19.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 325/1

—

está plenamente de acuerdo en que la amenaza mundial que plantea el terrorismo es una amenaza grave con que se enfrentan la democracia, los derechos humanos y el desarrollo económico y social de toda la comunidad internacional;

—

subraya que los entes locales y regionales serán fundamentales en la aplicación de la estrategia de la UE contra el terrorismo. En concreto, guiarán la aplicación del pilar «prevenir» y las próximas iniciativas contra el terrorismo y la radicalización en todos los Estados miembros;

—

reconoce la importancia de la estrategia de la UE contra la radicalización que está aplicándose junto con la estrategia comunitaria contra el terrorismo, aunque subraya que estas estrategias deben dejar un margen para su aplicación local, que debe apoyarse en las experiencias y los conocimientos locales, desarrollar marcos claros para transmitir información de la comunidad y dar respaldo y recursos a los entes locales para que pongan en marcha, cuando se precisen, proyectos contra la radicalización violenta. Subraya que el reforzamiento del papel de la administración pública local y regional en la prevención del terrorismo y de la radicalización violenta debe hacerse en colaboración con la UE y los gobiernos de los Estados miembros;

—

recomienda llevar a cabo en los Estados miembros una consulta pública a escala local, con el fin de comprender cabalmente las experiencias y las ideas locales sobre terrorismo y los motivos que conducen al extremismo. Los Estados miembros deben procurar que la consulta y el compromiso faciliten la participación de quienes normalmente no interaccionan con la democracia local;

—

acoge con agrado la segunda evaluación entre pares de los planes de gestión de crisis que en estos momentos lleva a cabo la Comisión, aunque pide a la Comisión que se asegure de que los entes locales y regionales desempeñan en dicha revisión un papel activo y pleno, y

—

pide a la Unión que garantice que todas las políticas antiterroristas respetan claramente la igualdad y los derechos humanos y que las intervenciones no supongan una experiencia negativa para determinadas comunidades, pues ello podría alentar la alienación y dar motivos para acercarse al extremismo.

Ponente

:

Lord TOPE (UK-ALDE) Miembro del Borough londinense de Sutton y del Cuerpo de Policía Metropolitana

1.

está plenamente de acuerdo en que la amenaza mundial que plantea el terrorismo es una amenaza grave con que se enfrentan la democracia, los derechos humanos y el desarrollo económico y social de toda la comunidad internacional;

2.

reconoce que la atención se centrará inevitablemente en el terrorismo inspirado por Al Qaeda y en la radicalización de las comunidades en el extremismo violento. Sin embargo, recuerda que muchos actos recientes de terrorismo han sido cometidos por personas nacidas y criadas en el país mismo en que se cometió la acción o en algún otro lugar de la UE, a menudo como respuesta a situaciones internas del país en el que se produjo el ataque y cuya motivación principal posiblemente no fue la religión. No obstante, el CDR reconoce que la amenaza que supone el terrorismo inspirado por Al Qaeda plantea hoy un importante problema para la seguridad de la UE;

3.

considera que el trabajo de la UE para combatir el terrorismo debe centrarse en dos aspectos: por una parte, la lucha directa contra los actos terroristas y por otra, las medidas preventivas. Cuanto antes pueda romperse la cadena de causas y efectos que lleva a la consecución de un acto terrorista, mejor. En este sentido, podría ser muy útil investigar más sobre las causas y las motivaciones que hacen que las personas respalden y financien acciones terroristas o participen en ellas;

4.

considera que al hablar de terrorismo no puede pasarse por alto el factor religioso. Es importante difundir de manera más clara la idea de que las acciones terroristas no pueden justificarse de ninguna manera;

5.

opina por este motivo que la UE debe emprender y respaldar acciones destinadas a disminuir el terrorismo a través del diálogo entre religiones y culturas;

6.

considera que en la tarea de prevención del terrorismo es esencial que la UE colabore con terceros países. Por ello, conviene intensificar las estrategias reforzadas de cooperación exterior en este ámbito, tanto en materia de intercambio de información como en una colaboración policial y aduanera de carácter más concreto;

7.

subraya que los entes locales y regionales serán fundamentales en la aplicación de la estrategia de la UE contra el terrorismo. En concreto, junto a las fuerzas del orden, tanto estatales como regionales con competencias en la protección de personas y bienes, guiarán la aplicación del pilar «prevenir» y las próximas iniciativas contra el terrorismo y la radicalización en todos los Estados miembros;

8.

llama la atención sobre los notables avances conseguidos por los Estados miembros en la aplicación de los otros tres pilares —proteger, perseguir y responder— desde que se aprobara la legislación marco en 2002. Acoge también favorablemente las propuestas de la iniciativa actual para intensificar la lucha contra el terrorismo: establecer un fundamento legal para ciertos aspectos de la estrategia contra el terrorismo, como la tipificación como delito del adiestramiento y el reclutamiento de terroristas, la incitación pública a la comisión de delitos terroristas, la prevención del uso de explosivos por parte de los terroristas, la utilización de la información sobre los pasajeros de las líneas aéreas en las investigaciones policiales, la prevención y sanción de la financiación del terrorismo y el reconocimiento de la necesidad de investigación y desarrollo tecnológicos a fin de ayudar a las fuerzas del orden en toda la Unión a proteger a los ciudadanos de los ataques terroristas;

9.

no obstante, señala que, en la intensificación de la lucha contra el terrorismo, la UE debe incrementar las inversiones para desarrollar el pilar «prevenir» en colaboración con los Estados miembros, las fuerzas del orden y los entes locales y regionales, conjuntamente con los cuerpos de seguridad que de éstos dependen. Es imposible prevenir el terrorismo y el extremismo violento sólo con medios legislativos y policiales. Además, las medidas represivas no serán por sí solas eficaces, y habrá que centrar los esfuerzos en proporcionar a las personas particularmente vulnerables a la radicalización y al reclutamiento en el terrorismo unas perspectivas positivas y un lugar en la sociedad;

10.

estima que un enfoque necesario para hacer frente al terrorismo consiste en prevenirlo, combatiendo los factores —estrechamente relacionados con él— que favorecen la radicalización y pueden conducir a la acción terrorista;

11.

reconoce que, con frecuencia, la naturaleza y la inspiración del terrorismo son de ámbito global. Señala, sin embargo, que el impacto del terrorismo supone para los ciudadanos y las comunidades una experiencia real e individual. Quienes planean y apoyan actos de extremismo violento viven y actúan libremente como ciudadanos europeos y residentes en nuestras comunidades, utilizan los servicios locales e interaccionan con la democracia local y los demás ciudadanos. Basándose en la experiencia de la UE, los Estados miembros reconocen, por tanto, la necesidad de analizar a fondo, con el fin de comprenderlos y combatirlos, los motivos y los procesos que llevan a ciudadanos europeos hacia el extremismo violento y el movimiento Al Qaeda;

12.

estima que la lucha contra el radicalismo violento requiere una reacción específica a nivel local. Los entes regionales y locales, que tienen mejor acceso a los grupos vulnerables, desempeñan un papel particularmente importante para garantizar a los habitantes de la UE la inclusión social más completa posible, lejos de todo tipo de discriminación y en un clima de paz y democracia;

13.

recuerda que el Congreso del Consejo de Europa aprobó en 2003 diversas recomendaciones específicas sobre el papel de los entes locales en la lucha contra el terrorismo.

14.

acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión Europea por centrar la atención en el pilar «prevenir» de la estrategia contra el terrorismo y valora positivamente la intención de publicar en 2008 una Comunicación sobre la lucha contra la radicalización violenta. Sin embargo, desea mencionar que este pilar «prevenir» supone un gran cambio cultural para las fuerzas que luchan contra el terrorismo y exige el conocimiento, la experiencia y la cooperación de los entes locales y regionales;

15.

suscribe la iniciativa de la Unión Europea de proclamar 2008 «Año europeo del diálogo intercultural», porque se trata de un instrumento excepcional para hacer progresar los intercambios activos, la tolerancia y la comprensión entre las culturas, civilizaciones y religiones diferentes;

16.

subraya que el reforzamiento del papel de la administración pública local y regional en la prevención del terrorismo y de la radicalización violenta debe hacerse en colaboración con la UE y los gobiernos de los Estados miembros. Así pues, recomienda establecer en cada Estado miembro un sistema de redes de entes locales y regionales, en colaboración con los gobiernos nacionales, la policía (con la participación de los cuerpos regionales que tengan competencia exclusiva en la protección de personas y bienes) y las comunidades locales, a fin de facilitar el intercambio de buenas prácticas en materia de inclusión social, aprendizaje profesional y comprensión del extremismo de origen local;

17.

recomienda llevar a cabo en los Estados miembros una consulta pública a escala local, con el fin de comprender cabalmente las experiencias y las ideas locales sobre terrorismo y los motivos que conducen al extremismo. Los Estados miembros deben procurar que la consulta y el compromiso faciliten la participación de quienes normalmente no interaccionan con la democracia local;

18.

tiene previsto completar el presente dictamen con su apoyo a la Comisión y al coordinador de la lucha contra el terrorismo a la hora de establecer unas directrices funcionales en las que se recojan las mejores prácticas en aquellos ámbitos en que se llevan a cabo proyectos de compromiso activo y asociación para luchar contra la radicalización;

19.

recomienda que la propia institución organice un acto anual para facilitar el aprendizaje estratégico mediante el intercambio de experiencias entre entes locales y regionales de toda Europa y respaldar un mayor desarrollo de las intervenciones locales para prevenir el terrorismo y el extremismo violento.

20.

reconoce la importancia de la estrategia de la UE contra la radicalización que está aplicándose junto con la estrategia comunitaria contra el terrorismo, aunque subraya que estas estrategias deben dejar un margen para su aplicación local, que debe apoyarse en las experiencias y los conocimientos locales, desarrollar marcos claros para transmitir información de la comunidad y dar respaldo y recursos a los entes locales para que pongan en marcha, cuando se precisen, proyectos contra la radicalización violenta;

21.

recomienda la aprobación de las disposiciones del Tratado de Prüm en lo relativo al refuerzo de la cooperación transfronteriza para luchar contra el terrorismo.

22.

pide a los Estados miembros y a las fuerzas policiales que desarrollen sistemas claros y seguros para el intercambio de información entre interlocutores locales y regionales (incluidos los cuerpos policiales locales y regionales) con unidades de lucha antiterrorista y de prevención de la radicalización violenta;

23.

subraya que los sistemas que se empleen para recabar información de la comunidad han de tener muy presentes la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como la protección de datos en el intercambio de toda información entre los interlocutores locales y la policía. Es necesario brindar a los ciudadanos la posibilidad de informar anónimamente a las autoridades locales y a la policía sobre posibles atentados terroristas;

24.

por otra parte, considera esencial que se marquen claramente las fronteras entre las fuerzas del orden y los entes locales en lo que se refiere a la información de la comunidad, que se establezcan sistemas para que los interlocutores locales y regionales tengan la certeza de que la participación no provocará ningún efecto negativo en las relaciones dentro de la comunidad, que se proteja a los informantes y que los interlocutores que no pertenezcan a las fuerzas del orden tengan una función complementaria de carácter voluntario;

25.

propone que la Unión Europea diseñe unas directrices que respalden el desarrollo del intercambio de información y garanticen unos sistemas sólidos, justos y seguros.

26.

pide a los Estados miembros que apoyen a los entes locales y regionales en el establecimiento de unas relaciones de trabajo más estrechas con las fuerzas del orden (incluidas tanto las de ámbito estatal como las de ámbito regional) y las autoridades responsables de la justicia penal para la elaboración de proyectos contra la radicalización y que tales proyectos se conciban y diseñen teniendo una imagen clara, obtenida de la información policial y del conocimiento y la experiencia local y regional;

27.

sugiere que se apoye el diálogo intercultural y la aplicación de los planes de integración social a nivel local, con el fin de evitar los fenómenos de radicalización y recurso a la violencia;

28.

reconoce que los recursos destinados por los Estados miembros variarán según la información de que dispongan, pero subraya que sigue siendo necesario el compromiso continuado con las comunidades para conocer la eficacia de los proyectos actuales, establecer una relación duradera entre los ciudadanos, las fuerzas del orden y los gobiernos en la lucha contra el terrorismo y reflejar las modificaciones de postura y los cambios demográficos. Los recursos y la orientación de los proyectos han de adaptarse en consecuencia;

29.

recomienda a los Estados miembros y a los entes locales y regionales que desarrollen proyectos con las comunidades para erradicar la ideología extremista violenta y apoyar las voces más moderadas. Tales proyectos deberían estar respaldados por unas directrices profesionales sólidas y someterse a una evaluación independiente para valorar su eficacia. Así pues, el CDR propone que los Estados miembros, así como los entes locales y regionales, elijan de común acuerdo a líderes reconocidos por la comunidad para que desprestigien a los radicales violentos y apoyen mensajes creíbles como alternativa a los de estos extremistas;

30.

señala que es sabido que el descontento social y el sentimiento de impotencia y exclusión son caldo de cultivo para el terrorismo. El riesgo de que las ideas y redes terroristas echen raíces y empiecen a crecer es menor en una sociedad democrática que funcione de manera satisfactoria. Por este motivo, el Comité de las Regiones considera esencial que la actividad democrática y el respeto de los derechos cívicos y políticos se integren como parte importante de las medidas antiterroristas;

31.

reconoce que la elección de la terminología una cuestión compleja y delicada, que exige un notable conocimiento y estudio a quienes gestionan las iniciativas contra la radicalización;

32.

recomienda a los Estados miembros y las autoridades regionales que apoyen a las instituciones locales vulnerables, como escuelas, centros de educación superior, universidades, mezquitas e instituciones religiosas para detectar en ellas actividades de radicalización violenta, actuar contra quienes buscan la radicalización y ayudar a los más vulnerables a la radicación violenta a resistir las llamadas de los extremistas ofreciéndoles alternativas positivas y atractivas;

33.

recomienda a los Estados miembros que trabajen estrechamente con los servicios de prisiones, libertad condicional y rehabilitación para detectar, frenar y desalentar a los radicales violentos que se encuentren detenidos;

34.

cree que la puesta en práctica de tales proyectos debería coordinarse a escala regional con las fuerzas del orden y que los entes locales y regionales o sus equivalentes deberían supervisarlos e informar al Estado para valorar su funcionamiento;

35.

considera esencial, para respaldar estos proyectos, que la Unión Europea, los Estados miembros y las fuerzas del orden creen redes comunitarias –que integren a los cuerpos policiales dependientes de las regiones con competencias en la protección de personas y bienes o unidades de lucha antiterrorista– para establecer las mejores prácticas, directrices y formar y apoyar a los responsables de su aplicación local.

36.

reconoce que el liderazgo de los entes locales y regionales es crucial en la aplicación de las estrategias para la prevención del terrorismo en los Estados miembros;

37.

recomienda a los entes locales y regionales que aumenten la capacidad de la comunidad para resistirse a los extremistas violentos ofreciéndole un liderazgo firme. Por tanto, recomienda a los entes lo siguiente:

38.

cree que unas fuerzas del orden que ofrezcan un trabajo transparente y responsable son fundamentales para crear confianza y tranquilidad en la lucha policial contra el terrorismo y conseguir que la opinión pública respalde las operaciones antiterroristas y las intervenciones nacionales y locales contra el extremismo violento. En consecuencia, el CDR propone tanto a los Estados miembros como a los entes regionales con competencias en la seguridad y protección de personas y bienes dotados de unidades o comandos de lucha antiterrorista que estudien formas de reforzar localmente la responsabilidad en las actuaciones de las fuerzas del orden, buscando para ello la ayuda y los conocimientos de los interlocutores europeos e internacionales más apropiados;

39.

pide a la Comisión que proponga opciones para ayudar a los Estados miembros a determinar de qué modo puede integrarse la acción policial contra el terrorismo en el servicio general de la policía, facilitando, en su caso, el intercambio de conocimientos y de efectivos entre los Estados miembros;

40.

reconoce la importancia de contar con unas fuerzas del orden que reflejen la diversidad de la población a la que sirven para crear confianza y tranquilidad y establecer canales de comunicación positivos entre la policía y los ciudadanos. Así pues, el CDR cree que debería fomentarse en los Estados miembros un debate positivo para promover la diversidad y la igualdad de oportunidades en las fuerzas del orden.

41.

acoge con agrado la segunda evaluación entre pares de los planes de gestión de crisis que en estos momentos lleva a cabo la Comisión;

42.

no obstante, pide a la Comisión que se asegure de que los entes locales y regionales desempeñan en dicha revisión un papel activo y pleno. Recordando la revisión del atentando con bombas ocurrido en Londres en julio de 2005, debería garantizar una división clara de las responsabilidades y el establecimiento urgente de una cadena de mando entre los distintos órganos que deban preparar planes de contingencia y prestar servicios de emergencia;

43.

respalda decididamente la creación de redes de asociaciones de ayuda a las víctimas de ataques terroristas y reconoce el papel del CDR a la hora de facilitar el intercambio de conocimientos entre Estados miembros;

44.

acoge positivamente los planes de ayuda a la investigación y el desarrollo de soluciones técnicas para facilitar la acción policial en todo el territorio de la Unión encaminada a proteger a los ciudadanos de los ataques terroristas; pide a la Unión que apoye las soluciones tecnológicas para los cuatro pilares, incluido el objetivo de hacer que Internet sea un lugar hostil para los extremistas, con lo que se irá más allá del mero trabajo policial. Por tanto, el CDR pide a los Estados miembros que proporcionen unos recursos adecuados para estos proyectos;

45.

pide también a los Estados miembros que establezcan los mecanismos de coordinación conforme a las competencias de seguridad de los entes locales y regionales de forma que, en su ámbito competencial, éstos puedan garantizar la seguridad de los ciudadanos en lugares muy concurridos, en especial mediante una planificación del espacio urbano que constituya un factor de disuasión contra los actos terroristas;

46.

pide a la Unión que garantice que todas las políticas antiterroristas respetan claramente la igualdad y los derechos humanos y que las intervenciones no supongan una experiencia negativa para determinadas comunidades, pues ello podría alentar la alienación y dar motivos para acercarse al extremismo.

19.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 325/6

—

estima necesario mejorar la eficiencia energética a través de la innovación tecnológica y el desarrollo de alternativas de transporte ecológicas. Se debería orientar los transportes, por medio de la internalización de los costes externos, hacia el tipo de transporte más ecológico y eficiente desde el punto de vista energético para cada uso específico;

—

considera que se debería establecer una lengua común para la gestión del tráfico ferroviario;

—

estima que el transporte de mercancías por ferrocarril comparte en gran medida la red ferroviaria con el tráfico de pasajeros. Esto puede limitar en ocasiones la capacidad y fiabilidad de ambos sistemas, no sólo en las zonas densamente pobladas, sino también en el tráfico interregional. La UE debería cooperar con los Estados miembros para examinar dónde se produce este tipo de cuellos de botella y contribuir a su eliminación, buscando el máximo aprovechamiento de las actuales y futuras infraestructuras ferroviarias. A largo plazo, la UE y los Estados miembros deben favorecer la construcción de redes ferroviarias separadas para el transporte de mercancías y el tráfico de pasajeros, siempre y cuando la escasez de suelo no suponga un impedimento, empezando por los tramos más sobrecargados;

—

considera que la planificación del transporte urbano, prestando una atención especial a los sistemas de entrega de mercancías, requiere la colaboración de los entes locales. Por lo que respecta a estos sistemas, será necesario organizar la distribución urbana con vistas a mejorar su eficiencia, tanto en términos medioambientales como económicos;

—

opina que los entes locales y regionales pueden desempeñar —acondicionando puertos para la navegación interior y facilitando el acceso a ellos, con inclusión de instalaciones multimodales— un importante papel en la realización de una política sostenible de transporte de mercancías;

—

considera que es necesario mejorar la articulación entre las soluciones ferroviarias y las marítimas, que en determinadas regiones todavía no son todavía eficaces. Apoya el desarrollo de soluciones logísticas por parte de los entes locales y regionales en los territorios del interior mediante la puesta en marcha de plataformas logísticas y puertos secos, ya que constituyen una herramienta fundamental para mejorar el sistema de distribución global de mercancías e impulsar el desarrollo y la cohesión de los territorios del interior

Ponente

:

José CORREIA (PPE/PT), Alcalde de Tavira

1.

Las Comunicaciones de la Comisión relativas al transporte de mercancías se han elaborado a modo de seguimiento de las preocupaciones políticas expresadas en el Libro Blanco del Transporte de 2001 y de su evaluación intermedia llevada a cabo en 2006. Para su realización se organizaron trece seminarios y conferencias y más de treinta actos externos, y se recibieron cerca de 160 contribuciones escritas. Por otro lado, la Comisión ha recibido más de 500 informes sobre los puntos de congestión que existen en la logística del transporte.

2.

La revisión del Libro Blanco toma nota del cambio de contexto desde 2001, caracterizado por la aceleración de la globalización de la producción, la inseguridad del abastecimiento energético, el incremento del calentamiento global y la dimensión continental de la UE tras la ampliación a Europa Central y Oriental. Dados estos cambios, se preconiza ampliar los objetivos y los instrumentos de la política de transportes para responder a los nuevos retos. Se subraya especialmente la necesidad de mejorar la eficiencia de los diversos modos de transporte, tanto los utilizados individualmente como los utilizados en combinación (comodalidad).

3.

Teniendo en cuenta las orientaciones que se derivan de los estudios mencionados, considera que destaca claramente un conjunto de medidas políticas que deberán adoptarse, como:

4.

así como

5.

y además

6.

Considera que, desde una perspectiva a largo plazo, debe crearse una infraestructura de transporte ferroviario con capacidad suficiente, fiable, que no ponga al transporte de mercancías en conflicto con otros objetivos en materia de transportes ni con otros intereses sociales, y que ofrezca condiciones que permitan prestar servicios de transporte energéticamente eficiente y compatible con el medio ambiente.

7.

Considera que, desde una perspectiva a corto plazo, deben identificarse y solucionarse, en primer lugar, los puntos de congestión del sistema, así como sus deficiencias en materia de capacidad.

8.

Considera que el transporte de mercancías, pese a estar concebido para grandes corredores a escala nacional e internacional, no puede en modo alguno prescindir de la contribución de los municipios y de los entes regionales y locales cuyos territorios atraviesan las líneas.

9.

Estima que la planificación urbana y regional de la distribución de las mercancías es muy importante para crear un flujo de transporte de mercancías que ahorre energía y sea compatible con el medio ambiente. Por consiguiente, una nueva política de transportes deberá contar activamente con todos los agentes que puedan contribuir de forma útil a mejorar la eficacia, en particular los que, en razón de su proximidad a los ciudadanos, pueden resolver localmente los problemas.

10.

Un transporte de mercancías que ahorre energía y sea compatible con el medio ambiente se realiza recurriendo —allí donde sea posible— a la navegación interior. Puede ayudar también a descongestionar las conexiones entre puertos y zonas interiores.

11.

En un sistema de transporte intermodal, las terminales, las zonas de carga y descarga y los puertos son elementos importantes de la infraestructura. Su planificación y ubicación es responsabilidad de los entes locales y regionales. Es importante que las ciudades puedan tener en cuenta estas instalaciones en la planificación urbana, lo que requiere que tanto a nivel europeo como nacional se creen condiciones para la planificación urbana que sean estables y a largo plazo.

12.

Habida cuenta de que aproximadamente el 40 % de los vehículos en la UE se utilizan en tareas de reparto de mercancías o de prestación de servicios, y de que la mayoría de los consumidores están en las ciudades, es preciso gestionar los enormes flujos de tráfico que se generan en las ciudades. Se debería proceder a la difusión de las mejores prácticas en materia de política de transporte urbano de mercancías.

13.

Observa que la creación de organismos regionales o metropolitanos del transporte, tal y como se hace en algunos Estados miembros, constituye una ayuda valiosa para coordinar las voluntades y los resultados. El CDR subraya que es importante que esto se haga en el respeto del principio de subsidiariedad.

14.

Destaca que los entes locales y regionales tienen una mayor capacidad de diálogo con los productores y con los destinatarios de las mercancías.

15.

Es necesario prestar una atención especial a la distribución de servicios y mercancías en las ciudades, en la medida en que la planificación acertada de la logística urbana constituye un factor clave para la movilidad urbana.

16.

A su juicio, en el futuro las decisiones sobre la localización de las terminales, los centros de distribución logística y los propios centros de abastecimiento requerirán una participación cada vez mayor de los entes locales.

17.

Subraya que la logística a escala regional pasará a ser una nueva política con un gran desarrollo futuro. La descentralización en beneficio de los entes regionales de la gestión de las interconexiones será un aspecto fundamental, aunque la definición de los grandes corredores internacionales deberá seguir siendo competencia de los Estados miembros.

18.

Considera que los entes locales, mediante buenas políticas urbanas, pueden contribuir en gran medida a aumentar la velocidad del trasporte ferroviario, y esta contribución será muy valiosa.

19.

Estima que los servicios ferroviarios auxiliares, en particular las terminales y las zonas de maniobra, deberán ser objeto de una atención especial en los Fondos Estructurales.

20.

Considera que la planificación del transporte urbano, prestando una atención especial a los sistemas de entrega de mercancías, requiere la colaboración de los entes locales. Por lo que respecta a estos sistemas, será necesario organizar la distribución urbana con vistas a mejorar su eficiencia, tanto en términos medioambientales como económicos. Con esta finalidad, hay que proponerse una mejora de la calidad ecológica de los medios de transporte y aumentar los factores de carga para contener el número de viajes manteniendo la cantidad de mercancía transportada.

21.

Los entes locales y regionales pueden desempeñar —acondicionando puertos para la navegación interior y facilitando el acceso a ellos, con inclusión de instalaciones multimodales— un importante papel en la realización de una política sostenible de transporte de mercancías.

22.

Los entes locales y regionales pueden fomentar el transporte por vía navegable desarrollando a tal fin una política de ordenación territorial que, en especial, facilite la elección de zonas de implantación industrial. Por consiguiente, los Fondos Estructurales deben prestar especial atención tanto a terrenos idóneos para empresas que operen en el sector del agua, como a las vías navegables y a los puertos de la navegación interior.

23.

Destaca que los entes regionales y locales desempeñan un papel cada vez más importante en la elaboración de estrategias logísticas para una ordenación del territorio, unas infraestructuras y una coordinación eficaces y adecuadas.

24.

Una gran parte del tráfico de mercancías utiliza las redes de transporte de Europa Central, también para aquellos transportes con otros destinos. Debido a los problemas de capacidad que afrontan las redes de transporte centroeuropeas, es muy importante que la UE respalde la construcción de conexiones y corredores que no aumenten el tráfico en estas redes o que contribuyan a aliviarlo. Los corredores de transporte de este a oeste del norte de Europa son ejemplos de este tipo de conexiones, que al mismo tiempo impulsan el desarrollo de esas regiones. La futura estrategia para el mar Báltico, actualmente en curso de elaboración, mostrará, entre otras cosas, la importancia de contar con redes de transporte eficaces y soluciones multimodales para propiciar regiones sostenibles y competitivas. Resulta esencial que la UE siga destinando financiación específica a este tipo de acciones, por ejemplo a través de programas en el marco de los Fondos Estructurales o programas sectoriales.

25.

El transporte de mercancías es de gran importancia para las regiones productoras de materias primas. La industria manufacturera depende de la fiabilidad de los transportes a lo largo de todo el año. Para que el transporte marítimo pueda funcionar en invierno, es necesario que la actividad de los rompehielos sea un ámbito prioritario y se incluya en la RTE-T.

26.

Considera que la UE debe disponer de un enfoque de conjunto en relación con la planificación de infraestructuras en la UE y entre ésta y los países y regiones limítrofes. Por este motivo, el paquete de medidas de la UE para el transporte de mercancías debe elaborarse en consonancia con otros mapas de vías de transporte e infraestructuras ya fijados y aprobados por la Unión, como la RTE-T y el mapa de los corredores internacionales de transporte.

27.

Recuerda que en los últimos años muchas regiones han desarrollado estrategias de este tipo para realizar proyecciones del volumen de transporte en un futuro próximo y extraer de ellas las conclusiones necesarias. Ello implica una coordinación transfronteriza y transnacional de los proyectos logísticos en Europa cada vez mayor. Un ejemplo de esta tendencia es la iniciativa de Logística Química Centroeuropea, lanzada por la Red Europea de Regiones de la Industria Química con objeto de mejorar las condiciones generales a largo plazo para los centros de producción de la industria química en Europa Central y Oriental mediante una estrategia coordinada. Otro ejemplo es el proyecto de construcción de un corredor ferroviario (EU4SeaRail) entre el Mar Báltico, el Mar del Norte, el Mediterráneo y el Mar Negro. Son también ejemplos importantes de corredores de transporte en el norte de la UE el corredor de Norrbotten y el eje del Norte. Importante ha sido también el papel de las regiones en el desarrollo de espacios logísticos que permiten la complementariedad y el intercambio modal, en particular para las mercancías, optimizando el uso de cada modo de transporte; como así ha ocurrido con la Plataforma Logística PLAZA en Aragón y sus conexiones con otras Plataformas como Eurocentre en Toulouse, o los diferentes puertos de la Península Ibérica.

28.

Considera que la eficiencia del transporte entre los países de Europa puede contribuir significativamente al crecimiento económico. Por esta razón, insta a la Comisión a que tenga en cuenta estas consideraciones en la preparación de la revisión futura de las Directivas RTE en 2009-10, impulsando primero y de forma urgente la implementación de los proyectos ya aprobados e incluidos como prioritarios en dicha Red, en particular de los tramos que dificultan especialmente un transporte de mercancías eficaz, como son los tramos transfronterizos o que atraviesan zonas de montaña.

29.

Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados, en especial por las Presidencias finlandesa y alemana, para impulsar la evolución positiva de estos expedientes.

30.

Emite un dictamen favorable en términos generales por lo que se refiere al análisis y las medidas preconizadas en las Comunicaciones que forman parte de este paquete sobre el transporte ferroviario.

31.

No obstante, recomienda que se tengan en cuenta las cuestiones relativas a la buena coordinación con los entes regionales y locales, tal como se exponen y explican en el punto anterior.

32.

Es consciente de que, para ser eficaz, la nueva política del transporte de mercancías no puede prescindir de una buena cooperación con los entes locales y regionales, por lo que hace un llamamiento para instaurar esta buena relación, a la que se muestra dispuesto a contribuir en la medida de sus posibilidades.

33.

Recomienda que se realicen mayores esfuerzos para sensibilizar a todos los poderes políticos sobre estos problemas, habida cuenta del importante peso del sector en el PIB y las repercusiones directas e indirectas de esta situación para la economía y la sociedad en general.

34.

No se considera conveniente la revisión de la Directiva 96/53/CE. Debe mantenerse la acertada orientación de buscar soluciones más respetuosas con el medio ambiente, es decir, más trenes y no necesariamente más camiones.

35.

Una parte importante del tráfico total de mercancías tiene como destino las grandes aglomeraciones urbanas. Por este motivo, la planificación de las ciudades y las regiones en materia de distribución de mercancías es de gran importancia para conseguir un transporte de mercancías eficiente desde el punto de vista energético y medioambiental. En este sentido, la ubicación de las zonas de carga y descarga respecto de las redes generales de transporte de mercancías es muy importante. Es necesario, pues, que haya una interacción eficaz entre los niveles local y regional y la política global de la UE en materia de logística del transporte. El Comité considera que la política de transportes ferroviarios de mercancías debe coordinarse con los planes de acción para el transporte urbano.

36.

Teniendo en cuenta los costes de la energía, se considera muy importante la innovación en el ámbito de los biocombustibles, aunque respetando siempre los grandes equilibrios agrícolas mundiales, por lo que insta a la Comisión Europea a que impulse las investigaciones en este ámbito.

37.

Defiende la liberalización de todos los transportes ferroviarios, pero con reglas de coordinación que tengan en cuenta el interés público.

38.

Considera deseable que pueda avanzarse tanto como sea posible en las líneas dedicadas específicamente al transporte de mercancías.

39.

Estima que las redes de transportes deben estar cada vez más integradas en políticas de logística en las que participen los entes regionales y locales y que debe desarrollarse el concepto de puertos secos, teniendo en cuenta obviamente las preocupaciones medioambientales.

40.

Considera que es necesario mejorar la articulación entre las soluciones ferroviarias y las marítimas, que en determinadas regiones todavía no son todavía eficaces. Apoya el desarrollo de soluciones logísticas por parte de los entes locales y regionales en los territorios del interior mediante la puesta en marcha de plataformas logísticas y puertos secos, ya que constituyen una herramienta fundamental para mejorar el sistema de distribución global de mercancías e impulsar el desarrollo y la cohesión de los territorios del interior.

41.

Subraya la necesidad de que en el futuro se armonicen los medios tecnológicos y las normas para permitir que los trenes superen rápidamente los obstáculos que en la actualidad plantean los diferentes sistemas de alimentación eléctricos y los diferentes anchos de vía.

42.

Está convencido de que el Protocolo de Kioto y sus repercusiones en las políticas de transporte deberá tener efectos muy visibles en la logística de las mercancías.

43.

Considera que, en el futuro, la situación ideal sería que toda Europa pudiera atravesarse a gran velocidad con trenes que desde Lisboa lleguen a todo el Mediterráneo, el Báltico y las nuevas fronteras con los terceros países.

44.

Sugiere que se profundicen los estudios con objeto de identificar y tomar medidas sobre los puntos de congestión existentes en las infraestructuras y las normativas en vigor. Considera que, para avanzar más rápidamente en la identificación de estos problemas y la búsqueda de soluciones, es recomendable la creación de redes de intercambios de conocimiento y buenas prácticas entre los centros especializados en logística e intermodalidad, a escala local y regional.

45.

Considera que deben elaborarse estrategias y planes de acción a largo plazo para la ampliación de los corredores europeos.

46.

Apoya las medidas precedentes siempre que sean neutrales para la competencia entre los Estados miembros.

47.

Se declara favorable a la armonización y la simplificación de normas y reglamentos como, en concreto, las normas relativas a las medidas y el peso, reglamentos de seguridad relativos a la fijación de la carga y la responsabilidad de las partes, igualdad ante la ley independientemente del lugar de residencia del transportista, lengua común para el control del tráfico y las importaciones de países de fuera de la UE.

48.

Considera que deben superarse los obstáculos administrativos y aumentar, en la medida de lo posible, la tramitación de la documentación por vía electrónica.

49.

Recomienda una mayor eficiencia en los transportes por lo que se refiere al desarrollo y la utilización de la capacidad de cada modo de transporte, y al desarrollo y el fomento de la intermodalidad.

50.

Recomienda una mayor eficiencia en los transportes y que se desarrolle para ello una política de logística más adecuada para los puertos y terminales.

51.

Considera que en Internet debería ponerse a disposición del público información sobre las condiciones y las características locales de los puertos.

19.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 325/12

—

desea que se garantice el acceso a los sistemas de apoyo a los productores de energías renovables de todos los niveles, incluidas las pequeñas instalaciones, y considera que, en aras de la coherencia, se debería acompañar el apoyo a las energías renovables con la supresión gradual de las subvenciones a la producción y uso de combustibles fósiles (con la excepción de una posible ayuda a las centrales térmicas de cogeneración destinadas al abastecimiento de calefacción urbana) así como a la producción y uso de la energía nuclear. Asimismo, se debe hacer una excepción en aquellos casos en que la captura y el almacenamiento de carbono se llevan a cabo para reducir el volumen de dióxido de carbono derivado del uso de combustibles fósiles;

—

recomienda velar por una coordinación máxima entre las principales normativas europeas en estos ámbitos, esto es, la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, la Directiva sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, el tercer paquete de liberalización de la energía y los diferentes elementos del paquete «energía-clima» y entre ellos, de manera particular, la Directiva sobre energías renovables;

—

insta por consiguiente a la Comisión a modificar el artículo 4 para exigir la participación de los entes locales y regionales en la formulación de Planes de acción nacionales (PANR) y tener este factor debidamente en cuenta en el marco de la evaluación de los PANR que debe llevar a cabo;

—

estima que el establecimiento del objetivo del 10 % para la utilización de biocarburantes en el transporte sólo conseguirá las repercusiones positivas previstas en el caso de que los biocarburantes se produzcan con materias primas cuya obtención no perjudique el equilibrio natural del medio ambiente, la autosuficiencia alimentaria, ni el equilibrio económico del mercado o el equilibrio social.

Ponente

:

Sra. BAKER (UK/ALDE), miembro del Consejo municipal de Basingstoke y Deane

1.

Acoge favorablemente la Directiva sobre el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, porque considera que la generación de energías renovables puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la seguridad del abastecimiento energético, fomentar el desarrollo de tecnologías, aumentar las oportunidades de empleo y contribuir al desarrollo regional;

2.

subraya el papel crucial que para lograr los objetivos de la Directiva tiene la creación de una alianza estratégica de los entes regionales y locales con vistas a implantar «de abajo arriba» las energías renovables;

3.

insta a establecer un marco legislativo que proporcione estabilidad a largo plazo a las decisiones de inversión, de modo que los proyectos innovadores en materia de energías renovables, utilizando la amplia gama de tecnologías actualmente disponibles, puedan ser competitivos frente a las tecnologías convencionales;

4.

se congratula de la adopción de objetivos obligatorios en materia de energías renovables. No obstante, insiste en que, con vistas a asegurar una aplicación rápida y la obtención de los objetivos finales, es necesario que los objetivos intermedios, tal y como se definen en la parte B del anexo 1 de la propuesta de Directiva, sean también obligatorios; y pide que los entes locales y regionales participen en debates con los Estados miembros en la elaboración de los Planes de acción nacionales, a fin de garantizar que se tomen adecuadamente en consideración los objetivos intermedios y se definan los instrumentos operativos que se deberán adoptar a escala local;

5.

apoya insistentemente la propuesta de la Comisión consistente en que los Estados miembros desarrollen infraestructuras de red eléctrica para acomodar la electricidad producida a partir de fuentes renovables, y le otorguen acceso prioritario a la red, aunque señala que el acceso debe producirse a un precio justo y competitivo, ya sea mediante tarifas reguladas o de otra manera;

6.

destaca igualmente la importancia de la infraestructura de red para el gas, la calefacción procedente de fuentes renovables y el calor residual, así como de facilitar un acceso razonable de estos tipos de energía a sus infraestructuras de red relevantes;

7.

considera que los proveedores de la red deberían hacer ajustes razonables para permitir el acceso a las fuentes de energía renovables, y soportar los costes correspondientes; dichos costes no deberían repartirse entre todos los consumidores de energía;

8.

apoya a la Comisión Europea en sus llamamientos a los entes nacionales, regionales y locales en favor de una política de fomento de edificios de bajo consumo de energía y pasivos. Aunque estas políticas requieren un tratamiento separado, son necesarias, de suma importancia y adecuadas para lograr los objetivos de la Directiva sobre energías renovables. Recomienda que las disposiciones a este respecto que figuran en la propuesta de Directiva sobre energía renovable se tengan debidamente en cuenta cuando se reexamine próximamente la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. De manera general, recomienda velar por una coordinación máxima entre las principales normativas europeas en estos ámbitos, esto es, la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, la Directiva sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, el tercer paquete de liberalización de la energía y los diferentes elementos del paquete «energía-clima» y entre ellos, de manera particular, la Directiva sobre energías renovables; precisamente para lograr los objetivos nacionales vinculantes hay que prestar mayor atención a la aplicación nacional de esta Directiva.

9.

Considera que los entes locales y regionales tienen experiencia y una competencia reconocida para influir en las infraestructuras y las políticas energéticas en sus territorios. Numerosas regiones europeas ya dan muestras de un compromiso político en favor de la promoción de las energías renovables en sus territorios, se han fijado objetivos concretos en este ámbito y los persiguen de manera activa. Estas regiones ya influyen en las infraestructuras y las políticas energéticas a través de sus acciones en la ordenación del territorio, el desarrollo regional, influyendo en el comportamiento de los ciudadanos particulares, y en muchos casos han impulsado aplicaciones innovadoras de las energías renovables (solar, geotérmica, biomasa, hidráulica y eólica) en los edificios y en el transporte, así como en otros ámbitos;

10.

señala que la transición desde las fuentes de energía no renovables a las renovables implica un aumento de la producción energética local a una escala relativamente pequeña, que también reducirá las pérdidas en la transmisión de electricidad a larga distancia y afectará y repercutirá en las actividades de todos los entes locales y regionales

11.

reconoce que las actividades de los entes regionales y locales gracias a las cuales pueden contribuir a los objetivos de la Directiva incluyen, en particular:

12.

insta a la Comisión a que resista las presiones para exigir a los Estados miembros la creación de organismos administrativos únicos y centralizados responsables de las solicitudes y la asistencia para las nuevas instalaciones de energías renovables;

13.

pide cautela ante la posible aplicación con efecto retroactivo de las normas relativas a los «excedentes de energía» a los edificios públicos;

14.

remitiéndose igualmente a la experiencia de los PNAEE, invita a la Comisión a que asigne todos los recursos necesarios (incluidos los recursos humanos) y adopte todas las medidas pertinentes (con acción judicial y uso de sanciones financieras) para garantizar que los Estados miembros presenten en los plazos previstos Planes de acción nacionales en materia de energías renovables (PANR) de calidad y permitir alcanzar los objetivos de la Directiva;

15.

señala que, además, los entes locales y regionales controlan grandes presupuestos para la adquisición y la contratación pública de productos y servicios que consumen energía; hace hincapié en que en las fases formativas de una transición hacia una Europa donde las energías renovables sean mucho más predominantes debe impulsarse el importante papel de los entes locales y regionales a la hora de establecer especificaciones, innovar y negociar con los sectores de las energías renovables;

16.

reconoce que las actividades de los entes locales y regionales encaminadas a reducir la demanda total de energía mediante acciones de mejora de la eficiencia energética suponen una importante contribución al cumplimiento de los objetivos de la Directiva sobre energía procedente de fuentes renovables.

17.

Considera que muchas de las acciones (véase, por ejemplo, el artículo 12) que se incluirán en los PAN les corresponderá aplicarlas a los entes locales y regionales. Los entes locales y regionales ya han realizado actuaciones importantes, y esta experiencia debería utilizarse plenamente en la elaboración, aplicación y seguimiento de los PAN;

18.

insta por consiguiente a la Comisión a modificar el artículo 4 para exigir la participación de los entes locales y regionales en la formulación de PANR y tener este factor debidamente en cuenta en el marco de la evaluación de los PANR que debe llevar a cabo;

19.

recuerda la experiencia de los planes nacionales de acción en materia de eficiencia energética (PNAEE) y, por ello, invita a la Comisión a que publique a su debido tiempo directrices para elaborar PAN, incluido un plan modelo. La participación de los entes regionales y locales en la preparación de los PAN aparecerá con claridad como uno de los puntos más importantes de preparación de los PAN en todo modelo, plan de dirección u otra forma de recomendación que la Comisión Europea publique con respecto a los PAN.

20.

Insta a la Comisión a tomar medidas para fomentar la utilización de los sistemas de apoyo a las energías renovables actualmente existentes, como los Fondos Estructurales, el acceso a los préstamos del BEI, el programa «Energía inteligente para Europa» con arreglo al Programa marco para la Innovación y la Competitividad (CIP), varios programas e iniciativas en el contexto del 7o Programa marco de investigación, y los planes establecidos por la Comisión en su Comunicación sobre el «Plan estratégico europeo de tecnología energética» COM(2007) 723 final;

21.

desea que se garantice el acceso a los sistemas de apoyo a los productores de energías renovables de todos los niveles, incluidas las pequeñas instalaciones, y considera que, en aras de la coherencia, se debería acompañar el apoyo a las energías renovables con la supresión gradual de las subvenciones a la producción y uso de combustibles fósiles (con la excepción de una posible ayuda a las centrales térmicas de cogeneración destinadas al abastecimiento de calefacción urbana) así como a la producción y uso de la energía nuclear. Asimismo, se debe hacer una excepción en aquellos casos en que la captura y el almacenamiento de carbono se llevan a cabo para reducir el volumen de dióxido de carbono ocasionado por el uso de combustibles fósiles;

22.

desea que la Comisión reconozca la contribución de unas fuentes de energía marítima limpias y renovables, como la energía eólica, la energía de las olas y mareas y de las corrientes oceánicas, y garantice que se disponga de apoyo suficiente para fomentar la investigación y el desarrollo a fin de aprovecharlas. Recuerda que los programas de ayuda nacionales y regionales, que aportan soluciones adaptadas a las situaciones nacionales, regionales y locales, han demostrado su capacidad para promover con éxito las energías renovables. En este marco, y aunque un apoyo suplementario europeo sigue siendo deseable, los programas de ayuda nacionales y regionales deben seguir siendo los principales instrumentos de fomento. Debe evitarse toda estandarización de los términos y condiciones de los programas de ayuda a escala comunitaria.

23.

Señala que la propuesta de la Comisión de establecer amplias garantías de origen para toda la UE a fin de validar la electricidad, la calefacción y la refrigeración procedentes de fuentes de energía renovables coincide con el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Limitar el calentamiento mundial a 2 °C» (1), donde se solicitaba la introducción de un certificado de energía ecológica;

24.

considera que la utilización de garantías de origen también para los intercambios y la contabilidad es excesivamente complicada y sugiere que la Comisión la revise y clarifique, a fin de garantizar mejor la transparencia y seguridad jurídica del sistema. Además, sugiere que, con este motivo, la Comisión vele por asegurar que el sistema de intercambio y comercialización de las garantías de origen no representa un riesgo para la aplicación y eficacia de los programas de ayuda nacionales o regionales, y considere la posibilidad de crear un certificado distinto para los intercambios voluntarios;

25.

considera que hay que tener en cuenta la contribución de la microgeneración para que este elemento del paquete energético global de cada Estado miembro se reconozca y apoye adecuadamente.

26.

Señala que la generación, la distribución y el uso de energía están cambiando rápidamente, y considera que el ritmo del cambio se acelerará en los próximos años; por lo tanto, se debe fomentar la difusión de la información y la formación para que los productores, instaladores y consumidores de energía comprendan adecuadamente las nuevas tecnologías, permitiendo así que estos cambios se produzcan de manera justa y eficaz;

27.

apoya que la Comisión proponga que los Estados miembros garanticen la introducción de programas de información, orientación y acreditación adecuados;

28.

subraya que los entes locales y regionales desempeñan un papel importante en la educación y la formación, y son cada vez más consultados por sus ciudadanos para mejorar la calidad de la información ofrecida actualmente; también participarán directamente en la orientación sobre los controles y normas de planificación para los nuevos edificios; insta por consiguiente a que los entes locales y regionales participen plenamente en el desarrollo y aplicación de programas de información, concienciación, orientación, educación y formación.

29.

Señala que los entes regionales y locales han fomentado el uso de biocarburantes, por ejemplo mediante la recogida de aceites de cocina usados para producir biodiésel o la generación de biogás a partir de aguas residuales y otros residuos biológicos destinados a los vehículos municipales, y la producción de gránulos de madera procedentes de bosques gestionados localmente y de residuos de la madera, sobre todo para la calefacción, pero también conjuntamente con sistemas de cogeneración (CHP). Las iniciativas adoptadas en diferentes regiones europeas para crear «redes de biocarburantes» también deben apoyarse. Estas estructuras coordinan la producción y el consumo de biocarburantes a escala regional. Si la producción de biocarburantes es sostenible, esto es, si tienen en cuenta todos los aspectos económicos, medioambientales y sociales, puede contribuirse a desarrollar las economías regionales;

30.

considera que la mejor manera de alcanzar el objetivo del 10 % para las energías renovables en el transporte es aumentando el uso de vehículos eléctricos propulsados por electricidad generada a partir de fuentes renovables;

31.

considera que los biocarburantes producidos a partir de desechos, subproductos y residuos tienen un doble beneficio sobre el cambio climático, ya que reducen las emisiones procedentes del transporte y apartan materiales de la cadena de residuos, por lo que ofrecen un buen ahorro con los recursos limitados de la biomasa. Además, tampoco entran en competencia con la producción de alimentos;

32.

estima que la mayor utilización de biocarburantes en el transporte sólo conseguirá las repercusiones positivas previstas en el caso de que los biocarburantes se produzcan con materias primas cuya obtención no perjudique el equilibrio natural del medio ambiente, el autosuficiencia alimentaria, ni el equilibrio económico del mercado o el equilibrio social;

33.

señala que las emisiones de contaminantes atmosféricos perjudiciales para la salud humana procedentes del uso de biocarburantes en el transporte varían en función de su fuente. Por lo tanto, los biocarburantes pueden contribuir a mejorar o a deteriorar la calidad del aire, en cuya gestión los gobiernos locales desempeñan un papel clave;

34.

insta, por lo tanto, a que se lleven a cabo estudios de conjunto sobre las emisiones de los tubos de escape generadas por los distintos biocarburantes y a que se tomen en consideración sus impactos en la calidad del aire junto a las evaluaciones sobre su sostenibilidad, de manera holística;

35.

recomienda que en el marco de los PAN (planes de acción nacionales), en cuya elaboración participarán los entes locales y regionales, se incluyan disposiciones detalladas relativas a las materias primas con las que se producirán los biocarburantes. Los planes de acción nacionales deberían tener en cuenta el carácter específico de los recursos naturales y el potencial agrícola de cada Estado miembro;

36.

insta a apoyar sobre todo los biocarburantes que ofrezcan reducciones importantes y cuantificadas de emisiones de gases de efecto invernadero;

37.

considera que la biomasa celulósica (2) y las algas, siempre que sean compatibles con otras actividades marinas, pueden cosecharse sin afectar tanto a la economía alimentaria y a los recursos del territorio; aunque todavía se están desarrollando los métodos de producción, se asegura que de esta forma se conseguirá hasta un 90 % de reducción de gases de efecto invernadero (3). También puede producirse combustible para vehículos a partir de desechos, obteniéndose biogás por un proceso de fermentación, con una reducción similar de las emisiones de gases de efecto invernadero;

38.

invita a la Comisión Europea a elaborar con mayor precisión los criterios de sostenibilidad medioambiental para los biocarburantes definidos en el artículo 15 de la propuesta de Directiva. En particular, estos criterios deberían aportar una solución a las siguientes cuestiones, cruciales para la sostenibilidad de los biocarburantes de manera global:

Además, siguiendo los ejemplos de redes regionales mencionadas más arriba, invita a la Comisión a tener debidamente en cuenta el potencial de las cadenas regionales de producción y de consumo.

39.

insta a realizar una evaluación rigurosa de la sostenibilidad de los biocarburantes que se adapte a los cambios tecnológicos y a modificar el mínimo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a medida que se desarrolle la tecnología;

40.

considera que los criterios de sostenibilidad deben aplicarse a los biocarburantes producidos en la UE y fuera de ella para suscitar la confianza de los ciudadanos en sus decisiones de compra y en todo sistema gestionado por sus entes locales;

41.

La producción de biocarburantes debe hacerse de manera sostenible y limitando al mínimo las consecuencias para el cambio climático; no debe procederse en ningún caso a la deforestación de zonas de bosque ininterrumpido para destinarlas a cultivos energéticos, en los que la captación de dióxido de carbono es menor.

19.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 325/19

—

solicita a la Comisión que acelere la aprobación de la normativa para incluir el transporte aéreo en el sistema RCCDE y que integre en este sistema al transporte marítimo lo antes posible;

—

manifiesta su preocupación porque la Directiva no constituye un incentivo para la reducción de los gases de efecto invernadero en el sector de la gestión de residuos, un sector especialmente crítico, tanto por lo que se refiere a las emisiones como a la ordenación del territorio;

—

recomienda que los Estados miembros destinen al menos el 30 % de los ingresos generados por las subastas de derechos de emisión a los entes locales y regionales para promover el uso de las energías renovables e incrementar la eficiencia energética entre los usuarios finales con objeto de cumplir los compromisos comunitarios de utilizar el 20 % de energías renovables de aquí a 2020 y de aumentar la eficiencia energética un 20 % para 2020. También se buscará favorecer medidas para la reducción de los gases de efecto invernadero en el RCCDE, como los sectores del transporte y de la gestión de residuos;

—

recomienda medidas de apoyo a algunas industrias grandes consumidoras de energía en caso de fuga del carbono:

—

a más tardar medio año después de la entrada en vigor de la Directiva, la Comisión, previa consulta a todos los interlocutores sociales pertinentes y al Comité de las Regiones, presentará propuestas concretas para evitar las fugas de carbono procedentes de sectores y subsectores que consumen mucha energía.

Ponente

:

Sr. MARRAZZO (IT/PSE), Presidente de la Región del Lacio

1.

recuerda que los entes locales y regionales contribuyen decisivamente al éxito de las iniciativas europeas y cumplen un papel determinante en la aplicación de las políticas ambientales, industriales y energéticas;

2.

aprueba la aplicación del principio «quien contamina paga» a todas las políticas comunitarias para la protección del medio ambiente y el clima. La internalización de los costes ambientales de bienes y servicios constituye, de hecho, un elemento esencial de unas políticas públicas adecuadas y guiadas por el principio de un desarrollo económico sostenible, equilibrado y compatible con la ecología;

3.

valora, pues, los esfuerzos hasta ahora desplegados por la Comisión Europea para crear un mercado eficaz del carbono, que consiga establecer, en un sistema de libre contratación, el «precio de la contaminación que produce una tonelada de anhídrido carbónico»;

4.

acoge favorablemente la propuesta de adecuar y actualizar el sistema RCCDE (Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión) en consonancia con los resultados logrados hasta la fecha y con los aspectos establecidos en el primer período de funcionamiento del sistema (2005-2007);

5.

considera que, a pesar de los avances conseguidos, es necesario seguir reforzando la transparencia y la fiabilidad a largo plazo del sistema RCCDE y estar atentos a las repercusiones sociales y ambientales de las medidas propuestas, sobre todo en los ámbitos local y regional;

6.

recuerda que la simplificación propuesta por la Comisión, con la posibilidad de excluir las instalaciones industriales más pequeñas y la aclaración del concepto de «instalación de combustión», aumenta la fiabilidad, eficacia y transparencia de todo el mercado del carbono;

7.

no obstante, pide a la Comisión que precise cuáles serán las medidas equivalentes que adoptarán los Estados miembros para conseguir la reducción de las emisiones en las instalaciones pequeñas, aparte de la referencia general a las posibles medidas de política fiscal (impuesto sobre el carbono);

8.

comprueba que, por lo que se refiere a la subasta de derechos de emisión, sería conveniente pasar de la fase de asignación totalmente gratuita a una asignación progresiva y gradual mediante subasta pública. Apoya decididamente la necesidad de proteger a los más desfavorecidos, por el posible aumento del precio de los productos industriales y las demás fuentes de energía (en particular, las tarifas eléctricas) y ayudarles a aumentar la eficiencia energética de las viviendas;

9.

acepta la propuesta de la Comisión de abandonar el enfoque empleado hasta el momento con la adopción de un plan de acción nacional para cada Estado miembro, y valora la decisión de especificar a escala comunitaria unos objetivos comunes, con una visión unitaria y solidaria válida para toda la UE;

10.

acepta la propuesta de la Comisión de incluir los procesos de captura, transporte y almacenamiento geológico del carbono en el sistema RCCDE y, en este sentido, aboga por dar un respaldo adecuado a la investigación de las tecnologías que aún necesitan desarrollo e inversiones, siempre y cuando se valore el impacto negativo que el almacenamiento de carbono pueda producir en los ecosistemas en los que se introduzca;

11.

recuerda la importancia del papel que la investigación en el ámbito energético-ambiental puede tener cuando se trata de reducir las emisiones y la adaptación, y espera que la Directiva constituya un instrumento eficaz para garantizar una fuente constante de financiación para tales actividades;

12.

insiste en que la inclusión en el sistema RCCDE de nuevos sectores y actividades, aparte de los riesgos de pérdida de competitividad de las industrias europeas en los mercados internacionales, se haga en función de la contaminación real producida por dicho sector, de la valoración del potencial de mejora tecnológica del sector en cuestión y de la verificación de los límites para trasladar los costes añadidos al consumidor final;

13.

solicita a la Comisión, por tanto, que acelere la aprobación de la normativa para incluir el transporte aéreo en el sistema RCCDE y que integre en este sistema al transporte marítimo lo antes posible (véase el punto 65 del Dictamen del CDR no 22/2008);

14.

aprueba el principio de cooperación y solidaridad entre países que se ha introducido en el nuevo sistema RCCDE para los países tecnológicamente más avanzados (con sectores industriales de mayor eficiencia energética) y los menos desarrollados (con economías de mayor consumo energético y que precisan incrementar su tasa de crecimiento);

15.

valora los esfuerzos de la UE por participar en las negociaciones internacionales para la aplicación del protocolo de Kioto —la última ocasión fue la conferencia de Bali— y por definir estrategias a escala mundial, en particular para distribuir la carga entre países ricos y países en desarrollo. Por tanto, espera que los resultados conseguidos hasta ahora puedan reforzarse y desarrollarse posteriormente con los acuerdos que se alcancen en las próximas conferencias internacionales de Poznan y Copenhague;

16.

insta a que se aprueben unas medidas complementarias en materia de lucha contra el cambio climático y de ampliar los objetivos establecidos por el sistema RCCDE, a fin de adecuarlos a los objetivos de reducir un 30 % las emisiones, conforme a los acuerdos internacionales en la materia;

17.

señala la necesidad de que los acuerdos internacionales que se pretende firmar den lugar a la igualdad de trato a nivel mundial de los sectores afectados; por consiguiente, deberían establecerse los requisitos mínimos que los acuerdos deberán cumplir para tener validez como acuerdos internaciones en el sentido de la Directiva;

18.

insiste en la necesidad de disponer de unos análisis adecuados de la relación coste-beneficio cuando se trate de incluir nuevos sectores productivos en el sistema RCCDE, con vistas a evitar distorsiones de la competencia debidas a la pugna entre sectores industriales no homogéneos cuando se limite la producción de gases de efecto invernadero;

19.

manifiesta su preocupación porque la Directiva no constituye un incentivo para la reducción de los gases de efecto invernadero en el sector de la gestión de residuos, un sector especialmente crítico, tanto por lo que se refiere a las emisiones como a la ordenación del territorio;

20.

desea recordar que, paralelamente al sistema de los derechos de emisión, es necesario realizar esfuerzos importantes para que pasen a utilizarse sobre todo modos de transporte más ecológicos. En este sentido, los gobiernos nacionales deben asumir su responsabilidad en la ampliación de las infraestructuras ferroviarias y de transporte marítimo y fluvial, así como en el fomento, de manera general, de los transportes intermodales;

21.

observa que la Comisión no ha valorado aún el riesgo de pérdida de competitividad de los sectores industriales y que la nueva Directiva no prevé medidas adecuadas de apoyo y protección de las economías europeas. Insiste, por ello, en la importancia de un entorno estable y atractivo para las inversiones, así como en la necesidad de afrontar oportunamente los riesgos de transferir las emisiones a países con normas medioambientales menos estrictas y costes más bajos (fuga de carbono); pide que la Comisión presente cuanto antes al Parlamento Europeo y al Consejo propuestas armonizadas y válidas en todo el territorio comunitario para la asignación gratuita de certificados. Estas reglamentaciones deberán tener en cuenta la situación en los sectores y subsectores que consumen mucha energía, en los que existe un riesgo considerable de fuga de carbono;

22.

recomienda distribuir de forma adecuada los esfuerzos necesarios para luchar contra el cambio climático entre los operadores industriales afectados y los consumidores finales, evitando el peligro de que el coste añadido de las estrategias adoptadas recaiga exclusivamente en éstos, sobre todo en determinados sectores productivos;

23.

cree que la propuesta de la Comisión no presta suficiente atención a la necesidad de evitar efectos negativos entre los más desfavorecidos, en particular por lo que se refiere a las posibles consecuencias de la Directiva en el precio de las tarifas eléctricas. En consecuencia, pide a la Comisión que supervise mejor los mercados, refuerce la confianza del consumidor y limite los riesgos de manipulación del mercado;

24.

se pronuncia en favor de que en la asignación gratuita de certificados se valoren las reducciones de emisiones logradas ya por algunas empresas. Para ello, por ejemplo, las instalaciones que en su sector productivo constituyan un punto de referencia en razón de su bajo nivel de emisión de gases de efecto invernadero por unidad de producción deberían obtener el 100 % de los certificados de forma gratuita;

25.

subraya que los entes locales y regionales se encuentran en primera línea a la hora de hacer frente a las consecuencias del cambio climático y que, por lo tanto, han de participar adecuadamente en la adopción de todas las estrategias de lucha y adaptación;

26.

llama la atención de la Comisión Europea hacia la necesidad de tener en cuenta, en la revisión del sistema RCCDE, no sólo las repercusiones para la competitividad a escala nacional o internacional, sino también los riesgos derivados para la competitividad y la capacidad de atracción de las distintas regiones de la UE;

27.

recomienda, pues, recoger de modo adecuado las exigencias de las políticas regionales de desarrollo y recuerda que, para lograr una mayor transparencia y eficacia en el mercado del carbono, algunas instalaciones industriales podrían sufrir profundas reestructuraciones que podrían llevar a excluir del sistema de producción a las menos eficientes o a las que ya se encuentren en situación de crisis. Así, recomienda prever acciones de apoyo a los procesos de reconversión industrial y a los trabajadores afectados;

28.

por lo que se refiere a potenciar y adecuar el sistema RCCDE, reconoce la necesidad de aumentar la coherencia global de las intervenciones y la oportunidad de fijarse objetivos más ambiciosos que, a través de los acuerdos internacionales en fase de negociación, aspiren a reducir un 30 % las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020;

29.

apoya la necesidad de reforzar, con la ayuda de los entes locales y regionales, la presencia de los ciudadanos en los esfuerzos de la UE para afrontar el cambio climático. Esta sensibilización deberá dirigirse a estimular conductas personales positivas y a que los ciudadanos comprendan las grandes cuestiones industriales y tecnológicas que a menudo subyacen en las estrategias adoptadas;

30.

afirma que es preciso reforzar la actividad de los entes locales y regionales en el ámbito de la formación y la información a los usuarios finales y a los agentes de las pequeñas y medianas industrias pertenecientes al ámbito de aplicación de la Directiva RCCDE.

19.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 325/28

—

expresa su preocupación por la falta de medios financieros para el desarrollo rural. Las inversiones suplementarias en los nuevos retos no deben financiarse solamente a partir del primer pilar, y urge por ello a que esta cuestión se vincule a otras políticas comunitarias, en particular la política de cohesión;

—

sugiere firmemente que se estimulen las sinergias entre la política de desarrollo rural y otras políticas de la UE, en particular la política de cohesión;

—

apoya el llamamiento cada vez más amplio a invertir en investigación sobre asuntos agrícolas y a aplicar el resultado de las investigaciones, y acoge con satisfacción la sugerencia de la CE de buscar sinergias con el Marco de Conocimiento;

—

considera que para hacer frente a los nuevos desafíos Europa debe aspirar a una economía circular y por lo tanto estimular y apoyar una agricultura de innovación en general;

—

considera que para luchar contra el cambio climático habría que fomentar estrategias alimentarias integradas;

—

considera en que, en los casos en que sirva para reducir las emisiones de carbono, se debería animar a las regiones a que desarrollen y fomenten los alimentos y productos derivados de producción local;

—

sugiere que el incremento propuesto de la cuota láctea se fije ya en el 2 % anual, aunque también cree que la Comisión debería garantizar la posición de los agricultores de zonas vulnerables, pues podrían verse perjudicados por el aumento de la cuota láctea;

—

considera que Europa tiene la responsabilidad social de realizar el máximo esfuerzo para la incorporación del principio People, Planet and Profit (personas, planeta y beneficios) en el resultado de las negociaciones actuales y futuras de la OMC;

—

desea señalar que los órganos locales y regionales en la mayoría de los Estados miembros de la UE han adquirido una considerable experiencia en materia de desarrollo rural, y acogería positivamente que se les instara a asumir responsabilidades más amplias en la aplicación y orientación de la política de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE.

Ponente

:

Sra. DWARSHUIS-VAN DE BEEK (NL/ALDE), Miembro del Consejo Ejecutivo de la Provincia de Holanda Meridional

1.

observa la importancia estratégica de la agricultura y la industria agroalimentaria para Europa, considera la esfera de acción claramente multinacional de las empresas, suscribe una producción agrícola de calidad en el conjunto de los territorios y está de acuerdo con la Comisión Europea (CE) en la importancia de la Política Agrícola Común;

2.

está de acuerdo en que el dotarnos de un sistema que garantice un cierto nivel de autosuficiencia alimentaria a la población europea implica la gestión de crisis cuando sea necesario; reconoce que, por lo que respecta a la producción alimentaria, el mercado no puede siempre resolver la ecuación entre el problema de la renta del productor y el conjunto de la demanda pública, lo que justifica la Política Agrícola Común;

3.

con respecto a las recomendaciones ya incorporadas en las propuestas legislativas, subraya que siguen siendo válidas muchas de las recomendaciones formuladas en su dictamen prospectivo sobre el Chequeo de la Política Agrícola Común (CDR 197/2007); sin embargo, además de las propuestas legislativas presentadas, son necesarias otras simplificaciones para lograr una verdadera reducción de la burocracia para los entes regionales responsables de la aplicación de la PAC, así como para los agricultores. En este ámbito, son necesarias mayores simplificaciones en materia de condicionalidad. En este contexto, el aumento del número de condiciones incluidas en el anexo III no debe conllevar cargas adicionales. Por otra parte, en lo que se refiere a la aplicación de las distintas medidas relativas a las normas incluidas en el anexo III, convendría tener en cuenta la situación regional y natural, que en ocasiones varía enormemente en función de los casos. También es importante tomar en consideración las disposiciones reglamentarias vigentes;

4.

al contrario de lo que se señala en el dictamen prospectivo, aboga por la supresión de la retirada de tierras obligatoria acompañada de medidas medioambientales facultativas para algunas superficies, en el marco del segundo pilar;

5.

recomienda reexaminar las propuestas encaminadas a aumentar las cuotas como preparación para el final del sistema de cuotas, habida cuenta de la situación actual del mercado de la leche. Sería conveniente elegir instrumentos adecuados y, si procede, prever los fondos necesarios, a fin de evitar que la supresión de las cuotas tenga consecuencias demasiado grandes para las regiones desfavorecidas en lo que se refiere a la competitividad y a las condiciones naturales;

6.

cree que el chequeo de la PAC no puede limitarse a dar continuidad a la reforma de 2003 sin afrontar la nueva coyuntura alimentaria internacional. El CDR reclama prudencia para que durante el chequeo no se eliminen de forma irreversible los instrumentos de mercado existentes (excepto el instrumento de retirada de tierras obligatoria). La volatilidad actual de los mercados alimentarios a nivel mundial exige que aunque no se utilicen actualmente puedan ser reactivados si fuera necesario;

7.

expresa su acuerdo en cuanto a la importancia de los nuevos retos y corrobora que en todos los Estados miembros se necesitan incentivos considerables para poner en marcha con éxito las operaciones relacionadas con dichos retos;

8.

no obstante, expresa su temor por que la forma de modulación propuesta por la Comisión represente una reducción considerable de las rentas de los agricultores según la región;

9.

señala que la Comisión no debería subestimar la importancia de la fiabilidad del marco financiero de la PAC acordado hasta 2013;

10.

sugiere que algunos de los recursos liberados también podrían invertirse en otras medidas, además de las relacionadas con los nuevos retos, por ejemplo en nuevas medidas en el primer pilar de apoyo al sector del ovino-caprino comunitario tan importante desde el punto de vista social, económico y medioambiental y que actualmente sufre un grave riesgo de drástica reducción de la cabaña europea, también en las medidas ya existentes del segundo pilar relacionadas con las explotaciones agrícolas, en varias nuevas medidas del segundo pilar destinadas a ayudar a los agricultores a adaptarse a la nueva situación del primer pilar o en otras nuevas medidas del segundo pilar cuyo objetivo es paliar los costes para el público de las distintas medidas relacionadas con la agricultura multifuncional;

11.

tiene la impresión de que el equilibrio entre los objetivos y las medidas podría diferir en el caso de las regiones que ya han aplicado un gran número de medidas para hacer frente a los nuevos retos o ya han utilizado sus recursos en buena parte de acuerdo con estos nuevos retos.

12.

considera que si la Política Agrícola Común debe respetar los elementos fundamentales de la política comunitaria, la aplicación de la modulación debe basarse, en primer lugar, en las condiciones de la producción antes de estudiar prioritariamente criterios globales de competencia;

13.

cree que el ámbito descentralizado es el más apropiado para tomar decisiones sobre la modulación, para así reflejar la diversidad de las necesidades locales y regionales. Los Estados miembros y las regiones deberían tener la posibilidad de destinar fondos a medidas del segundo pilar en función de las necesidades reales;

14.

en el presente dictamen sobre las propuestas legislativas expresa su preocupación por la falta de medios financieros para el desarrollo rural en general y para los nuevos retos en particular; por consiguiente, afirma claramente que, en un futuro próximo, las inversiones suplementarias en los nuevos retos no deben financiarse solamente a partir del primer pilar, y urge por ello a que esta cuestión se vincule a otras políticas comunitarias, en particular la política de cohesión;

15.

en el presente dictamen se centra en el alcance de la propuesta de Reglamento (CE) no 1698/2005 sobre el desarrollo rural, que aspira a resultados óptimos en relación con los nuevos desafíos;

16.

en el presente dictamen da una opinión sobre la futura PAC desde una perspectiva global, incluso abordando asuntos relevantes para la OMC como la propiedad intelectual, la marca de calidad UE y el etiquetado sobre consumo energético;

17.

en el presente dictamen pide a la Comisión que invite al CDR a contribuir a los debates y a la elaboración de las correspondientes políticas y anuncia nuevas iniciativas del CDR, como la organización de una conferencia con diversas partes interesadas y la elaboración de un documento prospectivo sobre la agricultura y el desarrollo rural en Europa, centrado en el impacto de las decisiones regionales y en una labor constante de mejora de las condiciones medioambientales de la agricultura;

18.

destaca la importancia del sector agroalimentario europeo y el valor fundamental de la seguridad y la inocuidad de los alimentos, teniendo en cuenta que la UE es, en estos momentos, el primer importador de productos agrícolas del mundo;

19.

para lograr una transición sin problemas hasta la desaparición de las cuotas lácteas en 2015 es preciso un «aterrizaje suave». El Comité aboga por un incremento anual de las cuotas lácteas del 2 % como mínimo, al menos en aquellas regiones y países con mayor potencial de producción. Ante las grandes fluctuaciones de volúmenes y precios que están produciéndose, es preciso mantener los mecanismos de gestión del mercado hasta que desaparezca el sistema de cuotas;

20.

considera que la Política Agrícola Común es actualmente importante y que tiene el potencial de seguir siéndolo en un futuro próximo, ya que la PAC seguirá debatiéndose en la perspectiva de la creciente demanda global de alimentos para personas y animales, combustibles y fibras;

21.

considera que la agricultura europea, en un mundo cada vez más globalizado, no puede prescindir de una política común europea fuerte con mecanismos de regulación del mercado que, teniendo en cuenta la diversidad geográfica, social y económica de las regiones europeas, se centre en objetivos estratégicos y en la demanda de los consumidores, ofrezca oportunidades y posibilidades de participación a las regiones, especialmente en relación con los nuevos desafíos, y sea sostenible desde un punto de vista económico, social y ecológico, contribuyendo así a la prosperidad del entorno rural;

22.

coincide con la Comisión Europea en que el cambio climático, la bioenergía, la gestión del agua y la biodiversidad plantean importantes retos para el futuro, también para la agricultura. En este contexto debe examinarse la posible contribución de la PAC para acompañar de manera positiva las adaptaciones necesarias; pide que se preste la atención adecuada a los anticipos en los Estados miembros y las regiones;

23.

expresa su preocupación por las propuestas de la Comisión para proseguir con el desmantelamiento de las medidas de intervención comunitaria en un contexto caracterizado por la inestabilidad en los mercados, y considera que es importante mantener los instrumentos de intervención de mercado financiados con fondos comunitarios que existen en la actualidad;

24.

seguirá trabajando para asegurarse de que la necesaria revisión de la PAC no dé lugar a una renacionalización de esta política, lo que significa que aunque la ejecución y la cofinanciación de la política puedan ser competencia de las regiones y los Estados miembros, la PAC en sí misma, incluyendo su estrategia y su presupuesto, debe abordarse en común. Aboga por que el límite de recursos establecido en el marco financiero de la UE 2007-2013 para la PAC no se modifique hasta que termine el período de financiación;

25.

recomienda a la Comisión Europea que, a la vista de la actual situación económica y la grave crisis que afecta a los países europeos, que tiene particularmente una incidencia negativa en el medio rural, debe evitarse la adopción de medidas que contribuyan al incremento del desempleo y a la pérdida de actividad económica;

26.

considera que el conjunto de las ayudas directas debe vincularse al mantenimiento de la actividad agraria, aunque se puedan desacoplar de una producción concreta; en este sentido el chequeo no debe servir para dar nuevos pasos en la desvinculación de las ayudas directas;

27.

se pronuncia en favor de que tanto el modelo histórico como el regional vayan evolucionando progresivamente hacia una ayuda homogénea a la unidad de trabajo a nivel comunitario modulada en función de los bienes y servicios que aporte a la sociedad en el marco de una agricultura multifuncional;

28.

señala que la propuesta de la Comisión de fijar un umbral por debajo del cual no se cobrarían ayudas puede convertirse en una medida regresiva en términos sociales y, teniendo en cuenta la diversidad regional, con un importante impacto social en numerosas regiones, por lo que considera necesario que las medidas de simplificación se concreten en el ámbito interno de cada Estado;

29.

dada la propuesta de la Comisión de presentar antes del 30 de junio de 2011 un informe sobre las condiciones relativas a la supresión progresiva del régimen de cuotas lácteas, considera que cualquier decisión sobre el futuro del sistema de cuotas debe posponerse hasta esa fecha;

30.

observa que la propia Comisión reconoce que la eliminación del sistema de cuotas, o simplemente el aumento gradual de las cuotas, podría dar lugar a una reducción de los precios;

31.

sugiere que para gestionar con una red de seguridad excesivas fluctuaciones de volúmenes y precios es preciso seguir manteniendo mecanismos de gestión del mercado adecuados en el marco del chequeo y también después de que desaparezca el sistema de cuotas;

32.

recomienda que los instrumentos de mercado de la leche y los productos lácteos se mantengan en reserva mientras se consideren de utilidad, incluso más allá de 2015;

33.

exhorta a la CE a establecer un fondo presupuestario extraordinario en el ámbito comunitario, complementado si fuese necesario con recursos estatales, destinado a mejorar la viabilidad de las explotaciones agrícolas que se hallan en regiones o circunstancias menos competitivas o con desventajas naturales;

34.

propone que se permita a los Estados miembros apoyar a estas explotaciones de diversas formas, como por ejemplo con la redesignación de zonas menos favorecidas, con la aplicación de medidas del segundo pilar o con la ejecución del artículo 68, para así ofrecer una red de seguridad;

35.

reclama prudencia para que durante el chequeo no se eliminen los instrumentos de mercado referidos a la leche y los lacticinios; considera que se deben mantener los que existen en la actualidad;

36.

considera que el impacto medioambiental de la agricultura constituye un gran desafío y que la UE debe establecer la prioridad de dotarse de una agricultura más ecológica. Por lo tanto, el Comité desea resaltar la importancia de mantener un debate continuo sobre las condiciones medioambientales en el ámbito agrícola;

37.

expresa su preocupación por los intentos de utilizar la idea del «desarrollo rural» para agregar un número cada vez mayor de asuntos que podrían resultar problemáticos, y se pregunta si no sería mejor responder a algunos de estos retos a través de programas de desarrollo rural;

38.

observa de hecho una discrepancia cada vez mayor entre los medios disponibles para el segundo pilar y el impacto de los objetivos que deben realizarse, que son tanto los «nuevos desafíos» como los «desafíos actuales» relacionados con la calidad económica, social y medioambiental de las zonas rurales;

39.

cree que la PAC se dedica con carácter prioritario a la agricultura y que no debe consistir tan sólo en un elemento de la política de cohesión territorial. Cuando la PAC refleja adecuadamente las particularidades regionales y los distintos sistemas de producción, también contribuye a la cohesión territorial; toda propuesta de cambio como resultado del chequeo de la PAC debe reflejar adecuadamente las particularidades regionales y los distintos sistemas de producción que existen en la Unión Europea;

40.

acoge favorablemente la flexibilización del artículo 69 del Reglamento (CE) 1782/2003 pero, igualmente, lo considera insuficiente para hacer frente al desmantelamiento de los instrumentos de mercado propuestos por la Comisión, en particular para hacer frente a las consecuencias de la eliminación de las cuotas lácteas;

41.

expresa la opinión de que el desarrollo de las zonas rurales para lograr una mayor innovación, sostenibilidad y calidad de los servicios para todos los habitantes y actores económicos rebasa con creces el marco del desarrollo agrario;

42.

apoya el llamamiento cada vez más amplio a invertir en investigación sobre asuntos agrícolas y a aplicar el resultado de las investigaciones, y acoge con satisfacción la sugerencia de la CE de buscar sinergias con el Marco del Conocimiento;

43.

exhorta a la CE a garantizar que la necesidad de fomentar la innovación y la modernización de las explotaciones agrícolas y otras empresas relacionadas con la alimentación, resultante de la necesidad de abordar los nuevos desafíos que acarrea la evolución de la competitividad, no se vea desatendida debido a la política de ayudas estatales;

44.

sugiere firmemente que se estimulen las sinergias entre la política de desarrollo rural y otras políticas de la UE, en particular la política de cohesión, y acogería con satisfacción cualquier oportunidad de contribuir a las próximas consultas sobre los debates destinados a explorar estas sinergias.

45.

al tiempo que destaca que la realización de todas las medidas de la PAC tiene un impacto local, hace hincapié en que el nivel regional es el más idóneo para obtener resultados óptimos en la aplicación de una política común; no obstante, no debería ocasionar distorsiones de la competencia entre los Estados miembros y las regiones;

46.

desea señalar que los órganos locales y regionales en la mayoría de los Estados miembros de la UE han adquirido una considerable experiencia en materia de desarrollo rural, como fue el caso con la ejecución de los programas PRODER y LEADER en la pasada década, y acogería positivamente que se les instara a asumir responsabilidades más amplias en la aplicación y orientación de la política de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE;

47.

señala que el nivel regional es el adecuado para la fijación de medidas tendentes a reducir el coste administrativo de la PAC; considera que contemplar la posibilidad de eximir de la modulación obligatoria a los agricultores que reciben un volumen de ayudas inferior a un determinado umbral supondría en algunos territorios una significativa reducción de los citados costes.

48.

señala que el cambio del modelo histórico de pago a un modelo regional, como pretende la Comisión, acarreará la necesidad de aplicar criterios determinados mucho más geográficamente y de plantear competencias locales y regionales como la gestión del agua, el abastecimiento energético y la ordenación territorial;

49.

subraya la necesidad de respaldar la puesta en práctica de la política de desarrollo rural con un mayor apoyo técnico y educativo.

50.

destaca la necesidad de una mayor y más completa información de los productores y los consumidores sobre los intereses de la agricultura a nivel de los entes locales y regionales, para aumentar la concienciación y el sentimiento de responsabilidad de los distintos grupos sociales sobre la importancia de la agricultura para nuestra vida cotidiana y poner de relieve la importancia que ésta ha tenido, tiene y tendrá para el desarrollo de la economía, la sociedad y el medio ambiente;

51.

sugiere que se defina e introduzca un elemento adicional para clasificar a las empresas dentro del umbral de la modulación. De este modo sería posible distinguir entre grandes empresas gestionadas centralmente y empresas gestionadas localmente pero a través de una cooperativa. Además, esto permitiría a los Estados miembros aplicar medidas de apoyo que lograrían un «aterrizaje suave» para estas cooperativas;

52.

señala que en un futuro próximo se producirá un aumento notable en la demanda cuantitativa de productos agrícolas y de alimentos, causado por el incremento acelerado de la población mundial, en combinación con el aumento de la prosperidad y del poder adquisitivo, aumento que se mantendrá durante años;

53.

observa que el crecimiento de la población y del poder adquisitivo también acarreará un fuerte aumento en la demanda de alimentos de alta calidad, de alimentos procesados, de carne y de productos lácteos, y que ello conducirá a su vez a una escasez cada vez mayor de cultivos alimenticios, incluidos los cereales, las fibras y otros productos agrarios utilizados como piensos o como materias primas;

54.

manifiesta su preocupación por que el incremento propuesto de la cuota láctea —un 1 % anual entre 2009 y 2013— pueda no ser suficiente. Sugiere que este incremento se fije ya en el 2 % anual, aunque también cree que la Comisión debería garantizar la posición de los agricultores de zonas vulnerables, pues podrían verse perjudicados por el aumento de la cuota láctea;

55.

considera necesario que la normativa comunitaria permita una reformulación más ambiciosa de las relaciones interprofesionales, posibilitando, entre otros aspectos, que a nivel regional o estatal sea posible establecer medidas para regular los márgenes de beneficio de cada eslabón de las cadenas alimenticias sin que se entienda como una alteración de las reglas de la competencia;

56.

considera necesario que la PAC siga persiguiendo los objetivos de ofrecer a los ciudadanos de la UE alimentos de calidad a precios justos, suficientes y con garantías sanitarias, garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas, conservar nuestro patrimonio rural y proteger el entorno rural, y cree que ha evolucionado para responder a los retos y a las nuevas necesidades, estableciendo al mismo tiempo condiciones de competencia leal que permiten a la agricultura europea mantener una fuerte presencia en el mercado mundial;

57.

para lograr la igualdad de condiciones, pide que se apliquen normas fitosanitarias, veterinarias y medioambientales uniformes a los productos alimentarios destinados al consumo en la UE, tanto si han sido producidos en ésta como en terceros países, e insta a que se dote a las autoridades de control en frontera, a la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de los recursos necesarios;

58.

señala que la producción de alimentos sigue siendo el punto esencial y el cometido principal de la agricultura y que los cultivos destinados a la producción de energía contribuyen a lograr los objetivos energéticos y de política climática de la Comunidad y representan un potencial de valor añadido para la agricultura y el medio rural; pide que este aspecto se trate de nuevo en el contexto de los nuevos retos;

59.

considera que Europa tiene la responsabilidad social de realizar el máximo esfuerzo para la incorporación del principio People, Planet and Profit (personas, planeta y beneficios) en el resultado de las negociaciones actuales y futuras de la OMC;

60.

sugiere que la Comisión debería llegar a un acuerdo sobre la propiedad intelectual en el que se consideren las indicaciones geográficas (productos regionales reconocidos) antes de celebrar un acuerdo con la OMC sobre agricultura;

61.

sugiere que la Comisión debería definir un sello alimentario europeo basado en criterios actualmente prescritos.

62.

destaca que los nuevos desafíos de la PAC no pueden abordarse en exclusiva desde la PAC, sino que deben afrontarse desde el conjunto de las políticas comunitarias;

63.

considera que para luchar contra el cambio climático habría que fomentar estrategias alimentarias integradas que permitan reducir el transporte de los alimentos, abordar el problema de los residuos y la gestión de la energía, y establecer un sistema de etiquetado basado en criterios que definan el origen, la calidad y la sostenibilidad del producto y que indique la energía total consumida cuando el producto haya llegado al consumidor;

64.

considera que, en los casos en que sirva para consolidar su equilibrio ecológico, se debería animar a las regiones a que desarrollen y fomenten los alimentos y productos derivados de producción local;

65.

es consciente de que los artículos 28 y 29 del Tratado CE prohíben las restricciones cuantitativas a las importaciones, las exportaciones y las mercancías en tránsito y de que todas las medidas tienen un efecto equivalente en los Estados miembros, pero considera que podrían permitirse las acciones que se mencionan en los puntos 60 y 61 del dictamen, teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia permite acciones que sean en favor del bien público, como la lucha contra el cambio climático. Pide, por tanto, que se examinen más a fondo las opciones;

66.

desea añadir que el hecho de pretender un cierto nivel de autosuficiencia regional para ciertos productos no debería estar en contradicción con las importaciones de otros países;

67.

a este respecto, pide que las subvenciones a la exportación se mantengan exclusivamente en la medida en que sean necesarias para aliviar la carga de los mercados nacionales y no perjudiquen la expansión de los mercados de los países en vías de desarrollo;

68.

destaca la importancia del sector agroalimentario europeo y el valor fundamental de la seguridad y la inocuidad de los alimentos y de la capacidad de la I+D de desarrollar tecnologías basadas en la sostenibilidad, teniendo en cuenta que la UE es, en estos momentos, el primer importador de productos agrícolas del mundo;

69.

considera que la agricultura europea puede entroncar de manera preeminente los objetivos de Lisboa (conocimiento, investigación, innovación) y de Gotemburgo (sostenibilidad), dando así un ejemplo de alcance mundial.

70.

considera que la PAC debe conducir, con un segundo pilar adaptado, a un desarrollo rural orientado hacia todas las actividades económicas de las zonas rurales y las nuevas condiciones de ejercicio de la profesión agrícola, y también hacia un desarrollo rural más general en todas las zonas rurales de la Unión y, en particular, en los territorios más sensibles, como las zonas con desventajas naturales (las regiones poco pobladas cuya situación geográfica frena su desarrollo y las regiones de montaña, insulares o ultraperiféricas), que llegue también a las áreas más dinámicas, como las áreas periurbanas responsables de la alimentación de la mayoría de los ciudadanos de la UE, y que contemple incluso el desafío que representa el desarrollo del conocimiento, integrando todo ello en las grandes agrupaciones geográficas de la UE;

71.

observa que hay pruebas recientes que muestran que la mayoría de la población mundial está viviendo en áreas urbanizadas, ciudades y sus extrarradios y que esta población depende para su abastecimiento de alimentos y agua dulce de la eficiencia de la gestión del suelo rural, y observa que las áreas urbanizadas tienen además una clara necesidad de reservas naturales y de paisajes atractivos y accesibles, por lo que es necesario para su mantenimiento sostenible que estén garantizados los apoyos suficientes a la renta de los agricultores que los gestionan, para que, a pesar de observar mayores obligaciones en razón de las normas comunitarias, puedan ser competitivos y mantener sus explotaciones viables;

72.

subraya que el modelo agrícola multifuncional de la UE debe contribuir a la lucha contra el cambio climático y encarnar los conceptos de sostenibilidad, competitividad, diversidad, autosuficiencia alimentaria, capacidad de respuesta a la sociedad, a los consumidores y al bien común. De ello forman parte integrante las buenas prácticas agrícolas, la protección del medio ambiente y el bienestar de los animales; estas contribuciones de la agricultura redundan en el interés público y representan un valor económico digno de subvencionar, siempre que el gasto adicional no quede contrarrestado por los precios fijados por el libre mercado; a este respecto debe prestarse especial atención también a la participación de la población dedicada a la agricultura en el progreso económico y social;

73.

pide que se elimine el apartado 2 del artículo 13 que establece la obligación de que «Los Estados miembros darán prioridad a los agricultores que reciban más de 15 000 euros al año en concepto de pagos directos» en relación a las condiciones de participación en los sistemas de extensión agraria.

74.

observa que el cambio climático necesita otras medidas de gestión del agua, incluidas medidas relativas al almacenamiento de agua, los niveles de control, la prevención de las inundaciones y la carestía y la gestión del abastecimiento de agua dulce;

75.

considera que Europa debe estimular y apoyar el uso y la producción de energía verdaderamente renovable en la agricultura, centrándose no sólo en los cultivos biológicos y los combustibles biológicos (de segunda generación), sino también en la energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, el calor geotérmico y la cogeneración;

76.

considera que para hacer frente a los nuevos desafíos Europa debe aspirar a una economía circular y por lo tanto estimular y apoyar una agricultura de innovación en general, no sólo dirigiéndose a las instituciones del saber, sino también promoviendo la innovación del sistema, la red y la cadena en su conjunto, y promoviendo en consecuencia la modernización de todas las empresas que forman parte de la cadena de producción, tratamiento, gestión de residuos, transporte y distribución de alimentos;

77.

considera que debe llevarse a cabo una gestión profesional del suelo para que la tierra agrícola fértil se conserve en buenas condiciones y garantizar su uso sostenible para la producción de alimentos para el mercado interior y exterior;

78.

considera que las zonas agrícolas con particularidades son primordiales para preservar y restaurar la biodiversidad y el valor de la naturaleza, y que este interés público representa un valor financiero y puede optar a ayudas comunitarias;

79.

considera que las zonas agrícolas con particularidades son primordiales para ofrecer posibilidades de ocio, y que este interés público representa un valor financiero y puede optar a ayudas comunitarias;

80.

considera que las zonas agrícolas con particularidades son primordiales para llevar a cabo la gestión del agua, y que este interés público representa un valor financiero y puede optar a ayudas comunitarias;

81.

considera que, si bien la PAC ha conseguido adaptarse a diversos retos desde su creación, la Comisión y sus agentes deben esforzarse más por informar mejor a los ciudadanos sobre el propósito, los logros y las prioridades de la PAC, y que esto debería ser una prioridad de comunicación para la Comisión en el futuro.

19.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 325/44

—

acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión, ya que ofrece una primera introducción, suficiente para sentar las grandes bases conceptuales de la contratación precomercial y de sus procedimientos de ejecución, aun cuando la aplicación concreta del procedimiento propuesto sigue presentando algunas lagunas;

—

destaca que, en caso de optar por el procedimiento de la contratación precomercial para promover la innovación y solucionar un problema concreto gracias a los resultados de este mecanismo, los entes locales y regionales deberán abordar diversos retos que en la Comunicación no se han analizado suficientemente;

—

considera que la Comisión Europea debe proporcionar a los entes locales y regionales contratantes directrices claras y detalladas, y brindarles posibilidades de aprendizaje y formación sobre cómo llevar a cabo la contratación precomercial de I+D sin infringir el Derecho comunitario, y

—

considera, por otra parte, que las orientaciones y la formación que se deben proporcionar son aún más importantes si se tiene en cuenta que los procedimientos de contratación precomercial plantean importantes cuestiones en materia de derechos de la propiedad intelectual e industrial, y que ni siquiera los servicios jurídicos de las administraciones centrales han prestado hasta la fecha una especial atención a este punto.

Ponente

:

Dimitrios TSIGKOUNIS (EL/PPE), Alcalde de Leonidio

1.

pide que los debates que se entablen de ahora en adelante aborden el papel que deberán desempeñar los entes locales y regionales cuando hagan frente a diversos problemas sociales de gran importancia, como la prestación a un coste económicamente accesible de una asistencia sanitaria de gran calidad y adaptada al envejecimiento de la población, las medidas para afrontar el cambio climático, la mejora de la eficacia energética, una oferta educativa mejor y más accesible o la gestión eficaz de las amenazas en materia de seguridad;

2.

como quiera que el examen de estos problemas exigirá con toda probabilidad soluciones nuevas e innovadoras que, atendiendo a las exigencias tecnológicas, no están aún disponibles comercialmente o que, cuando existen y se ofrecen, no satisfacen todavía de manera suficiente las condiciones impuestas —con el consiguiente esfuerzo urgente de investigación y desarrollo—, propone que los entes locales y regionales se impliquen activamente en la elaboración del nuevo marco destinado a la contratación precomercial y que se refuercen las posibilidades de que disponen para administrar y llevar eficazmente a cabo este nuevo tipo de contratación pública;

3.

sostiene que una integración de la investigación y el desarrollo en la contratación pública encaminada a fomentar soluciones innovadoras brinda a los entes locales y regionales la posibilidad de contribuir de manera oportuna a garantizar la eficacia y el buen rendimiento, a medio y largo plazo, de las prestaciones que proporcionan, así como a promover la competitividad de la industria europea por medio de la innovación;

4.

habida cuenta de que una buena parte del gasto que suponen las transacciones de la contratación pública corre a cargo de los entes locales y regionales, considera conveniente que estos estén perfectamente preparados para desempeñar su papel en cuanto instrumento de primordial importancia a la hora de impulsar la investigación y el desarrollo en toda Europa;

5.

solicita a la Comisión Europea que tenga presentes las prioridades políticas del Comité para el período 2008-2010, entre las que figuran la aplicación de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, la respuesta a los retos que plantea el cambio climático, la diversificación y el uso sostenible de las fuentes energéticas, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos –incluyendo en ella la cooperación transfronteriza con vistas a facilitar la protección civil y el acceso a una asistencia sanitaria de calidad–, el fomento por parte de los entes locales y regionales de la solidaridad, el diálogo intercultural e interreligioso y el fomento de las culturas y tradiciones locales de todo tipo, la participación en el debate sobre una política común de inmigración y asilo y, en particular, el intercambio de buenas prácticas en el plano de la integración, así como el carácter prioritario que se debe otorgar a un mercado único moderno y dotado de una estrategia encaminada a promover la calidad de los servicios públicos, especialmente en aquellos ámbitos de relevancia para los entes locales y regionales donde el sector de la contratación pública pueda integrarse de manera prometedora con vistas a favorecer la investigación y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Por ello, estos ámbitos de acción son prioritarios a la hora de ejecutar la contratación precomercial;

6.

acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión COM(2007) 799 final, ya que ofrece una primera introducción, suficiente para sentar las grandes bases conceptuales de la contratación precomercial y de sus procedimientos de ejecución, aun cuando la aplicación concreta del procedimiento propuesto sigue presentando algunas lagunas;

7.

destaca que, en caso de optar por el procedimiento de la contratación precomercial para promover la innovación y solucionar un problema concreto gracias a los resultados de este mecanismo, los entes locales y regionales deberán abordar diversos retos que en la Comunicación de la Comisión COM(2007) 799 final no se han analizado suficientemente;

8.

opina que la legislación actual en materia de contratación pública ya es de por sí bastante complicada y que son numerosas los entes locales y regionales que afrontan considerables dificultades para aplicarla de manera correcta. Por ello, estima que los entes albergarán grandes dudas a la hora de introducir en su organización administrativa y sus procedimientos el factor suplementario de complejidad que supone la iniciativa de la Comisión Europea; por consiguiente, pide que la legislación sobre contratación pública no se aplique en el caso de la contratación precomercial;

9.

propone a la Comisión que examine la posibilidad de modificar la directiva sobre contrataciones públicas para que se pueda generar innovación, por ejemplo mediante proyectos de asociación. La rigidez en los procedimientos de contratación constituye un verdadero obstáculo para la aparición de nuevas innovaciones. La exigencia de igualdad de trato y de no discriminación, recogida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, no debe interpretarse de manera que impida a las empresas y a las unidades de contratación aprovechar la actividad empresarial en I+D;

10.

está convencido de que, en especial, la planificación y elaboración de los componentes técnicos de las licitaciones públicas para la promoción de la innovación requieren conocimientos y competencias específicos de los que, por lo general, carecen los entes locales y regionales, ya que, en numerosos Estados miembros, este tipo de conocimientos y capacitaciones únicamente se encuentra en determinados servicios de la administración central;

11.

en esta misma línea, opina que las distintas etapas de selección incluidas en los procedimientos de contratación precomercial de servicios de I+D exigen un nivel de conocimiento técnico y de comprensión de los temas del que, por lo general, carecen los entes locales y regionales,

12.

subraya que, incluso cuando la contratación precomercial de servicios de I+D se salda al final con éxito, no por ello es menos difícil conseguir en su favor la movilización y el compromiso político de los ciudadanos a nivel local y regional. La contratación precomercial de servicios de I+D ocasiona un gran gasto público que pesa en la gestión administrativa en curso, mientras que los beneficios que genera tienen, por lo general, un carácter a largo plazo. A menudo, los ciudadanos toman conciencia de su significación tras un período de tiempo que, por lo general, es más largo que el que separa dos comicios municipales o regionales. Esta circunstancia influye enormemente en la adopción de decisiones al respecto por parte de los entes locales y regionales;

13.

muestra su preocupación por aquellos casos en los que el mero anuncio de la organización de un concurso para la contratación precomercial de servicios de I+D da lugar a diferencias políticas sobre la conveniencia del procedimiento en cuestión. En estos casos, es más que probable que, si la formación que ha formulado las objeciones llega al poder en las siguientes elecciones locales o regionales, pondrá en entredicho la continuación del procedimiento correspondiente para el producto comercial. De este modo, se pierden las considerables ventajas que buscaba la autoridad contratante en el momento de anunciar la organización del concurso inicial;

14.

estima que los entes locales y regionales se verán obligados a afrontar un gran problema político si los adjudicatarios finales del contrato precomercial de servicios de I+D no proceden del municipio o la región de la autoridad contratante o, peor aún, si tienen su sede en otro Estado miembro;

15.

observa que en el supuesto de que un concurso de contratación precomercial de servicios de I+D se declare desierto —circunstancia que no se puede excluir, especialmente en algunos sectores de I+D con modestos niveles de rendimiento— los entes locales y regionales se encontrarán en una posición especialmente difícil para justificarse y convencer al ciudadano de que, incluso en este caso, la situación es preferible a invertir en una tecnología existente y ya probada desde el punto de vista comercial;

16.

a la luz de los problemas, ya mencionados, que los entes locales y regionales pueden afrontar en el ámbito de la contratación precomercial de servicios de I+D, propone que la Comisión Europea y los Estados miembros conciban y apliquen una serie de medidas que considera indispensables para que esta contratación cumpla su misión en municipios y regiones. Los entes locales y regionales ejercerán una enorme influencia en el rendimiento general de la UE en el sector de la investigación y el desarrollo frente a sus competidores en el mercado mundial;

17.

subraya que no hay que perder de vista la posibilidad de que la Unión Europea fracase a la hora de aplicar de un modo funcional y eficaz, a nivel local y regional, los procedimientos de contratación precomercial en el ámbito de I+D, lo que podría traducirse en la pérdida a nivel comunitario de recursos para I+D;

18.

considera que la Comisión Europea debe proporcionar a los entes locales y regionales contratantes unas directrices claras y detalladas, y brindarles posibilidades de aprendizaje y formación sobre cómo llevar a cabo la contratación precomercial de I+D sin infringir el Derecho comunitario;

19.

considera, por otra parte, que las orientaciones y la formación que se deben proporcionar son aún más importantes si se tiene en cuenta que los procedimientos de contratación precomercial plantean importantes cuestiones en materia de derechos de la propiedad intelectual e industrial, y que ni siquiera los servicios jurídicos de las administraciones centrales han prestado hasta la fecha especial atención a este punto;

20.

insta a los Estados miembros y la Comisión Europea a que desarrollen estructuras de apoyo a las que puedan recurrir los entes locales o regionales que presentan la licitación de contratación precomercial de servicios de I+D, con la finalidad de obtener información clara y útil y un apoyo real cuando se plantean, en particular, la manera más correcta de repartir los riesgos y beneficios entre la autoridad contratante, los candidatos y los adjudicatarios finales;

21.

dado que la contratación precomercial de servicios de I+D implica a corto plazo riesgos bien definidos para las comunidades locales o regionales de los entes contratantes y, por el contrario, sus ventajas a largo plazo son difíciles de delimitar y presentan a menudo un carácter difuso, de modo que los entes locales y regionales experimentan a menudo una inquietud justificada, resalta que los Estados miembros y la Comisión Europea deberían prestarles un gran apoyo a distintos niveles, dejando claro a todas las partes interesadas que la posibilidad de fracaso es parte de estos procedimientos, cuyo objetivo estriba en encontrar soluciones innovadoras para problemas que se plantean desde hace más o menos tiempo en las sociedades europeas;

22.

señala que, toda vez que la contratación precomercial de I+D está abierta a participantes de todos los Estados miembros, es posible que se produzca inexorablemente la transferencia, por lo menos parcial, de recursos de una región de un Estado miembro para financiar la actividad de I+D en otra región de otro país de la Unión. Si bien esta circunstancia no representa ningún problema para la Unión Europea, sí que puede dificultar considerablemente la financiación de la contratación precomercial de I+D a nivel local y regional;

23.

insta a la Comisión Europea a que demuestre que la contratación precomercial puede resultar beneficiosa para la región organizadora de la licitación incluso cuando las partes interesadas no están establecidas en su territorio;

24.

solicita con insistencia a la Comisión Europea que impulse y apoye las grandes agrupaciones de entes locales y regionales que acuerdan emprender de manera conjunta la contratación precomercial, con el fin de y reducir así los riesgos que correría un ente local o regional de un Estado miembro si se lanzara por sí sólo a organizar una licitación de este tipo;

25.

reconoce que la creación de redes paneuropeas y el establecimiento de contactos entre entes locales y regionales situados en distintos Estados miembros y con necesidades similares constituye la única manera coherente y adecuada de consolidar tanto la cooperación entre países, regiones y municipios, como la coordinación de los procedimientos aplicables en materia de contratación precomercial de servicios de I+D;

26.

apoya que las acciones destinadas a desarrollar y consolidar la contratación precomercial de servicios de I+D en los entes locales y regionales se financien reasignando los recursos que podrían liberarse en el presupuesto de la Unión Europea como resultado de la revisión de la Política Agrícola Común;

27.

estima que el Espacio Europeo de Investigación (EEI) puede adoptar una nueva forma y quizás cobrar un nuevo impulso si los procedimientos relativos a la contratación precomercial de servicios de I+D se incorporan a los mecanismos existentes para la adjudicación de contratos públicos;

28.

considera posible facilitar la estrategia de promoción de la contratación precomercial de servicios de I+D si se extrae provecho de las universidades, de los centros de investigación y, sobre todo, de las pequeñas y medianas empresas con alto contenido de conocimientos e innovación tecnológica que operan a escala local y regional, recurriendo a un nuevo marco de cooperación con las autoridades locales o regionales del Estado miembro de implantación y a la red que, gracias a ellas, se establecería con entes locales y regionales de otros Estados miembros y con instituciones universitarias, centros de investigación y otras PYME similares;

29.

destaca que la creación en el seno de estos entes locales y regionales de puntos de información y bases de datos que recojan los principales problemas que se afrontan a nivel local y regional, y que exigen soluciones innovadoras, y la sensibilización sobre el potencial local de investigación y desarrollo permiten el acercamiento de aquellas regiones que se enfrentan con dificultades comunes y de los centros de investigación y las empresas que pueden ofrecer, gracias a la cooperación, soluciones innovadoras y complementarias para superar dichos obstáculos;

30.

propone que las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo de Cohesión y del Fondo Social Europeo se destinen a las actividades de I+D que se lleven a cabo en el marco de la contratación precomercial y en sectores que correspondan a dicha financiación.

19.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 325/48

—

está de acuerdo en que hay un amplio consenso en la UE sobre la necesidad de modernizar y mejorar la educación y formación profesionales en Europa. La garantía de la calidad en este ámbito es un elemento clave para alcanzar dicho objetivo;

—

considera no obstante que las trabas existentes al reconocimiento de los resultados del aprendizaje en los diferentes Estados miembros han frenado el desarrollo de la movilidad en la UE y constituyen un obstáculo a las experiencias que permiten un auténtico aprendizaje permanente;

—

subraya que en muchos Estados miembros el nivel regional y local tiene competencia en materia de educación y formación profesionales;

—

acoge positivamente las dos Recomendaciones de la Comisión, pues su propósito es proponer soluciones a los retos sociales y económicos que plantea una economía mundial globalizada y basada en el conocimiento. También tienen como objetivo incrementar la movilidad en la Unión Europea y fomentar el intercambio de competencias, algo que considera necesario para el desarrollo de ámbitos de importancia para los ciudadanos, así como de las actividades que son responsabilidad de las entidades locales y regionales;

—

estima, por otra parte, que los principales usuarios del Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad serán los entes nacionales o regionales y los entes locales responsables de garantizar la calidad y mejorar la educación y la formación;

—

solicita que las entidades locales y regionales competentes participen en el proceso de asociar los marcos de cualificaciones nacionales o regionales al ECVET;

—

subraya no obstante que la aplicación y uso concretos del sistema serán la auténtica medida de su éxito. Podría resultar útil que los entes locales y regionales contribuyeran a su promoción a través de sus redes y ayudaran a que el ECVET resulte creíble y utilizable.

Ponente

:

Sr. JOHANSSON (SE/ALDE), Miembro del Consejo Regional de Västra Götaland

1.

señala que la educación y formación profesionales son factores críticos para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa de mejorar el crecimiento económico, la competitividad y la inclusión social. La educación y la formación, las aptitudes y el aprendizaje permanente forman parte de las prioridades políticas clave del CDR;

2.

considera no obstante que las trabas existentes al reconocimiento de los resultados del aprendizaje en los diferentes Estados miembros han frenado el desarrollo de la movilidad en la UE y constituyen un obstáculo a las experiencias que permiten un auténtico aprendizaje permanente;

3.

está de acuerdo en que hay un amplio consenso en la UE sobre la necesidad de modernizar y mejorar la educación y formación profesionales en Europa. La garantía de la calidad en este ámbito es un elemento clave para alcanzar dicho objetivo;

4.

subraya que en muchos Estados miembros el nivel regional y local tiene competencia en materia de educación y formación profesionales. La financiación de la formación profesional procede de fuentes diversas, aunque en la mayoría de los Estados miembros está costeada por los gobiernos, tanto a nivel nacional como regional, con un porcentaje elevado de financiación regional y local;

5.

se pronuncia sobre las dos Comunicaciones sobre la cooperación europea en materia de formación profesional. Por lo que respecta al Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales, el proceso de consulta está más avanzado, mientras que, en lo que se refiere a la Comunicación sobre el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad, se halla en una fase más temprana. Por este motivo, la celebración de nuevas consultas sería importante y tendría una buena acogida;

6.

acoge positivamente las dos Recomendaciones de la Comisión, pues su propósito es proponer soluciones a los retos sociales y económicos que plantea una economía mundial globalizada y basada en el conocimiento. También tienen como objetivo incrementar la movilidad en la Unión Europea y fomentar el intercambio de competencias, algo que considera necesario para el desarrollo de ámbitos de importancia para los ciudadanos, así como de las actividades que son responsabilidad de las regiones y los municipios;

7.

toma nota de que el Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET) es una herramienta para describir las cualificaciones en términos de unidades de resultados de aprendizaje con puntos asociados, con vistas a la transferencia y acumulación de dichos resultados. Su objetivo es proporcionar un marco metodológico para facilitar la transferencia de los créditos que certifican los resultados del aprendizaje entre los distintos sistemas de cualificación, o de un itinerario de formación a otro;

8.

considera, por otra parte, que los principales usuarios del Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad serán los entes nacionales o regionales y los entes locales responsables de garantizar la calidad y mejorar la educación y la formación. A diferencia del ECVET, el objetivo del Marco de Referencia es aumentar la transparencia y la coherencia de las políticas desarrolladas en el ámbito de la educación y la formación profesionales;

9.

está de acuerdo en que la participación en la aplicación del ECVET y el EQAF debe ser voluntaria, pero subraya que es necesario que se establezcan pautas y directrices sobre cómo debe utilizarse el sistema. Los grupos de usuarios (el grupo de usuarios del ECVET y la red europea para la garantía de la calidad en la EFP) también deben tener representantes de los niveles regional y local con mandato directo, de la misma manera que los socios privados y del ámbito social;

10.

destaca que, independientemente de que un país decida o no participar en la puesta en práctica del ECVET y el EQAF, las regiones con competencias legislativas en materia de educación deben tener acceso directo a los foros conjuntos que trabajan con el desarrollo de los sistemas educativos;

11.

subraya que uno de los elementos importantes y críticos del futuro trabajo de desarrollo será crear un buen equilibrio entre, por una parte, la ambición de mejorar la movilidad de los ciudadanos gracias a sistemas de cualificaciones transferibles y una mayor calidad y, por otra, la necesidad de impulsar la diversidad en los sistemas educativos que son responsabilidad de las regiones y municipios de los Estados miembros;

12.

hace hincapié en que tanto el ECVET como el EQAF se inscriben en el marco de una serie de iniciativas europeas en el ámbito de la educación, como el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), el Europass, la Carta Europea de Calidad para la Movilidad (EQCM), los principios europeos para la identificación y la validación del aprendizaje no formal e informal y el Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF);

13.

ha señalado en dictámenes anteriores que las exigencias en constante evolución del mercado de trabajo, que requiere la adaptación a nuevos sistemas de trabajo y nuevas tecnologías, exigen una formación permanente de la mano de obra. La formación profesional en un enfoque de aprendizaje permanente puede ser un instrumento esencial para responder a esta exigencia, que es el elemento clave del desarrollo económico y social sostenible (1). Concretamente, a la luz del desarrollo demográfico debe hacerse un uso más eficaz de la mano de obra existente;

14.

considera que se necesitarán recursos económicos específicos para probar y seguir desarrollando estos sistemas;

15.

señala que la movilidad más allá de las fronteras, tanto en el aprendizaje como en el ejercicio de una profesión, cuenta con una larga tradición en Europa, pues ha tenido gran importancia para el desarrollo de la artesanía, la actividad industrial, el comercio y el espíritu empresarial que han dado pie al desarrollo del bienestar tanto a nivel local como regional y nacional;

16.

considera que el aprendizaje y el ejercicio de una profesión más allá de las fronteras pasarán a ser de gran importancia en una economía fuertemente globalizada. Por ello, se necesitan instrumentos modernos que respalden la movilidad en el aprendizaje y la vida profesional. El CDR considera que el ECVET es un instrumento de este tipo;

17.

señala que las necesidades de cualificaciones se determinan cada vez en mayor medida a nivel regional. El Comité de las Regiones ya ha indicado que, aun cuando el desarrollo local y regional se haga en condiciones y con puntos de partida diferentes, no debe verse de ninguna manera como aislado del resto del mundo. Las regiones y municipios necesitan nuevas formas de producción que sustituyan progresivamente a los trabajos que van desapareciendo, pues de lo contrario se arriesgan al estancamiento, la exclusión social (desempleo, etc.) y niveles elevados de bajas por enfermedad y de prejubilaciones indeseadas (2);

18.

subraya que es necesario que la vida laboral en Europa se caracterice por una flexibilidad cada vez mayor en el contexto de unas garantías fiables a nivel social, tal como se recogen en el documento de la Comisión titulado «Hacia los principios comunes de la flexiguridad» (3);

19.

ha coincidido ya con la Comisión en el pasado en que los marcos de cualificaciones nacionales y europeos facilitarán el reconocimiento de los aprendizajes en todos los contextos (4);

20.

ha acogido ya positivamente el Marco Europeo de Cualificaciones y apoyado su doble objetivo de mejorar la transparencia de las cualificaciones y fomentar la movilidad en la Unión Europea;

21.

solicita, de manera similar a la petición formulada en relación con dicho Marco, que las entidades locales y regionales competentes participen en el proceso de asociar los marcos de cualificaciones nacionales o regionales al ECVET;

22.

apoya a la Comisión Europea cuando reconoce que el ECVET debe adaptarse «cultural y técnicamente al contexto (…) regional», y recuerda que, con frecuencia, las entidades regionales desempeñan un papel a la hora de determinar, desarrollar y aplicar los sistemas de cualificación y el aprendizaje permanente en el contexto de la educación formal, informal o no formal;

23.

subraya que gran parte de la formación profesional en una perspectiva de aprendizaje permanente se lleva a cabo en empresas intensivas en conocimiento o en redes de empresas, y que esto se hace cada vez con más frecuencia por encima de las fronteras nacionales;

24.

señala que en la actualidad contamos también con buenos ejemplos de cooperación en materia de formación profesional, en distintos países, entre las organizaciones sectoriales y las regiones, que incluyen también planteamientos y sistemas de reconocimiento comunes (5). Este tipo de iniciativas deberían fomentarse y aprovecharse;

25.

subraya que un sistema de reconocimiento de los resultados necesita la implicación de varios agentes, no solo públicos, sino también privados, empresas y partes interesadas del ámbito social;

26.

acoge positivamente la creación de un grupo de usuarios del ECVET para poner al día y coordinar los procesos; insiste no obstante en que es necesario incluir tanto a los entes locales y regionales como a las empresas locales y a los interlocutores sociales como miembros del grupo de usuarios, a fin de permitirles un acceso directo al ECVET, al mismo tiempo que se respetan las normas y reglamentaciones nacionales;

27.

subraya que con frecuencia los entes locales y regionales pueden poner en marcha acciones operativas efectivas en el ámbito de la EFP;

28.

observa que la ECVET es un sistema de créditos basado en unidades que ofrece una manera de medir y comparar los logros educativos y transferirlos de una institución a otra;

29.

acoge positivamente su compatibilidad con todos los sistemas de cualificación, y en especial con el sistema europeo de transferencia de créditos, que impulsa y facilita la movilidad de los estudiantes universitarios en Europa y allende sus fronteras;

30.

subraya no obstante que la aplicación y uso concretos del sistema serán la auténtica medida de su éxito. Podría resultar útil que los entes locales y regionales contribuyeran a su promoción a través de sus redes y ayudaran a que el ECVET resulte creíble y utilizable;

31.

considera que para que el ECVET pueda utilizarse se necesitan ejemplos concretos de cómo el sistema funciona en la práctica una vez puesto en marcha. De esta manera se crean fuerzas motrices en un amplio frente, que permiten aprovechar las posibilidades que ofrece el ECVET.

32.

observa que, en términos socioeconómicos, la mayor eficacia de la educación y la formación profesionales se obtiene cuando estas van orientadas a hacer frente a las demandas del mercado de trabajo, en continua mutación en la sociedad del conocimiento, en particular fomentando una mano de obra altamente cualificada que pueda responder al reto de la globalización;

33.

subraya que los sistemas de educación y formación no pueden desarrollarse, como sucede a veces, separadamente del entorno empresarial, social y de innovación de una ciudad o región, ignorando el hecho de que el crecimiento, la competitividad y las perspectivas de empleo de una región dependen cada vez más de las capacidades de su mano de obra actual y futura, así como de la manera en que la formación profesional, la formación permanente y el reciclaje profesional puedan contribuir a complementar y seguir desarrollando con carácter duradero estas cualificaciones;

34.

subraya que, por este motivo, resulta esencial asociar el EQAF con las necesidades del mercado laboral local, y pide que se acrediten centros de EFP como parte integrante de este proceso;

35.

reconoce el valor añadido que ofrece el EQAF al impulsar la política de educación y formación en toda la Unión Europea, y en particular el aprendizaje mutuo, la movilidad y los intercambios de buenas prácticas;

36.

acoge positivamente el planteamiento de base del EQAF, consistente en un ciclo de mejora, y señala que los indicadores de calidad deben verse, no como directrices sino como puntos de referencia que todavía pueden desarrollarse de distinta manera, por ejemplo en contextos bilaterales o multilaterales;

37.

subraya, por consiguiente, que el EQAF no puede limitarse a un simple sistema estadístico o a especie de función de control, sino que debe verse como un instrumento eficaz para el desarrollo permanente de la calidad en varios niveles y en diferentes organismos y entidades interesadas;

38.

señala asimismo que este marco de referencia no es exclusivo para el nivel nacional, sino que los procesos de este tipo se fomentan también a nivel local y regional. De la misma manera, deberían ofrecerse este tipo de posibilidades a los procesos de aprendizaje fuera de los sistemas públicos de enseñanza, con objetivo de fomentar la mejora y el desarrollo permanentes;

39.

considera que se debe examinar la configuración del marco de referencia y el grado de detalle que precisa para cumplir sus objetivos. El Comité señala que los indicadores no deberían ser tan detallados que la aplicación y el seguimiento del marco de referencia llegaran a dirigir indirectamente el sistema educativo;

40.

subraya que los indicadores de referencia propuestos por la Comisión

Por este motivo, sería una ventaja que los distintos usuarios pudieran elegir aquellos indicadores que consideren que corresponden mejor a las necesidades de su sistema de garantía de la calidad;

41.

hace hincapié en que debe reforzarse la dimensión local y regional, en particular respaldando a las redes locales y regionales en este ámbito, y lamenta que la Recomendación no reconozca en suficiente medida, y de manera más explícita, la importancia de la participación de los entes locales y regionales;

42.

pide una mayor implicación directa del nivel local y regional en la red europea para la garantía de la calidad en la EFP (Enqavet en sus siglas inglesas). Es necesario fomentar y respaldar la creación de redes formadas por diferentes regiones y empresas en torno al EQAF;

43.

propone que se utilice una etiqueta de calidad para los establecimientos de EFP, a imagen de la clasificación que se utiliza ya para las instituciones de educación superior;

44.

señala que las mejoras en la educación y la formación profesionales constituyen una ventaja considerable tanto para los individuos como para la sociedad. La mejora de los niveles globales de aptitud contribuyen a la mejora de los indicadores económicos, como la productividad y el desempleo, y de los indicadores sociales, como la participación ciudadana, los índices de delincuencia y los costes sanitarios;

45.

considera que la formación profesional tiene el potencial de fomentar la inclusión social de grupos que se encuentran en una situación desfavorable en el mercado de trabajo, como los inmigrantes, las personas mayores y los jóvenes que han abandonado prematuramente sus estudios;

46.

subraya que no hay que tener en cuenta únicamente a los grupos que se benefician de una formación, sino también a los individuos que no tienen acceso al sistema educativo, encuentran dificultades para acceder a él o lo abandonan.

19.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 325/52

—

subraya la importancia de la iniciativa El Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo, que ha vuelto a situar el Mediterráneo en un lugar destacado de la agenda europea y ha suscitado un debate e inspirado reflexiones a la altura de los retos planteados;

—

está convencido de que las iniciativas de una u otra parte del Mediterráneo centradas únicamente en el enfoque diplomático no conseguirán soluciones duraderas mientras la democracia local no se sitúe en el centro del debate, tanto en lo que se refiere a su refuerzo como a la colaboración directa entre regiones y ciudades de las dos orillas del Mediterráneo en el marco del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo;

—

recuerda que el escalón territorial es un nivel de gobernanza a partir del cual se pueden elaborar soluciones de adaptación y al mismo tiempo de respuesta a los retos planteados por la mundialización en estrecha colaboración con las otras escalas institucionales. Los entes locales y regionales, sobre todo en Europa, se han afirmado progresivamente como una escala pertinente para construir estas soluciones;

—

por consiguiente, reitera su petición de reconocer a los entes locales y regionales como interlocutores esenciales en el Proceso de Barcelona y en la cooperación euromediterránea;

—

decide fomentar la creación de una Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM), compuesta por miembros del Comité de las Regiones, representantes de las asociaciones europeas e internacionales que trabajan en el ámbito de la cooperación euromediterránea y el mismo número de representantes de las colectividades territoriales de las orillas sur y este del Mediterráneo, como plataforma permanente de diálogo, intercambio y cooperación, e insta a reconocerla como órgano consultivo en el seno de la futura gobernanza del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo, del mismo modo que se ha hecho con la APEM a nivel de los parlamentos nacionales.

Ponente general

:

Isidoro GOTTARDO, Consejero municipal de Sacile

1.

subraya la importancia de la iniciativa El Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo, que ha vuelto a situar el Mediterráneo en un lugar destacado de la agenda europea y ha suscitado un debate e inspirado reflexiones a la altura de los retos planteados. Acoge favorablemente tanto la dimensión pragmática como la visión política del proyecto impulsado por la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea y apoyada por 16 miembros socios del Sur y el Este del Mediterráneo;

2.

se congratula del éxito de algunas de las medidas e iniciativas generadas hasta ahora por el Proceso de Barcelona, pero lamenta la falta de avances significativos en el ámbito de la paz, la seguridad y el desarrollo humano y social, así como la falta de participación de los entes locales y regionales;

3.

subraya que El Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo en su nuevo formato debería permitir pasar de un sistema de cooperación puramente intergubernamental a un proyecto de diálogo entre ciudadanos de las tres orillas, y especialmente de colaboración entre los países del Sur y el Este del Mediterráneo, asociando al tiempo a sus entes locales y regionales, en el marco de proyectos concretos y consensuados inscritos en una estrategia global basada en las necesidades de los ciudadanos y en la solidaridad;

4.

considera que una de las condiciones del éxito de la cooperación entre países euromediterráneos para el refuerzo de la asociación a través del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo consiste en encontrar nuevos temas catalizadores para garantizar la visibilidad de los beneficios concretos para los ciudadanos, transformando las declaraciones de principios en acciones tangibles, lo que exige una fuerte asociación de los responsables políticos locales y regionales y una comunicación transparente y clara;

5.

señala que el aumento de la influencia de la acción de los entes locales y regionales y de la sociedad civil en las políticas públicas se ve a menudo limitado por la debilidad de la democracia local y la falta de un auténtico proceso de descentralización en los países del Sur y el Este del Mediterráneo;

6.

señala asimismo que la descentralización y la gobernanza local participativa no van siempre sistemáticamente de la mano. En algunos Estados, dentro y fuera de la Unión Europea, las autoridades locales y regionales comparten el reto de aumentar la participación electoral, así como promover la participación de los ciudadanos e involucrar el medio asociativo en la elaboración de estrategias y en la preparación de grandes proyectos urbanos o regionales;

7.

está convencido de que las iniciativas de una u otra parte del Mediterráneo centradas únicamente en el enfoque diplomático no conseguirán soluciones duraderas mientras la democracia local no se sitúe en el centro del debate, tanto en lo que se refiere a su refuerzo como a la colaboración directa entre regiones y ciudades de las dos orillas del Mediterráneo en el marco del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo;

8.

en este sentido valora positivamente la declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la asociación euromediterránea, reunidos en París el pasado 13 de julio, en la que se subraya «que es importante que la sociedad civil, los entes locales y regionales y el sector privado participen activamente en la realización del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo»;

9.

sin embargo, considera que no es conveniente situar en el mismo nivel aquellos que gozan de una legitimidad democrática, como son los entes locales y regionales, y aquellos que no gozan de tal legitimidad, como son la sociedad civil y el sector privado;

10.

asimismo hace suyo el llamamiento de los Jefes de Estado y de Gobierno de la asociación euromediterránea «a compartir en mayor medida la responsabilidad del proceso, a fundar la gobernanza en la igualdad de todas las partes y a traducir el proceso en proyectos concretos que sean más visibles para los ciudadanos, lo que permitirá que las relaciones entre las tres orillas del Mediterráneo se vuelvan más concretas y visibles mediante proyectos regionales y subregionales suplementarios, útiles para los ciudadanos de la región»;

11.

señala la disponibilidad y el compromiso de los entes locales y regionales a enriquecer el Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo fomentando la democracia local y la cooperación descentralizada;

12.

recuerda la experiencia adquirida con las políticas europeas, la mayoría de las cuales exige para su aplicación el compromiso, los recursos y la intervención de los entes locales, y subraya de este modo la sólida experiencia y los conocimientos técnicos de los entes locales y regionales europeos en el tratamiento y la gestión de los asuntos urbanos y rurales relacionados con el medio ambiente, la energía, el transporte, la protección civil, los fenómenos migratorios, el desarrollo económico y muchas otras prioridades del Proceso de Barcelona que siguen siendo válidas, como el diálogo intercultural, la educación o la dimensión humana y social. Lamenta por tanto que los proyectos de desarrollo adjuntos a las conclusiones de la cumbre de París no hayan sido objeto de una consulta previa de los entes regionales y locales, a pesar de su necesaria participación en la futura fase de realización, y señala la necesidad de corregir en el futuro este enfoque intergubernamental con una clara participación de todos los niveles de gobernanza interesados;

13.

insiste, como en los dictámenes anteriores que ha emitido sobre este asunto, en la importancia de la participación de los entes locales y regionales no solo en la fase de realización, sino también en todo el proceso de cooperación, que abarca desde la elaboración de las estrategias, pasando por la realización de los programas y proyectos, hasta el seguimiento de la aplicación de las estrategias y la evaluación de los resultados, sobre todo cuando se trata de iniciativas que afectan a los ámbitos en los que los entes locales y regionales tienen competencias amplias y directas, entre los que cabe citar a modo de ejemplo el urbanismo y la ordenación del territorio, la gestión del agua, la gestión y el tratamiento de los residuos, el medio ambiente y las consecuencias locales del cambio climático, el desarrollo económico local, la gestión y la valorización del patrimonio cultural e histórico, el desarrollo turístico local, la sanidad pública básica y las políticas de integración y cohesión social;

14.

acoge favorablemente el inminente lanzamiento del nuevo programa Ciudad dentro del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, cuyo fin es promover la cooperación para el desarrollo urbano y el diálogo en la región mediterránea; coincide en que las áreas prioritarias incluyen la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia energética, el desarrollo económico sostenible y la reducción de las disparidades sociales, ámbitos en los que los entes locales y regionales tienen competencias amplias y directas y en los que se puede aprovechar la sólida experiencia y conocimientos técnicos de los entes locales y regionales de Europa;

15.

señala que los aspectos financieros del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo siguen sin concretarse hasta la fecha y que los entes locales y regionales pueden ser socios tanto políticos como técnicos y financieros en la elaboración y la aplicación de las estrategias y los proyectos que respondan por una parte a las necesidades reales de los ciudadanos y por otra parte a los objetivos del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo. Asimismo, indica que esta iniciativa no modifica en absoluto, desde el punto de vista de la programación y la financiación, la dimensión mediterránea de la Política Europea de Vecindad;

16.

recuerda que el escalón territorial es un nivel de gobernanza a partir del cual se pueden elaborar soluciones de adaptación y al mismo tiempo de respuesta a los retos planteados por la mundialización en estrecha colaboración con las otras escalas institucionales. Los entes locales y regionales, sobre todo en Europa, se han afirmado progresivamente como una escala pertinente para construir estas soluciones;

17.

por consiguiente, reitera su petición de reconocer a los entes locales y regionales como interlocutores esenciales en el Proceso de Barcelona y en la cooperación euromediterránea;

18.

reconoce el papel y la experiencia de las diferentes redes y asociaciones de entes locales y regionales nacionales, europeas e internacionales que actúan en el marco de la cooperación descentralizada euromediterránea, así como sus conocimientos técnicos y sobre las realidades locales (1); de ahí la necesidad de aunar en mayor medida los esfuerzos y hacer converger los objetivos de los proyectos de cooperación descentralizada con los de la asociación euromediterránea para aprovechar al máximo los resultados;

19.

reafirma su apoyo a la declaración de los representantes de los entes locales y regionales del Mediterráneo y de Europa reunidos en Marsella el 23 de junio de 2008 con motivo del «Foro de entes locales y regionales del Mediterráneo»;

20.

en este marco comparte la voluntad de los representantes elegidos locales y regionales y de sus asociaciones representativas de crear un instrumento institucional que garantice su representación política permanente y su contribución activa al Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo como instrumento pertinente de territorialización, reiterando así lo que el Comité de las Regiones ya había solicitado en sus dictámenes anteriores en la materia;

21.

por consiguiente, tiene como objetivo crear la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM), compuesta por miembros que representen paritariamente a los representantes elegidos locales y regionales de la Unión Europea y a los representantes elegidos de los países socios del mediterráneo, a imagen de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM) por lo que se refiere a la representación de la dimensión parlamentaria;

22.

insta a los órganos de gobernanza del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo a que, además de reconocerles políticamente, integren formal y concretamente a los entes locales y regionales en el proceso de cooperación y en el Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo;

23.

insta por consiguiente a que en los nuevos documentos de trabajo se defina la función de los entes locales y regionales como socios de pleno derecho del proceso de cooperación en el marco de la nueva reactivación del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo;

24.

insiste en la participación, desde la fase más temprana posible, de los entes locales y regionales, junto a los gobiernos centrales, en la elaboración de los acuerdos de asociación, los documentos estratégicos y los planes de acción establecidos bilateralmente por la Unión Europea y los países socios del Sur y el Este del Mediterráneo, especialmente en el marco de la Política Europea de Vecindad;

25.

para ello insta a los gobiernos euromediterráneos a crear mecanismos de diálogo nacional estructurado y de consulta de los actores subestatales (regionales y locales), de los interlocutores sociales y de la sociedad civil, integrando en ellos las redes y asociaciones de entes locales y regionales;

26.

decide fomentar la creación de una Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM), compuesta por miembros del Comité de las Regiones, representantes de las asociaciones europeas e internacionales que trabajan en el ámbito de la cooperación euromediterránea y el mismo número de representantes de las colectividades territoriales de las orillas sur y este del Mediterráneo, como plataforma permanente de diálogo, intercambio y cooperación, e insta a reconocerla como órgano consultivo en el seno de la futura gobernanza del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo, del mismo modo que se ha hecho con la APEM a nivel de los parlamentos nacionales;

27.

insta a la Comisión Europea a armonizar, coordinar y articular cabalmente esta nueva medida con los diferentes programas, proyectos e instrumentos comunitarios (2) y con los de la cooperación comunitaria existentes (3), con el fin de aprovechar las experiencias, evitar la repetición de actividades y propiciar nuevos avances;

28.

propone estudiar la viabilidad de adaptar los instrumentos de ayuda estructural existentes al contexto mediterráneo, acción que sería esencialmente una política de cohesión económica y social a través de la cual la cooperación entre los entes locales y regionales de la Unión Europea y de los países del Mediterráneo se basaría en una dimensión territorial;

29.

insta a los órganos de gobernanza del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo a aprovechar la ocasión de esta reactivación del proceso para avanzar en la reforma de la gobernanza local y la descentralización en algunos países del Sur y el Este del Mediterráneo y para desencadenar en otros el proceso de descentralización;

30.

propone así privilegiar las estrategias de refuerzo institucional de los entes locales y regionales y aplicar programas de modernización de las administraciones y proyectos de formación de los recursos humanos locales y regionales;

31.

considera que una mayor responsabilidad de los responsables elegidos locales y regionales contribuirá a propiciar una gobernanza a varios niveles que asocie a las diferentes escalas institucionales en el proceso de decisión, elaboración, aplicación y evaluación de las políticas públicas y las políticas de desarrollo;

32.

sugiere movilizar recursos humanos locales, técnicos y académicos en la aplicación de los proyectos e impulsar la máxima participación de los ciudadanos de forma que hagan suyo el proceso de cooperación y los proyectos que de él se derivan;

33.

finalmente considera que las dinámicas del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo pueden constituir para todos los actores de diferentes niveles oportunidades de aprendizaje, de nuevas relaciones y nuevos modos de reconocimiento mutuo, favoreciendo al mismo tiempo el aprendizaje por los diferentes actores asociados (administraciones centrales y descentralizadas, entes locales y regionales, sociedad civil, etc.) de un nuevo enfoque del desarrollo y de la democracia local;

34.

encarga a su Presidente que presente este dictamen a la Presidencia francesa de la UE, la Copresidencia de la Unión por el Mediterráneo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo, la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea y los Jefes de Estado de los países del Mediterráneo meridional y oriental.

19.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 325/56

—

pide que, en lo relativo a la asociación, no siga situándose a los entes locales y regionales en la misma categoría que a la sociedad civil y los socios económicos y sociales. En efecto, los entes locales y regionales son órganos políticos que tienen una responsabilidad directa ante los ciudadanos de la UE;

—

indica que no existe una metodología aplicable a toda Europa para establecer asociaciones en términos de elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de documentos de programación y planificación en materia de ordenación territorial. Por consiguiente, es imposible evaluar de manera fáctica si el principio de asociación ha sido verdaderamente aplicado, y no sólo invocado de manera formal, como tampoco es posible estimar su verdadero impacto;

—

recomienda que el PE y la Comisión Europea evalúen las posibilidades de aprovechar la capacidad de los entes nacionales y/o regionales para supervisar la aplicación de los programas operativos y del gasto con cargo a los Fondos Estructurales y de Cohesión, a fin de verificar los costes en que se haya incurrido y los resultados obtenidos;

—

expresa su convencimiento de que debería otorgarse al Comité de las Regiones un papel más importante en la elaboración, aplicación y seguimiento de las políticas de la UE, mediante la participación activa de los miembros del Comité en el diálogo a nivel local y regional;

—

se compromete a planificar y aplicar iniciativas encaminadas a difundir las buenas prácticas en el uso de la asociación para establecer las prioridades políticas en los Estados miembros.

Ponente

:

Vladimir KISSIOV (BG/PPE), Miembro del Consejo Municipal de Sofía

1.

apoya plenamente la iniciativa de estudiar y analizar la asociación en materia de gobernanza a nivel nacional, regional y local, así como la programación de proyectos en el ámbito de la política regional, en la elaboración y aplicación de documentos de programación y de planificación para el desarrollo territorial;

2.

acoge favorablemente los esfuerzos realizados por los Estados miembros y las autoridades regionales y locales para el establecimiento y la introducción sistemática de asociaciones entre instituciones estatales o regionales y locales con representantes de la sociedad civil, interlocutores sociales y empresas en la elaboración de documentos de planificación para desarrollar y aplicar las políticas regionales de planificación y desarrollo;

3.

acoge con especial satisfacción que, en los Estados miembros, los gobiernos estén realizando esfuerzos por fomentar un diálogo con los entes regionales y locales para establecer no sólo los objetivos, las prioridades y los recursos para el desarrollo territorial, sino también la forma en que éste se lleva a cabo en el contexto de las políticas europeas y nacionales;

4.

señala el papel destacado de las ciudades y regiones en la elaboración de los documentos estratégicos, la ejecución de los programas y la supervisión y aplicación de las políticas de la UE;

5.

pide que, en lo relativo a la asociación, no siga situándose a los entes locales y regionales en la misma categoría que a la sociedad civil y los socios económicos y sociales. En efecto, los entes locales y regionales son órganos políticos que tienen una responsabilidad directa ante los ciudadanos de la UE. Por consiguiente, la asociación entre las autoridades nacionales de los Estados miembros, las instituciones europeas y los entes territoriales ocupa un nivel cualitativo diferente al de las demás modalidades de asociación. Por tanto, los entes locales y regionales, elegidos por los ciudadanos y con atribuciones estatales, deben, en tanto que tales, estar claramente integrados en los reglamentos y textos generales;

6.

está convencido de que los principios de la buena gobernanza pueden ponerse en práctica en el ámbito de la política local y regional mediante una mayor participación de representantes de la sociedad civil y de interlocutores económicos y sociales;

7.

es partidario de que la gobernanza en el marco de la política estructural se tenga globalmente en cuenta en el sistema de gobernanza a varios niveles de la Unión Europea;

8.

considera que, para una buena gobernanza en la política regional, será determinante aplicar un enfoque integrado de los instrumentos políticos, prever una participación activa de todas las partes interesadas e introducir en la aplicación de las políticas una clara orientación de eficiencia y eficacia procurando una integración vertical y horizontal de los distintos instrumentos que produzca resultados claramente cuantificables;

9.

elogia el papel de la política estructural europea como instrumento de acompañamiento eficaz de los procesos de descentralización administrativa en los distintos Estados miembros, en la configuración de procesos reguladores regionales apoyados en indicadores y en la planificación regional, que pueden aportar una contribución importante a la mejora de las intervenciones públicas por parte de los niveles regional y local;

10.

considera que el actual modelo de gobernanza de la política estructural constituye una buena base para la orientación futura de esta política;

11.

indica que no existe una metodología aplicable a toda Europa para establecer asociaciones en términos de elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de documentos de programación y planificación en materia de ordenación territorial. Por consiguiente, es imposible evaluar de manera fáctica si el principio de asociación ha sido verdaderamente aplicado, y no sólo invocado de manera formal, como tampoco es posible estimar su verdadero impacto;

12.

considera un éxito los esfuerzos encaminados a potenciar la asociación con miras a desarrollar una política más sostenible para una integración vertical y horizontal más fuerte y más estrecha de la gobernanza y la asociación a nivel nacional, regional y local;

13.

considera un logro democrático los esfuerzos realizados por los gobiernos de los nuevos Estados miembros para introducir los principios de buena gobernanza en el proceso de elaboración y aplicación de los documentos de programación;

14.

pide a las autoridades nacionales y regionales, así como a las autoridades administrativas, que elaboren y establezcan una metodología relativa a la utilización de las asociaciones en el ámbito de la política regional referente a los documentos de programación y planificación, en la que se defina claramente el funcionamiento y el ámbito de aplicación mínimo de la asociación en todas sus etapas (elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación); para ello hay que tener en cuenta dos niveles de colaboración que difieren cualitativamente:

Los socios participantes se distinguen en función de sus ámbitos de intervención, especialización, competencias y posible contribución. También debería tener en cuenta el hecho de que la descentralización presenta notables diferencias en el seno de los distintos Estados miembros de la Unión Europea y comprobar si incumbe o no a los entes territoriales gestionar efectivamente ciertos programas operativos;

15.

considera que, con sus buenas prácticas, los Estados miembros más antiguos de la UE, en particular aquellos que están muy descentralizados, han contribuido de manera importante a mejorar el sistema de asociación en materia de buena gobernanza a nivel nacional, regional y local y de planificación de proyectos en materia de política regional, y además pueden ofrecer ejemplos de mejores prácticas a otros países;

16.

destaca que el hecho de contar con redes de socios en la elaboración y aplicación de las políticas de desarrollo regional ofrece importantes oportunidades para que los distintos agentes y participantes manifiesten sus intereses y aumenta la confianza de los ciudadanos en la administración. No obstante, es preciso velar por que los socios en cuestión, con un mandato adecuado para intervenir, las competencias y capacidades necesarias y cuya participación aporte una auténtica contribución, puedan obtener suficientes recursos financieros para estar en condiciones de participar plenamente en el debate. Estos recursos financieros podrían formar parte de la asistencia técnica y deberían cubrir igualmente los gastos inherentes a la elaboración de estudios realmente justificados y de investigaciones realizadas a escala europea, nacional e incluso local;

17.

pide a la Comisión Europea que autorice y anime a los entes territoriales, sus asociaciones nacionales y supranacionales y otros socios interesados a utilizar los recursos asignados a la asistencia técnica en el marco del actual periodo de planificación, puesto que numerosos programas operativos no los tienen en cuenta; así, estos actores podrán realizar, a escala local, regional, nacional y europea, estudios y análisis que permitirán identificar las necesidades y prioridades de una nueva política de cohesión;

18.

se muestra convencido de la creciente importancia del refuerzo de la asociación en materia de gobernanza y planificación de proyectos en todas las fases de la elaboración de las políticas de la UE en materia de desarrollo local y regional, a saber: elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación;

19.

considera que, en la estrategia de comunicación comunitaria, debería darse un papel cada vez más importante a la gobernanza y la asociación en la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de la política de desarrollo territorial de la UE;

20.

pide al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que utilicen más ampliamente la asociación y la gobernanza y el método abierto de coordinación en el desarrollo de las políticas de la UE, a fin de contar con el máximo número posible de partes interesadas, en particular los entes locales y regionales, que constituyen el nivel de gobierno donde suele aplicarse una parte importante de las políticas comunitarias. En este sentido, insta a la Comisión a que promueva la designación como Autoridades de Gestión de programas operativos a aquellas autoridades regionales o locales que lo deseen y dispongan de las competencias necesarias para gestionar programas de desarrollo regional europeos;

21.

insiste en que se establezca una conexión entre las cuestiones de la gobernanza y la asociación a nivel nacional y regional en la elaboración de los documentos de estrategia y planificación nacionales, regionales y locales, y que se considere el lanzamiento de iniciativas encaminadas, por ejemplo, a afrontar los desafíos del cambio climático, el transporte urbano, el desarrollo de las ciencias de la vida y la biotecnología, las actividades científicas y de investigación y la innovación en la UE y otras regiones;

22.

estima que, desde el punto de vista de la elaboración de la nueva política de cohesión económica, social y territorial, sobre todo para las regiones con graves y permanentes desventajas naturales o demográficas, es absolutamente imprescindible velar en particular por que los entes territoriales, y sus asociaciones nacionales y supranacionales, y también los interlocutores económicos y sociales y la sociedad civil, participen en la fase más temprana posible en la formulación de las posiciones y prioridades nacionales, y por que la elaboración de los documentos y sus puntos de vista reciban la consideración debida;

23.

considera conveniente continuar examinando en profundidad las prácticas y las experiencias de los Estados miembros en la utilización de asociaciones para fijar prioridades en el desarrollo local, regional, nacional y supranacional. Estas evaluaciones respaldarán la aplicación de formas más sencillas y eficaces de comunicación entre los socios a nivel local y regional;

24.

considera que, habida cuenta de los distintos grados de descentralización de los Estados miembros, también existen diferencias en el proceso de consulta y en la manera en que se lleva a cabo la gobernanza en relación con la planificación de los proyectos.

25.

reconoce la necesidad de que los participantes en la gobernanza y la asociación a nivel nacional y regional en los Estados miembros durante el próximo período de programación de la UE estén preparados para hacerlo a través de métodos ensayados y eficaces de consulta de los socios y los agentes de la sociedad civil, como los manuales de buenas prácticas, las colaboraciones público-privadas y la cooperación con los interlocutores de la sociedad civil en consultas sobre la planificación futura del desarrollo local y regional;

26.

con arreglo al objetivo de la Estrategia de Lisboa de desarrollar una economía basada en el conocimiento, recomienda medidas específicas encaminadas a contar con las universidades, las instituciones de investigación, los institutos científicos y los centros de tecnología en la elaboración de las posiciones nacionales y los documentos para el nuevo periodo de planificación, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel regional y local;

27.

considera indispensable que, en el marco de los esfuerzos globales para reforzar la capacidad administrativa, se otorgue prioridad a introducir medidas específicas encaminadas a garantizar la participación de los jóvenes en las fases más tempranas de elaboración, debate y programación de las políticas de desarrollo territorial. Esto tendría una repercusión profunda y duradera en la aplicación de las políticas de la UE, y alentaría a los jóvenes a participar activamente en la vida cívica;

28.

reconoce la necesidad de seguir potenciando la asociación activa (a iniciativa de los entes regionales y locales y también de las organizaciones no gubernamentales) en el proceso de gobernanza. Con este fin, considera que los Estados miembros deben actuar, adaptándose a sus circunstancias nacionales específicas, para alentar a sus comunidades de socios a que se organicen de manera que aumente la participación, responsabilidad e interés de las partes interesadas de la sociedad civil;

29.

recomienda que el PE y la Comisión Europea evalúen las posibilidades de aprovechar la capacidad de los entes nacionales y/o regionales para supervisar la aplicación de los programas operativos y del gasto con cargo a los Fondos Estructurales y de Cohesión, a fin de verificar los costes en que se haya incurrido y los resultados obtenidos. Esto ayudaría a simplificar los procedimientos y a reducir sus costes;

30.

considera necesario desarrollar instrumentos institucionales destinados a facilitar la aplicación de planteamientos horizontales y verticales, entre los que podrían incluirse plataformas, gestión de las políticas a nivel regional y mesas redondas, que facilitan la comunicación dentro de las redes sectoriales a nivel político y administrativo;

31.

considera que debe tenerse en cuenta, al tiempo que debe ser impulsado, el papel que desempeñan las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial en el ámbito de la gobernanza de la política regional. Estas nuevas figuras, además de un instrumento de gestión de los fondos comunitarios, son, sobre todo, una herramienta de participación horizontal al servicio de la sociedad civil de las regiones vecinas;

32.

considera que, en la evaluación de la asociación en materia de gobernanza y planificación de proyectos, debería hacerse más hincapié en los indicadores cualitativos que en los cuantitativos. Por lo tanto, es indispensable que no se evalúe a los socios del Gobierno central y de los entes regionales y locales en el proceso de gobernanza de manera idéntica, sino que se les clasifique en función de sus capacidades y su posible contribución;

33.

habida cuenta de la dificultad de garantizar el impacto público de las políticas regionales, es importantísimo que se desarrollen las interfaces necesarias en los distintos niveles en que las políticas conectan con los distintos ámbitos sectoriales;

34.

uno de los cometidos principales del Gobierno central y de los entes regionales y locales ha de ser el refuerzo de la capacidad administrativa y la introducción en ella de continuas mejoras. Las evaluaciones anuales de la capacidad administrativa deben pasar de ser un mero trámite a un análisis de los logros obtenidos, que deberán hacerse públicos y servir de base para el fortalecimiento ulterior de las capacidades.

35.

expresa su convencimiento de que debería otorgarse al Comité de las Regiones un papel más importante en la elaboración, aplicación y seguimiento de las políticas de la UE, mediante la participación activa de los miembros del Comité —en su calidad de representantes de los intereses de los entes locales y regionales— en el diálogo a nivel local y regional con las organizaciones públicas y de la sociedad civil. Este es un requisito indispensable para el éxito de la planificación del desarrollo territorial, así como para establecer y ampliar la capacidad administrativa y de comunicación a nivel local y regional, con miras a solventar el déficit administrativo que a menudo se cita en los documentos de la UE como un obstáculo al desarrollo;

36.

elaborará recomendaciones anuales destinadas a mejorar la colaboración a nivel local y regional, que se incluirán regularmente en los debates de alto nivel;

37.

apoyará las iniciativas de los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea dirigidas a desarrollar la asociación con los entes locales y regionales, no sólo durante la fase de seguimiento de la aplicación de las políticas, sino también, y lo que es más importante, durante su elaboración;

38.

considera que deberían apoyarse, fomentarse y desarrollarse las colaboraciones con ONG y empresarios en niveles inferiores de gobierno a través de distintas iniciativas, en particular en la fase de planificación y durante la aplicación de medidas específicas;

39.

se compromete a planificar y aplicar iniciativas encaminadas a difundir las buenas prácticas en el uso de la asociación para establecer las prioridades políticas a nivel local, regional, nacional y supranacional en los Estados miembros. Los entes locales deberán participar en el proceso de comunicación, puesto que son los mejor situados para explicar qué significa la Unión Europea para la vida diaria de los ciudadanos;

40.

adoptará todas las medidas necesarias para aprovechar al máximo los mecanismos de coordinación y aplicación de las políticas europeas, nacionales y regionales disponibles a través de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), que, como instrumento de cooperación internacional descentralizada, también puede hacer que los distintos grupos asociados participen de manera más eficaz en la gobernanza.

19.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 325/60

—

subraya que, cuando se trata de la contaminación atmosférica, la reducción de las emisiones industriales es de gran importancia. La Directiva sobre emisiones industriales constituye una importante medida a nivel europeo para permitir a los Estados miembros cumplir sus objetivos en materia de emisiones para el año 2020;

—

opina que, por lo que respecta a la contaminación atmosférica, la Directiva no es suficientemente ambiciosa y se muestra decepcionado por los laxos valores límite de emisión (véase el anexo I) de las grandes instalaciones de combustión. El Comité desea asimismo señalar que sigue habiendo una diferencia significativa entre los valores límite de emisión de la propuesta y los del documento LCP BREF correspondiente (documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles relativo a las grandes instalaciones de combustión). Estos valores deberían sincronizarse y reforzarse;

—

aconseja encarecidamente que se incluya un sistema práctico de revisión que permita una revisión parcial de la Directiva (es decir, los capítulos técnicos y los valores límite de emisión) mediante el procedimiento de codecisión. Asimismo, se muestra preocupado por las futuras adaptaciones de la legislación que se llevarán a cabo en virtud del proceso de Sevilla (véase el anexo I), que no es un procedimiento jurídico previsto por el Tratado ni está sujeto al control democrático;

—

expresa su profundo desacuerdo con la propuesta de la Comisión de fijar criterios para la concesión de la exención sobre la base de las condiciones locales a través del procedimiento de comitología (artículo 16(3)), y ello por las siguientes razones:

Ponente

:

Cor LAMERS, Alcalde de Houten (NL/PPE)

1.

observa que, en varios Estados miembros de la UE los entes locales y regionales desempeñan un papel crucial en la puesta en práctica de las políticas medioambientales e industriales, y ejercen amplias competencias en materia de prevención y control de la contaminación;

2.

respalda enérgicamente la prevención de la contaminación y el principio de que quien contamina paga, y por este motivo acoge positivamente este objetivo de la Directiva sobre emisiones industriales;

3.

destaca la importancia de las medidas basadas en la fuente. Es esencial determinar las causas de la contaminación y tratar las emisiones en la fuente y de la manera más económica y ecológica posible;

4.

señala que tanto en las zonas urbanas como en las rurales, la calidad del aire, el agua y el suelo son cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos. Las grandes instalaciones industriales de la UE siguen siendo responsables de una parte importante del total de emisiones a la atmósfera de los principales contaminantes;

5.

considera que las políticas de limpieza del aire y el agua tienen una dimensión transfronteriza y, por tanto, exigen que se tomen medidas a nivel de la UE. Por este motivo acoge positivamente la Directiva sobre emisiones industriales, pues constituye un instrumento jurídico europeo para reducir las emisiones industriales en la fuente;

6.

está convencido de que la propuesta incluye medidas que resultan necesarias y tienen un considerable potencial para obtener beneficios medioambientales. Desde esta perspectiva, considera positivo que se mejore el uso de documentos BREF (documentos de referencia sobre las mejores técnicas disponibles), tal como propone la Directiva, ya que de esta manera se conseguirán mayores beneficios medioambientales;

7.

subraya que, cuando se trata de la contaminación atmosférica, la reducción de las emisiones industriales es de gran importancia. La Directiva sobre emisiones industriales constituye una importante medida a nivel europeo para permitir a los Estados miembros cumplir sus objetivos en materia de emisiones para el año 2020. Por este motivo, la inclusión de una categoría menor de las grandes instalaciones de combustión, de entre 20 y 50 megavatios (MW), constituye un importante aspecto de esta nueva directiva;

8.

opina que, por lo que respecta a la contaminación atmosférica, la Directiva no es suficientemente ambiciosa:

9.

se muestra preocupado, por este motivo, por que los beneficios que se deriven de la Directiva sean sobre todo a corto plazo, al mismo tiempo que los posibles beneficios a largo plazo resulten limitados (véase el punto 17);

10.

subraya que los permisos del sistema PCIC (prevención y control integrados de la contaminación) deberían seguir basándose en un enfoque integrado que tome en consideración el medio ambiente, la producción, la viabilidad técnica, la relación coste-eficacia y, un aspecto igualmente importante, las condiciones locales;

11.

está de acuerdo con la Comisión Europea en que en la actualidad la Directiva PCIC no se está aplicando debidamente en todos los Estados miembros. La aplicación de la Directiva PCIC ha sido difícil, y no siempre se ha hecho uso de los documentos BREF, lo que entre otras cosas se explica por su carácter técnico y complejo;

12.

observa que los permisos reflejan el establecimiento de unas normas y requisitos más centralizados y homogéneos. Aun cuando esto podría parecer positivo, la consecuencia es que, atendiendo a estos permisos, cada vez resulta más difícil detectar lo que las empresas hacen, producen, tratan u optimizan;

13.

señala que la Directiva sobre emisiones industriales (que incluye una revisión de la Directiva PCIC) se presentó solo unas semanas después de que finalizara el plazo de aplicación de la actual normativa en materia de PCIC, que estaba fijado al 31 de octubre de 2007. Por este motivo, la revisión tiene lugar antes de que la actual legislación PCIC haya podido demostrar su viabilidad y su eficacia, y lo que es más importante, antes de que pudiera evaluarse plenamente su impacto en lo que se refiere a la reducción de las emisiones;

14.

opina que la refundición de siete directivas en una es un enfoque muy ambicioso, y habría sido preferible un planteamiento gradual o una directiva marco con directivas de desarrollo. Una directiva marco también brindaría la oportunidad de incluir otras directivas directamente relacionadas, como la Directiva sobre las aguas residuales urbanas, sin poner en peligro futuras revisiones de la propia directiva marco;

15.

se muestra favorable al principio de la mejora del marco regulador. La propuesta de la Comisión de refundir siete directivas parece responder a este principio. Hasta cierto punto, la nueva Directiva simplifica los procedimientos de concesión de permisos. El Comité considera, no obstante, que la refundición de las diferentes partes de la Directiva se ha hecho de manera incompleta y que, debido a las diferencias que persisten entre la Directiva y los documentos BREF, no se resolverán todas las dificultades de tipo práctico;

16.

cuestiona que las incoherencias y ambigüedades de las definiciones actuales se hayan resuelto con esta propuesta. Por ejemplo, no están claras las consecuencias que acarreará la nueva definición de MTD (de «Mejor tecnología disponible» a «Mejor técnica posible»). En la medida en que la tecnología ofrece una perspectiva más amplia que una simple técnica, entroncará mejor con la inversión empresarial, proporcionará una mayor igualdad de condiciones y, por lo tanto, se traducirá en soluciones más creativas para responder a los retos medioambientales;

17.

expresa su profunda preocupación por las consecuencias que la refundición pueda tener para futuras revisiones. En la actualidad, la propuesta incluye varias áreas de competencias técnicas diferentes. Por su extensión y especialmente su complejidad, resultará muy difícil, si no imposible, revisar la Directiva en el futuro y adaptar la legislación a las necesidades futuras y al desarrollo tecnológico por medio de requisitos operativos más estrictos, por ejemplo nuevos valores límite;

18.

entiende que la Comisión propone hacer frente al problema de la dificultad de las futuras revisiones a través del vínculo establecido entre la Directiva y los documentos BREF. La Directiva establece normas mínimas que deberán respetarse, y los documentos BREF, que pueden revisarse fácilmente, garantizarán la actualización del sistema en función de los avances tecnológicos y, correlativamente, unos niveles límite de emisión más estrictos (MTD y niveles de emisión asociados, véase el anexo I). El Comité manifiesta su profunda preocupación por las diferencias que pueden surgir en el futuro entre los MTD y sus niveles de emisión asociados (en documentos BREF revisables) y los valores límite de emisión (en la Directiva). Existe un riesgo considerable de que el sistema pueda quedarse obsoleto, con lo que su contribución al desarrollo futuro de los aspectos medioambientales sería limitado;

19.

aconseja encarecidamente que se incluya un sistema práctico de revisión que permita una revisión parcial de la Directiva (es decir, los capítulos técnicos y los valores límite de emisión) mediante el procedimiento de codecisión. Asimismo, se muestra preocupado por las futuras adaptaciones de la legislación que se llevarán a cabo en virtud del proceso de Sevilla (véase el anexo I), que no es un procedimiento jurídico previsto por el Tratado ni está sujeto al control democrático;

20.

expresa su satisfacción por las recientes mejoras de los documentos BREF y los valora como útiles documentos de referencia. No obstante, la mayoría de los documentos BREF solo están disponibles en inglés, lo que podría ocasionar dificultades a los entes locales y regionales encargados de supervisar y de conceder los permisos. Por este motivo, solicita que se traduzcan los capítulos esenciales de los documentos BREF (por ejemplo, los que establecen la mejor técnica disponible (MTD, véase el anexo I) para un sector específico) a todas las lenguas de la UE;

21.

considera injustificado que los documentos BREF no se utilicen más a menudo en la UE, y recomienda que se mejore su uso. Por este motivo, respalda el nuevo carácter de los documentos BREF, y la obligación de utilizarlos en el procedimiento de autorización. Asimismo, considera que los documentos BREF han adquirido un carácter más vinculante, ya que estos documentos (que, en la actualidad son meramente textos de referencia, que deben ser consultados pero no respetados) serán, de ahora en adelante, obligatorios en la práctica;

22.

constata que es posible mejorar aún los documentos BREF. En ocasiones, se echan en falta innovaciones y mejoras acordes con el proceso de producción. Por ejemplo, el control de las variaciones en las muestras se usa en la actualidad para penalizar a las empresas, aunque también podrían servir para mejorar las técnicas. Otro ejemplo lo constituye el desequilibrio entre el capítulo de la directiva dedicado a los compuestos orgánicos volátiles y el correspondiente documento BREF. Como consecuencia de ello, existe el temor de que no siempre se otorgue prioridad al planteamiento más limpio. En la medida de lo posible, los entes locales deberán promover en todo momento aquellas innovaciones que mejoren el entorno local, y los documentos BREF deben atesorar la calidad suficiente para servir de ayuda a las autoridades competentes;

23.

cree que el nuevo carácter de los documentos BREF reforzará la coherencia de las políticas en materia de concesión de permisos de contaminación, contribuyendo de esta manera a crear condiciones de competencia equitativas para las empresas europeas;

24.

considera que el proceso de Sevilla (véase anexo I) es un proceso necesario y bien arraigado. Los documentos BREF se redactan y actualizan en Sevilla, en reuniones en las que participan funcionarios de la Comisión Europea y expertos de los Estados miembros, la industria y las ONG. La cooperación entre estas partes resulta esencial para determinar las mejores nuevas técnicas disponibles y crear o revisar documentos BREF. Por este motivo, este proceso debería ampliarse, como de hecho se hace ya en la Directiva;