ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 64

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

52o año
19 de marzo de 2009


Número de información

Sumario

Página

 

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

 

DICTÁMENES

 

Consejo

2009/C 064/01

Dictamen del Consejo, de 10 de marzo de 2009, sobre el programa de estabilidad actualizado de Francia (2008-2012)

1

2009/C 064/02

Dictamen del Consejo, de 10 de marzo de 2009, sobre el programa de estabilidad actualizado de Grecia (2008-2011)

7

 

II   Comunicaciones

 

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

 

Comisión

2009/C 064/03

No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5433 — Sanacorp/V.D. Linde) ( 1 )

13

2009/C 064/04

No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5438 — NBC Universal/De Agostini Communications/IMI Investimenti/Cattleya) ( 1 )

13

 

IV   Informaciones

 

INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

 

Comisión

2009/C 064/05

Tipo de cambio del euro

14

 

INFORMACIONES PROCEDENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

2009/C 064/06

Actualización de la lista de permisos de residencia mencionados en el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) (DO C 247 de 13.10.2006, p. 1, DO C 153 de 6.7.2007, p. 5, DO C 192 de 18.8.2007, p. 11, DO C 271 de 14.11.2007, p. 14, DO C 57 de 1.3.2008, p. 31, DO C 134 de 31.5.2008, p. 14, DO C 207 de 14.8.2008, p. 12, DO C 331 de 21.12.2008, p. 13, DO C 3 de 8.1.2009, p. 5)

15

2009/C 064/07

Actualización de los modelos de tarjetas expedidos por los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros a los miembros acreditados de las representaciones diplomáticas y oficinas consulares y a los miembros de sus familias citados en el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) (DO C 247 de 13.10.2006, p. 85, DO C 153 de 6.7.2007, p. 15)

18

2009/C 064/08

Actualización de la lista de pasos fronterizos mencionados en el artículo 2, apartado 8, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) (DO C 316 de 28.12.2007, p. 1, DO C 134 de 31.5.2008, p. 16, DO C 177 de 12.7.2008, p. 9, DO C 200 de 6.8.2008, p. 10, DO C 331 de 31.12.2008, p. 13, DO C 3 de 8.1.2009, p. 10, DO C 37 de 14.2.2009, p. 10)

20

 

INFORMACIONES RELATIVAS AL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

 

Órgano de Vigilancia de la AELC

2009/C 064/09

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 1, apartado 2, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia sobre ayudas estatales, en relación con la exención del pago de una prima de garantía estatal en favor del Fondo Islandés de Financiación de la Vivienda

21

2009/C 064/10

El Órgano de Vigilancia de la AELC ha decidido no formular objeciones contra la medida notificada

37

2009/C 064/11

Información comunicada por los Estados AELC relativa a la ayuda estatal concedida con arreglo a la ley citada en el punto 1 f del anexo XV del Acuerdo EEE [Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas]

38

 

V   Anuncios

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

 

Comisión

2009/C 064/12

Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint Undertaking

39

 

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

 

Comisión

2009/C 064/13

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5347 — Mapfre/Salvador Caetano/JVS) ( 1 )

40

2009/C 064/14

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5477 — Votorantim/Aracruz) ( 1 )

41

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

 


I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Consejo

19.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 64/1


DICTAMEN DEL CONSEJO

de 10 de marzo de 2009

sobre el programa de estabilidad actualizado de Francia (2008-2012)

(2009/C 64/01)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 3,

Vista la Recomendación de la Comisión,

Previa consulta al Comité Económico y Financiero,

HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:

(1)

El 10 de marzo de 2009, el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de Francia, que abarca el período 2008-2012.

(2)

En 2008, la crisis financiera mundial amplió la desaceleración de la economía a través de una disminución de la confianza de consumidores y empresas y un endurecimiento de las condiciones crediticias. Tras el hundimiento de la producción industrial en el cuarto trimestre de 2008, para 2009 se espera una fuerte contracción del PIB. Los principales retos que tiene planteados la economía en este período de crisis son estabilizar el sector financiero, restablecer la confianza de consumidores y empresas y respaldar la inversión. El descenso de la actividad económica tendrá efectos significativos sobre las finanzas públicas, ya que el déficit ha rebasado el 3 % del PIB en 2008 —tal como indicó el Ministro francés de Economía, Industria y Empleo en una carta dirigida al Comisario de Asuntos Económicos y Financieros el 6 de febrero de 2009— y, según las previsiones intermedias de enero de 2009 de los servicios de la Comisión, se situaría por encima del 5 % del PIB en 2009. En esta evolución se tienen en cuenta los efectos derivados del Plan de recuperación adoptado en diciembre (equivalentes al 0,8 % del PIB) en el equilibrio presupuestario, cuyas principales medidas consisten en anticipar la inversión pública y proporcionar apoyo financiero a las empresas. El Gobierno ha aplicado una serie de reformas estructurales que se espera tengan efectos positivos en el nivel de crecimiento potencial de la economía.

(3)

Según el escenario macroeconómico subyacente en el programa, el PIB crecería a lo largo de todo el período cubierto por el mismo. Tras disminuir hasta aproximadamente el 1 % en 2008, se espera que siga disminuyendo hasta el 0,2 %-0,5 % en 2009, antes de aumentar hasta alrededor del 2 % en 2010 y el 2,5 % en el resto del período del programa. Partiendo de la información disponible (2), este escenario parece basarse en unas hipótesis de crecimiento claramente favorables. Esta apreciación tiene en cuenta la fuerte contracción del PIB en el cuarto trimestre de 2008 y las sombrías perspectivas económicas que se derivan del bajo nivel de los indicadores de confianza y de la contracción prevista de la inversión y el comercio, pero también considera los efectos que el Plan de recuperación y la Ley de modernización de la economía podrían tener sobre el crecimiento (3). A la luz de la reciente evolución de los precios del petróleo y de la intensidad de la crisis económica mundial, las previsiones de inflación del programa parecen optimistas para 2009, pero pueden considerarse realistas para los años siguientes. El 6 de febrero las autoridades francesas informaron a la Comisión de que se iban a revisar las previsiones macroeconómicas y las relativas a las finanzas públicas.

(4)

Para 2008, el déficit de las administraciones públicas se estima en el 3,2 % del PIB en las previsiones intermedias de los servicios de la Comisión, cifra 0,3 puntos porcentuales peor que la presentada en el programa, pero confirmada por la carta de 6 de febrero mencionada (4). La mayor parte de la diferencia de 0,9 puntos porcentuales respecto del objetivo de la anterior actualización (2,3 % del PIB) puede explicarse en gran medida por: a) unos resultados en 2007 peores que los previstos (0,3 puntos porcentuales); b) un crecimiento del PIB real en 2008 notablemente inferior al previsto en la anterior actualización, que implica una disminución de los ingresos tributarios respecto de las previsiones (0,3 puntos porcentuales); y c) unos mayores pagos de intereses, que reflejan el impacto de la mayor inflación de 2008 sobre el coste del servicio de la deuda para las obligaciones indizadas a la inflación (0,2 % puntos porcentuales).

(5)

La actualización presenta un objetivo de déficit para 2009 del 3,9 % del PIB, frente al 5,4 % del PIB contemplado en las previsiones intermedias de los servicios de la Comisión. El deterioro en el déficit de 2009 se derivaría del funcionamiento de los estabilizadores automáticos como respuesta a la crisis económica, y también de los efectos del paquete de estímulo presupuestario de diciembre de 2008, equivalente al 0,8 % del PIB. Más recientemente, el Gobierno ha anunciado un objetivo de déficit más alto (4,4 % del PIB) (5). El déficit estructural (déficit ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal), según los datos facilitados en el programa de estabilidad actualizado y recalculados por los servicios de la Comisión, alcanzaría el 3 % del PIB en 2009, frente al 2,5 % en 2008. Esta orientación fiscal puede considerarse expansionista y puede explicarse totalmente por el impulso asociado al paquete de estímulo presupuestario.

(6)

El objetivo de la estrategia presupuestaria a medio plazo de Francia, como se indica en el programa, es alcanzar el objetivo a medio plazo de una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales en 2012. Según la revisión de las previsiones del programa presentada en la carta de 6 de febrero mencionada, el déficit de las administraciones públicas tocaría techo en 2009, en el 4,4 % del PIB (en lugar del 3,9 % del PIB anunciado anteriormente) y, a continuación, disminuiría al 3,1 % del PIB en 2010 (en lugar del 2,7 % del PIB) con la desaparición gradual de los efectos del Plan de recuperación sobre el presupuesto. Estas cifras contrastan con las previsiones intermedias de los servicios de la Comisión, según las cuales el déficit de las administraciones públicas aumentaría hasta el 5,4 % del PIB en 2009 y el 5,0 % del PIB en 2010. Según las previsiones revisadas en la carta mencionada, el déficit seguiría mejorando después de 2010, hasta llegar al 1,5 % en 2012. Para el saldo primario se presenta una evolución similar. Se espera que el saldo estructural toque fondo en 2009, en el 3 % del PIB, y mejore a continuación, en aproximadamente el 1 % del PIB en 2010 y el 0,5 % del PIB en cada uno de los dos últimos años del programa. Aparte de la desaparición gradual de los efectos del Plan de recuperación, este resultado se obtendría gracias a una limitación de determinados gastos. Según el programa actualizado, el ratio deuda/PIB aumentaría al 69,1 % en 2009 y se estabilizaría en torno al 69,4 % en 2010, antes de disminuir ligeramente en los dos años siguientes. Aparte de la orientación presupuestaria, esta previsión incluye las recapitalizaciones de bancos y la participación en el Fondo Estratégico de Inversión (6), equivalente a aproximadamente el 0,75 % del PIB, pero excluye los posibles pasivos contingentes que se derivarían del régimen de garantía. Según las previsiones intermedias de los servicios de la Comisión, el ratio de deuda alcanzaría el 72,4 % del PIB en 2009 y el 76 % del PIB en 2010, resultando la diferencia con el programa de estabilidad actualizado del empleo de cifras distintas en lo que se refiere al crecimiento y el déficit de las administraciones públicas.

(7)

Las previsiones presupuestarias están sometidas a riesgos de sobreestimación durante todo el período cubierto por el programa. En primer lugar, las mismas no reflejan los peores resultados observados en 2008 (en 0,3 puntos porcentuales del PIB), confirmados recientemente en la carta mencionada. Estos resultados también reflejan el hecho de que en coyunturas económicas favorables o normales no se procedió a un saneamiento presupuestario (7) y explican en parte la revisión al alza del objetivo de déficit para 2009, hasta el 4,4 % del PIB (que también tiene en cuenta una revisión a la baja de los ingresos derivados del impuesto de sociedades). Otro punto aún más importante es que las perspectivas macroeconómicas del programa no incluyen la recesión prevista para 2009, lo que implica unos riesgos sustanciales para la ejecución del presupuesto, incluso para el último objetivo de déficit anunciado por el Gobierno. Por otra parte, además de las repercusiones de los estabilizadores automáticos, podrían producirse excesos de gastos en el área de la asistencia sanitaria (8). Por último, teniendo en cuenta el grado en que en el pasado las administraciones locales han cumplido sus objetivos presupuestarios, existe el riesgo de que no se alcancen los objetivos de gasto establecidos. Las previsiones de deuda también están sometidas a riesgos de subestimación, como consecuencia del riesgo asociado al saldo presupuestario y de los posibles efectos de las medidas de estabilización del sector financiero.

(8)

Las repercusiones del envejecimiento de la población sobre el presupuesto a largo plazo serán ligeramente inferiores a la media de la UE, con unos gastos en pensiones que registrarían un aumento más limitado, como consecuencia de las reformas de las pensiones ya aplicadas. Entre éstas cabe destacar la reforma de los denominados «regímenes especiales», encaminada a alinear el período de cotización obligatoria con el de otros regímenes. En la situación presupuestaria de 2008 estimada en el programa, que es peor que la situación de partida del programa anterior, las repercusiones presupuestarias del envejecimiento de la población agravan la brecha de sostenibilidad. Si la situación presupuestaria en 2009 contemplada en las previsiones intermedias de los servicios de la Comisión se tomase como punto de partida, la brecha de sostenibilidad sería peor. El nivel actual de deuda bruta es superior al valor de referencia del Tratado. Los mencionados programas de estabilidad del sector financiero aplicados por Francia podrían afectar a la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, si los costes del apoyo estatal no llegaran a recuperarse totalmente en el futuro. El logro de unos mayores superávit primarios a medio plazo, como ya prevé el programa, contribuiría a reducir los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, que se encuentran a un nivel medio.

(9)

El historial de cumplimiento de los objetivos presupuestarios por parte de Francia muestra que durante la pasada década los excesos en los gastos de las administraciones públicas no han sido excepcionales, lo que indica la debilidad de las normas presupuestarias existentes. La reforma de la Constitución adoptada el 23 de julio de 2008 ha introducido un objetivo general de equilibrio presupuestario para las administraciones públicas (9). No obstante, el carácter no vinculante del objetivo de equilibrio presupuestario plantea dudas acerca de si se podrá controlar realmente. La reforma también ha introducido un presupuesto plurianual, que deberá adoptar el Parlamento, y comienza en 2009 para el período 2009-2012, coincidiendo, pues, con el período del programa de estabilidad. Esta reforma deberá contribuir a mejorar la gestión de la hacienda pública y reforzar la disciplina presupuestaria.

Por otra parte, tras el inicio de la revisión general de las políticas públicas a mediados de 2007, se adoptaron una serie de medidas para aumentar la eficiencia del gasto público, incluyéndose una reducción del número de funcionarios. En 2008 entró en vigor una nueva norma en materia de deuda, que se aplica al subsector de la Seguridad Social (10).

(10)

En respuesta a la crisis financiera, el Gobierno francés ha emprendido una serie de medidas tendentes a garantizar la estabilidad del sector financiero. A fin de atenuar sus consecuencias sobre lo capacidad crediticia de los bancos franceses, el Gobierno decidió (11) adquirir la deuda subordinada de los bancos sin adquirir derechos de voto por un importe máximo de 40 000 millones EUR. A cambio, los bancos se han comprometido a aumentar sus préstamos a la economía para garantizar un grado de financiación acorde con las necesidades de los agentes económicos. Por otra parte, se ha autorizado por ley un fondo dotado con 320 000 millones EUR (12) para garantizar las deudas de los bancos. Este régimen de garantía está encaminado a mejorar el acceso a la financiación de los bancos, en el contexto de la fuerte presión que el mercado de préstamos interbancarios ha tenido que afrontar desde el inicio de la crisis financiera. Los bancos pagarán una prima por la garantía estatal concedida a sus préstamos y aportarán garantías.

(11)

Para afrontar la crisis económica, el Gobierno francés presentó el 4 de diciembre un Plan de recuperación, que puede considerarse una combinación equilibrada de instrumentos de ingresos y de gastos y es conforme al Plan Europeo de Recuperación Económica. Dicho Plan incluye inversiones públicas (principalmente en empresas públicas, infraestructuras, investigación y defensa), medidas en favor del empleo (tales como una exención total de cotizaciones a la Seguridad Social para las pequeñas empresas para los nuevos contratos de personal), medidas de apoyo a las empresas (tales como ayudas sectoriales para el sector inmobiliario y la industria automovilística, así como la aceleración de los pagos estatales a las empresas, especialmente a las PYME) y medidas de fomento del poder adquisitivo de las familias (principalmente, subsidios de 200 EUR en abril de 2009 a las familias de menores ingresos). Las medidas pueden considerarse bien dirigidas y oportunas. Las medidas anunciadas son temporales, y por ello reversibles, y sin costes para la hacienda pública a partir de 2010. El Gobierno también está aplicando una serie de reformas estructurales, que se espera afecten positivamente al potencial de crecimiento de la economía y, por consiguiente, a las finanzas públicas a largo plazo. En cuanto a los mercados de bienes y servicios, la Ley de modernización de la economía tiende a elevar el potencial de crecimiento, particularmente promoviendo el espíritu de empresa y reduciendo las barreras a la competencia existentes, sobre todo en el sector minorista. También se han adoptado nuevas leyes relativas al mercado laboral, especialmente en materia de flexibilidad y seguridad. La Ley de modernización del mercado de trabajo, que se aprobó en junio de 2008 y representa la transposición del primer acuerdo interprofesional de los interlocutores sociales, tiende a crear contratos más seguros y más flexibles. También se ha introducido una importante reforma de los procedimientos de diálogo social a fin de facilitar acuerdos mayoritarios. Estas medidas guardan relación con el programa de reforma a medio plazo y con las recomendaciones específicas por país propuestas por la Comisión el 28 de enero de 2009 en el marco de la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo.

(12)

Tras un deterioro de las finanzas públicas en 2007 y 2008, cuando las condiciones eran más favorables, la política fiscal, respuesta del Gobierno francés al Plan Europeo de Recuperación Económica, sería expansionista en 2009 con una coyuntura económica desfavorable. Para los años siguientes las finanzas públicas se consolidarán con arreglo al programa; sin embargo, si se tienen en cuenta los significativos riesgos asociados a los objetivos presupuestarios, que implican un déficit claramente superior al 3 % en 2009 y 2010, en 2012 no se habrá alcanzado el objetivo a medio plazo, consistente en un presupuesto equilibrado en términos estructurales.

En este contexto, Francia puede reducir el riesgo de excesos en los gastos aplicando y mejorando su marco de hacienda pública, en particular en lo relativo a las normas en materia de gasto. Por último, teniendo en cuenta los riesgos para las previsiones de deuda mencionados anteriormente, el ratio de deuda, que refleja la orientación expansionista de 2009, será elevado, por lo que en los próximos años será necesaria una acción resuelta a fin de invertir esta tendencia.

(13)

En cuanto a los requisitos en materia de datos que establece el código de conducta para los programas de estabilidad y de convergencia, el programa proporciona todos los datos obligatorios y la mayoría de los opcionales (13).

La conclusión general es que los insuficientes progresos alcanzados cuando las condiciones económicas eran más favorables y el deterioro de la economía, especialmente en el último trimestre de 2008, han llevado a un déficit ligeramente superior al 3 % del PIB en 2008. A fin de contrarrestar el fuerte descenso de la actividad económica, el Gobierno ha adoptado oportunamente un Plan de recuperación bien dirigido y de carácter temporal, que es conforme al Plan Europeo de Recuperación Económica. Este impulso presupuestario temporal, asociado al fuerte descenso de la actividad económica llevará a una nueva ampliación del déficit público en 2009. A continuación, el programa prevé un saneamiento de las finanzas públicas gracias a una política fiscal restrictiva, especialmente en 2010. Existen riesgos asociados, en particular, a las claramente optimistas hipótesis macroeconómicas del programa y al incierto marco económico actual, que también reflejan el carácter no vinculante de las normativa de gasto. Por consiguiente, podrían ser necesarios nuevos esfuerzos de saneamiento en los últimos años del programa, a medida que se recupera la economía. Se espera que las reformas estructurales ya adoptadas contribuyan a aumentar el potencial de crecimiento, mejorar la competitividad y respaldar el proceso de saneamiento.

A la luz de la evaluación anterior se invita a Francia a:

i)

aplicar en 2009 las medidas fiscales, incluidas las medidas de estímulo en consonancia con Plan Europeo de Recuperación Económica según lo planeado y en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, manteniendo al mismo tiempo el objetivo de evitar que las finanzas públicas sigan deteriorándose;

ii)

a la vista de las previsiones de recuperación de la actividad económica, hacer un esfuerzo de consolidación en 2010 y aumentar el ritmo de saneamiento presupuestario en los años siguientes, con objeto de situar rápidamente el déficit por debajo del valor de referencia y lograr así que el ratio deuda/PIB inicie una tendencia decreciente;

(iii)

velar por el cumplimiento efectivo de las normas de gasto existentes y tomar medidas para garantizar el respeto de los objetivos plurianuales de reducción de gasto de las administraciones publicas en todos los subsectores y seguir aplicando medidas adicionales en el contexto de la revisión general de las políticas públicas, y realizar el programa de reforma estructural, particularmente en lo que se refiere a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PIB real

(% variación)

PE dic 2008

2,2

1,0

0,2– 0,5

2,0

2,5

2,5

COM ene 2009

2,2

0,7

– 1,8

0,4

PE nov 2007

2– 2,5

2– 2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Inflación IPCA

(%)

PE dic 2008

1,6

3,3

1,5

1

Formula

1

Formula

1

Formula

COM ene 2009

1,6

3,2

0,8

1,5

PE nov 2007

1,4

1,7

1,6

1,6

1,6

1,6

Brecha de producción (14)

(% del PIB potencial)

PE dic 2008

0,4

– 0,6

– 1,8

– 1,6

– 1.1

– 0.4

COM ene 2009 (15)

1,8

1,0

– 1,7

– 2,3

PE nov 2007

– 0,8

– 0,8

– 0,6

– 0,5

– 0,3

0,0

Saldo neto de las operaciones financieras con el resto del mundo

(% del PIB)

PE dic 2008

– 2,8

– 3,4

– 2,6

– 2,5

– 2,4

– 2,4

COM ene 2009

– 2,8

– 3,8

– 4,0

– 3,9

PE nov 2007

– 2,3

– 2,5

– 2,3

– 2,2

– 2,1

– 2,0

Ingresos de las administraciones públicas

(% del PIB)

PE dic 2008

49,7

49,8

49,6

50,0

50,0

50,2

COM ene 2009

49,7

49,6

49,4

49,9

PE nov 2007

50,7

50,4

50,1

50,0

50,0

50,0

Gastos de las administraciones públicas

(% del PIB)

PE dic 2008

52,4

52,7

53,5

52,7

52,0

51,3

COM ene 2009

52,4

52,7

54,9

54,9

PE nov 2007

53,2

52,6

51,9

51,2

50,6

49,9

Saldo presupuestario de las administraciones públicas

(% del PIB)

PE dic 2008

– 2,7

– 2,9

– 3,9

– 2,7

– 1,9

– 1,1

p.m. Ministerio de Finanzas

– 2,7

– 3,2

– 4,4

– 3,1

– 2,3

– 1,5

COM ene 2009

– 2,7

– 3,2

– 5,4

– 5,0

PE nov 2007

– 2,4

– 2,3

– 1,7

– 1,2

– 0,6

0,0

Saldo primario

(% del PIB)

PE dic 2008

0,1

0,0

– 1,1

0,1

0,9

1,7

COM ene 2009

0,1

– 0,3

– 2,6

– 2,1

PE nov 2007

0,2

0,5

0,9

1,4

2,0

2,5

Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (14)

(% del PIB)

PE dic 2008

– 2,9

– 2,6

– 3,0

– 1,9

– 1,4

– 0,9

COM ene 2009

– 3,5

– 3,7

– 4,6

– 3,8

PE nov 2007

– 2,0

– 1,9

– 1,4

– 1,0

– 0,4

0,0

Saldo estructural (16)

(% del PIB)

PE dic 2008

– 2,9

– 2,6

– 3,0

– 1,9

– 1,4

– 0,9

COM ene 2009

– 3,6

– 3,8

– 4,6

– 3,8

PE nov 2007

– 2,0

– 1,9

– 1,4

– 1,0

– 0,4

0,0

Deuda pública bruta

(% del PIB)

PE dic 2008

63,9

66,7

69,1

69,4

68,5

66,8

COM ene 2009

63,9

67,1

72,4

76,0

PE nov 2007

64,2

64,0

63,2

61,9

60,2

57,9

Programa de estabilidad (PE); previsiones intermedias de los servicios de la Comisión (COM) de enero de 2009; cálculos de los servicios de la Comisión.


(1)  DO L 209 de 2.8.1997, p.1. Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/main_es.htm

(2)  La evaluación tiene en cuenta las previsiones intermedias de enero de 2009 de los servicios de la Comisión, así como otros datos de que se ha dispuesto desde entonces.

(3)  Sobre esta base, según las previsiones intermedias de los servicios de la Comisión, el PIB disminuiría un 1,8 % en 2009; a continuación el PIB se recuperaría, alcanzando un crecimiento del 0,4 % en 2010, a medida que mejoran las condiciones del sector financiero y la confianza y se recupera la demanda mundial.

(4)  A la vista del incumplimiento del valor de referencia del Tratado, notificado en la carta enviada por el Ministro francés de Economía, Industria y Empleo, la Comisión presentó el 18 de febrero de 2009 un informe con arreglo al artículo 104, apartado 3, del Tratado.

(5)  En la carta enviada el 6 de febrero, la previsión del Ministerio francés de Economía, Industria y Empleo para el déficit de las administraciones públicas en 2010 era del 3,1 % del PIB.

(6)  El Fondo Estratégico de Inversión se empleará para participar en el capital de las empresas.

(7)  Para determinar si la economía atraviesa una coyuntura económica favorable o desfavorable se analiza la brecha de producción, que fue positiva en 2007 y 2008 (lo que en principio indicaría una coyuntura favorable). Sin embargo, también se tiene en cuenta una evaluación económica global -considerándose factores tales como el empleo, el consumo privado, la inversión o los desequilibrios externos- que puede modificar las conclusiones iniciales. Teniendo en cuenta todos estos elementos, Francia habría tenido una coyuntura favorable en 2007 y normal en 2008. Aun así, el saldo estructural se deterioró 0,3 puntos porcentuales y 0,2 puntos porcentuales del PIB en 2007 y 2008, respectivamente, según las previsiones intermedias de los servicios de la Comisión (véase la evaluación técnica).

(8)  Cuando el crecimiento de los gastos sanitarios exceda en términos nominales en más de 0,75 puntos el objetivo (ONDAM) establecido en la ley de financiación de la seguridad social de 2009, se activa un procedimiento de alerta.

(9)  De conformidad con el artículo 34, apartado 4, de la nueva Constitución: «Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques».

(10)  El reembolso de la deuda social es gestionado por un fondo especial («Caisse d'Amortissement de la Dette SocialeCADES» ). En 2005 se adoptó una nueva ley, que finalmente entró en vigor en 2008, en la que se declara que toda nueva transferencia al fondo ha de compensarse con nuevos ingresos para no prolongar la vigencia de la CADES.

(11)  De los que el Gobierno ha presentado hasta la fecha y la Comisión ha autorizado 21 000 millones EUR; 10 500 millones se han asegurado.

(12)  De los que el Gobierno ha presentado hasta la fecha y la Comisión ha autorizado 265 000 millones EUR.

(13)  No se presentan hipótesis relativas a los tipos de interés a corto y a largo plazo.

(14)  Brechas de producción y saldos ajustados en función del ciclo recalculados por los servicios de la Comisión partiendo de los datos del programa.

(15)  Sobre la base de un potencial de crecimiento estimado del 1,6 %, el 1,4 %, el 0,9 % y el 1,0 %, respectivamente, en 2007, 2008, 2009 y 2010.

(16)  Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal. Las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal serían nulas durante todo el periodo cubierto (2007-2012) según el programa más reciente, y equivalen al 0,1 % del PIB en 2007 y el 0,1 % en 2008 (reducción del déficit en ambos casos) y serían nulas en 2009 y 2010 según las previsiones intermedias de enero de 2009 de los servicios de la Comisión.

Fuente:

Programa de estabilidad (PE); previsiones intermedias de los servicios de la Comisión (COM) de enero de 2009; cálculos de los servicios de la Comisión.


19.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 64/7


DICTAMEN DEL CONSEJO

de 10 de marzo de 2009

sobre el programa de estabilidad actualizado de Grecia (2008-2011)

(2009/C 64/02)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 3 (para los programas de estabilidad),

Vista la Recomendación de la Comisión,

Previa consulta al Comité Económico y Financiero,

HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:

(1)

El 10 de marzo de 2009, el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de Grecia, que abarca el período 2008-2011 (2).

(2)

Grecia ha registrado un fuerte crecimiento económico: un 4 % anual durante la década en curso. Paralelamente, los desequilibrios macroeconómicos internos y externos han aumentado considerablemente, lo que ha llevado a una rápida acumulación de la deuda exterior, mientras que la deuda pública ha permanecido en niveles elevados. Habida cuenta de los efectos de la actual crisis económica y financiera mundial en la economía griega, la revaloración implícita de los riesgos aumenta la presión sobre la deuda. Según las previsiones intermedias realizadas

por los servicios de la Comisión en enero de 2009, el crecimiento del PIB se frenó en 2008, situándose en el 2,9 % en términos reales, y experimentará una fuerte desaceleración en 2009, aunque sin abandonar los valores positivos. Con un déficit de las administraciones públicas que se ha mantenido por encima del umbral del 3 % del PIB desde 2007 (3), y una ratio de deuda pública entre las más elevadas de la UE, Grecia carece de margen para recurrir a un estímulo presupuestario si no quiere comprometer aún más la sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas públicas y su competitividad. Por consiguiente, no se prevé adoptar ningún plan de estímulo presupuestario. Las autoridades griegas han presentado en la ley presupuestaria de 2009 algunas medidas destinadas a salvaguardar la cohesión social, que incluyen ayudas para los hogares con bajos ingresos. Grecia afronta el reto de conseguir un saneamiento presupuestario sustancial, mejorando al mismo tiempo la calidad de las finanzas públicas y corrigiendo los factores subyacentes a los grandes desequilibrios internos y externos de la economía.

(3)

Las hipótesis macroeconómicas en que se basa el programa prevén una caída del crecimiento del PIB real, que pasaría del 3 % en 2008 al 1,1 % en 2009, antes de repuntar hasta el 1,75 % por término medio durante el resto del período del programa. Sobre la base de la información disponible actualmente (4), esta hipótesis se basa en previsiones de crecimiento optimistas para 2009 y para los años siguientes. En particular, el programa de estabilidad prevé que el consumo privado y, en menor medida, el crecimiento de las inversiones se mantendrán firmes, gracias a un aumento del empleo relativamente pujante y a una evaluación optimista de los efectos de algunas medidas adoptadas recientemente para apoyar las inversiones y mejorar la absorción de los Fondos Estructurales de la UE. Por otra parte, la disminución de la actividad económica de los socios comerciales de Grecia y el debilitamiento de las perspectivas comerciales internacionales suponen una amenaza importante para la hipótesis macroeconómica del programa, que refleja sobre todo la vulnerabilidad de los sectores del transporte marítimo y del turismo ante la crisis actual. Las proyecciones del programa en materia de inflación parecen realistas, mientras que la evolución de los desequilibrios externos a medio plazo es más bien optimista.

(4)

Para 2008, la actualización sitúa el déficit de las administraciones públicas en el 3,7 % del PIB (incluido un 0,4 % del PIB correspondiente a medidas puntuales de reducción del déficit), lo que supone un cuarto de punto más que en las previsiones intermedias de los servicios de la Comisión de enero de 2009. Esta cifra contrasta con el objetivo del 1,6 % del PIB fijado en la actualización anterior. Esta desviación de dos puntos porcentuales refleja a la vez la pérdida de ingresos y los excesos en los gastos. Concretamente, se estima que los ingresos serán inferiores a los presupuestados en un 1 % del PIB aproximadamente, sobre todo como consecuencia de un rendimiento menor del esperado de las medidas de fomento de los ingresos aplicadas en 2008. Los excesos en los gastos representan alrededor de otro 1 % del PIB, y son imputables principalmente a desvíos de los gastos corrientes primarios y, en particular, a un crecimiento del consumo público y de los salarios superior al previsto.

(5)

Según la actualización del programa, el objetivo de déficit para 2009 queda fijado en el 3,7 % del PIB (incluido un 0,5 % del PIB correspondiente a medidas puntuales de reducción del déficit), lo que coincide con las previsiones intermedias de los servicios de la Comisión. Si se compara con el objetivo presupuestario establecido en la ley del presupuesto de 2009, aprobada por el Parlamento el 21 de diciembre de 2008, supone una revisión al alza del 1,75 % del PIB. El nuevo objetivo presupuestario tiene en cuenta los resultados presupuestarios de 2008, que son peores de lo previsto. Asimismo, refleja una proyección más prudente de los ingresos totales, que se revisan a la baja en un 1 % de PIB, mientras que el gasto público se revisa al alza, en un 0,4 % del PIB. Sin embargo, se sigue pronosticando un crecimiento del ratio de ingresos de casi un 1 % del PIB en 2009, gracias al paquete de medidas de fomento de los ingresos adoptado en septiembre de 2008 e incluido en la ley presupuestaria de 2009. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos revisados, la actualización contempla una serie de medidas, además de las incluidas en la ley presupuestaria de 2009, que pretenden contener el gasto público primario y racionalizar la gestión del gasto público. Estas nuevas medidas, que deben adoptarse en el curso de 2009, no se detallan claramente en el programa. En líneas generales, la política presupuestaria será neutra en 2009.

(6)

El objetivo de la estrategia presupuestaria expuesta en el programa es reducir el déficit estructural desde el 4,5 % del PIB en 2008 hasta el 4,3 % en 2009 y el 2,2 % para 2011; no se prevé alcanzar, sin embargo, dentro del período del programa, el objetivo a medio plazo, consistente en una situación de equilibrio para el saldo estructural (es decir, el saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal). Tras el objetivo del 3,7 % del PIB en 2009, el déficit global disminuiría durante el período del programa hasta el 3,2 % del PIB en 2010 y el 2,6 % para 2011. Del mismo modo, el saldo primario alcanzaría un superávit del 1,7 % del PIB para 2011, frente al 0,8 % en 2009. En términos estructurales, ello supondría una mejora de 0,75 puntos porcentuales del PIB por término medio. El saneamiento presupuestario en 2010 y 2011 se basa principalmente en un recorte ambicioso de los gastos, que, sin embargo, no va plenamente respaldado por medidas concretas. Se prevé que la deuda pública bruta, estimada en el 94,6 % del PIB en 2008, supere el 96 % del PIB en 2009 y 2010, antes de retroceder hasta el 94,75 % en 2011. Aparte del incremento del déficit y de la disminución del crecimiento del PIB, el considerable ajuste de flujos-fondos contribuirá al aumento del ratio de deuda en 2009.

(7)

Los resultados presupuestarios están sujetos a importantes riesgos de sobreestimación. En particular, la hipótesis macroeconómica subyacente se basa en previsiones de crecimiento optimistas. En 2009, los riesgos también van ligados a posibles desvíos en la aplicación del objetivo presupuestario revisado para 2009, especialmente si se tienen en cuenta los numerosos antecedentes de excesos en los gastos y de ingresos menores de lo previsto. A partir de 2010, los riesgos se derivan de la falta de información sobre las medidas de apoyo al saneamiento previsto, en particular por lo que se refiere al gasto. Por otra parte, los recortes programados en algunas categorías de gasto parecen, a primera vista, demasiado ambiciosos. Los riesgos asociados a la evolución prevista del ratio deuda/PIB también parecen subestimados, si se tienen en cuenta los riesgos ligados a las previsiones de déficit. Estos riesgos podrían agravarse por la incertidumbre que rodea a los ajustes de flujos-fondos; como en el pasado, el programa no facilita información sobre los componentes de los riesgos. Por otro lado, la posibilidad de que las operaciones financieras acarreen un aumento de la deuda, en el marco del conjunto de medidas de apoyo al sector financiero, podría impulsar al alza el ratio deuda/PIB. El programa no incluye el impacto potencial de estas medidas financieras en la evolución de la deuda.

(8)

Se están elaborando las proyecciones a largo plazo del gasto en pensiones, aplicando el método común; es probable que los efectos a largo plazo del envejecimiento de la población en el presupuesto se sitúen muy por encima de la media de la UE. La situación presupuestaria apuntada por el programa para 2008, peor que la situación de partida de la actualización anterior, agravaría estos efectos. Además, el nivel actual de deuda bruta rebasa con creces el valor de referencia del Tratado y para reducirlo será necesario obtener unos superávit primarios elevados durante un largo período de tiempo. Si se mantienen unos superávit primarios elevados a medio plazo y se prosiguen las reformas del sistema de pensiones con objeto de frenar el probable incremento sustancial de los gastos vinculados al envejecimiento de la población, podrían reducirse los considerables riesgos que pesan sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Los mencionados riesgos, derivados de las medidas de estabilización del sector financiero aplicadas por Grecia podrían tener efectos negativos en la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, fundamentalmente por su impacto en la deuda pública, aunque una parte del coste de las ayudas del Gobierno podría recuperarse en el futuro.

(9)

El marco presupuestario a medio plazo, caracterizado por unos resultados mediocres, sigue dando muestras de debilidad. La evolución de la situación presupuestaria en Grecia refleja un control insuficiente del gasto público, mientras que las previsiones relativas a los ingresos han resultado ser sistemáticamente optimistas. Por otra parte, y a pesar de algunos avances registrados en años recientes, los problemas estructurales y endémicos relacionados con el registro de las cuentas públicas griegas también han perjudicado un control oportuno y efectivo de los ingresos y los gastos. El programa prevé la continuación de la reforma presupuestaria en curso y nuevos avances en la ejecución de la programación del presupuesto, con objeto de mejorar el seguimiento y la gestión del gasto público, aumentar la transparencia e introducir una perspectiva de planificación plurianual en el procedimiento presupuestario. No obstante, la reforma del procedimiento presupuestario no finalizará hasta 2012.

(10)

En respuesta a la crisis financiera, el Gobierno griego ha adoptado diversas medidas tendentes a garantizar la estabilidad del sector financiero, incluida una medida que eleva hasta los 100 000 EUR la garantía de los depósitos. El paquete de medidas comprende un plan de recapitalización que pone a disposición de las entidades de crédito capital nuevo a cambio de acciones preferentes, un régimen de garantía que cubre la nueva deuda con vencimiento entre tres meses y tres años, y un sistema de valores que ofrece bonos del Estado a entidades de crédito que cumplen una serie de requisitos y que mejora su acceso a la liquidez, en particular del BCE. El importe total del paquete de medidas asciende a 28 000 millones EUR (alrededor del 10 % del PIB).

(11)

Según el programa, la política presupuestaria está dirigida a restablecer la confianza de los inversores y a resolver los desequilibrios macroeconómicos. El Gobierno griego, ante la falta de margen presupuestario, no ha adoptado medidas de estímulo a corto plazo para responder a la recesión económica, lo que, teniendo en cuenta los grandes desequilibrios económicos, sería lo adecuado conforme al Plan Europeo de Recuperación Económica. El programa prevé una serie de medidas estructurales, entre ellas medidas específicas en el sector del turismo, sin incidencia presupuestaria directa, como las dirigidas a mantener el empleo, aumentar la inversión en las empresas, incluidas las asociaciones público-privadas, favorecer los préstamos a las PYME y mejorar la absorción de los fondos de la UE. La actualización también incluye otras medidas de reforma estructural, que se integran en una estrategia, más a largo plazo, de mejora de la calidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas, por ejemplo la reforma de la gestión y el control del gasto público y la aplicación de la reforma del sistema de pensiones adoptada recientemente. Estas medidas guardan relación con el programa de reforma a medio plazo y las recomendaciones específicas por país formuladas por la Comisión el 28 de enero de 2009 en el marco de la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo.

(12)

Grecia ha adoptado un programa de saneamiento con el objetivo de limitar el deterioro de la situación presupuestaria en 2009 y de reducir el déficit de las administraciones públicas por debajo del umbral del 3 % del PIB para 2011. Sobre la base de la evolución del saldo estructural (recalculado), la política presupuestaria adoptará una orientación globalmente neutra en 2009 y restrictiva en 2010. Más específicamente, los objetivos del programa para 2010 incluyen un ajuste estructural de un 1,5 % del PIB y una mejora estructural adicional del 0,5 % aproximadamente en 2011. Sin embargo, teniendo en cuenta los riesgos que pesan sobre los planes presupuestarios, puede que el saneamiento previsto no alcance sus objetivos y que el déficit global permanezca por encima del valor de referencia del 3 % PIB. A la luz de los grandes desequilibrios internos y externos de la economía griega, el ritmo de ajuste presupuestario es insuficiente y no va plenamente respaldado por medidas concretas permanentes en 2010 y 2011, especialmente por lo que respecta al gasto. Por último, teniendo en cuenta los riesgos para las proyecciones de deuda mencionados anteriormente, el ratio deuda/PIB podría aumentar durante todo el período del programa, debido sobre todo a los avances insuficientes en la reducción del déficit público.

(13)

En cuanto a los requisitos en materia de datos que establece el código de conducta para los programas de estabilidad y de convergencia, el programa presenta lagunas en los datos obligatorios y en los opcionales (5).

La conclusión general es que el programa pretende reducir el déficit presupuestario a medio plazo, pero no consigue corregir de manera oportuna y eficaz los desequilibrios estructurales de la economía griega ni invertir la tendencia al alza de la deuda pública. Aunque la estrategia de saneamiento después de 2009 se basa en la contención permanente de los gastos y el aumento de los ingresos tributarios, el programa no propone medidas concretas que respalden plenamente el ajuste presupuestario previsto en 2010 y 2011. Por otra parte, en un contexto de acusado deterioro de la situación económica mundial, la estrategia presupuestaria está también sujeta a riesgos de sobreestimación considerables, ya que las previsiones de crecimiento en que se basa la hipótesis macroeconómica del programa son optimistas.

El saneamiento depende en cierta medida de los resultados de la lucha contra la evasión fiscal, apoyada sólo parcialmente por reformas de la administración tributaria, mientras que los recortes del gasto previstos se ven en parte neutralizados por los planes destinados a aumentar las transferencias sociales y los salarios. Reforzar la senda de saneamiento presupuestario, mediante medidas permanentes para controlar los gastos primarios corrientes, incluidos los salarios públicos, sería primordial para el saneamiento y la sostenibilidad de las finanzas públicas griegas. Por otra parte, el ajuste previsto en el programa sólo se apoya parcialmente en políticas estructurales destinadas a mejorar la calidad de las finanzas públicas. La naturaleza estructural de los factores subyacentes a las pérdidas de competitividad y al agravamiento de los desequilibrios externos requiere la aplicación urgente de reformas estructurales audaces. A largo plazo, el nivel de deuda, que sigue situado entre los más altos de la UE, combinado con el aumento previsto de los gastos vinculados al envejecimiento de la población, también afectará negativamente a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

A la luz de la anterior evaluación, se insta a Grecia a:

i)

reforzar sustancialmente la senda de saneamiento presupuestario ya en 2009, mediante medidas permanentes debidamente detalladas que frenen los gastos corrientes; entre ellas, una política prudente en materia de salarios del sector público, que contribuiría a la necesaria reducción del ratio deuda/PIB;

ii)

velar por que las medidas de saneamiento presupuestario vayan también dirigidas a mejorar la calidad de las finanzas públicas, en el marco de un programa global de reformas, habida cuenta de la necesidad de ajustar la economía para recuperar las pérdidas de competitividad y subsanar los desequilibrios de la balanza de pagos;

iii)

aplicar sin demora las políticas encaminadas a reformar la administración tributaria y a seguir mejorando el funcionamiento del procedimiento presupuestario, aumentando su transparencia, detallando la estrategia presupuestaria en una perspectiva a más largo plazo y establecer mecanismos para supervisar, controlar y mejorar la eficiencia de los gastos primarios corrientes;

iv)

teniendo en cuenta el nivel creciente de deuda y el aumento previsto del gasto relacionado con el envejecimiento de la población, mejorar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, continuando las reformas en curso de la atención sanitaria y el sistema de pensiones.

Asimismo, se insta a Grecia a mejorar su gestión estadística y la calidad de sus datos estadísticos, así como a mejorar el cumplimiento de los requisitos del código de conducta en materia de datos.

Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

PIB real

(% variación)

PE ene 2009

4,0

3,0

1,1

1,6

2,3

COM ene 2009

4,0

2,9

0,2

0,7

n.d.

PE dic 2007

4,1

4,0

4,0

4,0

n.d.

Inflación IPCA

(%)

PE ene 2009

3,0

4,3

2,6

2,5

2,4

COM ene 2009

3,0

4,3

2,5

2,7

n.d.

PE dic 2007

2,9

2,8

2,7

2,6

n.d.

Brecha de producción (6)

(% del PIB potencial)

PE ene 2009

2,2

1,9

0,3

– 0,8

– 1,0

COM ene 2009 (7)

3,0

2,8

0,5

– 1,2

n.d.

PE dic 2007

1,3

1,2

1,2

n.d.

n.d.

Saldo neto de las operaciones financieras con el resto del mundo

(% del PIB)

PE ene 2009

– 12,1

– 12,8

– 11,4

– 10,8

– 10,0

COM ene 2009

– 12,1

– 11,7

– 11,2

– 11,6

n.d.

PE dic 2007

– 12,8

– 12,7

– 12,5

– 12,2

n.d.

Ingresos de las administraciones públicas

(% del PIB)

PE ene 2009

39,9

40,0

41,0

41,1

41,2

COM ene 2009

40,0

39,9

40,8

40,0

n.d.

PE dic 2007

39,9

41,1

41,7

42,3

n.d.

Gastos de las administraciones públicas

(% del PIB)

PE ene 2009

43,4

43,7

44,7

44,3

43,8

COM ene 2009

43,4

43,4

44,5

44,2

n.d.

PE dic 2007

42,6

42,7

42,5

42,3

n.d.

Saldo presupuestario de las administraciones públicas

(% del PIB)

PE ene 2009

– 3,5

– 3,7

– 3,7

– 3,2

– 2,6

COM ene 2009

– 3,5

– 3,4

– 3,7

– 4,2

n.d.

PE dic 2007

– 2,7

– 1,6

– 0,8

0,0

n.d.

Saldo primario

(% del PIB)

PE ene 2009

0,6

0,3

0,8

1,2

1,7

COM ene 2009

0,6

0,6

0,6

0,0

n.d.

PE dic 2007

1,2

2,4

3,1

3,8

n.d.

Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (6)

(% del PIB)

PE ene 2009

– 4,4

– 4,5

– 3,8

– 2,8

– 2,2

COM ene 2009

– 4,8

– 4,7

– 3,9

– 3,7

n.d.

PE dic 2007

– 3,4

– 2,4

– 2,3

n.d.

n.d.

Saldo estructural (8)

(% del PIB)

PE ene 2009

– 4,4

– 4,5

– 4,3

– 2,8

– 2,2

COM ene 2009

– 4,6

– 5,0

– 4,7

– 3,7

n.d.

PE dic 2007

– 3,1

– 2,4

– 2,3

n.d.

n.d.

Deuda pública bruta

(% del PIB)

PE ene 2009

94,8

94,6

96,3

96,1

94,7

COM ene 2009

94,8

94,0

96,2

98,4

n.d.

PE dic 2007

93,4

91,0

87,3

82,9

n.d.

Programa de estabilidad (PE); Previsiones intermedias de los servicios de la Comisión de enero de 2009 (COM); cálculos de los servicios de la Comisión.


(1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/main_es.htm

(2)  El 6 de febrero de 2009 las autoridades griegas presentaron una adenda del programa, clarificando las modificaciones introducidas en las medidas destinadas a aumentar los ingresos fiscales presupuestados y la reforma prevista del procedimiento presupuestario. La adenda no introduce ningún cambio en la estrategia presupuestaria expuesta en el programa de estabilidad, mientras que las hipótesis macroeconómicas y las previsiones presupuestarias no varían.

(3)  Según los datos notificados por las autoridades griegas en octubre de 2008 y validados por Eurostat, el déficit de las administraciones públicas alcanzó el 3,5 % del PIB en 2007, superando así el valor de referencia del 3 % del PIB. En vista del incumplimiento notificado del valor de referencia del Tratado, la Comisión preparó el 18 de febrero de 2009 un informe de conformidad con el artículo 104, apartado 3, del Tratado.

(4)  La evaluación tiene especialmente en cuenta las previsiones de enero de 2009 de los servicios de la Comisión, pero también otras informaciones disponibles desde entonces.

(5)  En particular, se omiten los gastos de las administraciones públicas por función y la información relativa a la evolución de la deuda y a los componentes del ajuste de flujos-fondos (diferencias entre la contabilidad de caja y la contabilidad de devengo, acumulación neta de activos financieros, efectos de valoración y otros), a los activos financieros líquidos y a la deuda financiera neta.

(6)  Brechas de producción y saldos ajustados en función del ciclo recalculados por los servicios de la Comisión partiendo de los datos del programa.

(7)  Sobre la base de un potencial de crecimiento estimado del 3,2 %, el 2,7 %, el 2,8 % y el 2,5 % respectivamente en el período 2008-2011.

(8)  Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal. Las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal representan el 0,4 % del PIB en 2008 y el 0,5 % en 2009 (reducción del déficit en ambos casos) según el programa más reciente, y el 0,4 % del PIB en 2008 y el 0,8 % en 2009 (reducción del déficit en ambos casos) según las previsiones intermedias de enero de los servicios de la Comisión.

Fuente:

Programa de estabilidad (PE); Previsiones intermedias de los servicios de la Comisión de enero de 2009 (COM); cálculos de los servicios de la Comisión.


II Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión

19.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 64/13


No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.5433 — Sanacorp/V.D. Linde)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2009/C 64/03)

El 4 de marzo de 2009, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solamente está disponible en alemán y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener. Estará disponible:

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32009M5433. EUR-Lex es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria (http://eur-lex.europa.eu).


19.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 64/13


No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.5438 — NBC Universal/De Agostini Communications/IMI Investimenti/Cattleya)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2009/C 64/04)

El 2 de marzo de 2009, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solamente está disponible en inglés y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener. Estará disponible:

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32009M5438. EUR-Lex es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informaciones

INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión

19.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 64/14


Tipo de cambio del euro (1)

18 de marzo de 2009

(2009/C 64/05)

1 euro=

 

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,3130

JPY

yen japonés

128,94

DKK

corona danesa

7,4508

GBP

libra esterlina

0,93910

SEK

corona sueca

10,9630

CHF

franco suizo

1,5332

ISK

corona islandesa

 

NOK

corona noruega

8,8090

BGN

lev búlgaro

1,9558

CZK

corona checa

26,988

EEK

corona estonia

15,6466

HUF

forint húngaro

301,70

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,7075

PLN

zloty polaco

4,5427

RON

leu rumano

4,2965

TRY

lira turca

2,2459

AUD

dólar australiano

1,9840

CAD

dólar canadiense

1,6563

HKD

dólar de Hong Kong

10,1787

NZD

dólar neozelandés

2,4753

SGD

dólar de Singapur

2,0004

KRW

won de Corea del Sur

1 859,60

ZAR

rand sudafricano

12,9205

CNY

yuan renminbi

8,9740

HRK

kuna croata

7,4395

IDR

rupia indonesia

15 677,22

MYR

ringgit malayo

4,8351

PHP

peso filipino

63,480

RUB

rublo ruso

45,1795

THB

baht tailandés

47,025

BRL

real brasileño

2,9982

MXN

peso mexicano

18,5133

INR

rupia india

67,3440


(1)  

Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.


INFORMACIONES PROCEDENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

19.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 64/15


Actualización de la lista de permisos de residencia mencionados en el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) (DO C 247 de 13.10.2006, p. 1, DO C 153 de 6.7.2007, p. 5, DO C 192 de 18.8.2007, p. 11, DO C 271 de 14.11.2007, p. 14, DO C 57 de 1.3.2008, p. 31, DO C 134 de 31.5.2008, p. 14, DO C 207 de 14.8.2008, p. 12, DO C 331 de 21.12.2008, p. 13, DO C 3 de 8.1.2009, p. 5)

(2009/C 64/06)

La publicación de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen), se basa en la información comunicada por los Estados miembros a la Comisión de conformidad con el artículo 34 del código de fronteras Schengen.

Además de la publicación en el DO, se puede consultar una actualización mensual en el sitio internet de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad.

AUSTRIA

Sustitución de la lista publicada en el DO C 192 de 18.8.2007

Gewöhnlicher Sichtvermerk gemäß § 6 Abs. 1 Z. 1 FrG 1992 (von Inlandsbehörden sowie Vertretungsbehörden bis 31 Dezember 1992 in Form eines Stempels ausgestellt)

[Visado normal de conformidad con el artículo 6, apartado 1, Z. 1 FrG 1992 (expedido por las autoridades nacionales así como por las representaciones diplomáticas hasta el 31 de diciembre de 1992 en forma de sello)]

Aufenthaltstitel in Form einer grünen Vignette bis Nr. 790.000

(Permiso de residencia en forma de etiqueta verde hasta el no 790.000)

Aufenthaltstitel in Form einer grün-weißen Vignette ab Nr. 790.001

(Permiso de residencia en forma de etiqueta verde y blanca a partir del no 790.001)

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme 97/11/JI des Rates vom 16. Dezember 1996, Amtsblatt L 7 vom 10. Januar 1997 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Januar 1998 bis 31. Dezember 2004)

[Permiso de residencia en formato de etiqueta con arreglo a la Acción común 97/11/JI del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, relativa a un modelo uniforme de permiso de residencia, DO L 7 de 10.1.1997 (expedido en Austria desde el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2004)]

Aufenthaltstitel „Niederlassungsnachweis“ im Kartenformat ID1 entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2005)

[«Permiso de residencia ilimitada» en formato de tarjeta ID 1 con arreglo al Reglamento (CE) no 1030/2002 del Consejo, de 13 de junio de 2002, por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países (expedido en Austria desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2005)]

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaats-angehörige (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2005)

[Permiso de residencia en formato de etiqueta con arreglo al Reglamento (CE) no 1030/2002 del Consejo, de 13 de junio de 2002, por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países (expedido en Austria desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005)]

Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung“, „Familienangehöriger“, „Daueraufenthalt-EG“, „Daueraufenthalt-Familienangehöriger“ und „Aufenthaltsbewilligung“ im Kartenformat ID1 entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben seit 1. Januar 2006)

[Permiso de «Autorización de establecimiento», «Miembro de la familia», «Derecho de residencia permanente ciudadanos de la UE», «Derecho de residencia permanente miembro de la familia» y «Permiso de residencia» en formato de tarjeta ID 1 con arreglo al Reglamento (CE) no 1030/2002 del Consejo, de 13 de junio de 2002, por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países (expedido en Austria desde el 1 de enero de 2006)]

Der Bezeichnung der Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung“ und „Aufenthaltsbewilligung“ sind der jeweilige Aufenthaltszweck beigefügt. Eine „Niederlassungsbewilligung“ kann nur für folgende Zwecke erteilt werden: „Schlüsselkraft“, „ausgenommen Erwerbstätigkeit“, „unbeschränkt“, „beschränkt“ sowie „Angehöriger“.

(Se adjuntan los sellos de los permisos de residencia «Autorización de establecimiento» y «Permiso de residencia» a los efectos oportunos. Una «Autorización de establecimiento» sólo puede concederse para los siguientes fines: «Actividad remunerada», «Actividad profesional excluida», «ilimitada», «limitada» y «nacional»).

Eine „Aufenthaltsbewilligung“ kann für folgende Zwecke erteilt werden: „Rotationsarbeitskraft“, „Betriebsentsandter“, „Selbständiger“, „Künstler“, „Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“, „Schüler“, „Studierender“, „Sozialdienstleistender“, „Forscher“, „Familiengemeinschaft“ sowie „Humanitäre Gründe“.

(Puede concederse un «Permiso de residencia» para los siguientes fines: «Rotación laboral», «Trabajador desplazado», «Trabajador autónomo», «Artista»«Caso especial de trabajo por cuenta ajena», «Estudiante de enseñanza media», «Estudiante universitario», «Voluntario social», «Investigador», «Hogar familiar» y «Motivos humanitarios».)

„Daueraufenthaltskarte“ zur Dokumentation des gemeinschaftsrechtlichen Aufenthalts- und Niederlassungsrechtes für Angehörige von freizügigkeits-berechtigten EWR-Bürgern gem. § 54 NAG 2005

(«Tarjeta de residencia permanente» para documentar un derecho comunitario de residencia y establecimiento de los familiares de nacionales del EEE en virtud del § 54 NAG 2005)

„Bestätigung über den Antrag auf Verlängerung des Aufenthaltstitels“ in Form einer Vignette aufgrund § 24/1 NAG 2005

(«Confirmación de la solicitud de renovación del permiso de residencia» en formato de etiqueta de conformidad con § 24/1 NAG 2005)

Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb, blau, grün, braun, grau und orange, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten.

(Documento de identidad con fotografía cuyo titular goza de privilegios e inmunidades, de color rojo, amarillo y azul, expedido por el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores)

Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb, blau, grün, braun, grau und orange, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten.

(Documento de identidad en formato de tarjeta, con fotografía, cuyo titular goza de privilegios e inmundiades, de color rojo, amarillo, azul, verde, marrón, gris y naranja, expedido por el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores)

Konventionsreisepass in Buchform im Format ID 3 (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Januar 1996 bis 27. August 2006)

[Pasaporte expedido en el marco de un convenio en formato de libreta ID 3 (expedido en Austria desde el 1 de enero de 1996 hasta el 27 de agosto de 2006)]

Konventionsreisepass in Buchform im Format ID 3 mit integriertem elektronischen Mikrochip (in Österreich ausgegeben seit 28. August 2006)

[Pasaporte expedido en el marco de un convenio en formato de libreta ID 3 con microprocesador electrónico integrado (expedido en Austria desde el 28 de agosto de 2006)]

Fremdenpass in Buchform im Format ID 3 (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Januar 1996 bis 27. August 2006)

[Pasaporte para extranjeros en formato de libreta ID 3 (expedido en Austria desde el 1 de enero de 1996 hasta el 27 de agosto de 2006)]

Fremdenpass in Buchform im Format ID 3 mit integriertem elektronischen Mikrochip (in Österreich ausgegeben seit 28. August 2006)

[Pasaporte para extranjeros en formato de libreta ID 3 con microprocesador electrónico integrado (expedido en Austria desde el 28 de agosto de 2006)]

Sonstige Dokumente, die zum Aufenthalt in Österreich oder zur Wiedereinreise nach Österreich berechtigen:

Otros documentos que permiten residir o ser readmitidos en Austria:

Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union im Sinne des Beschlusses des Rates vom 30. November 1994 über die gemeinsame Maßnahme über Reiseerleichterungen für Schüler von Drittstaaten mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat

(Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea con arreglo a la Decisión del Consejo de 30 de noviembre de 1994 relativa a las facilidades de desplazamiento para los escolares de terceros países que residan en un Estado miembro).


19.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 64/18


Actualización de los modelos de tarjetas expedidos por los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros a los miembros acreditados de las representaciones diplomáticas y oficinas consulares y a los miembros de sus familias citados en el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) (DO C 247 de 13.10.2006, p. 85, DO C 153 de 6.7.2007, p. 15)

(2009/C 64/07)

La publicación de los modelos de tarjetas que expiden los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros a los miembros acreditados de las representaciones diplomáticas y oficinas consulares y a los miembros de sus familias, tal como se estipula en el artículo 19, apartado 2 del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) se basa en la información facilitada por los Estados miembros a la Comisión de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del código de fronteras Schengen.

Además de la publicación en el DO, se puede consultar una actualización mensual en el sitio internet de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad.

MALTA

1.

 

Image

Expedida a jefes de misión, miembros de misión con rango diplomático y a sus cónyuges e hijos que tengan entre 18 y 21 años y que formen parte de la unidad familiar

2.

 

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Expedida a miembros del personal administrativo y técnico de las misiones y a sus cónyuges e hijos que tengan entre 18 y 21 años y que formen parte de la unidad familiar

3.

 

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Expedida a miembros de organizaciones internacionales aprobadas por el Gobierno de Malta y a sus cónyuges e hijos que tengan entre 18 y 21 años y que formen parte de la unidad familiar

4.

 

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Expedida a funcionarios consulares honorarios de países extranjeros en Malta

5.

 

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Expedida a cónsules honorarios malteses


19.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 64/20


Actualización de la lista de pasos fronterizos mencionados en el artículo 2, apartado 8, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) (DO C 316 de 28.12.2007, p. 1, DO C 134 de 31.5.2008, p. 16, DO C 177 de 12.7.2008, p. 9, DO C 200 de 6.8.2008, p. 10, DO C 331 de 31.12.2008, p. 13, DO C 3 de 8.1.2009, p. 10, DO C 37 de 14.2.2009, p. 10)

(2009/C 64/08)

La publicación de la lista de pasos fronterizos mencionados en el artículo 2, apartado 8, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) se basa en la información comunicada por los Estados miembros a la Comisión de conformidad con el artículo 34 del código de fronteras de Schengen.

Además de la publicación en el DO, se puede consultar una actualización mensual en el sitio internet de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad.

SUECIA

Modificación de la información publicada en el DO C 316 de 28.12.2007

Fronteras aéreas

Nuevo punto de cruce de fronteras (abierto el 1 de febrero de 2009):

Aeropuerto de Pajala-Ylläs (Municipio de Pajala)


INFORMACIONES RELATIVAS AL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

Órgano de Vigilancia de la AELC

19.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 64/21


Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 1, apartado 2, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia sobre ayudas estatales, en relación con la exención del pago de una prima de garantía estatal en favor del Fondo Islandés de Financiación de la Vivienda

(2009/C 64/09)

Mediante Decisión no 406/08/COL, de 27 de junio de 2008, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, el Órgano de Vigilancia de la AELC incoó el procedimiento establecido en el artículo 1, apartado 2, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia. Las autoridades islandesas fueron informadas mediante una copia de la Decisión.

El Órgano de Vigilancia de la AELC invita a los Estados de la AELC, a los Estados miembros de la UE y a los terceros interesados a que presenten sus observaciones sobre la medida en cuestión en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente comunicación, enviándolas a:

Órgano de Vigilancia de la AELC

Registro

Rue Belliard 35

1040 Bruselas

BELGIQUE/BELGIË

Las observaciones se comunicarán a las autoridades islandesas. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.

RESUMEN

El Fondo de Financiación de la Vivienda (Housing Financing Fund, mencionado en lo sucesivo como «HFF»), que opera en el mercado hipotecario islandés, es una institución del Estado que se rige por normas de Derecho público. En consecuencia, disfruta, con arreglo los principios generales de Derecho público islandés, de una garantía del Estado en todas sus obligaciones, sin que exista ninguna disposición legal en particular a tal efecto.

Esta garantía existía antes de que el Acuerdo EEE entrara en vigor el 1 de enero de 1994. La garantía como tal no se tratará con arreglo a los procedimientos actuales sobre nuevas ayudas sino conforme a los procedimientos para las ayudas ya existentes. El actual procedimiento examina el hecho de que el HFF esté exento de pagar una prima de garantía que otras empresas con una organización similar a la suya tienen que abonar. En virtud de la Ley no 121/1997 y sus posteriores modificaciones (Ley no 70/2000 y Ley no 180/2000), estas instituciones deben abonar primas de garantía. La prima actual asciende al 0,0625 % por trimestre sobre los compromisos pendientes de pago.

En la opinión preliminar del Órgano de Vigilancia de la AELC (mencionado en lo sucesivo como «el Órgano») la exención del HFF del pago de una prima de garantía constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE. Por otra parte, el Órgano duda de que esta exención sea compatible con el Acuerdo. Las excepciones previstas en los artículos 61, apartados 2 y 3, no parecen ser de aplicación. El Órgano tampoco considera que el artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE pudiera aplicarse al régimen general de préstamos gestionado por el HFF.

Mientras que determinados préstamos para la financiación de la vivienda pueden considerarse un servicio de interés económico general en el sentido del artículo 59, apartado 2, y, en consecuencia, posiblemente subvencionables, la opinión preliminar del Órgano es que el régimen general de préstamos del HFF está estructurado de una forma demasiado amplia para cumplir las condiciones del artículo 59, apartado 2. El Órgano no ha recibido información alguna que justifique que el mercado no esté en condiciones de facilitar financiación para la vivienda que sea aceptable en términos generales. Con arreglo al régimen general del HFF, cualquier persona puede conseguir un préstamo con independencia de su renta y patrimonio, así como del precio y tamaño de la vivienda que se vaya a financiar. Los préstamos pueden también concederse en cualquier lugar y con independencia de la posible disponibilidad de financiación local para vivienda fácilmente accesible.

En la medida en que la opinión preliminar del Órgano se mantenga en la decisión final, habrá que recuperar la ayuda ilegal.

La decisión de incoar un procedimiento no prejuzga la decisión final del Órgano de Vigilancia.

Se invita a los terceros interesados a que presenten sus observaciones al Órgano en el plazo de un mes a partir de la publicación de la Decisión en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el Suplemento del EEE.

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 406/08/COL

of 27 June 2008

to initiate the formal investigation procedure with regard to the relief of the Icelandic Housing Financing Fund from payment of a State guarantee premium

(Iceland)

THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY (1),

Having regard to the Agreement on the European Economic Area (2), in particular to Articles 59, 61 to 63 and Protocol 26 thereof,

Having regard to the Agreement between the EFTA States on the establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (3), in particular to Article 24 thereof,

Having regard to Article 1(2) of Part I and Articles 4(4) and 6 of Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement (4),

Having regard to the Authority's Guidelines (5) on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement,

Having regard to the Authority's Decision No 195/04/COL of 14 July 2004 on the implementing provisions referred to under Article 27 of Part II of Protocol 3 (6),

Having regard to the Authority's Decision No 405/08/COL of 27 June 2008 close the formal investigation procedure with regard to the Icelandic Housing Financing Fund (7),

Whereas:

I.   FACTS

1.   Procedure

By letter dated 28 September 2007 (Event No 442805), the Authority requested information from the Icelandic authorities regarding State guarantees and the obligation to pay a State guarantee premium under the Act on State Guarantees. By letter from the Icelandic Mission to the European Union dated 24 October 2007, forwarding the letter from the Icelandic Ministry of Finance of the same date, received and registered by the Authority on 25 October 2007 (Events No 448739 and 449598), the Icelandic authorities responded to this request.

The case was subject to discussions between the representatives of the Authority and the Icelandic Government on 7 September 2007 in Brussels and on 29 October 2007 in Reykjavik as well as between the representatives of the Authority and the complainant, the Icelandic Financial Services Association, in a meeting on 6 March 2008 in Brussels.

2.   Description of the relevant Icelandic law provisions

2.1.   Introduction

The Housing Financing Fund (hereafter referred to as the HFF) is a State institution governed by public law, cf. Article 4 of the Housing Act No 44/1998 (lög um húsnæðismál). As such, it enjoys, under the general principles of Icelandic public law, a State guarantee on all its obligations without any special legal provision to that effect. The same applied to its predecessor, the State Housing Agency, and the State Building Fund and the Workers' Housing Fund operated by the Agency as well as the State Housing Board, cf. Act No 97/1993 on the State Housing Agency (lög um Húsnæðisstofnun ríkisins).

On 1 January 1999, the Housing Act No 44/1998 entered into force. Under the terms of the Housing Act, the Housing Financing Fund replaced the former State Housing Agency and took over its predecessor's obligations. Furthermore, the State Building Fund and the Workers' Housing Fund were merged and taken over by the HFF (8).

2.2.   Act No 37/1961 on State Guarantees, as amended by Act No 65/1988

Act No 68/1987 introduced an obligation to pay a guarantee premium to the State for State guarantees that were not subject to the risk premium. Article 8 of the Act No 37/1961 on State Guarantees (lög um ríkisábyrgðir), as subsequently amended by Act No 65/1988 on State Guarantees, (lög um breyting á lögum nr. 37/1961, um ríkisábyrgðir, með síðari breytingum) required banks, credit funds, financial institutions, enterprises and other such entities that, according to law, enjoy a State guarantee whether through the ownership of the State or other reasons, to pay a guarantee premium to the State as regards their commitments towards foreign entities. In contrast, no similar premium was imposed on domestic commitments at the time of the entry into force of the EEA Agreement in Iceland on 1 January 1994.

The premium was set at 0,0625 % per quarter on the principal of foreign commitments based on their average for each period, cf. paragraph 2 of Article 8. Loans for which a risk premium had been paid, certain export guarantees and commitments due to credit balance in domestic currency accounts did not constitute basis for calculation of the guarantee premium, cf. paragraph 2 of Article 9 of the Act.

In its submission of 24 October 2007, the Icelandic Government has claimed that the State Housing Agency was not liable to pay a guarantee premium under the terms of the Act No 37/1961 on State Guarantees. The Government did not, however, present arguments as to why the general obligation should not also cover the State Housing Agency. The Authority does not dispute the statement of the Icelandic Government that the Agency in fact never paid any premium as it did not have any foreign commitments. However, this does not change the fact that according to the Act, the Agency would have been liable for the premium in the event of undertaking foreign commitments. Hence, the Authority is of the preliminary opinion that the obligation to pay a guarantee premium did indeed apply to any foreign financial commitments that the State Housing Agency might have had.

2.3.   Act No 121/1997 on State Guarantees

On 22 December 1997, a new Act on State Guarantees No 121/1997 was adopted. This Act, which entered into force on 1 January 1998, extended the obligation to pay a premium also to cover domestic commitments. Paragraphs 1 and 2 of Article 6 of the Act stated:

‘Banks, credit funds, financial institutions, enterprises and other such entities that according to law enjoy or have enjoyed the guarantee of the Treasury, whether through the ownership of the State or for other reasons shall pay a guarantee premium on their State-guaranteed commitments. …

The guarantee premium according to paragraph 1 shall amount to 0,0625 % per quarter on the principal of foreign commitments subject to the premium and 0,0375 % per quarter on the principal of the average of domestic commitments during each payment period, cf. Article 8. The proceeds shall accrue to the Treasury. (9).

Article 7 of Act No 121/1997 provides for an exemption from the general obligation to pay a premium pursuant to Article 6 of the Act. In its original form paragraph 1 of Article 7 read as follows:

Credits on which a risk premium has been paid cf. Article 4, housing bonds issued by the Housing Bond Division of the State Housing Agency , commitments in lieu of deposits in deposit accounts of deposit money banks and government-guaranteed export guarantees as well as the Central Bank of Iceland are exempt from payment of the guarantee premium cf. Article 6.’ (emphasis added)

The State Housing Agency had other commitments than those relating to housing bonds issued by the Housing Bond Division of the Agency. It therefore seems to follow from an a contrario interpretation of Article 7 that the main rule on the payment of a fee was applicable to such activities. The same goes for the other public bodies operating on the basis of Act No 97/1993: the State Housing Board, the State Building Fund and the Workers' Housing Fund.

The Icelandic Government has, however, in its letter of 24 October 2007, submitted that as regards commitments other than housing bonds, the levying of the guarantee fee ‘was based on questionable legal basis’. According to the Government, due to their social character, the State Building Fund and the Workers' Housing Fund, operated by the Agency, were never intended to pay a guarantee premium under the Act. In this respect, the Government refers to a memorandum of 16 October 1998 by the Minister of Social Affairs as well as a report of a working group of June 1999 on the collection of a guarantee premium of the debts of the State Building Fund and the Workers' Housing Fund and the HFF (10). The conclusion of the working group's report was that it was arguable that the commitments of the State Building Fund and Workers' Housing Funds fell outside the scope of Article 6 of Act No 121/1997. In arriving at that conclusion, the working group stated that the funds were of a social character which justified that they were operated under the responsibility of the State and were dependant on State contributions as well as always having been operated with a negative interest margin. Furthermore, the report referred to the general comments to the bill, which became Act No 121/1997, whereby distinction was made between funds in ‘commercial’ operation and those with a social role.

For the reasons set out below, the Authority questions this legal reasoning:

first, according to Article 6 of the Act: ‘Banks, credit funds, financial institutions, enterprises and other such entities that according to law enjoy or have enjoyed the guarantee of the Treasury, whether through the ownership of the State or for other reasons shall pay a guarantee premium on their State-guaranteed commitments’. Even assuming, hypothetically, that HFF was not considered a ‘bank, credit fund, financial institution or enterprise’ the wording ‘any other entities’ seems to indicate that the provision covers all bodies enjoying a State guarantee, irrespective of operating form. Furthermore, it was considered necessary to explicitly exempt the commitments related to the Housing Bond Division, cf. Article 7 of the Act,

second, as will be shown below in point 2.4, the preparatory works to Act No 70/2000 contain several statements which indicate that the Act was based on the premise that the HFF was indeed, at that time, subject to the guarantee premium on other commitments than those related to the housing bonds,

third, a specific provision in the 2001 Supplementary Budget Act was inserted to cancel the debts relating to unpaid premiums the HFF had accrued under Act No 121/1997 until the entry into force of Act No 70/2000 (11). Such a provision would hardly have been necessary if the HFF and its predecessors had never been subject to the premium,

fourth and finally, as far as the Authority can understand, the comments referred to by Iceland concerning the distinction between funds in commercial operation on the one hand, and those with a social role on the other, did not relate to the issue of whether or not a guarantee premium should be collected for commitments enjoying a State guarantee. Rather, they indicate that the legislator was of the opinion, that when it came to granting a Fund a State guarantee, it was of importance whether the Fund in question was operated on a commercial or social basis.

In any event, as already indicated, in the 2001 Supplementary Budget Act, a provision was inserted to cancel the debts related to unpaid premiums the HFF had accrued until the entry into force of Act No 70/2000. It therefore seems that the HFF, either was never liable to pay the fee or retroactively was exempted from it. Thus, in either situation the HFF was from the start, or with retroactive effect, exempted from the main rule in Act No 121/1997 on State Guarantees that State bodies enjoying a guarantee should pay a premium for it.

2.4.   Act No 70/2000 amending Act No 121/1997

By Article 1 of Act No 70/2000 which entered into force on 26 May 2000, Article 7 of the Act No 121/1997 was amended and is currently as follows:

‘Credits on which a risk premium has been paid cf. Article 4, commitments in lieu of deposits in deposit accounts of deposit money banks and government-guaranteed export guarantees as well as the … the Housing Financing Fund … are exempt from payment of the guarantee premium cf. Article 6.’

The bill, which subsequently became Act No 70/2000 did not originally include a proposal to exempt all obligations of the HFF guaranteed by the State from the guarantee premium. It was originally foreseen only to exempt the HFF's obligations taken over from the State Building Fund and the Workers' Housing Fund upon the entry into force of Act No 44/1998. Indeed, in the bill, it was stated that the exemption for the obligations deriving from the housing bonds (cf. Article 7 of the Act) was based on the fact that the Housing Bonds Division collected an interest margin of 0,35 % of mortgage instruments guaranteeing commitments relating to housing bonds. Other commitments of the HFF were not supposed to be exempted from the payment obligation of the guarantee premium as no money was put aside in a reserve fund to meet losses connected with lending on that basis (12).

However, during the Parliamentary procedure, the bill was changed so that the exemption covered all the obligations of the HFF:

During the procedure before the Committee it was specifically examined that the bill presupposes that a premium will still be paid on some of the loans taken by the Housing Financing Fund such as loans, which the Fund takes to finance additional loans and loans for rental apartments. … Having regard to the above, the Committee proposes to amend the bill so that all the obligation of the Housing Financing Fund will be exempt from the premium. (13) (emphasis added)

Therefore, as approved by Alþingi, the Act No 70/2000 amending Act No 121/1997 extended the exemption from the payment of a guarantee premium and covered all the obligations of the HFF. As a consequence, the HFF has not been paying a guarantee premium on its commitments, foreign as well as domestic, to the State Treasury.

2.5.   Act No 180/2000 amending Act No 121/1997

In its judgment in State Debt Management Agency, the EFTA Court held that the difference in the amount of the State guarantee premium due under the provisions of the Act on State Guarantees was in breach of Article 40 EEA, as it was made dependant on whether the obligations were of domestic or foreign character (14). Following this judgment, the Act on State Guarantees was amended. By Act No 180/2000, which entered into force on 11 January 2001, the difference between foreign and domestic commitments was abolished for the purpose of calculation of the State guarantee premium. As from Act No 180/2000, the premium has been set at 0,0625 % per quarter irrespective of the origin of the commitments. Due to the above-mentioned exceptions pertaining to HFF, these changes did not apply to HFF.

II.   ASSESSMENT

3.   State aid within the meaning of Article 61(1) EEA and the classification of such aid as new or existing

3.1.   The aid elements of the Icelandic system of implicit State guarantees

Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

‘Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.’

For a measure to be classified as State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement, it must be granted by the State or through State resources, confer an advantage on the recipient undertaking, be selective and thereby distort or threaten to distort competition and be liable to affect trade between the Contracting Parties. Before examining each of these conditions in turn, the Authority makes the following remarks concerning the scope of the present decision to open the formal investigation procedure:

As any other undertaking organised as a public institution, the HFF enjoys an implicit State guarantee in the same manner as did the predecessors of the HFF from the start of their operations in the 1950's, cf. Act No 42/1957. The HFF pays neither a market based premium for the guarantee, nor the premium laid down in Act No 121/1997 on State Guarantees.

The implicit State guarantee for this type of public undertaking was at the outset granted without any obligation to pay a premium. However, Icelandic system for implicit State guarantees was changed in 1987. From this point in time, a guarantee premium was to be paid for foreign commitments, but not for domestic ones. The original State guarantee scheme, with the changes introduced in 1987, thus predates the EEA Agreement.

The Icelandic system relating to implicit guarantees was changed again as of 1 January 1998 when a general obligation to pay a guarantee premium was also introduced as regards domestic commitments. Considering the size of the premium the Authority finds it unlikely that the guarantee premium removed aid contained in the original guarantee scheme. Therefore, in the Authority's preliminary opinion, the original guarantee scheme still contains State aid. The State aid element will generally be the difference between the appropriate market price for the guarantee provided and the price paid for that measure according to Act No 121/1997 on State Guarantees (15). This possible aid element will follow from the implicit guarantee in force since before the entry into force of the EEA Agreement, and would constitute existing aid. It will therefore be assessed separately following the procedures regarding existing aid.

Hence, the present decision to open the formal investigation procedure only relates to severable changes to the Icelandic system of implicit guarantees made after 1994 which would give a particular advantage to HFF (16). Indeed, only such changes could be classified as new aid (17).

With Act No 121/1997, Iceland introduced a premium for banks, credit funds, financial institutions, enterprises and other such entities that enjoy a State guarantee in respect of domestic commitments. The activities of the Housing Bonds Division were exempted from a guarantee premium both on domestic and foreign commitments from the entry into force of the Act. As regards other operations of the HFF, they were exempted from the premium by Act No 70/2000. In the 2001 Supplementary Budget Act the accrued unpaid premium for these activities was cancelled. Therefore, either from the beginning, or retroactively, the other operations of the HFF were exempted from this generally applicable guarantee premium. Indeed, according to Iceland itself, HFF has never paid any premium under the Act.

As HFF has, as a matter of fact, never paid any premium for the guarantee it enjoys, Iceland has in its letter of 24 October 2007 argued that the factual situation for HFF has remained the same over the years regardless of the introduction of the general premium with effect for other undertakings. Moreover, as the exemptions in the Act pertaining to HFF merely maintained the status quo in relation to that particular undertaking, Iceland is of the opinion that exemptions cannot constitute new aid.

In the Authority's view, it is not relevant for the assessment of the classification of the aid as new or existing whether or not the Act, as a matter of fact, changed the situation of HFF as regards the payment of guarantee premium. What is decisive is that the new Act introduced a new system where, for the first time, the HFF was being treated more favourably than provided for under the general rule for undertakings benefiting from the implicit State guarantee. It is therefore the Authority's preliminary opinion that any advantage to HFF following from the exemption granted to the Housing Bond Division introduced by Article 7 of Act No 121/1997 would constitute new aid. The same would apply to the exemption/relief from paying the premium relating to other operations of the HFF, cf. Act No 70/2000 amending Act No 121/1997, as well the 2001 Supplementary Budget Act (18).

3.2.   Economic advantage

Exempting the HFF from payment of the guarantee premium provides a financial advantage to that undertaking as the corresponding costs of the premium are not covered by the HFF. This advantage amounts to what the HFF would have had to pay each time on its commitments under the applicable rate of the guarantee premium.

The advantage following from the non-payment of the State guarantee premium can be determined as follows:

1;

exemption (either originally or ex post facto) from payment of State guarantee premium amounting to 0,0625 % per quarter of the value of foreign commitments relating both to housing bonds and other commitments in the period from 1 January 1998 to date;

2.

exemption (either originally or ex post facto) from payment of State guarantee premium amounting to 0,0375 % per quarter of the value of domestic commitments relating both to housing bonds and other commitments in the period from 1 January 1998-10 January 2001;

3.

exemption from payment of State guarantee premium amounting to 0,0625 % per quarter of the value of all HFF's domestic commitments in the period from 11 January 2001 to date.

In its letter of 24 October 2007, Iceland seems to be of the opinion that the HFF does not enjoy any real advantage as it levies a margin on the general loans it issues. Iceland submits that the Housing Bonds Division of the State Housing Agency and subsequently the HFF were subject to a special regime which entailed paying a ‘special State guarantee fee’, raised in the form of an interest margin, into a special reserve fund. According to Article 21 of the Act No 97/1993 (see subsequently Article 28 of the Housing Act), the Housing Bonds Division was permitted to claim an interest margin to cover its operating expenses and estimated losses from outstanding loans (19). On that basis, the Icelandic Government has stated that the exclusion of the housing bonds from the general system of Act No 121/1997 was based on the fact that the risk associated with the guarantee was no longer borne by the State.

The Authority has doubts about this reasoning. The system provided for by the levying of an interest margin does not entail that the HFF pays a premium for the State guarantee it has on commitments related to housing bonds. Rather, it required the borrowers to pay higher interest rates to the HFF. The money raised by the levying of the interest margin was set aside in a special reserve fund. As far as the Authority has been able to ascertain, this fund is merely a part of the HFF. The Authority cannot see that charging borrowers higher interest rates and setting that aside in an in-house fund can be equated with paying a State guarantee premium pursuant to Act No 121/1997.

In conclusion, the Authority takes the preliminary view that the exemption from the guarantee premium does give the HFF an advantage in the sense of Article 61(1) EEA. Whether any advantages could be offset by public service obligations imposed on HFF will be addressed below.

3.3.   Presence of State resources

HFF is exempted from the payment of a guarantee premium to the State Treasury otherwise applicable to all undertakings pursuant to Article 6 of Act No 121/1997. By exempting the HFF from paying a guarantee premium to it, the State foregoes revenues which would have normally to be paid to the State. The exemption therefore contains State resources. Similarly, to the extent HFF was originally liable to pay a guarantee premium, but later relieved of that obligation with retroactive effect, such ex post facto exemption would also imply a drain of State resources.

3.4.   Selectivity

As outlined above, the HFF is according to Article 7 of Act No 121/1997 exempted from paying a guarantee premium pursuant to Article 6 of the Act. The main rule according to Act No 121/1997 is that every entity enjoying a State guarantee is subject to the guarantee premium provided for in Article 6. Those exempted are obligations that are subject to the higher risk premium pursuant to Article 4 of the Act, the HFF, the Central Bank of the Iceland and the Student Loan Fund.

Consequently, under Article 7 of the Act, it is only the HFF and the two other public institutions that are exempt from paying a premium to the State for being granted State guarantees. The aid measure therefore appears to be selective.

The State Guarantees Act links the payment of a premium to the existence of a guarantee issued by the State. Moreover, it seems to be intended to (partly) compensate the State for the risk it undertakes by being the guarantor. On that basis, the Authority does not view the Act on State guarantees as a tax measure. The Authority has therefore not found it necessary to discuss whether the exemption pertaining to HFF would have been within the logic or nature of a tax system.

3.5.   Effect on trade between Contracting Parties

The HFF provides services on the market for housing mortgage loans, i.e. long-term house financing for residential accommodation. Aid granted to HFF may make it more difficult for banks in the EEA to enter the Icelandic housing mortgage market. Also markets related to the mortgage market, such as other financial markets may be affected (20). The aid therefore seems to affect trade between the Contracting Parties.

3.6.   Altmark conditions

In the Altmark judgment, the European Court of Justice held that provided that the following conditions are cumulatively fulfilled, a measure does not confer an advantage on the beneficiary and, thus, does not qualify as state aid in the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty, corresponding to the provision of Article 61(1) of the EEA Agreement:

first, the recipient undertaking must actually have public service obligations to discharge, and the obligations must be clearly defined,

second, the parameters on the basis of which the compensation is calculated must be established in advance in an objective and transparent manner, to avoid conferring an economic advantage which may favour the recipient undertaking over competing undertakings,

third, the compensation cannot exceed what is necessary to cover all or part of the costs incurred in the discharge of public service obligations, taking into account the relevant receipts and a reasonable profit for discharging those obligations,

fourth, where the undertaking which is to discharge public service obligations in a specific case, is not chosen pursuant to a public procurement procedure which would allow for the selection of the tenderer capable of providing those services at the least cost to the community, the level of compensation needed must be determined on the basis of an analysis of the costs which a typical undertaking, well run and adequately provided with means so as to be able to meet the necessary public service requirements, would have incurred in discharging those obligations, taking into account the relevant receipts and a reasonable profit for discharging the obligations (21).

With regard to the first condition, i.e. the definition of public service obligations discharged to the HFF, it is highly doubtful, in light of the EFTA Court's judgment, that the general loans system of the HFF as defined today fulfils the criteria for qualifying as a service of general economic interest (22).

Concerning the second condition, the Court of First Instance of the European Communities (hereinafter ‘the CFI’) recalled in BUPA  (23) that the Member States have wide discretion not only when defining a public service mission but also when determining the compensation for the costs, which calls for an assessment of complex economic facts. In the same ruling, the CFI also held that the second Altmark condition requires that the Community institutions must be in a position to verify the existence of objective and transparent parameters, which must be defined in such a way as to preclude any abusive recourse to the concept of a public service on the part of the Member State. The Icelandic Government has so far not demonstrated to the Authority that a methodology exists for calculation of public service compensation to the HFF. Moreover, to the Authority's knowledge, the Icelandic Government did not establish in advance the criteria on the basis of which the compensation for public service activities of the HFF was to be determined.

With regard to the third Altmark condition, the CFI found in BUPA that a public service compensation system which operates independently of receipts does not require a strict interpretation of this criterion, in particular as regards taking into account the relevant receipts for discharging public services (24). Nevertheless, as the aid measure in question benefits the entirety of the operations of the HFF, it cannot be established at this stage whether the level of compensation is limited to what is necessary to cover all or part of the costs incurred in the discharge of properly limited public service obligations.

Furthermore, with regard to the fourth condition set forth in Altmark, the HFF has neither been chosen by way of a public procurement procedure nor did the Icelandic authorities determine the level of compensation by way of a comparison between the HFF and a privately run efficient operator as a reference undertaking. As held by the CFI in BUPA, the purpose of the fourth Altmark condition is to ensure that the compensation does not entail the possibility of offsetting any costs that might result from inefficiency on the part of the beneficiary undertaking (25).

In conclusion, it cannot be established, in the Authority's view, that the four cumulative Altmark conditions are fulfilled.

3.7.   Conclusion with regard to state aid character of the measure in question

In light of the above, it is the Authority's preliminary conclusion that exempting HFF from paying a guarantee premium pursuant to Article 7 of Act No 121/1997 on State Guarantees, with subsequent amendments, involves State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Furthermore, it is the Authority's preliminary opinion that any such aid would constitute new aid.

4.   Procedural requirements

Pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, ‘the EFTA Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid. […]. The State concerned shall not put its proposed measures into effect until the procedure has resulted in a final decision’.

The Icelandic authorities did not notify the Authority of the above-mentioned measures in the form of exemption of the HFF from payment of the guarantee premium. The Authority therefore concludes that Iceland has not respected its obligations pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.

5.   Compatibility of the aid

5.1.   Possibilities to declare aid for housing purposes compatible

Article 61(1) of the EEA Agreement sets out that state aid as a principle is prohibited. Article 61(2) and 61(3) provide, however, for certain exceptions from this general prohibition.

The derogations in Article 61(2) of the EEA Agreement do not seem to be applicable to the aid in question, which is not designed to achieve any of the aims listed in this provision. In particular, the aid measure involved cannot be considered to fulfil the conditions of derogation specified in Article 61(2)(a) of the EEA Agreement, namely aid having a social character, granted to individual consumers and without discrimination related to the origin of the product concerned.

Likewise, the derogations in Article 61(3) of the EEA Agreement do not apply to the aid measure under investigation. In particular, the aid measure is not granted with the aim of promoting or facilitating the economic development of certain areas or of certain economic activities. Thus, the derogations in Article 61(3)(a) and (c) of the EEA Agreement in conjunction with the Regional Aid Guidelines are not applicable in this case.

Furthermore, the aid measure under investigation is not given to promote the execution of an important project of common European interest or to remedy a serious disturbance in the economy of Iceland, therefore Article 61(3)(b) of the EEA Agreement does not apply.

The aid in question is not linked to any investment, but reduces the costs which HFF would normally have to bear in the course of pursuing its day-to-day business activities and is consequently to be classified as operating aid. Operating aid is normally not considered suitable to facilitate the development of certain economic activities or of certain regions as provided for in Article 61(3)(c) of the EEA Agreement, unless it is specifically envisaged by the Authority's Guidelines, which is not the case here.

Aid for housing purposes may, however, be declared compatible with the EEA Agreement on the basis of Article 59(2). That would be the case if the aid would be limited to provision of services of general economic interest and if the other conditions of Article 59(2) of the EEA Agreement would be fulfilled.

Article 59(2) of the EEA Agreement reads:

‘Undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest or having the character of a revenue-producing monopoly shall be subject to the rules contained in this Agreement, in particular to the rules on competition, in so far as the application of such rules does not obstruct the performance, in law or in fact, of the particular tasks assigned to them. The development of trade must not be affected to such an extent as would be contrary to the interests of the Contracting Parties.’

Compliance with Article 59(2) of the EEA Agreement requires the fulfilment of the following conditions:

that the aid is a compensation for the provision of services of general economic interest,

that the undertaking receiving the aid is entrusted to provide such services,

that the aid is necessary, and not more than necessary, to carry out the entrusted tasks, and

that the aid does not affect trade against the interest of the Contracting Parties to the Agreement.

5.2.   General remarks with regard to the concept of services of general economic interest

The concept of service in the general economic interest means, among other things, that the State assigns ‘particular tasks’ to an undertaking (26). In order to qualify for classification as service of general economic interest, a service must have certain characteristics, the most important of which is that the service in question cannot be provided in the same manner on the market and that the service should be clearly defined (27). States may take account of objectives pertaining to their national policy when defining the service of general economic interest which they entrust to certain undertakings (28).

As an exception to the main rule in Article 59(1) of the EEA Agreement, the concept of ‘services of general economic interest’ must be interpreted restrictively (29) and applies only to activities of direct benefit to the public. Still, States remain free, in principle and where no common policy is established, to designate which services they consider to be of general economic interest and to organize these services as they see fit, subject to the rules of the EEA Agreement and the specific conditions laid down in Article 59(2) of the EEA Agreement (30). Thus, the competence to define such services lies with the States, subject to scrutiny by the Authority. This scrutiny must essentially be conducted on a case-by-case basis. In such an assessment, the nature of the undertaking entrusted with the service is not of decisive importance, nor whether the undertaking is entrusted with exclusive rights, but rather the essence of the service deemed to be of general economic interest and the special characteristics of this interest that distinguish it from the general economic interest of other economic activities (31).

5.3.   Services of general economic interest in the field of social housing

The EFTA Court gave some guidance on how to assess the extent of the HFF's activities in light of the requirements of Article 59(2) of the EEA Agreement. The Court primarily addressed the issue of whether the Authority should have been in doubt whether the general loans scheme of HFF was operated in compliance with Article 59(2) of the EEA Agreement. The Court ruled that the Authority should have been in doubt and consequently should have opened the formal State aid investigation procedure. (This was based on the implicit, but non-verified, assumption that the aid in question was new aid.) While the Court did not address whether the general loan category fulfilled the conditions of Article 59(2) of the EEA Agreement, the Court's judgment raised issues of doubt in relation to:

whether the HFF scheme fulfilled all conditions relating to services of general economic interest in Article 59(2),

whether the derogation from the State aid rules was proportionate, and

whether the scheme affected the development of trade contrary to the interest of the Contracting Parties.

In relation to the first issue the Court stated inter alia:

[…] The HFF general loans system is intended to promote security and equal rights as regards housing in Iceland by providing loans on manageable terms to the general public throughout the territory of Iceland and thereby foster private home ownership. This goes beyond the normal economic interest of operators in the financial sector. A service with this objective may qualify as a service of general economic interest justifying State aid, provided that the service fulfils the requirements laid down in Article 59(2) EEA. (32).

When the EFTA Court later turned to the questions on proportionality, it held, inter alia, that:

[…] as long as it is not established that the effect of the low interest rate on HFF general loans is completely neutralised by an increase in housing prices, the HFF general loan scheme must be considered suitable to meet its aim. (33).

And moreover:

The Court does not find it doubtful that the State aid provided to the HFF system did not go beyond what is necessary in the case at hand to allow the HFF to cover expected losses and operate the general loans system under economically acceptable conditions [ …] This does not mean, however, that the general loans system as operated by the HFF is necessarily compatible with the EEA Agreement. (34).

Then the Court went on to, inter alia, state that:

‘[…] it is necessary to address the question of whether the conditions under which the loans were granted did not go beyond what was necessary for HFF to perform the tasks entrusted to it. The Court recalls that the ultimate aim of the State's intervention in lending services through the general loans scheme is to foster private home ownership in Iceland through lending on “manageable terms”. A service rendered with such an objective may, as has been stated above, be considered legitimate under Article 59(2) EEA. However, ESA has to make sure that public intervention does not, in reality, pursue other goals than those defined by Icelandic law or exceed what is necessary to achieve the defined goal.

In that regard, the Court notes that unlike the cost and size limitations practiced by the Norwegian Husbanken in Case E-4/97 Husbanken II, the HFF's relative and absolute lending caps do not limit the subsidised lending scheme to dwellings which fulfil certain criteria. They only limit the amount one may borrow from the HFF for any dwelling, regardless of the value or size of that dwelling. There is no limit as to how big or valuable a dwelling may be and still be eligible for a general loan under the HFF scheme; there are only limits to how much the HFF may grant as a general loan.

Moreover, the HFF general loans scheme is not limited to the financing of one unit of residential housing for each borrower. This means that in principle the system may provide financing for houses or apartments built or purchased for investment purposes. In 2004, a general limit of two units was introduced. As the Government of Iceland has pointed out, there may be social policy reasons why certain persons need to own more than one unit. The provision of more than one loan to the same person has not, however, been made dependent on that person fulfilling any criteria relating to such reasons.

These features mean that in principle the HFF general loans scheme provides subsidised financing, up to a certain limit, for any house or apartment regardless of size and value, and also for construction or purchase of residential units for investment purposes. The scheme is not formally limited to assisting the average citizen in financing his or her own dwelling. Even if it may be so that few people have in fact exploited these features of the system, they raise questions under Article 59(2) EEA. The Court recalls in this context that the HFF scheme is intended to promote security and equal rights as regards housing by providing loans on manageable terms. (35).

(a)   Manageable terms

The EFTA Court did not rule out per se that State intervention in lending services through general loans, which pursues the objective of fostering private home ownership through lending on ‘manageable terms’ might be considered legitimate under Article 59(2) of the EEA Agreement. In this respect, the EFTA Court clarified that the Contracting Parties enjoy a margin of discretion in deciding what ‘manageable terms’ should mean in relation to a housing financing scheme which qualifies as a service of general economic interest (36).

In the view of the Authority, the concept of ‘manageable terms’ cannot be understood in any absolute or isolated manner. While noting the Court's view that there should be a margin of discretion to decide what is manageable, the concept has to relate to certain general parameters of the national economy. What is manageable in a rich country may not be manageable in a less prosperous one. In a well-functioning market without a particular skewed distribution of income, it would appear reasonable to assume that the market interest rates on mortgages would be ‘manageable’ for the population at large. Excluding that public activity itself is distorting the market, to the extent the market is not well functioning there could be a reason for government measures to provide for loans on ‘manageable terms’.

It was confirmed in the EFTA Court's judgment that the commercial banks were only able to match the interest rate of HFF's general loans from August 2004 onwards (37). In its Decision No 185/06/COL, the Authority requested up-dated information on the development on the Icelandic mortgage market, in order to assess to what extent commercial banks had offered mortgage secured loans on terms the Icelandic State would consider as manageable. While some information has been provided the Authority would require up-dated information in this respect as there are indications that the state of the market has changed recently. The amount of mortgage loans, especially from the commercial banks has fallen considerably (38).

A connected, but separate, issue is whether the market would be able to develop satisfactorily if it would operate under conditions without any State aid distorting the competitive situation of the respective lenders. Up till now, the Authority has not been presented with any arguments or factual information that give it reason to believe that this should be the case.

(b)   Social element

The general loan scheme of the HFF is not limited to those below certain income and/or assets thresholds but is available to everyone irrespective of those elements and as the EFTA Court has pointed out, without any cost and size limitations on the dwellings. Furthermore, the general lending system is also open to others than individuals, for example building contractors may qualify for loans under that system.

In the Court's words, the ‘lending caps do not limit the subsidised lending scheme to dwellings which fulfil certain criteria’ and ‘there is no limit as to how big or valuable a dwelling may be and still be eligible for a general loan under the HFF scheme; there are only limits to how much the HFF may grant as a general loan (39).

Moreover, the EFTA Court pointed out that the scheme provided for construction or purchase of individual units for investment purposes, and it was not formally limited to assisting the average citizen in financing of his or her house. The rules have now been changed and Article 21 of the Regulation No 522/2004, as subsequently amended, provides that lending from the HFF is limited so that an individual can only own one property carrying a mortgage from the Fund. However, the Board of the Fund may set rules providing for exemption from this requirement. On 10 August 2006, the Board passed such rules. The Icelandic authorities are requested to explain these exemptions and their application and how the HFF monitors that residential housing financed by the HFF's loans is actually used for purposes of being the applicant's own dwelling.

In a letter received by the Authority on 14 June 2007, the Icelandic Government argued that there were no grounds for questioning the compatibility of the general lending scheme with the EEA Agreement. In light of the observations of the EFTA Court, quoted above, the Authority is of the preliminary opinion that the Icelandic Government has not demonstrated that the current general loan scheme is in compliance with Article 59(2) of the EEA Agreement. Moreover, the Commission's practice regarding social housing shows that the Commission has only accepted systems of social housing, which contained limitations as to who could qualify for loans under the system.

In 2001, the Commission adopted a decision with regard to a guarantee for borrowings of the Irish Housing Finance Agency (hereinafter referred to as the HFA) (40). At the time of this decision, the HFA was itself not empowered to extend loans. Its objective was to raise funds at the best rate on the capital markets which were then advanced to local authorities to be used by them for social housing financing. In this case, social housing was defined as provision of housing for the most socially disadvantaged households, and in particular those which due to their economic circumstances were unable to fund their own housing requirement at socially acceptable conditions through recourse to commercial lenders. This objective was entrusted to local authorities who operated social housing programmes such as general mortgage finance, the operation of a share ownership scheme, and affordable housing schemes aimed at providing low cost housing, a rental subsidy scheme and miscellaneous grant schemes for elderly and disabled persons. The eligibility for social housing loan finance was assessed according to the following limitations: (i) need must be established; (ii) income and loan ceilings; (iii) households which seek to avail of schemes unavailable in the private sector (this had to be proved by the applicant by attaching letters of rejection from two private sector mortgage lenders); and (iv) only households which are mentioned on local authority housing lists. Thus, the Commission accepted that the operations of the Agency could be regarded as services of general economic interest for the purposes Article 86(2) of the EC Treaty.

The Authority also refers to a case concerning the financing of activities of Dutch Housing Corporations which is still pending before the Commission. In 2005, DG Competition sent an Article 17(2) letter, inviting the Dutch authorities to make appropriate changes to the system. DG Competition has, inter alia, criticised the broad scope of definition of services of general economic interest provided by the Housing Corporations. In particular, it was not considered acceptable that, whereas the priority to rental housing is given to persons that have difficulties in finding suitable housing, the activities in question are not restricted to socially disadvantaged persons. Therefore, DG Competition was of the opinion that the possibility to let dwellings to persons with a higher income or to enterprises must be regarded as a manifest error in the definition of a service of general economic interest. Moreover, this concern was not removed by the proposed solution of the Dutch authorities to limit the maximum value of the dwellings to be rented out which would be then defined as ‘social housing’. In the preliminary view of DG Competition, the definition of public service activities of Housing Corporations was to have a direct relation to socially disadvantaged households and not only be linked to the maximum value of the property (41).

Furthermore, the Icelandic Government referred to the fact that the Authority, in its decision in the Norwegian Husbanken case, accepted loans that were not limited to those qualifying under certain income and assets criteria but limited the size of the of house/apartment being acquired. Iceland has argued that the Norwegian limit should not be regarded as being universal and that the situation in Iceland would justify a higher limit. The Authority will, at this stage, not pass judgment on whether only imposing a size limitations would be sufficient to ensure compliance with Article 59(2) of the EEA Agreement as it observes that currently the HFF system operates without any limitations as to the size of house/apartment that may qualify for loans under the general system.

In light of all of the above, it is the preliminary view of the Authority that the general loan scheme of the HFF does not pursue a sufficiently restricted social objective.

(c)   Territorial cohesion

As regards the element of territorial cohesion, the Authority is aware of the particular situation of certain regions in Iceland, where the market for mortgage loans might be of such a nature that commercial providers do not have incentives to offer mortgage loans. Such a situation might justify exceptional treatment of certain territories as regards the conditions for eligibility of loans (42). Currently, the general loans scheme of the HFF is operated without any criteria related to territorial cohesion.

In its Decision No 185/06/COL it was the Authority's opinion that SFF had not submitted any tangible evidence during the EFTA Court proceedings, which demonstrated that the commercial banks had offered loans on ‘manageable terms’ outside the Reykjavik area during the period between 1999 and August 2004. In response to the Authority's request for information the SFF and the Icelandic Government submitted conflicting evidence as to the extent the commercial banks had offered mortgage loans outside the Reykjavík area and other more densely populated areas after August 2004. In light of the currently available information the Authority cannot conclude that the loans provided by the commercial banks have not been offered in rural areas as well, as far as the period after August 2004 is concerned.

5.4.   Development of trade and the interest of the Contracting Parties

Article 59(2) of the EEA Agreement further requires an assessment of whether the specific service in question affects the development of trade to an extent contrary to the interests of the Contracting Parties. The Authority is charged with striking a balance between the right of Iceland to invoke the derogation and the interest of the Contracting Parties to avoid distortions of competition and restrictions to the ‘four freedoms’ (43).

This entails that it must be established that the performance of the service of general economic interest does not disproportionately affect competition and the internal market. In light of the EFTA Court's conclusions on this point (44), the Authority will have to assess to what extent the aid granted to the HFF could affect other parts of the EEA internal market, in particular other financial markets, such as, for example, the private lending market. However, as outlined above, the Authority is of the preliminary opinion that the current lending scheme is not compatible with Article 59(2) as it is too widely defined. In light of that, the Authority does not consider it necessary to assess whether the service affects the development of trade to an extent contrary to the interest of the Contracting Parties. In any event, an amended scheme will have to strike the right balance between the interests at stake.

Against the background of the various points referred to above, the preliminary view of Authority is that the general loan scheme of HFF does not comply with all the conditions laid down in Article 59(2) of the EEA Agreement.

5.5.   Other loan categories of the HFF

In the discussion above regarding the compatibility of the aid, only the general loans category of the HFF has been referred to. However, the exemption in Article 7 of Act No 121/1997, as amended, covers entire operations of the HFF. Currently, the HFF is also providing loans for rental housing to municipalities, etc. pursuant to Chapter VIII of the Housing Act. Furthermore, the Minister of Social Affairs has, on the basis of Article 16 of the Housing Act, issued Regulation No 458/1999, with subsequent amendments, which lists the other loan categories offered by the HFF, cf. Article 2 of the Regulation (45).

As outlined above, the Authority is of the preliminary opinion that the general loans scheme of the HFF is incompatible with Article 59(2) EEA. Since the exemption from the guarantee premium benefits all the operations of the HFF, it follows that this measure cannot be regarded as compatible aid on the basis of Article 59(2). This is so even though the individual loan categories referred to above examined in isolation might comply with the conditions laid down in that provision.

5.6.   Conclusion with regard to compatibility

On the basis of the foregoing considerations, the Authority has doubts as to whether the guarantee premium exemption in favour of the HFF can be regarded as compatible with the functioning of the EEA Agreement.

6.   Recovery

According to Article 14(1) in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, ‘[w]here negative decisions are taken in cases of unlawful aid, the EFTA Surveillance Authority shall decide that the EFTA State concerned shall take all necessary measures to recover the aid from the beneficiary (hereinafter referred to as a “recovery decision”). The EFTA Surveillance Authority shall not require recovery of the aid if this would be contrary to a general principle of EEA law’.

In other words, any unlawful aid which cannot be declared compatible with the State aid rules will be subject to recovery. In case of recovery, it is the Authority's preliminary view that, in the case at hand, no legitimate expectations could be invoked, which would preclude the recovery.

According to settled case-law, ‘[…] undertakings to which an aid has been granted may not, in principle, entertain a legitimate expectation that the aid is lawful unless it has been granted in compliance with the procedure laid down in that article. A diligent businessman should normally be able to determine whether that procedure has been followed (46).

Consequently, any unlawful aid which will ultimately be declared incompatible with the State aid rules will be subject to recovery.

7.   Conclusion

The Authority is of the preliminary opinion that the exemption from the guarantee premium in favour of the HFF constitutes aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Furthermore, the Authority has doubts that this measure can be regarded as complying with Article 61(2) and (3) of the EEA Agreement or with Article 59(2) of the EEA Agreement. Any unlawful aid which ultimately will be declared incompatible with the State aid rules will be subject to recovery.

Consequently, and in accordance with Article 4(4) of Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, the Authority is obliged to open the procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3 of the Surveillance and Court Agreement. The decision to open proceedings is without prejudice to the final decision of the Authority, which may conclude that the measure in question is compatible with the functioning of the EEA Agreement.

In light of the foregoing considerations, the Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) of Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, requests the Icelandic authorities to submit their comments within one month of the date of receipt of this Decision.

In light of the foregoing consideration, the Authority requires that, within one month of receipt of this decision, the Icelandic authorities provide all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the exemption from the payment of the guarantee premium in favour of the HFF. It requests the Icelandic authorities to forward a copy of this decision to the potential aid recipient of the aid immediately.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The EFTA Surveillance Authority has decided to initiate the formal investigation procedure provided for in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement against Iceland regarding the exemption of the Housing Financing Fund contained in the Act on State Guarantees to pay a premium on the guarantee provided by the Icelandic State in its favour.

Article 2

The Icelandic authorities are requested, pursuant to Article 6(1) in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, to submit their comments on the opening of the formal investigation procedure within one month from the notification of this Decision.

Article 3

The Icelandic authorities are required to provide within one month from the notification of this Decision all documents, information and data needed for the assessment of the compatibility of the aid measure.

Article 4

The Icelandic Government is requested to forward a copy of this Decision to the recipient of the potential aid immediately.

Article 5

The EC Commission shall be informed, in accordance with Protocol 27(d) of the EEA Agreement, by means of a copy of this Decision.

Article 6

Other EFTA States, EC Member States, and interested parties shall be informed by the publishing of this Decision in its authentic language version, accompanied by a meaningful summary in languages other than the authentic language version, in the EEA Section of the Official Journal of the European Union and the EEA Supplement thereto, inviting them to submit comments within one month from the date of publication.

Article 7

This Decision is addressed to the Republic of Iceland.

Article 8

Only the English version is authentic.

Done at Brussels, 27 June 2008.

For the EFTA Surveillance Authority

Per SANDERUD

President

Kurt JAEGER

College Member


(1)  Hereinafter referred to as the Authority.

(2)  Hereinafter referred to as the EEA Agreement.

(3)  Hereinafter referred to as the Surveillance and Court Agreement.

(4)  Hereinafter referred to as Protocol 3.

(5)  Guidelines on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement and Article 1 of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, adopted and issued by the Authority on 19 January 1994, published in the Official Journal of the European Union (hereinafter referred to as OJ) L 231 and EEA Supplement No 32 of 3 September 1994. The Guidelines were last amended on 19 December 2007. Hereinafter referred to as the State Aid Guidelines. The updated version of the State Aid Guidelines is published on the Authority's website:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

(6)  Published in OJ C 139, 25.5.2006, p. 57 and EEA Supplements No 26 of 25 May 2006.

(7)  Not published yet. The non-confidential full text of the Decision will be available at:

www.eftasurv.int/fieldof work/fieldstateaid/stateaidregistry/

(8)  For more information on this aspect and the continuity of activities, see the Authority's Decision No 405/08/COL.

(9)  Translation of the Act available at the website of the Ministry of Finance.

(10)  Skýrsla starfshóps um innheimtu ábyrgðargjalds af skuldum Byggingarsjóðs ríkisins, Byggingarsjóðs verkamanna og Íbúðalánasjóðs.

(11)  Item 1.4 of Article 4 of the Supplementary Budget Act amending Article 7 of the Budget Act, which grants various permissions to the Minister of Finance provided as follows: ‘To abolish guarantee premiums pursuant to Article 6 of Act No 121/1997 on State Guarantees levied on the House Financing Fund until the entry into force of Act No 70/2000 which exempts the Fund from the payment of the premium.’.

(12)  The original Icelandic text is as follows: ‘Aðrar skuldbindingar Íbúðalánasjóðs eru hins vegar ekki undanþegnar gjaldskyldu þar sem ekki er lagt fé í varasjóð til að mæta útlánatöpum vegna lánveitinga á grundvelli þeirra.’.

(13)  Opinion of the Economic and Commerce Committee of Alþingi, the Authority's unofficial translation.

(14)  Case E-1/00 State Debt Management Agency [2000-2001] EFTA Court Report, p. 8.

(15)  It could be questioned whether a guarantee covering the totality of a company's financial obligations exists on the market. It might therefore be difficult to establish a market premium for the guarantee in the present case.

(16)  Joined Cases T-195/01 and T-207/01 Government of Gibraltar v Commission [2002] ECR II-2309, paragraph 111.

(17)  Hence, these changes are not dealt with in the context of Decision No 185/06/COL to open the formal investigation procedure, partly because the rules in the State Guarantees Act were only briefly discussed in that opening decision, partly because the Icelandic authorities, in the above-mentioned letter of 24 October 2007, did not answer in the affirmative that the aid questions pertaining to HFF's exemption from the premium should be dealt with within that procedure.

(18)  In any event, the argumentation of the Icelandic authorities builds on the premise that HFF was never subject to a premium de jure. In contrast, it would not be sufficient that HFF never actually paid the fee, and that the legal obligation to do so was later cancelled, as such cancelling of a debt would in itself constitute aid. As illustrated above under point I.2.3, the Authority is not convinced that this premise is fulfilled in the case at hand.

(19)  The Minister of Social Affairs was to determine the level of the interest margin having obtained the proposal of the State Housing Board. On the basis of that Article, the Minister decided by Regulation No 540/1993 of 28 December 1993, amending Regulation No 467/1991, to charge an interest margin of up to 0,25 %. By Regulation of 11 October 1994, the Minister raised the ceiling of the interest margin to 0,35 %.

(20)  See also, Case E-9/04 The Bankers' and Securities' Dealers Association of Iceland v the Authority, [2006] EFTA Court Report, page 42, paragraphs 80-81. Furthermore, in its recent Concluding Report on the Retail Banking Sector Inquiry (page 67) the Authority concluded that tying of different retail banking products is a common practice of financial institutions across EEA. In particular, in the above-mentioned report, the Authority underlined bundling of current accounts and other products such as mortgages or loans.

(21)  Case C-280/00 Altmark Trans GmbH [2003] ECR I-7747, paragraphs 89-93.

(22)  Case E-9/04 The Bankers' and Securities' Dealers Association of Iceland v the Authority, cited above, page 42, paragraph 79.

(23)  Case T-289/03 BUPA v Commission, judgment of 12 February 2008, not yet reported, paragraph 214.

(24)  Case T-289/03 BUPA v Commission, cited above, paragraph 241.

(25)  Case T-289/03 BUPA v Commission, cited above, paragraph 249.

(26)  See for example: Case 10/71 Muller [1971] ECR 723; Case 127/73 BRT [1974] ECR 313; Case 7/82 GVL [1983] ECR 483; Case C-393/92 Almelo [1994] ECR I-1520; Case C-266/96 Corsica Ferries [1998] ECR I-3949.

(27)  Communication from the Commission — Services of General Interest in Europe (OJ C 17, 19.1.2001, p. 7), see paragraph 14.

(28)  Case E-9/04, The Bankers' and Securities' Dealers Association of Iceland v the Authority, cited above, paragraph 67.

(29)  See Case C-242/95 GT-Link A/S [1997] ECR I-4449, paragraph 50; Case T-260/94 Air Inter [1997] ECR II-147, paragraph 135; Case C-159/94 Commission v France [1997] ECR I-5815, paragraph 53.

(30)  See in this context for example: Services of General Interest, cited above, paragraph 22; Case T-106/95 FFSA [1997] ECR II-229, paragraph 192. As stated by Advocate General Léger in his opinion in Case C-438/02 Krister Hanner [2005] ECR I-4551, paragraph 139: ‘… it falls to the Member States to define the content of their services of general economic interest and, in so doing, they enjoy considerable leeway since the Court and the Commission will intervene only in order to penalise manifest errors of assessment’.

(31)  Case E-4/97 Norwegian Bankers' Association v the Authority, [1998] EFTA Court Report page 38, paragraph 47.

(32)  Case E-9/04 The Bankers' and Securities' Dealers Association of Iceland v the Authority, cited above, paragraph 68.

(33)  Case E-9/04 The Bankers' and Securities' Dealers Association of Iceland v the Authority, cited above, paragraph 71.

(34)  Case E-9/04 The Bankers' and Securities' Dealers Association of Iceland v the Authority, cited above, paragraph 73.

(35)  Case E-9/04 The Bankers' and Securities' Dealers Association of Iceland v the Authority, cited above, paragraphs 76 to 79.

(36)  Case E-9/04 The Bankers' and Securities' Dealers Association of Iceland v the Authority, cited above, paragraph 71.

(37)  Case E-9/04 The Bankers' and Securities' Dealers Association of Iceland v the Authority, cited above, paragraph 74.

(38)  See e.g.

http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2006/04/27/samdrattur_i_ibudalanum_bankanna/ and

http://www.mbl.is/mm/vidskipti/frettir/2008/05/26/verulegur_samdrattur_i_ibudalanum_bankanna/

(39)  Case E-9/04 The Bankers' and Securities' Dealers Association of Iceland v the Authority, cited above, paragraph 77.

(40)  Decision of 3 July 2001 in State aid N 209/01 — Ireland — Guarantee for borrowings of the Housing Finance Agency, SG(2001) D/289528. The Commission has also dealt with two Swedish schemes regarding social housing which it considered compatible aid on the basis of Article 87(3)(c) of the EC Treaty. In the first case (Commission Decision of 24 June 2003 in State aid N 40/03 — Sweden — Measures to promote certain house building, C(2003) 1762 fin) a State support in the form of a VAT tax exemption was granted to constructions in certain areas of Stockholm, Gothenburg and Malmö. The scheme was restricted to rented dwellings measuring up to 70 m2 and student accommodation at college and university sites with a maximum size of 25 m2 with additional ceilings on the aid level per dwelling. The rent for both types of dwellings was regulated. In the second case (Commission Decision of 7 March 2007 in State aid N 798/06 — Sweden — Support for construction of special housing for elderly people, C(2007) 652 fin) the scheme was targeted to benefit elderly people who were not able to continue living independently. The scheme provided direct grant support to special housing for elderly. According to the conditions of the scheme, the size of the apartment could not exceed 35 m2 per one-person apartment and 50 m2 per two-persons apartment with additional support to 15-20 m2 for common space (used for example for meals, hobbies, group activities). The maximum aid intensity was 10 % of actual construction costs.

(41)  Letter dated 14 July 2005 from DG Competition to the Dutch authorities, 0/55413.

(42)  See for example the differentiation of ceiling for the level of aid per dwelling according to the area in the Swedish Case N 40/03, referred to above.

(43)  See similar Case E-4/97 Norwegian Bankers' Association v the Authority, cited above, paragraph 70.

(44)  Case E-9/04 The Bankers' and Securities' Dealers Association of Iceland v the Authority, cited above, paragraph 81.

(45)  Article of Regulation No 458/1999, as amended, provides for the following categories: ‘1. Loans for the construction or purchase of day-care institutions, service centres, homes and apartments specially designed for the needs of the elderly; 2. Loans for the construction or purchase of communal housing for the disabled; 3. Special loansloans to those with special needs; 4. Maintenance loans; 5. Loans for major outdoor maintenance of redeemed apartments; 6. Loans or grants for technical innovations and other reforms in the construction industry; 7. Loans for rental housing; 8. Loans for the construction or purchase of homes and day-care institutions for children and young people.’.

(46)  Case C-5/89 Commission v Germany [1990] ECR I-3437, paragraph 14; Case C-169/95 Spain v Commission [1997] ECR I-135, paragraph 51.


19.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 64/37


El Órgano de Vigilancia de la AELC ha decidido no formular objeciones contra la medida notificada

(2009/C 64/10)

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC relativa a la supuesta ayuda estatal concedida por el municipio de Tromsø a Sommarøy Arctic Hotel A/S en relación con la venta prevista de la propiedad conocida como «Hillesøyfyllinga» [número de propiedad: 189/196].

El Órgano de Vigilancia de la AELC considera que no se ha concedido ninguna ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE a Sommarøy Arctic Hotel A/S en relación a la venta prevista de la propiedad.

Fecha de adopción:

1 de octubre de 2008

Estado AELC:

Noruega

Asunto no:

62527

Título:

Venta de la propiedad en Tromsø

Objetivo:

No procede

Base jurídica:

No procede

Duración:

No procede

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


19.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 64/38


Información comunicada por los Estados AELC relativa a la ayuda estatal concedida con arreglo a la ley citada en el punto 1 f del anexo XV del Acuerdo EEE [Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas]

(2009/C 64/11)

Ayuda no

Ayuda a PYME 1/08

Estado de la AELC

Noruega

Región

Todas las regiones

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual

Régimen de bioenergía

Base jurídica

Acuerdo agrícola anual, Presupuesto del Estado, carta anual de asignación del Real Ministerio de Alimentación y Agricultura.

Gasto anual previsto en virtud del régimen o importe total de la ayuda individual concedida a la empresa beneficiaria

Régimen de ayudas

Importe anual global

Cerca del 15 % del presupuesto anual total de 4,3 millones EUR

Préstamos garantizados

Ayuda individual

Importe global de la ayuda

Préstamos garantizados

Intensidad máxima de la ayuda

De conformidad con el artículo 4, apartados 2-6, y el artículo 5 del Reglamento

Fecha de ejecución

1 de enero de 2008

Duración del régimen o de la ayuda individual concedida

Hasta el 31 de diciembre de 2014

Objetivo de la ayuda

Apoyo a PYME

Sectores económicos afectados

Todos los sectores que pueden optar a ayudas a las PYME

Ayudas limitadas a sectores específicos

Minería del carbón

Todos los sectores de fabricación

o

Acero

Construcción naval

Fibras sintéticas

Vehículos de motor

Otras industrias manufactureras

Todos los servicios

o

Servicios de transporte

Servicios financieros

Otros servicios

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

Ministerio de Agricultura y Silvicultura

Postbox 8007

0030 Oslo

NORUEGA

Ayudas individuales de elevado importe

De conformidad con el artículo 6 del Reglamento


V Anuncios

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Comisión

19.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 64/39


Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint Undertaking

(2009/C 64/12)

Por el presente anuncio se comunica la puesta en marcha de una convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint Undertaking.

Se invita a presentar propuestas para la convocatoria siguiente: ENIAC-2009-1.

La documentación correspondiente, que incluye presupuestos y plazos, figura en el texto de la convocatoria, que ha sido publicado en el sitio web siguiente: http://eniac.eu


PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión

19.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 64/40


Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto COMP/M.5347 — Mapfre/Salvador Caetano/JVS)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2009/C 64/13)

1.

El 11 de marzo de 2009, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas Mapfre S.A («Mapfre», España) y Grupo Salvador Caetano SGPS, S.A. («Salvador Caetano», Portugal) adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del citado Reglamento, de las empresas Choice Car-Comércio de Automóveis, S.A («Choice Car», Portugal), Finlog-Aluguer e Comércio de Automóveis, S.A. («Finlog», Portugal), Guerin-Rent-A-Car (Dois), Lda («Guerin», Portugal), and Luso Assistência — Gestâo de Acidentes, S.A. («Luso», Portugal), actualmente propiedad de Salvador Caetano, mediante adquisición de acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

Mapfre: grupo de empresas que suministran principalmente productos de seguro, incluidos los seguros de automóviles a nivel mundial,

Salvador Caetano: grupo de empresas activas en el sector de la venta de automóviles y servicios de reparación en España y Portugal,

Choice Car: venta de automóviles en Portugal,

Finlog: servicios de gestión de flotas en Portugal,

Guerin: alquiler de automóviles en Portugal,

Luso: servicios auxiliares en el ámbito de la gestión de accidentes de automóvil en Portugal.

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 2964301 o 2967244) o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.5347 — Mapfre/Salvador Caetano/JVS, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

1049 Bruselas

BELGIQUE/BELGIË


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.


19.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 64/41


Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto COMP/M.5477 — Votorantim/Aracruz)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2009/C 64/14)

1.

El 12 de marzo de 2009, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa Grupo Votorantim («Votorantim», Brasil) adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del citado Reglamento, de la totalidad de Aracruz Celulosa S.A. («Aracruz», Brasil), actualmente controlada conjuntamente por el Grupo Votorantim, Arapar y Arainvest, mediante adquisición de acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

Votorantim Grupo: cemento y hormigón, minería y metalurgia (aluminio, acero, níquel y zinc), pulpa y papel, zumo de naranja concentrado, mercados especializados del sector químico, generación de energía eléctrica y actividades en el sector financiero,

Aracruz: producción de pulpa y papel.

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301 o 2967244) o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.5477 — Votorantim/Aracruz, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

1049 Bruselas

BELGIQUE/BELGIË


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.