10.2.2009

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 33/1

POSICIÓN COMÚN (CE) N o 1/2009

aprobada por el Consejo el 17 de diciembre de 2008

con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social y se determina el contenido de sus anexos

(Texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza)

(2009/C 33 E/01)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus artículos 42 y 308,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1)	El Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (3), dispone que el contenido de sus anexos II, X y XI ha de determinarse antes de su fecha de aplicación.

(2)

Procede adaptar los anexos I, III, IV, VI, VII, VIII y IX del Reglamento (CE) no 883/2004 para tener en cuenta tanto las necesidades de los Estados miembros que han ingresado en la Unión Europea después de la adopción del Reglamento como los últimos acontecimientos acaecidos en otros Estados miembros.

(3)

El artículo 56, apartado 1, y el artículo 83 del Reglamento (CE) no 883/2004 disponen que en el anexo XI de ese Reglamento figuren disposiciones especiales relativas a la aplicación de la legislación de determinados Estados miembros. El propósito del anexo XI es tener en cuenta las particularidades de los diversos sistemas de seguridad social de los Estados miembros a fin de facilitar la aplicación de las normas de coordinación. Varios Estados miembros han pedido que se incluyan en este anexo textos relativos a la aplicación de su normativa de seguridad social y han facilitado a la Comisión explicaciones jurídicas y prácticas sobre sus normativas y sistemas.

(4)	De conformidad con la necesidad de racionalización y simplificación, se requiere un enfoque común para garantizar que los textos relativos a diferentes Estados miembros que presenten características similares o persigan el mismo objetivo se presenten, en principio, de modo similar.

(5)

Dado que el objetivo del Reglamento (CE) no 883/2004 es coordinar una legislación de seguridad social cuyos únicos responsables son los Estados miembros, no deben incluirse en dicho Reglamento los textos que no sean compatibles con su propósito o sus objetivos y aquéllos cuya única finalidad sea clarificar la interpretación de la normativa nacional.

(6)

Algunas solicitudes se referían a aspectos comunes a varios Estados miembros. Por lo tanto, procede abordarlas a un nivel más general, bien mediante una aclaración en el texto del Reglamento (CE) no 883/2004 o en alguno de sus anexos, que por tanto debe ser modificado en consecuencia, bien por una disposición del Reglamento de aplicación contemplado en el artículo 89 del Reglamento (CE) no 883/2004 antes que incorporando en su anexo XI disposiciones similares para distintos Estados miembros.

(7)

El artículo 28 del Reglamento (CE) no 883/2004 debe modificarse a fin de aclarar y ampliar su ámbito de aplicación y asegurarse de que los miembros de la familia de antiguos trabajadores fronterizos también pueden acogerse, después de la jubilación del asegurado, a la posibilidad de continuar un tratamiento médico en el país donde aquél ejerció su actividad, a menos que el Estado miembro en el que el trabajador fronterizo ejerció su actividad en último lugar figure en la lista del anexo III.

(8)	Asimismo, para mantener la coherencia de los anexos del Reglamento (CE) no 883/2004, es más procedente tratar determinados aspectos específicos en otros anexos de dicho Reglamento, según su finalidad y contenido, que incluirlos en su anexo XI.

(9)

Algunos puntos relativos a los Estados miembros que figuran en el anexo VI del Reglamento (CEE) no 1408/71 están ahora cubiertos por algunas disposiciones generales del Reglamento (CE) no 883/2004. Por consiguiente, varios puntos que figuraban en el anexo VI del Reglamento (CEE) no 1408/71 son ahora superfluos.

(10)

Para facilitar el uso del Reglamento (CE) no 883/2004 a los ciudadanos que pidan información o hagan reclamaciones a las instituciones de los Estados miembros, las referencias a la legislación de los Estados miembros en cuestión también deben presentarse en la lengua original, cuando proceda, para evitar posibles malentendidos.

(11)	Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 883/2004 en consecuencia.

(12)	El Reglamento (CE) no 883/2004 dispone que será aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor de su Reglamento de aplicación. El presente Reglamento debe, por tanto, aplicarse a partir de la misma fecha.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) no 883/2004 queda modificado como sigue:

El considerando siguiente se inserta después del considerando 17:

«(17 bis)

Una vez que la legislación de un Estado miembro pasa a ser aplicable a una persona en virtud del título II del presente Reglamento, las condiciones de afiliación y derecho a prestaciones deberán quedar definidas en la legislación del Estado miembro competente, respetando el Derecho comunitario.».

El considerando siguiente se inserta después del considerando 18:

«(18 bis)

El principio de única legislación aplicable reviste gran importancia y debería ampliarse. Ello no debería significar, sin embargo, que por la mera concesión de una prestación, conforme con el presente Reglamento y que conlleve el pago de cotizaciones de seguro o la cobertura de seguro para el beneficiario, sea aplicable a dicha persona la legislación del Estado miembro al que pertenezca la institución que haya concedido la citada prestación.».

En el artículo 1, se inserta el punto siguiente:

«v bis)

“prestaciones en especie”:

a efectos del título III, capítulo I (prestaciones de enfermedad, de maternidad y de paternidad asimiladas), las definidas o admitidas como tales por la legislación que aplique el Estado miembro y que estén destinadas a proveer, facilitar, abonar directamente o reembolsar los costes de la atención sanitaria y de los productos y servicios accesorios de dicha atención. Esto incluye las prestaciones en especie de atención de larga duración.

ii)

a efectos del título III, capítulo II (Prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), se entenderán por prestaciones en especie todas las prestaciones en especie por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tal como se definen en el inciso i) y se contemplan en los regímenes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los Estados miembros.».

En el artículo 3, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. El presente Reglamento no se aplicará:

a)	a la asistencia social y médica, ni

a las prestaciones respecto a las cuales un Estado miembro asuma la responsabilidad de los daños causados a las personas y prevea una compensación, tales como las concedidas a las víctimas de guerra y de acciones militares o de sus consecuencias; las víctimas de delitos, asesinato o actos terroristas; las víctimas de daños ocasionados por agentes del Estado miembro en el ejercicio de sus funciones; o las víctimas que se hayan visto perjudicadas por razones políticas o religiosas o debido a su origen.».

En el artículo 14, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Cuando la legislación de un Estado miembro supedite el derecho al seguro voluntario o facultativo continuado a la residencia en dicho Estado miembro o a una actividad previa como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, la letra b) del artículo 5 únicamente se aplicará a las personas que en un momento cualquiera en el pasado hayan estado sujetas a la legislación de ese Estado miembro por haber ejercido una actividad por cuenta ajena o propia.».

6)	En el artículo 15, el término «agentes auxiliares» se sustituye por «agentes contractuales».

En el artículo 18, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Los miembros de la familia de un trabajador fronterizo tendrán derecho a las prestaciones en especie durante su estancia en el Estado miembro competente.

Sin embargo, cuando el Estado miembro competente figure en el anexo III, los miembros de la familia de un trabajador fronterizo que residan en el mismo Estado miembro que éste sólo tendrán derecho a las prestaciones en especie en el Estado miembro competente en las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 19.

La lista que figura en el anexo III se revisará a más tardar el … (4) basándose en un informe de la Comisión Administrativa. A la vista de este informe, la Comisión Europea podrá presentar, si fuese necesario, una propuesta para revisar la lista.»

En el artículo 28, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. El trabajador fronterizo jubilado por vejez o invalidez tendrá derecho en caso de enfermedad a seguir recibiendo prestaciones en especie en el Estado miembro en el que ejerció su última actividad como trabajador por cuenta ajena o propia, siempre y cuando dichas prestaciones sean continuación de un tratamiento iniciado en dicho Estado miembro. Por “continuación del tratamiento” se entiende la continuación de las pruebas, el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad hasta que finalice.

El párrafo primero se aplicará mutatis mutandis a los miembros de la familia del antiguo trabajador fronterizo, salvo cuando el Estado miembro en que aquél ejerció su última actividad figure en la lista del anexo III.

En el artículo 36, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Sin perjuicio de las disposiciones más favorables previstas en los apartados 2 y 2 bis del presente artículo, el artículo 17, el apartado 1 del artículo 18, el apartado 1 del artículo 19 y el apartado 1 del artículo 20 se aplicarán asimismo a las prestaciones por accidente de trabajo y por enfermedad profesional.».

10)

En el artículo 36, se inserta el apartado siguiente:

«2 bis. La institución competente no podrá denegar la autorización prevista en el artículo 20, apartado 1, al trabajador por cuenta ajena o propia víctima de accidente de trabajo o de enfermedad profesional que disfrute de las prestaciones a cargo de esa institución cuando el tratamiento oportuno para su estado no pueda serle dispensado en el Estado miembro en el que reside en un plazo justificable desde el punto de vista médico, teniendo en cuenta su estado de salud en ese momento y la evolución probable de su enfermedad.».

11)

En el artículo 51, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. En caso de que un Estado miembro supedite, en su legislación o en un régimen especial, la adquisición, conservación o recuperación del derecho a prestaciones a que el interesado esté asegurado en el momento de la materialización del riesgo esta condición se considerará satisfecha si la persona ha estado anteriormente asegurada conforme a la legislación o al régimen especial de dicho Estado miembro y está, en el momento de la materialización del riesgo, asegurada contra el mismo riesgo de conformidad con la legislación de otro Estado miembro o, de no estarlo, si se le adeuda una prestación por el mismo riesgo con arreglo a la legislación de otro Estado miembro. No obstante, se considerará cumplida esta última condición en los casos considerados en el artículo 57.».

12)

En el artículo 52, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Cuando el cálculo efectuado con arreglo a la letra a) del apartado 1 en un Estado miembro produzca siempre como resultado que la prestación nacional sea igual o superior a la prestación prorrateada, calculada de conformidad con la letra b) del apartado 1, la institución competente no efectuará el cálculo prorrateado, siempre que concurran las condiciones siguientes:

i)	que tales situaciones se expongan en el anexo VIII, parte 1;

ii)	que no sea aplicable ninguna legislación que contenga normas para impedir la acumulación, conforme a los artículos 54 y 55, a menos que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 55, apartado 2; y

iii)	que el artículo 57 no sea aplicable en las circunstancias específicas del caso en lo que se refiere a los periodos cumplidos en virtud de la legislación de otro Estado miembro.».

13)

Se añade el siguiente apartado en el artículo 52:

«5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, el cálculo prorrateado no se aplicará a los regímenes que prevean prestaciones para cuyo cálculo no se tengan en cuenta periodos de tiempo, a condición de que dichos regímenes figuren en el anexo VIII, parte 2. En tales casos, el interesado tendrá derecho a la prestación calculada de conformidad con la legislación del Estado miembro de que se trate.».

14)	En el artículo 56, apartado 1, letra c), se insertan los términos «en caso necesario» antes de los términos «de acuerdo con los procedimientos establecidos en el anexo XI».

15)

En el artículo 56, se añade la siguiente letra en el apartado 1:

«d)

En el caso de que la letra c) no sea aplicable porque la legislación de un Estado miembro disponga que la prestación debe calcularse sobre la base de elementos diferentes de los periodos de seguro o de residencia y no ligados al tiempo, la institución competente deberá computar, respecto de cada periodo de seguro o de residencia cumplido con arreglo a la legislación de cualquier otro Estado miembro, el importe del capital acumulado, el capital que se considera acumulado y cualquier otro elemento de cálculo previsto en la legislación que aplique la institución, dividido por las correspondientes unidades de periodos en el régimen de pensiones de que se trate.».

16)	En el artículo 57 se añade el apartado siguiente: «4. El presente artículo no se aplicará a los regímenes enumerados en el anexo VIII, parte 2.».

17)	En el artículo 62, apartado 3, el término «trabajadores fronterizos» se sustituye por «desempleados».

18)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 68 bis

Abono de prestaciones

En el caso de que la persona a la que deben abonarse las prestaciones familiares no las destine al mantenimiento de los miembros de la familia, la institución competente abonará dichas prestaciones, con efecto liberatorio, a la persona física o jurídica que tenga efectivamente a su cargo los miembros de la familia, a instancia y por mediación de la agencia o institución en su Estado miembro de residencia o de la institución o el organismo que designe a tal fin la autoridad competente del Estado miembro donde residan.».

19)

El artículo 87 se modifica como sigue:

el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:

«8. Si, en virtud del presente Reglamento, fuese aplicable a una persona la legislación de un Estado miembro distinta de la determinada en virtud del título II del Reglamento (CEE) no 1408/71, se seguirá aplicando a dicha persona esta última legislación tanto tiempo como se mantenga la situación que haya prevalecido, en cualquier caso por un periodo máximo de diez años a partir de la aplicación del presente Reglamento, salvo en caso de que el interesado presente una solicitud para que se le aplique la legislación determinada en virtud del presente Reglamento. Si se presenta la solicitud en un plazo de tres meses a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento ante la institución competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable en virtud del presente Reglamento, se le aplicará dicha legislación a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Si se presenta la solicitud tras la expiración de dicho plazo, se le aplicará dicha legislación a partir del primer día del mes siguiente.».

b)	se inserta el apartado siguiente: «10 bis. Las rúbricas en el anexo III correspondientes a Estonia, España, Italia, Lituania, Hungría y los Países Bajos dejarán de tener efecto 4 años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento.».

20)	Los anexos quedan modificados de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento de aplicación que figura en el artículo 89 del Reglamento (CE) no 883/2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en …

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

…

Por el Consejo

El Presidente

…

(1) DO C 161 de 13.7.2007, p. 61.

(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 9 de julio de 2008 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 17 de diciembre de 2008 y Posición del Parlamento Europeo de … (no publicada aún en el Diario Oficial).

(3) DO L 166 de 30.4.2004, p. 1. Versión corregida en el DO L 200 de 7.6.2004, p. 1.

(4) 5 años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento.

ANEXO

Modificaciones de los Anexos del Reglamento (CE) no 883/2004

El anexo I queda modificado como sigue:

En la parte I (Anticipos de pensiones alimenticias):

a)	La rúbrica «A. BÉLGICA» se sustituye por «BÉLGICA»;

b)	Tras el texto correspondiente a la rúbrica «BÉLGICA» se inserta la rúbrica siguiente con su texto correspondiente: «BULGARIA Pensiones alimenticias pagadas por el Estado con arreglo al artículo 92 del Código de las familias»;

c)	Las rúbricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANIA» se sustituyen por «DINAMARCA» y «ALEMANIA», respectivamente;

Tras el texto correspondiente a la rúbrica titulada «ALEMANIA» se insertan las rúbricas siguientes con sus textos correspondientes:

«ESTONIA

Asignaciones alimenticias con arreglo a la Ley de Asignaciones alimenticias de 21 de febrero de 2007»;

«ESPAÑA

Anticipos del pago de alimentos con arreglo al Real Decreto 1618/2007 de 7 de diciembre de 2007.»;

e)	La rúbrica «D. FRANCIA» se sustituye por «FRANCIA»;

Tras el texto correspondiente a la rúbrica «FRANCIA» se insertan las rúbricas siguientes con sus textos correspondientes:

«LITUANIA

Pagos del Fondo de Pago de Alimentos para la infancia con arreglo a la Ley sobre el Fondo de Pago de Alimentos para la infancia»;

«LUXEMBURGO

Anticipos y cobro de pensiones alimenticias conforme a lo dispuesto en la Ley de 26 de julio de 1980»;

g)	La rúbrica «E. AUSTRIA» se sustituye por «AUSTRIA»;

h)	Tras el texto correspondiente a la rúbrica «AUSTRIA» se inserta la rúbrica siguiente con su texto correspondiente: «POLONIA Prestaciones del Fondo de pago de alimentos con arreglo a la Ley de Asistencia a los titulares de derechos de alimentos»;

i)	La rúbrica «F. PORTUGAL» se sustituye por «PORTUGAL»;

Tras el texto correspondiente a la rúbrica «PORTUGAL» se insertan las rúbricas siguientes con sus textos correspondientes:

«ESLOVENIA

Subsidio sustitutorio de la pensión alimenticia con arreglo a la Ley sobre el Fondo de garantía pública y pensiones alimenticias de la República de Eslovenia, de 25 de julio de 2006

ESLOVAQUIA

Prestación alimenticia sustitutoria (pago sustitutorio de la pensión alimenticia) con arreglo a la Ley no 452/2004 Coll. sobre la prestación alimenticia sustitutoria, modificada por normativa posterior»;

k)	Las rúbricas «G. FINLANDIA» y «H. SUECIA» se sustituyen por «FINLANDIA» y «SUECIA», respectivamente.

En la parte II (subsidios especiales de natalidad y adopción):

a)	La rúbrica «A. BÉLGICA» se sustituye por «BÉLGICA».

Tras el texto correspondiente a la rúbrica «BÉLGICA» se insertan las rúbricas siguientes con sus textos correspondientes:

«BULGARIA

Subsidio de maternidad a tanto alzado (Ley de subsidios familiares por hijos)

REPÚBLICA CHECA

Subsidio de natalidad

ESTONIA

a)	Subsidio de natalidad

b)	Subsidio de adopción»;

c)	Las rúbricas «B. ESPAÑA» y «C. FRANCIA» se sustituyen por «ESPAÑA» y «FRANCIA», respectivamente;

d)	La rúbrica «ESPAÑA» se sustituye por la rúbrica siguiente con su texto correspondiente: «ESPAÑA Asignaciones económicas de pago único por nacimiento o adopción»;

e)	Tras el texto correspondiente a la rúbrica «FRANCIA» se añade el texto siguiente: «…, salvo cuando se paguen a una persona que sigue estando sujeta a la legislación francesa con arreglo al artículo 12 o al artículo 16»;

Tras el texto correspondiente a la rúbrica «FRANCIA» se insertan las rúbricas siguientes con sus textos correspondientes:

«LETONIA

a)	Asignación de natalidad

b)	Subsidio de adopción

LITUANIA

Asignación por hijo a tanto alzado»;

g)	La rúbrica «D. LUXEMBURGO» se sustituye por «LUXEMBURGO»;

Tras el texto correspondiente a la rúbrica «LUXEMBURGO» se insertan las rúbricas siguientes con sus textos correspondientes:

«HUNGRÍA

Asignación por maternidad

POLONIA

Subsidio único de natalidad (Ley sobre prestaciones familiares)

RUMANÍA

a)	Subsidio de natalidad

b)	Canastilla para recién nacidos

ESLOVENIA

Asignación de natalidad

ESLOVAQUIA

a)	Subsidio de natalidad

b)	Suplemento del subsidio de adopción»;

i)	La rúbrica «E. FINLANDIA» se sustituye por «FINLANDIA».

El anexo II se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO II

DISPOSICIONES DE LOS CONVENIOS QUE SE MANTIENEN EN VIGOR, EN SU CASO, RESTRINGIDAS A LAS PERSONAS CUBIERTAS POR DICHAS DISPOSICIONES (Artículo 8, apartado 1)

Observaciones generales

Ha de tenerse en cuenta que las disposiciones de convenios bilaterales que no inciden en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y se mantienen en vigor entre Estados miembros no figuran en el presente anexo. Esto incluye las obligaciones entre Estados miembros derivadas de convenios que contemplan, por ejemplo, disposiciones relativas a la totalización de períodos de seguro cumplidos en un tercer país.

Disposiciones de convenios de seguridad social que permanecen aplicables

BÉLGICA-ALEMANIA

Artículos 3 y 4 del Protocolo Final de 7 de diciembre de 1957 del Convenio General de la misma fecha, en la redacción que figura en el Protocolo Complementario de 10 de noviembre de 1960 (reconocimiento de los períodos de seguro completados en algunas regiones fronterizas antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial).

BÉLGICA-LUXEMBURGO

Convenio, de 24 de marzo de 1994, sobre la seguridad social de los trabajadores fronterizos (en relación con el reembolso complementario a tanto alzado).

BULGARIA-ALEMANIA

Artículo 28, apartado 1, letra b), del Convenio de seguridad social de 17 de diciembre de 1997 (mantenimiento de convenios celebrados por Bulgaria y la antigua República Democrática Alemana para aquellas personas que ya recibían una pensión antes de 1996).

BULGARIA-AUSTRIA

Artículo 38, apartado 3, del Convenio de seguridad social de 14 de abril de 2005 (reconocimiento de los períodos de seguro completados con anterioridad al 27 de noviembre de 1961); la aplicación de esta disposición sigue limitada a los beneficiarios cubiertos por dicho Convenio.

BULGARIA-ESLOVENIA

Artículo 32, apartado 2, del Convenio de seguridad social de 18 de diciembre de 1957 (reconocimiento de los períodos de seguro completados con anterioridad al 31 de diciembre de 1957).

REPÚBLICA CHECA-ALEMANIA

Artículo 39, apartado 1, letras b) y c), del Convenio de seguridad social de 27 de julio de 2001 (mantenimiento del convenio celebrado por la antigua República Checoslovaca y la antigua República Democrática Alemana para aquellas personas que ya recibían una pensión antes de 1996; reconocimiento de los períodos de seguro completados en uno de los Estados contratantes a las personas que, a 1 de septiembre de 2002, ya recibían una pensión por dichos períodos del otro Estado contratante, mientras que residían en su territorio.

REPÚBLICA CHECA-CHIPRE

Artículo 32, apartado 4, del Acuerdo de seguridad social de 19 de enero de 1999 (que determina la competencia para el cálculo de los períodos de empleo completados en virtud del correspondiente Convenio de 1976); la aplicación de esta disposición sigue limitada a sus beneficiarios.

REPÚBLICA CHECA-LUXEMBURGO

Artículo 52, apartado 8, del Acuerdo de seguridad social de 17 de noviembre de 2000 (reconocimiento de períodos de seguro de pensión a refugiados políticos).

REPÚBLICA CHECA -AUSTRIA

Artículo 32, apartado 3, del Convenio de seguridad social de 20 de julio de 1999 (reconocimiento de los períodos de seguro completados con anterioridad al 27 de noviembre de 1961); la aplicación de esta disposición sigue limitada a sus beneficiarios.

REPÚBLICA CHECA-ESLOVAQUIA

Artículos 12, 20 y 33 del Convenio de seguridad social de 29 de octubre de 1992 (el artículo 12 determina la competencia para la concesión de prestaciones de supervivencia; el artículo 20 determina la competencia para el cálculo de los períodos de seguro completados hasta la fecha de la disolución de la República Federal Checoslovaca; el artículo 33 determina la competencia para el pago de las pensiones concedidas con anterioridad a la fecha de la disolución de la República Federal Checoslovaca).

DINAMARCA-FINLANDIA

Artículo 7 del Convenio Nórdico sobre seguridad social de 18 de agosto de 2003 (relativo al abono de gastos de viaje extraordinarios en caso de enfermedad durante la estancia en otro país nórdico que incremente los costes del viaje de regreso al país de residencia).

DINAMARCA-SUECIA

ALEMANIA-ESPAÑA

Artículo 45, apartado 2, del Convenio de seguridad social de 4 de diciembre de 1973 (representación por autoridades diplomáticas y consulares).

ALEMANIA-FRANCIA

a)	Acuerdo Complementario no 4, de 10 de julio de 1950, del Convenio General de la misma fecha, en la redacción que figura en el Apéndice no 2, de 18 de junio de 1955 (reconocimiento de los períodos de seguro completados entre el 1 de julio de 1940 y el 30 de junio de 1950).

b)	Título I del citado Apéndice no 2 (reconocimiento de los períodos de seguro completados antes del 8 de mayo de 1945).

c)	Puntos 6, 7 y 8 del Protocolo General de 10 de julio de 1950 del Convenio general de la misma fecha (disposiciones administrativas).

d)	Títulos II, III y IV del Acuerdo de 20 de diciembre de 1963 (seguridad social en el Estado federado de Sarre).

ALEMANIA-LUXEMBURGO

Artículos 4, 5, 6 y 7 del Convenio de 11 de julio de 1959 (reconocimiento de los períodos de seguro completados entre septiembre de 1940 y junio de 1946).

ALEMANIA-HUNGRÍA

Artículo 40, apartado 1, letra b), del Convenio de seguridad social de 2 de mayo de 1998 (mantenimiento del Convenio celebrado por la antigua República Democrática Alemana y la República de Hungría para aquellas personas que ya recibían una pensión antes de 1996).

ALEMANIA-PAÍSES BAJOS

Artículos 2 y 3 del Acuerdo Complementario no 4 de 21 de diciembre de 1956 del Convenio de 29 de marzo de 1951 (regulación de los derechos adquiridos conforme al régimen alemán de seguridad social por los trabajadores neerlandeses entre el 13 de mayo de 1940 y el 1 de septiembre de 1945).

ALEMANIA-AUSTRIA

El artículo 1, apartado 5, y el artículo 8 del Convenio sobre seguro de desempleo de 19 de julio de 1978 y el artículo 10 del Protocolo Final de dicho Convenio (concesión de prestaciones por desempleo a los trabajadores fronterizos por el anterior Estado de empleo) seguirán aplicándose a las personas que hayan ejercido alguna actividad como trabajadores fronterizos a 1 de enero de 2005 o con anterioridad a esta fecha y pasen a ser desempleados antes del 1 de enero de 2011.

Artículo 14, apartado 2, letras g), h), i) y j), del Convenio de seguridad social de 4 de octubre de 1995 (determinación de competencias entre ambos países en lo que respecta a contingencias sobrevenidas en el pasado y períodos de seguro adquiridos); la aplicación de esta disposición sigue limitada a sus beneficiarios.

ALEMANIA-POLONIA

Convenio de 9 de octubre de 1975 sobre prestaciones por vejez y accidente laboral, con arreglo a las condiciones y al ámbito de aplicación establecidos en el artículo 27, apartados 2 a 4, del Convenio de seguridad social de 8 de diciembre de 1990 (mantenimiento del estatuto jurídico, fundamentado en el Convenio de 1975, de aquellas personas que habían establecido su residencia en el territorio de Alemania o Polonia antes del 1 de enero de 1991 y que siguen residiendo en el mismo lugar;

Artículo 27, apartado 5 y artículo 28, apartado 2, del Convenio de seguridad social de 8 de diciembre de 1990 (mantenimiento del derecho al pago de pensión en virtud del Convenio de 1957 celebrado por la antigua República Democrática Alemana y Polonia; reconocimiento de los períodos de seguro completados por asalariados polacos en virtud del Convenio de 1957 celebrado por la antigua República Democrática Alemana y Polonia).

ALEMANIA-RUMANÍA

Artículo 28, apartado 1, letra b), del Convenio de seguridad social de 8 de abril de 2005 (mantenimiento del Convenio celebrado por la antigua República Democrática Alemana y Rumanía para aquellas personas que ya recibían una pensión antes de 1996).

ALEMANIA-ESLOVENIA

Artículo 42 del Convenio de seguridad social de 24 de septiembre de 1997 (regulación de los derechos adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 1956 conforme al régimen de seguridad del otro Estado contratante); la aplicación de esta disposición sigue limitada a sus beneficiarios.

ALEMANIA-ESLOVAQUIA

Artículo 29, apartado 1, párrafos segundo y tercero, del Acuerdo de 12 de septiembre de 2002 (mantenimiento del Convenio celebrado por la antigua República Checoslovaca y la antigua República Democrática Alemana para aquellas personas que ya recibían una pensión antes de 1996; reconocimiento de los períodos de seguro completados en uno de los Estados contratantes a las personas que, a 1 de diciembre de 2003, ya recibían una pensión por dichos períodos del otro Estado contratante, mientras que residían en su territorio.

ALEMANIA-REINO UNIDO

a)	Artículo 7, apartados 5 y 6, del Convenio de seguridad social de 20 de abril de 1960 (legislación aplicable al personal civil al servicio de las fuerzas armadas);

b)	Artículo 5, apartados 5 y 6, del Convenio sobre seguro de desempleo de 20 de abril de 1960 (legislación aplicable al personal civil al servicio de las fuerzas armadas).

IRLANDA-REINO UNIDO

Artículo 19, apartado 2, del Acuerdo de seguridad social de 14 de diciembre de 2004 (relativo a la transferencia y el reconocimiento de determinadas prestaciones por discapacidad).

ESPAÑA-PORTUGAL

Artículo 22 del Convenio General de 11 de junio de 1969 (exportación de prestaciones de desempleo). Esta rúbrica seguirá en vigor durante los dos años siguientes a la fecha de aplicación del presente Reglamento.

ITALIA-ESLOVENIA

Acuerdo por el que se regulan las obligaciones mutuas en materia de seguridad social en remisión al apartado 7 del anexo XIV del Tratado de Paz, celebrado mediante canje de notas el 5 de febrero de 1959 (reconocimiento de los períodos de seguro completados con anterioridad al 18 de diciembre de 1954); la aplicación de esta disposición sigue limitada a los beneficiarios cubiertos por dicho Acuerdo.

Artículo 45, apartado 3, del Convenio de seguridad social de 7 de julio de 1997 sobre la ex zona B del Territorio Libre de Trieste (reconocimiento de los períodos de seguro completados con anterioridad al 5 de octubre de 1956); la aplicación de esta disposición sigue limitada a los beneficiarios cubiertos por dicho Convenio.

LUXEMBURGO-PORTUGAL

Acuerdo de 10 de marzo de 2007 (sobre reconocimiento de las decisiones adoptadas por las instituciones de una Parte contratante en relación con el estado de invalidez de los solicitantes de pensión por las instituciones de la otra Parte contratante).

LUXEMBURGO-ESLOVAQUIA

Artículo 50, apartado 5, del Convenio de seguridad social de 23 de mayo de 2002 (reconocimiento de períodos de seguro de pensión a refugiados políticos).

HUNGRÍA-AUSTRIA

Artículo 36, apartado 3, del Convenio de seguridad social de 31 de marzo de 1999 (reconocimiento de los períodos de seguro completados con anterioridad al 27 de noviembre de 1961); la aplicación de esta disposición sigue limitada a sus beneficiarios.

HUNGRÍA-ESLOVENIA

Artículo 31 del Convenio de seguridad social de 7 de octubre de 1957 (reconocimiento de los períodos de seguro completados con anterioridad al 29 de mayo de 1956); la aplicación de esta disposición sigue limitada a sus beneficiarios.

HUNGRÍA-ESLOVAQUIA

Artículo 34, apartado 1, del Convenio de seguridad social de 30 de enero de 1959 (el artículo 34, apartado 1, establece que los períodos de seguro concedidos con anterioridad a la fecha de la firma del Convenio son los períodos de seguro del Estado contratante en cuyo territorio se encontraba la residencia del titular); la aplicación de esta disposición sigue limitada a sus beneficiarios.

AUSTRIA-POLONIA

Artículo 33, apartado 3, del Convenio de seguridad social de 7 de septiembre de 1998 (reconocimiento de los períodos de seguro completados con anterioridad al 27 de noviembre de 1961); la aplicación de esta disposición sigue limitada a sus beneficiarios.

AUSTRIA-RUMANÍA

Artículo 37, apartado 3, del Acuerdo de seguridad social de 28 de octubre de 2005 (reconocimiento de los períodos de seguro completados con anterioridad al 27 de noviembre de 1961); la aplicación de esta disposición sigue limitada a sus beneficiarios.

AUSTRIA-ESLOVENIA

Artículo 37 del Convenio de seguridad social de 10 de marzo de 1997 (reconocimiento de los períodos de seguro completados con anterioridad al 1 de enero de 1956); la aplicación de esta disposición sigue limitada a sus beneficiarios.

AUSTRIA-ESLOVAQUIA

Artículo 34, apartado 3, del Convenio de seguridad social de 21 de diciembre de 2001 (reconocimiento de los períodos de seguro completados con anterioridad al 27 de noviembre de 1961); la aplicación de esta disposición sigue limitada a sus beneficiarios.

FINLANDIA-SUECIA

El anexo III se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO III

RESTRICCIÓN DE DERECHOS A LAS PRESTACIONES EN ESPECIE PARA MIEMBROS DE LA FAMILIA DE UN TRABAJADOR FRONTERIZO (Apartado 2 del artículo 18)

DINAMARCA

ESTONIA (la presente rúbrica será válida durante el período contemplado en el artículo 87, apartado 10 bis)

IRLANDA

ESPAÑA (la presente rúbrica será válida durante el período contemplado en el artículo 87, apartado 10 bis)

ITALIA (la presente rúbrica será válida durante el período contemplado en el artículo 87, apartado 10 bis)

LITUANIA (la presente rúbrica será válida durante el período contemplado en el artículo 87, apartado 10 bis)

HUNGRÍA (la presente rúbrica será válida durante el período contemplado en el artículo 87, apartado 10 bis)

PAÍSES BAJOS (la presente rúbrica será válida durante el período contemplado en el artículo 87, apartado 10 bis)

FINLANDIA

SUECIA

REINO UNIDO.».

El anexo IV queda modificado como sigue:

1)	Tras la rúbrica «BÉLGICA» se insertan las siguientes rúbricas: «BULGARIA REPÚBLICA CHECA».

2)	Se suprime la rúbrica «ITALIA».

3)	Tras la rúbrica «FRANCIA» se inserta la rúbrica «CHIPRE».

4)	Tras la rúbrica «LUXEMBURGO» se insertan las siguientes rúbricas: «HUNGRÍA PAÍSES BAJOS».

5)	Tras la rúbrica «AUSTRIA» se insertan las siguientes rúbricas: «POLONIA ESLOVENIA».

El anexo VI queda modificado como sigue:

Se insertan las siguientes rúbricas con sus textos correspondientes al principio del anexo:

«REPÚBLICA CHECA

Pensiones de invalidez total para personas que sufrieron dicha invalidez antes de los dieciocho años de edad y no estaban aseguradas durante el período necesario (artículo 42 de la Ley sobre el seguro de pensiones no 155/1995 Coll.).

ESTONIA

a)	Pensiones de invalidez concedidas antes del 1 de abril de 2000 al amparo de la Ley de subsidios del Estado y que se mantienen en virtud de la Ley del seguro de pensiones del Estado.

b)	Pensiones nacionales concedidas por invalidez con arreglo a la Ley del seguro de pensiones del Estado.

Pensiones de invalidez concedidas con arreglo a la Ley de las Fuerzas de Defensa, la Ley del Cuerpo de Policía, la Ley del Ministerio Fiscal, la Ley del Estatuto de los Jueces, la Ley de Salarios, Pensiones y otras Garantías Sociales de los Miembros del Parlamento (Riigikogu) y la Ley de Subsidios Oficiales del Presidente de la República.»

2)	Las rúbricas «A. GRECIA» y «B. IRLANDA» se reordenan con sus respectivos textos y pasan a denominarse «IRLANDA» y «GRECIA».

3)	La rúbrica «IRLANDA» se inserta antes de la rúbrica «GRECIA» y se sustituye por el texto siguiente: «Segunda parte, capítulo 17 de la Ley consolidada de protección social de 2005».

4)	Tras el texto correspondiente a la rúbrica «GRECIA» se inserta la rúbrica siguiente con su texto correspondiente: «LETONIA Pensiones de invalidez (tercer grupo) con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 16 de la Ley de pensiones del Estado de 1 de enero de 1996.».

La rúbrica «C. FINLANDIA» se sustituye por «FINLANDIA» y el texto correspondiente se sustituye por el texto siguiente:

«FINLANDIA

Pensiones nacionales para personas con discapacidad de nacimiento o a una edad temprana (Ley nacional de pensiones, 568/2007);

Pensiones de invalidez determinadas con arreglo a normas transitorias y concedidas con anterioridad al 1 de enero de 1994 (Ley sobre la aplicación de la ley nacional de pensiones, 569/2007).»

6)	Las rúbricas «D. SUECIA» y «E. REINO UNIDO» se sustituyen por «SUECIA» y «REINO UNIDO», respectivamente.

El anexo VII queda modificado como sigue:

1)	En los cuadros titulados «BÉLGICA» y «FRANCIA», se suprimen las líneas relativas a Luxemburgo.

2)	Se suprime el cuadro titulado «LUXEMBURGO».

El anexo VIII se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO VIII

CASOS EN LOS QUE NO SE PUEDE EFECTUAR O NO SE APLICA EL CÁLCULO PRORRATEADO (Artículo 52, apartados 4 y 5)

Parte 1:

Casos de inaplicación del cálculo prorrateado de conformidad con el artículo 52, apartado 4

DINAMARCA

Todas las solicitudes de pensión mencionadas en la Ley de pensiones sociales, a excepción de las pensiones mencionadas en el anexo IX.

IRLANDA

Todas las solicitudes de pensiones estatales (transitorias), pensiones estatales (contributivas), pensiones (contributivas) para viudas y pensiones (contributivas) para viudos.

CHIPRE

Todas las solicitudes de pensiones de vejez, de invalidez y de viudedad.

LETONIA

a)	Todas las solicitudes de pensiones de invalidez (Ley de pensiones de Estado de 1 de enero de 1996).

b)	Todas las solicitudes de pensiones de invalidez (Ley de pensiones de Estado de 1 de enero de 1996; Ley de pensiones con cargo al Estado de 1 de julio de 2001).

LITUANIA

Todas las solicitudes de pensiones de supervivencia con cargo a la seguridad social del Estado calculadas en función de la pensión base de supervivencia (Ley de pensiones de la seguridad social del Estado).

PAÍSES BAJOS

Todas las solicitudes de pensiones de vejez en virtud de la Ley de seguro general de vejez (AOW).

AUSTRIA

Todas las solicitudes de prestaciones de conformidad con la Ley federal de seguridad social general de 9 de septiembre de 1955 (ASVG), con la Ley federal de seguridad social de los autónomos del comercio y la industria de 11 de octubre de 1978 (GSVG), la Ley federal de seguridad social de los agricultores autónomos de 11 de octubre de 1978 (BSVG) y la Ley federal de seguridad social de los autónomos de las profesiones liberales de 30 de noviembre de 1978 (FSVG).

b)	Todas las solicitudes de pensiones de invalidez basadas en un sistema de cuenta de pensiones de conformidad con la Ley general de pensiones de 18 de noviembre de 2004 (APG).

Todas las solicitudes de pensiones de supervivencia basadas en un sistema de cuenta de pensiones de conformidad con la Ley general de pensiones de 18 de noviembre de 2004 (APG), si no ha de aplicarse un aumento de las prestaciones respecto de meses adicionales de seguro, de conformidad con el artículo 7.2 de la Ley General de Pensiones.

d)	Todas las solicitudes de pensiones de invalidez y supervivencia de las Cámaras Provinciales Austriacas de Médicos (Landesärztekammer) basadas en la provisión básica (prestaciones base y complementarias, o pensión base).

e)	Todas las solicitudes de ayudas por invalidez profesional permanente y ayudas a los cónyuges supérstites procedentes del fondo de pensiones de la Cámara Austriaca de Veterinarios.

f)	Todas las solicitudes de prestaciones de las pensiones de invalidez profesional, de viudedad y de orfandad, de conformidad con los estatutos de los organismos de previsión de los colegios de abogados de Austria, Parte A.

POLONIA

Todas las solicitudes de pensiones de invalidez y de pensiones de vejez de conformidad con el régimen de prestaciones definido, y las pensiones de supervivencia.

PORTUGAL

Todas las solicitudes relativas a derechos de pensión de invalidez, de vejez y de supervivencia, a excepción de los casos en que los períodos totales de seguro cumplidos conforme a la legislación de más de un Estado miembro sean iguales o superiores a veintiún años civiles, los períodos nacionales de seguro sean iguales o inferiores a veinte años y el cálculo se haga de conformidad con el artículo 11 del Decreto-Ley no 35/2002 de 19 de febrero.

ESLOVAQUIA

a)	Todas las solicitudes de pensiones de supervivencia (pensiones de viudedad y de orfandad), calculadas de acuerdo con la legislación vigente antes del 1 de enero de 2004, cuyo importe se base en la pensión que percibía el fallecido.

b)	Todas las solicitudes de pensiones calculadas según la Ley no 461/2003 de la recopilación de leyes sobre seguridad social, tal como se modificó ulteriormente.

SUECIA

Todas las solicitudes de pensión mínima garantizada en forma de pensión de vejez (Ley 1998:702) y pensión de vejez en forma de pensión complementaria (Ley 1998:674).

REINO UNIDO

Todas las solicitudes de pensión de jubilación y de viudedad, y de primas por defunción, a excepción de aquéllas para las cuales:

durante un ejercicio fiscal que diera comienzo a partir del 6 de abril de 1975:

i)	la parte afectada haya cumplido períodos de seguro, empleo o residencia conforme a la legislación del Reino Unido y de otro Estado miembro, no se consideró válido al menos uno de los ejercicios fiscales con arreglo a la legislación del Reino Unido;

ii)

los períodos de seguro cumplidos conforme a la legislación en vigor en el Reino Unido durante los períodos anteriores al 5 de julio de 1948 serían tenidos en cuenta a efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 52 del Reglamento mediante la aplicación de los períodos de seguro, empleo o residencia bajo la legislación de otro Estado miembro.

Todas las solicitudes de pensiones complementarias en virtud del artículo 44 de la Ley de cotizaciones y prestaciones de la seguridad social de 1992 (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) y del artículo 44 de la Ley de cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Irlanda del Norte) de 1992 (Social Security Contributions and Benefits [Northern Ireland] Act 1992).

Parte 2:

Casos en que es de aplicación el artículo 52, apartado 5.

BULGARIA

Pensiones de vejez (no contributivas) del seguro obligatorio de pensiones complementarias, con arreglo al título II de la parte II del Código de la seguridad social.

ESTONIA

Régimen obligatorio de pensiones de vejez de capitalización.

FRANCIA

Regímenes de base o complementarios en los que las prestaciones de vejez se calculan sobre la base de puntos de jubilación.

LETONIA

Pensiones de vejez (Ley de pensiones de Estado de 1 de enero de 1996. Ley de pensiones con cargo al Estado de 1 de julio de 2001).

HUNGRÍA

Prestaciones de pensiones basadas en la participación en fondos privados de pensiones.

AUSTRIA

a)	Pensiones de invalidez basadas en un sistema de cuenta de pensiones de conformidad con la Ley general de pensiones de 18 de noviembre de 2004 (APG).

b)	Indemnizaciones obligatorias según el artículo 41 de la Ley federal de 28 de diciembre de 2001, BGBl I Nr. 154 sobre el fondo general de los sueldos de los farmacéuticos austriacos (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich).

Pensiones de jubilación y jubilación anticipada de las Cámaras Provinciales Austriacas de Médicos basadas en la provisión básica (prestaciones base y complementarias, o pensión base), y todas las prestaciones de pensiones de Cámaras Provinciales Austriacas de Médicos basadas en provisiones adicionales (pensión adicional o individual).

d)	Ayuda a la vejez del fondo de pensiones de la Cámara Austriaca de Veterinarios.

Prestaciones según los estatutos de las instituciones de previsión de los Colegios de Abogados de Austria, Partes A y B, excepto las solicitudes de prestaciones de las pensiones de invalidez, viudedad y orfandad, según los estatutos de las instituciones de previsión de los Colegios de Abogados de Austria, Parte A.

Prestaciones de las instituciones de previsión de la Cámara Federal de Arquitectos e Ingenieros Consultores de conformidad con la Ley de la Cámara de Ingenieros Civiles de 1993 (Ziviltechnikerkammergesetzt) y los estatutos de las instituciones de previsión, con la excepción de las prestaciones por motivos de invalidez profesional y prestaciones de supervivencia que se deriven de ellas.

g)	Prestaciones con arreglo al estatuto del instituto de previsión de la Cámara Federal de contables profesionales y asesores fiscales al amparo de la Ley austríaca de contables profesionales y asesores fiscales (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

POLONIA

Pensiones de vejez según el régimen de cotización definido.

ESLOVENIA

Pensión del seguro de pensión complementaria obligatoria.

ESLOVAQUIA

Ahorro obligatorio para pensión de vejez.

SUECIA

Pensión basada en los ingresos y pensión por prima (Ley 1998: 674).

REINO UNIDO

Prestaciones proporcionales de jubilación al amparo de las secciones 36 y 37 de la Ley nacional de seguros de 1965 (National Insurance Act 1965) y de las secciones 35 y 36 de la Ley nacional de seguros (Irlanda del Norte) de 1966 (National Insurance Act [Northern Ireland] 1966)».

El anexo IX queda modificado como sigue:

En la parte I:

a)	las rúbricas «A. BÉLGICA», «B. DINAMARCA», «C. GRECIA», «D. ESPAÑA», «E. FRANCIA», «F. IRLANDA», «G. PAÍSES BAJOS», «H. FINLANDIA» e «I. SUECIA», se sustituyen por «BÉLGICA», «DINAMARCA», «GRECIA», «ESPAÑA», «FRANCIA», «IRLANDA», «PAÍSES BAJOS», «FINLANDIA» y «SUECIA», respectivamente;

b)	El texto de la rúbrica «IRLANDA» figurará entre «DINAMARCA» y «GRECIA».

c)	Tras el texto correspondiente a la rúbrica «FRANCIA» se inserta la rúbrica siguiente con su texto correspondiente: «LETONIA Pensiones de invalidez (tercer grupo) con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 16 de la Ley de pensiones del Estado de 1 de enero de 1996.»;

d)	En la rúbrica «PAÍSES BAJOS» se añade el texto siguiente: «La Ley de 10 de noviembre de 2005 sobre trabajo e ingresos en función de la capacidad laboral (WIA)»;

El texto de la rúbrica «FINLANDIA» se sustituye por el texto siguiente:

«Pensiones nacionales para personas con discapacidad de nacimiento o a una edad temprana (Ley nacional de pensiones 568/2007)

Pensiones nacionales y pensiones para cónyuges determinadas según las normas transitorias y concedidas antes del 1 de enero de 1994 (Ley de aplicación de las Pensiones nacionales, 569/2007)

La cuantía adicional de la pensión infantil cuando se calcula la prestación independiente de conformidad con la Ley nacional de pensiones (Ley nacional de pensiones, 568/2007).»

El texto de la rúbrica «SUECIA» se sustituye por el siguiente:

«Prestación compensatoria por enfermedad y prestación compensatoria ocupacional suecas basadas en el nivel de ingresos previo del afectado (Ley 1962:381).

La pensión mínima garantizada y la prestación compensatoria garantizada suecas que han sustituido a las pensiones estatales suecas completas, concedidas con arreglo a la legislación en materia de pensiones estatales aplicada antes del 1 de enero de 1993, y la pensión estatal completa concedida con arreglo a las disposiciones transitorias de la legislación aplicable a partir de dicha fecha.»

En la parte II:

a)	Las rúbricas «A. ALEMANIA», «B. ESPAÑA», «C. ITALIA», «D. LUXEMBURGO», «E. FINLANDIA» Y «F. SUECIA» se sustituyen por «ALEMANIA», «ESPAÑA», «ITALIA», «LUXEMBURGO», «FINLANDIA» y «SUECIA», respectivamente;

Tras el texto correspondiente a la rúbrica «ITALIA» se insertan los textos siguientes:

«LETONIA

Pensión de supervivencia calculada sobre la base de períodos de seguro presuntos (artículo 23, apartado 8, de la Ley sobre pensiones del Estado de 1 de enero de 1996).

LITUANIA

a)	Pensiones por incapacidad laboral de la seguridad social del Estado, abonadas en virtud de la Ley de pensiones de la seguridad social del Estado.

b)	Pensiones de supervivencia y de orfandad de la seguridad social del Estado, calculadas sobre la base de la pensión por incapacidad laboral del finado con arreglo a la Ley de pensiones de la seguridad social del Estado.».

Tras el texto correspondiente a la rúbrica «LUXEMBURGO» se insertan los textos siguientes:

«ESLOVAQUIA

a)	La pensión eslovaca de invalidez y la pensión de supervivencia derivada de ella.

b)	La pensión de invalidez para personas que eran hijos a cargo cuando se produjo el hecho causante y que se considera han cumplido el período de seguro requerido (artículo 70, apartado 2, artículo 72, apartado 3, y artículo 73, apartados 3 y 4, de la Ley 461/2003 de seguridad social modificada.)»;

3)	En la parte III: Se sustituye «Convenio nórdico de 15 de junio de 1992 sobre seguridad social» por el texto siguiente: «Convenio nórdico de seguridad social de 18 de agosto de 2003.».

El anexo X se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO X

PRESTACIONES ESPECIALES EN METÁLICO NO CONTRIBUTIVAS (Artículo 70, apartado 2, letra c))

BÉLGICA

a)	Prestación de compensación de ingresos (Ley de 27 febrero 1987).

b)	Ingreso garantizado para personas de avanzada edad (Ley de 22 de marzo de 2001).

BULGARIA

Pensión social de vejez (artículo 89 del Código de la Seguridad Social).

REPÚBLICA CHECA

Subsidio social (Ley no 117/1995 Sb. de asistencia social del Estado).

DINAMARCA

Gastos de vivienda de los pensionistas (Ley de ayuda a la vivienda individual, codificada por la Ley no 204, de 29 de marzo de 1995).

ALEMANIA

a)	Ingresos básicos de subsistencia para las personas de edad y las personas con incapacidad laboral parcial, con arreglo al capítulo 4 del libro XII del Código Social;

Prestaciones del seguro básico para demandantes de empleo encaminadas a garantizar la subsistencia, excepto si, en relación con estas prestaciones, se cumplen los requisitos de admisibilidad para percibir un suplemento temporal a raíz de la prestación por desempleo (apartado 1 del artículo 24 del libro II del Código Social).

ESTONIA

a)	Subsidio en favor de adultos con discapacidad (Ley de prestaciones sociales para personas con discapacidad de 27 de enero de 1999);

b)	Subsidio estatal de desempleo (Ley de servicios y apoyo del mercado de trabajo de 29 de septiembre de 2005).

IRLANDA

a)	Ayuda a los solicitantes de empleo (Ley consolidada de protección social de 2005, parte 3, capítulo 2).

b)	Pensión de vejez (no contributiva) (Ley consolidada de protección social de 2005, parte 3, capítulo 4);

c)	Pensiones (no contributivas) para viudas y para viudos (Ley consolidada de protección social de 2005, parte 3, capítulo 6);

d)	Subsidio por discapacidad (Ley consolidada de protección social de 2005, parte 3, capítulo 10);

e)	Subsidio de movilidad (Ley de Sanidad de 1970, artículo 61);

f)	Pensión para invidentes (Ley consolidada de protección social, parte 3, capítulo 5).

GRECIA

Prestaciones especiales para las personas de avanzada edad (Ley 1296/82).

ESPAÑA

a)	Subsidio de garantía de ingresos mínimos (Ley no 13/82, de 7 de abril de 1982);

b)	Prestaciones en metálico de asistencia a personas de avanzada edad e inválidos incapacitados para el trabajo (Real Decreto no 2620/81, de 24 de julio de 1981);

i)	Pensiones de invalidez y jubilación, en su modalidad no contributiva, incluidas en el artículo 38, apartado 1, del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio de 1994; y

ii)	las prestaciones que complementan las anteriores pensiones, según disponen las legislaciones de las Comunidades Autónomas, en las que tales complementos garantizan un ingreso mínimo de subsistencia habida cuenta de la situación económica y social en las correspondientes Comunidades Autónomas;

d)	Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte (Ley no 13/82, de 7 de abril de 1982).

FRANCIA

Subsidios adicionales, de:

i)	el Fondo especial de invalidez y

ii)	el Fondo de solidaridad para la edad avanzada respecto de los derechos adquiridos

(Ley de 30 de junio de 1956, codificada en el Libro VIII del Código de la Seguridad Social);

b)	Subsidio para adultos con discapacidad (Ley de 30 de junio de 1975, codificada en el Libro VIII del Código de la Seguridad Social).

c)	Subsidio especial (Ley de 10 de julio de 1952, codificada en el Libro VIII del Código de la Seguridad Social) respecto de los derechos adquiridos;

d)	Subsidio de solidaridad para personas mayores (ordenanza del 24 de junio de 2004, codificada en el Libro VIII del Código de la Seguridad Social) a partir del 1 de enero de 2006.

ITALIA

a)	Pensiones sociales para personas carentes de recursos (Ley no 153 de 30 de abril de 1969).

b)	Pensiones y subsidios para civiles discapacitados o inválidos (Leyes no 118 de 30 de marzo de 1971, no 18 de 11 de febrero de 1980 y no 508 de 23 de noviembre de 1988).

c)	Pensiones y subsidios para sordomudos (Leyes no 381 de 26 de mayo de 1970 y no 508 de 23 de noviembre de 1988).

d)	Pensiones y subsidios para civiles invidentes (Leyes no 382 de 27 de mayo de 1970 y no 508 de 23 de noviembre de 1988).

e)	Complemento a la pensión mínima (Leyes no 218 de 4 de abril de 1952, no 638 de 11 de noviembre de 1983 y no 407 de 29 de diciembre de 1990).

f)	Complemento al subsidio de invalidez (Ley no 222 de 12 de junio de 1984).

g)	Subsidio social (Ley no 335 de 8 de agosto de 1995).

h)	Mejora social (apartados 1 y 12 del artículo 1 de la Ley no 544 de 29 de diciembre de 1988 y enmiendas sucesivas).

CHIPRE

a)	Pensión social (Ley de Pensión Social de 1995 [Ley 25(I)/95], en su versión modificada).

b)	Subsidio por discapacidad física grave (Decisiones del Consejo de Ministros no 38210 de 16 de octubre de 1992, no 41370 de 1 de agosto de 1994, no 46183 de 11 de junio de 1997 y no 53675 de 16 de mayo de 2001).

c)	Subsidio especial para invidentes (Ley de subsidios especiales de 1996 [Ley 77(I)/96], en su versión modificada).

LETONIA

a)	Subsidio de la seguridad social del Estado (Ley sobre prestaciones sociales de la seguridad social estatal de 1 de enero de 2003).

b)	Subsidio de compensación por gastos de transporte en favor de personas con discapacidad de movilidad reducida (Ley sobre prestaciones sociales de la seguridad social estatal de 1 de enero de 2003).

LITUANIA

a)	Pensión de asistencia social (Ley de 2005 sobre las prestaciones sociales estatales, artículo 5).

b)	Subsidio de asistencia (Ley de 2005 sobre las prestaciones sociales estatales, artículo 15).

c)	Compensación especial de transporte en favor de las personas con discapacidad con problemas de movilidad (Ley de compensaciones de transporte de 2000, artículo 7).

LUXEMBURGO

Ingresos para las personas con discapacidades graves (apartado 2 del artículo 1 de la Ley de 12 de septiembre de 2003); se exceptúa a las personas reconocidas como trabajadores discapacitados empleados en el mercado general de trabajo o en un entorno protegido.

HUNGRÍA

a)	Pensión por invalidez (Decreto no 83/1987 (XII 27) del Consejo de Ministros sobre pensiones por invalidez).

b)	Prestación no contributiva por ancianidad (Ley III de 1993 de la administración social y de prestaciones sociales).

c)	Subsidio de transporte (Decreto del Gobierno no 164/1995 (XII 27) sobre subsidios de transporte en favor de personas con discapacidad física grave).

MALTA

a)	Prestación complementaria (artículo 73 de la Ley de seguridad social (Cap. 318) de 1987);

b)	Pensión por ancianidad (Ley de seguridad social (Cap. 318) de 1987).

PAÍSES BAJOS

a)	Ley de asistencia por discapacidad en favor de jóvenes discapacitados de 24 de abril de 1997 (Wajong).

b)	Ley sobre prestaciones complementarias de 6 de noviembre de 1986 (TW).

AUSTRIA

Suplemento compensatorio (Ley Federal de 9 de septiembre de 1955 sobre Seguridad Social General —ASGV—, Ley Federal de 11 de octubre de 1978 sobre Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia —GSVG— y Ley Federal de 11 de octubre de 1978 sobre Seguridad Social de los productores agrarios —BSVG—).

POLONIA

Pensión social (Ley de 27 de junio de 2003 sobre pensiones sociales).

PORTUGAL

a)	Pensión estatal de vejez e invalidez no contributiva (Decreto Ley no 464/80 de 13 de octubre de 1980).

b)	Pensión de viudedad no contributiva (Decreto normativo no 52/81, de 11 de noviembre de 1981);

c)	Complemento de solidaridad para las personas de avanzada edad (Decreto-ley no 232/2005 de 29 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto-ley no 236/2006 de 11 de diciembre de 2006).

ESLOVENIA

a)	Pensión estatal (Ley de pensiones y de seguros de invalidez de 23 de diciembre de 1999).

b)	Complemento a los ingresos para pensionistas (Ley de pensiones y seguros de invalidez de 23 de diciembre de 1999).

c)	Subsidio de mantenimiento (Ley de pensiones y seguros de invalidez de 23 de diciembre de 1999).

ESLOVAQUIA

a)	El reajuste que haya sido efectuado antes del 1 de enero de 2004 de pensiones que constituyen la única fuente de ingresos.

b)	Pensión social concedida antes del 1 de enero de 2004.

FINLANDIA

a)	Asignaciones de vivienda para jubilados (Ley relativa a las asignaciones de vivienda para jubilados, 571/2007).

b)	Apoyo al mercado de trabajo (Ley del subsidio de desempleo, 1290/2002).

c)	Ayuda especial a los inmigrantes (Ley de ayuda especial a los inmigrantes, 1192/220).

SUECIA

a)	Complemento de vivienda para los titulares de una pensión (Ley 2001:761).

b)	Subsidio de asistencia para personas de avanzada edad (Ley 2001:853).

REINO UNIDO

a)	Crédito de pensión estatal (Ley de crédito de pensión estatal de 2002 y Ley de crédito de pensión estatal (Irlanda del Norte) de 2002).

b)	Subsidios para solicitantes de empleo basados en los ingresos (Ley sobre los solicitantes de empleo de 1995 y Orden sobre los solicitantes de empleo (Irlanda del Norte) de 1995).

c)	Apoyo a los ingresos (Ley sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social de 1992 y Ley sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Irlanda del Norte) de 1992).

d)	Componente de movilidad del subsidio de subsistencia para personas con discapacidad (Ley sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social de 1992 y Ley sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Irlanda del Norte) de 1992)».

El anexo XI se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO XI

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS (Artículo 51, apartado 3; artículo 56, apartado 1 y artículo 83)

BÉLGICA

Nada.

BULGARIA

El artículo 33, apartado 1, de la Ley del seguro de asistencia sanitaria de Bulgaria se aplicarán a todas las personas para las que Bulgaria sea el Estado miembro competente con arreglo al capítulo 1 del título III del presente Reglamento.

REPÚBLICA CHECA

A efectos de la definición de los miembros de la familia con arreglo al artículo 1, letra i), “cónyuge” incluye también a las parejas registradas según se definen en la ley checa no 115/2006 coll: sobre parejas registradas.

DINAMARCA

Para calcular la pensión con arreglo a la Ley de pensiones sociales (Lov om social pension), los períodos de actividad por cuenta ajena o por cuenta propia cubiertos conforme a la legislación danesa por un trabajador fronterizo o por un trabajador que se haya desplazado a Dinamarca para ejercer un trabajo de carácter estacional se considerarán períodos de residencia cubiertos en Dinamarca por el cónyuge supérstite siempre que, durante esos períodos, éste estuviera unido con el mencionado trabajador por lazos de matrimonio, sin separación de cuerpos ni de hecho por desavenencias, y residiera en el territorio de otro Estado miembro. A los efectos del presente apartado, por “trabajo de carácter estacional” se entenderá el trabajo, dependiente del ritmo de las estaciones, que se repite automáticamente cada año.

Para calcular la pensión con arreglo a la Ley de pensiones sociales (Lov om social pension), los períodos de actividad por cuenta ajena o por cuenta propia cubiertos conforme a la legislación danesa antes del 1 de enero de 1984 por una persona a la que no se aplique el punto 1, letra a), se considerarán períodos de residencia cubiertos en Dinamarca por el cónyuge supérstite siempre que, durante esos períodos, este estuviera unido con la persona por lazos de matrimonio, sin separación de cuerpos ni de hecho por desavenencias, y residiera en el territorio de otro Estado miembro.

Los períodos que deban computarse en virtud de las letras a) y b) no se tomarán en consideración cuando coincidan con los períodos computados para el cálculo de la pensión debida al interesado en virtud de la legislación sobre el seguro obligatorio de otro Estado miembro, o cuando coincidan con los períodos durante los cuales el interesado haya percibido una pensión con arreglo a tal legislación. Dichos períodos serán computados, sin embargo, si la cuantía anual de dicha pensión fuere inferior a la mitad de la cuantía básica de la pensión social.

No obstante lo dispuesto en el artículo 6 del presente Reglamento, las personas que no hayan efectuado un trabajo remunerado en uno o más Estados miembros tendrán derecho a recibir una pensión social danesa únicamente si son residentes permanentes en Dinamarca desde hace por lo menos tres años, o han sido previamente residentes permanentes en Dinamarca durante al menos tres años, aplicándose los límites de edad establecidos en la legislación danesa. A reserva de lo dispuesto en el artículo 4 del presente Reglamento, el artículo 7 no se aplicará a una pensión social danesa a cuya percepción hayan adquirido derecho tales personas.

b)	Las disposiciones antes mencionadas no se aplicarán al derecho a la pensión social danesa en el caso de los miembros de la familia de personas que tengan o hayan tenido una actividad remunerada en Dinamarca, de los estudiantes ni de los miembros de sus familias.

La prestación temporal para desempleados acogidos al plan de “empleo flexible” (ledighedsydelse) (Ley no 455 de 10 de junio de 1997) estará recogida en el capítulo 6 del Título III del presente Reglamento. En cuanto a los desempleados que se desplacen a otro Estado miembro, se les aplicarán los artículos 64 y 65 si ese Estado miembro tiene programas de empleo similares para la misma categoría de personas.

Cuando el beneficiario de una pensión social danesa tenga también derecho a una pensión de supervivencia de otro Estado miembro, estas pensiones se considerarán, a los efectos de la legislación danesa, prestaciones de la misma naturaleza en el sentido del artículo 53, apartado 1, del presente Reglamento, con la condición, no obstante, de que la persona cuyos períodos de seguro o de residencia sirvan de base para el cálculo de la pensión de supervivencia hubiera adquirido también un derecho a una pensión social danesa.

ALEMANIA

No obstante lo dispuesto en el artículo 5, letra a), del presente Reglamento y en el artículo 5.4, punto 1, del volumen VI del Código Social (Sozialgesetzbuch VI), una persona que perciba una pensión de vejez en virtud de la legislación de otro Estado miembro podrá solicitar afiliarse al seguro obligatorio con arreglo al régimen alemán de seguro de pensiones.

No obstante lo dispuesto en el artículo 5, letra a), del presente Reglamento y del artículo 7.1 y 3 del volumen VI del Código Social (Sozialgesetzbuch VI), una persona que esté cubierta por un seguro obligatorio en otro Estado miembro o perciba una pensión de vejez en virtud de la legislación de otro Estado miembro podrá afiliarse al seguro voluntario en Alemania.

A efectos de la concesión de prestaciones en metálico en virtud del artículo 47.1 del volumen V y del artículo 47.1 del volumen VII del Código Social, así como del artículo 200.2 del Código de Seguros Sociales (Reichsversicherungsordnung), a las personas aseguradas que viven en otro Estado miembro, los regímenes alemanes de seguro calculan el pago neto, que es utilizado para evaluar las prestaciones, como si la persona asegurada viviera en Alemania, a menos que la persona en cuestión solicite una evaluación sobre la base del pago neto que recibe de hecho.

Los nacionales de otros Estados miembros cuyo lugar de residencia o domicilio habitual se encuentre fuera de Alemania y que cumplan las condiciones generales del régimen alemán de seguro de pensiones podrán abonar cotizaciones voluntarias únicamente si anteriormente hubieran estado afiliados durante cierto tiempo de manera voluntaria u obligatoria a dicho régimen. Esto se aplicará también a las personas apátridas y a los refugiados cuyo lugar de residencia o domicilio habitual se encuentre en otro Estado miembro.

5.	El período global de imputación (pauschale Anrechnungszeit) con arreglo al artículo 253 del volumen VI del Código Social (Sozialgesetzbuch VI) se determinará exclusivamente con referencia a períodos alemanes.

6.	En los casos en que la legislación alemana de pensiones vigente a 31 de diciembre de 1991 sea aplicable al nuevo cálculo de una pensión, se aplicará únicamente la legislación alemana para computar los períodos de sustitución (Ersatzzeiten) alemanes.

La legislación alemana sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales que han de indemnizarse con arreglo a la legislación que rige las pensiones extranjeras y las prestaciones correspondientes a periodos de seguro que puedan acreditarse conforme a la legislación que rige las pensiones extranjeras en los territorios mencionados en el apartado 1, puntos 2 y 3, de la Ley sobre cuestiones relativas a los refugiados y las personas desplazadas (Bundesvertriebenengesetz) seguirá siendo de aplicación en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, no obstante lo dispuesto en el apartado 2 de la Ley sobre pensiones extranjeras (Fremdrentengesetz).

Para el cálculo de la cuantía teórica a que se refiere el artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del presente Reglamento, en el caso de los regímenes de pensiones de las profesiones liberales, la institución competente tomará como base, para cada uno de los años de seguro cumplidos bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro, la media de los derechos de pensión anuales adquiridos durante el período de pertenencia a las instituciones competentes por medio del pago de cotizaciones.

ESTONIA

Para calcular las prestaciones parentales, se considerará que los períodos de empleo cumplidos en un Estado miembro distinto de Estonia se basan en el mismo importe medio de las cotizaciones sociales pagadas durante los períodos de empleo en Estonia con las que se totalizan. Si durante el periodo de referencia el interesado sólo ha trabajado en otros Estados miembros, el cálculo de la prestación se basará en el importe medio de las cotizaciones sociales pagadas en Estonia entre el año de referencia y el permiso de maternidad.

IRLANDA

No obstante lo dispuesto en el artículo 21, apartado 2, y en el artículo 62 del presente Reglamento, a los efectos de calcular la retribución prescrita devengada semanalmente de una persona asegurada para la concesión de una prestación de enfermedad o desempleo en virtud de la legislación irlandesa, se acreditará a dicha persona asegurada un importe igual al salario medio semanal de los trabajadores por cuenta ajena correspondiente al año prescrito por cada semana de actividad como trabajador por cuenta ajena que haya cumplido bajo la legislación de otro Estado miembro durante dicho año prescrito.

Cuando se aplique el artículo 46 del presente Reglamento, y si la persona interesada sufre una incapacidad laboral conducente a la invalidez mientras está sujeta a la legislación de otro Estado miembro, Irlanda tendrá en cuenta, a los efectos de la letra a) del apartado 1 del artículo 118 de la Ley de asistencia social de 2005 (texto consolidado) (Social Welfare [Consolidation] Act 2005), todos los períodos durante los cuales, por la invalidez subsiguiente a la incapacidad laboral, el interesado habría sido considerado incapaz de trabajar con arreglo a la legislación irlandesa.

GRECIA

La ley no 1469/84 sobre la afiliación voluntaria al régimen de seguro de pensiones para los nacionales griegos y los nacionales extranjeros de origen griego es aplicable a los nacionales de otros Estados miembros, apátridas y refugiados cuando las personas en cuestión, independientemente de su lugar de residencia o estancia, hayan estado anteriormente afiliadas de manera obligatoria o voluntaria al régimen griego de seguro de pensiones.

No obstante lo dispuesto en el artículo 5, letra a), del presente Reglamento y en el artículo 34 de la Ley no 1140/1981, las personas que reciban una pensión en concepto de accidente de trabajo o enfermedad profesional en virtud de la legislación de otro Estado miembro podrán solicitar afiliarse al seguro obligatorio en virtud de la legislación aplicada por el régimen de seguro agrícola (OGA), en la medida en que dichas personas desarrollen una actividad que entre dentro del ámbito de aplicación de dicha legislación.

ESPAÑA

A efectos de la aplicación del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del presente Reglamento, sólo se computarán como servicios efectivos al Estado los años que falten al trabajador para cumplir la edad de jubilación o retiro forzoso previstos en el artículo 31, apartado 4, del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado cuando, en el momento de producirse el hecho causante de las pensiones por invalidez o muerte, el beneficiario estuviese sometido al régimen especial de los funcionarios en España, o en situación de actividad asimilada en dicho régimen, o bien estuviese ejerciendo, en el momento de producirse el hecho causante, una actividad que, de haberse desarrollado en España, hubiese dado lugar obligatoriamente a la inclusión del interesado en el régimen especial de funcionarios civiles del Estado, o en de las Fuerzas Armadas, o en el de la Administración de Justicia.

En aplicación del artículo 56, apartado 1, letra c), del presente Reglamento, el cálculo de la prestación teórica española se efectuará sobre las bases de cotización reales de la persona durante los años inmediatamente anteriores al pago de la última cotización a la Seguridad Social española. Cuando en el período de referencia a tener en cuenta para el cálculo de la cuantía de la pensión, deban ser computados períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación de otros Estados miembros, se utilizará para los mencionados períodos la base de cotización en España que más se les aproxime en el tiempo, teniendo en cuenta la evolución del índice de precios al consumo.

b)	La cuantía de la pensión se incrementará con arreglo al importe de las revalorizaciones calculadas para cada año posterior, para las pensiones de la misma naturaleza.

Los períodos acreditados en otros Estados miembros que deban ser computados en el Régimen Especial de los Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y de la Administración de Justicia serán objeto del mismo trato, a los efectos del artículo 56 del presente Reglamento, a los períodos más próximos cumplidos como funcionario en España.

Las bonificaciones por edad consideradas en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley General de la Seguridad Social serán aplicables a todos los beneficiarios del Reglamento que hubieran acreditado cotizaciones en virtud de la legislación española antes del 1 de enero de 1967, sin que sea posible por aplicación del artículo 5 del presente Reglamento asimilar a cotizaciones españolas, exclusivamente a estos efectos, los períodos de seguro acreditados en otro Estado miembro antes de la citada fecha. La fecha de 1 de enero de 1967 será 1 de agosto de 1970 para el Régimen Especial de Trabajadores del Mar y 1 de abril de 1969 para el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.

FRANCIA

Los nacionales de otros Estados miembros cuyo lugar de residencia o domicilio habitual se encuentre fuera de Francia y que cumplan las condiciones generales del régimen francés de seguro de pensiones podrán abonar a éste cotizaciones voluntarias únicamente si anteriormente hubieran estado afiliados durante cierto tiempo de manera voluntaria u obligatoria a dicho régimen. Esto se aplicará también a las personas apátridas y a los refugiados cuyo lugar de residencia o domicilio habitual se encuentre en otro Estado miembro.

Para las personas que perciban prestaciones en especie en Francia en virtud de los artículos 17, 24 o 26 del presente Reglamento y que residan en los departamentos franceses de Alto Rin, Bajo Rin o Mosela, las prestaciones en especie provistas en nombre de la institución de otro Estado miembro que sea responsable de sufragarlas incluirán las prestaciones provistas tanto por el régimen general del seguro de enfermedad como por el régimen local complementario obligatorio de enfermedad de Alsacia-Mosela.

Para la aplicación del capítulo 5 del título III del presente Reglamento, la legislación francesa aplicable a una persona que ejerza o haya ejercido una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia incluirá tanto el régimen o regímenes básicos del seguro de vejez como el régimen o regímenes complementarios de jubilación a los que haya estado sujeta la persona interesada.

ITALIA

Nada.

CHIPRE

A efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 6, 51 y 61 del presente Reglamento, para cualquier período iniciado a partir del 6 de octubre de 1980, se determinará una semana de seguro con arreglo a la legislación chipriota mediante la división de la retribución total sujeta a cotización correspondiente al período de que se trate entre el importe semanal de la retribución básica sujeta a cotización aplicable en el ejercicio fiscal pertinente, siempre y cuando el número de semanas así determinadas no exceda del número de semanas naturales del período correspondiente.

LETONIA

Nada.

LITUANIA

Nada.

LUXEMBURGO

Nada.

HUNGRÍA

Nada.

MALTA

Disposiciones particulares para funcionarios:

Únicamente a efectos de la aplicación de los artículos 49 y 60 del presente Reglamento, las personas empleadas con arreglo a la Ley de las Fuerzas Armadas (Capítulo 220 de la Legislación maltesa), a la Ley de Policía (Capítulo 164 de la Legislación maltesa) y a la Ley de Prisiones (Capítulo 260 de la Legislación maltesa) recibirán el trato de funcionarios.

b)	Las pensiones que deban pagarse con arreglo a las leyes arriba mencionadas y a la ordenanza sobre pensiones (Capítulo 93 de la Legislación maltesa) se considerarán, únicamente a efectos del artículo 1, letra e) del presente Reglamento, 'regímenes especiales para funcionarios'.

PAÍSES BAJOS

Seguro de asistencia sanitaria

Por lo que se refiere al derecho a las prestaciones en especie en virtud de la legislación neerlandesa, tendrán derecho a las prestaciones en especie, a efectos de la aplicación de los capítulos 1 y 2 del título III del presente Reglamento:

i)	las personas que, con arreglo al artículo 2 de la Ley del seguro de enfermedad (Zorgverzekeringswet), estén obligadas a asegurarse en un organismo de seguro de enfermedad, y

ii)

cuando no estén ya contemplados en el inciso i), los miembros de la familia del personal militar en activo que residan en otro Estado miembro y las personas que residan en otro Estado miembro y que, conforme al presente Reglamento, tengan derecho a asistencia sanitaria en su Estado de residencia, a cargo de los Países Bajos.

Las personas contempladas en el punto 1, letra a), inciso i), deberán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre el seguro de enfermedad (Zorgverzekeringswet), asegurarse en un organismo de seguro de enfermedad; las personas contempladas en el punto 1, letra a), inciso ii), deberán inscribirse en la Junta del seguro de enfermedad (College voor zorgverzekeringen).

Las disposiciones de la Zorgverzekeringswet (Ley sobre el seguro de enfermedad) y la Algemene wet bijzondere ziektekosten (Ley General sobre gastos médicos extraordinarios) relativas a la obligación de pagar cotizaciones se aplicarán a las personas contempladas en la letra a) y a los miembros de su familia. Con respecto a los miembros de la familia, las cotizaciones se cobrarán a la persona de la que nazca el derecho a la asistencia sanitaria, a excepción de los miembros de la familia del personal militar que residan en otro Estado miembro, que pagarán directamente sus cotizaciones.

Las disposiciones de la Ley del seguro de enfermedad (Zorgverzekeringswet) relativas a la suscripción tardía del seguro se aplicarán mutatis mutandis en caso de inscripción tardía en la Junta del Seguro de Enfermedad (College voor zorgverzekeringen) de las personas mencionadas en el punto 1, letra a), inciso ii).

Las personas que tengan derecho a prestaciones en especie en virtud de la legislación de un Estado miembro distinto de los Países Bajos y que residan o permanezcan temporalmente en los Países Bajos tendrán derecho a recibir prestaciones en especie con arreglo a la póliza ofrecida por la institución del lugar de residencia o de estancia a las personas aseguradas en los Países Bajos, teniendo en cuenta el artículo 11, apartados 1, 2 y 3 y el artículo 19, apartado 1, de la Ley del seguro de enfermedad (Zorgverzekeringswet), así como las prestaciones en especie previstas en la Ley general para gastos extraordinarios de enfermedad (Algemene wet bijzondere ziektekosten).

A los efectos de la aplicación de los artículos 23 a 30 del presente Reglamento (además de las pensiones a que se refiere el título III, capítulos 4 y 5 del presente Reglamento), se asimilarán a las pensiones debidas en virtud de la legislación neerlandesa las siguientes prestaciones:

—	las pensiones concedidas en virtud de la Ley de 6 de enero de 1966 relativa a las pensiones de los funcionarios civiles y de sus supervivientes (Ley general de pensiones de los funcionarios [Algemene burgerlijke pensioenwet]);

—	las pensiones concedidas en virtud de la Ley de 6 de octubre de 1966 relativa a las pensiones de los militares y de sus supervivientes (Ley general de pensiones militares [Algemene militaire pensioenwet]);

—	las prestaciones de incapacidad laboral concedidas en virtud de la Ley de 7 de junio de 1972 relativa a las prestaciones de incapacidad laboral de los militares (Ley de incapacidad laboral de los militares [Wetarbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen]);

—	las pensiones concedidas en virtud de la Ley de 15 de febrero de 1967 relativa a las pensiones del personal de la Compañía Neerlandesa de Ferrocarriles (NV Nederlandse Spoorwegen) y de sus supervivientes (Ley de pensiones del sector ferroviario [Spoorwegpensioenwet]);

—	las pensiones concedidas en virtud del Reglamento relativo a las condiciones de servicio de la Compañía Neerlandesa de Ferrocarriles (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);

—

las prestaciones concedidas a las personas que se jubilen antes de la edad legal de 65 años en concepto de pensión destinada a proporcionar ingresos a los antiguos trabajadores durante su vejez, o las prestaciones concedidas en caso de salida prematura del mercado de trabajo en virtud de un régimen establecido por el Estado o por un convenio colectivo laboral para las personas mayores de 55 años;

—	las prestaciones concedidas a los militares y los funcionarios en virtud de un régimen aplicable en caso de despido, jubilación y jubilación anticipada.

g)	A los efectos de los capítulos 1 y 2 del título III del presente Reglamento, el reembolso sin solicitud previsto en el régimen de los Países Bajos en caso de uso limitado de los servicios de asistencia sanitaria se considerará una prestación de enfermedad en metálico.

Aplicación de la Ley general sobre el seguro de vejez neerlandesa (Algemene Ouderdomswet [AOW])

La reducción considerada en el artículo 13, apartado 1, de la Ley general sobre el seguro de vejez neerlandesa (Algemene Ouderdomswet (AOW)) no se aplicará con respecto a los años civiles anteriores al 1 de enero de 1957 durante los cuales un beneficiario que no cumpla las condiciones para que esos años se consideren períodos de seguro:

—	haya residido en los Países Bajos entre los 15 y los 65 años de edad, o

—	haya residido en otro Estado miembro pero trabajado al mismo tiempo en los Países Bajos para un empleador establecido en los Países Bajos, o

—	trabajaba en otro Estado miembro durante períodos considerados períodos de seguro al amparo del sistema de seguridad social de los Países Bajos.

No obstante lo dispuesto en el artículo 7 de la AOW, también se considerará con derecho a pensión a cualquier persona que haya residido o trabajado en los Países Bajos con arreglo a las condiciones antes mencionadas únicamente antes del 1 de enero de 1957.

La reducción indicada en el artículo 13, apartado 1, de la AOW no se aplicará a los años civiles anteriores al 2 de agosto de 1989 durante los cuales, entre los 15 y los 65 años de edad, una persona que está o estuviera casada no haya estado asegurada con arreglo a dicha legislación, mientras residía en el territorio de un Estado miembro distinto de los Países Bajos, si esos años civiles coinciden con períodos de seguro cubiertos por el cónyuge de la persona al amparo de esa legislación o con años civiles que han de computarse con arreglo al punto 2, letra a), a condición de que el vínculo matrimonial subsistiera durante ese tiempo.

No obstante lo dispuesto en el artículo 7 de la AOW, se considerará que esa persona tiene derecho a pensión.

La reducción prevista en el artículo 13, apartado 2, de la AOW no se aplicará con respecto a los años civiles anteriores al 1 de enero de 1957 durante los cuales el cónyuge de un pensionista, que no cumpla las condiciones para que esos años se consideren períodos de seguro:

—	haya residido en los Países Bajos entre los 15 y los 65 años de edad, o

—	haya residido en otro Estado miembro pero trabajado al mismo tiempo en los Países Bajos para un empleador establecido en los Países Bajos, o

—	trabajaba en otro Estado miembro durante períodos considerados períodos de seguro al amparo del sistema de seguridad social de los Países Bajos.

La reducción indicada en el artículo 13, apartado 2, de la AOW no se aplicará a los años civiles anteriores al 2 de agosto de 1989 durante los cuales, entre los 15 y los 65 años de edad, el cónyuge de un pensionista, residente en un Estado miembro distinto de los Países Bajos, no haya estado asegurado con arreglo a dicha legislación, si esos años civiles coinciden con períodos de seguro cubiertos por el pensionista al amparo de esa legislación o con años civiles que han de computarse con arreglo al punto 2, letra a), a condición de que el vínculo matrimonial subsistiera durante ese tiempo.

Las letras a), b), c) y d) del punto 2 no se aplicarán a los períodos que coincidan con:

—	períodos que pueden computarse para calcular derechos a pensión en virtud de la legislación sobre el seguro de vejez de un Estado miembro distinto de los Países Bajos, o

—	períodos durante los cuales la persona interesada se ha acogido a una pensión de vejez en virtud de dicha legislación.

Los períodos de seguro voluntario bajo el sistema de otro Estado miembro no se tomarán en consideración a los efectos de la presente disposición.

f)	Las letras a), b), c) y d) del punto 2 únicamente se aplicarán si la persona interesada ha residido en uno o más Estados miembros durante seis años después de haber cumplido los 59, y sólo con respecto al tiempo durante el cual la persona resida en uno de esos Estados miembros.

No obstante lo dispuesto en el capítulo IV de la AOW, cualquier persona que resida en un Estado miembro distinto de los Países Bajos y cuyo cónyuge esté cubierto por un seguro obligatorio en virtud de la mencionada legislación estará autorizada a acogerse a un seguro voluntario de dicha legislación con respecto a períodos durante los cuales su cónyuge se encuentre cubierto por el seguro obligatorio.

Esta autorización no cesará cuando el seguro obligatorio del cónyuge finalice por su defunción y cuando el supérstite reciba únicamente una pensión en virtud de la Ley general del seguro para personas a cargo supérstites neerlandesa (Algemene nabestaandenwet).

La autorización de seguro voluntario concluirá en cualquier caso en la fecha en que la persona cumpla 65 años.

La cotización que deba pagarse para el seguro voluntario se establecerá con arreglo a las normas de determinación de la cotización al seguro voluntario de la AOW. No obstante, si el seguro voluntario es consecutivo a un período de seguro con arreglo al punto 2, letra b), la cotización se establecerá con arreglo a las normas de determinación de la cotización al seguro obligatorio de la AOW y a los ingresos que se computen se considerarán obtenidos en los Países Bajos.

h)	La autorización prevista en el punto 2, letrag), no se concederá a las personas aseguradas en virtud de la legislación sobre pensiones o prestaciones de supervivencia de otro Estado miembro.

i)	Las personas que deseen afiliarse al seguro voluntario con arreglo al punto 2, letra g) deberán solicitarlo al Banco de la seguridad social (Sociale Verzekeringsbank) a más tardar un año después de la fecha en que se cumplan los requisitos de participación.

Aplicación de la Ley general del seguro para personas a cargo supérstites (Algemene nabestaandenwet ([ANW))

Cuando el cónyuge supérstite tenga derecho a una pensión de supervivencia al amparo de la Ley general del seguro para personas a cargo supérstites (Algemene nabestaandenwet (ANW)) conforme al artículo 51, apartado 3, del presente Reglamento, esa pensión se calculará con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del presente Reglamento.

Para la aplicación de estas disposiciones, los períodos de seguro cubiertos antes del 1 de octubre de 1959 se considerarán también períodos de seguro cubiertos bajo la legislación neerlandesa si durante ellos la persona asegurada, después de cumplidos los 15 años de edad:

—	residía en los Países Bajos, o

—	residía en otro Estado miembro pero trabajaba al mismo tiempo en los Países Bajos para un empleador establecido en los Países Bajos, o

—	trabajaba en otro Estado miembro durante períodos considerados períodos de seguro al amparo del sistema de seguridad social de los Países Bajos.

b)	No se computarán los períodos que habrían de tomarse en consideración con arreglo al punto 3, letra a) si coinciden con períodos de seguro obligatorio cubiertos con arreglo a la legislación de otro Estado miembro en materia de pensiones de supervivencia.

c)	A los efectos del artículo 52, apartado 1, letra b), del presente Reglamento, únicamente se computarán como períodos de seguro los períodos de seguro cubiertos al amparo de la legislación de los Países Bajos después de los 15 años de edad.

No obstante lo dispuesto en el artículo 63a, apartado 1, de la ANW, una persona que resida en un Estado miembro distinto de los Países Bajos y cuyo cónyuge esté cubierto por un seguro obligatorio en virtud de la ANW estará autorizada a acogerse a un seguro voluntario de esta legislación, a condición de que este seguro ya haya comenzado el (fecha de aplicación del presente Reglamento), pero únicamente con respecto a períodos durante los cuales su cónyuge se encuentre cubierto por el seguro obligatorio.

Esta autorización cesará en la fecha en que finalice el seguro obligatorio del cónyuge al amparo de la ANW, a menos que la finalización se deba su defunción y que el supérstite reciba únicamente una pensión en virtud de la ANW.

La autorización de seguro voluntario concluirá en cualquier caso en la fecha en que la persona cumpla 65 años.

La cotización que deba pagarse para el seguro voluntario se establecerá con arreglo a las normas de determinación de las cotizaciones al seguro voluntario de la ANW. No obstante, si el seguro voluntario es consecutivo a un período de seguro con arreglo al punto 2, letra b), la cotización se establecerá con arreglo a las normas de determinación de las cotizaciones al seguro obligatorio de la ANW, y los ingresos que se computen se considerarán obtenidos en los Países Bajos.

Aplicación de la legislación de los Países Bajos sobre incapacidad laboral

Cuando, con arreglo al artículo 51, apartado 3, del presente Reglamento, la persona interesada tenga derecho a una prestación de invalidez de los Países Bajos, el importe considerado en el artículo 52, apartado 1, letra b), del presente Reglamento para calcular la prestación se determinará de la siguiente manera:

si, antes de sobrevenir la incapacidad laboral, la última actividad que la persona ejerció fue una actividad por cuenta ajena según la definición del artículo 1, letra b), del presente Reglamento:

—	con arreglo a las disposiciones de la Ley sobre incapacidad laboral (Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) en caso de que la incapacidad laboral haya sobrevenido antes del 1 de enero de 2004, o

—	con arreglo a las disposiciones de la Ley sobre trabajo e ingresos en función de la capacidad laboral (Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)) en caso de que la incapacidad laboral haya sobrevenido a partir del 1 de enero de 2004.

ii)

con arreglo a las disposiciones de la Ley sobre incapacidad laboral de los trabajadores por cuenta propia (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)) si, antes de sobrevenir la incapacidad laboral, la última actividad que la persona ejerció fue una actividad por cuenta propia según la definición del artículo 1, letra b), del presente Reglamento y la incapacidad laboral ha sobrevenido antes del 1 de agosto de 2004.

Al calcular las prestaciones con arreglo a las normas de la WAO, la WIA o la WAZ, las instituciones neerlandesas computarán:

—	los períodos de empleo remunerado y los períodos asimilados cubiertos en los Países Bajos antes del 1 de julio de 1967;

—	los períodos de seguro cubiertos bajo la WAO;

—	los períodos de seguro cubiertos por la persona interesada, después de los 15 años de edad, bajo la Ley general sobre incapacidad laboral (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)), siempre que no coincidan con los períodos de seguro cubiertos en virtud de la WAO;

—	los períodos de seguro cubiertos bajo la WAZ;

—	los períodos de seguro cubiertos bajo la WIA.

AUSTRIA

A los efectos de la adquisición de periodos en el seguro de pensiones, la asistencia a una escuela o centro educativo comparable en otro Estado miembro se considerará equivalente a la asistencia a una escuela o centro educativo con arreglo al artículo 227, apartado 1, punto 1, y al artículo 228, apartado 1, punto 3, de la Ley General de Seguridad Social (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)), al artículo 116, apartado 7, de la Ley de seguridad social del comercio y la industria (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG)) y al artículo 107, apartado 7, de la Ley de Seguridad Social del Sector Agrícola (Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG)), si la persona interesada ha estado sujeta en algún momento a la legislación austriaca por ejercer una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia y se han pagado las cotizaciones especiales establecidas en el artículo 227, apartado 3, de la ASVG, en el artículo 116, apartado 9, de la GSVG y en el artículo 107, apartado 9, de la BSGV para la adquisición de esos periodos de educación.

Para el cálculo de la prestación prorrateada prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del presente Reglamento no se tendrán en cuenta los incrementos especiales para cotizaciones al seguro complementario ni la prestación complementaria de los mineros establecidos por la legislación austriaca. En estos casos, si procede, se añadirán a la prestación prorrateada calculada sin estas cotizaciones los incrementos especiales para cotizaciones al seguro complementario y la prestación complementaria de los mineros, sin aplicarles reducción alguna.

Cuando se hayan cubierto, conforme al artículo 6 del presente Reglamento, períodos de sustitución bajo un régimen austriaco de seguro de pensiones, pero estos períodos no puedan servir de base para el cálculo con arreglo a los artículos 238 y 239 de la Ley General de Seguridad Social (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)), a los artículos 122 y 123 de la Ley de seguridad social del comercio y la industria (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG)) ni a los artículos 113 y 114 de la Ley de Seguridad Social del Sector Agrícola (Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG)), se utilizará la base de cálculo para los períodos de cuidado de los hijos prevista en el artículo 239 de la ASVG, en el artículo 123 de la GSVG y en el artículo 114 de la BSVG.

POLONIA

Nada.

PORTUGAL

Nada.

RUMANÍA

Nada.

ESLOVENIA

Nada.

ESLOVAQUIA

Nada.

FINLANDIA

1.	Para determinar el derecho a la pensión nacional finlandesa y calcular el importe de ésta con arreglo a los artículos 52 a 54 del presente Reglamento, las pensiones adquiridas bajo la legislación de otro Estado miembro se tratarán del mismo modo que las adquiridas bajo la legislación finlandesa.

Cuando se aplique el artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del presente Reglamento para calcular las retribuciones por el período acreditado con arreglo a la legislación finlandesa sobre las pensiones basadas en los ingresos, si una persona dispone de períodos de seguro de pensiones en virtud de un empleo por cuenta ajena o por cuenta propia en otro Estado miembro para una parte del período de referencia previsto por la legislación finlandesa, las retribuciones del período acreditado serán equivalentes a la suma de las retribuciones obtenidas durante la parte del período de referencia cumplido en Finlandia, dividida por el número de meses del período de referencia durante los que se cumplieron períodos de seguro en Finlandia.

SUECIA

1.	Cuando se pague un subsidio por permiso parental con arreglo a lo dispuesto en el artículo 67 del presente Reglamento a un miembro de la familia que no esté en situación de empleo, el subsidio se pagará a un nivel correspondiente al de base o al más bajo.

A los efectos del cálculo del subsidio por permiso parental con arreglo al apartado 6 del Capítulo 4 de la Lag (1962:381) om allmän försäkring (Ley sobre el seguro general) para aquellas personas que puedan optar a un subsidio laboral por permiso parental, se aplicarán las disposiciones siguientes:

Para aquellos progenitores para los que los ingresos que dan derecho a prestaciones por enfermedad se calculan a partir de empleos remunerados en Suecia, se considerará satisfecho el requisito de que el progenitor haya estado afiliado a un seguro de enfermedad, por el que tenga derecho a una prestación superior al mínimo garantizado, durante al menos 240 días consecutivos antes del nacimiento del niño si, en el citado período, el progenitor ha percibido ingresos por el ejercicio de una actividad lucrativa en otro Estado miembro correspondientes a un seguro superior al nivel más bajo.

Las disposiciones del presente Reglamento sobre totalización de períodos de seguro y períodos de residencia no se aplicarán a las disposiciones transitorias de la legislación sueca sobre el derecho a la pensión mínima garantizada para las personas nacidas en 1937 o antes que hayan residido en Suecia durante un período determinado antes de solicitar la pensión (Ley 2000:798).

A los efectos del cálculo de los ingresos teóricos para la indemnización por enfermedad basada en los ingresos y la indemnización ocupacional basada en los ingresos de conformidad con el capítulo 8 de la Ley sobre el seguro general (Lag (1962:381) om allmän försäkrings), se aplicarán las disposiciones siguientes:

cuando, durante el periodo de referencia, la persona asegurada haya estado también sujeta a la legislación de uno o más Estados miembros en virtud de una actividad por cuenta ajena o propia, se considerará que los ingresos percibidos en dicho o dichos Estados miembros son equivalentes a la renta media bruta en Suecia del asegurado durante la parte del periodo de referencia cumplida en Suecia, calculada mediante la división de los ingresos percibidos en Suecia por el número de años durante los que se han percibido;

cuando las prestaciones se calculen con arreglo al artículo 46 del presente Reglamento y la persona no esté asegurada en Suecia, el período de referencia se determinará con arreglo a los apartados 2 y 8 del capítulo 8 de la Ley mencionada, como si la persona interesada estuviera asegurada en Suecia. Si durante dicho periodo el interesado no dispone de ingresos que den derecho a pensión en virtud de la Ley 1998:674 relativa a la pensión de vejez basada en los ingresos, se considerará que el periodo de referencia se inicia a partir del primer momento en que el asegurado percibió ingresos por una actividad remunerada en Suecia.

Para calcular el capital de pensión teórico a fin de fijar la pensión de supervivencia basada en los ingresos (Ley 2000:461), si no se cumple el requisito de la legislación sueca relativo a la adquisición de derechos de pensión durante al menos tres de los cinco años civiles inmediatamente anteriores al fallecimiento de la persona asegurada (periodo de referencia), se tendrán en cuenta también los periodos de seguro cumplidos en otros Estados miembros, como si hubieran sido cumplidos en Suecia. Se considerará que los períodos de seguro cumplidos en otros Estados miembros se basan en la base media de cotización sueca. Si la persona en cuestión sólo ha percibido durante un año en Suecia ingresos computables para la base de cotización, se considerará que cada período de seguro en otro Estado miembro representa el mismo importe.

Para calcular los créditos de pensión teóricos a fin de fijar la pensión de viudedad en caso de fallecimiento a partir del 1 de enero de 2003, si no se cumple el requisito de la legislación sueca relativo a la adquisición de créditos de pensión durante al menos dos de los cuatro años civiles inmediatamente anteriores al fallecimiento de la persona asegurada (período de referencia) y se han cumplido períodos de seguro en otro Estado miembro durante el período de referencia, se considerará que esos años se basan en los mismos créditos de pensión que el año en Suecia.

REINO UNIDO

Cuando, en virtud de la legislación del Reino Unido, una persona pueda optar al beneficio de una pensión de jubilación:

a)	si las cotizaciones del ex cónyuge se computan como si fueran sus propias cotizaciones; o

si el cónyuge o ex cónyuge cumple las condiciones de cotización aplicables, entonces, siempre que, en ambos casos, el cónyuge o ex cónyuge ejerza o haya ejercido una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia y haya estado sujeto a la legislación de dos o más Estados miembros, se aplicarán las disposiciones del capítulo 5 del título III del presente Reglamento para determinar su derecho a la pensión en virtud de la legislación del Reino Unido. En este caso, las referencias en dicho capítulo 5 a “períodos de seguro” se entenderán como referencias a períodos de seguro cubiertos por:

el cónyuge o un ex cónyuge, si la solicitud proviniere de:

—	una mujer casada, o

—	una persona cuyo matrimonio haya terminado por cualquier motivo que no sea la defunción del cónyuge, o

ii)

un ex cónyuge, si la solicitud es presentada por:

—	un viudo que inmediatamente antes de la edad de jubilación no tenga derecho a un subsidio de supervivencia con hijos a cargo; o

—

una viuda que inmediatamente antes de la edad de jubilación no tenga derecho a un subsidio de madre viuda, a una prestación de supervivencia con hijos a cargo ni a una pensión de viudedad, o que únicamente tenga derecho a una pensión de viudedad relacionada con su edad calculada en aplicación del artículo 52, apartado 1, letra b), del presente Reglamento; a estos efectos, se entenderá por “pensión de viudedad relacionada con la edad” una pensión de viudedad de cuantía reducida, de conformidad con el artículo 39, apartado 4, de la Ley de 1992 sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).

Para la aplicación del artículo 6 del presente Reglamento a las disposiciones que regulan el derecho al subsidio de asistencia, al subsidio para cuidadores y al subsidio para personas con discapacidad, los períodos de actividad por cuenta ajena, de actividad por cuenta propia o de residencia cubiertos en el territorio de un Estado miembro distinto del Reino Unido se computarán siempre que sea necesario para cumplir los requisitos relativos a los periodos obligatorios de presencia en el Reino Unido antes de la fecha en que se origine el derecho al subsidio de que se trate.

Para la aplicación del artículo 7 del presente Reglamento, en caso de prestaciones en metálico por invalidez, vejez o supervivencia, de pensiones por accidente laboral o enfermedad profesional y subsidios de defunción, los beneficiarios en virtud de la legislación del Reino Unido que se encuentren en el territorio de otro Estado miembro serán considerados, durante dicha estancia, como si residieran en el territorio de ese otro Estado miembro.

Cuando se aplique el artículo 46 del presente Reglamento, si la persona interesada sufre una incapacidad laboral conducente a la invalidez mientras está sujeta a la legislación de otro Estado miembro, el Reino Unido computará, a los efectos del artículo 30A, apartado 5, de la Ley de 1992 sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), todos los períodos durante los cuales, por la incapacidad laboral, la persona haya percibido:

i)	prestaciones en metálico del seguro de enfermedad o, en lugar de éstas, un salario, o

ii)

prestaciones en el sentido de los capítulos 4 y 5 del título III del presente Reglamento por la invalidez consecutiva a esa incapacidad laboral, con arreglo a la legislación de otro Estado miembro, como si fueran períodos de percepción del subsidio de incapacidad a corto plazo abonados en virtud del artículo 30A, apartados 1 a 4, de la Ley de 1992 sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).

Para la aplicación de esta disposición, únicamente se computarán los períodos durante los cuales la persona habría estado incapacitada para trabajar según la definición de la legislación del Reino Unido.

Para calcular el factor “retribuciones” con vistas a determinar el derecho a las prestaciones previstas por la legislación del Reino Unido, se considerará que la persona interesada, por cada semana de actividad por cuenta ajena, bajo la legislación de otro Estado miembro, iniciada durante el ejercicio de referencia del impuesto sobre la renta de conformidad con la legislación del Reino Unido, ha pagado cotizaciones como trabajador remunerado, o percibido una retribución por la que se han pagado cotizaciones, sobre la base de una retribución equivalente a las dos terceras partes de la retribución máxima percibida ese año.

Para la aplicación del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), del presente Reglamento:

si, en algún ejercicio fiscal iniciado a partir del 6 de abril de 1975, una persona que ejerza una actividad por cuenta ajena ha cubierto períodos de seguro, empleo o residencia exclusivamente en un Estado miembro distinto del Reino Unido y, en virtud del anterior punto 5.1), ese ejercicio se considera válido con arreglo a la legislación británica a los efectos del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del presente Reglamento, se considerará que la persona ha estado asegurada durante cincuenta y dos semanas de ese ejercicio en ese otro Estado miembro;

si algún ejercicio fiscal iniciado a partir del 6 de abril de 1975 no se considera válido con arreglo a la legislación británica a los efectos del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del presente Reglamento, no se computará ningún período de seguro, empleo o residencia cubierto en ese ejercicio.

Para la conversión del factor “retribuciones” en períodos de seguro, el factor “retribuciones” obtenido durante el ejercicio de referencia del impuesto sobre la renta, en el sentido de la legislación del Reino Unido, se dividirá por la retribución mínima de ese ejercicio. El cociente obtenido se expresará en forma de número entero, prescindiendo de los decimales. Se considerará que la cifra así calculada representa el número de semanas de seguro cubiertas bajo la legislación del Reino Unido durante ese ejercicio, siempre que no exceda del número de semanas durante las cuales, en ese ejercicio, el interesado haya estado sujeto a esta legislación.»

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

El 29 de abril de 2004, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Reglamento (CE) no 883/2004 (1), sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (en lo sucesivo el «Reglamento de base»), destinado a sustituir el Reglamento (CEE) no 1408/71 (2).

El Reglamento de base incluye anexos que contienen disposiciones respecto de ciertos Estados miembros. En el momento de adoptarse el Reglamento aún no se había determinado el contenido de algunos de esos anexos. El Reglamento de base dispone, por consiguiente, que el contenido de sus anexos II (disposiciones de los convenios que se mantienen en vigor), X (prestaciones especiales en metálico no contributivas) y XI (disposiciones especiales para la aplicación de la legislación de los Estados miembros), que se dejaron vacíos, se determinaría antes de la fecha de aplicación del Reglamento.

Además, algunos de los anexos han debido adaptarse para tener en cuenta los requisitos de los Estados miembros que se han adherido a la Unión Europea con posterioridad a la adopción del Reglamento y la evolución reciente en otros Estados miembros.

Tal es el objetivo de las dos propuestas de Reglamento presentadas por la Comisión, respectivamente, el 24 de enero de 2006 y el 3 de julio de 2007:

—	Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social y se determina el contenido de su anexo XI.

—	Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los anexos del Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.

Ambas propuestas se basan en los artículos 42 y 308 del Tratado.

El Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 251 del Tratado, adoptó el 9 de julio de 2008 un único dictamen en primera lectura que contiene 77 enmiendas a la propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social y se determina el contenido de su anexo XI (3). En su opinión, el procedimiento relativo a la segunda propuesta era innecesario, habida cuenta de la incorporación de su contenido en el procedimiento relativo a la primera propuesta.

El Comité Económico y Social emitió sus dictámenes el 26 de octubre de 2006 (4).

La Comisión adoptó sus propuestas modificadas el 15 de octubre de 2008. Atendiendo a la enmienda 1 del Parlamento Europeo, las propuestas modificadas admiten la fusión de las dos propuestas originales en un texto único. La Comisión aceptó todas las enmiendas del Parlamento Europeo.

De conformidad con el artículo 251, apartado 2 del Tratado CE, el Consejo adoptó su Posición común, por unanimidad, el 17 de diciembre de 2008. La Posición común se refiere igualmente a las dos propuestas iniciales que se han refundido en un texto único.

II. OBJETIVO

Mientras que la propuesta de Reglamento de aplicación establece normas horizontales, la propuesta de Reglamento que determina el contenido del anexo XI, por su parte, establece disposiciones suplementarias relativas a aspectos concretos de la legislación de ciertos Estados miembros para garantizar que el Reglamento de base se aplique sin problemas en los Estados miembros afectados. De acuerdo con el objetivo general de simplificación, la propuesta contiene un número menor de entradas que el correspondiente anexo VI del Reglamento (CEE) no 1408/71 en vigor.

En los anexos III y II bis del Reglamento (CEE) no 1408/71 figuran disposiciones equivalentes a las de los anexos II y X del Reglamento (CE) no 883/2004, que se habían dejado vacíos. El resto de los anexos que modifica la presente propuesta ya contienen disposiciones en relación con varios Estados miembros, si bien han de ser completados para tener en cuenta a los Estados miembros que se adhirieron a la UE después del 29 de abril de 2004. Algunos de estos anexos tienen también disposiciones correspondientes en el Reglamento (CEE) no 1408/71. Ahora bien, el anexo I, parte 1 (anticipos de pensiones alimenticias), y los anexos III y IV (normas especiales para las prestaciones en especie de asistencia sanitaria) sólo se aplican al Reglamento (CE) no 883/2004.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. Observaciones generales

a) Propuesta modificada de la Comisión

El Parlamento Europeo adoptó 77 enmiendas a la propuesta de la Comisión. Todas estas enmiendas se incorporaron a las propuestas modificadas de la Comisión, de forma total o parcial o con una formulación diferente (enmiendas 1-5, 7-11, 13-24 y 26-78 rev).

b) Posición común del Consejo:

El Consejo consideró aceptables 70 de las 77 enmiendas en la forma en que se integraron total o parcialmente en la propuesta modificada de la Comisión, a saber: las enmiendas 1-5, 7, 8, 10, 13-19, 21, 22 y 25-77.

En cambio, el Consejo no consideró oportuno incorporar las enmiendas 6, 11, 12, 20, 23, 24 y 78 rev. Además, si bien el Consejo estaba de acuerdo con el fondo de la enmienda 9, relativa a la definición de las «prestaciones en especie», estimó que debería precisarse mejor esta definición (artículo 1, apartado 3, inciso v bis de la Posición común).

2. Posición común del Consejo sobre la enmienda 20 y las demás enmiendas relacionadas

La cuestión se refiere al derecho de los miembros de la familia de un trabajador fronterizo a recibir asistencia sanitaria en el Estado miembro en el que éste trabaja en las mismas condiciones que se aplican a dicho trabajador.

El artículo 18, apartado 2 del Reglamento de base dispone que «los miembros de la familia de un trabajador fronterizo tendrán derecho a las prestaciones en especie durante su estancia en el Estado miembro competente, salvo que dicho Estado miembro figure en el anexo III». El anexo III del Reglamento de base enumera los siete Estados miembros que aplican restricciones a los derechos a prestaciones en especie para los miembros de la familia de los trabajadores fronterizos.

La enmienda 20 del Parlamento Europeo (que guarda estrecha relación con las enmiendas 6, 11 y 12) indica que debería añadirse un nuevo apartado 10 bis en el artículo 87 del Reglamento de base, que dispondría que «El anexo III quedará derogado cinco años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento».

El Consejo no consiguió llegar a un acuerdo unánime sobre esta enmienda, debido a la oposición de cinco Delegaciones. Dichas Delegaciones consideran, como cuestión de principio, que no debería ponerse en riesgo lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2 del Reglamento de base, habida cuenta, en particular, de la falta de experiencia en la aplicación del nuevo Reglamento. Subrayan que no debería modificarse la delicada solución transaccional, en la que el Parlamento desempeñó un papel importante, conseguida en el Reglamento (CE) no 883/2004. Antes de adoptar cualquier otra medida, preferirían no ampliar los derechos de los familiares de los trabajadores transfronterizos en materia de atención sanitaria más allá de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 1408/71, ya que a su juicio, por el momento sería prematura una decisión de derogación del anexo III al cabo de un período de 5 años.

Por otra parte, todas las demás Delegaciones podrían aceptar esta enmienda con ánimo transaccional. Lo que es más, las Delegaciones de seis de los Estados miembros citados en el anexo III de la Posición común adoptaron una postura aún más flexible, ya que podrían aceptar la derogación del anexo III al cabo de un período de cuatro años. En este contexto, la Delegación italiana, que no puede aceptar la enmienda 24 por estimar que es necesario que su país tenga una entrada en el anexo III, adoptó una actitud conciliadora en relación con la enmienda 20, por cuanto aceptó que el plazo de validez de su entrada se limitase a cuatro años.

A la vista de esta situación, y teniendo presente la importancia de esta cuestión a los ojos del Parlamento Europeo, se llegó finalmente a una solución transaccional por unanimidad, en virtud de la cual:

—	se modificarían el apartado 2 del artículo 18 y el apartado 1 del artículo 28 del Reglamento de base indicando que el anexo III deberá revisarse a los 5 años de su fecha de aplicación, y

—	se añadiría un nuevo apartado (10 bis) en el artículo 87 del Reglamento de base, que dispondría que el plazo de validez de las entradas de algunos Estados miembros en el anexo III quedaría limitado a 4 años.

El Consejo estima que ésta es una solución realista y equilibrada al mismo tiempo, que se atiene a la posición del Parlamento Europeo. Hace votos por que el Parlamento la considere aceptable.

3. Posición del Consejo sobre la enmienda 23

La enmienda 23 se refiere al anexo II del Reglamento de base (Disposiciones de los convenios que se mantienen en vigor, en su caso, restringidas a las personas cubiertas por dichas disposiciones). En el apartado 36 de dicho anexo, en relación con la entrada Portugal-Reino Unido, el Parlamento incluye una referencia al artículo 2, apartado 1 del Protocolo sobre tratamientos médicos de 15 de noviembre de 1978, que ya está cubierto en el anexo III del Reglamento (CE) no 1408/71 del Consejo.

Dicho Protocolo no figura en el anexo II de la Posición común del Consejo, ya que los dos Estados miembros afectados han indicado que han decidido no aplicar el artículo 2, apartado 1, de dicho Protocolo a partir de 1 de septiembre de 2008.

4. Posición del Consejo sobre la enmienda 78 rev

La enmienda 78 rev tiene, entre otros, por objeto mantener la entrada «Italia» en el anexo IV del Reglamento de base, que dispone que los Estados miembros enumerados en dicho anexo otorguen más derechos a los pensionistas que regresen al Estado miembro competente (artículo 27, apartado 2 del Reglamento de base). En la medida en que se refiere a este artículo, esta enmienda no era aceptable para el Consejo, que se pronunció por unanimidad.

Tras la adopción del Reglamento de base, las autoridades competentes italianas revisaron su postura, y prefirieron no conceder por el momento nuevos derechos a los pensionistas. En vista de ello, la Comisión propuso, en su propuesta inicial de modificación de los anexos del Reglamento (CE) no 883/2004, la supresión de la entrada «Italia» del anexo IV. La Delegación italiana consideró aceptable la propuesta de la Comisión.

La Comisión ha aceptado la Posición común aprobada por el Consejo.

5. Observaciones específicas

El Consejo consideró necesario hacer las siguientes modificaciones respecto de la propuesta de la Comisión:

—	En relación con el artículo 15 del Reglamento de base: en la Posición común se sustituye la expresión «agentes auxiliares» por «agentes contractuales», de conformidad con el Estatuto de los funcionarios.

—	Artículo 36, apartado 1, del Reglamento de base: el Consejo estimó necesario disponer que el artículo 17 y los apartados 1 de los artículos 18, 19 y 20 se aplicarán también a las prestaciones relacionadas con accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

—	Por otra parte, el Consejo estimó que debería añadirse un nuevo apartado 2 bis al artículo 36 del Reglamento de base, a fin de incluir el principio recogido en el artículo 33 de la propuesta de la Comisión de Reglamento por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004.

—

Artículo 87, apartado 8, del Reglamento de base: el Consejo consideró necesario sustituir el actual apartado 8 por un nuevo texto que especifique el plazo máximo durante el cual una persona estará sujeta a la legislación de un Estado miembro distinto del determinado con arreglo al título II del Reglamento (CEE) no 1408/71.

IV. CONCLUSIÓN

El Consejo celebra el espíritu de cooperación con el Parlamento Europeo que ha reinado durante la primera lectura de este importante elemento de legislación accesoria, que ha permitido ya a ambas instituciones reducir en gran medida los ámbitos de posibles desacuerdos.

En particular, el Consejo aprecia la iniciativa del Parlamento Europeo relativa a fundir la propuesta por el que se modifica el Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social y se determina el contenido del anexo XI y la propuesta por la que se modifican los anexos de dicho Reglamento.

Estima que su Posición común atiende en gran medida a las inquietudes expresadas por el Parlamento.

Espera con interés la prosecución de este debate constructivo con el Parlamento Europeo, con miras a alcanzar cuanto antes un acuerdo definitivo sobre este acto legislativo de carácter complementario, habida cuenta del interés primordial de la pronta entrada en aplicación de la totalidad del conjunto de nuevas normas de modernización y simplificación de la coordinación de los sistemas de seguridad social.

(1) DO L 166 de 30.4.2004; versión corregida en el DO L 200 de 7.6.2004, p. 1.

(2) Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, DO L 149 de 5.7.1971, p. 2. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1992/2006 (DO L 392 de 30.12.2006, p. 1).

(3) Sin publicar aún en el Diario Oficial.

(4) DO C 161 de 13.7.2007, p. 61.

10.2.2009

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 33/30

POSICIÓN COMÚN (CE) N o 2/2009

aprobada por el Consejo el 18 de diciembre de 2008

con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal y se deroga el Reglamento (CEE) no 2377/90 y se modifican la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2009/C 33 E/02)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 37 y su artículo 152, apartado 4, letra b),

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1)	Los avances científicos y técnicos permiten detectar la presencia de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos a niveles cada vez más bajos.

(2)

Para proteger la salud humana pública, los límites máximos de residuos deben fijarse de acuerdo con los principios generalmente reconocidos de evaluación de la seguridad, teniendo en cuenta los riesgos toxicológicos, la contaminación medioambiental y los efectos microbiológicos y farmacológicos no deseados de los residuos. Deberán tenerse en cuenta también otras evaluaciones científicas de la seguridad de sustancias en cuestión que podrían haber llevado a cabo organizaciones internacionales u organismos científicos establecidos en la Comunidad.

(3)

El presente Reglamento afecta de manera directa a la salud pública y es pertinente a efectos del funcionamiento del mercado interior de productos de origen animal incluidos en el anexo I del Tratado. Por tal motivo, es necesario establecer límites máximos de residuos de sustancias farmacológicamente activas para los distintos alimentos de origen animal, incluidos la carne, el pescado, la leche, los huevos y la miel.

(4)

El Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo, de 26 de junio de 1990, por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (3) introdujo procedimientos comunitarios para evaluar la seguridad de los residuos de las sustancias farmacológicamente activas conforme a los requisitos relativos a la seguridad de los alimentos destinados al consumo humano. Una sustancia farmacológicamente activa puede utilizarse en animales productores de alimentos solamente si ha sido objeto de una evaluación favorable. Se establecen límites máximos de residuos para esta sustancia cuando se consideran necesarios para proteger la salud humana.

(5)

La Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (4) dispone que dichos medicamentos pueden autorizarse o utilizarse en animales productores de alimentos únicamente si las sustancias farmacológicamente activas que contienen se consideran inocuas de conformidad con el Reglamento (CEE) no 2377/90. Dicha Directiva incluye, asimismo, disposiciones relativas a la documentación de la utilización, la redesignación («uso no contemplado»), la prescripción y la distribución de medicamentos veterinarios destinados a animales productores de alimentos.

(6)

A la luz de la Resolución del Parlamento Europeo de 3 de mayo de 2001 (5) sobre la disponibilidad de medicamentos veterinarios, de la consulta pública realizada en 2004 por la Comisión y de su evaluación de la experiencia adquirida, se puso de manifiesto la necesidad de modificar los procedimientos para el establecimiento de límites máximos de residuos conservando al mismo tiempo el sistema general de fijación de dichos límites.

(7)

De conformidad con la Directiva 2001/82/CE, los límites máximos de residuos son los valores de referencia para la determinación del tiempo de espera en las autorizaciones de comercialización de medicamentos veterinarios destinados a animales productores de alimentos, así como para el control de los residuos en los alimentos de origen animal en los Estados miembros y en los puestos de inspección fronterizos.

(8)

La Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, por la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal o tirostático y sustancias β-agonistas en la cría de ganado (6) prohíbe la utilización de algunas sustancias con fines específicos en los animales productores de alimentos. El presente Reglamento debe aplicarse sin perjuicio de la legislación comunitaria que prohíbe utilizar en animales productores de alimentos determinadas sustancias de efecto hormonal.

(9)

El Reglamento (CEE) no 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos alimenticios (7) prevé normas específicas para las sustancias que no se administran intencionalmente. Estas sustancias no deben estar sujetas a la legislación sobre los límites máximos de residuos.

(10)

El Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establece los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (8) instituye el marco de la legislación alimentaria a escala comunitaria y proporciona definiciones en ese ámbito. Conviene que estas definiciones se apliquen a efectos de la legislación sobre los límites máximos de residuos.

(11)

El Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (9) establece las disposiciones generales relativas al control de los productos alimenticios en la Comunidad y proporciona definiciones en este ámbito. Conviene que estas normas y definiciones se apliquen a efectos de la legislación sobre los límites máximos de residuos. Se deberá dar prioridad a la detección del uso ilegal de sustancias, y parte de las muestras se deberán seleccionar según un enfoque basado en el riesgo.

(12)

El Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (10) faculta a la Agencia Europea de Medicamentos («la Agencia») para emitir dictámenes sobre los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios aceptables en los alimentos de origen animal.

(13)	Deben fijarse límites máximos de residuos para las sustancias farmacológicamente activas utilizadas o destinadas a utilizarse en medicamentos veterinarios comercializados en el mercado comunitario.

(14)	La consulta pública y el hecho de que solamente se haya autorizado durante estos últimos años un número reducido de medicamentos veterinarios para los animales productores de alimentos ponen de manifiesto que el Reglamento (CEE) no 2377/90 ha reducido la disponibilidad de dichos medicamentos.

(15)

Con el fin de garantizar la salud y el bienestar de los animales, es necesario disponer de medicamentos veterinarios para tratar enfermedades específicas. Además, la falta de disponibilidad de medicamentos veterinarios adecuados para un tratamiento específico en una especie determinada puede contribuir a la utilización incorrecta o ilegal de sustancias.

(16)

El sistema instaurado por el Reglamento (CEE) no 2377/90 debe, por tanto, modificarse con el fin de aumentar la disponibilidad de medicamentos veterinarios para animales productores de alimentos. En pos de este objetivo, deben adoptarse las disposiciones necesarias para que la Agencia considere sistemáticamente la posibilidad de utilizar un límite máximo de residuos establecido para una especie o un producto alimenticio para otra especie u otro producto alimenticio. En ese sentido deberán tenerse en cuenta los factores de seguridad ya inherentes en el sistema para garantizar que no se comprometen la seguridad alimentaria y el bienestar animal.

(17)

Se reconoce que, en algunos casos, la evaluación científica de los riesgos no puede ofrecer por sí sola toda la información en la que deben basarse las decisiones de gestión de los riesgos, por lo que han de tenerse debidamente en cuenta otros factores pertinentes, como los aspectos tecnológicos de la producción de alimentos y la viabilidad de los controles. Por lo tanto, la Agencia debe emitir un dictamen sobre la evaluación científica de los riesgos y recomendaciones para la gestión de los riesgos vinculados a los residuos de las sustancias farmacológicamente activas.

(18)

Para el buen funcionamiento del marco general de límites máximos de residuos son necesarias disposiciones detalladas sobre el formato y el contenido de las solicitudes de establecimiento de estos límites, así como sobre los principios metodológicos aplicables a la evaluación de los riesgos y a las recomendaciones para la gestión de los riesgos.

(19)

Además de los medicamentos veterinarios, en la cría de animales se utilizan otros productos no sujetos a la legislación específica sobre residuos, como son los productos biocidas. Estos productos biocidas se definen en la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas (11). Por otra parte, medicamentos veterinarios que no disponen de una autorización de comercialización en la Comunidad pueden estar autorizados en países extracomunitarios. Esta situación puede explicarse por una mayor prevalencia de enfermedades diferentes o de especies diana en otras regiones o por la opción de algunas empresas de no comercializar un producto en la Comunidad. El hecho de que un producto no esté autorizado en la Comunidad no significa necesariamente que su utilización sea peligrosa. Por lo que se refiere a las sustancias farmacológicamente activas de esos productos, la Comisión debe poder fijar un límite máximo de residuos para los alimentos, tras el dictamen emitido por la Agencia de acuerdo con los principios establecidos para las sustancias farmacológicamente activas destinadas a ser utilizadas en medicamentos veterinarios. Es necesario asimismo modificar el Reglamento (CE) no 726/2004 a fin de incluir entre los cometidos de la Agencia el asesoramiento sobre niveles máximos de residuos de sustancias activas en biocidas.

(20)

Según el sistema establecido por la Directiva 98/8/CE, los operadores que hayan comercializado o pretendan comercializar productos biocidas estarán obligados a pagar los gastos de las evaluaciones que se lleven cabo de acuerdo con los diferentes procedimientos asociados con esa Directiva. El presente Reglamento establece que la Agencia llevará a cabo evaluaciones relacionadas con el establecimiento del límite máximo de residuos de sustancias farmacológicamente activas que se vayan a emplear en productos biocidas. En consecuencia el presente Reglamento debe aclarar el modo de financiación de esas evaluaciones para tener debidamente en cuenta las cuotas ya recaudadas para evaluaciones ya hechas o que habrán de hacerse de conformidad con esa Directiva.

(21)

La Comunidad contribuye, en el marco del Codex Alimentarius, a la elaboración de normas internacionales sobre los límites máximos de residuos, velando al mismo tiempo por que no se reduzca el elevado nivel de protección de la salud humana que se mantiene en la Comunidad. Por consiguiente, la Comunidad debe adoptar sin una evaluación de riesgos adicional los límites máximos de residuos del Codex Alimentarius que ha apoyado en las correspondientes reuniones de la Comisión del Codex Alimentarius. De este modo, se reforzará la coherencia entre las normas internacionales y la legislación comunitaria en materia de residuos en los alimentos.

(22)

Los productos alimenticios están sujetos al control de los residuos de las sustancias farmacológicamente activas de conformidad con el Reglamento (CE) no 882/2004. Si bien este Reglamento no fija límites de residuos para estas sustancias, tales residuos pueden formarse debido a la contaminación medioambiental o por la aparición de un metabolito natural en el animal. Los métodos de laboratorios permiten detectar estos residuos a niveles cada vez más bajos. Estos residuos han dado lugar a prácticas de control diferentes en los Estados miembros.

(23)

La Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros (12) exige que todo envío importado de terceros países se someta a controles veterinarios y la Decisión no 2005/34/CE de la Comisión, de 11 de enero de 2005 (13), establece normas armonizadas para someter a prueba determinados residuos en productos de origen animal importados de terceros países. Procede ampliar las disposiciones de la Decisión no 2005/34 a todos los productos de origen animal comercializados en la Comunidad.

(24)

De conformidad con el Reglamento (CE) no 2377/90, la Directiva 96/22/CE o el Reglamento (CE) no 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los aditivos en la alimentación animal (14), está prohibida o no autorizada actualmente una serie de sustancias farmacológicamente activas. Deberán controlarse y seguirse con atención, de acuerdo con la Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos (15), e independientemente del origen del producto, los residuos de sustancias farmacológicamente activas en productos de origen animal procedentes, en concreto, de un uso ilegal o de la contaminación medioambiental.

(25)

Conviene, por tanto, que la Comunidad defina procedimientos para establecer, a efectos de medidas de control, valores de referencia en concentraciones de residuos para las cuales los análisis de laboratorio son técnicamente realizables de modo que se faciliten los intercambios intracomunitarios y las importaciones, sin menoscabo de un elevado nivel de protección de la salud humana en la Comunidad. No obstante, la fijación de valores de referencia a efectos de intervención no debe ser un pretexto para permitir el uso de sustancias no autorizadas o prohibidas para el tratamiento de animales productores de alimentos. Por consiguiente, todo residuo de tales sustancias de origen animal deberá considerarse rechazable.

(26)

Conviene también que la Comunidad establezca un enfoque armonizado para las situaciones en que los Estados miembros hallen pruebas de un problema recurrente, pues ello podría indicar un tipo de uso indebido de una sustancia particular o el incumplimiento de las garantías dadas por terceros países sobre la producción de alimentos destinados a la importación a la Comunidad. Los Estados miembros notificarán a la Comisión los problemas que se repitan y las medidas consecutivas que se habrán de tomar.

(27)	Procede simplificar la legislación vigente sobre los límites máximos de residuos reuniendo en un único Reglamento de la Comisión todas las decisiones que clasifican las sustancias farmacológicamente activas por lo que respecta a residuos.

(28)	Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (16).

(29)

Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que adopte principios metodológicos de evaluación y recomendaciones de gestión de riesgos en lo que se refiere al establecimiento de límites máximos de residuos, normas relativas a condiciones de extrapolación, medidas que fijen valores de referencia a efectos de intervención, con inclusión de medidas que revisen estos valores de referencia, así como principios metodológicos y métodos científicos para la fijación de esos valores de referencia. Dado que estas medidas son de alcance general, y están destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento completándolo con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(30)

Cuando, por imperiosas razones de urgencia, los plazos normalmente aplicables en el marco del procedimiento de reglamentación con control no puedan respetarse, la Comisión debe poder aplicar el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 5 bis, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE para la adopción de medidas que fijen valores de referencia para la intervención y medidas que revisen esos valores de referencia.

(31)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la protección de la salud humana y animal y garantizar la disponibilidad de medicamentos veterinarios adecuados, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(32)	Conviene, en aras de la claridad, sustituir el Reglamento (CEE) no 2377/90 por un nuevo Reglamento.

(33)

Debe preverse un período de transición de modo que la Comisión pueda elaborar y adoptar un Reglamento que incorpore las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación respecto a límites máximos de residuos, tal y como se establece en los anexos I a IV del Reglamento (CEE) no 2377/90, así como algunas disposiciones de aplicación de ese nuevo Reglamento.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece, a efectos de garantizar la seguridad alimentaria, las normas y los procedimientos que permiten determinar:

a)	la concentración máxima de un residuo de una sustancia farmacológicamente activa que puede permitirse en los alimentos de origen animal («límite máximo de residuos»);

b)	el nivel de un residuo de una sustancia farmacológicamente activa establecido por motivos de control en el caso de determinadas sustancias para las que no se ha fijado un límite máximo de residuos en virtud del presente Reglamento («valor de referencia a efectos de intervención»).

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

a)	los principios activos de origen biológico destinados a producir una inmunidad activa o pasiva o a diagnosticar un estado de inmunidad, utilizados en los medicamentos veterinarios inmunológicos;

b)	las sustancias contempladas en el Reglamento (CEE) no 315/93.

3. El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de la legislación comunitaria que prohíbe utilizar en animales productores de alimentos determinadas sustancias de efecto hormonal o tireostático y de sustancias beta-agonistas, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 96/22/CE.

Artículo 2

Definiciones

Además de las definiciones que figuran en el artículo 1 de la Directiva 2001/82/CE, en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 882/2004 y en los artículos 2 y 3 del Reglamento (CE) no 178/2002, las siguientes definiciones serán aplicables a efectos del presente Reglamento:

«residuos de sustancias farmacológicamente activas»: todas las sustancias farmacológicamente activas, expresadas en mg/kg o μg/kg sobre la base del peso en fresco, ya sean sustancias activas, excipientes o productos de degradación, y sus metabolitos que permanezcan en los alimentos obtenidos a partir de animales;

b)	«animales productores de alimentos»: animales criados, mantenidos, sacrificados o recogidos con el fin de producir alimentos.

TÍTULO II

LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS

CAPÍTULO I

Evaluación y gestión de los riesgos

Sección 1

Sustancias farmacológicamente activas destinadas a utilizarse en medicamentos veterinarios en la Comunidad

Artículo 3

Solicitud de dictamen a la Agencia

Salvo en los casos en que se aplica el procedimiento del Codex Alimentarius a que se refiere el artículo 14, apartado 3, del presente Reglamento, cualquier sustancia farmacológicamente activa destinada a utilizarse en la Comunidad en medicamentos veterinarios que deba ser administrada a animales productores de alimentos será objeto de un dictamen de la Agencia Europea de Medicamentos («la Agencia») establecida por el artículo 55 del Reglamento (CE) no 726/2004 en lo que respecta al límite máximo de residuos, formulado por el Comité de Medicamentos para Uso Veterinario («el Comité»), establecido por el artículo 30 de dicho Reglamento.

A tal fin, el solicitante de una autorización de comercialización de un medicamento veterinario que contenga tal sustancia o cualquier persona que prevea solicitar tal autorización de comercialización, o, en su caso, el titular de tal autorización deberán presentar una solicitud a la Agencia.

Artículo 4

Dictamen de la Agencia

1. El dictamen de la Agencia consistirá en una evaluación científica de los riesgos y en recomendaciones para la gestión de los riesgos.

2. La evaluación científica de los riesgos y las recomendaciones para la gestión de los riesgos tienen por objeto garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana, evitando al mismo tiempo que la salud humana, así como la salud y el bienestar de los animales se vean perjudicados por la falta de disponibilidad de medicamentos veterinarios adecuados. El dictamen deberá tener en cuenta todo hallazgo científico pertinente de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («EFSA») establecida por el artículo 22 del Reglamento (CE) no 178/2002.

Artículo 5

Extrapolación

Con el fin de garantizar la disponibilidad de medicamentos veterinarios autorizados para enfermedades que afectan a animales productores de alimentos y a la vez que se garantiza un nivel elevado de protección de la salud humana, cuando la Agencia realice evaluaciones científicas de los riesgos y formule recomendaciones para la gestión de los riesgos, deberá considerar la posibilidad de utilizar los límites máximos de residuos establecidos para una sustancia farmacológicamente activa en un producto alimenticio particular, en otro producto alimenticio derivado de la misma especie, o los límites máximos de residuos establecidos para una sustancia farmacológicamente activa en una o más especies para otras especies.

Artículo 6

Evaluación científica de los riesgos

1. La evaluación científica de los riesgos tendrá en cuenta el metabolismo y la eliminación de las sustancias farmacológicamente activas en las especies animales pertinentes, el tipo de residuos y la cantidad correspondiente que puede ser ingerida por las personas durante toda la vida sin riesgo aparente para la salud, expresada en términos de ingesta diaria admisible («IDA»). Pueden utilizarse enfoques alternativos a la IDA si han sido establecidos por la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2.

2. La evaluación científica de los riesgos se referirá a los siguientes aspectos:

a)	el tipo y la cantidad de residuos que se consideran exentos de peligro para la salud humana;

b)	el riesgo de efectos toxicológicos, farmacológicos o microbiológicos en los seres humanos;

c)	los residuos que se forman en los alimentos de origen vegetal o que proceden del medio ambiente.

3. Si el metabolismo y la eliminación de la sustancia no pueden evaluarse, la evaluación científica de los riesgos podrá tener en cuenta los datos de control o los datos de exposición.

Artículo 7

Recomendaciones para la gestión de los riesgos

Las recomendaciones para la gestión de los riesgos se basarán en la evaluación científica de los mismos realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, y consistirán en un análisis de los siguientes aspectos:

a)	la disponibilidad de sustancias alternativas para el tratamiento de las especies en cuestión o la necesidad de utilizar la sustancia evaluada para evitar sufrimientos innecesarios a los animales o garantizar la seguridad de las personas que los tratan;

otros factores legítimos, como los aspectos tecnológicos de la producción alimentaria y de piensos, la viabilidad de los controles, las condiciones de utilización y de aplicación de las sustancias en los medicamentos veterinarios, las buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios y en los productos biocidas, así como la probabilidad de una utilización incorrecta o ilegal;

la posible necesidad de fijar un límite máximo de residuos o un límite máximo de residuos provisional para una sustancia farmacológicamente activa en medicamentos veterinarios, así como el nivel de dicho límite máximo de residuos y, en su caso, las condiciones o restricciones de utilización de la sustancia de que se trate;

la insuficiencia de los datos proporcionados para poder definir un límite seguro, o la imposibilidad, habida cuenta de la ausencia de datos científicos, de extraer una conclusión definitiva en cuanto a los efectos sobre la salud humana de los residuos de una sustancia. En cualquiera de estos dos casos no podrá recomendarse un límite máximo de residuos.

Artículo 8

Solicitudes y procedimientos

1. La solicitud a que se refiere el artículo 3 deberá ajustarse al formato y al contenido definidos por la Comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, e irá acompañada de la tasa que se debe pagar a la Agencia.

2. La Agencia velará por que el Comité emita su dictamen en los 210 días siguientes a la recepción de una solicitud válida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y en el apartado 1 del presente artículo. En caso de que la Agencia solicitara información adicional sobre la sustancia en un plazo determinado, dicho periodo de tiempo quedará en suspenso hasta que se haya presentado la información suplementaria requerida.

3. La Agencia transmitirá al solicitante el dictamen contemplado en el artículo 4. En un plazo de quince días a partir de la recepción del dictamen, el solicitante podrá notificar por escrito a la Agencia su intención de pedir una revisión. En tal caso, comunicará a la Agencia los motivos pormenorizados de su recurso dentro de los sesenta días siguientes a la recepción del dictamen.

En un plazo de sesenta días a partir de la recepción de los motivos de la solicitud de revisión, el Comité examinará si su dictamen debe revisarse y adoptará un dictamen final. Las razones que justifican las conclusiones formuladas sobre el recurso se anexarán al dictamen final.

4. La Agencia transmitirá el dictamen final a la Comisión y al solicitante en los quince días que siguen a su aprobación, exponiendo los motivos de sus conclusiones.

Sección 2

Otras sustancias farmacológicamente activas sobre las que podrá solicitarse el dictamen de la Agencia

Artículo 9

Dictamen de la Agencia solicitado por la Comisión o un Estado miembro

1. La Comisión o un Estado miembro podrán transmitir a la Agencia solicitudes de dictamen sobre los límites máximos de residuos en cualquiera de las siguientes circunstancias:

cuando el uso de la sustancia en cuestión esté autorizado en un tercer país para un medicamento veterinario y no se haya presentado, de conformidad con el artículo 3, una solicitud de fijación de límite máximo de residuos para dicha sustancia en lo que respecta al producto alimenticio o la especie de que se trate;

cuando la sustancia en cuestión esté incluida en un medicamento destinado a utilizarse de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 2001/82/CE y no se haya presentado, de conformidad con el artículo 3 del presente Reglamento, una solicitud de fijación de límite máximo de residuos para dicha sustancia en lo que respecta al producto alimenticio o la especie de que se trate.

En las circunstancias de la letra b) del párrafo primero, cuando se trate de especies o usos menores, la solicitud podrá remitirla a la Agencia la parte u organización interesada.

Serán aplicables los artículos 4 a 7.

Las solicitudes de dictamen a que se refiere el primer párrafo del presente apartado se ajustarán a los requisitos de formato y contenido fijados por la Comisión de conformidad con el artículo 13, apartado 1.

2. La Agencia velará por que el Comité emita su dictamen en los 210 días siguientes a la recepción de una solicitud válida de la Comisión, de un Estado miembro o de una parte u organización interesada. En caso de que la Agencia solicitara información adicional sobre la sustancia en un plazo determinado, dicho periodo de tiempo quedará en suspenso hasta que se haya presentado la información suplementaria requerida.

3. La Agencia transmitirá el dictamen final a la Comisión y, si procede, al Estado miembro o a la parte u organización interesada solicitante, en los quince días que siguen a su aprobación, exponiendo los motivos de sus conclusiones.

Artículo 10

Sustancias farmacológicamente activas contenidas en biocidas empleados en la cría de animales

1. A efectos del artículo 10, apartado 2, inciso ii), de la Directiva 98/8/CE, para una sustancia farmacológicamente activa destinada a usarse en un biocida empleado en la cría de animales se fijará el límite máximo de residuos:

Según el procedimiento mencionado en el artículo 9 del presente Reglamento para:

i)	combinaciones de sustancias activas/tipo de producto incluidas en el programa de 10 años mencionado en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE;

ii)	combinaciones de sustancias activas/tipo de producto que se incluirán en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE para las que la autoridad competente haya aceptado el expediente a que se refiere el artículo 11, apartado 1, letra b), de dicha Directiva antes de … (17);

conforme al procedimiento mencionado en el artículo 8 del presente Reglamento y sobre la base de una solicitud presentada de acuerdo con el artículo 3 del presente Reglamento para todas las demás combinaciones de sustancias activas/tipo de producto, que deban incluirse en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE para los que los Estados miembros y la Comisión consideran necesario fijar un límite máximo de residuos.

2. La Comisión clasificará las sustancias farmacológicamente activas mencionadas en el apartado 1 de acuerdo con el artículo 14. A efectos de la clasificación, la Comisión adoptará un Reglamento, conforme a lo previsto en el artículo 17, apartado 1.

No obstante, toda disposición específica relacionada con las condiciones de uso de las sustancias clasificadas de acuerdo con el párrafo primero del presente apartado se establecerá de conformidad con el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE.

3. Los gastos de las evaluaciones realizadas por la Agencia, a raíz de una solicitud hecha de acuerdo con el apartado 1, letra a), del presente artículo quedarán cubiertos con el presupuesto de la Agencia, según se menciona en el artículo 67 del Reglamento (CE) no 726/2004. No obstante, esto no se aplicará a los gastos de evaluación de un ponente designado según el artículo 62, apartado 1, del citado Reglamento para el establecimiento de un límite máximo de residuos cuando dicho ponente haya sido designado por un Estado miembro que haya percibido ya una tasa por dicha evaluación, sobre la base del artículo 25 de la Directiva 98/8/CE.

La cuantía de las tasas de las evaluaciones que hagan la Agencia y los ponentes, a raíz de una solicitud hecha según el apartado 1, letra b), del presente artículo se establecerán conforme al artículo 70 del Reglamento (CE) no 726/2004. Será de aplicación el Reglamento (CE) no 297/95 del Consejo, de 10 de febrero de 1995, relativo a las tasas que deben pagarse a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (18).

Sección 3

Disposiciones comunes

Artículo 11

Revisión de un dictamen

Cuando la Comisión, el solicitante a que se refiere el artículo 3 o un Estado miembro consideren, habida cuenta de los nuevos datos disponibles, que es necesaria una revisión del dictamen para proteger la salud humana o animal, podrán solicitar a la Agencia un nuevo dictamen sobre las sustancias en cuestión.

Cuando se haya fijado un límite máximo de residuos, de acuerdo con el presente Reglamento, para un producto alimenticio o especie concreta, serán de aplicación los artículos 3 y 9 para la fijación de un límite máximo de residuos de esa sustancia para otros productos alimenticios o especies.

La solicitud a que se refiere el párrafo primero se acompañará de información que explique la cuestión que debe tratarse. Se aplicarán al nuevo dictamen, según proceda, las disposiciones del artículo 8, apartados 2 a 4, o del artículo 9, apartados 2 y 3.

Artículo 12

Publicación de los dictámenes

La Agencia publicará los dictámenes contemplados en los artículos 4, 9 y 11, tras haber suprimido todas las informaciones comerciales de carácter confidencial.

Artículo 13

Medidas de aplicación

1. Con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 25, apartado 2, la Comisión, consultando con la Agencia, adoptará medidas relativas a la forma y al contenido de las solicitudes y peticiones a que se refieren los artículos 3 y 9.

2. La Comisión, previa consulta con la Agencia, los Estados miembros y las partes interesadas, adoptará medidas relativas a:

a)	los principios metodológicos aplicables a la evaluación de los riesgos y a las recomendaciones para la gestión de los riesgos contempladas en los artículos 6 y 7, incluidos los requisitos técnicos de conformidad con las normas internacionalmente acordadas;

las normas sobre el uso de un límite máximo de residuos establecido para una sustancia farmacológicamente activa en un producto alimenticio determinado para otro producto alimenticio derivado de la misma especie, o de un límite máximo de residuos establecido para una sustancia farmacológicamente activa de una o más especies para otras especies a que se refiere el artículo 5. Estas normas especificarán de qué manera y en qué condiciones pueden utilizarse los datos científicos relativos a los residuos presentes en un alimento particular o en una o más especies para el establecimiento de un límite máximo de residuos en otros alimentos o en otras especies.

Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento completándolo, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 25, apartado 3.

CAPÍTULO II

Clasificación

Artículo 14

Clasificación de las sustancias farmacológicamente activas

1. La Comisión clasificará las sustancias farmacológicamente activas que hayan sido objeto de un dictamen de la Agencia sobre el límite máximo de residuos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 9 ó 11, según proceda.

2. La clasificación incluirá una lista de las sustancias farmacológicamente activas y las categorías terapéuticas a las cuales pertenecen. La clasificación determinará también, para cada una de estas sustancias y, si procede, para alimentos o especies concretos, uno de los siguientes elementos:

a)	un límite máximo de residuos;

b)	un límite máximo de residuos provisional;

c)	la ausencia de necesidad de establecer un límite máximo de residuos;

d)	una prohibición de administración de una sustancia.

3. Se establecerá un límite máximo de residuos cuando se considere necesario para la protección de la salud humana:

a)	de conformidad con el dictamen emitido por la Agencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4, 9 o 11, según proceda, o

de conformidad con la decisión adoptada en la Comisión del Codex Alimentarius, sin que medie objeción de la Delegación de la Comunidad a favor de un límite máximo de residuos para una sustancia farmacológicamente activa destinada a utilizarse en un medicamento veterinario, siempre que los datos científicos tenidos en cuenta se hayan puesto a disposición de la Delegación de la Comunidad antes de que se adopte la decisión en la Comisión del Codex Alimentarius. En este caso, no será necesaria una nueva evaluación por parte de la Agencia.

4. Podrá establecerse un límite máximo de residuos provisional en los casos en que los datos científicos sean incompletos, siempre y cuando no existan motivos para suponer que los residuos de dicha sustancia constituyen un peligro para la salud humana en el nivel propuesto.

El límite máximo de residuos provisional se aplicará por un periodo de tiempo determinado, que no podrá exceder de cinco años. Dicho periodo podrá prolongarse una vez durante dos años como máximo cuando se demuestre que dicha prórroga permitiría concluir los estudios científicos en curso.

5. No se establecerá un límite máximo de residuos cuando, con arreglo a un dictamen emitido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 9 o 11, según proceda, no sea necesario para la protección de la salud humana.

6. La administración de una sustancia a los animales productores de alimentos, como consecuencia del dictamen emitido con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4, 9 o 11, según proceda, se prohibirá:

a)	cuando la presencia de una sustancia farmacológicamente activa o de sus residuos en alimentos de origen animal pueda suponer un peligro para la salud humana;

b)	cuando resulte imposible llegar a una conclusión definitiva en cuanto a los efectos de los residuos de una sustancia en la salud humana.

7. Cuando se considere necesario para la protección de la salud humana, la clasificación incluirá las condiciones y restricciones de utilización o aplicación de una sustancia farmacológicamente activa empleada en medicamentos veterinarios, que esté sujeta a un límite máximo de residuos, o para la cual no se haya fijado ningún límite máximo.

Artículo 15

Procedimiento acelerado de dictamen de la Agencia

1. En casos concretos en que un medicamento veterinario o un biocida precise autorización con urgencia por motivos relacionados con la protección de la salud pública o de la salud animal o del bienestar de los animales, la Comisión, cualquier persona que haya presentado una solicitud de dictamen, conforme a lo previsto en el artículo 3, o un Estado miembro podrán pedir a la Agencia que lleve a cabo un procedimiento acelerado de evaluación del límite máximo de residuos de una sustancia farmacológicamente activa contenida en esos productos.

2. El formato y el contenido de la solicitud a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, serán establecidos por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1.

3. Sin perjuicio de los plazos fijados en el artículo 8, apartado 2, y en el artículo 9, apartado 2, la Agencia velará por que el dictamen del Comité se emita en un plazo de 120 días contados desde la recepción de la solicitud.

Artículo 16

Administración de sustancias a animales destinados a la producción de alimentos

1. A los animales destinados a la producción de alimentos en la Comunidad sólo podrá administrárseles sustancias farmacológicamente activas clasificadas con arreglo al artículo 14, apartado 2, letras a), b) o c), a condición de que dicha administración sea conforme a la Directiva 2001/82/CE.

2. No será de aplicación el apartado 1 en el caso de ensayos clínicos que sean aceptados por las autoridades competentes previa notificación o autorización con arreglo a la legislación vigente y toda vez que estos ensayos no den lugar a que los alimentos obtenidos de los animales que participen en dichos ensayos contengan residuos que representen un riesgo para la salud humana.

Artículo 17

Procedimiento

1. A efectos de la clasificación prevista en el artículo 14, la Comisión elaborará un proyecto de Reglamento en los treinta días que siguen a la recepción del dictamen de la Agencia contemplado en el artículo 4, en el artículo 9 o en el artículo 11, según proceda. La Comisión también elaborará un proyecto de Reglamento en los treinta días que siguen a la recepción de la decisión de la Comisión del Codex Alimentarius, sin que medie objeción de la Delegación de la Comunidad, a favor de fijar un límite máximo de residuos, tal como se señala en el artículo 14, apartado 3.

En los casos en que se requiera el dictamen de la Agencia y el proyecto de Reglamento no se ajuste al mismo, la Comisión explicará pormenorizadamente los motivos de esta divergencia.

2. La Comisión adoptará el Reglamento mencionado en el apartado 1 del presente artículo de acuerdo con el procedimiento de reglamentación a que se refiere el artículo 25, apartado 2, en los treinta días siguientes a su terminación.

3. En caso de recurrirse al procedimiento acelerado previsto en el artículo 15, la Comisión adoptará el Reglamento mencionado en el apartado 1 del presente artículo, de acuerdo con el procedimiento de reglamentación a que se refiere el artículo 25, apartado 2, en los 15 días siguientes a su terminación.

TÍTULO III

VALORES DE REFERENCIA A EFECTOS DE INTERVENCIÓN

Artículo 18

Establecimiento y revisión

Cuando se considere necesario para garantizar el buen funcionamiento de los controles de los productos alimenticios de origen animal importados o comercializados, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 882/2004, la Comisión podrá fijar valores de referencia para los residuos de las sustancias farmacológicamente activas que no hayan sido objeto de una clasificación en virtud del artículo 14, apartado 2, letras a), b) o c).

Los valores de referencia a efectos de intervención se revisarán periódicamente a la luz de nuevos datos científicos relacionados con la seguridad de los alimentos, el resultado de las investigaciones y de los controles analíticos a que se refiere el artículo 24 y los avances tecnológicos.

Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 26, apartado 3. Por imperiosas razones de urgencia, la Comisión podrá recurrir al procedimiento de urgencia contemplado en el artículo 26, apartado 4.

Artículo 19

Métodos para el establecimiento de los valores de referencia

1. Los valores de referencia, que se fijarán de acuerdo con el artículo 18, se basarán en el contenido de un análito en una muestra, que pueda ser detectado y confirmado por un laboratorio de control oficial designado de acuerdo con el Reglamento (CE) no 882/2004 con un método de análisis validado conforme a los requisitos comunitarios. Los valores de referencia habrán de tener en cuenta la menor concentración de residuos que pueda cuantificarse gracias a un método de análisis validado conforme a los requisitos comunitarios. La Comisión contará, en lo que respecta a la aplicación de los métodos de análisis, con el asesoramiento del laboratorio comunitario de referencia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 178/2002, la Comisión solicitará, si procede, a EFSA una evaluación de los riesgos con el fin de determinar si los valores de referencia son adecuados para proteger la salud humana. En estos casos, la EFSA velará por que el dictamen se comunique a la Comisión en el plazo de 210 días a partir de la recepción de la solicitud.

3. Se aplicarán los principios de evaluación del riesgo para garantizar un alto nivel de protección de la salud. La evaluación del riesgo se basará en principios metodológicos, así como en métodos científicos, que ha de adoptar la Comisión en consulta con EFSA.

Artículo 20

Contribución de la Comunidad a las medidas de apoyo relativas a los valores de referencia

En los casos en que la aplicación del presente título requiera una financiación por parte de la Comunidad de las acciones de apoyo para el establecimiento y la aplicación de valores de referencia, se aplicará el artículo 66, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 882/2004.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 21

Métodos de análisis

La Agencia consultará a los laboratorios comunitarios de referencia designados por la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 882/2004 por lo que respecta a los métodos analíticos apropiados para la detección de los residuos de las sustancias farmacológicamente activas para las cuales se hayan determinados límites máximos de residuos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del presente Reglamento. A efectos de controles armonizados, la Agencia proporcionará información relativa a dichos métodos a los laboratorios comunitarios y nacionales de referencia designados de conformidad con el Reglamento (CE) no 882/2004.

Artículo 22

Circulación de los productos alimenticios

Los Estados miembros no podrán prohibir o impedir ni la importación ni la comercialización de alimentos de origen animal por motivos relacionados con los límites máximos de residuos o los valores de referencia a efectos de intervención, siempre que se cumplan el presente Reglamento y sus medidas de aplicación.

Artículo 23

Comercialización

Se consideraran no conformes con la legislación comunitaria los alimentos de origen animal que contengan residuos de una sustancia farmacológicamente activa cuando esta sustancia:

a)	esté clasificada según el artículo 14, apartado 2, letras a), b) o c), en un nivel que supere el límite máximo de residuos establecido según el presente Reglamento; o

b)	no esté clasificada según el artículo 14, apartado 2, letras a), b) o c), excepto cuando un valor de referencia a efectos de intervención se haya fijado para ella según el presente Reglamento y el nivel de residuos no sea igual o superior a ese valor de referencia a efectos de intervención.

La Comisión adoptará normas detalladas sobre el límite máximo de residuos a tener en cuenta a efectos de control de alimentos derivados de animales tratados según lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva 2001/82/CE, con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 26, apartado 2, del presente Reglamento.

Artículo 24

Medidas en caso de presencia confirmada de una sustancia prohibida o no autorizada

1. Cuando los resultados de controles analíticos estén por debajo de los valores de referencia, la autoridad competente llevará a cabo las investigaciones establecidas en la Directiva 96/23/CE para determinar si ha habido administración ilegal de sustancias farmacológicamente activas prohibidas o no autorizadas y, si procede, aplicará la sanción prevista.

2. Cuando los resultados de estas investigaciones o controles analíticos de productos del mismo origen muestren una pauta recurrente que indique un problema potencial, la autoridad competente llevará un registro de los resultados e informará a la Comisión y a los demás Estados miembros en el marco del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y la Sanidad Animal a que se refiere el artículo 26.

3. Cuando proceda, la Comisión presentará propuestas, y en el caso de productos originarios de un tercer país, pondrá el asunto en conocimiento de la autoridad competente del país o países de que se trate pidiendo aclaraciones sobre la repetida presencia de residuos.

4. Se adoptarán normas detalladas para la aplicación del presente artículo. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento completándolo, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 26, apartado 3.

TÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 25

Comité Permanente de Medicamentos Veterinarios

1. La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de Medicamentos Veterinarios.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

Artículo 26

Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad animal

1. La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad animal.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.

4. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el artículo 5 bis, apartados 1, 2, 4 y 6, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

Artículo 27

Clasificación de las sustancias farmacológicamente activas con arreglo al Reglamento (CEE) no 2377/90

1. A más tardar el … (19), la Comisión adoptará, con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 25, apartado 2, un Reglamento que incluya a las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos, según fijan los anexos I a IV del Reglamento (CEE) no 2377/90, sin modificación alguna.

2. Para cualquier sustancia aludida en el apartado 1 respecto de la cual se haya fijado un límite máximo de residuos de conformidad con el Reglamento (CEE) no 2377/90, la Comisión o los Estados miembros podrán transmitir también a la Agencia solicitudes de dictamen acerca de la extrapolación a otras especies o tejidos conforme a lo previsto en el artículo 5.

Se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 17.

Artículo 28

Informe

1. A más tardar el … (20), la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

2. En el informe se examinará, en concreto, la experiencia adquirida mediante la aplicación del presente Reglamento, con inclusión de la experiencia con sustancias clasificadas conforme al presente Reglamento que tengan uso múltiple.

3. El informe irá acompañado, si procede, de las correspondientes propuestas.

Artículo 29

Derogación

Queda derogado el Reglamento (CEE) no 2377/90.

Los anexos I a IV del Reglamento derogado seguirán aplicándose hasta la entrada en vigor del Reglamento previsto en el artículo 27, apartado 1, del presente Reglamento, y el anexo V del Reglamento derogado continuará aplicándose hasta la entrada en vigor de las medidas a que se refiere el artículo 13, apartado 1 del presente Reglamento.

Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento o, cuando proceda, al Reglamento a que se refiere el artículo 27, apartado 1, del presente Reglamento.

Artículo 30

Modificaciones de la Directiva 2001/82/CE

La Directiva 2001/82/CE se modifica como sigue:

En el artículo 10, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. No obstante lo dispuesto en el artículo 11, la Comisión establecerá una lista de sustancias:

—	que sean indispensables para el tratamiento de los équidos, o

—	que aporten un beneficio clínico añadido respecto a otras opciones de tratamiento disponibles para los équidos, y

para los que el tiempo de espera sea de al menos seis meses según el mecanismo de control previsto en las Decisiones 93/623/CEE y 2000/68/CE.

Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 89, apartado 2 bis.»;

En el artículo 11, apartado 2, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:

«La Comisión podrá modificar estos tiempos de espera o fijar otros. Al hacerlo, podrá diferenciar entre alimentos, especies, rutas de administración y anexos del Reglamento (CEE) no 2377/90. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 89, apartado 2 bis.».

Artículo 31

Modificación del Reglamento (CE) no 726/2004

En el artículo 57, apartado 1, del Reglamento (CE) no 726/2004, la letra g) se sustituye por el texto siguiente:

«g)

asesorar sobre los niveles máximos de residuos de medicamentos veterinarios y de biocidas empleados en la cría de animales que pueden aceptarse en alimentos de origen animal, con arreglo al Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal (21).

Artículo 32

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en, …

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

…

Por el Consejo

El Presidente

…

(1) DO C 10 de 15.1.2008, p. 51.

(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de junio de 2008 (no publicado aún en el DO) y Posición Común del Consejo de 18 de diciembre de 2008.

(3) DO L 224 de 18.8.1990, p. 1.

(4) DO L 311 de 28.11.2001, p. 1.

(5) DO C 27 E de 31.1.2002, p. 80.

(6) DO L 125 de 23.5.1996, p. 3.

(7) DO L 37 de 13.2.1993, p. 1.

(8) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.

(9) DO L 165 de 30.4.2004, p. 1. Versión corregida en DO L 191 de 28.5.2004, p. 1.

(10) DO L 136 de 30.4.2004, p. 1.

(11) DO L 123 de 24.4.1998, p. 1.

(12) DO L 24 de 30.1.1998, p. 9.

(13) DO L 16 de 20.1.2005, p. 61.

(14) DO L 268 de 18.10.2003, p. 29.

(15) DO L 125 de 23.5.1996, p. 10.

(16) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(17) La fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

(18) DO L 35 de 15.2.1995, p. 1.

(19) 60 días después de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(20) Cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(21) DO L …».

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

1.	La Comisión presentó al Consejo la propuesta de referencia, basada en el artículo 152.4.b) del Tratado CE (codecisión), el 17 de abril de 2007.

2.	El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 17 de junio de 2008. El Comité Económico y Social dictaminó sobre la propuesta el 26 de septiembre de 2007, mientras que el Comité de las Regiones decidió no emitir dictamen.

3.	El Consejo concluyó su primera lectura y adoptó su posición común durante la sesión del 18 de diciembre de 2008, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado.

II. OBJETIVOS

La propuesta tiene por objeto revisar y completar las disposiciones vigentes relativas a la fijación de límites máximos de residuos (LMR) de sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal. Los principales objetivos que persigue son los siguientes:

—	mejorar la disponibilidad de medicamentos veterinarios destinados a los animales productores de alimentos, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud de los consumidores;

—	crear un marco jurídico específico para la fijación de los límites máximos de residuos de sustancias farmacológicamente activas que no están destinadas a ser utilizadas en medicamentos veterinarios en la UE;

—	aumentar la coherencia entre la legislación de la UE y las normas internacionales, disponiendo para ello que los límites máximos de residuos fijados por el Codex Alimentarius y apoyados por la Comunidad han de incorporarse obligatoriamente a la legislación comunitaria;

—	proporcionar referencias claras para los controles (es decir, valores de referencia a efectos de intervención) en algunos casos en que no se han fijado límites máximos de residuos.

2.	La propuesta prevé también algunas mejoras en términos de simplificación y mejora del marco regulador.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

A. Observaciones generales

La posición común del Consejo concuerda en gran medida con las posiciones adoptadas por la Comisión y el Parlamento en la medida en que:

—	confirma los objetivos y la mayoría de las disposiciones propuestas por la Comisión y apoyadas por el Parlamento Europeo;

—	incluye muchísimas de las enmiendas aprobadas en primera lectura por el Parlamento Europeo.

El Consejo ha considerado oportuno introducir una serie de modificaciones, además de las introducidas a propuesta del Parlamento, con el fin de aclarar el ámbito de aplicación de ciertas disposiciones, de hacer más explícito el texto del Reglamento y garantizar la seguridad jurídica, o de aumentar la coherencia entre este texto y el de otros instrumentos comunitarios.

B. Observaciones específicas

1. Principales modificaciones de la propuesta de la Comisión

a) Mayor disponibilidad de medicamentos veterinarios

Por sugerencia del Parlamento, se han modificado unas cuantas disposiciones para intentar aumentar la disponibilidad de medicamentos veterinarios destinados a los animales productores de alimentos, en particular en relación con especies o usos menores (p. ej. artículos 9 y 30).

Más concretamente, en lo que se refiere al artículo 9, el Consejo ha querido aclarar los casos en que los Estados miembros y la Comisión pueden pedir a la Agencia un dictamen sobre los límites máximos de residuos. Lo que se propone, en esencia, es la misma cobertura prevista por el Parlamento en su dictamen. Además, el Consejo ha considerado preferible añadir disposiciones sobre las modalidades de financiación de las evaluaciones de los límites máximos de residuos de sustancias activas incluidas en los productos biocidas, sobre todo para diferenciar las sustancias incluidas en productos ya comercializados de las nuevas sustancias y para tener debidamente en cuenta las tasas ya cobradas por las evaluaciones realizadas o por realizar de conformidad con la Directiva 98/8/CE.

Por otra parte, el Consejo ha recordado la importancia de garantizar un elevado nivel de protección de la salud de las personas, introduciendo algunas modificaciones para insistir en este aspecto (p. ej. en los artículos 5, 7.d) y 16).

b) Fijación/revisión y funcionamiento de los valores de referencia a efectos de intervención

Atendiendo a diversas enmiendas del Parlamento, se han adaptado varias disposiciones para aclarar la propuesta de la Comisión en lo que se refiere, en particular, a la definición de los valores de referencia a efectos de intervención y a las condiciones de fijación y revisión de dichos valores. Por otra parte, se han especificado las condiciones de comercialización de alimentos de origen animal, y se han definido las medidas que deben tomarse cuando se detecta una sustancia prohibida o no autorizada.

c) Informe al Parlamento Europeo y al Consejo

El Consejo ha atendido también al deseo del Parlamento de que se pida a la Comisión que presente, a más tardar a los cinco años de la entrada en vigor del Reglamento, un informe sobre la experiencia adquirida en su aplicación. Además, el Consejo ha pedido que en el informe se estudien de manera particular las sustancias clasificadas de acuerdo con el Reglamento que puedan usarse para varios fines.

2. Posición del Consejo sobre las enmiendas del Parlamento Europeo

El Consejo ha incorporado a su posición común las siguientes enmiendas, sin modificaciones:

—	4, 6, 9, 10, 14 y 16;

y de manera parcial, o conservando su espíritu, las siguientes enmiendas:

—	2, 3, 5, 45, 8, 11, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44.

Al igual que la Comisión, el Consejo no ha podido aceptar las cinco enmiendas siguientes, que no ha incorporado a su posición común:

—	1, 20, 27, 33 y 36.

Por lo que se refiere a la enmienda 1, el Consejo, contrariamente al Parlamento, ha considerado esencial mantener las dos bases jurídicas, ya que la propuesta incide en el funcionamiento del mercado interior de productos de origen animal incluidos en el anexo I del Tratado.

En lugar de la enmienda 20, el Consejo ha preferido la enmienda 31, que establece también un procedimiento acelerado pero con una evaluación previa por parte de la Agencia.

En lo que respecta a la enmienda 27, el Consejo no ha podido aceptar la formulación propuesta por el Parlamento porque habría resultado imposible hacer cumplir la prohibición de la presencia de una sustancia farmacológicamente activa (p. ej., en caso de presencia de un metabolito natural en el animal).

En cuanto a la enmienda 33, el Consejo no ha podido aceptar el procedimiento de comitología con control dado que la fijación de límites máximos de residuos de determinadas sustancias es una mera medida de ejecución sin carácter cuasilegislativo.

Por lo que respecta a la enmienda 36, el Consejo no ha podido aceptar la supresión completa de la cláusula de libre circulación. Por lo demás, ha considerado que la formulación que proponía el Parlamento no habría sido viable, ya que, en el momento del control de importación, resulta imposible establecer con certeza que el residuo detectado es el resultado de la administración ilegal de una sustancia. No obstante, el Consejo ha podido aceptar ciertas mejoras de la redacción para dar mayor claridad a la cláusula de libre circulación.

		ISSN 1725-244X
Diario Oficial de la Unión Europea		C 33E

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	52o año 10 de febrero de 2009

Número de información	Sumario	Página
	III Actos preparatorios
	CONSEJO
2009/C 033E/01	Posición Común (CE) no 1/2009, de 17 de diciembre de 2008, aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social y se determina el contenido de sus anexos ( 1 )	1

2009/C 033E/02	Posición Común (CE) no 2/2009, de 18 de diciembre de 2008, aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal y se deroga el Reglamento (CEE) no 2377/90 y se modifican la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 2 )	30


2009/C 033E/03	Nota al lector(véase página tres de cubierta)	s3


	(1) Texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza
	(2) Texto pertinente a efectos del EEE