecuadas de apoyo y se ofrezcan oportunidades de aprendizaje, tanto en las escuelas como fuera del entorno escolar, para los migrantes de distintos grupos de edad;

34.

también reconoce la necesidad de fomentar el diálogo entre comunidades religiosas, asociaciones y otros agentes culturales. Las personas que viven en la UE deben conocer y comprender mejor tanto los países de la UE como los que no pertenecen a ella, y ello incluye su historia y su cultura. Tanto los inmigrantes como la gente del lugar deben recibir una educación positiva sobre Europa: deben descubrir los valores compartidos y la historia común, la relación entre las culturas y la similitud en derechos y deberes sociales y políticos;

35.

propone a los entes locales y regionales que se comprometan a fomentar la conciencia intercultural entre sus trabajadores y otros proveedores de servicios públicos, y que promuevan una representación justa de los emigrantes y las minorías nacionales en sus instituciones;

36.

está convencido de que los entes locales y regionales pueden resultar fundamentales en la creación de un entorno que permita a los estudiantes extranjeros crear vínculos con la ciudad en la que están estudiando, por breve que sea esa etapa;

37.

pide a los entes locales y regionales que lleven a cabo, en estrecha colaboración con los medios de comunicación locales, así como con organizaciones y asociaciones de interés cultural, campañas informativas de ámbito local y regional que se dirijan particularmente a los grupos «desfavorecidos», para garantizar que aprovechen todas las oportunidades;

38.

considera importante el papel de los medios de comunicación locales a la hora de informar de la manera más objetiva posible sobre la situación y la realidad de las sociedades multiculturales europeas y, por consiguiente, de incrementar la adaptabilidad de los ciudadanos del país de acogida (fomento de la conciencia intercultural y el conocimiento de las otras culturas; aceptación de la inmigración), además de animar a los inmigrantes a integrarse y a respetar las culturas, tradiciones, costumbres y lenguas del país de acogida y de los demás Estados miembros de la Unión Europea;

39.

sugiere interesar a los agentes locales y regionales a través de actividades y actos descentralizados y fomentar una cobertura adecuada de dichos actos en los medios de comunicación regionales. Los entes locales y regionales deberían destacar el innegable papel de los medios de comunicación en el fomento de la igualdad y el mutuo entendimiento y seguir creando las condiciones para facilitar el diálogo intercultural;

40.

recuerda la necesidad de promover la creación de nuevos espacios (diferentes entornos digitales, cafés especiales, actividades en parques y plazas) para el diálogo intercultural y propone que se apoyen debates en la ciudad, diálogos, enseñanza de lenguas, cursos de naturalización, planes de empleo, cursos para la igualdad de oportunidades, programas contra la discriminación, etc., además del intercambio sistemático y la supervisión de las experiencias, con nuevos enfoques para gestionar localmente los éxitos y los fracasos.

31.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/6

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considera que las regiones y entes locales desempeñan un papel crucial en el Espacio Europeo de Investigación (EEI), en tanto que acercan su política a los ciudadanos, y se encuentran más cerca de las realidades de los agentes que actúan en ella;

—

apoya la puesta en marcha de un marco legal comunitario, pedido por los Estados Miembros con el objeto de facilitar la creación e implantación efectiva de infraestructuras de excelencia en Europa que impulsen la investigación y que, en última instancia, se concreten en una mejora de la posición competitiva de Europa frente a terceros países;

—

propone, con el fin de garantizar la naturaleza transnacional de la infraestructura de investigación que, en el caso de que los afiliados a la misma sean regiones o entes locales, se trate de al menos tres regiones o entes locales pertenecientes a Estados Miembros diferentes, sin perjuicio de la procedencia del resto de afiliados a la infraestructura;

—

insta a que se tenga en cuenta de manera especial la realidad de las AECT como otro instrumento legal para establecer infraestructuras de investigación de dimensión europea. En este sentido, los considerandos 5 y 9 del nuevo Reglamento del Consejo deberían hacer una referencia más clara y explícita al respecto;

—

subraya la importancia de las regiones y entes locales como agentes impulsores de los programas de investigación conjunta, en tanto que están más en contacto con las realidades específicas locales tanto científico-tecnológicas como empresariales y, por lo tanto, con las necesidades de cooperación en áreas estratégicas;

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subraya la importancia de maximizar el impacto regional y local a través de las infraestructuras de investigación descentralizadas, así como la necesidad de que las ERI consideren el apoyo potencial que supone para ellas el establecimiento de una red virtual de infraestructuras en Europa.

Ponente

:

Iñaki Aguirre ARIZMENDI (ES/ALDE), Secretario General de Acción Exterior, Comunidad Autónoma del País Vasco (España)

1.

considera que las regiones y entes locales desempeñan un papel crucial en el Espacio Europeo de Investigación (EEI), en tanto que acercan su política a los ciudadanos, y se encuentran más cerca de las realidades de los agentes que actúan en ella. Por ello, este Comité sostiene que las regiones han de tener un papel estratégico en las iniciativas que se tomen para fortalecer y ampliar el EEI, especialmente en aquellas relacionadas con la creación de sólidas instituciones de investigación en entornos innovadores y actividades de colaboración y cooperación en temas de investigación;

2.

celebra las dos iniciativas presentadas y las reconoce como una contribución importante para la profundización y ampliación del EEI. De hecho, este Comité en su ponencia «El EEI: nuevas perspectivas» (1) ya ha incidido en la necesidad de realizar las acciones necesarias para intensificar el proceso de creación del EEI, como paso para convertir a Europa en la economía más dinámica del mundo;

3.

insiste en considerar a las regiones y entes locales como las unidades básicas de gestión, tanto territorial como económica, e incide en el papel clave que las regiones y municipios europeos desempeñan en la implantación de la nueva Agenda de Lisboa para impulsar una economía europea más competitiva a través de una estrategia orientada a la innovación;

4.

subraya la especificidad de cada una de las regiones europeas en cuanto a su tejido empresarial y a sus niveles de madurez y de especialización. Por lo tanto, llama la atención sobre la necesidad de tener en cuenta esta especificidad a la hora de conectar las regiones con las medidas establecidas para mejorar la competitividad global. En este sentido, es preciso asegurar que los condicionamientos de ciertas regiones, como la ultraperifericidad, no serán causa de exclusión a la hora de solicitar la creación de una ERI. Por consiguiente, sería necesario adoptar medidas para asegurar el acceso de las regiones ultraperiféricas (RUP) a esta red virtual de infraestructuras;

5.

insta a los Estados Miembros a decidir coordinada y conjuntamente con las regiones que los conforman sus políticas de innovación, así como las medidas y herramientas tomadas para estimularlas, de forma que los resultados obtenidos por la política respondan también a las necesidades existentes en los niveles local y regional;

6.

comparte las conclusiones del Consejo de Competitividad (2) para mejorar la gobernanza del EEI, basadas en una visión a largo plazo del mismo, desarrollado conjuntamente por la Comisión y los Estados Miembros, en colaboración con los grupos de interés y los ciudadanos. En este sentido, este Comité insiste en su propósito de involucrar en la gobernanza del EEI, desde las primeras fases de elaboración, a todos los agentes implicados, y en especial a la comunidad científica, respetando el principio de subsidiariedad y estableciendo relaciones con otras políticas de educación, innovación y cohesión;

7.

urge a la Comisión Europea y a los Estados Miembros para que tomen las medidas necesarias que permitan involucrar de forma efectiva y completa a las autoridades regionales y locales en la gobernanza de las dos iniciativas objeto del presente dictamen;

8.

apoya la puesta en marcha de un marco legal comunitario demandado por los Estados Miembros con el objeto de facilitar la creación e implantación efectiva de infraestructuras de excelencia en Europa que impulsen la investigación y que, en última instancia, se concreten en una mejora de la posición competitiva de Europa frente a terceros países;

9.

solicita a la Comisión que, al definir la naturaleza y requisitos de los afiliados a cada una de las ERI, incluya a las regiones como miembros de pleno derecho junto a los Estados Miembros, organizaciones intergubernamentales y terceros países. Las regiones no deben ser consideradas como representantes de un Estado Miembro, sino como unidades de gestión autónomas, ya que disponen de capacidades y recursos suficientes, así como de sistemas científicos y tecnológicos maduros y capaces de afrontar de forma satisfactoria un proceso de liderazgo compartido para la puesta en marcha e implantación de grandes infraestructuras de excelencia;

10.

propone, con el fin de garantizar la naturaleza transnacional de la infraestructura de investigación que, en el caso de que los afiliados a la misma sean regiones o entes locales, se trate de al menos tres regiones o entes locales pertenecientes a Estados Miembros diferentes, sin perjuicio de la procedencia del resto de afiliados a la infraestructura;

11.

celebra que las ERI puedan ser financiadas tanto a través del Programa Marco de Investigación como con Fondos Estructurales. Este Comité sugiere también la utilización de forma coordinada de otras fuentes de financiación, tanto públicas como privadas, disponibles en el seno de los Estados Miembros;

12.

sugiere la puesta en marcha de mecanismos de coordinación estratégicos a nivel de Europa, que involucren a los grupos de interés más relevantes para asegurar la implantación efectiva de una política coherente para las ERI, incluyendo temas tan importantes como la evaluación de las iniciativas y la resolución de problemas de localización de las nuevas ERI;

13.

concuerda con la Comisión en la necesidad de impulsar iniciativas que se fundamenten en la coordinación entre agentes para facilitar la transmisión de la información y el conocimiento entre ellos, de forma que se amplíe el efecto multiplicador de sus beneficios sobre el tejido empresarial, científico, académico y tecnológico de las diferentes regiones y entes locales. En este sentido, se congratula del portal Web sobre infraestructuras de investigación, recientemente creado por la Comisión Europea en colaboración con la Fundación de la Ciencia Europea;

14.

reconoce las limitaciones de las actuales formas jurídicas existentes para crear las infraestructuras de investigación europeas, y la necesidad de dotarse de un marco a nivel europeo en aras de un mejor funcionamiento de las infraestructuras y la eliminación efectiva de barreras y obstáculos a la investigación transnacional;

15.

recuerda que existen otros instrumentos complementarios a las ERI a nivel internacional, nacional y europeo. Y que mientras éstas están creadas para un propósito específico, otras, como la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), presentan objetivos más amplios: facilitar e impulsar la cooperación territorial para estrechar la cohesión económica y social en distintos campos. Este Comité recomienda, por tanto, que las ERI se articulen coherentemente con éste y otros instrumentos ya creados con el objetivo de sacar el mayor rendimiento posible de todos ellos;

16.

insta a que se tenga en cuenta de manera especial la realidad de las AECT como otro instrumento legal para establecer infraestructuras de investigación de dimensión europea (3). En este sentido, los considerandos 5 y 9 del nuevo Reglamento del Consejo deberían hacer una referencia más clara y explícita al respecto;

17.

incide sobre la distribución geográfica actual de las infraestructuras de investigación europeas que, por razones históricas principalmente, se sitúan en el oeste del territorio, y que deberían planificarse de forma que se distribuyeran uniformemente por todo el territorio y, en la medida de lo posible, también entre los distintos Estados miembros. Esta distribución descentralizada de las instalaciones estará orientada a alinear los beneficios regionales con la necesidad a nivel de Europa de nuevas infraestructuras, y se podría reforzar a través de una red virtual que conecte todas estas instalaciones, poniendo especial interés en las infraestructuras de investigación de pequeño y mediano tamaño que puedan ser importantes para el desarrollo del conocimiento en áreas estratégicas de interés, así como también para el desarrollo económico y de innovación de las entidades locales y regionales afectadas;

18.

aprueba las conclusiones del Consejo de Competitividad de 30 de mayo de 2008 en las que se apela a la Comisión y los Estados Miembros para que apoyen la capacidad de las regiones y entidades locales europeas para acceder, construir y poner en marcha modernas infraestructuras de investigación. Entre las posibles medidas a tomar en este sentido, este Comité propone:

19.

llama la atención sobre la importancia de las regiones y entes locales en el desarrollo de entornos innovadores en torno a las ERI, en tanto que las políticas regionales tienen un impacto importante, tanto en la atracción de científicos como en la promoción de las ERI, como centros para el desarrollo regional. Así, las ERI tienen el potencial de generar importantes beneficios socioeconómicos para las ciudades y regiones conectadas a ellas;

20.

aprueba que la Comisión Europea decida sobre las ERI. Este Comité considera que de esa manera, el procedimiento será más simple y más corto que si cada decisión sobre las ERI se tomara de forma individual por el Consejo. Para que este proceso se realice asegurando una completa transparencia y legitimidad en la toma de decisiones, este Comité propone que se detallen los criterios de valoración de la Comisión Europea y que se cree un Comité de gestión compuesto por representantes de los Estados Miembros, y/o en su caso las regiones, o de los entes locales o regionales y sus asociaciones, cuya opinión sea decisiva en las decisiones que la Comisión tome respecto a las ERI. También propone que desde los Estados se establezcan los mecanismos de coordinación oportunos que permitan que la opinión de cada Estado en el Comité de gestión refleje la opinión expresada por las regiones o los entes locales a los que está representando;

21.

celebra la eliminación de trabas de carácter administrativo, judicial y fiscal con las que se dota a la forma jurídica propuesta para las ERI en este reglamento, en cuanto a exención de impuestos y procedimientos de contratación más ágiles y flexibles, que contribuirán a juicio de este Comité a simplificar la puesta en marcha de las grandes infraestructuras de investigación, así como a lograr una mayor eficiencia en la actividad y resultados obtenidos de las mismas;

22.

subraya la importancia de las regiones y entes locales como agentes impulsores de los programas de investigación conjunta, en tanto que están más en contacto con las realidades específicas locales tanto científico tecnológicas como empresariales y, por lo tanto, con las necesidades de cooperación en áreas estratégicas. De hecho, varias regiones europeas ya participan y lideran con éxito instrumentos de coordinación y colaboración de programas de investigación, como es el caso de los proyectos ERA-NET. La propuesta del Comité de las Regiones gira en torno a que no sean únicamente los Estados Miembros, sino también y sobre todo las propias entidades públicas regionales, los impulsores de los acuerdos de cooperación del Programa Conjunto;

23.

apunta hacia la necesidad de incluir en la propuesta y definir convenientemente los mecanismos de coordinación más eficientes para el correcto funcionamiento de los acuerdos entre las distintas regiones y entes locales que conforman Europa;

24.

es consciente de la necesidad real de proponer un programa de estas características; sin embargo, a juicio de este Comité, sería deseable que la implantación de este programa no supusiera una carga adicional para los Estados y las regiones, y por lo tanto se plantea que dicho programa esté respaldado por la Comisión, no únicamente en su papel de facilitadora de los acuerdos, sino también en compromiso y en recursos financieros, entendiendo este compromiso financiero como un factor imprescindible para impulsar el programa con resultados satisfactorios. Este Comité plantea a la Comisión la sugerencia de crear en un futuro un fondo propio para apoyar esta iniciativa;

25.

sugiere que, antes de lanzar nuevos programas, tanto la Unión como los Estados Miembros exploten convenientemente todas las oportunidades para obtener sinergias entre las políticas transnacionales y los instrumentos de colaboración ya existentes, estableciendo los mecanismos que aseguren que se saca el máximo partido de los programas de coordinación que ya están en marcha, tales como el programa ERAnet, el Método Abierto de Coordinación, las Plataformas Tecnológicas Europeas, etc.;

26.

reconoce la importancia de establecer iniciativas basadas en la coordinación y cooperación de los agentes que conforman la realidad de la I+D+i europea, con el objetivo establecido en la Estrategia de Lisboa de convertir a Europa en la economía más competitiva y dinámica del mundo. Plantea, sin embargo, que esta coordinación se articule desde «abajo hacia arriba», teniendo en cuenta los principios de geometría variable y subsidiariedad. A este respecto, la participación voluntaria de las regiones debe ser entendida como un paso más hacia el incremento de la geometría variable;

27.

coincide con la Comisión en la necesidad de abordar retos que superen el ámbito nacional de forma conjunta, en tanto que son las regiones y entes locales quienes mejor conocen los problemas y debilidades a las que tienen que hacer frente, y es precisamente la unión de recursos, personas y conocimientos lo que amplía las posibilidades de encontrar soluciones a los problemas científicos y tecnológicos más complejos;

28.

reclama que los temas prioritarios del Programa Conjunto se decidan de forma consensuada teniendo en cuenta al mayor número de regiones con competencias relacionadas, así como consultando a la comunidad científica y a todos aquellos grupos de interés relacionados con cada área de forma específica;

29.

sugiere que, debido a su naturaleza y espíritu de cambio, este programa desarrolle un proceso de desarrollo pragmático, flexible y detallado en el que las prioridades de investigación regionales tengan un papel importante.

31.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/14

—

reitera la importancia de una estrategia a nivel europeo destinada a apoyar el crecimiento económico y el empleo, basada en la innovación, la investigación y la competitividad, en especial teniendo en cuenta la actual crisis financiera y sus previsibles consecuencias en la economía real. Se trata de una estrategia que también debe reforzar su carácter sostenible, tanto mediante el respeto de los principios de cohesión y solidaridad como mediante la protección del medio ambiente;

—

señala que la Estrategia para el crecimiento y el empleo, reactivada en 2005 por el Consejo Europeo de primavera, a pesar de su llamamiento en favor de una asociación europea, no ha podido alcanzar plenamente la participación necesaria de los agentes institucionales que deben aplicarla. Destaca que el Consejo Europeo de primavera reconoció «el papel de los niveles local y regional en el crecimiento y la creación de empleo», especificando que «el incremento de la responsabilización en el programa de crecimiento y empleo a todos los niveles de gobierno contribuirá a la elaboración de políticas más coherentes y eficaces», y

—

señala que la ya mencionada falta de responsabilización en la estrategia de crecimiento y empleo es una de las causas de que no se hayan logrado transformar los objetivos de la Estrategia de Lisboa en políticas integradas para cada nivel de gobierno, y que ello ha generado procesos no siempre eficaces de uso de los recursos productivos, financieros, humanos y sociales destinados a alcanzar los objetivos de crecimiento económico y de mejores empleos.

Ponente

:

Flavio DELBONO

1.

toma nota de la creciente divergencia de crecimiento entre las economías europea y mundial, sobre todo respecto de los cambios de las condiciones derivadas de la globalización de los mercados;

2.

reitera la importancia de una estrategia a nivel europeo destinada a apoyar el crecimiento económico y el empleo, basada en la innovación, la investigación y la competitividad, en especial teniendo en cuenta la actual crisis financiera y sus previsibles consecuencias en la economía real. Se trata de una estrategia que también debe reforzar su carácter sostenible, tanto mediante el respeto de los principios de cohesión y solidaridad como mediante la protección del medio ambiente;

3.

señala que la Estrategia para el crecimiento y el empleo, reactivada en 2005 por el Consejo Europeo de primavera, a pesar de su llamamiento en favor de una asociación europea, no ha podido alcanzar plenamente la participación necesaria de los agentes institucionales que deben aplicarla. Destaca que el Consejo Europeo de primavera reconoció «el papel de los niveles local y regional en el crecimiento y la creación de empleo», especificando que «el incremento de la responsabilización en el programa de crecimiento y empleo a todos los niveles de gobierno contribuirá a la elaboración de políticas más coherentes y eficaces»;

4.

recuerda en especial que, como se deduce de la actividad de seguimiento de su Plataforma, existe una «paradoja de Lisboa»: los entes locales y regionales desempeñan un papel fundamental en la estrategia para el crecimiento y el empleo (en educación, innovación, investigación a nivel local y regional), pero en muchos casos no son conscientes de que esos esfuerzos forman parte de la Estrategia de Lisboa (ausencia de economías de escala/ámbito de aplicación) ni la mayoría de ellos considera que esta Estrategia les es realmente útil;

5.

parte del supuesto de que una aplicación eficaz de la Estrategia de Lisboa sólo podrá llevarse a cabo en un territorio con una gran capacidad para generar, atraer y utilizar recursos humanos, competencias flexibles y polifacéticas, investigadores preparados y técnicos de alto nivel; un territorio caracterizado por modelos de comportamiento, valores, relaciones de confianza y capacidad organizativa que favorezcan la integración y la cooperación entre agentes y empresas, el buen funcionamiento del mercado y la calidad de vida; un territorio, por último, con una dotación adecuada y proporcionada en infraestructuras materiales e inmateriales y con unas instituciones creíbles y eficientes;

6.

señala que la ya mencionada falta de responsabilización en la estrategia de crecimiento y empleo es una de las causas de que no se hayan logrado transformar los objetivos de la Estrategia de Lisboa en políticas integradas para cada nivel de gobierno, y que ello ha generado procesos no siempre eficaces de uso de los recursos productivos, financieros, humanos y sociales destinados a alcanzar los objetivos de crecimiento económico y de mejores empleos;

7.

reitera los puntos que ha expuesto recientemente en varios dictámenes sobre la Estrategia de Lisboa respecto de:

8.

destaca, por lo tanto, la necesidad de:

9.

sugiere que, con vistas al éxito de la Estrategia, los distintos niveles de gobierno deben poner en práctica las decisiones previstas en las Directrices del Consejo Europeo de primavera, coordinando sus agendas en los ámbitos pertinentes para lograr un enfoque más integrado de sus actividades y una elaboración de políticas más eficaz. A este respecto, deberían impulsarse los acuerdos de gobernanza a varios niveles;

10.

anima a los entes locales y regionales de la Unión Europea y a sus asociaciones y redes (por ejemplo, la red de regiones de Lisboa) a ocuparse, incluso superando sus competencias formales, de poner en marcha, dentro de la Estrategia, políticas y acciones concretas destinadas a orientar y apoyar la estructura económica y social con el fin de alcanzar los objetivos de crecimiento y empleo.

11.

pide a los gobiernos nacionales de la UE-27 que incluyan de manera más eficaz a los entes locales y regionales respectivos desde el principio hasta la fase final de la aplicación de la Estrategia de Lisboa. Ello puede alcanzarse:

12.

pide a la Comisión que realice un examen más exhaustivo de la situación en el informe anual que debe publicarse en diciembre de 2008, analizando de manera estructurada, para cada país, el papel y la participación de los entes locales y regionales en el marco de la gobernanza de la estrategia;

13.

pide que el próximo Consejo Europeo de primavera de 2009 impulse la difusión más amplia posible de los instrumentos integrados de gobernanza a varios niveles y de elaboración de políticas como característica permanente de la elaboración de las políticas en el conjunto de la UE, hasta 2010 y más allá de esta fecha;

14.

reitera su compromiso de contribuir al éxito de la Estrategia, mediante un seguimiento de su aplicación a nivel regional y local y un apoyo activo a los balances nacionales, así como por medio de sus delegaciones nacionales;

15.

pide asimismo a la Comisión Europea y a las instituciones de todos los niveles un compromiso renovado en materia de comunicación: por una parte, dirigido a los entes locales y regionales respecto de las políticas y programas elaborados para financiar acciones y planes coherentes con los objetivos de la Agenda de Lisboa y, por otra parte, dirigido a los ciudadanos respecto del impacto que la estrategia para el crecimiento y el empleo puede tener en la vida diaria, generando una mayor concienciación sobre lo que puede aportar la acción a nivel europeo;

16.

los cambios continuos a escala mundial y la aplicación incompleta de la Estrategia de Lisboa obligan a realizar una amplia reflexión sobre el papel futuro de la acción a escala comunitaria para alcanzar los objetivos de mayor crecimiento y mejores empleos;

17.

considera que una iniciativa rápida y coordinada de la Unión Europea para proteger y regular los mercados financieros es una condición esencial para el crecimiento y el empleo;

18.

propone que se inicie, con la participación concreta de todos los agentes cuya acción sea decisiva para alcanzar los objetivos, una amplia reflexión y un largo debate sobre:

19.

destaca la conveniencia de concentrar la acción de la estrategia europea para el crecimiento y el empleo en la competitividad basada en la investigación e innovación, como aspecto fundamental que dará al espacio económico y comercial de la Unión una verdadera competitividad a nivel internacional, y al mercado interior del empleo una nueva definición desde el punto de vista de la cantidad y calidad del trabajo. Al mismo tiempo, deben seguir adoptándose medidas destinadas a desarrollar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y la iniciativa «legislar mejor». La sostenibilidad social y medioambiental, y no sólo económica, del crecimiento debe seguir siendo el parámetro de referencia para determinar las formas que permiten alcanzar el objetivo de competitividad;

20.

sugiere desarrollar la intervención comunitaria no como una estrategia de amplio alcance sino como un conjunto estructurado de políticas coordinadas e integradas, con el fin de que tenga una acción más incisiva y profunda;

21.

destaca que es indispensable un proceso decisorio más significativo a nivel comunitario respecto de la elaboración, coordinación y la aplicación de las políticas y programas que constituirán la nueva agenda para la competitividad. Al mismo tiempo, es necesario garantizar las competencias de los Estados miembros de conformidad con el principio de subsidiariedad. A este respecto, es aconsejable que se aproveche la revisión del presupuesto comunitario para adoptar decisiones importantes en favor de las políticas para la competitividad, tanto mediante una evaluación de carácter cuantitativo de las asignaciones de créditos como en el marco de una estrecha coordinación entre las propias políticas. Cuando la acción prevea competencias nacionales, la Unión Europea y los Estados miembros deben dotarse de instrumentos eficaces de decisión y coordinación de los distintos niveles de gobernanza para garantizar el éxito de estas políticas;

22.

señala la necesidad de una acción concreta para incrementar y mejorar la calidad de las inversiones en la investigación aplicada. El esfuerzo común de todos los niveles de gobierno debe destinarse a estimular y apoyar el abanico de PYME en la búsqueda de formas de inversión que, sin dejar de preservar su competitividad en el espacio interior, las impulse hacia una dimensional internacional. La inversión pública en la investigación fundamental debe ir acompañada necesariamente de una inversión privada significativa en la investigación aplicada para la innovación de los productos y los procesos;

23.

consciente de la importancia del mercado único como condición necesaria para una estrategia de la competitividad real y eficaz, pide que se reitere el compromiso de aplicar todas las medidas destinadas a realizar plenamente el mercado único. Asimismo, pide que se reconozca su dimensión local y regional con el fin de garantizar una mayor capacidad competitiva a las PYME mediante el aprovechamiento competitivo de las diversidades locales;

24.

en la implementación de la estrategia de la competitividad real y eficaz deberá atenderse muy especialmente a la reducción de la siniestralidad laboral;

25.

destaca la necesidad de una política europea de la energía que cubra los aspectos de la producción, el consumo y el suministro reduciendo progresivamente la dependencia energética respecto de terceros países, ya que se trata de un elemento indispensable para apoyar la competitividad de las empresas europeas, especialmente de las PYME, y garantizar a los ciudadanos el mantenimiento de un nivel adecuado de calidad de vida;

26.

destaca la necesidad de promover activamente y de distintas formas un nuevo empleo femenino, siempre que las medidas que se adopten al respecto sean definidas por los Estados miembros o los entes locales y regionales, en función de sus competencias. Los datos empíricos muestran que la oferta de trabajo femenino es más sensible al salario neto que la oferta de trabajo masculino, por lo que, en varios ámbitos, el fomento de nuevas formas de empleo femenino podría contribuir a reducir la enorme diferencia que sigue existiendo en muchos países con respecto a los objetivos de Lisboa;

27.

destaca que, además de afrontar las consecuencias de la disminución de la población en muchas regiones, es urgente hacer frente a los desafíos planteados por el envejecimiento de la población en el espacio europeo, que requiere nuevas medidas de asistencia social para las familias, junto a una política de inmigración prudente pero consciente de las necesidades humanas y sociales. Esta política debe ocuparse no sólo de la inmigración con un alto nivel profesional sino también, en su caso, de la mano de obra no cualificada capaz de apoyar la producción de las PYME, en función de las necesidades de cada Estado miembro o de los entes locales y regionales. La globalización social y económica ya no permite comportamientos aplicar políticas que, a menudo, han generado situaciones ilegales en el mercado laboral;

28.

recuerda la importancia de la educación científica de alto nivel, pero también de la enseñanza primaria, la secundaria, la formación profesional y la enseñanza superior, que permiten seguir distintos itinerarios formativos para alcanzar una carrera de cualificación elevada y crea las condiciones y las posibilidades para un aumento de la participación de los ciudadanos —también de las mujeres— en la vida activa y productiva. A estos efectos, se deberían incrementar las acciones dirigidas a la disminución efectiva del abandono escolar prematuro;

29.

habida cuenta de todo lo expuesto, el Comité de las Regiones destaca la necesidad de mantener como referencia los valores esenciales del proyecto europeo;

30.

por lo tanto, llama la atención sobre la importancia del modelo social europeo y la Agenda Social Europea, así como de los procesos de Bolonia y de Copenhague, en el ámbito de la educación y de la formación. A pesar de su diversidad, los sistemas nacionales comparten bases y principios comunes que configuran una visión compartida del progreso social y, dentro de este concepto compartido, los agentes sociales, los municipios, los grupos, los entes regionales y locales y las organizaciones de la sociedad civil locales desempeñan un papel cada vez más importante;

31.

recuerda el compromiso de defensa del medio ambiente, tanto con acciones de alcance local como con intervenciones de alcance global, sobre todo, en el marco del Protocolo de Kioto sobre el cambio climático. A este respecto, destaca la importancia para la dimensión local y regional del paquete de medidas sobre «desarrollo sostenible» que ha elaborado la Comisión y, en especial, la Comunicación relativa al plan de acción sobre una política industrial sostenible como estrategia integrada para ayudar a la economía de la UE a ser no sólo más competitiva sino también más sostenible desde un punto de vista medioambiental;

32.

recuerda además que el conocimiento del territorio es uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de los objetivos fijados en la Estrategia de Lisboa a nivel local y regional y que, por lo tanto, resulta primordial contar con una información estadística compartida y una capacidad de interpretación de los indicadores que debería desarrollarse a nivel local y regional;

33.

sugiere aplicar la estrategia después de 2010 de acuerdo con una gobernanza mejorada que otorgue un nuevo dinamismo y vitalidad a la acción europea en favor del crecimiento económico y el empleo. Es necesaria una gobernanza que permita superar las dificultades que plantean los mecanismos actuales (el método abierto de coordinación, el acuerdo sobre los indicadores, los indicadores estructurales y mejoras técnicas adicionales);

34.

esta gobernanza debe basarse en:

35.

El Comité de las Regiones seguirá contribuyendo a la reflexión, con vistas a las decisiones que deban adoptarse sobre el futuro de las políticas europeas para el crecimiento y el empleo después de 2010. A tal fin, el Comité de las Regiones examinará la conveniencia de constituir en su seno un grupo de trabajo especializado, abierto al diálogo con las instituciones comunitarias.

31.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/19

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recuerda a las instituciones de la UE que la acción local es determinante para lograr los objetivos del 20 % de eficiencia energética, y que el papel fundamental de las regiones y municipios en la consecución de dicha meta ya ha sido reconocido apropiadamente por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo;

—

señala que el transporte, la vivienda, los edificios públicos y la infraestructura del alumbrado público, que los entes locales y regionales planifican y abastecen, son sectores en los que se pueden lograr reducciones de CO2 y ahorros energéticos importantes;

—

considera necesario que los planes de acción de las ciudades y núcleos urbanos se integren en el contexto de los planes regionales y nacionales. Los planes regionales podrían facilitar el vínculo entre las iniciativas locales y nacionales garantizando que los planes locales se llevan a cabo de manera coherente. Es importante que los planes de acción definan instrumentos prácticos para alcanzar esos objetivos y que se disponga de la financiación adecuada;

—

opina que el Pacto debería relanzarse al objeto de hacer explícita la posibilidad de adherirse a todos los entes subnacionales, incluidas las regiones;

—

pide que las dotaciones y la financiación de la UE se adecuen al objeto de conceder prioridad a las acciones destinadas a fomentar la utilización de energía sostenible para mejorar la eficiencia energética de los hogares domésticos del 3 % al 5 %. Es preciso que los préstamos del BEI sean fácilmente accesibles para los entes locales y las regiones que deseen invertir en programas de eficiencia energética, de fomento de la utilización de las fuentes de energía sostenibles y de reducción de las emisiones de CO2.

Ponente

:

Kay TWITCHEN (UK/PPE), miembro del Consejo del Condado de Essex

1.

Acoge favorablemente la invitación de la Comisión Europea para que formule observaciones sobre el papel de las regiones en el Pacto entre alcaldes.

2.

Subraya que todo ciudadano tiene derecho a saber qué hacen sus representantes elegidos a fin de asegurar la sostenibilidad del medio ambiente para las generaciones futuras.

3.

Hace hincapié en que el Pacto entre alcaldes es una oportunidad excelente para que los alcaldes hagan participar a los ciudadanos en una acción colectiva y positiva destinada a luchar contra el cambio climático y que permitirá a la Unión Europea demostrar un verdadero liderazgo en este ámbito.

4.

Recuerda a las instituciones de la UE que la acción local es un determinante clave de cambios individuales en el comportamiento, con una importancia crucial para lograr los objetivos del 20 % de eficiencia energética, y que el papel fundamental de las regiones y municipios en la consecución de dicha meta ya ha sido reconocido apropiadamente por la Comisión Europea (1) y el Parlamento Europeo (2).

5.

Señala que, al fomentar la energía sostenible y la eficiencia energética, el Pacto entre alcaldes puede contribuir a que las ciudades y regiones lleven a cabo cambios para proteger a sus ciudadanos más vulnerables —en particular, a los que tienen salarios bajos y fijos— de las consecuencias del elevado precio de la energía y de la penuria energética. No obstante, esta tarea debe enfocarse de modo que se evite subvencionar el consumo de energía, pero se permita la introducción de fuertes incentivos económicos para fomentar el uso eficiente de la energía y, cuando sea posible, la reducción del consumo energético.

6.

Observa que los entes regionales y locales ya han comenzado a llevar a cabo actividades e iniciativas que contribuirán al logro de los objetivos y metas de la política de lucha contra el cambio climático de la UE, demostrando liderazgo y la actitud resuelta y necesaria para aumentar la eficiencia energética en beneficio de los ciudadanos y del medio ambiente. El Pacto entre alcaldes ofrece, como otras iniciativas de este tipo tanto a escala nacional como internacional, un mecanismo sólido para imprimir un nuevo impulso a la continuación de este trabajo.

7.

Acoge con satisfacción la posibilidad prevista por primera vez de contabilizar las contribuciones de los municipios en materia de eficiencia y ahorro energéticos, e insta a los municipios que están a la vanguardia en este ámbito a participar activamente y a presentar sus proyectos en el marco del Pacto.

8.

Acoge favorablemente el comienzo positivo del Pacto y el alto nivel de compromiso político de los municipios europeos, que se han obligado a alcanzar más del 20 % de ahorro energético. Sin embargo, si sólo se comprometen a ello las ciudades grandes, se corre el riesgo de que la iniciativa se quede en un gesto simbólico. Es el momento de hacer participar a todos los entes subnacionales –los municipios y las regiones, de conformidad con la estructura interna de cada Estado miembro–, para que intensifiquen las adhesiones al Pacto o incrementen el número de socios implicados en otros tipos de tareas prácticas con objetivos similares. Debería informarse a los pequeños municipios de la posibilidad de agruparse en redes regionales.

9.

Pide, por consiguiente, a los niveles regionales y locales que sean socios igualmente indispensables del Pacto y de la aplicación de los compromisos de la UE en materia de cambio climático.

10.

Acoge positivamente los progresos de los marcos normativos aportados por el paquete sobre la energía y el cambio climático, que aportarán certidumbre jurídica y un marco para las medidas que hayan de aplicarse a través del Pacto entre alcaldes. No obstante, para materializar el compromiso de los Estados miembros de reducir el consumo de energía en un 20 % se requiere una mayor actividad a nivel de la UE.

11.

Lamenta que no se haya introducido un objetivo vinculante de eficiencia energética en el paquete sobre la energía y el cambio climático de 2008, lo que constituye el eslabón ausente para lograr la necesaria reducción de CO2.

12.

Destaca que, sin un marco que establezca objetivos a escala comunitaria, nacional, regional y local, el Pacto no bastará para lograr las reducciones de emisiones de al menos el 20 % a las que se han comprometido los signatarios. Es importante que los entes regionales y locales participen en el establecimiento de objetivos climáticos y energéticos, que se determinen instrumentos concretos para alcanzar los objetivos y que éstos cuenten con la financiación adecuada.

13.

Reitera los mensajes de los dictámenes anteriores del CDR en la materia (3). Las regiones, al igual que las ciudades y núcleos urbanos, son actores fundamentales en el ámbito de la energía y tienen responsabilidades en numerosas actividades relacionadas con la planificación, la autorización, las inversiones, las adquisiciones, la producción y el consumo. El transporte, la vivienda, los edificios públicos y la infraestructura de alumbrado público, que los entes locales y regionales planifican y abastecen, son sectores en los que se pueden lograr reducciones de CO2 y ahorros energéticos importantes.

14.

Pone de relieve el impacto que tendrá un objetivo global de reducción de consumo, tanto de bienes de consumo como de recursos naturales (por ejemplo, el agua), en la reducción de emisiones y del uso de la energía. En muchos casos, las regiones, al actuar tanto en zonas urbanas como rurales y hallarse en buena situación para influir sobre los ciudadanos para que modifiquen sus conductas, pueden tener un impacto más amplio que los entes locales en el cambio de comportamientos.

15.

Aboga, pues, por que las regiones desempeñen un papel importante y espera que los entes regionales competentes animen a numerosos municipios situados en su territorio a participar en el Pacto.

16.

Considera necesario que los planes de acción de las ciudades y núcleos urbanos se integren en el contexto de los planes regionales y nacionales. Los planes regionales podrían facilitar el vínculo entre las iniciativas locales y nacionales garantizando que los planes locales se llevan a cabo de manera coherente. Es importante que los planes de acción definan instrumentos concretos por lo que respecta a la financiación, los aspectos técnicos, los recursos humanos, los instrumentos legislativos y de evaluación, así como un calendario para alcanzar esos objetivos.

17.

Recuerda que existen profundas diferencias entre las regiones, que algunos sistemas, sectores y regiones podrán verse especialmente afectados por el cambio climático, y que la capacidad de adaptación, distribuida irregularmente entre los diferentes sectores y regiones, está íntimamente relacionada con el desarrollo socioeconómico; a este respecto, las regiones y los entes locales desempeñan un papel relevante.

18.

Acoge favorablemente el elemento de evaluación comparativa del Pacto y destaca el papel de liderazgo que las regiones podrían desempeñar a la hora de definir oportunidades locales de acción, compartiendo las mejores prácticas, identificando a socios de proyectos, asignando fondos, evaluando los progresos y comunicando los éxitos. Las iniciativas locales deberían integrarse en un marco regional o nacional para aprovechar al máximo el impacto y permitir que surjan oportunidades de asociación. Además, deberán disponer de margen para fijarse unos objetivos ambiciosos que sean sostenibles y vayan más allá de los marcos nacionales.

19.

Reconoce que un factor importante en el éxito o fracaso del Pacto será la dimensión de las asociaciones comprometidas a llevar a cabo medidas. Si se quiere que las medidas sean eficaces deben ser suficientemente amplias como para tener incidencia pero suficientemente pequeñas como para asegurar la apropiación local. Mientras que las ciudades grandes pueden lograr economías de escala, las regiones pueden ayudar a los municipios más pequeños y a los entes rurales, en concreto, a afrontar los importantes retos que plantea la eficiencia energética, fomentando las fuentes de energía renovables y reduciendo las emisiones de CO2.

20.

Recuerda a la Comisión el importante papel desempeñado por las regiones y ciudades para influir en los mercados energéticos gracias a su papel como grandes proveedores de calefacción y electricidad y como agentes de suministro de calefacción y electricidad mediante, por ejemplo, sistemas de producción combinada de calor y electricidad y sistemas municipales de procesamiento de residuos, tales como la energía obtenida de los residuos, la descomposición anaeróbica y la producción de combustibles sólidos recuperados, así como para desarrollar energías renovables y fuentes de energía alternativas con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

21.

Así pues, el Pacto debería relanzarse al objeto de hacer explícita la posibilidad de adherirse a todos los entes subnacionales, incluidas las regiones, con el fin de cubrir la mayor parte del territorio posible, incluidas las zonas rurales, que afrontan desafíos considerables para mejorar la eficiencia energética, fomentar las fuentes de energía sostenibles y reducir las emisiones de CO2. El Pacto entre alcaldes debería coordinarse con iniciativas nacionales semejantes.

22.

Reitera su respaldo a los objetivos del Pacto y al ámbito de aplicación de sus actividades, incluidas la reducción de la demanda y el consumo de energía, la puesta en marcha de un suministro sostenible y seguro de energía gracias a la promoción de fuentes de energía renovables y la mejora de la eficiencia energética de los productos.

23.

Insiste en que las medidas para reducir las emisiones son sostenibles a largo plazo, ya que su objetivo principal y, por tanto, sus criterios cualitativos están vinculados a metas que aseguran la sostenibilidad.

24.

Señala que, al objeto de que el Pacto tenga impacto a largo plazo, es preciso que esté firmemente integrado en los estatutos de los entes que lo han suscrito, y proteja sus compromisos y objetivos de interferencias o efectos minimizadores futuros que resulten de los eventuales cambios en los liderazgos políticos, administrativos o de límites geográficos.

25.

Señala que las presiones presupuestarias a corto plazo suponen un reto para las regiones y ciudades que aprovechan las inversiones y decisiones políticas de medio a largo plazo para mejorar su propia eficiencia energética, promover el uso de fuentes de energía sostenibles y reducir las emisiones de CO2. Los objetivos de evaluación de rendimientos nacionales deberían tener esto en cuenta.

26.

Señala que, al no existir una definición de alcalde o región que sea válida para todos los Estados miembros de la UE, es preciso asegurarse de que el título del Pacto y su ámbito de aplicación no excluyan a otros organismos ni restrinjan la adhesión al Pacto.

27.

Hace hincapié en los diferentes niveles de progreso en las ciudades y regiones de la UE en relación con la reducción de las emisiones de CO2 y del consumo energético en los últimos años y en que algunos pioneros del progreso ya van más allá de la «opción más factible». Se deberían tener en cuenta las diferencias de la intensidad energética del consumo y de la producción y de las subsecuentes emisiones de gases de efecto invernadero en los Estados miembros y, en particular, en las zonas urbanas y rurales.

28.

Pide apoyo para la elaboración de estrategias de reducción de referencia de las emisiones, así como orientaciones claras sobre cómo han de notificarse y evaluarse los datos de las emisiones. Esto es fundamental para poder cotejar y realizar evaluaciones comparativas.

29.

Propone que, para evitar la repetición de errores, las evaluaciones comparativas no sólo incluyan ejemplos de fracasos, sino también de éxitos. Estos ejemplos deberían ser directamente aplicables y, por tanto, deberían facilitarse detalles de todas las iniciativas, incluyendo los presupuestos. La UE debería incorporar las lecciones que se desprenden de la Conferencia de alcaldes de los EE UU y de la Iniciativa regional contra los gases de efecto invernadero del Nordeste y Atlántico Central (EE UU).

30.

Propone que, habida cuenta de que numerosos municipios y ciudades participan en redes regionales o nacionales que han desarrollado metodologías y sistemas de contabilidad, se estudien maneras de utilizar estas metodologías en el Pacto a la vez que se intentan armonizar los instrumentos de información y evaluación a medio plazo. Esto evitaría tener que volver a «inventar» metodologías y podría fomentar una participación más amplia en el Pacto. Se procurará que la mayor parte de los municipios integrados en las redes existentes se sumen al Pacto entre alcaldes.

31.

Considera que los calendarios del Pacto deben posibilitar que en los Estados miembros se compartan las pautas de excelencia y las actuales iniciativas consideradas como las mejores prácticas antes de que se lleven a cabo los planes de acción. Ello garantizará que en los planes de acción que preparan las ciudades y las regiones pueda recogerse esta buena práctica.

32.

Subraya la importancia del contexto europeo y nacional para el éxito de la acción local y, en particular, lamenta que la Comisión no haya actualizado el Plan de acción de 2006 para la eficiencia energética. Esta actualización será necesaria para animar a los Estados miembros y a sus regiones y ciudades a que los ahorros energéticos vayan más allá del 20 % del objetivo de la UE.

33.

Reitera el llamamiento realizado en el Consejo Europeo de junio a la Comisión Europea y a los Estados miembros para que agilicen su aplicación y estudien su revisión.

34.

Insta a que se establezca un vínculo directo entre los planes nacionales de acción en materia energética y los de las regiones, ya que éstos constituyen un eslabón indispensable entre los planes nacionales de energía sostenible y los de las ciudades y los municipios. Es importante que los entes regionales y locales participen en el establecimiento de objetivos climáticos y energéticos, que se determinen instrumentos concretos para alcanzar los objetivos y que se asigne la financiación adecuada.

35.

Pide que las dotaciones y la financiación de la UE se adecuen al objeto de conceder prioridad a las acciones destinadas a fomentar la utilización de energía sostenible como, por ejemplo, el aumento de la cuota de la financiación regional para mejorar la eficiencia energética de los hogares domésticos del 3 % al 5 %. Es preciso que los préstamos del BEI sean fácilmente accesibles para los entes locales y las regiones que deseen invertir en programas de eficiencia energética, de fomento de la utilización de las fuentes de energía sostenibles y de reducción de las emisiones de CO2.

36.

Propone, en consecuencia, que en la revisión intermedia de los programas de financiación de la UE se examine la manera en que toda una serie de programas puede adaptarse para apoyar la eficiencia energética, el fomento de las energías renovables y la reducción de las emisiones de CO2 y asegurar que los programas para mejorar la eficiencia energética son accesibles a las regiones y ciudades. Así, por ejemplo, las eventuales revisiones, además de incrementar la financiación de cohesión regional en apoyo a la eficiencia energética de los hogares, deberían incluir mayores inversiones en pro de la comercialización de las nuevas tecnologías en programas como el séptimo programa marco. Asimismo, puede ser necesario llevar a cabo una revisión de las normas relativas a las ayudas estatales para hacer posible la adopción de medidas en materia de transformación industrial y conversión de energía.

37.

Invita a la Comisión a que continúe desarrollando y acelerando la revisión de medidas que podrían ayudar a los núcleos urbanos, las ciudades y las regiones a incentivar cambios de comportamiento mediante, por ejemplo, la promoción y clasificación de productos energéticamente eficientes.

38.

Considera que a las regiones y ciudades les sería más fácil cumplir y superar el objetivo de eficiencia energética del 20 % para 2020 si el objetivo fuera vinculante y se actualizara en este sentido el Plan de acción de la UE para la eficiencia energética, incluida la previsión de que los Estados miembros revisen sus planes de acción nacionales en función del objetivo mencionado.

31.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/23

—

considera que en la actualidad existen grandes diferencias entre los Estados miembros por lo que respecta a la manera en la que está organizado el sector del voluntariado y señala que en la mayoría de los casos no se dispone de datos estadísticos ni de estudios en profundidad sobre este sector;

—

pide a la Comisión Europea que apoye el fomento de la cooperación entre las organizaciones de voluntariado no sólo mediante el desarrollo de un portal europeo para jóvenes voluntarios, sino también con la creación de una base de datos en la que se compilen buenas prácticas, proyectos, oportunidades e informaciones. Para ello, la Comisión Europea debería recurrir y remitirse a los datos de carácter nacional, regional y local a fin de que la información llegue sin dificultad a los jóvenes;

—

apoya firmemente la iniciativa del Parlamento Europeo de designar 2011 Año Europeo del Voluntariado y manifiesta su disposición para participar activamente en la celebración; durante ese año debería prestarse una atención especial al tema de la inclusión de los jóvenes;

—

pide a la Comisión, los Estados miembros y los entes regionales y locales que se esfuercen por incluir el voluntariado en el sistema educativo, de manera que los jóvenes tengan contacto con las actividades voluntarias en una etapa más temprana de su vida y las consideren una contribución normal a la vida social. Este tipo de actividades de voluntariado deberían formar parte del programa de estudios;

—

considera que el voluntariado constituye una posibilidad de movilidad especialmente valiosa para los jóvenes, en particular para los jóvenes con menos oportunidades que deseen prestar un servicio voluntario, que, de otra forma, se beneficiarían en menor medida, o no se beneficiarían en absoluto, de las posibilidades de movilidad. Será preciso establecer diferentes tipos de medidas de apoyo para estos jóvenes. En este contexto resultaría muy útil el apoyo a la formación y la movilidad de los animadores socioeducativos especializados en la juventud y los líderes juveniles. Además, deberá recurrirse a las posibilidades que los entes regionales y locales ofrecen para llegar a estos grupos objetivo.

Ponente

:

Rinda DEN BESTEN (NL/PSE), Teniente de alcalde de Utrecht

1.

considera que en la actualidad existen grandes diferencias entre los Estados miembros por lo que respecta a la manera en la que está organizado el sector del voluntariado y señala que en la mayoría de los casos no se dispone de datos estadísticos ni de estudios en profundidad sobre este sector. Puesto que la armonización de la legislación y la normativa no es posible ni tampoco deseable, el Comité de las Regiones propone trabajar en etapas para llegar a una perspectiva común. La primera etapa debe consistir en un análisis pormenorizado de los diferentes sistemas, legislaciones y normativas que existen en los distintos Estados miembros sobre el sector del voluntariado, de los deseos de los (potenciales) jóvenes voluntarios y de los obstáculos que deben afrontar cuando quieren realizar actividades voluntarias de carácter transfronterizo; también deberá investigarse qué aporta el voluntariado a los jóvenes voluntarios, y a las regiones de origen y de acogida; esta información puede contribuir a hacer avanzar el debate y traducirse en una nueva política que tenga debidamente en cuenta la realidad del voluntariado juvenil en Europa;

2.

acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea destinada a promover la movilidad de los jóvenes voluntarios en Europa;

3.

valora positivamente la creatividad de la Comisión Europea en su búsqueda de modalidades que faciliten las actividades de voluntariado de los jóvenes en otros países europeos, pero expresa su temor de que el hecho de mejorar la interoperabilidad de los sistemas nacionales que regulan las actividades de voluntariado no constituya una solución adecuada en razón de la disparidad de las diferentes formas de organización del sector del voluntariado en cada país europeo. Por esta razón, aboga por el fomento de la cooperación entre las organizaciones de voluntariado (independientemente de que su origen se halle en la sociedad civil o en el sector público) de los diferentes países europeos e insta a los Estados miembros a que impulsen los proyectos de voluntariado transfronterizos;

4.

pide a la Comisión Europea que apoye el fomento de la cooperación entre las organizaciones de voluntariado no sólo mediante el desarrollo de un portal europeo para jóvenes voluntarios, sino también con la creación de una base de datos en la que se compilen buenas prácticas, proyectos, oportunidades e informaciones. Para ello, la Comisión Europea debería recurrir y remitirse a los datos de carácter nacional, regional y local a fin de que la información llegue sin dificultad a los jóvenes;

5.

destaca el papel de los entes regionales y locales en el sector del voluntariado, en particular por lo que se refiere a la participación de los jóvenes con menos oportunidades. El voluntariado pueden contribuir a la inclusión de los jóvenes con menos oportunidades y, teniendo en cuenta que en muchos Estados miembros los entes regionales y locales tienen competencias directas en materia de política de juventud y han adquirido sólidos conocimientos y experiencia, es en este nivel donde se encuentran soluciones innovadoras y creativas y se establecen importantes asociaciones; además, los entes regionales y locales desempeñan un papel importante a la hora de motivar a la juventud puesto que se hallan próximos a las organizaciones que acogen a los voluntarios y pueden animarlas a que organicen intercambios de jóvenes voluntarios;

6.

pide a los Estados miembros que asignen una financiación adecuada a los entes regionales y locales para que estos puedan cumplir los objetivos comunitarios en materia de actividades de voluntariado de los jóvenes e insta a los Estados miembros a que utilicen los fondos y programas comunitarios (por ejemplo, el Fondo Social Europeo y el programa «La juventud en acción») a fin de mejorar la calidad de los proyectos de voluntariado internacionales prestando apoyo y asesoramiento a las organizaciones de voluntariado nacionales, regionales y locales. Este apoyo debe servir para ayudar a las organizaciones a establecer contactos internacionales, desarrollar competencias específicas necesarias para el acompañamiento de jóvenes de otros países y elaborar proyectos internacionales;

7.

recomienda a los entes regionales y locales que se esfuercen por desarrollar una infraestructura de apoyo al voluntariado que respete plenamente la autonomía de este sector. Por ejemplo, la creación de centros regionales y locales de voluntariado puede contribuir a promover esta actividad, divulgar información, motivar a los jóvenes para realizar actividades voluntarias de carácter transfronterizo y mejorar la calidad y la eficacia del voluntariado;

8.

lamenta que sigan existiendo obstáculos administrativos, económicos y sociales que dificultan la movilidad de los jóvenes voluntarios y propone tomar la iniciativa para realizar un inventario de estos obstáculos en un estudio más pormenorizado sobre el sector del voluntariado (tal y como se describe en el punto 1 del presente dictamen). Habida cuenta de la falta de datos sobre el voluntariado, el Comité pide asimismo a los Estados miembros que presenten los resultados de este estudio más detallado antes de 2011 a fin de contribuir a configurar la política en materia de voluntariado;

9.

apoya firmemente la iniciativa del Parlamento Europeo de designar 2011 Año Europeo del Voluntariado y manifiesta su disposición para participar activamente en la celebración; durante ese año debería prestarse una atención especial al tema de la inclusión de los jóvenes;

10.

llama la atención sobre la importancia de reducir las fronteras lingüísticas en Europa animando a los voluntarios a que aprendan lenguas;

11.

señala que la definición de voluntariado debe ampliarse con respecto a la que figura en la propuesta. Las actividades de voluntariado pueden realizarse tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, tener una duración más larga o más corta, ser remuneradas o no remuneradas en lo que respecta a la cobertura de gastos, y contar o no con una contribución propia por parte de los jóvenes, en función del grupo destinatario y de las circunstancias;

12.

destaca la importancia de reconocer las competencias adquiridas previamente para que puedan ser utilizadas en su trayectoria posterior (trabajo o estudios). Para terminar, el voluntariado es una modalidad importante de aprendizaje no formal y contribuye al desarrollo de los jóvenes y a hacer más accesible la educación. Por este motivo, las escuelas pero también las organizaciones sociales y las empresas podrían desempeñar un papel (más importante) para el reconocimiento de las competencias adquiridas en actividades de voluntariado y la aplicación de los instrumentos que existen en la actualidad para ello, Europass y Youthpass;

13.

pide a la Comisión, los Estados miembros y los entes regionales y locales que se esfuercen por incluir el voluntariado en el sistema educativo, de manera que los jóvenes tengan contacto con las actividades voluntarias en una etapa más temprana de su vida y las consideren una contribución normal a la vida social. Este tipo de actividades de voluntariado deberían formar parte del programa de estudios.

14.

considera muy importante que, cuando se trate del valor añadido del trabajo voluntario para los jóvenes y la sociedad (en todas sus facetas), ello se haga de manera equilibrada. Deberá darse prioridad al interés y al desarrollo de los jóvenes y considerar que el interés para la sociedad se deriva del hecho de que los jóvenes intervengan y participen activamente en ella;

15.

se felicita por el Servicio Voluntario Europeo (SVE) y espera que siga desarrollándose en el futuro, para que el mayor número posible de jóvenes tengan la posibilidad de efectuar una actividad de voluntariado transfronteriza.

31.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/30

—

muestra su satisfacción por el reconocimiento creciente por parte de la Comisión de que los entes locales «expresan cada vez más su deseo de participar y ser protagonistas del desarrollo», pero hace hincapié en que los entes locales y regionales no son neófitos en este ámbito, sino que llevan décadas trabajando en él y se comprometen a desempeñar un papel activo en la cooperación al desarrollo, su financiación y su reforma;

—

reitera la necesidad de crear una «bolsa de valores» (portal de Internet) destinada a los entes locales y regionales que participan activamente en la cooperación descentralizada sobre la base de un mecanismo establecido a nivel regional o local. Ello simplificaría considerablemente el intercambio de información entre los entes regionales y locales europeos activos en la cooperación al desarrollo y permitiría compaginar los proyectos de los entes locales y regionales en Europa y en los países en desarrollo. Una iniciativa de este tipo facilitaría el desarrollo de los proyectos de cooperación descentralizada y mejoraría su coordinación, además de crear sinergias y evitar el trabajo por duplicado. En este sentido, acoge positivamente la cooperación con la DG de Desarrollo;

—

hace hincapié en que muchos entes locales y regionales de la UE tienen vínculos en el ámbito del desarrollo con sus homólogos en los países en desarrollo, y de esta manera han adquirido una experiencia, en particular en ámbitos como la educación, la salud, los servicios municipales (gestión del agua y de los residuos), la pesca artesanal y la acuicultura, las infraestructuras, los transportes, las comunicaciones, el medio ambiente, el desarrollo rural, el desarrollo económico regional y el apoyo a la consolidación de órganos locales y la descentralización política;

—

señala que, a la hora de intentar mejorar la eficacia y la coherencia de la política de desarrollo, debe tomarse en consideración la implicación de los entes locales y regionales en los países beneficiarios.

Ponente

:

Heini UTUNEN (FI/ALDE), Miembro del Consejo municipal de Jyväskylä

1.

acoge positivamente la Comunicación de la Comisión, pues se necesita con urgencia una política de desarrollo para combatir la pobreza en todo el mundo y las causas que la generan y alcanzar la igualdad. Europa no puede aislarse de los problemas del resto del mundo;

2.

espera que 2008 constituya un punto de inflexión en los esfuerzos de la UE en materia de desarrollo, destinados a hacer que los Objetivos de Desarrollo del Milenio sean una prioridad política;

3.

expresa su preocupación por el hecho de que la ayudas europeas al desarrollo hayan disminuido por segundo año consecutivo, y que sólo unos pocos países (como, por ejemplo, los Países Bajos, Suecia y Dinamarca) estén cumpliendo su compromiso internacional en cuanto al volumen de la ayuda;

4.

lamenta asimismo que la ayuda concedida por la Unión Europea, además de ser demasiado reducida, no sea suficientemente eficaz;

5.

considera la Comunicación muy importante para los entes locales y regionales, y acoge, por tanto, positivamente el hecho de que la Comisión reconozca que la UE debe adoptar un enfoque inclusivo que implique al nivel local de gobierno y la sociedad civil, tanto en Europa como en los países en desarrollo;

6.

muestra su satisfacción por el reconocimiento creciente por parte de la Comisión de que los entes locales «expresan cada vez más su deseo de participar y ser protagonistas del desarrollo», pero hace hincapié en que los entes locales y regionales no son neófitos en este ámbito, sino que llevan décadas trabajando en él y se comprometen a desempeñar un papel activo en la cooperación al desarrollo, su financiación y su reforma, algo en lo que, además, están interesados; observa que algunos países y regiones de la UE ya cumplen el objetivo de destinar su parte proporcional, es decir un 0,7 % del producto interior bruto, a la cooperación al desarrollo;

7.

expresa su satisfacción por la fructífera cooperación entre el Comité de las Regiones y la Comisión, que prueba el reconocimiento creciente del papel del Comité de las Regiones y los entes locales y regionales en la política de desarrollo. Los entes locales y regionales deberían considerarse socios importantes en la política de desarrollo de la UE;

8.

pide que se tenga en cuenta el principio de que la buena gobernanza es decisiva para el éxito de la política de desarrollo, y que un aspecto clave de la buena gobernanza es no olvidar que las mejores decisiones se adoptan en el nivel más cercano posible a los ciudadanos;

9.

reconoce la importancia de la ayuda presupuestaria y sectorial, en particular para los países más pobres, pero insta a que se establezca un mecanismo aplicable a las relaciones entre el gobierno central y los agentes de la sociedad civil que permita desarrollar una nueva cultura en cuanto a la utilización dada a las ayudas. Podría tratarse de un sistema a nivel de los entes locales y regionales que permita establecer un vínculo entre las ayudas al desarrollo concedidas a los gobiernos centrales y a la sociedad civil;

10.

señala que una cooperación más sólida y eficaz entre los agentes europeos garantizaría que las medidas adoptadas sean complementarias y estratégicamente sostenibles, en particular en relación con la gestión del desarrollo;

11.

insta a la Comisión a que dé prioridad a la inclusión en el presupuesto comunitario del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y asegure su necesaria coordinación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro de una política europea de vecindad ampliada, con el objetivo de mejorar la coordinación de los esfuerzos desplegados por la UE en el conjunto de las políticas de cooperación al desarrollo;

12.

acoge positivamente que la Comisión reconozca que, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la UE debe adoptar un enfoque que fomente la participación e invite a los entes locales y regionales, así como a la sociedad civil, a implicarse en la política de desarrollo, tanto a nivel europeo como en los países en desarrolo;

13.

pide que los entes locales y regionales, así como las organizaciones de la sociedad civil, sean considerados agentes de pleno derecho, cada uno de ellos con un papel importante, pero diferente, en los esfuerzos en materia de desarrollo, y que actúen de forma coordinada, complementaria, eficaz y eficiente, transparente y participativa;

14.

reitera la necesidad de crear una «bolsa de valores» (portal de Internet) destinada a los entes locales y regionales que participan activamente en la cooperación descentralizada sobre la base de un mecanismo establecido a nivel regional o local. Ello simplificaría considerablemente el intercambio de información entre los entes regionales y locales europeos activos en la cooperación al desarrollo y permitiría compaginar los proyectos de los entes locales y regionales en Europa y en los países en desarrollo. Una iniciativa de este tipo facilitaría el desarrollo de los proyectos de cooperación descentralizada y mejoraría su coordinación, además de crear sinergias y evitar el trabajo por duplicado. En este sentido, acoge positivamente la cooperación con la DG de Desarrollo;

15.

acoge con satisfacción la iniciativa del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) de poner a disposición de los municipios un portal de Internet que les permita encontrar otros municipios con fines de hermanamiento; apoya la ampliación del portal de hermanamiento gestionado por el CMRE, que permite el hermanamiento entre municipios europeos y municipios pertenecientes a países en desarrollo.; el Comité debe reforzar y apoyar la labor que ya está llevando a cabo el CMRE;

16.

subraya que todos los europeos, incluidas las autoridades públicas, el sector privado y los ciudadanos, deben tener una responsabilidad compartida en lo relativo a las cuestiones de desarrollo a nivel mundial;

17.

señala que, aun cuando no todos los niveles de gobierno local y regional tengan necesariamente competencias en el ámbito de la cooperación al desarrollo —algo que varía de un Estado miembro a otro— ello quiere decir que es preciso implantar una responsabilidad colectiva a nivel europeo para cuestiones de desarrollo. De una u otra manera, la cooperación para el desarrollo debe estar incorporada a las actividades de los entes locales y regionales, aun cuando ello no se traduzca directamente en la financiación de proyectos con socios de los países en desarrollo. Podría crearse un foro de intercambios específicamente destinado a dar a conocer maneras de poner en práctica este enfoque;

18.

considera positivo, desde la perspectiva de las autoridades locales y regionales, que la Comisión reconozca la necesidad de incorporarlas a la cooperación para el desarrollo, y en este sentido acoge positivamente la Comunicación de la Comisión;

19.

hace hincapié en que muchos entes locales y regionales de la UE tienen vínculos en el ámbito del desarrollo con sus homólogos en los países en desarrollo, y de esta manera han adquirido una experiencia, en particular en ámbitos como la educación, la salud, los servicios municipales (gestión del agua y de los residuos), la pesca artesanal y la acuicultura, las infraestructuras, los transportes, las comunicaciones, el medio ambiente, el desarrollo rural, el desarrollo económico regional y el apoyo a la consolidación de órganos locales y la descentralización política;

20.

opina que estos proyectos darán a los entes locales y regionales legitimidad, competencias y experiencia en áreas de particular importancia para el progreso económico y social de los países en desarrollo, y que por este motivo es fundamental darles un papel más relevante y aprovechar sus experiencias en materia de política para el desarrollo;

21.

señala que en muchos Estados miembros, los entes locales y regionales están jurídicamente capacitados para participar en las políticas nacionales de desarrollo sobre la base de la cooperación descentralizada. Por este motivo, se les puede considerar agentes directos de la política de desarrollo y asuntos exteriores de la UE;

22.

insiste en las ventajas de la cooperación descentralizada y hace hincapié en la necesidad de fomentarla, ya que muchos entes locales y regionales se encargan ellos mismos de la financiación y puesta en práctica de una política de desarrollo. Desempeñan así un papel complementario y contribuyen a que la política de desarrollo resulte más coherente;

23.

subraya que los municipios y las regiones desean reforzar su participación, sobre la base de la cooperación y la experiencia, actuando principalmente en aquellos ámbitos específicos que son competencia de los entes locales y regionales. Asimismo, colaborarán con los agentes sociales de la cooperación al desarrollo para sensibilizar a sus ciudadanos sobre la solidaridad con los países en desarrollo;

24.

considera que el papel de los entes locales y regionales, por su cercanía a los ciudadanos y por el principio de subsidiariedad, posibilita una perspectiva plural de varios niveles, que se inscribe en una política de desarrollo nacional, europea y mundial y que garantiza la eficacia de la ayuda y también contribuye a mejorarla;

25.

resalta el importante papel que pueden desempeñar los entes locales y regionales de las regiones ultraperiféricas como socios privilegiados en el desarrollo de políticas de cooperación de la UE con terceros países vecinos, sirviendo además dichas regiones de laboratorio para la realización de proyectos que impliquen una adecuada coordinación del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER);

26.

señala que, a la hora de intentar mejorar la eficacia y la coherencia de la política de desarrollo, debe tomarse en consideración la implicación de los entes locales y regionales en los países beneficiarios;

27.

subraya que la apropiación local y la descentralización deberían utilizarse como principios rectores en las acciones y la política de desarrollo;

28.

pide que se adopte un enfoque que permita a los entes locales y regionales de Europa y los países en desarrollo respaldar en mayor medida a las partes interesadas y los agentes implicados en el desarrollo;

29.

suscribe el punto de vista de que la democracia no consiste únicamente en disponer de libre elección, sino que se construye día a día reflejando el desarrollo económico y social, en el que los entes territoriales desempeñan un importante papel;

30.

señala que el valor añadido de los entes locales y regionales se manifiesta de manera particularmente clara en su papel consistente, de manera ideal, en hacer posible la democracia y la buena gobernanza y fomentar un modelo descentralizado de gobierno;

31.

subraya que los representantes de los entes locales y regionales europeos no colaboran únicamente con sus homólogos del Sur, sino también con el resto de la sociedad civil;

32.

insiste en los problemas que surgen cuando las ayudas dependen de un sistema unilateral y de un enfoque de arriba abajo, que es el más utilizado en la concesión de ayudas, incluso por la Comisión Europea. No hay una auténtica colaboración ni participan el ámbito local ni las organizaciones que lo representan (asociaciones de entes territoriales), por lo que las ayudas no tienen efecto a nivel local. Paralelamente, los efectos de las ayudas procedentes de las ONG, que normalmente tienen carácter local, no siempre se extienden a las autoridades públicas, los entes territoriales y los mecanismos institucionales, lo que, a su vez, limita los resultados a largo plazo y la eficacia de las ayudas;

33.

considera que el enfoque de arriba abajo no resulta en una participación apropiada de los entes locales y regionales ni de las personas adecuadas, ni permite enfoques o magnitudes diferentes. Por consiguiente, se necesita un puente entre el nivel central de gobierno y los ciudadanos. En muchos de los países en desarrollo que reciben ayudas, los entes territoriales, con el respaldo adecuado, podrían ofrecer soluciones tangibles, que obviamente deben ponerse en práctica caso por caso;

34.

está convencido de que el hecho de conceder ayudas al desarrollo a diferentes entes locales y regionales en el país beneficiario serviría en muchos casos para mejorar la gobernanza y hacerla más transparente y sostenible. Para ello, es necesario también que, en particular, los costes que implica la concesión de ayudas para los donantes se mantengan en unos márgenes razonables.

31.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/34

—

declara su disposición para, a la hora de elaborar una futura política común de inmigración, cooperar y aportar su contribución a ella;

—

subraya que los entes locales y regionales son los primeros en verse directamente afectados por la política común de inmigración. Por una parte, se ven especialmente afectados por las dificultades de la inmigración ilegal; por otra, es incumbencia suya la asistencia personal con una serie de servicios como parte del proceso de integración local. Por ello, deben participar ampliamente en la creación de un marco europeo para la inmigración legal, las medidas contra la inmigración ilegal y la cooperación al desarrollo con los países de origen;

—

pone de relieve la gran importancia de los inmigrantes en la futura política de inmigración por su contribución al desarrollo socioeconómico de la UE. En aras de la competitividad internacional del espacio económico europeo, se debe mejorar de manera sensible el atractivo que ofrece la UE, a fin de utilizar con más intensidad el potencial local y regional;

—

observa que la competencia de los Estados miembros de fijar volúmenes de admisión en su territorio de nacionales de terceros países procedentes de terceros países con el fin de buscar trabajo por cuenta propia o ajena permite satisfacer las necesidades del mercado de trabajo;

—

destaca la decisiva importancia de dominar la lengua o lenguas oficiales del país de acogida. Un aprendizaje temprano de la lengua puede facilitar también la integración positiva al nivel local y regional;

—

subraya que la emigración ilegal y la inmigración legal están interrelacionadas y que la lucha contra la emigración ilegal reviste una importancia esencial para la concepción de una política en materia de inmigración legal. Por una parte, la lucha contra la emigración ilegal deberá continuarse de modo consecuente y con un planteamiento global, para poder luchar con eficacia contra las muy diversas estructuras delictivas. Por otra parte, es preciso desarrollar perspectivas que posibiliten una inmigración legal en caso de escasez de mano de obra o de intercambio y transferencia de conocimientos, o bien de perfeccionamiento profesional de los inmigrantes durante un período limitado que también pueda ser ventajoso ulteriormente para el desarrollo de los países de origen.

Ponente

:

Werner JOSTMEIER (DE/PPE) Miembro del Parlamento de Renania del Norte-Westfalia

1.

apoya la política común de inmigración que se ha desarrollado desde el Consejo Europeo de Tampere, en 1999, hasta el Pacto europeo sobre inmigración y asilo;

2.

declara su disposición para, a la hora de elaborar una futura política común de inmigración, cooperar y aportar su contribución a ella. En este sentido, los entes regionales y locales están dispuestos a asumir los nuevos retos y promover el intercambio de buenas prácticas en la materia a escala local y regional;

3.

expresa su satisfacción y gratitud por la cooperación reforzada con la Comisión Europea, que tiene la intención de proseguir;

4.

acoge favorablemente el enfoque de cooperación seguido por la Comisión. La cooperación y la solidaridad entre los Estados miembros y las instituciones de la UE deberían incluir la participación de las partes interesadas locales y regionales. Los retos futuros hacen necesarias unas medidas coordinadas y coherentes, que, en el marco de una política común de inmigración, exigen una intervención eficaz de la UE y los Estados miembros;

5.

subraya que los entes locales y regionales son los primeros en verse directamente afectados por la política común de inmigración. Por una parte, se ven especialmente afectados por las dificultades de la inmigración ilegal; por otra, es incumbencia suya la asistencia personal con una serie de servicios como parte del proceso de integración local. Por ello, deben participar ampliamente en la creación de un marco europeo para la inmigración legal, las medidas contra la inmigración ilegal y la cooperación al desarrollo con los países de origen;

6.

considera, al igual que la Comisión, que se requieren mecanismos basados en la solidaridad entre los Estados miembros y la UE para repartirse la carga y coordinar las políticas. Los entes regionales y locales señalan la necesidad de financiación, en particular del control de la gestión de fronteras y las políticas de integración, lo que repercute en las finanzas públicas nacionales, regionales y locales;

7.

estima que el respeto de los derechos humanos, los principios del Estado de Derecho y el fomento de la democracia son los elementos principales en los que debe basarse una política de inmigración. La Unión Europea garantiza libertades y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales, como, por ejemplo, la dignidad humana, las libertades, la igualdad, la solidaridad, los derechos civiles y la justicia. Al respecto, se concede una importancia especial a los derechos de los niños y las mujeres. No pueden tolerarse tradiciones o prácticas que contravengan estos principios. Los valores europeos comunes en los que se basa la Carta de los Derechos Fundamentales no son negociables. En la Unión Europea todos deben aceptar los derechos fundamentales europeos como base de valores vinculante;

8.

señala que en numerosos municipios y regiones de Europa los inmigrantes son ya una parte integrante e importante de la sociedad. La Unión Europea es una sociedad con un legado cultural realmente rico y diverso, que hay que preservar y seguir desarrollando. La Unesco entiende por cultura una noción genérica que no solo abarca el arte y la literatura, sino también las formas de vida, los derechos humanos fundamentales, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La inmigración puede contribuir a enriquecer la diversidad cultural. Con el Año Europeo del Diálogo Intercultural (1), la Unión Europea ha puesto especialmente de relieve la diversidad cultural;

9.

pide, teniendo en cuenta los dictámenes que ya ha aprobado sobre el asunto, que los actores locales y regionales participen en las fases ulteriores de la futura política común de inmigración (2).

10.

pone de relieve la gran importancia de los inmigrantes en la futura política de inmigración por su contribución al desarrollo socioeconómico de la UE. En aras de la competitividad internacional del espacio económico europeo, se debe mejorar de manera sensible el atractivo que ofrece la UE, a fin de utilizar con más intensidad el potencial local y regional;

11.

considera indispensable una normativa clara y transparente, así como su cumplimiento, que garantice la seguridad jurídica y un tratamiento justo de los nacionales de terceros países;

12.

estima que conviene poner en marcha sistemas de incentivos orientados a la integración, con condiciones de residencia atractivas para los nacionales de terceros países y sus familias, a fin de dotar al Espacio Económico Europeo de la necesaria mano de obra. Además, hay que tener en cuenta las cuestiones de reagrupación familiar de conformidad con la Directiva 2003/86/CE si se desea una gestión de la inmigración acorde con los mercados laborales;

13.

observa que una política común de inmigración, al simplificar los procedimientos administrativos de acogida de inmigrantes, podría dar lugar a una reducción significativa de las cargas administrativas, tanto para los Estados miembros como para los entes regionales y locales;

14.

pide a la Comisión que analice las exigencias que vayan a imponerse a los entes locales y regionales a raíz de las medidas que, según ella misma propone, se adopten al nivel europeo o nacional. Es también importante que las tareas que recaigan en los entes locales y regionales se financien al nivel nacional o con recursos de la UE.

15.

observa que las necesidades del mercado laboral varían de un Estado miembro a otro. Por tanto, la posible introducción en la UE de nuevas normas, reglamentaciones de procedimiento y permisos de residencia, como la prevista «tarjeta azul UE», debe tener en cuenta las diferentes necesidades de los mercados de trabajo nacionales, regionales y locales, la preservación de la autonomía fiscal de los Estados miembros y el respeto del principio de subsidiariedad. La competencia de los Estados miembros de fijar volúmenes de admisión en su territorio de nacionales de terceros países procedentes de terceros países con el fin de buscar trabajo por cuenta propia o ajena permite satisfacer las necesidades del mercado de trabajo;

16.

acoge favorablemente, en este contexto, la participación activa de las entidades regionales y locales propuesta por la Comisión para lograr un mejor equilibrio entre las cualificaciones y las necesidades sectoriales, lo cual precisamente podría contribuir a que se tengan en cuenta las particularidades locales y regionales.

17.

subraya la importancia del activo papel de los entes locales y regionales en la integración de los inmigrantes. En la futura política común de inmigración y en sus medidas de acompañamiento —como, por ejemplo, en la ejecución del Fondo Europeo de Integración— deberán tenerse en cuenta los intereses específicos de los municipios y regiones. Se deben respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

18.

estima que el disfrute de los derechos fundamentales supone responsabilidades y deberes respecto de los demás, la sociedad y las futuras generaciones. El acatamiento de los valores comunes europeos es una obligación de respeto y tolerancia, la condición para una convivencia pacífica y democrática. El diálogo intercultural a escala local y regional puede ser en este sentido un impulso importante;

19.

estima que la integración exige la cooperación activa de todas las partes de la sociedad civil y una actitud positiva de los inmigrantes y de las sociedades de acogida. Los países de origen pueden contribuir a la integración de sus ciudadanos en los países europeos de acogida;

20.

destaca la decisiva importancia de dominar la lengua o lenguas oficiales del país de acogida. Un aprendizaje temprano de la lengua o lenguas oficiales del Estado puede facilitar también la integración positiva al nivel local y regional. Debe fomentarse el aprendizaje por parte de los inmigrantes y, muy especialmente, por parte de sus hijos de la lengua o lenguas oficiales del país de acogida y, al mismo tiempo, debe respetarse y apoyarse su derecho a conocer la lengua materna;

21.

considera prioritario proporcionar una información básica y comprensible sobre la ciudad, localidad o comarca de destino, de los hábitos de vida más comunes de dichos lugares y entornos;

22.

destaca la importancia que tiene un conocimiento básico de la historia y las instituciones de la sociedad de acogida. Permitir a los inmigrantes adquirir ese conocimiento básico es esencial para que la integración tenga éxito;

23.

apoya la organización de programas y actividades de acogida para los nacionales de terceros países recién llegados, al objeto de que adquieran unos conocimientos básicos sobre la lengua, la historia, las instituciones, las características socioeconómicas, la vida cultural y los valores fundamentales de la sociedad de acogida;

24.

apoya la financiación de programas o modelos de integración innovadores que incluyan una formación lingüística y talleres de comunicación, así como información sobre los aspectos culturales, políticos y sociales de la sociedad de acogida;

25.

estima que la educación desempeña un papel clave en la integración. Los entes locales y regionales asumen al respecto importantes cometidos en el ámbito de la educación para contribuir a la igualdad general de oportunidades. El Libro Verde «Inmigración y movilidad: retos y oportunidades de los sistemas educativos de la UE» (3) publicado por la Comisión muestra el papel central de la educación en la integración. A la hora de evaluar la consulta, la Comisión debería tener especialmente en cuenta el papel que asumen al respecto los entes locales y regionales;

26.

señala el papel esencial que desempeña la vida laboral en la integración de las personas inmigrantes. El desempleo suele ser un obstáculo para una integración positiva, en particular en los casos en que los afectados son jóvenes. La inmigración de nacionales de terceros países debe realizarse de acuerdo con las necesidades de los mercados de trabajo de los diversos Estados miembros. La capacidad de obtener los medios de subsistencia, incluida la vivienda, por medio del propio trabajo es una condición esencial para la integración, toda vez que así se realiza la inclusión en el sistema de seguridad social. Sin esta condición previa, no se podría hacer comprender a la población de los Estados miembros una inmigración que suponga para los entes regionales y locales una carga particular en los sistemas sociales;

27.

subraya que la emigración ilegal y la inmigración legal están interrelacionadas y que la lucha contra la emigración ilegal reviste una importancia esencial para la concepción de una política en materia de inmigración legal. Por una parte, la lucha contra la emigración ilegal deberá continuarse de modo consecuente y con un planteamiento global, para poder luchar con eficacia contra las muy diversas estructuras delictivas. A tal fin, es importante que los acuerdos con terceros países incorporen disposiciones relativas a la lucha contra la inmigración ilegal que incluyan, en particular, la readmisión de los nacionales de terceros países que residan ilegalmente en un Estado miembro. Por otra parte, es preciso desarrollar perspectivas que posibiliten una inmigración legal cuando se trate de inmigrantes altamente cualificados o en caso de escasez de mano de obra o de intercambio y transferencia de conocimientos, o bien de perfeccionamiento profesional de los inmigrantes durante un período limitado que también pueda ser ventajoso ulteriormente para el desarrollo de los países de origen;

28.

pide que se facilite una información completa sobre los Fondos y programas de ayuda correspondientes de la UE, para que todas las partes interesadas al nivel local y regional puedan hacer uso de ellos;

29.

estima que, en el marco de la futura política de inmigración de la UE, para ampliar las capacidades de la agencia Frontex al ámbito de las medidas destinadas al control de las fronteras y evitar amenazas para la seguridad, podría ser necesaria la asignación de recursos financieros y humanos, a fin de que dicha agencia pueda cumplir su misión con eficacia;

30.

subraya que, en el marco de la futura política de inmigración de la UE, se debería tener en cuenta la necesidad de ampliar las capacidades de los entes regionales y locales para la gestión de los flujos migratorios, en especial asignando a tal fin los correspondientes recursos financieros y garantizando el acceso a los fondos y programas de la UE. En efecto, el fracaso de una política de inmigración sostenible y eficaz —esto es, aceptada por las partes interesadas— tendría como consecuencia elevados costes socioeconómicos y pondría en peligro nuestro bienestar, la paz social y el desarrollo económico;

31.

pide un apoyo financiero de la política de integración y especialmente de las actividades educativas a escala local y regional. El Libro Verde sobre inmigración y movilidad examinará la contribución de los programas y fondos comunitarios al apoyo de la política de integración. Las actividades educativas específicas de la integración al nivel local y regional deberán ser apoyadas por el Fondo Europeo de Integración;

32.

señala que, en el marco de la futura política de inmigración de la UE se debería tener en cuenta la gran importancia del fomento del diálogo y la cooperación con los países de origen y de tránsito y que, a tal fin, se debería recurrir a los instrumentos de la política de vecindad europea y a la Unión por el Mediterráneo y desarrollar una cooperación al desarrollo que sea eficaz; que, además, los entes regionales y locales desempeñan un importante papel en el fomento de dicha cooperación. Esto rige especialmente para los entes territoriales que pueden servir como plataformas de cooperación para la cooperación con terceros países limítrofes;

33.

destaca que la dimensión mundial de la inmigración tiene consecuencias de amplio alcance para los países de origen y para la Unión Europea. Por este motivo, hay que atender de forma particular a la interacción entre migración y desarrollo. A este respecto, hay que velar por que en la migración de trabajadores no se dé lugar a consecuencias negativas para los países en desarrollo (fuga de cerebros). En el marco de la inmigración circular, los trabajadores podrían aplicar o incluso difundir tras el retorno a su país de origen las competencias adquiridas en el extranjero;

34.

considera que, con vistas a los desafíos relacionados con la emigración ilegal a la hora de elaborar una futura política de inmigración de la UE, deberá otorgarse una importancia esencial a la necesidad de adoptar medidas viables y armonizadas en la lucha contra la trata de seres humanos y las organizaciones delictivas, al objeto de evitar tragedias humanas;

35.

apoya la adopción de medidas urgentes por parte de la Unión Europea para impedir la inmigración ilegal, que a menudo contribuye a la explotación, especialmente de mujeres y niños. Las medidas que se adopten a tal efecto deberán ser consecuentes. Se deben combatir, en colaboración con los países de origen y tránsito, las redes y los grupos que participan en la trata de seres humanos o la organizan. Conviene incorporar de manera apropiada a los entes locales y regionales en las medidas de cooperación;

36.

celebra las oportunidades y posibilidades que ofrece una buena política de inmigración, que puede contribuir a la prosperidad económica y a la diversidad cultural. Los entes locales y regionales apoyan una política de esa naturaleza, que contribuye a aumentar el potencial económico y social de la Unión Europea. Paralelamente, reitera que para que la Unión Europea pueda disfrutar plenamente de los beneficios de la inmigración legal, la lucha contra la inmigración ilegal debe ser exhaustiva y satisfactoria.

31.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/38

—

cree que para mantener inquebrantables los conceptos de inserción y solidaridad, la política de cohesión debe seguir buscando el reequilibrio económico y social, sin ceder a la tentación de sobrecargar la política de cohesión con demasiados objetivos contradictorios;

—

considera que los objetivos de cohesión y crecimiento pueden y deben ser compatibles entre sí, ya que se trata de dos objetivos estrechamente vinculados, y destaca que es preciso ya determinar de qué manera el crecimiento puede mejorar la cohesión y no cómo la cohesión puede contribuir al crecimiento;

—

duda que sea conveniente asignar a los instrumentos de la política de cohesión objetivos de competitividad para la estrategia de crecimiento e insta a que se analice, en el marco de la reflexión sobre la futura configuración de los Fondos Estructurales, el impacto de la asignación de fondos con arreglo a la estrategia de Lisboa en los resultados de la cohesión económica y social;

—

considera necesario estudiar las posibilidades de elaborar unos indicadores de desarrollo y bienestar más significativos y más completos que reflejen a nivel regional y local las diferencias notorias en materia de rentas, disponibilidad de servicios públicos, calidad de los servicios sanitarios y oferta de formación cultural y profesional;

—

destaca que, si se pretende que la política de cohesión desempeñe un papel significativo en el refuerzo del reequilibrio económico y social, debe disponer de recursos y medios adaptados, habida cuenta de que el nivel de financiación actual no es más que el mínimo necesario para realizar estas funciones.

Ponente

:

Marta VINCENZI (PSE/IT), Alcaldesa de Génova

1.

Considera que, junto a la cohesión económica y social, cada vez resulta más importante una dimensión territorial de la política de cohesión, en la medida en que, a pesar de las mejoras y progresos realizados, no solo persisten las disparidades entre regiones en materia de desarrollo, sino que además los problemas estructurales internos de las regiones se están agravando. Insiste en la importancia de que dicha dimensión territorial venga acompañada del respeto a los principios de igualdad y proporcionalidad.

2.

Está de acuerdo en que muchas de las actividades financiadas por la Unión Europea han demostrado que aportan un valor añadido. La admisibilidad de un proyecto facilita la atracción de fuentes de financiación pública o privada y un desarrollo más rápido de la innovación, tanto en la gestión como en la ejecución.

3.

Deplora que la Comisión Europea siga descuidando la idea del efecto de palanca de los Fondos Estructurales y recuerda que, en su dictamen prospectivo sobre este asunto, propuso definir un marco que permita evaluar las distintas dimensiones del valor añadido de la política de cohesión.

4.

Celebra la introducción del concepto de «región en transición», que agrupa a la vez los actuales territorios en inclusión gradual (phasing-in) y exclusión gradual (phasing-out) y también aquellos cuya subvención expirará al final del periodo de programación 2007-2013, y aprueba la elaboración de soluciones pensadas para estas zonas

5.

Acoge favorablemente la consulta que precedió a la publicación por la Comisión del Libro Verde sobre la cohesión territorial, que puso en evidencia que todas las partes interesadas siguen reconociendo y apoyando el papel que desempeña la política de cohesión en el proceso de construcción europea.

6.

Señala que en el debate se ha planteado la posibilidad de introducir nuevos y diversos criterios de admisibilidad. Se ha expresado el deseo de que, además del PNB y la RNB, se tomen también en consideración la estructura demográfica y de asentamiento de la población (datos sobre dispersión de la población, grado de envejecimiento y tasas de dependencia), el mercado de trabajo, la oferta de servicios, las condiciones geográficas, las dimensiones urbana y rural, los recursos naturales, el patrimonio cultural, los factores relacionados con el medio ambiente y el clima. Puede decirse que todos estos factores influyen en el desarrollo económico y social. Paralelamente, los indicadores comunitarios destinados a delimitar los territorios que pueden optar a ayuda han demostrado su eficacia, pero para evaluar a fondo la eficacia de la política de cohesión se debería utilizar un grupo más amplio de indicadores basado en un conjunto de datos más extenso.

7.

Desea que también en la evaluación de fondo de las disparidades en materia de desarrollo y de progreso de la cohesión se tengan en cuenta, además del PIB y la RNB, la situación del mercado laboral (datos sobre empleo, movilidad, formación), la oferta de servicios (datos sobre accesibilidad, eficacia, distribución), la ordenación del territorio (datos sobre dimensiones, continuidad, policentrismo), la estructura demográfica y el asentamiento de la población (datos sobre dispersión de la población, grado de envejecimiento y tasas de dependencia), el nivel educativo de la población, la inversión en investigación e innovación (datos sobre los recursos destinados a I+D+i en función del PIB), así como las características geográficas específicas de algunas regiones como las ultraperiféricas, las insulares o las montañosas.

8.

Considera que el reto del cambio climático y los problemas de abastecimiento energético seguirán influyendo, de distintas maneras y con intensidades diversas, en toda una serie de cuestiones relativas al desarrollo económico y social, con efectos en los esfuerzos y capacidades de la política de cohesión.

9.

Subraya que las regiones ultraperiféricas son especialmente vulnerables a los nuevos desafíos del clima y la energía, aunque, al mismo tiempo, representan una oportunidad para la UE, pues pueden ser utilizadas como laboratorios naturales para evaluar los problemas y buscar soluciones que beneficiarán a toda la UE.

10.

Destaca que, si bien las estadísticas regionales constituyen un instrumento fundamental para mejorar los criterios de admisibilidad o modificar los indicadores de desarrollo, en muchos Estados miembros puede resultar difícil utilizar o procesar los datos correspondientes, suponiendo que estén disponibles, y, cuando éste no es el caso, pueden ser difíciles de obtener o de calcular.

11.

Recalca que el objetivo sigue siendo promover la cohesión europea mediante la reducción de las disparidades de desarrollo. Por este motivo, las ayudas deben ir destinadas principalmente a las regiones económicamente más débiles pero, para tener éxito y ser importante para todos, la política de cohesión debe beneficiar a todos los territorios europeos.

12.

Considera que el principal reto es acelerar la convergencia de las regiones menos desarrolladas, y más concretamente la integración de los territorios de los nuevos Estados miembros, como lo recuerdan regularmente con acierto los distintos informes de la Comisión Europea sobre la política de cohesión.

13.

Considera que los déficit en infraestructuras deben identificarse y solucionarse de manera prioritaria.

14.

Hace hincapié en el hecho de que el objetivo de la política de cohesión es reforzar la cohesión económica, social y territorial, así como contribuir en este contexto a todas las políticas sectoriales de la Unión Europea o a todas las políticas nacionales de los Estados miembros.

15.

Considera que la integración de las políticas sectoriales y de cohesión se encuentra todavía en sus primeros pasos y que el refuerzo del enfoque integrado implicaría la definición de objetivos horizontales para armonizar en primer lugar el desarrollo de la agricultura, el medio ambiente, la energía y los transportes.

16.

Estima que, ante la situación económica actual, en los proyectos de redes y de agrupaciones son aun más necesarias la interconexión y las sinergias que trasciendan las fronteras territoriales.

17.

Considera que los objetivos de cohesión y crecimiento pueden y deben ser compatibles entre sí, ya que se trata de dos objetivos estrechamente vinculados, y destaca que es preciso ya determinar de qué manera el crecimiento puede mejorar la cohesión y no cómo la cohesión puede contribuir al crecimiento.

18.

Duda que sea conveniente asignar a los instrumentos de la política de cohesión objetivos de competitividad para la estrategia de crecimiento e insta a que se analice, en el marco de la reflexión sobre la futura configuración de los Fondos Estructurales, el impacto de la asignación de fondos con arreglo a la estrategia de Lisboa en los resultados de la cohesión económica y social.

19.

Destaca que todas las partes interesadas consideran que una racionalización de los procedimientos permitiría facilitar la gestión de los fondos, pero advierte que las reformas han de procurar no sacrificar el valor añadido que aporta la participación, a múltiples niveles, de los entes regionales y locales en la gobernanza comunitaria.

20.

Considera que el éxito de la política de cohesión depende en gran parte del entorno jurídico y administrativo, y hace hincapié en que el refuerzo institucional ofrece uno de los recursos más valiosos, aunque no sea manifiesto, para la realización de las intervenciones y el buen funcionamiento de la política de cohesión.

21.

Recuerda que la creciente competencia, en términos de eficacia productiva y administrativa, entre las regiones europeas, constituye un factor que debe tenerse en cuenta en la cohesión económica y social en la medida en que influye a la hora de atraer inversiones extranjeras y de insertarse en la economía mundial.

22.

Coincide en la conveniencia de desarrollar nuevos e innovadores instrumentos de ingeniería financiera en el marco de la política de cohesión (como, por ejemplo, fondos rotatorios) y, al mismo tiempo, señala que el principio de cofinanciación es un instrumento fiable y eficaz para preservar el valor añadido de la política de cohesión.

23.

Destaca la enorme contribución que puede aportar la política de cohesión a la visibilidad del proyecto europeo, y precisa que la Comisión Europea, en colaboración con los Estados miembros y los entes locales y regionales, debe buscar formas aún más eficaces para informar a los ciudadanos europeos sobre las ventajas y los resultados de esta política.

24.

Pone de relieve que los principios que subyacen en la actual política de cohesión europea, a saber, la concentración, la programación, la cofinanciación, la adicionalidad y la asociación, han demostrado su validez y considera que deberían seguir siendo el eje de la acción comunitaria también de cara al futuro.

25.

Señala que la política europea de cohesión debe seguir basándose en una sólida asociación entre todos los niveles de gobierno, implicando cada vez más a los entes territoriales en todas las etapas, desde la definición de los proyectos hasta la evaluación de los programas.

26.

Hace hincapié en la importancia que reviste la cooperación territorial para todas las dimensiones de la política de cohesión, en términos de valor añadido y de visibilidad local, y señala la oportunidad de desarrollar plenamente las posibilidades que brinda el nuevo instrumento de la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT).

27.

Insta a que se refuerce la dimensión urbana de la política de cohesión, recordando que las zonas urbanas son a menudo el motor del crecimiento económico, pero ocultan también graves fenómenos de disparidad económica, desigualdades sociales y aislamiento cultural.

28.

Llama la atención sobre la necesidad de una mayor coordinación entre los problemas de las zonas rurales y las dificultades de las zonas urbanas, ya que el vínculo entre realidad urbana y entorno rural constituye un componente esencial de una política integrada de desarrollo regional.

29.

Recomienda que se vuelvan a integrar los instrumentos de desarrollo rural en la política de cohesión en general, dado que los Fondos Estructurales ya financian numerosas acciones con objetivos paralelos y que esta opción puede ser la mejor solución para evitar proyectos e intervenciones por partida doble.

30.

Propone una colaboración entre las autoridades de gestión y los institutos de estadística para poner a punto nuevos instrumentos de estadística regional destinados a valorar adecuada y específicamente el impacto de la política de cohesión, definir mejor los indicadores de desarrollo o ajustar los criterios de admisibilidad.

31.

Considera necesario estudiar las posibilidades de elaborar unos indicadores de desarrollo y bienestar más significativos y más completos que reflejen a nivel regional y local las diferencias notorias en materia de rentas, disponibilidad de servicios públicos, calidad de los servicios sanitarios y oferta de formación cultural y profesional.

32.

Destaca que la posibilidad de recurrir a formas integradoras de financiación, como los fondos de rotación con capital riesgo y los préstamos bonificados o garantizados, podría producir un efecto multiplicador positivo sin ocasionar trastornos en el sistema de subvenciones de la política de cohesión.

33.

Considera que las autoridades públicas, incluidos los entes locales y regionales, en el futuro deberán invertir más en el suministro o el apoyo a los servicios de interés general con vistas a acabar con las desigualdades existentes, sobre todo en lo referente a servicios públicos y transportes.

34.

Recuerda que los Estados miembros de la Unión Europea se hallan ante el reto demográfico que constituye el envejecimiento progresivo de su población y destaca que uno de los aspectos de este cambio es la creciente demanda de, principalmente, servicios públicos, sanitarios y sociales con garantías de niveles similares de eficacia y calidad para todos.

35.

Considera que la simplificación de la política de cohesión debe basarse en los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, vinculando la obligación de rendir cuentas y los procedimientos de control a la dimensión de las intervenciones y a la localización de los proyectos, al objeto de reducir los costes y descentralizar la gestión.

36.

Considera que la Unión Europea debe reconocer y reforzar la dimensión territorial de la política de cohesión para permitir un desarrollo económico y social que resulte no sólo duradero y equilibrado entre las distintas regiones, sino también policéntrico y armonioso en cada una de ellas.

37.

Destaca que la cohesión sigue siendo un reto importante dado que siguen existiendo grandes disparidades en términos de desarrollo económico y social tanto entre las distintas regiones como dentro de las propias regiones, que incluso se han incrementado tras la última ampliación de la Unión Europea.

38.

Cree que para mantener inquebrantables los conceptos de inserción y solidaridad, la política de cohesión debe seguir buscando el reequilibrio económico y social, sin ceder a la tentación de sobrecargar la política de cohesión con demasiados objetivos contradictorios.

39.

Destaca que, si se pretende que la política de cohesión desempeñe un papel significativo en el refuerzo del reequilibrio económico y social, debe disponer de recursos y medios adaptados, habida cuenta de que el nivel de financiación actual no es más que el mínimo necesario para realizar estas funciones y debe hacer frente a las presiones de contención del gasto surgidas de un contexto mundial de crisis financiera, contexto en el cual se acrecienta la necesidad de aplicar con más fuerza políticas de cohesión.

40.

Señala que la cohesión debe conservar una dimensión europea y rechaza toda tentativa de renacionalizar el esfuerzo comunitario, cuyo valor añadido reside también en el hecho de que se trata de una política amplia y común con objetivos estratégicos claros, en condiciones de responder a los retos de nuestro continente y del mundo y de adaptarse a las exigencias regionales y locales.

41.

Destaca el concepto de efecto de palanca de la política de cohesión, dado que las inversiones producen efectos estructurales de larga duración en las economías locales y regionales, favorecen enfoques innovadores del desarrollo y el empleo y tienen un impacto considerable en el desarrollo de capacidades en las administraciones y las empresas.

42.

Pide que se apliquen nuevos instrumentos financieros, que podrían contribuir a las inversiones de una forma más simple y eficaz, sobre todo en las regiones que necesitan reestructuraciones e innovación, en particular para apoyar el papel y el desarrollo de las PYME.

43.

Recuerda que, según el principio de subsidiariedad, es necesario que los entes locales y regionales participen en todas las etapas, desde el proyecto hasta la evaluación, dado que constituyen el nivel de gobierno más cercano a los destinatarios finales y son los principales responsables de la aplicación, in situ, de la política de cohesión.

31.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/42

—

considera vinculante el compromiso de la Unión Europea de ofrecer un futuro en Europa al conjunto de los Balcanes Occidentales, siempre y cuando los países de esta región reúnan los criterios de adhesión;

—

insta a los países de los Balcanes Occidentales a que se apresuren a cumplir las condiciones de la UE para que ésta suavice su política de visados. Los requisitos que se exigen actualmente para la concesión de visados a los residentes en los países de los Balcanes Occidentales hacen difícil entablar contactos sociales con los socios procedentes de los Estados miembros de la UE y son un escollo para la puesta en práctica de los proyectos de educación y desarrollo; pide a los Estados miembros de la UE que continúen relajando los requisitos de visado a los países de los Balcanes Occidentales;

—

destaca la importancia de los procesos emprendidos en los países de los Balcanes Occidentales para descentralizar y distribuir el poder estatal; señala que el aspecto étnico no puede ser el único ni el principal factor de estos procesos y considera importante reafirmar en los países de gran diversidad étnica la posición de unas instituciones centrales que resultan cruciales para el funcionamiento del Estado, sin dejar de aceptar por ello el poder autónomo de decisión de los entes y las autoridades locales y regionales;

—

subraya la importancia de que se siga trabajando con firmeza para consolidar la independencia de la administración de justicia. Resulta imprescindible seguir avanzando en la lucha contra la corrupción y trabajando para reforzar la confianza de los ciudadanos en la justicia;

—

se muestra a favor de que los entes e instituciones locales y regionales colaboren estrechamente con los socios de los Estados miembros de la UE y solicita la creación de los mecanismos institucionales y financieros más adecuados para permitir a los entes locales y regionales, así como a sus asociaciones nacionales, una mayor implicación en los proyectos transfronterizos y regionales, con participación también en las iniciativas enmarcadas en una Agrupación europea de cooperación territorial;

Ponente

:

Sr. KNAPÍK (SK/PPE), Alcalde de Košice

1.

considera vinculante el compromiso de la Unión Europea de ofrecer un futuro en Europa al conjunto de los Balcanes Occidentales, siempre y cuando los países de esta región reúnan los criterios de adhesión;

2.

valora positivamente los avances realizados por los países de los Balcanes Occidentales en su camino hacia la Unión Europea; considera que la firma de un Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre la UE y la República de Serbia, así como entre la UE y Bosnia y Herzegovina, es absolutamente fundamental para garantizar el futuro de toda la región en el seno de la Unión Europea. Otra demostración de los avances registrados en materia de integración europea la constituye la perspectiva real de que Montenegro y Albania, seguidos por otros países de la región, obtengan en un futuro próximo el estatuto de país candidato, además del progreso en los debates para la adhesión de Croacia;

3.

recomienda que la Comisión Europea haga más por capitalizar la experiencia de los nuevos Estados miembros tanto en el proceso de adhesión como en el de transformación. Los puntos de vista de los nuevos Estados miembros han de constituir un valor añadido en el momento de elaborar las políticas de la UE, especialmente cuando se tienen en cuenta los anhelos de adhesión por parte de los países de los Balcanes occidentales;

4.

insta a los países de los Balcanes Occidentales a que se apresuren a cumplir las condiciones de la UE para que ésta suavice su política de visados. Los requisitos que se exigen actualmente para la concesión de visados a los residentes en los países de los Balcanes Occidentales hacen difícil entablar contactos sociales con los socios procedentes de los Estados miembros de la UE y son un escollo para la puesta en práctica de los proyectos de educación y desarrollo; pide a los Estados miembros de la UE que continúen relajando los requisitos de visado a los países de los Balcanes Occidentales;

5.

destaca la importancia de los procesos emprendidos en los países de los Balcanes Occidentales para descentralizar y distribuir el poder estatal; señala que el aspecto étnico no puede ser el único ni el principal factor de estos procesos y considera importante reafirmar en los países de gran diversidad étnica la posición de unas instituciones centrales que resultan cruciales para el funcionamiento del Estado, sin dejar de aceptar por ello el poder autónomo de decisión de los entes y las autoridades locales y regionales;

6.

recuerda que el reconocimiento y la protección de las minorías es uno de los criterios de Copenhague cuyo cumplimiento constituye una condición para la adhesión de la Unión Europea, y está convencido de que un elemento central de los derechos de las minorías es facilitar la coexistencia pacífica entre la población mayoritaria y poblaciones que difieren en cuanto a raza, lengua o religión, a fin de garantizar la satisfacción de las necesidades específicas de las minorías;

7.

insta a los países de la región a que adopten medidas para reforzar la participación de la mujer en la vida política, social y económica y para fomentar la igualdad de género. El Comité señala que sigue habiendo discriminación de la mujer y violencia doméstica, y pide por ello a estos países que redoblen sus esfuerzos para consolidar los derechos de las mujeres;

8.

propone reforzar la capacidad administrativa de las instituciones nacionales y los entes locales para aprovechar al máximo la financiación asignada a los países de los Balcanes en el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA);

9.

subraya la importancia de que se siga trabajando con firmeza para consolidar la independencia de la administración de justicia. Resulta imprescindible seguir avanzando en la lucha contra la corrupción y trabajando para reforzar la confianza de los ciudadanos en la justicia;

10.

lamenta la práctica extendida de la corrupción, que impide la creación de un servicio público transparente y dificulta la gestión y administración eficientes de los fondos y programas de la UE;

11.

acoge con satisfacción la labor que se ha realizado con vistas a la creación de una Escuela Regional de Administración Pública, que asumiría todas las competencias que se esperan de una institución educativa destinada a la formación profesional de los funcionarios y que debería potenciar la capacidad administrativa en los países de los Balcanes Occidentales. El Comité recomienda que las escuelas de administración pública de cada país colaboren en la medida de lo posible con esta institución. Asimismo, apoya cualquier nuevo instrumento de la Comisión Europea que sirva para reforzar la capacidad administrativa, consolidar las instituciones y aplicar la legislación comunitaria, especialmente mediante los instrumentos de hermanamiento, Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX) y Apoyo a la Mejora de las Instituciones Públicas y los Sistemas de Gestión (SIGMA);

12.

valora positivamente la transformación con éxito del Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental en un Consejo de Cooperación Regional. Considera que la cooperación regional es uno de los requisitos previos para el progreso de los países de los Balcanes Occidentales en los procesos de adhesión a la UE. La mejora de la cooperación transfronteriza merece especial atención en esta región, ya que en muchos casos son las regiones fronterizas las que más han sufrido tras los conflictos armados de los años noventa. Por este motivo, el Comité pide que se desarrollen las infraestructuras transfronterizas entre los países de la región

13.

considera que la vía que debe seguirse para superar las divisiones, los prejuicios y el recelo provocados por litigios o conflictos que en el pasado reciente o menos reciente han implicado a países de los Balcanes Occidentales y a países vecinos actualmente miembros de la UE es el refuerzo de la cooperación transfronteriza entre las zonas marítimas y regiones fronterizas de los países de los Balcanes Occidentales y las zonas vecinas o fronterizas de los países miembros de la Unión;

14.

acoge con satisfacción los avances en la creación de una zona de libre comercio —CEFTA— en los Balcanes Occidentales. Recomienda que los países participantes actúen con mayor rapidez para instaurar un espacio verdaderamente operativo en toda la región, ya que una zona de libre comercio ayudará a los distintos países a prepararse para su adhesión al mercado único de la UE;

15.

se muestra a favor de que los entes e instituciones locales y regionales colaboren estrechamente con los socios de los Estados miembros de la UE y solicita la creación de los mecanismos institucionales y financieros más adecuados para permitir a los entes locales y regionales, así como a sus asociaciones nacionales, una mayor implicación en los proyectos transfronterizos y regionales, con participación también en las iniciativas enmarcadas en una Agrupación europea de cooperación territorial;

16.

es consciente de que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un importante papel a la hora de fomentar la integración en la UE, y respalda la actuación en redes de las organizaciones de la sociedad civil de la región, así como el desarrollo de proyectos comunes;

17.

considera que el buen funcionamiento de los entes locales y regionales es fundamental, tanto para la consolidación interna de los distintos países como para su armonización con la UE. Recomienda que los gobiernos intensifiquen la comunicación con los entes locales y regionales y fomenten la idea de la integración europea;

18.

valora positivamente el mecanismo especial de apoyo a los gobiernos locales y regionales de los Balcanes Occidentales que, como parte del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA), fue anunciado por la Comisión Europea en la conferencia de Bruselas de abril de 2008. Asimismo, recomienda a la Comisión Europea que simplifique el procedimiento para ofrecer la mayor ayuda posible, en particular acelerando el proceso y estableciendo los mecanismos necesarios para dotarle de una mayor efectividad. Si bien cree necesario enfocar correctamente todas las ayudas, éstas deberán llegar al máximo número de beneficiarios;

19.

es consciente del desequilibrio regional existente entre las zonas metropolitanas y las regiones más alejadas de los centros urbanos por lo que respecta a las actuaciones de los entes locales y regionales que se ocupan de un desarrollo territorial armónico y equilibrado y de promover la idea de la integración europea. Estima necesario ofrecer ayuda a las autoridades subnacionales para que actúen con eficacia en las regiones rurales y, en especial, en las regiones de diversidad étnica, donde deberán centrarse en aplicar proyectos de carácter multiétnico;

20.

es consciente de que los entes locales y regionales de los países de los Balcanes Occidentales desempeñan un papel fundamental a la hora de encontrar la respuesta institucional requerida a los derechos de las minorías nacionales y, por tanto, pide a los gobiernos de esos países que consulten a los entes locales y regionales en el momento de debatir y aprobar nuevas normas y marcos jurídicos relativos a los derechos de las minorías nacionales tomando en consideración el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales;

21.

destaca la importancia que revisten los entes locales y regionales a la hora de superar los prejuicios y las diferencias entre las distintas etnias de la región y, en este contexto, resalta el papel que desempeñan en la comunicación entre los niveles territoriales y de gobierno de los distintos países;

22.

acoge con satisfacción los considerables avances realizados por Croacia en sus negociaciones de adhesión, que envían una señal a los demás países de los Balcanes Occidentales sobre sus propias perspectivas de adhesión, una vez cumplan las condiciones necesarias, y opina que la incertidumbre que actualmente existe sobre la entrada en vigor del Tratado de Lisboa después del referéndum irlandés no tiene ninguna repercusión en las actuales negociaciones de adhesión con Croacia;

23.

se congratula del progreso registrado en materia de política regional y cooperación transfronteriza, y valora positivamente que Croacia haya redoblado los esfuerzos para resolver sus diferencias con sus vecinos;

24.

señala que si Croacia desea lograr avances decisivos en su proceso de adhesión, deberá promover mayores avances en la reforma judicial, la lucha contra la corrupción, los derechos de las minorías nacionales, el retorno de los refugiados y la reestructuración del sector de la construcción naval;

25.

observa que Croacia ha de acelerar el ritmo de su reforma de la administración pública y mejorar la capacidad administrativa tanto a nivel local como regional;

26.

considera que la Antigua República Yugoslava de Macedonia puede progresar aún más en el reforzamiento de sus relaciones con la UE, siempre y cuando respete los requisitos y criterios establecidos por el Consejo Europeo de junio de 2008;

27.

valora positivamente la contribución de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a la estabilidad de los Balcanes Occidentales y toma buena nota de la decisión de su Gobierno relativa al reconocimiento de la independencia de Kosovo;

28.

valora positivamente la creación de un Comité Consultivo Mixto UE-Antigua República Yugoslava de Macedonia y propugna la intensificación del diálogo político entre las autoridades subnacionales de la UE y sus homólogos de este país;

29.

observa que ha podido superarse finalmente la crisis política de la Antigua República Yugoslava de Macedonia; recomienda la adopción inmediata de medidas para mejorar y potenciar el funcionamiento de los entes estatales, al objeto de afrontar las causas de los problemas registrados en los comicios electorales de junio de 2008 y garantizar que las futuras elecciones se desarrollen con arreglo a los modelos reconocidos en el ámbito internacional; subraya asimismo la necesidad de intensificar el diálogo político entre los partidos para crear un clima político estable de consenso en torno a la realización de las reformas necesarias para su adhesión a la UE;

30.

propone que continúe el proceso de descentralización y que se garantice que el criterio étnico no sea el principal en la composición de los entes locales o regionales; aboga por el mantenimiento de la estabilidad política en la Antigua República Yugoslava de Macedonia a nivel nacional, regional y local, haciendo hincapié en la primacía del diálogo por encima de cualquier otro medio;

31.

apoya el papel constructivo que desempeña, tanto en el ámbito nacional como en el local, el Comité para las Relaciones Intercomunitarias como mediador entre las distintas comunidades étnicas y el Parlamento, y pide que se mantenga el carácter multiétnico de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y, en particular, el respeto escrupuloso de los derechos de sus minorías;

32.

se congratula de la reanudación de las negociaciones en presencia del enviado especial de Naciones Unidas, Matthew Nimetz, y pide a la Antigua República Yugoslava de Macedonia que intensifique sus esfuerzos para contribuir a resolver el problema de su denominación en el marco de las resoluciones 817/93 y 845/93 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; subraya la importancia que revisten las relaciones de buena vecindad para que la Antigua República Yugoslava de Macedonia registre mayores avances en su trayectoria europea;

33.

recomienda seguir adelante con la reforma de la administración pública, incluida la reforma de la tributación local, para dotar a las autoridades de una mayor autonomía a la hora de decidir sobre cuestiones financieras;

34.

acoge satisfactoriamente la aplicación de medidas para reformar la administración pública y otorgar mayores competencias a los entes locales;

35.

destaca la necesidad de potenciar el crecimiento y el rendimiento económicos. La prosperidad económica y el crecimiento sostenible de la economía son requisitos indispensables para el éxito en su proceso adhesión a la UE;

36.

subraya la necesidad de encontrar un consenso político en las cuestiones relacionadas con la integración europea;

37.

pide a los partidos políticos que abandonen sus posiciones poco constructivas a nivel local para permitir la adopción de decisiones por consenso, lo cual permitirá abordar los problemas locales y las necesidades de las comunidades locales;

38.

aboga por la introducción de mecanismos eficaces para acabar con la corrupción, tanto de ámbito nacional como local. Al mismo tiempo, solicita el compromiso de las instituciones correspondientes para imprimir una mayor eficacia a la lucha contra la delincuencia organizada;

39.

valora positivamente que se apoyen las competencias de los entes locales y regionales en el ámbito de la tributación y el gasto locales;

40.

recomienda reforzar las competencias descentralizadas de los entes locales;

41.

invita a Albania a que aplique plenamente las disposiciones previstas en el Convenio marco del Consejo de Europa para la protección de las minorías nacionales y, en especial, en lo que se refiere al uso de las lenguas minoritarias;

42.

acoge con satisfacción la firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y Bosnia y Herzegovina, y respalda que, en cuanto se cumplan las condiciones y los objetivos necesarios, se cierre la Oficina del Alto Representante (OHR) y se refuerce la Oficina del representante especial de la UE;

43.

valora positivamente que la cuestión del estatus final de Kosovo no tenga repercusiones importantes en Bosnia y Herzegovina y que, en general, la situación política y de seguridad se haya mantenido en calma;

44.

acoge con agrado la aprobación por parte del Parlamento bosnio de la reforma policial, habida cuenta de su importancia para el proceso de adhesión a la UE, y es consciente de que esta reforma, tal como fue aprobada, es fruto de un consenso precedido de largas y complicadas negociaciones entre todas las partes implicadas; no obstante, resalta la necesidad de introducir mayores cambios en la Constitución para dotar a las instituciones nacionales de mayor operatividad y garantizar que la etnia deja de ser un factor determinante en el funcionamiento de la sociedad de Bosnia y Herzegovina; asimismo, subraya la importancia de estrechar la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY);

45.

valora positivamente la celebración de elecciones locales democráticas en octubre de 2008 y celebra que hayan transcurrido sin incidentes; asimismo, es consciente de la importancia de elegir democráticamente a los representantes locales y del papel que éstos desempeñan a la hora de democratizar la sociedad de Bosnia y Herzegovina, y de lograr su convergencia con la UE;

46.

apoya el reforzamiento de las capacidades administrativas de la Dirección para la Integración Europea en el Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina, así como la capacidad de otras instituciones y órganos que trabajan en el proceso de integración europea. Los avances de Bosnia y Herzegovina en el proceso de integración europea exigirán un mayor esfuerzo a la hora de aplicar las reformas relacionadas con la UE;

47.

es consciente de que la celebración de un debate nacional sobre la adhesión a la UE debe ir acompañada de una serie de proyectos bien orientados que reúna a funcionarios nacionales, regionales y locales, el mundo académico y el sector no gubernamental. En este orden de cosas, la experiencia de los nuevos Estados miembros podría ser una fuente de inspiración, especialmente la creación de una convención nacional sobre la UE, que tan buenos resultados ha dado en Eslovaquia, y que ya se puso en marcha en Serbia en 2006;

48.

acoge con satisfacción la celebración de elecciones democráticas y transparentes, especialmente si se tiene en cuenta que éstas eran las primeras elecciones presidenciales desde que Montenegro declaró su independencia en 2006;

49.

se congratula de la activa contribución de Montenegro a la estabilización de la región y, en especial, de su constructivo enfoque a la hora de entablar buenas relaciones bilaterales con sus países vecinos, y toma buena nota de la decisión de su Gobierno relativa al reconocimiento de la independencia de Kosovo;

50.

acoge con agrado la apertura de una Delegación de la Comisión Europea en su capital, Podgorica, y muestra su confianza en que esta medida será de gran ayuda tanto para facilitar e incrementar la comunicación entre la Comisión Europea y Montenegro, como para asistir a este país en sus esfuerzos por incorporarse a la UE;

51.

aboga por acelerar la reforma del sistema judicial y reforzar la posición de la administración pública; apoya asimismo mayores avances en las reformas administrativas y judiciales y, con vistas a la aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación, recomienda el reforzamiento de las capacidades administrativas, políticas y jurídicas;

52.

pide a las autoridades correspondientes que actúen con mayor decisión para acabar con la corrupción en las instituciones de gobierno central y local, así como para combatir la delincuencia organizada y, en especial, el tráfico de drogas y otras mercancías;

53.

valora positivamente la firma de un Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la República de Serbia y la Unión Europea, y solicita al Gobierno serbio que cumpla plenamente las obligaciones ligadas a su aplicación;

54.

acoge con satisfacción la detención de Radovan Karadžić en territorio serbio y valora positivamente los esfuerzos desplegados por el nuevo Gobierno serbio en este ámbito; asimismo, subraya la importancia de una cooperación continua entre el Gobierno serbio y el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY);

55.

solicita a la UE que dé pasos decisivos para el reforzamiento de las relaciones con Serbia, con la entrada en vigor del acuerdo provisional y el comienzo del proceso de ratificación del Acuerdo de Estabilización y Asociación por parte de los parlamentos de los Estados miembros, y considera que es viable otorgar a Serbia el estatus de país candidato en 2009;

56.

aprecia el hecho de que las elecciones presidenciales celebradas en enero y febrero de 2008 y las elecciones parlamentarias y municipales adelantadas al mes de mayo se desarrollaron de manera democrática; valora positivamente la vía democrática por la que se resolvió la crisis gubernamental;

57.

subraya la necesidad de una verdadera descentralización fiscal y apoya la aprobación de una Ley sobre los activos del gobierno local, según la formulación propuesta por la Conferencia Permanente de Ciudades y Municipios;

58.

acoge con satisfacción la ratificación por el Parlamento serbio de la Carta Europea de la Autonomía Local y su entrada en vigor el 1 de enero de 2008;

59.

recomienda la elaboración de una estrategia de descentralización en aras de la transparencia y la previsibilidad del proceso de descentralización en Serbia; resalta la necesidad de reforzar las instituciones locales y propone que se dedique una especial atención a garantizar el pleno respeto de los derechos de las minorías nacionales y los grupos étnicos;

60.

pide a Belgrado que acepte la Misión de la Unión Europea en favor del Estado de Derecho en Kosovo (EULEX);

61.

apoya que la UE mantenga desplegada su misión EULEX en Kosovo y valora positivamente el compromiso de la UE por asumir gran parte de la responsabilidad acerca del futuro de Kosovo; asimismo, celebra el acuerdo sobre la transferencia de competencias de la UNMIK a la misión EULEX;

62.

acoge con agrado los resultados de la Conferencia de Donantes para Kosovo que organizó la Comisión Europea el 11 de julio de 2008 en Bruselas y valora positivamente el compromiso contraído por la UE con Kosovo y con la estabilidad en los Balcanes Occidentales;

63.

respalda la participación de Kosovo en las iniciativas regionales y, en especial, las relacionadas con las futuras perspectivas de la UE para los Balcanes Occidentales, y señala que la adhesión de los Balcanes Occidentales a la Unión Europea no culminará con éxito sin la participación en dicho proceso de todos los protagonistas de la región;

64.

constata que la nueva Constitución consagra los derechos de cada una de las comunidades nacionales;

65.

acoge con satisfacción la creación de un Consejo Consultivo para las Comunidades, bajo la égida presidencial, así como la introducción de un sistema de doble mayoría que requiere la aprobación de cuestiones relacionadas con intereses vitales para las distintas comunidades por una mayoría no sólo de legisladores, sino también de representantes de dichas comunidades. Además, recomienda que se llegue a un acuerdo sobre la fecha para su entrada en vigor en coordinación con los miembros de la comunidad internacional;

66.

espera que la declaración unilateral de independencia del Kosovo no obstaculice los movimientos de bienes y personas en la zona de los países balcánicos;

67.

respalda el mantenimiento a largo plazo de la presencia de la comunidad internacional en Kosovo; solicita que, dados los limitados recursos administrativos de que disponen las instituciones kosovares, la comunidad internacional proporcione una asistencia considerable para la aplicación de la nueva Constitución;

68.

lamenta que las capacidades administrativas sigan siendo insuficientes para garantizar la eficiencia y transparencia en los servicios públicos y en la gestión de los fondos y programas de la UE;

69.

insta a las comunidades minoritarias nacionales a que participen en la gestión pública en Kosovo, tal como queda recogido en la nueva Constitución, y lamenta la renuencia de los representantes de la comunidad serbia a participar en la formación de las instituciones públicas y en el proceso democrático para la elección de los representantes de las instituciones kosovares;

70.

insta a las autoridades de Kosovo a que respeten a las diversas minorías étnicas y cumplan todos los requisitos internacionales al respecto.

31.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/48

—

recomienda que el grupo de países candidatos potenciales, siempre y cuando satisfaga los criterios definidos por la Comisión Europea, pueda también tener acceso a los tres aspectos restantes, de modo que los países en cuestión disfruten de las mismas condiciones que los países candidatos;

—

recomienda que el presente dictamen constituya el comienzo de una evaluación más amplia y profunda de la experiencia adquirida hasta la fecha, ya que dicha evaluación permitiría clarificar y documentar la labor, amplia y fundamental, llevada a cabo por las entidades locales y regionales en el curso de anteriores ampliaciones. A este respecto, el Comité de las Regiones debería emprender, con ayuda de los fondos asignados a la investigación, un análisis concienzudo de la participación de las entidades locales y regionales en las actividades del IPA entre 2007 y 2009;

—

recomienda que el Comité de las Regiones tome la iniciativa a principios de 2009 de organizar una mesa redonda a la que se invitaría a representantes de la Comisión, el Parlamento, las entidades locales y regionales de los países candidatos y de los países candidatos potenciales y otras instancias pertinentes con el fin de discutir a fondo este tema; la mesa redonda sería la señal de salida para el proceso de reevaluación;

—

pide que, en el marco de la evaluación, se elabore un marco político de referencia entre el Comité de las Regiones y la Comisión acerca de la participación de las entidades locales y regionales en los procesos de ampliación. Dicho marco político de referencia debería ser aprobado por el Comité pues representa un instrumento único para reevaluar las actuales estructuras y formas de cooperación a fin de dar un nuevo impulso a la cooperación transfronteriza entre las entidades locales y regionales de los Estados miembros, los países candidatos y los países candidatos potenciales.

Ponente

:

Sra. LUND (DK/PSE), Miembro del Ayuntamiento de Furesø

1.

se congratula del éxito de la quinta ampliación, en la cual las entidades locales y regionales de Bulgaria y Rumania han desempeñado un papel clave fomentando el desarrollo de una democracia duradera a nivel local y regional;

2.

destaca que es importante extraer enseñanzas de la experiencia adquirida en anteriores ampliaciones por lo que se refiere a la cooperación transfronteriza, a fin de poder optimizar y mejorar los resultados de las negociaciones de adhesión en curso con los países candidatos y con los países candidatos potenciales;

3.

recomienda, pues, concentrar todavía más la atención en la cooperación entre las entidades locales y regionales de los Estados miembros, de los países candidatos y de los países candidatos potenciales;

4.

acoge con satisfacción el Instrumento de Ayuda a la Preadhesión (IPA) que se estableció en virtud de la Comunicación de la Comisión (COM(2004) 627 final) y de la Decisión del Consejo (1085/2006), y remite a su dictamen sobre el tema (CDR 498/2004 fin). El Comité de las Regiones es favorable a la instauración del IPA, que implica cinco componentes: a) ayuda a la transición y desarrollo de la capacidad institucional, b) cooperación transfronteriza, c) desarrollo regional, d) desarrollo de los recursos humanos, e) desarrollo rural;

5.

constata que el IPA, vigente para el período 2007-2013, es una herramienta importante en lo que se refiere a construir estructuras políticas y administrativas duraderas en los países candidatos y los países candidatos potenciales, dado que el IPA funciona desde el 1 de enero de 2007 como instrumento de integración de los distintos elementos de ayuda de preadhesión anteriormente aplicables a Turquía y a los Balcanes occidentales: Phare, ISPA, Sapard, Cards y el instrumento financiero para Turquía;

6.

acoge con satisfacción el marco financiero trienal de orientación, previsto en el IPA y que tiene por objeto la asignación de recursos a cada país beneficiario, ya que refleja la flexibilidad del planteamiento; señala que no es posible encontrar una solución única que responda a todas las necesidades siendo esa la razón por la que es necesario poder disponer de instrumentos flexibles que puedan permitir afrontar los retos y problemas encontrados en los distintos países;

7.

señala asimismo que se distinguen dos grupos de países beneficiarios: el primero, compuesto por los países candidatos, es decir, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Croacia y Turquía; y el segundo, integrado por los países candidatos potenciales, es decir, Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Kosovo. Señala también, en cuanto a los dos grupos que acaban de mencionarse, que el primero puede optar a ayudas referidas a los cinco aspectos, en tanto que el grupo de los países candidatos potenciales solo puede solicitar ayudas referidas a los dos primeros aspectos, es decir, para la ayuda a la transición y el desarrollo de las instituciones y para la cooperación transfronteriza;

8.

recomienda que el grupo de países candidatos potenciales, siempre y cuando satisfaga los criterios definidos por la Comisión Europea, pueda también tener acceso a los tres aspectos restantes, de modo que los países en cuestión disfruten de las mismas condiciones que los países candidatos;

9.

destaca la importancia decisiva de establecer requisitos rigurosos en lo que respecta a la documentación exigible posteriormente para valorar los resultados obtenidos gracias a los recursos del IPA;

10.

señala que buena parte de la legislación se suele aplicar a nivel local y regional (en el ámbito del medio ambiente, el porcentaje de legislación comunitaria que se aplica a nivel local y regional llega hasta el 70 %); por tanto, es importante que las entidades territoriales tengan una posibilidad real de apoyo a través del IPA que les permita proseguir su tarea, que es importante y positiva, y seguir contribuyendo de manera constructiva a la instauración de estructuras administrativas sólidas y una democracia duradera a nivel local y regional en los países candidatos y potenciales candidatos;

11.

subraya que, para cumplir las exigencias del acervo comunitario, los criterios de Copenhague y las conclusiones del Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995, es esencial que los países candidatos y los países candidatos potenciales establezcan estructuras políticas y administrativas descentralizadas y duraderas;

12.

señala que las entidades locales y regionales suelen representar para el ciudadano la principal puerta de acceso al sistema, y que importa por tanto que estas entidades puedan prestar los servicios que los ciudadanos necesitan. La experiencia señala que es importante actuar en lo que se refiere a la instauración de estructuras políticas y administrativas descentralizadas sólidas, ya que las estructuras existentes son a menudo frágiles en los países candidatos y en los países candidatos potenciales. Se trata de un ámbito en el que las entidades locales y regionales de la Unión poseen una experiencia considerable, ya que son retos a los que se enfrentan las entidades locales y regionales de todos los países miembros. El Comité de las Regiones destaca al mismo tiempo la importancia de que, en el proceso de adhesión, los ciudadanos no sufran un deterioro sostenido del nivel de los servicios, ya que ello podría suscitar opiniones negativas en cuanto a la adhesión a la UE;

13.

destaca, al hilo de esta reflexión, que es asimismo importante concentrar la atención sobre estructuras descentralizadas que sean sólidas, dado que buena parte de la aplicación del acervo comunitario se produce a nivel local y regional; señala por tanto que es importante que las entidades locales y regionales intervengan en estricto pie de igualdad con el gobierno central, dado que una capacidad administrativa bien desarrollada a nivel local y regional, capaz de prestar los servicios requeridos y de responder a los retos que se presentan, contribuye a aliviar la carga que corresponde a las administraciones centrales;

14.

señala que, para garantizar la solidez de la base política y administrativa de las estructuras políticas y administrativas a nivel local y regional, es importante desarrollar en cooperación con la sociedad civil una democracia local en la que los ciudadanos puedan confiar y sobre la que perciban que pueden ejercer una influencia. Las entidades locales y regionales poseen muchos años de experiencia en materia de cooperación transfronteriza, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación entre ciudades hermanadas, en el que existe también una dimensión cultural y una dimensión de la identidad relacionadas con el desarrollo de la democracia y de la administración. Para la Comunidad, eso representa un valor añadido positivo;

15.

señala asimismo que las entidades locales y regionales poseen una gran experiencia en relación con la cooperación intercultural, ya que en la mayoría de los casos son estas entidades las que se hallan en contacto directo con los ciudadanos de culturas diferentes. Esto ha aportado experiencia a las entidades locales y regionales en el trabajo con diferentes culturas en proximidad, lo que constituye un recurso que puede transferirse al ámbito de las actividades interculturales entre Estados miembros, países candidatos y países candidatos potenciales, en relación con los procesos de ampliación;

16.

opina que es importante desarrollar un enfoque coherente para la cooperación transfronteriza relativa a los procesos de preadhesión;

17.

recuerda que una de las máximas prioridades del Comité de las Regiones en el exterior consiste en explicar a los ciudadanos el proceso de ampliación (CDR 322/2006 fin) y subraya que la actividad del Comité se verá mejorada y será más fácil de comunicar si éste posee un conocimiento sistemático de los resultados prácticos, constructivos y duraderos que obtienen las entidades locales y regionales en el marco del proceso de ampliación;

18.

agradece a todos los entes locales y regionales de los Estados miembros, países candidatos y candidatos potenciales su participación en el estudio en que se basa el presente dictamen. Todos ellos han aportado contribuciones de primer orden a la elaboración del dictamen comunicando sus experiencias en materia de cooperación entre las entidades locales y regionales de los Estados miembros y los países candidatos y de los países candidatos potenciales. La aportación de los municipios y regiones croatas fue especialmente rica, lo que pone de manifiesto su alto grado de compromiso con los problemas que se plantean. Las respuestas de todos los países que han participado representan un buen punto de partida sólido y práctico para realizar una evaluación de la acción llevada a cabo hasta la fecha y puede servir de base para la elaboración de un conjunto de orientaciones políticas para futuros trabajos;

19.

recomienda que el presente dictamen constituya el comienzo de una evaluación más amplia y profunda de la experiencia adquirida hasta la fecha, ya que dicha evaluación permitiría clarificar y documentar la labor, amplia y fundamental, llevada a cabo por las entidades locales y regionales en el curso de anteriores ampliaciones. A este respecto, el Comité de las Regiones debería emprender, con ayuda de los fondos asignados a la investigación, un análisis concienzudo de la participación de las entidades locales y regionales en las actividades del IPA entre 2007 y 2009. La investigación debería llevarse a cabo en cooperación con universidades y organizaciones de los diferentes Estados miembros y de los países candidatos. Por otra parte, se recomienda que se constituya un grupo de seguimiento integrado por representantes de los grupos políticos, de la Comisión y de las entidades locales y regionales de los países candidatos y de los países candidatos potenciales; el grupo se encargaría de supervisar la investigación e informaría al Comité y a los grupos de trabajo, generando así un amplio compromiso con el proceso de evaluación;

20.

recomienda que el Comité de las Regiones tome la iniciativa a principios de 2009 de organizar una mesa redonda a la que se invitaría a representantes de la Comisión, el Parlamento, las entidades locales y regionales de los países candidatos y de los países candidatos potenciales y otras instancias pertinentes con el fin de discutir a fondo este tema; la mesa redonda sería la señal de salida para el proceso de reevaluación;

21.

recomienda que en los trabajos de evaluación también participen la secretaría del Comité de las Regiones, los tres grupos de trabajo sobre los Balcanes Occidentales, Turquía y Croacia (que, en cierta medida, han abordado ya aspectos pertinentes del proceso de ampliación), así como el Comité Consultivo Conjunto para la Antigua República Yugoslava de Macedonia, dado que representarían una contribución nada desdeñable de conocimientos relativos a los retos que afrontan los países candidatos y los países candidatos potenciales;

22.

pide que, en el marco de la evaluación, se elabore un marco político de referencia entre el Comité de las Regiones y la Comisión acerca de la participación de las entidades locales y regionales en los procesos de ampliación. Dicho marco político de referencia debería ser aprobado por el Comité pues representa un instrumento único para reevaluar las actuales estructuras y formas de cooperación a fin de dar un nuevo impulso a la cooperación transfronteriza entre las entidades locales y regionales de los Estados miembros, los países candidatos y los países candidatos potenciales. El objeto del marco político de referencia es el de servir de base de referencia común para la Comisión y el Comité de las Regiones en relación con el futuro desarrollo del IPA mediante la definición de un conjunto de recomendaciones para la cooperación relacionada con la ampliación, de modo que dicho instrumento se adapte mejor a las necesidades específicas de las entidades locales y regionales;

23.

recomienda que las entidades locales y regionales participen en pie de igualdad en el proceso de ampliación, dada la considerable experiencia y conocimientos que poseen en ayudar a consolidar a los países candidatos y países candidatos potenciales mediante la cooperación transfronteriza, local y regional. En ello hay que ver un recurso común que beneficia también al resto de la Unión y a sus instituciones. Se pide, por tanto, a la Comisión, a los países candidatos y a los países candidatos potenciales que desarrollen, en colaboración con sus entes locales y regionales, el marco jurídico y financiero necesario para este fin. El marco político de referencia sobre la participación de las entidades locales y regionales sería un primer paso en esta vía;

24.

señala que los proyectos transfronterizos de menor tamaño realizados por entidades locales y regionales poseen un valor añadido de importancia decisiva, ya que la experiencia adquirida en varios países miembros pone de manifiesto que la apertura, la transparencia y el contacto directo entre las partes interesadas, inherentes a los pequeños proyectos, son fuente de confianza mutua y proporcionan soluciones concretas a problemas de carácter práctico;

25.

subraya, abundando en esta idea, que, como lo demuestra la experiencia adquirida en Rumanía, entre otros países, los recursos disponibles para financiar proyectos descentralizados por medio de los instrumentos de preadhesión revisten la máxima importancia para el desarrollo de la capacidad administrativa a los niveles local y regional en los países candidatos y en los países candidatos potenciales;

26.

recomienda ajustar todos los elementos del IPA a fin de tener en cuenta a los entes locales y regionales y a las ONG, que aportan una importante contribución a los procesos de ampliación. La experiencia obtenida en varios Estados miembros, entre ellos, el Reino Unido y Dinamarca, pone de manifiesto que a los entes locales y regionales les cuesta alcanzar el umbral mínimo exigido para acceder a las ayudas ofrecidas por el IPA para proyectos transfronterizos;

27.

considera, por tanto, importante que el IPA dedique más atención a reforzar la capacidad administrativa a nivel local y regional en vez de centrarse solamente en consolidar la administración central. Si las entidades locales y regionales carecen de la capacidad administrativa indispensable, será difícil aplicar el acervo comunitario de una manera sostenible;

28.

observa que, a la vista de la experiencia, un factor fundamental que dificulta el uso eficaz de los fondos de los proyectos es la insuficiente capacidad de los países candidatos y de los países candidatos potenciales para hacer un uso adecuado de la ayuda que se les brinda. Esto afecta a todo el proceso —desde la aplicación a la ejecución y la información— y se debe en gran medida a la falta de experiencia. Debe señalarse a este respecto que las barreras lingüísticas y la falta de conocimientos técnicos en los procedimientos de aplicación y en la gestión de los proyectos constituyen desafíos importantes para la puesta en marcha y la ejecución de los proyectos. Esto viene a subrayar la importancia de establecer en el marco del IPA verdaderas medidas de apoyo a fin de ayudar a las entidades locales y regionales a incrementar su capacidad administrativa;

29.

propone, pues, que el IPA incorpore un planteamiento en varias fases que permita comenzar con los proyectos más pequeños antes de pasar a otros más grandes una vez que se ha adquirido la experiencia necesaria y ha aumentado la capacidad administrativa;

30.

recomienda que se prevea una línea presupuestaria específica, en el marco del IPA, para pequeños proyectos, como ya se hizo en programas previos, como la «Phare Baltic Project Facility» y la «Tacis Small Project Facility»; señala que entre 1998 y 2001 se realizaron 259 proyectos en virtud de estos programas, en los que cooperaron, por una parte, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rusia, Belarús, Ucrania, Moldova y, por otra, los Estados miembros, y que, en 2000, la evaluación que llevó a cabo el Tribunal de Cuentas —de los programas Tacis, entre otros— recomendó que se asignaran más fondos a la «Tacis Small Project Facility», debido al considerable éxito de dicho instrumento;

31.

señala asimismo que, entre otras, la experiencia de Turquía demuestra precisamente que los proyectos de menor tamaño, que suelen incluir iniciativas muy concretas, generan un valor añadido positivo para el conjunto de la Unión, ya que dichos proyectos son al mismo tiempo un modo de divulgar información y una imagen positiva de la UE a nivel local y regional e incrementar de manera concreta el conocimiento sobre la UE;

32.

observa que la experiencia adquirida en precedentes programas de ayuda muestra que es importante que las ayudas del IPA exijan el mínimo de trámites burocráticos posibles y no se vean fragmentadas en un número excesivo de fases, cada una con sus subvenciones respectivas, y considera por tanto que los programas necesitan estructuras flexibles en las que la financiación pueda moverse entre las diferentes partidas presupuestarias para reflejar las distintas incidencias, contribuyendo así a mejorar y desarrollar sobre la marcha los proyectos. Considera que los procedimientos administrativos pesados son especialmente restrictivos para los proyectos de menor tamaño; señala que, como lo demuestra la experiencia de Serbia, un retraso, por ejemplo, en la transferencia de recursos hacia las autoridades responsables de un proyecto puede tener consecuencias perniciosas;

33.

considera que las organizaciones nacionales pueden contribuir a facilitar la gestión de los proyectos asumiendo, por ejemplo, un papel activo como punto de contacto y proveedor de información. Dichas organizaciones suelen poseer los conocimientos técnicos pertinentes y se encuentran en situación de contribuir a difundir las mejores prácticas en gestión de proyectos;

34.

desea resaltar el éxito de la cooperación entre los Estados miembros y Turquía, Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia en el marco del programa comunitario «Cultura»; la cooperación entre los Estados miembros y Turquía en el marco del programa comunitario para el aprendizaje permanente, y la cooperación en virtud del Séptimo programa marco comunitario de investigación, en el que participaron Turquía, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia; señala que este enfoque debe integrarse también en el IPA —con las consiguientes posibilidades de intercambio— para posibilitar que sea más fácil intercambiar, por ejemplo, especialistas de determinados sectores entre Estados miembros, países candidatos y países candidatos potenciales, a nivel local y regional;

35.

señala la gran importancia de concentrarse en la especialización sectorial. Las experiencias de Dinamarca y Polonia muestran que la participación de expertos locales y regionales que se ocupan a diario de problemas concretos posibilita un diálogo entre profesionales que ejerce un efecto positivo en la interacción y el proceso de aprendizaje. Al hilo de esta reflexión, la experiencia adquirida en el Reino Unido pone de relieve que el intercambio de expertos debe considerarse un proceso positivo bidireccional: ambas partes aprenden de la otra parte al mismo tiempo que los especialistas sectoriales de cada Estado miembro se benefician también de trabajar juntos; la experiencia adquirida en Italia y Croacia muestra que proyectos de este tipo en los que se benefician ambas partes pueden contribuir a que se lancen nuevos proyectos y a cooperar;

36.

señala que los programas de aprendizaje y formación permanentes tienen suma importancia al estar destinados a garantizar que el aprendizaje no concluya con el proyecto en cuestión sino, al contrario, que esté garantizada la continuación de un desarrollo y de una dinámica; señala que, como lo demuestra la experiencia de Rumanía entre otros países, la cooperación en este ámbito reviste una importancia esencial por lo que se refiere a garantizar la eficacia y la viabilidad del sector público;

37.

considera que conviene prever una partida presupuestaria específica para interpretación, y recuerda que —como lo demuestra, por ejemplo, la experiencia de Estonia y Croacia— cuando no existe posibilidad de interpretación de nivel profesional, se tropieza con dificultades de planificación y ejecución de los proyectos transfronterizos, ya que esto significa que los participantes en el proyecto se ven privados de comunicación, elemento esencial para el éxito de dicho proyecto y para la comprensión mutua;

38.

señala la necesidad de conceder más importancia a los datos de los proyectos, ya que en algunos casos han resultado ser de difícil acceso y calidad variable, lo que puede tener repercusiones adversas en la calidad de los proyectos;

39.

opina que una sólida capacidad administrativa a todos los niveles de organización reviste una importancia decisiva a la hora de acometer reformas institucionales, y señala que las reformas institucionales corren el riesgo de verse comprometidas si la estructura administrativa es endeble; por ejemplo, la experiencia de Croacia y Bosnia y Herzegovina muestra que los retrasos en la aplicación de la legislación nacional ejercen un efecto negativo en la ejecución de proyectos a nivel local y regional;

40.

señala, abundando en esta reflexión, que conviene insistir en los desafíos que puede generar la necesidad de coexistencia de normas comunitarias con el Derecho nacional. Por ejemplo, en Serbia las contradicciones en las normas aplicables en materia de licitaciones pueden dar lugar a malentendidos y a retrasos en la aplicación de los proyectos;

41.

observa que es importante mantener un equilibrio sostenible entre las ayudas concedidas a los distintos sectores. La experiencia de ampliaciones previas muestra que se han producido variaciones considerables en el desarrollo de los diferentes ámbitos. Mientras que en los sectores basados en el acervo que fueron objeto de prioridades políticas claramente definidas se lograron progresos, los resultados cosechados en los demás sectores fueron escasos. Esto ha dado lugar a concentrar el interés en un número reducido de sectores, en detrimento de otros ámbitos clave del sector público que se han visto privados de recursos y de la atención que merecen. Así, en estos sectores se llevó a cabo una serie de iniciativas de manera precipitada y en condiciones muy difíciles de calendario y de recursos; esto, a su vez, contribuyó a limitar las posibilidades de lograr resultados efectivos;

42.

subraya, en línea con las experiencias mencionadas más arriba, que los proyectos comunitarios deben iniciarse en una fase precoz del proceso, de modo que ni la realización ni los resultados tengan que sufrir las presiones de los plazos;

43.

opina que conviene adoptar un enfoque más amplio de los criterios políticos con el fin de tener debidamente en cuenta el equilibrio y las interacciones que son necesarias entre los criterios políticos establecidos por la UE y los fijados por otros niveles de carácter nacional. La experiencia previa en el marco del programa Phare ha puesto de manifiesto que una parte de las ayudas prestadas para cumplir los criterios políticos resultó ser ineficaz por su excesiva estrechez de miras. Las ayudas no han reflejado de modo suficiente la necesidad de comprender la realidad de las interacciones existentes entre ámbitos clave, como las reformas del sector público, el desarrollo de la sociedad civil, la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción. Además, el sistema de ayudas hacía caso omiso de la importante cuestión de que muchos de los aspectos de los criterios políticos no pueden concretarse sin que ello repercuta en los criterios económicos; por ello es importante hacer participar a los niveles locales y regionales en la determinación de prioridades del IPA de modo que las ayudas surjan de las necesidades reales; señala asimismo en este contexto que, como lo demuestra la experiencia de Croacia, si no se produce un ajuste entre las estrategias nacionales de desarrollo y las estrategias externas de los donantes pueden surgir problemas;

44.

opina que, habida cuenta de la necesidad de coordinación entre las entidades locales y regionales y el Estado, conviene asociar a los entes locales y regionales en una fase más temprana del proceso. La experiencia muestra que cuando falla la coordinación, las administraciones centrales lanzan una serie de actividades que luego no se integran en las misiones asignadas a las entidades locales y regionales; esto contribuye a que no se aproveche plenamente el potencial de las actividades y proyectos puestos en marcha;

45.

recomienda, por tanto, una mayor coordinación entre el nivel estatal y las entidades locales y regionales, y remite, entre otros, al ejemplo de las regiones croatas de Sisak-Moslavina, Eslavonia, Osjecko-Baranjska, Lika-Senj, así como las ciudades des Varazdin y Karlovac, que expresan el deseo de participar en mayor medida en la preparación de los programas operativos en el marco del IPA. Ello contribuirá también a hacer coincidir las necesidades y las actividades que se ponen en marcha;

46.

recomienda, pues, que se haga lo posible por que las programaciones operativas, en el marco del IPA, inciten a hacer participar en mayor medida a las instancias locales y regionales de carácter electivo, como sucedió en Croacia, de conformidad con el capítulo II del IPA, con respecto a la cooperación transfronteriza; señala que existen entidades locales y regionales que poseen experiencia, y que están en contacto con las necesidades locales y regionales, y que se hallan, por esta razón, en condiciones de señalar los problemas y contribuir a su solución. Por ello, se recomienda extender este método a otros países candidatos y ampliarlo para que englobe también a las demás prioridades de los programas.

31.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/54

—

señala que la gestión del cambio climático es uno de los desafíos políticos más importantes que deberán afrontar los entes locales y regionales en los próximos años;

—

considera que el cumplimiento de los ambiciosos objetivos del año 2020 exige garantizar tanto el acceso adecuado a unas soluciones basadas en las tecnologías de la información y la comunicación, como su pleno aprovechamiento;

—

destaca que las tecnologías de la información y la comunicación desempeñan un destacado papel en la aplicación de la estrategia comunitaria en materia de desarrollo sostenible. Gracias a las nuevas innovaciones técnicas y comerciales, estas tecnologías influyen positivamente en el desarrollo sostenible y, recurriendo a procesos más inteligentes y limpios, favorecen las transformaciones estructurales en el uso de los recursos naturales;

—

resalta las enormes posibilidades que brindan aquellas tecnologías de la información y la comunicación que promueven la eficiencia energética con vistas a impulsar la competitividad europea y las oportunidades comerciales a escala local y regional;

—

señala que tanto los municipios como las regiones disponen de numerosos instrumentos que los ayudan a aprovechar plenamente las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión del cambio climático como, por ejemplo, las responsabilidades y competencias que asumen en materia de ordenación territorial, oferta energética, construcción y transportes;

—

propone que en los actos europeos relacionados con el tema de la Comunicación tenga cabida también una exposición consagrada a los entes locales y regionales, así como un concurso sobre los proyectos de TIC que hagan un mejor aprovechamiento de la eficiencia energética. El Comité está dispuesto a participar tanto en la exposición como en el programa de estos actos; y que la Comisión elabore conjuntamente con el Comité de las Regiones y otras partes interesadas una guía práctica que muestre cómo los entes locales y regionales pueden beneficiarse de las TIC en sus planes relacionados con el cambio climático.

Ponente

:

Risto KOIVISTO (FI/PSE), Presidente del Consejo Regional de Tampere

1.

señala que ya ha establecido en sus dictámenes más recientes la gestión del cambio climático como uno de los desafíos políticos más importantes que deberán afrontar los entes locales y regionales en los próximos años;

2.

apoya los objetivos que se ha fijado el Consejo Europeo para 2020, encaminados a reducir el 20 % de las emisiones en comparación con los niveles de 1990, elevar hasta el 20 % la cuota de las fuentes renovables en el consumo global de energía de la UE y alcanzar un ahorro del 20 % respecto de las previsiones en el consumo energético;

3.

coincide con la Comisión en que el cumplimiento de los ambiciosos objetivos del año 2020 exige garantizar tanto el acceso adecuado a unas soluciones basadas en las tecnologías de la información y la comunicación, como su pleno aprovechamiento;

4.

reitera su posición en el sentido de que hay que otorgar prioridad a la eficiencia energética en todas las decisiones relacionadas con la política energética europea. Por este motivo, el Comité valora con satisfacción que, en su Comunicación, la Comisión haya expresado su voluntad de hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para incrementar la eficiencia en materia de producción, suministro y comercio de energía;

5.

tras hacer especial hincapié en las dimensiones social y económica —en sus dictámenes sobre las iniciativas más recientes de la Comisión Europea en el ámbito de i2010— se muestra satisfecho de que la Comisión europea tenga ahora también en cuenta la perspectiva medioambiental de la sociedad de la información;

6.

destaca que las tecnologías de la información y la comunicación desempeñan un destacado papel en la aplicación de la estrategia comunitaria en materia de desarrollo sostenible. Gracias a las nuevas innovaciones técnicas y comerciales, estas tecnologías influyen positivamente en el desarrollo sostenible y, recurriendo a procesos más inteligentes y limpios, favorecen las transformaciones estructurales en el uso de los recursos naturales;

7.

resalta las enormes posibilidades que brindan aquellas tecnologías de la información y la comunicación que promueven la eficiencia energética con vistas a impulsar la competitividad europea y las oportunidades comerciales a escala local y regional;

8.

está convencido de que la Comisión se ha decantado por la opción correcta al otorgar prioridad a la participación y la cooperación con las zonas urbanas en el momento de validar y someter a prueba las distintas ideas, y considera que esta circunstancia es acorde con lo ya expresado por el Comité en precedentes observaciones a la estrategia i2010;

9.

cree que, por necesidades de orden práctico, es precisamente el ámbito local y regional donde se emprenden las iniciativas más creativas e innovadoras de apoyo a la estrategia i2010 de la Unión;

10.

señala que tanto los municipios como las regiones disponen de numerosos instrumentos que los ayudan a aprovechar plenamente las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión del cambio climático como, por ejemplo, las responsabilidades y competencias que asumen en materia de ordenación territorial, oferta energética, construcción y transportes;

11.

constata que los entes locales y regionales ya recurren ampliamente en la actualidad a las tecnologías de la información y la comunicación en muchas de sus tareas orientadas hacia la reducción del consumo energético y de las emisiones:

12.

apoya la propuesta de la Comisión de otorgar, ya en esta fase, a las tecnologías de la información y la comunicación un papel de liderazgo en aquellas transformaciones estructurales que permitan reducir el impacto ecológico;

13.

además, plantea las grandes posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación brindan a los entes locales y regionales con vistas a incrementar la productividad, mejorar los servicios y, al mismo tiempo, reducir el consumo energético y las emisiones. No obstante, el aprovechamiento de estas posibilidades exige a menudo una reforma estructural más amplia de los procedimientos administrativos, como:

14.

señala que, con sus diversas redes, los entes locales y regionales europeos se prestan de buen grado a participar en las campañas de consultoría y asociación propuestas por la Comisión para las TIC relacionadas con la eficiencia energética, y a difundir sus mejores prácticas;

15.

insta a la Comisión a elaborar, conjuntamente con los Estados miembros, unos modelos de financiación acordes con sus cometidos, que tengan presentes también las necesidades de los entes locales y regionales, así como a establecer la eficiencia energética —y en particular aquella que hace uso de las TIC— como un ámbito prioritario entre todas sus fuentes de financiación;

16.

considera que, a pesar de las numerosas iniciativas ya en marcha, la Comunicación debería haber incorporado aquellos aspectos que centran la atención en la primera parte, ya que albergan un gran potencial de ahorro, brindan numerosas posibilidades para la adaptación de las TIC y revisten una importancia fundamental a efectos de los entes locales y regionales;

17.

coincide con la Comisión en que es importante apoyar el diseño de ordenadores de menor consumo, y aprovecha para solicitarle que invierta también en el desarrollo de sistemas que permitan almacenar mejor la energía térmica que producen sobre todo las grandes salas de ordenadores;

18.

además de la eficiencia energética que ya plantea la Comisión, llama también la atención acerca del enorme impacto ecológico de la fabricación, el transporte y la destrucción de los aparatos informáticos, y cree que es importante abordar esta cuestión tanto mediante acuerdos de carácter voluntario como, si fuera necesario, por vía legislativa;

19.

propone la elaboración de unas directrices comunes para las actividades de investigación en el campo de la eficiencia energética por medio de las TIC, al objeto de combinar mejor los recursos regionales, nacionales y europeos hoy dispersos y aprovechar así los objetivos comunes;

20.

destaca la importancia que reviste la investigación originada en el cliente, y considera esencial para su éxito el establecimiento de una estrecha cooperación entre el mundo de la investigación científica, el sector de las TIC y otras empresas, los productores de energía, los entes locales y regionales y las organizaciones de consumidores;

21.

pide que se confiera a los entes locales y regionales el importante papel que, por la posición que ocupan en el ámbito de la eficiencia energética, les corresponde en el programa marco de investigación de la Unión Europea, en los consiguientes proyectos nacionales y, sobre todo, en los amplios programas piloto que se proponen en la Comunicación para medir el impacto ecológico de las tecnologías de la información y la comunicación;

22.

muestra su preocupación por el hecho de que, a pesar de la importancia que entraña esta cuestión, no se haya realizado un esfuerzo suficiente para materializar las innovaciones en forma de productos y servicios destinados a los mercados de masas, y constata que los entes locales y regionales no sólo pueden asumir un papel de pioneros a la hora de aprovechar las innovaciones, sino que también pueden ofrecer a las empresas del sector un entorno favorable al desarrollo económico;

23.

considera que uno de los principales problemas para el crecimiento de los mercados lo constituye la ausencia de normas comunes, especialmente en los ámbitos tecnológicos más estrechamente relacionados con las administraciones locales y regionales como son, por ejemplo, los sistemas de gestión inteligente de edificios, la gestión del alumbrado y los sistemas de control del tráfico. Esta falta de normalización impide la interoperabilidad técnica, limita la competencia en los mercados y dificulta la contratación pública;

24.

destaca el hecho de que los ámbitos prioritarios propuestos por la Comisión no incluyen sistemas de medición uniformes, que podrían servir para que los entes locales y regionales evaluaran la utilidad de las distintas soluciones;

25.

señala que, desde el punto de vista de la seguridad del suministro y la operatividad, la producción energética descentralizada es una solución idónea para los municipios y las regiones que ofrece la posibilidad de combinar distintas modalidades de producción energética. Por ello, el Comité apoya decididamente los planes de la Comisión tanto para impulsar el intercambio de información y buenas prácticas acerca de los nuevos modelos empresariales para la producción descentralizada sobre la base de las TIC, como para invertir en la investigación y el desarrollo en este ámbito;

26.

constata que la Comunicación no aborda la promoción de las TIC ecológicas en la contratación pública, e insta a desarrollar métodos de actuación que permitan a los entes locales y regionales priorizar con mayor facilidad la eficiencia energética y el desarrollo de las TIC relacionadas con ella en la contratación pública y, especialmente, en los procedimientos de contratación precomercial;

27.

responde favorablemente a la oferta que le hace la Comisión en su Comunicación para entablar una estrecha cooperación, y propone que:

28.

propone que, en su nueva Comunicación sobre las TIC y el medio ambiente prevista para la primavera de 2009, la Comisión:

29.

como ya ha señalado con anterioridad, el Comité considera que la eficiencia energética y el creciente uso de la energía renovable deben constituir un elemento fundamental de la política energética europea. La inversión encaminada al aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación para incrementar la eficiencia energética ayuda a los municipios y a las regiones a gestionar el cambio climático, descentralizar la producción energética y reducir el consumo de energía, a la vez que brinda nuevas oportunidades de negocio al empresariado local;

30.

el Comité considera muy importantes los planes de la Comisión Europea de recurrir a las experiencias de las zonas urbanas a la hora de validar y probar las distintas ideas, sin pasar por alto la cooperación con las redes de entes locales y regionales ya existentes. Atendiendo a sus numerosas funciones —como reguladores, consumidores, proveedores de servicios, usuarios y proveedores de energía, impulsores iniciales, expertos o modelos de actuación— los municipios y las regiones tienen muchos motivos para apoyar a fondo el pleno aprovechamiento de las TIC con vistas a incrementar la eficiencia energética. En la medida de sus posibilidades, el Comité pretende dar a conocer mejor las redes de zonas urbanas y entes locales y regionales y apoyar su participación en los procesos de asociación;

31.

el Comité espera que la Comisión redoble sus esfuerzos para lograr una estandarización del sector que permita a los entes locales y regionales adoptar productos dotados de una mejor interoperabilidad. La normalización y los criterios de calidad favorecen también la competencia en el mercado y facilitan una contratación pública que promueve la eficiencia energética;

32.

con el apoyo de la Unión y sus Estados miembros, la administración local y regional que asume unas responsabilidades medioambientales comunes puede mostrar el camino y servir de ejemplo a la hora de elevar la eficiencia energética con ayuda de las TIC. Este papel de pionero se relaciona, entre otros aspectos, con la formación de una nueva asociación entre las empresas del ámbito de las TIC y los productores de energía, la adopción de un alumbrado de zonas y edificios públicos inteligentes desde el punto de vista del uso energético, así como el incremento de la eficiencia energética en la Administración y los servicios;

33.

El Comité propone que la Comisión Europea publique en su próxima Comunicación sobre este tema un plan de acción para el aprovechamiento de las TIC en aras del desarrollo sostenible. Igualmente, el Comité cree que es imprescindible incorporar el transporte a esta evaluación global e incluir un plan de acción que englobe la estrategia ecológica para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, objetivos cuantitativos de carácter sectorial para dichas emisiones, medidas comunitarias y nacionales para cumplir los objetivos, así como el establecimiento de indicadores para un seguimiento evolutivo.

31.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/58

—

destaca que el principal objetivo de las medidas extranacionales debe ser crear un valor añadido europeo. Por este motivo, el Comité respalda la petición de la Comisión de que se aproveche mejor la diversidad de los sistemas escolares en Europa, basados en valores comunes y caracterizados por un gran número de métodos excelentes e innovadores;

—

recuerda que sigue siendo preciso tener en cuenta el nivel de descentralización en los distintos Estados miembros. En muchos Estados miembros, la competencia en materia escolar incumbe a los entes locales y regionales. Por tanto, es importante que exista una buena interacción política y administrativa entre todos los niveles, y que se elaboren políticas comunes. La mejor manera de mejorar los sistemas escolares es que los entes locales y regionales sean socios activos y que asuman la responsabilidad de desarrollar la enseñanza en su territorio;

—

estima que no hay que olvidar que la educación no sólo tiene lugar en las escuelas, sino también en otros centros preescolares y en la vida cotidiana extraescolar como, por ejemplo, en la familia, durante el tiempo libre con personas de la misma edad, en entornos digitales o a través de los medios de comunicación. Respecto a la educación o la política de juventud, los responsables deberían considerar todos los aspectos de la vida de los jóvenes que les son confiados y, por consiguiente, incluir en sus consideraciones, en la medida de lo posible, los procesos de educación extraescolar y su influencia en la enseñanza escolar y en la educación informal;

—

constata que en toda Europa los entes locales y regionales financian en gran medida la oferta preescolar, que desde hace muchos años desarrollan y mejoran continuamente en la medida de sus posibilidades. Así pues, se han podido y se pueden iniciar muchos proyectos con apoyo de programas europeos como, por ejemplo, el fomento del multilingüismo en los primeros años de la infancia, sobre todo en las regiones fronterizas. El Comité opina que las medidas de fomento por parte de la Unión Europea en estos casos deben tener mayor continuidad para evitar que se interrumpan buenos proyectos después de algunos años por falta de recursos financieros y que se pierda la experiencia así adquirida. La continuación de estos proyectos requiere un apoyo financiero de la UE;

—

sobre este punto, espera que el nuevo programa Comenius Regio ofrezca un mayor margen de decisión a los entes locales y regionales cuando quieran establecer prioridades para el fomento de proyectos;

—

está dispuesto a apoyar a la Comisión en la cooperación que propone. Nuevamente destaca que la cooperación debe consistir, sobre todo, en un intercambio directo de experiencias entre los servicios responsables de la educación escolar de los Estados miembros.

Ponente

:

Helma KUHN–THEIS (DE/PPE), Diputada del Parlamento del Estado federado de Sarre

1.

acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión Europea sobre el tema «Mejorar las competencias en el siglo XXI», que formula los importantes retos que afrontan los sistemas escolares en Europa. Está de acuerdo con el análisis realizado por la Comisión del problema y con sus conclusiones. En particular, está plenamente de acuerdo con la opinión de la Comisión en el sentido de que es preciso conceder la máxima prioridad a las inversiones a favor de los jóvenes, sobre todo en el ámbito de la formación;

2.

en este contexto, considera que hubiera sido muy útil que la Comisión hubiese intentado evaluar la envergadura del compromiso financiero que representará para los entes locales y regionales la aplicación de sus propuestas;

3.

opina que la resolución de los problemas mencionados por la Comisión ya es el objetivo de muchas medidas, no sólo de los Estados miembros, sino también de los entes locales y regionales. En este sentido, el Comité lamenta que la Comisión, en sus consideraciones, no examine la contribución que los entes locales y regionales, gracias a sus numerosas competencias en el sector de la formación y a su conocimiento preciso de las realidades locales y regionales, aportan ya y seguirán aportando en términos de recursos financieros y experiencia a la resolución de los problemas planteados;

4.

no obstante, parece evidente que es preciso tomar medidas a la luz del papel clave que desempeña la educación en el crecimiento económico y el bienestar de Europa, así como respecto a la sobresaliente importancia que tiene la educación escolar para el aprendizaje permanente. Por lo tanto, apoya en principio la propuesta de reforzar la cooperación europea en las escuelas;

5.

simultáneamente destaca que el principal objetivo de las medidas extranacionales debe ser crear un valor añadido europeo. Por este motivo, el Comité respalda la petición de la Comisión de que se aproveche mejor la diversidad de los sistemas escolares en Europa, basados en valores comunes y caracterizados por un gran número de métodos excelentes e innovadores. Esto es particularmente aplicable al enfoque propuesto por la Comisión encaminado a respaldar a los servicios responsables de la organización y contenidos de los programas de educación escolar, a nivel local, regional y nacional, con programas que favorezcan los intercambios de procedimientos que hayan demostrado su eficacia;

6.

recuerda que sigue siendo preciso tener en cuenta el nivel de descentralización en los distintos Estados miembros. En muchos Estados miembros, la competencia en materia escolar incumbe a los entes locales y regionales. Por tanto, es importante que exista una buena interacción política y administrativa entre todos los niveles, y que se elaboren políticas comunes. La mejor manera de mejorar los sistemas escolares es que los entes locales y regionales sean socios activos y que asuman la responsabilidad de desarrollar la enseñanza en su territorio;

7.

estima que es lógico y realista que la Comunicación se limite a organizar la cooperación europea en materia escolar. Además, no hay que olvidar que la educación no sólo tiene lugar en las escuelas, sino también en otros centros preescolares y en la vida cotidiana extraescolar como, por ejemplo, en la familia, durante el tiempo libre con personas de la misma edad, en entornos digitales o a través de los medios de comunicación. Respecto a la educación o la política de juventud, los responsables deberían considerar todos los aspectos de la vida de los jóvenes que les son confiados y, por consiguiente, incluir en sus consideraciones, en la medida de lo posible, los procesos de educación extraescolar y su influencia en la enseñanza escolar y en la educación informal;

8.

el Comité destaca la afirmación de la Comisión de que la adquisición de competencias depende básicamente del propio alumnado, «reflexionando de forma crítica sobre sus objetivos de aprendizaje, gestionando su aprendizaje con autodisciplina, trabajando tanto de forma autónoma como en equipo, buscando información y apoyo en caso necesario y utilizando todas las oportunidades que brindan las tecnologías de la información y comunicación» (punto 2.3). El «aprender a aprender» y el aprendizaje autónomo son absolutamente esenciales y deben fomentarse como aptitudes fundamentales de una sociedad en la que precisamente cada vez es más importante poseer la capacidad del aprendizaje permanente;

9.

por este motivo el Comité considera que es importante que las escuelas tengan un planteamiento pedagógico coherente para que los alumnos comprendan la estructura de las enseñanzas que reciben y lo que se espera de ellos. La enseñanza de niños y jóvenes debería estar caracterizada por expectativas positivas, asimilación, estimulación y orientación;

10.

opina también que las reformas de los planes de estudio deberían seguir un enfoque global y centrado en las competencias «que cuente con la plena participación de los profesores, los alumnos y otros actores» (punto 2.5), en el que es especialmente importante incluir a los padres o tutores. Cuando se trata del sistema escolar, las expectativas deben ser altas, aunque sin olvidar que las escuelas dependen en gran medida del entorno social. Podemos ilustrarlo con dos ejemplos: los esfuerzos de las escuelas son más fructíferos cuando la familia y los centros de educación preescolar fomentan una actitud positiva hacia la educación. Al final del periodo escolar también son muy importantes las señales que envían la economía y el mercado de trabajo a los jóvenes para motivarles a aprender. Asimismo, la escuela, por su parte, puede apoyar una nueva cultura de la ciudadanía mediante:

11.

está de acuerdo con la Comisión en que la enseñanza de la lectura es una de las principales misiones de la escuela. Algunas de las estrategias de fomento mencionadas por la Comisión, sobre todo en el ámbito de las escuelas, son misiones típicas de los entes territoriales como, por ejemplo, el fomento de las competencias lingüísticas de las familias y la mejora de las infraestructuras de fomento de la lectura. Otro factor también importante para el desarrollo de actitudes positivas hacia las matemáticas, la informática, las ciencias naturales y la tecnología, es la financiación, generalmente a cargo de los entes territoriales, del equipamiento de escuelas, mediatecas e instalaciones recreativas;

12.

destaca la importancia que tiene también en la escuela, además del aprendizaje de la lectura y la escritura, la adquisición de competencias relacionadas con las TIC (alfabetización digital). Ello permite a los niños y jóvenes prepararse de la mejor manera posible para la vida autónoma y apropiarse de las tecnologías modernas de la información, que constituyen un valor añadido para su propio desarrollo y el de toda la sociedad;

13.

está de acuerdo con la Comisión en la importancia que tienen los métodos de enseñanza individualizados, así como las modalidades de evaluación propuestas. Una evaluación debería ser formativa; es decir, debería mirar al futuro, con el objetivo de mejorar la eficacia y el carácter individualizado del futuro aprendizaje. No obstante, a menudo son evaluaciones de nivel, es decir definitivas, y se utilizan exclusivamente para determinar el nivel de los alumnos. El Comité estima que, en este ámbito, es preciso mejorar considerablemente la formación y la formación permanente de los profesores, a lo que pueden contribuir los programas europeos de promoción de nuevos conocimientos, sobre todo cuando se dirigen a los profesores durante su formación y formación permanente;

14.

estima que la formulación del tercer punto del resumen «a la adopción de un enfoque exhaustivo del desarrollo de competencias que abarque los planes de estudio, los materiales que aprendizaje, la formación del profesorado…» es desafortunada, puesto que no precisa que no se trata de un enfoque armonizado a nivel europeo, sino que es un estímulo para los Estados miembros y los responsables de la enseñanza a nivel nacional;

15.

considera que la cultura empresarial y el desarrollo del espíritu empresarial están estrechamente ligados al principio mencionado más arriba, según el cual, en general, es preciso fomentar el desarrollo de personalidades autónomas que estén dispuestas a tomar iniciativas, no sólo en el ámbito económico, sino también en materia de compromisos cívicos con responsabilidades ante la sociedad. Por lo tanto, la escuela debe desarrollar el aprendizaje de calidad para todos los alumnos (capítulo 3), ofreciéndose como comunidad educativa desde el punto de vista cognitivo, cultural y social, y desarrollando la enseñanza en los conocimientos, pero también la concienciación para la ciudadanía. Además, una cooperación estrecha con el sector económico a nivel local y regional constituye otro factor importante de este tipo;

16.

apoya sin reservas el alegato de la Comisión a favor de mejores oportunidades de aprendizaje precoz. Corrobora expresamente la declaración de que «mejorar la atención preescolar y ampliar el acceso a la misma son posiblemente las contribuciones más importantes que pueden hacer los sistemas escolares para mejorar las oportunidades para todos y alcanzar los objetivos de Lisboa». Los centros de educación preescolar sientan las bases fundamentales del posterior éxito escolar durante todo el periodo de escolaridad. Esto no sólo es aplicable a los niños de grupos desfavorecidos, puesto que una buena educación preescolar favorece a todo el mundo. La asistencia de los niños pequeños a la enseñanza preescolar representa, de hecho, una primera oportunidad de acercamiento al saber, pues tal enseñanza prevé actividades socioeducativas que incluso en los primeros años de vida sientan las bases de una actitud positiva hacia la sociabilidad, el compromiso, el aprendizaje y la participación de las familias en la formación de sus hijos. Las metodologías innovadoras, que suelen utilizarse a nivel didáctico en los servicios preescolares, pueden tener una evolución cualificada en las sucesivas etapas de formación. Por otro lado, el Comité destaca a título preventivo que incluso una estructura óptima de la etapa preescolar no exime a los demás profesores implicados en la trayectoria escolar de la responsabilidad de mantener viva y potenciar la curiosidad intelectual y las ganas de aprender de sus alumnos;

17.

el Comité constata que en toda Europa los entes locales y regionales financian en gran medida la oferta preescolar, que desde hace muchos años desarrollan y mejoran continuamente en la medida de sus posibilidades. Así pues, se han podido y se pueden iniciar muchos proyectos con apoyo de programas europeos como, por ejemplo, el fomento del multilingüismo en los primeros años de la infancia, sobre todo en las regiones fronterizas. El Comité opina que las medidas de fomento por parte de la Unión Europea en estos casos deben tener mayor continuidad para evitar que se interrumpan buenos proyectos después de algunos años por falta de recursos financieros y que se pierda la experiencia así adquirida. La continuación de estos proyectos requiere un apoyo financiero de la UE;

18.

sobre este punto, espera que el nuevo programa Comenius Regio ofrezca un mayor margen de decisión a los entes locales y regionales cuando quieran establecer prioridades para el fomento de proyectos;

19.

apoya el llamamiento de la Comisión a favor de una mayor equidad en el sistema escolar aunque no está totalmente de acuerdo con sus declaraciones demasiado generalizadas sobre las distintas soluciones aplicadas en los diferentes Estados miembros. Esto también afecta a la pregunta de la edad a la que los niños deben ser orientados a escuelas que expidan titulaciones escolares diferentes en términos cualitativos. El Estudio McKinsey de 2007 (1) destaca que la estructura de la enseñanza es bastante más importante para el éxito escolar que la organización del sistema escolar. Como la propia Comisión señala correctamente en su Comunicación (capítulo 4), conviene prestar más atención a la mejora de la calidad de la formación de los profesores;

20.

considera que es importante que todos los Estados miembros adopten más medidas para mejorar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación escolar. El objetivo es que todo el mundo tenga acceso a una enseñanza escolar de alta calidad y que las desigualdades sociales y económicas apenas influyan en el éxito escolar;

21.

es consciente de que, en la mayoría de los casos, los alumnos de origen inmigrante afrontan problemas muy complejos y que, por este motivo, es preciso prestarles una atención particular. En este contexto, el Comité acoge con agrado que la Comisión haya presentado un Libro Verde (2) sobre este tema, que será objeto de un dictamen por parte del Comité de las Regiones. A este respecto, es necesario apoyar los esfuerzos de la escuela para garantizar la integración de los niños y adolescentes extranjeros y de sus familias con propuestas de educación intercultural que garanticen a todos atención y respeto de la diversidad. La comprensión de la relación profunda entre lengua y cultura pone de relieve la importancia del aprendizaje de las lenguas, a partir del conocimiento pasivo (comprensión y lectura) de la lengua del país de acogida, como instrumentos de comunicación y de relación, y del mantenimiento de la lengua del país de origen, como reconocimiento de la identidad y como señal de respeto y valorización de la diversidad;

22.

considera que una de las principales misiones de la escuela es apoyar a los alumnos desfavorecidos, reforzar la confianza en sí mismos, reconocer sus progresos y mostrarles el camino hacia el éxito de la manera que mejor corresponda a sus condiciones y necesidades individuales. No obstante, es preciso no olvidar que los alumnos con buena predisposición y una inclinación y un talento especiales tienen exactamente el mismo derecho a ser estimulados, animados e incitados. Se trata de algo que incumbe igualmente a un sistema escolar equitativo. Una de las misiones pedagógicas más nobles y difíciles consiste en favorecer el desarrollo individual de todos los alumnos sin que se traduzca en una falta de solidaridad social. Es preciso preservar el sentimiento de responsabilidad del individuo respecto a la colectividad;

23.

pide que refuerce considerablemente la importancia tanto de las medidas escolares como extraescolares para reducir los casos de abandono escolar prematuro. En este ámbito, los entes locales y regionales también desempeñan un importante papel e invierten bastantes recursos. El Comité reconoce en este contexto que los recursos disponibles en los Fondos Estructurales son una ayuda considerable, aunque vería con buenos ojos que se ofreciera a los entes territoriales otras posibilidades de acceso, en la medida de lo posible sin burocracia, a los fondos europeos de financiación;

24.

en relación con la mención de las «escuelas de segunda oportunidad», recuerda la importancia que tiene una segunda vía de formación no sólo para los jóvenes, sino a lo largo de toda la vida. Todos los adultos, pero sobre todo aquellos que en su infancia y juventud no pudieron aprovechar todas las posibilidades, deben seguir teniendo posibilidades de desarrollo;

25.

considera que las normas generales sobre la oferta pedagógica para los alumnos con necesidades educativas específicas no son adecuadas. En primer lugar, las necesidades individuales de esos niños son muy diferentes y, en segundo lugar, los sistemas de educación especial varían considerablemente de un Estado miembro a otro. Un objetivo general de la enseñanza debe consistir en ayudar, a tiempo y de manera flexible, a todos los alumnos que tengan problemas de aprendizaje y adaptación, independientemente del tipo de escuela en que se encuentren. Por tanto, no es correcto restringir la evaluación de la calidad de la educación especial a la simple cuestión del tipo de escuela. Para muchos alumnos, la única forma de acceder a la enseñanza es a través de escuelas de educación especial. No obstante, en el caso particular de los niños con posibles necesidades educativas especiales, es esencial que éstas sean detectadas y reconocidas lo antes posible durante la etapa preescolar, a fin de poder aplicar mecanismos de protección. Ello facilita a tales niños y a sus familias la transición a la escuela;

26.

destaca la importancia que tiene el desarrollo escolar para la sostenibilidad de las reformas acometidas en los diferentes sistemas de enseñanza. En este sentido, también se debería examinar el papel desempeñado por las inspecciones escolares, que deberían favorecer y apoyar la flexibilidad y la innovación en las escuelas. En este sentido, el Comité insta a la Comisión a observar cuidadosamente toda política de coordinación y coherencia que podría ir en contra de los objetivos generales de innovación e iniciativa empresarial en el ámbito escolar si se convirtiera en un factor de normalización. El Comité estima que el desarrollo escolar es un ámbito en el que no sólo los Estados miembros sino también las regiones y las propias escuelas podrían beneficiarse de un intercambio de experiencias, y reconoce que los programas europeos, como Comenius y el antiguo ARION, han sido y serán muy útiles;

27.

confirma la conclusión del Consejo (3) de que las escuelas deberían evolucionar hacia las llamadas «comunidades y aprendizaje», evaluándose a sí mismas y aplicándose nuevos objetivos, a la vez que se comprometen en la política educativa de los entes locales y regionales, hecha posible en virtud de las disposiciones constitucionales de los Estados miembros, y participan en su elaboración. Esto incluye un refuerzo de las ofertas para que los docentes perfeccionen su formación y se desarrollen continuamente. En este contexto, el Comité acoge con agrado que las escuelas y el personal docente mantengan buenas relaciones con la comunidad de su entorno más directo. Estima que el nivel local y regional es decisivo para el desarrollo positivo de una escuela;

28.

está de acuerdo con la Comisión en que, para realizar los objetivos de Lisboa, es preciso reconocer el papel fundamental que desempeñan los profesores. Considera que una formación inicial de calidad con elementos integrados de prácticas es, desde el punto de vista educativo y profesional, una prioridad;

29.

pide que se aumente la movilidad de los profesores durante su educación y formación. En efecto, los profesores que hayan acumulado experiencias propias en otros países europeos podrán transmitir a sus alumnos de manera clara la diversidad de tradiciones y culturas europeas, así como el reconocimiento de los valores comunes;

30.

considera que hay otros aspectos que es preciso tener en cuenta en la formación, la formación permanente y la educación de los profesores como, por ejemplo, el cambio en los hábitos de aprendizaje introducido por la utilización de Internet y las novedades asociadas al mismo. Así pues, es preciso modificar la imagen de los profesores y la opinión que ellos mismos tienen de su misión. La flexibilidad es imprescindible: los profesores tienen que anticipar las tendencias en el aprendizaje y adaptarse a los cambios en el sector de la enseñanza. Los profesores, trabajadores sociales, los profesionales que trabajan con jóvenes y otros muchos trabajadores del sector educativo tienen que cooperar e intentar comprender la realidad profesional de los demás. El trabajo en equipo debería ser un tema fundamental de la educación, la formación y la formación permanente. Igualmente importantes son el establecimiento de redes y la cooperación con colegas de otras escuelas;

31.

propone examinar también el papel complementario que desempeñan otras actividades, que posiblemente también sean semiprofesionales. Así pues, en algunas regiones se creó, por ejemplo, la función del tutor de estudios (Learning Coach) encargado de examinar las necesidades individuales de ciertos alumnos. Posiblemente se trate de modelos dignos de imitación por otros sistemas escolares;

32.

considera que la propuesta de la Comisión de mejorar los procedimientos de contratación es una cuestión que debe examinarse detenidamente. El Comité considera que el método mencionado por la Comisión en el punto 4.4, sobre una contratación específica de candidatos cualificados y su acompañamiento continuo durante la formación y el ejercicio de su profesión, es adecuado;

33.

está de acuerdo con la Comisión en que las exigencias ligadas a las personas responsables de la dirección de una escuela han aumentado muchísimo. Los entes locales y regionales lo han reconocido y, con el fin de contratar a personas competentes para el ejercicio de estas funciones, se esfuerzan en convertir a las escuelas en lugares atractivos de trabajo para los directores de escuela;

34.

considera importante que, en el marco de la cooperación en curso, se entable un debate general sobre el papel, las tareas y la necesidad de competencia de los directores de los centros escolares. En este contexto, resulta esencial intercambiar experiencias sobre los procedimientos de contratación de los directores;

35.

el Comité está dispuesto a apoyar a la Comisión en la cooperación que propone. Nuevamente destaca que la cooperación debe consistir, sobre todo, en un intercambio directo de experiencias entre los servicios responsables de la educación escolar de los Estados miembros. En efecto, el Comité estima que las prioridades propuestas por la Comisión en su resumen, como la mejora de las capacidades de escritura y lectura, la ampliación del acceso a la educación preescolar y la mejora de la formación del profesorado, son efectivamente urgentes. Asimismo, pide que se apoye con recursos comunitarios el aumento y facilitación de las posibilidades, la difusión y la experimentación de procedimientos que hayan demostrado su eficacia en municipios y regiones, respetando el principio básico de que la transmisión de modelos de una región a otra debe realizarse, debido a los distintos contextos culturales y sociales, con mucha cautela y, siempre, sobre la base de una decisión motivada y con el consentimiento expreso de los responsables locales;

36.

el Comité agradece a la Comisión el impulso que representa su Comunicación y pide que se continúe el debate, teniendo en cuenta las observaciones formuladas en el presente Dictamen.

31.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/63

1.

expresa su preocupación por las graves consecuencias sociales de la crisis financiera y su impacto para la economía en su conjunto y, concretamente, para los entes territoriales y los ciudadanos; en consecuencia, insta a que se tomen medidas decididas para apoyar el lado de la demanda de la economía, así como medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los entes locales y regionales, con el fin de mantener la cohesión y salvaguardar las inversiones clave y los proyectos de infraestructuras;

2.

apoya plenamente el objetivo de garantizar la seguridad del mercado financiero único en la Unión Europea basándose en un elevado nivel de exigencia de transparencia y en un sistema de supervisión avanzado y con capacidad de respuesta, dirigido a los niveles de gobierno correspondientes; subraya que deberían evitarse las medidas y reglamentaciones que puedan ahogar el mercado financiero, y que el esfuerzo conjunto debería centrarse en garantizar una gestión financiera sana, a fin de restaurar la confianza en la economía;

3.

acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo los días 15 y 16 de octubre de 2008 como condición previa para restaurar la confianza en los mercados financieros, y considera que sus decisiones, pese a entrañar un coste para los presupuestos y los contribuyentes, constituyen medidas importantes para restaurar la confianza en el sector financiero y limitar las consecuencias de la crisis en la economía;

4.

aprueba la decisión de la UE de aumentar las garantías mínimas para los ahorros de los ciudadanos en el territorio de la Unión Europea; acoge con satisfacción dicha decisión como medida adecuada para salvaguardar los ahorros de los ciudadanos en la UE y para restaurar la confianza en el sistema bancario a corto plazo sin incurrir en costes adicionales para los contribuyentes o en un falseamiento de la competencia, y apoya el objetivo de evitar que se produzcan quiebras en importantes entidades bancarias de la UE;

5.

valora positivamente el anuncio de los Estados miembros de dedicar 30 000 millones de euros antes de 2011, a través del Banco Europeo de Inversiones, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas en Europa; no obstante, afirma que esto es sólo un primer paso en apoyo de la economía;

6.

subraya el importante papel que pueden desempeñar el Fondo Social Europeo y los programas encaminados a mitigar los efectos negativos de la crisis actual, e insta a la Comisión Europea a que examine las posibilidades de adaptar los instrumentos existentes a las circunstancias actuales, incluida una revisión del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización a fin de incrementar la operatividad de este instrumento;

7.

apoya las recientes iniciativas de la Comisión destinadas a modificar las directivas que regulan los mercados financieros, prestando especial atención a las medidas de supervisión, a la gestión de los riesgos y de las crisis, y pide a la CE que tenga en cuenta el papel de los entes locales y regionales;

8.

insta a la Comisión Europea a que proponga una directiva para armonizar las informaciones proporcionadas por las instituciones financieras sobre los productos financieros, en la que se imponga la obligación de clasificar los riesgos de manera fácilmente comprensible, se simplifiquen los contratos y se establezcan requisitos de transparencia claros para los servicios bancarios;

9.

exhorta a la Comisión Europea a que fomente el acuerdo sobre un código de conducta para asegurar que las actividades con ánimo de lucro de las instituciones financieras no entren en conflicto con el interés general;

10.

afirma además que las consecuencias de la crisis financiera para la economía no deben alterar las prioridades políticas a largo plazo establecidas por la UE y, en concreto, las siguientes: fomentar más y mejores empleos, promover la investigación y la innovación, mejorar la competitividad, reforzar la cohesión territorial y luchar contra las causas y los efectos del calentamiento global;

11.

insta a que se supervise atentamente el endeudamiento de los particulares, en particular, las deudas por tarjetas de crédito, que están dando lugar a un rápido aumento de los impagos por parte de los titulares;

12.

acoge con satisfacción la designación de un grupo de alto nivel para diseñar el sistema de supervisión de los mercados financieros de Europa y observa que está integrado por expertos de instituciones financieras, ministerios nacionales de Hacienda, banca e industria; señala, que lamentablemente, los niveles locales y regionales de gobierno no están representados en el Grupo De Larosière y, en consecuencia, insta a que se nombre un representante del Comité de las Regiones;

13.

pide que se ponga en marcha un marco regulador apropiado con sistemas eficaces de normas y mecanismos que garanticen la aplicación de la ley;

14.

pide que se revise de arriba abajo el sistema financiero internacional, aumentando la transparencia de las operaciones financieras, revisando las normas de cautela o contabilidad aplicables a las instituciones financieras, reforzando la responsabilidad de los administradores y restringiendo las normas del sistema que fomenten una asunción de riesgos excesiva (por ejemplo, conversión de préstamos en títulos, políticas de remuneración); por último, insiste en que es preciso mejorar la coordinación entre las diversas autoridades de supervisión nacionales con respecto a la supervisión de los grupos financieros transnacionales;

15.

recuerda que los entes locales y regionales son responsables de un tercio del gasto público y de más de dos tercios de la inversión pública en la UE y, por tanto, deben ser considerados parte activa en la solución de la crisis y en la preservación del crecimiento económico futuro; por consiguiente, insiste en que los entes locales y regionales deberían recibir apoyo en sus actividades de inversión —por ejemplo, en infraestructuras— a fin de evitar la peligrosa espiral de falta de inversión, pérdida de empleos, falta de crédito y, de nuevo, falta de inversión;

16.

subraya que los entes locales y regionales se ven afectados directamente por la crisis financiera, dado que en muchos países las cajas de ahorros están firmemente arraigadas en las regiones; mantienen una proximidad directa con la población y empresas locales y contribuyen a la cohesión económica, social y territorial, actuando como motores de empresas de nueva creación y de pequeñas y medianas empresas.

17.

insta por ello al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que reconozcan el importante papel que desempeña el nivel local y regional en el funcionamiento de los intermediarios financieros públicos; pide que se consulte a los entes locales y regionales en la fase de concepción y de aplicación de toda nueva arquitectura del sistema financiero de la UE, a fin de garantizar un intercambio de experiencias y una transferencia de conocimientos, desde los niveles inferiores a los superiores y viceversa, que redunde en beneficio de la economía, las PYME y los ciudadanos;

18.

acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas adoptadas en relación con las instituciones financieras en el contexto de la actual crisis financiera mundial (1) y pide a la Comisión Europea que supervise de cerca las consecuencias de las ayudas estatales concedidas a los bancos de conformidad con el artículo 87 (3) b), a fin de asegurar que las ayudas se limitan al mínimo necesario y se impide el falseamiento de la competencia;

19.

acoge con satisfacción el acuerdo sobre una garantía mínima de 50 000 euros para los ahorros y pide que se establezcan incentivos fiscales apropiados para todos los interesados que limiten al mínimo el falseamiento de la competencia y garanticen condiciones de competencia equitativas para todas las instituciones del sector financiero; estas medidas son importantes para restaurar la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero;

20.

propone que se revise el sistema de calificación con el fin de crear códigos o categorías sencillas que permitan distinguir entre los bancos que presentan un perfil de prudencia en las inversiones y los que favorecen prácticas de riesgo; opina que a este efecto sería muy útil la creación de un organismo europeo de calificación crediticia;

21.

apoya los esfuerzos de la Comisión Europea para suprimir todas las distorsiones de los mercados financieros interiores (Report on the Retail Banking Sector Inquiry, de 31 de enero de 2007) y la persistente fragmentación con arreglo a criterios nacionales, así como las diferencias existentes en los márgenes de beneficio, las prácticas de fijación de precios, las pautas de venta y la asimetría de la información; comparte el objetivo de la Comisión Europea de realizar plenamente el mercado común financiero de modo que sea más transparente, sano y capaz de responder a los desafíos globales;

22.

recuerda que los entes locales y regionales son interlocutores políticos y presupuestarios de primer orden para abordar los desafíos que serán decisivos durante las próximas décadas en Europa;

23.

subraya que la crisis financiera y su impacto negativo en el crecimiento económico y el empleo aumentarán la demanda de ayuda, asistencia social y servicios públicos con tarifas preferenciales, y que los entes locales y regionales se hallan en primera línea para responder a estas expectativas;

24.

llama la atención sobre el deterioro previsible de las condiciones de financiación de los agentes económicos, incluidos los entes locales y regionales, a consecuencia de lo cual se puede ver afectada su capacidad de obtener préstamos para nuevas inversiones;

25.

pide que se preste especial atención a la capacidad de financiación de los entes locales y regionales e insta a que se les preste un apoyo adecuado en caso de que el aumento de los costes de la financiación y la carga de la deuda pongan en peligro la puntual ejecución de los proyectos; proyectos que por lo demás son sólidos y tienen valor e importancia para las regiones y para la economía de la UE en su conjunto.

26.

pide que en el periodo actual se introduzca más flexibilidad en el uso de los Fondos Estructurales y propugna entre otras cosas que se amplíe el tiempo para la movilización de los Fondos Estructurales, pasando de la norma del año de referencia más dos (N+2) a la del año de referencia más tres (N+3), con el objetivo de garantizar que los proyectos de calidad que previsiblemente aportarán soluciones eficaces no se expongan al riesgo innecesario de perder la financiación de la UE;

27.

pide a las instituciones financieras, a las autoridades europeas y a las entidades bancarias que asignen unas ayudas financieras o unas garantías adecuadas a las inversiones en infraestructuras y a los proyectos innovadores de calidad demostrada que contribuyan a la competitividad y a la eficiencia; insiste en que se tenga presente que el hecho de no realizar tales inversiones en el plazo previsto no sólo tendría un efecto perjudicial directo para los entes territoriales afectados y sus PYME sino que también tendría consecuencias negativas para el sector industrial de la UE, lo cual afectaría al crecimiento económico y pondría en peligro empleos de gran valor;

28.

pide que las cuotas de cofinanciación de los entes locales y regionales se consideren, a semejanza de las cuotas del FEDER o del FSE en el marco de los programas operativos, aportaciones no contables a efectos del pacto de estabilidad interno de los diferentes países. De este modo, los entes locales y regiones podrán emprender proyectos para promover el crecimiento y el desarrollo de las economías locales y del mercado de trabajo sin ser penalizados por las restricciones impuestas en algunos países a los entes locales que no respeten el pacto (bloqueo del recurso al crédito, de las contrataciones y recortes de los recursos fiscales);

29.

propone que se establezca una asociación institucional más estrecha entre el CDR y el BEI, conforme a sus objetivos de fortalecer la cohesión económica y social según lo dispuesto en el Tratado CE y, en particular, en su Protocolo no 28 sobre la cohesión económica y social;

30.

apoya las medidas de reforma anunciadas por el BEI en los ámbitos siguientes: simplificación de los procedimientos de acceso a los préstamos; ampliación de los préstamos a las inversiones intangibles (permisos, investigación, etc.); distribución de riesgos entre el BEI y las entidades bancarias; transparencia de las ayudas financieras concedidas a las PYME; pide que se refuerce la capacidad de intervención del BEI en proyectos de infraestructuras, especialmente haciendo uso de los fondos de inversión a largo plazo (equities) para aumentar el peso del BEI; por último, propone desarrollar un mecanismo de participación del BEI similar a los existentes en apoyo a las PYME, destinado a ayudar a los entes locales y regionales a aumentar su capacidad de cofinanciar proyectos relacionados con la cohesión territorial;

31.

confirma el compromiso del CDR con los objetivos de lucha contra el cambio climático y expresa su esperanza de que dichos objetivos se cumplirán independientemente de las dificultades económicas; a este fin, considera que sería preciso hacer esfuerzos para fomentar las inversiones europeas en tecnologías de energías renovables mediante programas de ayudas (transporte, edificios, etc.) y financiando la investigación, particularmente en las PYME;

32.

reafirma su compromiso por lograr un crecimiento económico sostenible y dinámico dentro de un modelo social europeo sano, con eficiencia energética y reducción del impacto ambiental; declara que, menos aún en las actuales circunstancias, que son excepcionales, deben verse amenazados estos objetivos por la acción de la UE o de las autoridades nacionales, regionales o locales; insta a los responsables a que, por el contrario, tomen la iniciativa y conviertan los riesgos en oportunidades apoyando la investigación y la inversión en el ámbito de la eficiencia tecnológica, lo que a largo plazo conduciría a una recuperación económica con un desarrollo medioambiental sostenible;

33.

encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, al Consejo y a las presidencias de la Unión Europea.

31.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/66