5.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 172/1

—

considera imperativo mantener un marco político y económico sólido, dotado de medios suficientes en un horizonte temporal de medio-largo plazo, con el fin de expresar una voluntad colectiva mediante políticas comunes;

—

opina que el futuro presupuesto comunitario debe basarse en las competencias definidas en el Tratado de Lisboa y en el principio de subsidiariedad y reflejar la ampliación de los fundamentos jurídicos del Tratado; y rechaza la hipótesis de que exista una competencia entre, por un lado, las políticas preexistentes y, por otro, los nuevos ámbitos de acción europea o las nuevas políticas a las que han dado lugar los nuevos retos globales;

—

pide que se considere la evolución del presupuesto siguiendo una dinámica progresiva de integración, previendo acciones comunitarias de carácter experimental, y se deje de lado claramente la tendencia actual centrada en el volumen del presupuesto comunitario;

—

pide que el objetivo consistente en explotar todas las posibilidades relacionadas con la gobernanza a varios niveles se sitúe en el centro de la estrategia de reforma del presupuesto europeo y recuerda que, en lo que toca a la concepción, programación, cofinanciación y aplicación, las políticas europeas se podrían beneficiar sensiblemente de la contribución de los entes regionales y locales;

—

expresa su especial preocupación ante el hecho de que la posible renacionalización de las políticas financiadas por la Unión pueda dar lugar a respuestas insuficientes e ineficaces, sin coherencia a nivel de la Unión Europea, o anular el efecto multiplicador de la intervención comunitaria;

—

reafirma que un marco financiero plurianual estable, que sin duda deberá ser superior a cinco años, es condición esencial para garantizar la eficacia de la actuación de la Unión Europea y propone, pues, alargar el período de programación del marco financiero plurianual a diez años, asignando la totalidad de los importes para los cinco primeros años y reasignando las sumas en reserva (por ejemplo, el 25 %) a las nuevas necesidades, en el marco de una verdadera revisión intermedia. Además, esta solución permitiría garantizar una coherencia con las citas democráticas europeas;

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opina que el nuevo sistema de financiación del presupuesto comunitario debe basarse en la transparencia y en unos recursos propios que garanticen equidad y solidaridad, estabilidad, visibilidad y simplicidad, así como contar con el menor número posible de exenciones.

Ponentes

:

Michel DELEBARRE — Alcalde de Dunkerque (FR/PSE)

Luc VAN DEN BRANDE — Diputado del Parlamento de Flandes (BE/PPE)

1.

considera que para responder de manera ambiciosa a las expectativas de los europeos, la reforma del presupuesto europeo debe servir ante todo para reforzar el pacto democrático de confianza que vincula a los ciudadanos con la Unión renovando así la asociación entre las instituciones responsables de las políticas en los distintos niveles territoriales;

2.

recuerda que la Unión Europea se esfuerza por ser un modelo de referencia mundial de prosperidad y cohesión, en el que el diseño político europeo se vea conciliado con la protección de las identidades y la promoción de la participación y de la democracia a nivel local y regional;

3.

está convencido de que el valor añadido de la Unión Europea reside en la paz, la protección y la estabilidad que garantiza a sus ciudadanos; en las oportunidades que brinda a los europeos para desarrollar plenamente su potencial individual más allá de las fronteras nacionales y a nivel europeo; en la creación de una conciencia europea y de una solidaridad entre ciudadanos de nacionalidades y culturas diversas mediante la promoción de la cohesión económica, social y territorial; en la creación de un espacio que permite a los europeos el intercambio comercial en el seno del mercado único y en la aplicación de planteamientos comunes para hacer frente a los desafíos del siglo XXI;

4.

señala que el reto que plantea la revisión presupuestaria consiste precisamente en hacer progresar este modelo económico y social, evitando desmantelar sus fundamentos y sacando mayor partido aún de la riqueza territorial de Europa y de su diversidad, especialmente cultural, en aras de la cohesión;

5.

considera imperativo mantener un marco político y económico sólido, dotado de medios suficientes en un horizonte temporal de medio-largo plazo, con el fin de expresar una voluntad colectiva dirigida a la realización de los objetivos fijados;

6.

recuerda el sumo valor que posee el presupuesto comunitario el cual, al basarse en los principios de solidaridad, estabilidad del marco financiero plurianual y condicionalidad vinculada a sus beneficios, representa un elemento esencial para garantizar la eficacia y la continuidad espacio-temporal de la acción de toda la Unión Europea;

7.

está convencido de que el marco financiero plurianual del presupuesto de la Unión Europea garantiza la continuidad de la orientación estratégica de las líneas generales de las políticas europeas, así como seguridad para las inversiones descentralizadas;

8.

reafirma a este respecto su apoyo al nuevo Tratado, que señala un paso adelante en el proceso de integración europea al reforzar, actualizar y, en algunos casos, redefinir las políticas que se hallaban ya en el centro de la construcción comunitaria y comunitarizar otras políticas importantes;

9.

opina que el futuro presupuesto comunitario debe basarse en las competencias comunitarias definidas en el Tratado de Lisboa y en el principio de subsidiariedad y reflejar en la medida necesaria la ampliación de los fundamentos jurídicos del Tratado; rechaza la hipótesis de que exista una competencia entre, por un lado, las políticas preexistentes –cuyos objetivos siguen siendo pertinentes– y, por otro, los nuevos ámbitos de acción europea o las nuevas políticas a las que han dado lugar los nuevos retos globales;

10.

pide que se considere igualmente la evolución del presupuesto siguiendo una dinámica progresiva de integración que se base en la aplicación de medidas favorables a la cohesión social, económica y territorial;

11.

desea, por tanto, que el futuro presupuesto europeo esté en condiciones de acoger acciones comunitarias de carácter experimental;

12.

cree firmemente en la necesidad de adoptar una visión global de las intervenciones y de las finanzas públicas, en un contexto general de dificultades presupuestarias, a nivel europeo y nacional, así como en el nivel de las entidades locales y regionales. Por ello, convendría incluir otras modalidades de financiación distintas de las meras subvenciones, incluido el recurso a la fiscalidad, y tener en cuenta las intervenciones de otros socios financieros, como el Banco Europeo de Inversiones;

13.

considera que el objetivo de la reforma del presupuesto europeo está claro: dotar a la Unión Europea de herramientas financieras que se hallen a la altura de las tareas y perspectivas políticas, económicas, sociales y territoriales que le han sido atribuidas en los Tratados, y de un sistema simple y transparente que brinde a los ciudadanos una visión clara del valor añadido europeo;

14.

estima que Europa debe aprovechar esta oportunidad para convertirse en una entidad política más coherente, a la cual nuestros conciudadanos estarán orgullosos de pertenecer y que les dará confianza en el futuro y en sus relaciones con el resto del mundo.

15.

hace hincapié en que el nuevo Tratado significa un gran avance hacia una gobernanza europea a diversos niveles al extender el principio de subsidiariedad a los niveles local y regional y añadir la dimensión territorial de la cohesión. Esta perspectiva refuerza el vínculo existente entre la Unión y sus ciudadanos y permite progresar en el respeto de las identidades y la diversidad;

16.

señala que la asociación entre instituciones europeas, Estados miembros y entidades regionales y locales constituye un modelo de gobernanza más en consonancia con nuestra época, en la que las oportunidades y los retos a menudo se localizan en el nivel territorial mientras que sus repercusiones son más amplias;

17.

recuerda que, en lo que toca a la concepción, programación, cofinanciación y aplicación, las políticas europeas se podrían beneficiar sensiblemente de la contribución de las entidades regionales y locales y, en particular, de su experiencia de carácter transnacional, interinstitucional e intersectorial;

18.

aboga, pues, por un presupuesto europeo creíble, que permita abordar los grandes objetivos europeos según las necesidades específicas de las distintas situaciones territoriales;

19.

señala a este respecto que, en virtud de una tendencia más general, que se da en varios de nuestros Estados miembros, hacia la descentralización o la transferencia de competencias, las entidades regionales y locales han ido adquiriendo, cada vez en mayor medida, competencias o responsabilidades que son esenciales para intervenir en los sectores más afectados por los grandes retos de Europa;

20.

señala también que las entidades locales y regionales se han convertido, además, en operadores de primera magnitud en el campo de las finanzas públicas, sobre los cuales el presupuesto europeo puede ejercer un considerable efecto multiplicador, tanto cuantitativa como cualitativamente. En 2004 controlaban ya más del 60 % del total de la inversión pública de la Europa ampliada;

21.

comparte con la Comisión Europea la observación, recogida en el Cuarto Informe sobre la Cohesión Económica y Social, de que en buena parte de los Estados miembros la responsabilidad de la inversión pública incumbe en gran medida tanto a las entidades locales y regionales como al Gobierno central. Dichas entidades son también competentes para invertir en los ámbitos de la educación, vivienda, investigación y desarrollo, transportes, infraestructuras públicas y protección del medio ambiente. Esta tendencia se ha venido reforzando a lo largo de la última década;

22.

señala que, ante la exigencia de una aplicación integrada y flexible de las políticas europeas, las entidades regionales y locales pueden traducir en acciones concretas las orientaciones estratégicas acordadas a nivel europeo, cooperando con las instituciones europeas y nacionales;

23.

indica que son a menudo las entidades regionales y locales las encargadas de buscar cierta coherencia entre las distintas políticas nacionales y europeas, combinando las distintas políticas sectoriales a escala regional y urbana;

24.

insiste en la necesidad de alcanzar el objetivo de la cohesión social, económica y territorial, asignando para ello los recursos financieros necesarios y basándose en los principios de solidaridad, integración, gobernanza a varios niveles y cooperación territorial que ya se aplican en Europa y valorizando el acervo de experiencia ya acumulado en lo que respecta a la asociación institucional ampliada;

25.

considera que el nuevo objetivo del Tratado relativo a la cohesión territorial imprime un nuevo impulso que permitirá concebir y establecer todas las políticas de la Unión Europea sobre una base territorial. Dicho objetivo nos impulsa, por una parte, a valorizar la diversidad de nuestras regiones y, por otra, a buscar soluciones para reducir las divergencias que persisten a distintos niveles de gobernanza en el seno de la Unión Europea;

26.

pide que el objetivo consistente en explotar todas las posibilidades relacionadas con la gobernanza a varios niveles y con la contribución de las entidades regionales y locales se sitúe en el centro de la estrategia de reforma del presupuesto europeo.

27.

considera que la Unión Europea atraviesa en la actualidad un período de cambios socioeconómicos profundos, como comunidad ampliada y en fase de ampliación y protagonista de primer orden en la escena mundial, y que debe también afrontar retos de envergadura en materia medioambiental y energética, demográfica, tecnológica y de seguridad;

28.

señala que ante estas mutaciones y retos, los Estados miembros por separado no se hallan siempre en condiciones de dar las respuestas adecuadas;

29.

observa que en la mayor parte de los sectores el método abierto de coordinación aún no ha demostrado su capacidad para resolver estas carencias, ni siquiera con carácter complementario;

30.

recuerda que las políticas comunes o comunitarias y el «método comunitario» constituyen un medio eficaz para llevar adelante una voluntad política colectiva;

31.

expresa su especial preocupación ante el hecho de que la posible renacionalización –total o parcial– de las políticas financiadas por la Unión pueda dar lugar a respuestas insuficientes e ineficaces, sin coherencia a nivel de la Unión Europea, o que signifiquen un desfase entre los cambios que se producen a nivel mundial y unos progresos fragmentarios sobre el terreno;

32.

señala asimismo que la renacionalización de las políticas comunitarias conduciría a anular el efecto multiplicador de la intervención financiera de la Unión, que amplifica los efectos beneficiosos sobre la financiación de las acciones concretas llevadas a cabo;

33.

recuerda que la renacionalización dificultaría además el desarrollo coherente y duradero de las acciones transfronterizas;

34.

reitera que el efecto multiplicador de la intervención financiera de la Unión va mucho más allá de la multiplicación financiera, que tradicionalmente se alimenta de los sistemas de cofinanciación pública; desde el punto de vista operativo y financiero, dicho efecto se manifiesta también en la facilitación de las asociaciones públicas y privadas;

35.

destaca además que el efecto multiplicador de la financiación comunitaria sirve para apoyar la orientación estratégica de las demás políticas de inversión pública realizadas territorialmente; contribuye a mejorar sensiblemente la capacidad de programación y de gestión de las administraciones públicas y de los actores privados, y representa un elemento esencial del proceso de integración comunitaria y de su visibilidad para nuestros conciudadanos;

36.

recomienda una evaluación del valor añadido en la que se tengan en cuenta los distintos niveles de gobernanza: europeo, nacional, regional y local;

37.

toma nota de que el valor añadido de la intervención financiera europea puede también ser resultado de acciones que no tienen necesariamente pertinencia o carácter prioritario a nivel nacional o subnacional, como es el caso por ejemplo de la cooperación transfronteriza;

38.

considera que el valor añadido está estrechamente vinculado a la aplicación del principio de adicionalidad, según el cual la intervención comunitaria no debe ser un pretexto para la inhibición del nivel nacional. La política de cohesión es un ejemplo de ello;

39.

pide finalmente que se valore el carácter globalmente estimulador de una intervención del presupuesto comunitario que, al animar a los países o las regiones menos desarrolladas a recuperarse y modernizarse, genera un beneficio para todo el sistema socioeconómico europeo.

40.

reconoce que Europa debe hacer frente a grandes desafíos: la cohesión y la competitividad en un contexto de innovación, la mejora de la calidad y el nivel de los recursos humanos y del empleo, el cambio climático, la modernización de nuestro modelo energético, los desequilibrios demográficos y las presiones migratorias así como la seguridad en el mundo y en el continente europeo;

41.

subraya no obstante que la misión de la Unión no puede limitarse a responder a nuevos retos, sino que debe perseguir su objetivo de integración;

42.

considera, por tanto, primordial que la Unión siga adelante en la plena realización del mercado interior en una lógica de desarrollo sostenible, equidad e inclusión, aprovechando en mayor medida la riqueza territorial de Europa y su diversidad cultural;

43.

pide que la Unión, a fin de promover sus valores y alcanzar sus objetivos políticos, trabaje en aras de la profundización democrática de la vida política de la Unión, promoviendo el desarrollo de la autonomía local y regional así como de la sociedad civil;

44.

observa que los nuevos retos exigen de manera general, por una parte, afrontar la globalización, y por otra, garantizar la cohesión territorial dentro de la Unión Europea y sus fronteras;

45.

subraya que las entidades locales y regionales de Europa, más allá de sus divergencias socioeconómicas, deben hacer frente a retos parecidos, teniendo en cuenta las formas particulares que asumen en los diferentes territorios;

46.

reconoce que en este proceso, que deberá inspirarse en un sistema de gobernanza a diferentes niveles, las entidades locales y regionales pueden encontrar también el lugar para valorizar sus potencialidades aún no explotadas;

47.

opina que el próximo marco presupuestario comunitario debe estar en condiciones de garantizar:

48.

considera que, con el Tratado de Lisboa, la Unión Europea dispone potencialmente de un mecanismo decisorio más eficaz para determinar la estructura del presupuesto;

49.

reafirma que un marco financiero plurianual estable, que sin duda deberá ser superior a cinco años, es condición esencial para garantizar la eficacia de la actuación de la Unión Europea y permitir a los protagonistas que planifiquen sus inversiones a largo plazo y lleven a cabo muchos proyectos de desarrollo territorial;

50.

propone, pues, alargar el período de programación del marco financiero plurianual a diez años, pero que no se distribuyan inmediatamente la totalidad de los recursos. A fin de permitir garantizar una coherencia con las citas democráticas europeas un posible avance podría consistir en dividir en dos el período: se asignaría la totalidad de los importes para los cinco primeros años y después se realizaría una revisión intermedia con el fin de reasignar las sumas en reserva (por ejemplo, el 25 %) para destinarlas a nuevos gastos a fin de lanzar nuevas iniciativas o reforzar las políticas que revistieran mayor urgencia;

51.

considera que la flexibilidad ofrece perspectivas interesantes con miras a maximizar los efectos positivos del gasto comunitario y adaptarse a los posibles cambios de contexto, pero presenta también el riesgo, si no se encuadra bien, de abrir la vía a una Europa de varias velocidades;

52.

considera que los mecanismos de orientación específica, como los ya experimentados para la política de cohesión 2007-2013, pueden facilitar una mejor articulación de los objetivos políticos principales a través de las distintas líneas presupuestarias;

53.

pide que el futuro presupuesto comunitario incluya un porcentaje específico destinado al apoyo a la experimentación, distinto de los recursos destinados a acompañar las medidas de carácter general;

54.

aboga por una clarificación de los mecanismos de control y por una aplicación más directa y eficaz de las sanciones allí donde sea necesario;

55.

reitera la necesidad de aplicar de manera concreta el principio de asociación, tanto en la fase de elaboración como en la fase de aplicación del presupuesto comunitario;

56.

recuerda que la Comisión Europea lanzó y desarrolló la idea de contratos y convenios tripartitos de objetivos, reitera su propuesta de que se revisen estos instrumentos y, basándose en las enseñanzas de la fase experimental iniciada por la Comisión Europea para los convenios tripartitos, propone que se concierten pactos territoriales europeos;

57.

insiste en que no puede haber una verdadera asociación sin una contribución financiera de cada una de las partes del acuerdo; propone que la reflexión sobre la cuestión de la financiación de los Pactos territoriales europeos se centre en las posibles sinergias ( y el valor añadido) entre, por una parte, en el nivel europeo, las líneas presupuestarias existentes en los ámbitos en cuestión y los Fondos Estructurales y, por otra parte, en los niveles local, regional y nacional, las líneas presupuestarias disponibles; y ello, sin establecer un instrumento financiero suplementario de la política regional comunitaria ni solicitar medios financieros adicionales a tal efecto;

58.

considera que el presupuesto europeo podría tender a una mayor transparencia, reforzando la asociación sobre el terreno y redoblando los esfuerzos de comunicación a nivel local y regional y el nivel europeo.

59.

comparte la visión de que Europa debe reorientar su marco de acción política y de los recursos financieros proyectándose hacia un horizonte suficientemente largo, que se situaría entre 2020 y 2030;

60.

señala que en la actualidad el límite máximo de recursos propios acordado ha quedado fijado en un 1,24 % del producto interior bruto de la Unión;

61.

señala que el presupuesto de la UE:

62.

lamenta que la divergencia entre los recursos realmente inscritos en el presupuesto y el límite máximo autorizado de los recursos propios continúe aumentando;

63.

señala que los cálculos de «justo retorno» han atado progresivamente a los Estados miembros a una lógica demasiado alejada del ideal europeo y de los intereses de los ciudadanos;

64.

rechaza la exacerbación de esta lógica, en nombre de los representantes de las entidades locales y regionales, que son los motores esenciales de la producción de la riqueza a nivel nacional y, en numerosos casos, también los protagonistas institucionales directamente implicados en la definición de los sistemas fiscales a nivel nacional;

65.

considera que se impone un salto cualitativo en el sistema de financiación del presupuesto comunitario, a fin de permitir a las distintas instituciones interesadas compartir una visión avanzada del presupuesto;

66.

opina que el nuevo sistema de financiación del presupuesto comunitario debe basarse en unos recursos propios que garanticen equidad y solidaridad, estabilidad, visibilidad y simplicidad;

67.

pide a las instituciones que poseen competencia en materia presupuestaria que elaboren y apliquen una nueva fórmula de financiación que cuente con el menor número posible de exenciones y cuya meta sea alcanzar los objetivos relacionados con el fomento del modelo económico y social;

68.

anuncia que se propone seguir participando activamente en la reflexión y en el debate europeo sobre la reforma presupuestaria, en particular, en el marco del examen de la propuesta de revisión de la Comisión Europea;

69.

opina que la reforma del presupuesto comunitario y de sus fuentes de financiación debe ir acompañada de una política de comunicación potente y transparente, destinada al público en general y a los protagonistas institucionales y socioeconómicos más afectados. De este modo, los ciudadanos estarían mejor informados acerca de la forma en que se emplea su dinero, lo que les acercaría a las instituciones que son responsables de la gestión de los programas y de los proyectos comunitarios. El Comité está dispuesto a comprometerse con las demás instituciones en este esfuerzo democrático.

5.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 172/7

—

considera que la Estrategia para las RUP sigue siendo de plena actualidad y que, lejos de haberse agotado, debe ser continuada, profundizada y actualizada;

—

observa que los temas identificados por la Comisión como desafíos, tanto para el futuro de la UE como de las RUP –el cambio climático, la evolución demográfica y la gestión de los flujos migratorios, la política marítima y la agricultura–, constituyen asuntos de gran trascendencia, prioritarios en la agenda europea y mundial y con un impacto significativo en los distintos territorios de la UE;

—

recuerda, sin embargo, que la estrategia comunitaria hacia las RUP, identificada por la Comisión en su Comunicación de mayo de 2004, se basaba en un enfoque global y coherente, destinado a integrar en todas las políticas comunitarias los tres objetivos de dicha estrategia: la mejora de accesibilidad interna y externa, el refuerzo de la competitividad de su tejido económico local y la inserción regional en su espacio geográfico próximo;

—

pide a la Comisión que tenga en cuenta las especificidades de las RUP en el marco inminente del chequeo de la PAC y en el de las futuras reformas que se aborden, manteniendo tanto sus excepciones en la aplicación del desacoplamiento y la modulación como el nivel adecuado de la asignación presupuestaria de apoyo a su agricultura;

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pide a la Comisión que adopte urgentemente medidas destinadas a compensar los efectos negativos de la inclusión del transporte aéreo en el comercio de los derechos de emisión, a fin de tener en cuenta la situación específica de las RUP.

Ponente

:

Sr. Don Paulino RIVERO BAUTE, Presidente del Gobierno de Canarias (ES/ALDE)

1.

Las siete regiones ultraperiféricas –Azores, Canarias, Guadalupe, Guayana, Madeira, Martinico y Reunión– forman parte de pleno derecho de la Unión Europea, al tiempo que se caracterizan por una realidad única y original distinta de la de otros territorios comunitarios;

2.

Dicha realidad se caracteriza por la acumulación de una serie de factores permanentes como, en particular, la gran lejanía, reducida dimensión y escasa diversificación del tejido productivo, que son la causa del aislamiento y la vulnerabilidad que sufren estas regiones, tal como reconoce el artículo 299.2 del Tratado CE;

3.

Ello se traduce en costes adicionales y particulares dificultades en el proceso de crecimiento, convergencia y sostenibilidad económica de estas regiones, que impiden su plena participación en la dinámica del mercado interior, limitan las oportunidades de sus residentes y reducen la competitividad de sus empresas;

4.

Las regiones ultraperiféricas constituyen también una ventaja para la Unión Europea. Debido a su situación geográfica, pueden llegar a ser plataformas estratégicas en el desarrollo del papel que ésta aspira a desempeñar en el mundo;

5.

Estas características justifican plenamente un tratamiento particular en la aplicación de las políticas comunitarias con vistas a atender a las necesidades específicas de estas regiones y a potenciar sus capacidades de desarrollo endógeno;

6.

Conviene, en consecuencia, apoyar el planteamiento de las regiones ultraperiféricas y de sus autoridades nacionales con vistas a la consolidación, enriquecimiento, profundización y actualización de la estrategia global y coherente para las RUP, con vistas a que se traduzca en una verdadera política comunitaria en favor de la ultraperiferia,

7.

Celebra que desde 1986 la Comisión Europea tomara la iniciativa de establecer un marco adecuado para la aplicación del Derecho comunitario y de las políticas comunes a estas regiones sobre la base de los Programas de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI);

8.

Recuerda que la adopción de un artículo específico en el Tratado, el artículo 299.2, adaptado a la realidad regional más extrema de la Unión, respondió a una serie de objetivos concretos, a saber:

9.

Recuerda, en este sentido, la satisfacción expresada por el Comité por la aprobación del Informe de la Comisión Europea de 14 de marzo de 2000 sobre las medidas destinadas a aplicar el apartado 2 del artículo 299 del Tratado, que aspiraba a representar «un salto cualitativo» en el enfoque comunitario de las RUP y debía constituir el principio de una nueva etapa decisiva para la definición de una estrategia global y coherente con vistas al desarrollo sostenible de las RUP;

10.

Recuerda, que en las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002 se establecía la necesidad de profundizar en la aplicación del apartado 2 del artículo 299 del Tratado y de presentar propuestas adecuadas para tener en cuenta las necesidades específicas de las RUP en las diferentes políticas comunes, en particular la de transportes, y al reformar algunas de estas políticas, en especial la política regional; destaca, asimismo, con esta misma ocasión, el compromiso de la Comisión de presentar un nuevo informe sobre estas regiones basado en un enfoque global y coherente de las particularidades de su situación y de los medios para afrontarlas;

11.

Recuerda, pues, su satisfacción por la aprobación, el 26 de mayo de 2004, de la Comunicación de la Comisión «Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas», y del Informe de la Comisión «Un partenariado reforzado para las regiones ultraperiféricas: balance y perspectivas», el 6 de agosto de 2004. Constata el reconocimiento de la situación única de las RUP que justifica plenamente un tratamiento particular en las diferentes políticas comunitarias, aunque ofrecía una respuesta solamente parcial y, por tanto, insuficiente, al mandato del Consejo Europeo de Sevilla y a las necesidades expresadas por las Regiones y sus Estados;

12.

Expresa, pues, su satisfacción por que la Comisión haya querido presentar el balance de su estrategia a favor de las regiones ultraperiféricas, así como sus perspectivas de futuro en relación con la misma a través de su Comunicación «Estrategia para las regiones ultraperiféricas: logros y perspectivas» (COM (2007) 507 final) y su documento de trabajo anexo «Evolución y balance de la estrategia para las regiones ultraperiféricas» (SEC(2007) 1112);

13.

Considera que dicha estrategia sigue siendo de plena actualidad y que, lejos de haberse agotado, debe ser continuada, profundizada y actualizada, como lo demuestra la consolidación del artículo 299 en el recientemente aprobado Tratado de Lisboa;

14.

Felicita, en primer lugar, a la Comisión porque su nueva Comunicación confirma su sensibilidad hacia las RUP, subrayando la necesidad de reconocer la especificidad de estas regiones y apostando por la continuidad de una atención específica para el futuro;

15.

Felicita a la Comisión porque, al tiempo que reconoce la necesidad de que las especificidades de las RUP sean consideradas por las distintas políticas comunitarias, reconoce, asimismo, el valor añadido y las oportunidades que estas regiones ofrecen a la UE en el contexto mundial;

16.

Constata que el balance de las medidas para desarrollar la estrategia de 2004 es positivo y que las políticas clave para el desarrollo de las RUP han sido revisadas y redefinidas de manera globalmente satisfactoria;

17.

Insiste en que las desventajas que sufren las RUP son permanentes y comunes a todas ellas, independientemente de su nivel de renta, y recuerda que la problemática de la ultraperiferia no re reduce a una cuestión de renta, sino que constituye una situación estructural compleja que afecta profundamente a los ciudadanos y a la competitividad de sus empresas;

18.

Felicita a la Comisión por su deseo de profundizar en todos y cada uno de los ejes de la estrategia comunitaria a favor de estas regiones, llevando a cabo acciones complementarias, así como por su deseo de actualizar y enriquecer dicha estrategia, adaptándola a los retos mundiales de futuro. Insta desde ahora a la Comisión a que aplique la necesaria coherencia en el desarrollo de sus propuestas en estos ámbitos;

19.

Considera que las medidas que propone la Comisión para ser desarrolladas a corto plazo, en lo referente a reducir el déficit de accesibilidad y mejorar la competitividad de las RUP, son, en general, bastante vagas, o se limitan a dar orientaciones para una utilización más eficaz de los recursos ya atribuidos a las RUP;

20.

Constata que, dichas medidas, en lo referente a la inserción regional, son más concretas e interesantes, aunque resultan insuficientes y deberían poder completarse con otras que contribuyan a que el objetivo de la inserción regional de las RUP en su contexto geográfico se haga efectivo en la práctica;

21.

Recuerda que las RUP afrontan el doble desafío de integración en el mercado interior y en su entorno geográfico próximo. Su posición geoestratégica constituye, además, un enorme potencial para la UE y convierte a estas regiones en plataformas privilegiadas desde las que la UE puede proyectar su acción exterior en estas zonas;

22.

Felicita a la Comisión por haber iniciado los trabajos para dotar de contenido el Plan de acción de Gran vecindad, lanzado en su Comunicación de 2004. Constata, sin embargo, que deben seguirse desplegando esfuerzos, en particular en lo relativo a la mejor coordinación del FEDER con el FED, con vistas a que el objetivo de la inserción regional de las RUP en su contexto geográfico se haga efectiva en la práctica;

23.

Felicita a la Comisión por la información aportada a las RUP en el marco de la preparación de los Acuerdos de Asociación Económica de la UE con los países ACP. Constata, sin embargo, que dichos acuerdos, en el estado actual de las negociaciones, implican amenazas inmediatas para las RUP y que las oportunidades que ofrecen son a largo plazo e incluso inciertas;

24.

Lamenta que la Comisión no haya incorporado propuestas concretas de acciones para favorecer las inversiones de las PYME de las RUP en el exterior, como ella misma había anunciado, lo que ayudaría a una mejor inserción de estas regiones en su contexto geográfico;

25.

Observa que los temas identificados por la Comisión como desafíos, tanto para el futuro de la UE como de las RUP, y sobre los que la Comisión ha abierto un debate en su Comunicación –el cambio climático, la evolución demográfica y la gestión de los flujos migratorios, la política marítima y la agricultura–, constituyen asuntos de gran trascendencia, prioritarios en la agenda europea y mundial y con un impacto significativo en los distintos territorios de la UE;

26.

Subraya que dicho impacto puede ser aún más importante en las RUP que, debido a sus singularidades, presentan una especial fragilidad y vulnerabilidad;

27.

Recuerda, sin embargo, que la estrategia comunitaria hacia las RUP, identificada por la Comisión en su Comunicación de mayo de 2004, se basaba en un enfoque global y coherente, destinado a integrar en todas las políticas comunitarias los tres objetivos de dicha estrategia: la mejora de accesibilidad interna y externa, el refuerzo de la competitividad de su tejido económico local y la inserción regional en su espacio geográfico próximo;

28.

Acoge muy favorablemente y suscribe la constatación de la Comisión de que la intervención comunitaria a favor de las RUP tiende hacia un enfoque cada vez más horizontal de la estrategia y de que la contribución del conjunto de políticas comunitarias es necesaria para el desarrollo de estas regiones y su inserción en el mercado interior;

29.

Insiste en la pertinencia y actualidad de los citados tres ejes estratégicos, que continúan siendo los ejes principales de la estrategia comunitaria a favor de las RUP, y que la evolución de las distintas políticas comunitarias se debe ir integrando y adaptando a la coyuntura vigente;

30.

Considera que la aparición de estos nuevos retos y prioridades en la agenda europea, así como la revisión de políticas clave, como la política agrícola común, obligan a una evaluación del impacto que éstos puedan tener en los tres ejes de la estrategia comunitaria a favor de las RUP, con vistas a disponer de un análisis específico que permita integrar la especificidad de las RUP en la reflexión global sobre cómo la UE debe responder a estos desafíos;

31.

Subraya la necesidad de que la Comisión utilice dicho método de la evaluación del impacto en los tres ejes de la estrategia en relación con las cuatro temáticas y, a modo de ejemplo, lamenta que la Comisión no haya tenido suficientemente en cuenta este impacto en un tema tan esencial e indispensable para las RUP como es el transporte aéreo y no haya propuesto un tratamiento más específico para estas regiones en el marco de su propuesta de Directiva sobre la inclusión del transporte aéreo en el comercio de derechos de emisión;

32.

Considera que las RUP tienen mucho que aportar en estos cuatro temas, dado que, por su realidad específica, dichos temas les conciernen de manera especial;

33.

Recuerda que las RUP cuentan con una dimensión marítima excepcional, ofreciendo a la UE oportunidades inigualables en el ámbito de la innovación, de la investigación, del medio ambiente y de la biodiversidad;

34.

Subraya una vez más la necesidad de abordar de una manera global el incremento del fenómeno migratorio, que afecta muy particularmente a las RUP como fronteras activas de la Unión Europea. Recuerda en este sentido las Conclusiones de la Conferencia sobre «El papel de las regiones y ciudades en la gestión de los flujos migratorios», celebrada el 30 de octubre de 2007 en Adeje (Tenerife, España), y muy especialmente la necesidad de una mayor implicación de las autoridades nacionales y europeas en la gestión del fenómeno, en el reparto de la carga financiera y en la evaluación de su impacto para la cohesión económica y social de las RUP;

35.

En cuanto a la gestión de los flujos migratorios, expresa su convencimiento de la importancia primordial de consolidar el diálogo y la cooperación con los países de origen y de tránsito; recuerda, asimismo, que los entes locales y regionales de las RUP tienen un importante papel que desempeñar en la promoción de esta cooperación, ya que podrán actuar como plataformas de cooperación con los terceros países vecinos, utilizando a tal fin los programas de la Comisión Europea y, en particular, celebra la iniciativa piloto de programación concertada para la cooperación territorial entre las regiones ultraperiféricas y los terceros países vecinos;

36.

Considera que hay que actuar sobre las causas de la inmigración ilegal a través de la regulación de una política eficaz de inmigración legal, la lucha contra la economía informal, y el tratamiento en origen del flujo de menores inmigrantes no acompañados por medio del fomento de la educación y la inserción profesional;

37.

Coincide con la Comisión en la necesidad de abordar los enormes retos que plantea la presión demográfica en territorios exiguos y fragmentados y subraya la necesidad de promover a la mayor brevedad estudios que analicen las consecuencias para la ordenación del territorio, el mercado de trabajo, las necesidades de educación y formación y los servicios públicos de estas regiones, proponiendo en su caso las medidas oportunas;

38.

Coincide con la Comisión en que la lucha contra el cambio climático y la adaptación a sus efectos son un reto importante para las RUP, habida cuenta de su situación geográfica y su fragilidad, e insta a que las medidas específicas que hayan de adoptarse en este ámbito para evitar un impacto negativo en la accesibilidad, la economía y los ciudadanos de las RUP sean reales y efectivas;

39.

Coincide con la Comisión en que la agricultura es un factor esencial de la economía de las RUP, que se ven constreñidas por desventajas geográficas y climáticas y, por consiguiente, considera que es esencial diseñar una estrategia de futuro para el desarrollo del sector agrario en estas regiones y de esta manera poder hacer frente a los retos derivados de una mayor competencia global;

40.

Considera que, teniendo en cuenta que la política de cohesión económica y social es el instrumento principal en el que se apoya la estrategia comunitaria a favor de las RUP, es particularmente importante evaluar si los temas abiertos al debate pueden tener un impacto en la cohesión económica y social de estas regiones;

41.

Considera que los resultados de dicha evaluación podrán servir como aportación para la revisión de la política comunitaria de cohesión post-2013. Asimismo, podrán servir como contribución al Libro Verde sobre la cohesión territorial que la Comisión tiene la intención de aprobar en 2008;

42.

Considera, por tanto, que la nueva etapa en el desarrollo de la estrategia comunitaria hacia las RUP que la Comisión iniciará cuando finalice la consulta, lejos de limitarse a los temas objeto de debate, debería incorporarlos a su estrategia, a fin de continuarla, enriquecerla y actualizarla;

43.

Considera que el partenariado entre las RUP, sus Estados respectivos y la Comisión debe continuar desempeñando un papel esencial en el desarrollo de la estrategia comunitaria a largo plazo a favor de estas regiones;

44.

Manifiesta su firme convicción de que las RUP siguen necesitando el apoyo de todas las políticas comunitarias para mejorar su competitividad y mantener su proceso de convergencia en términos de desarrollo económico y de igualdad de oportunidades de sus ciudadanos con los del resto de las regiones europeas;

45.

Expresa, en fin, su apoyo al Consejo Europeo, en el sentido de que reafirma y renueva el compromiso político al más alto nivel a favor de las RUP y la necesidad de avanzar con celeridad en la profundización de la estrategia comunitaria a favor de estas regiones;

46.

Insta a la Comisión a que siga profundizando en la estrategia de 2004 a favor de las RUP, poniendo en práctica las medidas anunciadas en su Comunicación y favoreciendo una mayor coherencia y mejor coordinación entre las distintas políticas comunitarias, a fin de que en la nueva etapa dicha estrategia sea efectivamente global y coherente;

47.

Solicita a la Comisión que realice un estudio intermedio que permita medir el impacto en el desarrollo económico de las RUP que han abandonado el objetivo «convergencia», por un lado, y el impacto de la aplicación de los fondos europeos en el proceso de convergencia real de las otras RUP, por otro;

48.

Pide a la Comisión que, tras la evaluación del impacto de las reformas del POSEI que realizará en 2009, proponga las medidas pertinentes para garantizar el apoyo adecuado a los sectores tradicionales de las RUP, esenciales para la viabilidad económica de estas regiones;

49.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta las especificidades de las RUP en el marco inminente del chequeo de la PAC y en el de las futuras reformas que se aborden, manteniendo tanto sus excepciones en la aplicación del desacoplamiento y la modulación como el nivel adecuado de la asignación presupuestaria de apoyo a su agricultura;

50.

Insta a la Comisión a que proporcione una mayor protección a los productos agrícolas de las regiones ultraperiféricas frente a las graves amenazas que supone la progresiva liberalización de las importaciones en la Unión Europea, a través de la adopción de medidas adecuadas que eviten la desestabilización de la agricultura de estas regiones con motivo de la mayor apertura del mercado comunitario;

51.

Insta a la Comisión a que en los próximos periodos de programación diseñe políticas específicas de Desarrollo Rural para las RUP dotadas con recursos presupuestarios adecuados;

52.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta, desde ya, las especificidades de las RUP en las iniciativas en curso, en relación con los cuatro temas abiertos al debate por la Comunicación;

53.

Recuerda que las regiones ultraperiféricas dotan a la Unión Europea de una clara dimensión marítima mundial, a la vez que constituyen auténticos laboratorios naturales para el estudio de las Ciencias marinas. Por estas razones, estima que deben ponerse en práctica rápidamente acciones prioritarias en estas regiones para proteger y valorizar este potencial;

54.

Pide a la Comisión que adopte urgentemente medidas destinadas a compensar los efectos negativos de la inclusión del transporte aéreo en el comercio de los derechos de emisión, a fin de tener en cuenta la situación específica de las RUP;

55.

Insiste en que las RUP dependen totalmente del transporte aéreo, tanto en los trayectos con el exterior como entre las distintas islas, no existiendo alternativas y que el valor total de las emisiones CO2 en las rutas que afectan a las RUP representan un valor marginal en relación con el total de emisiones de la Unión;

56.

Pide a la Comisión que trate de manera separada la problemática de la evolución demográfica y la de gestión de los flujos migratorios. Subraya que se trata de dos problemáticas distintas y complejas que afectan a las RUP de manera particularmente intensa, necesitando, por tanto, la máxima atención tanto una como otra;

57.

Requiere un tratamiento urgente y específico para paliar la trágica situación que se está produciendo con la llegada de menores inmigrantes no acompañados, por lo que solicita a las autoridades nacionales y europeas que asuman sus responsabilidades en la gestión de este fenómeno y en el reparto de la carga financiera correspondiente;

58.

Solicita a la Comisión una evaluación del impacto que tienen los citados cuatro temas objeto de debate en los tres ejes de la estrategia comunitaria a favor de las RUP;

59.

Pide a la Comisión que evalúe si dichos cuatro temas pueden tener un impacto en la cohesión económica y social de las RUP, teniendo en cuenta que la política de cohesión económica y social es el instrumento principal en el que se apoya la estrategia comunitaria a favor de las RUP.

5.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 172/12

—

manifiesta su convicción de que la brecha digital que persiste genera exclusión social y económica. Comparte la idea de que, desde el punto de vista social, es necesario hacer realidad la igualdad de oportunidades en el mundo digital. No obstante, cree que, al mismo tiempo, hay un enorme potencial económico que hasta ahora no se ha aprovechado. Es importante utilizar las TIC como nuevo «instrumento social» y establecer un vínculo entre las estrategias en la materia y la política social comunitaria;

—

llama la atención de los Estados miembros hacia la necesidad de trabajar más en la inclusión digital y elaborar en los próximos años programas concretos, con calendarios claros y que puedan ser sometidos a una evaluación. Considera esencial insistir en la participación de los ámbitos local y regional en las iniciativas nacionales y comunitarias en favor de la inclusión digital e insiste en el hecho de que las autoridades locales y regionales elaboren planes específicos destinados a fomentar la sociedad de la información a nivel local;

—

apoya los esfuerzos para informar a la opinión pública, aumentar la puesta en común de experiencias entre las partes interesadas y garantizar una cooperación activa a escala local y regional entre el sector de las TIC, las autoridades públicas, los proveedores de servicios y las organizaciones sociales y de usuarios, para conseguir la mayor eficacia posible;

—

insiste en el papel clave y la responsabilidad que corresponden a los entes territoriales garantizando un acceso a un precio razonable a la alta velocidad en aquellas regiones en las que los mecanismos de mercado son insuficientes para lograrlo por sí solos, llevando a cabo proyectos piloto para salvar las desigualdades de accesibilidad electrónica y optando por un nuevo enfoque que permita centrar en el ciudadano los servicios públicos en línea;

—

subraya la importancia de la formación y de una enseñanza adaptada a las necesidades derivadas de una evolución digital continua de la sociedad en su conjunto y que atienda, sobre todo, a los grupos desfavorecidos, como las personas de edad, las escasamente cualificadas, las que no ejercen ninguna actividad económica y las que no han adquirido los conocimientos digitales necesarios para desarrollar plenamente sus capacidades digitales en su vida laboral;

—

pide a la Comisión que utilice indicadores sobre la difusión y el uso de las TIC, de forma que sea posible extraer continuamente conclusiones útiles e indispensables para la adopción de medidas con vistas a la convergencia económica, social y tecnológica de las regiones.

Ponente

:

Sr. SZALAY (HU/ALDE), Concejal de Veszprém

1.

puesto que su vocación es promover y logar una cohesión social y económica sostenible en el ámbito regional, acoge con agrado la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa Europa i2010 para la inclusión digital — Participar en la sociedad de la información», que relanza y estimula la inclusión digital, dado que la falta de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) –al igual que su aplicación, utilización y desarrollo escasos– produce a su vez un efecto dominó, pues agranda y hace más profunda la brecha digital,

2.

valora positivamente el espíritu de síntesis y la claridad que caracterizan el análisis desarrollado en la Comunicación de la Comisión, así como el marco estratégico de acción que ha inspirado. El CDR aprueba la voluntad de emplear en esta cuestión un enfoque europeo (1),

3.

hace suya la afirmación de que la inclusión digital desempeña un papel crucial en la consecución de los objetivos de la iniciativa «i2010 — Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo» (2) y, por tanto, también en la consecución de los objetivos de desarrollo económico y social de la Estrategia de Lisboa,

4.

comparte la idea de que la inversión en las TIC constituye un instrumento esencial para los agentes locales y regionales y para los municipios, puesto que contribuye a resolver los problemas de igualdad de oportunidades a que algunos de ellos se enfrentan en distintos ámbitos. El CDR llama también la atención hacia la necesidad de lograr la participación activa de las regiones y de los entes locales y regionales en la elaboración de estrategias y programas relativos a la asignación y utilización de los recursos comunitarios. En efecto, puesto que son los más próximos a los ciudadanos, conocen de primera mano las necesidades locales y perciben las que surgirán en el futuro,

5.

valora que el documento objeto de examen haga un llamamiento a los distintos sectores afectados por la inclusión digital –usuarios particulares, sector de las TIC, proveedores de servicios, autoridades y ONG– para que tomen medidas claras en determinados aspectos y les asigne tareas concretas en este ámbito,

6.

observa que la iniciativa apoya las recomendaciones recogidas en dictámenes anteriores del CDR sobre medidas prácticas en favor del establecimiento de una sociedad de la información equitativa, en especial cuestiones como envejecer en la sociedad de la información (3), la administración electrónica y la generalización de la banda ancha (4), el futuro demográfico en Europa (5), la investigación en el ámbito de las TIC (6) y la situación de las personas con discapacidad (7),

7.

reconoce que, según apuntan los indicadores actuales, no está garantizado que se consigan los objetivos de Riga de aquí a 2010. Los esfuerzos de los distintos Estados miembros siguen estando fragmentados y la cooperación es insuficiente. Por este motivo, el CDR llama la atención de los Estados miembros hacia la necesidad de trabajar más y elaborar en los próximos años programas concretos, con calendarios claros y que puedan ser sometidos a una evaluación,

8.

considera esencial insistir en la participación de los ámbitos local y regional en las iniciativas nacionales y comunitarias en favor de la inclusión digital. En efecto, son éstos los ámbitos en los que se hará posible una sociedad digital abierta a todos, gracias a las medidas más innovadoras y mejor definidas,

9.

considera esencial insistir en el hecho de que las autoridades locales y regionales elaboren planes específicos destinados a fomentar la sociedad de la información así como el desarrollo digital a nivel local mediante la puesta en marcha de «Agendas Digitales Locales»,

10.

pide a la Comisión Europea que participe plenamente en aquellas iniciativas de revisión de la estrategia aprobada una vez se haya llevado a la práctica,

11.

desea recibir información puntual de los resultados y conclusiones del informe de evaluación a medio plazo sobre la aplicación de la estrategia i2010 y pronunciarse al respecto.

12.

se felicita por la campaña «Inclusión digital, únete a ella» que desarrollará la Comisión Europea en 2008 y para la cual el seminario «Promoción de la inclusión digital a nivel local y regional en la UE», organizado por el CDR en Lahti, Finlandia, en diciembre de 2007 ha supuesto una importante contribución inicial. El CDR desea cooperar en la campaña de 2008 y respalda una participación lo más amplia posible en la consulta pública. En este contexto, desea insistir en su propio papel de promotor a la hora de preparar campañas, estrategias y programas locales y regionales,

13.

acoge con agrado que a finales de 2008 vaya a celebrarse la conferencia ministerial sobre la inclusión digital y que en tal ocasión se haga entrega del Premio europeo de la inclusión digital. Su deseo es participar activamente en la organización de esta conferencia y muy particularmente en la selección de los candidatos al premio,

14.

manifiesta su convicción de que la brecha digital que persiste impide el desarrollo y el mantenimiento de la cohesión social y de la prosperidad, y de que genera exclusión social y económica. La iniciativa i2010 contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en general de la sociedad,

15.

comparte la idea de que, desde el punto de vista social, es necesario hacer realidad la igualdad de oportunidades en el mundo digital. No obstante, cree que, al mismo tiempo, hay un enorme potencial económico que hasta ahora no se ha aprovechado,

16.

invita a la Comisión Europea a prestar una atención especial a las regiones económicamente menos desarrolladas, a fin de que puedan sacar partido de las posibilidades que ofrecen las TIC para conseguir una auténtica convergencia y evitar el riesgo de exclusión,

17.

confirma su intención y reitera su promesa de incorporar activamente en los planes de desarrollo regionales los objetivos de la sociedad de la información sin exclusión y participar efectivamente en las redes creadas en el marco de la iniciativa «Las regiones, por el cambio económico» (8),

18.

coincide con la Comisión Europea en que los Fondos Estructurales y de desarrollo rural de la UE contribuyen, sobre todo en zonas aisladas y rurales, al desarrollo de las infraestructuras de banda ancha y al de los servicios y aplicaciones en línea, reduciendo así las diferencias de desarrollo entre el campo y la ciudad,

19.

cree que la disponibilidad de conexiones de banda ancha en todo el territorio de la Unión a un precio razonable representa un factor esencial para garantizar la calidad de los servicios a los ciudadanos, promover la competitividad y la productividad de las regiones y permitir el desarrollo a gran escala de la sociedad de la información y el conocimiento,

20.

insiste en el papel clave y la responsabilidad que corresponden a los entes territoriales como garantes de los distintos servicios y posibilidades de enseñanza y su proximidad a los ciudadanos. Ciertamente pueden contribuir a garantizar un acceso a un precio razonable a la alta velocidad en aquellas regiones en las que los mecanismos de mercado son insuficientes para lograrlo por sí solos. Contribuyendo a desarrollar la alfabetización digital y un entorno favorable a las empresas del sector de las TIC y a la investigación en este ámbito, la intervención de las autoridades públicas puede convertirse en ejemplo para las soluciones de administración en línea orientada a los usuarios,

21.

subraya que uno de los hilos conductores del objetivo de modernización económica de la política europea de cohesión para el período 2007-2013 se centra en aumentar el atractivo de los Estados miembros, las regiones y las ciudades, garantizando la accesibilidad y unos servicios de calidad y de nivel adecuados. El Comité considera que ello respalda el desarrollo de los servicios públicos en línea y el crecimiento de la economía del conocimiento, pues da dinamismo a las capacidades de investigación y de innovación,

22.

recuerda que las TIC constituyen un factor esencial para mejorar la coordinación y la cooperación en distintos sectores entre la administración local, regional, nacional y comunitaria, así como entre las instituciones y los ciudadanos europeos,

23.

insiste, apelando al Tratado de Ámsterdam, que prohíbe cualquier forma de discriminación por razones de discapacidad, en la accesibilidad de los lugares públicos y subraya que, según los datos actuales, aún queda mucho camino para alcanzar el objetivo marcado. El CDR señala que las regiones y los ayuntamientos pueden contribuir a remediar esta situación, no sólo adquiriendo los productos y desarrollando y proveyendo los servicios necesarios, sino también estimulando la creación de un entorno económico que favorezca un mayor acceso de las empresas a los mercados. En este contexto puede ser necesario para los entes regionales y locales, y también para las conurbaciones, invertir en el desarrollo de las TIC,

24.

considera, al igual que la Comisión, que también los entes locales y regionales deberían llevar a cabo proyectos piloto,

25.

comparte la idea de que la puesta en marcha de las medidas del plan de acción exige pensar en nuevos programas para desarrollar competencias prácticas también para las personas responsables del desarrollo y la gestión de los servicios públicos,

26.

cree que la brecha en materia de competencias digitales sigue siendo considerable. Los grupos de riesgo son las personas de edad, las escasamente cualificadas, las que no ejercen ninguna actividad económica y las que no han adquirido los conocimientos digitales necesarios para desarrollar plenamente sus capacidades digitales en su vida laboral,

27.

acoge favorablemente el proyecto de la Comisión para 2008, que prevé la realización de un estudio paneuropeo sobre las competencias digitales y la formulación, de aquí a finales de 2008, de orientaciones sobre la política en materia de competencias digitales para los grupos más vulnerables,

28.

subraya la importancia de la formación y de una enseñanza adaptada a las necesidades derivadas de una evolución digital continua de la sociedad en su conjunto y que atienda, sobre todo, a los grupos desfavorecidos,

29.

comparte la opinión de la Comisión en cuanto al papel y la gran responsabilidad de las autoridades en todos los ámbitos de gobierno a la hora de garantizar las competencias digitales. Apoya asimismo la participación y la cooperación activas de la industria y de las organizaciones sociales para alcanzar el objetivo que se persigue,

30.

Las TIC ofrecen unas notabilísimas posibilidades para mejorar la calidad de los servicios públicos. El CDR cree también que el desarrollo y la difusión de las TIC son una ocasión para que las ciudades europeas reafirmen su papel como motores del desarrollo, polos de conocimiento y verdaderos viveros de la producción de servicios innovadores y de los conocimientos derivados,

31.

cree que, para conjugar plenamente el desarrollo de las TIC y el reforzamiento del papel de las ciudades europeas, conviene, ante todo, consolidar la posición de las administraciones públicas locales y regionales para que persigan unas estrategias de defensa y recuperación de la competitividad,

32.

subraya la importancia de optar por un nuevo enfoque que permita centrar en el ciudadano los servicios públicos en línea e insiste en el papel de los entes locales y regionales responsables de elaborar tal enfoque. Es una tarea que reviste un interés muy particular para las regiones periféricas, ultraperiféricas y rurales, así como para las comunidades insulares. En efecto, los beneficios socioeconómicos del desarrollo de las TIC son indispensables para la cohesión y pueden generar un gran valor añadido,

33.

reconoce que promover la inclusión digital a escala local y regional puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reforzar su participación en la vida comunitaria local y estimular la competitividad, la creación de nuevas empresas y el desarrollo de servicios públicos y privados mejores, más eficaces y más personalizados,

34.

solicita un trabajo de refuerzo y consolidación para prevenir, gestionar y resolver los problemas de seguridad de las redes y la información desde una fase temprana, tarea que promueve la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA),

35.

considera deseable y necesario, pensando en los cambios demográficos, crear y desarrollar las condiciones para la atención médica a distancia (9), lo cual contribuirá a mejorar el nivel de los servicios sanitarios, a promover la autonomía de las personas de edad, mejorar su calidad de vida y reforzar su integración social. Así podrán poner al servicio del desarrollo de la sociedad la experiencia y el saber que han acumulado. Por otra parte, una mayor utilización de las tecnologías de la información y la comunicación podría contribuir a mejorar los sistemas de salud basados en las TIC existentes. Podrían crearse nuevos productos y servicios apoyados en estas tecnologías y ayudar a mejorar la salud de la población, facilitar el acceso a los servicios públicos de salud y reducir de forma duradera el gasto de los servicios sociales,

36.

subraya la importancia, teniendo presentes los intereses del mercado, de crear y hacer accesibles productos y servicios adaptados a las necesidades reales de los destinatarios. A este respecto, el CDR insiste en la necesidad de armonizar los distintos sistemas de reglamentación y, por lo que se refiere a las tecnologías, buscar soluciones adaptadas a la tendencia mayoritaria,

37.

recomienda atribuir un papel de más peso a los servicios de las TIC para personas de edad dentro de la iniciativa «Las regiones, por el cambio económico»,

38.

se congratula de que los programas de investigación (Séptimo Programa marco, Programa de apoyo a la política en favor de las tecnologías de la información y la comunicación) asignen un lugar destacado a la inclusión digital como medio de influir en las cuestiones del envejecimiento y la discapacidad,

39.

afirma claramente que es preciso respetar la diversidad cultural y lingüística,

40.

señala la necesidad de digitalizar el patrimonio escrito europeo a fin de preservarlo para las generaciones futuras, y que ello debería hacerse en todas las lenguas, regiones y países de Europa (10),

41.

exhorta particularmente a una fuerte cooperación profesional y una asociación estrecha entre las partes interesadas,

42.

insiste en la necesidad de suprimir, de forma concertada y coherente, las trabas reglamentarias, técnicas y de otra índole a la realización de la inclusión digital, a fin de garantizar su perpetuidad y una máxima eficacia,

43.

subraya que es preciso que los entes territoriales participen no sólo en la fase de aplicación, sino también en la de concepción de la estrategia. Ello permitiría afianzar las relaciones y la comunicación entre las partes interesadas y aumentar la eficacia de los programas,

44.

respalda decididamente la acción que propone la Comisión Europea para aumentar el volumen y la calidad de la investigación de las TIC en Europa. Además del desarrollo de la investigación, conviene centrarse en los mecanismos que favorecen la transferencia de sus resultados hacia la industria europea en conjunto,

45.

se felicita por el lugar que se reconoce a la riqueza de los contenidos digitales, la interoperabilidad y la seguridad de los intercambios de información en los programas de investigación,

46.

comparte la opinión de la Comisión en cuanto a la importancia de utilizar las TIC como «instrumento social». Para ello es imprescindible establecer un vínculo entre las estrategias en la materia y la política social comunitaria,

47.

subraya la necesidad de desarrollar acciones básicas que den respuesta a las prioridades horizontales y favorezcan la igualdad de oportunidades (por ejemplo, hacer accesibles a todos y sin restricciones las páginas de Internet de interés público o crear infraestructuras de banda ancha). En este contexto resulta indispensable la intervención de los poderes públicos,

48.

reconoce el valor añadido que podría aportar una política europea de inclusión digital (coordinación, cooperación, foro, asociación, ofertas de financiación). El CDR cree que es importante incrementar la transparencia en este ámbito y aumentar la responsabilidad social,

49.

apoya un intercambio de información amplio y continuado, así como la transmisión de mejores prácticas y la puesta en común de experiencias entre las partes interesadas. También respalda que se informe a la opinión pública y se mantenga una cooperación activa a escala local y regional entre el sector de las TIC, las autoridades públicas, los proveedores de servicios públicos y privados y las organizaciones de usuarios finales, para garantizar la mayor eficacia posible,

50.

además, considera esencial crear una red de regiones a escala europea que permita aumentar y mejorar las posibilidades que se ofrecen a las regiones de participar en los proyectos de cooperación.

51.

destaca que con ello se conseguiría una triple ventaja: sería positiva tanto para el sector de las TIC como para los usuarios y la sociedad en conjunto,

52.

recomienda a la Comisión Europea apoyar la concepción y utilización de indicadores que muestren y evalúen la difusión y el uso de las TIC en las regiones, de forma que sea posible extraer continuamente conclusiones útiles e indispensables para la adopción de medidas con vistas a la convergencia económica, social y tecnológica de las regiones.

5.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 172/17

—

pide que se lleve a cabo una acción coordinada para abordar eficazmente los problemas de congestión y contaminación que afrontan todas las ciudades europeas, basada en un enfoque integrado de los problemas y en la que la UE tiene un importante papel que desempeñar, a la vez que las entidades territoriales son dueñas de aportar soluciones concretas;

—

solicita a la UE que anime a las entidades territoriales a desarrollar programas de movilidad a largo plazo basados en la asociación entre las ciudades y sus conurbaciones, con el fin de encontrar soluciones adaptadas a escala local (aparcamientos a la entrada de las ciudades, desarrollo de modos de transporte más limpios, optimización de los transportes públicos, etc.). En estos planes de movilidad deben integrarse las «zonas limpias» (es decir, zonas con niveles bajos de contaminación y congestión), y debe darse prioridad a las inversiones en apoyo de estas zonas;

—

consciente de la importancia de los recursos financieros que se necesitan, propone que los planes de movilidad sean respaldados por sólidas alianzas, que integren en particular al sector privado, y pide a la UE, en colaboración con el BEI, que desarrolle instrumentos financieros innovadores con capacidad para financiar las infraestructuras necesarias y las tecnologías más limpias;

—

pide que se establezca un mecanismo de información a nivel comunitario para dar cuenta de los progresos realizados. Este procedimiento debería iniciarse con un estudio comparativo financiado por la UE en el que se examine la situación de las ciudades de la UE y los planteamientos que aplican para afrontar estos retos.

Ponente

:

Sr. BORE, Miembro del Consejo municipal de Birmingham (UK/PSE)

1.

acoge con satisfacción el compromiso de la UE de seguir trabajando para reforzar la competitividad de la economía europea y de hacer frente al cambio climático y la sostenibilidad. Estas cuestiones clave, según quedan formuladas en la Agenda de Lisboa, el Acuerdo de Gotemburgo y el Plan de acción sobre el cambio climático, son cruciales para el futuro de la Unión. Entre las prioridades políticas del CDR se reconoce la importancia vital de la competitividad para el crecimiento económico, en particular de los centros urbanos, así como su contribución a la cohesión territorial, tal como se recoge en los objetivos de Lisboa;

2.

señala que el reparto de competencias entre los niveles local, regional y local varía de un Estado miembro a otro. Es importante que las medidas que la Comisión establezca en su Plan de Acción no impongan determinadas soluciones organizativas;

3.

subraya que las ciudades afrontan estos problemas de crecimiento y de medio ambiente a diario. No obstante, los problemas medioambientales irán en aumento y obstaculizarán el crecimiento. Las ciudades y las áreas urbanas disponen del potencial necesario para aumentar la competitividad y afrontar el cambio climático. Para ello es preciso que las ciudades y las grandes áreas urbanas adopten medidas que mejoren la accesibilidad y solucionen los problemas medioambientales, ya que la calidad de vida estará cada vez más vinculada al crecimiento económico. La oportunidad de disociar en buena medida el crecimiento del impacto negativo del cambio climático puede materializarse, sobre todo, en las ciudades, ya que es ante todo en las zonas urbanas de gran densidad donde se hacen rápidamente viables los modos de transporte alternativos;

4.

pide que se lleve a cabo una acción coordinada para abordar eficazmente los grandes problemas del transporte derivados de la congestión y los problemas medioambientales que afectan a las ciudades, para conseguir eliminar el carbono del transporte por carretera antes de 2050. Ha habido ciudades concretas en donde las medidas han tenido éxito. Se necesita una estrategia más amplia, en el respeto de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad;

5.

reconoce el papel fundamental que los entes locales y regionales desempeñan en la planificación y ejecución de la política de transporte urbano y coincide con la Comisión en que, para replantear la movilidad urbana, es preciso organizar la comodalidad entre todos los medios de transporte públicos y privados, buscando la transición hacia modos de transporte que respeten el medio ambiente;

6.

pide a la UE que desarrolle una política integrada en el ámbito del medio ambiente, la ordenación del territorio y la movilidad, en la que ocupen un lugar central las siguientes acciones realizadas a escala comunitaria:

7.

pide a la UE que anime a las regiones, y especialmente a las ciudades, a hacer frente a los problemas mediante planes integrales de movilidad a largo plazo con el fin de solucionar los problemas de congestión y atenuar el cambio climático, desarrollando métodos alternativos de transporte y ofreciendo diversas opciones a los viajeros con objeto de reequilibrar las modalidades de transporte hacia modos más sostenibles. En estos planes deben fomentarse las «zonas limpias», es decir, zonas de reciente creación, con niveles bajos de contaminación y congestión (a diferencia de las zonas verdes, que son áreas sólo con bajos niveles de contaminación), mediante la concesión de un estatuto de «zona limpia», y debe darse prioridad a las inversiones en apoyo de estas zonas;

8.

reconoce que el acceso a la cuantiosa financiación necesaria para la creación de estas zonas limpias puede resultar complejo para algunos Estados miembros. El papel que corresponde a la UE, en estrecha cooperación con el Banco Europeo de Inversiones, es desarrollar instrumentos financieros innovadores capaces de financiar las necesarias infraestructuras de movilidad sostenible y la inversión en vehículos con bajas emisiones de carbono. Ello podría presentarse como ampliación del programa CIVITAS o, una vez concluido éste en 2009, incorporarse al programa financiado por la UE que lo sustituya;

9.

pide que se establezca un mecanismo a nivel comunitario para informar de los progresos realizados en el ámbito del transporte urbano, así como de los procedimientos probados, que podrían servir de ejemplo a los demás. Este procedimiento debería iniciarse con un estudio comparativo financiado por la UE en el que se examinen distintas ciudades de la UE y sus planteamientos con respecto a la reducción de la congestión, las mejoras medioambientales y el fomento de modos más sostenibles de transporte. En el informe intermedio anual sobre los objetivos de Lisboa destinado a los Consejos anuales de primavera debería establecerse un calendario para este mecanismo de información;

10.

recomienda que la Comisión establezca directrices –en forma de normas comunes– en relación con las metodologías para el cálculo de los costes y beneficios integrales de los modos de transporte (incluidas externalidades como la congestión, los daños ambientales, la integración social y los efectos en el empleo y la viabilidad social de los centros urbanos) como base para promover la comodalidad; y recomienda también establecer, para los vehículos, normas ecológicas que tengan en cuenta al consumidor y que reflejen los costes ambientales durante toda la vida útil del vehículo;

11.

exhorta a la Comisión a que apoye y premie la creación de redes de buenas prácticas (a las que el CDR debería estar asociado) para ampliar su difusión a ámbitos como los «paquetes multielementos» (multi-element packages), que proporcionan alternativas a la adquisición de vehículos y su uso frecuente, y para desarrollar iniciativas como las «Ciudades de demostración» (Demonstration Cities), que ofrecen mecanismos innovadores de fijación de precios y la creación de «zonas limpias»;

12.

anima a la Comisión a capitalizar los logros obtenidos con sistemas de premios en los que se reconoce la necesidad de financiar proyectos de demostración de las experiencias adquiridas, utilizando los premios como una herramienta de comercialización para las regiones urbanas beneficiarias y como objetivo para que otras regiones urbanas aspiren a ellos;

13.

invita a la UE a que muestre a Europa y al resto del mundo, mediante buenas prácticas y a través de las «Ciudades ejemplares», de qué modo actúa para buscar y aplicar soluciones innovadoras y audaces a nuestros problemas actuales y las posibilidades que se nos ofrecen y pide que las regiones urbanas elaboren planes voluntarios sobre la movilidad en el plazo de los próximos veinte años como mínimo. Estos planes cubrirían las necesidades de financiación, las nuevas tecnologías a explorar y experimentar, las infraestructuras requeridas, métodos innovadores de contratación para estimular la innovación, etc. Con un enfoque basado en la planificación para todas las ciudades de la UE, y con las iniciativas de «Ciudades ejemplares» y «Ciudades de demostración» dentro de un programa CIVITAS ampliado de manera significativa o quizá de un nuevo programa, la UE podría mostrar, en Europa y a nivel mundial, de qué modo está buscando y poniendo en práctica soluciones innovadoras y audaces a los problemas y oportunidades que tenemos hoy ante nosotros;

14.

insta a los entes de todos los niveles de gobierno y administración a que fomenten medidas para promover la contratación pública conjunta (pública-pública o pública-privada) para impulsar las zonas limpias (siempre que este tipo de contratación pública no sea contrario al interés público general). La contratación pública conjunta puede crear un mercado para los fabricantes que invierten en nuevas tecnologías y puede estimular la innovación. La UE podría respaldar esta acción fomentando las redes de buenas prácticas –en materia de contratación ecológica y de fomento de la innovación en el sector de las tecnologías del transporte–, buenas prácticas procedentes de regiones y localidades que se dedican activamente a la producción, investigación y financiación de avances en las tecnologías del transporte. Estas dos acciones estimularían tanto la demanda como la oferta de nuevas tecnologías en beneficio de las ciudades;

15.

subraya que es necesario comprender mejor el papel del sector privado en la futura oferta de modos alternativos de transporte y en la disociación entre mejor accesibilidad y aumento del kilometraje de los vehículos, y que, por lo tanto, como parte del estudio de evaluación comparativa a escala comunitaria mencionado anteriormente, debe examinarse, entre otras cosas, qué papel desempeñan las finanzas y las empresas privadas en la actual búsqueda de soluciones innovadoras y qué incentivos pueden ofrecerse para maximizar su eficacia;

16.

destaca la oportunidad del Libro Verde, ya que harán falta recursos adicionales a todos los niveles para hacer frente a los problemas. La UE dedica ya recursos significativos a la movilidad y al transporte a través de las RTE-T, así como también recursos importantes en las zonas urbanas a través de las «regiones de convergencia» en el marco de los Fondos Estructurales. Las ciudades son elementos esenciales e indisociables de las redes de transporte, ya que constituyen puntos de enlace de los distintos modos de transporte y, de manera general, marcan la salida y la llegada. Por este motivo, conviene prestar a los transportes urbanos la misma atención que a las redes de transporte. Es necesario tener una visión a más largo plazo y respetar los planes a largo plazo. Las ciudades y regiones no deberían esperar a que los problemas se manifiesten plenamente, sino adoptar una actitud proactiva. Por tanto, a la hora de repartir recursos en todos los niveles, no sólo convendría pensar en la resolución de los problemas actuales, sino que también se deberían asignar fondos suplementarios a las ciudades y regiones que traten de resolver futuros problemas en fases tempranas;

17.

subraya la importancia de fomentar medidas urbanas de movilidad conforme a los nuevos programas operativos destinados a las regiones de convergencia. Allí donde existan programas de este tipo, las ciudades y las regiones beneficiarias tendrán que demostrar que las medidas adoptadas por ellas y financiadas por la UE intentan abordar las cuestiones clave.

18.

La UE podría combinar un etiquetado similar al sistema de 'bandera azul' de la UE –basado en indicadores específicos– con la introducción de un «plan de zonas limpias», es decir, zonas con niveles bajos de contaminación y congestión; podrían financiarse proyectos en las «ciudades de demostración», con la cobertura de una amplia gama de poblaciones y patrimonios históricos, todo ello enlazando posiblemente con la intención de ampliar CIVITAS a otras medidas de más amplio alcance (véase la pregunta 21).

19.

Se podría presentar un informe anual sobre la aplicación de buenas prácticas como complemento del informe anual sobre los avances conseguidos en la realización de los objetivos en materia de política urbana que se presenta anualmente en el Consejo Europeo de primavera.

20.

La única posibilidad de fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta como auténticas alternativas al uso del automóvil reside en la construcción y mejora generalizada de redes peatonales y para bicicletas de alta calidad y sin barreras, bajo la responsabilidad de los entes locales, para fomentar que se utilice ésta como medio de transporte en mayor medida de lo que es utilizada hoy en la UE. Esto puede hacerse, sobre todo, haciendo realidad el concepto de «ciudad compacta». Una planificación funcional de las zonas de nueva construcción puede contribuir a reducir las distancias de los desplazamientos a pie y en bicicleta. El desarrollo de «zonas limpias» urbanas, junto con medidas estrictas para paliar la congestión y la contaminación atmosférica, mejoraría perceptiblemente el medio ambiente para poder circular a pie y en bicicleta. Hay muchos ejemplos ya existentes de buenas prácticas por lo que se refiere a campañas de promoción en escuelas y comunidades, y la UE puede desempeñar un papel importante apoyando las redes profesionales, difundiendo ejemplos de buenas prácticas y dando publicidad a las iniciativas que han tenido éxito. Europa debería aprovechar el éxito del programa TAPESTRY (1).

21.

Conseguir el cambio modal requiere un planteamiento integrado con el fin de mejorar la experiencia de los viajes realizados con modos sostenibles, haciéndolos más atractivos, y a la vez haciendo menos atractivos los modos de transporte no sostenibles. Este planteamiento integrado también debería seguirse en la programación de medidas en el contexto de los planes de acción para luchar contra la contaminación atmosférica y las emisiones sonoras y en los planes (de desarrollo) del transporte. En las próximas revisiones de las directivas comunitarias en esta materia debería incluirse la subsidiariedad y tomarse adecuadamente en consideración el planteamiento integrado de la ordenación. Así se crea seguridad jurídica para los municipios que siguen estos planteamientos de ordenación integrados. Una aplicación indiscriminada del Derecho comunitario, en particular en el ámbito de las ayudas estatales y la contratación pública, suele surtir efectos no deseados e imprevisibles. La manera de prestar los servicios de transporte –adjudicación o prestación propia por un ente territorial– también deberá poder seguir decidiéndose en el futuro en el nivel regional y local.

22.

El Comité respalda las sugerencias que se recogen en el Libro Verde de seguir fijando objetivos cada vez más exigentes mediante normas cada vez más estrictas para las emisiones, fomentando el establecimiento generalizado de zonas ecológicas urbanas con normas comunes. También cabría establecer objetivos a escala europea, tal vez vinculados a reducciones fiscales en función de la proporción de contratación pública que responda a la «calificación ecológica» establecida. Existe igualmente la posibilidad de fomentar el compromiso de las grandes entidades del sector privado de contratar con arreglo a normas ecológicas, para lo cual se utilizarían las distintas redes empresariales de la UE.

23.

La fijación, no de simples orientaciones, sino de directrices por parte de la UE sobre la definición de zonas ecológicas contribuiría significativamente a la claridad y la coherencia, especialmente para establecer categorías de vehículos reconocidas a nivel general, basadas en el consumo de energía y en una gradación de las emisiones. Sería necesario crear un sitio Internet de ámbito europeo que recabara datos de las ciudades de la UE en un formato estándar, así como diseñar paneles de información con información específica de las zonas urbanas afectadas. Un distintivo único en los vehículos para regular el acceso a las zonas ecológicas en función de los contaminantes emitidos sería útil tanto para los conductores como para la aplicación de estas medidas en las ciudades, siempre y cuando las características de este distintivo fueran las mismas para los vehículos de toda Europa.

24.

Se necesitan directrices europeas en cuestiones del código de circulación en favor del medio ambiente y de los usuarios más vulnerables. Debería animarse a los Estados miembros a incorporar tales directrices a sus respectivos códigos nacionales de circulación, pues así se garantizaría una mayor claridad y uniformidad en toda la Unión.

25.

Muchas ciudades y regiones están desarrollando en la actualidad su propia zonificación medioambiental, empleando a tal fin sus propias señales de tráfico. Para evitar confusiones entre los transportistas internacionales y los turistas, la UE debería desarrollar una señalización uniforme. Los entes locales y regionales conservan la mayor libertad posible en lo que respecta a la introducción de la zonificación medioambiental.

26.

Una aplicación transfronteriza de las normas locales ya es posible (Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias).

27.

El CDR critica que la Comisión Europea presentase el pasado diciembre, sin esperar los resultados de la consulta, una propuesta totalmente revisada relativa a la promoción de vehículos limpios y energéticamente eficientes de transporte por carretera (COM(2007) 817 final).

28.

Podrían conseguirse más beneficios del Programa STEER (2) vinculándolo a las nuevas normas ecológicas europeas, basadas en el principio de los costes sociales durante la vida útil que se expone en el Libro Verde. A nivel de la UE, podríamos promover el trabajo en colaboración con los proveedores, dando a conocer el concepto de costes durante la vida útil a través de las redes de proveedores, promoviendo normas comunes y su aceptación, además de trasladar la investigación pertinente a unos productos innovadores y viables desde el punto de vista comercial.

29.

Podría fomentarse el valor social y financiero de la conducción ecológica, incluyéndolo en las clases de conducir. De lo que se trata es de cambiar los comportamientos y hábitos de conducción. Estas competencias podrían incorporarse a los exámenes de conducir nacionales, mediante la determinación de normas de buena conducción y prudencia. La UE podría desempeñar un papel importante difundiendo buenas prácticas en materia de campañas de publicidad y de uso de técnicas de comercialización, en consonancia con el éxito de la iniciativa comunitaria TAPESTRY. Otra medida que podría incentivar la conducción ecológica consistiría en fomentar la instalación de dispositivos integrados en los automóviles para controlar el consumo de carburante.

30.

Mejorar los servicios informativos al viajero tanto antes como durante los viajes puede contribuir significativamente a la sostenibilidad. Las ciudades europeas cuentan ya con muchos ejemplos de buenas prácticas. Dentro de la UE se puede desempeñar un papel importante en el fomento de la expansión y la compatibilidad mutua de los sistemas ya existentes a través del establecimiento de sistemas y símbolos comunes. También se puede desempeñar un papel importante fomentando sistemas ejemplares. En este sentido es fundamental el sistema de navegación por satélite Galileo.

31.

Es necesario desarrollar y mejorar los servicios de información a los usuarios de los transportes públicos. Si la información en tiempo real y los avisos de problemas en las redes estuvieran disponibles a través de Internet y el teléfono móvil, adaptados a las necesidades de cada usuario, se aumentaría significativamente el atractivo y la competitividad del transporte público respecto de otros medios de transporte menos sostenibles. El sistema Galileo va a desempeñar un papel importante para impulsar nuevos servicios de información. Por este motivo, es importante que la UE se encargue de que el sistema se desarrolle lo antes posible.

32.

Conviene respaldar con prioridad los proyectos destinados a crear servicios de información que refuercen el efecto de red de las redes de transporte público; se trata de sistemas de información que proporcionan datos detallados sobre las correspondencias y la situación en toda la red integrada, formada por el sistema de transportes de una aglomeración urbana e incluso a mayor escala (nivel regional, cantonal o estatal).

33.

Las acciones llevadas a cabo hasta ahora para asegurar la interoperatividad han sido útiles en el establecimiento de normas técnicas, y actualmente la UE puede desempeñar un papel importante en este campo. Se podrían tomar más medidas para fomentar enfoques comunes por grupos de ciudades y entre Estados miembros, por ejemplo, con sistemas de supervisión e información en línea para evitar congestiones de tráfico graves.

34.

En particular, y no sólo con fines de información de los usuarios, deberán desarrollarse en la mayor medida posible sistemas homogéneos a nivel europeo como, por ejemplo, sistemas de control in bact  (3) con fines estadísticos en materia de transporte y planificación.

35.

La UE debería fomentar el desarrollo de equipamientos e infraestructuras regidos por normas comunes, respaldados por la investigación y el desarrollo con el objetivo de mejorar continuamente la calidad del servicio. La respuesta de la demanda podría fomentarse vinculando la financiación pública a un grado superior de satisfacción de los usuarios.

36.

A este respecto también sería útil adoptar medidas que reflejen los costes directos e indirectos, porque se pondrían en la balanza los factores que intervienen a la hora de decidir qué modo de transporte escoger.

37.

Consideramos que deben fomentarse los carriles reservados al transporte colectivo en conjunción con los SIT. La UE puede desempeñar un papel importante en respaldar los proyectos destinados a crear carriles restringidos que puedan acoger líneas de autobús, trolebús o tranvías que circulen en vías reservadas, ya sea en una estructura independiente o en un corredor compartido con las vías peatonales y los carriles bici, y a desarrollar señales y denominaciones comunes. Los carriles reservados al transporte público pueden ser un buen método para mejorar la circulación de estos medios de transporte. Si paralelamente se reduce el número de carriles para los automóviles, ello puede disminuir el tráfico, al mismo tiempo que la circulación de los automóviles restantes empeora. A veces puede ser difícil hacer que se acepten este tipo de medidas y ponerlas en práctica. En este contexto, la UE y el nivel nacional pueden ayudar a las entidades locales mediante campañas de información y acciones que fomenten un cambio de actitud. También es posible desarrollar servicios de uso compartido de vehículos privados a través de Internet y modelos que permitan a los vehículos privados en los que viajen al menos tres personas utilizar los carriles reservados al transporte público durante determinados periodos del día.

38.

El Comité apoyaría una ampliación de la Carta de los derechos fundamentales de la UE a los derechos y obligaciones de los pasajeros de medios de transporte colectivos con el objetivo de mejorar la accesibilidad, en especial para las personas con problemas de movilidad.

39.

Podría incentivarse la integración a través de criterios de financiación de proyectos de investigación y demostración, en particular proyectos relativos a la adopción de vehículos con eficiencia energética y respetuosos con el medio ambiente, adaptados al entorno urbano. Cabría tomar en consideración la posibilidad de fijar criterios específicos de reducción de las emisiones urbanas, vinculados a los sistemas de etiquetado a los que se hace referencia en el punto 18 (pregunta 1).

40.

El Comité apoya el uso de planes de movilidad voluntarios que integren conurbaciones metropolitanas más amplias. Es importante garantizar la adopción de medidas adecuadas para desviar el tráfico pesado del centro de las ciudades. No hay una única solución óptima, pero las conurbaciones deberían desarrollar soluciones locales orientadas a conseguir los resultados prescritos e incentivados por la UE. Estos planes constituirían la base de los acuerdos contractuales de movilidad entre las principales partes interesadas.

41.

El CDR considera que, para descongestionar los accesos a las grandes ciudades, se deben desarrollar, en coordinación con los ayuntamientos de los municipios de la periferia y, en su caso, con las autoridades metropolitanas del transporte, grandes intercambiadores en las entradas a las ciudades, en los que haya una suficiente disponibilidad de plazas de aparcamiento –aparcamientos disuasorios–, de modo que los ciudadanos que viajan en coche a la ciudad puedan aparcar allí sus vehículos y utilicen posteriormente el transporte público, sin pérdidas de tiempo relevantes. Asimismo, considera razonable fomentar la creación de sistemas integrados de transporte, junto al establecimiento de mecanismos de cooperación interadministrativa de naturaleza consorcial o similar para su gestión, que respeten los límites naturales de las aglomeraciones urbanas y los desplazamientos de sus habitantes.

42.

Es necesario que la ordenación del territorio a todas sus escalas, supramunicipal y municipal, y la planificación de la movilidad se realicen en paralelo y de manera coordinada, a fin de optimizar los dos ámbitos de acción desde los puntos de vista medioambiental, energético y funcional, dado que están estrechamente interrelacionados.

43.

Los peatones y los ciclistas son particularmente vulnerables en las zonas urbanas, por lo que es imperativo efectuar mejoras permanentes de la seguridad vial si se quieren fomentar estos modos de transporte. Entre las nuevas medidas cabría incluir el fomento de proyectos de demostración que muestren maneras innovadoras de dar prioridad a los peatones y los ciclistas sobre el transporte motorizado, y fomentar la rápida adopción de tecnologías que mejoren la seguridad. Se debe animar a los municipios a cooperar de manera voluntaria con el sector privado a fin de solucionar los problemas mencionados. A este respecto, las buenas prácticas ya ofrecen numerosos ejemplos de solución.

44.

El CDR considera que los proyectos de demostración bien promocionados son el mejor mecanismo para transmitir el potencial de estos avances tecnológicos. Es encomiable la labor que realiza el Observatorio Europeo de la Seguridad Vial al publicar los nuevos avances en este campo, y cabe señalar los ejemplos existentes de buenas prácticas en las regiones europeas.

45.

La UE debería promover el desarrollo de nuevas tecnologías. La UE puede desempeñar un papel valioso promoviendo más ensayos en toda Europa que sirvan para conocer mejor los costes y beneficios que conllevan.

46.

El CDR cree que sería un modelo muy útil a seguir, dado el éxito de Europa en la disminución de los índices de accidentes. Sólo se debería respaldar la creación de un Observatorio Europeo de la Movilidad Urbana si se demuestra que tiene un auténtico valor añadido. También cree que el modelo de objetivos en cascada ligados a la financiación ha contribuido significativamente a los avances realizados en la reducción de los accidentes. Un Observatorio Europeo de la Movilidad Urbana podría ayudar a promover las buenas prácticas. También podría otorgar el estatus de «zona limpia» y preparar un mecanismo de información anual de la UE vinculado a los Consejos de primavera.

47.

Se están destinando ya bastantes recursos a acciones de movilidad a través de diversos programas, en especial el programa RTE-T, en los Fondos Estructurales, dentro de los programas para las «regiones de convergencia» y a través de CIVITAS. Obviamente, puesto que en las «regiones de convergencia» los recursos de la UE se utilizan en un contexto urbano, sería de esperar que respondieran a los objetivos del Libro Verde. Las acciones financiadas por los programas de convergencia deberían tratar de establecer un enfoque equilibrado de la modalidad, en función de su correspondiente contribución a la contaminación y a la eficiencia climática. Estos recursos para la convergencia y los que corresponden a otros programas no son suficientes para estimular ese cambio radical necesario en toda Europa. Por otra parte, estos fondos no están concentrados, por lo general, en las zonas verdaderamente necesitadas, que son esas amplias zonas urbanas sometidas a la presión del crecimiento en las que la competitividad se ve estorbada por cuestiones medioambientales. El Libro Verde ilustra la necesidad de actuar. La UE podría desempeñar un papel en un enfoque «CIVITAS-PLUS-PLUS» notablemente ampliado o en un programa totalmente nuevo. Cualquiera de ellos debería centrarse en estimular la consecución de este cambio radical. Estos fondos deberían apoyar el desarrollo y la financiación de «zonas limpias» y a establecer un enfoque más equilibrado de la modalidad, tal y como se indica en el presente dictamen. También serviría para conseguir fondos del sector privado y de programas nacionales.

48.

Las cuestiones clave son los sistemas para gestionar y controlar el tráfico, en conjunción con el desarrollo de zonas residenciales junto con vías estratégicas de transporte público. Es necesario, sobre todo, elaborar una concepción del desarrollo urbano que se integre y se armonice con el sistema de las infraestructuras de comunicación y otros sistemas de infraestructuras, para no tener que adaptarse a ellos posteriormente. El principal resultado de este enfoque será la obtención de un umbral crítico de demanda para la creación y gestión de transportes colectivos.

49.

La tarificación urbana podría ser una herramienta abierta a las autoridades municipales. Sería útil que la UE fomentara el desarrollo de modelos de buenas prácticas y el aprendizaje de los sistemas ya establecidos. También sería beneficioso crear una normativa general o directrices. La normalización sería deseable pero difícil de lograr. Para permitir a los entes locales y regionales solucionar los problemas relacionados con la congestión y el medio ambiente, es preciso que dispongan de instrumentos eficaces; en este sentido, las tasas de congestión son una herramienta de gran eficacia. Por consiguiente, es importante que los entes locales y regionales puedan decidir por sí mismos la adopción de estas tasas y el uso que se hace de los correspondientes ingresos. Sin embargo, los entes locales y regionales de numerosos Estados miembros donde estas cuestiones se deciden a nivel nacional no cuentan con instrumentos de este tipo. Sería conveniente que la UE contribuyera a desarrollar modelos de mejores prácticas y ayudara a extraer lecciones de los modelos ya existentes. Asimismo, el CDR considera que la Comisión debe desempeñar un importante papel a la hora de informar e influir en los comportamientos, al objeto de facilitar a los responsables políticos locales y regionales la adopción de las tasas de congestión.

50.

El apoyo específico podía dar lugar a un rendimiento mejorado con el fin de alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de carbono, al presentar más amplia y rápidamente las aplicaciones de nuevas tecnologías y al difundir y adquirir las mejores prácticas. A su vez, esto podría hacer que la UE redujera el coste económico de la congestión del tráfico y le proporcionaría un liderazgo en el mercado mundial de tecnologías y metodologías de desarrollo sostenible, así como en la tarea de conciliar el crecimiento económico con el transporte urbano sostenible.

51.

La UE podría generar más valor añadido utilizando los acuerdos de movilidad para facilitar el establecimiento de sólidas alianzas entre las partes interesadas, capaces de soportar el riesgo asociado a los cuantiosos préstamos comerciales necesarios para realizar una infraestructura de transporte sostenible a gran escala. Será precisa una estrecha colaboración con el BEI para lograr este resultado.

5.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 172/24

—

subraya que los entes locales y regionales serán los primeros que ejecuten la legislación europea relativa al sistema europeo común de asilo y estima que un procedimiento común de asilo en el que cada Estado miembro asuma solidariamente su responsabilidad facilitará la labor de los entes locales y regionales;

—

recomienda, en caso necesario, que se instaure a escala nacional un mecanismo de concertación entre las instituciones centrales, regionales y locales que permita aplicar una gobernanza integrada a distintos niveles;

—

recomienda la elaboración de un reglamento europeo que regule las siguientes cuestiones: el mutuo reconocimiento de la protección concedida, los procedimientos para la transferencia y la uniformidad de los estatutos de refugiado y de titular de protección subsidiaria;

—

considera que hacer extensivos los contenidos de la Directiva 2003/109/CE a quienes gozan de una modalidad de protección internacional constituye un paso fundamental para evitar el riesgo de discriminación y supone un instrumento que forma parte del propio proceso comunitario de armonización en materia de asilo;

—

recomienda que, con una amplia participación de los entes locales, se elaboren directrices comunes para llevar a cabo acciones que faciliten a los solicitantes de asilo y a los refugiados el acceso a los servicios sociales y sanitarios, así como a la vivienda, contemplando medidas para desarrollar programas de participación en las comunidades locales; que se establezcan normas concretas y eficaces para el reconocimiento de los títulos educativos, la recualificación profesional y la certificación de las competencias, y que se destinen recursos económicos para apoyar el trabajo de los refugiados o el desarrollo de sus capacidades de gestión;

—

considera que el fomento de una integración acertada de los refugiados requiere que se sientan partícipes de la vida del barrio, ciudad y país de la Unión Europea en el que residan. La participación en la vida política de los territorios, comenzando por el derecho electoral –activo y pasivo– a nivel local, tiene, además de un valor simbólico, otro valor concreto muy fuerte;

—

recomienda la programación de líneas de financiación y medidas para reforzar las competencias de los agentes nacionales y locales, con especial atención a los aspectos psicosociales y la aparición y gestión de las situaciones de vulnerabilidad.

Ponente

:

Sr. SANTARELLA (IT/UEN-AE), Alcalde de Candela

1.

subraya que los entes locales y regionales serán los primeros que ejecuten la legislación europea relativa al sistema europeo común de asilo. Las distintas unidades territoriales acogen cada día flujos mixtos de inmigrantes, entre los que figuran solicitantes de asilo, y es frecuente que se vean obligadas a proporcionar asistencia médica y psicológica a personas que han sufrido abusos físicos y mentales, incluida la tortura. Estos servicios, que ni los entes locales y regionales ni sus agencias prestan siempre de manera regular, hacen necesario un apoyo extraordinario para poner en marcha las competencias y estructuras adecuadas;

2.

estima que un procedimiento común de asilo en el que cada Estado miembro asuma solidariamente su responsabilidad facilitará la labor de los entes locales y regionales. En la actualidad, los entes locales y regionales de algunos países asumen una responsabilidad desproporcionada como consecuencia, entre otros aspectos, de la inexistencia de un sistema común de asilo;

3.

llama la atención sobre el hecho de que, sin proyectos de acogida e integración ni un empleo estable, también los solicitantes de asilo reconocidos como tales pueden terminar en las redes de explotación y delincuencia, creando una posible fuente de perturbaciones por lo que respecta a la seguridad y la cohesión social. El riesgo y la tendencia a caer en la explotación y la delincuencia pueden reducirse si se permite trabajar de forma remunerada durante el período de solicitud de asilo;

4.

recomienda la creación en todos los Estados miembros de un sistema de redes de entes locales que garantice intervenciones de cohesión social para integrar de manera consciente a los refugiados, por medio de proyectos locales fomentados por los propios entes locales. En aquellos Estados miembros donde ya se han experimentado estas redes de servicios con la cooperación de comisiones territoriales, se ha logrado acortar los plazos de tramitación de las solicitudes de asilo y se han mejorado las condiciones de vida de los solicitantes, favoreciendo su integración en las comunidades locales de acogida, con las consiguientes ventajas desde el punto de vista de la seguridad y la calidad de vida;

5.

propone, por lo tanto, que los distintos recursos –europeos, nacionales, regionales y locales– sean complementarios y sirvan para dotar de contenido adecuado a estas redes de servicios en todos los Estados miembros, al objeto de responder a los problemas de integración que plantean los solicitantes de asilo y los refugiados;

6.

recomienda, en caso necesario, que se instaure a escala nacional un mecanismo de concertación entre las instituciones centrales, regionales y locales que permita aplicar una gobernanza integrada a distintos niveles;

7.

sugiere que la participación en el sistema de redes tenga carácter voluntario y considera conveniente la existencia de marcos de asociación para que los distintos agentes institucionales, públicos y privados de ámbito local compartan las decisiones y las responsabilidades, permitiendo así una programación de las intervenciones en materia de acogida e integración que aproveche las posibilidades con que cuenta cada territorio. Este tipo de asociaciones puede impulsar los conocimientos y, por lo tanto, el compromiso consciente de interlocutores que, hasta el momento, han permanecido al margen de las cuestiones de asilo o que se muestran dubitativos a la hora de asumir sus responsabilidades a este respecto;

8.

destaca que un sistema de estas características puede llevar a las instituciones, las empresas, los sindicatos, las asociaciones del sector de servicios, los centros de formación, las universidades y, obviamente, los entes locales y regionales a asumir su función en este sistema, algo que permitirá imprimir una mayor notoriedad a esta cuestión en el conjunto de la sociedad y que posibilitará que cada agente desempeñe su propio papel, contribuyendo de manera natural a atenuar o eliminar las posibles tensiones.

9.

considera que la aplicación del procedimiento de reconocimiento de la protección internacional plantea a la Unión Europea dos exigencias distintas que no pueden gestionarse de manera contrapuesta:

10.

propone que los procedimientos de identificación y admisión en el territorio y de acceso al procedimiento de asilo se armonicen a nivel de la Unión Europea;

11.

solicita que se planifiquen y experimenten procedimientos comunes para la identificación de los inmigrantes, que puedan aplicarse en un determinado plazo con medidas concretas que respeten los derechos humanos fundamentales y la dignidad de las personas;

12.

considera fundamental, en la medida en que afecta al procedimiento de examen de las solicitudes de protección internacional, que se establezcan unos instrumentos comunes que puedan garantizar una uniformidad de evaluación en cada Estado miembro permitiendo una aplicación operativa de las disposiciones previstas en las directivas europeas y, en particular, en la Directiva 2005/85/CE;

13.

propone, además, que se organicen regularmente actividades de formación, actualización y control, así como encuentros, intercambios y puestas en común entre los órganos responsables de examinar las solicitudes de protección internacional;

14.

recomienda la puesta en marcha de un programa de formación y actualización a escala europea, destinado a los guardas fronterizos o a los cuerpos de policía fronteriza;

15.

recomienda proponer y fomentar la introducción en los pasos fronterizos –aeroportuarios, marítimos y terrestres– y en las zonas de entrada, de servicios de asistencia y orientación para aquellos ciudadanos extranjeros que soliciten protección internacional.

16.

considera que, por lo que respecta a la detención de los solicitantes de asilo, conviene reafirmar que éstos no pueden ser retenidos por el mero hecho de que su instancia esté siendo objeto de examen. En caso necesario, las restricciones previstas a su libertad de circulación han de limitarse a la duración de los procedimientos de identificación, que deberán someterse a una mayor labor de armonización;

17.

solicita que la Unión Europea se dote de una carta que determine las condiciones de aquellos solicitantes de protección internacional que vean limitada su libertad de circulación;

18.

considera que los movimientos secundarios dentro de la Unión Europea vienen determinados por la diferente situación económica de los Estados miembros y por el enfoque que predomina en cada caso respecto a los solicitantes de asilo;

19.

considera, por lo tanto, necesario que se elabore un estudio donde se recojan las experiencias que se han llevado a cabo en todos los Estados miembros en los últimos años, especialmente en materia de integración en el trabajo, la vivienda y la sociedad;

20.

se propone adjuntar al presente dictamen un anexo con las mejores prácticas que se han llevado a cabo en estos ámbitos, en colaboración con los entes locales y regionales europeos;

21.

recomienda, en relación con los servicios implantados por los entes locales y regionales, que se supere el concepto de «asistencia material» en favor del de «acogida integrada» (que proporciona servicios de asistencia y orientación al individuo y facilita procesos de integración socioeconómica).

22.

recuerda que el concepto de protección internacional se encuentra aún muy vinculado a la estrecha definición de refugiado establecida en el artículo 1 de la Convención de Ginebra, aun cuando desde 1951 se han venido registrando profundos cambios tanto en el contexto internacional como por lo que respecta al perfil de los solicitantes de protección, que, cada vez en mayor número, no huyen ya de persecuciones individuales, sino de un contexto de violencia generalizada y de conflicto armado. Además, las condiciones medioambientales y de vida son cada vez más importantes a este respecto;

23.

a la luz de todo ello, estima que es necesario compartir sin ambages las disposiciones recogidas en la Directiva 2004/83/CE, donde se perfila y uniformiza la protección subsidiaria que se debe reconocer a todos aquellos que no se ajusten a la definición de refugiado establecida por la Convención de Ginebra. Esta protección debe considerarse complementaria al estatus de refugiado, y no subalterna a él, ni inferior o de segundo nivel;

24.

así pues, aprecia el esfuerzo realizado por la Comisión Europea para esbozar la condición del titular de protección subsidiaria, integrando y ampliando lo establecido en la propia Convención de Ginebra;

25.

subraya que esta lectura de los instrumentos comunitarios permite concebir dos modalidades de protección internacional (de refugiado y subsidiaria) para ampliar la casuística de los destinatarios de la misma protección;

26.

insiste en que todos los demás países de la Unión Europea han de proceder al mutuo reconocimiento de estos dos tipos de protección internacional cuando sean concedidos por otro Estado miembro;

27.

recomienda que se contemple la posibilidad de transferir la responsabilidad entre Estados miembros cuando el titular de la protección internacional traslade su residencia de un país a otro, garantizando así la libre circulación (aunque sometida a un control y seguimiento directos) en el territorio de la Unión Europea;

28.

considera necesario que la Unión Europeas se dote de instrumentos –normativos y operativos– que permitan intervenir en aquellos casos en que no sea posible proceder a un alejamiento del territorio comunitario.

29.

considera que la vulnerabilidad debe determinarse en función de las características de cada persona y de sus vivencias, exceptuando algunos colectivos que necesitan de por sí unas medidas específicas de acogida y protección (menores no acompañados, mujeres refugiadas o que acompañan a un refugiado o van a reunirse con él, discapacitados físicos o mentales) y cuya situación particular debe tenerse en cuenta en los procedimientos y en las decisiones que se tomen (por ejemplo, respeto del derecho a la vida privada y familiar o la reagrupación familiar);

30.

llama la atención sobre el hecho de que, especialmente en el caso de las víctimas de tortura, las medidas de apoyo y rehabilitación pueden ser inadecuadas cuando:

31.

recomienda, por lo tanto, que en el proceso para instituir un sistema común de asilo se prevea un debate amplio y articulado al objeto de diseñar unos estándares comunes para identificar las situaciones de vulnerabilidad;

32.

propone que los instrumentos que la Unión Europea elabore para apoyar el trabajo de los distintos agentes participantes en el sistema de asilo (directrices, manual, programas de formación, etc.) incorporen algunas líneas e indicadores específicos para que salgan a la luz las situaciones vulnerables y se pueda facilitar así su gestión;

33.

considera esencial que se refuercen las competencias de los servicios de bienestar local, con vistas a reconocer y hacerse cargo de cada persona en caso de vulnerabilidad. En este sentido, recomienda que la Unión Europea intervenga bien a través de la asignación de recursos para apoyar programas específicos para la adquisición de capacidades, bien mediante unos programas de formación y actualización que deberán ser promovidos en los Estados miembros.

34.

subraya que la integración es un proceso cuyo principal objetivo estriba en alcanzar un nivel propio de autonomía del refugiado. El proceso de integración se articula en diversos niveles paralelos de inserción (trabajo, vivienda, sociedad) y siguiendo distintas etapas (conocimiento del territorio, acceso a los servicios, participación);

35.

considera fundamental que, cuando se recopilen las dificultades que pueden encontrar los emigrantes de segunda generación en diferentes partes de Europa respecto a las políticas de integración, no se perciba en todo momento a los refugiados (específicamente) como «extranjeros» o «huéspedes», y que, partiendo del reconocimiento y el respeto de los valores del país de destino así como del Derecho vigente, no se prevea alejarlos de sus culturas de procedencia;

36.

considera que el fomento de una integración acertada de los refugiados requiere que se sientan partícipes de la vida del barrio, ciudad y país de la Unión Europea en el que residan. La participación en la vida política de los territorios, comenzando por el derecho electoral –activo y pasivo– a nivel local, tiene, además de un valor simbólico, otro valor concreto muy fuerte;

37.

considera que este sentido de pertenencia comienza a desarrollarse ya en la escuela, y que los programas de acogida e inserción de alumnos y estudiantes refugiados podrían llevarse a cabo de manera sistemática en todos los sistemas educativos y universitarios de los Estados miembros;

38.

recomienda

39.

propone regular los procedimientos comunes para la identificación de los ciudadanos de terceros países que soliciten protección internacional;

40.

propone la elaboración de programas estructurados de formación y puesta al día destinados a los guardas fronterizos y los cuerpos de policía, las ONG, los entes encargados de examinar las solicitudes de asilo, los servicios locales de salud y bienestar, las administraciones locales y los dirigentes de las instituciones nacionales;

41.

sugiere que se lleven a cabo encuentros e intercambios, así como una conferencia europea «plenaria» sobre el asilo, conferencias regionales y la puesta en marcha de un programa de intercambio de personal; esto es, una especie de Erasmus para los trabajadores de este ámbito;

42.

promueve una mayor coordinación entre los Estados miembros sobre determinadas cuestiones relativas al derecho de asilo;

43.

recomienda la elaboración de un reglamento europeo que establezca el mutuo reconocimiento de la protección concedida entre los Estados miembros, los procedimientos para la transferencia y la uniformidad de los estatutos de refugiado y de titular de protección subsidiaria;

44.

considera fundamental que se amplíen y desarrollen instrumentos de consulta entre los distintos agentes e interlocutores principales para la aplicación de un sistema común de asilo: instituciones nacionales, administraciones locales, cuerpos policiales y ONG;

45.

recomienda la programación de líneas de financiación y medidas para reforzar las competencias de los agentes nacionales y locales, con especial atención a los aspectos psicosociales y la aparición y gestión de las situaciones de vulnerabilidad;

46.

acoge con satisfacción el Programa general de solidaridad y gestión de los flujos migratorios para 2007-2013 que ha presentado la Comisión Europea. Se trata de un programa plurianual que propone cuatro pilares, con los recursos financieros correspondientes, para afrontar de manera articulada los diversos problemas del fenómeno migratorio. Valora de manera especialmente positiva la nueva generación del Fondo Europeo para los Refugiados (FER) para 2008-2013 y del Fondo para el retorno de los refugiados, que responden precisamente a las exigencias que han planteado los entes locales en relación con los solicitantes de asilo y los refugiados;

47.

considera que la armonización de las normas de procedimiento para la acogida, integración y participación en las comunidades locales es el principal elemento para disuadir los movimientos secundarios de solicitantes o titulares de protección internacional en el interior de la Unión Europea;

48.

recalca que el objetivo de este gran esfuerzo de armonización reside en la constitución de un sistema de asilo europeo eficaz, un instrumento primordial para llegar al pleno reparto de las responsabilidades y competencias entre todos los Estados miembros de la Unión Europea;

49.

recuerda que alcanzar este objetivo exige mucho tiempo y enormes recursos económicos y humanos, aunque lo considera necesario para llegar a un modelo de intervención que pueda hacer frente a las críticas que suscita en toda la Unión Europea la gestión de los flujos migratorios mixtos;

50.

subraya que, para llevar a cabo las intervenciones anteriormente mencionadas y para garantizar su repercusión en cada uno de los Estados miembros, es esencial que los recursos destinados a las políticas europeas en materia de asilo presenten una cuota de gestión a escala comunitaria y otra destinada a los Estados miembros;

51.

recomienda, por consiguiente, que tanto los Estados miembros donde las solicitudes de asilo se mantengan constantes o aumenten con el paso del tiempo, como los países fronterizos perciban una dotación económica proporcional a las intervenciones que lleven a cabo. La puesta en marcha de un sistema común de asilo precisará numerosos recursos económicos y, ante todo durante los primeros cinco años, será necesario derogar la norma que considera la financiación europea complementaria a la nacional;

52.

en este contexto, solicita que se lleve a cabo una programación estable y articulada de los recursos financieros europeos siguiendo líneas de financiación accesibles para llevar a cabo intervenciones operativas, especialmente en ámbitos como la formación, el intercambio de personal y la participación de los interlocutores locales en el proceso europeo de consulta;

53.

del mismo modo, recomienda que se asignen recursos adecuados para apoyar a los nuevos Estados miembros y a aquellos que presenten un historial más reciente en gestión de emigraciones, destinándoles financiación complementaria para subsanar las posibles carencias estructurales de ámbito nacional. En un contexto de estas características, sería superfluo pensar en programas de reinstalación dentro de la propia Unión Europea.

54.

acoge con entusiasmo la propuesta de Directiva del Consejo para modificar la anterior Directiva 2003/109/CE y hacer extensiva su aplicación a aquellas personas a las que se les haya concedido protección internacional (refugiados o titulares de protección subsidiaria);

55.

considera que hacer extensivos los contenidos de la Directiva 2003/109/CE a quienes gozan de una modalidad de protección internacional constituye un paso fundamental para evitar el riesgo de discriminación y supone un instrumento que forma parte del propio proceso comunitario de armonización en materia de asilo;

56.

considera fundamental que el beneficiario de protección internacional pueda obtener el estatuto de residente de larga duración en el mismo Estado miembro que ha concedido la protección, pudiendo ejercer el derecho de residencia en un segundo Estado;

57.

subraya que la concesión de una modalidad de protección internacional debe considerarse un elemento imprescindible para evaluar las consecuencias de una posible cesación del estatus de residente de larga duración;

58.

por consiguiente, acoge favorablemente las medidas de la propuesta de Directiva que pretenden hacer hincapié en el respeto al principio de no devolución (principio que prohíbe la repatriación forzada de una persona a un país donde su vida o su libertad corran peligro) y conseguir su plena aplicación, con arreglo a la propia normativa comunitaria e internacional. No obstante, cabe rechazar cualquier restricción suplementaria en materia de expulsión y devolución;

59.

respetando en todo momento dicho principio, considera fundamental garantizar que las autoridades del segundo Estado miembro son plenamente conscientes de que un residente de larga duración que solicita residir en el territorio de este Estado miembro ha obtenido protección internacional en otro Estado miembro. Esta disposición es fundamental para garantizar la continuidad de la tutela en caso de que siga siendo necesaria la protección internacional;

60.

de hecho, considera indispensable tener absolutamente en cuenta «la situación anterior en materia de protección» cuando las autoridades nacionales responsables de la concesión y retirada del estatus conferido por la protección internacional son diferentes de las responsables de la concesión y la retirada del estatus de residente de larga duración;

61.

acoge con satisfacción las disposiciones encaminadas a garantizar también a los titulares de protección internacional con estatus de residente de larga duración la plena aplicación de las condiciones previstas para el ejercicio del derecho de residencia en un segundo Estado miembro;

62.

recomienda, por último, que se adopte en el ámbito comunitario un marco uniforme para la concesión de autorizaciones a refugiados y titulares de protección subsidiaria a fin de que puedan residir en un segundo Estado miembro (por motivos laborales o familiares) y, ante todo, para permitir la transferencia desde un Estado miembro a otro de las responsabilidades derivadas de la protección internacional concedida.

5.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 172/29

—

destaca la importancia clave que tienen los puertos para el desarrollo económico y social, así como para la competitividad y prosperidad de Europa, no sólo en las regiones costeras;

—

señala la enorme diversidad que caracteriza a los puertos europeos y está convencido de que las diferentes estructuras fomentarán la competencia para identificar las rutas de transporte más eficaces;

—

destaca que es lógico que los entes locales y regionales sean responsables de la gestión portuaria y, por lo tanto, acoge con satisfacción la intención de la Comisión de no intervenir para armonizar las diferentes estructuras de administración portuaria en la UE;

—

destaca que no sólo ciertos puertos compiten entre ellos, sino que existe competencia entre cadenas completas de transporte;

—

opina que las orientaciones anunciadas para 2008 sobre las ayudas estatales son un instrumento adecuado para precisar las disposiciones del Tratado CE sobre los puertos, con el fin de que la competencia en el sector portuario siga siendo justa y eficaz;

—

observa que todavía no existe un auténtico mercado interior del transporte marítimo en Europa y aplaude la simplificación de los procedimientos administrativos, los avances en la modernización de las aduanas y la iniciativa de la Comisión, anunciada para 2008, encaminada a establecer un espacio europeo de transporte marítimo sin barreras;

—

pide que se sigan desarrollando y fomentando los proyectos «Clean-Ship» y «Clean-Port», y considera necesario y urgente que los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques, por ejemplo a través de tomas de corriente terrestre, se realicen a escala internacional, con el fin de que los puertos europeos no sufran desventajas en la competencia mundial.

Ponente

:

Rolf HARLINGHAUSEN (DE-PPE), Miembro de la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento de Hamburgo

1.

celebra la Comunicación de la Comisión sobre la futura política portuaria europea, producto de un amplio proceso de reflexión y consulta, que tuvo lugar entre mayo de 2006 y junio de 2007, durante el cual se examinaron diversos aspectos de la política portuaria europea en seis talleres temáticos en los que participaron las partes interesadas;

2.

considera que la Comunicación de la Comisión es una profundización de su anterior «Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo — Refuerzo de la calidad de los servicios en los puertos de mar: una clave para el transporte europeo — Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios» (COM(2001) 35 final), sobre la que el Comité de las Regiones emitió un Dictamen el 20 de septiembre de 2001 (CDR 161/2001 fin), así como de su «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios» (COM(2004) 654 final), sobre la que el Comité de las Regiones emitió otro dictamen el 13 de abril de 2005 (CDR 485/2004 fin);

3.

estima que la Comunicación está estrechamente asociada a otros temas importantes, en particular la política marítima europea y la política europea de transportes, y se remite a su Dictamen de iniciativa de 12 de octubre de 2005 sobre «La política marítima de la Unión Europea: asunto clave del desarrollo sostenible para los entes regionales y locales» (CDR 84/2005 fin), su Dictamen de 13 de febrero de 2007 sobre el tema «Hacia una política marítima de la Unión Europea» y su Dictamen de 14 de febrero de 2007 sobre la «Revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001» (CDR 119/2006 fin);

4.

destaca que el diseño y la aplicación de la futura política portuaria europea deben apoyarse en los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad;

5.

destaca la gran importancia que tienen los puertos para el desarrollo económico y social, así como para la competitividad y la prosperidad de Europa, no sólo en las regiones costeras. Los puertos, el transporte marítimo y la logística asociada a ellos son uno de los sectores que mayor crecimiento registran en Europa. El 90 % del comercio de la Unión Europea (UE) con terceros países se lleva a cabo en puertos. El 40 % del comercio interior de la UE es fletado en los puertos. Además, más de 200 millones de pasajeros viajan en barco cada año en el seno de la UE;

6.

está convencido de que una política portuaria europea debe tener en cuenta estos aspectos en la misma medida que la creciente globalización y el nuevo contexto de una Unión Europea ampliada. Además, la protección climática y medioambiental, así como la salud de los ciudadanos, son muy importantes para el crecimiento sostenible y equilibrado y el éxito de las regiones europeas;

7.

observa que el paisaje portuario europeo es muy diverso y está convencido de que las distintas estructuras refuerzan la competencia en la búsqueda de las vías de transporte más eficaces;

8.

estima, por lo tanto, que, después del fracaso en el Parlamento Europeo de las dos propuestas de directiva relativas al acceso al mercado de los servicios portuarios, sobre las que el Comité de las Regiones emitió sus reservas, es positivo que la Comunicación y las medidas anunciadas en ella propongan sobre todo una legislación indicativa (soft law) en vez de nuevas propuestas legislativas, lo que permitirá que se tenga mejor en cuenta la diversidad de estructuras;

9.

aprecia que la Comisión haya aprovechado la ocasión para colocar la Comunicación en un amplio contexto –trascendiendo el enfoque restringido del acceso a los servicios portuarios que recogían esencialmente ambas propuestas de directivas– y abordar numerosos temas;

10.

se felicita de las medidas propuestas para clarificar las normas pertinentes. Es preciso que las medidas tengan por objeto seguir mejorando una competencia eficaz y un libre acceso al mercado. En este contexto, el Comité de las Regiones observa que en numerosos territorios de la Unión ya existe una competencia importante y eficaz entre los puertos europeos y dentro de ellos;

11.

destaca que no sólo ciertos puertos compiten entre ellos, sino que existe competencia entre cadenas completas de transporte, lo cual debe tenerse en cuenta en todas las reglamentaciones del sector portuario –que sólo es una parte del sector de los transportes–, puesto que esas reglamentaciones repercuten en toda la cadena logística del transporte interior;

12.

considera que las medidas comunitarias que pueden influir en el tráfico –como la política de las redes transeuropeas de transporte o las directrices sobre la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente al desarrollo del sector portuario– deben basarse en las exigencias de preservación de un entorno de inversión estable y de un ambiente social favorable en los puertos, desarrollo sostenible de los puertos, aplicación uniforme de las disposiciones del Tratado y concertación con las autoridades nacionales, regionales y locales;

13.

está, en principio, de acuerdo con el análisis de la Comisión sobre el aumento de los rendimientos de los puertos y aboga por que, antes de ampliar las infraestructuras, se privilegie el incremento de la eficacia; pide, no obstante, que se desarrollen estrategias destinadas a fomentar la intermodalidad y la multimodalidad en las que se tengan en cuenta las características específicas de las distintas regiones, y destaca que la consecución de un reparto más racional del tráfico en Europa debe ser competencia del mercado dentro de un marco político global;

14.

desea señalar también, no obstante, que en el concepto de «puerto» –es decir, un punto de conexión entre el mar abierto y las zonas del interior– debería incluirse igualmente el acceso al mismo (por ejemplo, el servicio de rompehielos y el dragado);

15.

estima que es necesario desarrollar las infraestructuras portuarias teniendo en cuenta los aspectos medioambientales y los intereses y necesidades de las personas que residen en las ciudades portuarias;

16.

respalda, por tanto, la intención de la Comisión de publicar directrices sobre la aplicación e interpretación de la normativa sobre el medio ambiente en el desarrollo de las infraestructuras portuarias. Para ello será imprescindible, en el marco de un proceso de consulta, hacer que de nuevo participe el sector portuario y también los entes locales y regionales, que son determinantes para el desarrollo de las instalaciones portuarias. Será preciso armonizar y equilibrar las medidas encaminadas a desarrollar las instalaciones portuarias y proteger el medio ambiente;

17.

acoge con agrado las medidas previstas para la gestión de residuos y sedimentos y suscribe el punto de vista de la Comisión de que debe garantizarse la aplicación de las normas comunitarias pertinentes en todos los Estados miembros;

18.

apoya el proyecto de la Comisión de reducir las emisiones en los puertos, pero en este contexto destaca el importante papel que desempeña la Organización Marítima Internacional (OMI) y aboga por que se elabore un convenio internacional, en vez de recurrir a soluciones europeas aisladas que debilitarían la competitividad global de la UE; considera, no obstante, que la UE debe actuar de manera independiente si la OMI no alcanza soluciones concretas en un plazo adecuado;

19.

observa que todavía no existe un auténtico mercado interior del transporte marítimo en Europa y aplaude la simplificación de los procedimientos administrativos, los avances en la modernización de las aduanas y la iniciativa de la Comisión, anunciada para 2008, encaminada a establecer un espacio europeo de transporte marítimo sin barreras;

20.

expresa, no obstante, su reserva sobre los problemas prácticos de aplicación de un transporte marítimo sin barreras y recomienda que se realice un análisis estricto de la situación antes de adoptar nuevas medidas;

21.

destaca que es lógico que los entes locales y regionales sean responsables de la gestión portuaria y, por lo tanto, acoge con satisfacción la intención de la Comisión de no intervenir para armonizar las diferentes estructuras de administración portuaria en la UE;

22.

opina que las orientaciones anunciadas para 2008 sobre las ayudas estatales son un instrumento adecuado para precisar las disposiciones del Tratado CE sobre los puertos, con el fin de que la competencia en el sector portuario siga siendo justa y eficaz;

23.

se felicita en este contexto de que también se extienda a todos los puertos, independientemente de su tamaño y volumen de negocios anual, la aplicación de las disposiciones de la Directiva 2006/111/CE relativas a la transparencia;

24.

toma nota del pasaje de la Comunicación en el que se afirma que, en la concesión de licencias, será preciso respetar la jurisprudencia correspondiente del Tribunal de Justicia Europeo por ser el Derecho actualmente en vigor y que será preciso aplicar un procedimiento transparente de selección cuando se otorguen concesiones de servicios que no entren en el ámbito de aplicación del Derecho de contratación pública. El Comité de las Regiones estima que todavía es preciso esclarecer el papel que desempeñan las autoridades portuarias y sus posibilidades para respaldar de manera adecuada los intereses regionales y el desarrollo de las instalaciones portuarias;

25.

teme que una aplicación inflexible de las medidas propuestas pueda traducirse en inseguridad jurídica o disuada a los licitantes ya existentes de seguir realizando inversiones, lo cual podría debilitar la competitividad de Europa;

26.

parte de la premisa de que los puertos siguen teniendo la posibilidad de aplicar, incluso sin procedimiento de selección, las medidas necesarias de modernización, ampliación y reforma, en el marco de un desarrollo eficaz de las instalaciones portuarias;

27.

considera que todavía es preciso esclarecer los derechos de los trabajadores en el caso de una cesión empresarial, en particular cuando la mencionada Directiva 2001/23/CE no sea aplicable;

28.

toma nota de que los servicios técnicos náuticos (como los servicios de practicaje, remolque y amarre) deben ser clasificados como servicios de interés económico general y, por tanto, deben estar sujetos a las disposiciones recogidas en los artículos 86, 87 y 88 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. De conformidad con estos artículos y el principio de subsidiariedad, corresponde a los Estados miembros definir los SIEG de acuerdo con las condiciones que se establecen en la Decisión de 28 de noviembre de 2005. Si un Estado miembro decide que una empresa es responsable de un SIEG, la empresa podrá beneficiarse de una compensación por servicio público en caso de que los ingresos que perciba por la explotación del SIEG sean insuficientes para cubrir los costes. Esta compensación no puede ser superior a los costes efectivamente soportados, incluido un beneficio razonable; recuerda, en este contexto, que el coste de los servicios técnicos náuticos, indispensables para garantizar la seguridad de la navegación en las zonas portuarias, representa una parte muy pequeña de los costes totales de los transportes y rechaza la idea de promover una reducción de los costes de estos servicios para valorizar el atractivo del modo de transporte marítimo;

29.

estima que falta todavía por esclarecer las disposiciones relativas al practicaje y a las cuestiones de seguridad inherentes, que son competencia de los entes locales y regionales;

30.

está de acuerdo con la evaluación realizada por la Comisión de los llamados «pools» (entidades encargadas de contratar y formar a los trabajadores portuarios), y destaca su importancia para la contratación y formación de los trabajadores portuarios de conformidad con la legislación comunitaria vigente, en particular respecto a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios;

31.

acoge con agrado la definición del concepto de «derechos portuarios», así como su restricción a las infraestructuras generales. En este contexto, pide que en las directrices anunciadas sobre las ayudas se aporten precisiones con respecto a la utilización de los derechos portuarios, para evitar subvenciones cruzadas contrarias a la competencia;

32.

observa que en el ámbito de los derechos portuarios ya existe gran transparencia y, por consiguiente, considera innecesario que se adopten otras normas en este ámbito;

33.

acoge con satisfacción el proyecto de la Comisión de examinar más detalladamente la competencia entre los puertos europeos y los de terceros países y respaldar a los puertos afectados, puesto que muchos de esos puertos sufren desventajas, no sólo por su situación geográfica periférica, sino también por la mayor competencia con terceros países;

34.

expresa su preocupación por que la inspección («scanning») del 100 % de los contenedores con destino a los EE.UU. –solicitada en la «US-Safe-Port-Act» (2006) y en la «House Resolution No. 1» (2007)– apenas podrá efectuarse en los puertos europeos y ocasionará elevados costes, y pide, por lo tanto, a la Comisión que negocie con las autoridades de los Estados Unidos soluciones viables;

35.

apoya el proyecto de la Comisión de mejorar la imagen de los puertos y su integración en las ciudades. Los puertos son muy importantes en muchas regiones más allá de su contribución a la economía y al empleo. Frecuentemente confieren carácter a la ciudad y contribuyen de manera considerable al desarrollo de una ciudad o región;

36.

pide, por tanto, que se adopte un enfoque innovador que aproveche el potencial que tienen las ciudades portuarias en los ámbitos de la cultura, el turismo y el ocio, y propone que se recompensen aquellos proyectos de investigación y de cooperación territorial que faciliten el reconocimiento de los futuros avances;

37.

acoge con satisfacción las medidas previstas por la Comisión para sensibilizar a la opinión pública, pero estima que, en este contexto, los requisitos vigentes de seguridad en materia de defensa y protección contra el terrorismo y la delincuencia pueden plantear problemas;

38.

estima que aún es preciso esclarecer la introducción propuesta de una tarjeta de acceso multiuso y su importancia;

39.

opina que una política portuaria europea también debe tener en cuenta la dimensión del empleo, para garantizar y crear puestos de trabajo cualificados;

40.

aplaude el proyecto de la Comisión de fomentar el diálogo social a escala europea, que deberá contar con la estrecha cooperación de los interlocutores sociales. Son factores decisivos para el desarrollo efectivo y sostenible de los puertos y de las regiones en las que se sitúan la existencia de condiciones de trabajo buenas y seguras, así como una mejora continua de la formación y el perfeccionamiento profesional de los trabajadores portuarios, por ejemplo con la utilización estandarizada de simuladores;

41.

destaca que Europa sólo podrá mantenerse en la competencia mundial si consigue ser innovadora por encima de la media y su calidad supera a la de otras regiones, y señala que la formación académica y el perfeccionamiento profesional son fundamentales para conseguir este objetivo;

42.

manifiesta su preocupación ante al hecho de que el número de accidentes laborales en las instalaciones portuarias y en los buques siga siendo elevado. El Comité de las Regiones destaca que los entes locales y regionales desempeñan un importante papel en la supervisión y aplicación de disposiciones sanitarias y de seguridad en el trabajo en los puertos.

43.

lamenta los retrasos en la creación de las infraestructuras de la red transeuropea (TEN) y recomienda que la Comisión comunique mejor a los Estados miembros, las regiones y ciudades las posibilidades de financiación previstas, a fin de apoyarlos en la ampliación de capacidades e infraestructuras para facilitar el acceso terrestre a los puertos (conexión con el interior) y el acceso desde el mar (conexión entre el puerto y las vías navegables), así como en la creación de redes logísticas de distribución;

44.

considera necesario que en las futuras normativas sobre la concesión de ayudas para financiar las autopistas del mar se tenga formalmente en cuenta la participación de las regiones y, en este contexto, aboga en favor de que se establezca un procedimiento general simplificado que responda mejor a los intereses de las empresas y contribuya así a una difusión más amplia y aceptación del transporte marítimo respetuoso con el medio ambiente;

45.

propone, para la planificación de accesos terrestres y marítimos, un mayor recurso a los instrumentos de ordenación territorial y de gestión integrada de las zonas costeras;

46.

pide una pronta publicación de las orientaciones sobre las ayudas cuando finalicen las consultas con los Estados miembros, las regiones y partes interesadas;

47.

pide la instauración de incentivos financieros para garantizar infraestructuras portuarias adecuadas y un transporte marítimo suficiente en las regiones insulares y las zonas costeras remotas, con el fin de fomentar su desarrollo sostenible y compensar los factores que ejercen una influencia negativa en su actividad empresarial y en las posibilidades de que disponen para acceder a los grandes mercados europeos en condiciones equitativas;

48.

destaca que es preciso combatir la contaminación atmosférica y el cambio climático con la colaboración también de los puertos y de los actores del transporte marítimo, por ejemplo a través de una rápida reconversión hacia combustibles limpios para uso marítimo, así como una pronta aplicación de las reglamentaciones de la OMI sobre el tratamiento del agua de lastre de los buques;

49.

pide que se sigan desarrollando y fomentando los proyectos «Clean-Ship» y «Clean-Port», y considera necesario y urgente que los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques, por ejemplo a través de tomas de corriente terrestre, se realicen a escala internacional, con el fin de que los puertos europeos no sufran desventajas en la competencia mundial; se deberán adoptar también medidas complementarias a escala europea para mejorar inmediatamente la calidad de vida de la población en los puertos;

50.

piensa que es necesario informar mejor a la opinión pública sobre la gran importancia que tienen los puertos y mares para el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo en Europa. Esta tarea debería seguir siendo competencia de los Estados miembros, las regiones y los puertos;

51.

espera con gran interés las medidas previstas por la Comisión para 2008 encaminadas a establecer una política marítima integrada de la UE y el tipo de participación reservado a los puertos en esa política;

52.

reconoce que, teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, será preciso adoptar muchas medidas comunitarias para satisfacer todos los aspectos de la política portuaria. No obstante, el Comité de las Regiones teme que las medidas no puedan llevarse a la práctica en su totalidad dentro del calendario previsto y, por lo tanto, lamenta que no se establezca claramente la prioridad de las distintas medidas;

53.

propone que en la adopción de las medidas previstas por la Comisión se tome en consideración la existencia de pequeños puertos de ámbito local y regional que desarrollan una actividad de carácter predominantemente no comercial y fundamental para la población en la que se asientan y cuentan con recursos muy limitados, tanto económicos como humanos, a la hora de aplicar las directrices y normativa procedentes de las instituciones europeas; propone, además, que se revisen las repercusiones que tienen los instrumentos normativos comunitarios sobre las capacidades y volumen de actividad de estos puertos, con el fin de no poner en peligro su viabilidad;

54.

pide, por este motivo, que se elabore un catálogo de medidas que las clasifique según el grado de prioridad que tengan los diferentes objetivos que deberán ser realizados con las distintas medidas, según la competencia previsible de conformidad con el principio de subsidiariedad y según el calendario;

55.

ofrece su colaboración y apoyo para elaborar propuestas encaminadas a establecer las prioridades de las medidas mencionadas y la futura política portuaria y expresa su deseo de recibir información periódica sobre las evoluciones en este ámbito político;

56.

recomienda que se establezca una estructura que posibilite la consulta periódica de todos los grupos de interés, con el fin de que se puedan incorporar los resultados al futuro desarrollo de la política portuaria europea y evitar conflictos, así como intercambiar buenas prácticas, y se remite también en este contexto a la posibilidad de apoyar y fomentar a los entes locales y regionales para garantizar una gran aceptación;

57.

pide a la Comisión que presente antes del 31 de diciembre de 2009 una evaluación intermedia de la política portuaria europea en la que se incluya una propuesta con medidas para suprimir los atascos entre los puertos y las zonas del interior.

5.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 172/34

—

lamenta que no se haya prestado atención a aspectos tan fundamentales como la educación y formación marítima, la creación de fondos europeos para zonas costeras y la protección de los fondos marinos;

—

lamenta que no se haya abordado el tema de la utilización y protección de los fondos marinos y opina que esta política debe incluir también disposiciones estratégicas generales sobre los vertidos marinos, así como cuestiones sobre la construcción de oleoductos y el tendido de cables en los fondos marinos, y su explotación;

—

reitera la solicitud que formuló en su dictamen «Hacia una política marítima de la Unión Europea» de examinar la opción de revisar el sistema financiero de la UE y enfocarlo hacia un único sistema simplificado para todos los asuntos marítimos, o para la mayoría de ellos, dentro de un fondo costero e insular europeo;

—

pide a la Comisión que presente un plan de trabajo con los objetivos importantes que se deben lograr a medio y largo plazo en la política marítima europea hasta 2015 y 2020;

—

sigue sin ver una vinculación clara entre el Libro Azul y la Directiva sobre la estrategia marina y, por lo tanto, pide a la Comisión que aclare esta relación y examine más de cerca ambos asuntos;

—

propone nuevamente una plataforma marítima europea, que incluya a entes locales y regionales y partes interesadas, como instrumento para agrupar los conocimientos especializados e intercambiar buenas prácticas;

Ponente

:

Saima KALEV, Alcaldesa de Jõgeva (EE/UEN-AE)

1.

acoge con satisfacción y suscribe la Comunicación de la Comisión «Una política marítima integrada para la Unión Europea» y se congratula de que se intente encontrar un enfoque global para este importante tema, que cubre todos los aspectos de las relaciones humanas con mares y océanos. Así se establecerá un marco político coherente que permitirá un desarrollo óptimo de todas las actividades relacionadas con el mar de manera sostenible;

2.

reconoce que en el proceso de consulta han participado muchas partes interesadas, pero lamenta que no se haya prestado atención a algunos aspectos, tan fundamentales como la educación y formación marítima, la creación de fondos europeos para zonas costeras y la protección de los fondos marinos;

3.

está de acuerdo en que todas las cuestiones relacionadas con los océanos y mares están interrelacionadas y deben ser resueltas de manera coordinada. Para conseguir los resultados perseguidos, es importante ofrecer de modo coordinado (por ejemplo en una única página Web) la información relativa al progreso realizado en todas las acciones. Toda acción/regulación obligatoria deberá basarse en evaluaciones y datos científicos que tengan en cuenta la variedad local de los ecosistemas y las diferencias regionales en la utilización de los recursos marinos por el ser humano;

4.

tiene el convencimiento de que la política marítima de la UE podría convertirse en una política muy importante a largo plazo, ya que más del 50 % del espacio de la UE está cubierto por el agua, con todos sus recursos biológicos, físicos y geológicos;

5.

destaca que un elemento fundamental del medio marino, a saber, la cuestión de la utilización y protección del fondo marino, que pertenece al ámbito de competencias de los distintos Estados miembros, no se encuentra reflejada en la Comunicación sobre la política marítima integrada. El Comité estima que esta política debe incluir también disposiciones estratégicas generales sobre los vertidos marinos, así como cuestiones sobre la construcción de oleoductos y el tendido de cables en los fondos marinos, y su explotación;

6.

hace hincapié en que la política marítima trasciende las fronteras nacionales y precisa un enfoque múltiple y una administración eficaz en varios niveles;

7.

apoya el concepto integrado intersectorial cuya aplicación exige una colaboración y coordinación de las medidas relacionadas con el mar en las distintas instancias decisorias. Es necesario a tal fin encontrar un equilibrio entre competitividad, sostenibilidad y protección del medio ambiente;

8.

estima que los entes locales y regionales desempeñan un importante papel en la configuración y aplicación de la política, así como en la creación de directrices jurídicas, y que tienen una clara tarea que desempeñar en la incorporación de las medidas políticas sectoriales para entablar una comunicación con los ciudadanos sobre las posibilidades que ofrece el mar y las repercusiones de las actividades humanas para el medio ambiente marino;

9.

señala que si se quiere que la aplicación de la política marítima integrada de la UE tenga éxito, es indispensable que los entes regionales y locales estén dispuestos a seguir asumiendo compromisos en este ámbito y aporten una contribución eficaz;

10.

está de acuerdo con la Comisión en que el Comité de las Regiones puede aportar un valor añadido a este proceso. El Comité quiere contribuir con un concepto que apoye a los entes regionales y locales que participan en este proceso y aportan una contribución eficaz;

11.

pide que se considere la manera de apoyar a los entes locales y regionales en la elaboración de la estrategia de aplicación y en la ejecución de las medidas previstas, teniendo en cuenta las diversas especificidades de los Estados miembros y de las regiones marítimas concretas, que deberían dar lugar a una cooperación más estrecha, incluyendo las islas, los archipiélagos y las RUP, así como la dimensión internacional;

12.

recomienda que se tengan en cuenta las distintas capacidades de las regiones y los puntos de vista expresados durante el proceso de consulta;

13.

está de acuerdo con la Comunicación en que todas las modificaciones introducidas por la política marítima tendrán sobre todo repercusiones en las regiones costeras, en las aguas interiores vinculadas con esas regiones y en las desembocaduras de los ríos;

14.

aboga por el aumento de capacidades de los entes locales y regionales, por la garantía de que se comprometerán los recursos presupuestarios necesarios y, a este fin, por la creación de un fondo europeo para las regiones costeras e insulares. Reitera la solicitud que formuló en su dictamen «Hacia una política marítima de la Unión Europea» de examinar la opción de revisar el sistema financiero de la UE y enfocarlo hacia un único sistema simplificado para todos los asuntos marítimos, o para la mayoría de ellos, dentro de un fondo costero e insular europeo. Los recursos deberán destinarse a fines que sean beneficiosos para la situación medioambiental y ecológica de los mares;

15.

insiste nuevamente en el punto de vista recogido en el Dictamen CDR 84/2005 de que es absolutamente vital fomentar la innovación y el desarrollo de las empresas, en particular para el desarrollo de nuevas tecnologías marítimas;

16.

está de acuerdo en que una política marítima integrada contribuirá a resolver los problemas relacionados con la globalización y la competitividad, el cambio climático, la amenaza del medio marino, la seguridad del transporte marítimo y la seguridad y sostenibilidad del suministro energético;

17.

considera necesario igualmente que esta política se base en una investigación, tecnología e innovación marítimas excelentes y en la Agenda de Lisboa para el empleo y el crecimiento, así como en la Agenda de Gotemburgo para la sostenibilidad;

18.

está de acuerdo con la Comisión sobre el tema del valor añadido planteado por el Comité en su Dictamen CDR 258/2006, en el sentido de que un enfoque integrado contribuye a evitar los conflictos de opinión, crear sinergias y garantizar un intercambio imparcial de información con los ciudadanos y las regiones vecinas;

19.

reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión para sentar, con la Comunicación objeto de examen, las bases para el «marco de gobernabilidad» y los instrumentos intersectoriales necesarios para una política marítima integrada de la UE y definir las principales medidas que aplicará la Comisión durante su presente mandato. En este contexto, el Comité acoge con agrado el hecho de que, en su Estrategia política anual para 2009 (COM(2008) 72), la Comisión Europea confirme que la política marítima representa una de sus prioridades políticas. Sin embargo, el Comité lamenta la escasa financiación prevista en este ámbito para 2009, que supone la redistribución de 6 millones de euros de los recursos previstos para la política pesquera;

20.

acoge con satisfacción que, con estas medidas, la Comisión se deje orientar por los principios de subsidiariedad y protección de la competitividad, enfoque ecosistémico y participación de las partes interesadas;

21.

pide, por los motivos expuestos, a la Comisión que presente un plan de trabajo con los objetivos importantes que se deben lograr a medio y largo plazo en la política marítima europea hasta 2015 y 2020;

22.

opina que, para un documento tan importante como el documento sobre la política marítima integrada, se debería extender considerablemente la perspectiva temporal y superar la duración del mandato actual;

23.

considera sumamente importante que se colabore con los grupos de trabajo y organizaciones regionales y sectoriales que, en el seno de la UE, operan en las regiones de los océanos Atlántico y Ártico, el Mar Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Báltico y el Mar del Norte, se les consulte y se respalden sus actividades. Pide a la Comisión que organice la aplicación de la política marítima integrada en las zonas arriba mencionadas;

24.

señala que las competencias en el enfoque integrado están claramente delimitadas, de forma que la UE tendrá que utilizar las que se establecen en el Tratado para acciones en ámbitos relevantes, como el medio ambiente, el transporte, la pesca o la política regional o industrial, respetando plenamente la subsidiariedad;

25.

apoya el llamamiento realizado por la Comisión a los Estados miembros para que, en estrecha colaboración con las partes interesadas, especialmente con las regiones costeras, elaboren directrices políticas marítimas integradas nacionales y espera con interés las directrices de la Comisión sobre esta cuestión y sobre la consulta a las partes interesadas, como reconocimiento de las especiales competencias de los entes locales y regionales en la política marítima integrada;

26.

considera fundamental las decisiones de proponer en 2008 una serie de directrices para la formulación de las políticas marítimas integradas de los Estados miembros e informar cada año sobre las medidas nacionales a este respecto a partir de 2009;

27.

recomienda que también se elaboren directrices adicionales de apoyo para los entes locales y regionales; pide a la Comisión que considere los siguientes principios básicos en las directrices para la buena gobernanza a nivel nacional y regional: propuestas relativas a los principales objetivos marítimos, una metodología sobre cómo podrían lograrse estos objetivos en un enfoque integrado y, por último, plazos concretos para conseguir los objetivos;

28.

opina que la coordinación prevista no garantiza la integración, que las directrices podrían ser interpretadas de diferentes maneras y que las estructuras de consulta no son órganos responsables de la toma de decisiones;

29.

propone que se elabore un resumen claro y una lista de buenas prácticas para las regiones;

30.

recomienda que se establezca un sistema claro para garantizar que las regiones aportan continuamente una contribución eficaz y efectiva y que se solucionan de modo apropiado posibles conflictos entre las regiones;

31.

destaca que para ello será preciso elaborar estrategias regionales de aplicación;

32.

propone que se aceleren los procesos decisorios sobre cuestiones marítimas de manera dialogada con los entes locales y regionales. El CDR destaca que los Estados miembros y los entes locales y regionales también deben participar de manera directa en la elaboración de la estrategia de aplicación. Asimismo, deberían participar en la determinación de los objetivos de la estrategia, con lo que se corroboraría que todas las actividades fomentan la integración transversal. De igual manera se podría establecer las competencias y se podría abordar la cuestión de los recursos financieros;

33.

apoya la promoción de una mejor cooperación entre los guardacostas de los Estados miembros, así como la decisión de elaborar medidas para establecer un sistema de control más integrado para aunar los sistemas de supervisión y seguimiento existentes utilizados a efectos de la seguridad marítima, la protección del medio ambiente marino, la prevención de la contaminación marítima, el control de la pesca, el control de las fronteras exteriores y otras actividades dirigidas al cumplimiento de la ley; pide a la Comisión que lance un primer proyecto piloto en el Mediterráneo, que luego podría extenderse a toda Europa;

34.

aplaude la decisión de la Comisión de elaborar en 2008 un plan de trabajo dirigido a facilitar la ordenación marítima por parte de los Estados miembro;

35.

considera necesario que la Comisión trabaje en 2008 en la creación de una Red Europea de Observación e Información del Mar y examine la necesidad de proceder al cartografiado multidimensional de las aguas costeras de los Estados miembros, al efecto de mejorar el acceso a unos datos de alta calidad; pide a la Comisión que lance un primer proyecto piloto en el Mar del Norte, que luego podría extenderse a toda Europa;

36.

está de acuerdo con la Comisión en que, para aumentar la eficacia del transporte marítimo en Europa y garantizar su competitividad a largo plazo, es preciso crear un espacio europeo de transporte marítimo sin fronteras, coordinándolo con las infraestructuras de los demás sistemas de transporte;

37.

apoya la preparación de una estrategia completa de transporte marítimo para 2008-2018, que debería contemplar el fomento de las Autopistas del Mar y del transporte marítimo de corta distancia. Esta estrategia, además de tomar en consideración la red de grandes puertos europeos conectada a las Redes Transeuropeas de Transporte, debería otorgar una consideración específica a los puertos pequeños y medianos, dado que sirven de manera eficiente a las regiones periféricas y a las islas y contribuyen también a evitar la congestión de los grandes puertos y las carreteras;

38.

pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la cooperación entre los puertos europeos en favor de: a) el transporte en la UE de tantas mercancías como sea posible por barco, por ser la opción más ecológica. En ello se incluyen la importación, la exportación y el tránsito; b) la rentabilidad y la eficacia energética del comercio marítimo de mercancías, en particular a la luz del esperado incremento en la circulación de mercancías;

39.

toma nota de la respuesta obtenida en el proceso de consulta a la pregunta anteriormente formulada sobre cómo se podrían integrar la estrategia temática sobre la protección y la conservación del medio ambiente marino (1) y la propuesta para una Directiva sobre la estrategia marina (2) en la futura política marítima común, puesto que además la Comisión las considera como un elemento esencial de la estrategia integrada;

40.

destaca que las estrategias mencionadas forman el pilar político medioambiental de la política marítima integrada, puesto que favorecen un enfoque del ecosistema encaminado a abordar de manera equivalente cuestiones medioambientales, sociales y económicas. Además, el elemento medioambiental también está sujeto a plazos (consecución de una buena situación ambiental antes de 2020);

41.

señala que la propuesta de Directiva sobre la estrategia marina afirma que las regiones en las que el estado del mar es crítico deben preparar y aplicar las medidas más rápidamente para conseguir una situación ambiental satisfactoria. En esas regiones es de la máxima importancia que la Comisión Europea coordine los distintos sectores, programas y estrategias, además de proporcionar unas ayudas económicas suficientes. Para lograr una política marítima verdaderamente integrada es necesario incluir todas las actividades que se desarrollan en tierra, como agricultura, gestión de aguas residuales, transporte y producción de energía. Estas regiones pueden servir de zonas piloto para una política marítima verdadera y plenamente integrada;

42.

sigue sin ver una vinculación clara entre el Libro Azul y la Directiva sobre la estrategia marina y, por lo tanto, pide a la Comisión que aclare esta relación, que aborde más de cerca ambos asuntos y que, de esta manera, evite que se dupliquen innecesariamente los trabajos mencionados;

43.

pide a la Comisión que presente una propuesta para vincular las distintas zonas marinas de la UE incluidas en Natura 2000;

44.

opina que la gestión integrada de las zonas costeras se basa en un concepto bien pensado que puede aportar una serie de buenas prácticas muy útiles a la elaboración de la política marítima, por lo que propone que, además, se examinen las experiencias de las regiones y los entes locales en materia de explotación integrada de las regiones costeras, en particular las actuales colaboraciones costeras locales desarrolladas por los entes locales y las partes interesadas pertinentes, a fin de lograr una gestión integrada de las zonas costeras, con un planteamiento de abajo arriba y una buena relación coste-eficacia, y se determine la manera en que se pueden conciliar la gestión integrada de las zonas costeras y la política marítima;

45.

recomienda que, para fomentar la cooperación en ámbitos técnicos y en cuestiones de gestión administrativa, se estrechen las relaciones con los entes locales y regionales que aplican las medidas de política hidrológica de los Estados miembros. Así se podrá conseguir que el estado de las aguas superficiales a un kilómetro de distancia de la costa tenga buena calidad ecológica antes de 2015 (3);

46.

se remite –para más detalles sobre su postura respecto de la política portuaria europea– a su dictamen 237/2007 sobre la Comunicación de la Comisión sobre esta cuestión (COM(2007) 616);

47.

apoya la propuesta de presentar una nueva política portuaria que tenga en cuenta las múltiples funciones de los puertos en el contexto más amplio de la logística europea;

48.

recomienda que se utilicen los recursos de los Fondos Estructurales para favorecer inversiones en estructuras portuarias regionales y otros proyectos pertinentes;

49.

respalda la propuesta de reducir los niveles de emisiones procedentes de los buques en los puertos, sobre todo mediante la eliminación de las desventajas fiscales del suministro de electricidad en puerto y el desarrollo y apoyo de normas técnicas a escala de la UE o mundial para el suministro de electricidad a los buques en puerto;

50.

considera también necesario que se elaboren directrices sobre la aplicación del Derecho ambiental comunitario pertinente a los proyectos portuarios;

51.

destaca la importancia de un suministro sostenible de energía en el futuro y pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten sistemáticamente las energías marítimas renovables, como las derivadas del viento, las olas, las mareas y las corrientes, que en particular prioricen y apoyen constantemente la investigación y el desarrollo tecnológico, además de medidas económicas, como las tarifas de alimentación suficientes. Por otra parte, sería preciso acabar con las barreras administrativas que impiden el desarrollo de las energías marítimas renovables;

52.

considera que los puertos autónomos sin ánimo de lucro, de propiedad local, deben protegerse del deterioro, ya que sus beneficios sociales, recreativos y turísticos para las comunidades de su entorno exceden de su función económica original;

53.

acoge con agrado la postura positiva de la Comisión respecto a la formación de agrupaciones multisectoriales (clusters) y de centros regionales de excelencia marítima, y la promoción de una red europea de agrupaciones marítimas;

54.

pide en este contexto que se aclaren las estructuras y formas que adoptarán las unidades que habrán de ser creadas y que se explique la contribución política que cada una de esas estructuras deberá aportar y el papel que desempeñarán la Comisión y el Comité de las Regiones;

55.

apoya la decisión de volver a evaluar, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales, las excepciones aplicadas a los sectores marítimos en el Derecho laboral comunitario;

56.

considera que los Estados miembros tienen una gran responsabilidad en materia de mejora de la seguridad en las profesiones marítimas, por la necesidad de ratificar los textos internacionales, como el Convenio de la OIT sobre el trabajo marítimo refundido, de febrero de 2006, o el Convenio de la OIT sobre el trabajo en el sector pesquero, aprobado por esta organización en junio de 2007;

57.

aprecia la decisión de impulsar la creación de «un certificado de excelencia marítima»;

58.

recomienda que se apliquen medidas encaminadas a mejorar la instrucción marítima, para certificar que la formación profesional es aceptada a nivel internacional y que existen posibilidades de formación continua, de manera que se garantice que se cubrirán las necesidades de profesionales con las cualificaciones adecuadas;

59.

expresa su convencimiento de que las regiones costeras son las primeras en sufrir las consecuencias del cambio climático y, por lo tanto, recomienda las siguientes acciones prioritarias: reducir las emisiones procedentes de los buques, desarrollar y expandir las energías marítimas renovables, frenar el declive de la biodiversidad marina y proteger el litoral, y, por consiguiente, aplaude la decisión de la Comisión de introducir medidas piloto para paliar las repercusiones del cambio climático en las zonas costeras, así como para garantizar la adaptación al cambio climático;

60.

pide que la Comisión aclare cómo evalúa esta necesidad en lo que se refiere también a las regiones no costeras;

61.

está de acuerdo en que es preciso respaldar los esfuerzos internacionales encaminados a reducir la contaminación por hidrocarburos provocada por los buques;

62.

suscribe la decisión de respaldar activamente los esfuerzos internacionales encaminados a reducir la contaminación por hidrocarburos provocada por los buques;

63.

pide que se modifique la Directiva relativa a la imposición sobre los productos energéticos, a fin de incluir la obligación de que los Estados miembros no graven la electricidad suministrada a los barcos en los puertos de modo más oneroso que el combustible para buques, ya que la Directiva actual favorece la contaminación del aire, que en las ciudades portuarias procede, hasta en un 80 %, del combustible que queman los buques;

64.

acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión y de los Estados miembros encaminados a reducir los niveles de SO2 y NOx y las emisiones de partículas finas procedentes de los buques en los mares de la UE y, en particular, en los puertos. Como esto no será suficiente a largo plazo, se impone una mayor reducción y, por lo tanto, pide a la Comisión y a los Estados miembros que reduzcan las emisiones procedentes de los buques al mismo nivel permitido para los automóviles, a más tardar para el año 2030;

65.

pide que las emisiones procedentes de los buques se incluyan en el sistema de comercio de emisiones de la UE;

66.

acoge con agrado la decisión de la Comisión, teniendo debidamente en cuenta el trabajo internacional en curso, de presentar propuestas para desguazar los buques obsoletos de forma eficaz, segura y sostenible para el medio ambiente;

67.

aplaude una intervención enérgica para eliminar la práctica de los descartes y otras prácticas pesqueras destructivas, tales como la pesca de arrastre en alta mar en hábitats delicados. En particular, se debe examinar la manera en que los países interactúan en relación con el problema de la sobrepesca;

68.

acoge con satisfacción que se endurezca el procedimiento contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en aquellas regiones donde se establezca la necesidad de una acción de este tipo, basándose en información real y en una labor de investigación;

69.

reconoce la necesidad de promocionar e incentivar las modalidades de pesca artesanal, de gran tradición en los mares europeos, más selectivas y respetuosas con el medio ambiente;

70.

pide a la Comisión que señale cómo se puede aplicar una política integrada más eficaz que hasta ahora a los dos últimos temas mencionados;

71.

destaca que apoya la promoción del desarrollo en Europa de un sector de la acuicultura ambientalmente seguro;

72.

acoge con satisfacción el proyecto de presentar una estrategia europea completa de investigación marina y marítima en 2008;

73.

pide a la Comisión que estudie la idea de una red de «Institutos Europeos de Investigación Oceanográfica» en el marco de la nueva estrategia de investigación marítima;

74.

estima que es igualmente necesario poner en marcha convocatorias transversales conjuntas en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación al efecto de promover un planteamiento integrado y mejorar el entendimiento de las cuestiones transversales en los asuntos marítimos, como el impacto del cambio climático, del aumento del nivel del mar y del cambio de las pautas meteorológicas en la posibilidad de utilizar los puertos y en la navegación en general;

75.

aplaude el apoyo a la investigación dirigida a predecir y paliar los efectos del cambio climático en las actividades marítimas, el medio marino, las costas y las islas y a facilitar la adaptación al mismo, y pide a la Comisión que trabaje en una estrategia europea para la adaptación a las consecuencias del cambio climático en las zonas costeras. Tal estrategia debería estar basada en una valoración sólida de los crecientes costes de la adaptación al cambio climático en las costas y debería contribuir a lograr que esos costes no se conviertan en un impedimento para el crecimiento económico de las zonas costeras;

76.

aprecia la decisión de fomentar la creación de un «partenariado europeo de ciencias del mar para facilitar un diálogo concertado entre la comunidad científica, la industria y los responsables políticos»;

77.

se pregunta cómo y en qué medida respaldará la Comisión tal «partenariado», la forma que adoptará ese apoyo, el lugar que ocupará en la estructura de consultas propuesta por la Comisión y cómo se diferenciará de ella;

78.

destaca la importancia que tiene la información regional y su explotación desde el punto de vista interregional;

79.

considera que es necesario comparar las estadísticas para fomentar la competitividad sectorial y las actividades de reforma (aspecto recogido en el Dictamen del Comité CDR 258/2006, pero no en el «Libro Azul»);

80.

pide información sobre la medida en que las regiones pueden influenciar los proyectos piloto y los concursos para proyectos científicos y de desarrollo, así como proyectos ejemplares; propone nuevamente una plataforma marítima europea, que incluya a entes locales y regionales y partes interesadas, como instrumento para agrupar los conocimientos especializados e intercambiar buenas prácticas;

81.

propone que se elabore lo antes posible una lista de buenas prácticas para las regiones, quizá tomando como base las listas europeas ya existentes de buenas prácticas regionales en materia de política marítima, en particular ejemplos sobre: definición de objetivos generales de política marítima, buena gobernanza, políticas sectoriales y su integración, y planes de acción regionales en materia de política marítima;

82.

estima que es fundamental, dentro de la futura iniciativa sobre turismo, promover el turismo costero y marítimo sostenible;

83.

pide que se aclare de qué manera los entes regionales y locales, así como las regiones costeras, pueden contribuir, desde el punto de vista de la Comisión, a garantizar una mejor calidad de vida en las regiones costeras y qué sinergias podrían aplicarse en otros ámbitos políticos de la UE;

84.

apoya que la Comisión cree urgentemente una base de datos de todos los proyectos de política regional financiados por la UE que entren en el ámbito de la política marítima, con vistas a la difusión de las mejores prácticas. Esta base de datos también debería aportar transparencia en cuanto a la financiación comunitaria disponible para los proyectos marítimos y las regiones costeras;

85.

apoya la propuesta de una estrategia comunitaria de prevención de catástrofes que haga hincapié en los peligros a que están expuestas las regiones costeras y en la que, entre otras posibilidades, se determinen los puertos de refugio para petroleros y buques con otros tipos de cargas peligrosas que se hallen en dificultades. En las acciones relativas a la seguridad marítima hay que tener también presentes los aspectos específicos de la navegación invernal;

86.

considera importante la decisión de la Comisión de conseguir con medidas de fomento que las regiones ultraperiféricas e insulares puedan desarrollar su potencial. Es necesario encontrar soluciones a los problemas específicos de las regiones costeras e insulares ultraperiféricas mediante un esfuerzo común de la política marítima y las demás acciones políticas de ámbito comunitario;

87.

acoge con agrado la decisión de promover la cooperación en el marco de las políticas europeas de ampliación y de vecindad, así como de la Dimensión Septentrional;

88.

aplaude la decisión de proponer una estrategia de proyección exterior de la política marítima de la Unión mediante un diálogo estructurado con los principales socios;

89.

pide que la Comisión que aclare la mejor manera de explotar sistemáticamente en las relaciones internacionales los conocimientos especializados de dimensión ampliamente regionalizada (por ejemplo, la Comisión de Helsinki (Helcom) para la protección del Mar Báltico);

90.

estima, al igual que la Comisión, que es necesario empezar a elaborar un Atlas europeo del mar;

91.

apoya la propuesta de celebrar a partir de 2008 un Día Europeo del Mar y que desde un primer momento se cuente con los entes locales y regionales, partes interesadas y su experiencia;

92.

propone que se intensifiquen considerablemente y se apoyen, a través de los sistemas de formación, de los medios de comunicación, de Internet y de otros canales informativos, las campañas de divulgación de todas las cuestiones relacionadas con el mar;

93.

considera que los parques nacionales marítimos podrían servir para aumentar la concienciación pública y proteger las zonas marítimas sensibles;

94.

propone que se elabore un amplio paquete de medidas destinado a aumentar la atención que se presta a la Europa marítima, en particular teniendo presente nuestro patrimonio marítimo.

5.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 172/41

—

considera que un planteamiento común de las cuestiones sanitarias no debe desembocar en una iniciativa de armonización ni en una vulneración del principio de subsidiariedad;

—

pide a la Comisión que convierta la reducción de las desigualdades sanitarias en un objetivo prioritario;

—

señala que la cuestión de los productos farmacéuticos no se aborda en la estrategia y pide por tanto que se examine de cerca esta cuestión;

—

considera que la detección del cáncer es una cuestión de asistencia sanitaria y corresponde por tanto al ámbito nacional, por lo que no debe incluirse en la estrategia sanitaria. Sin embargo, acoge favorablemente que los países de la UE cooperen y compartan buenas prácticas;

—

cree que la participación de las entidades locales y regionales en el nuevo mecanismo de cooperación estructurada a escala comunitaria podría lograrse de manera práctica permitiendo que algunos puestos de los nuevos comités sanitarios sean ocupados por representantes de los niveles locales y regionales, pero pide que dicho mecanismo de cooperación estructurada siga siendo objeto de debate y que sea abierto y transparente;

—

considera que la Comisión debería elaborar un informe sobre las redes cooperativas y organizaciones que operan en el ámbito de la sanidad y que deberían tomarse medidas para que reunir a las partes interesadas a fin de debatir métodos apropiados y eficaces de cooperación.

Ponente

:

Sr. Uno PETERSEN, Miembro de la Región de Dinamarca Meridional (DK/PSE)

1.

acoge con satisfacción el Libro Blanco de la Comisión, que establece una estrategia comunitaria de política sanitaria hasta 2013, sin perjuicio no obstante de que se respete tanto el artículo 152 del Tratado –que estipula que la salud pública es una cuestión de política nacional–, como el principio de subsidiariedad;

2.

está de acuerdo en que la salud es una cuestión central en la vida de los ciudadanos y ha de ser objeto de políticas y acciones eficaces en los Estados miembros, a nivel de la UE y a escala mundial; la Comisión debe continuar otorgando prioridad a la salud pública por ser un ámbito de responsabilidad de la UE en el que se pueden lograr grandes mejoras sanitarias;

3.

reconoce y aplaude que exista un interés creciente por los asuntos de la salud a nivel de la UE, como quedó reafirmado en el Tratado de Reforma acordado en Lisboa el 19 de octubre de 2007, que propone reforzar la importancia estratégica de la salud; sin embargo, señala que un planteamiento común de las cuestiones sanitarias no debe desembocar en una iniciativa de armonización ni vulnerar el principio de subsidiariedad;

4.

reconoce las nuevas necesidades, que son la base de la definición de un planteamiento más estratégico a nivel comunitario, lo que incluye el envejecimiento de la población, las nuevas amenazas para la salud (pandemias, incidentes biológicos, bioterrorismo y los desafíos asociados con el cambio climático), así como las nuevas tecnologías; subraya, sin embargo, que debe procurarse garantizar que la UE no supere las limitadas competencias relacionadas con la política sanitaria que le atribuye el artículo 152 del Tratado CE;

5.

reconoce los valores y principios establecidos en el Libro Blanco, como son el de solidaridad, implicación de los ciudadanos en la formulación de políticas, reducción de las desigualdades sanitarias, promoción de la inversión en este campo, integración de consideraciones sanitarias en todas las políticas y el de reforzar la voz de la UE en el ámbito de la salud a nivel mundial;

6.

expresa su acuerdo con los tres objetivos principales del Libro Blanco –promover la buena salud en una Europa que envejece, proteger a los ciudadanos frente a las amenazas para la salud y fomentar sistemas sanitarios dinámicos y nuevas tecnologías– y suscribe las propuestas de acciones específicas enumeradas para cada uno de ellos;

7.

señala que la transparencia respecto al papel de los niveles regional y local, sus intereses y experiencias, es condición previa para garantizar que los valores, principios y objetivos del Libro Blanco se llevan a la práctica;

8.

pide a la Comisión que convierta en objetivo prioritario la reducción de desigualdades sanitarias y que se centre en las diferencias existentes en materia de sanidad entre diversos grupos sociales. Por tanto, debe concederse prioridad a apoyar a los Estados miembros que se están quedando a la zaga en el desarrollo de medidas de sanidad pública y a mejorar el estado de salud de los ciudadanos, a fin de reducir las desigualdades y los desequilibrios que existen en la UE en materia de sanidad;

9.

considera positivo que se instaure un sistema de indicadores sanitarios, siempre que no vulnere las responsabilidades nacionales en materia de asistencia sanitaria;

10.

señala que la cuestión de los productos farmacéuticos no se aborda en la estrategia, aun cuando tiene consecuencias de largo alcance para los pacientes/ciudadanos, viéndose la normativa en este ámbito solamente como una faceta más de la política industrial y no en relación con el ámbito de la salud; pide, por tanto, que se lleve a cabo una investigación más detallada de la cuestión de los productos farmacéuticos partiendo de la base de que en muchos Estados miembros de la UE pertenece al ámbito de la salud y de la atención sanitaria;

11.

considera que la detección del cáncer es una cuestión de asistencia sanitaria y corresponde por tanto al ámbito nacional, por lo que no debe incluirse en la estrategia sanitaria;

12.

señala asimismo que a las entidades locales y regionales les afecta directamente la nueva estrategia sanitaria de la UE, puesto que en muchos Estados miembros son ellas las responsables de los sectores sanitarios y de la atención sanitaria;

13.

recuerda que los entes regionales y locales suelen ser los responsables de la planificación, dirección, gestión y desarrollo del sector sanitario y ejercen a menudo asimismo responsabilidad financiera en este ámbito; se hallan próximos al ciudadano y tienen, por tanto, una comprensión y un conocimiento profundo del ámbito sanitario;

14.

aplaude que el Libro Blanco reconozca que las entidades locales y regionales son actores clave en la prestación de servicios sanitarios y espera por tanto que, dada su responsabilidad en este campo, participen plenamente en la puesta en práctica de la estrategia. La estrategia será tanto más eficaz si se ve apoyada por la participación regional y local en la fase más temprana. Ello brindará mayores posibilidades para que el nivel regional o local perciban la estrategia como algo propio;

15.

se congratula de que en el Libro Blanco se afirme que la participación regional y local será posible en el nuevo mecanismo de cooperación estructurada a escala comunitaria, y expresa su satisfacción por que la Comisión trabaje en una base intersectorial y garantice la coherencia con otros organismos que se ocupan de temas relativos a la salud; sin embargo, pide que dicho mecanismo de cooperación estructurada siga siendo objeto de debate, que sea abierto y transparente y no contravenga de ningún modo la cooperación a la que se hace referencia en la segunda frase del apartado 2 del artículo 152 del Tratado CE;

16.

señala a este respecto la importancia de hacer participar, desde las fases más tempranas, a las instituciones y redes que representan a entidades locales y regionales en el ámbito de la salud en los debates iniciales sobre futuras iniciativas sanitarias de la UE;

17.

apoya la propuesta de la Comisión de crear un nuevo mecanismo de cooperación estructurada a escala comunitaria que asesorará a la Comisión y promoverá la coordinación entre los Estados miembros, a condición de que, como la propia Comisión prevé, este nuevo mecanismo garantice de modo suficiente la participación e implicación, en una fase temprana, de los entes regionales y locales. Esto también rige para la participación e implicación de las entidades locales y regionales en la nueva estructura prevista, en la que los Estados miembros subsumirán algunos comités existentes;

18.

señala que la participación de las entidades locales y regionales en el nuevo mecanismo de cooperación estructurada a escala comunitaria podría lograrse de manera práctica permitiendo que algunos puestos de los nuevos comités sanitarios fueran ocupados por representantes locales y regionales, y no solo por miembros de nivel nacional. De este modo, se lograría una consulta lo más amplia posible en el ámbito sanitario y mayores posibilidades de que el nivel regional percibiera las iniciativas sanitarias de la UE como algo propio;

19.

propone que los representantes regionales y locales de los nuevos comités sean designados entre miembros del Comité de las Regiones por un período determinado. Dichos representantes regionales y locales rendirían luego cuentas ante el Comité de las Regiones;

20.

está de acuerdo en que la propuesta de la Comisión para fomentar la cooperación con los entes interesados a nivel comunitario puede añadir valor a la acción de los Estados miembros, y considera esencial que la Comisión continúe desarrollando asociaciones con estos entes y creando, si es necesario, nuevos foros o redes sanitarios que hagan participar a representantes locales y regionales en mucha mayor medida de lo que lo hacen hoy en día;

21.

insta en este sentido a la cooperación, ante todo, con el Comité de las Regiones como único organismo consultivo reconocido por los Tratados para representar a los entidades locales y regionales, pero también con las diversas redes y organizaciones que reúnen la experiencia sanitaria a nivel de la UE de las entidades locales y regionales. Es importante que la Comisión, al seleccionar estas redes, se asegure de que poseen una amplia cobertura regional y local, de que son igualmente accesibles para la participación de todas las entidades regionales y locales, y de que no excluyen a nadie debido, por ejemplo, a los elevados honorarios exigidos para ser miembro;

22.

recomienda a la Comisión que, por una parte, elabore un informe sobre las redes y organizaciones de cooperación, tanto formales como informales, existentes en el ámbito de la sanidad y que cumplen los mencionados criterios, y, por otra parte, que reúna a estas instancias a fin de debatir métodos apropiados y eficaces de cooperación;

23.

recomienda, con referencia a la iniciativa de la transparencia de la Comisión, un método de trabajo transparente, de modo que la Comisión declare públicamente con qué instancias sanitarias está trabajando y qué instancias participan desde una fase temprana en los foros, comités y organismos que la Comisión se propone crear;

24.

pide asimismo a los Estados miembros que establezcan procedimientos para que sus entidades regionales y locales participen de forma temprana en temas sanitarios a nivel de la UE;

25.

está de acuerdo en que las acciones de esta estrategia se financien mediante instrumentos financieros existentes hasta el fin del marco financiero actual (2013), sin consecuencias presupuestarias adicionales, especialmente teniendo en cuenta los compromisos de los interlocutores regionales y locales;

26.

se congratula de que la Comisión haya señalado la vinculación existente entre una población sana y la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo y, a este respecto, pide que en el futuro la política de cohesión y la Política Agrícola Común se centren más en los aspectos de la salud pública;

27.

pide a la Presidencia de la UE que incluya el contenido de los puntos 7, 8, 15, 16, 19, 20 y 22-24 del presente dictamen en las conclusiones del Consejo relativas a la estrategia sanitaria de la UE. Se trata de las siguientes recomendaciones:

27.1

la transparencia, en lo que atañe al papel de los niveles regional y local, es una condición previa para garantizar el cumplimiento de los valores, principios y objetivos del Libro Blanco (punto 7);

27.2

reducir las desigualdades en materia de salud debe convertirse en un objetivo prioritario; es preciso centrarse en las desigualdades sanitarias de diversos grupos sociales y debe concederse prioridad a apoyar a los Estados miembros que se están quedando a la zaga en el desarrollo de medidas de salud pública (punto 8);

27.3

la propuesta de la Comisión de crear un nuevo mecanismo de cooperación estructurada a escala comunitaria debe garantizar de modo suficiente la participación regional y local en una fase temprana. Esto afecta también a la participación e implicación de las entidades locales y regionales en la nueva estructura prevista, pero pide que dicho mecanismo de cooperación estructurada siga siendo objeto de debate, que sea abierto y transparente y no contravenga de ningún modo la cooperación a la que se hace referencia en la segunda frase del apartado 2 del artículo 152 del Tratado CE (punto 15);

27.4

la participación de las entidades locales y regionales en el nuevo mecanismo de cooperación estructurada a escala comunitaria podría lograrse de manera práctica permitiendo que algunos puestos de los nuevos comités sanitarios fueran ocupados por representantes de los niveles locales y regionales (punto 16);

27.5

esa cooperación debería centrarse sobre todo en el Comité de las Regiones como único organismo consultivo reconocido por los Tratados para representar a las entidades locales y regionales, pero también debería desarrollarse con diversas redes y organizaciones que reúnen la experiencia en el ámbito sanitario de las entidades locales y regionales (punto 19);

27.6

la Comisión debería elaborar un informe sobre las redes cooperativas y organizaciones que operan en el ámbito de la sanidad y dichas entidades deberían reunirse a fin de debatir métodos apropiados y eficaces de cooperación (punto 20);

27.7

los Estados miembros deberían establecer procedimientos para que las entidades regionales o locales participen en una fase temprana en temas sanitarios a nivel de la UE (punto 22);

27.8

las acciones de esta estrategia deberían financiarse mediante los instrumentos financieros existentes hasta el fin del marco financiero actual (2013), sin que ello tenga consecuencias presupuestarias adicionales, especialmente teniendo en cuenta los compromisos de los interlocutores regionales y locales (punto 23);

27.9

en el futuro la política de cohesión y la Política Agrícola Común deberían centrarse en mayor medida en los aspectos sanitarios (punto 24).

5.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 172/45

—

subraya que la Unión Europea debe proseguir su política de puertas abiertas por lo que se refiere a la ampliación, a fin de que ésta pueda servir de base para fomentar las reformas democráticas y el desarrollo económico también más allá de las fronteras actuales de la UE;

—

recuerda que el respeto de los criterios de Copenhague y de las exigencias del proceso de estabilización y asociación constituye una condición fundamental impuesta a los Estados miembros, con un énfasis particular en el principio de los méritos propios, que ocupó también un lugar central en las ampliaciones anteriores;

—

señala que no debe interrumpirse la dinámica europea de Turquía y que la Unión Europea tiene que cumplir los compromisos que asumió cuando decidió abrir las negociaciones. No obstante, coincide con la Comisión en que las negociaciones de adhesión son un proceso abierto, cuyos resultados no pueden garantizarse de antemano;

—

acoge con satisfacción los progresos realizados por Croacia para satisfacer los criterios políticos de Copenhague, los criterios económicos y la aplicación del acervo comunitario y el acuerdo de estabilización y asociación;

—

considera que la Antigua República Yugoslava de Macedonia ha avanzado considerablemente en materia de respeto de los criterios políticos de Copenhague y resalta los progresos realizados a finales de 2007; por consiguiente, pide que el Consejo adopte una decisión para entablar negociaciones con la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

Ponente

:

Alin Adrian NICA (RO/ALDE), Alcalde de Dudeștii Noi

1.

reitera su convencimiento de que la ampliación de la Unión Europea constituye uno de los medios más eficaces de influir políticamente. En efecto, esto proceso representa un paso importante para garantizar la paz y la estabilidad del continente y constituye para los ciudadanos de los países candidatos una oportunidad suplementaria para beneficiarse no sólo del bienestar generado por el espacio económico común, sino también de los valores comunes de la UE, principalmente la libertad, la democracia y la solidaridad;

2.

subraya que la Unión Europea debe proseguir su política de puertas abiertas por lo que se refiere a la ampliación, a fin de que ésta pueda servir de base para fomentar las reformas democráticas y el desarrollo económico también más allá de las fronteras actuales de la UE;

3.

recuerda que el respeto de los criterios de Copenhague y de las exigencias del proceso de estabilización y asociación constituye una condición fundamental impuesta a los Estados miembros, con un énfasis particular en el principio de los méritos propios, que ocupó también un lugar central en las ampliaciones anteriores;

4.

destaca que el éxito de una buena integración depende sobre todo de la manera en que un país candidato prepare su adhesión, de la solidez de las reformas y del grado de rigor de su aplicación;

5.

recuerda que el seguimiento de los progresos y la adaptabilidad de la legislación son los garantes de una integración lograda;

6.

llama la atención sobre el hecho de que los entes territoriales deben desempeñar un papel activo en el proceso de integración, puesto que se trata de un proceso estructural democrático que no puede aplicarse únicamente en el nivel central sin una participación activa de todos los niveles de gobierno y sin respetar plenamente los principios de subsidiariedad y proximidad;

7.

considera indispensable que las estructuras asociativas de las administraciones locales y regionales sean consultadas cuando la administración central propone medidas legislativas en ámbitos de competencia de los entes territoriales;

8.

subraya que el desarrollo sostenible de un país depende en gran medida del respeto y la puesta en práctica del principio fundamental de la descentralización en todas sus modalidades: descentralización en la toma de decisiones y descentralización administrativa y financiera;

9.

declara que la guerra de la primera mitad de los años noventa ha marcado profundamente la conciencia colectiva de los pueblos balcánicos y que, por ello, es esencial que todos los agentes locales, regionales y nacionales de la región colaboren para resolver los problemas que fueron causa de conflicto en el pasado;

10.

observa que es importante apoyar, mediante programas y políticas de preadhesión, las iniciativas y los esfuerzos de cooperación (en particular en 2008, Año del diálogo intercultural) e intercambio de experiencias y buenas prácticas (por ejemplo, la experiencia cosechada en la aplicación de los principios de la Carta Europea de Autonomía Local) entre los entes locales y regionales de los Estados miembros y los países candidatos. En este sentido, el CDR desempeña un papel muy importante a la hora de promover seminarios de formación encaminados al intercambio de las buenas prácticas y experiencias adquiridas por los entes locales y regionales de la UE. Este apoyo debería sobre todo basarse en la experiencia de los nuevos Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004 y 2007, en particular porque son en parte vecinos de los tres nuevos países candidatos a la adhesión;

11.

destaca que revierte en interés de todos que se apoye a Turquía a lo largo de todo el prolongado y complejo proceso de reforma que ha acometido. Un principio básico del proceso de adhesión es que el ritmo de las negociaciones depende de los progresos realizados en estas reformas, a las que contribuirá también el apoyo exterior que le presta la UE por medio de programas de ayuda. Por consiguiente, Turquía y la Unión Europea deberán dar prueba de paciencia y perseverancia en el marco de este proceso;

12.

señala que no debe interrumpirse la dinámica europea de Turquía y que la Unión Europea tiene que cumplir los compromisos que asumió cuando decidió abrir las negociaciones. No obstante, coincide con la Comisión en que las negociaciones de adhesión son un proceso abierto, cuyos resultados no pueden garantizarse de antemano. El cumplimiento de las condiciones de ingreso impuestas por la Unión habrá de ser el único criterio que deberá tenerse en cuenta para decidir si Turquía puede entrar en la UE. Además, es importante que Turquía se comprometa a promover las relaciones de buena vecindad, de conformidad con las disposiciones que se establezcan en el marco de las negociaciones; por tanto, espera que Turquía ponga fin a toda clase de bloqueo económico y cierre de fronteras y se abstenga de amenazas o actividades militares dirigidas contra los países vecinos;

13.

se congratula del buen desarrollo de las elecciones legislativas y expresa su confianza en que el nuevo gobierno acelere la aplicación de las reformas necesarias para satisfacer los criterios de adhesión y realice progresos significativos en los ámbitos delicados. Manifiesta, por otra parte, su preocupación con respecto a las reiteradas intervenciones de las fuerzas armadas turcas en el proceso político y subraya que se deben realizar esfuerzos suplementarios para garantizar el sometimiento del ejército a un control político completo y consistente;

14.

acoge con satisfacción las recientes medidas destinadas a modificar la constitución y considera que las modificaciones propuestas, si son aprobadas, constituirán un avance importante en materia de respeto de los criterios políticos de Copenhague; y recuerda que el artículo 301 del Código penal, que declara punible la ofensa de la nación tuca y de los turcos, deberá modificarse en el sentido de una amplia libertad de opinión;

15.

hace hincapié en que los entes locales y regionales, que son los encargados de aplicar la mayor parte de la legislación comunitaria, deben desempeñar un papel crucial y determinante, tanto en el proceso de democratización interna como en el proceso de integración europea, y, a este respecto, recomienda a la Comisión Europea que haga hincapié en la posición de los entes territoriales en el proceso de negociación con el Gobierno turco;

16.

aboga por que se lleve a cabo una revisión de la legislación municipal a fin de reforzar las administraciones públicas de nivel local y aumentar su eficacia;

17.

propone que se lleve a cabo un estudio para determinar diversos modelos de desarrollo regional de las divisiones territoriales turcas sobre la base de los ejemplos de los Estados miembros de la Unión, modelos que permitan elaborar y aplicar las estrategias y las políticas regionales, definir las prioridades en materia de desarrollo local y regional y aplicar los programas que se beneficien de los fondos europeos de preadhesión y, posteriormente, de los Fondos Estructurales;

18.

recuerda la necesidad de establecer un comité consultivo mixto que reúna a representantes del Comité de las Regiones y de los entes territoriales turcos; por lo tanto, recomienda al Gobierno turco que presente una solicitud en este sentido y pide a la Comisión Europea que se comprometa a poner de manifiesto, en el marco de sus negociaciones con Turquía, la importancia que reviste un órgano de estas características;

19.

llama la atención sobre el hecho de que Turquía debe continuar sus esfuerzos concretos en la vía de la descentralización financiera de las administraciones públicas locales, a fin de reforzar la autonomía financiera de los entes territoriales, reduciendo simultáneamente su dependencia del presupuesto nacional;

20.

insiste en que la ampliación de las competencias administrativas de los entes territoriales debe realizarse al mismo tiempo que la concesión de recursos financieros suficientes para ejercer sus nuevas responsabilidades;

21.

observa que en la actualidad Turquía está llevando a cabo una reforma de su sector público con el objetivo de incrementar la eficacia y mejorar la capacidad administrativa de las instituciones públicas para que sean capaces de administrar eficazmente los fondos nacionales y comunitarios;

22.

llama la atención sobre las discriminaciones persistentes en Turquía por lo que se refiere al acceso de las mujeres a la función pública en el ámbito de la administración y la justicia, pese a que el marco jurídico se ajusta ya parcialmente a la legislación europea en la materia. Hace hincapié, en particular, en la discriminación de las mujeres en lo que se refiere al acceso a la educación. Son muchas, en efecto, las mujeres que no tienen la posibilidad de proseguir sus estudios más allá de la enseñanza primaria debido al peso de las tradiciones religiosas;

23.

llama la atención sobre las discriminaciones que sufren las minorías étnicas en Turquía, en particular la minoría kurda;

24.

destaca las dificultades que encuentran las comunidades religiosas no musulmanas en Turquía, al no disponer de personalidad jurídica. Estas comunidades encuentran dificultades por lo que se refiere a sus actividades caritativas, el derecho de libertad religiosa, la elección de sus dirigentes y la formación de los clérigos. Recuerda, por otra parte, las repetidas agresiones y atentados contra representantes y fieles de religión no islámica. Garantizar que tales actos no se repitan corresponde al Estado, que deberá utilizar sus recursos para controlar a los grupos extremistas y oponerse a sus acciones subversivas;

25.

acoge con satisfacción los progresos realizados por Croacia para satisfacer los criterios políticos de Copenhague, los criterios económicos y la aplicación del acervo comunitario y el acuerdo de estabilización y asociación. El ejemplo de Croacia sirve para que, en particular, los países vecinos sean conscientes de cuáles son las ventajas que puede reportar un anclaje económico y político estable en las estructuras y valores de la Unión Europea; valora positivamente que durante 2007 se lograran progresos reales en las negociaciones de adhesión y pide al Gobierno croata recién formado que intensifique sus esfuerzos para cumplir también las condiciones que permitan abrir los capítulos pendientes;

26.

valora positivamente las medidas adoptadas por Croacia para descentralizar la administración pública a nivel local y la anima a que prosiga sus esfuerzos en este ámbito; considera que, en el marco de estas medidas, es conveniente hacer hincapié en el principio de subsidiariedad a fin de que la toma de decisión se acerque en la mayor medida posible al ciudadano;

27.

declara que debe alentarse y reforzarse el compromiso continuado de Croacia con las iniciativas regionales, que ha contribuido a mejorar las relaciones con sus vecinos. Subraya la importancia de reforzar la cooperación transfronteriza entre los entes locales de las regiones fronterizas croatas y los de los países vecinos: Bosnia y Herzegovina, Serbia, Eslovenia y Montenegro;

28.

se congratula de la plena cooperación entre Croacia y el Tribunal Penal Internacional y hace hincapié en la necesidad de proseguir los esfuerzos realizados en lo que se refiere a la persecución de los crímenes de guerra, y, en particular, reforzar la protección de los testigos;

29.

acoge con satisfacción que los primeros ministros de Croacia y Eslovenia hayan alcanzado un acuerdo de principios informal para remitir al arbitraje de una tercera parte el litigio fronterizo; pide a los Gobiernos croata y esloveno que hagan buen uso de todas las oportunidades que les brinda el cumplimiento de este acuerdo; valora positivamente la decisión del Parlamento croata según la cual este país no aplicará la Zona de Protección Ecológica y Pesquera hasta que se haya encontrado una solución amistosa, común y conforme al espíritu de la UE;

30.

estima que se ha perfeccionado la aplicación de la Ley Constitucional sobre minorías nacionales y que está mejorando la situación de la minoría roma. Sin embargo, considera que es necesario hacer progresos en el ámbito de la inclusión social de los refugiados y minorías étnicas, y más concretamente de la población roma, facilitando su acceso a los servicios públicos y a la enseñanza superior;

31.

subraya que es fundamental dotarse de medios de acción específicos para garantizar una dirección responsable del Estado, prestando especial atención a la lucha contra la corrupción. En este contexto, valora muy positivamente la extensión del mandato de la Oficina de Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada (USKOK), así como el aumento de los casos de corrupción perseguidos por la justicia croata; pide al Gobierno croata que siga intensificando sus esfuerzos en el marco del programa nacional de lucha contra la corrupción 2006-2008;

32.

acoge positivamente los avances logrados en la construcción y reconstrucción de viviendas e infraestructuras, así como el programa de vivienda, con el objetivo de resolver el problema de los antiguos derechos de arrendamiento, y pide que tales medidas continúen y se aceleren;

33.

se congratula de los progresos realizados recientemente en el ámbito de la política regional y de la coordinación de los instrumentos estructurales; no obstante, considera que es indispensable la adopción de otras medidas para aumentar la eficacia y mejorar la capacidad administrativa de los organismos públicos con miras a una gestión eficaz de los fondos comunitarios;

34.

observa que, no obstante, los progresos realizados en materia de reforma de la administración pública local siguen siendo modestos y que un desigual respeto del marco legislativo en el ámbito de la administración pública ha llevado a su ineficacia;

35.

considera que la Antigua República Yugoslava de Macedonia ha avanzado considerablemente en materia de respeto de los criterios políticos de Copenhague y resalta los progresos realizados a finales de 2007; por consiguiente, pide que el Consejo adopte una decisión para entablar negociaciones con la Antigua República Yugoslava de Macedonia;

36.

se felicita de que el país haya logrado cumplir algunas de las disposiciones del acuerdo de estabilización y asociación;

37.

observa que la aplicación del acuerdo marco de Ohrid ha generado profundos cambios en la sociedad de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, que a partir de ahora reconoce plenamente su carácter multiétnico y multicultural, lo que constituye, además, un aspecto fundamental de los criterios políticos de adhesión a la Unión Europea; recuerda una vez más que es imperativo ajustarse por entero al principio Badinter y que todas las partes deben respetarse mutuamente y cooperar en el marco de las instituciones democráticas que el país ha logrado crear a costa de tan grandes esfuerzos; no obstante, lamenta que la integración de las minorías étnicas siga siendo limitada;

38.

invita a la Antigua República Yugoslava de Macedonia a que se inspire en la experiencia europea por lo que respecta a una administración pública y un sistema de enseñanza que tengan en cuenta la diversidad étnica y lingüística. Expresa su deseo de que en el futuro se celebren acuerdos que permitan organizar, en condiciones equitativas y armoniosas, la cohabitación de las dos comunidades étnicas mayoritarias con las distintas minorías; a este respecto, se declara partidario de una aplicación eficaz de las disposiciones constitucionales destinadas a garantizar una representación equitativa de las comunidades minoritarias en la administración pública;

39.

lamenta que la corrupción continúe siendo un fenómeno ampliamente extendido, algo que sigue representando un grave problema. Por este motivo, el CDR recomienda a las autoridades públicas que adopten medidas para erradicar esta plaga;

40.

valora positivamente los esfuerzos realizados en la descentralización de la administración pública a nivel local y la voluntad de aumentar su eficacia gracias a la reagrupación de varios municipios por motivos racionales y de desarrollo; no obstante, recuerda que es urgente acelerar el proceso de descentralización financiera para permitir el refuerzo de la autoridad de los entes locales y regionales;

41.

manifiesta su decepción por la ausencia de progreso en la cuestión de la denominación. Se congratula de la reanudación de las negociaciones en presencia del enviado especial de Naciones Unidas, Matthew Nimetz, y pide a la Antigua República Yugoslava de Macedonia que intensifique sus esfuerzos para contribuir a resolver el problema de su denominación en el marco de las resoluciones 817/93 y 845/93 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y favorecer así el establecimiento de relaciones de buena vecindad y el desarrollo de la cooperación regional;

42.

se congratula de los esfuerzos encaminados a garantizar el acceso de los ciudadanos a la información de carácter público con el fin de mejorar la transparencia de la administración, pero señala que esta última no está lista para facilitar tal acceso, o no está dispuesta a facilitarlo;

43.

acoge con satisfacción la decisión adoptada por la Mesa del CDR el 4 de marzo de 2008 para establecer un comité consultivo mixto UE-Antigua República Yugoslava de Macedonia tras la solicitud oficial presentada por el Gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia; pide que se adopten las disposiciones necesarias al nivel administrativo para que la primera reunión de este comité pueda tener lugar en el primer semestre de 2008.

5.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 172/49

—

recoge la preocupación de las regiones y entidades locales, que tanto en el Mediterráneo como en la Europa Central y Atlántica han constatado problemas relacionados con la sequía y fenómenos como años anormalmente secos, depósitos y embalses agotados, dificultades con los acuíferos subterráneos, problemas de salinización de los acuíferos costeros, descensos en los niveles freáticos, cambios en el régimen hidrológico producidos por la intervención humana sin planificación, cambios en el régimen habitual de precipitaciones y tensiones hídricas por causas naturales o por la acción humana, generando consecuencias ya constatadas por la Comisión en sus trabajos preparatorios;

—

defiende una planificación hidrológica coherente en los Estados miembros y en las regiones, donde los fondos comunitarios que se inviertan en infraestructuras tengan como objetivo la conservación del agua, la conservación de las zonas de montaña y los humedales, la recuperación de las masas arbóreas, el ahorro y la eficiencia hídrica, la reasignación del agua entre usos, y también paliar las situaciones derivadas de una sequía grave o de escasez mediante aportes adicionales de suministro de agua;

—

saluda la Comunicación de la Comisión sobre el «chequeo» de la Política Agrícola Común en lo referente a la inclusión de la gestión sostenible del agua como nuevo reto de la PAC, y aprueba las propuestas de la Comisión de examinar si las cuestiones relativas a la gestión del agua pueden tenerse más en cuenta en los programas de desarrollo rural y de la montaña. Asimismo, recomienda que se estudie el valor de las tierras de cultivo y las zonas de montaña, ricos en recursos hídricos y forestales, en la generación de humedad atmosférica y la atracción de lluvias y como freno a la desertificación provocada por el cambio climático.

Ponente

:

Francisco CAMPS ORTIZ, Presidente de la Generalitat Valenciana (ES/PPE)

1.

Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión relativa a la escasez del agua y la sequía en Europa en cuanto que la considera plenamente insertada en la Directiva 2000/60/CE, Directiva marco para el agua, que tiene que ser la base general de cualquier política en materia de aguas de la Unión Europea.

2.

Coincide con la Comisión en la distinción entre «sequía» y «escasez de agua», definidas en los siguientes términos: «Mientras que “sequía” significa una disminución temporal de la disponibilidad de agua debida, por ejemplo, a la falta de precipitaciones, “escasez de agua” significa que la demanda de agua supera los recursos hídricos explotables en condiciones sostenibles».

3.

Señala que la escasez de agua y la sequía son fenómenos que se producen en ciertas regiones del territorio de la UE y que deben afrontarse según las particularidades locales y regionales.

4.

Anima a los Estados miembros, las regiones y municipios de Europa a trabajar por la conservación del agua, el ahorro de agua, la reducción de pérdidas y una mayor reutilización del agua, prioridades absolutas, por encima de otras alternativas, para luchar contra la escasez de agua y la sequía; pide al mismo tiempo que se adopten medidas estructurales adecuadas para solventar de manera sostenible los problemas de escasez de agua y sequía.

5.

Subraya que para luchar contra la escasez de agua y la sequía, la prioridad absoluta es ir hacia una economía que haga uso eficiente, ahorrativo y sostenible del agua. Ahorrar agua significa, además, ahorrar energía. Al igual que la energía, el agua es necesaria para todas las actividades humanas, económicas y sociales.

6.

Subraya la función de las autoridades locales y regionales en la aplicación de la Directiva Marco del Agua, la planificación de usos del suelo y del agua, el desarrollo de los diversos sectores económicos, la protección ambiental y la garantía de un abastecimiento suficiente de agua a los ciudadanos con un buen nivel de calidad.

7.

Señala que las regiones tienen mucho que decir acerca de las diferentes medidas propuestas por la Comisión, especialmente en lo que se refiere a garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a agua de calidad; proteger las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas; planificar racionalmente los usos del agua; prevenir y remediar las situaciones de escasez a corto, medio y largo plazo; definir el precio final del agua; asignar y reasignar el agua entre usos; ahorrar, reutilizar y aplicar la jerarquía del agua en todos los ámbitos económicos; prever la flexibilidad y movilidad de caudales entre sistemas de explotación, internos o externos; desarrollar infraestructuras de agua y de mejora del suelo; elaborar los planes de sequía; profundizar en el conocimiento y la información; movilizar a los sectores económicos, y sensibilizar y garantizar la participación de los ciudadanos.

8.

Señala que en materia de agua se aplica especialmente el principio de subsidiariedad y la gobernanza a varios niveles, porque corresponde a la Unión Europea dentro de sus competencias, al Estado, a la región y a las entidades locales el emprender acciones que den respuesta a la sequía y a la escasez de agua arbitrando mecanismos de cooperación leal y solidaria entre territorios.

9.

Señala que, aun cuando las condiciones climatológicas y los problemas de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea son diversos en distintos lugares del territorio de la misma, las soluciones que cabe adoptar deben tener un punto común de homogeneidad respetando los principios conservacionistas de la política de aguas europea. Por tanto, de conformidad con el principio de subsidiariedad, debe darse prioridad a las soluciones regionales y locales.

10.

Reivindica la solidaridad dentro de cada uno de los Estados Miembros afectados, el principio de subsidiariedad y el protagonismo de las regiones y municipios para resolver los problemas que afectan a este recurso vital y a su protección.

11.

Señala que los Estados miembros y los entes regionales y locales deberían fijarse como prioridad la consecución de los objetivos de la actual Directiva Marco del Agua. Por ello, se pide a la Comisión que exija resueltamente la aplicación de la Directiva Marco del Agua.

12.

Recoge la preocupación de las regiones y entidades locales, que tanto en el Mediterráneo como en la Europa Central y Atlántica han constatado problemas relacionados con la sequía y fenómenos como años anormalmente secos, depósitos y embalses agotados, dificultades con los acuíferos subterráneos, problemas de salinización de los acuíferos costeros, descensos en los niveles freáticos, cambios en el régimen hidrológico producidos por la intervención humana sin planificación, cambios en el régimen habitual de precipitaciones y tensiones hídricas por causas naturales o por la acción humana, generando consecuencias ya constatadas por la Comisión en sus trabajos preparatorios.

13.

Asume el compromiso de la Comisión de seguir afrontando el desafío de la escasez de agua y la sequía a nivel internacional, en particular a través de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

14.

Señala que el documento de síntesis del cuarto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, presentado en Valencia el 17 de noviembre de 2007, prevé con un «nivel de confianza alto» que muchas áreas semiáridas de la cuenca del Mediterráneo sufrirán una disminución de sus recursos hídricos debido a este fenómeno.

15.

Señala que son las regiones y los municipios los primeros que, por su proximidad al usuario final, deben afrontar los problemas derivados de la sequía y la escasez de agua, muchas veces con medios insuficientes. Son también las regiones y los municipios quienes saben cuáles son las medidas necesarias para la zona en cuestión y que pueden colaborar con otras regiones y municipios para llevarlas a cabo, con la ayuda de las instancias nacionales y europeas.

16.

Señala que la tarificación del agua y de las aguas residuales es una materia especialmente sensible e imprescindible para las administraciones, por tener que compatibilizar los incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos, con la incidencia de la tarifa en las economías de estos usuarios, considerando las diferencias del medio natural, climáticas y geográficas, la diversa situación de las infraestructuras y las variadas modalidades de organización del servicio público en cada territorio.

17.

Señala que los principios de recuperación de costes y de que el consumidor paga, reflejados en la Directiva Marco del Agua, no excluyen la consideración de los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas, de manera que la aplicación de estos principios corresponde a las autoridades que estén más cerca de los ciudadanos.

18.

Recomienda que, en la tarificación del agua, se tome también en consideración el principio de «quien contamina paga», como un segundo elemento de una gestión integrada de este recurso. Este principio animaría a los usuarios a aprovechar mejor este recurso y permitiría redistribuir los ingresos en función de las diferentes necesidades y los esfuerzos realizados.

19.

Reconoce la necesidad de generalizar los mecanismos de medición de consumo de agua para fomentar su ahorro y uso eficiente y racional.

20.

Pide a la Comisión que, en sus estudios sobre la tarificación del agua, tenga en cuenta las opiniones, preocupaciones y experiencias de los entes locales y regionales, en particular sobre aspectos como las consecuencias de una tarificación estricta que restrinja el acceso a este recurso únicamente a los sectores de los servicios y el consumo, el marco jurídico relacionado con el suministro, el tratamiento y la depuración, las repercusiones sociales y económicas de la tarificación del agua y el cálculo de los costes medioambientales de este recurso.

21.

Asume que la planificación del territorio orientada hacia la conservación y la sostenibilidad, que es competencia de las autoridades regionales y locales, es un elemento clave para la correcta gestión del agua, así como la importancia de la estricta aplicación de la Directiva sobre Evaluación Ambiental Estratégica y la identificación de las cuencas europeas que sufren presión hídrica o escasez estructural de agua.

22.

Propone que la Unión Europea apoye a las regiones en la cooperación y la solidaridad en materia de agua.

23.

Subraya que, para utilizar el agua de manera eficaz, es conveniente que puedan asignársele usos diferentes según las circunstancias. Compete a los Estados miembros y las regiones desarrollar las infraestructuras necesarias y los mecanismos legislativos y de gobernanza que lo hagan posible, respetando criterios de sostenibilidad social, económica y medioambiental.

24.

Saluda la Comunicación de la Comisión sobre el «chequeo médico» de la Política Agrícola Común en lo referente a la inclusión de la gestión del agua como nuevo desafío de la Política Agrícola Común. El Comité apoya las propuestas de la Comisión encaminadas a examinar si los programas de desarrollo rural y de la montaña pueden mejorar la integración de las cuestiones de la gestión del agua, y anima a que se considere y estudie el valor de las masas cultivadas y de las zonas de montaña, ricas en recursos hídricos y forestales, en la generación de humedad atmosférica y atracción de lluvias y freno a la desertificación provocada por el cambio climático.

25.

Asume que la planificación hidrológica es el instrumento para evaluar el agua disponible para el desarrollo sostenible del territorio.

26.

Insta a la integración de las medidas de protección de las zonas de montaña, de los humedales y de las masas verdes para paliar las consecuencias de las sequías e inundaciones asociadas a los efectos del cambio climático, entendiendo que para ello es necesario un uso del agua con fines ambientales, sostenible y ahorrativo, al que no podemos renunciar.

27.

Asume con la Directiva Marco del Agua que las demarcaciones hidrográficas son el ámbito fundamental de gestión de la demanda y de la planificación del uso del agua en cooperación con las autoridades territoriales que las forman, y que, no obstante, este principio básico no nos debe llevar a considerar insalvables determinados problemas que superan los límites de una región o una demarcación.

28.

Defiende una planificación hidrológica coherente en los Estados miembros y en las regiones, donde los fondos comunitarios que se inviertan en infraestructuras tengan como objetivo la conservación del agua, la conservación de las zonas de montaña y los humedales, la recuperación de las masas arbóreas, el ahorro y la eficiencia hídrica, la reasignación del agua entre usos, y también paliar las situaciones derivadas de una sequía grave o de escasez mediante aportes adicionales de suministro de agua (trasvases, embalses, desalación) en las condiciones de los puntos 37 y siguientes.

29.

Tiene en cuenta la planificación específica del agua en las islas y territorios en situación análoga, en las que, al estar limitada el agua disponible, su abastecimiento básico puede efectuarse a partir de la desalación de agua marina. En estos casos recomienda como medida más importante un uso eficiente del agua, y a continuación optimizar el rendimiento energético y utilizar energías de fuentes renovables, así como garantizar el acceso al agua mediante sistemas de almacenamiento que garanticen las reservas adecuadas, junto con el fomento y la recuperación de las infraestructuras tradicionales de recogida y almacenamiento de agua de lluvia.

30.

La gestión integrada del agua debería recoger la figura estratégica de los recursos subterráneos como reserva de recurso que cabrá incorporar en los planes de gestión de sequías y planes de emergencia al abastecimiento.

31.

Insta a la cooperación transfronteriza y a la cooperación entre los Estados en el intercambio de buenas prácticas y en la coordinación de políticas, pues en el caso de Europa del Sur son bien conocidas las situaciones de escasez de agua que se agravan con el proceso de cambio climático, y en Europa del Norte, fenómenos más frecuentes de inundaciones y de escasez de agua suponen nuevos desafíos.

32.

Asume el desarrollo de planes específicos de sequía como el paso adecuado para pasar de la gestión de crisis a la gestión del riesgo de sequía y considera que la Directiva Marco del Agua cuenta con la flexibilidad necesaria para desarrollar planes específicos de gestión de la sequía en las cuencas afectadas.

33.

Asume el camino a seguir planteado en dictámenes anteriores en relación con el intercambio de información y con la elaboración de un protocolo específico para la sequía, o en el ámbito nacional, de elaboración de planes específicos de gestión. Reconoce el papel fundamental de las autoridades regionales y locales para definir sus estrategias de adaptación con un enfoque integrado, animándolas a actuar en asociación con el resto de los agentes, incluidos los usuarios. En un escenario de cambio climático será necesario que los planes y los instrumentos sean flexibles, y que se facilite el intercambio de conocimiento y de experiencias. Es importante subrayar que no hay municipio ni región que pueda llevar a cabo por cuenta propia esta tarea, que sólo podrán realizar con éxito si se les ayuda proporcionándoles recursos, conocimientos y datos. Los ejemplos de buenas prácticas de otros municipios y regiones pueden servir de ayuda, pero los Estados miembros y la UE deben estar dispuestos a ofrecer su apoyo para darlas a conocer.

34.

Insta a profundizar en las orientaciones de los dictámenes sobre catástrofes naturales y sobre cambio climático, especialmente en lo que se refiere a las regiones como «agentes de ejecución» de las políticas de adaptación al mismo y ante desafíos como los movimientos migratorios, las adaptaciones de la legislación, los cambios de mentalidad de los usuarios y el refuerzo de la cooperación entre regiones agrupadas, por ejemplo, por cuencas hidrográficas. Especialmente, hace notar que el mapa europeo de la sequía y de la escasez de agua y de las catástrofes asociadas se modificará con el cambio climático.

35.

Propone que, paralelamente a la inversión de fondos comunitarios en infraestructuras hídricas, se cree un programa europeo específico para el agua. Este programa reuniría los fondos de los instrumentos ya recogidos en el presupuesto comunitario. Su objetivo sería respaldar, de manera visible y coherente, las acciones destinadas a permitir el acceso a la tecnología más reciente, la aplicación de buenas prácticas, las medidas de comunicación y la mejora de la gobernanza, con el fin de crear una cultura de ahorro del agua.

36.

Insiste en la aplicación del Fondo Europeo de Solidaridad a las situaciones de sequía catastrófica, así como en la incorporación de las sequías catastróficas a los planes de trabajo del Mecanismo Comunitario de Protección Civil, incluyendo protocolos específicos y en coordinación con el Observatorio Permanente mediante un mecanismo de alerta.

37.

Considera las infraestructuras adicionales de suministro de agua (trasvase, embalses y desaladoras) como medio para prevenir las situaciones derivadas de una sequía grave, si bien no pueden sustituir a la gestión responsable de los recursos hídricos.

38.

Recomienda los suministros adicionales de agua como medida que cabrá adoptar una vez implantadas todas las medidas preventivas, respetando la jerarquización del agua y dentro de una planificación coherente. La utilización de las diferentes infraestructuras debe garantizar el equilibrio y la sostenibilidad del desarrollo medioambiental, social y económico.

39.

Recomienda que la reutilización de las aguas residuales depuradas a través de infraestructuras de regulación y distribución adecuadas se considere medida de gestión de la demanda; subraya la conveniencia de adoptar todas las medidas necesarias para que el agua obtenida tras la depuración de las aguas residuales no se utilice como agua potable y que se reserve a usos específicos compatibles con las exigencias sanitarias y medioambientales.

40.

Asigna a la planificación hidrológica nacional, regional o local elaborada en los términos previstos en la Directiva Marco del Agua la evaluación de los déficits estructurales y los recursos que esas regiones todavía podrán utilizar a largo plazo, teniendo en cuenta las potencialidades futuras de los ámbitos de planificación y las restricciones ambientales.

41.

Considera positivos los trasvases de recursos excedentes y otros intercambios de agua entre sistemas dentro de cada uno de los Estados miembros como medida de articulación de la solidaridad en materia de agua siempre que quede garantizada la mejora del medio ambiente, la calidad de las masas de agua, la recuperación de los acuíferos y los caudales ecológicos.

42.

Considera que en un marco de cambio climático la eficiencia energética y la sostenibilidad son un factor decisivo en la elección entre alternativas de aporte externo de caudales a los ámbitos de planificación (trasvase o desalación). La desalación es un proceso de alto consumo energético y tiene un importante impacto medioambiental, por lo que sólo debería considerarse como una opción en los casos en que los beneficios compensen dicho impacto.

43.

Considera que la toma de decisión sobre la viabilidad del aporte externo y las características de éste ha de tener en cuenta los efectos ambientales, la eficiencia energética y los costes económicos de las infraestructuras adicionales necesarias para la integración de los caudales aportados a los ámbitos de planificación.

44.

Concluye que la información y el cumplimiento de las condiciones ambientales y económicas favorecerá el consenso social para decidir el establecimiento de infraestructuras adicionales de abastecimiento de agua (trasvases, desaladoras). El uso del agua en las cuencas receptoras de aportes adicionales deberá hacerse con especial coherencia y responsabilidad.

45.

Seguirá atentamente los estudios de la Comisión Europea en materia de infraestructuras adicionales de oferta de agua, especialmente en lo relativo a los trasvases, los embalses y la desalación.

46.

Apoya el fomentar la investigación para adaptar las actividades económicas, los mecanismos de toma de decisiones y la eficiencia hídrica a los desafíos planteados por la escasez de agua y la sequía. En este sentido, crear incentivos para los diseñadores de tecnología sanitaria destinada a la fabricación de productos más rentables y con mayor capacidad de ahorrar agua, sancionar los despilfarros injustificados, imponer sanciones contra las excavaciones y extracciones de agua ilegales, establecer gravámenes y/o beneficios fiscales, incentivar la eficiencia hídrica en todos los ámbitos, promover el uso de tecnologías limpias en la industria, establecer reglas del juego claras y estables para la transferencia de derechos sobre el uso del agua entre usuarios y para la determinación de las compensaciones asociadas, y desarrollar acuerdos voluntarios pueden ser soluciones adecuadas.

47.

Insta a las autoridades regionales y locales a desarrollar campañas de comunicación para informar, concienciar y sensibilizar a los ciudadanos sobre el valor del agua, así como a incluir en los programas educativos y formativos la importancia de un comportamiento respetuoso con el agua. Será necesaria una especial atención a la información y sensibilización entre turistas y personas que se desplazan de un territorio a otro.

48.

Considera que la propia participación ciudadana en la implantación de la Directiva Marco del Agua y la definición de la política de agua debe ser una oportunidad para sensibilizar, informar y responsabilizar a la población de un uso responsable de este recurso, especialmente en la elaboración de los planes de sequía, por lo que insta a las autoridades a promover dicha participación.

49.

Propone el desarrollo de los mecanismos de mercado, profundizando los criterios de ahorro de agua en el ciclo de vida de los productos, considerando los sistemas de calidad y certificación como el EMAS en los procesos productivos, el ecodiseño y un etiquetado «water friendly» o «eficiente en el uso del agua» para los productos, de manera que los ciudadanos y los contratantes públicos y privados puedan conocer la huella hídrica de su consumo y modificar su comportamiento de consumo.

50.

Asume la necesidad de impulsar la ecoeficiencia en las infraestructuras y equipamientos, con los sistemas de calidad y certificación correspondientes. Las autoridades regionales y locales pueden promover el ahorro y el reciclaje de agua en las edificaciones y en las infraestructuras urbanas. Las regiones pueden fomentar, mediante inversiones y normativa complementaria de la Directiva de Edificios, que se recuperen las aguas pluviales y de los sistemas de refrigeración en edificios, así como usar redes complementarias en ciudad y edificios que permitan que el agua no potable se utilice en limpieza, riego y saneamiento. En primer lugar se debería instar a las instalaciones turísticas, campos de golf incluidos, así como a las explotaciones agrícolas, a reutilizar y reciclar el agua que usan.

51.

Resalta el papel primordial de las regiones y entidades locales a la hora de establecer asociaciones con la sociedad civil y los actores económicos, en forma de acuerdos voluntarios, incentivos y gravámenes para ahorrar agua y mejorar la eficiencia.

52.

Señala que el agua es uno de los capítulos donde más dinero y esfuerzo se invierte en cooperación descentralizada con terceros países, de manera que son las regiones y municipios quienes establecen las redes de cooperación más ágiles, más tupidas y más próximas a los ciudadanos. Anima a la colaboración y al intercambio de información y experiencias entre regiones cooperantes para alcanzar, con la contribución de la Unión Europea y sus Estados miembros, los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas.

53.

Insta al intercambio de buenas prácticas y de debate entre las regiones en materia hídrica, de manera que las regiones puedan acceder al conocimiento de las experiencias exitosas en materia de buena gestión del agua.

54.

Reconoce la plataforma WISE (sistema de información sobre el agua para Europa) y la gestión de indicadores como medio para conocer de manera fiable la magnitud, el impacto y la evolución de la sequía en Europa.

55.

Subraya el papel de las autoridades en la recopilación de datos, el fomento de la investigación básica y el seguimiento de la información, animando al desarrollo de metodologías comunes, y, en caso de que sean necesarios, tendentes a desarrollar sistemas de indicadores compatibles y comparables, así como el intercambio de experiencias y conocimiento, priorizando la capacitación y la coordinación de las administraciones para disponer de datos completos sobre todo su territorio. Asimismo, se apoya la creación de un Observatorio Europeo de la Sequía y Desertificación para el seguimiento de la evolución de la escasez y previsiones de sequía en un escenario de cambio climático.

56.

Comparte el interés en divulgar y facilitar el uso y la explotación de los resultados de la investigación científica sobre la escasez de agua y la sequía, así como el refuerzo e impulso de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico dentro del VII Programa Marco de la Unión Europea.

57.

Subraya la importancia de las regiones como dinamizadoras de la innovación tecnológica en materia de agua, dado que la eficiencia hídrica será cada vez más un factor de competitividad, para lo que propone como factor estratégico fomentar la cooperación interterritorial, el intercambio de información y la asociación estratégica con las plataformas tecnológicas.

58.

Concluye finalmente que en un contexto de cambio climático las propuestas realizadas para afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía pueden dar frutos a corto plazo.

5.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 172/55

—

hace hincapié en que el consumidor debe estar en el centro de todas las reflexiones sobre la liberalización de la energía;

—

es, por este motivo, favorable a la adopción de medidas adicionales en materia de desagregación en el plano del transporte;

—

acoge positivamente que el paquete legislativo proponga alcanzar la plena realización del mercado interior de la energía gracias a medidas legislativas suplementarias destinadas a garantizar a los nuevos agentes del mercado un acceso no discriminatorio a las redes de transporte –y que, por tanto, favorecen la competencia–, mejorar la coordinación entre los reguladores y los GRT, favorecer las inversiones en la producción de electricidad y las redes y aumentar la transparencia de mercado;

—

pide a la Comisión que evite la concentración de los mercados y favorezca la pluralidad de los operadores privados y públicos por medio de las medidas apropiadas. Los Estados miembros que lo deseen deberán poder optar por no aplicar las normas de desagregación jurídica de los gestores de redes de distribución a las empresas de electricidad integradas que abastezcan a menos de 100 000 clientes conectados o a pequeñas redes aisladas;

—

desea que se fomente la producción de energía local y regional basada en fuentes de energía renovables, que se adecuan a las condiciones medioambientales del territorio en cuestión al mismo tiempo que reducen los gastos de transporte de energía y las emisiones en el conjunto de la UE. Por ello, es necesario fomentar la elaboración de planes energéticos específicos a nivel regional, debidamente coordinados e integrados en los marcos nacional y comunitario.

Ponente

:

Michel LEBRUN, Miembro del Parlamento valón (BE/PPE)

1.

recuerda que los entes locales y regionales contribuyen de manera importante al éxito de las iniciativas europeas y desempeñan un papel fundamental en la política energética europea;

2.

subraya que la energía constituye un bien esencial tanto para los ciudadanos como para la competitividad de las empresas. Los entes locales y regionales, en su calidad de instancias próximas a los ciudadanos, desean que los consumidores puedan beneficiarse de la electricidad y el gas sin interrupciones, a un precio competitivo y con un buen nivel de servicios;

3.

hace hincapié en que el consumidor debe estar en el centro de todas las reflexiones sobre la liberalización de la energía;

4.

observa que, hoy por hoy, los resultados esperados de la liberalización de la energía todavía no han visto la luz en numerosos Estados miembros, y que no existe un verdadero mercado único de la electricidad y el gas en la UE;

5.

comparte el análisis de la Comisión Europea sobre las disfunciones observadas en los mercados de la electricidad y del gas: una alta concentración del mercado, un elevado índice de integración vertical de las empresas del sector de la energía, la fragmentación de los mercados, la falta de transparencia, por ejemplo en lo relativo a la formación de los precios, y la ausencia de coordinación entre gestores de redes de transporte (GRT);

6.

acoge positivamente que el paquete legislativo proponga alcanzar la plena realización del mercado interior de la energía gracias a medidas legislativas suplementarias destinadas a garantizar a los nuevos agentes del mercado un acceso no discriminatorio a las redes de transporte –y que, por tanto, favorecen la competencia–, mejorar la coordinación entre los reguladores y los GRT, favorecer las inversiones en la producción de electricidad y las redes y aumentar la transparencia de mercado;

7.

acoge favorablemente la inclusión en el paquete legislativo del desarrollo de los mercados regionales, pues lo considera un paso esencial en la creación de un mercado único de la electricidad y del gas en la UE;

8.

se alegra de que los objetivos de la política energética de la Comisión Europea sean no solo la competitividad, sino también la seguridad de suministro y la durabilidad, al mismo tiempo que destaca que estos tres objetivos no son siempre compatibles, por lo que se requiere una combinación equilibrada entre ellos;

9.

reconoce que el tercer paquete legislativo propuesto tiene por principal objeto mejorar el funcionamiento de los mercados europeos de la electricidad y el gas, pero desea también que este paquete respalde otros objetivos de las políticas comunitarias, como la mejora de la eficacia energética y la atenuación del cambio climático. Por eso, es necesario hacer que las fuentes de energía renovables pasen a ser la opción más recomendable;

10.

recuerda un dictamen anterior en el que el CDR defendía la internalización de los costes medioambientales en los precios al consumo (CDR 216/2005). Una iniciativa de este tipo requeriría una normativa específica a escala de la UE, mientras que el paquete legislativo no prevé nada en tal sentido. El Comité pide a la Comisión que proponga un sistema similar. En su elaboración debería velarse por que la aplicación de dicha iniciativa no conlleve una subida desproporcionada de los precios de la energía, pues ello tendría repercusiones para la competitividad de la UE y la realización de los objetivos de la Estrategia de Lisboa;

11.

considera que, a pesar del análisis de impacto globalmente positivo elaborado por la Comisión Europea sobre el tercer paquete legislativo en materia de energía, es necesario seguir prestando atención a las repercusiones sociales, económicas y medioambientales que tendrán las medidas propuestas, en particular a nivel regional y local.

12.

recuerda que la liberalización de los mercados de la electricidad y del gas debería eliminar los monopolios de las empresas de energía en los Estados miembros y favorecer la competencia, que solo puede hacerse efectiva si, en el lado de la oferta, concurren realmente varios productores y proveedores;

13.

observa que en la actualidad, en lo que respecta a la producción de electricidad, los mercados nacionales están dominados por un monopolio de hecho o por un oligopolio. Por lo que respecta al gas natural, no solo el número de productores potenciales es limitado, sino que, además, los productores de fuera de la Unión Europea, que son los principales proveedores, no están sujetos a la normativa comunitaria;

14.

pide a la Comisión que evite la concentración de los mercados y favorezca la pluralidad de los operadores privados y públicos por medio de las medidas apropiadas. Las empresas locales y regionales de energía pueden desempeñar un papel clave en este sentido. Por este motivo, los Estados miembros que lo deseen deberán poder optar por no aplicar las normas de desagregación jurídica de los gestores de redes de distribución a las empresas de electricidad integradas que abastezcan a menos de 100 000 clientes conectados o a pequeñas redes aisladas;

15.

insiste en la necesidad de que los recién llegados puedan invertir en nuevas capacidades de producción de electricidad e importación de gas, a fin de alcanzar una situación de igualdad de condiciones propicia a un mercado competitivo;

16.

señala que un mercado competitivo permite asimismo que los productores locales y regionales de electricidad a partir de energías renovables puedan acceder a los consumidores sobre una base equitativa.

17.

observa que la desagregación (unbundling) jurídica y funcional en el plano del transporte, que es de aplicación obligatoria desde el 1 de julio de 2004, no basta para garantizar el buen funcionamiento del mercado, ya que no resuelve el conflicto de intereses que resulta de la integración vertical;

18.

comparte la opinión de que una empresa integrada verticalmente tiende a considerar las redes como activos estratégicos al servicio no de los clientes de estas redes, sino del interés comercial de la entidad integrada y, en particular, a no invertir suficientemente en nuevas redes por temor a que estas inversiones puedan ayudar a sus competidores a abrirse camino en su mercado nacional;

19.

es, por este motivo, favorable a la adopción de medidas adicionales en materia de desagregación en el plano del transporte;

20.

señala que la desagregación de propiedad recomendada por la Comisión no es respaldada unánimemente por los Estados miembros, aunque es una manera de garantizar un acceso equitativo a las redes para todos los proveedores y la neutralidad de la política de inversión en las redes de transporte;

21.

considera, por consiguiente, que los Estados miembros que lo deseen deben poder optar por el planteamiento basado en un gestor de red independiente, sin olvidar que esta opción puede tener efectos indeseados para los accionistas (pérdida de control, privatización, etc.). Por ello, los Estados miembros también deberían tener otra opción, es decir, una desagregación eficaz y efectiva que se base, por un lado, en la independencia real de los gestores de redes de transporte y, por otro lado, en normas claras para las inversiones en la red;

22.

desea que la desagregación jurídica y funcional en el plano de la distribución, que solamente es obligatoria desde el 1 de julio de 2007, no se aplique únicamente de manera formal, sino también en cuanto al fondo. Para impedir, de la manera más eficaz posible, la concentración del mercado, se necesita aplicar al mismo tiempo una estrategia de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de energía. Por este motivo, el Comité acoge positivamente el mantenimiento de la actual excepción aplicable a los pequeños gestores de redes de distribución (menos de 100 000 clientes);

23.

opina que convendría animar a los entes locales y regionales a convertirse en accionistas activos de las empresas gestoras de redes de transporte y distribución, que son auténticos puntos de confluencia del mercado de la energía.

24.

hace hincapié en la necesidad de disponer de instancias reguladoras que no solo sean independientes, sino también competentes y eficaces en un mercado con operadores monopolísticos y/o dominantes;

25.

muestra su satisfacción por ver armonizado y reforzado el papel de los reguladores nacionales. Es importante que los reguladores no se centren únicamente en las actividades reguladas, sino que velen también por el buen funcionamiento general del mercado por medio de poderes discrecionales ex–ante;

26.

señala que, con frecuencia, la visión de los reguladores se centra excesivamente en el corto plazo, a fin de reducir las tarifas de la red de electricidad y de gas a cualquier precio, relegándose los objetivos a largo plazo: el desarrollo óptimo de la red y la mejora –o al menos el mantenimiento– de la calidad de la red y los servicios. Por este motivo, debe procurarse que los reguladores apliquen un planteamiento integrado a su tarea, de modo que esta no se limite a la regulación de los precios;

27.

subraya la necesidad de que los reguladores tengan la competencia necesaria para poder esforzarse por ofrecer incentivos a fin de posibilitar las inversiones necesarias en las redes, incluidas las requeridas para las fuentes de energía renovable;

28.

pide que las metodologías de evaluación comparativa de tarifas y costes de acceso a las redes de transporte y distribución, establecidas por los reguladores, incluyan no solo aspectos cuantitativos (costes), sino también cualitativos (por ejemplo: criterios de fiabilidad relativos a la calidad de las redes), de tal modo que se mantenga el nivel de calidad actual de las redes.

29.

observa que la seguridad del suministro energético no solo está amenazada por la insuficiencia de las inversiones en nuevas centrales eléctricas, sino que, además, un elemento fundamental para la seguridad del suministro será el desarrollo de nuevas redes de transporte y distribución y ampliación y mejora de las existentes, así como líneas de interconexión, que requerirán, además de un importante esfuerzo inversor, la superación de importantes dificultades en su diseño y tramitación;

30.

hace hincapié en la importancia de un entorno estable y atractivo para las inversiones;

31.

destaca la enorme importancia que tendrá la diversificación de las fuentes de energía para garantizar la seguridad del suministro energético;